Ciudad de México. En México, cada día son asesinados tres niños y desaparecen otros cuatro, por lo que el Estado no cumple con su obligación de garantizar un proyecto de vida y la dignidad de los casi 40 millones de menores de edad que habitan en el país, aseveró Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

El activista difundió un mensaje a través de redes sociales debido a la masacre de tres niñas (de cuatro, 13 y 14 años) en Ciudad Juárez, Chihuahua, y la difusión de un video con un presunto niño sicario de cinco años, reportados recientemente.

Demandó al gobierno generar las condiciones para reducir la violencia contra el sector, que ha obligado a que ocho de cada diez familias en el país ya no permita que los niños, niñas y adolescentes salgan a las calles y parques públicos, limitando así su derecho a la diversión y a hacer una vida comunitaria.

La violencia, asociada a la impunidad y a la descordinación de los tres niveles de gobierno para combatir estos flagelos, ha generado altos riesgos para los pequeños, como ser víctimas de reclutamiento por parte de organizaciones criminales, de homicidios y, en el caso de las mujeres, de feminicidios, entre otros delitos.

Datos oficiales, señaló Pérez García, muestran que de 2015 a julio de 2019, se ha registrado en el país el homicidio doloso de 4 mil 664 niñas, niños y adolescentes, donde ocho de cada diez son varones.

En ese mismo periodo, agregó, se tiene reporte de 3 mil 297 feminicidios, de los cuales 317 corresponden a niñas de cero a 17 años de edad, es decir, uno de cada diez crímenes de género en México es contra una menor.

Recordó que en 2011 y en 2015, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas advirtió al Estado mexicano los impactos negativos de la violencia en este sector, haciendo énfasis en los asesinatos, feminicidios y reclutamiento de menores tanto a fuerzas armadas como a grupos criminales.

Al referirse al video del presunto niño sicario, Pérez García remarcó la necesidad de que las autoridades mexicanas reconozcan que existe el fenómeno de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos criminales, tal como lo documentó la Redim en un informe publicado en 2010, para hacerlos trabajar de manera forzada en laboratorios clandestinos o en la cosecha de la mariguana “y en algunos casos lamentables en la acción de sicariato”.

En cuanto a la masacre de las tres menores en Ciudad Juárez, al parecer por miembros del crimen organizado, pues se encontraron más de 100 casquillos en en lugar del crimen, indicó que el caso se debe dimensionar como una dinámica nacional y no como un asunto local, pues la expresión de estos hechos se da en varios lugares del país. Por ello, exhortó a la Fiscalía General de la República valorar la posibilidad de atraer la investigación por ese hecho.

Demandó a las autoridades desarrollar una estrategia de protección a los menores, donde sus voces sean escuchadas. “No es un tema menor, de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución y los tratados internacionales, todos los funcionarios del Estado mexicano están obligados a colocar el interés superior de la niñez por encima de cualquier otra prioridad”.