La escena se ha repetido en las últimas dos semanas en diferentes puntos de España: concejales y alcaldes de las plataformas municipalistas mediando en desahucios. "Eso significa ser el alcalde de todos", incidía José María González, nuevo regidor de Cádiz, en una entrevista publicada este martes, el mismo día en que Amnistía Internacional (AI) ha arremetido contra las autoridades españolas por la actitud que han mantenido sobre este tema durante toda la crisis. “Han incumplido todas las obligaciones internacionales sobre el derecho a la vivienda”, ha recalcado Esteban Beltrán, director de la ONG, durante la presentación de un nuevo informe que revela que ya se han producido más de 600.000 ejecuciones hipotecarias desde 2008. De ellas, solo entre 2012 y mediados de 2014, casi 100.000 afectaron a viviendas principales.

"Muchas autoridades en España no conciben la vivienda como un derecho humano, sino como un bien de consumo. Esa es la raíz fundamental de este problema", ha explicado Beltrán, antes de que Koldo Casla, autor del informe, ahondase en las principales medidas políticas que han supuesto una "regresión" en el país. Como recoge el documento publicado este martes, el gasto en vivienda social se ha reducido en más de un 50% en los Presupuestos Generales del Estado entre 2009 y 2014.

Un "recorte llamativo" —en boca de Casla— que se produce en un país que invierte poco en este tipo de inmuebles, en comparación con las naciones de su entorno. Según los datos del estudio de AI, titulado Derechos desalojados, España cuenta con un 1,1% de viviendas sociales; situándose así a la cola de la Unión Europea. Solo Grecia presenta un porcentaje más bajo. Y Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%) se encuentran muy lejos.

"El banco no solo quería mi casa, también iba a por mis padres" El calvario de Ainhoa Lafuente empezó en 2009. En 2005, con un empleo fijo como dependienta en una tienda de decoración en Terrassa (Barcelona), se compró un piso en la ciudad. El banco le financió el 100% de la hipoteca, 157.000 euros, que fue pagando hasta 2013. Pese a que cuatro años antes había perdido su trabajo, a que encontró otro en 2010 que solo le duró un año, y a que en 2011 se quedó en paro. Hasta ahora. Con una niña de tres años, esta madre de 36 años consiguió el pasado lunes la dación en pago de su antigua casa: "Tras abonar, eso sí, 4.500 euros. El importe que se debía era más de 200.000 euros, después de haber pagado 50.000". "Cuando negociamos, el banco no solo quería mi casa. También la de mis padres, que me avalaron. Una vivienda de protección social que aún están pagando. Y eso que mi padre tiene un ictus y a que mi madre le han operado de un cáncer de mama. El banco iba a por ellos", explica Lafuente. "La gente como yo, que ya no nos queda nada, está cansada. Solo quiero trabajar. ¿Por qué se creen que dejé de pagar la hipoteca en 2013? Para poder darle un trozo de pan a mi niña".

A este contexto se suma, además, que España concentra cerca del 30% de todas las viviendas vacías que hay en Europa. "Las autoridades de las comunidades y del Gobierno central no han intensificado su uso, tal y como recomendaba en 2008 el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada", incide el informe de Amnistía, que recoge también cómo se ha procedido durante estos años a la venta de inmuebles sociales a fondos de inversión —casi 5.000 en la Comunidad de Madrid y cerca de 400 en Cataluña—.

"Es difícil encontrar en España una violación de derechos humanos tan extendida y tan invisible", ha continuado Esteban Beltrán, que ha denunciado cómo las autoridades españolas han obviado todas las recomendaciones internacionales que se le han hecho sobre la materia. "Por ejemplo, no se ha creado un mecanismo obligatorio para mediar", ha remarcado el director de la ONG, que ha añadido que todas las políticas desarrolladas en el país se han centrado en aliviar la deuda: "Y no en reconocer el derecho a la vivienda como un derecho fundamental".