13 Octubre 2019 04:09:00

La conexión Moreira-Moreira y los $10 millones a Humberto

Escuchar Nota

El mundo es un pañuelo. Un hermano de Humberto Moreira, Rubén, concedió a finales de 2017 un fíat para ejercer en el Distrito Notarial de Saltillo a un hermano del magistrado que, el pasado jueves, acaba de fallar a favor del exgobernador de Coahuila en su demanda contra Sergio Aguayo, en la Ciudad de México.



Seis días antes de concluir su mandato, el 24 de noviembre de 2017, el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, otorgó la patente de aspirante a notario a Jean Paul Huber Olea Contró, originario del Distrito Federal y sin experiencia laboral en la entidad.



Luego el 28 de noviembre del mismo año, 48 horas antes de concluir el sexenio, se creó la notaría 124 expresamente para él con su publicación en el Periódico Oficial, sede en la capital del estado y domicilio en la colonia San Patricio, como consta en el reporte de visitas emitido por la Dirección de Notarías, con fecha del 1 de octubre de 2019.



Hasta aquí no habría mayor inconveniente más allá de la prisa y el desaseo administrativo. Pero resulta que un hermano del beneficiario, Francisco José Huber Olea Contró, también abogado, acaba de sentenciar en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el 10 de octubre la demanda interpuesta por el exgobernador Humberto Moreira contra el investigador del Colegio de México, Sergio Aguayo, condenando a este último a pagarle 10 millones de pesos al exmandatario por un presunto daño moral, originado en publicaciones periodísticas en los diarios Reforma y El Siglo de Torreón.



Si en la película Cadena de Favores un círculo virtuoso se genera cuando se practica una serie de actos altruistas individuales para hacer del mundo un lugar mejor, en la “realpolitik” mexicana el círculo es vicioso. Favor con favor se paga.



En este caso, literalmente, de hermano a hermano y de hermano a hermano. No en vano la propaganda electoral de 2011 decía –con cierta dosis de socarronería– que, en Coahuila, “todos somos hermanos”.



Existe una teoría sociológica denominada “seis grados de separación”, cuya idea central es que cualquier persona del planeta puede estar conectada con otra desconocida, a través de una cadena de conocidos que no tiene más de cinco intermediarios.



Aquí, sin embargo, el vínculo es directo. De Moreira a Moreira, y de Huber Olea Contró a Huber Olea Contró.



¿Casualidad, o causalidad?



Si bien ya no se podría recusar en este momento al magistrado Francisco José Huber Olea Contró, es decir, obligarlo a separarse del asunto al poner en duda su imparcialidad, al respecto sí se podría cuestionar la relación entre un exgobernador (hermano del demandante) que regala discrecionalmente una notaría, y el notario (hermano del juzgador) que se beneficia del regalo del exgobernador. ¿Se extingue esta en el acto, o es de tracto sucesivo, o sea, prolongada?



Alguien podría argumentar que la resolución se votó a favor de Humberto Moreira en forma unánime y, por tanto, los otros dos magistrados de la Sexta Sala Civil (Delia Rosey Puebla y Miguel Ángel Mesa Carrillo) respaldaron el Proyecto 377 del ponente, toca 957/2019. Nada extraño, considerando que suele ser habitual en los órganos colegiados judiciales del país, donde pocas veces hay discrepancia de criterios.



El punto es que la sentencia del 26 de marzo de 2019, dictada en el Juzgado Décimo Sexto Civil de la Ciudad de México e integrada en el expediente 265/2017, se revocó en segunda instancia, resultando “fundados y operantes” los agravios expuestos que se resumen de la siguiente forma:



“Sergio Aguayo Quezada, en abuso al derecho de libertad de expresión, utilizando palabras, frases, expresiones insultantes por sí mismas, insinuaciones insidiosas y vejaciones innecesarias para el ejercicio de la libertad de expresión, ha causado daño moral a la parte actora, Humberto Moreira Valdés, afectando su honor”.



Y en 10 millones de pesos estimaron los “daños punitivos”. Así, 30 meses después de un litigio que comenzó el 30 de marzo de 2017, Aguayo será notificado mañana 14 de octubre y si no ejercita una acción civil, contará solamente con cinco días para pagar.



Cortita y al pie



De nuevo, como se hizo en este mismo espacio el 8 de septiembre, es pertinente recordar la tesis constitucional XLI/2010 que resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual fija el alcance de los derechos al honor, la privacidad y la intimidad en las “personas públicas o notoriamente conocidas”, quienes “deben resistir mayor nivel de injerencia en su intimidad que las personas privadas o particulares”.



“La protección a la privacidad o intimidad, e incluso al honor o reputación, es menos extensa en personas públicas porque aquellas han aceptado voluntariamente, por el hecho de situarse en la posición que ocupan, exponerse al escrutinio público y recibir, bajo estándares más estrictos, afectación a su reputación o intimidad (…) Por ende se someten al riesgo de que sus actividades o su vida privada sean objeto de mayor difusión, así como a la opinión y crítica de terceros, incluso aquella que pueda ser molesta, incómoda o hiriente”.



La última y nos vamos



Por lo demás, “en una democracia las sentencias se discuten”, ha dicho en otro contexto el presidente del INE, Lorenzo Córdova.



A fin de cuentas el pleito Moreira-Aguayo no se trata de un conflicto entre particulares donde terceros no debemos asomarnos, sino de un tema que toca la relación entre personas públicas y periodismo, y lo más importante: el interés legítimo por parte de la sociedad para recibir –y de los medios de comunicación para difundir– información en aras del libre debate público.



Dicho en otras palabras: concierne a todos, no solo a quienes ejercemos el oficio

de escribir.