La Ciudad de México tiene un nuevo héroe. Parece un ciudadano –y actúa como si lo fuera. Graba a los policías haciéndoles notar que no hacen bien su trabajo. Denuncia y amenaza a otros ciudadanos. Lucha, armado con celular en mano, contra los abusos de propios y extraños en la delegación Miguel Hidalgo, registrando en vivo actos que él –y solo él– afirma contrarios a las leyes, sin importar dónde se encuentren las personas, bien puede ser en la vía pública (aunque sea afuera de sus domicilios) o en su trabajo. Su nombre: Arne aus den Ruthen. Su puesto, según él y Xóchitl Gálvez, jefa delegacional de Miguel Hidalgo: city manager, que textualmente se traduce en “administrador de la ciudad”.

Pero, señoras y señores, no debemos confundirnos: cuando nuestro nuevo héroe transmite desde su celular –o desde un celular pagado por la delegación Miguel Hidalgo (sería bueno que lo aclarara)–, él no actúa como ciudadano. Él es un servidor público, sujeto a un régimen jurídico especial de responsabilidades y sanciones, obligado a cumplir con los deberes que le imponen las leyes. Las mismas leyes que él mismo exige sean cumplidas, ¿paradójico, no?

Entonces, si como ciudadanos tenemos el derecho de hacer todo aquello que no está expresamente prohibido, él, como autoridad administrativa, solo puede hacer aquello que le está expresamente permitido. De eso va, en lo más básico, el principio de legalidad.

Esa exótica figura, representada por un personaje de mucha energía, casi tanta como sus seguidores en redes sociales, despierta sentimientos encontrados y se alimenta del sentir de una sociedad desesperanzada, incrédula y reticente a la ocupación de lo público. Una sociedad que una vez que ha perdido la fe en su sistema jurídico y político, está sedienta de sanciones sociales a modo de venganza contra quienes representan (o se les hace parecer que representan) dos de los problemas que obstaculiza en mayor medida el desarrollo de nuestro país: la impunidad y la corrupción.

Revisamos el organigrama de la delegación Miguel Hidalgo solo para darnos cuenta de lo que muchos sospechábamos: no existe ningún cargo de city manager; sin embargo, nos encontramos con que Arne es el director general de Desarrollo Delegacional. De la lectura detenida de las funciones que dicha dirección general tiene a su cargo se desprende algo que rompería el corazón del más desalmado: levantar conos y estorbos de la calle, o decidir qué conducta viola o no la ley, no es parte de su encargo. Esta información nos debe invitar a preguntarnos: ¿Arne está haciendo aquello para lo que se le está pagando como director general? Ojalá que sí, pues de lo contrario sería, cuando menos, sujeto de responsabilidad administrativa.

Ahora que, si esa persona de apodo anglosajón e ímpetu inquebrantable me pone un celular en la cara, comienza a impedirme el paso, me amedrenta con que es autoridad, con que actuará en consecuencia con la ley, me amenaza con llevarme al juez cívico y además me dice que actúa como city manager y como tal puede documentar sus labores, en pro del “derecho humano a la verdad”… debo respetarlo, ¿no?

Aquí es donde el desempeño –y léase muy claramente, no los resultados– del trabajo de Arne resultan perfectamente inconstitucionales, pues es una autoridad que quiere actuar como ciudadano, pero con inmunidades de servidor público.

Empecemos solo con el hecho de grabar a la ciudadanía:

El artículo 16 constitucional estipula que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Un acto de molestia restringe, de manera provisional o preventiva, un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, siempre y cuando proceda mandamiento escrito girado por una autoridad competente para tal efecto, donde esta funde y motive la causa legal del procedimiento.

Un acto de molestia produce un menoscabo en la esfera jurídica subjetiva (los derechos humanos) de la persona.

El derecho a la propia imagen es un derecho humano, de los también llamados derechos de la personalidad; por tanto, es inalienable, imprescriptible e inembargable.

La captación no autorizada, ya sea efímera o no, de la imagen propia, constituye un acto de molestia.

Ahora bien:

Partamos de la base de que el cargo de city manager no existe.

La Suprema Corte ha establecido que para fundamentar un acto de autoridad, el servidor público debe expresar con toda exactitud el carácter con el que emite el acto de molestia, además del dispositivo, acuerdo o decreto que lo legitime para actuar.

El hecho de que Arne se identifique como city manager, cargo completamente inexistente, deja a la ciudadanía en completo estado de indefensión, ya que no puede conocer quién emite el acto y si es o no una autoridad y si dentro de sus facultades se encuentra la que está ejerciendo en el caso específico.

