El cabo primero Francisco Javier B. C. ejecutó el 14 de agosto de 2012 su misión más arriesgada. Junto con un amigo, se coló sin autorización en la base naval de Rota (Cádiz), donde había trabajado dos meses antes. Iba de copiloto y vestía ropa militar para despistar los controles.

El intruso penetró en la principal base naval de España - 2.300 hectáreas- por la denominada puerta de Jerez. Fue a mediodía y con un camión Mercedes provisto de una grúa. Se dirigió al muelle 1, donde se almacenaban 6.000 kilos de cable. Y con la ayuda de la grúa, cargó el material eléctrico –valorado en 44.165 euros- y desapareció sin que nadie le dijera nada. La operación duró 45 minutos. El cable sustraído pertenecía a la fragata Victoria de la Armada Española, que estaba a punto de atracar.

Tras pagar a su compinche y copiloto 70 euros por la misión, Javier B. C., de 42 años, huyó a su casa de Puerto Real (Cádiz). Y se puso manos a la obra. Durante cuatro días separó el cobre del resto de elementos con la ayuda de su cuñado. Después, recurrió a cuatro amigos para que colocaran el producto por lotes en chatarrerías. Quería pasar desapercibido. Despistar la mirada policial. En un desguace de Jerez de la Frontera, su insólita empresa se deshizo de 1.740 kilos de cobre (9.222 euros). Más de 1.000 kilos de aluminio y hierro se vendieron a otro establecimiento de San Fernando (Cádiz). Incluso recicló 1.000 kilos de material inservible.

ampliar foto Entrada de la base naval de Rota (Cádiz) en una imagen de 2011. ROMÁN RÍOS

Como consecuencia del robo de cable, la fragata Victoria, una de las más importantes de la flota española, pudo sufrir un incidente de seguridad –sobrecarga, calentamiento y fallo en el suministro de corriente-, según una sentencia del Tribunal Supremo a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

El fallo reconoce que la embarcación, de 137 metros de eslora, recurrió como consecuencia de la fechoría a generadores y tuvo que ser alimentada durante un día con los cables de otra fragata, Navarra, que estaba atracada en la base naval de Rota, de utilización conjunta con EE. UU.

El alto tribunal condena a tres años de prisión a Francisco Javier B. C. por un delito contra la hacienda militar y otros seis meses por atentado contra la defensa nacional por vulnerar las medidas de seguridad en una base militar. La resolución le obliga también a pagar 44.165 euros por el coste del material robado (300 metros de cable, ocho conectores y dos portacables).

La sentencia incluye un voto particular del magistrado Fernando Pignatelli Meca, que cuestiona la apreciación de que el robo fue de “especial gravedad”. Destaca que el fallo no detalla los “perjuicios de especial consideración” provocados por el robo. Y echa en falta una descripción detallada de las medidas de seguridad de la base naval de Rota. Entiende que, al no saberse qué medidas se vulneraron, no se puede agravar la condena por este hecho. Otro voto particular del magistrado Ángel Calderón, presidente de la Sala de lo Militar, cuestiona, además, que se aplique a los hechos la calificación de especial gravedad, ya que el material sustraído, señala, no excede de 50.000 euros. Y añade que no se puede dejar la apreciación de esta agravante a una consideración subjetiva.