MÉXICO, D.F. (apro).- Muchas veces hemos escuchado hablar del “rompimiento del tejido social”, pero quizá en pocas ocasiones hemos tenido la oportunidad de verlo con la claridad necesaria como es el caso de la banda de los Cahori en Acapulco, Guerrero, formada por nueve adolescentes quienes ejecutaron a 39 compañeros de su escuela, a los que secuestraron y mataron por el simple afán de conseguir dinero fácil para comprarse sus caprichos en ropa, autos, motos y vacaciones.

De acuerdo con el atinado reportaje de Rodrigo Vera titulado “Parecían buenos muchachos, pero secuestraban, torturaban, mataban…”, publicado por Proceso en la edición 1979 que circula esta semana, nueve adolescentes que no tomaban alcohol ni drogas, reconocidos como buenos estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco, entre ellos la jovencita Leslie Cahori Jiménez García –de ahí el mote de la banda de los Cahori–, formaron una banda que se dedicaba a secuestrar a compañeros de su colegio para pedirles rescate a su padres por hasta 800 mil pesos, que luego se repartían para gastarlo en sus caprichos.

Los nueve integrantes del grupo no se caracterizaban por ser disfuncionales entre sus compañeros; al contrario, tenían buenas calificaciones y hasta algunas instituciones religiosas les habían dado cartas a algunos de ellos de buena conducta, en las que se ponderaba su honestidad y principios católicos. En suma, parecía buenos muchachos.

Pero en sus celulares ocultaban su otra faceta, su otra personalidad, una que sólo ellos sabían y compartían cuando atrapaban a otros de sus compañeros para llevarlos a alguna casa de seguridad para secuestrarlos y luego ejecutarlos porque los reconocían.

En enero de 2013, tras la desaparición de uno de sus compañeros del instituto que fue encontrado ahorcado en las calles del puerto de Acapulco, a pesar de que su familia había pagado el rescate exigido, la policía dio con la banda al seguirle la pista a Leslie Cahori, con quien el joven estudiante había tenido su última conversación telefónica.

Al detener a los muchachos, descubrieron que habían grabado en sus celulares las ejecuciones que cometían con algunas de sus presas: los torturaban, los ahorcaban con un cable de luz y a algunos los descuartizaban con un hacha.

El caso resulta emblemático de lo que está ocurriendo en México desde que inició la espiral de violencia hace una década y que ha cobrado la vida de decenas de miles de personas como no se tenía registro desde la época de la Revolución o de la guerra cristera de principios del siglo XX.

Los grados de descomposición social han rebasado los límites de las costumbres sociales llegando a la “normalización” de la violencia, donde ya no se distinguen valores o principios de conservar la vida, porque ya no existen.

Mientras los gobiernos estatales y el federal siguen empeñados en seguir una estrategia frontal de combate al crimen organizado mediante el uso de la fuerza, mientras mantienen su tarea de socavar las funciones sociales del Estado, por el otro lado existe una crisis de todas las instituciones que han sido abandonadas desde hace muchos años por los partidos políticos, más preocupados por atender los intereses económicos particulares que los de la sociedad.

Los más abandonados en estos años han sido los jóvenes que viven un presente de desempleo, corrupción, pobreza y violencia institucional, aparte de falta de espacios educativos y nulos proyectos sociales que los ayuden a tener mejores herramientas para enfrentar un futuro carente de oportunidades.

Frente a esta indolencia institucional, no extraña entonces que surjan bandas de jóvenes criminales como los Cahori en Acapulco, que por tres años se dedicaron a secuestrar, ejecutar y grabar en sus celulares las torturas que aplicaban a sus compañeros de escuela, sin tener el menor sentimiento de la misericordia ni la piedad en sus acciones conducidas más bien por la necesidad de cumplir un capricho como, quizá, lo vieron en alguna de las películas de moda o en un videojuego al que eran adictos.