Dos vicepresidentes del Gobierno, una infanta y su marido, el que fuera jefe de los patronos, sindicalistas, ex ministros, parlamentarios, consejeros, alcaldes… La cifra, a día de hoy, supera los1.900 imputados en causas por corrupción en España. O dicho de otra forma, Rodrigo Rato, Juan Pedro Moltó, Francisco Granados, Narcis Serra, Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón, Jaume Mata, Maria Antonia Munar, Carlos Fabra, Julián Muñoz, Isabel Pantoja, José María del Nido… ¿Es España un país donde la corrupción política campa a sus anchas?

Según la memoria del Consejo General del Poder Judicial de 2013 Judicial de 2013 los juzgados están colapsados con la instrucción de 1.661 causas que tienen que ver con la corrupción política en todos sus aspectos: de blanqueo a soborno pasando por prevaricación o tráfico de influencias.

Son casi el 70% de los casos considerados de especial complejidad que se investigan en los juzgados. Si afinamos un poco más, miles de esas causas se agrupan en los 302 denominados macroprocesos como la Operación Malaya o la Trama Gürtel, EREs falsos de Andalucía, Caja Madrid, caso Pujol o la Operación Púnica.

En lo que llevamos de legislatura, es decir en los últimos tres años, al menos 170 personas han sido condenadas. Pero la mayoría no han entrado en prisión, ya sea por los pocos años de condena de las sentencias, porque sencillamente fueron inhabilitados o multados o porque la condena está pendiente del fallo de algún recurso pendiente.

Sensación de impunidad por la corrupción

Los inspectores fiscales agrupados en torno a la Organización de Inspectores de Hacienda apuntan a tres como las causas principales de que se haya extendido el fenómeno de la corrupción: “los casos que se descubren se deben a meras casualidades o denuncias” y no por el control del Estado.

Una vez descubiertos, las condenas “que se producen no suponen el ingreso en prisión, salvo algún caso excepcional” y, la causa más llamativa, que nunca se devuelve el dinero porque suele “estar siempre a buen recaudo en los paraísos fiscales, a la espera de que tarde o temprano llegue una amnistía fiscal”.

Un caldo de cultivo que fomenta la sensación de “impunidad”. Hay muchas probabilidades de que la única pena que tenga que sufrir el presunto corrupto sea la llamada “pena del telediario”. Pero, a cambio, el corrupto tiene solucionada su vida”.

Legislación y medios para combatir la corrupción

La opinión pública exige transparencia y el funcionamiento de la Justicia. Y tanto fiscales, jueces como inspectores piden cambios legislativos y acabar de una vez por todas con los indultos y amnistías fiscales que actúan de hecho como una ley de punto y final.

Los que solicitan cambios apuntan directamente a ampliar el plazo de prescripción, introducir el delito de enriquecimiento ilícito o injustificado de cargos públicos durante su mandato y el de financiación ilegal de partidos políticos y agravar las penas por tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios, entre otros.

Defienden asimismo reducir la cuota defraudada en delitos contra la Hacienda Pública, agravar penas por omisión del deber de denunciar y perseguir determinados delitos, introducir una modalidad de delito de obstrucción a la justicia por no remitir al juez la documentación requerida o enviarla incompleta, agravar la desobediencia a la autoridad judicial cometido por funcionario, limitar o prohibir suspender o sustituir penas por corrupción y despenalizar faltas.

Plantean igualmente agilizar que la justicia asegure que los presuntos puedan cautelarmente hacer frente a las responsabilidades pecuniarias desde el inicio de la investigación y “facilitar la actuación contra testaferros” y la colaboración con la Agencia Tributaria, Banco de España, Patrimonio e Intervención, así como mejorar la hasta ahora “ineficaz” Ley de Protección de Testigos y Peritos.

Pero la ley, por sí sola no basta, la corrupción política, como los llamados delitos de ‘cuello blanco’, puede ser altamente sofisticada y se requieren medios materiales y personal altamente cualificado para combatirla. No es una cuestión sólo de alterar los contratos públicos al alza y cobrar una comisión.

