Ante el tamaño del problema y la complejidad de este, los gobiernos locales han solicitado ayuda al gobierno federal para poder inhibir el secuestro o la desaparición, pues sus cuerpos policíacos están rebasados, o totalmente corrompidos por los criminales que les llegan a pagar el doble de lo que reciben como policías oficiales. En respuesta, el gobierno de Peña Nieto le ha encargado a la Procuraduría General de la República darle celeridad a los casos. Sin embargo, la dimensión de las desapariciones es muy grande. En Noviembre de 2014, días después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, anunció diez medidas para hacer frente a esta crisis, entre las que destacan: