En un artículo publicado en La Tercera («Un País de Emprendedores»), el economista y ejecutivo de empresas César Barros responde a la columna «Los Herederos», publicada aquí en CIPER. En síntesis, Barros argumenta que las grandes fortunas chilenas son recientes, y fruto de la meritocracia (ver artículo en Pág. 9). Barros acierta en lo primero, […]

En un artículo publicado en La Tercera («Un País de Emprendedores»), el economista y ejecutivo de empresas César Barros responde a la columna «Los Herederos», publicada aquí en CIPER.

En síntesis, Barros argumenta que las grandes fortunas chilenas son recientes, y fruto de la meritocracia (ver artículo en Pág. 9).

Barros acierta en lo primero, pero desfigura la verdad en lo segundo.

Es cierto que muchos de los grandes grupos florecieron recién en las últimas décadas. Pero desprender de ello que los imperios económicos del Chile contemporáneo se construyeron a «puro esfuerzo, riesgo y habilidad», como dice Barros, es negar una realidad evidente.

Estas fortunas, capaces de concentrar la riqueza hasta el nivel actual, en que cinco familias tienen ingresos iguales a los de cinco millones de chilenos, no son producto solamente de mentes prodigiosas que ganaran una competencia en la limpia cancha del libre mercado. Sus historias son inseparables de decisiones políticas que dan cuenta de la captura del Estado por intereses particulares.

El primer big bang ocurre en 1975, con la revolución de los Chicago Boys. La violenta liberalización de la economía escoge a ciertos ganadores: los grupos BHC y Cruzat, que tenían la liquidez necesaria para aprovechar la oportunidad, llegando a dominar, ya en 1977, el 38% de los activos totales de las 250 mayores empresas de Chile.

Y eran precisamente esos grupos –vaya casualidad- los que tenían nexos privilegiados con los Chicago Boys que lideraban la implementación de la política económica (Economía), cambiaria (Banco Central) y las privatizaciones (Corfo).

La hecatombe de 1982-1983 barre a estos grupos primigenios, que en los años siguientes son reemplazados por otros, muchos de ellos con una característica en común: los nexos adecuados con la dictadura para aprovechar las privatizaciones que empujaría el ministro de Hacienda Hernán Büchi (luego, próspero director de la privatizada SQM). Es el caso de algunos apellidos que Barros omite en su columna: Ponce Lerou, Yuraszeck y De Andraca. Todos ellos se privatizaron con las compañías que se les habían confiado desde el Estado, llevándose SQM, Chilectra y CAP literalmente «para la casa».

¿Son ellos parte de este «país de emprendedores»?

Sigamos con otros que Barros sí nombra en su columna. De Gonzalo Vial cuenta que «partió vendiendo huevos en forma casi artesanal». Pero omite que su empresa, Agrosuper, formó un cartel que causó daños en torno a los US$1.500 millones a los consumidores. En un país que se tomara la libre competencia en serio, como Estados Unidos, Vial y sus ejecutivos habrían tenido que dar muy buenas explicaciones para evitar ir a la cárcel. En Chile, en cambio, Vial pudo añadir el insulto a la herida, diciendo que los fiscalizadores que lo atraparon son «gente a la que le falta calle. Si nunca han producido nada ni le han dado trabajo a nadie» (ver artículo).

De los Angelini se dice que «llegaron a Chile sin ni uno». Eso es verdad. Pero también lo es que con sus inversiones políticas (dieron plata desde la campaña del No, en 1988), pusieron al Estado a trabajar para sus intereses, con leyes a la medida, regulaciones favorables y fiscalizadores serviciales. Las leyes pesqueras de 1991, 2001 y 2012 fueron negocios fabulosos para los Angelini que lograron que el Estado de Chile regalara a las grandes pesqueras cuotas anuales estimadas en US$743 millones, y de manera indefinida en la práctica.

Y podemos seguir con la compra del Banco de Chile por los Luksic, gracias a un crédito de US$120 millones del BancoEstado, autorizado por su entonces presidente Jaime Estévez. Hoy el político socialista es director del banco de los Luksic, donde ha recibido al menos $354 millones en dietas y remuneraciones.

Estas fortunas no crecieron por un milagro de generación espontánea; fueron abonadas por un terreno fértil de impuestos negociados con el empresariado, subsidios a las plantaciones forestales de los grandes grupos, leyes antimonopolios inoperantes y completa impunidad para los delitos de cuello y corbata. Y ese entorno no es casual: fue diseñado y negociado por los propios incumbentes, mediante la cooptación de amplias áreas de la política, el Estado y la sociedad. No es casualidad que los mayores grupos económicos, sin excepción, hayan financiado, por medios legales, ilegales o ambos a la vez, a los políticos chilenos (ver investigación en CIPER).

«Detrás de toda gran fortuna se esconde un crimen» escribió en «La Posada Roja» Honoré de Balzac. Como toda frase, su generalización puede ser injusta. Pero, en el otro extremo, narrar la irrupción de los imperios económicos chilenos como un cuento de hadas de «puro esfuerzo, riesgo y habilidad» es tapar el sol con un dedo.

Y los chilenos ya estamos grandecitos como para creer a pies juntillas en tales fábulas.