Ha llegado el momento de responder ante la Justicia. La Plataforma por la Honestidad, que representa a los denunciantes de corrupción y abusos de poder, acaba de presentar una querella criminal en la que por primera vez se incluye claramente al tertuliano televisivo Eduardo Inda en la presunta "organización criminal" de Las cloacas de Interior que encabezaron en la cúpula de la Policía el excomisario José Manuel Villarejo –hoy, en prisión incondicional–, el ex director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, y su jefe de Gabinete, José Ángel Fuentes Gago, entre otros.

La Plataforma X la Honestidad se personó como acusación popular en la pieza separada 2 del caso del pequeño Nicolás abierta para esclarecer la autoría de una grabación ilegal, y su posterior difusión mediática, de una conversación entre agentes de la Unidad de Asuntos Internos y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) cometida en octubre de 2014 en sede policial.

El juez Arturo Zamarriego encargó esa investigación a una comisión judicial con cinco funcionarios policiales escogidos por él mismo –incluido el comisario jubilado Marcelino Martín-Blas y el inspector-jefe Rubén López Martínez, que participaron de aquella conversación grabada en secreto– y dispuso que todos ellos "deberán comunicar directa y exclusivamente a este Juzgado de Instrucción el resultado de las actuaciones que practiquen en el marco de estas diligencias sin tener que dar cuenta de ello a sus superiores jerárquicos, cualquiera que fuere la categoría o rango funcionarial de éstos”.

El juez Zamarriego intentó evitar que la cúpula de Interior interfiriese en las investigaciones, pero pronto Villarejo tomó cartas en el asunto

El magistrado pretendía así evitar que la cúpula policial –cuyos principales integrantes de las "cloacas de Interior" que puso al descubierto Público en junio de 2016 están hoy imputados en diversas causas– interfiriese en el procedimiento. Pero Villarejo tomó cartas en el asunto para socavar las investigaciones, y en el informe final de la comisión judicial se da por probado que fue ese comisario el que grabó y difundió aquella conversación entre policías y agentes secretos con el objetivo de invalidar las actuaciones y proteger a su cliente y amigo Adrián de la Joya, ahora implicado en el caso Lezo.

Para ello, según las conclusiones de la comisión judicial, contó con la activa colaboración del medio digital Información Sensible –dirigido por la mujer de Villarejo– y de OKDiario que dirige Inda, además de otros periodistas afines.

Ahora, la Plataforma X la Honestidad es la primera parte personada en el caso Nicolás que acusa de "organización criminal" a todos los integrantes de esa presunta conspiración, incluidos los periodistas, y su presidente, Pedro Arancón, subraya que "esta querella contra esta trama periodística/politica/empresarial llegará hasta donde la ciudadanía decida".

"Desde la Plataforma X la Honestidad hemos hecho un gran esfuerzo para interponer la querella", recuerda Arancón, "pero ahora necesitamos fondos para poder abonar los trabajos de los servicios jurídicos y de las previsibles fianzas que nos serán impuestas para poder seguir con el proceso. El número de cuenta para colaborar es ES30 0128 0140 4901 0007 9063. También se pueden realizar aportaciones a través de PayPal. Toda la información está en nuestra web. Juntos/as lo conseguiremos".

La querella criminal –presentada por la plataforma como acusación popular ante el Juzgado de Instrucción de Madrid que por turno corresponda– denuncia "los delitos de obstrucción a la justicia, encubrimiento, calumnias e injurias continuadas contra agentes de la autoridad por hechos concernientes al ejercicio de sus cargos, revelación de secretos, grupo/organización criminal, y por cuantos otros se desprendan de la investigación que se practique", de los que acusa a Villarejo, Pino, Fuentes Gago, Inda, Manuel Cerdán y Miguel Ángel Pérez (ambos periodistas en OKDiario), así como a las sociedades propietarias de Información Sensible y OKDiario, y sus administradores.

La querella criminal acusa a Villarejo, Pino, Gago, Inda y Cerdán

En ella, se detallan las numerosas ocasiones en la que dichos medios digitales publicaron informaciones y documentos que sólo estaban en conocimiento de la Dirección Adjunta Operativa y la comisión judicial:

"En el transcurso de la investigación se ha podido constatar, al acreditar una actuación coordinada, que tenían un objetivo claro, acabar con la Instrucción del procedimiento, obstaculizando así el correcto funcionamiento de la investigación".

