Tras dos ocasiones fallidas durante 2016, Felipe de Borbón viajará finalmente a Arabia Saudí en este mes de enero para mantener y reforzar la antigua alianza que une la monarquía parlamentaria del Estado español con la monarquía absoluta y teocrática que gobierna la mayor parte de la Península Arábiga con puño de hierro desde la fundación del reino en 1932. Dada la opacidad que caracteriza a ambas monarquías, no conocemos el contenido concreto de la agenda, pero entre otras cosas pretende estrechar lazos reuniéndose con Muhammad bin Naif y con Muhammad bin Salman. El primero es el heredero de la corona saudí y ministro de Interior, y el segundo, además de su sobrino, es el ministro de Defensa y siguiente en la línea de sucesión a la corona.

Suponemos que en estas conversaciones hablarán de los cuantiosos acuerdos comerciales que en este momento mantiene el Estado español con Arabia Saudí. Las empresas armamentísticas españolas, estrechamente vinculadas al Partido Popular a través del exministro Pedro Morenés, se cuentan entre las principales proveedoras de material bélico a las instituciones saudíes. A pesar de las resoluciones del Parlamento Europeo exigiendo un embargo de armas a Riad por su participación en diferentes conflictos, en 2015 (el último año del que se disponen cifras) se exportaron armas por valor de 546 millones de euros a Arabia Saudí.

Y luego también está Navantia, la empresa que el Gobierno utiliza cada poco para chantajear algunas de las zonas, como la Bahía de Cádiz, más empobrecidas del Estado. Chantajean porque de esta manera lavan la cara de los acuerdos con los saudíes prometiendo empleo en algunas de las zonas con índices de paro más elevados a través de la construcción de buques de guerra en unos astilleros que han quedado prácticamente sin actividad tras las privatizaciones de gobiernos populares y socialistas, como si la construcción de unos pocos buques fuera a recomponer el tejido industrial que tanto se esmeraron en destruir González y Aznar.

El Gobierno español se ha justificado afirmando en diferentes ocasiones que la finalidad de dichas armas queda en organismos o empresas de carácter público. Esto es poco tranquilizador en un país que cuenta con una de las tasas de represión más elevadas del mundo y que se rige por una serie de leyes recogidas de una interpretación ultraconservadora de la religión dictadas por una familia real, los al-Saud, que no sólo dan nombre al país, sino que cuentan con poder absoluto. Cualquier gesto de oposición a los gobernantes o al estricto sistema de gobierno es sistemáticamente criminalizado y condenado, a menudo de manera violenta.

Debido a la opacidad del régimen resulta imposible conocer los datos concretos, pero organizaciones como la Comisión Islámica de Derechos Humanos (con sede en Londres y estatus consultivo para la ONU) o medios de comunicación como la BBC hablan de decenas de miles de personas encarceladas. Estas van desde Thamir al-Khidr, detenido y torturado por haber fundado una organización estudiantil con 19 años, hasta el poeta palestino Ashraf Fayadh, en la cárcel desde 2014 por un poema considerado apóstata por los tribunales. La tortura es utilizada como un método de castigo a través de las condenas a latigazos, y la pena de muerte se aplicó en el año 2016 a más de 100 personas con métodos tan crueles como el decapitamiento, y por delitos tan diversos como el tráfico de drogas o la práctica de brujería.

La tortura también es utilizada por la policía secreta, la mabahith, de forma sistemática en su tarea de persecución de cualquier tipo de disidencia. Con este tipo de instituciones públicas, la venta de armas a las mismas no sólo es contraria a la Posición Común de la Unión Europea en materia de control de equipos militares y de armas convencionales, sino que desde luego tiene una compatibilidad más que cuestionable con los derechos humanos. Y en este entramado de diferentes cuerpos de control y represión, los materiales policiales exportados desde nuestro estado son usados para defender el statu quo monárquico.

Pero además de la represión interna, Arabia Saudí tiene un papel importante como potencia regional, llevándola a intervenir en los diferentes conflictos de manera más o menos directa. Diferentes estudios han podido probar que más de un tercio de la financiación que reciben organizaciones terroristas que operan en Siria como Daesh o Fateh al-Sham proviene de fundaciones privadas con sede en las monarquías absolutas de la Península Arábiga y el Golfo Pérsico. Arabia Saudí también juega un papel central en otro de los conflictos más importantes y silenciados de la región, la guerra en la que está sumida Yemen desde hace dos años y que ya ha costado más de 10.000 vidas y ha generado más de 3.000.000 de personas desplazadas.

