El parque de Santander, la zona verde recreativa que rodea al ínclito campo de Golf que la Comunidad de Madrid construyó en el distrito de Chamberí de Madrid, se deteriora. La zona gratuita abierta al público de las instalaciones del Tercer Depósito del Canal de Isabel II sufre daños desde hace semanas en sus fuentes, máquinas de ejercicios y columpios que no se reparan.

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El recinto del Canal es célebre en Madrid porque fue un empeño personal de Esperanza Aguirre, que lo levantó contra el criterio de los vecinos del barrio —que querían y quieren sólo un parque, no un campo de golf—, contra la oposición y el propio criterio del Ayuntamiento, que denegó el permiso para realizarlo. La adjudicación de las zonas de pago del parque señalan al actual presidente regional, Ignacio González, que la adjudicó a un socio de su hermano y su cuñado, y el recinto se ha visto por dos veces señalado por la Justicia por ilegal. Ahí sigue pese a todo ello, sufriendo el paso del tiempo, al menos en la parte abierta al público que Aguirre utilizó como argumento para sostenerlo contra viento y marea.

La mitad de las fuentes del parque no funciona, una de las máquinas del circuito para realizar ejercicios lleva más de un mes tumbada en el suelo, al menos dos de los columpios de una de las zonas de juegos infantiles están precintados y no se pueden utilizar. El propio campo de golf no se salva de la falta de mantenimiento. Una de las dos plataformas destinadas a la práctica está cerrada y el césped artificial de toda esa zona, levantado.

Fuentes del Canal de Isabel II, propietaria de los terrenos y responsable del parque, niegan que exista tal deterioro y afirman que las instalaciones son víctimas de actos vandálicos. "No es una falta de mantenimiento, es justo al revés. Los estudios que hacemos a nivel de usuario nos dicen que el parque está bien, los usuarios nos felicitan", asegura una portavoz del ente. "Las fuentes las reparamos, pero los niños juegan, les meten arena, y se atascan", afirma. Algunas llevan más de un mes sin dar agua, sin embargo. Respecto a los columpios y la máquina, esta portavoz asegura que están en proceso de cambiarlos por otros nuevos, y que al ser una empresa pública esto lleva sus plazos.

Las instalaciones del Canal han estado rodeadas de polémica desde que se construyeron, en 2003. La entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, invirtió 50 millones de euros en un recinto con dos zonas diferenciadas: una para la práctica de deportes de pago con dos campos de fútbol, ocho pistas de padel, un campo para la práctica del golf y un pitch & putt (un mini campo de golf) y alrededor de todo esto un parque con una pista de tartán de 1,2 kilómetros y un pequeño circuito deportivo para realizar ejercicios.

Aguirre levantó el campo de golf, que ocupa casi un cuarto de la superficie total de todo el recinto, bajo el argumento de "enriquecer la oferta del entorno". La presidenta apeló al "interés general" para realizar la obra, presumió de que las zonas verdes comunes aumentaban notablemente respecto a lo que había antes y levantó el recinto con la oposición también del Ayuntamiento de Madrid, que dirigía Alberto Ruiz Gallardón.

Después se supo que el Canal de Isabel II, que por entonces presidía Ignacio González, el actual presidente de la Comunidad de Madrid, había adjudicado la gestión del campo de golf —con el voto del propio González, que no se abstuvo— a la empresa Tecnoconcret S.L., creada sólo seis semanas antes de la adjudicación, sin experiencia en el sector y entre cuyos dueños figuraba un socio de su hermano y de su cuñado.

Desde que se construyó el campo de golf la Comunidad ha ido acumulando reveses judiciales por las obras. Primero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid negó que existiera el "interés público" al que Aguirre se aferró para realizar la obra. "No está motivado, responde al intento de sustraerse a la aplicación de las reglas que (...) en materia urbanística, corresponde a los ayuntamientos", razonó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Luego el Supremo desestimó el recurso que la Comunidad había interpuesto y dio la razón a la asociación de vecinos El Organillo, que había cuestionado este supuesto "interés general".

Los fallos judiciales no amedrentaron a Aguirre, que elaboró un plan especial para legalizar el proyecto a posteriori. Pese a ello, una década después de haber levantado el campo de golf, este no cuenta aún con la preceptiva licencia del ayuntamiento para operar. Fuentes del Canal lo reconocen, pero con matices: "La Justicia no nos ha exigido cerrar el parque por esto en ningún caso, determinó que había que regularizar la situación urbanística y administrativa. Lo que se ha hecho, se tramitó ante el ayuntamiento la licencia en agosto y estamos desde entonces esperando", explica su portavoz. "Estamos abiertos porque estamos habilitados para estar abiertos", recalca.