La represión y la tortura del régimen de Nicolás Maduro contra los presos políticos ha aumentado tras la visita que hizo a Venezuela la Alta Comisionada de los DDHH de la ONU, Michele Bachelet, hace dos meses, tanto que se han instalado en su honor las denominadas «puertas Bachelet» para criticar el régimen carcelario que sufren los opositores y disidentes.

En su rueda de prensa, la diputada Delsa Solórzano denunció que «han instalado unas puertas a las que llaman ‘Bachelet’». Los carceleros exclaman con un grito: «¿querías a Bachelet?, ahí la tienes», al referirse a las puertas metálicas a las que «les abrieron solo una pequeña hendidura para pasar la escasa comida», ha denunciado la diputada.

El nuevo método de tortura fue notificado por los abogados y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de atender a unos 40 y 50 civiles y militares que se encuentran detenidos en la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, al norte de Caracas.

Los familiares de gran parte de estos presos, casi todos por motivos políticos, también han denunciado ser víctimas de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Estas nuevas celdas de máxima seguridad, de 2 por 2 metros, bautizadas con el nombre de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, están sin inodoro ni ventilación. No tienen rejas sino una puerta metálica con una pequeña ranura o rendija por donde pasan la comida.

La diputada Solórzano afirmó que a los presos de la DGCIM los mantienen esposados «todo el día y sólo les quitan las esposas para comer». Las celdas donde están recluidos no tienen ventilación ni luz solar, además el pozo séptico se encuentra dentro de ellas.

Torturas y tratos degradantes

En su informe la Alta Comisionada Michele Bachelet, publicado el 4 de julio, señaló a la DGCIM como uno de los cuatro cuerpos de seguridad donde se cometen torturas y otros tratos crueles, además de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Los otros tres órganos de tortura son el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia), el FAES (Fuerzas de Acciones Especiales) y la cárcel militar de Ramo Verde.

Además Solórzano dijo que teme por la vida de los militares Humberto De La Sotta, Igber Marín Chaparro y Ruperto Molina, al igual que Carlos Marrón (dueño de la página web Dólar Pro) «quienes llevan más de un mes sin ser vistos por familiares ni abogados».

También señaló que el buzo profesional Hugo Marino Salas sigue desaparecido forzosamente y es responsabilidad de la DGCIM. La diputada reiteró que «en esas condiciones corren peligro la vida y la integridad física de todos los presos políticos que se encuentra en la DGCIM».

«No se puede guardar silencio ante tanto horror. Tan solo la emisión de un informe, por contundente que este sea, no basta. Urge el pronunciamiento y acción internacional sobre este tema que obligue al cese de las torturas», aseveró la presidenta de la Comisión parlamentaria especial de Justicia y Paz. También pidió acciones inmediatas de Naciones Unidas y la oficina de Bachelet, al igual que la Organización de Estados Americanos.

Solórzano exigió a la Corte Penal Internacional «actuar de inmediato» en el caso de Venezuela. «¿Todo lo ocurrido no les basta para entender el carácter sistemático de la violación de DDHH en nuestro país? La indiferencia y falta de acción de organismos internacionales los hace cómplices de estos graves hechos».