Se levantan a las 4 de la mañana. Conducen somnolientos durante una, dos horas. Luego viene de verdad lo duro. Doblados sobre su espalda fuerzan sus músculos para rellenar el mayor número posible de cajas, sin descanso, aunque duela. A veces sin las medidas de protección necesarias. Así pueden pasar ocho, diez y hasta doce horas. No importa si hay cuarenta grados o la lluvia les cala hasta los huesos.

Todo para cobrar unos 30 euros la jornada. No hace falta hacer muchos cálculos, son 3 euros a la hora, la mitad de lo que exige su convenio colectivo. Una cantidad intolerable en un país europeo… salvo que seas inmigrante.

La explotación laboral sigue existiendo hoy en el campo español. Son casos concretos, no se puede generalizar, pero existen. Nadie lo niega. Los abusos se repiten contra los que más dificultades tienen para quejarse: la mano de obra migrante, esa misma que mantuvo nuestras despensas llenas cuando los españoles decidimos abandonar el campo por la construcción. Es el miedo el que silencia los abusos, el que amortigua las protestas. Solo salen a la luz algunos de los casos, los más escandalosos.

“Uno de los más graves ocurrió a finales del año pasado”, cuentan fuentes de la Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía de Murcia. “La empresa fumigaba al mismo tiempo que los empleados estaban trabajando en el invernadero, prácticamente lo hacía encima de ellos. Los trabajadores se mareaban y tenían que salir fuera. Si se recuperaban les obligaban a volver a trabajar y si no, no cobraban. Dentro había incluso mujeres embarazadas”. Aquel día la policía les pilló in fraganti.

La imagen que encontraron los agentes al entrar al invernadero fue difícil de olvidar. “Recuerdo que iban todos llenos de manchas amarillas, como de azufre, en la cara, en la ropa. Ni siquiera tenían mascarillas”. Y esto solo fue el principio. Además de obligarles a trabajar bajo sustancias tóxicas, muchos de los jornaleros no tenían contrato, su salario no alcanzaba ni siquiera el mínimo y solo se les permitía descansar durante 15 minutos al día, tiempo que debían recuperar después. El informe policial es claro, habla de “condiciones abusivas y próximas a la esclavitud”.

Dieciocho personas fueron detenidas en esta operación llevada a cabo en los municipios murcianos de Lorca y Mazarrón, acusadas de un delito contra el derecho de los trabajadores y contra la salud pública. Son casos concretos -repetimos-, pero sangrantes.

El 60% son extranjeros

El paisaje de la huerta murciana tiene hoy poco que ver con el de hace unos años. De las 8 o 9 mil personas que trabajaban en campaña a finales de los 70, se ha pasado a 70 mil. Como explica Ángel Soler, secretario general de CCOO en Murcia, “ya apenas hay pequeños agricultores, casi todo son grandes empresas que producen en distintas fincas de Murcia e incluso de Granada, Almería o Albacete”.

Hoy el sector agrícola y agroalimentario representa casi el 11% del PIB regional y es el suministrador de grandes superficies en toda Europa, especialmente en Reino Unido, Alemania y Francia. Solo en 2015 facturó más de 4 mil millones de euros en exportaciones.

Sin embargo, todos estos logros comerciales no han ido en paralelo a la conquista de derechos. “Desde la entrada de mano de obra extranjera las relaciones laborales se han degenerado. Los empresarios aprovecharon para bajar los sueldos y empeorar las condiciones. Es verdad que ha habido mejoras en los últimos años pero sigue habiendo explotación”, denuncia el líder sindical. De los 70 mil jornaleros que trabajan en el campo murciano, más del 40% son magrebíes y subsaharianos, un 20% sudamericanos y un 4% proceden de países de Europa del Este.

Al caer la noche, un grupo de chicos ghaneses se reúne en la plaza San Francisco de Cartagena. Muchos de ellos acaban de llegar del campo, están agotados. Samuel (nombre ficticio) ha pasado todo el día en Albacete, cortando brócoli desde las siete de la mañana.

Calcula que puede haber ganado 20 o 25 euros, como mucho 30 y eso porque hoy ha corrido mucho. “Al final sufres para nada. El otro día no podía ni levantarme por el dolor de espalda. ¿Y todo para qué?, ¿Para ganar con suerte 600 o 700 euros al mes? Cualquiera en una oficina recibe 1.500 haciendo las mismas horas y encima tiene aire acondicionado. Esto no es vida”, se queja.

A Isaac (nombre ficticio) tampoco le gusta el campo. Lleva un año y medio recogiendo col, cebolla, brócoli, coliflor, patatas. “Te tratan como a un animal, como un burro, con gritos e insultos para que vayas más rápido. La gente está sufriendo mucho en el campo”, explica el ghanés, “no podemos ni quejarnos porque sino te ponen en la lista negra. Donde hay poder no hay ley. Total, quién va a respetar a un inmigrante”.

