EL JUNQUITO, Venezuela (Reuters) - José Rengel, un líder opositor de las afueras de la capital venezolana, lleva casi cinco semanas en una atestada celda desde que un testigo lo acusara de liderar un motín que incendió un edificio.

Eugenia Vicuña sostiene un almohadón hecho de una camiseta que, según dijo, usaba su hijo en el momento de su detención en su casa en El Junquito, Venezuela, 7 febrero, 2019. Foto tomada el 7 de febrero del 2019. REUTERS/Angus Berwick

Rengel fue arrestado junto con otros ocho hombres el 24 de enero después de que el testigo, un miembro del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo a los soldados que el hombre de 59 años había saqueado tiendas y “destrozado totalmente” una oficina de transporte público con cócteles molotov, según un informe de la Guardia Nacional un día después.

Los detenidos, a quienes sus familias describen como simpatizantes de la oposición, enfrentan cargos de incendio, hurto y porte ilegal de armas, que podrían darles 10 años de cárcel.

Todos niegan haber participado en la protesta, según declaraciones que dieron a un tribunal y sus abogados.

Una visita al barrio de El Junquito, una zona de asentamientos pobres en la cima de una cresta al oeste de la capital venezolana, mostró que el edificio del transporte público sigue en pie.

La pequeña oficina, con el interior decorado con un retrato del expresidente Hugo Chávez, presta servicios de manera normal y no muestra signos de daños significativos.

La Guardia Nacional dijo en su informe que no le encontraron armas a Rengel, sino que habían incautado dos escopetas a otros dos hombres, quienes a través de sus abogados, negaron tenerlos.

Además, las familias y vecinos de los acusados dijeron que ninguno estaba cerca de la oficina de transporte al momento del arresto, lo que contradice el informe de la Guardia de que fueron detenidos durante la manifestación.

Todos permanecen bajo custodia.

El testigo, Jesús Vielma, dijo a Reuters que mantuvo su testimonio y señaló que los hombres eran “una banda de delicuentes”. El teniente que redactó el informe, Jorge Acevedo, no respondió a mensajes de Facebook y la Guardia Nacional no respondió a las solicitudes de comentarios. Los abogados de Rengel niegan los cargos.

La medida contra los nueve hombres forma parte de los casi 1.100 arrestos por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro desde que el 23 de enero el líder opositor Juan Guaidó se autojuramentó como presidente interino, con respaldo de Estados Unidos.

El gobierno niega que haya presos políticos o fabrique evidencia y dice que la represión tiene como meta acabar con los delincuentes.

Entrevistas de Reuters a 20 personas en El Junquito, en las que una decena dice que estaba con los hombres en ese momento, además de una revisión a los registros de la corte y un informe del organismo, contradicen la versión de la Guardia Nacional de que arrestaron a los hombres durante la protesta.

Sus familiares y abogados dijeron a Reuters que creen que los hombres fueron detenidos arbitrariamente, debido a la falta de evidencia para respaldar los cargos en su contra.

Unos 120 lugareños han firmado una carta de respaldo a la versión de la familia de Rengel sobre los hechos.

La Guardia Nacional no respondió a pedidos de comentarios sobre las discrepancias entre su informe y los testigos. El ministerio de Comunicación, que maneja todas las dudas de los medios de comunicación para el gobierno, tampoco respondió.

Los arrestos, junto con unos 40 asesinatos extrajudiciales por parte de fuerzas de seguridad, han infundido miedo en las áreas pobres, limitando las manifestaciones, dicen políticos locales y ONGs.

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“En vez de ir contra los grandes, van contra los pequeños”, dijo Javier Torres, un colega de Rengel, quien encabeza el partido opositor Acción Democrática en El Junquito. “Es para callar las voces de los dirigentes en estas comunidades”.

GOLPES A LA PUERTA

La esposa de Rengel dijo que preparaba la cena cuando decenas de soldados enmascarados llegaron a la casa.

“Cuando tocaron, mi esposo abrió la puerta sin darse cuenta de lo que encontraría”, relató Onoris de Rengel, de 59 años. “Los soldados entraron gritando ¿Quién es José Rengel? ¿Quién es José Rengel? Fueron a la cocina y nos ordenaron que nos tiráramos al suelo. Le preguntaron dónde estaban las armas”.

