El esquema de corrupción orquestado por la empresa Odebrecht es uno de los mayores que haya habido en el continente. En Estados Unidos, Brasil, Ecuador y Perú ya ha implicado sanciones pecuniarias o de cárcel para políticos. En México, en cambio, donde obtuvo miles de millones de pesos en contratos opacos, ningún funcionario ha sido siquiera llamado a declarar. Y eso que la lista de presuntos protectores del consorcio incluye nombres como Felipe Calderón, Javier Duarte, Emilio Lozoya y Agustín Carstens, entre otros muchos a quienes la Santa Impunidad ilumina.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las operaciones de Marcelo Odebrecht en México apuntan directamente a Felipe Calderón, Fidel Herrera, Jordy Herrera, Héctor Rangel Domene, Agustín Carstens y a Miguel Ángel Yunes Márquez, quienes promovieron, avalaron y respaldaron económicamente sus negocios en México.

Sin embargo, ninguno de estos políticos y funcionarios es investigado por las autoridades mexicanas, y tampoco han aclarado por qué se empecinaron en establecer negocios como la planta procesadora de etano que Felipe Calderón impulsó desde 2003 en Veracruz, cuando era secretario de Energía, según revelan documentos internos de la empresa mexicana Idesa –que a la postre se asociaría con Baskem, filial de Odebrecht.

En Brasil, Ecuador, Perú y Estados Unidos se han impuesto multas o penas de cárcel a políticos por sucumbir a los millonarios sobornos de Odebrecht. En México, todos los funcionarios han sido protegidos por las autoridades judiciales. Los señalados en los documentos ni siquiera han sido llamados a declarar.

El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que, entre 2001 y 2016, Odebrecht repartió sobornos por 788 millones de dólares a funcionarios de 12 países. De ese dinero, 10.5 millones correspondieron a políticos mexicanos. El pasado martes 4 Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho declaró a las autoridades de Brasil que entregó 5 millones de dólares a Emilio Lozoya, director de Pemex de 2012 a 2016.

Al siguiente día, la senadora Dolores Padierna dijo a Proceso que Odebrecht ofreció a la Procuraduría General de la República (PGR) resarcir el daño al gobierno mexicano con 10 millones de dólares. “Ante la negativa de la autoridad amplió su propuesta a 20 millones, lo que tampoco fue aceptado”. No dio más detalles.

Se habla de 17 funcionarios de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto que podrían ser llamados a declarar, pero a la fecha nada ha ocurrido.

He aquí algunos servidores públicos del gobierno de Calderón que, a decir de documentos internos de Idesa (empresa que obtuvo junto con Braskem un contrato por 25 años para comprar etano a precio preferencial), estuvieron en una “activa promoción del Proyecto Fénix con el presidente Felipe Calderón H. entonces secretario de Energía 2003-2004”.

Calderón-Odebrecht

Etileno XXI nació primeramente como Proyecto Fénix en 2003, durante la administración de Vicente Fox (PAN), pero fue Calderón quien, como secretario de Energía y teniendo a Jordy Herrera como secretario particular –a la postre fue titular de Pemex Gas y Petroquímica Básica–, impulsó el proyecto.

Sin embargo, el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, consideró que el proyecto significaría una competencia desleal para las petroquímicas mexicanas, como Cangrejera y Pajaritos, que producen polietileno.

Los papeles de Idesa revelan que “al fallar el desarrollo proyecto Fénix, Idesa continúa la participación vía el Proyecto Fénix Alterno 2005-2006”.

Ya con Calderón como presidente de la República, Pemex Gas y Petroquímica Básica invitaron a Idesa “a participar en un proceso internacional de subasta llamado contrato de suministro de etano, en febrero de 2008”. Para evitar filtraciones “se firmaron 11 acuerdos de confidencialidad”. Etileno XXI de Idesa y Odebrecht, a través de Braskem, estaba en marcha impulsado por Felipe Calderón.

En “diciembre de 2007 se hizo la presentación del proyecto petroquímico al gabinete económico de la Presidencia. En enero el presidente Calderón anuncia el proyecto petroquímico e informa que será asignado a través de una subasta”, se lee en los documentos mencionados.

