Uruguay reguló el cannabis con pocos recursos y más preguntas que respuestas. A cuatro años de la legalización, el gobierno recibió un millón y medio de dólares a través de la venta del producto en farmacias, y los usuarios agotan las flores en pocas horas. Ni las amenazas de la banca estadounidense, ni la falta de personal capacitado para el cultivo, ni la precariedad de los medios técnicos pudieron contra la legalización. Pero el primer país del mundo en el cual el Estado cosecha y vende marihuana tuvo que aprender cómo hacerlo. Ésta podría ser una enseñanza para los países que van por el mismo camino.

La noche del 10 de diciembre de 2013, luego de una larguísima sesión del Senado, la marihuana empezó a ser legal en Uruguay.

Los políticos del Frente Amplio, la coalición de partidos de izquierda que llevó a José Pepe Mujica a la presidencia, y que era mandatario cuando se aprobó esta ley, no hablaban de legalización sino de “regulación”. Fue un recurso semántico en la lucha discursiva para no asustar a la opinión pública con una “legalización”. O un “viva la Pepa”, como previno Mujica. Hoy se cree que la mitad de los usuarios de marihuana consumen cannabis legal.

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El IRCCA existe desde mayo de 2014. Su objetivo fue, y es, montar un aparato estatal que provea de marihuana, y que controle los eslabones de la nueva cadena productiva. El instituto aprueba y fiscaliza desde protocolos de seguridad para los clubes de cannabis a cultivos en el hogar. Gestiona los pedidos de las farmacias y otorga licencias para laboratorios de cannabis medicinal. También evalúa los proyectos de cáñamo industrial y analiza los perfiles químicos de la producción.

En 2014, a pocos meses de aprobarse la ley, estaba todo por hacerse. El ajedrez político era difícil. Los medios y la oposición insistían en que todo era improvisado, que los estudiantes bajarían sus calificaciones, que el gobierno de Mujica se había dado por vencido ante “la droga”.

Augusto Vitale, psicólogo social, fue director ejecutivo del IRCCA hasta noviembre de 2017 cuando los problemas con sus superiores en el gobierno fueron demasiado profundos y lo despidieron. En sus primeros tiempos a cargo del instituto tenía apoyo político, pero no dinero para cimentar una reforma que implicaba educar, prevenir, plantar, otorgar licencias, almacenar, fiscalizar y distribuir el cannabis.

Durante los seis primeros meses, Vitale sólo tenía la llave de un espacio con escritorios vacíos. Su única compañera de trabajo era una entusiasta pasante francesa que terminaba una tesis sobre políticas alternativas de drogas. En diciembre de 2014 llegaron un informático, una ingeniera agrónoma, un secretario y la asesora legal, que entró en licencia por maternidad al poco tiempo. Recién en 2015 el instituto tuvo medio millón de dólares de presupuesto. Una partida quinientas veces menor que lo embolsado por el estado de Colorado, en Estados Unidos, por licencias e impuestos durante 2017. Como el IRCCA no tenía un peso, los funcionarios hicieron una colecta para imprimir un adhesivo con el logo del instituto que todavía está pegado en la puerta de acceso a la oficina.

En 2018, cuatro años después del inicio de la regulación, Augusto Vitale está cabizbajo en un bar montevideano. No quiere hablar de lo que faltó, prefiere recordar lo que tenía. Pero no puede dejar de mencionar que le hubiera gustado haber contado con más gente para empujar al IRCCA.

—Llegábamos justos con los recursos. El equipo técnico tenía demasiadas cosas para hacer. No teníamos técnicos que supieran controlar un proceso de producción de cannabis. Teníamos que preguntar a expertos extranjeros. Había que remarla.

El problema es que “remarla” implicaba lidiar con cosas en absoluto menores con las que nadie había lidiado nunca. Como, por ejemplo, que el Estado tenía que importar semillas de marihuana para plantar y proveer a las farmacias. Con la ley recién aprobada, y a finales de 2013, los encargados de las áreas de negocios en las embajadas uruguayas de España, Australia, Israel y Holanda, acostumbrados a negociar productos como carne, arroz o vino, tuvieron que investigar la forma de comprar material genético entre los bancos de semillas de cannabis.

