Ante la imposibilidad del Gobierno nacional de implementar voto electrónico en la Argentina para el año 2017, varios gobernadores están impulsando reformas provinciales para implantarlo localmente. En la Provincia de Córdoba, a pesar de haber descartado la idea hace pocos meses, el Poder Ejecutivo ha presentado un ridículo proyecto de ley, que se aprobará casi sin discusión en los próximos días.

Implementación de voto electrónico con un sistema que la ley no especifica ni define, controles a los equipos informáticos en 300 metros a la redonda de las escuelas y prohibición de fiscalizar a quienes no posean título universitario y estén matriculados en el tristemente célebre «Consejo Profesional de Ciencias Informáticas«. Córdoba pasará de tener uno de los mejores sistemas electorales del país, a plegarse a la movida «modernizadora» argentina de implementar un sistema que los países más avanzados del mundo han descartado.

No importa la amplia experiencia internacional, ni el contundente pronunciamiento de los departamentos de computación de cinco de las principales universidades nacionales (dos de ellas, cordobesas). Tampoco importa que Córdoba haya implementado exitosamente el sistema de boleta única de papel en el año 2011, ni siquiera las declaraciones del líder del oficialismo en la Legislatura, Carlos Gutierrez, hace sólo seis meses:

“Nos vamos a quedar con la boleta única que tenemos hoy. Córdoba ha avanzado y creemos que tenemos una buena herramienta que ya ha dado muestras de que es eficiente y práctica para la gente. Sí buscaremos, a través de algún mecanismo digital, la manera de acelerar los tiempos para tener resultados confiables en mejores tiempos”

No importa nada de esto. En un subrepticio e inexplicable arranque reformista, el Gobierno de Córdoba ahora impulsa la utilización de computadoras como medio de votación. Y lo hace mediante un proyecto de ley que hace que la lamentable iniciativa nacional demorada en el Senado parezca una pieza jurídica brillante. Por ejemplo, así es como nuestros legisladores creen que impedirán sabotajes, manipulaciones y violaciones del sistema informático de votación:

Artículo 12o.- Utilización de medios electrónicos por particulares en el acto

electoral. La utilización por particulares de computadoras portátiles y de otros medios electrónicos que puedan interceptar o alterar el software empleado en la elección, podrá ser fiscalizada por las fuerzas de seguridad en la vía pública adyacente al establecimiento hasta un radio de TRESCIENTOS (300) metros del mismo y por las autoridades de mesa en su ámbito de jurisdicción, respetando el derecho a la inviolabilidad personal y ejerciendo el máximo de prudencia para el caso.

Sí, la nueva ley electoral limitará el uso de computadoras y otros equipos informáticos en un radio de 300 metros de las escuelas donde se vote (afortunadamente aclara que esto se hará «respetando el derecho a la inviolabilidad personal» y con prudencia). Pero la cosa no termina ahí. Como si fuera posible realmente fiscalizar una elección realizada con medios electrónicos, la ley agrega una dificultad adicional: los partidos políticos no pueden elegir libremente a sus fiscales informáticos, ya que se les exige tener un título universitario y estar matriculados en el infame Consejo Profesional de Ciencias Informáticas (otro engendro cordobès, también a contramano del mundo).

Quiero detenerme en este punto para destacar que curiosamente (o no tanto), el CPCIPC me amenazó con denunciarme por «ejercicio ilegal de la profesión informática» (aclarando que nada tiene esto que ver con ningún sistema de votación):

Curiosamente, por un lado la ley restringe la libertad de los partidos para elegir a sus fiscales (y de los ciudadanos a fiscalizar), pero pretende esto de los ciudadanos que sean designados presidentes de mesa:

En caso de que se utilizaran medios electrónicos de votación, el presidente de

mesa examinará el o los dispositivos de votación, a pedido de los fiscales o cuando

lo estime necesario, a fin de cerciorarse que funcionen correctamente.

¿Será capaz cualquier ciudadano cordobés de asegurarse de que una computadora (tanto su hardware como su software) funciona correctamente? Modestamente, este programador sin título y sin matrícula profesional (con una década de experiencia en sistemas de votación electrónica) opina que no.

Tal parece que el nefasto proyecto de reforma electoral se aprobará el próximo miércoles 21 de diciembre, contra la experiencia internacional, la opinión de los expertos informáticos del mundo (no matriculados en el CPCIPC) y la racionalidad. Porque el Presidente de la Nación —al fallar su intento de implementar voto electrónico a nivel nacional en 2017— mandó a sus gobernadores aliados a modificar las leyes electorales provinciales con urgencia para votar usando computadoras (que algunos sospechan ya fueron adquiridas). El Gobernador de Córdoba garabateó un proyecto de 17 artículos en pocos días, Y la legislatura provincial dará curso al pedido sancionando la ley sin ningún tipo de discusión. No se me ocurre algo más parecido al feudalismo.

Adenda (21 de diciembre de 2016)

En el día de ayer, se realizó una conferencia de prensa en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba, de la que participaron especialistas en informática y en derecho, alertando sobre los peligros de la reforma electoral propuesta.