Desde el domingo pasado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llena la arena pública con un discurso que a primera vista refleja un compromiso pleno en la defensa de los mexicanos en el exterior, y muestra indignación ante el asesinato de ocho conciudadanos por parte de un supremacista en El Paso. Su retórica escala con los días. Dice que analizan si acusan al asesino por terrorismo, sugiere su extradición y plantea con el interés de saber si Patrick Crusius tenía cómplices, porque el gobierno está preocupado que haya más personas que piensen como él. La secuencia de intenciones es absurda. No porque Ebrard lo sea, sino porque quiere vernos la cara de tontos. De acuerdo con el artículo 19 de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, México no tiene jurisdicción en otro Estado, pero le ayuda al gobierno a desviar la atención de los temas que lo aplastan, la inseguridad y el deterioro económico.

Los señuelos son tragados por muchos, por el horror de la matanza en El Paso y la cercanía con las víctimas mexicanas. Ebrard juega con las emociones, propias de un gobierno que las transmite todo el tiempo para construir el consenso para gobernar, dentro de una aparente estrategia que estimula el sentimentalismo para olvidar otras preocupaciones y angustias. La empatía del gobierno para con las víctimas se traduce en empatía de la sociedad con su gobierno, que ha caminado estos días por un sendero donde no se mete con el presidente Donald Trump, pese al repudio generalizado en su país y el mundo por no comprometerse con una reforma para el control de armas, al tiempo de desplegar juegos pirotécnicos mediante la retórica.

Insistir que quieren acusar a Crusius de terrorismo es una táctica de distracción. La discusión pública sobre terrorismo doméstico en Estados Unidos, como se ha clasificado políticamente el ataque, no significa que vayan a acusar al asesino de terrorista. Estados Unidos tiene una ley sobre terrorismo doméstico, pero las autoridades texanas no tienen necesidad de ser demagogos y tampoco perderán el tiempo con acusaciones que magnifican el homicidio, pero son jurídicamente vulnerables. Crusius fue acusado de homicidio calificado y habrá nuevas acusaciones una vez que concluyan las investigaciones y se presenten a un gran jurado del condado de El Paso. El fiscal quiere imputarle el delito de crimen de odio y pedir la pena capital.

En ningún momento han hablado de acusarlo por actos terroristas. La ley de terrorismo doméstico no incluye en esa categoría a los asesinatos masivos. Un fuerte debate en Estados Unidos es que esta insuficiencia refleja racismo, al calificar a yihadistas como “terroristas” por ser musulmanes, mientras los terroristas estadounidenses son “lobos solitarios”. No existe tampoco una ley internacional sobre el terrorismo, porque no hay acuerdo sobre su definición.

Ebrard dice que para México, Crusius es “terrorista”, y plantea extraterritorialidad. Adelanta querer su extradición, pero es un ardid mediático. Aunque el asesinato no fue necesariamente aleatorio por la amenaza contra los “hispanos” en su manifiesto, los abogados del gobierno mexicano tendrían que probar que Crusius iba directamente a matar a las personas que asesinó. La Fiscalía General, en todo caso, no tiene competencia, y la valoración sobre la acusación chocará con esa realidad.

Todo esto lo saben Ebrard, el fiscal y el Presidente. No son ignorantes ni ingenuos. Es un juego de espejos. Lo más básico de la estratagema es la “preocupación” que haya más personas que piensen como Crusius. Sobra. Ese pensamiento existe desde la colonia en Estados Unidos, que motivó la Guerra Civil que no resolvió el problema, que se arrastró al Siglo XX y no ha cesado. El canciller juega para la gradería en la construcción de percepciones. Que la atención se centre en El Paso, no en México. Los problemas están afuera, no adentro. Regresamos a los 80, cuando el sistema político forzaba a hablar mucho de lo exterior para no hablar de lo interior.

Sin embargo, en el mediano plazo, este discurso podría ser contraproducente para el gobierno. El artículo 139 del Código Penal Federal establece prisión de seis a 40 años y hasta mil 200 días de multa por los delitos que resulten, “al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación”.

Elevar la atención de los mexicanos sobre la posibilidad de acusar de terrorista a quien comete ese tipo de crímenes, abre una puerta en México. Por ejemplo en Minatitlán, donde en abril hubo una matanza de 14 personas confundidas con un grupo de narcotraficantes. Un comando hizo lo mismo que Crusius: utilizó armas largas, disparó aleatoriamente y causó terror. Bajo el criterio de Ebrard, también son terroristas.

Los familiares de las víctimas de Minatitlán podrían acusar a los asesinos de terrorismo de acuerdo con el Código Penal, e ir más allá y acusar de omisión a las autoridades estatales y federales para resolver la matanza, y de probable complicidad del gobierno federal porque no combate narcotraficantes. Crusius y los sicarios son lo mismo, aunque lo fraseen diferente. La estrategia que dice Ebrard seguirá en El Paso, podría ser replicada en contra del gobierno en Minatitlán. No sería este el único caso, pero la verborrea demagoga de las autoridades lo presenta involuntariamente como un posible arquetipo para juicios por terrorismo en México.