Pese a que algunos están en contra de que empresas chinas participen en la construcción de viviendas sociales, el Gobierno llama a licitación internacional para la fabricación de las casas Archivo

Pese a algunas voces que se alzan en contra de la posibilidad de que empresas chinas participen en la construcción de viviendas sociales en la Argentina, varias compañías del país asiático y nacionales empezaron a prepararse por si el proyecto finalmente se concreta y el Gobierno llama a licitación internacional para la fabricación de las casas.

Todo depende aún de que ambos países se pongan de acuerdo sobre el financiamiento, que sería provisto por el Eximbank de China o el China Development Bank (CDB), y creen así el marco necesario para el ingreso de las firmas constructoras. Es uno de los puntos de la agenda del presidente Mauricio Macri en el viaje a China que emprendió anoche.

Mientras tanto, algunas compañías chinas, bancos de ese origen y empresas locales avanzan en alianzas y en el armado de proyectos que ya acercaron al Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda. Según esa cartera, es el caso de China Civil Engineering and Construction Corporation (Ccecc), que irá asociada con la argentina Desarrollos y Proyectos SA (Dypsa), y el financiamiento del banco ICBC. Por separado, mostraron su interés China Machinery Engineering Corporation (CMEC), que ya está en el Belgrano Cargas; Sany, un grupo fabricante de maquinaria vial, vivienda y parques eólicos, y Citic Construction, subsidiaria de Citic Group, ex China International Trust and Investment Corporation, una de las que proveyeron coches para la línea A del subte porteño y que podría dar que hablar. Es que su representante en la Argentina, hasta hace cinco años, era Franco Macri, el padre del Presidente. Pero fuentes de Socma dijeron que el empresario "está retirado" y ya no representa a ninguna compañía china.

También se interesaron otras empresas argentinas: Diedra, del grupo Farallón (desarrollos inmobiliarios), y Ecosan, fabricante de baños químicos y viviendas de emergencia para zonas de desastre, con quien el Estado quiere armar una UTE (unión transitoria de empresas) junto al astillero estatal Tandanor, que aportaría paneles de acero.

Con este esquema de financiamiento externo el Gobierno quiere construir 15.000 viviendas en tres años -a partir de fines de 2017, principios de 2018- para sectores medios (con ingresos familiares de $ 16.100 a 32.200), donde identificó un déficit habitacional de 600.000 hogares. Para esto ideó el Programa de Desarrollo de Vivienda (Prodevi), cuya implementación se articulará con el actual Procrear.

La vivienda social promedio que quiere el gobierno de Macri es de entre 55 y 60 metros cuadrados. En la licitación está dispuesto a pagar hasta un máximo de US$ 1000 el m2 más 20% de costo de infraestructura, aunque confía en recibir ofertas más bajas. Para los interesados, las condiciones serán las mismas que en el Procrear, un préstamo hipotecario máximo de $ 1.650.000 para adquirir hasta el 90% de la unidad, de manera que se podrán construir y comprar propiedades de mayor superficie. Los requisitos y los plazos los pondrá cada banco, aunque el Estado prevé la entrega a los 18 meses.

La iniciativa cayó como una bomba en el sector de la construcción local, que se embarcó en una puja verbal por ver quién tenía el mejor sistema. Así, los fabricantes de casas de madera, los "ladrilleros" (construcción húmeda) y las empresas de vivienda industrializada (construcción en seco) empezaron a reclamar que se las privilegiara por encima de las opciones orientales.

"¿Por qué fueron a buscar a los chinos si en el país tenemos un sector subexplotado, con aserraderos y madereras que dan empleo a 2400 personas y sostienen las economías regionales en Misiones, Salta y Corrientes?", se pregunta Leandro Mora Alfonsín, director estratégico de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (Faima). Y afirma que sus afiliadas pueden producir casas de madera de calidad de 60 a 70 m2, con un costo de construcción de US$ 600, frente a los US$ 850/900 de la construcción húmeda. De todos modos, admite que los bancos no quieren financiar viviendas en madera por la falta de normativa.

"Estas viviendas [del Prodevi] no se hacen con argentinos porque no traen el financiamiento. Con argentinos hacemos lo que tenemos en el presupuesto nacional y con eso no alcanza para reducir el déficit habitacional, que es de 3.800.000 hogares y no para de crecer", contesta Iván Kerr, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, y recuerda que se armó una mesa con el sector maderero para incorporar sus viviendas en el Plan Belgrano.

Pero las casas chinas siguen en el centro de los rumores. "Es vivienda industrializada, más que prefabricada, que permite bajar costos y tener plazos menores de ejecución de obra, con ventajas para los beneficiarios y ahorro para el Estado -explica Kerr-. Las empresas están obligadas a montar plantas en el país, con mano de obra y materia prima locales. Para la instalación, a la mayoría les interesa la zona de Zárate y Campana por la cercanía con los ríos Paraná y Uruguay. Las casas no vendrán en barcos armadas ni en partes para ser armadas acá. Habrá lugar para todos."

La acusación más común contra las viviendas chinas es que "son de cartón". Lo han dicho o sugerido competidores locales, políticos, el gremio de la construcción y colegios de arquitectos e ingenieros. Las redes sociales hicieron el resto.

En público, los chinos soportan los ataques con paciencia oriental, pero en privado se indignan. "Hay mucha presión política este año para el Gobierno; es un vicio argentino esconder la propia incompetencia acusando al otro", se queja el ejecutivo de una constructora china. "Sólo piensan en sus intereses. En un país tan necesitado de vivienda, somos una gota de agua para un incendio", estalla en perfecto español.

¿Un problema irresoluble?

3.800.000

Hogares

Es el déficit habitacional en la Argentina, según datos del Ministerio del Interior. Faltan 1.600.000 hogares y 2.200.000 necesitan ser refaccionados

95%

Sectores medios y bajos

El plan nacional de vivienda (incluyendo todos los programas) apunta a los segmentos medios, de hogares con ingresos familiares de entre $ 16.100 y $ 32.200 mensuales (35%), y bajos, con ingresos menores a $ 16.100 (60%)

25.000

Millones de pesos

Es hoy la inversión anual en vivienda social presupuestada por el Gobierno