En México, el acceso al trabajo en condiciones justas y equitativas es considerado, desde el año 2011, como un “derecho humano”: irrenunciable, no cancelable y, sobre todo, de protección obligatoria para todas las autoridades.

Sin embargo, en el caso de Querétaro, donde vive María Vianney Martín del Campo, el modelo se invierte: aquí, con tal de no reconocer sus derechos laborales, las autoridades encargadas de proteger los derechos humanos en el estado le fabricaron un delito que nunca existió.

A dos años de los hechos, María Vianney, y otras 13 personas despedidas sin justificación por la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, mantienen el reclamo de ser reinstaladas en sus puestos laborales, de los que fueron retiradas por motivos tales como exigir el pago de horas extra, estar embarazada o, incluso, convalecer de alguna enfermedad.

“Yo era visitadora regional de la Defensoría en el municipio de San Juan del Río –explica Vianney, en entrevista–, tenía personal a mi cargo y contábamos con oficinas. Trabajábamos bien, todos cubríamos el perfil profesional requerido. Pero en los primeros meses de 2015, el entonces titular de la Defensoría, Miguel Nava Alvarado, me pidió que le ampliara el horario al personal a mi cargo, sin ninguna compensación.”

En ese entonces, detalla, “nosotros mismos realizábamos las labores de limpieza diaria de la oficina, no nos daban ni papel de baño, nosotros lo teníamos que comprar con nuestro dinero, y la gente que tenía empleada en la oficina regional ganaba muy poco dinero, como 5 mil pesos. Entonces, me parecía injusto ampliarles el horario hasta las 8 o 10 de la noche, sin un pago de horas extra.”

Pero ese no era el único fundamento para oponerse. “Yo le aclaré a Nava Alvarado que esa decisión ponía en riesgo al personal, porque esa era una zona delictiva, pegada a la carretera, sin iluminación pública, en donde deja de haber transporte público en la noche, entonces, le pedí que al menos gestionara que una patrulla hiciera rondines, para dar seguridad al personal. Pero Nava me dijo que ampliarles el horario era una orden, y me pregunto si la iba a cumplir o no. Yo me negué.”

Cinco días después de esa discusión, el 6 de mayo de 2015, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro presentó una denuncia penal por “robo de vehículo sin violencia” en contra de Vianney, e inmediatamente después la despidió “por falta de probidad”.

Todo fue un montaje, como después quedaría demostrado.

“Ese día llegamos todos a trabajar, y nos encontramos con que habían cambiado la chapa de la oficina. Nos despidieron a todos, ni siquiera pudimos sacar nuestras pertenencias personales. En ese momento, yo acudí a la Defensoría, para entregar el vehículo oficial que tenía asignado en resguardo, para mis labores como visitadora, pero la gente de la Defensoría no quiso expedirme ningún papel en el que se reconociera la entrega del auto.”

Vianney decidió denunciar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Querétaro que no les habían permitido acceder a su centro de labores, lo que representaba un despido injustificado de facto, y puso el vehículo a disposición de este tribunal laboral.

Al mismo tiempo, la Defensoría de Derechos Humanos estatal presentaba la denuncia penal en contra de Vianney, por el delito de robo de auto.

Nueve meses después, en febrero de 2016, la juez de control Mónica Esther Razo Mechaca, del Sistema Penal Acusatorio, determinó que nunca existió el delito que se imputaba a Vianney y, por lo tanto, resolvió que no sería sometida a juicio penal alguno.

Al desestimar las acusaciones, la juez subrayó distintas irregularidades en las que incurrió la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, para fabricar la imputación de robo: en primera instancia, el organismo denunció que el supuesto delito ocurrió el 6 de mayo, sin embargo, la juez demostró que en esa fecha, Vianney aún era empleada de la Defensoría, y por lo tanto seguía vigente el acuerdo mediante el cual le fue asignado el vehículo oficlal para que realizara sus labores.

De hecho, la juez constató que Vianney fue informada oficialmente de su despido más de dos meses después, hasta el 10 de julio de 2015.

En palabras de la juez, Vianney “no fue debidamente notificada (sobre la terminación de la relación de trabajo (…) por lo tanto, se encontraba vigente el contrato laboral que existía entre ella y la parte ofendida (la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro), así como su obligación de resguardar y tener a su cuidado el vehículo”.

Asimismo, la juez comprobó que desde que le fue impedido el acceso a su centro de trabajo, Vianney puso el vehículo a disposición del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y, peor aún, confirmó que la Defensoría fue convocada por el tribunal laboral para que recibiera el vehículo, y que el organismo se negó a que la devolución se concretara.

“Tres días antes de la fecha acordada para la devolución –explicó Vianney–, la Defensoría informó que ya no quería la entrega del auto, porque el Ministerio Público estaba conociendo de la investigación, es decir, se negaron a recibir el vehículo, para tener un pretexto para decir que me lo había robado.”

Oficialmente, la falsedad de las acusaciones formuladas contra Vianney quedó demostrada desde el 12 de febrero de 2016, pero un año y medio después, ella sigue esperando “no sólo la reinstalación en mi cargo, sino que se reconozca que nuestros derechos humanos fueron violados por la Defensoría de Derechos Humanos, es decir, que haya un reconocimiento y una reparación del daño”.

El presente

El 17 de febrero de 2016 (cinco días después de que se comprobara la inocencia de Vianney), al frente de la Defensoría de Derechos Humanos que de Querétaro fue nombrada una nueva titular, Roxana de Jesús Ávalos Vázquez.

Con este relevo en la Defensoría, “esperábamos que hubiera una solución –afirma Vianney–, esperábamos que esto se resolviera, porque confiábamos en que no habría interés en encubrir los errores del anterior ombudsman, sino, en todo caso, de corregirlos. Pero nos equivocamos, yo y las otras compañeras despedidas injustificadamente. La actual titular del organismo tampoco ha querido hacer nada.”

Consultada al respecto de estas denuncias, la actual presidencia de la Defensoría informó (mediante un posicionamiento de dos párrafos) que el organismo “tiene 14 demandas laborales ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, de las 17 que teníamos, por lo tanto, estamos a la espera de que el Tribunal emita una determinación en cada uno de los asuntos, respetando en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento”.

Sin embargo, Vianney desmitió tal disposicion. “Aunque la demanda laboral fue interpuesta en 2015 –explica–, dos años después, el juicio laboral ni siquiera ha iniciado, porque la nueva ombudsman ha empleado una estrategia dilatoria”.

El paso previo para que inicie un juicio laboral, detalló, es que se practique una reunión conciliatoria entre las partes. Y en estos dos años, la Defensoría ha diferido en tres ocasiones esa plática conciliatoria.

Por lo tanto, como ese trámite no se ha cumplido, yo no he podido acceder a mi audiendia de ley, es decir, al inicio formal del proceso laboral.”

Con esta estrategia de la Defensoría, “esto se ha alargado dos años, y aún si iniciara hoy el juicio laboral, no sabemos cuánto pueda durar, y este es tiempo en el que la violación a nuestros derechos se mantiene”.

Además, lamentó, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se negó a investigar si el organismo estatal violó los derechos fundamentales de estas trabajadoras, “y nos remitió al Órgano Interno de Control de la misma Defensoría de Querétaro, que fue el área a través de la cual fabricaron pruebas en nuestra contra. Es decir, para las autoridades del país, la Defensoría de Querétaro debe ser juez y parte, es algo totalmente absurdo”.