La prostitución es un tema que genera discordia, hay quienes defienden su regularización mientras otras su abolición. Más allá de las posturas personales, es un hecho que los argumentos se han vuelto en muchos casos pobres, al anteponer lo ideal a lo material. La discusión se debe dar más allá de la disputa entre quienes defienden la libre elección y quienes afirman que las mujeres son violadas sistemáticamente al encontrarse en situación de prostitución. Para un diálogo justo y fructífero debemos conocer la realidad en cuanto a prostitución en Uruguay, entender quiénes son las más vulneradas y dejar de crear hipótesis en cuánto a la posibilidad de mujeres ricas en situación de prostitución (cuando muchas de ellas además precedentemente han sido abusadas sexualmente), porque nuestra realidad, la que existe, es otra. Este texto por lo tanto pretenderá brindar datos empíricos sobre el sistema prostituyente en Uruguay.

Lo hemos aprendido hace ya un tiempo, el poder se instaura a través de la naturalización de conductas que responden a intereses de quienes lo ejercen. Queda en evidencia este suceso al analizar el sistema prostituyente, los mitos sobre la temática no hacen más que justificarlo. Es entonces de índole imperioso conocer la realidad de la prostitución en nuestro país, para desmentir los mitos que la abrazan, entre ellos, el de “libre elección”. Abarcaremos brevemente la realidad jurídica para analizar luego de manera más próspera la realidad social.

La ley 17.515 fue aprobada en 2002, en un contexto de crisis bajo el gobierno de Jorge Batlle. Allí se fija como trabajadoras sexuales a “(…) todas las personas mayores de dieciocho años de edad que habitualmente ejerzan la prostitución, recibiendo a cambio remuneración en dinero o especie (…)”. Se fija además la creación de un Registro Nacional de Trabajo Sexual, a cargo del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Interior; las bases y condiciones del carné sanitario, entre otros. Esta ley asimismo se complementa con la ley 8.080 (1927, delito de proxenetismo) con sus respectivas modificaciones en la ley 16.707 (1995), la ley 19.643 y la sección II del Capítulo XV de la ley 18.250 (2007, trata transnacional de personas).

Es a través de estas herramientas que el Estado uruguayo pretende regular el sistema prostituyente, pero ¿es esto suficiente? En Uruguay hay más de 12.000 trabajadoras sexuales registradas, sin embargo, se estima unas 17.000 en todo el país. Además, Karina Nuñez brindó a fines del año pasado el dato de que 3 de cada 10 mujeres que atienden en whiskerías se encuentran en situación de trata. Incluso podríamos ir más allá, el 55,5% de las mujeres entrevistadas en el libro de Pablo Guerra trabajan en casas de masaje, whiskerías y prostíbulos, evidentemente bajo condición de “asalariadas”, mas sin los beneficios de asalariados, sometiéndose a abusos sexuales en los que media capital. Es por esto que afirmamos que la prostitución sexismo y mercantilismo, afianzado y legitimado, la mujer pone el cuerpo a predisposición del varón que la percibe como un objeto de consumo, y distingue entre la mujer pura (quien le servirá reproductiva y productivamente) y la impura (quien le servirá sexualmente). La prostitución se mantiene bajo la idea de que las mujeres podemos ser compradas y esto queda en evidencia al escuchar “testimonios” de puteros.

En otro orden de ideas, de las 12.000 trabajadoras sexuales registradas tan solo 57 (podrían llegar a ser 87) aportan al BPS, (un 0,5 de las trabajadoras sexuales registradas (de hecho, el porcentaje es aún menor si consideramos que muchas mujeres no están registradas y que en ese número Guerra incluye también a hombres). En información de uso común no se diferencia entre mujeres en situación de prostitución y hombres, pero sí existe la diferenciación en el BPS (52 mujeres, 5 hombres). Sería peligroso traspasar datos de una escala tan pequeña a la realidad total del sistema prostituyente, pero este dato en sí es suficientemente valioso: de las trabajadoras sexuales que se encuentran aportando al BPS son un 91% mujeres. Es claro que la regularización no cumplió su objetivo mayor: que las trabajadoras sexuales estén en caja.

También, según el CENSO realizado a personas trans en 2016, el 67% de la población trans se encontraba o había encontrado en situación de prostitución. Todas ellas siendo mujeres trans, es decir, el 74% de las mujeres trans se encontraron en algún punto de sus vidas en el sistema prostituyente.