Así se llegó a una decena de variedades, surfeando la rígida fiscalización internacional que ni siquiera reconoce los usos medicinales del cannabis. Una vez importadas las semillas, el Instituto Nacional de Semillas (INASE), que certifica, testea y acredita las semillas que se producen o entran a Uruguay, germinó y seleccionó especímenes para conseguir plantas madres.

El gobierno buscó variedades más bien livianas. Que “colocaran” a los usuarios, pero no mucho. En el mercado internacional es normal encontrar cepas con 20% de thc, el principio activo. Hoy las farmacias de Uruguay distribuyen unas con 9%. Pero, una vez obtenidas las semillas, y germinadas, alguien tenía que plantarlas. En 2014 se abrió una licitación pública internacional para escoger dos empresas que proveyeran cuatro toneladas anuales de cannabis, a partir de las variedades seleccionadas por el Estado. A finales de 2015 se conocieron las compañías elegidas: la International Cannabis Corporation (ICC) y Simbiosys.

El predio elegido para plantar la marihuana queda a cuarenta y pocos kilómetros de Montevideo. Es un terreno ubicado al final de un camino que pasa junto a la cárcel de máxima seguridad de Uruguay, el penal de Libertad. Se pensó en ese sitio porque, ante un eventual ataque a la plantación, la cercanía de la cárcel aseguraba una contundente respuesta policial y militar. La plantación fue custodiada desde el principio por la policía militarizada con camionetas, caballos, puestos de control, torres y cámaras de videovigilancia. Un puñado de presos en régimen de libertad vigilada desmalezaron el terreno y lo pusieron en condiciones. Pero la elección de esa mano de obra demoró la puesta a punto del lugar: los internos primero tenían que cosechar sus batatas. También se construyeron caminos para evitar que los vehículos cayeran en las zanjas o se empantanaran en el lodo. Cada empresa debía sacar dos toneladas de marihuana por año de esos terrenos.

En noviembre de 2015 las dos licenciatarias, ICC y Simbiosys, llegaron al campo de 18 hectáreas cercado por el IRCCA. Entre fines de 2015 y principios de 2016 instalaron invernáculos provisorios mientras llegaban unas carpas de cultivo ultratecnificadas de España.

El Instituto Nacional de Semillas había conseguido germinar 4 000 plantas, que estaban listas para llegar a la plantación: 2 000 especímenes para cada empresa. Así que, con la colaboración de la policía, un camión sin matrícula custodiado por dos camionetas sin chapas cargó las 4 000 plantas en dos viajes desde el INASE, donde el cannabis había crecido con iluminación artificial, temperatura y humedad controladas.

Era 25 de febrero de 2016 y hacía calor, pero los policías que bajaban del camión y sus custodias no se quitaron los pasamontañas ni los chalecos antibalas cuando descargaron las primeras plantas de marihuana del mundo producidas por un Estado.

Fernando Saicha, por entonces responsable del cultivo de la empresa Simbiosys, sentía que estaba dentro de una película:

—Parecían una milicia serbia con pasamontañas de lana. Abrieron el camión, saltaron los Gurkhas y bajaron las bandejas con las plantas. Era surrealista. Me pasaron por la cabeza todos los años de paranoia por fumarme un porro en la plaza. Fue decir: realmente vamos a plantar, la policía nos está trayendo las plantas que cultivó el gobierno para que hagamos esto. Nunca más lo olvido.

Vitale, responsable del IRCCA, y un equipo de fiscalización condujeron detrás de los camiones policiales supervisando todo. Vitale vestía jeans, unas botas “medio guerrilleras” y se protegía del sol con su boina vasca. Se arremangó la camisa y bajó del camión los plantines que había visto crecer desde la semilla. Los cargó en brazos hasta los invernaderos.

Esa tarde John Stefanoff empezó a trabajar en Simbiosys. Era uno de los pocos trabajadores que tenía algo de experiencia cultivando cannabis. Este hombre, hoy de 29 años, frecuentaba una tienda de cultivo de cannabis en la misma ciudad en la que se emplazó la plantación, Libertad. Un ingeniero agrónomo de la empresa necesitaba encontrar a cultivadores de cannabis locales, para ofrecerles empleo. ¿Y qué mejor sitio para buscar cultivadores de cannabis que una tienda que vende implementos para su cultivo? Así que el hombre un día entró, preguntó si conocían a alguno, y le recomendaron a John que pasó la entrevista laboral y quedó contento pero preocupado: no tenía idea de cómo iba a poder controlar tantas plantas. Tenía experiencia cultivando las seis que permite la reglamentación, pero 2 000 parecían muchas.

