







El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, insiste en que la situación en el municipio de Zirándaro, en la Tierra Caliente, es normal.

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En un tuit, dijo que la información recabada por distintas instituciones indica que todo transcurre dentro de la normalidad.

Pero este diagnóstico contrasta no solo con los llamados del presidente municipal, sino con los relatos que hacen las personas en el lugar.

“El domingo quisieron entrar y desgraciadamente no topamos con ellos y murió un muchacho de nosotros. Es el primer enfrentamiento que hemos tenido contra ellos. Estamos dispuestos a dar la vida”, dijo el comisario de San Rafael, Gerzaín Ríos.

El pasado 17 de noviembre, los más de mil pobladores de San Rafael, comunidad de Zirándaro en la Tierra Caliente de Guerrero, no tuvieron alternativa: ante el embate de presuntos integrantes de La Familia Michoacana, la mitad de la población huyó.

Y los 500 restantes se armaron para contener los saqueos de terrenos, ganado, vehículos y alimento en la comunidad y pueblos vecinos.

“¿Cómo nos vamos a sentir? Porque hay viejitos ancianos, hay personas que no ven. Ora los niños, nomás escuchan porque tienen el temor”, apuntó Lourdes, habitante de San Rafael.

En San Rafael, la vida se detuvo desde hace semanas. Aulas desde preescolar hasta bachillerato permanecen cerradas. Y ante un posible nuevo ataque, los pobladores efectúan guardias las 24 horas.

La disputa del territorio, agravada en las últimas tres semanas, se da entre células respaldadas por los cárteles Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana. Para sostenerse, los grupos de civiles armados arrebatan las pertenencias de los pobladores.

“Se está cobrando 150 pesos por cabeza de ganado que esté en tu propiedad. Mil 500 porque vivas en tu casa. Tenemos familia y para estar trabajando para otra persona, yo creo que no es justo”, apuntó el comisario de San Rafael, Gerzaín Ríos.

El 10 de noviembre, el enfrentamiento en la comunidad los alacranes, a hora y media de la cabecera, desató los desplazamientos masivos.

“El objetivo aquí es la conquista de territorio del corredor comercial de Tierra Caliente a la Costa Grande. Hacia el puerto de Lázaro Cárdenas y de Zihuatanejo”, destacó Gregorio Portillo, presidente municipal de Zirándaro.

El presidente municipal afirma que todo alcalde en la Tierra Caliente ha sido forzado a colaborar con el crimen.

Y que por eso decidió pedir ayuda al estado y la federación.

“Fue un grito de desesperación. Tenemos tres policías municipales acreditados. Una guerra entre organizaciones delictivas y eso convierte en rehenes a la población”, comentó Gregorio Portillo, presidente municipal de Zirándaro.

Las autoridades sostienen que las familias no denuncian el reclutamiento forzado de jóvenes de las comunidades en disputa por desconfianza.

“Los agarran y de alguna forma los amenazan y que trabajen pa ellos”, destacó Gerzaín Ríos, comisario de San Rafael, en Zirándaro, Guerrero.

Suman al menos unos 30 jóvenes de entre 14 y 20 años de edad.

“Primero empezaron con el dinero, ya luego teníamos miedo de que nos quitaran algún chamaco”, comentó Pedro, desplazado de La Perota, en Zirándaro.

Miles de desplazados se refugiaron en la cabecera y Guayameo.

“Se llevaron el ganado, me quemaron la casa, me mataron dos hijos y se llevaron todo”, comentó Abel Domínguez, de la comunidad de El Aguacate, en Coyuca de Catalán, Guerrero.

“A nosotros nos mandaron sacar de la casa, que porque iban a caer a matarnos. Hace tres meses que nos salimos. Dejamos las vaquitas en el cerro, la siembra”, comentó Dioselina, desplazada de El Pino, en Zirándaro, Guerrero.

“No es posible que llegue gente y se adueñe de lo único que uno tiene y si los de la población agarraron las armas es porque aquí no hay apoyo de nada, y nos vamos a defender”, dijo Lourdes, habitante de San Rafael, en Zirándaro, Guerrero.

Con información de Guillermo Rivera y Adrián Tinoco.

LLH