También se les responsabiliza de unos 8.292 asesinatos cometidos por cuerpos de seguridad a sus órdenes, en operaciones que pretendían combatir la violencia criminal generando más asesinatos.

En noviembre pasado la fiscal general de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, presentó ante la Corte Penal Internacional, de La Haya sus alegatos para pedir la detención y el enjuiciamiento del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y cuatro generales del gobierno, a los que acusa de crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado.

“La denuncia contiene una sistematización de la información de muchos de los casos que a todas luces constituyen violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela, por parte de quienes hemos señalado como autores, luego de un análisis racional del acervo probatorio”, señala el documento firmado por Ortega Díaz, hoy disidente del gobierno de Maduro, quien la considera una prófuga de la justicia.

“Sin embargo, debemos entender que los casos acá explanados, constituyen sólo una muestra de las consecuencias que el aparato de terror instaurado en Venezuela continúa causando un inmenso sufrimiento sobre la población civil”, agrega el texto del petitorio.

La relación de casos incluye desde la masacre de Barlovento, la represión masiva de las manifestaciones pacíficas, hasta el asesinato de Juan Pablo Pernalete, la invasión a las residencias denominados Los Verdes, en Caracas, la prisión arbitraria de Yon Goicochea, la prisión de 14 policías del municipio Chacao, y hasta los ataques al propio Ministerio Público.

“Son miles los venezolanos que han sido víctimas de los delitos que acá hemos denunciado, se cuentan igualmente por miles los asesinados a manos de la política represiva desplegada por los organismos de seguridad de Estado bajo las órdenes del Poder Ejecutivo”, agrega.

Los hechos narrados incluyen los relacionados y derivados de la llamada “Operación de Liberación del Pueblo” (OLP) las redadas sistemáticas que dejaron al menos 505 asesinatos, y a la represión contra los manifestantes civiles que colmaron las calles de Venezuela en 2017, con un rastro de asesinatos, detenciones arbitrarias y torturas.

Estos son algunos de los detalles de este inédito proceso, expuestos en un documento de 494 páginas, al que tuvo acceso El Estímulo, desde La Haya:

– El expediente fue elaborado por la propia Fiscalía General en un laborioso proceso de investigaciones que fue interrumpido con la intervención militar de esta institución en agosto pasado.

– Recoge “pruebas documentales” de asesinatos, torturas, detenciones ilegales y arbitrarias y persecución de grupos por motivos fundamentalmente políticos.

– Estos delitos fueron ejecutados “no solo con conocimiento, sino incluso organizados, permitidos y ordenados desde las propias estructuras del poder político en Venezuela, como partes de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.

– El proceso invoca el Estatuto de Roma que dio paso a la creación de la Corte Penal Internacional, suscrito también por Venezuela el 7 de mayo de 2000 y que califica como “Crímenes de lesa humanidad”, entre otros, el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura, violación y “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género”.

– “Cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”:

– La denuncia de Ortega Díaz alcanza a Maduro y a los ministros de Defensa, mayor general Vladimir Padrino López; de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Néstor Luis Reverol Torres; el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), mayor general Gustavo González López y contra el mayor general Antonio José Benavides Torres “por la comisión de crímenes de lesa humanidad”, por ser autores de los delitos de asesinato, encarcelación, tortura, persecución de grupo o colectividad con identidad propia por razones políticas y otros actos inhumanos”.

– El Estatuto es ley interna por haberlo aprobado la Asamblea Nacional de Venezuela, el 13 de diciembre de 2000”.

– La denuncia afirma que la actual crisis política, social y económica por la que atraviesa Venezuela “tiene como signo, el ejercicio desmedido del poder en detrimento de los derechos humanos de todos los habitantes del país, cometiendo actos criminales en el contexto de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.

– “En Venezuela se ha ejecutado en los últimos años, específicamente a partir de 2015, un proceso bien estructurado de sometimiento de la ciudadanía a la voluntad de quienes detentan el poder, lo que implica la violación de todo principio democrático”.

– “Los mecanismos de control social que se han ido diseñando y ejecutando desde el alto gobierno, han devenido en la comisión de graves crímenes contra los derechos humanos, en los que se identifican claros patrones de comportamiento contra grupos humanos identificables, que han sido sistemáticamente afectados por una política pública represiva, que tiene diversas expresiones, lo que además se ha hecho de forma sistemática y generalizada desde las estructuras del poder”, agrega.

