El Gobierno de Rabat ha expresado su “asombro” por el "inédito" procesamiento de 11 altos cargos marroquíes por el presunto genocidio del pueblo saharaui y ha descalificado las acusaciones del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz asegurando que “rayan en el ridículo”. La primera reacción oficial de Marruecos ante el auto difundido el pasado jueves llegó el sábado por la noche a través de un medido comunicado del Ministerio marroquí de Asuntos Exteriores, que carga contra el juez, el Frente Polisario y Argelia, sin citarlos, pero evita responsabilizar al Gobierno español.

Al contrario, promete "trabajar por preservar la relación de buena vecindad constructiva con España [...], que atraviesa una de sus fases más serenas y prometedoras [...] contra toda maniobra nociva urdida por los adversarios de la misma". El jefe de la diplomacia marroquí, Salahedine Mezouar, ha decidido a última hora acudir a la cumbre que la UE celebra mañana en Barcelona con los países del sur del Mediterráneo, donde se reunirá con su homólogo español, José Manuel García-Margallo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí asegura que el procesamiento de sus 11 altos cargos, la mayoría militares, es “un nuevo intento de resucitar un antiguo expediente que se ha demostrado vano y trufado de graves errores fácticos” y que los hechos a los que se refiere la investigación (1975-1991) datan de más de un cuarto de siglo y “afectan a un periodo histórico muy particular y a circunstancias específicas ligadas a hostilidades armadas de otra época” —en alusión al enfrentamiento armado entre el Ejército marroquí y el Frente Polisario, que cesó tras el alto el fuego de 1991— que han sido abordados por la Comisión de Equidad y Reconciliación impulsada por el rey Mohamed VI, “cuya seriedad y credibilidad han sido ampliamente reconocidos”.

Rabat asegura que el proceso judicial responde a una “instrumentalización política”, en vísperas del debate sobre el Sáhara en el Consejo de Seguridad de la ONU, por parte de actores “bien conocidos” (en alusión al Frente Polisario y Argelia) que “están detrás de estas maniobras” y “tienen sus propias agendas”; y lamenta que “algunos individuos” (en referencia al juez Ruz), “con motivaciones oscuras y en busca de gloria personal, pongan sus responsabilidades en la Justicia al servicio de artimañas que tienen como fin dañar las relaciones bilaterales”.

Aunque se dice “dispuesto a cooperar plenamente con las autoridades españolas para desmontar el carácter infundado de estas acusaciones”, advierte de que "rechaza por principio toda persecución judicial en el extranjero contra ciudadanos marroquíes por hechos supuestamente cometidos en territorio nacional [Sáhara Occidental] que son competencia de la justicia marroquí”. Es decir, que Marruecos no atenderá las órdenes de detención internacional dictadas por el juez de la Audiencia Nacional, como era previsible.