En plena precampaña electoral, el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido prorrogar hasta 2017 las concesiones de cinco sondeos y futuras plantas de gas en el Parque de Doñana. Se trata de las perforaciones bautizadas con los nombres en clave de 'Melo Norte 2', 'Tejones 1', 'Palancares 3', 'San Juan R2' y 'Asperillo 3'. Ninguna de ellas cuenta con informes de impacto ambiental, lo que según los técnicos de Medio Ambiente consultados, “es una auténtica barbaridad”.

Todas las prospecciones están en la zona de las Marismas y Rebujena, en un área especialmente protegida como es el Parque de Doñana, y fueron autorizadas en los años 2007 y 2008 por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero sin los preceptivos informes de impacto ambiental. La entonces ministra del Medio Ambiente, Cristina Narbona, y los sucesivos responsables de Industria, Joan Clos y Miguel Sebastián, entendieron que bastaba con la autorización de la directiva del Parque de Doñana para acometer los sondeos y disponer, en una segunda fase, la eventual explotación del gas.

El expresidente del Gobierno, Felipe González, amante de la naturaleza e históricamente vinculado al Parque de Doñana, donde solía pasar sus vacaciones, mantenía entonces su influencia sobre la junta del Parque, de la que fue miembro. Paralelamente se vinculó a Gas Natural como consejero de la empresa, lo que explicaría la facilidad para obtener los permisos y licencias de los ministros del PSOE sin las evaluaciones de rigor. En 2006, el actual grupo Gas Natural-Fenosa había adquirido por 30 millones de euros la empresa Pretroleum Oil and Gas España, S.A., cuyo objetivo principal era la explotación de los hidrocarburos del delta del Guadalquivir. En 2012 González anunció su renuncia como consejero del grupo energético.

Ahora, antes de que expiren los plazos de las concesiones y los adjudicatarios se vean obligados a sellar sus pinchazos y retirar los lodos, el Ejecutivo del PP se ha apresurado a renovar los permisos de las cinco perforaciones mencionadas. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha evitado dar la cara y explicar por qué renueva los permisos sin los preceptivos informes de impacto ambiental. En la disposición publicada en el BOE el martes pasado con la firma de la directora general de Política Energética y minas, María Teresa Baquedano Martín, se limita a recordar que ninguno de los proyectos cuenta con informe de impacto ambiental por decisión de sus predecesores.

Los ingenieros y expertos en Medio Ambiente consultados por cuartopoder.es, entre los que está Francisco Blanco, de la Junta de Andalucía, coinciden en que estamos ante "un nuevo despropósito que puede desembocar en una agresión irreparable". Quizá para curarse en salud, el ministro Soria señala que las instalaciones futuras (plantas de almacenamiento y conducciones de gas) deberán contar con los permisos municipales y autonómicos preceptivos y que esas obras sí someterán a evaluación ambiental, como si la obligación de cumplir la ley tuviera que publicarse todos los días en el BOE.

Por otra parte, y como si quisiera sumarse a la Marcha por el Planeta que se celebra el domingo en Madrid y en otras capitales del mundo, antes de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático que comienza el lunes en París, el Ejecutivo ha ampliado por decreto el control voluntario de las emisiones de CO2 a empresas de sectores no definidos (“difusos” les llama) que deseen obtener la “huella del carbono” y se comprometan a reducir las emisiones. Si lo hicieran, recibirán 9,7 euros por tonelada de CO2 que no expulsen a la atmósfera. El Gobierno estima que esos “sectores difusos” emiten 100 millones de toneladas de CO2 al año y que la venta del derecho de emisión les puede resultar interesante. Según el Observatorio de la Sostenibilidad, “algunas empresas reciben dinero sin merecerlo” y otras compran las cuotas de emisión a 7 euros la tonelada, demasiado barata para que la reducción de gases nocivos llegue a ser efectiva.