A más de 18 meses de que integrantes del Ejército mexicano participaron en un “supuesto enfrentamiento” con miembros del crimen organizado en la comunidad de Santa María de Ostula, Michoacán, donde murió un niño de 12 años y otros 10 pobladores ajenos al conflicto resultaran heridos, víctimas y sus familiares denunciaron que los responsables de las agresiones no han declarado ministerialmente por estos hechos.

Según el abogado que lleva el caso, Raymundo Ortiz Martín del Campo, a los 15 soldados que participaron en la muerte del niño no se les ha tomado la declaración, ya que fueron dados de baja en los días posteriores al incidente.

El abogado agregó que las víctimas y sus familiares no han recibido una adecuada reparación del daño por parte del Ejército, aun cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por el uso ilegitimo de la fuerza y les recomendó reparar el daño a víctimas directas e indirectas.

En el caso del niño, el Ejército aprobó el pago de los servicios funerarios pero no la indemnización económica para su familia.

Sobre la responsabilidad e identidad de los involucrados en la muerte del niño y las heridas provocadas a los pobladores de Ostula no hay avances en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), en tanto la recomendación 65/2016, emitida por la CNDH a fines de diciembre de 2016, ha sido minimizada por el Ejército, según el abogado.

Quién era el niño víctima de los soldados

“Dicen que la comunidad andaba armada. No es cierto, la comunidad no traía ningún arma. Quienes tiraron fueron los soldados porque yo lo vi… Si yo estuviera echando mentiras no hubiera recogido a mi hijo allá en el restaurante. Les estoy diciendo la verdad”, dice Emilia García, madre de Hidelberto, el niño de 12 años que murió el 19 de julio de 2015, durante el tiroteo del Ejército.

Emilia perdió al séptimo de sus hijos, un niño que, a decir de sus hermanos, era trabajador, y quería ser maestro, agrega su padre, Miguel Reyes.

Aquel 19 de julio, Hidelberto junto con su prima salieron a una tienda que está dentro del Hotel del Valle, ubicado en uno de los extremos del Puente de Ixtapilla, crucero en el cual el Ejército comenzó a disparar.

Estando en el interior de la tienda, Hidelberto trató de esconderse al desatarse la balacera; sin embargo, una esquirla de bala lo alcanzó a la altura del ojo derecho y lo hirió de muerte.

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Dispararon a gente sin armas

Un día antes del enfrentamiento se dio a conocer la detención de Cemeí Verdía, comandante general de la policía comunitaria en la zona. Mientras que el líder de las autodefensas era trasladado en helicóptero a Morelia, un operativo de elementos del 65 Batallón de Infantería, Marina, Policía Estatal y Federal emprendía un recorrido para atravesar la comunidad de Santa María de Ostula.

El operativo molestó a la población y por ello cientos de personas de la comunidad salieron a los diferentes cruceros de la carretera federal 200 para cerrar el paso al convoy y pedirle que se retirara. Los pobladores no llevaban armas, se trataba de habitantes de las diferentes localidades de la comunidad que de manera pacífica intentaban detener la avanzada policiaca y militar y que al mismo tiempo protestaban por la detención del comandante de su policía.

La situación se tensó en la localidad El Duín, donde la policía estatal lanzó gas lacrimógeno para disuadir el bloqueo de los civiles y poder avanzar tal y como lo refiere la propia recomendación emitida por la CNDH.

En videos de manifestantes que estaban en el lugar es posible observar cómo, mientras los gases lacrimógenos son lanzados, el Ejército toma posiciones y se alista a disparar, aunque al final no lo hace.

Es en la localidad de Ixtapilla donde comienza la pesadilla: ahí los militares no sólo lanzan gas lacrimógeno sino que endurecen su actitud ofensiva. Luego de unos minutos y al emprender la retirada, los militares comienzan a disparar a la población, lo hacen sin que medie una provocación o alguna agresión y a pesar de que la población les gritaba que pararan.

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Delfino le llevaba comida a su padre

Delfino Antonio Alejo Ramos, tiene 19 años ahora, pero en aquel entonces era menor de edad. Es originario de El Zapote Madero, otra localidad de Ostula ubicada entre el primer sitio donde se lanzó gas lacrimógeno y el punto donde tuvieron lugar los disparos del Ejército.

Aquel 19 de julio, Delfino le llevaba algo de comer a su padre, quien había pasado casi todo el día en el bloqueo de Ixtapilla.

“Se empezó a poner fea la cosa. Llegaron federales, el Ejército Mexicano, granaderos, llegaron muchos, eran como el triple o cuatro veces más que nosotros; nosotros teníamos tapada la carretera… no queríamos que se lo llevaran (a Verdía) porque él es una de las personas que hace las cosas bien dentro de la comunidad”, dice el joven, quien durante la agresión fue alcanzado por una bala del Ejército, que se le incrustó en uno de sus glúteos.

“Se me entumió la pierna de inmediato y traté de caminar”, recuerda Delfino, cuyo relato complementa otros testimonios que recaba el expediente de la CNDH. Todos concluyen lo mismo, fueron los miembros del Ejército quienes dispararon a la población, que protestaba pacíficamente.

Como consecuencia de la agresión los familiares de Delfino lo trasladaron a un hospital de Tecomán, en Colima, para ser atendido médicamente, pero lo doctores le dijeron que se podía ir porque “no” tenía nada, lo que evidentemente no era cierto.

El proyectil disparado por el Ejército hirió a Delfino a la altura del glúteo derecho y la bala se quedó albergada en la ingle del mismo lado.

A pesar de varios estudios, realizados a partir del apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como de manera independiente, las conclusiones hasta el momento son las mismas: no es posible retirar la bala porque existe un riesgo muy alto de tocar una arteria principal y ocasionar una hemorragia mortal.

Luego de 18 meses, la vida comienza a reconstruirse para el joven y el año de escuela que perdió casi lo ha recuperado, ahora se encuentra por comenzar el segundo semestre de ingeniería agrónoma.

“Al Ejército yo le tengo odio, cuando los veo quiero saber quién fue”, comenta el joven, cuyos gastos médicos y recuperación han corrido casi por completo por cuenta de su familia.

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Estancamiento penal

A partir de la recomendación emitida por la CNDH resulta inusual que no se hayan imputado las responsabilidades ni se haya promovido alguna consignación, considera el abogado Ortiz Martín del Campo.

“Todas las pruebas vertidas, como las declaraciones de los ofendidos, testimoniales, peritaje en balística, y las mismas declaraciones de los soldados confirman que solamente los elementos de las fuerzas armadas abrieron fuego”.

Sobre los detalles de la identidad del militar que disparó, el abogado asegura que aún no se define, pues además de las declaraciones la Marina no ha aportado los vídeos de seguridad de los hechos.

Agrega que el operativo fue ilegal, por lo que los funcionarios que lo ordenaron deberán declarar, por lo que se están haciendo los esfuerzos pertinentes para que esta situación no se olvide y se aparte del deslinde de responsabilidades.

A solicitud de Animal Político, la CNDH informó que tras emitir la recomendación el Ejército la aceptó, por lo cual la institución presentó “algunas pruebas de su cumplimiento, que se encuentran en proceso de calificación”.

Para el abogado Ortiz Martín del Campo el Ejército debe responsabilizarse por sus errores y cumplir con la reparación del daño a los familiares de Hidelberto, pues para nadie hay duda que el asesino del niño fue un soldado.