lunes 17 julio, 2017

Imagínense una sociedad en la cual sus ciudadanos sean incapaces de coimear a un policía o quedarse con un vuelto. Imaginen ahora que esa sociedad está representada por líderes políticos que son mayoritariamente corruptos. Difícil de imaginar, ¿no? Algo no cerraría en esa sociedad de representados honestos y representantes ladrones.

Tampoco cerraría el escenario opuesto: habitantes corruptos y funcionarios honestos.

Bertolt Brecht decía: “Esta cerveza no es una cerveza, pero este hecho queda compensado por el hecho de que este puro tampoco es un puro. Si esta cerveza no fuera una cerveza y este puro fuera realmente un puro, entonces habría un problema”.

Parafraseándolo, se diría que la sociedad argentina no es totalmente honesta, pero eso queda compensado porque sus representantes tampoco lo son. Si en cambio la sociedad fuera honesta y sus representantes no, entonces habría un problema.

La Argentina no tiene ese conflicto. Hay un orden y una coherencia en un país donde tanto una porción de su sociedad como una porción de sus políticos coinciden en prácticas con distintos niveles de ilegalidad.

Investigación. Latinobarómetro es uno de los centros de estudios más prestigiosos del continente, en especial es reconocido por su informe anual sobre Percepción de la corrupción. Su estudio abarca a 20.000 entrevistados de 18 países y su responsable es Marta Lagos. Desde hace dos años, trabaja en conjunto con el programa de Bienes Públicos Regionales del BID, coordinado por Gustavo Beliz. Beliz es aquel ministro de Justicia que se fue del gobierno de Kirchner enfrentado a la SIDE y es ejemplo de que la honestidad y la función pública pueden ser absolutamente compatibles.

El último estudio de la entidad sobre la tolerancia de las sociedades ante la corrupción, arroja resultados muy significativos en el capítulo argentino (no muy distintos al del resto de la región):

Cuando se pregunta cuál es el nivel de corrupción que se está dispuesto a aceptar en pos de que un gobierno solucione los problemas (el “roban, pero hacen”), el 34% está de acuerdo o muy de acuerdo en que cierto grado de corrupción es aceptable.

Dos de cada 10 personas dicen que han conocido en forma directa o a través de un pariente un caso concreto de corrupción.

El 60% de los argentinos no cree que se pueda erradicar la corrupción.

La mitad no está convencida de que sea aceptable denunciar la corrupción a nivel general. Un 29% aseguro que no la denunciaría o no está seguro de hacerlo, ni siquiera si la presenciara directamente. Este porcentaje asciende al 40% cuando se le aclara al encuestado que tendría que pasar un día en Tribunales.

Sólo el 27% de las personas tiene algún grado de confianza en la Justicia. Sólo el 38% en el Gobierno, 32% en la Policía y 19% en los partidos.

Ese descreimiento con las instituciones en general, se traduce en otra pregunta. El 68% de los argentinos responde que está gobernado por “Grupos poderosos en su propio beneficio” (un nivel parecido al histórico y algo más bajo que el de la región).

El 28% piensa que “todos” o “casi todos” los empleados públicos están involucrado en actos ilícitos. El 38% cree eso de los empresarios, el 39% de los jueces y el 46% de la policía.



Co-rromper. Las conclusiones del estudio no difieren demasiado de las de otros análisis internacionales como los de Transparency International, o nacionales como los de Giacobbe & Asociados.

Algunos resultados del sondeo de Latinobarómetro expresados en porcentajes revelan la abierta permisividad de los encuestados con la corrupción. Pero cuando esos porcentajes se pasan a cantidad concreta de personas, queda más claro aún hasta qué punto la corrupción de políticos, jueces y empresarios, es apenas una representación armónicamente brechtiana de lo que sucede en distintos sectores sociales.

Por ejemplo, aquel 34% de quienes aceptan como razonable algún nivel de corrupción, significa 10 millones de argentinos, tomando sólo a los mayores de edad. Como ese 34% general debería ser representativo de las distintas profesiones y empleos, cuando se lo pasa al universo de los funcionarios públicos nacionales (un total de 770 mil entre los tres poderes, empresas públicas, Fuerzas Armadas y de seguridad, etc.), se traduciría en 260 mil personas con acceso a diversos resortes de poder público que también son flexibles frente a la corrupción.

Sin embargo, las preguntas más inquietantes de la investigación son las que interrogan sobre el reconocimiento del propio entrevistado de haber participado en casos que impliquen algún nivel de corrupción, desde hacer regalos hasta pagar sobornos para obtener un beneficio que siguiendo los caminos legales no se obtendría.

Los resultados son tan alarmantes que si la encuesta se hubiera hecho en presencia de un fiscal, el encuestado quizá hubiera terminado con una causa en su contra… a menos que arreglara con el fiscal. Los porcentajes llaman la atención tratándose de una pregunta incriminatoria: es posible que no todos los encuestados se hayan sentido motivados a decir la verdad.

Cuando esa pregunta se refiere en especial a haber dado algún tipo de sobornos a un policía en el último año, el 25% de los argentinos que manifiestan haber tenido contacto con alguno, admite que sí lo hizo.

Entre quienes dicen haber tenido contacto con la Justicia en los últimos doce meses, la mitad también reconoce que actuó del mismo modo. Justo allí donde se vigila el cumplimiento de las normas en una sociedad, es donde su cumplimiento resulta más flexible. Porque, además, que la mitad haya pagado significa que del otro lado del mostrador hubo miles de funcionarios judiciales que aceptaron o exigieron alguna forma de soborno.

Porcentajes similares de participación directa en el pago de algún tipo de corruptela cotidiana, se repiten cuando se pregunta si se lo hizo para acelerar un trámite, frente a un asunto educativo o de salud.

“Co-rromper” es romper algo entre dos o más personas. La corrupción siempre requiere de al menos dos partes. El problema es que si un amplio porcentaje social acepta haber participado de cierto nivel de corrupción, eso muestra que las normas no escritas de esta sociedad no son punitivas frente a eso. Los funcionarios que están enjuiciados por corrupción pueden haber roto las normas escritas pero, según estos estudios, no habrían roto las normas reales, no escritas.

Otra vez Brecht: habría entonces armonía y coherencia entre esos funcionarios y la enorme cantidad de argentinos que reconoce cierto nivel de corrupción personal.

Ser ladrón. Se podría decir que una cosa son los bolsos de los millones de José López y otra muy diferente es darle 50 pesos a un policía para que no haga una multa.

Es correcto, pero habría que preguntarse si quien está dispuesto a pagar esos 50 pesos para no ser multado, o 100 para que una empleada acelere un trámite, o falsear una nota de un examen, o pegarle a un maestro porque aplazó a un hijo, o piratear un libro, o hackear una computadora, o no devolver un celular perdido a su dueño, o romper una vidriera para reclamar por un derecho o tantas otras actitudes que aceptamos como normales aunque sean anómalas, podría ser el mismo que –puesto a tener la oportunidad de hacerlo– pediría un 10% de retorno en una obra pública y escondería bolsos llenos de dinero no declarado en el lugar menos pensado.

Es cierto que es más fácil indignarse con los demás que con uno (por aquello de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio), pero no hace falta una encuesta internacional para saber que la ambigüedad frente a las normas cruza a toda la sociedad.

Está claro que hay una responsabilidad mayor de quienes son gobierno para dar señales claras, de arriba hacia abajo, de que ser corrupto está simplemente mal.

Empezar a ver presos a los culpables será socialmente saludable y ejemplificador. Pero hay una responsabilidad de todos por asumir que la corrupción bien entendida no puede empezar más por casa.