Parece insensato siquiera considerarlo. Si el incremento a 102 pesos diarios provocó la polémica más ruidosa en materia de salario mínimo en México, uno de 570 pesos luce bajo ese contexto fuera de la realidad, pero hay que tomarse el tiempo de revisarlo. Hay una razón.

Quien promovió al menos hasta el año pasado esa mejora para los trabajadores formales de México es Miguel Santiago Reyes Hernández, el actual director de CFE Energía, la filial de la CFE a cargo de comercializar combustibles como el gas natural.

A él lo mencionan como el cerebro financiero detrás de la reciente presentación de argumentos de Manuel Bartlett en la polémica renegociación de los contratos de gasoductos.

A ustedes puede gustarles o no el desenlace de esa historia, pero fue presentada como exitosa por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Vendrán otras contiendas y Miguel Santiago ya cuenta con la atención del equipo del Ejecutivo federal. Antes tuvo la de la Ibero, la universidad que preparó para los negocios a gente como Fernando Chico Pardo, de ASUR, o a Pedro Padierna, exlíder de Pepsico.

Reyes Hernández fue hasta el año pasado el director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y Puebla.

Entre sus conclusiones en ese cargo está esta: de la población joven, integrada por 13 millones 302 mil personas, 66 por ciento tiene condiciones laborales precarias, carecen de un salario digno de acuerdo con la Constitución y seguridad social, lo que aporta la mayor parte de esa precariedad.

Esta columna incluyó una cifra equivocada en su versión original referente al pago de un salario de 4 mil pesos diarios. Ya fue corregida gracias al aviso de los lectores, con quienes quedo agradecido. Por esta circunstancia uno debe esforzarse más antes de ser sustituido por la inteligencia artificial. Gracias, nuevamente. El autor.

Recientemente, el director de una planta de fabricación de piezas para frenos de camionetas tipo pick up, instalada en Querétaro me dijo que él está bien pagado, pero angustiado me comentaba de la dificultad de su hijo para encontrar incentivos económicos al empezar su vida laboral ahora que también es estudiante.

Los trabajos para alguien de 18 años en los comercios de esa pujante ciudad pagan alrededor de 4 mil pesos mensuales, me comentó. Y ahí pueden ser relativamente altos.

Las investigaciones de Reyes le revelaron que la remuneración mensual nacional en promedio en el comercio es de 2 mil 382 pesos para la gente de menos edad. Ustedes pueden discutir esas cifras, pero son las que carga él en el portafolio.

¿En qué consistió la propuesta de Reyes en materia salarial? En establecer mecanismos distintos de reparto de la productividad, para que la recuperación del salario mínimo y el salario en general no respondan solo a la inflación o a cuestiones coyunturales como la caída del precio del petróleo, sino que parta de redistribuir las condiciones productivas. Que las ganancias se repartan de una manera más equitativa entre quien toma el riesgo de invertir y quien produce.

En su hipótesis pesa el dato de que los accionistas de las empresas se quedan con el 74 por ciento de las ganancias y el restante 26 por ciento lo dirigen a los las remuneraciones de los trabajadores. Reconoce que esas ganancias son legítimas, pero advierte que cuando hay aumentos salariales, las empresas no consideran invertir en innovación, por ejemplo, sino que simplemente aumentan sus precios en la misma medida, lo que impacta la inflación.

Reyes propuso que los dueños de las empresas reduzcan paulatinamente su participación en las utilidades del 74, al 50 por ciento del total de éstas. Paralelamente, que asignen a inversión y a aumentos de salarios lo que ellos dejen de ganar, sin aumentar los precios de sus productos. Esa mejor repartición supone un disparo en productividad y sueldos.

El modo es lo más importante. Reyes habló de una voluntad empresarial para conseguirlo. Si se materializa la propuesta nuevamente, habrá riesgos, pero necesarios para un país menos desigual.

Antes, claro está, este gobierno debe desatorar la inversión. Dar confianza a empresarios y a funcionarios que temen actuar sin la venia del presidente.