Christian Choca también vive en la ciudad de Libertad. Y también plantaba para consumo personal en su casa, a pocos kilómetros de la plantación estatal. Un vecino, que trabajaba en Simbiosys, había visto sus plantas y le preguntó si no quería ser parte del primer cultivo en masa. Y Christian Choca claro que quería. Llegó con su auto a la plantación un día después del operativo policial de transporte. Vestía zapatos, camisa, estaba afeitado y peinado. Los responsables de la empresa le hicieron las preguntas de rigor y le dijeron: “Ponete a trasplantar, estamos atrasados”.

Al día siguiente, cuando empezaron a trabajar, ni Christian ni John podían creer lo que veían. La mitad de las plantas estaban muertas, marchitas, achicharradas por el sol. Las mil que sobrevivieron fueron podadas y regadas a mano, una por una, por ellos dos.

Cuidar de mil plantas de marihuana legales, sin el temor de ser detenido, podría parecer el sueño de un cultivador de cannabis. Pero muy pronto empezaron los problemas. Apenas un mes después de la llegada de los primeros plantines, Eduardo Blasina, ingeniero agrónomo de Simbiosys y dueño de unas de las consultoras agropecuarias más importantes del Uruguay, renunció. Simbiosys tenía problemas para pagarle al repartidor de soda, que durante el verano se retiró del predio varias veces porque no conseguía cobrar los pedidos anteriores. La empresa cambió tres veces de gerente. Trabajaban 18 personas, la mitad que en ICC, la otra compañía que planta para el Estado. Simbiosys es una empresa low cost. ICC cotiza en la bolsa de valores de Toronto. Aurora Cannabis, una de las sociedades más importantes del rubro en Canadá, compró sus acciones en 220 millones de dólares el 10 de septiembre de este año. En su plantación en la localidad de

Libertad, donde según fuentes del gobierno invirtieron algo más de un millón de dólares, trabajan 40 personas.

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John Stefanoff fue empleado de Simbiosys durante dos años. En la intempestiva tarde del 15 de abril de 2016 hacía dos meses y medio que cuidaba plantas en los cuatro invernaderos de la empresa. Al anochecer, los invernáculos empezaron a zarandearse con el viento amenazante que soplaba desde la cercana costa del Río de la Plata. Stefanoff miraba los nubarrones renegridos arremolinarse sobre un cielo plomizo.

El cultivo resplandecía en la oscuridad que tragaba al cielo. Sus lámparas de sodio hacían del descampado una mancha naranja, luminiscente como un sol marchito. A la tardecita, cuando las luces del invernadero se prendían, era usual que llegaran insectos. Pero en ese crepúsculo los cascarudos negros fueron una invasión. El viento se embolsaba y mecía las precarias estructuras de Simbiosys que albergaban las plantas. El porro del Pepe Mujica estaba a merced de la tempestad.

John era uno de los cuatro trabajadores en funciones aquella tarde. Antes de volver a casa, él, un gerente, una trabajadora y el encargado de obra salieron a enfrentar la tormenta y asegurar las estructuras. Martillo, pinza, alambre, piola, hasta las mangueras de riego se usaron para sujetar el invernadero. El gerente, en medio de la tormenta, condujo hasta la ferretería del pueblo para buscar otro rollo de hilo.

Pasadas las ocho de la noche tres trabajadores y el encargado de obra se cobijaron en un contenedor que servía de cocina, oficina, depósito de herramientas y fertilizantes. Era el único lugar para resguardo. El refugio se estremeció cuando algo cayó sobre el techo. Uno de los invernaderos había volado y pegó sobre la guarida.

