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Una de las últimas aplicaciones de la ley mordaza consistió en multar a una chica por llevar un bolso con la imagen de un gato y las siglas ACAB (All cats are beautiful, todos los gatos son bonitos). Los policías interpretaron que lo que esa chica paseaba no era un inocente lema sino un insulto a sus uniformes: All cops are bastards, todos los policías son unos gilipollas. No hace tampoco mucho, un hombre fue multado por subir a su canal de Youtube un vídeo que mostraba a policías requisando pescado a un vendedor en la calle. En el primer caso, la chica ni siquiera tuvo que recurrir. Su difusión en los medios puso en evidencia la ridiculez de aquella sanción y la Administración la archivó de manera casi inmediata. En el segundo, el hombre presentó un recurso y aún no está resuelto. Pero en la sociedad quedó la impronta del miedo: cuidado con lo que dices, cuidado con lo que vistes, cuidado con lo que grabas. Un círculo perfecto.

Son dos ejemplos de cómo la ley mordaza, cuya entrada en vigor cumple un año este viernes, se ha creado fundamentalmente para desmovilizar a los ciudadanos, para disuadir, para meter miedo -no me grabes, que no lo puedes hacer-; pero también sirven como ejemplos de que se puede revertir esa intencionalidad de la ley, que es reprimir la protesta. «Claro que se puede protestar y ahora más que nunca. Estamos desenmascarando el sinsentido de crear una ley como ésta y eso es un mensaje de esperanza«. Es el análisis de Cristina Serván, miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) y de la plataforma Defender a quien defiende, que este mismo viernes pondrá en marcha Malla, una herramienta web para registrar los casos de represión en toda España y visibilizar los efectos de su aplicación hasta su derogación.

«Llevamos más de año y medio trabajando en ello. El objetivo es recopilar información para poder analizar la aplicación de la ley, generar un marco de asesoramiento y acompañamiento a las personas que viven esas situaciones y tener patrones para poder generar estudios acreditados que evidencien que el objetivo de la ley mordaza -porque todo el mundo la conoce así, no como ley de seguridad ciudadana-, es vulnerar los derechos humanos», explica Serván. Las personas podrán introducir sus historias con la garantía de que sus datos estarán protegidos. Un equipo constrastará caso por caso, se reunirá con esas personas, les ofrecerá apoyo legal y social y, a partir de ahí, se realizarán, siempre con el consentimientos de los afectados, campañas comunicativas o actuaciones pertinentes para visibilizar esas situaciones.

«Cuando se invoca la ley parece que se invoca a los infiernos y que caerá sobre esa persona una maldición. La ley genera confusión entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad aprovechan esa confusión. Sin embargo, frente a la creencia de que nos tenemos que aguantar, hay mucho que se puede hacer», insiste Serván. Otro ejemplo es el caso Ana García, de La Sexta, recientemente absuelta de un delito de desobediencia por no entregar su cámara a la policía tras grabar imágenes de una protesta antidesahucios. En la sentencia, el propio juez advierte a los agentes de que no tendría que haberles entregado su cámara ni siquiera con la ley mordaza en la mano, que no estaba en vigor cuando sucedieron aquellos hechos. Con la ley mordaza en la mano, la periodista de Catalunya Ràdio Mercè Alcocer ha sido sancionada por intentar conseguir unas declaraciones mientras cubría el caso Pujol.

Eso es lo que no quiso el Gobierno que sucediera con la elaboración de la ley, que fueran los jueces quienes resolvieran las denuncias, según sostiene Diego Boza, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz y miembro de APDH-A: «La ley viene enmarcada dentro de la reforma del Código Penal, en un proceso conjunto que creó una estrategia en la que las faltas que tienen que ver con el patrimonio, como los hurtos inferiores a 400 euros, se convirtieron en delito, y las que tenían que ver con el orden público se pasaron al ámbito de la administración». Boza lo explica con el caso de los titiriteros, cuya causa por enaltecimiento de terrorismo ha sido archivada por un juez: «Con la ley mordaza, el Gobierno se convierte en juez y parte, y es un sistema que, siendo menos grave, es más severo porque es más fácil de sancionar».

La Marea ha preguntado al Ministerio del Interior el número de denuncias tramitadas durante este primer año, el motivo, cuántas se han formalizado, cuántas se han archivado y la cantidad a la que han ascendido esas sanciones. Hasta el momento, no ha obtenido respuesta. «La ley es mala no por quien la haya hecho -en referencia al ministro Fernández Díaz, envuelto en el caso de las conversaciones para perjudicar a sus adversarios políticos- sino porque es mala en sí misma: «Sólo es buena desde el punto de vista de esos políticos, porque permite que se interprete la ley a su antojo para sancionar o no a determinadas personas por actividades que van en contra del Gobierno. Falta de respeto, imágenes que ponen en peligro a la Policía… son términos ambiguos para que la Policía rellene las denuncias como les venga en gana. Y los que somos activistas, arriesgamos, pero la ciudadanía media no y eso es lo que están consiguiendo. La Policía está habilitando parcelas de impunidad, y no sólo en las cuestiones más fuertes, como la tortura, sino en la forma de comportarse en el día a día», concluye Boza, que asegura que lo que «más rabia» le da no es que se reediten otros cuatro años de gobierno del PP, sino que sus dirigentes «se sientan legitimados en este tipo de políticas, que son difícilmente enmarcables en la Constitución».

Devoluciones en caliente

Más allá de las protestas, donde la ley también continúa haciendo mucho daño es en las fronteras: «Las devoluciones en caliente son el pan nuestro de cada día. El PP hizo una especie de apaño extraño para meter bajo el nombre de Seguridad Ciudadana un asunto que no tiene nada que ver simplemente para darle legitimidad. Y esto no se puede permitir. Hay personas que son potenciales receptoras de derecho de asilo, que se pasan 30 horas esperando en la valla y son devueltas al otro lado«, lamenta Serván, que añade una crítica general: «Llamamos a la solidaridad con los refugiados pero en nuestras fronteras se están vulnerando derechos». Un informe realizado por APDH-A denuncia el intento de las autoridades españolas de criminalizar las migraciones subsaharianas oponiendo migrantes económicos a refugiados: “¿Qué oficina de asilo? ¿Una oficina de asilo en Beni-Ansar? ¡Pero es imposible, no podemos llegar a la frontera! Eso es para los sirios”, explica en el estudio J., un guineano que lleva meses viviendo en el bosque de Nador.