Desde que se iniciase el conflicto armado, el ejército saudí ha estado directamente sobre el territorio yemení, así como tropas de Egipto, Marruecos, Jordania, Sudán, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin, todos ellos aliados saudíes a nivel regional y con estrechos lazos con los gobiernos occidentales. Además, se ha constatado la presencia de grupos mercenarios financiados por fundaciones saudíes que, entre otros, incluyen a antiguos miembros de los grupos paramilitares colombianos, además de otros combatientes ligados a la extrema derecha Latinoamericana. Su objetivo pasa por la imposición a un presidente títere como es Abd Rabbuh Mansur al-Hadi, máximo valedor de los intereses saudíes en Saná y que sucedió en unas elecciones en las que fue el único candidato al anterior presidente, Saleh. Bajo mandato de Saleh comenzaron los cambios en Yemen tras el levantamiento de amplios sectores de la población por las duras condiciones económicas y las elevadas tasas de desempleo del país, uno de los más pobres del mundo árabe, así como los altísimos niveles de corrupción.

Al-Hadi es ahora reconocido por la mayoría de potencias mundiales, pero apenas tiene apoyos dentro del país. Gran parte del terreno está controlado por grupos rebeldes mayoritariamente de confesión hutí por un lado, y por al-Qaeda por el otro. Para lograr su objetivo de controlar el país, la monarquía saudí no ha dudado en bombardear toda clase de objetivos, incluyendo escuelas, instalaciones de organizaciones humanitarias (lo que ha provocado que la mayoría de ellas abandonen el país) u hospitales de Médicos sin Fronteras. Hay también informes de Human Rights Watch que hablan de la utilización por parte de los saudíes de armas contrarias a la legislación internacional como las bombas de racimo. Todo esto acompañado de una situación de sitio generada por las fuerzas saudíes que afecta a 20 millones de personas, el 78% de la población, y que dificulta el acceso de la población civil a recursos básicos como son el agua o los medicamentos, lo que ha sido tipificado como una forma de tortura por las Naciones Unidas.

La intervención saudí, cuyo objetivo es también controlar el estrecho de entrada al Mar Rojo, fundamental por ser la ruta para el petróleo y el gas extraídos en el Golfo Pérsico rumbo a Europa, cuenta con una implicación directa española. No sólo por el apoyo incondicional del Gobierno y la monarquía a los al-Saud, sino también por la amplia presencia de armas españolas. Entre los armamentos ilegales como las bombas de racimo o el fósforo blanco (que parece haber sido suministrado por los Estados Unidos) hay centenares de armas fabricadas en el Estado español. Gracias a las imágenes difundidas por los hutíes de los arsenales capturados al ejército saudí y al trabajo investigador de la consultora ARES (Armament Research Services) sabemos del uso de granadas y lanzagranadas de la empresa Instalaza, con sede en Zaragoza. Estas son las armas llegadas a manos rebeldes, pero sabemos también de la presencia de más de cuatrocientos tanques españoles y otras armas de todo tipo, sin contar las que hayan ido a parar a manos de los grupos terroristas.

Estas armas están al servicio del interés saudí en controlar Yemen, sin importar el uso de métodos contrarios al derecho internacional y a pesar de las palabras pretendidamente tranquilizadoras del Ministro. Pero claro, el ejército saudí es un organismo público. Uno que comete crímenes de guerra, pero un organismo público al fin y al cabo.

Con todo, Felipe de Borbón no ha considerado relevante dar más datos de su inminente visita a Arabia Saudí. Parece que no hubiera suficientes motivos con todo lo expuesto para replantearse las relaciones preferenciales con esta monarquía teocrática que, además, impone un sistema de tutela sobre las mujeres por parte de su familiar barón más cercano (esposo, padre, hermano o hijo) y en el que los más de nueve millones de trabajadores y trabajadoras migrantes viven en situaciones de esclavitud y son a menudo víctimas de la trata en sectores como el trabajo doméstico, que emplea a más de medio millón de mujeres llegadas del sudeste asiático y África.

Las reuniones que Felipe de Borbón mantendrá con los dos ministros responsables del uso criminal de las armas producidas por la industria española demuestra una visión de su papel como Jefe de Estado alejada de la mayoría social y los derechos humanos, y centrada en la defensa de los intereses de las grandes corporaciones internacionales. Es lo que cabe esperar de una monarquía como la de los Borbones y como la de los al-Saud, intrínsecamente ligada a las multinacionales petroleras. Es lo que ocurre cuando ninguna de las dos ha sido elegida por el pueblo.