Trabajo Garantizado o, siendo más rigurosos, Empleo Garantizado (EG, en adelante) parte de la premisa de que si bien es cierto que hoy día en nuestras sociedades hay muchísimas personas que no están ocupando ningún puesto de trabajo, también es cierto que hay mucho trabajo por hacer en nuestras comunidades. Que no haya empleo no quiere decir que no haya trabajo. Es profundamente absurdo y contraproducente en términos económicos y sociales que mantengamos inactivas a personas que pueden y desean trabajar mientras las necesidades de nuestros conciudadanos y de nuestro medio ambiente no estén cubiertas. En la actualidad necesitamos que cuiden de nuestros mayores, de nuestros hijos y de nuestros enfermos, que aumenten los serviciosde ocio, deporte y cultura, que se cuiden las infraestructuras, pavimento y fachadas de muchos barrios de nuestras localidades, que se reforesten enormes extensiones de terreno, que se cuide la fauna y la flora de nuestro entorno, que aumenten y mejoren los servicios sanitarios, que sedefienda a los grupos discriminados y a los más vulnerables, que se construyan y mantengan centros de producción de energía renovable, que se habiliten edificios para ganar en eficiencia energética, etc…

Por lo tanto, con un EG el Estado ofrece un empleo a cualquier persona que esté preparada y dispuesta para trabajar, sin importar su experiencia profesional, cualificación, sexo, renta o edad (Mitchell, 2013). Se trata de crear un puesto de trabajo acorde a las habilidades y conocimientosdel desempleado en cuestión, y/o de procurarle la formación necesaria para llevar a cabo el tipo de actividades que haya decidido realizar –dentro de unos límites previamente fijados– (Minsky, 2008). Las tareas llevadas a cabo en el EG generalmente no deben competir con las actividades realizadas por el sector privado y por el sector público tradicional. Allí donde al empresario privado no le resulta rentable llegar y allí donde el Estado no ha decidido llegar, el EG encuentra su ámbito de aplicación. El control público permite reducir la discriminación racial, sexual y de cualquier otro tipo, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito privado donde resulta más complicado supervisar al empleador en cuestión.

El Estado se encarga de remunerar el trabajo directamente mediante un pago a la cuenta bancaria del participante del EG, de forma que se eviten intermediarios y tentaciones perversas en la gestión del dinero. La retribución no es sólo salarial, sino que incluye también otros pagos no salariales como cotizaciones a la Seguridad Social, ayudas para transporte, permiso por vacaciones, por paternidad y maternidad, por enfermedad, etc. Mientras la financiación se centraliza en el Estado, la gestión y aplicación de los programas de empleos corresponde a las administraciones públicas locales y a las instituciones sin ánimo de lucro, que son las mejores conocedoras de las necesidades sociales y económicas concretas de las localidades, así como las que mayor experiencia tienen en el terreno (Tcherneva, 2012). No obstante, todo ciudadano u organización civil tiene derecho a proponer y decidir sobre el diseño concreto de los programas de empleo.

Al mismo tiempo que se logra el pleno empleo se satisfacen multitud de necesidades sociales, económicas y ecológicas. Los beneficios del EG son innumerables: producción de bienes y servicios (y por lo tanto aumento del PIB), generación de renta y riqueza, alivio de la pobreza, más y mejores construcciones comunitarias y redes sociales, mayor estabilidad social, política y económica, alivio de las enfermedades sociales derivadas del desempleo (problemas de salud física y mental, maltrato conyugal, consumo de drogas, delincuencia, etc; Cook et al, 2008; Wray y Forstater, 2004), además de otros numerosos multiplicadores sociales. El impacto económico y social global es superior a la suma de los impactos individuales debido a las sinergias y círculos virtuosos que se generan en un ambiente de mayor cohesión y paz social (Murray, 2013).

De hecho, algunas estimaciones apuntan a que cualquier programa de EG tiene un coste económico inferior al coste que supone lidiar con los problemas derivados del desempleo a través de prestaciones sociales como las de desempleo, ayudas a familias sin recursos, apoyo psicológico, servicios penitenciarios, etc (Harvey, 1995; 2011).

