Ernesto Echeverría Aispuro, quien fue el titular de Salud y de Servicios de Salud durante el sexenio de Mario López Valdez, otorgó 29 contratos que en total suman 87.2 millones de pesos a empresas que él mismo fundó antes de ocupar el cargo y a otras que pertenecen a su red empresarial, la familia Salido.

Uno de los contratos, incluso, fue ampliado por Echevería Aispuro 11 días antes de dejar el cargo, con lo que comprometió los recursos de la actual administración del Gobierno del Estado y dos meses del ejercicio del Seguro Popular y del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de 2017 que ya no le correspondía administrar.

Por Gabriela Soto y Heriberto Giusti

Ciudad de México/Sinaloa, 3 de julio (SinEmbargo).– Ernesto Echeverría Aispuro usó el sistema de salud de Sinaloa para realizar operaciones que beneficiaron económicamente a la red empresarial a la que pertenece.

Como Secretario de Salud y director General de Servicios de Salud, en la administración del ex Gobernador aliancista Mario López Valdez, el otorrinolaringólogo firmó 29 contratos por 87 millones 243 mil 290 pesos con empresas que él fundó antes de ocupar dichos cargos públicos y también con otras que pertenecen a sus socios Luis Javier Salido Artola e Ildefonso Salido Ibarra.

Los dos últimos empresarios poseen sociedades relacionadas con los sectores de salud, construcción y bienes raíces, así como el periódico El Debate e imprenta y la Universidad San Sebastián.

De ese total de contratos, en tan solo 3 años, de 2014 a 2016, Echeverría, entonces Secretario de Salud, suscribió cuatro de ellos (SSS/100/2014, SSS/131/2015, SSS/197/2015, SSS/20/2016; SSS-MOD039-2016) que suman 41 millones 18 mil 113 pesos con Mi Salud y Herramientas Médicas, empresas que fundó, de las que fue socio y representante legal.

Uno de los contratos, incluso, fue ampliado por Echevería Aispuro 11 días antes de dejar el cargo, con lo que comprometió los recursos de la actual administración del Gobierno del Estado y dos meses del ejercicio del Seguro Popular y del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de 2017 que ya no le correspondía administrar.

En la recta final del malovismo, en 2015 y 2016, también rubricó 25 contratos más por 46 millones 225 mil 807 pesos con Santa Justa; Prefabricados Santa Justa; Advanti; Construcciones y Arquitectura Kasta y Constructora Mansanart, una red de empresas relacionada con la familia Salido y que competían entre sí en los concursos de licitación convocados por Servicios de Salud con el propósito de repartirse los contratos relacionados con la construcción y rehabilitación de unidades médicas.

Noroeste accedió a los contratos por medio de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Además, obtuvo, entre otras, las escrituras públicas 10981, 28282 y 10805, relacionadas a las empresas que se citan, en consultas en el Registro Público de la Propiedad y el Archivo General de Notarías.

Se intentó localizar a Echeverría Aispuro por medio de distintos números telefónicos, pero no se tuvo éxito. También se insistió con una solicitud de entrevista al actual Secretario de Salud, Alfredo Román Messina, pero rechazó todas las peticiones.

LA LEY LO PROHÍBE

La contratación que realizó Ernesto Echeverría Aispuro como titular de los Servicios de Salud de Sinaloa con las empresas que fundó y de las que fue socio contraviene el artículo 15, fracciones 15 y 23, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que instruye al servidor público a excusarse de intervenir en asuntos de negocios con las sociedades empresariales en las que participó.

Samuel Campos Velarde, presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex Sinaloa, advierte que el médico incurrió posiblemente en conflicto de interés.

“Se advierte un posible conflicto de interés”, observa. “Si yo estoy vinculado a un negocio que provee insumos a un tercero y después voy y represento al tercero, pues este contrato carecería de voluntad de las partes. Pues parecería que la misma persona que compra es la que vende. Entonces, esto desde el punto de vista jurídico pudiera tener un matiz de inexistencia del contrato, si se demuestra que hay intereses en ambos lados.

“Si se quieren hacer las cosas bien, y evitar posibles conflictos de interés, yo creo que a ese proveedor hay que excluirlo. O yo, como contratante de los servicios o de los bienes, me hago a un lado y que contrate otra persona. Eso lo prevé la Ley de Responsabilidades. Aquí lo sano es que no hubiera sido la persona que firmó el contrato por parte de la Secretaría, que hubiera sido otra persona o que hubiera sido otro proveedor el elegido”.

LA RED ECHEVERRÍA-SALIDO

Después de que el ex Mandatario estatal, Jesús Alberto Aguilar Padilla, despidió a Ernesto Echeverría Aispuro como titular de la Secretaría de Salud en 2006, el otorrinolaringólogo se unió como socio a las empresas del ramo que posee la familia Salido.

El médico fue el desarrollador del concepto de Mi Salud, una clínica privada que provee servicios de laboratorio de análisis clínicos, consulta externa, imagenología, optometría y odontología, que opera desde mayo de 2008, según su sitio web www.misalud.com.mx.

