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El magazine neoliberal estadounidense «Slate» manifestaba hace unos días su extrañeza porque, transcurridos más de 40 años desde la muerte del dictador Francisco Franco, y más de 80 de la insurrección armada que lo llevó al poder, su herencia política continúe siendo motivo de debate en el seno de la sociedad española. La revista dice que el legado de Franco continúa dividiendo las opiniones en España.

¿Qué es lo que puede estar provocando una situación como esta, después de la desaparición física de Franco hace ya casi medio siglo? Con no poca ingenuidad y gran desconocimiento de cuáles son las estructuras políticas y económicas que rigen la vida española, «Slate» atribuye el fenómeno a hechos ciertos, pero manifiestamente secundarios. Opina que ello se debe a la «debilidad» de la Ley de Amnistía y a la inercia política del bipartidismo que ha dominado la vida política española a lo largo de las últimas cuatro décadas. Agrega, además, como otro factor, la ausencia en España de un consensoclaro sobre el periodo de la autocracia franquista que, según la revista, dificulta la construcción de referencias democráticas que sean reconocidas por todos.

No sin asombro, el magazine Slate pone de relieve el hecho de que el pasado 12 noviembre un juez suspendiera el proyecto del Ayuntamiento de Madrid para proceder la asignación de nuevos nombres a 52 calles, intituladas con apellidos que homenajean a antiguos jerarcas del Régimen franquista o a acontecimientos festejados por éste. La demanda en contra de los cambios de denominaciones fue formulada ante el juzgado por la«Fundación Francisco Franco». Sin embargo, lo crea o no la revista Slate, hechos como el que cita ocurren con bastante frecuencia en el marco de la «democracia» española.

Los márgenes políticos que permite el actual sistema monárquico español son tan estrechos que ni siquiera haciendo uso de sus propias leyes es posible evitarlos. No es una casualidad, por ejemplo, que pese a ser evidente que los independentistas catalanes se han caracterizado en su conducta por la práctica de un pacifismo pertinaz, finalmente hayan sido acusados por la Fiscalia General del Estado precisamente por ejercer la rebelión y la violencia. Durante la dictadura franquista las cosas no hubieran sido extraordinariamente distintas.

La publicación estadounidense despacha el asunto calificando estos hechos de«surrealistas«, pues, según asegura, España vive bajo la custodia de dos fantasmas. Por una parte, una Fundación dedicada a cuidar de la memoria del dictador. Y, por otra, el hecho abracadabrante de que, a 42 años de su muerte, continúen perviviendo los símbolos de un Régimen fascista en los espacios urbanos y cotidianos por donde transcurre la vida de los españoles.

La publicación norteamericana enfatiza, atónita, la circunstancia de que todavía existan más de 1.000 calles y 80 colegios cuyos nombres están directamente vinculados al franquismo. Posiblemente los autores del artículo desconozcan que en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife dos ciclópeos monumentos franquistas franquean la fachada marítima de la capital de esa isla canaria, sin que sus autoridades expresen el más mínimo rubor por la imagen de un Francisco Franco alado, a la grupa de una enorme águila.

La revista recuerda que hasta las propias Naciones Unidas han exigido al gobierno español que elabore un plan de reparación para las víctimas de la dictadura. Sin embargo, el tema es intocable. Permanece en punto muerto, sin que ni una amplia demanda social, ni los políticos institucionales se atrevan a ponerlo en marcha.

¿Qué es, pues, lo que ha convertido a una parte de la sociedad española en una suerte de «estatua de sal», inamovible y fuertemente anclada en su pasado político ?

Pese a las interrogantes y a la perplejidad de la revista norteamericana, la realidad es que sí existen poderosas razones que han impedido que el tránsito desde la pasada dictadura a una democracia real se haya producido y que, muy probablemente, tampoco se produzca en un corto plazo de tiempo.

LA «IZQUIERDA», VENDEDORA DE UNA MERCANCÍA AVERIADA

Durante las últimas cuatro décadas los partidos de «izquierda» – PCE y PSOE – se dedicaron a vender profusamente en el extranjero la mercancía averiada de la transición pacífica de la dictadura a la democracia en España. Propalaban fuera que en nuestro país se había producido una mágica «reconciliación» entre los vencedores y vencidos del pasado. Algunos propagandistas políticos de las dos organizaciones citadas actuaron como auténticos difusores volantes de la «inédita» experiencia de la «transición pacífica»española en países latinoamericanos como Chile y la Argentina, que en las décadas de los80 y 90 acababan de salir de sus respectivas dictaduras militares.

