“El juez Lleral emitió un fallo político, una ofrenda para el gobierno y el G20, cerrar los casos Maldonado y Jones Huala”, dijo a Página/12 uno de los abogados de la querella, que anticipó que van a impugnar el fallo por la nulidad de los resultados de los peritajes. “Lleral era el director del procedimiento y al momento de la autopsia sacó a los abogados que hacemos el control de la prueba, no embolsó la plata que era más importante que el DNI, una prueba descuidada por él”, explicó Mauricio Rojas, de la APDH. Es decir que además de apelar el sobreseimiento del único gendarme imputado, también impugnarán la cadena de custodia de las pruebas.

La causa que acaba de recibir una estocada casi letal comenzó con un juez que había ordenado la represión en territorio recuperado por los mapuches en Cushamen, donde desapareció y apareció muerto Santiago Maldonado, y tenía que investigarse a sí mismo. “Santiago se ahogó”, dijo a un diario. Le costó el puesto en el expediente pero en realidad se fue de boca con algo que ya estuvo sellado desde el principio. El aparato judicial, como en todos los casos de desapariciones forzadas y violencia institucional, operó para encubrir los delitos de los gendarmes.

Gustavo Lleral llegó sobreactuando humanidad respecto de los mapuches y se fue construyendo otra imagen. Iba a la Pu Lof sin custodia, recibía a los familiares pero luego mandaba al archivo todas las medidas que le pedían. Cuando asumió ya estaban en el expediente las escuchas ilegales ordenadas por Otranto al entorno de la víctima y sólo cuando la papa se puso demasiado caliente reaccionó. De nuevo, sobreactuando, ordenó su destrucción. En dos oportunidades maniobró para acaparar la comunicación del caso, obligando a las querellas a callarse: el día del hallazgo del cuerpo y en la Morgue Judicial. Así, a dos días de las elecciones de 2017 eligió cuidadosamente sus palabras: no hay signos de que el cuerpo haya sido lastimado o movido. La suerte del caso estaba echada.

Ese día obligó a salir de la sala donde se realizaba la autopsia a todos los abogados. El dinero que estaba en el bolsillo del pantalón de Santiago quedó sobre una mesa, nunca fue peritado. Las querellas planean denunciarlo por mal desempeño por no haber preservado la cadena de custodia de ese y los demás elementos, incluido el DNI. Entre las medidas que nunca hizo está la reconstrucción de los hechos, el análisis de la fogata que hicieron los gendarmes el día que irrumpieron a balazos en la Pu Lof, donde podrían (o no) estar los restos de la mochila del joven tatuador anarquista. Esa mochila nunca apareció. “La Gendarmería no participó de la desaparición ni del fallecimiento de Maldonado”, escribió Lleral. Algunos quizás se sorprendan, los mismos que pensaron que con la aparición del cuerpo quedaba eximida toda responsabilidad del gobierno represivo de Mauricio Macri. Con sus modales suaves, el magistrado continuó con otro estilo lo iniciado por Otranto: la pata judicial del encubrimiento de un crimen de Estado.

Festejan hoy las usinas amarillas que destilan pus y veneno sin piedad revictimizando a quienes perdieron a su ser querido y lucharon impecablemente durante más de un año contra el aparato estatal y mediático. Pero esta historia sigue en Washington, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, donde Argentina ya tiene una condena por la desaparición forzada del joven mapuche Iván Torres

“Santiago por propia voluntad se internó en las heladas aguas del río Chubut y ahí murió sin testigos de ese trágico final”, dijo Lleral. Miente una vez más su señoría, como cuando no tuvo ambages en decir ante cámaras y micrófonos que transmitían en vivo que en la autopsia participaron 55 peritos cuando fueron 28. No sólo hay testigos mapuches, también los gendarmes declararon que lo vieron. Maldonado estuvo a pocos segundos de ellos mientras corría.

“Es confuso, Lleral primero dice que va a unificar el habeas corpus con la desaparición forzada, sobresee al gendarme Emmanuel Echazú y termina archivando el habeas corpus”, expresó Rojas, de la APDH. El organismo emitirá un pronunciamiento en breve sobre las implicancias políticas del fallo, en el contexto del G20. Lleral también archivó el expediente sobre la desaparición forzada de Santiago.

Este fallo ratifica la posición de la familia que insiste desde hace meses en que la verdadera investigación imparcial por la desaparición forzada seguida de muerte de Maldonado nunca comenzó. Por eso la batalla no termina, por más que algunos así pretendan que sea. Los tribunales de alzada locales y los internacionales tendrán la última palabra.