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Cuando una bala entra en la cabeza desgarra la piel. Se siente como un impacto puntal y seco. Un instante. Luego perfora el cráneo y sobreviene el apagón: los circuitos estallan y el cuerpo cae sin control. Por lo general, boca abajo. El corazón sigue latiendo hasta que queda sin sangre que bombear o se detiene si el daño alcanza al tallo cerebral, que regula el ritmo cardíaco. En el momento preciso de la muerte, seguramente el agresor ya esté lejos de la escena. Un sicario ha actuado.

El asesinato con resentimiento implica un proceso más lento, con engorrosa consciencia para la víctima. Puede haber golpes, cortes, quemaduras o asfixia. El corazón cede por estrés y fatiga, con presumible voluntad, incluso, de apagarse.

Profesionales o con odio, en Brasil se cometen 60.000 asesinatos por año, lo que lo convierte en el país con mayor número de muertes violentas del mundo. En Uruguay, en el primer semestre de 2017, se han registrado 130 homicidios. Pero hay un lugar y un presente en que las realidades del gigante y del pequeño se intercambian con cruzar una calle.

La localidad fronteriza de Chuy-Chui, reconocida por los free shops o el espeto corrido, vive sus días más violentos. En lo que va del año se produjeron 15 asesinatos (12 del lado brasileño y tres del oriental), lo que significa un disparate estadístico e histórico para una ciudad binacional de unos 20.000 residentes. Si se aplica a escala, la tasa de homicidios por habitantes supera en 10 veces al promedio uruguayo.

Al igual que otros enclaves de frontera, Chuy nunca ha sacado "sote" en conducta: fue y es puerta de entrada de drogas y contrabando, lo que cada tanto provoca disputas, balaceras y muertos. Dos, tres o cinco homicidios al año eran el promedio hasta una actualidad en la que nadie recuerda otra época más sangrienta.

Pero la vida de los muertos no juega a favor del escándalo público. La mayoría fueron hombres jóvenes y pobres, algunos con antecedentes penales o con indicios de consumo de droga. Con ese historial, las autoridades aplican una carátula de dos palabras que suele congelar la investigación policial y judicial: ajuste de cuentas.

La Policía sospecha de una peligrosa instalación del sicariato en la zona. Foto: R. Figueredo

Si bien ningún caso ha sido aclarado, resulta innegable la participación de sicarios en al menos 11 de las muertes. Blancos específicos, disparos múltiples y certeros en la cabeza y/o el pecho y rápida huida posterior. Hay otros dudosos, como el de Ulises Cal, uruguayo de 59 años, al que apuñalaron, ataron y quemaron dentro de su casa en Chui (Brasil) en junio. Y también está el macabro final de Gabriel Stoquetti.

Stoquetti tenía 22 años y era brasileño. Según su madre, Rita, la última vez que lo vieron estaba en la calle principal de la Barra do Chui, el balneario donde vivía, a siete kilómetros de la ciudad. Iba allí con amigos a fumar marihuana y tomar esa caña brasileña que incinera el estómago deshabituado. Al otro día, 6 de julio a las 15:30, el cuerpo apareció en la playa de La Alvorada (la siguiente a la Barra), con signos de golpes. Lo habían atado a un vehículo y arrastrado un kilómetro.

No se sabe si murió por la golpiza, la fractura de cuello o la asfixia provocada por arena en los pulmones. La Policía brasileña retiró el cuerpo dos horas después de su aparición y hoy, a más de dos meses del crimen, todavía no está listo el informe de autopsia. A la familia no le consta que se haya interrogado siquiera a una persona por este caso. "La Policía nada me contesta. No busca testigos ni hace nada. Nos dicen a nosotros que investiguemos", dice Rita.

La de Stoquetti ha sido la última de las muertes de la frontera. Aunque el pasado 5 de setiembre le dieron ocho tiros a Flavio Antúnez, 32 años, con antecedentes, en el barrio Samuel de Chuy-Uruguay.

Rara vez las balas, incluso en la cabeza o el pecho, tienen trayectorias compatibles con la vida. Pero si el milagro sucede, habrá que ayudarlo geográficamente estando del lado uruguayo, donde hay un 911, casi 50 policías, dos jueces, ambulancias y la derivación a un CTI en Maldonado, donde Antúnez continúa grave pero vivo.

