A mediados de febrero se espera que se defina el programa de infraestructura correspondiente al sector energético, en el cual se establecerá el ámbito de participación del sector privado.

Cuando, en noviembre, se definieron los proyectos de infraestructura para el sector privado, se pospusieron los del sector energético, quizás los que eran más esperados. Ahora ya vienen.

Desde la perspectiva de los empresarios, lo deseable es que su ámbito de participación en la energía sea tan amplio como lo que la ley les permite.

Es decir, que por ejemplo, se reanuden las rondas en las cuales se liciten bloques del mar o del área terrestre del país para desarrollar proyectos de exploración o explotación de hidrocarburos.

Igualmente, se quisiera que se restauraran los llamados farmouts, es decir los proyectos estratégicos en los cuales Pemex establece alianzas con terceros, sean empresas privadas o empresas estatales.

De acuerdo a lo que ha trascendido hasta ahora, tanto los altos funcionarios del sector energético como el propio presidente de la República no admiten que haya nuevas rondas petroleras ni tampoco alianzas estratégicas de Pemex con terceros.

Y esa decisión afectará las perspectivas de la inversión en el sector energético.

Sin embargo, no cancela el potencial de la inversión privada en este ámbito.

La industria energética es suficientemente amplia para dar cabida a muchos proyectos privados. Si, por ejemplo, se abriera la posibilidad de invertir en la rehabilitación de las refinerías, en el desarrollo de plantas de almacenamiento, de centros de distribución, y se establecieran reglas claras e imparciales para la distribución final de los hidrocarburos, aún así podría llegar mucha inversión privada.

Hay diversos funcionarios en el gobierno federal, notoriamente el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, o el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que han abogado desde hace mucho tiempo por la participación privada en el sector energético.

Es probable que no logren que se abran todos los ámbitos que ellos quisieran. Sin embargo, si fuera posible que se acotaran los ámbitos restringidos y se abriera todo lo demás, tanto en materia de hidrocarburos como en energía eléctrica, se podría enviar al mundo de las inversiones un mensaje positivo.

Pero, sigue existiendo el riesgo de que predomine la visión defensiva, la visión de que cualquier inversión privada es el enemigo y está orientada a erosionar la capacidad de producción de Pemex y CFE.

Si esa visión predomina y es la que aparece en el mensaje que se dé a mediados de febrero, lo más probable es que las agencias calificadoras, en particular Moody’s, no se tienten el corazón, y en un plazo breve, decidan degradar la calificación de Pemex y por lo tanto quitarle el grado de inversión.

Desconozco si el secretario de Hacienda o algunos otros funcionarios le han explicado al presidente de la República las implicaciones de este hecho.

Si no lo han hecho, deberían hacerlo. Si ya lo hicieron y el presidente no es sensible a ello, mal síntoma.

La estabilidad financiera del país puede estar en juego.

Es decir, en los afanes de que la CFE y Pemex sigan controlando sus respectivos mercados, se puede conducir al país a una crisis financiera que ponga en riesgo no solo a las empresa energéticas, sino a todo el proyecto económico de la 4T.

¿Lo sabrá el presidente de la República?