CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Hace años Avishai Margalit definió como “sociedad decente” aquella “cuyas instituciones no humillan a las personas sujetas a su autoridad”, y la distinguió de una “sociedad civilizada”, que es aquella cuyos integrantes no se humillan unos a otros. Para Margalit “sociedad civilizada” es un concepto microético que atañe a las relaciones entre los seres humanos, mientras que “sociedad decente” es un concepto macroético, vinculado a la organización social en su conjunto.

Para aclarar el concepto de “sociedad decente” Margalit establece que es necesario averiguar en qué se diferencian las sociedades “decentes” de otro tipo de sociedades, entre las que menciona la “sociedad correcta” (aquella que se atiene a la ley y al debido proceso) y la “sociedad respetable” (aquella que protege la respetabilidad de sus ciudadanos). Sin embargo, a lo largo de su reflexión, la comparación valorativa que más le interesa analizar es la que hay entre la sociedad decente y la sociedad justa.

Margalit señala que una sociedad puede ser justa con sus integrantes, pero ser insensible –indecente– con los que no pertenecen a ella. Un ejemplo que pone es Estados Unidos con “los emigrantes mexicanos ilegales, cuya falta de permiso de trabajo los convierte en siervos, cuando no en esclavos, de los empresarios que los tienen y los ocultan. Estos mexicanos no son miembros de la sociedad”. Al poner el caso de las personas migrantes indocumentadas, aparece el “déficit de decencia” de una sociedad.

Un elemento para valorar la decencia de las instituciones es el uso que le dan a la humillación. Puede existir una acción justa, e incluso eficiente, que resulte humillante, y habla del caso de la distribución de alimentos a las víctimas de la hambruna en Etiopía: aunque todas las personas recibían una justa parte de forma eficiente, la comida se les lanzaba desde un camión “como si los receptores fuesen perros”. La repartición era justa y, aun así, resultaba humillante.

De ahí concluye que no basta sólo con distribuir los bienes de manera justa, incluso eficiente, sino que se debe tener en cuenta el talante con el que se distribuyen. Y Margalit recurre a otro ejemplo: contrasta la distinta distribución de bienes que podría hacer una asociación caritativa y la que haría una instancia de un Estado de bienestar, independientemente de las intenciones; la primera lo haría con una actitud paternalista hacia los receptores, mientras que la segunda lo haría reconociendo el derecho de los beneficiarios a recibir los bienes.

Como buen filósofo, Margalit se plantea varios interrogantes respecto a si para lograr ser una sociedad justa, antes hay que ser una sociedad decente. Él caracteriza ambas, sociedad justa y sociedad decente, como ideales sociales, y pone en duda que la estrategia política encaminada a lograr una sociedad decente sea la misma que se debe seguir para conseguir una sociedad justa. En México la aspiración política ha estado centrada en construir una sociedad justa, ideal que, como bien dice Margalit, es “sublime” pero difícil de lograr. Él cree que el ideal de una sociedad decente se podría alcanzar mucho antes que el de la sociedad justa. Establecer una sociedad decente no implica postergar lo necesario para materializar una sociedad justa.

Margalit dice que es posible describir a las instituciones de dos maneras: la primera es la “abstracta”, que consiste en hacerlo a partir de sus funciones, normas y leyes, y la otra es la “concreta”, que es hacerlo a partir de analizar la conducta real que tienen.

No es novedad que México no es una sociedad justa con sus habitantes, y sin embargo, en estos días de la caravana de migrantes, grupos de ciudadanos mexicanos han salido de sus casas a dar comida y solidaridad a los centroamericanos. Esta conducta nos acerca a convertirnos –a pesar de los horrores que persisten a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio– en una sociedad civilizada, donde unos no humillan a los otros. Pero, ¿cuál ha sido la acción de las instituciones? Una, indudablemente humillante, fue la de rociarlos con un desinfectante, acción que en un sentido estrictamente sanitario no sirve para nada, mientras que en términos simbólicos manda un mensaje muy negativo.

Para ir construyendo, con el compromiso y la paciencia necesarias, la sociedad justa que anhelamos, es indispensable apostar también por la decencia. Andrés Manuel López Obrador ha planteado como uno de sus objetivos modificar la forma de funcionar de nuestras instituciones, y es evidente que una transformación así requiere no sólo un cambio en las personas que las dirigen, sino también en el personal de base que pone en acción sus políticas y programas.

¿Qué se necesita para que un gobierno logre que sus instituciones no humillen a la gente? Por un lado, se requiere que mantenga una escucha atenta y una actitud abierta ante las críticas que se le hagan sobre la indecencia de ciertas decisiones “institucionales”; por el otro, es necesario que impulse una reflexión, con el respaldo de debates en medios, sobre la impostergable necesidad de convertirnos en una sociedad decente, o sea, con instituciones que no humillen a la gente.

Este análisis se publicó el 4 de noviembre de 2018 en la edición 2192 de la revista Proceso.