Seguro que conocen ese viejo chiste emblemático sobre el uso de la paradoja semántica: un cliente entra en un bar y pide un café sin crema; el camarero le contesta que no tienen crema pero que, a cambio, le propone servirle un café sin leche.

En su comparecencia ante el Parlamento Europeo, la Comisaría de la Dirección General de Comercio, la responsable por la negociación del TTIP, Cecile Malmstrom, no ofreció nada y pareció, sin embargo, que éramos nosotros los que nos habíamos abstenido de pedir algo. La comparecencia tenía por objetivo conocer los planes de la Comisión respecto a los ISDS, los mecanismos de resolución de disputas entre Estados e inversores que está causando tanta perplejidad como rechazo.

Se suponía que la comisaría propondría o una revisión general del concepto mismo o cambios importantes respecto a la propuesta original. Ni lo uno ni lo otro. Los cambios en los ISDS podrían haber sido una primera respuesta al rechazo generalizado que se puso de manifiesto en la propia consulta que la Comisión convocó a finales de 2014 y cuya conclusiones se conocieron en noviembre. Se recibieron más de 150.000 respuestas -la consulta más importante de cuantas ha celebrado la Comisión-, de las cuales mas del 97% fueron abiertamente negativas.

Hay que decir que desde que se conocieron los datos de la consulta la Comisión mostró su faz de mala perdedora y relativizó los resultados y su lectura. Malmström hizo lo mismo ante los europarlamentarios/as. Dijo que cuando se estudiaban los datos de las personas que estaban más informadas, el rechazo era más matizado. Y, por si acaso, minimizó la importancia de este tipo de acuerdos. Según ella, la mayoría los pierden las empresas y, de hecho, muchas demandas no llegan siquiera a ser consideradas. Ni sobre una cosa ni sobre otra ofreció datos la Comisaría. Nos quedamos sin saber qué dijeron en la consulta de la Comisión las personas más informadas y tampoco qué datos tiene la Comisión para minimizar la importancia real de los ISDS.

Según un estudio de Amigos de la Tierra, la ciudadanía europea ya ha pagado 3.500 millones de euros a empresas por este procedimiento.

La señora Malmström dejó claro que este mecanismo de resolución de disputas permanecería en el Tratado y no tuvo en consideración las objeciones de la izquierda. Para ella es suficiente argumento que los ISDS ya existan, como para tener que aceptarlos.

Dejó claro también que no aceptaría líneas rojas del Parlamento y que el Tratado firmado con Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) no será modificado.

Las ideas de trabajo que sometió a la consideración de los eurodiputados/as se articulan alrededor de la idea de incrementar la seguridad jurídica de estos tribunales y garantizar un margen de maniobra para la capacidad del legislador de seguir legislando en materia de políticas públicas. Incluso propuso algunas cosas que parecían nuevas pero que ya habían sido enunciadas antes de la consulta: por ejemplo, el principio del que pierde paga, para disuadir a las empresas de entrar en esta vía; la puesta en marcha de mecanismos que eviten que las empresas reestructuren sus inversiones para acogerse al Tratado y poder usar este mecanismo; o, por último, garantías que aseguren la probidad, competencia y coherencia jurisprudencial de los procesos en el marco de los tribunales de arbitraje.

Así es que pese al rechazo evidente y a la contrariedad de muchos, la Comisaría solo desempolvó las viejas recetas suponiendo que aceptaríamos que se trataba de cosas nuevas. Sostenella y no enmendalla, como los rancios caballeros del siglo de oro en España.

Sugirió, eso sí, en un gesto a la bancada socialista, que ella era partidaria de un Tribunal Internacional para la resolución de este tipo de disputas con todas las garantías de los Tribunales Internacionales. Para a continuación añadir que no le parecía realista pensar que eso se podría solventar en este acuerdo. Quizá en otro momento.

Conviene, por lo tanto, ser conscientes de que de aquí a Mayo, fecha en la que la Comisaría dijo que su DG dispondría de una propuesta, queda un importante camino de rechazo y de visibilización del mismo a este procedimiento tan antidemocrático como inútil.

Y este es el quid de la cuestión, las mentiras alrededor del TTIP en general y sus posibles efectos mágicos sobre la deprimida economía europea y sobre su ineludible necesidad en términos de seguridad jurídica de las inversiones.

En primer lugar, los ISDS no son necesarios porque hay otros miles de acuerdos firmados sin esta cláusula y sin que las inversiones se hayan visto mermadas o afectadas. En segundo lugar, porque las empresas ya disponen de mecanismos para proteger sus inversiones. En tercer lugar, porque lo que queda profundamente comprometido con este tipo de instituciones off shore es la capacidad de los Parlamentos de legislar de manera diferente a cómo creen que debería hacerse por parte de las grandes empresas. Los ISDS son una salvaguarda para las empresas frente a eventuales cambios de gobiernos que no acepten el trágala del doloroso arsénico de las políticas de privatización, liberalización, equilibrio presupuestario y austeridad. Por la mañana, un diputado croata de la derecha había expresado con inusual sinceridad y crudeza que se esconde tras estos tribunales especiales: necesitamos los ISDS -había dicho el rancio europarlamentario- para evitar las intromisiones de los Parlamentos en los negocios. Nada mas que añadir.

En cuarto lugar, porque es incomprensible en términos democráticos la existencia de un procedimiento que vulnera, por completo, la idea de la autonomía de la comunidad política, eje fundamental del ethos democrático, al colocar en una situación de excepcionalidad institucional la resolución de los conflictos posibles en la esfera económica.

En quinto lugar, porque estos tratados y sus contenidos van mucho más allá de establecer procesos y reglas para armonizar el comercio, y el impacto de sus medidas sobre la vida de las gentes trasciende la lógica de los negocios.

El modo en el que se están desarrollando estas negociaciones pone de relieve la connivencia en un escenario global de empresas e instituciones conjuradas para poner la economía y la política al servicio de las grandes empresas y de las grandes fortunas. Pero no es la única conclusión posible.

También nos muestra, por el camino, las posibilidades de amplísimas convergencias sociales y políticas alrededor de temas centrales para la vida de las gentes, como es el caso del TTIP. Nos dice también que el marco institucional de la UE debe ser modificado de raíz para asegurar una legitimidad democrática de la que ahora carece. Se acabó el cuento de que la Comisión es la garante del proceso de integración supranacional. En la actualidad la Comisión es fiel intérprete de las exigencias de los gobiernos y exquisitamente sensible a las demandas de las grandes empresas. El mantra neoliberal que comparten una buena parte de los funcionarios de alto nivel de la Comisión hace el resto.

Pero el Parlamento, por su origen, se ha politizado y recoge hoy expresiones y demandas que incomodan a los que quieren seguir usando las instituciones europeas como justificación de sus políticas de ajuste. En la comparecencia a la que hacemos referencia la izquierda alternativa representada por el GUE (grupo político en el que se integran IU o Podemos) dejaron claramente de manifiesto su voluntad de mandar este tratado al cubo de la basura de la historia.

En una charla reciente alguien nos regañó por ver este asunto de una manera negativa o no tener una alternativa construida. La respuesta es que, a veces, avanzar, como decía Walter Benjamín, ya no es seguir alimentando la caldera del tren de la historia sino tirar con fuerza de los frenos de emergencia antes que todos y todas descarrilemos.