Este martes se ha abierto una importante vía en el Congreso de los Diputados para la investigación de los casos de bebés robados en España. Podemos, ERC, PdeCat, Compromís y EH Bildu han participado en el registro de una Proposición de Ley impulsada desde las asociaciones de víctimas. El PSOE ha indicado que incorporará su firma al documento más adelante y votará su admisión a trámite, mientras que Ciudadanos y PNV han prometido posicionarse también a favor del debate de la iniciativa, según fuentes que han participado en las conversaciones. De una manera u otra, todas las fuerzas políticas del Congreso despejan el camino a que se debata la norma sobre los bebés robados en España, a excepción del PP, que se ha mantenido al margen.

Esta Proposición de Ley ha sido impulsada desde varias asociaciones de bebés robados y la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) a través del intergrupo de Memoria Histórica y Derechos Humanos del Parlamento. “Aunque es un primer paso, es el paso legislativo más importante que se ha realizado. Es una Proposición de Ley que recoge todas las reivindicaciones históricas y que está basada en el derecho internacional. Es muy difícil que cualquier político defensor de los Derechos Humanos se niegue a apoyarlo", explica a cuartopoder.es Sol Luque, portavoz de la Asociación Todos los Niños Robados Son También Mis Niños, quien ha liderado las conversaciones con los grupos en el Congreso.

Aunque el número de casos de bebés robados en España es incontable, un auto de 2008 del juez Baltasar Garzón habla de 30.000 niños robados hasta 1952 y los casos de bebés robados se siguieron produciendo hasta en los años 90. Esta ley es "importante" porque define el robo de bebés como “crimen de lesa humanidad”, por lo que lo hace “imprescriptible e inadmistiable” y abre la posibilidad de que se desbloqueen “miles de casos que están archivados”, según indica Chato Galante, de la Coordinadora estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo.

La Proposición de Ley que ha sido registrada este martes contempla como punto principal el derecho a la tutela judicial. En este sentido, ampara la creación de una Fiscalía específica para la investigación de los casos de bebés robados. También contempla la creación de una Base Estatal de Afectados, y un Banco Público de ADN gratuito que sirva para poner en contacto a los familiares que se buscan. Asimismo, ampara el derecho a la verdad de las víctimas, con la apertura de los archivos tanto públicos como privados, como son los de la Iglesia Católica, que actualmente permanecen bajo llave.

Por otro lado, la propuesta también recoge el reconocimiento oficial de los familiares como víctimas, así como su reparación: asistencia médica, psicológica y jurídica gratuita para quienes han sufrido el robo de bebés. Además, de salir adelante la ley, el Gobierno deberá garantizar la no repetición con campañas de concienciación para que estos crímenes de lesa humanidad no vuelvan a repetirse, según explica Luque.

La Proposición de ley contempla que la Constitución española en su artículo 10.1 hace referencia a la identidad personal y a las obligaciones contraídas por España en Derecho Internacional. En este sentido, el texto recuerda que el Relator de la ONU para la Verdad, Justicia y Reparación , Pablo de Greiff, indicó en 2014 que España está obligada por los convenios internacionales suscritos y firmados a esforzarse para buscar e identificar a los niños sustraídos y a garantizar un Banco de ADN que recoja todos los casos registrados.