Los expertos y vecinos alertan de que la proliferación de pisos turísticos y la apertura continua de locales dedicados sólo al ocio están expulsando a la población permanente de los barrios más céntricos

Patricia Rafael

El 23 de junio de 2006, una prostituta de 29 años murió apuñalada por un hombre que la llevaba acosando desde hacía tiempo. El crimen, que ni siquiera entró a formar parte de las estadísticas de violencia de género, no habría saltado a las primeras páginas de los periódicos si no se hubiera producido un viernes por la tarde la madrileña plaza de Santa María Soledad Torres Acosta, más conocida como Luna, y situada a apenas 100 metros de la Gran Vía.

La Asamblea Ciudadana Barrio de Universidad (ACIBU) llevaba años denunciando la degradación de la zona y el día antes del asesinato había publicado en YouTube un vídeo con las pruebas: tráfico de drogas, peleas continuas y toxicómanos consumiendo crack en medio de la calle.

Apenas 10 años después, la plaza y sus aledaños –calles de Corredera Baja de San Pablo, Ballesta, Desengaño, Velarde o Pez– no tienen nada que ver: donde antes había un prostíbulo luego llegó una tienda de ropa cara de diseño, el súper de una franquicia sustituyó a una sala de cine X, uno de los colmados del barrio donde comprar embutido fresco fue reemplazado por un bar con mesas altas y una pescadería dio paso a un restaurante, que también ofrece fiestas privadas en el local aledaño que solía ser una panadería.

Donde los vecinos denunciaban antes la degradación del barrio, ahora llevan tiempo alertando de que la proliferación continuada de locales de ocio, de pisos para turistas sin control y una subida de los precios del alquiler, sumado a la ausencia de dotaciones para la población permanente, está provocando una expulsión de los habitantes a otras zonas de la ciudad y dejando un centro apto sólo para turistas y población flotante. El fenómeno se repite en los barrios de Justicia, donde está Chueca, las Cortes –más conocido como Las Letras–, Palacio -donde está La Latina- y avanza poco a poco en Embajadores, donde se sitúa Lavapiés.

Para unos, es la gentrificación inevitable que recorre los centros de las grandes y pequeñas ciudades, un proceso que convierte zonas degradadas o envejecidas en lugares de moda con la llegada de nuevos comercios, negocios y habitantes.

Para otros, es la absoluta turistificación de los centros urbanos, que, tras la reforma, se llenan de franquicias y servicios pensados sólo para los que pasan apenas unos días en la ciudad.

Para los expertos, son dos procesos que se superponen con los mismos efectos negativos, como señala el arquitecto Álvaro Ardura, autor junto al sociólogo Daniel Sorando del libro First we take Manhattan. La destrucción creativa de las ciudades. “Su consecuencia es el desplazamiento de la población autóctona”, asegura Ardura.

Proceso acelarado

En los últimos años la llegada de plataformas como Airbnb ha acelerado de tal manera estos procesos que los vecinos temen que cuando se tomen medidas sea demasiado tarde. En Madrid no existen datos oficiales. Un informe sobre el sector hotelero presentado en enero por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de la capital menciona “estimaciones” de 8.000 pisos turísticos en toda la región realizadas para 2014 por la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid y el Gobierno regional, de quien depende la regulación de estos apartamentos. Apenas un 10% estaba dado de alta como tal en el Registro de la comunidad.

El grupo de investigación en el que trabaja Ardura, en la Universidad Politécnica de Madrid, ha puesto en marcha una herramienta para estudiar el fenómeno. Realizan barridos por internet en todo tipo de plataformas de casas destinadas al turismo y empiezan a recoger los primeros datos comparándolos con los recopilados en la ciudad por InsideAirbnb –dentro de Airbnb, en español–, una plataforma web que ofrece cifras sobre el tipo de alojamiento que oferta la conocida página de alojamientos en diversas urbes del mundo.

En 2015, InsideAirbnb había contabilizado en el distrito Centro 4.177 registros, de los que 3.023 eran apartamentos completos, 1.097, habitaciones privadas y 57, compartidas. En enero de este año, el equipo de Ardura ha recopilado 6.597 registros: 4.991 son casas completas, 1.542, habitaciones privadas y 64, compartidas. En toda la ciudad, el número de registros pasó de 7.446 en 2015 a 12.226 a principios de 2017.

“Es necesario tomar medidas cuanto antes”, afirma Juan Carlos Ruiz, vecino de Universidad desde hace más de 20 años y miembro de ACIBU. “En un principio hay un tipo de mejoras que convive con los vecinos pero trae una subida del precio del alquiler que hace imposible esa convivencia”, señala.

Paco Díaz llegó al barrio en 1995. “Conocías a todo el mundo, era como un pueblo, y un refugio cuando querías esconderte del bullicio de la Gran Vía”, explica. El asesinato de la prostituta fue el punto de inflexión para que el gobierno municipal, entonces dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, empezara a poner en marcha un plan de remodelación. Comenzó por tirar la plaza de la Luna y construir una nueva, sin el consenso vecinal, cubierta de cemento, sin apenas árboles y con unas escaleras altas y estrechas que con el tiempo los habitantes del barrio han aprendido a sortear.

El tráfico de drogas se movió a otras calles, hasta que Triball, una asociación de empresarios, comenzó a comprar locales en la zona y alquilarlos a diferentes negocios. Su objetivo era convertir la zona en el Soho madrileño. “Triball fue un factor que influyó mucho pero luego el barrio ha seguido su propia dinámica, los alquileres se han disparado, los comercios de proximidad han ido desapareciendo y sólo quedan negocios pensados para los que pasan unos días en el barrio”, subraya Díaz.

