El actual proceso electoral no solo es el más grande en la historia de México, también es el más violento, pues en siete meses 82 políticos han sido asesinados, de acuerdo con el reciente informe de la consultoría Etellekt. Exfuncionarios, alcaldes, aspirantes y candidatos locales son el sector más vulnerable a los ataques del crimen organizado, de acuerdo con este conteo.

Animal Político consultó a autoridades electorales de Jalisco y Puebla y a un especialista en seguridad del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) sobre la situación de riesgo que viven los contendientes y las medidas que están tomando en medio de una crisis de violencia política.

De acuerdo con el director de Etellekt, Rubén Salazar, 90 % de las agresiones documentadas en su informe fueron contra funcionarios y candidatos del ámbito local, y esto lo atribuye al interés de la delincuencia organizada por controlar políticamente a las localidades mediante las policías, así como servicios de agua y electricidad. El informe consultado por este medio destaca que el 69 % de las víctimas fueron asesinadas por grupos armados (54 casos), mientras que en otro 12 % (9 casos) las víctimas fueron privadas de la libertad y posteriormente halladas sin vida y con señales de violencia.

El 66% de los casos sucedieron en seis entidades: Guerrero con 18 casos, Oaxaca con 13, Puebla (9), Veracruz (8) y Estado de México (6). De acuerdo con Salazar, los ataques se dieron en municipios con problemas de seguridad, de robo de combustible (huachicoleo) y de robo de mercancía a transporte.

El especialista explica que en la elaboración del estudio detectaron varios patrones, como el que los municipios que tuvieron mayores ataques contra políticos son colindantes y comparten problemas en delitos específicos.

“Son municipios que están conectados entre sí. Observamos cómo se están desarrollando ciertos corredores, ciertos blindajes. Lo que te explica es que sí se están enfocando en ciertos municipios, hay una intención por controlar políticamente algunas localidades”, explica en entrevista.

Otro patrón ubica los hechos violentos en estados como Oaxaca, con motivaciones políticas, pues “podría tratarse de disputas o de violencia derivada por cuestiones de carácter local. Observamos mucha rispidez en los procesos de selección de candidatos en todos los partidos”, relata Salazar.

En Puebla, por ejemplo, la consejera del Instituto Electoral del estado (IEEP) Claudia Barbosa asegura que la violencia política que se está presentando en varios municipios está dirigida contra varias mujeres que buscan contender por algún cargo local.

“El panorama es más en el sentido de agresiones o intimidación en contra de las candidatas, fundamentalmente a través de mensajes de WhatsApp o redes sociales”, explica la consejera en entrevista.

Sobre el asesinato de alcaldes y funcionarios en zonas con altos índices de robo de combustible, la consejera electoral señaló que deben ser las autoridades estatales las que expliquen las causas de los ataques.

De acuerdo con Etellekt, del 8 de septiembre de 2017 al 8 de abril pasado han ocurrido 33 casos de agresiones contra mujeres políticas, la mayoría de ellas (24), contra aspirantes y candidatas.

Las cifras del informe también arrojan que los representantes del PRI han sido los más atacados con 29 casos, seguido por los del PRD con 16; después sigue el PAN (8 casos); Movimiento Ciudadano (5) y Morena (4).

Para el profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) Martín Gabriel Barrón Cruz, el proceso electoral es un momento de transición en el cual la delincuencia organizada buscará proteger sus negocios e intereses postulando o intimidando candidatos.

Sin embargo, ante la violencia política actual considera que primero es necesario revisar la dinámica de cada caso, antes de magnificar las agresiones y averiguar la causas por las cuales están matando a aspirantes políticos.

“Se tiene que hacer un estudio criminovictimológico. (Revisar) quién es la víctima, cuáles fueron sus propuestas y cuáles son sus alianzas”, explica el especialista en seguridad, pues considera que no necesariamente todos los asesinatos de funcionarios y candidatos ocurridos en el presente proceso electoral tuvieron alguna relación con la delincuencia organizada o con violencia política.

Protocolos de seguridad se quedan cortos

El pasado 4 de abril, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron un protocolo de protección para los candidatos presidenciales, en el cual la Comisión Nacional de Seguridad y el Estado Mayor se harán cargo de la seguridad de los contendientes.

Para el director de Etellekt, las medidas de seguridad se han quedado cortas, pues se enfocan en candidatos a nivel federal, cuando son los de nivel local quien enfrentan mayor riesgo.

El tamaño de la elección este año, en la cual se elegirán 3 mil 400 cargos a distintos niveles, así como el desfase en los calendarios estatales están siendo aprovechados por el crimen organizado para incidir violentamente en los comicios, asegura Salazar.

