Los juzgados de Instrucción de Valencia tramitan 42 causas complejas, ante la proliferación de delitos de naturaleza económica y contra la Administración pública (relacionados con la corrupción), que "no tiene parangón en toda España" y que conlleva "un arduo e intenso trabajo judicial".

Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, quien ha informado de que esta situación ha llevado a adoptar medidas para evitar el "colapso" de los juzgados, como el reparto "equitativo" de las causas complejas provenientes de la Fiscalía Anticorrupción, y jueces de refuerzo en los juzgados en los que coinciden varias causas.

En esta situación, ha indicado Viguer, se encuentran los juzgados de instrucción número 15, el número 18, el 21 y hasta hace unos meses el número 12.

El decano ha señalado asimismo que estos refuerzos van a continuar, para una mayor agilización de las causas y posibilitar al juez titular que dedique la mayor parte de su tiempo a la tramitación de estas causas complejas, y ha precisado que cabe la posibilidad de que nuevos juzgados soliciten también refuerzos.

Viguer ha trasladado también la demanda que reclaman más del 86 % de los jueces, particularmente los de Valencia, de la creación de un cuerpo de peritos contables, expertos económicos a disposición de los jueces, ya que "cada vez las causas son más complejas, son más los delitos relacionados con la corrupción y tramas complejas de delitos relacionados con la hacienda pública o la administración pública".

Los jueces, piden la ayuda de peritos expertos contables, "independientes y neutrales", integrados en un cuerpo a disposición de los jueces, "o cuando menos facilitar su designación" ante los problemas a la hora de designar peritos cualificados en materia económica.

Por otro lado, el decano ha reivindicado también la necesidad de "reducir y limitar" los aforamientos, y una regulación "adecuada" de los indultos, "incluso excluir la posibilidad de indulto en delitos relacionados con la corrupción o condicionar el indulto al previo informe favorable del tribunal sentenciador, lo que limitaría la discrecionalidad a la hora de su concesión", asegura.

Viguer ha presentado también las estadísticas correspondientes a los juzgados de Valencia entre los meses de enero y junio de este año, y ha informado de que los 22 juzgados de Primera Instancia de Valencia han registrado en este periodo 26.534 demandas, 2.400 por juzgado cuando el Consejo General del Poder Judicial aconseja 750.

El "aluvión" de demandas de productos financieros (preferentes y acciones) "ha puesto en grave peligro el normal funcionamiento de estos juzgados", que se ha aliviado con seis jueces de refuerzo, y ha informado de que quedan pendientes unos 4.000 señalamientos hasta diciembre de los 19.000 asuntos presentados desde 2013.

Del mismo modo ha destacado también el "descenso espectacular" de las demandas hipotecarias (214 en los seis primeros meses) y ha señalado que se acabará el año con unas 400, una bajada del 75 % respecto a años como el de 2012.

En los juzgados de lo Mercantil ha habido un descenso del 10 % de los casos, bajan los concursos, las demandas sobre todo de las condiciones de contratación (en especial cláusulas suelo y otras cláusulas abusivas) que pasan a los juzgados de Primera Instancia.

También han bajado de forma notable las ejecuciones de otros títulos extrajudiciales, como préstamos personas, pólizas o créditos (se han registrado 379), y Viguer ha advertido de la situación "complicada" en la que se encuentran los juzgados de lo Social.

El decano, en nombre de los jueces valencianos, se ha sumado a las muestras de solidaridad hacia los jueces turcos detenidos, cesados o suspendidos injustamente, y ha condenado el "intolerable desprecio hacia los valores esenciales de un Estado de derecho y en particular la independencia judicial y separación de poderes"