Operaciones como la operación Malaya, la trama Gürtel o las investigaciones sobre la fortuna de los Pujol han puesto al descubierto auténticas tramas de ingeniería financiera, multitud de sociedades pantalla y movimientos de cuentas en paraísos fiscales de complicado rastreo o seguimiento

Una lucha asimétrica que solo se combate reforzando o creando las instituciones que actualmente velan por la limpieza y buen funcionamiento del Sistema. En nuestra reciente historia democrática, la corrupción política aparece ligada a la financiación de los partidos políticos, auténticas maquinarias electorales y de poder que consumen una ingente cantidad de recursos y al urbanismo.

Una sombra que ha perseguido a todos los partidos, dado los escasos controles a los que han sido sometidos sus finanzas.

Y más allá de las frases de acusación vertidas contra los jóvenes dirigentes socialistas del recién estrenado PSOE de Felipe González, por haberse nutrido de “combolutos” procedentes de la socialdemocracia alemana (caso Flick) o las presuntas comisiones cobradas por el expresidente Suarez procedentes de la remodelación de los estadios de fútbol con la instalación de los marcadores electrónicos, las primeras vergüenzas del sistema de partidos estallaron en 1979 con el llamado ‘caso Puerta’.

El ‘saqueo de las instituciones’ sale a la luz pública por la denuncia puesta por el socialista Alonso Puerta, ex segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, sobre supuesta corrupción en las contratas municipales del servicio de limpieza urbano. El municipio ‘privatizaba’ servicios que eran adjudicados a contratas privadas. Las comisiones presuntamente iban a la caja del PSOE. Puerta fue expulsado del partido.

El control recaía sobre el Tribunal de Cuentas. Pero resulta complicado creer que este tribunal pueda detectar cualquier tipo de fraude en su labor fiscalizadora. Su prioridad no es luchar contra la corrupción, sino verificar que el presupuesto que se aprueba tiene su destino. Es decir, son más auditores que otra cosa que trabajan con pocos medios. El retraso en sus informes se contabiliza por años.

Además, sus integrantes son designados por el propio parlamento como representantes de los partidos políticos mayoritarios, es decir, sus informes mayoritariamente son un fiel reflejo de la aritmética parlamentaria del momento. Eso por no hablar de el propio escándalo que ensombrece al propio Tribunal.

La carga de la prueba -la honradez tanto del partido como la de sus cargos públicos- recae sobre los principales partidos políticos quienes sistemáticamente se amparan en la presunción de inocencia hasta que una sentencia diga lo contrario para no modificar leyes ni estatus.

Y los escándalos seguían saliendo a la luz, un contable mal despedido, una mujer despechada por un divorcio y la casualidad en una investigación por tráfico de drogas tiró de la alfombra de los tres casos más sonoros en los años ochenta y noventa:

El caso Filesa -financiación irregular del PSOE- el caso Juan Guerra – uso del despacho del vicepresidente del Gobierno para hacer negocios privados y tráfico de influencias- y caso Naseiro -financiación ilegal del PP- que a su vez dio paso a otro juicio donde resultó condenado el constructor burgalés Fernández Pozo en Castilla y León -una comunidad donde por cierto es estrenaba como presidente un bisoño José María Aznar-.

En este clima enrarecido por la corrupción, salpicado además por otros escándalos como el caso Roldán, caso Gescartera o los GAL, Felipe González toma una decisión: La creación de la Fiscalía Anticorrupción. Carlos Jiménez Villarejo dirigía un equipo pionero en Europa para perseguir a los corruptos a través de libros contables, sociedades pantalla y paraísos fiscales.

Han pasado 20 años (se creó en 1995) y los fiscales anticorrupción siguen reclamando más medios. Dieciséis fiscales conforman la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad organizada en Madrid, especializada en perseguir estos delitos.