– El escrito establece un hilo conductor “que vincula acontecimientos que son parte de una escalada represiva criminal que tuvo como saldo cientos de personas fallecidas, allanamientos masivos, desplazamiento forzado de personas, detenciones ilegales y arbitrarias, destrucción de viviendas, personas lesionadas, torturadas, persecuciones políticas, entre otras, ejecutada por órdenes directas del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y por parte del tren ministerial”, agrega al enumerar a los militares.

– “En Venezuela se ha consolidado un Estado de terror que tiene como único objetivo el mantenimiento del poder por parte de quienes actualmente lo detentan”, alega.

– “Para la imposición del sistema de terror dedicado a la violación sistemática de los derechos humanos el gobierno se aseguró de establecer un absoluto dominio sobre el Poder Judicial, hasta el punto de convertirlo en el principal brazo ejecutor de las acciones persecutorias a la población civil principalmente por razones políticas o ideológicas”.

– “Ya antes de que el gobierno hubiese tomado el control del Poder Judicial se estaban ejecutando acciones para la construcción de un aparataje de Estado de carácter policial, militar y paramilitar (civiles armados), dirigido a enfrentar y reprimir cualquier expresión del descontento creciente de la población, frente a la agobiante situación económica, política y social del país y frente al régimen autoritario”.

– Cita como “uno de los hitos de este plan para limitar derechos a los ciudadanos y legitimar las muertes y lesiones producto de la represión”, la resolución No. 008610 suscrita por el ministro para la Defensa, del 27 de enero de 2015, mediante la cual, con la excusa de regular la actuación de la fuerza pública en manifestaciones, autorizó el uso de fuerza letal mediante armas de fuego para el control del orden público y da plenas facultades a la Fuerza Armada Nacional para el control del orden público.

– “Esta resolución resulta clave para el inicio del control militar del Estado, la limitación de derechos ciudadanos e imposición del ataque sistemático y generalizado a la población civil, lo que produjo cientos de muertos, miles de heridos, detenidos, torturados y desplazados en Venezuela, acciones que claramente constituyen diversos crímenes de lesa humanidad”.

– “A partir de la vigencia de dicha resolución, comienza a considerarse, que toda manifestación o expresión contraria al gobierno sería concebida como una actividad insurreccional que no afecta ya el orden público, sino el orden interno, razón por la que excede cualquier actividad de las fuerzas policiales civiles y por ende autorizan la actuación militar”.

– “A partir de ese momento, el ciudadano que protesta o discrepa del poder pasó a ser un enemigo, un objetivo militar, contra quien incluso puede utilizarse la fuerza letal”.

– “Analizando en perspectiva resulta evidente, que, para ese momento, el gobierno se encontraba perfeccionando su aparato represivo de ataque a la población, lo que requería contar con cierto marco normativo que legitimara la utilización de la fuerza letal en contra de cualquiera que ejerciera alguna acción de disidencia o de protesta ciudadana”.

– Alega que el Ministerio Público advirtió por escrito al ministro de la Defensa acerca de la inconstitucionalidad de tal resolución, y el peligro que ella constituía para el desarrollo de los derechos civiles de los ciudadanos, invitándole a corregirla de modo que fuese compatible con el modelo de Estado.

– “Estas advertencias no sólo fueron desatendidas por el alto gobierno, incluso fueron consideradas como un acto de traición de la Fiscal General, bajo la lógica gubernamental de cuestionar y descalificar cualquier opinión contraria a sus intereses o a favor de los derechos humanos. El gobierno optó por defender la militarización del orden público y la utilización de fuerza letal”, argumenta.

– La sombra de las OLP –

– “Lo que en aquel momento advertimos, tal como era el grave peligro del uso letal de la fuerza en el marco de manifestaciones, efectivamente se materializó; se tradujo durante los meses siguientes, y hasta el presente, en centenares de muertos y heridos por disparos de armas de fuego a manos de fuerzas policiales, militares y paramilitares” (…)

Sobre las OLP recuerda que según el discurso oficial, estos funcionarios tenían como objetivo la supuesta “liberación” de lugares en donde presuntamente operan grupos delincuenciales que se dedicaban especialmente a actividades del paramilitarismo, bandas criminales, sicariato, extorsión y secuestro.

“Se inició un agresivo proceso de señalamiento público y de criminalización de ciertos grupos humanos, a quienes se les acusaba de desestabilización económica, bachaqueo (reventa de productos básicos en el mercado negro) violencia paramilitar, entre otros apelativos, que debían ser combatidos con el uso de la fuerza gubernamental”.

