Editorial EL UNIVERSAL

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humano ...

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20 de junio de 2011

México se ha distinguido siempre por ser un país que acoge a los perseguidos extranjeros, pero cada vez con mayor frecuencia ha asumido el papel contrario, el de nación de exiliados. En el último lustro 40 mil personas pidieron asilo en el exterior, principalmente Canadá y EU.

Quizá el caso más reciente y sonado sea el de Marisol Valles García, de 20 años, estudiante de criminología que tomó en octubre pasado el puesto que nadie más quería: jefa de policía en el municipio de Práxedis Guerrero, en Chihuahua. Desapareció meses después, hasta que en mayo se le halló de nuevo, en Estados Unidos, solicitando asilo por temor a las amenazas de muerte recibidas. Ella es sólo una muestra de un universo mucho mayor. De acuerdo con el Censo 2010 del INEGI, 60% de las viviendas de ese poblado se encuentran deshabitadas.

El mismo fenómeno padecen los municipios chihuahuenses de Guadalupe, Ascensión, Madera, San Isidro, El Porvenir y Las Chepas. Algunos de ellos son considerados ya pueblos “fantasma”. Tan sólo en Ciudad Juárez, autoridades y organizaciones civiles calculan un exilio de entre 300 mil y 600 mil personas. Michoacán va en ese camino; apenas el mes pasado regresaron a sus casas mil 500 pobladores que habían huido de las balaceras en los municipios michoacanos de Buenavista, Tomatlán, Tuzantla y Apatzingán.

Miles de personas en varias partes del país abandonan sus hogares frente a las balaceras, las amenazas, las extorsiones, los secuestros. No hay distingo de clase social, le ha ocurrido lo mismo a campesinos que a hombres y mujeres de negocios. En febrero pasado, el Consejo Coordinador Empresarial informó de la migración de empresas, principalmente aquellas radicadas en Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila, las cuales huyeron a otras entidades y a Estados Unidos.

En otros países con conflictos armados, a las personas que son forzadas a abandonar sus hogares se les llama desplazados, pero en México no han sido contabilizados como tales y no cuentan con un reconocimiento jurídico, por tanto, tampoco tienen programas de apoyo o de resarcimiento del daño.

Tal vez esta falta de notoriedad de las personas que han huido de México se deba a que el exilio en el caso nuestro se ha dado paulatinamente, a diferencia de guerras civiles en las que el fenómeno ocurre en periodos más cortos de tiempo. Sea cual fuere la razón, el daño social es equiparable y como tal debería propiciar una reacción por parte de las autoridades más allá de la necesaria labor de buscar a los culpables.

En cualquier conflicto armado no puede haber mayor prioridad para un gobierno que la de proteger a los más vulnerables. El primer paso es reconocerlos.