Del otro lado, sin embargo, cuando se cruza a comprar el café o la leche condensada, se entra a un territorio donde los policías son cuatro, dos por turno.

En la Barra brasileña y La Alvorada residen unas 900 personas y no hay policías. En verano, con 50.000 o 60.000 turistas, se envía una dotación de cuatro efectivos de la Brigada Militar, una de las fuerzas del orden norteño. El resto del año la comisaría luce trancada y de persianas bajas.

Si de por sí la frontera favorece la proliferación de delitos, el descontrol y la impunidad están fogoneando una guerra de gatillo fácil, sea por dinero u odio.

Gatillo barato

La Policía uruguaya no tiene una explicación para la ola de asesinatos en Chuy-Chui. Una fuente policial (casi nadie habla con nombre y apellido en la frontera) especula que los primeros muertos, una seguidilla de casos a comienzos de año, pueden haber sido estrictos ajustes de cuenta vinculados a drogas.

Si fuera el caso, serían chicas las cuentas. Ni Diogo Pino (32 años, brasileño, muerto en Navidad pasada de tres tiros), Lucas Da Silva (18, uruguayo, asesinado el 2 de enero con bala en la cabeza), Marcelo Silvera (39 años, uruguayo, caído tras varios disparos el 6 de enero) o Anthony Roda (21, oriental y muerto a tiros en la calle el 10 de enero) eran peces gordos de la droga.

Un abogado cercano a las causas penales califica a las víctimas como "pobres desgraciados". Apenas mojarritas. Es más, Roda hacía changas y fletes en su carro tirado por caballos y tenía un antecedente pero por violencia doméstica. Uno de sus familiares, que habla desde el anonimato, cree que lo mataron dos vecinos, quienes habrían aprovechado la impunidad de la zona para zanjar viejas diferencias.

Aunque Roda vivía del lado uruguayo, fue asesinado en Brasil, por lo que compete a aquellos cuatro policías investigarlo. "Ya les dije quién fue y dónde vive, pero no hacen nada. Dicen ajuste de cuentas para no hacer nada", asegura este allegado. El problema es doble porque los supuestos sospechosos viven en Chuy Uruguay, por lo que en caso de que decidan hacerlo, las autoridades brasileñas deberían pedir la extradición o esperar a que crucen.

El tránsito de un lado a otro es libre para los ciudadanos (delincuentes incluidos) pero no para los policías. Así que la primera lección que adquiere el delincuente de frontera seca consiste en cruzar apenas ha cometido su fechoría. Además, y dada la coyuntura de debilidad de las fuerzas brasileñas, la lección número dos será buscar, en lo posible, que el crimen sea perpetrado en la patria del ticholo.

El familiar de Roda continúa con su testimonio: "La justicia más tarde o más temprano llega. Lo pagarán (los asesinos). Si la policía no hace nada, aquí hay gente mala como ellos que sabrá hacerlos pagar".

Entonces empieza otra cuestión más complicada. La Policía sospecha de una peligrosa instalación del mercado del sicariato. Habría asesinos de todo tipo: profesionales y amateurs, originales e imitación. Dicen que en el barrio "Toquinho", de Chui, conocido como "La villa" y donde se concentran las bocas de drogas, la competencia bajó los precios. Por $ 5.000 o menos se puede contratar un servicio de muerte.

"Yo lamento mucho porque son chicos jóvenes, no solo las víctimas, sino los que matan. El problema de las drogas es muy serio", asegura la alcaldesa de Chuy, Mary Urse. Agrega que la población sin vínculos con las sustancias u otras actividades ilícitas no se siente amenazada. "El que nada debe, nada teme", repiten los vecinos.

Pero Urse no se resigna. Si bien no está en su competencia, se ha dedicado al problema de la adicción. Estrechó vínculos con la ONG Beraca y envió a unos 20 jóvenes a su hogar más cercano, en Rocha. "Yo prefiero que crean en Dios y no en el diablo", dice sobre el polémico pastor Jorge Márquez, líder de Beraca.

Gatillo fácil

Federico, 20 años, también se salvó de una bala. Se drogaba con cocaína, pasta base y crack. Todas las sustancias abundan en Chuy-Chui y a buenos precios. Cuidaba autos para hacer dinero rápido y comprar la dosis en las bocas del Toquinho. Vendía o empeñaba cualquier cosa: hasta la cédula o la libreta de conducir dejaba ahí por una tiza de 100 pesos. Supo ser oportunista de celulares o carteras descuidadas.

