El grupo de policías e investigadores de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) que empezaron a indagar en el caso del 'pequeño Nicolás' en diciembre de 2014 no se podían imaginar el calvario que iban a pasar tras descubrir en ese proceso las ramificaciones que destaparon los primeros indicios de lo que hoy se ha convertido en la macrocausa del caso Villarejo. Tuvieron que enfrentarse a sus propios superiores que, después de encomendarles llegar hasta el fondo en sus pesquisas, truncaron la investigación en medio de la guerra de comisarios que se generó entre la llamada “policía patriótica” de Eugenio Pino, frente al líder del grupo investigador y entonces responsable de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas.

Dos años después, cuando el Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid va a investigar por fin a Villarejo por promover la grabación de una reunión entre los investigadores de Martín-Blas y el CNI, ante el grave derrotero de lo que estaban descubriendo sobre el excomisario (sus lazos en la Policía y con otros muchos empresarios, políticos y personajes de todo tipo también implicados en el caso del 'pequeño Nicolás'), dos emotivas y extensas cartas (muy similares) elaboradas por una de las policías que estuvo desde el principio en la investigación reflejan las presiones y vejaciones que sufrieron, hasta el punto de pasar miedo por su futuro, “un miedo que presagiaba lo peor. Y así fue, pues poco después acabaríamos investigados en nuestro propio Juzgado y desacreditados y desterrados policialmente”, señalan las misivas, a las que ha tenido acceso La Información.

Las cartas de la policía a sus dos superiores son las que han provocado que sus jefes de entonces, ahora apartados, se hayan querellado contra toda la cúpula policial, y se incluyen en la querella presentada por ellos en en varios juzgados de Madrid, admitidas a trámite y que están a la espera de seguir su curso. La base argumental que se vislumbra tras las palabras de la policía apunta que esos mandos policiales, liderados por Eugenio Pino (Director Adjunto Operativo -DAO- en ese momento), les habían estado haciendo la vida y la investigación casi imposibles. Pino, imputado ahora en alguna de las piezas del caso Villarejo (Tándem) y que tendrá que explicar en sede judicial la carta que en su día aportó a la causa apoyando el trabajo del excomisario encarcelado, llegó a destituir a Martín-Blas. Acto seguido, la primera decisión de su sucesor en Asuntos Internos, Francisco Migueláñez, “fue dar fin de forma súbita e inmediata a la investigación, fuere cual fuere el estado en el que se encontrara, y sin más explicación ni especificación alguna sobre qué ocurriría tras eso con nosotros, o cuáles serían nuestras consecuencias por haber dedicado nuestra labor a investigar los delitos cometidos en el marco de la operación Nicolay”, explica la carta.

“Miguelañez entraba directamente en nuestro despacho y soltaba preguntas sin ton ni son y sin apenas dejar tiempo a responder. En realidad, yo creo que no quería saber nada. Tenía las cosas muy claras. Traía las cosas muy claras. Era obvio que la investigación resultaba ‘incómoda’ en muchos ámbitos. Y también estaba claro cuáles eran las órdenes. Llevaba muy pocos días en su puesto cuando directamente nos conminó a entregar toda la documentación y cerrar el asunto”, remarca la policía.

La investigadora del equipo de Martín-Blas no podía entender cómo el comisario Eugenio Pino, después de encargarles la investigación y darles carta blanca para contrastar todos los datos, fueran de quien fueran, no les apoyara cuando fueron acusados e investigados por el Juzgado. “D. Eugenio Pino le envió a usted la tarjeta con el contacto con el CNI -explica el documento enviado a Martín-Blas-, pero sorprendentemente, esto y otras muchas cosas más, las negaría posteriormente en su declaración como testigo en el propio juzgado de Madrid, y esa soberana mentira también la escuché yo, e incluso la trascribí. Bajo sus órdenes trascribí aquella declaración llena de mentiras, y se lo hicimos ver a nuestro Juez Instructor. Aunque de nada sirvió”.

