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Todo concluyó rápido, en media hora, cuando una turba enardecida capturó a dos hermanos que realizaban una encuesta, los golpearon –a uno le enterraron una varilla en la boca– y los quemaron vivos el lunes pasado a la hora del crepúsculo. La Policía Municipal, rebasada uno a 100, no pudo hacer nada salvo salvar su propia vida. El regocijo demente de algunos de los asesinos los hizo tomarse fotografías con los cuerpos de sus víctimas en segundo plano. De esta manera Ajalpan, un municipio serrano de Puebla, se convirtió en el último punto de putrefacción nacional donde la justicia se toma en propia mano.



Al crimen siguieron cinco horas y media de vandalismo, donde destruyeron instalaciones públicas, saquearon sus oficinas y robaron sus dineros. Lo hicieron hasta que se cansaron, porque la Policía Estatal, que llegó tres horas después de que inició la cadena de delitos, tampoco pudo hacer nada. También “estaban rebasados”, admitió un funcionario estatal. La rapidez como concluyeron los eventos, particularmente el asesinato, comenzó a gestarse días antes, cuando un grupo de personas identificado por las autoridades como críticos sistémicos de los gobiernos, comenzaron a manejar en las redes sociales que había personas que estaban secuestrando a menores de edad para ponerlos en venta.



El lunes, horas antes de morir, acusaron a los dos encuestadores de secuestrar a una niña, por lo que la Policía Municipal se los llevó a la comandancia. La niña no los identificó como sus presuntos secuestradores –no se sabe aún si en efecto existió tal secuestro–, pero de la comandancia decenas de personas que los reclamaban exigieron que se los entregaran. No valió explicación alguna. A los policías les quitaron las armas. A ellos los sacaron al Zócalo de Ajalpan, para su martirio y crimen.



El gobierno y la Policía municipales, rebasados; el gobierno estatal y los policías estatales, también. Una línea de discusión puede centrarse en el uso de la fuerza o, en la salida rápida, expuesta por el gobernador más de un día después del crimen, que por eso es necesario el mando único. De haber existido el mando único, el gobernador debe saber, tampoco se habría evitado el linchamiento. Salida fácil la de los políticos para un problema de fondo. ¿Qué componentes tuvieron que suceder en Ajalpan para que un rumor provocara que centenares de personas participaran colectivamente en un asesinato? ¿Qué presión social se detonó ahí como antes en Canoa, otra comunidad poblana, o en Tláhuac en la ciudad de México, o en tantas otras poblaciones donde la gente toma la justicia por su propia mano?



El fenómeno lacerante para cualquier nación no es nuevo en este país y, en recientes años, hasta se ha hecho una apología de ello. Los grupos de autodefensa civil en Michoacán y Guerrero fueron celebrados por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto como una opción negra para enfrentar a criminales con criminales. Una encuesta realizada por la empresa Parametría en la primavera de 2013 reveló que 56 por ciento de los mexicanos aprobaba el surgimiento de grupos paramilitares para tomar la justicia en sus manos; sólo 22 por ciento los rechazaba. En 2014, en un documento del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública para el Congreso, a la pregunta si estaba de acuerdo o en desacuerdo en que grupos que no pertenecen al gobierno se organicen para armarse y combatan el crimen organizado, 43 por ciento de los encuestados dijeron que sí, contra 39 por ciento que lo rechazaron.



Este tipo de respuestas no tienen que ver con el uso legítimo de la fuerza o el mando único. Es mucho más profundo. El linchamiento de los jóvenes en Ajalpan junto con la estabilidad en el porcentaje de mexicanos que aprueban la justicia por propia mano, habla de la incredulidad en las autoridades y su percepción de que sean capaces de proveer seguridad. La debilidad institucional que se volvió a subrayar en la sierra de Puebla, va junto con el alto porcentaje de personas que no presentan denuncias (96 por ciento) por delitos cometidos contra ellos. No creen en las instituciones; no creen en sus autoridades; no creen en el Estado de derecho. Recurren a la ley de la selva donde sobrevive el más fuerte, porque es la única opción de enfrentar las inseguridades de su contexto y entorno.



Puebla es un caso, no típico, sino prototipo de muchas regiones del país. En lo que va de este año, la Procuraduría General de Justicia poblana tomó conocimiento de cinco homicidios a manos de pobladores en distintas comunidades del estado, a quienes también acusaban de secuestro. De ese total, tres terminaron en linchamientos y pese a que se iniciaron las investigaciones, nadie fue detenido. La inacción de la Procuraduría es un incentivo para quien desea tomar la justicia en sus manos. Vence sus temores con la sed animal de sangre, a la que lleva la enajenación colectiva, y resuelve sus angustias inmediatas, sin pagar consecuencia alguna. La debilidad de las instituciones y su proceder, alimenta la tendencia criminal de sociedades en conflicto que buscan con sus actos salvaguardar su propia existencia. Son patrones de comportamiento que no han sido atendidos. Las autoridades ven la enfermedad, pero no los síntomas. Así, las cosas sólo empeorarán.



Nota: El gobernador electo de Colima, Ignacio Peralta, informó que el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, atendió la instrucción presidencial y le llamó para ofrecerle seguridades. Un grupo de militares fue enviado a Colima para protegerlo.



Twitter: @rivapa



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