26-10-2018 08:41

Cualquiera que sea el ángulo desde el que se vea la consulta sobre el nuevo aeropuerto la Ciudad de México debe llevar inevitablemente a una conclusión: la responsabilidad política de la decisión adoptada sobre su ubicación, y de los objetivos, procedimientos y consecuencias asociados a tal elección, es exclusiva de Andrés Manuel López Obrador.

30 millones de votos en los pasados comicios presidenciales le dan la facultad de decidir en la materia, pero también depositan en él la obligación de hacerse cargo de lo decidido.

Es probable que AMLO haya planteado la encuesta para disfrazar una decisión ya tomada, ya sea a favor de continuar la construcción del aeropuerto de Texcoco o la de habilitar para la aviación civil la base militar de Santa Lucía junto con el remozamiento del aeropuerto actual.

También es posible que verdaderamente haya querido dejar en manos del pueblo una decisión técnica de gran complejidad. En cualquier caso, el juicio público que le atribuya una perversa astucia política o una bienintencionada ignorancia de cómo se resuelven difíciles asuntos aeronáuticos sólo le corresponde a él.

Para muchos, la encuesta ha mostrado ser un enorme ejercicio de fallas de planeación.

Se armó improvisadamente, al margen de la ley en la materia, con sesgos en las preguntas que favorecen la opción de Santa Lucía y con información atropellada que incluye un estudio de último minuto que no es concluyente y evidencia un claro conflicto de intereses.

Además, cuando los votantes pudieron hallar las casillas en lugares insospechados, menos en el aeropuerto, estas permitieron que alguien votara múltiples veces.

Para otros, pese a sus imperfecciones, la consulta ha sido un ejercicio agradecible de escuchar a quienes están interesados en el tema. Es romper con la acostumbrada, pero indebida, influencia de los poderosos o de los tecnócratas iluminados que se creen con derecho a excluir a los demás.

Representa un ejercicio tal vez rudimentario, pero no por ello menos valioso, de una deliberación pública necesaria en asuntos que rebasan la esfera de quienes tienen medios económicos para comprar un boleto de avión o una línea aérea completa.

En cualquier circunstancia, la grosera implementación de una farsa o la sutil apertura a una democracia más participativa debe achacarse o acreditarse a la decisión de López Obrador.

Él, manejó en campaña tanto la versión de que cambiaría de lugar el nuevo aeropuerto como la alternativa de mantener el proyecto en construcción, hasta que finalmente aterrizó en la opción de ponerlo a consulta sin más presión que la de su voluntad. Hacerle caso a su propia encuesta o ignorarla, también sólo dependió de él.

Se ha dicho que el rechazo de la opción de Texcoco manda una terrible señal a los mercados internacionales acerca de la falta de compromiso del futuro gobierno en proyectos de inversión de largo plazo.

La opción de Santa Lucía se ha presentado asociada a una considerable devaluación del peso, un alza en las tasas de interés, y una mayor inflación que reflejaría los nuevos costos asociados a un país más riesgoso para los inversionistas.

También se ha dicho que a Santa Lucía no hay que atribuirle catástrofe alguna. Al contrario, evita un oneroso gasto público, que subsidia principalmente a los más ricos, los que viajan por avión o se benefician de los negocios que el aeropuerto facilita.

Esto alivia la carga futura de las finanzas públicas con una alternativa modesta, pero funcional, lo que no sólo sería una señal positiva sobre la estabilidad financiera del país, sino que también puede liberar recursos para atender las necesidades de quienes nunca se beneficiarán de un aeropuerto de talla internacional.

Es evidente que las consecuencias, negativas o positivas, de la opción aeroportuaria “ganadora” importan, y mucho. No es lo mismo un escenario pesimista que se materializa o un panorama optimista que retroalimenta otras perspectivas económicas.

Lo que no cambia es que la catástrofe o bonanza respectivas, o la medianía entre estas posibilidades, son única y exclusivamente atribuibles al curso de acción elegido por AMLO.

Desde esta perspectiva, poco importa si la encuesta sobre el aeropuerto ha sido una forma de fraude electoral que conducirá a otros, o si constituye un ejemplo de democracia participativa perfectible.

Tampoco resulta central pensar que el rumbo económico del país habrá sido definido por la elección de dónde estará el nuevo aeropuerto. Todo esto importa poco en el sentido de que el aeropuerto por venir en realidad no es nuestro, es, políticamente hablando y en último término, sólo de Andrés Manuel López Obrador.

Twitter: @equidistar