¿Quiénes son los amigos europeos de Putin? Fredrik Wesslau intentaba explicarlo hace unas semanas en un artículo publicado en la página web del European Council on Foreign Relations (ECFR) (Putin’s friends in Europe). Desde su punto de vista, se trata de una serie de partidos, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda que tienden a ser anti-establishment, con algunos de ellos operando en “los límites extremos del espectro político”. A lo largo del artículo llega a atribuirles el calificativo de partidos “insurgentes”.

Siguiendo el estudio del propio ECFR sobre 45 de estos partidos, entre las organizaciones de “extrema izquierda” que señala Wesslau se encuentran Die Linke (a quien vincula con alemanes de descendencia rusa), Podemos y Syriza, grupos a los que define como “los partidos insurgentes de la extrema izquierda”. Estos partidos de izquierdas no se quedarían, según Wesslau, muy por detrás de los grupos de la extrema derecha en sus posiciones pro-rusas.

El apoyo de los partidos insurgentes a la agenda rusa

¿Por qué preocupan tanto estos grupos políticos a los sectores vinculados al ECFR? Por la “facilitación de la agenda rusa” en Europa, responde Wesslau. A pesar de las diferencias entre estos partidos, “una mayoría de ellos” están positivamente inclinados hacia Putin, “simpatizan con las posiciones rusas” y persiguen políticas que “promueven los intereses de Rusia en Europa”. Según el articulista del ECFR, los partidos insurgentes “están persiguiendo políticas y adoptando posiciones que permiten avanzar la agenda de Rusia en Europa”. Defienden en definitiva políticas fáciles de clasificar: “políticas pro-rusas”.

Es llamativo que en el estudio del ECFR la valoración del carácter pro-ruso de los partidos se base en el análisis de los patrones de voto en el Parlamento Europeo en asuntos tales como la crisis de Ucrania, la situación de los derechos humanos en Rusia o los acuerdos de asociación con Georgia, Moldavia o la mencionada Ucrania. Con escasas excepciones, los partidos insurgentes se oponen a las sanciones de la UE contra Rusia y ninguno de ellos apoya la completa aplicación del acuerdo de asociación con el régimen de Kiev, algo que preocupa al ECFR y a Wesslau. Porque, con ello, Rusia se encuentra con una amplia lista de partidos políticos afines por todo el continente a los que se habría acercado para buscar apoyo conforme se deterioraban sus relaciones con Occidente.

La legitimación de las políticas del Kremlin y la transmisión de lo que se llama “desinformación” es el papel que asumirían estos partidos en Europa, de acuerdo con el discurso reduccionista de los seguidores del ECFR. La utilidad de estos partidos para Rusia es que ayudan a “legitimar las políticas del Kremlin” y evitar su aislamiento internacional. Según Wesslau, las formaciones que señala han contribuido a proporcionar “fuentes convenientes de legitimación a nivel nacional – y en cierta medida internacional”. Menciona, en particular, el envío de observadores a Crimea por parte de un grupo de políticos europeos de partidos de extrema derecha (del FPÖ, VB, FN, Jobbik y la Liga Norte) que participaron en el referéndum como observadores.

Estos partidos contribuyen, en otras ocasiones, a desplazar los debates domésticos de Europa a favor de Rusia. Wesslau señala, por ejemplo, que Nicolas Sarkozy, un miembro de la corriente política dominante, ha adoptado una línea cada vez más comprensiva hacia Rusia, en su intento de aproximarse a los votantes del Frente Nacional de Le Pen. Critica que haya pedido el levantamiento de las sanciones contra Rusia o argumentado que Crimea tiene derecho a convertirse en una parte de Rusia.

Pero los partidos insurgentes contribuyen sobre todo a “amplificar la desinformación rusa”. Wesslau se adentra en la teoría de la conspiración al comentar la “Operación Liza” en Alemania como un ejemplo del papel que juegan partidos como el AfD (Alternativa para Alemania) o Die Linke en esa supuesta política de desinformación. Referencia obligada en cualquier artículo crítico con Rusia, Wesslau menciona a Today (RT) y Sputnik, medios en los que han aparecido Nigel Farage, Geert Wilders y Marine Le Pen, como parte integral de esa política.

El desafío populista al orden liberal en el continente

Pese a un tono abiertamente hostil, el artículo reconoce que Rusia no es responsable de la emergencia de unos partidos que no son “marionetas rusas” ni están sujetos al control del Kremlin. Según Wesslau, actúan basados en la convicción pero desde “una afinidad con las bases ideológicas de la Rusia de Putin”. Detrás de ellos sitúa el auge del populismo en Europa y las simpatías por las “narrativas anti-occidentales y anti-globalización”. En realidad, el elemento que más preocupa a los publicistas del ECFR es que “la hebra de partidos insurgentes anti-UE y anti-OTAN beneficia a Rusia al debilitar el consenso occidental y las instituciones”. Wesslau cita el referéndum holandés sobre el acuerdo de asociación entre la UE y Ucrania, en abril de 2016, como ejemplo de cómo “los insurgentes en la minoría” fueron capaces de obstruir la política de la UE en beneficio de Rusia.

De esta forma, es la política de disrupción y ruptura de estos partidos, “apuntalada por su escepticismo hacia la Unión Europea, la que más contribuye a desestabilizar la política europea”. Todos los partidos son euroescépticos “en diferentes grados”. Las posiciones de estas organizaciones políticas “desafían el orden liberal establecido en Europa”, señala Wesslau. Muchos de ellos trabajan “activamente para deshacer el proyecto europeo” y ven en general con sospecha a EEUU: “quieren reducir su influencia en Europa”. Varios partidos, incluidos AKEL, Die Linke, FPÖ, Amanecer Dorado, KSCM, y Jobbik “también se oponen a la alianza de la OTAN”.

