Asistimos a diario en nuestro país a una injusticia tras otra que, por habitual, corre el riesgo de ser tomada por algo inevitable y no es así. Ni de lejos. A diario, muchos ciudadanos se encuentran sin prestaciones, sin vivienda digna, sin luz, padecen más recortes en sanidad, unos raquíticos servicios sociales y estamos muy lejos de que se ponga fin al crimen de la pobreza infantil. Este panorama no es casual: los derechos de la mayoría y las instituciones están secuestrados por una trama destinada al saqueo de las arcas públicas a través de mecanismos legales y otros que no lo son, como la corrupción. El único objetivo de estas élites políticas y económicas es seguir aumentando sus beneficios a costa de los sectores populares que, como siempre, pagan la factura del festín.

Es necesario que pongamos nombre a los responsables de esta trama destinada al saqueo permanente, atrincherada para evitar cualquier atisbo de cambio que recorte sus privilegios: hablamos de la triple alianza política que forman PP, PSOE y Ciudadanos, de entidades financieras, de los fondos-buitre, de las grandes corporaciones … La corrupción, un mal endémico en nuestro país, es parte de los mecanismos de control de las élites sobre el poder político, nos cuesta cada año millones de euros y la consecuencia de todo ello son recortes que constatamos a diario en derechos básicos de la ciudadanía en materia de vivienda y luz, pensiones, infancia, medicamentos, sanidad o servicios sociales, entre otros.

Este es el motivo por el que desde Podemos, en la II Asamblea Estatal de Vamos!, el pasado 21 de enero, acordamos ampliar nuestras reivindicaciones y no sólo referirnos a la pobreza energética, sino abordar la pobreza y la precariedad como una violación del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el que se afirma que toda persona tiene derecho a un nivel de vida que le asegure la salud y el bienestar, en especial la alimentación, pero también el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, además de seguros en caso de desempleo, invalidez o vejez. También la maternidad y la infancia están reconocidas en esta Declaración.

No se cumple porque el saqueo al que la trama somete a los sectores populares se concreta en la violación de los DDHH. Como no se cumple vamos a movernos, a salir a la calle y a señalar a quienes impiden que esto sea posible mediante el saqueo en forma de recortes, el secuestro de las instituciones, los tarifazos, las privatizaciones y una política general de apropiación de los bienes comunes. Por eso, el próximo día 25 de marzo, en una jornada de movilización estatal, gritaremos con fuerza que tenemos la determinación de hacer realidad la máxima nadie sin derechos como un elemento esencial para la democracia.

Vamos a recordar una vez más para qué nacimos: hacer posible la justicia social en este país de países. Volveremos a hacer nuestro aquello de: allí donde hay una necesidad nace un derecho y allí debemos estar para conquistarlo.