En 2011, ACIBU contabilizó en el barrio 543 bares y restaurantes. Año y medio después, en mayo de 2013 ya eran 643, y eso que en 2012, el Ayuntamiento, con Ana Botella al frente, amplió la normativa contra el ruido y acotó nuevas calles como Zonas de Protección Acústica Especial, donde sobre el papel no se pueden abrir nuevos locales de ocio.

Los vecinos denuncian que la normativa no se cumple. “Hay casos como un local que solía ser una tienda de ropa y que ahora es una cafetería, pero lo que tiene es una licencia de barra degustación, que no deja de ser un bar encubierto”, explica Díaz.

En Corredera Baja, zona de protección acústica completa, según la normativa municipal y por tanto donde está prohibido abrir más locales, los vecinos denuncian que bajo la licencia de barra degustación, operan con normalidad un local de comida para llevar y otro ecológica, ambos con mesas en el interior.

El Ayuntamiento rechazó facilitar a eldiario.es el número de licencias otorgadas en los últimos tres años en la zona, así como el número de expedientes de clausura.

La entrada de las franquicias

“Los alquileres siguen subiendo, se destruye el tejido de proximidad y después llegan las franquicias”, vaticina Ruiz, quien describe lo ya visto en otras ciudades. El sociólogo Daniel Sorando tiene bien estudiado el proceso: “En la primera ola de la gentrificación están los pioneros urbanos, clase media que sólo trae beneficios, pero luego llegan otras olas, con los consumidores que van a las franquicias y grandes establecimientos. La gentrificación se convierte entonces en turistificación”.

En La Latina, en el barrio de Palacio, viven este proceso desde hace tiempo, como explica Saturnino Vera, de la Asociación de Vecinos Cavas Costanillas. “Llevamos ya un generación en el barrio, lo hemos ido viendo transformarse pero los últimos años los alquileres han subido de tal manera que ha ido expulsando a negocios de hostelería locales y atrayendo a franquicias que son las que pueden permitirse esos precios”, explica.

Indica que muchos residentes han optado por marcharse a otras zonas y los que no venden los pisos los alquilan a turistas. “En esta zona apenas quedan alquileres de renta antigua, por lo que es raro encontrar edificios enteros destinados a pisos turísticos”, cuenta. Por el contrario, las viviendas son grandes, con tres y cuatro habitaciones, y los fines de semana se llenan de grupos de entre ocho y 10 personas que deciden pasar en Madrid tres días de fiesta.

Entre 2012 y 2015, el distrito Centro perdió un 6,3% de población, según cálculos realizados a partir de los datos del Padrón Municipal. Fue el distrito donde más bajó el número de habitantes, y la cifra supone más del doble del descenso en toda la ciudad, que en este tiempo, perdió un 2,9%. El barrio que más población perdió fue Embajadores, con un 7,9%, si bien Lavapiés es la zona con una mayor tasa de población inmigrante, cuyo número ha bajado de forma considerable en todo el país por los efectos de la crisis. Universidad perdió un 5,7% y Justicia, donde está Chueca, un 4,3%.

En la radiografía del sector hotelero presentada en enero, el Área de Desarrollo Urbano Sostenible señala que “ no parece detectarse en la actualidad un problema de orden urbanístico y por razón de protección del entorno urbano que obligue a tomar medidas para limitar las posibilidades de implantación del uso de hospedaje en la ciudad, como se están planteando otras ciudades como Barcelona”. Allí el Ayuntamiento aprobó una moratoria para la construcción de nuevas plazas hoteleras.

El mismo informe señala que “el desequilibrio” detectado en algunas zonas del centro entre la población flotante y permanente, como es el caso de Sol y las Cortes, hay que entenderla como consecuencia de procesos ordinarios de transformación de determinadas zonas del centro urbano”.

Hace ocho meses el Ayuntamiento puso en marcha un estudio para retratar la situación de los pisos turísticos en la ciudad. “Vemos que es una de las cuestiones que están afectando al precio de la vivienda”, justifica el concejal de Centro, Jorge García Castaño. Los resultados definitivos no estarán listos hasta finales de marzo, pero el responsable municipal señala que de momento están viendo “una importante correlación” del precio del alquiler de los pisos y su uso turístico. De ahí que vea la necesidad de que la Comunidad de Madrid ponga en marcha una regulación al respecto. “Es su competencia y no puede eludir esta responsabilidad”, afirma Castaño.

El Ayuntamiento también tiene prevista una estrategia para "llenar" los espacios vacíos del centro con usos dotacionales y equipaciones que los vecinos vienen reclamando desde hace tiempo, como instalaciones deportivas. Por último, cree que sería necesario, en cuanto las arcas municipales lo permitan, poner en marcha una política de compra de viviendas para ir creando un parque de casas públicas que mantenga a raya los precios.

En Lavapiés, la turistificación apenas ha comenzado pero los vecinos ya perciben la subida generalizada de los precios. “Aunque se ha hecho mucha rehabilitación aquí, aún hay infravivienda pero estamos empezando a ver cómo se está invirtiendo en comprar casas para uso turístico”, afirma Javier Ruiz presidente de la Asociación de Vecinos La Corrala. Explica que su hija se ha ido a vivir a la periferia porque no podía pagarse un alquiler en el barrio donde ha vivido toda su vida.

Para Jordi Gordon, de ACIBU y vocal en la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Madrid-Centro, “lo más grave de todo esto es que si no se toman medidas a tiempo los vecinos de Centro seremos una especie en peligro de extinción”.

El Diario