“Soy persona, no esclavo laboral”

El 25 de enero de 2015 jornaleros de toda Murcia ocuparon las calles de la ciudad para decir basta a los abusos. Según los cálculos oficiales hubo cinco mil personas, aunque otras estimaciones hablan de diez mil. No importan las cifras, fue un éxito absoluto, sobre todo porque nació de los propios trabajadores. “Soy persona, no esclavo laboral”, gritaron sus pancartas. “No al destajo”, pedían otras tantas. Es su principal reivindicación.

Trabajo a destajo es aquel en el que el trabajador no cobra por hora, sino según el trabajo realizado. Por ejemplo, 15 céntimos por cada caja de lechugas. El sueldo depende del número de cajas que seas capaz de llenar. Tardes lo que tardes, ese es tu problema. “Al trabajar a destajo no puedes descansar ni para comer porque sino no ganas nada. No puedes perder ni un minuto”, explica Samuel, el chico de Ghana, “la gente corta el brócoli como máquinas”.

Por todo esto, el trabajo a destajo está prohibido. El convenio agropecuario establece de forma clara que los trabajadores deben cobrar entre 6,11 y 7 euros la hora, pero algunas empresas simplemente se lo saltan. “Se está cometiendo un fraude. El trabajo a destajo está prohibido desde 1980, cuando se publicó el Estatuto de los Trabajadores. La empresa debe garantizarles el salario mínimo”, recuerda Ángel Soler, de CCOO.

Otro problema son las cotizaciones. Mohamed revisa las nóminas varias veces, no lo entiende. “En cuatro meses sólo tengo 25 días cotizados”, cuenta sorprendido este argelino. Asegura que ha trabajado mucho más, pero no consta sobre el papel.

Oficialmente no existen. Casos como éste llegan con frecuencia a la ong Murcia Acoge. “Gente que trabaja 8 horas y les declaran menos, que trabajan 25 días y les cotizan 10. Es habitual”, denuncia Abderrezzak Drioua, coordinador de esta ong. “Tuvimos el caso de un empresario que solo declaraba a sus trabajadores dos horas al día. Luego, el resto se lo pagaba en negro. Por culpa de este fraude hay personas que han perdido su permiso de residencia al no tener cotizado lo suficiente, que han perdido la jubilación, que han perdido ayudas”, insiste Drioua.

La manifestación de 2015 puso por primera vez en evidencia todas estas irregularidades y ayudó a impulsar cambios. No obstante, si hubo algo realmente decisivo fue el reportaje emitido en esa misma fecha por la cadena de televisión británica Channel 4. Bajo el título “¿Cuál es el precio real de tu ensalada?” denunciaba el maltrato y explotación de los trabajadores en empresas agrícolas de Murcia. Muchas de ellas, proveedoras de supermercados ingleses. A raíz de la emisión, marcas como Tesco o Marks and Spencer exigieron responsabilidades a sus contrapartes españolas y pidieron más transparencia bajo la amenaza de dejar de comprarles. El reportaje puso además el foco en otro de los principales responsables: Las Empresas de Trabajo Temporal.

Las ETT en el punto de mira

Uno de cada tres jornaleros del campo murciano está contratado por una ETT. Su peso en el sector agrícola se ha multiplicado en los últimos años. Ahora es el principal campo de batalla de los sindicatos. “Hay fincas donde el 50 o 70% de los trabajadores están por ETT, cuando esos contratos tendrían que ser fijos discontinuos”, critica Ángel Soler, “las ETT solo deberían emplearse en casos muy justificados. Nadie las controla, favorecen la inestabilidad, ni siquiera tienen representantes sindicales”. El líder de CCOO insiste, “los contratados por ETT están indefensos, en tierra de nadie”.

Lo cierto es que la relación directa entre la Empresa de Trabajo Temporal y el empleado del campo acaba en el momento en que se firma el contrato. Después, la ETT delega todo su poder en el encargado -por lo general también suele ser de origen extranjero- y esto da lugar a abusos con demasiada frecuencia.

Como explica el coordinador de Murcia Acoge, “hemos visto muchos casos de abuso laboral e incluso sexual por parte de encargados. Se aprovechan de su posición y chantajean a los trabajadores”. Para Abderrezzak Drioua hay un problema evidente: “Deberían formar a los encargados para que sepan actuar correctamente, no tienen criterio para elegirlos”.

Manuel Álvarez es director general de Innova, empresa que gestiona varias ETT en Murcia, entre ellas Integra Empleo, una de las más grandes. Reconoce que sus encargados no reciben una formación específica para dirigir equipos, pero aclara “nosotros tenemos confianza plena en ellos”.

Álvarez niega que en sus empresas haya explotación y asegura que disponen de sellos que acreditan el cumplimiento de códigos éticos. “El problema es el desconocimiento sobre la normativa. Hay diferentes convenios. Las cosas no están claras”, se defiende. El director de Innova reconoce que ha oído el “run run” sobre los casos de abusos. Eso sí, garantiza que en sus empresas no pasa. “Piratas hay en todas partes. Es una realidad del campo”.

