EL PAíS › PANORAMA POLíTICO

Por Luis Bruschtein

En forma esporádica pero recurrente la corrupción pasa a convertirse en la columna principal del relato crítico al Gobierno. Es un discurso que no llega a impactar contra los argumentos de los que lo apoyan, porque éstos se sostienen en otros temas, como los derechos humanos, las políticas sociales o la integración regional y varios más. En esas situaciones, los argumentos en contra y a favor no se cruzan y por lo tanto no dialogan ni se convencen.

El discurso antagonista salva esa distancia explicando que lo único que le interesa a este gobierno es robar y que todo lo demás es relato, cosmética, mentira. Pero los que apoyan son protagonistas de muchas de las medidas del Gobierno, desde comerciantes que estaban antes al borde de la quiebra, jubilados que habían sido desplazados por las AFJP y luego incorporados a la jubilación estatal, desocupados que consiguieron trabajo e incluso los que han visto juzgar y condenar a los represores de la dictadura o miembros de minorías de género u opción sexual. Para ellos cada una o alguna de esas medidas han sido muy concretas, les han cambiado la vida.

Se genera así un efecto de espejo. Si esas medidas de gobierno no son mentiras –el negocio está bien, tengo trabajo, tengo jubilación, los represores están presos–, entonces lo que sí son mentiras son las cosas que los críticos dicen que son verdad. Si se busca sensibilizar a partir de las denuncias de corrupción como único argumento, este discurso termina por generar descreimiento en un gran sector. No es que se consienta la corrupción, sino que no se cree en el torrente de denuncias que se difunde.

La poderosa intervención de los grandes medios afecta esa lógica en alguna medida y puede hacer daño por su efecto masivo y repetitivo. Pero los medios no necesitan probar una denuncia ante la Justicia para hacerla creíble. Daría la impresión de que les resultaría mucho más difícil si tomaran como eje para sus críticas a las políticas sociales del Gobierno, las de derechos humanos, de integración regional u otras, en vez de elegir la corrupción como eje. Cada vez que el discurso opositor derivó hacia alguno de esos temas puso al desnudo argumentos mezquinos, de baja calidad democrática y en general representativos de pequeños sectores. Cada vez que se dio, ese debate favoreció al Gobierno.

La elección de la denuncia de la corrupción es una decisión política, pero además tiene que ver con la calidad de la denuncia y los mecanismos de convencimiento que tienen los medios. En los otros terrenos el efecto de los grandes medios tiene menos penetración porque se trata de políticas masivas que tienen consecuencias masivas y verificables de manera individual. Cada quien puede conocer algún resultado de las políticas de inclusión, de distribución del ingreso o de ampliación de derechos. En esos casos, la realidad virtual puede ser confrontada con una realidad concreta y pierde fuerza, pasa a ser parte de una escenografía.

En cambio, la realidad virtual puede prevalecer en temas que son amenazantes o lesivos para un grupo social –lo cual lo predispone– y cuya existencia real o su escala no puede ser comprobada ni por cada persona ni por ese grupo sin la intermediación mediática. A diferencia de las políticas masivas, un acto de corrupción no puede ser conocido si no es a través de los medios. Pero si hay una decisión política tan enfática, porque en otros temas tiene menos ventaja, lo que puede aparecer, más que la comprobación de un acto de corrupción, es una construcción mediática, algo que está forzado, que está construido como si fuera la realidad, sin serlo. Así, un lenguaje mediático que sirve para interpretar y representar la realidad se utiliza esta vez para recrearla por la necesidad de explotar al máximo una temática. Y de esta manera la construcción mediática se transforma en operación política.

