Milenio Digital

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) documentó la existencia de 34 contribuyentes vinculados a un presunto desvío de recursos durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz.

En un comunicado, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que por este caso ya se han presentado 32 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), correspondientes a 31 empresas y una persona física.

De acuerdo con la investigación periodística de un portal de noticias, cuatro dependencias de la actual administración de Veracruz presuntamente realizaron 73 contratos con una red de empresas fantasma hasta por la cantidad de 645 millones de pesos.

MILENIO buscó al gobierno de Javier Duarte para conocer su postura respecto a este tema. Leopoldo Pascacio, director general de Difusión y Vinculación, aseveró que esperarán a que concluya la investigación del SAT para emitir una respuesta.

El funcionario estatal subrayó que en su momento, Antonio Gómez Pelegrín, secretario de Finanzas, y Ricardo García Guzmán, contralor del estado, respondieron a lo publicado por Animal Político.

El Servicio de Administración Tributaria puntualizó que a la fecha se han emitido órdenes de auditoría fiscal para 26 empresas; sin embargo, dijo, en 24 casos no se localizó al contribuyente en su domicilio fiscal, por lo que “las auditorías están siendo notificadas por estrados”.

En los dos casos restantes, dijo, se ha iniciado la auditoría en el domicilio correspondiente.

De igual forma, se iniciaron auditorías a tres servidores públicos de la administración pública estatal, “quienes presentan discrepancia fiscal entre sus ingresos y gastos”.

“De los 34 contribuyentes involucrados se han realizado la cancelación de 26 Certificados de Sello Digital, lo cual impide la emisión de las facturas correspondientes”, abundó, al tiempo que precisó que durante el periodo 2013-2015, 26 empresas emitieron facturas a 11 dependencias de la administración estatal.

Hay 59 socios

En el informe denominado Caso Veracruz, el órgano desconcentrado de la SHCP detalló que de la revisión a las actas constitutivas de las empresas referidas se identificó la participación de 59 socios, “en 29 empresas, el representante legal es al mismo tiempo uno de los socios”.

Asimismo, se identificó a siete representantes legales que aparecen como socios en distintas empresas, y la “mayoría de los domicilios fiscales se ubican en zonas económicas populares”.

Las empresas, precisa el informe del SAT, se registraron en 20 domicilios en Veracruz, seis en Boca del Río, cuatro en Xalapa, una en Córdoba, una en Coatzacoalcos, una en la delegación Coyoacán y una más en la Benito Juárez ,en la Ciudad de México.

La gran mayoría en que se constituyeron o dieron de alta estas empresas fue durante la administración del priista Javier Duarte: 32 de 2010 a 2013; una más en 1998 y una persona física en 2003.

Las empresas declararon “de manera recurrente” pérdidas fiscales, no reportan trabajadores, “a excepción de dos empresas”; mientras que una firma que fue auditada por el ejercicio fiscal 2013, “se encuentra embargada y publicada en el portal del SAT (por un crédito firme) en la lista de los contribuyentes incumplidos y fue reportada en el buró de crédito de enero de 2015”.

“Se conoció que 30 contribuyentes presentan declaraciones en cero, una se encuentra omisa y tres presentan el pago de obligaciones fiscales”, detalló.

Según el informe del órgano desconcentrado de Hacienda, los ingresos declarados de los 34 contribuyentes por los ejercicios 2013, 2014 y 2015 ascienden a más de cuatro mil millones de pesos.

Una empresa declaró ingresos acumulables “por arriba” de los mil millones de pesos; 18 firmas “por arriba” de los 100 millones de pesos; 13 compañías y una persona física “por debajo” de los 100 millones de pesos; mientras que una “se encuentra omisa por los tres ejercicios”.

El SAT explicó que derivado del reportaje de Animal Político inició la investigación de este caso, y en una primera etapa se comenzó a identificar a los contribuyentes vinculados, las dependencias contratantes, además de los domicilios donde se ubican las empresas, “y en su caso donde se presume se llevaron a cabo las operaciones”.

En una segunda etapa, abundó, se analizó la situación fiscal de los contribuyentes involucrados, fecha de constitución, notario-corredor público que protocolizó el acta constitutiva de las empresas, identidades de los representantes legales, socios y accionistas, así como las declaraciones y pagos realizados, en su caso las auditorías hechas con anterioridad, los ingresos y gastos identificados; “todo ello con el objeto de contar con elementos formales para determinar el alcance de las facultades que debe ejercer la autoridad fiscal”.





Nadie debe actuar por encima de la ley: PRI

Ante las declaraciones de PAN y PRD en torno a la situación de los gobiernos de Veracruz y Quintana Roo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), reiteró que nadie debe actuar por encima de la ley y advirtió que para las solicitudes que realizan esas fuerzas políticas se requiere autoridad moral y credibilidad.

En un comunicado, el PRI reafirmó que "todos debemos respeto absoluto al estado de derecho y advirtió que no tolerará ningún acto fuera de la ley de ninguno de sus militantes".

No obstante, advirtió que es "deseable que la dirigencia del PAN se haga cargo de los temas de sus compañeros —Guillermo— Padrés, de Sonora, y Margarita Arellanes, de Monterrey; y la del PRD tiene muchos asuntos qué atender, entre ellos el del ex gobernador —Angel Heladio— Aguirre".

"Para hacer el tipo de solicitudes que ambos partidos plantean, se requiere autoridad moral y tener credibilidad. El mismo entusiasmo con que critican a otros, deberían aplicarse para arreglar los asuntos que cada partido vive", señaló.

El tricolor añadió que todas las instituciones políticas deben asumir la crisis que actualmente vive el sistema de partidos y proponerse enmendar de fondo y responder a la ciudadanía.