El exministro de Trabajo del Gobierno del Partido Popular, Manuel Pimentel, en una imagen del 2011.

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado este martes la imputación del exministro de Trabajo y Asuntos Sociales con el PP Manuel Pimentel Siles y otras 24 personas, algunas de ellas ya implicadas en la trama, por su supuesta participación en el caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía.

El dirigente político, que dejó el PP en el 2003, participó en una operación para enajenar una empresa de artes gráficas a la que la Junta tramitó un ERE por un millón de euros y, posteriormente, cuando su sociedad entró en crisis, recibió otra ayuda de 300.000 euros, según Anticorrupción "al margen del procedimiento legalmente establecido" y sin que se acreditara el carácter excepcional de la misma.

FRAUDE Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

En un escrito remitido el pasado 10 de septiembre al juzgado que instruye el caso, la Fiscalía entiende que Pimentel podría haber cometido los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad, tráfico de influencias y fraude.

El atestado de la Guardia Civil que ampara esta petición detalla cómo en el año 2005 se aprobó el plan de liquidación de la empresa de artes gráficas de Córdoba Graficromo SA, que incluía la enajenación de bienes y servicios a favor de la nueva empresa del exministro, Taller de Libros --constituida días antes--, y la extinción parcial colectiva de los contratos de trabajo.

La operación de traspaso escalonado de trabajadores se acordó en reuniones en las que participaron el comité de empresa de Graficromo, Pimentel, en calidad de empresario promotor de la nueva sociedad, y el director de Trabajo Javier Guerrero y el delegado provincial en Córdoba por parte de la Administración autonómica.

PREJUBILACIONES

Tras la liquidación de la empresa Graficromo, la dirección general de Trabajo formalizó con una mediadora del 'caso ERE' un expediente de prejubilación de diez de los trabajadores por importe de un millón de euros, aunque la Fiscalía pone en cuestión la legalidad de estas pólizas, al tramitarse prescindiendo "total y absolutamente del procedimiento legal establecido" y sin que se aplicaran criterios de publicidad u objetividad.

"No existe en todo el expediente ninguna documentación que muestre el mínimo cumplimiento de las normas que regula la concesión de subvenciones", subraya el escrito del ministerio público, que considera por tanto que la ayuda podría ser "nula de pleno derecho".

EL DINERO, EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA

Además, el atestado de la Guardia Civil apunta a que varios extrabajadores llegaron a declarar que el dinero de las pólizas de prejubilación --pagadas a través de Vitalia, una de las mediadoras implicada en el caso-- no se destinó al pago de primas, sino que fue a parar a una sola cuenta bancaria que algunos identifican como vinculada al comité de empresa.

Posteriormente, la empresa de Pimentel presentó concurso de acreedores y se solicitó la suspensión temporal de los contratos de la plantilla. Ante el impago de las nóminas, el delegado provincial de Trabajo en Córdoba y el nuevo director general de Trabajo de la Junta Juan Márquez acordaron "de forma verbal" dar 300.000 euros como ayuda sociolaboral a la empresa Taller de Libros, según consta en el atestado de la Guardia Civil.

OTRAS PETICIONES DE IMPUTACIÓN

Junto a Pimentel, Anticorrupción pide la imputación del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; los tres exdirectores generales de Trabajo (Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera) y el que fuera delegado provincial de Trabajo en Córdoba Antonio Fernández Ramírez, así como de varios responsables de la consultora Vitalia, la mediadora que gestionaba las pólizas de las prejubilaciones, los miembros del comité de empresa de Graficromo y otra persona que actuó como asesor por parte de CC.OO.

Además, la Fiscalía pide que las diligencias referidas a estas empresas sean tratadas como una pieza separada dentro del bloque de las ayudas pagadas por la Junta de Andalucía a diferentes empresas, tal y como se acordó tras la división de la causa de los ERE en piezas singulares.