Iago Avalos (17) trabajaba en un taller mecánico. En mayo pasado, salió con un amigo hacia Villa Tesei (Hurlingham). Iban a comprar un repuesto a la zona comercial de la avenida Vergara, pero en el camino se robaron dos tazas de un Renault Logan que estaba estacionado. El dueño del auto resultó ser un subcomisario de la Policía Federal, quien los persiguió enfurecido y terminó matando a Iago. Tras ser detenido, el oficial argumentó que pensó que el adolescente lo estaba apuntando con un arma. Avalos terminó siendo uno de los 38 civiles asesinados en 2017 en hechos con armas de fuego en los que estuvieron involucrados agentes federales.

Según un informe oficial al que accedió Clarín, la tasa de fallecidos a manos de integrantes de las tres fuerzas (Policía Federal, Gendarmería y Prefectura) bajó en los últimos cuatro años. En 2013, bajo la gestión kirchnerista, fue de 9,4 cada cien mil efectivos (83 casos). En 2017 disminuyó a 4,6 (38 casos).

Ffamiliares y amigos del joven marcharon en silencio por Rafael Nahuel, muerto en noviembre pasado en medio de un desalojo de la Prefectura en Villa Mascardi (Río Negro). Foto Marcelo Martínez.

“Este número es muy importante porque tira abajo una discusión teórica y la pone en la realidad”, sostuvo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en medio de los cuestionamientos al Gobierno de Mauricio Macri por haber salido a defender enfáticamente el accionar del policía bonaerense Luis Oscar Chocobar (30), quien intervino mientras estaba de civil segundos después de que el turista estadounidense Joe Wolek (54) recibiera diez puñaladas por parte de dos ladrones. El agente persiguió a uno de ellos, de 18 años, y lo mató a balazos por la espalda. Hoy está procesado por haber incurrido en “exceso en la legítima defensa”.

“La discusión no es mano dura o abolicionismo en este tema”, consideró la funcionaria, quien -en dirección al kirchnerismo tras las críticas a los casos de “gatillo fácil” en esta administración- puntualizó que “los que dicen que antes defendían a la gente, terminaron matando a más civiles”.

Maximiliano Ayala (19) murió al ser baleado por un policía federal de civil en Villa Soldati.

De acuerdo a esta estadística, elaborada por el Ministerio y monitoreada por las Naciones Unidas, en 2013 hubo 83 civiles muertos por disparos de agentes federales, en 2014 hubo 96, en 2015 hubo 83, en 2016 hubo 46 y en 2017 hubo 38.

Actualmente, las tres fuerzas federales más la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tienen una dotación de casi 90 mil efectivos, lo mismo que toda la Bonaerense.

En cuanto a los agentes caídos por enfrentamientos con armas de fuego, el número también decreció en estos cuatro años: se consignaron 20 en 2013, 15 en 2014, 21 en 2015, 22 en 2016 y 7 en 2017. Así, la tasa pasó de 2,3 cada 10.000 efectivos a 0,8, siempre según el registro elaborado en el marco del Programa de Uso de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego, supervisado por la subsecretaria de Estadística Criminal, Mariela Budiño.

Alan Maximiliano Dolz tenía 21 años y pertenecía a la Brigada de Operaciones Especiales de la Policía Federal. Fue asesinado en Villa Loyola, en un operativo encubierto por drogas.

El secretario de Gestión Federal de la Seguridad, Gerardo Milman, dijo, en la misma línea que Bullrich, que “una política (por el kirchnerismo, que suspendió las estadísticas criminales en 2008) que se dedicó a inculpar a una fuerza de seguridad tuvo más homicidios producidos por sus agentes, mientras que una política de respaldo institucional a las fuerzas de seguridad, que hace que el policía se sienta seguro, hizo que los policías actuaran más acorde a derecho, al revés de lo que se podía pensar”.

El Ministerio de Seguridad ha dictado cursos de capacitación a los agentes, principalmente a los de la Policía Federal, para que estén más atentos cuando terminan sus jornadas de trabajo y se van a sus casas, adonde pueden ser víctimas de asaltos o entraderas.

Rosario Toledo (60), jefe de la Prefectura San Isidro asesinado en un asalto en General Pacheco, Tigre.

Otra misión de las autoridades fue “sacarle esta parálisis automática que el policía tenía”. Para la ministra Bullrich, “si el policía no actúa frente a un delito” por miedo a que luego la Justicia lo impute por un homicidio como en el caso de Chocobar, "la víctima no sólo es la persona, sino la sociedad”. Además, contrastó la ministra, “somos estrictos en las conductas antirreglamentarias, con los agentes que son ladrones, corruptos o delincuentes”.

“En la Argentina hay 800 robos cada 100 mil habitantes, 1.800.000 robos de celulares, una tasa de homicidios baja, pero sigue habiendo muchos robos, y esto tiene que ver con esa parálisis”, concluyó la funcionaria.