“Así empezó un proceso de justificación de la fuerza desmedida de aquellos que fueron etiquetados como enemigos de la población y que por ende merecían ser exterminados”.

Recuerda que Venezuela presenta en los últimos años un importante incremento de la violencia criminal que se refleja, de acuerdo con estadísticas del Ministerio Público, en la comisión de 17.778 homicidios intencionales o dolosos durante 2015, y de 21.752 durante el año 2016, lo que se traduce en una tasa de 58,1% por cada cien mil habitantes y de 70,11% por cada cien mil habitantes, respectivamente.

“Ante este panorama, el gobierno se inclinó por un mecanismo represivo, en el que se limitan los derechos de los ciudadanos y se privilegia la acción policial desmedida, esta política pública derivó en la muerte de al menos 505 ciudadanos”.

“Los operativos se concentraron en algunos de los barrios de las principales ciudades del país, donde habita la población con mayores carencias” y los agentes ejecutaban una suerte de toma militar generalmente en horas nocturnas o en la madrugada, para impedir cualquier movilización de la población.

“Posteriormente, se aplicaba el ingreso masivo y violento a las viviendas durante las horas de descanso familiar, causando destrozos a la propiedad, maltrato a los habitantes y separando a los jóvenes de sexo masculino del grupo familiar, algunos de los cuales fueron ejecutados mediante disparos por armas de fuego, para luego concentrar sus esfuerzos en simular supuestos enfrentamientos en los que las víctimas aparecían como peligrosos delincuentes que habían accionado armas de fuego en contra de las fuerzas policiales”.

“Asimismo, se producían en el transcurso de los operativos cientos y hasta miles de detenciones aleatorias simultáneas, en las que las personas eran privadas de libertad durante varias horas e incluso días, con el pretexto de verificar su identidad y registros policiales. Por su parte, grupos de extranjeros fueron blanco de detenciones masivas, para luego ser expulsados del territorio nacional sin motivo aparente ni fórmula procesal alguna”.

“La aplicación de la OLP comportó privilegiar la fuerza militar y policial por encima del poder civil, de modo que los funcionarios empezaron a actuar sin respetar el control institucional de los órganos jurisdiccionales ni del Ministerio Público”.

“Durante los procedimientos de OLP, el Ejecutivo derogó de facto la protección al hogar doméstico contemplada en la Constitución, y en las barriadas pobres en las que se ejecutaban tales operativos, el Ejecutivo autorizó ingresar a las viviendas de forma masiva y discrecional, llegando incluso a despojar de sus viviendas a los legítimos ocupantes, tal como ocurrió en alguno de los urbanismos cuya adjudicación era de carácter estatal, sin que mediara para ello reubicación, orden judicial, resolución administrativa”.

“La cadena de mando de las fuerzas represivas actuó en estos operativos de forma perfectamente coordinada, de acuerdo con las mismas alocuciones públicas de quienes ocuparon la función de titulares del Ministerio para las Relaciones Interiores Justicia y Paz, Gustavo González López y Néstor Luis Reverol Torres, así como del Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, mayor general Antonio Benavides Torres, ejecutaron estos operativos de violación sistemática y generalizada de derechos humanos, por instrucciones directas del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien en diversas oportunidades también de forma pública ordenó la ejecución de estos operativos y los promovió como un mecanismo serio para el combate del delito”.

– “De acuerdo con las cifras cuidadosamente sistematizadas por el Ministerio Público, con un estricto fundamento científico y con alto grado de fiabilidad, durante 2015 fueron asesinados por parte de organismos de seguridad del Estado 1.777 ciudadanos, en 2016, 4.667 personas, eso representa aproximadamente 20% de la totalidad de los homicidios del país en ese año de acuerdo con las cifras oficiales de la Institución”.

– “Asimismo, desde enero a junio de 2017, han sido asesinados a manos de las fuerzas policiales 1.848 personas. Estas estadísticas demuestran la instrumentalización de una violencia institucional organizada desde la cúpula del gobierno, replicando la lógica de la OLP.

– Tanto el presidente Nicolás Maduro Moros, como quienes ocuparon el Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López y Néstor Luis Reverol, bajo el pretexto del combate a la violencia delictiva, optaron por diseñar y ejecutar un plan de asesinatos masivos, con la paradoja de intentar controlar la cifra de homicidios, generando más homicidios.