Por otro lado, preocupante es también la edad de iniciación en la prostitución. Según datos recopilados en el estudio de Guerra el 31,7% comienza siendo menor de 18. La base de datos manejada por la Red Abolicionista del Uruguay afirma que un 42% comienza siendo menor de 12. Quienes recaen en la prostitución son en su mayoría mujeres de contextos vulnerables, que atravesaron infancias problemáticas o muy problemáticas (58%); otras en su adolescencia o adultez caen en la prostitución por distintas razones. La razón por la que mujeres permanecen en la prostitución es por el ingreso monetario, ya que declaran que este trabajo no les brinda fuente de identidad personal; autorrealización; oportunidades para interacción; desarrollo de habilidades; ni les proporciona poder ni control. El 63% afirma presencia de maltratos y el 76% ha intentado dejar la prostitución.

El promedio de clientes atendidos por día en Uruguay por mujer, en base al estudio de Guerra es de 5,77. Si este dato lo multiplicamos por la cantidad aproximada de trabajadoras sexuales registradas (12.000) y la cantidad de días en un mes (30), en conjunto las mujeres se enfrentarían a 2,077,200 de puteros en conjunto. Es claro que no todas se enfrentan a la misma cantidad de consumidores de prostitución y también que los consumidores usualmente no son esporádicos, por lo que en realidad no hablamos de 2 millones de varones distintos, de hecho, no hay tantos en Uruguay. De todos modos, resulta impactante esta cifra, porque incluso si redujéramos la media de clientes a la mitad, habría 1 millón de casos de consumo de prostitución en nuestro país. Para quienes entendemos al abuso sexual como un encuentro sexual no consentido o deseado, nos enfrentamos a más de 1 millón de abusos sexuales.

Por sí aún no ha quedado en claro, la mujer no es libre de elegir. En primer lugar, porque intervienen una diversidad de fuerzas mayores a ella, desde proxenetas hasta la realidad socioeconómica que las condiciona; en segundo lugar, porque la mujer no es ajena a su contexto. El sistema patriarcal nos inculca que somos bienes comercializables, productos, desde la primera etapa en el proceso de socialización. La mujer no es libre, es sexualizada y cosificada desde niña.

Para quienes hemos atravesado abusos sexuales es innegable impacto que tiene este hecho en nuestras vidas; define nuestras procedentes relaciones sexuales y nuestra relación con nosotras mismas. Entonces, ¿cómo defender los abusos sexuales sistemáticos que atraviesan estas mujeres condenadas por su contexto, cuando son la clara expresión de que el capitalismo y sexismo colman nuestra sociedad? El valor en el que se basa la prostitución es el siguiente: la mujer está hecha para servirle al hombre, y él puede comprarla u alquilarla, para hacer con ella lo que desea; ya que otra realidad es que, en el momento del encuentro sexual, ellos realmente pueden hacer lo que quieren, incluso estando las bases sentadas pueden elegir no respetarlas. La no problematización del sistema prostitúyente es una gran omisión y falta hacia las mujeres, es el no reconocimiento de su humanidad.

La prostitución es esclavitud sexual que apunta a condenar mujeres especialmente pobres y en muchos casos racializadas. Su regularización implica aceptar que las mujeres no somos sujeto de derechos, esencialmente las mujeres pobres. El sistema nos margina y dirige a la prostitución, el sistema nos niega un rol y ofrece el otro. El “sistema prostituyente” no es un ente aislado, sino que existe por todos y cada uno de los consumidores de prostitución y se potencia gracias a la globalización que permite un mejor flujo para la trata de personas además de los vínculos entre políticos, reconocidos empresarios y proxenetismo. La trata con fines de explotación sexual es otra consecuencia de la demanda de prostitución, un tema demasiado complejo y extenso para ser explicado en este texto, de todos modos, cabe aclarar que son más los casos de trata en países regulacionistas que en abolicionistas. Correlación positiva no implica causalidad, pero es sin lugar a dudas información a tener en cuenta.

El abolicionismo es la no admisión de conductas sexistas y mercantiles, en ningún espacio; es la negación a denominar a los abusos sexuales empoderantes; es saber escuchar a través de las vivencias de nuestras compañeras y entender que la prostitución es intolerable, incluso cuando no es vivida en carne propia. Si apuntamos a la liberación de la mujer debe ser inadmisible el control o subordinación de ella en todo ámbito, incluyendo, y por sobre todo, el sexual. Los abusos sexuales nos enajenan de nosotras mismas, nos marcan y se quedan con nosotras de muchas maneras. Una vez hemos admitido los abusos sexuales como intolerables, ¿militaremos por la normalización de las violaciones sistemáticas por una transacción de dinero?

“No somos sus incubadoras, no somos su apoyo al capital, nuestros cuerpos somos nosotras mismas y los vamos a conquistar”.

Bibliografía:

Registro de Leyes y Decretos (IMPO)

Registro Nacional de Trabajo Sexual

Guerra pablo (2015), La prostitución en Uruguay

presidencia.gub.uy