Sálvese quién pueda. Esa es la estrategia que parece haber puesto en marcha José Carlos Boza Lechuga, el alcalde del PP en Valdemoro que dimitió de su cargo tras ser detenido y encarcelado el pasado mes de octubre en la 'Operación Púnica'. El entonces primer edil de la localidad madrileña epicentro de la trama de corrupción ha remitido recientemente a la Audiencia Nacional un recurso en el que no sólo le pide al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, que le sobresea de las graves acusaciones que existen contra él, sino que acusa directamente a su antecesor en el cargo y hoy diputado en la Asamblea de Madrid, José Miguel Moreno Torres, de estar detrás de, al menos, 22 de 'pelotazos' detectadas durante la investigación. Moreno Torres no está imputado en la causa por su condición de aforado, pero el magistrado ya ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre sus actividades como primer edil del municipio madrileño. Este domingo, el parlamentario regional no atendió los requerimientos de Vozpópuli para dar su versión.

Boza Lechuga asegura que los 9 contratos municipales y 13 planes urbanísticos bajo sospecha fueron aprobados con Moreno Torres en la alcaldía de Valdemoro

El escrito de Boza Lechuga, de trece folios de extensión y al que ha tenido acceso Vozpópuli, fue entregado en el juzgado a comienzos del pasado mes de febrero y no había salido hasta ahora a la luz ya que el secreto de sumario permanece vigente para gran parte de la causa. En el mismo, el que fuera alcalde recuerda que fue detenido el 27 de octubre del pasado año y que, tras tres días en los calabozos de la Guardia Civil, fue enviado a prisión acusado de "tráfico de influencias, organización criminal, malversación, revelación de secretos, falsificación y fraude". El 17 de diciembre pasado salió en libertad bajo fianza de 25.000 euros. Para entonces, ya había renunciado a su puesto de primer edil y visto como sus cuentas eran embargadas por orden judicial, "reanudando su vida profesional anterior al cargo público".

El abogado de Boza Lechuga afirma en el escrito exculpatorio que pese a los meses transcurridos desde su arresto aún no sabe de qué se acusa concretamente a su cliente precisamente por el secreto de sumario, pero que cree que, por las preguntas que le hicieron el juez Velasco y la Fiscalía Anticorrupción durante el interrogatorio, todo deriva "de concursos y contratos irregulares que en ningún caso corresponde a su regencia del Ayuntamiento de Valdemoro". Es, en pocas palabras, "un claro error temporal". Para Bouza, el responsable de aquella gestión supuestamente fraudulenta no es otro que su antecesor, José Miguel Moreno Torres, quien, como destaca en el recurso, ocupó el cargo "desde el 3 de diciembre de 2003 hasta el mes de junio de 2011, esto es ocho años". Además recalca que la vinculación del hoy diputado regional con la gestión del consistorio es muy anterior y "se remonta hasta el año 1999, momento en que se incorporó al equipo de Gobierno de Francisco Granados", el exdirigente del PP madrileño señalado por la investigación como una de las piezas claves de la trama Púnica.

"Heredó" de su antecesor las deudas y la secretaria

El exalcalde destaca que en sus tres años en el cargo no ha tenido "ningún tipo de negocio o relación con los hechos" que se le imputan "ni con las personas implicadas en este proceso, salvo las derivadas del cargo ocupado por el mismo". Incluso recalca que su llegada al Ayuntamiento "no supuso en ningún caso la renovación del equipo de la casa consistorial ya que, por un lado, muchos venían ya en las listas elaboradas por la regional de su partido y, otros, eran empleados del Ayuntamiento desde mucho tiempo atrás". De hecho, afirma que ni siquiera eligió a su secretaria, la cual "heredó" y que, por supuesto, tampoco seleccionó "los cargos municipales más destacados como Urbanismo y Hacienda". Su capacidad de maniobra, afirma, se limitó a seleccionar quiénes ocuparían "concejalías menores" y al jefe de su Gabinete.

