Cuando Arantxa Mejías y Sonia Martínez descubrieron que el piso de protección oficial en el que viven, en los populosos barrios madrileños de Carabanchel y Vallecas, respectivamente, habían pasado de pronto a manos de dos de los actores más poderosos de Wall Street —nada menos que Blackstone y Goldman Sachs— no se quedaron cruzadas de brazos lamentando su mala suerte, sino que se pusieron de inmediato en marcha para combatir una de las operaciones más polémicas de todas las emprendidas por el Partido Popular (PP) para hacer frente a la crisis.

El pulso entre estas jóvenes indignadas y los gigantes de Wall Street con muy buenos contactos en España podía parecer una broma en 2013, pero tres años después se amontonan los argumentos de los que creen que la operación, impulsada en paralelo por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento —en aquel momento ambos bajo control del PP— aún puede revertirse o hasta perseguirse en los tribunales por la vía penal: la Cámara de Cuentas ha redactado sendos informes demoledores denunciando múltiples irregularidades, el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid se ha tomado muy en serio el caso, el nuevo Gobierno del Ayuntamiento de Madrid quiere llegar hasta el fondo de las responsabilidades y las organizaciones de inquilinos insumisos siguen movilizadas y muy bien arropadas por abogados de prestigio y grupos anticorrupción.

“Este patrimonio se levantó con el esfuerzo de todos los madrileños y no puede ser que en lugar de servir a los que lo necesitan se convierta en un negocio fabuloso para fondos de Wall Street”, sostiene Mejías, de veintisiete años, uno de los motores de la asociación de vecinos que se oponen a la operación por la que Blackstone se quedó su piso en pleno verano de 2013. Su valentía puede resultarle carísima: ahora el fondo quiere echarla de su piso sin ninguna explicación y pese a que nunca se ha retrasado en el pago de los recibos, una demostración más de que el cambio de titularidad no tenía nada de inocuo para los inquilinos por mucho que así lo proclamara en su día el equipo de la entonces alcaldesa, Ana Botella.

El lote adquirido por Blackstone en Madrid es de 1.860 viviendas, la mayoría de alquiler con opción a compra, como la de Mejías, que paga un “alquiler social” de 700 euros por el piso en el que vive, en la calle de Jacobeo de Carabanchel, con sus padres y su hermano. Según sus cálculos, en poco más de ocho años han pagado ya más de 70.000 euros y ahora han descubierto que el Ayuntamiento de Madrid —a través del ente de vivienda, EMVS— vendió su piso a Blackstone por apenas 65.000. “Sólo queremos que nos permitan ejercer el tanteo y retracto porque en estas condiciones el piso ya lo hemos más que pagado”, destaca. Pero en lugar del derecho al tanteo y retracto, lo que le ha llegado en cambio es una comunicación instándole a marcharse a final de este mes.

Sonia Martínez, de Vallecas, se encontró con una situación parecida con el organismo de la Comunidad (IVIMA), que vendió a Goldman Sachs casi 3.000 viviendas de protección oficial, con la diferencia de que ella ni se plantea la posibilidad de ejercer la opción de compra: “A mí me interesa el alquiler, pero lo que no concibo es que un parque público de vivienda se regale a precio de saldo a un fondo de Wall Street y, además, en un momento de máxima emergencia social, con tanta gente con dificultades por acceder a un techo”, explica la activista, muy vinculada a la constelación del movimiento del 15-M y una de las animadoras de la organización de inquilinos que combate la operación y que incluso la ha llevado a los tribunales.

Ambas denuncian prácticas de la nueva gestión encaminadas a que los inquilinos se vayan marchando para que los fondos puedan ir disponiendo de las viviendas sin el corsé de las cargas sociales heredadas, y reubicadas en última instancia en el mercado de venta libre: aumento desproporcionado de las tasas para los servicios comunes, exigencia de contratación de seguros, tretas para dificultar el pago y alegar luego incumplimientos...

Blackstone, que gestiona las viviendas que fueron del Ayuntamiento a través de la sociedad Fidere, niega que haya modificado las condiciones, pero un muestreo de contratos analizados por la Cámara de Cuentas comparando la situación de antiguos y nuevos inquilinos observa diferencias significativas, como súbitos aumentos de los gastos comunes de entre el 143% y el 194%, así como el incremento progresivo de la renta mensual que abonar, que llega a escalar en algunos casos hasta el 42% en tres años. “La presión va surgiendo efectos y muchos inquilinos se han ido marchando”, lamenta Mejías.

En los tribunales

La venta del parque del IVIMA a Goldman Sachs está ahora en el punto de mira del juez Ignacio Bigeriego, que con el apoyo del pugnaz fiscal Carlos García-Berro trata de aclarar si las múltiples irregularidades advertidas por la Cámara de Cuentas —falta de justificación de la operación, dudoso encaje legal, incumplimiento del pliego de condiciones, opacidad y falta de transparencia, valoración con elementos arbitrarios, entre otras— tienen repercusión penal o esconden algún trato de favor. El juez ha pedido, por ejemplo, conocer la vinculación de Bussola 99, sicav de la familia del que fue consejero de Vivienda de la Comunidad Pablo Cavero, con Goldman Sachs, beneficiaria de la polémica operación del IVIMA.

