Las largas colas de embarque en el aeropuerto de El Prat, en días de máximo tránsito de viajeros, no se pueden permitir. Como tampoco es admisible el oportunismo de aquellos que quieren convertir un conflicto laboral y de modelo, que viene de lejos, en algo relacionado con su hoja de ruta hacia un aterrizaje incierto y sin pista habilitada el 1 de octubre.

Para entender algo de lo que ocurre en los aeropuertos españoles es necesario hacer una escala en el pasado reciente, cuándo el 11 de febrero del 2015 Aena salió a bolsa.

"Cuidando cada detalle, atendiendo a lo más pequeño, nos hemos hecho grandes", rezaba la publicidad institucional con la que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) promocionó la oferta pública de venta (OPV) de acciones que sirvieron para colocar un 28% de la empresa pública en bolsa, en la mayor privatización realizada en España en los últimos años.

En concreto, durante su primer día en Bolsa los títulos subieron más de un 20%, lo que permitió a los grandes fondos de inversión ganar unos 800 millones de euros en una sola jornada.

En su día los llamados fondos buitre, aportaron 4.236 millones de euros en acciones que llegaron a cotizar en junio, su momento más álgido, por un valor de 11.100 millones (un beneficio del 260%).

Este 2017 la junta accionarial de Aena, aprobó el reparto de dividendos del 41% superior al del anterior ejercicio, un total de 574 millones de euros.

En este tiempo, lo que también ha aumentado de forma exponencial ha sido la productividad laboral, un trabajador de Aena atiende a una media de 31.551 pasajeros al año lo que supone un incremento en los últimos 10 años de un 221%. y la eventualidad laboral en un 17%.

En cambio, lo que ha bajado son el número de trabajadores (un 15% menos), las licitaciones del handling en un 30% y el resto de las subcontrataciones en un 20%, como en el caso de la compañía que gestiona la seguridad de El Prat.

Los problemas y conflictos laborales se han ido multiplicando a la misma velocidad que los beneficios de los accionistas: Las llamadas ‘chaquetas verdes’ de Barajas, el personal en Menorca, los bomberos de Sevilla o el caos y los retrasos en Son Sant Joan. Hace poco se suspendía el concurso del llamado ‘lote 22’ que pretendía acabar con la mayor concesión de hostelería del aeropuerto del Prat y precarizar las condiciones de la plantilla y, más recientemente, la abortada maniobra para privatizar la empresa pública de tapadillo, al intentar un cambio de billetes de autopistas por aeropuertos, con Abertis de por medio.

En sede parlamentaria le dijimos al ministro de la Serna que tenía el enemigo en casa, el presidente de Aena José Manuel Vargas, procedente de la cantera de altos cargos del Gobierno, la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC).

En reiteradas ocasiones, en los medios de comunicación y en el Congreso, el señor Vargas ha manifestado que su trabajo consiste en que las acciones sigan subiendo y que lo mejor para que Aena sea más competitiva es que sea privatizada y el Estado venda parte de su 51%. El ejecutivo de Rajoy ha puesto al mando de la compañía pública a un tiburón de las finanzas sin control y que no cree en el modelo público.

Estos escándalos y las nuevas mayorías parlamentarias permiten la creación de una comisión de investigación que aclare los nubarrones del ‘regalo’ que el Partido Popular hizo de Aena y que frenen la venta de parte de las acciones públicas a los buitres que, insaciables, vuelven a merodear en torno a la joya pública del Estado. Este agosto el ministro no podrá pasear tranquilo por la playa del Sardinero, habrá de tomar el mando, del mayor gestor aeroportuario del mundo, una nave descontrolada por los problemas laborales y los daños colaterales que producen empresas como Eulen en El Prat, que perjudican gravemente a la ciudadanía. Una situación intolerable que están amargando las vacaciones de mucha gente y deteriorar la imagen del aeropuerto de Barcelona.