Uno de los 'pelotazos' denunciados es la construcción de un aparcamiento en Valdemoro por una de las empresas de David Marjaliza, presunto cerebro de la trama

Siempre según su escrito, su antecesor en el puesto le dejó un Ayuntamiento en "absoluta ruina" en el que "ni siquiera hay dinero para pagar las nóminas de los empleados del mes siguiente" a su llegada. El tesorero del consistorio, del que también recalca que formaba parte del "anterior equipo", le informó entonces que había una deuda de 120 millones de euros, lo que le obligó a someter a las cuentas a una drástica reducción presupuestaria que le impidió en los tres años que estuvo al frente del Ayuntamiento a realizar "ninguna actividad urbanística" ni firmar "contrato alguno de entidad económica". Por ello, recalca que todas aquellas operaciones ahora bajo sospecha "fueron contratas en un periodo anterior a que mi representado fuera alcalde", en clara referencia a las dos legislaturas de Moreno Torres como regidor.

En este punto, Boza Lechuga detalla los 22 'pelotazos' registrados en su municipio de los que hace responsable a su antecesor. Así habla de cesión de un terreno para la construcción de un gimnasio en diciembre de 2010 por 70 años de explotación por el pago de 1.000 euros al mes "más parte de los beneficios" y de la adjudicación de, al menos, tres aparcamientos subterráneos en la localidad adjudicados a dos empresas constructoras, una de ellas Obrum Urrbanismo y Construcciones SL, propiedad de David Marjaliza, amigo de Granados y del propio Moreno Torres, y señalado por las investigaciones como el presunto cerebro de la trama de corrupción. El alcalde de Valdemoro cuando se desarrolló la 'Operación Púnica' también relaciona a su antecesor con el contrato que cedió por cuatro años "el mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas" de la localidad a una empresa a la que las arcas del Consistorio pagaron un total de 11,7 millones de euros "más Iva".

Una pista de hielo, un parque de bomberos...

Boza Lechuga también pone bajo sospecha la adjudicación en febrero de 2009 del servicio de recogida de basuras, mantenimiento de jardines y calles, limpieza viaria y conservación de edificios municipales a dos UTE por 22 millones de euros anuales. Además, critica el contrato de explotación de la pista de hielo del municipio a una empresa pese a que su oferta era la peor. En este punto, el escrito asegura que a el Ayuntamiento debía pagar a la adjudicataria 120.000 euros al año, mientras que la oferta que fue rechazada era el Consistorio el que recibía una cantidad de la concesionaria. También pone en duda la legalidad del acuerdo para adjudicar la construcción de un parque de bomberos en el municipio por 3,5 millones de euros que fue inaugurado justo antes de las elecciones locales de 2011, pese a lo cual "está sin dotación de bomberos".

El escrito denuncia que Moreno Torres adjudicó la gestión de la pista de hielo a una oferta que obligaba al Ayuntamiento a pagar 120.000 euros al año

En la relación de supuestos 'pufos' dados por su antecesor en el cargo, el político del PP también incluye los convenios por los que el Ayuntamiento de Valdemoro cedió de manera gratuita las instalaciones municipales a diferentes escuelas deportivas privadas y las subvenciones que el consistorio entregaba a diferentes asociaciones. Finalmente, el escrito detalla trece planes urbanísticos en cuya aprobación él asegura no haber tenido nada que ver. Se trata de los de I-2 Las Canteras, R10-N Majuelo Norte, AA4 Cerro del Castillo Este, AA9 Pozo de San Pedro, R9-N Las Zanjas Norte (una operación urbanística también investigada en el 'caso Gürtel), I-5 La Peluquera, AA& Prado-Estación, AA5 Cerro del Castillo Oeste, R8 El Postiguilo, R9-S Las Zanjas Sur, R10-S Majuelo Sur, AA7 Camino de Las Salinas y AA3 Guardia Civil. De todos ellos destaca que las fechas de aprobación se sitúan entre febrero de 2005 y diciembre de 2010, cuando él aún no había sido elegido alcalde del municipio. En ese periodo, el primer edil era, precisamente, el ahora diputado regional Moreno Torres.

