El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha ha hablado claramente de “chantaje a las comunidades”. La congelación provocaría una merma de 200 millones de euros a las cuentas castellanomanchegas, según los cálculos del Ejecutivo de Emiliano García Page.

En esta línea, Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, ha cifrado esta medida en 353 millones a las arcas valencianas, y lo ha definido como “una anomalía en el funcionamiento de las instituciones”.

También la Junta de Andalucía ha hablado de “el chantaje permanente al que el Gobierno central somete a las comunidades para aprobar los presupuestos”.

La Junta de Extremadura ha recordado que la financiación es “una medida extrapresupuestaria”, por lo que el hecho de recibir menos dinero no debe estar sujeto a la aprobación de los presupuestos. Ha aseverado que recibirán 137,4 millones menos, lo que va a suponer “un mayor esfuerzo” para sufragar servicios fundamentales.

El Govern balear de Francina Armengol, también ha cargado contra la actuación de Montoro asegurando que le provocará un recorte de 67,3 millones a la financiación de las islas.

En las comunidades gobernadas por el PP, la reacción ha sido de tomarlo con tranquilidad al entender que se trata de una medida temporal.