Una costurera que asegura haber trabajado para la destacada diseñadora Susana Ortiz dedicándose exclusivamente a la confección de prendas para Cristina Kirchner inició una demanda millonaria tanto contra su antigua empleadora como contra la ex presidenta.

Se trata de Belinda Castellano, quien según la documentación, fue contratada por Ortiz en 2008 para dedicarse "exclusivamente a la demanda de los pedidos realizados por aquel entonces la presidente Cristina Kirchner".

"Cuando la Sra. Ortiz me contactó para esta tarea, acepté sin dudarlo; era un honor estar haciendo los trajes que usaría la Sra. Fernández, es así que guardé en un cuaderno todas las telas que iba usando en los trajes que hacía", señaló Castellano en la demanda.

La costurera aseguró que si bien en el taller de Ortiz ubicado sobre la Avenida Callao 1431, en el corazón del barrio porteño de Recoleta, se confeccionaban prendas para "figuras tales como Mirtha Legrand, Susana Giménez, Andrea del Boca", y otras, su dedicación era "100% para realizar los trabajos de ella (Fernández de Kirchner)".

En la documentación, dada a conocer este miércoles por el sitio de noticias Infobae, Castellano refiere a detalles como: "El vestido negro que usó en su segunda asunción como Presidente de la Nación fue hecho en su totalidad por mí".

Cristina en el inicio de su segunda presidencia, en 2011. (AFP)

La costurera sostuvo que la reconocida diseñadora le pagaba en negro y que el taller era "una pequeña sala sin ventanas ni luz". "Nunca me pagó obra social ni SAC correspondiente, ni las vacaciones como dicta la legislación vigente", indica. Y, entre otros detalles, agrega: "Cuando me pagaba el sueldo me hacía suscribir papeles en blanco con mi firma, aclaración y número de documento, en los cuales me afirmaba que completaría después".

Según explicó en 2017 tuvo "un dolor muy fuerte en el hombro derecho" y le solicitó a Ortiz que la pusiera en blanco para tener acceso a un kinesiólogo a través de una obra social. Entonces comenzó el intercambio de cartas documento hasta octubre de 2017, cuando se dio por despedida.

El documento indica que la demanda es de $ 2.353.282, 31 y que la suma corresponde a, entre otras cuestiones, una indemnización por antigüedad, horas extras, salarios caídos y vacaciones no gozadas.