Perú concluye un rocambolesco 2018 —en el que vivió, entre otras muchas cosas, un cambio inesperado de presidente— con los principales líderes de los partidos políticos investigados por casos de lavado de activos y corrupción ligados a las actividades de la constructora brasileña Odebrecht. Y con un sistema de justicia que pelea por desmarcarse de la mafia descubierta por fiscales y periodistas de investigación.

El año empezó con el dominio absoluto del fujimorismo en el Congreso y cierra con esa bancada seriamente debilitada. Hace justo un año, en la Nochebuena de 2017, el presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió un controvertido indulto humanitario al autócrata Alberto Fujimori, a cambio de que disidentes de Fuerza Popular lo salvaran de ser destituido en el Parlamento. La medida no fue suficiente, y Kuczynski acabó renunciando en marzo tras una nueva crisis política, dando paso al número dos de su Ejecutivo, Martín Vizcarra.

Las intrigas políticas cedieron protagonismo en julio a las revelaciones de la mafia infiltrada en el sistema de justicia que estremecieron a los peruanos. Tras la difusión de audios de negociaciones ilegales de sentencias y tráfico de influencias entre jueces y fiscales supremos, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM, responsable de nombrar y destituir jueces y fiscales), empresarios y hasta un congresista del fujimorismo, miles de ciudadanos marcharon en protestas contra la corrupción en el país sudamericano.

Los magistrados recibían sobornos y otros beneficios —como entradas al Mundial de fútbol— a cambio de sus fallos, e incorporaban a jueces y fiscales cuyas decisiones pudieran manipular. Al frente de la trama corrupta, Cuellos Blancos del Puerto, estaba, supuestamente, César Hinostroza, hoy preso en Madrid y entonces juez supremo de Perú. Desde su cargo, tenía previsto revisar un fallo para que Keiko Fujimori dejara de ser investigada por lavado de activos, pero tras el escándalo fue separado del cargo y la líder fujimorista siguió siendo escrutada por blanqueo de capitales.

A fines de octubre, como parte de la pesquisa por lavado de activos, Keiko, en varias ocasiones candidata presidencial del fujimorismo, recibió una orden de 36 meses de prisión preventiva. Como sus principales colaboradores en la campaña electoral de 2011, los señalamientos apuntan al manejo irregular de 1,2 millones de dólares procedentes de la contabilidad paralela de Odebrecht para la campaña.

Alan García, sin asilo

La suerte del expresidente Alan García también sufrió un brusco giro este año. Aunque varios altos cargos de su Gobierno que aprobaron la concesión a Odebrecht de la Línea 1 del Metro de Lima fueron detenidos en 2017 por haber recibido sobornos, el dirigente aprista ha defendido su inocencia. En noviembre, cuando llegó de España para declarar en una diligencia por tráfico de influencias en dicha concesión, la Fiscalía le informó de que ampliaba la investigación a lavado de activos y colusión, pues obtuvo pruebas de que Odebrecht pagó a García 100.000 dólares por una conferencia, poco tiempo después de haber terminado su mandato. Para facilitar las diligencias, un juez dispuso que permaneciera en Perú por 18 meses. Alegando “persecución política” el líder aprista pidió asilo a Uruguay, una protección que Montevideo finalmente le denegó.

Keiko Fujimori y Alan García forman parte de una larga lista. Varios de los políticos de más alto perfil en el país andino se encuentran bajo investigación del Equipo Especial Lava Jato, entre ellos los expresidentes Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala; la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán; y el gobernador del Callao, Félix Moreno.

Mientras tanto, las cifras de aprobación del presidente Vizcarra no han dejado de crecer. "El discurso anticorrupción del presidente va contra el fujimorismo y el Partido Aprista, cuyas bancadas intentan exonerar de los impuestos a los casinos, se niegan a aceptar las resoluciones del Tribunal Constitucional e intentan disminuir las penas por lavado de activos. Entonces, le dan una excelente oportunidad a Vizcarra de mantenerse en altos niveles de popularidad", apunta el sociólogo y profesor universitario José Luis Ramos. El mandatario "aparece como representante de la racionalidad, de una visión no comprometida con intereses particulares o mafiosos", opina el catedrático de la Universidad Nacional San Agustín.

¿La turbulencia política puede llegar a transmitirse al entorno económico? La desaceleración del año anterior no varió mucho en el que está por concluir, según la valoración del economista y exministro José Gallardo. 2017 fue un año de malas cifras —dentro de que la economía peruana ha sido una de las más dinámicas de entre las grandes de América Latina—, y 2018 ha sido uno de eventos y enfrentamiento político, repasa: "Lava Jato y los efectos del Niño costero (un fenómeno climático) juegan claramente un rol". La debilidad en la creación de empleos formales de calidad en los dos últimos años, sin embargo, indica una fortaleza macroeconómica cada vez menor. "Queda un interrogante sobre los efectos de la migración venezolana", resume Gallardo.