El juez Claudio Bonadio sobreseyó a funcionarios macristas por el supuesto direccionamiento de las obras más costosas del Paseo del Bajo a la constructora Iecsa, entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri. Así lo establece un fallo de más de 102 páginas al que accedió PERFIL.

El magistrado sobreseyó sin indagar al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich; al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; al funcionario Franco Moccia (ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad) y a dos altos funcionarios de Autopistas Urbanas SA (AUSA), la empresa de la Ciudad que estuvo a cargo de la licitación. Estaban acusados de supuesta administración fraudulenta. Los investigados siempre negaron las acusaciones.

El proyecto del Paseo del Bajo fue realizado por el Ministerio de Transporte nacional pero la licitación estuvo a cargo del gobierno porteño. Era uno de los frentes judiciales en pie contra Cambiemos. La fiscal Alejandra Mángano podrá apelar la decisión de Bonadio en febrero.

Cara. Los sobreseimientos fueron dictados el viernes 27 de diciembre, justo antes del inicio de la feria de verano y de las vacaciones del magistrado. Bonadio informó a la Cámara Federal que regresará a fines de enero.

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La causa por la megaobra del Paseo del Bajo se había abierto en diciembre de 2018 tras un dictamen de la fiscal Mángano. Se basó en un informe de la Auditoría General porteña y en una investigación preliminar de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez, quien también podrá acompañar la eventual apelación del fallo.

Las denuncias sostienen que las autoridades alteraron las reglas establecidas en el pliego de la licitación para favorecer a Iecsa y que así la empresa del primo de Macri se quedó con el tramo más caro de la obra por $ 3.183 millones. Durante el año que duró la instrucción del expediente, el juzgado nunca ordenó declaraciones indagatorias, no citó a ninguno de los denunciados ni a los empresarios y ejecutivos que participaron de la licitación en 2016, de acuerdo al escrito del juzgado.

Tras algunas medidas de prueba, el juez concluyó que “en base a los elementos extensamente analizados, no cabe más que concluir en la inexistencia de actos irregulares o ilícitos”.

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La causa. A principios de 2016 se planificó que la obra se dividiera en tres tramos, A, B y C; y se establecieron ciertas reglas en el pliego de la licitación: las empresas constructoras podían ofertar en los tres tramos pero solo podían ganar uno de ellos. Además, establecía un orden específico para la apertura de sobres con las ofertas de las compañías: primero debían abrirse las ofertas del tramo C, ya que era más costoso para el Estado. Luego debía abrirse el tramo B y finalmente el A, el menos costoso. Quien presentara la mejor oferta para el C se quedaría con el mejor negocio pero permitía nivelar costos a favor del Estado.

Sin embargo, poco antes de abrir los sobres se emitieron tres circulares que cambiaron el orden: se estableció abrir primero los sobres del tramo A y que los tramos B y C se analizaran de manera conjunta recién semanas después. Lo contrario a lo que establecía el pliego. La oferta más barata para el tramo A fue la de Corsan-Conviam. Le adjudicaron obras por $ 1.547 millones. Iecsa también había ofertado, pero quedó segunda.

Cuando abrieron los sobres del tramo C, Corsan-Corviam también era la oferta más barata, pero fue descartada porque ya había ganado el tramo A. La segunda oferta más barata para el tramo C era un consorcio liderado por Iecsa, que se quedó con la licitación: $ 3.183 millones.

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De acuerdo a las denuncias, si el orden se hubiese respetado, el tramo C, el más caro de la obra, hubiese tenido que ser adjudicado a la constructora Corsan-Corviam, que presentó la oferta más barata, y no a Iecsa.

Sobreseídos. Bonadio explicó en su escrito que basó los sobreseimientos en el análisis de la documentación secuestrada y en otros documentos aportados por los denunciados. Además, el presidente de AUSA hizo un descargo. Bonadio citó a declarar a funcionarios técnicos que intervinieron en el expediente de compra, cuyos testimonios utilizó como argumentos.

El juez sostuvo: “Nada indica que se haya favorecido a Iecsa”; “ningún funcionario ha actuado de manera contraria al derecho”; “no hubo ardid, ni perjuicio económico”; “tampoco se comprobaron engaños, promesas ni dádivas”. “Es posible que hayan existido cuestiones administrativas o técnicas a mejorar”, concluyó antes de dictar los sobreseimientos.

Sobre la alteración del orden de la apertura de sobres, Bonadio afirmó que el reglamento de AUSA permite “elaborar circulares aclaratorias o modificatorias” de los pliegos y que ninguna de las empresas se quejó.

El juez también basó sus sobreseimientos en que la “Corte Suprema ha reconocido el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y de innegable restricción a la libertad” que implica tener un proceso penal.

Sospechas en una obra emblemática del macrismo

El Paseo del Bajo es una obra emblema para el macrismo. Se trata de 7 kilómetros que conectan Barracas y Retiro, divididos en 12 carriles, que incluyen el paso de camiones, viaductos y túneles. Se realizó una licitación internacional y el proyecto se financió en un 57% con fondos aportados por el Estado nacional que provenían de un préstamos del Banco de Desarrollo Latinoamericano. El 43% restante lo aportó la Ciudad de Buenos Aires.

Voceros de Guillermo Dietrich sostuvieron que la licitación fue “100% transparente” y “se cumplieron todos los requisitos de los organismos internacionales”. En tanto, en el Gobierno porteño siempre rechazaron las denuncias y ante el fallo respondieron que respetan las decisiones de la Justicia. PERFIL intentó comunicarse con el juez Claudio Bonadio, pero no recibió respuesta.

Un punto central del caso es por qué se alteró el orden de los sobres de ofertas de las empresas. El presidente de Autopistas Urbanas SA (AUSA), la firma pública a cargo de la licitación, explicó al juez en descargo que debían cerrar el contrato de uno de los tramos de la obra antes de que terminara 2016 para cumplir con las exigencias del financiamiento; que el tramo A era el más simple y que por eso se decidió alterar el orden de apertura de sobres y firma del contrato.

El contrato del tramo A se firmó el 16 de diciembre de 2016, pero al final de cuentas, los de los otros dos tramos también se firmaron antes de que finalizara ese año: el 30 de diciembre, según el fallo que analizó PERFIL.

Angelo Calcaterra no está imputado en el expediente. Cerca del empresario resaltaron que se trató de una licitación internacional y que ni las empresas ni las autoridades conocían las ofertas de cada tramo antes de la apertura de los sobres, por lo que desmiente que se haya alterado el orden para favorecer a Iecsa. La constructora fue vendida en marzo de 2017, tres meses después de la adjudicación del tramo C. Calcaterra desmiente que el contrato haya influido en la capitalización de la compañía.