Antes del actual intento mediático de vincular a Néstor Kirchner con actos de corrupción a través del empresario Lázaro Báez se escribieron toneladas de papel sobre un supuesto acto de corrupción del vicepresidente Amado Boudou con relación a la empresa Ciccone Calcográfica. Si alguien cometió un delito de corrupción tiene que ser castigado por la Justicia. No se trata aquí de plantear la inocencia de Boudou ni de nadie. De lo que se trata es que la campaña periodística nunca pudo demostrar su culpabilidad y que la elección del vicepresidente para realizar esa campaña fue una decisión política. La investigación periodística parecía abrumadora por su volumen pero no terminaba de probar su hipótesis. En ningún momento pudieron probar que Boudou se hubiera favorecido en alguna transacción. Para eso hubieran tenido que demostrar que el vicepresidente o un testaferro suyo eran los dueños de The Old Fund o los financistas de Ciccone Calcográfica. No habían podido probar la parte más importante, pero el volumen de lo difundido y su repetición permanente en todos los grandes medios corporativos dejaba la sensación opuesta.

Finalmente, el Gobierno ejecutó la deuda que Ciccone tenía con la AFIP y estatizó la empresa para la fabricación de papel moneda. No pagó un peso de más. Quienes fueran los dueños no salían favorecidos en nada. Todo lo contrario. Algún obstinado llegó a afirmar que el Gobierno había tomado esa decisión estratégica solamente para tapar todo. Pero al poco tiempo, el banquero Raúl Moneta exigió una indemnización, ya que reconoció que era él quien había financiado a The Old Fund –un sello que sí pertenecía a Alejandro Vanderbroele– para controlar a Ciccone. La irrupción de Moneta terminó por neutralizar toda la campaña mediática, que fue languideciendo a partir de allí. De todos modos, cuando hablan de ese caso, la oposición y los grandes medios dicen que la investigación fue parada por el Gobierno cuando la defensa consiguió cambiar a un fiscal que había sido influenciable por los medios. Pero no dicen que cualquier presunción de culpabilidad de Boudou perdía fuerza con la estatización de la empresa y con la irrupción de Moneta como el verdadero financista.

Vanderbroele trabajaba para Moneta y no para Boudou. Los agujeros que tenía la investigación periodística eran evidentes desde antes, pero el caudal de notas y el ametrallamiento permanente por parte de los grandes medios los tapaba.

El disparador del caso anterior fue la ex mujer de Vanderbroele. El disparador del caso Lázaro Báez fueron dos testimonios que después se desdijeron: confesaron que mintieron para dirimir problemas de negocios, en un caso con supuestos deudores y en el otro para perjudicar a un ex empleador suyo. Y la única documentación fueron un papel a nombre del hijo de Lázaro Báez, la venta de la casa de los Kirchner en Santa Cruz a la empresa de Báez y una sociedad donde Kirchner puso el terreno y Báez construyó un edificio de departamentos. Si Lázaro Báez evadió al fisco, deberá ser juzgado y castigado. Pero todo el montaje no fue para encarcelar a Báez por evasión, sino para tratar de mostrarlo como testaferro de Kirchner. En realidad, demuestra lo contrario, porque si hubiera sido así, Kirchner se hubiera cuidado de no aparecer en ningún negocio con Báez. Y son dos negocios chicos (la venta de una casa y un terreno) sin ninguna relación con fondos públicos. Han gastado tinta y saliva para hablar de los negocios de Báez (que tiene muchos con su constructora) y no importa que no hayan podido comprobar que sea un testaferro, porque los grandes titulares y la multiplicación de cada artículo y de cada anuncio crean la sensación de que fue así. Cuando la Justicia no encuentre pruebas responsabilizarán al juez.

Estos dos casos son paradigmáticos porque no les interesa demostrar que existe corrupción pública, un problema que es necesario desterrar. Van más allá, porque buscaron involucrar al vicepresidente y a un ex presidente para instalar como paradigma ejemplar que cualquier política que transgreda los marcos estipulados por el poder económico es tan marginal que solamente puede estar motivada por el latrocinio. Cuando se elige la denuncia anticorrupción como herramienta central de cuestionamiento a un gobierno es porque cualquier otro plano no les sería favorable. Pero además, la moraleja de esta campaña de los grandes medios sería que el progresismo o las políticas de cambio están bien para exhibir en la vitrina del cristalero o para declaraciones testimoniales pero cuando alguien las impulsa en la realidad, sólo puede tratarse de un marginal y un ladrón.