En los estados de excepción se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale. Eso es así en general, pero más todavía cuando la adopción de la medida de protección excepcional del Estado tiene su origen en un problema que afecta a la Constitución Territorial. Si la ruptura de la "normalidad" se produce como consecuencia de un problema de naturaleza territorial, es muy difícil reparar lo que se ha roto. En las crisis de esta naturaleza, "la normalidad" se ha ido deteriorando lenta y progresivamente y, cuando se produce la ruptura, lo hace en la forma de un terremoto de magnitud considerable, tras el cual ya no hay "normalidad" a la que volver. El edificio constitucional no puede ser reparado.

Lo que está ocurriendo en España tras la activación del artículo 155 de la Constitución ejemplifica perfectamente lo que acabo de decir. No tengo la menor duda de que el Presidente del Gobierno, cuando decidió hacer uso de la "coacción federal" prevista en dicho artículo, pensaba en una suspensión temporal del ejercicio del derecho a la autonomía en Catalunya con la finalidad de volver a "la normalidad" lo más rápidamente posible. Todavía tengo menos duda de que esa era la idea del Secretario General del PSOE e, inicialmente, también la de Albert Rivera. El 155 de la Constitución como un paréntesis breve, que se extendería el tiempo necesario para la celebración de elecciones e investidura de un president de la Generalitat.

Si la aplicación del artículo 155 de la Constitución se hubiera reducido a la disolución del Parlament y a la convocatoria de elecciones y si a dichas elecciones hubieran podido acudir los dirigentes nacionalistas sin que se hubieran activado querellas contra ellos que los llevaron a la cárcel o al exilio, tal vez hubiera sido posible abrir algún tipo de diálogo tras el resultado electoral y la suspensión del derecho a la autonomía en Catalunya habría tenido una duración muy breve.

Desgraciadamente, eso ya no podremos saberlo. Lo que pudo haber sido y no fue es la expresión más acabada de lo radicalmente imposible. En esas estamos. Unas elecciones con los candidatos de la única opción que puede formar gobierno en el exilio o en la cárcel no pueden ser nunca un camino de retorno a "la normalidad". Son la certificación de que "la normalidad" está rota de manera irreparable. Entre otros motivos, porque una vez que se activan procesos judiciales, se pierde el control político de la situación. Y se pierde de manera irrecuperable.

En el proceso de investidura tras el resultado electoral del 21-D hemos tenido ocasión de comprobarlo. En lugar de ser un proceso protagonizado por el president del Parlament y por el Pleno del Parlament, ha estado dominado por el juez Pablo Llarena. A partir de ese momento no solamente no hay forma de entablar ningún tipo de diálogo, sino que se avanza inexorablemente en la peor de las direcciones posibles.

Quim Torra ha sido investido president de la Generalitat y prácticamente todo el mundo fuera de Catalunya y casi la mitad de los ciudadanos catalanes se están llevando las manos a la cabeza a medida que han ido conociendo su trayectoria política. Nos estamos enterando de lo que este señor ha dicho y escrito a lo largo de muchos años. Prácticamente nadie sabía quién era. Hoy todo el mundo sabe quién es.

Pero lo que no se está diciendo es que Quim Torra ha sido candidato a la investidura porque el juez Pablo Llarena interrumpió el proceso de investidura de Jordi Turrull. Jordi Turrull pronunció su discurso de investidura y se sometió a una primera votación, en la que no obtuvo la mayoría absoluta. El juez instructor decidió que volviera a ingresar en prisión antes de la segunda votación e interrumpió de esta manera el proceso de investidura.

El discurso de Jordi Turrul fue el más moderado que se puede esperar en las circunstancias actuales de un nacionalista catalán. Tanto en el fondo como en la forma. No fue un discurso desafiante ni hiriente. Pero se le impidió que pudiera ser elegido president. Y se hizo además de manera anticonstitucional.

El resultado ha sido dejar las manos libres a Carles Puigdemont para que ponga en práctica la estrategia más radical de todas las imaginables en este momento. Eso es lo que supone la designación de Quim Torra como candidato a la Presidencia.

Hay problemas que únicamente se pueden resolver mediante la expresión de manera directa del principio de legitimación democrática. Cuando se hace intervenir al poder judicial, que también tiene legitimación democrática, pero indirecta, se hace imposible cualquier tipo de solución.

El 155 de la Constitución en manos del juez Pablo Llarena no es la solución de nada, sino la certificación de la quiebra de la Constitución Territorial de 1978. Tenemos 155 de la Constitución por tiempo indefinido.