El juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena ha ignorado la resolución de la ONU que pedía medidas cautelares para permitir que Jordi Sànchez pueda someterse mañana a la investidura en el parlament de Catalunya. Llarena no le permita asistir físicamente ni le da la opción de hacerlo por vía telemática porque repite, una vez más, que hay riesgo de reiteración delictiva, y añade que el hecho de que fuera elegido president tendría ‘graves consecuencias’. El próximo lunes hará medio año que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart están en prisión preventiva, procesados por rebelión.

Como ya es habitual en sus resoluciones, Llarena hace consideraciones y valoraciones políticas para argumentar la decisión. Afirma en su interlocutoria que la candidatura de Sànchez a la investidura tiene ‘elementos que apuntan de manera marcada y racional’ a que, en caso de ser presidente, podría ‘romper el orden constitucional’. Entiende que se han garantizado sus derechos políticos y que sólo tiene una limitación ‘parcial’ puesto que puede delegar el voto y se ha podido presentar a las elecciones. Sobre la resolución de la ONU, dice que no se da ‘ninguna indicación concreta’ y que, además, ‘no es vinculante’ para el tribunal. También apunta que la limitación de los derechos políticos individuales es ‘adecuada’ si está fundamentada en otros finalidades ‘constitucionalmente legítimas’.

Tanto la defensa de Jordi Sànchez como el presidente del parlamento, Roger Torrent, habían notificado a Llarena la resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en que admitía a trámite la denuncia presentada por Sànchez por vulneración de los derechos políticos e indicaba que, mientras no se pronunciara sobre el fondo de la cuestión, se debían tomar medidas cautelares para que no se vulneraran estos derechos políticos, que incluyen los de poderse someter a una investidura.