Las políticas sociales de Chávez giraban en torno a la educación, la salud y la productividad. Aunque se puede argumentar que la intención final era el control social o el rédito electoral, lo cierto es que muchos venezolanos recibieron beneficios tangibles que mejoraron su vida mientras preservaban la libertad de criterio. Las primeras fases del programa social Misión Barrio Adentro llevaba servicios médicos a los barrios más pobres del país y se crearon centenares de dispensarios populares. Con el tiempo, y especialmente con Maduro en poder, los beneficios sociales se han condicionado a la sumisión política. Antes de las elecciones presidenciales de 2018, Maduro prometió premios a quienes votaran con el Carnet de la Patria, el documento de identificación que sirve para transferir bonos —comida o pagos— a los ciudadanos. El régimen de Maduro se ha aprovechado de la dependencia alimentaria de los venezolanos que, para algunos analistas, los ha convertido en “rehenes del hambre”.

Para preservar el poder, Maduro ha recurrido a estrategias contraproducentes para el país: ha comprometido parte de la producción petrolera y mineral de Venezuela a actores extranjeros —como Cuba, China y Rusia— y ha optado por la represión y violación sistemática de los derechos humanos de los civiles.

Según el informe sobre Venezuela de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el gobierno de Maduro ha echado a andar una estrategia para aniquilar el periodismo independiente y limitar la libertad de expresión; ha criminalizado a la oposición y ha reprimido violentamente el descontento social. El informe de la ONU le adjudica al Estado venezolano 6800 ejecuciones extrajudiciales y revela que ha sometido a prisioneros a la tortura, entre ellos, al capitán Rafael Acosta, quien mostró señales de tortura durante su juicio en el tribunal militar y murió esa misma noche. Al día de hoy, hay 217 oficiales, entre activos y retirados, que se encuentran detenidos en las cárceles venezolanas.

Para pasar página de estos veinte años de destrucción del régimen que inició Chávez podríamos asumir una dura tarea, más a los que alguna vez fuimos chavistas: refundar, con paciencia, las instituciones democráticas que Chávez socavó, empezando por el Consejo Nacional Electoral. Asegurar su funcionamiento independiente y transparente, con monitoreo de observadores electorales internacionales, es vital para empezar la reconstrucción de un sistema democrático Venezuela.

Tanto las fuerzas armadas y el sector del chavismo que aún respalda a Maduro deben dar el paso que yo y tantos venezolanos que alguna vez creímos en Chávez hemos dado: sentir empatía por el sufrimiento de los venezolanos de a pie, 4 millones de los cuales han tenido que salir del país junto a aquellos que se han exiliado por oponerse al chavismo y a la dictadura de Maduro. Es un proceso complejo, exige mucho de nosotros reconocer una equivocación, pero debemos intentarlo. Es hora de romper con Chávez y su heredero, Maduro.

El chavismo tiene posibilidad de sobrevivencia si admite sus tropiezos y redefine su proyecto político. Solo así, ese sector, aún poderoso pero leal al dictador, podrá sumarse a la reconstrucción de Venezuela cuando vuelva la democracia.

Nicmer Evans, politólogo y psicólogo social, es el líder del Movimiento Democracia e Inclusión y miembro de la coordinación nacional de la Plataforma Nacional de Conflicto.