Fue fundador, socio y el primer Director General. Participó, junto a la familia de origen mochitense, en la fundación de las empresas Sistema Mi Salud, Intermediaria Médica y Herramientas Médicas, que después fueron beneficiadas con contratos millonarios de Servicios de Salud de Sinaloa con Echeverría como titular.

El 30 de noviembre de 2007, un año después de ser despedido de la Secretaría de Salud, Echeverría Aispuro y el empresario Ildefonso Salido Ibarra, su esposa María del Pilar Artola Sada y sus hijos Luis Javier y María Pilar Salido Artola, crearon la empresa Intermediaria Médica.

Los accionistas eran el médico y la empresa Sinaloa Títulos que la familia Salido posee desde 2003.

A través de Intermediaria Médica, Echeverría Aispuro fue accionista de Sistema Mi Salud.

En esta misma sociedad, además, participó su esposa María Eneida Salazar Villa Velázquez, a quien le cedió sus acciones en 2008.

Tres años después, el 10 de noviembre de 2011, Salazar Villa Velázquez vendió las posesiones accionarias a Maguey Representaciones S. C.

El otorrinolaringólogo también fortaleció su relación empresarial con la familia Salido al ser el representante legal de otra de sus empresas dedicadas al sector salud, Herramientas Médicas, durante 6 años, de 2008 a 2014.

Incluso, fungió al mismo tiempo como titular de la Secretaría de Salud y representante legal de esta última empresa, durante 3 años y 5 meses.

El 19 de mayo de 2014 renunció a esa sociedad, y apenas ocho meses después, el 8 de enero de 2015, el entonces Secretario de Salud contrató a Herramientas Médicas para la prestación de servicios de tomografía, ultrasonido y Rayos X.

En total, fueron dos contratos sin licitar más su ampliación por 41 millones de pesos.

La familia Salido a través del periódico El Debate apoyó a Malova en la campaña a la Gubernatura que en 2010 disputó contra el empresario Jesús Vizcarra Calderón. Y al ganar López Valdez, Echeverría Aispuro se convirtió en Secretario de Salud.

-¿Lo impuso la familia Salido como Secretario de Salud?, le preguntó Noroeste en 2011.

-No. Tal vez pudo hacer una recomendación como (el apoyo) que varios actores políticos me dieron.

En la misma entrevista, afirmó que estaba separado de la red de empresas.

“Estoy totalmente desconectado de Mi Salud, pero Mi Salud es una empresa de diagnóstico, da servicios a instituciones de atención médica; Mi Salud no es una distribuidora, Mi Salud no vende medicamento, Mi Salud no vende radiografías, presta servicios”, dijo.

El médico describió correctamente a la clínica privada, pero negó su relación empresarial. Más tarde, en la consolidación del malovismo, repartió 29 contratos a la red de empresas a las que perteneció y a sus socios, los Salido.

MILLONARIOS CONTRATOS SIN LICITAR

Como Secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro no solamente benefició con contratos a empresas que él fundó, fue socio y representante legal, sino que lo hizo sin licitar.

Se trata de dos contrataciones con Herramientas Médicas. Una por 20 millones de pesos en 2015 y otra por 18 millones de pesos en 2016.

Por la cantidad del monto, en ambos casos debió lanzarse concurso de licitación como la marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles.

De acuerdo con el acta del Comité Intersecretarial de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 9 de febrero de 2015, todas las contrataciones arriba de 2 millones 895 mil pesos debieron ser a través de concursos de licitación pública.

Por lo que la adjudicación directa a favor de Herramientas Médicas de 2015 fue por un monto 7 veces mayor al tope establecido por el Comité.

El monto establecido en el acta del 19 de enero de 2016 como límite para licitar fue de 2 millones 956 mil pesos. Por lo tanto, Echeverría Aispuro debió lanzar un concurso de licitación dado que el monto a contratar superó 6 veces el tope fijado.

Pero no lo hizo.

Tanto en el contrato SSS/131/2015 como en el SSS/20/2016 relativos a Herramientas Médicas y que juntos suman 38 millones de pesos, el equipo de Servicios de Salud, encabezado por Ernesto Echeverría Aispuro, describe la justificación para no licitar y contratar, de manera directa, las millonarias cantidades a pagar con recursos federales.

Y aunque ambos son para el mismo objetivo de toma de estudios de imagenología (tomografía, ultrasonido y Rayos X) para las personas afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud y población abierta que asista a los hospitales generales de Culiacán, Mazatlán, Culiacán y Sinaloa de Leyva, las excusas son distintas.

Ambos contratos citan distintas “excepciones” para no licitar y dar de manera directa los contratos millonarios. Incluso, citan la fracción del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones… que en la realidad no incluye fracciones.

La cláusula 1.6 del contrato SSS/131/2015 dice:

La cláusula 1.6 del contrato SSS/20/2016 dice:

¿QUÉ DICEN LOS ARTÍCULOS DE LEY DE ADQUISICIONES?

Mismos objetivos, distintas excusas. Los contratos SSS/131/2015 y SSS/20/2016 respaldan 38 millones de pesos que Servicios de Salud, a cargos de Ernesto Echeverría Aispuro, no licitó, cuando debió hacerlo.

