El Gobierno y Podemos han cerrado un acuerdo presupuestario que incluye, entre otras medidas, una subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros, lo que supone un incremento de 164 euros. Con esta medida, ambas partes pretenden prevenir la pobreza en el trabajo y fomentar un crecimiento salarial general más dinámico, según consta en el documento al que ha tenido acceso este periódico [lea el texto íntegro en PDF].

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y Pablo Iglesias han estado reunidos durante la madrugada para sellar este acuerdo que también incluye una subida de las pensiones conforme al IPC previsto. Sin embargo, si la inflación acaba registrando una desviación al alza, se llevará a cabo una paga compensatoria a final de año. Además, las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3%, dada la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los perceptores de las mismas.

Impacto fiscal

El acuerdo también incluye numerosas medidas en el ámbito fiscal, muchas de ellas como consecuencia de las exigencias de Podemos. Así, "se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros". "El tipo estatal sobre las rentas del capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros", añade.

También destaca que se acuerda incrementar el 1% en el Impuesto de Patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros", así como la aplicación del tipo reducido en el IVA para los productos de higiene femenina, que pasarán del 10% al 4%" y la reducción de los servicios veterinarios al tipo reducido del 10%.

En el impuesto de Sociedades, el tipo mínimo se incrementará al 15%. "Adicionalmente, para las entidades de crédito y explotación de hidrocarburos el tipo de gravamen sería del 18% dado que cuentan con un tipo nominal incrementado (frente al 25% general tienen el 30%)", explica el documento. Esta medida sustituye al impuesto directo a la banca, que tantas críticas recibió por parte de las entidades.

Plusvalías, acciones y tecnológicas

Asimismo, los dividendos y plusvalías generadas en el exterior dejarán de estar exentas al 100%. En concreto, "se reducirá en un 5% la referida exención, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial, como prevé y permite la Directiva matriz-filial".

Además, se da forma la denominada tasa Tobin, que grava la compra de acciones."Se creará un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, consistente en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Solamente se someterán a tributación al 0,2% las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones".

A las grandes compañías "con ingresos anuales totales mundiales de al menos 750 millones", como es el caso de Uber, Google o Airbnb, se les impondrá un impuesto que "gravará al tipo del 3% los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario".

También ha medidas concretas sobre las sociedades de inversión de capital variable (sicav) y las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi). Para las primeras habrá un endurecimiento y mayor control, y para las segundas "se acuerda aplicar un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos por este tipo de entidades". Actualmente, las socimi tienen un tipo de gravamen del 0% por las rentas obtenidas en el ejercicio de su actividad principal".

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Límites a las "subidas abusivas de los alquileres"

El Gobierno se ha comprometido a modificar la normativa del mercado del alquiler inmobiliario "para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas" que se consideren "tensionadas", tal y como le había pedido Unidos Podemos, como requisito indispensable para cerrar el acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019.



La política de Vivienda era una de las líneas rojas que había establecido la formación de Pablo Iglesias para dar su apoyo a las cuentas, de ahí que el gabinete de Pedro Sánchez haya aceptado muchas de sus exigencias en esta materia. Entre otras, el Ejecutivo se compromete a alargar la duración de los contratos de alquiler, aumentar las garantías de los inquilinos y poner a disposición de los ayuntamientos herramientas para regular los aumentos de precios "abusivos" en zonas tensionadas.