Publicidad

Breves horas ha tardado el gobierno del partido de la Gürtel en responder al mejor estilo autoritario. Siguiendo su costumbre, Rajoy da por no declarada la independencia ni la República Catalana, igual que decretó la no existencia del 9N, del Referéndum, de la DI. Pero, acto seguido, destituye 52 cargos públicos de la Generalitat, entre ellos el governen pleno, clausura el Parlamento catalán (con la secreta nostalgia de hacerlo como Franco, por 40 años), prohíbe las manifestaciones públicas que no sean autorizadas por el ministerio del Interior y convoca elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, jueves. Quienes se asombran deben recordar que el domingo es 24 de diciembre, cuando los españoles escuchan arrobados a su Rey, que el jueves siguiente es 28 (cosa arriesgada) y el domingo siguiente, 31, cava (no catalán, por supuesto) y Nochevieja.

Lo peculiar aquí no es el día concreto de la convocatoria sino el hecho de que esta (así como los otros actos) se haya producido. Habiendo declarado el Parlament la independencia de Cataluña y proclamado la República Catalana, lo lógico será preguntar desde cuándo un presidente de un gobierno convoca elecciones del tipo que sean en el país de otro. Para el gobierno, el triunvirato nacional español y los dos referentes de la «auténtica izquierda», Garzón y Podemos, que van por ahí tachando de ilegítima la DI, por supuesto, la independencia y la República Catalana son ilegítimas, ilegales, delictivas… de acuerdo con su legislación. Ningún país del que otro se separa reconoce la legalidad de las medidas de este; no lo hizo Inglaterra con los EEUU ni España con los países latinoamericanos. Ninguno. Esas medidas serán siempre ultra vires, fuera de las competencias del país que se separa. A su vez, para este, las leyes y medidas del país del que se separa no son válidas en su territorio.

Dicho en otros términos más crudos. ¿Qué sucede si las autoridades destituidas y los órganos disueltos se niegan a ser disueltos y destituidas? Es un problema de prevalencia de normas que tiene dos aspectos, uno político y otro jurídico. El político es muy sencillo: ningún Estado admitirá jamás un poder rival en lo que considera su territorio, una dualidad en la que el otro Estado no reconozca su autoridad. Tendrá que proceder contra él aplicando la coerción. En qué medida, dependerá de la resistencia que el otro ejerza. Incluso es posible que, ante una situación de previsible desobediencia muy generalizada, el Estado no consiga imponer su autoridad como monopolio legítimo de la violencia. En ese momento, el problema estará resuelto por la vía de hecho.

El aspecto jurídico también es sencillo. El Gobierno (el Estado) se ampara en el artículo 155 de una Constitución que está obligado a respetar y hacer respetar. Cerremos los ojos a la circunstancia de que ese gobierno no se caracteriza por respetar mucho la Constitución. Eso es aquí irrelevante. Pero ¿y el hacer respetar? Ahí está su punto fuerte: se ampara en un artículo de excepcionalidad para salvar la Constitución en peligro. El artículo 155, traducción literal del 37 de la Ley Fundamental vigente en Alemania y reproducción del 48 de la Constitución de Weimar, el llamado «artículo de la dictadura constitucional», es justo el que invocó el presidente von Hindenburg para dar paso a Hitler que, a continuación, se cargó la Constitución. Lo más probable es que quien pone en marcha la dictadura constitucional (un verdadero oxímoron) vaya por la Constitución, como los policías de Huelva iban «a por ellos» al dirigirse a Cataluña.

Y es así. El 155 es deliberadamente impreciso para dejar manos libres al gobernante y que haga mangas capirotes con las libertades y derechos de los ciudadanos, la democracia y el mismo Estado de derecho. Habla de adoptar las «medidas necesarias» para los fines del gobierno, en el entendido de que por «medidas necesarias» entenderá lo que le dé la gana: por ejemplo, convocar elecciones cuando le plazca, pero permitir que se presenten solamente partidos de su bola y no otros. Por ejemplo: elecciones en Cataluña habiendo prohibido los partidos independentistas.