Idesa es prolija en fechas y acciones. Por ejemplo, en febrero de 2008 decidió buscar a un agente financiero, puesto que Etileno XXI requeriría de una inversión de 4 mil 500 millones de dólares. Entre los consultores legales, técnicos y financieros llamó a Hogan & Hartson, Legal Enerchem TEk-Técnico y Goldman Sachs. Este último fue designado a finales de abril de 2008 como el agente financiero. Según el documento de Idesa, “el corredor dio fe de que Pemex estaba eligiendo al proponente que ofrecía el menor descuento”.

A mediados de agosto de ese año, y ya convocadas 31 empresas, además de Idesa, se realizaron reuniones en San Antonio, Texas, con las compañías Sabic, Oxiteno, Dow, Idesa, Lyondellbasel, Nexant y Reliance.­ Pero Idesa llevaba la preferencia y sus representantes firmaron un convenio de confidencialidad adicional.

Los últimos meses de 2008 la gente de Idesa se reunió con Calderón. Y los primeros días de 2009 Odebrecht entró a escena.

Según los documentos de Idesa, en abril de 2009 se ordenaron “las pláticas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con Bancomext y Nafin. Al frente de Hacienda estaba Agustín Carstens, y a la banca de gobierno acababa de llegar Héctor Rangel Domene, ambos designados por Calderón.

En julio de 2009 Bancomext-Nafin emitieron la “carta de invitación para financiar el proyecto”. De acuerdo con la senadora Dolores Padierna, Nafin entregó a Braskem un crédito de 280 millones de dólares y Bancomext 120 millones de dólares. “Al tipo de cambio de esa época, que era de 13 pesos, el crédito ascendió a 5 mil 200 millones de pesos”, señala.

Ello significa que Marcelo Odebrecht e Idesa no sólo recibieron un ventajoso contrato en la compra de etano, con precio preferencial y descuento adicional (Proceso 2110), sino que además, con el visto bueno de Carstens y la autorización de Rangel Domene –que estuvo al frente de Nafin y Bancomext–, el brasileño recibió poco más de 5 mil millones de pesos de las arcas del gobierno calderonista.

Cuando se firmó el contrato –el 19 de febrero de 2010– en la Dirección de Pemex Gas y Petroquímica Básica estaba Jordy Herrera y, en la Secretaría de Energía (Sener), Georgina Kessel, otros de los funcionarios que tendrían que explicar las grandes ventajas que se le otorgaron a Odebrecht.

En agosto de 2012 Odebrecht logró el apoyo de otros bancos: International Finance Corporation, EDC, SACE, BNDES, HSBC, BBVA Bancomer, MUFG, KFW, Intesa Sanpaolo, Mizuho y Santander. Bancomext no sólo le dio los 120 millones de dólares, sino que, además, según la senadora Padierna, “participó como estructurador de un crédito con otros 17 bancos”.

En el apartado “Convenio, contrato, terreno, plazo” del documento de Idesa se establece que los representantes del consorcio mantuvieron pláticas con “Presidencia, Pemex, Gobierno de Veracruz y el municipio de Coatzacoalcos”.

Al momento de la firma del contrato, Juan José Suárez Coppel era el director de Pemex, y Fidel Herrera Beltrán, gobernador de Veracruz. El pasado enero, Herrera pidió licencia como cónsul en Barcelona, España, para –dijo– aclarar los señalamientos que lo involucran en el presunto falseo de quimioterapias para niños con cáncer. Se desconoce su paradero.

En el municipio de Coatzacoalcos, lugar donde se compró el terreno a inicios de julio de 2010, iniciaba su gestión el priista Marcelo Montiel Montiel, quien al arranque de la administración de Javier Duarte como gobernador de Veracruz fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) estatal y luego fue delegado de la Sedesol federal en 2013. Ese año se le acusó de un desvío de 800 millones de un programa de apoyo a jornaleros.

Veracruz es bello, Odebrecht

Marcelo Odebrecht no sólo obtuvo ventajas financieras en el gobierno de Calderón. También logró grandes acuerdos con el de Javier Duarte en Veracruz, aunque fueron proyectados desde la administración de Fidel Herrera, según lo muestran documentos que tiene Proceso.

El primer proyecto en el que incursionó Odebrecht tiene que ver con una presa para abastecer de agua a Xalapa. El gobierno estatal pondría 2 mil 100 millones de pesos, y Odebrecht, 5 mil 400 millones. El costo total sería de 7 mil 500 millones de pesos.

