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Los cuerpos de fuerza y seguridad del estado advierten que no es recomendable publicar nuestras ubicaciones en las redes sociales. Se refieren a aquellas personas que publican, por ejemplo, sus rutinas de ejercicios deportivos o viajes.

Los riesgos no tienen edades

El aviso que hace la policía, de Torrent ( Valencia) en este caso, es el siguiente: «Hacer deporte está de categoría, pero publicarlo en las redes sociales es una mala idea. Sin saberlo, estás facilitando información, tu ubicación, recorridos a los malos de dónde localizarte y a qué horas. Protege tu privacidad» reza el mensaje.

La oleada de delitos por robo ha aumentado en los últimos tiempos y el hecho de que publiquemos nuestras rutinas y horarios, facilita la gestión de aquella persona que pretenda invadir nuestra intimidad o que pretenda allanar nuestra vivienda en busca de objetos de valor.

De hecho, hace tiempo que se ha iniciado una campaña para poner en conocimiento a los menores de los riesgos que entrañan las redes sociales.

Hemos estado juntos a alumnxs de 4º de primaria para enseñarles los riesgos en las #redessociales. #Internet es una gran fuente de información pero debemos poner especial cuidado para NO facilitar información personal a desconocidos.#RiesgosDeInternet#CampañaRiesgosInternetpic.twitter.com/0aNdBbOP1Y — Policía Torrent (@PoliciaTorrent) 15 de febrero de 2019

Alertan de una nueva estafa en la que falsos policías piden un soborno

La Policía Nacional ha hecho público un comunicado en el que alerta de una nueva modalidad de estafa que se está produciendo en Valencia mediante la cual personas que se hacen pasar por agentes reclaman el pago de cantidades que oscilan entre 40.000 y 50.000 euros para evitar que un familiar vaya a prisión tras haber cometido un atropello.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, los estafadores se ponen en contacto con personas de edad avanzada haciéndose pasar por agentes de policía de las dependencias de la calle Hospital y le comunican que su hijo ha atropellado a una persona, y que para evitar la prisión debía pagar una cantidad que oscila entre 40.000 y 50.000 euros.