Desde la patronal Proexport, que agrupa a unos cincuenta empresarios agrícolas de Murcia, también aseguran conocer la explotación solo de oídas. “No se puede generalizar a todo el sector, que se diga con nombres y apellidos quién incumple y se le sancione”, pide Pedro Alfonso Garré, presidente del comité de relaciones laborales.

La patronal pasa la pelota a los sindicatos e insiste en que son ellos y la Inspección de Trabajo los que tienen el deber de investigar y denunciar. Ambas partes están ahora en plena negociación colectiva, pero las posibilidades de acuerdo son lejanas.

Los empresarios piden jornadas más flexibles, que puedan alargarse en los picos de trabajo. “Lo exigen los clientes, tenemos que cumplir con los pedidos, sino se irán a comprar a otro país”, incide Garré. Pero los sindicatos se oponen. Creen que esto solo dará pie a más abusos, a que los trabajadores acaben exhaustos, a que ocurran accidentes. Ya pasó este mes de abril. Cinco trabajadores marroquíes murieron en un accidente de tráfico cuando se dirigían a la finca a trabajar. Su coche volcó después de que el conductor se durmiera al volante.

El negocio de los papeles

Hay algo más duro que ser migrante y jornalero. Ser migrante, jornalero y no tener papeles. En teoría no existen. Contratar a una persona indocumentada es delito y puede costarle al empresario entre dos y cinco años de cárcel y multa de hasta diez mil euros por trabajador. Sin embargo, en Murcia se ha encontrado la forma: Usurpando la identidad de otro compañero que sí los tenga.

Omar llegó desde Senegal en 2005 “buscando el paraíso”, dice sonriendo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de cómo funcionan aquí las cosas. Al poco tiempo de pisar suelo español fue encerrado en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), del que salió 40 días después.

A Omar le permitieron quedarse en España, pero no trabajar. Su tío le dio la solución. “Un tío mío que vivía aquí en Murcia me dijo que otro chico senegalés me dejaría sus papeles. Así yo podía trabajar y cotizaba por él. En el campo no hay muchos controles, solo te piden la fotocopia del dni y ni siquiera se fijan en si eres el mismo de la foto”.

Así estuvo tres años hasta que consiguió su propio permiso de residencia. “¿Cómo iba a vivir si no?”, insiste. Ahora, que hace mucho que dejó el campo, todavía hay quien se le acerca para preguntarle si conoce a alguien que deje sus papeles.

Este tráfico de documentos de identidad es bastante conocido en la zona. Incluso a veces ha sido impulsado por algunas empresas y ETT. El caso más reciente ocurrió en mayo de este año, en la localidad de Santomera. “Era el propio encargado el que animaba a personas sin documentación a buscar a alguien que se les pareciera físicamente para pedirles sus papeles”, cuentan desde la Brigada de Extranjería, “a la hora de cobrar, a esos trabajadores se les pagaba menos. Se aprovechaban de su situación de irregularidad”. Este caso concreto ocurrió en una ETT.

Doce personas fueron detenidas, entre ellas los propios responsables de la empresa por un delito de usurpación de estado civil en grado de inductor. “El problema de estas prácticas es que la persona que consta en el contrato no es la persona que en realidad trabaja. Entonces, ¿qué pasa si ese trabajador se corta un brazo? No aparece en ningún papel, no está cubierto”, explican fuentes de la Policía Nacional.

Según la última memoria de la Fiscalía de Murcia, durante 2014 se incoaron 37 expedientes por delitos contra el derecho de los trabajadores extranjeros, el doble que el año anterior. No obstante, la mayoría fueron archivados, bien porque los denunciantes acabaron echándose atrás o por falta de pruebas.

La policía anima a los propios trabajadores a denunciar, a salir de esa espiral de silencio que sigue favoreciendo el abuso. Recuerdan que hay vías anónimas para hacerlo, como a través de la web policia.es. “Parte de culpa es nuestra, porque todos callamos por miedo”, reconoce Mohamed, “nosotros también tenemos que concienciarnos. Como dice el refrán, todos necesitamos comer, pero no tenemos por qué comer pan amargo”.

Como consumidores hoy podemos saber, con solo mirar el etiquetado, si los recolectores de nuestro café en Colombia han recibido un salario justo, si el cacao recogido en Ghana está libre de explotación o si la camiseta que llegó a nuestro armario desde Bangladesh fue confeccionada durante una jornada laboral razonable.

Sin embargo, como explican desde la organización Fairtrade, “no existe ningún sello de comercio justo para productos manufacturados en países desarrollados como España”. Quizá porque se da por hecho que aquí esas cosas no pasan, porque resulta demasiado difícil de entender que en pleno siglo XXI también exista explotación a este lado del “paraíso”.

Este reportaje ha sido realizado dentro del programa “Periodistas de Frontera”, impulsado por el Instituto Panos para el África Occidental (IPAO).