Javier Duarte, entonces gobernador veracruzano, dio forma en 2013 al proyecto de Fidel Herrera. En marzo de 2013 el Congreso veracruzano aprobó “el llamado Proyecto Múltiples Xalapa a través del esquema de proyecto para la prestación de servicios. Se trata de un proyecto planeado desde 2008 y dado a conocer oficial y superficialmente en 2014 en la Gaceta Oficial No. 142”.

El proyecto fue concesionado a Odebrecht,­ sin licitación, revela la diputada de Morena Rocío Nahle. A pesar de contar con la licitación, Odebrecht no ha podido arrancar los trabajos debido a la oposición de los pobladores.

Hay otro caso que sí logró concretar, gracias al cual Odebrecht tiene la concesión para el cobro del agua en tres de los principales municipios de Veracruz: Medellín, Veracruz y Boca del Río.

De acuerdo con el título de concesión –del que Proceso tiene copia–, fechado el 1 de julio de 2015, Odebrecht y Aguas de Barcelona podrán manejar mediante un fideicomiso todo el cobro del líquido. Es una concesión por 30 años que podrá extenderse otros 30.

Según la concesión, se conformó la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, S.A.P.I. de C.V., “para la prestación de los servicios de agua y saneamiento de los municipios de Veracruz y Medellín, con la intervención del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) Metropolitano Veracruz, Boca del Río y Medellín”.

El título de concesión sólo está firmado por los ayuntamientos de Veracruz y Medellín. En el caso de Boca del Río, el alcalde, Miguel Ángel Yunes Márquez, no cedió pero igual compra el agua “en bloque” a Odebrecht.

En la página siete del título se establece que el 9 de junio de 2015, luego de que el SAS decidiera que el ganador de la licitación era Odebrecht Ambiental, S.A., e Interagbar de México, S.A. de C.V. (filial de Aguas de Barcelona), ambas integraron la empresa Grupo Ambiental ProVeracruz, S.A.P.I. de C.V., que a su vez conformó el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) con el SAS de Veracruz, Boca de Río y Medellín.

Otro de los absurdos cometidos por Javier Duarte es que primero licitó la privatización del agua (18 de febrero de 2015) y luego, el 8 de julio de aquel año, decidió liquidar el organismo de agua, “toda vez que el organismo presenta una condición de insolvencia financiera agravada en el presente año, resultando su operación incosteable e insostenible, lo que motiva su extinción”. Los trabajadores fueron notificados el 15 de julio, y se les prohibió la entrada a las instalaciones.

Odebrecht logró grandes facilidades en el título de concesión. Por ejemplo, si durante 10 días no trabaja a causa de un ciclón, ese tiempo no se computa para los 30 años. Podrá además subir las tarifas del agua para que la empresa nunca pierda: “La política tarifaría deberá siempre mantener el equilibrio económico-financiero de la concesión y de la concesionaria”, se indica en la página 11.

Otro beneficio es que si en los 30 años crece la demanda, Odebrecht no deberá invertir para ampliar sus instalaciones, sino que la ampliación de infraestructura será pagada por los tres ayuntamientos. Tampoco es responsable de los pasivos ambientales que se generen.

Una más: los adeudos incobrables de la ciudadanía serán pagados con los fondos de la federación, estado o municipio. Miguel Ángel Yunes Márquez –quien no firmó por Boca del Río– envió sin embargo a su representante legal, Guillermo Moreno Chazarini, quien autorizó que “se realice la retención de los recursos en caso de incumplimiento del contribuyente a partir del ejercicio fiscal de 2014”.

Además, cuando el usuario no pague el agua en dos meses, se le podrá cortar el suministro; a los tres meses “pueden ser sujetos a medidas de apremio”. Si no paga en definitiva, Odebrecht cobrará de las utilidades que reciban los ayuntamientos.

Los hombres de Marcelo Odebrecht en México –y que hoy aparecen en la indagatoria de sobornos– son Cleantho de Paiva Leite Filho (Proceso 2110), quien firmó para Etileno XXI como director de la Unidad Negocios Internacionales de Braskem, y Javier Ramón Chuman Rojas, quien formó parte de la dirección de Grupo MAS.

Este reportaje se publicó en la edición 2112 de la revista Proceso del 23 de abril de 2017.