María de Lourdes, de 27 años y con un semestre de Derecho, estaba trabajando en un bar de Durango cuando fue secuestrada por su exnovio, José Manuel, el 13 mayo de 2012. Durante la retención él la agredió físicamente y la violó varias veces, por lo que quedó embarazada. La Fiscalía del Estado detuvo al agresor al día siguiente, y lo envió a prisión preventiva, considerado un riesgo para la sociedad y su entorno por su tendencia al comportamiento impulsivo y agresivo. Los exámenes a los que fue sometida la víctima dieron prueba tanto del daño físico como emocional que padecía y solicitó el aborto legal.

“Ella me contactó por Facebook porque quería agilizar el proceso. Había sido violada, habían detenido al agresor, y pese a eso, no la dejaban abortar”, señala Julieta Hernández Camargo, presidenta de la organización Sí hay mujeres en Durango, encargada del caso al principio. La autorización tardó cinco semanas y para poder llevarlo a cabo hubo que traer a un doctor de la capital, porque en los servicios médicos de salud no había personal capacitado. “Se hicieron los tontos”, señala Hernández.

El aborto cuando el embarazo es producto de una violación está reconocido legalmente en todo el país. Sin embargo, y pese a los elevados índices de abuso sexual en la República -131.400 casos al año-, en el último lustro tan solo se han emitido 39 autorizaciones en todo México y 30 de ellas han sido en el Distrito Federal, única entidad que desde 2007 practica el aborto libre hasta las doce semanas. 39 permisos de entre un millón de abortos que se practican al año en el país.

La organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) denuncia en del informe Omisión e Indiferencia. Derechos Reproductivos en México que “el acceso efectivo de las mujeres a las causales legales de aborto es bastante precario o nulo”. En el caso de Lourdes hubo obstáculos como falta de información y retrasos injustificados en las diligencias ministeriales, tal y como documenta la organización, pero el horror de su historia va mucho más allá.

Meses después de serle practicado el aborto, debido a las amenazas de muerte hacia ella y su familia y siendo presionada por el abogado de José Manuel, Lourdes se retractó de las acusaciones para que él saliera libre. En ese momento la Fiscalía la detuvo e inició una investigación por aborto y falsedad de declaraciones, sin considerar el contexto de violencia que vivía la víctima. Tanto la organización Si Hay Mujeres en Durango como GIRE manifestaron en su momento que el “retiro de los cargos se debía a las amenazas constantes del agresor, que la propia víctima había denunciado, sin que la autoridad dictase ninguna medida de protección para ella”.

El pasado 26 de marzo el Poder Judicial de Durango ordenó la liberación de José Manuel. En paralelo, Lourdes, quien ya había sido encerrada, lleva más de cuatro meses presa. “El asunto es tan ridículo como que ella está en la cárcel y él libre”, sentencia Julieta Hernández.

Para la presidenta de Sí Hay Mujeres en Durango la justicia penal no tiene en cuenta la perspectiva de género. “¿Los jueces no entienden que cuando una mujer está siendo amenazada, su voluntad está viciada y puede decir cualquier cosa?”. Hernández Camargo se enfrentó públicamente al sistema declarando ante los medios que los jueces estaban dejando libres a los violadores, acusación que provocó la reacción inmediata de la Judicatura. “Lourdes [EL PAÍS ha decidido no publicar el nombre completo de la víctima tal y como recomienda el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés] cometió el delito de aborto engañando a las autoridades y alentada por quienes la apoyan [a saber, su madre y las asociaciones], siendo que no fue resultado de una violación”, señalan las autoridades judiciales.

Según Hernández, pese a que la Fiscalía ha presentado un sobreseimiento, el juez no lo aceptó. La próxima audiencia es en mayo, donde puede que le ofrezcan un juicio abreviado para que salga libre.

La historia de Lourdes es solo un ejemplo más de la violencia institucional a la que son sometidas muchas mujeres en México. Una muestra de ello se puede ver en el corto documental Viva México, que aborda la criminalización de la que son objeto. GIRE denuncia que cuatro fiscalías estatales -las de Coahuila, Sonora, Tamaulipas y Veracruz- llegan al extremo de asegurar que no tienen competencia para emitir autorizaciones para interrumpir un embarazo por violación. Para la organización esto “pone de manifiesto el desconocimiento de la normativa en materia de ILE o la falta de voluntad para emitir autorizaciones a pesar de la ley”. Además, el informe señala que tan solo siete de las 32 entidades federativas del país recibieron solicitud para interrumpir un embarazo por violación, un dato que contrasta con los “altos índices de abuso sexual en todo el país”.

En el caso de Lourdes pasaron cinco semanas hasta que las autoridades cedieron, pero ahora quien fue violada es considerada y tratada como una criminal.