El crimen de Brian, el adolescente asesinado por otro de 15 años en Flores en la víspera de Nochebuena, reavivó el debate por la baja de la edad de imputabilidad. Y, en el inicio de un año electoral, el Gobierno busca tomar la iniciativa y adelantarse a la oposición en un tema que fue vedette en las últimas campañas. Así, cuando vuelva de sus vacaciones, uno de los primeros decretos que firmará Mauricio Macri será para oficializar la convocatoria a una comisión especial que se encargará de analizar y confeccionar un anteproyecto para reformar el régimen penal juvenil.

“Impulsamos la reforma del régimen penal juvenil porque la ley actual es de la época de la dictadura y debe ser modificada. En esa discusión se pondrá sobre la mesa el tema de la edad de imputabilidad pero, principalmente, el tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley penal”, confirmó a Clarín el ministro de Justicia, Germán Garavano.

Esa “mesa”, coordinada por un representante del Poder Ejecutivo, estará integrada por jueces, fiscales, expertos en justicia penal juvenil, educación y salud. Allí se tendrán en cuenta los testimonios que dejaron el año pasado representantes del Poder Judicial y de procuradurías de todas las provincias en diversas jornadas de debate organizadas por la Subsecretaría de Política Criminal, a cargo de Martín Casares.

En principio, más allá de que la comisión de especialistas estará encargada de emitir un dictamen y hacer su propuesta, la intención de la Casa Rosada es bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, con distintas escalas según el delito cometido: la pena de prisión sería sólo para los casos más graves, como homicidio, violación y delitos con armas.

En búsqueda de consenso, para contener a los sectores más garantistas, se analiza la posibilidad de establecer penas diferentes aún para los casos más graves. Algo que reclamaron, por ejemplo, especialistas de Unicef.

Otra idea que se baraja es que, para los casos de jóvenes entre 14 y 16 años, la carga de la prueba sea de la fiscalía para demostrar que el autor comprendía la criminalidad del acto, a diferencia de lo que ocurre en el resto de las causas. Esto porque, entienden en Justicia, si bien la realidad cambió, todavía puede haber casos de chicos de 15 años que “por una cuestión de maduración” no comprenden la criminalidad de sus actos.

Pero saben que el caso Brian no es un hecho aislado y que la sociedad demanda respuestas. “La realidad demuestra que en el sistema penal tanto las víctimas como los imputados son mayormente jóvenes”, apuntó Garavano.

“Nuestro objetivo es que en el futuro haya menos jóvenes en conflicto con la ley penal; que cada vez sean más los que estudien y trabajen y que sean valorados socialmente para lograr una sociedad más pacífica”, remarcó el ministro. En esa línea, la intención oficial es que el nuevo régimen penal juvenil esté orientado esencialmente a la reinserción de los jóvenes más que al castigo y el cumplimiento de una condena. Por eso, la comisión también deberá enfocarse en el tratamiento que se le dará a esos jóvenes. Sin apartarse, claro, de la Convención sobre los Derechos del Niño -en Argentina tiene jerarquía constitucional- que establece que los menores de edad deben cumplir sus penas apartados de adultos y no pueden ser castigados en ningún caso con prisión perpetua.

Mientras, en el Gobierno son optimistas respecto a la recepción que tendrá en la oposición. O, al menos, en la mayoría de los sectores. Es que tanto el Frente Renovador de Sergio Massa, el PJ y hasta el kirchnerismo, en aquella campaña de 2013 que tuvo como candidato a Martín Insaurralde, impulsaron el tema. Incluso, en 2009, un proyecto consensuado por legisladores del FPV, el Peronismo Federal y la UCR logró media sanción en el Senado, pero luego en Diputados no hubo consenso y perdió estado parlamentario.

Esta vez, para que no haya vencedores ni vencidos y evitar oportunismos políticos, el macrismo propondrá que durante 2017 se dé la discusión y recién en 2018 se trate en el Congreso. Al cabo, el actual régimen penal juvenil lo fija la ley 22.278 promulgada por Jorge Rafael Videla.

