Dos años y medio después de que estallara uno de los mayores escándalos de la crisis financiera, por una denuncia realizada por el FROB, se ha dictado sentencia. Desde el punto de vista social, ha sido el capítulo más sangrante por la opulencia de los gastos realizados por consejeros y directivos de una caja que quebró y fue rescatada con 22.424 millones de los contribuyentes. Los dos grandes partidos, PP y PSOE, así como los sindicatos UGT, CC OO y Confederación de Cuadros, representantes de la CEOE, CEIM e incluso la Casa Real, tienen representantes entre los 65 condenados.

El tribunal considera que Blesa y Rato son autores de un delito continuado de apropiación indebida. El tercero más relevante es el ex director general de Medios, Idelfonso Sánchez Barcoj, (condenado a dos años y medio de cárcel), a quien se le considera colaborador y cómplice de la operativa que contribuyó a mermar “el caudal de Caja Madrid”. A los tres se les absuelve del delito de administración desleal del que estaban acusados. Los restantes acusados son condenados como colaboradores. Entre todos, suman 120 años y medio de prisión. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

En total, con las tarjetas black consejeros y directivos se gastaron 9,34 millones en la etapa de Blesa y 2,69 millones en la era Rato. “Se dilapidó el patrimonio” de la entidad. Sobre los expresidentes, la sentencia señala: “La lealtad quebrada se hace evidente, por anteponerse los fines personales a los intereses sociales que eran los bancarios y no otros”.

A la espera del fiscal para saber si hay medidas cautelares La sentencia de las 'tarjetas black' no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Rodrigo Rato ya ha señalado que lo hará, según Europa Press. La fiscalía de la Audiencia Nacional está estudiando si pide medidas cautelares contra los condenados. Debe comunicar si quiere que se convoque una vista para determinar si es necesario el ingreso en prisión de los acusados.

Para entender cómo se gestó esta trama, la sentencia publicada este jueves, de 259 folios, se remonta a mayo de 1988. Jaime Terceiro, entonces al frente de Caja Madrid, propuso en una reunión de la comisión ejecutiva, completar las dietas de los consejeros con una tarjeta de crédito “para dignificar las retribuciones por asistencia a reuniones”. Era un complemento a las escasas dietas y se pedían justificantes de los gastos.

Desde entonces, a los vocales del consejo y de la Comisión de Control, se les entregada una tarjeta. En 1995, Terceiro informó a los consejeros que solo podían usarse para gastos de representación. Entre quienes recibieron ese mensaje estaba Blesa y otros de los condenados, según los “hechos probados en la sentencia”.

Cuando Blesa se puso al frente, las tarjetas opacas se normalizaron para directivos y consejeros. El propio Blesa se asignó dos tarjetas: una de empresa para gastos de representación, y otra, también corporativa, “al margen de sus retribuciones convenidas contractualmente, para dedicarla a atenciones netamente personales, en detrimento de Caja Madrid”, dice el tribunal. Nadie justificaba los gastos de estas tarjetas, por lo que no funcionaban como las de representación habituales en las empresas. Y Blesa podía modificar (y lo hacía de forma discrecional) los límites. Se emitieron también tarjetas para el comité de dirección. Los mayores gastos, destaca la sentencia, coincidían con las vacaciones o las fiestas. Incluso consejeros siguieron usando la visa algunos meses después de cesar.

Entre 2010 y 2012, Rato, desde la presidencia de Caja Madrid primero y Bankia después, reanudó la dinámica de las tarjetas black. Ante la falta de control, la existencia de las visas permitió a Rato y los directivos sobrepasar los límites para las retribuciones de bancos nacionalizados que el Gobierno impuso en febrero de 2012. Rato continuó con esta dinámica pese a que Francisco Verdú, el consejero delegado, se negó a usar la visa por considerarla extrasalarial. En la sentencia se repite una y otra vez: todo se hizo “contra el caudal de la entidad”, comiéndose los recursos. Luego quebró.

Sánchez Barcoj, cómplice

La Sala Cuarta de la Audiencia destaca que Sánchez Barcoj era la pieza clave: él comunicaba los nombres de los usuarios, los límites operativos mensuales y anuales, autorizaba las ampliaciones de esos límites y de los que dispondrían de código PIN. Por eso, el tribunal le considera no solo colaborador de un delito continuado de apropiación, sino también cómplice de la mecánica descrita.

Los jueces describen que las tarjetas de crédito entregadas tenían un límite máximo anual, con un tope mensual del que se informaba a los acusados en el momento de su entrega, aunque el presidente Blesa podía modificarlo.

Uno de los aspectos más burdos, que trató el Fiscal Anticorrupción en muchas sesiones del juicio, fue la contabilidad individual de los gastos. Todos los acusados dijeron que su obsesión era no pasarse del estricto límite. Sin embargo, solo unos pocos lograron controlarlos por Internet, mientras que la gran mayoría los apuntaban en libretas, a mano, porque la caja se negó, según declararon, a contabilizarlos online.

Si no agotaban el límite disponible anual, el dinero asignado y sobrante quedaba a favor de Caja Madrid. Todos los acusados “le dieron el uso particular que tuvieron por conveniente contra el caudal de Caja Madrid, contribuyendo con su proceder a la merma del mismo propiciada por el acusado Miguel Blesa”, recuerda la sentencia. Todo se cargaba a una cuenta de la entidad.

No pagaron impuestos

El auto, de la que es ponente Teresa Palacios, hace constar que el montante de dinero que representaba el uso de esas tarjetas no se incluía en los contratos ni figuraba en el certificado de haberes (de retención del IRPF) que Caja Madrid facilitaba cada año a sus directivos para realizar sus respectivas declaraciones de la renta. Por eso, no pagaban impuestos “a diferencia del importe de las dietas, cuyo montante sí que figuraba en aquel documento, junto a la correspondiente retención”. Por eso, lo realmente percibido por los consejeros y directivos no coincidía nunca con el certificado de haberes y el borrador de la declaración tributaria que Hacienda remitía cada año a cada acusado.

Muchos dijeron que era su sueldo o retribución de consejero, pero se convirtió en una paga neta, al margen de Hacienda y difícil de justificar ante un tribunal. “No es recibo que el personal altamente cualificado de sendas entidades bancarias pueda sostener abiertamente que el disfrute de una tarjeta de empresa se integraba en su salario. Las propias declaraciones de los acusados delatan su comportamiento netamente ilícito”, dice la sentencia.