Estos personajes no se recataron a la hora de visitar Universidades, recién inaugurados parlamentos, organizaciones políticas e institucionales, difundiendo elogiosamente el contenido de la tali mánica fórmula que había permitido que, según ellos, aquellos que durante años ejercieron con dureza y violencia el poder, se dieran ahora fraternales abrazos con quienes habían sufrido sus persecuciones. Con aires de sapiencia y magisterio se atrevían a recomendar a los chilenos, por ejemplo, cómo deberían de actuar para que la transición a la democracia en su país no fuera traumática. No pocos dirigentes de la«izquierda» chilena siguieron el consejo. Y así les ha ido.

Esas «lecciones» impartidas no eran auténticas. Pero sobre esa «originalisima experiencia histórica carente de precedentes» se escribieron centenares de libros, tesis doctorales y artículos de prensa, programas de TV, etc. Todavía hoy, quienes tratan de salvar los muebles de aquella desafortunada cabriola persisten en continuar cantando sus loas a una transición que no lo fue y que durante todos estos años ha servido de plataforma para urdir y extender la corrupción política y económica a todos los ámbitos de la vida española.

El rigor de las sentencias de la historia, no obstante, suele ser inexorable, y acaba abriéndose camino a través de los obstáculos que presentan interesadas falsificaciones. La verdad es que el proceso político español que siguió a la dictadura fue tan sólo una burda estafa política. Como se expresaba entonces en los medios institucionales afines alRégimen, se trataba de pasar «de la ley a la ley». Es decir, de las leyes de la dictadura a las nuevas leyes de una Monarquía que había sido «instaurada» por expreso deseo del dictador. La fórmula era, ciertamente, risible. Podríamos decir, incluso, fantasmagórica, desde una perspectiva histórica. Pero tanto quienes la ofertaban, como aquellos que se arrogaban la representatividad política de la sociedad española, la aceptaron sin paliativos. El monopolio de los medios de comunicación se encargó de una sociedad española sin experiencia politica pudiera engullir el fraudulento contubernio sin atragantarse.

EL EPÍLOGO DE UNA AVENTURA

La verdad es que, esencialmente, nada había cambiado. El «nuevo» régimen político sólo introdujo cambios formales lampedusianos, previamente pactados con los que hasta entonces habían ostentado la representación de la oposición. Los llamados partidos políticos de «izquierda» y los dos sindicatos que dependian de ellos concertaron con los miembros del antiguo aparato burocrático de la dictadura un confortable ámbito de actuación, en el que se les garantizaba su participación en parcelas de la institucionalidad de la «nueva»Monarquía borbónica y -algo muy revelante- se garantizaban los avales que permitieran la supervivencia económica a sus respectivas burocracias sobrevenidas. Con la anuencia de sus opositores de antaño, el neofranquismo reciclado garantizaba así también el certificado de «veracidad» de la operacion politica que había permitido su propìa«reconversion» democrática. Fue, pues, la dirigencia de las organizaciones politicas de la «izquierda» de aquellos años quienes otorgaron el «nihil obstat» a la maquinación. Sus sucesores de las últimas decadas no harían más que ratificarla en el tiempo.

Y, aunque en la narrativa política vigente este factor no suela tenerse en cuenta, las cosas sucedieron de esta forma porque tras las bambalinas de todo el andamiaje del Estado se encontraba realmente una omnipotente clase empresarial y bancaria, que había utilizado los casi 40 años dictadura para acumular enormes cantidades de capital, obtenido gracias a la sobreexplotación sin freno ni réplica, que les había permitido el Régimen de Franco. Esas clases sociales hegemónicas se encontraban a la muerte del dictador no sólo interesadas en que se produjeran algunos «cambios» cosméticos en la fachada del aparato del Estado, que facilitaran sus fluidas relaciones económicas internacionales. También estaban hondamente preocupadas por el estado de descomposición de la dictadura y la vorágine social que en contra de esta tenía lugar en las calles. Temian, y con razón, que una hipotética caída del franquismo pudiera arrastrarlos también a ellos.

Resulta pues, entendible que desde el exterior no se comprenda cual es la naturaleza real del actual régimen político español. O sea, su carácter de mero continuador del franquismo, con todos los agregados que se han ido añadiendo en el curso de los años subsiguientes . Los equivocados articulistas de la revista estadounidense Slate son, en el mejor de los casos, víctimas, como hemos sido muchos de nosotros, de un engaño deliberado que tuvo su origen hace nada menos que 40 años.

http://canarias-semanal.org/not/21536/-de-la-ley-a-la-ley-o-el-gran-fraude-politico-de-la-transicion-espanola/