La familia Ponce podría ser el reflejo de un país entero. 94 miembros, 24 familias, tres generaciones, herederos de los fundadores de un municipio localizado en el centro-sur de uno de los Estados más violentos de México, Chihuahua. Que durante décadas se dedicaron a la ganadería y diversificaron sus negocios a diferentes formas de comercio en esta entidad. Tenían incluso una calle a su nombre. Una familia que se había hecho fuerte a base de permanecer unida, como un solo pueblo. Hasta una noche de 2013. "Nos juntamos todos una madrugada, todas las camionetas, nos fuimos con logotipos de misioneros, como si fuéramos a un retiro espiritual", relata un familiar. 61 miembros de la familia Ponce huyeron para siempre de aquel infierno en el que se había convertido su tierra.

Como ellos, 8.726.375 personas en México abandonaron en algún momento sus viviendas o lugares de residencia por miedo a la inseguridad desde 2011 hasta 2017, según la última encuesta realizada por la oficina estadística del país norteamericano, recogida en el informe presentado este viernes por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh). La cifra no representa un diagnóstico oficial de la tragedia de los desplazados internos, pues los datos han sido recogidos de una pregunta específica (si han modificado su lugar de residencia por motivos de inseguridad) dentro de la gran encuesta anual a más de 100.000 viviendas, pero la ha considerado el organismo como la que mejor refleja el fenómeno. En México, pese a que los altos índices de violencia —más de 90 homicidios al día en el último año— han obligado a la migración interna de cientos de miles de familias, no existe todavía un registro oficial. Y las cifras entre diferentes organismos encuestadores —que no se dedican a estudiar específicamente el fenómeno— reflejan diferencias que van desde 200.000 desplazados hasta esta última de más de ocho millones.

El organismo ha obtenido estos datos después de años de estudio y cruce entre los cuestionarios de las diferentes bases de datos oficiales. "El objetivo de este informe es recalcar la necesidad de que se reconozca la problemática a nivel gubernamental y se creen instrumentos legales y de apoyo institucional para la población desplazada. En estos momentos se encuentran en un estado de indefensión", alerta la directora de desplazamientos internos forzados de la Cmdpdh, Brenda Pérez.

El infierno del que huyen los desplazados se parece mucho al que sufrió la familia Ponce. En noviembre de 2010 secuestraron a un joven de 23 años, torturado durante cuatro días, hasta que lograron reunir el dinero suficiente para el rescate —el centro se ha reservado difundir el monto—. En febrero de 2011 intentaron asesinar a otro miembro de la familia, lo denunciaron; ocho meses después apareció muerto. Entre 2012 y 2013 el resto de familiares sufrieron extorsión y amenazas por el mismo grupo criminal. En ese último año, el joven secuestrado y su primo de 13 años fueron acribillados a balazos; el más pequeño no sobrevivió. Un mes después, otro de los familiares, un conocido empresario del municipio, fue asesinado dentro de su negocio de abarrotes (tiendas de conveniencia). Y ese mismo día, el mismo cartel trató de asesinar a toda su familia, que había abandonado ya la casa, y baleó a cuatro de sus empleados. Decidieron no esperar más, sabían que si se quedaban ahí el próximo podría ser cualquiera. Y huyeron de este pequeño municipio rural del centro-sur de Chihuahua.

Quienes huyen de sus casas por la violencia sufren graves problemas para integrarse en el nuevo destino. Según las cifras que maneja el organismo —recabadas por el cruce con las encuestas nacionales—, la mitad de las personas que cambiaron de domicilio como medida de protección ante la delincuencia dejaron de salir a comer o cenar por temor de ser víctimas de algún delito. Y más del 74% optaron por no llevar nunca dinero en efectivo, según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística. "Además hemos observado una pérdida importante de las fuentes de ingreso en los 107 casos estudiados por nosotros [no hay cifras nacionales], que llegan a perder hasta un 70% de sus ganancias, pues la mayoría de ellos pierden su empleo, propiedades, tienen que continuar con sus pagos en los lugares de origen. Y todo sin recibir ningún apoyo institucional", señala Brenda.

Otra de las observaciones que recoge el informe es que incluso en las zonas donde hubo estrategias federales de combate al narcotráfico, el éxodo no cesó. La guerra contra el narco emprendida por Felipe Calderón (de 2006 a 2012) hizo visible este fenómeno, que hasta esos años estaba asociado a las entidades del sur, por cuestiones sociales (movimientos indígenas), de represión política (la Guerra Sucia) y desastres naturales. Una de las imágenes más representativas de los desplazamientos forzados internos por motivos de violencia fue la de una Ciudad Mier (Tamaulipas), convertida en una localidad fantasma en 2010. Las cifras del informe recogen que en 2011 casi el 40% de personas que cambiaron el lugar de residencia afirmaron que en su localidad hubo acciones militares de lucha contra los cárteles de la droga.

En los últimos años, el mapa de los desplazados se ha extendido a gran parte del territorio nacional. Y las entidades que más familias han expulsado han sido Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Coahuila, Durango y Zacatecas.