En medio de la tensión que vive Santa Cruz por los cortes de ruta que encabeza la UOCRA reclamando a Lázaro Báez que pague el dinero adeudado, la gobernadora Alicia Kirchner solicitó al ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich la asistencia "preventiva de gendarmes" y a Vialidad Nacional que rescinda los contratos que mantiene con Austral Construcciones.



Con más de seis localidades sin combustible a causa de los piquetes que protagoniza el sindicato de la construcción, la gobernadora de Santa Cruz reiteró hoy un pedido al ministerio de Seguridad para que se envíen gendarmes a la provincia. Kirchner sostiene que la persistencia del reclamo en las rutas está generando "desabastecimiento" y temen repercusiones negativas en el plano económico por el perjuicio que el reclamo podría generar en la actividad petrolera.



Minutos después, también a través de una comunicado de prensa, el gobierno de Santa Cruz solicitó a Vialidad Nacional, organismo al que Lázaro Báez le reclama $400 millones en certificación de obras, que rescinda los contratos con Austral Construcciones y Kank y Costila, firma que dirige Martín Báez.



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"El Gobierno Provincial solicita a Vialidad Nacional, que tome medidas urgentes para resolver la grave situación y el hartazgo que genera a toda la sociedad santacruceña en su conjunto la paralización de sus obras en la provincia de Santa Cruz", expresa el documento oficial.



Una vez más, Alicia Kirchner responsabiliza a Báez con quien Néstor, Cristina y Máximo Kirchner supieron tender lazos societarios y negocios a través del rubro hotelero. "El corte de las Rutas Nacionales N° 3 y N° 40 por parte de los trabajadores de la Empresa Austral Construcciones y Kank y Costilla lleva al desabastecimiento, y la paralización de la actividad económica y productiva, con consecuencias sociales y de salud negativas por el incumplimiento del dueño de las empresas, el Sr. Lázaro Báez", indicó la gobernación por medio de un comunicado.



Lázaro Báez, titular de Austral Construcciones empresa insignia investigada por lavado de dinero y evasión fiscal, realizó recientemente una oferta a la UOCRA. Un pago para el personal de zona norte el 10 de febrero, para la zona centro el 14 de febrero y a la zona sur el 21 de febrero. El gremio rechazó la propuesta del empresario K y decidió no deponer las medidas de fuerza.



Hoy se encuentra negociando el apoderado legal de la firma, Roberto Saldivia con el sindicato, pero la deuda fue incrementándose con el correr de las semanas y la protesta ya cumplió un mes. Un grupo de de trabajadores de la UOCRA acampa afuera de gobierno en Río Gallegos y señalan desconfiar "de las promesas de Báez", razón por la que no aceptan su cronograma de pagos.