Aquel diluvio es inolvidable para Augusto Vitale, el exdirector del IRCCA, que ese día se fue del predio al mediodía con la primera llovizna. Recibió las fotos de los destrozos iniciales en la tarde, ya en su oficina del centro montevideano. Las ráfagas de viento superaron los 100 kilómetros por hora. En la mañana del sábado 16 de abril los escarabajos flotaban, muertos, en las bandejas de las macetas que todavía sostenían las pocas plantas que aguantaban en pie.

A las cinco de la mañana de aquel sábado de abril John patinaba en el barro por el oscurísimo camino de tierra y tosca que lleva a la plantación. Pasó la prisión, esquivó charcos, pozos y perros que corrían tras su motocicleta. Vadeó una cañada y llegó a los invernaderos que la tarde anterior había atado en vano. Su trabajo de casi dos meses estaba desparramado en el piso. Había plantas y plantines por todos lados, bandejas, mesas y nailones al viento, todavía siseantes. La estructura del invernadero volado seguía sobre el contenedor que hacía de refugio, depósito y cocina. No había sol todavía. Tampoco energía eléctrica. Pero sí cables chispeando, bailando al viento. John tomó fotos y las envió al responsable del cultivo de Simbiosys, Fernando Saicha, con el texto: “Lo lamento”.

ICC tenía los invernaderos al lado de Simbiosys y el golpe no fue tan grave. El vendaval afectó sólo un costado del invernáculo provisorio. Además, contaban con el invernadero mayor, traído de España; aunque no operativo, estaba ensamblado. Pero Simbiosys, rezagada en el armado del invernadero final, quedó al descubierto, gravemente herida.

—La sufrimos de todos los colores. No teníamos toda la infraestructura pronta —dice Gastón Rodríguez Lepera, diseñador industrial, accionista minoritario y asesor de Simbiosys hasta fines de 2016, cuando renunció.

Vitale, por entonces al frente del IRCCA, pensó en tirar todas las plantas y empezar de nuevo. El responsable de Simbiosys, Fernando Saicha, estaba cansado y enojado. Venía mal. No le suministraban los materiales de cultivo que pedía. Tenía pocos trabajadores a su cargo para sacar las dos toneladas de marihuana al año que el Estado requería. En 2018, a un año de su renuncia, su enojo es todavía evidente. Sentado en una cafetería, dice que aprendió lo que no debe hacer y también a sintonizar las señales del ambiente.

—No creo en Dios. Pero Dios quiso que se volara todo para que me fuera. Fue una señal divina: te tiro el invernadero en la cabeza.

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Las únicas dos personas que sabían de cultivo y pasaban entre las plantas de Simbiosys ocho horas seis días a la semana, eran Christian Choca y John Stefanoff. Cobraban menos de 500 dólares por mes, la paga mínima de un trabajador rural. Pero dicen que no lo hicieron por dinero, sino “por la experiencia”.

Aprendieron a esquivar los choques eléctricos cuando pasaban entre las lámparas de sodio que daban luz a los invernáculos. Se cuidaban de no tocar los focos cuando el invernadero se inundaba para no electrocutarse, porque la instalación eléctrica era deficiente. Sacaron serpientes entre las macetas —sin suero antiofídico ni botiquín a mano—, propiciaron que hubiera mantis religiosas porque atacan a las plagas del cannabis, aplicaron fungicidas, esquejaron, trasplantaron, cosecharon a mano, mezclaron tierra, regaron con nutrientes, abrieron el invernadero para que de noche la humedad condensada se evaporara. Pero ni su obsesión por hacerlo bien evitó varias epidemias de hongos que se llevaron porciones del cultivo y del stock.

En octubre de 2016 el gobierno evaluó la posibilidad de salir al mercado. Pero no había mucha almacenada y hubo controles de calidad que Simbiosys no pasó. La gerencia de Simbiosys ordenó a sus trabajadores a guardar las flores en bolsas de nailon. Christian y John lo hicieron muy a su pesar. Las flores se llenaron de hongos. Para entonces, John empezó a sentir que estaba perdiendo el tiempo. En la mesa de un restorán en Libertad se saca las gafas oscuras para hablar de omisiones, falta de conocimiento y mala voluntad de la empresa, a la que renunció hace seis meses, cuando consiguió un mejor trabajo como cannabicultor en la plantación de un laboratorio de aceite de cannabis con estándar medicinal.

