El conflicto entre los Metrodelegados y Metrovías empezó en abril (Franco Fafasuli)

La empresa Metrovías anunció ayer que envió telegramas de despido para tres metrodelegados, dos de ellos integrantes de la comisión directiva de la AGTSyP, a raíz de las medidas de fuerza que el gremio realizó en las distintas líneas del subte. Además, la concesionaria del servicio elevó a 171 el número de trabajadores suspendidos.

Ante la difusión de la noticia, en diálogo con Infobae, fuentes de la AGTSyP destacaron: "No fuimos notificados de ningún telegrama de despido. Solo circula un comunicado de Metrovías. En el caso de que sea así, los compañeros en asamblea definirán los pasos a seguir".

En esa línea, la misma fuente consideró: "Entendemos de una gravedad extrema que por realizar medidas que no perjudican a los usuarios se tome una medida de tal magnitud".

Pocos minutos antes de que se iniciara una nueva protesta de la AGTSyP, que consistió en la liberación de molinetes en la Línea C entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche, Metrovías informó que "la persistencia de este tipo de situaciones ha motivado el agravamiento de algunas de las sanciones aplicadas, por lo cual se notificaron tres despidos con justa causa".

El dirigente de los Metrodelegados Néstor Segovia fue detenido la semana pasada

Según el comunicado, los trabajadores fueron despedidos "por haber cometido agresiones e incidentes durante la apertura de molinetes el jueves pasado en la Línea H. Cabe mencionar que estas tres personas ya contaban con antecedentes de hechos similares por los que se los había intimado".

"Debido a los cargos gremiales que ocupan estos empleados, los despidos están siendo notificados a la Justicia laboral a efectos de que la misma autorice la exclusión de su tutela gremial (condición necesaria para que los mismos se efectivicen)", agregó Metrovías.

Los despedidos son un delegado gremial y dos miembros de la comisión directiva de AGTSyP, de los cuales la empresa concesionaria no brindó nombres. Según la agencia NA, se trata de un oficial de Matenimiento de Instalaciones Fijas, un conductor de la línea B y un guarda de la línea A.

Además, la empresa informó que este lunes hizo una nueva presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para que se intime a la AGTSyP "a que cese en las diversas conductas que viene desarrollando desde hace más de 40 días para entorpecer la normal prestación del servicio".

Este martes, la medida de fuerza afectó a la línea C y consistió en el levantamiento de molinetes entre las 17 y las 20 (Télam)

El gremio del subte calificó de "nueva provocación de Metrovías y el Gobierno de la Ciudad" los pedidos de desafueros, y señaló que la decisión se trata de "una arbitrariedad e ilegalidad extrema que por realizar aperturas de molinetes se tome una medida de tal magnitud".

"Claramente esta maniobra de Metrovías, Subterráneos de Buenos Aires y del Gobierno de la Ciudad, es una provocación que tiene como finalidad empujarnos a una acción que interrumpa el servicio de subtes", añadió.

La representación sindical reiteró que el conflicto tiene su origen en que la concesionaria "interrumpió la negociación paritaria que mantuvo los meses de marzo y abril con nuestro sindicato, para firmar a espaldas de los trabajadores un acuerdo insuficiente con la UTA", y exigió su "derecho a continuar la paritaria".

"Expresamos una vez más nuestra voluntad de dialogar para encontrar una resolución al presente conflicto", señalaron los Metrodelegados, que reiteraron a las partes a que "no continúen profundizándolo".

Más reclamos administrativos

Entre las distintas presentaciones que hizo ante el Ministerio de Trabajo, Metrovías solicitó también que se brinde intervención a la Comisión de Garantías para que se califique al servicio de subterráneos como esencial.

"Estas denuncias se suman a 23 presentaciones anteriores en las cuales se han denunciado hechos de gravedad, solicitando en todos los casos que se declare la ilegalidad de las medidas de fuerza", indicó la compañía.

Y agregó que los telegramas notificando suspensiones disciplinarias "ascienden a la fecha a 171", de los cuales un total de 131 corresponden a delegados gremiales que cuentan con tutela sindical, "originados en acciones ilegales tales como la ocupación de instalaciones, apertura de puertas de emergencia y/o liberación de molinetes para facilitar la evasión, o directamente impedir la normal prestación del servicio".

Un aumento cuestionado

El conflicto en el subte comenzó a mediados de abril, cuando los metrodelegados no aceptaron el acuerdo paritario del 15,2% en tres cuotas firmado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con Metrovías y la Subsecretaría de Trabajo porteña, y comenzaron un plan de acción que incluyó paros rotativos en distintas líneas y apertura de molinetes.

A raíz de las interrupciones en el servicio, la empresa Metrovías comenzó a enviar telegramas de suspensión a metrodelegados involucrados, lo cual elevó la bronca e intensificó las medidas de fuerza.

Desde el gobierno porteño y la concesionaria justificaron no convocar al sindicato del Subte a negociar salarios a partir de la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que dejó en pie la anulación del trámite de personería gremial otorgada a los Metrodelegados. Ese procedimiento de compulsa, que define cuál es la organización sindical mayoritaria en el subterráneo, deberá volver a ser convocada.

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