Un nuevo episodio de corrupción cayó ayer —una vez más— sobre los hombros de unos ciudadanos que asisten, entre indignados y resignados, al estallido de escándalos en los que están implicados políticos de todo el espectro, pero sobre todo del Partido Popular. La macrooperación que inició la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil condujo a la detención de decenas de personas que, presuntamente, han participado en una trama de comisiones sobre contratas por un valor de 250 millones de euros en los dos últimos años.

Las comisiones no se destinaron, aparentemente, a financiación irregular de partidos; se desviaron para el “lucro personal” de los acusados. Francisco Granados, uno de los hombres fuertes del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, seis alcaldes de Madrid —cuatro del PP, uno del PSOE, el de Parla, y un independiente— y el presidente de la Diputación de León, también del PP, están entre los detenidos, además de empresarios y mediadores. La reacción de ambos partidos fue fulminante: los implicados serán suspendidos de militancia y se les pedirá su dimisión.

Por si faltaban más pruebas, esta investigación demuestra que la corrupción alcanza a todas las formaciones con responsabilidades de Gobierno en los distintos niveles de la Administración en las últimas décadas. De la extensión territorial de sus tramas, el número de imputados y la gravedad de los delitos se deduce que no es un epifenómeno indeseable que engrasa y acompaña la actividad política, sino parte intrínseca del propio sistema.

Las oportunidades de corrupción crecieron de forma exponencial con la construcción del Estado autonómico y la potenciación de la vida municipal, sin el acompañamiento del refuerzo del control de un creciente gasto público. Y ello coincidió con una fuerte competencia de partidos de nueva planta —la base de estabilidad de la democracia— necesitados de generosas (y opacas) fuentes de financiación. También los pactos entre formaciones de ideologías dispares, incluidos a veces los sindicatos, han sido caldo de cultivo de acuerdos corruptos o de compraventa de voluntades para asegurar el consenso o encubrir actividades dudosas. La lentitud de la justicia, la inutilidad de las auditorías de cuentas, la incapacidad de los Parlamentos para controlar e investigar a los Ejecutivos, la negligencia e incluso complicidad de los Gobiernos y la autoindulgencia generalizada de los dirigentes de los partidos hicieron el resto. Nada ni nadie frenó cuando todavía se estaba a tiempo la extensión creciente de la podredumbre que iba pasando de una manzana a otra hasta alcanzar al cesto entero.

El carácter sistémico de la corrupción proporciona fácil y demagógica munición a quienes propugnan una ruptura, no con el sistema corrupto, sino con el constitucional, incluso para buscar soluciones de signo opuesto a la democracia. Confundir la corrupción con el consenso constitucional alcanzado en 1978 es el más perverso de los resultados que pueden cosechar los corruptos. Los partidos políticos todavía mayoritarios tienen que ser conscientes de su responsabilidad en estos momentos y situarse, si es que aún están a tiempo, en la vanguardia de una regeneración auténtica, no de la farsa que algunos pretenden. Ya que no pueden impedir la investigación de sus actividades delictivas, algunos prefieren, como Sansón, perecer bajo las columnas del templo con todos los filisteos.

Queda el consuelo de que algunos instrumentos del sistema aún funcionan: la trama descubierta ayer lo fue porque hubo funcionarios públicos que han cumplido con su obligación. Pero quienes insisten en mirar para otro lado y relativizar el problema parecen no entender que los políticos corruptos son, también, enemigos genuinos de la democracia y del consenso constitucional.

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