Esta cuestión es decisiva en el análisis de Wesslau, según el cual el atractivo de Rusia para la extrema derecha se vincula “a los valores socialmente conservadores de Rusia, su defensa de la soberanía nacional, y su rechazo del internacionalismo e intervencionismo liberal”. En la izquierda, además de “un vínculo nostálgico con la Unión Soviética”, lo que resultaría atractivo en Rusia sería la antipatía “hacia la globalización y su reto al orden capitalista internacional dominado por los EEUU”. Ambas partes, derecha e izquierda, tienden a ver a Rusia “como un contrapeso a los Estados Unidos”.

Controlar el apoyo ruso a los partidos insurgentes, en especial en la dimensión económica

De partida, la manera en que, según el think tank, Moscú utiliza a los partidos para legitimar su propia narración y difundir la desinformación es un motivo de seria preocupación para el ECFR, que acusa a los partidos de convertirse, de forma voluntaria o no, en apoyos a una política exterior rusa que consideran cada vez más firme, tajante y hostil hacia Occidente.

En el contexto del incremento de las tensiones con los gobiernos occidentales, la medida en que Rusia pueda apoyar directamente a los partidos insurgentes se ha convertido, por ello, en una cuestión de creciente importancia para el establishment al que apoya el ECFR. Wesslau menciona, de forma específica, la difusión de los correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata como un posible intento de intromisión de Rusia en la política estadounidense. No importa que no haya prueba alguna para demostrar la participación rusa en tales actos.

También se hace referencia al caso de los préstamos rusos a Marine Le Pen como posible ejemplo de que Rusia pudiera estar ganando influencia en los partidos simpatizantes en Europa a través de la financiación. El dinero actúa como un facilitador, señala Wesslau. Pero, aunque afirma que este tipo de actividad normalmente pertenece al mundo de los servicios de inteligencia, reconoce que hay poca evidencia sólida de apoyo encubierto de Rusia a estos partidos.

Pero hay otro elemento central en la voluntad de controlar a los partidos insurgente: “los líderes europeos deben reconocer que lidiar con el populismo doméstico”, y su política anti-establishment, “es el mayor desafío” al que se enfrentan.

El ECFR y la distorsión de la vida democrática

Detrás de los planteamientos del ECFR está la defensa de un orden político aparentemente irrevocable. Y aquí llega el elemento central de la amenaza que lanza el ECFR. Según Wesslau, los partidos insurgentes tienen derecho a tomar posiciones que se alineen con las de Rusia pero dentro de lo que define como “los límites de la política democrática”. Esta política sería incompatible con “las acciones encubiertas de Rusia para apoyar a estos partidos” y con la difusión de una desinformación que “socava la base democrática de las sociedades europeas”.

Sin embargo, lo que realmente socava la base democrática en Europa es la introducción de dos supuestos delitos, uno en la dimensión política y otro en la informativa, que no encuentran engarce alguno en los principios que sustentan la democracia en Europa. Porque, desde el punto de vista político, ¿en qué consiste exactamente el delito de asumir posiciones pro-rusas? Y, en la dimensión informativa, ¿en qué altera el principio del derecho a la información, o de expresión de las ideas, la defensa de posiciones opuestas a las del ECFR en temas que pueden afectar a Rusia? Esto es particularmente evidente en materias que, como sucede con la oposición al nuevo régimen ucraniano, simplemente pueden reflejar el rechazo a determinadas prácticas golpistas, el recurso a la fuerza militar, la persecución de los partidos políticos de oposición o la rehabilitación de fuerzas que colaboraron con el nazismo, el fascismo y el franquismo.

También forma parte del absurdo vincular cualquier posición política común a una subordinación al Kremlin entre partidos que no comparten ni ideología ni modelos de sociedad. En realidad, lo que une a partidos como Die Linke, Syriza o Podemos, con proyectos en ocasiones cercanos a los de la socialdemocracia tradicional, a grupos como el FN francés o el FPÖ austriaco es puramente circunstancial. El principal nexo de unión es precisamente el haber sido catalogados como enemigos, o al menos enemigos en potencia, por ideólogos como los del ECFR, lo que hace a esos partidos susceptibles de sufrir prácticas de exclusión política, por el supuesto delito de oponerse al “orden liberal establecido”. Un orden que este tipo de ideólogos tratan de aislar, no ya de las críticas y de reformas amparadas por la ley, sino incluso de la simple consideración y reflexión racional.

En sus propuestas para limitar la influencia del Kremlin en Europa, Wesslau señala que los organismos europeos encargados de hacer cumplir la ley deberían dar prioridad a investigar el apoyo encubierto ruso a los partidos populistas. Propone igualmente que los gobiernos europeos consideren la posibilidad de publicar inteligencia sobre este tema, señalando que los votantes tienen derecho a ser informados sobre quienes están votando; o que introduzcan una regulación más estricta de la financiación de los partidos políticos, sobre todo cuando esa financiación proceda de fuentes extranjeras. Además de aumentar los requisitos de transparencia en relación con la financiación, Wesslau señala que una aplicación más estricta de la legislación nacional sobre corrupción y lavado de dinero también contribuiría a contrarrestar las transferencias ilegales de dinero.

Respecto a este conjunto de medidas, no habría otro matiz que introducir que pedir que también se aplicaran a los distintos Estados (Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Alemania principalmente), sus servicios de inteligencia y los grandes grupos económicos de presión acostumbrados a condicionar el devenir de los países europeos. Frente a ellos, el poder de Rusia para influir en su ciudadanía no deja de ser una mera anécdota.