El salario en cualquier programa de EG ha de ser uniforme y debe establecerse a un nivel que permita unas condiciones de vida dignas (Minsky, 2008; Mitchell y Watts, 1997). La uniformidad es condición indispensable para evitar la competencia a la baja en los salarios, logrando que ese nivel de remuneración haga las veces de salario mínimo por debajo del cual ninguna persona trabajaría en el sector privado al tener la posibilidad de acogerse a un programa de EG de mejores condiciones. Los empleadores del sector privado se ven obligados a ofrecer salarios iguales o superiores a los ofrecidos en el EG, logrando así acabar de facto con todos los puestos de trabajo en los que no se garantizan condiciones laborales dignas. Algunos autores sugieren la posibilidad de que dentro del EG haya más de un tipo de remuneración (dos o tres), de forma que se pueda distinguir por niveles de experiencia y cualificación (Kaboub, 2013; Harvey, 2013), al modo en el que se hace en la esfera pública convencional. Según su visión, lo importante para evitar la competencia a la baja en los salarios no es que éstos sean uniformes, sino que sean fijos en cada uno de sus tramos.

Como consecuencia de la aplicación del EG buena parte de la economía sumergida afloraría, puesto que muchas actividades ocultas y que no se benefician de los derechos laborales vigentes serían abandonadas al existir una alternativa de empleo garante de derechos y estable (Wray, 2012). Ello aumentaría la recaudación tributaria del Estado, tanto por la vía de reducción de la economía sumergida como por el incremento en el número de trabajadores y del consumo derivado del mismo. Por otro lado, el EG logra reducir el coste por prestaciones de desempleo y otras ayudas públicas, de forma que el impacto en el saldo fiscal es menor de lo que a primera vista podría parecer.

Otros beneficios derivados de la aplicación del EG es que los participantes del programa mantienen y/o desarrollan sus conocimientos y habilidades (a diferencia de lo que les ocurriría estando desempleados), lo que permite a) incrementar la productividad del trabajo y b) mantenerse preparados para acceder a puestos más cualificados y de mayor remuneración (Mitchell, 2013). Cuando los empresarios del sector privado necesiten contratar a nuevos trabajadores, pueden acudir a la cartera de participantes del EG. Esto ocurrirá en períodos de expansión económica. En cambio, en tiempos de recesión ocurrirá el proceso contrario: los empresarios despedirán a sus trabajadores y éstos tendrán la posibilidad de acogerse a un programa de EG, donde no perderán sus hábitos y prácticas. Las oficinas actuales del desempleo pasan a convertirse en oficinas de empleo, donde efectivamente conectan demandantes de empleo con oferentes.

Referencias bibliográficas

Cook, B., Mitchell, W., Quirk, V. Y Watts, M., (2008). Creating Effective Local Lbaor Markets. A New Framework for Regional Employment Policy, Centre of Full Employment and Equity, Newcastle, Australia.

Harvey, P. (2013). “Wage Policies and Funding Strategies for Job Guarantee Programs”, en The Job Guarantee. Toward True Full Employment, editado por Murray, M. Y Forstater, M., Palgrave Macmillan, Nueva York.

Kaboub, F. (2013). “The Low Cost of Full Employment in the United States”, en The Job Guarantee. Toward True Full Employment, editado por Murray, M. Y Forstater, M., Palgrave Macmillan, Nueva York.

Minsky, H. (2008). Stabilizing an Unstable Economy (2nd ed.), McGraw Hill, New York.

Mitchell, B. (2013). What is a Job Guarantee?, artículo publicado en Billy Blog el 5 de mayo de 2013.

Mitchell, W. Y Watts, M. (1997). “The Path to Full Empoyment”, en The Australian Economic Review, 30(4): 436-443.

Murray, M. (2013). “Effective Demand, Technological Change, and the Job Guarantee Program”, en The Job Guarantee. Toward True Full Employment, editado por Murray, M. Y Forstater, M., Palgrave Macmillan, Nueva York.

Tcherneva, P. (2012). “Evaluating the economic and enviromental viability of Basic Income and Job Guarantee”, en Environment and employment: A Reconciliation, edited by Philip Lawn, Routledge, Londres.

Wray, L. y Forstater, M. (2004). “Full Employment and Social Justice”, en The Institutionalist Tradition in Labor Economics, Editado por Champlin, D. Y Knoedler, J., Sharpe, Nueva York.

Wray, L. (2012). Modern Money Theory. A primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems, Palgrave Macmillan, Nueva York.

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