El Estado deberá pagar cerca de $5.600 millones a los accionistas de la Sociedad Inversiones Colliguay, que poseían 29,52 por ciento de la propiedad del diario La Nación.

Esto, luego que la Corte Suprema declarara inadmisible un recurso de queja interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que buscaba revertir el fallo que obligaba la indemnización a estos privados por el cierre del periódico en 2012.

Colliguay pertenece a Enrique Alcalde, Raimundo Valenzuela (DC) y Luis Thayer (PS), quienes compraron en 1991 las acciones que estaban en poder de Radio Nacional y de Juan Jorge Lazo.

En 2013, este grupo de accionistas privados demandó al Fisco (controla 69,26%) acusándolo de disolver la sociedad de manera “ilegal” al no contar con su aprobación como “accionistas preferentes”, por cuanto el Estado -si bien es socio mayoritario de La Nación- sólo posee un 12 por ciento de las acciones preferentes.

En cambio, Colliguay mantiene un 84 por ciento de las acciones preferentes, lo que le da el poder de veto en decisiones como la disolución de la compañía.

Por tal razón, los accionistas privados pideron una indemnización por lo que dejaron de recibir por la liquidación de los activos de la empresa.

El dictamen arbitral estableció que el valor real de la firma ascendía en esa fecha a $ 32 mil millones, por lo que Colliguay debió haber recibido poco más de $ 9.500 millones: “Se condena al Fisco a pagar a la Sociedad Inversiones Colliguay la diferencia entre el valor económico del patrimonio de la Empresa Periodística La Nación S.A. al 31 de dicciembre de 2012; esto es $ 32.323.138.000 y el valor que les ha entregado de acuerdo a lo recaudado en el proceso de liquidación de la sociedad, correspondiendo, en consecuencia, a la Sociedad Colliguay el 29,52% del valor de la empresa, que corresponde a esa fecha a $ 9.541.790.338, a los cuales debera deducirse lo que hayan percibido como repartos en la liquidación de la sociedad”.

De igual modo, la sentencia determinó que que La Nación era una empresa rentable y tenía una vida económica sana, por lo que no existían razones que hicieran conveniente su término anticipado.