Las investigaciones en torno al caso D’Alessio y la supuesta red de espionaje paraestatal e ilegal en Argentina podría tener implicancias en Uruguay, luego de que el juez de la causa, Alejo Ramos Padilla, dijera en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de ese país que las actividades de esta organización abarcaron a empresarios uruguayos, y legisladores del Frente Amplio. El magistrado dijo además que se montó una operación dirigida a investigar las actividades de una supuesta delegación iraní clandestina con base en Montevideo.

Luego de conocerse la investigación en Argentina sobre supuesto espionaje ilegal en Uruguay, el diputado comunista, Gerardo Nuñez resolvió reunirse en los próximos días con el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de Argentina, Leopoldo Moreau, para interiorizarse sobre el espionaje a legisladores del Frente Amplio. “Hice el pedido en mi condición de legislador pero con el apoyo de los compañeros que integran la dirección del partido. La idea es, en función de todo el trabajo realizado por la comisión investigadora sobre espionaje ilegal en democracia, recabar más información sobre la denuncia que hizo en Argentina el juez Ramos Padilla”, dijo al portal ECOS el diputado comunista.

La comisión investigadora sobre espionaje en Democracia en Uruguay, que lidera Nuñez, funciona desde mediados de 2017 pasado y ha convocado a casi todos los ministros del Interior y de Defensa desde la reapertura democrática. Los documentos en poder de los diputados demuestran que se realizaban tareas de espionaje militares sobre partidos políticos y dirigentes en particular, pero hasta ahora no se han podido identificar responsabilidades políticas.

Según dijo el diputado kirchnerista, Leopoldo Moreau, hasta el momento el juez no ha informado sobre los nombres de los diputados uruguayos que supuestamente fueron espiados, así como tampoco se dio mayor información sobre la supuesta actividad de la “embajada paralela” de Irán en Uruguay. Moreau dijo que el magistrado en cinco horas de declaración ante la Comisión de Libertad de Expresión solo había presentado el 30% de la información disponible.

El llamado caso D’Alessio comenzó el pasado 28 de enero, cuando el empresario agropecuaro Pedro Etchebest denunció ante el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla que lo habían extorsionado en nombre de Carlos Stornelli, el fiscal de la causa de los “cuadernos de las coimas” que investiga el esquema de corrupción a través del cual se repartía la obra pública durante los gobiernos K.

Marcelo D’Alessio, le hizo creer al productor que su nombre había aparecido en la causa de los cuadernos luego de que un imputado arrepentido lo mencionara–lo que era falso-, y le dijo que debía pagarle US$ 300 mil si quería evitar que el fiscal Stornelli lo incluyera en la causa.

Según explicó Moreau a El Observador, el grupo de D’Alessio se dedicaba a realizar tareas de inteligencia para extorsionar a personas de modo que declararan de una forma determinada.

El 25 de febrero, Ramos Padilla procesó a D’Alessio y ordenó su prisión preventiva como integrante de una asociación ilícita. Durante su detención se incautaron centenares de documentos y archivos digitales que podrían implicar a este hombre que se hacía pasar como abogado pero que no lo era.

D’Alessio se negó a declarar este viernes ante el juez, que podría imputarle más cargos en su contra a partir del análisis de la documentación incautada.

Asimismo, el juez Ramos Padilla citó para el próximo miércoles 20 de marzo al fiscal Stornelli, a quien acusa de instigar a la realización de cámaras ocultas a distintos abogados que participaron de la causa de los cuadernos de las coimas, al tiempo que por la omisión de no denunciar a D’Alessio cuando se enteró de que estaba pidiendo dinero en su nombre.

De comprobarse que Stornelli utilizó una red de espionaje ilegal que inventa pruebas y coacciona a testigos, la causa de los cuadernos de las coimas podría declararse nula. Por esa razón, el caso se convirtió en un nuevo episodio de la grieta argentina: Para algunos se trata de una estratagema para librar de responsabilidad a los procesados por corrupción durante los gobiernos k, para otros, la prueba de que las causas contra funcionarios y empresarios afines al kirchnerismo fueron inventadas para perjudicar su permanencia en el poder.