La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando presuntas donaciones ilegales de empresarios al Partido Popular a través de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), una entidad creada en el año 2000 y disuelta en 2015 que pagó a sociedades de la Gürtel 307.094 euros entre 2003 y 2004 por la organización de actos electorales de Esperanza Aguirre. Según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas a la investigación, los expertos en delitos económicos del Instituto Armado han llegado hasta Fundescam rastreando las cuentas del PP de Madrid en la pieza secreta que instruye el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dentro del caso Púnica.

Las pesquisas sobre esta fundación ya han tenido consecuencias. La UCO acudió el pasado 27 de septiembre a la Asamblea Regional y a la Consejería de Economía de Madrid para llevarse los expedientes de todas las adjudicaciones que esos organismos concedieron entre 2007 y 2012 al Grupo Arturo Cantoblanco, el hólding hostelero del exvicepresidente de la CEOE y expresidente de los empresarios madrileños Arturo Fernández. Los agentes también se personaron en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería de Presidencia, para llevarse la documentación de Fundescam.

Según ha podido saber este diario, el motivo de los requerimientos es aclarar si esas licitaciones públicas están relacionadas con las contribuciones que el grupo de Arturo Fernández realizó a Fundescam para financiar las campañas de Aguirre. La propia contabilidad de Fundescam ya reveló que la mercantil Grupo Cantoblanco Catering Service SL le transfirió 18.030 euros el 7 de mayo de 2003 y, otra empresa del exdirigente de la patronal madrileña, Arturo Grupo Cantoblanco SL, aparece como responsable de otras tres donaciones: 15.000 euros el 25 de octubre de 2003; 12.000 euros el 3 de marzo de 2004; y nuevamente 12.000 euros el 16 de marzo de 2004. En total, 57.030 euros. En conversación telefónica con este diario, Fernández admitió haber realizado esos pagos aunque matizó que los hizo mediante transferencia bancaria, sin ánimo de ocultar nada.

El expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández a su llegada a la Audiencia Nacional. (EFE)

Sin embargo, la UCO ha puesto ahora el foco sobre los contratos que recibió de entidades controladas por el PP ante la sospecha de que pudo ser favorecido en concursos públicos como contraprestación por su ayuda a Aguirre. Fuentes próximas al caso precisan que también se investigan las adjudicaciones de otros donantes de Fundescam. Según sus cuentas, la entidad recibió un ingreso de 60.000 euros de FCC en octubre de 2003, dos de Unión Fenosa por un valor de 156.000 euros y tres del expresidente de la CEOE y expropietario del Grupo Marsans Gerardo Díaz Ferrán por un importe total de 192.200 euros, entre otros.

El escándalo de Fundescam saltó cuando estalló Gürtel en febrero de 2009. Entre la documentación intervenida a la trama aparecieron facturas de Special Events, una de las sociedades de Francisco Correa, por trabajos realizados para la fundación. En teoría, Fundescam sólo podía dedicarse a la promoción y organización de actos culturales y formativos y esos eran los conceptos que aparecían las facturas. Sin embargo, los investigadores descubrieron anotaciones que demostraban que, en realidad, las facturas se referían a trabajos no declarados para las dos campañas electorales a las que concurrió Aguirre en 2003 por el 'tamayazo'. El PSOE denunció al PP por delito electoral pero cuando la Agencia Tributaria confirmó en 2012 que efectivamente se había producido el delito, éste ya había prescrito.

Sin embargo, nunca se ha investigado la actividad de Fundescam desde 2004 hasta su liquidación oficial en 2015 ni, tampoco, las adjudicaciones públicas logradas por sus donantes. Eso es precisamente lo que está haciendo ahora el juez Velasco dentro del caso Púnica. Aún en el caso de que la presunta financiación ilegal del PP hubiera prescrito, la UCO busca en las licitaciones conseguidas por los pagadores delitos cometidos en años recientes que todavía pueden ser perseguidos, como malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, blanqueo de capitales y fraude a la Administración Pública.

La investigación de Fundescam dentro del caso Púnica sólo era cuestión de tiempo. Velasco ordenó en febrero el registro de las oficinas del PP de Madrid en la primera planta de Génova tras encontrar en una agenda del presunto cerebro de la trama, Francisco Granados, anotaciones de presuntas donaciones ilegales que él mismo habría entregado a su formación entre 2011 y 2014. Según esas notas, por las manos de Granados pasaron aportaciones de empresarios por valor de 2.060.000 euros que, según los investigadores, podrían haber servido para financiar actos de campaña del PP.

Entre los imputados en esa pieza secreta se encuentra el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, acusado de ser la persona del partido que recibía y gestionaba los fondos que presuntamente captaba Granados. Los agentes habrían descubierto ahora, tras analizar los ordenadores de Gutiérrez y la documentación intervenida en su casa en febrero, que su relación con la caja B de los populares madrileños se remonta más atrás en el tiempo y se conecta con los flujos de dinero de Fundescam. Lo cierto es que la firma del exgerente apareció en algunas de las facturas emitidas a la entidad por Special Events. Supuestamente, Aguirre lo cesó en 2014 por su implicación en el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid, pero lo mantuvo en secreto a sueldo del partido.

El otro vínculo que ha conducido a la UCO hasta Fundescam lo ha ofrecido el propio Granados. Como ya consta en el sumario de Púnica, el exconsejero de Presidencia madrileño y exsecretario general del PP regional estaba autorizado para realizar movimientos en la cuenta bancaria de la fundación.