Hoy, a un año de que Mary Urse lo pusiera en un ómnibus con rumbo a Beraca de Rocha, Federico se declara rehabilitado. Está de novio y se va a casar en tres meses.

Revela que en el Toquinho las bocas tienen todo organizado. De noche hay guardianes en la entrada y salida del barrio para alertar de movimiento policial. "Te matan por cualquier cosa. Todos están armados".

Los cuidacoches proliferan en la Av. Internacional de Chuy-Chui. Puede haber cinco o seis por cuadra; no sin conflicto se reparten las zonas, los horarios y los autos. Consultado sobre la ola de homicidios, uno de ellos asegura: "Muchos de los que mataron fue porque estaban de vivos. Iban a la boca sacados o se metían a robar a quien no debían". ¿Y el ajuste de cuentas? "No, no", se ríe este joven barbado, con ambos ojos en derrame. "Yo no conozco a nadie que fíe la droga. Vos que sos periodista, si sabés de alguien, pasame el dato".

Gatillo de playa

Además del de Gabriel Stoquetti, hubo otros dos asesinatos en Barra do Chui y su vecino Alvorada. El 12 de abril a Martín Rodríguez (uruguayo, 25 años) le dispararon cuatro balazos desde una moto. Y Claudio Amaral (alias Tato, 31 años, uruguayo de San Carlos) murió el 3 de mayo de varios disparos en su casa.

Días después, aparecieron carteles con la foto de Amaral y una leyenda escrita en portugués: "Ladrón Tato fue el último. ¿Quién será el próximo?..." Y nombraba a dos residentes del lugar, C y M.

Amaral consumía drogas y era señalado como ladrón de casas. Rodríguez, en tanto, había tenido problemas con vecinos. Y a Stoquetti lo señalaban como oportunista de ropa en la cuerda o celulares cargando en la ventana o garrafas descuidadas.

Los carteles, más el perfil de las víctimas, más la saña con la que mataron a Stoquetti, sustancian la hipótesis del ajusticiamiento en manos anónimas. Una versión de Charles Bronson de la frontera, uno o varios, a lo mejor un expolicía o militar. Nadie sabe ni se pregunta por los métodos porque para muchos el resultado ha sido eficiente: hoy no se registra ni un solo robo.

Un veterano policía uruguayo residente en la Barra oriental confiesa: "Ahí se matan como moscas. El policía brasileño primero tira y después pregunta".

Parece que el cartel fue una broma y de hecho, C sigue viviendo en la zona y se dedica a la venta de leña. M sí se fue, aunque al parecer por una oferta laboral tentadora en otra parte. "Ninguno de los que murió era buena gente, de trabajo", asegura un comerciante de La Alvorada.

En el cementerio de Chuy, donde terminan casi todos porque del lado brasileño no hay uno público, trabaja Pablo. Está habituado a la muerte pero los cuerpos jóvenes lo remueven. "Dicen que no pasa nada, que la guerra es entre ellos, entre los delincuentes", dice resguardado de la lluvia en la entrada del campo santo. "Pero yo no sé... Un día no les gusta la cara de uno y lo arreglan a tiros. Es entre ellos hasta que un día empieza a ser entre todos".

El mapa de los delitos en frontera.

Los delitos estrella de la frontera seca son el contrabando y el tráfico de drogas. Policía y Aduanas trabajan coordinados en su combate, con resultados loables pero inciertos sobre la magnitud real. Es decir, se sabe lo que agarran pero no lo que se les escapa.

Cuando a fines de julio apresaron a un joven que pretendía pasar 100 kilos de marihuana en un auto, el involucrado declaró haber visto 5.000 kilos de sustancia que estaba listos para cruzar, según comenta un allegado al caso.

La frontera rochense, además, es muy permeable. De hecho, por lo menos hay dos caminos vecinales por los que se puede salir de Chuy sin pasar por la Aduana de Ruta 9. En el puesto brasileño, a unos kilómetros de la ciudad de Chui, rara vez paran algún vehículo.

