OBSERVACIONES. El consejero jurídico del Ejecutivo federal, Humberto Castillejos Cervantes, acompañado del vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez Hernández, durante el mensaje para anunciar las impugnaciones a la ley conocida como 3de3.

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CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Enrique Peña Nieto ejerció su facultad de veto al realizar observaciones parciales a las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción aprobadas la semana pasada por el Congreso de la Unión y que estaban listas para su promulgación.

En un mensaje, el consejero jurídico del Ejecutivo, Humberto Castillejos Cervantes, informó que ayer mismo solicitaron a la Comisión Permanente que llame a un periodo extraordinario de sesiones para que los legisladores aclaren los puntos que han causado confusión a algunos sectores de la sociedad en lo que sería la puesta en operación de este sistema.

“En ejercicio de su función como jefe de Estado, el Presidente de la República está haciendo estas observaciones parciales para velar porque prevalezca la Constitución y prevalezcan los derechos humanos en el país”, señaló.

Acompañado del vocero presidencial, Eduardo Sánchez, el consejero explicó que luego de conocer el sentir de ciudadanos y especialistas en torno, se determinó devolver al Senado, para su análisis, el artículo 32, incisos B y C de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y otros 15 artículos relacionados con este artículo 32, debido a que resultan ambiguos pues no establecen claramente quiénes tendrían que cumplir con su declaración patrimonial y de intereses en caso de recibir recursos públicos.

“El gobierno de la República ha escuchado con atención las voces que argumentan que esta medida es excesiva y haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones.

“También, inhibiría a los particulares de prestar servicios o vender productos a gobiernos. Y, lo más importante, afectaría a personas que no están vinculadas con contrataciones, como beneficiarios del programa Prospera o los becarios del Conacyt, entre otros”, previno.

Dijo que “con la convicción de que las críticas a estos artículos han señalado un problema real a la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción, y que esta medida resultaría contraria a los derechos humanos previstos por la Constitución, al afectar de manera excesiva la vida privada y la protección de los datos personales de los mexicanos e incluso, de extranjeros que no viven en el país pero trabajan en una transnacional, el Presidente está proponiendo modificaciones para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción”.

Aclaró que “esto, de ninguna manera disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a particulares que actúen de forma irregular ante el Estado”.

El próximo martes la Mesa Directiva del Senado procesará la solicitud presidencial.

DE REGRESO

El Presidente devolverá a la Cámara de Senadores, para su análisis, el artículo 32 incisos b) y c) de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y otros 15 relacionados. La ley impugnada señala que “todas las personas que trabajan en una empresa que contrate con el gobierno, es decir, la totalidad de los trabajadores de una empresa, sin importar su función, tendrían que presentar estas dos declaraciones (patrimonial y de intereses)”. Otro de los argumentos es que la ley “también inhibiría a los particulares de prestar servicios o vender productos a gobiernos, y lo más importante: afectaría a personas que no están vinculadas con contrataciones, como beneficiarios del Programa Prospera o los becarios del Conacyt, entre otros”.

El consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, dijo que el gobierno de la República ha escuchado con atención las voces que argumentan que esta medida es excesiva y haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones.

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