Comisión judicial bajo vigilancia

Pese a las presiones de Migueláñez y la falta de apoyo de Pino, el equipo de Martín-Blas no quería vender tan barata su derrota y la investigación se retomó con una Comisión Judicial avalada por el juez de instrucción Arturo Zamarriego, pero por poco tiempo. Siguiendo el relato de las cartas, en ese momento fue cuando más se presionó, vigiló y controló el trabajo de los policías adscritos a la investigación, que tenían que pedir permiso hasta para acceder a las nuevas oficinas que les habían adjudicado en el centro de Madrid.

“Llegaron a darles a los compañeros de seguridad unas fotos nuestras para que, cuando fuéramos allí, pudieran reconocernos y avisaran inmediatamente de nuestra presencia. Pero D. Miguelañez jamás se volvió a dirigir a nosotros. Simplemente iba a Secretaría (donde estábamos tramitando cualquier gestión), nos veía y se daba la vuelta. Ni un saludo. Nada”, explica. No era fácil mantener una situación así, y el proceso para sustituir al juez estaba muy cerca. Tras unas publicaciones muy negativas sobre Zamarriego, la policía se preguntaba con temor: “Si son capaces de sacar ese tipo de información acerca del Juez que instruye la operación ‘Nicolay’ de forma tan impune, qué no van a hacer con nosotros que no somos nadie”.

No se puede investigar a “cualquier” policía

La investigación sobre el 'pequeño Nicolás' sacó a la palestra la presencia de Villarejo ya en diciembre de 2014. La orden en ese momento del operativo era descubrir en las bases de datos reservadas de la Policía a todos aquellos con cuyas claves de acceso se habían consultado datos cuyo destinatario era Francisco Nicolás. De ahí salió el informe sobre “revelación de secretos” con un listado de nombres en el que, según revela la carta, estaba el del comisario Miguel Ángel Barrado, algo que “despertó muchas iras e hicieron que usted se ganara muchos enemigos y detractores”, le dice la policía a su superior Martín-Blas.

“Resulta increíble que un dato objetivo y real, y nada determinante, pudiera armar semejante revuelo. Estaba claro que Asuntos Internos no podía investigar a ‘cualquier’ funcionario de Policía. Pero a mí lo que me quedó claro es que, por fin, un jefe de Asuntos Internos tenía ‘huevos’ para hacerlo”.

Una de las cuestiones que la carta refleja -y que más les duelen a los siete miembros “desterrados” de aquel equipo de investigación que destapó a Villarejo- es la falta de reconocimiento que se ha dado a su trabajo, incluso cuando ahora, varios años más tarde, la mayor parte de sus análisis han tomado cuerpo, el excomisario está en prisión y la cúpula policial de entonces bajo sospecha en casos como la operación ‘Kitchen’.

“Cuando ahora veo que los compañeros que investigan la Operación ‘Tandem’ tienen tantos reconocimientos en prensa, y están recibiendo felicitaciones y condecoraciones por su labor, pienso hasta en el día que nosotros llegamos a comprar las cajas para hacer los registros en los domicilios y empresas del Comisario Villarejo. Pero nos cortaron toda posibilidad de gloria”, refleja el documento cierto dolor.

“Resulta paradójico que nuestro Fiscal nos hubiera ordenado por escrito investigar la autoría de la grabación ilegal de la reunión que mantuvieron con el CNI en su despacho, para posteriormente tratar de evitar por todos los medios que siguiéramos investigándola e incluso pretendía hacer ver que nos habíamos tomado la justicia de nuestra mano y lo habíamos investigado porque sí y porque nos daba la gana”, señala la misiva. “Y, curiosamente, ese cambio de opinión lo puso de manifiesto justo en el momento en el que revelamos que ‘un periodista del Comisario Villarejo’ era el responsable de esa grabación”, continúa.

“Creo que el Fiscal no sabía muchas cosas. No sabía que, con los pocos medios y el nulo apoyo que teníamos, podíamos llegar a demostrar que ‘los malos’ tenían galones y medallas. Quizá estaba mal aconsejado o asesorado. No lo sé. Posiblemente nunca lo sabré”. Al final, al juez lo sustituyó Pilar Martínez en el número 2 de Plaza de Castilla, la unidad fue disuelta tras realizar un informe final con todo lo investigado y “ahí empezó otro de nuestros calvarios (…) sentados en el banquillo de los acusados de nuestro propio Juzgado y desterrados cada uno en una punta de Madrid”, finaliza el documento.