Un juez de la Audiencia Nacional y el Gobierno español tienen en su mano conceder la extradición a Turquía del periodista turco Hamza Yalçin, detenido en el aeropuerto de Barcelona cuando se disponía a viajar a Londres. El Gobierno de Ankara consiguió que su nombre apareciera en la lista de Interpol con una acusación de insultar al presidente, Recep Tayip Erdogan, adornada con su supuesta vinculación a un grupo terrorista de extrema izquierda. Yalçin vive en Suecia desde hace muchos años y tiene la nacionalidad sueca.

La Audiencia Nacional envía a prisión provisional al periodista reclamado por Turquía

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La Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa decidió hace tres meses colocar a Turquía en un régimen de vigilancia por las numerosas violaciones de los derechos humanos ocurridas en ese país desde el golpe de Estado frustrado. Muchas de esas vulneraciones han tenido a los periodistas como víctimas. El caso de Yalçin es uno más de una larga lista.

178 periodistas se encuentran encarcelados en Turquía en estos momentos, aunque la cifra varía constantemente. Algunos de ellos obtienen la libertad condicional, sin que las causas penales contra ellos desaparezcan, pero otros son detenidos en redadas contra el personal de los medios de comunicación.

La última operación contra periodistas tienen que ver con una aplicación de teléfono móvil. Sólo eso puede hacer que acabes en prisión en Turquía. Un tribunal ha emitido 35 órdenes de detención contra trabajadores de medios, incluidos periodistas, por tener en su móvil la app ByLock que sirve para encriptar llamadas o recibir comunicaciones de personas que cuentan con ella. Nueve de ellos fueron detenidos en la mañana del jueves. Los fiscales parten de la teoría de que cualquier persona que tenga esa aplicación en su móvil es sospechoso de pertenecer a la red gulenista, la organización religiosa a la que el Gobierno acusó de organizar el golpe. Miles de personas han sido detenidas o despedidas de sus trabajos en la Administración por recibir llamadas de personas que tenían ByLock en sus móviles.

Muchos de los periodistas detenidos en las últimas semanas trabajaban en medios propiedad de los gulenistas o cercanos a ellos. No son los únicos. Entre los arrestados está Burak Ekici, director de la web del periódico izquierdista BirGun, que ha criticado tanto a Erdogan como a Gülen. Eso no impide que Ekici esté acusado de pertenecer a una "organización terrorista".

Todas las causas contra periodistas incluyen referencias a grupos terroristas. La ley permite entablar acciones legales contra periodistas por apoyar a los terroristas en sus artículos, aunque no sean miembros de esas organizaciones. Afirmar que no se pertenece a estos grupos no sirve de nada a los abogados de los periodistas. Es suficiente con haber escrito un artículo contra Erdogan para entrar en esa categoría legal. El Ministerio de Interior es quien toma la decisión y la fiscalía obedece órdenes.

En julio comenzó el juicio contra 17 periodistas y directivos del periódico Cumhuriyet, el más antiguo del país, también por la acusación de colaborar con grupos terroristas. El Gobierno se lanzó contra el diario por calificar de "caza de brujas" la represión producida después del golpe. También ayudó en la persecución la información del periódico que contaba cómo los servicios de inteligencia turcos entregaron armas en 2014 a grupos insurgentes sirios camufladas como ayuda humanitaria. El director y el jefe de la delegación de Ankara ya estaban procesados por ese artículo.

Siete de esos periodistas fueron puestos en libertad condicional al poco de comenzar la vista, que se reanudará en septiembre.

El periodista francés Loup Bureau está encarcelado a la espera de juicio porque la policía encontró en su cámara al entrar en Turquía desde Irak imágenes de miembros de las milicias del YPG, que luchan en Siria contra el ISIS. Como Turquía considera a YPG un grupo terrorista, el francés está acusado de colaborar con esa organización.

El periodista turco-alemán Deniz Yucel está encarcelado desde febrero. El colaborador del diario Die Welt está acusado de colaborar con dos grupos tan diferentes como el PKK kurdo y el ISIS. Erdogan le ha acusado en público de ser un espía.

Un diario proErdogan –en realidad, ahora lo son casi todos– ha acusado también al periodista alemán Frank Nordhausen, corresponsal en Estambul, de trabajar para el espionaje de su país. Aún no está detenido.

No son sólo periodistas los que pueden acabar arrestados por delitos de opinión. 157 personas fueron detenidas en la primera semana de agosto por comentarios escritos en redes sociales. Supuestamente por difundir propaganda en favor de la red Gülen, el PKK kurdo o el ISIS. La policía estaba rastreando a 2.696 usuarios de redes por sus opiniones, consiguió identificar a 196 y ha detenido a 157.

Turquía está en el puesto 155º en la lista de Reporteros sin Fronteras sobre libertad de expresión en la que hay 180 países. En ese país, los periodistas son detenidos, encarcelados y procesados por delitos de opinión, básicamente por criticar al Gobierno, con acusaciones que siempre terminan siendo por pertenencia o apoyo a grupos terroristas.

El caso de Hamza Yalçin no es muy diferente al de esos 178 periodistas encarcelados.