– “Una de las consecuencias de mayor gravedad de la aplicación de este plan, se encuentra en los nuevos parámetros de actuación que la OLP dejó como legado a los cuerpos policiales. Las cifras hablan por sí solas, decir que al menos 20% de los homicidios los cometen fuerzas policiales al servicio del Estado, constituye una estadística escandalosa, y demuestra que tal como lo afirmamos, existe una política oficial de asesinatos sistemáticos de personas, que son ordenados y ejecutados desde el ejercicio del Poder Público en Venezuela”.

– Uno de los casos mejor documentados y que pone en evidencia la planificación desde el aparataje estatal para el asesinato de seres humanos, fue el conocido como la “masacre de Barlovento”. Estos hechos ocurren en el contexto de un operativo militar denominado “Operación Rondón”.

– La OLP generó indudablemente una cultura de actuación a favor de la muerte, que se expandió de forma masiva a todos los cuerpos civiles y militares, bajo las órdenes directas de un gobierno que optó por acabar con la vida de miles de personas y sirvió de preámbulo a la actuación represiva que se desplegó durante el año 2017, en la que se utilizó la fuerza desmedida contra la población civil que se unió a las diversas manifestaciones que tuvieron lugar en las calles de Venezuela.

– “La protesta genuina y pacífica de venezolanos se convirtió en el único motivo para que los organismos de seguridad del Estado desplegaran una feroz persecución que derivó en miles de detenciones arbitrarias, en su mayoría jóvenes estudiantes”.

– Relata que a partir de allí el gobierno “utilizó la Justicia Militar para procesar y torturar civiles, además de ordenar allanamientos masivos y descontrolados, los cuales generaron grandes destrozos a la propiedad privada”.

– “Frente a esta realidad, el Ministerio Público realizó una serie de observaciones a los entes encargados de tal política, impulsó las investigaciones independientes de los fiscales utilizando la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, realizó observaciones ante el Consejo General de Policía y de forma pública se cuestionó este plan de exterminio a objeto de procurar la corrección de la política pública, lo cual no fue posible, amén de las múltiples trabas implementadas para impedir el procesamiento”.

– La respuesta oficial frente a los cuestionamientos del Ministerio Público fue intensificar los ataques institucionales contra la autonomía de éste, hasta que finalmente fue intervenido militarmente el 5 de agosto del presente año.

– Argumenta que ante el Consejo General de Policía denunciaron algunos patrones de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entre ellos, los allanamientos masivos, la destrucción de la propiedad privada, las muertes con uno o dos disparos, generalmente en la parte superior del tórax, la falta de causa penal previa y mucho menos de orden judicial de aprehensión contra la gran mayoría de los fallecidos, entre otros.

– “La respuesta de los ministros de Interior a cargo del plan, Gustavo González López al inicio y luego Néstor Reverol, fue indicar que se trataba de un plan presidencial que no iba a ser revisado y que la orden era hacer una “limpieza” social”.

– El término “limpieza” fue utilizado en más de una oportunidad por altos funcionarios públicos, incluso el mismo Presidente de la República lo utilizó en una alocución televisada con lo que no queda duda que la verdadera intención del Ejecutivo fue la eliminación física, de forma sistemática, de personas consideradas por el gobierno.

–

– Detenciones arbitrarias –

– El escrito documenta casos de detenciones arbitrarias de personas previamente escogidas, y al practicar una supuesta revisión corporal o de su vehículo, indicar que le habían sido hallados explosivos, armas de fuego o dinero en efectivo en moneda nacional y en divisas extranjeras.

– “En casi la totalidad de los casos, la investigación independiente del Ministerio Público arrojó pruebas determinantes de que los detenidos no llevaban consigo las evidencias incriminatorias que les eran atribuidas, en esos casos algunas de estas personas aún permanecen detenidas a pesar de haberse presentado a su favor el sobreseimiento de la causa”.

– Se cuentan por miles las víctimas de detenciones arbitrarias en el país. Algunas de las víctimas de esta práctica, fueron los ciudadanos YON GOICOCHEA, CARLOS MELO, COROMOTO RODRÍGUEZ, WILMER AZUAJE, JOSÉ VICENTE GARCÍA, ALEJANDRO PUGLIA, GILBER CARO, STECI ESCALONA, JORGE LUIS GONZÁLEZ VILLASMIL, RONIEL FARÍAS, IRVING ROCA, BRAULIO JATTAR, entre otros.

– De acuerdo con la Organización no Gubernamental Provea, quien se ha encargado durante años de levantar datos acerca de detenciones ilegales, en Venezuela durante 2015, se produjeron 17.337 detenciones con estas características y durante 2016 se contabilizaron otras 7.048, algunas de estas personas tienen en común haber manifestado públicamente su posición contraria al gobierno, su militancia en partidos políticos de oposición, o su cercanía con figuras públicas de la oposición venezolana, «lo que constituye un mecanismo de persecución por el aparataje institucional del Estado».

