Dicen los geólogos que la naturaleza repartió minerales valiosos a uno y otro lado de la Cordillera de los Andes. Chile convirtió esa bondad en el principal sustento de su economía, pero la Argentina comenzó a transitar ese camino muchos años después y a los tumbos debido a las marchas y contramarchas políticas. Al tanto de esa situación, y en línea con su política de "normalizar" la economía, el gobierno de Mauricio Macri se propuso destrabar en su gestión más de 40 proyectos mineros de mediana y gran escala con la intención de que se pongan en marcha antes del final de su mandato.

La tarea es titánica, pero el premio también es grande: según los números que maneja la Secretaría de Minería, a cargo de Daniel Meilán, los proyectos mineros con un grado de avance importante, pero demorados o frenados en el último tiempo, podrían destrabar inversiones por US$ 20.000 millones para producir oro, plata, cobre, potasio y litio.

Meilán compartió la lista con el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y ambos se lo comentaron a Macri. El secretario les mostró un papel que suele llevar encima. Indica que el proyecto Pachón, que hoy maneja Glencore -una compañía transnacional con origen en Suiza- fue descubierto en 1962 y aún está lejos de producir cobre, aunque tiene recursos probados. Según la mirada oficial, las demoras en el desarrollo de la minería tienen que ver con las cambiantes políticas económicas, que le infundieron temor a un sector que sufre especial aversión por el riesgo.

A fines del año pasado, Macri dio la orden de avanzar en gestiones para allanar el camino. Desde ese momento el titular de Minería intentó convertirse en un articulador que habla con funcionarios de otros países, ejecutivos de compañías multinacionales y gobernadores con vistas a facilitar la llegada de inversiones.

En lo que va del año, Meilán viajó a diversos países para encontrarse con ejecutivos de compañías con operaciones en el país. Estuvo en Canadá, epicentro de la minería internacional, y desde diciembre pasado fue cuatro veces a Chile, con cuya frontera la Argentina comparte Pascua-Lama, una mina de oro y plata en la que Barrick invirtió más de US$ 3000 millones y luego frenó debido a sus problemas financieros y conflictos ambientales del otro lado de la Cordillera, que la enfrentaron con las autoridades.

Potasio Río Colorado también está en la lista de Meilán. El proyecto original implicaba un desembolso de U$S 6400 millones, del que ya se hizo una parte sustancial. Hoy está paralizado.

Antes de dar la orden prominera, Macri hizo un trabajo de alto costo político: eliminó las retenciones a las exportaciones del sector, que se sumó al levantamiento del cepo cambiario y la luz verde para enviar utilidades al exterior.

La oposición y sectores ambientalistas cuestionaron que la primera de esas decisiones favoreció a "grupos concentrados" de la economía. Para defender la decisión, una planilla que circula en el Gobierno muestra que el costo fiscal de la eliminación de retenciones fue de US$ 128 millones, pero permitió un incremento de exportaciones por US$ 1325 millones debido a la extensión de la vida útil de los proyectos en marcha.

Después de varios años de precios bajos, el mercado internacional comenzó a darle mejores señales. Tras el Brexit, los inversores más conservadores corrieron a refugiarse en el oro, que elevó su precio a los US$ 1350 la onza. Se trata de un recurso bien esparcido en el subsuelo sanjuanino.