El Gobierno de Alberto Fernández se dispone a realizar una profunda modificación de los planes sociales que paga el Estado con la idea de que sus beneficiarios perciban un ingreso mayor, en línea con el salario mínimo, vital y móvil, hoy cerca de 17.000 pesos, pero con la obligación de realizar una contraprestación laboral.

La iniciativa está siendo elaborada por los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el secretario de Economía Social de la Nación, Emilio Pérsico; y el subsecretario de Promoción de la Economía Social, Daniel Menéndez.

La iniciativa fue confirmada por Pérsico a un grupo de legisladores e intendentes de la provincia de Corrientes que visitaron Buenos Aires, y el Gobierno pretende lanzar las modificaciones a fines de febrero.

Uno de los participantes de la reunión, el diputado provincial del Frente de Todos, Miguel Arias, dijo que "a fines de febrero el Ejecutivo pondrá en marcha un nuevo programa de trabajo que garantice una prestación y un salario mínimo, vital y móvil a todos los beneficiarios de planes sociales del país".

Por su parte, Daniel Menéndez, en diálogo con El Cronista, confirmó también el proyecto y dijo que la primera acción del plan involucrará a unos 30.000 beneficiarios de planes sociales, que pasarán de cobrar 8.500 pesos a 17.000 y se les asignará la tarea de refacción de escuelas en todo el país.

Según el funcionario, otrora coordinador nacional de la agrupación piquetera Barrios de Pie, los 17.000 serán por única vez pero la idea es “desarrollar un esquema de continuidad” mediante nuevos proyectos.

Menendez dijo que el objetivo de máxima es “redireccionar” el universo de planes sociales para que sus beneficiarios realicen contraprestaciones laborales en al menos cinco áreas: textil, cuidados, reciclado, industria alimenticia y construcción.

Menéndez advirtió que fue el gobierno de Mauricio Macri quien suprimió la contraprestación laboral en los planes y la cambió por la obligación de estudiar.

También criticó el proyecto macrista del Plan Empalme, que planteaba la insersión de los beneficiarios en el sector privado. “Fue un fracaso. El sector privado, en recesión, nunca logró aborber a los beneficiarios. Nosotros, en cambio, pensamos el redireccionamiento de los planes en el marco de la economía popular, ya que “aún con un proceso de reactivación económica con un crecimiento de 4% y la creación de un millón de puestos de trabajo no alcanzaría para que el sector privado los tome en lo inmediato”.

En la Argentina, bajo distintas modalidades y montos, más de 500.000 personas perciben planes sociales.

Gildo Onorato, referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), se mostró favorable al plan oficial. “Nosotros hemos insistido en salir del Paradigma de los subsidios y reconstruir el paradigma del trabajo. Nos parece que esta iniciativa va en esa línea. Nuestros compañeros trabajan mucho en las unidades productivas de la economia popular, es hora de que esas actividades tengan derechos y las obligaciones correspondientes, como cualquier trabajador”, dijo a El Cronista el dirigente.

Sin embargo, Onorato critica la idea de que el restablecimiento de la contraprestación laboral con más derechos para sus beneficiarios lleve a la idea que "nuestros compañeros hoy no trabajen. De ninguna manera, pese a que Macri nos privó de los materiales e insumos para nuestros emprendimientos, logramos con creatividad mantenerlos y nunca dejaron de trabajar".

Por su parte, María “Tango” Dotti, del Polo Obrero, puso énfasis en que el plan tiene un componente “ultraprecarizador, ya que le provee de mano de obra barata, por ejemplo a los municipios, que por 8500 pesos (la otra mitad viene del plan que los beneficiarios venían percibiendo) tendrán trabajadores pintando escuelas por un salario que, aún si se toma el monto total del ingreso de 17.000, está muy por debajo de lo que, por convenio, cobra un pintor, un oficial pintor”.

Dotti también señaló otro aspecto del problema, que espera ver cómo evoluciona. Se trata del caso de “los compañeros que, con el macrismo, pasaron de la contraprestación laboral al estudio. En muchos casos, se trata de personas con ciertos problemas físicos y con desos de terminar sus estudios. Aunque también tenemos compañeros que sostienen, obviamente, que el ingreso mayor les viene muy bien, queremos saber que pasa con estos otros compañeros que están estudiando”.