Ni uno solo de los 12 meses del año que termina han estado libres de asesinatos por violencia de género. El último tuvo lugar este pasado día 30 en la localidad pontevedresa de Mos, donde un hombre fue detenido como presunto autor del asesinato de su mujer. El caso ya ha sido confirmado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que lo ha incorporado a su base de datos.

Cinco puntos sobre la violencia de género que Ciudadanos desconoce

Saber más

El último día del año, se han conocido dos presuntos casos más de violencia machista. Un hombre ha matado, presuntamente, a su esposa y a la hija de ambos, de tan sólo 9 meses, y posteriormente se ha suicidado en Torrevieja (Alicante), según ha informado a la agencia Efe. Los cuerpos fueron hallados en la tarde del día 31, pero según fuentes de la investigación, los crímenes se cometieron hace días. Y otra mujer fue asesinada por su compañero sentimental, con el que había tenido una hija, en la localidad almeriense de Adra. La Junta de Andalucía condenó el crimen como un caso de violencia de género, pero no ha aparecido aún en la base del Ministerio. Si se confirma la motivación machista de ambos asesinatos en los datos oficiales, la cifra de víctimas de violencia machista ascendería a 57 en 2015.

Según la estadística oficial, el año finaliza con al menos 55 asesinatos por violencia machista, a falta de confirmarse los cuatro que se encuentran en investigación. Uno más que en 2013 y 2014, cuando se contabilizaron 54. Desde 2003, año en que el ministerio comenzó a calcularlo, 821 hombres han matado a sus parejas o exparejas. Esto según datos oficiales, porque algunas organizaciones como feminicidio.net, que elabora sus propios recuentos, considera que se trata de una estadística que merma el impacto real de la violencia de género.

La comunidad autónoma en la que más asesinatos se han registrado estos 12 meses es Andalucía (12), seguida de la Comunidad Valenciana (10), Galicia (7) y Cataluña (6). Por tramos de edad, 18 de ellas tenían entre 41 y 50 años, 16 entre 31 y 40, 11 entre 21 y 30, ocho entre 65 y 74 años y dos entre 51 y 64. El alto número de víctimas entre mujeres jóvenes es uno de los aspectos más preocupantes, según la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, que en más de una ocasión ha hablado de una mayor tolerancia de las nuevas generaciones hacia ello.

El día 29 de este mes también fue asesinada por su marido una mujer en la localidad pontevedresa de Mos, que había interpuesto una denuncia contra el presunto agresor, aunque después la había retirado. No son la mayoría las que lo hacen. De hecho, solo nueve del más de medio centenar de mujeres asesinadas por su pareja o expareja este año acudieron a la policía o al juzgado. En otros cuatro casos fueron otras personas las que denunciaron por ellas. Tres millones de mujeres admiten ser víctimas de violencia de género, según la macroencuesta publicada el pasado mes de marzo.

Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial solo cifra en 96.000 el número de denuncias registradas por los juzgados entre el primer y segundo trimestre de 2015. Casi la mitad de mujeres que sufren este tipo de violencia, un 44%, admiten no denunciar porque no lo consideran lo suficientemente grave. Datos que dejan entrever las características específicas de este tipo de violencia. El motivo se suma a otros como el miedo a las represalias, la vergüenza y el temor a que alguien se entere.

Por ello, los expertos insisten en la importancia de que la atención psicológica y el apoyo a las mujeres no dependa de que denuncien o no. Aunque muchos servicios sí se ofrecen independientemente de ello, la mayoría de las mujeres que acceden han denunciado, por lo que las organizaciones que trabajan con víctimas demandan que se garanticen este tipo de recursos aunque no haya procedimiento judicial.

Falta de formación de los jueces

Sobre los juzgados especializados en violencia de género, que este pasado año han cumplido una década, pesan críticas de víctimas, jueces y abogados, sobre todo, por la falta de formación de los magistrados y el resto de agentes. Eso a pesar de que el Gobierno lo presentó como un triunfo en el balance de los diez años de la ley integral contra la violencia machista en el Congreso de los Diputados. Aquel día, el ministro Alfonso Alonso obvió nombrar el tijeretazo del 26% que el programa de prevención para la violencia de género ha sufrido desde 2010, a pesar de la ligera subida del 6% que experimenta para 2016.

La falta de formación sigue siendo uno de los puntos débiles del sistema judicial español, según el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW en inglés), que recomienda al Ejecutivo garantizar una formación de los jueces que aborde los estereotipos de género. En opinión de las organizaciones que trabajan con víctimas, esto allanaría el camino de la denuncia y podría favorecer que cada vez menos mujeres la retirasen.

La macroencuesta calcula que un 20,9% de las que acudieron a la justicia o a la policía renunciaron a continuar con el proceso. Las razones que esgrimen son variadas, pero destacan la "promesa de que no iba a suceder más", "pensó que podía cambiar o cambió", el miedo y porque el agresor era el padre de sus hijos o hijas. La situación de los menores expuestos a situaciones de violencia machista ha sido uno de los temas que han marcado el año sobre este asunto.

El pasado mes de agosto entró en vigor la Ley de la Infancia y la Adolescencia, que les reconoce como víctimas directas. Sin embargo, la ausencia de formación o el bajo número de profesionales son algunos de los retos a los que se enfrenta el sistema para ponerlo en práctica. El pasado 8 de noviembre, el hijo de Elvira y nieto de Magdalena tuvo que ver cómo su padre asesinaba a ambas en la localidad valenciana de Lliria en el momento de devolver al menor a su madre tras un régimen de visitas de fin de semana. Como él, 50 menores se han quedado huérfanos este año debido a este tipo de violencia. En parte porque solo en un 3% de los casos se suspende el régimen de visitas a padres maltratadores.

El Ministerio de Sanidad solo contabilizó a la madre del niño como víctima de violencia de género porque la ley de 2004 solo considera así a las mujeres que hayan mantenido o mantengan una relación sentimental con el agresor. Algo similar ocurrió el pasado mes de agosto en Cuenca, donde un hombre asesinó a su exnovia y a su amiga. Por eso ampliar la ley integral ha sido una de las reivindicaciones que el movimiento feminista ha hecho este 2015. La intención es que incluya otros tipos de violencias, no solo las que se dan en el ámbito de la pareja o expareja. Entrarían así las agresiones sexuales o los matrimonios forzados.

Fue una de las exigencias que enarboló la histórica manifestación del pasado 7 de noviembre, que tiñó las calles de violeta y llenó Madrid de voces contra la violencia machista. El feminismo pedía también la consideración de la violencia de género como una cuestión de Estado, algo que incluían la mayoría de los principales partidos políticos que concurrieron a los comicios del pasado 20 de diciembre. El tema de la violencia de género se introdujo en la campaña electoral, tras conocer que Ciudadanos se presentaba con un programa que incluía la medida de acabar con el agravante específico para casos de este tipo.