CIUDAD DE MÉXICO — Los esfuerzos del combate a la corrupción en México con un nuevo sistema, establecido por el gobierno de Enrique Peña Nieto ante la presión para reaccionar a diversos escándalos, están siendo obstaculizados por las mismas autoridades al rehusarse a colaborar en algunos de los principales casos que enfrenta el país, según denuncian los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que forma parte del sistema.

Los miembros de esa instancia denuncian que sus intentos de investigar el uso de herramientas de espionaje adquiridas por el gobierno en contra de civiles, el desfalco de decenas de millones de dólares por medio de universidades públicas y acusaciones de sobornos por contratos de construcción han sido bloqueados a cada paso del camino.

Peña Nieto, afectado por escándalos en el seno de su gobierno con señalamientos a aliados políticos y a integrantes de su familia, acordó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en 2016, el cual fue promulgado por medio de reformas a la Constitución de México e incluye un mecanismo para la participación ciudadana, en un parteaguas para el país.

Sin embargo, nueve meses después de que fueron nombrados los integrantes de ese mecanismo con la misión de trabajar en proyectos para el combate a la corrupción —como la que llevó a que se creara el mismo sistema—, estos dicen que no han podido hacer ni los más mínimos avances.