Un alto jerarca de la Policía local contó que la coordinación con la Policía brasileña es muy buena e incluye reuniones semanales en las que intercambian información. Pero también admite como un problema la baja cantidad de efectivos norteños destinados a la zona.

En la comisaría de Chui, el agente de turno el fin de semana pasado se excusó de dar declaraciones sin aval de sus superiores, ubicados en la Santa Vitória de Palmar. Además, estaba solo en la dependencia.

El dilema de los uruguayos en la costa brasileña

A Martín Rodríguez lo mataron de cuatro balazos, a media cuadra de su casa, en Barra Do Chui. Caminaba por la calle cuando una moto con dos ocupantes se acercó por la espalda y el agresor le descargó el primer tiro. Perforó pulmón y corazón. Ya en el suelo, Rodríguez recibió tres balazos más, esta vez en la cabeza.

Eran las 20:30 del 12 de abril. Martín Rodríguez tenía 25 años, era uruguayo, del barrio Flor de Maroñas. Había llegado al balneario en 2009 para vivir junto a su madre. Según ella, hacía año y medio que no consumía drogas. Trabajaba en la construcción, donde sacaba un jornal de $ 300 como peón. No tenía antecedentes judiciales.

María José, la madre, llegó luego del aviso de un vecino. Cuenta que le tocó la yugular y que latía, a lo mejor por inercia porque dada la magnitud de las heridas, a esa hora el destino de Martín Rodríguez era irreversible. En shock, María José se sentó en la calle, puso el cuerpo en su falda y esperó. Y de la espera no recuerda más nada que el último gesto de su hijo: "Los ojos abiertos y un semblante de sorpresa".

Otros vecinos llamaban a la Policía civil brasileña y a la Brigada Militar, ambas con sede en Santa Vitória Do Palmar, a 30 kilómetros. También llamaron al hospital de la localidad y a Bomberos, quienes fueron los primeros en llegar a las 23:30. El cuerpo lo retiraron pasada medianoche.

"Es deprimente el desamparo que tenemos por ser uruguayos", asegura María José, quien se dedica a la venta de torta fritas, puerta a puerta o en la playa en verano. Se dedicaba, porque desde el crimen de su hijo prácticamente no sale de su casa y puso todo en venta para irse del lugar.

Barra do Chui y Alvorada son los balnearios brasileños inmediatos a la frontera y cada vez están más poblados, en especial por uruguayos. Se accede cruzando el puente desde la Barra uruguaya o por ruta desde Chui.

Según estimaciones (nadie recuerda un censo oficial), viven unas 900 personas y la mayoría son orientales. "Todas los meses llega una familia", asegura el dueño de uno de los almacenes. Un terreno vale US$ 3.000, 5.000 u 8.000 cuando en la Barra oriental, el precio se triplica. Construir también es barato y ni hablar de hacer el surtido.

En verano se llena de turistas, también uruguayos que buscan una estadía oceánica a buen precio. Por $ 1.000 o 1.500 al día se alquila una casa promedio.

La contra radica en los escasos servicios públicos, entre ellos la seguridad. No hay policías salvo en verano y hay que recurrir a la guardia privada. La empresa más grande de la Barra, con 20 empleados, es una compañía de seguridad que alarmó 300 casas. Hay otras empresas y guardias de manzanas. El mantenimiento de calles es casi nulo. Tampoco hay ordenamiento territorial así que las casas se construyen más cerca o más lejos de la calle sin criterio.

Los vecinos han reclamado a las autoridades en Santa Vitória do Palmar, la ciudad de la que depende la zona, pero sin suerte. "El problema es que somos uruguayos y no aportamos votos", dice Jorge Quintana, quien llegó hace unos cuatro años y se dedica a alquilar casas.

Para afincarse como residente, el trámite es sencillo pero la ciudadanía nadie la saca.

El cuerpo de Martín Rodríguez fue a otra ciudad, Río Grande (a 200 km.), donde lo iban a enterrar en el lugar destinado a NN. María José se opuso y un oficial cobró la sospechosa tasa de $ 15.000 (sí, cobró en pesos y sin recibo) para llevarlo. La vendedora de torta fritas se endeudó para pagar "el impuesto" y trajo los restos de su hijo a Chuy, donde pagó otros 20.000 por servicios fúnebres. Lo que sea para sepultarlo en su país.