El Estado fue condenado a pagar más de $375 millones por una masacre de aborígenes ocurrida hace casi un siglo

El el 19 de julio de 1924, la policía mató a centenares de cosecheros de algodón de las etnias toba y mocoví que se habían declarado en huelga por los bajos salarios. A pesar de que los acusados fueron declarados inocentes y la causa prescribió, se reabrió en febrero de 2019 y la justicia determinó que fue un genocidio