Anticorrupción también cuenta con tres inspectores de la Intervención General del Estado que fiscalizan los contratos públicos de los casos que recaen en esta fiscalía. Este equipo especializado se completa con dos unidades de policía judicial dependientes específicamente del organismo.

Sin embargo, Anticorrupción se enfrenta a una parte muy pequeña de los delitos de corrupción, entre un 10% y un 20% de este tipo de casos, el resto recae sobre las fiscalías ordinarias.

Su labor, formalmente reforzaba la actividad de la Audiencia Nacional, creada en 1977 como sustitución del Tribunal de Orden Público, que entre otras materias, se encarga de delitos de crimen organizado como terrorismo, narcotráfico, falsificación de moneda, y de delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando conforme a las Leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles. En ella trabajan la mayoría de los ‘superjueces’ que entienden persiguen a las grandes tramas corruptas.

Tres décadas después y ante la magnitud de la corrupción política, los profesionales de la Magistratura reclaman exclusividad en los juzgados. Coinciden en la necesidad de unificar los esfuerzos y los escasos medios materiales, y hacerlo en todos los juzgados, Piden que haya jueces que se dediquen “en exclusiva a este asunto las 24 horas del día”, así como la “revisión y, en su caso, supresión de aforamientos”, al considerar que “entorpecen y ralentizan de forma evidente y clara la instrucción de los procedimientos”.

Una sola policía contra la corrupción

La especialización pasa por ser la base en la lucha contra la corrupción y, necesariamente -los actores coinciden- confluye en la creación de una policía fiscal. En la actualidad, existen hasta 11 unidades en la Policia Nacional y 6 en la Guardia civil, además del personal que maneja la propia AEAT, el Ministerio Fiscal o el SEPBLAC del Banco de España dedicados a perseguir este tipo de delitos. Unas unidades que trabajan de manera “escasamente integrados y coordinados”.

Dentro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hay un Departamento de Delincuencia Económica que a su vez tiene un grupo de delitos económicos, de fraude y urbanísticos y una unidad adscrita a la Fiscalía Anticorrupción.

También hay un grupo especializado dentro del Servicio de Información. En las unidades periféricas hay personas dedicadas a este tipo de delitos dentro de las unidades orgánicas de policía judicial. En total, unos 700 agentes, de los cuales 200 se dedican en exclusiva a corrupción. El resto se ocupan de asuntos conexos como blanqueo o narcotráfico.

Por otro lado, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF) está formada por 299 personas. Teóricamente, cualquier agente de la plantilla de policía judicial (11.500) podría investigar, casos de corrupción, pero no se dedican a ellos con carácter de exclusividad.

A estos profesionales habría que añadir los 189 -altamente especializados- de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude Fiscal (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria y las 60 personas que persiguen el blanqueo de capitales en el Banco de España a través del Sepblac. Esta unidad funciona como la “unidad de inteligencia financiera española”.

Fomentar y premiar la denuncia por corrupción

Los inspectores de Hacienda, en su decálogo, insisten en que hay que generar instrumentos que premien comportamientos de denuncia. En la mayoría de las tramas resulta imprescindible ese ‘colaborador necesario’.

Pero resulta que ese testigo vital acaba siendo un testigo acosado, como en el caso de Ana Garrido Ramos.

Todos los profesionales, magistrados, policías, fiscales abogan limitar los indultos y acabar con los aforados , así como por contar con tribunales y juzgados especializados en asuntos económicos a nivel autonómico e incluso provincial, por potenciar la cooperación jurídica internacional para eliminar paraísos fiscales y por crear “una policía judicial auténtica” y un cuerpo de peritos contables que asesoren a los jueces.

Medios, personal, cambios legislativos… Medidas que dependen de la voluntad política y de un pacto de estado entre las fuerzas políticas para terminar con un problema que crece entre las preocupaciones de los españoles.

De momento, ni está ni se le espera.