Para evitar el concurso público, ambos exponen distintas excusas. ¿Qué dicen los artículos que citan para evadir la licitación? ¿Hay congruencia entre lo que dicen los artículos de la ley y las razones para no licitar?

Contrato SSS/131/2015 por 20 millones de pesos:

Artículo 22.- La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que realicen las dependencias y entidades, se sujetará a las disposiciones específicas del presupuesto de egresos previsto en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el o los ejercicios fiscales correspondientes, así como a lo previsto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa y demás disposiciones legales aplicables. En todo caso, los recursos correspondientes se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a que fueren destinados.

Artículo 50.- En los supuestos que prevé el artículo 51 de esta Ley, la Secretaría y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.

Para estos fines deberán contar con autorización del Comité respectivo.

Artículo 51.- La Secretaría y entidades, previa autorización del Comité Intersecretarial o del Comité de Adquisiciones, según corresponde, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública o a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y se adjudicarán directamente, de conformidad con el procedimiento previsto en este artículo, cuando:

Fracción 3: Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados.

Contrato SSS/20/2016 por 18 millones de pesos:

Artículo 24.- En las adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestario, las dependencias o entidades deberán determinar tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes se considerarán los costos que, en su momento, se encuentren vigentes, y se establecerán las previsiones para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

Para los efectos de este artículo, las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en la legislación presupuestaria aplicable.

Artículo 40.- La Secretaría y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en Compranet-Sinaloa, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen.

Las modificaciones que se mencionan en el párrafo anterior, en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

La convocante deberá realizar al menos una junta de aclaraciones, siendo optativa para los licitantes la asistencia a la misma.

Artículo 41, fracción III, dice el contrato.

El artículo es sobre las aclaraciones de las licitaciones públicas y no cuenta con fracciones.

SALUD, BAJO LA LUPA

Con la renovación de la Gubernatura y el Congreso del Estado, se ha evidenciado “el desgastado” sistema de salud que heredó Malova a Ordaz Coppel.

La administración de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Sinaloa durante el Gobierno malovista fue desconocido porque la Auditoría Superior del Estado, órgano fiscalizador del Poder Legislativo, dejó de revisar el gasto.

Tampoco lo hizo la extinta Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, que estuvo a cargo del ahora diputado panista Juan Pablo Yamuni Robles y Humberto Alejandro Villasana Falcón.

La única inspección al gasto la hizo la Auditoría Superior de la Federación con dos años de desfase.

El primer “golpe” fue asestado por el Congreso del Estado cuando le suspendió a López Valdez la Cuenta Pública del Gobierno del Estado del primer semestre de 2016.

Después, el 31 de enero, las diferentes fracciones parlamentarias se unieron para aprobar un punto de acuerdo que ordenó a la ASE la revisión de las secretarías que no fueron “tocadas” en el sexenio pasado, entre ella la SS y los SSS.

Sin embargo, el primer dato que reveló “la agonía” del sistema de salud fue entregado en el informe sobre la situación financiera y administrativa en la que se recibió al Gobierno del Estado, presentado por Carlos Ortega Carricarte, Secretario de Administración y Finanzas.

“El sector salud presenta un pasivo de mil 500 millones de pesos”, evidenció el 20 de febrero.

Lo cual encendió los “focos rojos”.

Más tarde, el 6 de marzo, María Guadalupe Yan Rubio, Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, anunció que la Auditoría Superior de la Federación investigaría los fondos federales de salud, como el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y el Seguro Popular.

Con la sospecha de malos manejos en el sistema de salud generado en la opinión pública, Alfredo Román Messina, Secretario de Salud, reveló más deudas, desfalcos y abusos en el sector salud, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado el 25 de abril.

“Les hablo de un pasivo de más de 2 mil millones de pesos, más lo que se acumule. Esto explica en parte el por qué la operación de los servicios de salud, independientemente de una buena administración, seguirá siendo deficitaria si se toma en cuenta el lastre del adeudo que se tiene”, exhibió.

Y también abordó los negocios entre Echeverría Aispuro y Mi Salud.

“Una empresa Mi Salud era dueña de todos los equipos de tomografía y sigue siendo dueña, de los hospitales. Las unidades que existían antes de que estaban en buen uso las arrancaron, las embodegaron y pusieron esas. Ahora me encuentro que los contratos están por vencer, pero estamos trabajando y haciendo las gestiones necesarias para ver por qué equipo, ya sea nuestro si no hay presupuesto o de otra empresa que nos dé mejor servicio y mejor cantidad nos pueda surtir ese problema”.

Luego Emma Guadalupe Félix Rivera, titular de la ASE, aseguró trabajan en la auditoría.

“Ampliamos las muestras en los temas de salud y educación, nunca se había auditado en estas áreas recursos como del ramo 33, que representan un recurso enorme que llegan de la federación. Mi tarea está enfocada únicamente en presentarse esos resultados y garantizo que serán muy distintos a lo que se ha visto antes”, prometió.

En este mes, la ASE entregará a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado la primera revisión al gasto del sector salud, luego de que en el Gobierno malovista no fue “tocada”.

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