El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha archivado la causa contra el exjuez Elpidio José Silva por delitos de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos por filtrar a la prensa los correos del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.

Lo ha hecho a pesar de que el pasado abril, la instructora de la denuncia que presentó la Fiscalía contra Silva por la difusión de estos correos a los medios de comunicación, Susana Polo, dio el primer paso para juzgarle por difundirlos cuando la causa por la que encarceló al exbanquero estaba declarada secreta.

Para sustentar su decisión, Polo recogía los testimonios de dos excompañeras sentimentales de Silva, Susana García Romera y Alba Ledo, que conocían muchos de los documentos sin que ni siquiera hubieran sido publicados aún por los medios.

Aunque la Sala de lo Civil y Penal del TSJM no duda de que había "algo más que sospechas o conjeturas" para iniciar esta causa y que es "incuestionable que a día de hoy" el exjuez "es la única persona sobre la que se han vertido indicios de estar detrás de la divulgación pública" de los documentos, la prueba de las testificales en las que se basó la instructora no bastan.

Y ello por la "falta de calidad" de las dos mujeres, cuyas declaraciones hay que tomar "con cautela".

Así por ejemplo, en el caso de la primera, los "importantes móviles de resentimiento y animadversión" que ella misma admitió afectan a su credibilidad, ya que aludió a las "vejaciones, faltas de respeto, humillaciones, insultos y menosprecios" desde el inicio de su relación, que se prolongó durante un mes y medio.

Las dos lamentaron además sus continuas infidelidades, pero en ningún momento afirmaron que tuvieran acceso directo a los correos, sino que su conocimiento "vendría dado por las explicaciones verbales dadas por el imputado sobre ellos y por jactarse repetidamente de conservarlos en un pendrive" y tener el "caso Blesa" en una habitación "de color verde".

Además, al tribunal le resulta "cuando menos extraño" que, a pesar de su "relación conflictiva", García fuera "testigo privilegiado" en reuniones en las que el imputado entregaba el pendrive" o que supiera que los había filtrado a cambio de dinero o para colaborar con el Partido X.

Su referencia a que Silva practicaba magia negra revela asimismo "un carácter crédulo y sugestionable, lo que abunda en las razones de incredulidad" por parte de los magistrados.

El exjuez, al que el Tribunal Supremo expulsó definitivamente de la carrera al confirmar su pena de inhabilitación a 17 años y medio por prevaricar en su investigación a Blesa, podría haberse enfrentado en esta ocasión a una petición de cárcel, pues el artículo 417 del Código Penal castiga hasta con cuatro años a la autoridad o funcionario que revele secretos de un particular.