Una mujer participa en la consulta sobre el Tren Maya. Foto: Cuartoscuro | Video: AFP

La ONU echa por tierra la supuesta imparcialidad de la consulta ciudadana sobre el Tren Maya, uno de los proyectos estrella del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió el jueves un comunicado muy crítico con el proceso participativo que dio un resultado favorable al proyecto del mandatario. "No cumplió con todos los estándares internacionales" ni fue acordado con las comunidades afectadas, afirma.

Las conclusiones del organismo llegan cinco días después de la consulta, que se llevó a cabo en cinco Estados del sur del país y se saldó con la participación del 75% de las comunidades indígenas afectadas, un 92.3% de votos a favor del sí y un 7.4% por el no. En conferencia de prensa este lunes, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, destacó que había un "consenso generalizado, unánime de apoyar la construcción" y que el Gobierno "cumple con lo que se establece en la legislación internacional".

La opinión del Alto Comisionado apunta en dirección contraria. El organismo internacional, que actuó como observador durante el proceso, asegura que las informaciones presentadas por el Gobierno "solo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar". La construcción del Tren, una de las apuestas del presidente para sacar a la parte sur del país del estancamiento, ha sido criticada por numerosas asociaciones ambientalistas por cruzar áreas protegidas como la reserva de la biosfera de Calakmul, en el Estado de Campeche.

El contenido falló y el proceso, también. El organismo se declara preocupado por un método de consulta que, asegura, fue decidido "unilateralmente" sin acordarlo previamente con las comunidades. "La Oficina escuchó participaciones que indicaban que los tiempos de consulta fueron muy cortos, que las traducciones, cuando las había, no eran adecuadas, que muchas personas no pudieron desplazarse por falta de recursos económicos y que la mayoría de quienes participaron eran autoridades municipales y ejidales", reza el comunicado. Además, se destaca la baja participación de las mujeres indígenas durante el proceso.

López Obrador no ha dado muestras de querer cambiar de planes. Está previsto que a principios de enero se lancen las licitaciones para los primeros 800 kilómetros y que las obras arranquen a finales de marzo. Las autoridades federales aseguran contar ya con 120.000 millones de pesos, unos 6.300 millones de dólares, para llevar a cabo el proyecto. Frente a las críticas, el Gobierno ha asegurado que el tren generará empleos y que el 95% del trazo, de 1.460 kilómetros, transcurre por vías libres de árboles por lo que el impacto ambiental será menor. Pese a la crítica lapidaria que hace el Alto Comisionado, la Unesco, otra agencia de Naciones Unidas, firmó el miércoles un convenio de colaboración con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo para, entre otras cosas, diseñar una estrategia de comunicación que "propicie la participación de la comunidad" en torno al Tren Maya.

El presidente todavía no ha perdido ninguna de las consultas que ha organizado. Los procesos participativos han sido abanderados por López Obrador como una muestra de su política contra la corrupción y a favor de la transparencia. Mientras, expertos y oposición los han considerado instrumentos para dar una pátina de legitimidad adicional a proyectos del mandatario. En un artículo publicado el martes, Juan Carlos Faller, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya "Múuch' Xíinbal", tildó de "farsa" la consulta sobre el Tren Maya, al afirmar que participó menos del 3% de los hablantes del idioma maya de la Península de Yucatán.

En la Constitución del país existe la figura de la consulta popular, que puede ser impulsada por un número determinado de ciudadanos y cuya organización corre a cargo del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, los procesos participativos que el Gobierno ha lanzado no se han hecho bajo estas condiciones. Incluso antes de tomar posesión del cargo en diciembre pasado, López Obrador organizó una votación ciudadana sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, cuya construcción él quería paralizar pese a llevar más de un 30% de avance. La consulta nacional, en la que apenas participó un millón de personas, fue positiva para el mandatario y el aeropuerto fue cancelado.