También critica que las leyes estatales no contemplan mayor seguridad para precandidatos, solo para candidatos, lo que, asegura, favorece que organizaciones criminales puedan influir en el proceso de selección e imponer candidatos.

“Hubo mucha irresponsabilidad de los partidos políticos en las reforma electorales, por la concurrencia y los calendarios electorales no homologados. Esta situación está ocasionando que esta violencia persista”, detalla Salazar, quien publicará más informes de violencia electoral, podrán adquirirse en la página de Etellekt para financiar futuros reportes.

En este sentido, la consejera Claudia Barbosa señala que si bien el riesgo de más ataques es grande por el tamaño de la elección, “se ha creado una estructura” que permitirá atender y prevenir más casos de violencia política.

Aunque advirtió que vendrán más casos de violencia por el tamaño de los comicios, donde 30 estados empataron sus calendarios con la Federación, también han tomado medidas en municipio de Puebla para evitar, principalmente, que candidatas mujeres sean amenazadas o intimidadas por buscar un cargo.

“Desde diciembre pasado emitimos una guía para la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en el estado, una herramienta que pusimos para todas las mujeres que estén resistiendo actos de violencia, justamente para establecer ejemplos de lo que sí es violencia política contra las mujeres y lo que no es violencia”, expuso.

Asesinatos contra políticos en Jalisco, a todos los niveles

En Jalisco, sin distinción de colores, los políticos se sumaron como víctimas de los crecientes índices delictivos. Asesinatos y desapariciones de representantes populares y funcionarios de primer nivel han marcado el sexenio que concluirá el próximo mes de diciembre.



A tan solo una semana de que había tomado protesta como secretario estatal de Turismo, Jesús Gallegos Álvarez, fue acribillado. Desde entonces los homicidios siguieron sin tregua. El caso más reciente, ocurrido el pasado 15 de abril, fue el del presidente municipal con licencia que aspiraba a la reelección en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Juan Carlos Andrade Magaña.



Un día después, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz se dijo “abierto a que todos los candidatos que soliciten la protección, se las demos, pero también hago una convocatoria a qué nadie politice este tema que es tan delicado y tan grave”.



Debido al nivel de riesgo, son tres los candidatos que en Jalisco han solicitado seguridad adicional, y la lista de solicitantes podría aumentar, pues será el 29 de abril que arranquen las campañas para presidencias municipales y diputaciones de la entidad.

Se ha podido confirmar que entre ellos está el presidente municipal con licencia de Guadalajara y candidato puntero en las encuestas al gobierno de Jalisco por Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez; así como el ex titular de la Fiscalía Estatal y precandidato a la alcaldía tapatía por el PRI, Eduardo Almaguer Ramírez.

“Nosotros no vemos hoy en la necesidad de solicitar algo extraordinario en términos de seguridad para el Instituto. Vemos con preocupación lo sucedido (asesinatos de políticos) y estaremos atentos a la estrategia que nos planteen las autoridades de Seguridad. Por supuesto que es preocupante, pero tiene que haber algún planteamiento del Gobierno del Estado”, indicó el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, Guillermo Armando Alcaraz Cross.



“Brindar seguridad a la población es una responsabilidad de las autoridades de Seguridad, de tal manera que, con lo ocurrido en el orden local, estaremos atentos a la investigaciones que se realicen para conocer el entorno de un hecho que pudiera tener tal trascendencia que afecte de alguna manera el curso del proceso electoral”, comentó el titular del INE Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez Morales, ante los casos recientes.



En caso de más adelante algún aspirante solicite protección adicional, las instancias electorales redireccionarán los trámites al gobernador, anotaron los entrevistados.



Por otra parte, el director ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón Benavides, dijo que el panorama de violencia política “no es nuevo ni sólo fruto de las elecciones. Lo que estamos viendo es al crimen organizado haciéndose notar en un proceso que en teoría es ajeno, pero que de alguna manera están diciendo, aquí y todo el país, `también soy parte´, y lo dicen a balazos”.



“La lectura de estos asesinatos, de manera superficial, es ¿qué tanto está metido el crimen organizado o de qué poder es su calibre para meterse aún más en la vida política? La lectura más profunda es: La impunidad nos está cobrando su cuota más alta, no les importa matar gente tan visible, no les importa si los pescan las autoridades porque les responden con balazos, es ya una disputa por vidas, por territorio y por medios de producción”, indicó en entrevista el representante del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos.

De 529 muertes registradas de servidores públicos en Jalisco, entre 2013 y abril de 2018, 202 han sido por armas de fuego, 18 por objetos punzo cortantes, 13 por golpes, cinco por estrangulamiento y el resto por otras causas, según datos del Sistema Estadístico de Autopsias del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).