Despido libre, salarios más bajos, jornadas laborales más flexibles y reducción de las cotizaciones sociales que pagan los empresarios. Ese es el panorama que está perfilando un equipo del Partido Popular dentro de lo que llaman “el programa secreto” que no es otra cosa que un paquete de medidas urgentes con las cuales pretenden satisfacer las demandas de la Unión Europea y evitar, así, penalizaciones por el exceso de déficit.

Al margen de las “propuestas de Estado” que Mariano Rajoy ha presentado a los líderes parlamentarios, el gobierno en funciones prepara una serie de medidas económicas de carácter urgente que serán puestas en marcha por sus sucesores, si es que Rajoy es, finalmente, investido. De momento, hay que olvidarse de bajadas de impuestos. Es más, el de Sociedades va a subir, y se está mirando si se puede revisar algún tipo de IVA, de impuestos especiales, y de tasas. Para las comunidades autónomas también habrá serias advertencias en materia de gasto público bajo amenaza de fuertes sanciones y bloqueo de los fondos de liquidez. Así se lo han hecho ver al núcleo duro de la Comisión Europea y a los ministros de economía de los países más proclives a imponer una fuerte sanción a España por la desviación del déficit: Francia, Holanda y Alemania principalmente.

Lo que no se intentará tocar es el gasto público. Recortes en ese sentido, los mínimos. Y menos en pensiones a pesar de que los expertos no hacen más que avisar de que hace falta una reforma “más profunda que la anterior” en esa materia. ¿Quitar las pagas extraordinarias? ¿Bajar la cuantía máxima?

El PP se inclina más por que esta reforma salga consensuada en el seno del Pacto de Toledo. Una medida drástica sería la de computar toda la vida laboral para calcular la cuantía de la pensión. Año tras año, dicho periodo se va ampliando pero ahora se cree que sería mejor hacerlo de golpe. Los sindicatos calculan que, si se lleva a cabo esta medida, la cuantía media de las pensiones podría sufrir una disminución del orden del 20%. Un duro golpe al que añadir a la ampliación de la edad de retiro.

En cuanto a sufragar con impuestos parte de las prestaciones, sobre todo las de viudedad y supervivencia, el PP sigue pensando en tal posibilidad pero no como quiere el PSOE, mediante la creación de un nuevo gravamen fiscal. El problema es que Montoro ha advertido que no existe mucho margen de maniobra, y estamos hablando de la necesidad de financiar, vía impuestos, en torno a los 25.000 millones de euros.

Se piensa que se pueden sacar con un mayor ritmo de creación de puestos de trabajo. Y para ello hay que “agilizar” el mercado laboral. La fórmula que estudian los expertos del Partido Popular es liberalizando totalmente el despido, la vieja aspiración del mundo empresarial que, no obstante, supondrá el inicio de movilizaciones. Ya veremos si tan contundentes como las de Francia.

Porque muchas de estas medidas se asemejan a las que están adoptando los franceses con las consecuencias sociales de todos conocidas.