La presidenta chilena Michelle Bachelet celebró ayer la aprobación en el Parlamento de la esperada ley de gratuidad de la universidad pública, que rompe después de cuatro décadas con el controvertido modelo de enseñanza que heredó de la dictadura y que se basaba en las rígidas leyes del mercado.

“Dimos un paso importante en el camino de la gratuidad en la educación superior, un paso que hace tres años era impensable y parecía imposible de realizar”, dijo la mandataria, tras resaltar que el gobierno ha “cumplido” su palabra con esta iniciativa. La norma, aprobada el miércoles y promulgada antes de Navidad, fue una de las promesas de Bachelet durante su campaña electoral, que la llevó a ganar un segundo mandato al frente el país a partir de marzo de 2014.

En esta primera instancia favorecerá a unos 178.000 estudiantes de escasos recursos, un 27,5% de todos los universitarios del país, que podrán ingresar a estudiar sin costo a las universidades estatales y a determinados institutos privados que cumplan con algunos requisitos, como no tener fines de lucro, entre otras obligaciones.

De acuerdo el compromiso asumido por el gobierno, éste es sólo un paso inicial ya que el proceso total culminará en 2020 con la gratuidad universal de la educación superior. En el 2018, cuando finalice el mandato de Bachelet, se espera que el 70% de los estudiantes de hogares con pocos recursos puedan estudiar sin pagar.

La gratuidad universitaria era un anhelo de millones de jóvenes chilenos, así como de docentes y padres, que encabezaron desde 2011 las multitudinarias protestas estudiantiles para exigir una educación sin costo, de calidad y sin fines de lucro.

Camila Vallejos, una de las ex dirigentes que encabezó las protestas desde el movimiento estudiantil, actual diputada del PC chileno y aliada del oficialismo, elogió el proyecto. “A pesar de los intentos de la derecha por torpedear el avance de la gratuidad, ganamos una batalla importante”, escribió en Twitter.

El problema del financiamiento de la educación de los jóvenes se arrastraba desde la reforma educativa que implantó la dictadura de Augusto Pinochet, al obligar a las universidades públicas a autofinanciarse y a imponer aranceles. Hasta ahora ninguna universidad, incluyendo las estatales, era gratuita. Por el contrario, cobran tasas anuales que ascienden a miles de dólares, desembolso que muchos estudiantes y sus familias no pueden solventar.

Enviar a un integrante del hogar a la universidad implica un enorme esfuerzo para los hogares chilenos y un prolongado endeudamiento bancario. En Chile, alrededor de la mitad de los trabajadores percibe salarios inferiores a los 500 dólares por mes, y los costos anuales de las universidades suelen rondar los 3.400 dólares. Pese al oneroso pago, tampoco se garantizaba una educación de calidad (Ver Cómo es el sistema).

La norma aprobada indica que las universidades públicas serán gratuitas desde 2016, en tanto, las privadas también podrán adherirse a este sistema traspasando el costo de los aranceles que pagan sus estudiantes al Estado. Justamente para solventar esto el gobierno hizo el año pasado una profunda reforma tributaria que modificó el sistema impositivo en Chile por primera vez en décadas. Uno de los principales cambios fue aumentar en forma gradual los impuestos a las grandes empresas de 20% a 27%, lo que permite sumar 8.300 millones de dólares a la recaudación y asegurar así la financiación de la educación gratuita.

La nueva ley estableció además un incremento en las becas para los estudiantes de los centros de formación técnica e institutos profesionales, establecimientos que no fueron incorporados esta vez en la propuesta, aunque en un plazo de tres años esos planteles deberán ingresar gradualmente en el sistema de gratuidad.

“Seguiremos avanzando hacia una educación superior de calidad, democrática y gratuita, de manera responsable y gradual acorde a las capacidades que tenemos como país”, adelantó ayer la mandataria socialista.