El avance de esta causa judicial ha dado nueva vida a la de la EMVS, que fue sobreseída de forma provisional en 2015 y que volverá a ponerse sobre la mesa porque el demoledor informe de la Cámara de Cuentas —aún en fase de borrador— y las conclusiones de la comisión de investigación recién finalizada han acabado de convencer al equipo de gobierno de izquierdas dirigido por Manuela Carmena de que puede haber no sólo negligencia, sino también responsabilidades penales. Fue en buena medida la falta de exigencia del Gobierno municipal anterior, que hizo una cerrada defensa de la operación, lo que acabó determinando el sobreseimiento provisional de la causa, según explica el abogado José Manuel Benítez de Lugo, veterano abanderado de causas anticorrupción. “Las adjudicaciones simultáneas del Ayuntamiento y la Comunidad son calcadas y ambas apestan”, opina Lara Carrasco-Muñoz, de la asociación Corruptil, que colabora con el letrado. Ambos procesos de desgajamiento del parque público de vivienda y posterior venta a fondos de Wall Street arrancaron en paralelo al inicio de 2013 y tienen tanto en común que hasta fueron coordinados por la misma consultora, PwC, que a la postre estuvo luego vinculada también a las dos ofertas ganadoras, en un caso como asesora y en el otro como auditora titular.

PwC es la multinacional de la que proceden tanto el ministro de Economía, Luis de Guindos, como el que era entonces secretario general del FROB —el fondo público sobre el que giró toda la reestructuración bancaria y el reparto de activos inmobiliarios hacia fondos buitre—, Antonio Carrascosa. Un portavoz de PwC se limitó a contestar: “No comentamos casos de nuestros clientes”.

La dinámica de los dos concursos simultáneos fue muy parecida, con una selección de fondos finalistas restringida y la rápida adjudicación a ofertantes españoles que resultaron ser meros intermediaros: Azora Gestión en la Comunidad de Madrid y Magic Real Estate en el concurso del Ayuntamiento. Inmediatamente después de la adjudicación y sin que estuviera previsto en el pliego de condiciones —como subraya en ambos casos la Cámara de Cuentas—, los lotes de viviendas adquiridos pasaron a manos de Encasa Cibeles y Fidere, respectivamente, la primera en seguida bajo control de Goldman Sachs y la segunda de Blackstone, con lo que dos de los actores más importantes de Wall Street pasaban a ser propietarios de parte importante del parque de vivienda social de Madrid.

Goldman Sachs pagó 201 millones de euros por 2.935 viviendas y otros 4.994 activos inmobiliarios —plazas de garaje, trasteros, locales comerciales—, mientras que Blackstone abonó 125,6 millones por 1.860 viviendas y otros 3.455 activos inmobiliarios. Ambos fondos tienen extraordinarios padrinos en España: Goldman Sachs cuenta entre sus asesores internacionales de referencia con Claudio Aguirre Pemán, primo segundo de la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre y socio de su hermano Santiago, presidente de Aguirre Newman, donde ejerce como directivo Fernando Ramiro de Haro, hijo de la política. Por su parte, el hombre fuerte de Blackstone en España es Claudio Boada, antecesor de Luis de Guindos en Lehman Brothers y hoy vinculado también al banco HSBC y al Grupo Prisa, de cuyo Consejo de Administración forma parte.

Los procedimientos para la adjudicación fueron muy parecidos, pero la Cámara de Cuentas destaca dos elementos críticos específicos en la del Ayuntamiento: una rebaja de 2,2 millones en la cantidad efectivamente abonada por Blackstone con respecto a la cifra comprometida y los pagos de facturas que suman 2,4 millones por “intermediación” a la misteriosa consultora Ítaca, a la que supuestamente se encargó la búsqueda de compradores para el lote. La comisión de investigación ha concluido que la venta ocasionó un desfalco patrimonial que podría llegar hasta 162 millones.

La rebaja a Blackstone se decidió tras la adjudicación al alegar el fondo una morosidad superior a la prevista sin que hubiera fiscalización pública. Y de los supuestos trabajos tan bien retribuidos a Ítaca no existe constancia documental en el archivo del Ayuntamiento más allá de las facturas.

La venta de la vivienda protegida de Madrid fue un negocio fabuloso para los fondos de Wall Street. Pero ahora que ya deben de conocer mejor el refranero español, quizá empiecen a pensar que lo barato les puede acabar saliendo caro en los tribunales.

Este artículo se ha realizado con el apoyo de Journalismfund.eu (www.journalismfund.eu).