CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de académicos, pasantes y estudiantes de la Universidad Anáhuac presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se declare el estado de emergencia en nuestro país y se restrinjan algunos de los derechos constitucionales, con el propósito de evitar contagios por covid-19 en México.

Además, solicitan al organismo internacional que se instruya al gobierno mexicano para que cierre las fronteras, incluida la que se tiene con Estados Unidos de América, y se evite el ingreso al territorio de ciudadanos extranjeros por vía aérea, marítima y terrestre.

Además, urgen a las autoridades locales a realizar más pruebas rápidas para detectar el virus SARS CoV-2.

Para solicitar la intervención inmediata de la CIDH, en un documento de 82 páginas, los peticionarios argumentan acciones erráticas y omisiones del gobierno mexicano, en particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, por minimizar los riesgos de la epidemia, lo que consideran “una situación de gravedad y urgencia” que podría provocar daños irreparables a la salud e integridad de las personas.

Nota de interés:

El escrito presentado ante la sede de la CIDH en Washington, que se encuentra en estudio para su admisión o rechazo, agrega que las omisiones de las autoridades mexicanas afectan y transgreden los derechos a la vida, a la salud y al trabajo de su población, por lo que demandan a ese organismo declarar un estado de emergencia en México, con base en los artículos 29 de la Constitución Mexicana y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ambas declaratorias buscan que se restrinjan derechos y garantías fundamentales, como los derechos de reunión y tránsito, con el propósito de que se establezca una cuarentena obligatoria para toda la población, con el argumento de que el aislamiento social voluntario no ha funcionado.

“Si bien se estableció la cuarentena como política de contención, consistente en el aislamiento y la suspensión de actividades no esenciales, ésta no es obligatoria, por lo que no es efectiva, ya que la misma no ha sido acatada por la población en su gran mayoría, sobre todo en razón de que las personas que por necesidad y falta de apoyo gubernamental salen a trabajar y aquellas que se encuentran en la economía informal, ven incrementado su riesgo de contagio y de ser portadores del virus, constituyéndose en un foco de contagio”, sostiene la petición de los abogados de la Universidad Anáhuac.

En otro punto, los peticionarios solicitan a la CIDH que ordene al gobierno de México la “clausura de puertos aéreos y marítimos, así como de fronteras terrestres para extranjeros”, exceptuando a cónyuges y a quienes tienen relación de parentesco en primer grado con residentes extranjeros en nuestro país.

Además, que el gobierno federal establezca un protocolo de sanitización para cualquier aeronave, embarcación, automóvil o camión de carácter comercial cuando ingrese a territorio nacional.

También que se ponga en aislamiento a todas las “personas procedentes de Estados Unidos de América y cualquier otro país altamente infectado”.

De acuerdo con el documento, la medida busca evitar la propagación del virus y el contagio a la población en riesgo, así como beneficiar al personal de salud para que no enfrente sobrecargas de trabajo.

Nota de interés:

Otra de las medidas cautelares que se solicitan de manera urgente es la implementación de acciones económicas que permitan paliar la recesión que ha provocado la pandemia, argumentando que no existe una propuesta económica que sea acorde con las recomendaciones de organismos internacionales especializados.

La petición solicita redireccionar el gasto público del gobierno federal para invertir en insumos médicos, pruebas rápidas, sanidad en hospitales y clínicas gubernamentales, y equipo de protección para el personal médico y administrativo de los servicios médicos oficiales.

Otras instalaciones oficiales que se piden mejorar en materia de sanidad y limpieza son las estaciones migratorias, centros penitenciarios, estancias infantiles, albergues para personas en situación de calle y residencias geriátricas, con el fin de prevenir el contagio en estos lugares.

Los peticionarios señalan que la urgencia para que la CIDH ordene la redistribución del gasto público se justifica por las declaraciones del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, en el sentido de que no habrá disminución en los recursos destinados a la construcción de las obras emblemáticas del gobierno de López Obrador, como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas en Tabasco y el Tren Maya en el sureste del país.

De igual manera, piden que el gobierno mexicano permita deducir del pago de impuestos hasta el 15% las donaciones que se realicen a hospitales y sociedades que produzcan bienes para cuidar la higiene y la salud de las personas, dado que –subrayan– es facultad del Ejecutivo federal aplicar el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación en materia de epidemias.

Además, que se permita a las empresas la reducción de salarios a sus trabajadores previa declaratoria de emergencia, con el fin de conservar las fuentes de empleo.

Los peticionarios solicitan la reducción del IVA a diversos alimentos como la leche y la carne de pollo, res, cerdo y pescado, huevo, frijoles, lentejas y arroz, a pesar de que ninguno de estos productos está gravado con el Impuesto al Valor Agregado por tratarse de alimentos no procesados.

Otra de las peticiones del grupo es la urgencia de que se incrementen “las pruebas de covid-19 por parte de laboratorios públicos que se dediquen al análisis clínico”.

De acuerdo con la solicitud, el objetivo de esta medida cautelar es “prevenir contagios y que el sistema de salud nacional esté en condiciones de poder brindar una mejor atención médica”, debido a que un diagnóstico más preciso de la enfermedad ayudaría a reforzar el aislamiento social como medida de mitigación para prevenir contagios y evitar el colapso de los sistemas de salud por un eventual desbordamiento en el número de pacientes que requieren hospitalización.

El documento está firmado por la académica de Universidad Anáhuac María del Carmen Elorduy Montes; el consultor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Santiago Contró Rodríguez, y algunos estudiantes de esa institución privada.