Fue por disposición del juzgado de Primera Instancia de la capital correntina, a cargo de Carlos Soto Dávila, quien ordenó incinerar los estupefacientes que habían sido incautados por Gendarmería (12 toneladas), Prefectura (6,5 toneladas), la policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroporturia (PSA) (1,5 toneladas), y la fuerza policial correntina (650 kilos).