El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu acaba de acordar el archivo de la causa contra diez usuarios de las tarjetas 'black' que estaban imputados por un delito de apropiación indebida y que gastaron en total 333.256 euros. De todos los consejeros y directivos de Caja Madrid que utilizaron estas visas, de las cuales gastaron un total de 15 millones de euros en una década, una decena de ellos dejaron de utilizarla hace más de cinco años y, por tanto, ya no pueden ser investigados.

En el caso de estos diez exconsejeros de Caja Madrid también recibieron las polémicas tarjetas opacas pero por diversas circunstancias dejaron de utilizarlas al poco de recibirlas. Los registros de las tarjetas constan desde el año 2003, y estos miembros de la entidad cortaron su uso el mismo año o pocos años después (constan hasta 2006).

En los once autos redactados por el juez que investiga esta apropiación indebida y administración desleal, se recoge cómo la apropiación indebida (que lleva aparejada una pena de hasta tres años de prisión) por la que estaba imputados tiene un tiempo de prescripción de cinco años. Tendiendo en cuenta que fueron imputados en enero de 2015, el plazo ya ha sido de sobra sobrepasado y, por ley, debe quedar extinguida su responsabilidad.

En estas resoluciones, a las que ha tenido acceso El Confidencial, Andreu explica que “el transcurso del tiempo produce incuestionables efectos jurídicos que transforman determinadas situaciones de hecho en verdaderos estados de derecho. La incertidumbre de la respuesta jurídica no puede prolongarse indefinidamente en el tiempo y mucho menos en el campo del derecho penal por lo que es necesario marcar el tiempo durante el cual se puede ejercitar válidamente el 'ius puniendi' del Estado”.

El magistrado recalca que la prescripción es una “institución” establecida por el legislador por razones de política criminal motivada por la seguridad jurídica y por los fines atribuidos a la pena. Así, recuerda que la prescripción se inicia desde la comisión del delito y no desde el descubrimiento del delito, criterio del sigo pasado que ya ha sido “completamente abandonado”.

Informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción

Andreu adopta esta decisión a petición de los propios imputados y con el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción. Los consejeros que, por tanto, quedan al margen de esta investigación son José Caballero (gastó 19.790 euros); José María Fernández del Río (47.723 euros); Rafael Pradillo (28.682 euros); Domingo Navalmoral (42.966 euros); Elena Gil (72.479 euros); Ignacio del Río (21.029 euros); José Carlos Contreras (23.827 euros); Miguel Muñiz (20.866 euros); Ignacio Varela (35.722 euros); Ángel Rizaldos (20.176 euros).

En esta pieza separada abierta por Andreu dentro de la causa principal por la fusión y salida a bolsa de Bankia, se encuentran como principales imputados los expresidentes de la entidad, Miguel Blesa y Rodrigo Rato. A ambos se les fijó una fianza para poder hacer frente a las posibles responsabilidad pecuniarias que deriven del caso si finalmente son condenados. Al primero se le estableció 16 millones de euros y al segundo, tres millones de euros.

Rato también tiene una fianza de 800 millones de euros a pagar entre Bankia y otros tres directivos por la causa principal, que ha sido abonada, con carácter solidario por la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri. Precisamente, la investigación recientemente abierta que provocó la detención del exvicepresidente del Gobierno tiene, entre sus focos, las sospechas de que ha estado ocultando su patrimonio y moviendo dinero para evitar pagar esa responsabilidad económica en caso de ser condenado.