La presidenta andaluza Susana Díaz no quiere que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participe en ningún acto en Andalucía durante la precampaña electoral. Según fuentes de la dirección federal del partido, Díaz ha hecho llegar el mensaje a Sánchez de que se abstenga de celebrar asambleas abiertas de militantes en su territorio hasta el 28 de febrero. Esta fecha señalada como el Día de Andalucía, marca también el comienzo de la campaña electoral para los comicios andaluces del 22 de marzo.

Aquejada por la gripe, Díaz no ha podido asistir este fin de semana a la convención de candidatos autonómicos del PSOE celebrada en Valencia. No ha participado en la “foto de unidad”. La convención era para reivindicar el ecosistema socialdemócrata frente a la derecha extrema, ultracatólica y neoliberal del PP y frente a los planteamientos rupturistas de Podemos. Ante la ausencia de Díaz, el discurso político le correspondió al presidente de Asturias, Javier Fernández.

Si los socialistas se sienten amenazados por el PP y Podemos y consideran más necesario que nunca un cierre de filas en defensa de la socialdemocracia, la opción que más ha beneficiado a los ciudadanos, según dicen, no se entiende muy bien la actitud de Díaz contra Sánchez, máxime cuando el secretario general, elegido por los militantes hace poco más de medio año, ha sido extraordinariamente cauteloso con la política andaluza.

Quizá por paradojas de la política, el argumento formal de Díaz para marcar distancias con Sánchez es que no ha sido capaz de “poner en valor” la política andaluza desde su puesto de secretario general. La cuestión de fondo se resume en la ambición de poder. El “victimismo” de los socialistas entre dos grandes fuegos, el PP y Podemos, pierde todo sentido al comprobar que en este partido cada pájaro tiene su canto.

Si la “puesta en valor” de la política de la Junta de Andalucía pasa por la denuncia de los recortes, vetos y dificultades que el Gobierno del PP se ha dedicado a poner, resulta evidente que los socialistas han denunciado en el Parlamento todos los recursos judiciales del Ejecutivo central contra la ley andaluza de vivienda, contra la central de compras de medicamentos, contra la ley del impuesto a la banca y un largo etcétera. No parece, por tanto, muy fundada la queja de Díaz.

Más difícil de “poner en valor” resulta el asunto de los fondos de formación para el empleo, que se ha sumado al escándalo de los Eres fraudulentos. Sánchez, que ha dejado claro que los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán tendrán que dejar sus escaños de diputado y senador, respectivamente, si resultan imputados por el Tribunal Supremo en el 'caso de los Eres', ha optado por la discreción y el silencio en el de los fondos de formación.

Desde la secretaría general del PSOE, Sánchez, podría haber ordenado a Díaz que no proteja como aforados a los señalados por la instructora Mercedes Alaya como presuntos responsables de la trama de corrupción, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Antonio Ávila, pero no lo ha hecho. Los tres han quedado adscritos a la Diputación del Parlamento Andaluz para conservar el fuero y que no puedan ser citados a declarar por la jueza en plena campaña electoral.

La cuestión es si la protección coyuntural se prolongará más allá de las elecciones del 22 de marzo, es decir, si los supuestos responsables de la, al parecer, delictiva administración del dinero público, irán en las listas. Y es ahí donde la presidenta y secretaria general de la poderosa organización no quiere que Sánchez intervenga, ni siquiera que aparezca en Andalucía para recoger el amplio malestar de los socialistas de base.