La investigación del caso Adif sigue destapando el desfalco de millones de euros a través de empresas fantasma que emitían facturas falsas para desviar los fondos precedentes del presupuesto del Administrador de Insfraestructuras Ferroviarias.

La Cadena SER ha tenido acceso al sumario, decenas de tomos de informes de la Guardia Civil, la Agencia Tributaria y los Servicios de Aduanas que a través de documentos y facturas fijan la cuantía total de este desfalco correspondiente al tramo del AVE que pasa por Murcia y Alicante. El sumario fue adelantado por el diario La verdad.

Informe de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria donde se calcula el fraude / CADENA SER

Entre todos estos informes hay uno elaborado por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria que fija el total del dinero desviado ilegalmente en 17.638.754, 47 euros durante el periodo 2011-2014. Fuentes de la investigación consultadas por la SER aseguran que las investigaciones continúan y que el total del dinero desfalcado en las obras de la construcción de AVE en diversos tramos de las provincias de Alicante y Murcia podría seguir subiendo a medida que se vayan practicando más diligencias.

En el epicentro de la trama aparecen varios responsables de Adif, entre ellos José Luis Martínez Pombo, exjefe de Infraestructuras de la línea Madrid-Levante, que llegó a regularizar casi dos millones y medio de euros aprovechando la amnistía fiscal. Según la Guardia Civil, Martínez Pombo, que ha permanecido en prisión durante unos meses, propició el presunto desvió de fondos públicos "a través de una serie de expedientes de gasto extraordinario, autorizados como consecuencia de los proyectos de reposición de infraestructuras hidráulicas afectadas por la ejecución de la línea de Alta Velocidad en Levante, pudiendo haberse beneficiado de estos fondos desviados". Los otros responsables de Adif investigados son el director de obras, el jefe de unidad ACO y el contratista.

El otro eje central de esta trama, según la Guardia Civil, es Obras Marimar SL, que "actuó como subcontratista para las obras de reposición hidráulica de las contratistas principales que tenían adjudicada por Adif la plataforma ferroviaria de Alta Velocidad. Actuaba de emisor y principalmente de receptor de facturas supuestamente falseadas y falsas que le eran remitidas por una serie de empresas fantasma/ pantalla creadas ad hoc sobre prestaciones de obras y servicios no realizados". Según la investigación, el presunto fraude se cometió sobrevalorando el coste real y emitiendo facturas falsas para justificar trabajos no realizados.

Según los investigadores, estos casi 18 millones de euros fueron a parar a responsables de Adif, directivos de la empresa Obras Marimar, a la cúpula del Juzgado de Aguas de Orihuela, que participó en la trama delictiva, y al menos a tres testaferros que crearon un entramado de empresas fantasma que posibilitó el desvío de más de siete millones de euros.