—No estaba bueno lo que pasaba —dice, refiriéndose a cosas como que varias veces la producción se llenó de hongos debido a que los manejos agronómicos que la empresa les hacía aplicar iban en contra de lo que ellos sabían que se necesitaba para un buen cultivo—. Yo luché para que llegue a la calle y la gente lo consuma de buena manera y con buena calidad. Que haya problemas una vez no es nada. Pero que vuelvan a pasar y que vuelvan a pasar y que vuelvan a pasar…

Christian y John habían hecho todo con sus manos. Hasta construyeron secaderos, imprescindibles para que las flores pierdan clorofila y humedad. No los armaron con tecnología de punta, sino con tejido para mosquitero comprado en tiendas comunes y engrampado a cañas, que fueron cortadas a cuatro kilómetros de la plantación por unos adolescentes a quienes ellos mismos les pagaron unos pesos para que lo hicieran. Un día las plantas estaban alicaídas. John avisó que se necesitaba una malla rectangular para sujetarlas. La gerencia se negó a comprarla.

—Me trajeron un hilo de fardo y alambre.

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En mayo de 2014, cuando el directorio del IRCCA recién empezaba a reunirse, Diego Cánepa, secretario de Mujica, prometió que a fin de ese año la marihuana estaría disponible en las farmacias. Fue el primero de una seguidilla de anuncios incumplidos, imposibles.

Las dos empresas que cultivaban sabían que tener marihuana en cinco meses era inalcanzable. El ciclo de cultivo y su secado demoran ese tiempo, en promedio. Además, estaba el inconveniente extra de la falta de infraestructura. Pero el gabinete de Mujica no lo quiso admitir o no lo comprendía. El gobierno decía “próximamente marihuana en farmacias” y Vitale, el director del IRCCA, sudaba.

—Sabíamos que no se podía cumplir.

Los primeros días de octubre de 2015 voceros gubernamentales volvieron a prometer que en 2016 habría marihuana en la calle. Pero una semana después hubo problemas. Cada farmacia debe tener, por ley, un director técnico, un químico farmacéutico encargado de controlar el stock y la calidad de los productos que se venden al público. Pero la Asociación de Química y Farmacia, que los agremia, anunció que sus técnicos no iban a ejercer ese control sobre la marihuana, a pesar de estar obligados por ley a verificar todos los productos. Invocaron razones de salud y se opusieron a avalar la venta de “marihuana recreativa”. Pero el verdadero motivo era otro: habían pedido al gobierno un pago extra para hacer ese trabajo, y les fue negado. En ese momento, al frente de la Junta Nacional de Drogas, el organismo público que depende de la presidencia, estaba Milton Romani, un psicólogo que abandonó su cargo en julio de 2016, cansado de que la regulación no tuviera una implementación más rápida. Ahora está jubilado y recuerda aquellos conflictos como asuntos económicos más que como cuestiones de salud pública.

—Si la gente de la asociación hubiera avisado que era un problema de reclamo salarial o de porcentajes, era totalmente lícito. Se trataba de arreglar un negocio. Lo que no me parecía era que hicieran declaraciones moralizantes y después arreglaran por unos pesos.

Un decreto los obligó a chequear la mercadería y desde entonces trabajan a disgusto. Pero ese no fue el único escollo. En los meses siguientes otras asociaciones gremiales de propietarios de farmacias se bajaron del negocio. Al principio, los mismos farmacéuticos habían pedido distribuir cannabis. Para el gobierno fue una solución, pero finalmente sólo un puñado de farmacias se adhirieron a la venta de cannabis.

A pesar de los problemas con las asociaciones de farmacias, del temporal, de la falta de dinero, recursos y conocimiento, del desencanto de los usuarios por las promesas sin resultados a la vista, finalmente unas bolsitas de cinco gramos con flores compactas y fragantes llegaron a una docena de farmacias de todo el país el 19 de julio de 2017.

