Se vienen tres días claves para definir cómo será el combate que elegirá la 4T contra la pandemia de Covid-19, tanto en lo económico como en las medidas estrictamente de salud pública. Y como suele ocurrir, hay posturas encontradas en el Gabinete. Acaso esta crisis mundial haya puesto blanco sobre negro, como nunca, las diferentes corrientes ideológicas del gabinete.

¿Hay que suspender ya el empleo público, como etapa previa a una cuarentena total? ¿Hay que esperar para no impactar de forma temprana a esa enorme masa de trabajadores que se ganan la vida en la economía informal? No parece haber una respuesta con certeza total, pero sí un debate profundo en los equipos de López Obrador.

El hombre a cargo de combatir esta epidemia, Hugo López-Gatell, está convencido que no hay chances de detener completamente los contagios. Habrá infectados, habrá hospitalizados y, lamentablemente, habrá un porcentaje de muertos. Frente a lo inevitable, repite que no tiene ningún sentido someter a toda la población a una cuarentena anticipada, lo cual pondrá a millones de personas a sufrir un desabasto forzado. El remedio sería peor que la enfermedad.

El propio López Obrador reconoció que había que pensar también en aquellas personas que salen todos los días a buscarse el dinero para comprar la comida. "¿Cómo mantienes encerrado a estas cientos de miles de personas durante dos semanas, si no tienen garantizadas las comidas para dos o tres días? Si no hay comida, no habrá ningún temor a un virus", repiten los que se adhieren a este abordaje. La idea, entonces, es demorar lo máximo posible las medidas radicales.

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Sin embargo, con el miedo cada vez más creciente en la población, un debate se instaló en las últimas horas en el Gabinete y la resolución podría definirse esta misma noche. Uno de los asesores de López-Gatell armó un acuerdo que también debería llevar la firma de Irma Eréndira Sandoval para paralizar a la administración pública desde el próximo lunes 23 de marzo. La idea sería avanzar de forma más concreta en el "aislamiento social" que gran parte del mundo está aplicando.

El acuerdo establecería que "se suspenden las labores en la Administración Pública Federal de las áreas que no resulten indispensables para hacer frente de manera oportuna y eficaz a la situación de emergencia que vive el país, durante el periodo que comprende los días veintitrés de marzo al diecinueve de abril de 2020".

Así, coincidiría con la suspensión de clases que ya regirá desde el próximo lunes. Dicho de otro modo, sin anunciarlo de un modo "panicoso", el Gobierno de López Obrador empezaría a avanzar desde este modo hacia la cuarentena, pues una gran parte de la sociedad ya quedaría sin actividades formales.

Pero no todos están de acuerdo. El equipo de López-Gatell armó ese documento directamente con Édgar Moreno Gómez, Jefe de la Oficina de Función Pública. Pero la resistencia de Irma Eréndira -entre otros- retomó el argumento de dejar a millones de pobres ante un peligro mucho más dañino que el coronavirus: la falta de trabajo, de recursos y de alimentos. "Igual la actividad se parará por el miedo, y quizás sea tarde porque habrá una crisis de salud pública", le responden los moderados. El debate al interior del Gabinete es intenso.

El sector que piensa ir apagando las actividades de a poco, avanzaría con otro modelo: que cada Secretaría y órgano desconcentrado pueda ir suspendiendo trámites, tareas y cualquier tipo de reunión, comité, foro o encuentro. Así, al interior de la administración pública también se iría avanzando escalonadamente en el aislamiento.

El presidente López Obrador.

La resolución que preparó López-Gatell, rechazada públicamente por Sandoval, establecía que cada dependencia debería nombrar a un equipo minúsculo que garantice los servicios mínimos de cada área. Para la prestación de dichos servicios, no debería considerarse a las personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares, hepáticas, metabólicas, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas, entre otras, asociadas a un incremento en el riesgo de complicaciones.

Tampoco a mayores de 60 años de edad, ni a mujeres embarazadas. Sin embargo, se garantizaría la "operación continua del transporte y, por lo tanto, seguirán funcionando los puertos, aeropuertos, carreteras y autopistas". Una medida más drástica, pero también de cumplimiento más veloz.

La resolución, pensada para publicarse este sábado en el Diario Oficial de la Federación, se extendería también a las entidades federativas y municipios.

El debate económico

En un carril diferente, pero en paralelo, viene trabajando Arturo Herrera, desde luego con una óptica netamente económica. El titular de Hacienda sabe que la inacción llevaría a un desplome drástico en la actividad, como ya anticipan bancos y calificadoras. La pregunta es: ¿cómo amortiguar el inevitable golpe, cuando se prometió superávit y no tomar deuda?

Cumbre en Palacio: Herrera reúne al equipo económico de la 4T para evaluar un plan de crisis

"El gobierno debe ajustarse más el cinturón", esbozó López Obrador. Herrera le repite a sus colaboradores que el país "ya está en los huesos, no hay más ajuste posible". Como reveló este medio, también dio marcha atrás -al menos por el momento- con su plan de lanzar una reforma fiscal. "No es el momento, sería peor: habrá menos inversión y la actividad se deprimirá todavía más", es el análisis de Herrera.

El "Plan Déficit" es la única salida concreta: abandonar el superávit, tomar deuda responsablemente y apostar a que la inversión amortigüe el golpe. Según pudo saber LPO, este fin de semana, Herrera volvería a reunir a su equipo de colaboradores para armar un programa de emergencia, como ya también reclaman los empresarios.

Otra vez, no todos están de acuerdo: el ala más radical -que integra la propia Irma Eréndira- creen que tomar deuda para lanzar medidas anti-cíclicas sería una salida "neoliberal". Es el calificativo que también usan contra Herrera cuando el titular de Hacienda dice que hay que fomentar más los proyectos de infraestructura bajo la modalidad de asociaciones público-privadas. Ni hablar del cabildeo para reabrir las ronda petroleras.

La crisis del Covid-19, de hecho, también encendió las diferencias por la estrategia energética. Con la mezcla mexicana desplomada, volvieron las críticas a Rocío Nahle, que convenció al Presidente en que no había que abrir el mercado a los privados hasta que no demostraran resultados en los campos que ganaron con las rondas del sexenio de Peña Nieto.