Partiendo de lo anterior, como las actividades de vigilancia ciudadana que emprende el city manager no se encuentran dentro de sus facultades, los actos que realiza Arne son a todas luces violatorios de la Constitución, y no solo en su forma, sino, ante todo y más preocupante, en su fondo, pues constituye un abuso de poder con el que se transgreden derechos humanos. Ante esto: sí, existen víctimas, y sí, deben ser reparadas en los daños causados.

Es preciso hacer una pausa y separar las cosas. El celular es un poderoso dispositivo de denuncia ciudadana, ya que permite grabar acontecimientos con facilidad y eficiencia. Proyectos como los “Los Supercívicos” demuestran la relevancia de este medio. Sin embargo, el (ab)uso de este medio en manos de una autoridad como es Arne resulta cuestionable, por el estado de indefensión en que coloca a quienes son sujetos pasivos de la grabación y a quienes, en sucesos descontextualizados, se ven dañados en su propia imagen, no solo en el momento, sino después, cuando los videos son compartidos masivamente y los vecinos vapuleados por una audiencia con poca información sobre el caso particular.

Sin duda, que el Estado (en su pura forma de poder coercitivo) grabe a los ciudadanos y los amedrente, sin apego a la ley, trae un tufo autoritario, pues amplía la relación asimétrica entre los ciudadanos y las autoridades; sin embargo, la democracia, por definición, no puede oler a otra cosa que no sea a derechos.

Pasemos, pues, al análisis de las disposiciones en materia de imagen propia.

Para eso tenemos una ley específica, la “Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal”, que llamaremos para fines prácticos, la “Ley de Responsabilidad”.

Para la Ley de Responsabilidad, la imagen es la reproducción identificable de los rasgos físicos de una persona sobre cualquier soporte material. Dicha ley estipula que toda persona tiene derecho sobre su imagen, que se traduce en la facultad para disponer de su apariencia autorizando o no la captación o difusión de la misma. Además, se estipula que la difusión de la imagen de una persona sin su consentimiento expreso es un acto ilícito. Las excepciones a esta disposición únicamente son aplicables si la persona cuya imagen se está difundiendo es notoriamente conocida, es un funcionario público o se trate de hechos de interés público.

Curioso tema el de interés público, ya que el director general de Gobierno y Participación Ciudadana, Obdulio Ávila, acaba de aparecer en una conferencia de prensa de la delegación justificando el actuar de Arne, a través de una interpretación tendenciosa y acomodaticia de la Ley de Responsabilidad, señalando que toda vez que están grabando con fines de interés público, los ciudadanos no podemos más que dejarnos grabar.

Esto es grave. Como autoridad, el interés público debe acreditarse directa y expresamente. El hecho de que Arne documente cómo realiza su trabajo diario no constituye por sí mismo un acto de interés público. No olvidemos que las autoridades están sujetas a un régimen especial y que no son simples ciudadanos comunes, corrientes y de a pie, como nosotros.

Por lo tanto:

Todos podemos disponer libremente de nuestra propia imagen, autorizando o no, su captación o difusión.

Arne captura la imagen de los ciudadanos y la difunde a través de Periscope, en vivo y en directo.

En el momento en que la persona retratada dice “no me grabes” o cualquier expresión similar, está negando expresamente la captura y difusión de su imagen.

Conclusión: La difusión que realiza Arne, a través de Periscope, es completamente ilegal.

Finalmente, un dato que debemos traer a colación. Arne fue candidato independiente a ser delegado de la Miguel Hidalgo, demarcación para la que ahora trabaja y la cual le expidió un nombramiento para que cumpla legalmente sus funciones (las cuales queda en vilo revisar si realiza o no).

Si consideramos, solo como inferencia curiosa, que nuestro acosador de #VecinosGandallas, tiene un interés político claro e indudable: ¿no podría hacernos pensar que este tipo de acciones en espacios libres como el internet, pero presumiblemente auspiciadas por la delegación de referencia (cuando terminan las transmisiones en Periscope, aparece el logo de la delegación y la frase “Miguel Hidalgo es tu casa”), constituyen promoción personalizada y hasta uso de recursos públicos con esa intención?

Lo anterior no sólo transgrediría los artículos Constitucionales primero, párrafos dos y tres, 14 y 16, sino también el 134, que dice que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Como hemos mencionado, los resultados del trabajo de Súper Arne son palpables. Sin embargo, no podemos olvidar qué derechos estamos poniendo en juego y qué estamos sacrificando para que eso pase. Como ciudadanos estamos obligados a cuestionar a las autoridades y a no quedarnos contentos con sus respuestas –vaya, para eso tenemos distintos recursos constitucionales– y más cuando se realizan actos de autoridad justificados en sofismas e interpretaciones acomodaticias de la ley. Que quede claro: ninguna autoridad puede actuar fuera del régimen expreso de la ley. No pueden, por lo tanto, buscar un argumento de respeto y defensa de los derechos humanos atropellando los nuestros.