Santiago Ochoa Fernández, el funcionario de la Junta de Andalucía que tramitaba el expediente de la multa contra Endesa por la sobrefacturación de la luz a 400.000 andaluces, ha dimitido tras denunciar el acoso de sus superiores para que rebajara la sanción. Así consta en un informe de 11 páginas, fechado el 19 de enero de 2016, al que ha tenido acceso El Confidencial en exclusiva.

La Dirección General de Industria, Energía y Minas, que depende del consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha dejado que caduque la sanción a Endesa que el empleado público cifró en primer lugar en 600.000 euros “por una falta leve continuada”. Según el cálculo del ingeniero sevillano jubilado Antonio Moreno Alfaro, denunciante de este caso y autor del blog www.estafaluz.com, la sanción total por las infracciones leves, graves y muy graves, “imponiendo las multas mínimas”, sería de al menos 105 millones. El expediente informativo se abrió el 19 de julio de 2011 y fue el 10 de marzo de 2015 cuando Endesa empezó a devolver el dinero a sus clientes. La sobrefacturación se elevó a 20 millones de euros.

Ochoa Fernández, con 15 años de experiencia en la Administración pública andaluza, intentó incrementar al menos en seis millones de euros la sanción por la infracción grave de “alterar los datos de la potencia contratada para poder facturar incorrectamente”. El acoso, según el relato del instructor, no tardó en llegar. Las autoras fueron la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio Coto, que estuvo imputada en el caso Aznalcóllar aunque luego la jueza retiró la acusación, y la jefa de servicio de Energía de la dirección general, María Isabel González Cuenca.

El 19 de enero de 2016, el funcionario de la Junta presentó su dimisión irrevocable. Informó de los hechos, en documento escrito, a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz Pacheco, y a Susana Díaz Calderón, secretaria general técnica de la consejería. Ni la jefa del Ejecutivo andaluz ni Díaz Calderón contestaron al instructor, quien no contó con la colaboración interna ni de González Cuenca, ni de Asensio Coto.

La directora general llegó a estar imputada por presunta prevaricación tras denuncias de presuntas “presiones y amenazas” a técnicos de la Junta de Andalucía durante su etapa de delegada provincial de la Consejería de Economía en Huelva para beneficiar a Minas de Aguas Teñidas (Matsa), la empresa donde era apoderada Paula Chaves Iborra, la hija del expresidente Chaves. La causa contra Asensio Coto, protegida de Mario Jiménez, portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, quedó archivada. El juez sostenía que no hubo prevaricación, sino solamente “desavenencias laborales”.

“Resulta obvio que un asunto como este no puede calificarse de expediente ordinario, ni mucho menos. Siete meses de tramitación frente a otros expedientes sancionadores que se completan hasta cinco en un día, en otras materias y consejerías, y en el que como instructor he tenido que construir una Propuesta de Resolución de 71 páginas con muy pocos datos”, argumenta Ochoa Fernández, que resalta: "Considero que con este proceder se ha beneficiado ilegalmente a la mercantil objeto del expediente sancionador al proponer solo una infracción leve por importe de 600.000 euros y poder ahorrarle, en su caso, una infracción grave añadida de seis millone de euros".

Un nuevo instructor

Todo se aclaró tras la dimisión de este funcionario. El 15 de febrero de este año, Asensio Coto designa como nuevo instructor a Emilio Jorge Bolívar Raya, quien el 31 de marzo de 2016, fecha en la que se cumplía el plazo máximo de nueve meses para resolver el expediente sancionador, propuso “declarar caducado el presente procedimiento, al haber transcurrido el plazo máximo legal para dictar y notificar resolución expresa”. La propuesta de Bolívar Raya fue admitida por la secretaria general técnica el 16 de mayo, al declarar la “caducidad del procedimiento sancionador iniciado mediante Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de fecha 10 de junio de 2015 en el expediente sancionador número 12.4.1.24/01.15 contra Endesa Distribución Eléctrica”.