El contrato con Cofely

Boza Lechuga sólo admite haber tenido relación con la aprobación de uno de los concursos investigados, el que adjudicó a CofelyGDF Suez del contrato de ahorro energético del municipio. Según el alcalde, la oferta de esta empresa, cuatro de cuyos directivos fueron arrestados en la 'Operación Púnica', ganó porque fue la única que presentó a oferta, además de que los técnicos del Ayuntamiento concluyeron que con su propuesta el consistorio podría recorta en 300.000 euros anuales el coste para las arcas municipales de la factura en luz y otros combustibles. Bouza recuerda que fue interrogado intensamente por este contrato por la Fiscalía y que él negó haber obtenido "beneficio económico" o conocer que alguien lo hubiera logrado por dicha adjudicación.

Boza sólo admite haber intervenido en la adjudicación del contrato de ahorro energético a Cofely, pero niega irregularidades en la misma

El recurso concluye recordando que él "no dispone de ninguna cuenta en España ni en el extranjero", que sus cuentas corrientes embargadas tienen saldos "más que discretos", que de sus dos coches uno aún lo está pagando a plazos y que la hipoteca de la casa donde reside la terminó de abonar "un mes antes de que se iniciara la causa". También recalca que "no comparte ningún chalet, ni ha recibido bien de tipo alguno por razón a su cargo", que "no ha favorecido a ningún empresario", que mientras fue regidor "su actuación se limitó a hacer frente a una situación económica heredada de absoluta bancarrota" y que "no pertenece a ninguna banda organizada". "El señor Boza está imputado en la presente causa porque era el alcalde de Valdemoro, no cuando se cometen los presuntos actos delictivos que se le imputan, sino cuando estos comienzan a ser investigados", señala su abogado en el escrito. "Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado", añade. Por todo ello, pide el sobreseimiento. Sálvese quién pueda.

EL AFORADO Y SU CHALÉ EN MARBELLA

El escrito de José Carlos Boza Lechuga no es el primer documento del sumario del 'caso Púnica' en el que aparece el nombre de José Miguel Moreno Torres, su antecesor al frente del Ayuntamiento de Valdemoro y ahora diputado 'popular' en la Asamblea de Madrid. De hecho, el juez Eloy Velasco ha encargado a la UCO un informe sobre las supuestas actividades dentro de la trama Púnica de él de y de otros dos aforados, el número 2 del gobierno regional, Salvador Victoria, y el también parlamentario autonómico y alcalde de Sevilla La Nueva, Mario de Utrilla Palombi. Aún no está finalizado y su contenido permanece secreto.

No lo es, sin embargo, un informe de la Agencia Tributaria que desvela que David Marjaliza, el empresario considerado como uno de los cabecillas de la trama de corrupción, corre desde hace años con los "recibos por alarmas" de los chalés que disfrutan en Marbella Moreno Torres y Francisco Granados. Los cargos por dicho servicio son cargados en una cuenta a nombre de Servicios Logísticos Inmobiliarios SL, una de las mercantiles de la trama empresarial del constructor. En el mismo informe, Hacienda también analizaba quién pagaba los recibos de agua de ambos inmuebles. En este caso encontró elementos sospechosos en los que se cargaban por la vivienda que disfrutaba Moreno Torres.

En concreto, observo que los mismos se cargaban en un depósito abierto en noviembre de 2010 en una sucursal de Bankia en Valdemoro a nombre del propio parlamentario regional, pero que en el día de apertura tuvo como "autorizado" a J.D.M.E., un empresario vinculado a varias sociedades, entre ellas una dedicada "a la promoción inmobiliaria de edificaciones" en Valdemoro. Además, las bases de datos de la Agencia Tributaria recogen que Moreno Torres realizó "pagos por arrendamientos" por 6.000 euros a la misma empresa de Marjaliza que supuestamente le pagaba la seguridad de su vivienda en Marbella. Eso sí, "únicamente en el año 2006", mucho menos tiempo del que disfrutó como supuesto alquilado del chalé de lujo.