El negocio de la construcción de hospitales y centros de salud también sirvió para alimentar la maquinaria puesta en marcha bajo el mandato de Esperanza Aguirre (2003-2012) para desviar el dinero de los madrileños hacia las cuentas del Partido Popular. Así lo apunta de forma indiciaria el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el auto, conocido este lunes, en el que describe un desfalco de 3,07 millones de euros de las arcas públicas a través de supuestos contratos de "publicidad simulada" de estas infraestructuras sanitarias.

La red de hospitales privatizados que montó Esperanza Aguirre permitió el descontrol del gasto

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Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los que se basa el juez García Castellón para abrir una investigación por estos hechos apuntan a que el Ejecutivo regional encargó a dedo supuestas campañas de promoción de estos hospitales y centros de salud a determinadas empresas a cambio de que estas pagasen luego actos electorales del partido. El magistrado, que define esta práctica como un "mecanismo para desviar fondos públicos a través del partido", ha pedido a la Comunidad de Madrid información sobre los contratos de construcción y explotación de más de una treintena de hospitales y centros de salud.

El método era el siguiente: obligar a las constructoras de estas infraestructuras a abonar el 1% del presupuesto de cada contrato para sufragar campañas publicitarias que se realizaban por un coste mucho menor o que ni se llegaban a hacer. Además, esos trabajos se encargaron en todos los casos a empresas de Daniel Horacio Mercado, que supuestamente devolvía el favor inyectando importantes sumas de dinero para las campañas del PP. La imposición del pago de esas cantidades obligaba a las constructoras a incrementar en ese 1% su oferta, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas, que veían minorados sus fondos en ese porcentaje. En su auto, el juez detalla un quebranto de 3,07 millones de euros.

Todo esto ocurrió en el periodo en el que el Ejecutivo regional dio un vuelco al modelo de sanidad pública encargando a empresas privadas la construcción y gestión de la parte no sanitaria de estas infraestructuras a cambio de un canon de dinero público durante 30 años. Esta era una de las claves del denominado "Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007" que sirvió a Aguirre para inaugurar seis nuevos hospitales en los meses previos a las autonómicas de 2007, en las que arrasó con el 53% de los votos.

La idea de incluir esa cláusula del 1% partió del entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, aunque el juez describe que operó "en connivencia con los altos mandatarios" del PP madrileño. De hecho, García Castellón apunta a que Ignacio González y Francisco Granados, siempre "bajo la supervisión" de Aguirre, tenían la competencia última para decidir qué empresas prestarían la "publicidad simulada".

El juez detalla que las "agraciadas" fueron en todos los casos empresas vinculadas a Daniel Horacio Mercado, al que el auto sitúa en la reunión en la que se inició todo el sistema de financiación irregular del PP madrileño. En esta cita, celebrada en 2004, Aguirre "dio instrucciones" a los consejeros de su Gobierno para que se contara con el empresario y su firma Over Marketing para las contrataciones en materia de publicidad y comunicación.