Las colas en las seis farmacias montevideanas habilitadas eran de casi una cuadra. Cada una de ellas tenía dos kilos para vender, y a las dos horas no quedaba nada en ninguna. Todo iba relativamente bien, aun cuando apenas 12 de las 2 400 farmacias del país habían accedido a despachar cannabis. Hasta que los bancos uruguayos, públicos y privados, amenazaron a las farmacias con cancelar sus cuentas si hacían transacciones relacionadas con la industria del cannabis. Las operaciones con capitales provenientes de las drogas sujetas a fiscalización internacional están vedadas por la Reserva Federal de Estados Unidos. La banca uruguaya depende de comprar, vender y depositar capital en el sistema bursátil de Estados Unidos. Punto. El resultado fue que al principio había doce farmacias inscriptas y después del golpe de la banca la mitad renunció a comercializar porro.

Entonces se formó una comisión para viajar al país del norte y explicar que la marihuana tenía trazabilidad, que el monopolio era del Estado, que en Uruguay somos pocos y nos conocemos mucho. Mario Bergara, presidente del Banco Central del Uruguay, Jorge Polgar, director del Banco República y Juan Roballo, secretario del presidente Tabaré Vázquez, que fue el sucesor de Mujica, viajaron a Washington a entrevistarse con congresistas, autoridades políticas y agentes financieros. Volvieron a Montevideo con las manos vacías.

Hoy, sin embargo, 17 farmacias venden cannabis en todo el país. Ningún farmacéutico está dispuesto a admitir cómo operan en el sistema financiero. Surfean el laberinto bancario ocultando su rubro, declarando otra cosa o declarando nada. Martín Rodríguez es director del IRCCA desde noviembre de 2017. En la amplia mesa de reuniones del instituto dice que ninguna empresa tuvo problemas operando financieramente con el IRCCA, pero que sí hubo problemas con los bancos, no sólo para las farmacias, sino también para los operadores del cáñamo industrial o los laboratorios de marihuana medicinal.

—Desnuda una contradicción. La vía de acceso al cannabis en Uruguay tiene un origen certificado, es una operativa transparente, hipercontrolada. Pero no se puede desarrollar fluidamente por la normativa financiera de Estados Unidos que busca restringir al narcotráfico.

El instituto regulador gubernamental, único eslabón estatal que recibe fondos de la marihuana, mantiene su cuenta abierta en la banca pública.

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—¿Cómo es posible que el IRCCA reciba dinero y yo no? Si te echan de tu trabajo sin una buena razón, te sentís muy mal. Fue muy irritante. Yo estaba cumpliendo una ley.

El farmacéutico Joselo Chichet lo dice porque vendió un kilo de cannabis por semana durante seis meses hasta que recibió una carta de su banco. En diciembre de 2017 el Banco República, un banco estatal que custodia la mitad del dinero de la plaza financiera uruguaya, le comunicó que tenía un mes para dejar de vender cannabis o cancelaban hasta la cuenta de su esposa.

Chichet había empezado a despachar sobrecitos de cinco gramos porque le pareció interesante “clarear una situación que todo el mundo oculta, pero que está”. Él tiene su farmacia en la ciudad de Libertad, a dos kilómetros de la plantación oficial. Fue de los primeros en anotarse y vender. Y uno de los últimos en rescindir el contrato. Tuvo que hacerlo, porque para trabajar depende de las operaciones bancarias. El armario con llave empotrado a la pared, que le hicieron colocar para guardar la marihuana, ahora lo usa para estoquear medicamentos.

El farmacéutico tuvo que resignarse sin entender cómo ni por qué. Pero no puede olvidar.Su teléfono sigue sonando, los clientes preguntan si hay cannabis. Pero no hay. Chichet está sentado al otro lado del mostrador de su farmacia, y no oculta su enojo.

—Me enoja la pérdida económica, pero, además, el tipo que me llama y no encuentra la marihuana acá, termina en un dealer.

Kelsey Hilache, de la farmacia Saga, de Artigas, ciudad limítrofe con Brasil, 600 kilómetros al norte de Montevideo, vendió cannabis hasta que recibió una notificación de su banco, y paró.

—No hay explicación coherente —dice—. Nunca pensamos que nos iban a cerrar las cuentas.

Varios clientes de Hilache le contaban que habían sustituido opiáceos sintéticos, ansiolíticos, sedantes, hipnóticos y estabilizantes del ánimo por marihuana.

—A esa gente le generé la ilusión de no ir a un dealer, de no tener que ir con cualquiera y que era de buena calidad.

