El Santander ha decidido acabar con el Consejo Asesor Internacional, un órgano que funcionaba desde hace 17 años, como una fórmula indirecta para prescindir de Rodrigo Rato, ex presidente de Bankia. Este ejecutivo está imputado en el caso Bankia y por el de las tarjetas black de Caja Madrid, ya que el juez considera que “consintió, propició y aceptó” su uso. Entre 2011 y 2012 Rato gastó 99.041 euros, al margen de unos tres millones de salario. Este Consejo se constituyó en 1997 y Rato ya perteneció a él antes y después de irse de Bankia. El Santander pagaba a los miembros de este Consejo 200.000 euros por dos reuniones anuales.

Rato continúa en el Consejo de Latinoamérica y Europa de Telefónica. El 10 de septiembre pasado se conoció que dejaba el consejo de Servihabitat, la inmobiliaria de La Caixa, para ser consejero de la firma estadounidense de capital riesgo Texas Pacific Group (TPG), dueña del 51% de Servihabitat.

La última comparecencia pública de un alto cargo del Santander fue la del consejero delegado, Javier Marín, el 4 de noviembre. Marín soportó cinco preguntas sobre el futuro de Rodrigo Rato en el Santander. Los medios de comunicación preguntaron al consejero delegado si no creía que para que los bancos recuperen la confianza de la sociedad, como señaló en un reciente artículo Ana Botín, presidenta del Santander, debían prescindir de los consejeros imputados. También se le cuestionó por el daño reputacional que provocaba la figura de Rato unida a la entidad, ya que los casos por los que se le acusan son de carácter financiero. En todos los casos, Marín se remitió a anteriores respuestas de la entidad sobre Rato.

El último en pronunciarse sobre Rato en el Santander fue el fallecido presidente, Emilio Botín, que dijo que se le había contratado porque era una persona de gran valía para el grupo por su experiencia y que no había cambios previstos. Botin mantenía una estrecha relación con Rato desde hacía muchos años. Marín evitó mencionar el nombre de Rato y no realizó ningún comentario más.

El pasado 22 de octubre Rato tuvo que depositar un aval del Banco Sabadell por valor de tres millones de euros como fianza en el caso de las tarjetas. Además, el caso judicial se ha complicado porque el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón ha abierto una investigación sobre la relación entre Rato y Jaime Castellanos, presidente del banco de inversión Lazard. Rato confesó, a preguntas del fiscal, que había recibido una transferencia de algo más de seis millones de euros en 2011 de Lazard, entidad que asesoró a Bankia, como pago por unas opciones sobre acciones. Lazard asesoró a Bankia mientras Rato fue presidente y cobró unos ocho millones de euros por sus servicios.

Además, Rato trabajó en Lazard en 2008 y 2009, antes de llegar a Caja Madrid. Castellanos no explicó esta relación en sus declaraciones en el caso Bankia, por lo que UPyD ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que le cite a declarar como imputado por un delito de falso testimonio. Considera que mintió sobre las retribuciones que percibió Rodrigo Rato tras dejar este trabajó en el banco de inversión.