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VG.- Adiós al carácter vitalicio de la élite de la función pública y fuerte poda de instituciones como las delegaciones del Gobierno y las cámaras de comercio. El Senado italiano aprobó ayer la reforma de la administración, uno de los puntos básicos del programa de Matteo Renzi para llevar adelante la modernización del país.

El ejecutivo confía a la nueva ley, que fue aprobada con 145 votos a favor y 97 en contra, la misión de aligerar y simplificar la enorme burocracia que lastra desde siempre a la sociedad italiana y a la que culpa de ser origen de la gran corrupción existente, así como de entorpecer las inversiones extranjeras. La reforma comprende 15 medidas que tienen en común la aspiración de desterrar la desconfianza del ciudadanos hacia la administración por medio de una mayor transparencia. La entrada en vigor se producirá a partir de septiembre, cuando el Consejo de Ministros apruebe los decretos que desarrollen la legislación aprobada ayer.

Una de las mayores novedades de la reforma afectará a la élite de la administración, ya que los puestos directivos perderán su carácter vitalicio. A partir de ahora, los funcionarios de mayor rango estarán sometidos a una evaluación continua y, si los resultados no son satisfactorios, podrán ser despedidos. Los cargos dirigentes tendrán un límite acotado, ya que serán designados por 4 años, con posibilidad renovación por otros dos. La nueva ley avanza en la lucha contra la corrupción puesto que impone que los funcionarios condenados por el Tribunal de Cuentas renuncien a su puesto además de estar obligados resarcir económicamente por el eventual daño causado al erario público.

Recortar gastos y reorganizar la administración pública es otro de los objetivos. Por este motivo se reducirá el número de delegaciones del Gobierno, que hoy ascienden a 105, tantas como provincias hay en Italia. Al mismo tiempo, también se recortarán las cámaras de comercio que pasarán a ser 60 y deberán tener como requisito contar con un mínimo de 75.000 empresas inscritas. Además, se unificará el número de emergencias que ahora será el 112 para todo el territorio nacional y se reorganizarán las fuerzas armadas con la inclusión del cuerpo forestal dentro del de Carabineros, lo que ya está provocando las protestas de los funcionarios afectados que ayer se manifestaron ante el Senado para expresar su malestar.

La intención del Gobierno de Renzi es que sea el ciudadano común el gran beneficiario de una ley que busca aligerar y hacer más rápidos los trámites burocráticos, hasta ahora un motivo frecuente de quejas por lo farragosos y complicados que resultan. Con esta intención se creará la Oficina Territorial de Gobernación que centrará gran parte de las operaciones. Además se dotará a cada ciudadano de una identidad digital para acceder a la administración pública a través de Internet con una firma electrónica y una contraseña que será única para Sanidad, Hacienda y Motorización. También será posible pagar impuestos y multas de menos de 50 euros a través del teléfono móvil. Las distintas administraciones estarán obligadas a hacer públicas sus cuentas así como a poner sus archivos a disposición de quien lo solicite.