Cecilia Fernández es dueña de la farmacia Silleda de Montevideo, tercera generación de farmacéuticos en su familia. Y todos estaban en contra de la venta de cannabis.

—Pensaban que el ambiente de la farmacia iba a decaer demasiado. Después vieron que no.

El primer día Cecilia se sintió invadida. Estaba lleno de cámaras de televisión, ni siquiera quería atender el teléfono. Llegaba gente que no era del barrio, los vecinos llamaron a la policía, los comerciantes, al municipio. El vox populi de la barriada decía que los compradores de marihuana le iban a robar.

Casi todos los farmacéuticos tenían recelos y dudas sobre el nuevo público recién salido del clóset. Pero no hubo delitos, ni peleas ni nada. Sólo paciencia de los compradores para acceder al cannabis legal después de una hora o cuarenta minutos de espera.

Quitar el velo del misterio, el tabú y el desconocimiento permitió ver claro y contundente quién fuma cannabis en Uruguay: profesionales y jubilados, trabajadores y estudiantes, abuelos y nietos. Florencia Olivera lo descubrió cuando empezó a vender marihuana legal en una de las farmacias. Ella fuma porque algunas de sus buenas ideas ocurren después de encender un porro, o eso dice.

—La gente prefiere comprar en una farmacia y saber qué consume. Antes de comprarlo en la farmacia tenía que caminar por lugares donde me exponía. Acá viene gente “normal”. Puede ser que alguno que otro ¿Cómo decirlo para que no suene despectivo? No vienen los que consumen pasta base.

Una tarde de mayo de este año Florencia fue a comprar su cannabis a una farmacia del barrio de Pocitos. Ahí conoció a Enrique Curbelo, un farmacéutico con 35 años de experiencia que había empezado a dispensar marihuana el 13 de mayo de ese año. Él necesitaba cash y una empleada para absorber la demanda. Ella necesitaba trabajo.

La chica de 27 años es grácil, simpática, atenta y precisa en la palabra. Sentada detrás del mostrador pide a los clientes que apoyen el pulgar contra el lector

de huellas para confirmar que son uno de los 31 192 usuarios registrados. Pregunta al comprador cuál variedad desea, pone el sobre con la marihuana en una bolsa blanca y agradece con una sonrisa comedida. Ha visto chilenos y brasileros intentar una y otra vez con su dedo perjurando que están en la nómina. Cuando comprueban que ni la empleada ni el software son tontos, esperan en la puerta a ver si algún registrado se apiada de ellos.

—Antes fumaba a escondidas. Que no se entere mamá. Que no me vieran. Que nunca en la calle. No les fumo encima a los niños, pero siento la libertad de hacer algo que me gusta —dice Florencia, ahora asalariada de la farmacia Lilen, una de las siete que vende marihuana en la capital uruguaya.

Pero la persona que trabaja como química farmacéutica de la Lilen está en contra de la regulación, como casi todo su gremio. Santiago Curbelo fue mandadero de la farmacia durante años.

—No te puedo explicar la cantidad de medicamentos controlados que se toman en esta manzana. El armario de psicofármacos está lleno. Valen cinco veces más y son mucho más peligrosos. La gente se automedica. Toman tres o cuatro benzodiacepinas en un día y a nadie le tiembla el pulso. Pero crucifican al que fuma porro…

Enrique Curbelo, su padre, de 76 años, atiende de bastón al público cannábico que llega a la farmacia con la misma amabilidad que concede a quien pide aspirinas. Pero no vende cuatro kilos de ácido acetilsalicílico por semana. Ni tiene ganancias por más de 2 000 dólares al mes despachando antinflamatorios o analgésicos. En su farmacia vende 800 sobres de marihuana por semana. Si tuviera más disponible, lo facturaría sin problemas.

El año pasado fue cruel con Enrique. Pensaba todo el día cómo levantar la farmacia, pero no se le ocurría nada. El último verano estuvo internado durante semanas mientras su farmacia agonizaba. Los productos de uso femenino, anticonceptivos, calmantes, hipertensivos, diabéticos, los remedios del colesterol, se vendían cada vez menos. De hecho, no vendía nada. Sentía que había perdido su sitio en el mundo.

—Treinta y cuatro años en un lugar que es mi casa y cuando me tengo que sentar me sacan la silla.