"A esta actuación coordinada de desprestigio tanto de la investigación como de su investigadores, hay que unirle la inactividad y silencio por parte de la Dirección General de la Policía ante tales denuncias, no realizando los correspondientes desmentidos públicos de las numerosas incorrecciones y acusaciones publicadas y emitidas en televisión a sabiendas de su falsedad (detención ilegal, intervenciones telefónicas ilegales, fabricación de pruebas falsas, etc.), ni actuación alguna contra el Comisario VILLAREJO a pesar de conocer los ataques realizados contra la investigación e investigadores (policías y juez instructor), tanto en persona (denuncias y querellas) identificándose como Comisario en ejercicio, como a través del periódico digital que controla, INFORMACIÓN SENSIBLE".

También expone "la intromisión del D.A.O. en la investigación, así como las dificultades y obstáculos que ha ido materializando en el transcurso de la misma", y hace hincapié en que "siempre la información filtrada salía desde el mismo punto, el entorno de D. José Manuel VILLAREJO PÉREZ".

La Plataforma X la Honestidad enumera prolijamente –a lo largo de los 67 folios de la querella– los casos en que, en uno y otro medio digital, "la intención del periodista es desacreditar la investigación", en vez de informar, con el objetivo de "menospreciar y enfrentar a los dos cuerpos de seguridad" (el CNI y Asuntos Internos de la Policía Nacional).

La campaña mediática de desprestigio de los investigadores coincidió con cientos de llamadas entre los periodistas y los mandos de la Policía

La querella también pone de manifiesto la enorme cantidad (cientos de llamadas a móviles) de comunicaciones telefónicas entre los comisarios e inspectores de las cloacas de Interior y los periodistas que ejecutaban la campaña mediática, justo en los momentos en que se publicaban los artículos de intoxicación, destapando los detalles de cómo se filtraba selectivamente a ciertos medios el contenido de actuaciones declaradas aún secretas por el magistrado.

El medio Información Sensible de Villarejo "va aún más lejos para desacreditar a los investigadores, imputando un delito de Revelación de Secretos a los funcionarios instructores, sin aportar ningún tipo de datos o información que se hubiere filtrado", continúa la querella.

Tras esa intensa campaña, “en fecha 27/03/2015, el Director General de la Policía, D. Ignacio COSIDÓ, finalmente cesa en su puesto al Jefe de la Unidad de Asuntos Internos, D. Marcelino MARTÍN-BLAS, debido especialmente a la presión del Director Adjunto Operativo y el Comisario VILLAREJO PÉREZ". Y una vez más es el medio digital de Villarejo el que conozca esa noticia, "incluso mucho antes que el propio interesado".

En cuanto a la grabación ilegal y su difusión, la querella también enumera las diversas pruebas materiales y circunstanciales que demuestran que se efectuó con conocimiento del DAO y fue puesta en manos de Inda y de su compañero Esteban Urreiztieta, quienes admitieron ante el juez que se la entregó "un alto funcionario del Ministerio del Interior".

Los mandos policiales también cometieron injerencias e intimidaciones contra los integrantes de la comisión judicial

De toda la investigación e la comisión judicial "se acredita una actuación conjunta y coordinada (UNIDAD DE ACCION) del ex comisario VILLAREJO y los periodistas Eduardo INDA y Esteban URREIZTIETA en la distribución física de la grabación ilegal y su difusión" , continúa la querella. Asimismo, se reproducen los informes policiales que concluyen que Fuentes Gago participó de toda esa maniobra delictiva mediante su "ocultación y encubrimiento".

Igualmente, se denuncian las "injerencias e intimidaciones al investigador Rubén López" y a otros funcionarios de la comisión judicial; la "protección de la Dirección Adjunta Operativa al comisario Villarejo" –ocultando sus actividades ilícitas por las que hoy está en prisión–; la obstrucción de la DAO a las investigaciones de la comisión judicial; y las acusaciones y denuncias falsas presentadas por el propio Pino contra los investigadores.

En definitiva, las gravísimas imputaciones contra la cúpula de Interior y sus cómplices mediáticos contenidas en la querella están fundamentadas prolijamente y se corresponden con las conclusiones alcanzadas por la comisión judicial investigadora en su informe final.

Lo sorprendente es que no hayan sido el fiscal y la magistrada que están en estos momentos encargados de la causa quienes hayan actuado judicialmente en base a tan nutridos fundamentos incriminatorios.