Ochoa Fernández denuncia “obstrucción y perturbación grave a la instrucción”, sufrida en el ejercicio de sus funciones públicas legalmente atribuido. El funcionario explica las presiones de sus dos superioras (Asensio Coto y González Cuenca) para rechazar “de forma inusitadamente persistente e inoportuna por los dos escalones jerárquicos superiores legos en Derecho alegando motivos no jurídicos y cuestiones tangenciales de oportunidad”. A su juicio, es el instructor el que debe tener “la última palabra jurídica” en el expediente sancionador por habérsele encomendado “expresamente para ello a él y no a tercera persona y por ser el responsable de su contenido hasta la salida del centro de trabajo y que debe tener derecho a realizar todas las observaciones y mejoras que procedan”.

“Violencia psíquica”

El escrito abunda en una “invasión” de su “exclusivo espacio competencial técnico”. A su juicio, la Secretaría General Técnica lo trató como “un absoluto estafermo en un auténtico ejercicio de tauromaquia”. Es más, hubo “violencia psíquica” al desobedecer “de forma grave de palabra y obra las solicitudes de colaboración del instructor para completar la propuesta de resolución”. Sus superiores podrían haber incurrido en un “abuso de autoridad”, tipificado por la legislación de función pública “como infracción disciplinaria”.

El instructor deja claro que si existen dudas sobre las posturas y criterios del instructor, se le debe “cesar automáticamente pero no aprovecharse de él, consultar al Gabinete jurídico o encargar su desempeño a personas a las que no se les va a discutir el abecedario jurídico a cada instante”.

Ahora, más de 78 meses después de que Moreno Alfaro, cuyas denuncias ya han costado a las eléctricas más de 500 millones de euros, presentara la reclamación contra Endesa por el incremento unilateral de la potencia, la Junta de Andalucía carece de personal y los medios informáticos necesarios para analizar el SIPS (Sistema de Información de Puntos de Suministro) en baja tensión de Endesa en Andalucía, formado por 4,63 millones de puntos de suministros. La multinacional se enfrentaba a una reclamación por incremento unilateral de la potencia contratada a cambio de la tensión nominal de 220 voltios a 230 voltios en suministros con contrato anterior al 18 de septiembre de 2003.

En el informe técnico, consta que en el expediente solo se analizaron 464.126 puntos de SIPS, apenas un 10% del sistema en baja tensión de Endesa en la comunidad andaluza. ¿Cómo se realizaron las modificaciones del contrato? Remitiendo un nuevo contrato al cliente, aprovechando la desaparición de la tarifa nocturna y su sustitución por la tarifa de discriminación horaria, las modificaciones en las condiciones generales de los contratos y el plan de instalación de los interruptores de control de potencia (ICP).

Existe un colectivo afectado por la actuación de Endesa: los expulsados del Bono Social

Estos cambios en los acuerdos con los clientes fueron calificados como “fraude de ley” por el Servicio de Legislación y Recursos de la extinta Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en un documento del 20 de diciembre de 2013. En la Resolución del expediente informativo, firmado por Asensio Coto, el alto cargo ignora que existe un colectivo afectado por la actuación de Endesa: los expulsados del Bono Social: los usuarios con potencia contratada menor de 3kW que, tras el incremento unilateral de potencia, pasaron a tener más de 3kW, lo que implicó la pérdida del bono. ¿Consecuencia? El incremento del 25% en el precio de la factura.

Según destaca el ingeniero en declaraciones a este diario, “la Junta de Andalucía ignora el número total de afectados a los que Endesa les ha devuelto el dinero y la cantidad”. Y añade que existen “numerosos afectados” a los que la multinacional no solo no les ha devuelto nada, “sino que además continúa aplicándoles el incremento unilateral de la potencia contratada”.

Fuentes oficiales de Endesa señalaron a El Confidencial que les habían notificado “hace poco” que el expediente de sanción había caducado. La multinacional cifra en 300.000 euros la multa que estaba prevista. También confirmó que los clientes afectados eran 400.000 andaluces, “con una media de 50 euros por cliente incluyendo intereses de demora”. “El 100% de las devoluciones se ha realizado”, resaltó un portavoz de la compañía. La Junta no quiso contestar a El Confidencial a las reiteradas llamadas de teléfono tanto al departamento de prensa de la consejería como a la Dirección General de Energía.