Los anaqueles y escaparates estaban casi vacíos. Su hijo Santiago lo animó. Una farmacia vecina tenía cola cuando llegaba el porro. El 12 de abril de 2018 firmó contrato con el IRCCA y el 16 de mayo estaba vendiendo cannabis.

—Fue un regalo de cumpleaños. Cumplo el 13 de mayo y el 16 vino la maruja. Es jodido esperar que entre alguien y no entre nadie.

Desde entonces, atiende a 2 400 personas por mes “que antes ni miraban el comercio”.

Ahora suena el teléfono a cada rato, le preguntan si tiene marihuana y de qué variedad. De vender poco y nada pasó a agotar stock. Una de cada diez personas que entra por marihuana se lleva otra cosa.

***

Cuando se aprobó la ley de legalización, la noticia llegó a las primeras planas de los diarios y los prime time de los noticieros del mundo. Aterrizaron corresponsales de todas latitudes para contar la experiencia.

Pero el 23 de julio de 2018 los trabajadores de Simbiosys pararon sus actividades por las malas condiciones de trabajo, y sólo un canal y una radio locales hicieron una visita relámpago, se llevaron un par de testimonios y desaparecieron. Los cannabicultores hacían una modesta manifestación frente al portón de entrada a los viveros. Eran una docena ante el viento del invierno que también congelaba sus aspiraciones salariales. El sindicato pedía, y sigue pidiendo, aire acondicionado y ventiladores para pasar el verano, cuando la temperatura dentro de los invernaderos llega a 45 grados. Reclaman uniformes, ganar más y cobrar por quincena.

Los cannabicultores ganan 16 dólares por día en el negocio que facturó más de un millón de dólares el primer año. Trabajan ocho horas, seis días a la semana. La mayoría son madres que vuelven a su casa con olor a porro hasta en el teléfono celular. Muchas están allí porque no tienen otro remedio. Cuando entraron les prometieron un aumento de sueldo por presentismo. Nunca faltaron, pero el plus no llegó.

El gobierno fijó el precio de venta de cannabis —hoy el gramo cuesta 1.30 dólares—,pensando en competir con la marihuana del narcotráfico. Lo que nadie calculó fue la conformación del precio del cannabis paraguayo: el eslabón más frágil de esa cadena empieza con el trabajo en condiciones de semiesclavitud del campesinado de ese país. En Uruguay, el precio bajo también se recuesta sobre las espaldas de los labriegos.

María llegó del campo profundo a la zona de Libertad con 14 años. Cuidó niños hasta ser mayor de edad, cuando empezó a recolectar batatas, frutillas, manzanas y limones. Los tres primeros días que trabajó con cannabis tuvo náuseas, ganas de vomitar. Sus hermanas la increpaban: cómo iba a trabajar “con esa porquería”. Ella misma tenía la idea de que fumar cannabis genera violencia, asesinatos y robos. Ahora se siente “la protectora de las plantas”. Hace esquejes y se enorgullece cuando echan raíz y pasan a una maceta. Lava su ropa con regularidad en agua caliente para quitar el olor impregnado.

—Destrocé suéteres que no voy a poder usar. Al sueldo le estamos sacando, no ganamos. Y esto da dinero.

Cristian, de 50 años, trabajaba en la construcción, pero lo despidieron. Ahora es cannabicultor en Simbiosys. Entra y saca macetas, planta, riega. Camina todo el día con el cannabis en brazos. —Trabajamos para la comida. Si te comprás ropa, no llegás a fin de mes —dice.

El gobierno canadiense legalizó la industria del cannabis en junio de este año y en octubre empezó a funcionar el nuevo sistema. El IRCCA está en contacto fluido con las autoridades canadienses, que desde junio montaron un instituto parecido al IRCCA. Pero tienen ventajas: una detallada y puntillosa reglamentación, un mercado gigante, una bolsa de valores acorde y un sistema financiero estatal que promete saltarse los escollos que padece Uruguay. Canadá destinó 574 millones de dólares para implementar la ley en los próximos cinco años. Un presupuesto doscientas veces superior al del IRCCA. En los pasillos del instituto regulador uruguayo se repite un mantra cada vez que aparece el “tema” Canadá: Con plata no vale.