La nueva ley, sustentada con dos leyes bajo el nombre de Ley Orgánica 8/2015, una orgánica y otra ordinaria, que nacieron para complementar la Ley Orgánica 17/1996 de 15 de enero, prioriza el interés superior del menor, intentando que sus necesidades básicas se vean satisfechas, que su vida se desarrolle en un entorno familiar apto y libre de violencia.

Bajo esta nueva ley, cualquier decisión que deba tomarse sobre un menor es vital que participen profesionales cualificados que primen el interés del menor sobre cualquier otro, para garantizar su igualdad y no discriminación y buscar siempre medidas que le proporcionen una estabilidad apta para su desarrollo, teniendo siempre en cuenta la edad y el grado de madurez del menor.

La nueva legislación también determina cuáles son los deberes de los menores, exigibles tanto en el ámbito doméstico como académico. Según la legislación, deben respetar a sus progenitores y hermanos, así como a otros familiares. También deben respetar las normas de convivencia del centro educativo, estudiar durante la duración del periodo de enseñanza obligatoria y tener una actitud positiva durante el mismo.

En los menores que presenten problemas de conducta que necesiten ingresar en un centro, se debe tener en cuenta las condiciones, necesidades y características de este colectivo antes de su ingreso en un centro. Este ingreso debe ser autorizado por un juez, el Juzgado de Primera instancia es ahora el encargado de autorizar la entrada en domicilio y esta medida se aplicará siempre como ejecución forzosa de las medidas de protección de los menores.

Este último recurso aplicable hacia estos menores siempre será la restricción de libertades o de derechos fundamentales, que se prevén como el recurso límite y deberán ser aplicados con un carácter educacional.

El nuevo sistema de acogimiento familiar

El bienestar de los niños y niñas que sufren una situación de desamparo familiar es tomada muy en cuenta en la nueva legislación. Se ha dado prioridad al acogimiento familiar para los menores de 6 años, intentando evitar que ingresen en un centro. Ahora, la Administración es quien decide dónde alojar al menor, independientemente de que los padres biológicos presenten un recurso, lo que, hasta esta nueva legislación, suponía el ingreso inmediato de los menores.

Los niños y niñas permanecerán con una familia de acogida mientras los padres recurren su declaración de desamparo. La Administración debe encargarse de realizar evaluaciones periódicas de las familias de acogida para cerciorarse de que, realmente, son idóneas para acoger a estos menores. Si en el momento en que se produce la situación de desamparo no hay familias que puedan alojar al niño o niña,la Administración puede decidir trasladarlos a otra Comunidad Autónoma para que el menor pueda trasladarse lo antes posible con una familia. En definitiva, la nueva ley del menor procura evitar de cualquier modo que los niños y niñas acaben entrando en un centro tutelado.

La ley regula el derecho de estos menores a conocer su origen y su pasado y se ha creado un sistema específico para los casos en los que el menor quiere seguir manteniendo una relación con su familia biológica.

Víctimas de violencia de género

Los menores que hayan vivido situaciones de violencia de género tendrán una condición reconocida como tal y el poder judicial debe adoptar medidas civiles para todos aquellos niños que dependen de la mujer sobre la que se ha ejercido dicha violencia. Si un cónyuge matara al otro los menores cobrarán una pensión de orfandad completa aunque el progenitor homicida siga con vida: en estos casos se concede el 100% de la base reguladora.

El registro de delincuentes sexuales

Siguiendo un patrón lógico, ningún condenado por un delito contra la libertad, la integridad o la indemnidad sexual de un menor puede ocupar ningún puesto de trabajo relacionado con niños y adolescentes. Se ha creado el Registro Censal de Delincuentes Sexuales. Ahora, cualquier persona, administración, institución o entidad podrá comprobar si la persona candidata a un puesto de trabajo tiene antecedentes contra la libertad sexual, la explotación de menores o la trata de seres humanos.