«Esta agresión en contra de la población civil, constituyó evidentemente una línea de acción institucional desarrollada tanto por la Guardia Nacional como por la Policía Nacional Bolivariana, qu ea pesar de las advertencias del Ministerio Público, de distintas ONG, medios de comunicación y de gran parte de la sociedad, seguían disparando indiscriminadamente con armas de fuego, perdigones y gases lacrimógenos de forma directa hacia el cuerpo de los manifestantes, procurando causarles el mayor daño físico posible, y así disuadir la voluntad de protestar de la ciudadanía».

El amplio expediente le dedica especial atención al caso del joven manifestante Juan Pablo Pernalete, asesinado con el impacto de una bomba lacrimógena en Altamira, Caracas, pues recoge evidencias y declaraciones de testigos que relatan cómo la Guardia Nacional actuó en la represión de los manifestantes. Los peritos de la Fiscalía además colectaron conchas de proyectiles de armas de fuego disparados en la zona, y evidencias de disparos de proyectiles letales contra los manifestantes.

Los voceros del gobierno desplegaron una campaña de contra información para atribuir el asesinato a los propios manifestantes opositores.

Otro de los casos documentados en detalles es el asesinato a manos de fuerzas militares de la Guardia Nacional de Gruseny Antonio Canelón Sciarpatempo, de 32 años, en Cabudare, estado Lara, el 11 de mayo de 2017.

“De lo expuesto se concluye que la muerte de Grucenys Canelón fue producida por el accionar delictivo y utilización de fuerza letal por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes emplean para el control de manifestaciones y represión el armamento con las características del utilizado en perjuicio de Canelón, lo cual constituye una política de Estado”.

También detallan el asesinato de César David Pereira Villegas, el 27 de mayo de 2017, en una manifestación de ciudadanos en contra de las políticas gubernamentales, en la zona de Lecherías, en la ciudad de Puerto la Cruz en el estado Anzoátegui. Testigos del hecho y familiares responsabilizan a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

– Cárcel indebido –

El expediente también recoge el «Delito de encarcelamiento» (Artículo 7 del Estatuto de Roma literal e), por el caso de los 14 policías de Chacao EVER DARWIN MENESES SOLANO, CÉSAR EDUARDO MIJARES OVIEDO, ÁNGEL ALFONSO SÁNCHEZ BLANCO, FREDDY ARMANDO MAVARES ZAMBRANO. ALFREDO JOSÉ CHIRINOS SALAMANCA, JORGE LUIS DELGADO FRAGOZA, MIGUEL JONESKY MORA, EDGAR JOSÉ GONZÁLEZ URTADO, EDUARDO JOSÉ SALAZAR MARTÍNEZ, JHONNY ROBERTO VELÁSQUEZ GÓMEZ, DARWIN ESTIBEEN HERDE ANDRADES Y REGGIE JACKSON ANDRADE ALEJOS, VENUS SOLEIL MEDINA FERRER Y MARIA DE LOS SANTOS PÉREZ, recluidos en las instalaciones del Sebin, a pesar de que a favor de ellos pesa una orden judicial de liberarlos.

«El gobierno venezolano mantiene una política sistemática de encarcelamiento en contra de personas que considera “enemigos”. Estas personas son detenidas sin ninguna fórmula procesal válida, en detrimento de sus derechos humanos y permanecen privadas de libertad, independientemente que los tribunales de justicia dicten medidas a su favor ordenando su excarcelación».

Entre los casos de maltrato cita el de Yrma Rosa Bello Fariñas, una profesora de 57 años, directora de un preescolar, atacada en Puerto Ordaz, Bolívar el 17 de abril de 2017 en una manifestación pacífica, cuando fue alcanzada en el rostro por el chorro a alta presión de una «ballena» el vehículo usado por la guardia Nacional para disolver manifestaciones.

Sobre el caso de las residencias denominadas Los Verdes, en el suroeste de Caracas, el expediente detalla cómo funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) intimidaron y atacaron a los vecinos, causando estragos en la propiedad que se evidenciaron en material audiovisual captado y difundido en redes sociales por los habitantes del sector, incluyendo el destrozo de los portones de acceso utilizando para ello vehículos blindados, para ingresar a las residencias SIN ORDEN DE ALLANAMIENTO.