El Tribunal de Cuentas ha publicado un informe recientemente donde estima que los recursos públicos comprometidos en el sector financiero ascienden a 122.122 millones de euros.





Fuente: Tribunal de Cuentas



Ahora bien, esta cifra no representa el coste real que ha supuesto para el Estado ayudar a la banca entre 2009-2015. Como se puede observar en la tabla se deducen los ingresos por la venta de entidades, los recursos no dispuestos, el capital que el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) aún mantenía en dos entidades, costes menores, etc. Por ello el organismo fiscalizador cifra el coste real en 60.718 millones de euros, donde las aportaciones al capital y el coste soportado por la EPA (Esquemas de Protección de Activos), representan el 75,7 y el 17,1% respectivamente.



Esta cantidad, aún siendo la mitad de la anterior, equivale a la recaudación neta por impuestos directos y cotizaciones sociales del año 2015, casi alcanza la cantidad máxima que tuvo de Fondo de Reserva de la Seguridad Social y ha supuesto para cada familia española 3.309,6 euros. La cuestión es saber qué cantidad de dinero puede darse por perdido. El Tribunal de Cuentas aún reconociendo que la fase de reestructuración financiera está muy avanzada, considera que este coste es provisional, dado que puede aumentar o descender principalmente por las siguientes razones:



— El Estado pretende privatizar Bankia y el Banco Mare Nostrum. El valor neto de deterioro de las participaciones que el FROB tiene en estos bancos ascendía a 11.187 millones de euros al cierre del ejercicio 2015. La venta de estas participaciones darían lugar a ingresos, y por tanto, a una reducción del coste.





Fuente: Tribunal de Cuentas



— El importe pendiente de los EPA. Estos son garantías públicas que cubren las pérdidas en los activos de algunas cajas de ahorro adquiridas por determinados bancos. Un ejemplo es la CAM, adquirida por el Banco Sabadell y que concentra más de la mitad del saldo total de los EPA, que asciende a 10.900 millones de euros (véase la tabla). Esta es la cantidad que queda para cubrir futuras pérdidas, por lo que su uso incrementaría los costes, los cuales ya alcanzan los 10.389 millones.



— A través del FROB y el FGDEC (Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito), también se han aportado otro tipo de garantías, que suman un saldo de 6.311 millones de euros, y que por tando, en la medida en que puedan ejecutarse aumentaran los costes.



Hay otros importes menores que podrían subir el monto de la reestructuración (deuda de la Sareb) o bajarlo (recuperación de lo invertido en algunas antiguas cajas). En cualquier caso el Tribunal de Cuentas recuerda que independiente del volumen que representa estas operaciones, existe un riesgo consustancial derivado de la evolución de los avales concedidos por el Estado. Éste ha avalado la emisión de deuda senior de la Sareb, cuyo saldo vivo era de 43.476 millones de euros a 31 de diciembre de 2015.



Dado los datos expuestos, hay más elementos para pensar que esta factura suba en lugar de que disminuya, y a que los 41.786 millones aportados por el FROB sean ya irrecuperables. Más si cabe cuando no se puede descartar que haya que aportar más dinero público para salvar a más entidades. El Banco Popular es el que está en una situación más delicada: el beneficio neto atribuido del Grupo cayó un 66,1% interanual en los nueve primeros meses de 2016, hasta bajar a 94 millones de euros. Como consecuencia las acciones cotizan a menos de un euro.