Los soldados se fueron con Rengel, a quien golpearon en las costillas, dijo la familia y su abogado. Fotos de la casa, tomadas por vecinos y vistas por Reuters, la muestran saqueada tras la redada, con muebles volcados y ropa esparcida por el piso.

Foro Penal, una ONG de asistencia legal, dijo que los arrestos forman parte de una represión política, ya que decenas de países reconocieron como jefe de Estado a Guaidó, a quien Maduro acusa de intentar derrocarlo con apoyo de Washington.

La ONG dice que los 1.069 arrestos políticos entre el 21 y el 31 de enero son los mayores desde que inició sus registros.

La mayoría de los casos involucran evidencia plantada y hechos alterados para justificar las detenciones, afirmó su director, Alfredo Romero.

El gobierno inició otra ola de represión el fin de semana cuando tropas en la frontera bloquearon convoyes de ayuda humanitaria enviados por la oposición de Colombia y Brasil. Foro Penal dice que se registraron 60 arrestos.

El ministerio de Comunicación no respondió a solicitudes de comentarios sobre los señalamientos de Foro Penal. El presidente del Tribunal Suprema, Maikel Moreno, dijo en enero que los funcionarios judiciales llevan a cabo “un trabajo invaluable con profesionalismo, ética y calidad”.

“AZOTES DEL SECTOR”

Lugareños dijeron que hubo una pequeña protesta el 24 de enero, donde unas pocas decenas de personas bloquearon la carretera y quemaron neumáticos cerca de la oficina de transporte Cacique Tiuna.

Cerca de las siete de la tarde, Jorge Acevedo, un joven teniente de la Guardia Nacional, recibió una llamada en su puesto a unos 4 kilómetros del lugar, según su informe.

El interlocutor, Jesús Vielma, jefe de un consejo local del partido oficialista, dijo a Acevedo que Rengel lideraba un motín, según el informe. La Guardia ocultó la identidad de Vielma en el reporte, pero él confirmó a Reuters que fue el testigo.

Acevedo dijo que cuando él y otros soldados llegaron al lugar, manifestantes les atacaron con bombas molotov y rocas.

Acevedo informó que arrestaron a Rengel y a los otros tras arrinconarlos, describiéndolos como “los más violentos del lugar”.

Una empleada de la oficina de transporte dijo que aún estaba ahí a esa hora y los manifestantes solo empezaron a lanzar proyectiles una hora después. Contó que robaron varios escritorios y que arrojaron una molotov contra el edificio, lo que los obligó a pintar las paredes.

En una declaración dada en el puesto de avanzada de la Guardia esa noche, Vielma dijo que vio a Rengel cargando una escopeta e identificó a los hombres detenidos como los que destruyeron la oficina: “Son azotes del sector”.

Vielma, en una entrevista con Reuters, elogió a la Guardia por poner orden en la comunidad. “No podemos aceptar una banda de delincuentes. Tienen que aceptar las consecuencias.”

Durante una audiencia del 26 de enero en una corte en Caracas, el fiscal no proporcionó pruebas más allá del testimonio de Vielma y las dos escopetas que dijo incautó la Guardia Nacional, pero enfatizó la “magnitud del daño”, según documentos judiciales.

El juez remitió a los hombres a custodia por 45 días mientras continúa la investigación.

CELDA ATESTADA

Algunas familias de los detenidos en El Junquito dicen que los hombres simpatizaban con la oposición.

“Había unas 40 motos subiendo por la vía. Nos pararon, lo jalaron y lo montaron en la moto”, dijo Yosneilis Calzadilla, de 19 años, novia de uno de los hombres detenidos, Jhon Mijares. “No nos dijeron nada”.

Los nueve hombres están encarcelados en una celda de uno por siete metros con decenas de detenidos más, según sus familiares, abogados y documentos judiciales.

Eugenia de Vicuña dijo que solo ha podido ver a su hijo Enmanuel dos veces por unos seis minutos, desde que los soldados dispararon al estudiante de 21 años a quemarropa con balas de goma mientras regresaba a casa con las compras.

El ataque dejó 20 heridas en la espalda que aún no han sido tratadas, según su familia y una foto mostrada por su abogado.

El 29 de enero, en un fallo del juez se ordenó a la Guardia Nacional que trasladara a Vicuña y a los otros a un hospital, pero familiares y abogados dicen que permanecen en la celda.

La Guardia y el Ministerio de Información no respondieron a solicitudes para comentar por qué siguen ahí.