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Los pactos electorales entre políticos salvadoreños de todo signo y pandillas ya no son algo sorprendente, pero una nueva investigación ha revelado la extensión de estos tratos durante la administración del exalcalde de San Salvador Nayib Bukele, quien ahora busca ser candidato a la presidencia del país.

Según un reportaje publicado por El Faro, Nayib Bukele, quien fue alcalde de San Salvador entre 2015 y 2018 por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), negoció con pandillas y adjudicó concesiones que incluyeron dar a la pandilla Barrio 18 poder de decisión en la asignación de algunos puestos del mercado Cuscatlán, uno de los primeros proyectos insignia de la administración del joven político.

La investigación también señala que cuando se postuló para la alcaldía capitalina, Bukele optó por una fórmula a la que ya habían acudido representantes del gobierno del FMLN y ARENA, el principal partido de oposición: asegurar pactos con la MS13 y el Barrio 18 que incluyeron promesas de beneficios a cambio de que las pandillas ofrecieran seguridad y dieran acceso a territorios bajo su control para actividades proselitistas.

En el caso del FMLN, la negociación previa a las elecciones presidenciales de 2014 incluyó ofertas del partido gobernante de colocar millones de dólares para beneficiar a miembros de pandillas y sus familias con programas sociales.

En agosto del año pasado, el pandillero Carlos Eduardo Burgo Nuila, alias “Nalo”, reveló en un tribunal que los pactos incluyeron la entrega de dinero en efectivo de los partidos a la MS13 y las dos facciones del Barrio 18. De acuerdo con la investigación de El Faro, la campaña de Bukele también dio dinero a las pandillas.

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Lo diferente en el caso del exalcalde Bukele, según se desprende del reporte publicado por El Faro, es que su administración consideró ineludible el control territorial que las pandillas ejercen en el centro histórico de San Salvador y sobre colectivos que son clave para la gobernabilidad de la ciudad, como los vendedores ambulantes. Y, al hacerlo, la administración Bukele optó por pactar con líderes de las tres pandillas para garantizar el frágil equilibrio en las calles de la ciudad. Ya no eran solo tratos preelectorales, sino visos de cogobierno en el territorio.

“Se trató de una suma de tratos cotidianos que posibilitaron a la alcaldía intervenir las principales plazas y cuadras del Centro Histórico, así como tener acceso a algunas de las comunidades donde el control de las pandillas es muy fuerte”, señala el reportaje.

Uno de los ejemplos más claros de esos tratos cotidianos ocurrió el 23 de mayo de 2015, menos de un mes después de que Bukele jurara como alcalde de San Salvador. Aquel día se celebraba en la ciudad la beatificación de Óscar Arnulfo Romero, el obispo católico asesinado en 1980 por un escuadrón de la muerte. Se trataba de un acto masivo, cubierto por decenas de medios de comunicación internacionales. La administración de Bukele, dice la investigación de El Faro, negoció con las pandillas el reparto de espacio de venta callejera en las proximidades de la Plaza Las Américas, sede del evento, para evitar brotes de violencia.

Bukele, como otros políticos antes que él, ha tenido expresiones duales para referirse a tratos con pandillas. Cuando lo hicieron sus contrincantes políticos, el exalcalde cuestionó los pactos, pero cuando se hicieron públicos los que él hizo, su entorno los ha justificado admitiendo que es imposible para el gobierno local de la capital trabajar sin hablar o negociar con los pandilleros.

Análisis de InSight Crime

Las negociaciones atribuidas a la administración de Nayib Bukele confirman que las pandillas son actores imposibles de ignorar en la política de El Salvador.

Esta es una tendencia que se ha consolidado tras el fracaso de la tregua entre la administración del expresidente Funes y las pandillas MS13 y Barrio 18, pactada en 2012 y concluida año y medio después: las pandillas en El Salvador son actores relevantes a la hora de ganar una elección o, como muestra el caso de Bukele, de gobernar.

Tras el fracaso de aquella tregua, el gobierno del presidente Sánchez Cerén se embarcó, en 2014, en una política de choque frontal con las pandillas que provocó un aumento considerable en los homicidios –2015 cerró con una tasa por encima de los 100 por cada 100.000 habitantes– y allanó el camino a las ejecuciones extrajudiciales de pandilleros cometidos por miembros de la fuerza pública.

A pesar de esta nueva versión de la mano dura, sin embargo, las pláticas entre políticos y pandillas han continuado. Esto se debe, en gran medida, a que el Estado, a nivel nacional y local, ha sido incapaz de recuperar el control territorial que ahora ejercen la MS13 y las dos facciones del Barrio 18 en amplias zonas del país, incluido el centro histórico de la capital.

En algunas ocasiones, estos pactos han tenido un perfil a todas luces criminal, como es el caso de la administración de Elías Hernández, exalcalde de Apopa por el partido ARENA, quien, según la Fiscalía salvadoreña, facilitó a las pandillas el cobro de extorsiones y el sicariato en ese municipio dormitorio aledaño a San Salvador.

Las políticas públicas de la administración Sánchez Cerén tampoco han sido del todo eficaces en cuanto a la reducción de violencia. A pesar de bajas esporádicas en los homicidios, que el gobierno atribuye en su mayoría a las pandillas, las cifras de la primera mitad de 2018 permiten proyectar que el año cerrará con un promedio de 10 asesinatos al día, básicamente los mismos que en años anteriores, a excepción de 2015.

Todo esto ha dejado a los políticos locales en un área gris, en la que se ven obligados a condenar en público el accionar de las pandillas, mientras que en privado hacen pactos con ellas.

No parece casual, por ello, que los principales contendientes a la presidencia de la república para los comicios de 2019, incluyendo a Bukele, sigan evadiendo el tema de la inseguridad, los crímenes atribuidos a las pandillas y la posibilidad de negociar con ellas.