Sería, más que dictadura, verdadera tiranía. Y por eso, se dice, no puede pasar porque el mismo 155 tiene una clásula garantista: las medidas propuestas por el gobierno deben ser validadas por el Senado. Estamos en un sistema democrático parlamentario, caballero. Lo mismo hace el 37 de la Ley Fundamental alemana: exige el acuerdo del Bundesrat o cámara de representación territorial que, a primera vista es equivalente al Senado. Pero solo a primera vista porque a segunda y sucesivas, son radicalmente distintas: una, la alemana, es una cámara seria, no legislativa (excepto en cierto tipo de leyes que precisan su aprobación), no electiva y compuesta por representantes de los gobiernos de los Länder. La española es un chiste, pues es cámara legislativa (aunque, en realidad no legisla ni hace nada de relieve), es electiva (pero con un sistema distinto del Congreso y pensado para privilegiar la representación de las zonas agrarias, menos pobladas del país) y está compuesta por los mismos partidos políticos del Congreso. Los senadores suelen ser «ángeles Sí Señor» de sus grupos. A los efectos prácticos, este remedo de cámara, además, padece una mayoría absoluta del partido del gobierno con lo que este tiene garantizado que el Senado, servicial, validará lo que se le presente.

Rajoy asegura que no suspende la autonomía de Catalunya y, por una vez en la vida, dice verdad. No la suspende: la elimina. Como elimina el Parlamento, al tiempo que se apresta a gobernar en un plano de relación metrópoli y colonia más o menos rebelde. ¿Hasta qué extremo? Hasta el que considere «necesario». ¿Hasta qué extremo considerará «necesario»? Dependerá de dos factores que, obviamente, el triunvirato nacional ha infravalorado: la resistencia de la gente y el apoyo exterior. Puigdemont avisó en su día: «no menosprecien al pueblo de Cataluña». Buen consejo, aunque no para la derecha que quiere derrotarlo precisamente porque conoce su fuerza y la teme, sino para la izquierda. A ver si los de la «verdadera» etc., dejan de contar los pelos al rabo de la esfinge de la legitimidad y se enteran de que se quiere perpetrar un ataque contra un pueblo que lucha por su emancipación democrática y pacíficamente. Que esté equivocado, como sostienen los dos genios Iglesias y Garzón, conocedores siempre de la verdad, no quiere decir que no sea una lucha democrática, popular y, con perdón, señorías, revolucionaria. Es una desgracia, desde luego, que no la dirijan ustedes, pero tengan cuando menos la honestidad de reconocerla. Del PSOE nada que decir: comparte gustos y disgustos con la derecha y, como demostrará mañana el PSC manifestándose con los de SCC, también actividades prácticas.

El 155 es la vía libre a la dictadura y la arbitrariedad. Solo la parará el propio movimiento independentista perseverando en su actitud democrática y no violenta. Y la vigilancia exterior. El govern confía en el trabajo hecho hasta hora en Diplocat y espera recoger los frutos en forma de tempranos reconocimiento. Mucha gente está algo desilusionada porque los países europeos no hayan reconocido la República Catalana a la media hora de proclamarse. Estas cosas llevan tiempo, poco, sí, pero alguno para algunos trámites de iniciativa, debate y decisión. Cierto que algunos reconocimientos exteriores serían límites serios a la arbitrariedad del gobierno en Cataluña. Tusk ha mandado un aviso de urgencia y media docena de países europeos, Eslovenia, Estonia, Letonia, Finlandia, Bélgica, Dinamarca, podrían reconocer la República Catalana. Y, según mis noticias, se abre paso una acción colectiva en varios países latinoamericanos para hacer lo mismo.

No tengo nada claro que vayan a celebrarse esas elecciones. Pero sí empiezo a sospechar que quizá se celebren antes en España, si alguien cae en la cuenta del majestuoso fracaso protagonizado por la nacionalismo español, que tuvo 18 meses de plazo (la hoja de ruta) y no hizo nada, salvo llevar el país a una situación de fractura en la que inevitablemente tendrá que intervenir la UE.