El informe fue realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Lo curioso es que son organismos que en 2014 firmaron un acuerdo con el Gobierno de San Juan por 2.147.346 dólares para fiscalizar la actividad minera. Es decir, que los autores del reporte sobre el derrame son los mismos que estaban encargados de controlar lo que pasaba en Veladero. O sea que no sólo tenían una relación directa con el Ejecutivo sanjuanino, que está siendo investigado por la Justicia Federal, sino que podrían tener algún tipo de responsabilidad en el derrame. Aún así, el trabajo tuvo amplia repercusión local, en general con una mirada positiva.