Tras haber sido el blanco de fuertes críticas por el último aumento de los combustibles, el ministro de Energía, Juan José Aranguren convalidó una polémica importación de gas natural de Chile que, según opinan varios especialistas del sector, presenta ribetes insólitos y muy difíciles de justificar.

Por medio de la empresa estatal Enarsa, la administración macrista cerró un contrato de compra de gas a Chile con un precio que resulta un 53% más caro que el GNL que llega por barcos y un 128% más elevado que lo abonado por las importaciones provenientes de Bolivia.

Además de lo llamativo del precio, la operación con Chile tiene otros tres aspectos significativos: establece que Enarsa deberá pagar la totalidad de la compra por anticipado, determina que cualquier controversia será resuelta por la legislación de Nueva York y obliga a las partes a mantener el acuerdo bajo un marco de “estricta reserva y confidencialidad”.

Según la documentación a la cual accedió en forma exclusiva LPO, el contrato de suministro que suscribieron Enarsa y Solgas –una firma intermediaria del grupo internacional GDF Suez—prevé la entrega de 86 millones de metros cúbicos de gas entre mediados de mayo y el 15 de agosto por medio del gasoducto Norandino que une la planta regasificadora chilena de Mejillones y la provincia de Salta.

Las cláusulas que establecen el precio y el pago por adelantado

Si bien el volumen en juego es poco relevante para el nivel de consumo interno, lo que ha despertado significativamente la atención en el sector energético han sido la forma y las condiciones que rodearon la concreción del primer negocio de importación de gas del país transandino.

El expediente armado para la importación que se pagará con fondos públicos muestra que la oferta de Solgas llegó el jueves 21 de abril a las manos de Hugo Balboa, el presidente de Enarsa que responde directamente a Aranguren.

El expediente revela que la oferta de Solgas llegó el jueves 21 de abril y apenas un día después el presidente de Ernarsa, Hugo Balboa, ya tenía todos los informes técnicos y se aprobó.

Un día después, el viernes 22 de abril, y con un informe técnico favorable que fue realizado a la velocidad de la luz por la Gerencia de Gas y Refinación que pilotea Jorge O’ Donnell, Enarsa procedió a aceptar formalmente los términos del convenio de compra que habían negociado Balboa y el director de Enarsa, José María Zuliani.

Los cuatro puntos clave del contrato que va camino a desatar una fuerte polémica son los siguientes:

Precio: Prevé un precio fijo de 6,90 dólares por millón de BTU (MBTU) durante los tres meses de vigencia del acuerdo para el combustible entregado en la frontera argentina-chilena a través del gasoducto Norandino.

Ese valor resulta un 128% más caro que los 3,02 dólares por MBTU que Argentina paga actualmente por gas que envía Bolivia.

Y comparado con gas importado que llega por barcos a Bahía Blanca y Escobar, el precio del contrato con Chile es un 53% más alto que el promedio de 4,50 dólares por MBTU que aceptó pagar la propia Enarsa en la última compra de 30 cargamentos de GNL que cerró el mes pasado.

Forma de pago: A diferencia de los despachos de Bolivia que se pagan a mes vencido y las cargas de los barcos que se liquidan horas antes de la entrega del combustible, el volumen total del gas adquirido a Chile se tiene que abonar integramente por adelantado.

Antes de empezar a entregar el gas, la empresa vendedora Solgas embolsará alrededor de 23 millones de dólares que equivalen a los 86 millones de metros cúbicos que se comprometió a proveer entre mayo y agosto. Según las cláusulas del contrato, Solgas facturará mensualmente el gas entregado y al término del contrato efectuará los créditos o débitos que correspondan.

Además, para Enarsa regirá la cláusula “take or pay” por la cual no puede reprogramar las entregas pactadas y está obligada a pagar todos volúmenes acordados incluso aquellos que no sean tomados.

Las cláusulas de confidencialidad y resolución de controversias en Nueva York

Cesión de soberanía judicial: El acuerdo establece que para la resolución cualquier controversia, duda o discrepancia relacionada con los términos y condiciones contractuales se aplicará la ley del estado de Nueva York.

Para los casos en disputa, prevé la conformación de un tribunal arbitral integrado por tres miembros cuyo laudo será “final y obligatorio para las partes”.

Confidencialidad: Al igual que el polémico acuerdo entre YPF y Chevron -cuyo secretismo derivó en demandas judiciales y un fallo de la Corte-, el convenio Enarsa-Solgas obliga a ambas a "guardar estricta confidencialidad y reserva por el término de un año”, tanto de las condiciones contractuales, como de las resoluciones de los eventuales arbitrajes que pudieran registrarse.

Esta última cláusula agravó las suspicacias. “Si los datos sobre las compras a Bolivia y las importaciones de GNL se dan a conocer públicamente, ¿por qué motivo se van a ocultar las clausulas y valores del contrato con Chile?, advirtió a LPO un experto del sector.

A eso se agrega otro aspecto relevante que juega en contra de la pretensión de no mostrar el acuerdo. En la adquisición del gas a Chile se van a utilizar fondos públicos que provienen del Programa de Energía Total (PET) y según las normas vigentes esos recursos presupuestarios no pueden ser encuadrados como algo secreto y confidencial.