“Los catedráticos CONACyT no son vividores del erario, sino trabajadores que quieren dar lo mejor por su país”

Dr. Erick Alfonso Galán Castro

Desde los primeros días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, e incluso a lo largo de toda su travesía para lograr llegar a la primera magistratura, uno de sus discursos preferidos ha sido la crítica a los actores de la corrupción. Las categorías han variado, pero la valoración moral es la misma: la mafia del poder, los fifís, los pirrurris… adjetivos no han faltado, y la creatividad del político tabasqueño no tiene límites. La intención siempre ha sido la misma: exhibir, caricaturizar, banalizar a los sectores sociales privilegiados, a los que han vivido del erario público de manera que han formado súbitas fortunas con el dinero del Estado, o mediante un uso mañoso del estado de derecho para beneficiar a quienes han acumulado mayor poder político y económico en nuestro país. López Obrador ha descrito este especial uso del lenguaje como una suerte de pedagogía política para enseñar al pueblo en qué situación vive, como lo dijo en una entrevista hecha en Televisa para el programa tercer grado durante la campaña electoral de 2018.

Durante los primeros meses, el gobierno morenista comenzó una lucha contra actores gubernamentales y criminales que estuvieron involucrados en el robo sistemático de combustibles, concretamente el de gasolinas. De manera coloquial, a esta actividad se le ha conocido como huachicol, y su persecución mediante el ejército y las corporaciones de seguridad del gobierno federal ha sido amparada, precisamente, en esta crítica moral del saqueo a la nación, expresado en el robo de bienes propiedad del Estado.

Sin embargo, esta cruzada moral contra el huachicoleo, este último entendido ya como cualquier otro acto de saqueo a los bienes públicos, ha tenido sus daños colaterales. Durante el primer mes de ejercicio del poder ejecutivo de AMLO, miles de trabajadores de confianza del gobierno federal fueron obligados a firmar su renuncia. Algunos, incluso, forzados mediante acciones como la retención contra la voluntad de los afectados hasta que hubieran firmado el documento, o las amenazas de inhabilitación si no accedían a abandonar sus contrataciones. El presidente y sus más cercanos funcionarios se han negado a escuchar las críticas a estas acciones, partiendo de que la cruzada moral supone austeridad republicana, y mantener tal cantidad de trabajadores es inaceptable si se busca beneficiar a los más pobres como prioridad.

El 5 de febrero de 2019, se hicieron declaraciones que reprodujeron esta reprimenda moral, junto con daños colaterales en el ámbito científico mexicano. La Dra. Elena Álvarez Buylla, directora de CONACyT, ha mencionado que es insostenible mantener un programa de contratación de personal académico como Cátedras CONACyT, diciendo que, si bien cumplió la “hasta cierto punto virtuosa” labor de contratar jóvenes investigadores sin empleo, el problema se “atendió de una manera parchada e insostenible. Hoy tenemos colgados de la nómina a 1 500 catedráticos, eso tiene que cambiar”. Los catedráticos CONACyT, en este sentido, como colgados de la nómina, fueron reclutados a partir de una estrategia cuestionable que sólo sirvió para darles empleo cuando nadie lo hacía. Como colgados de la nómina, podríamos entender que los catedráticos huachicolean los recursos para el desarrollo científico, en el contexto social en que ha sido dicha la expresión.

El problema con las declaraciones de la Dra. Álvarez Buylla es que, en el afán de mandar un mensaje de combate a la corrupción y de limpieza administrativa, banaliza la labor de 1,508 catedráticos que han sido comisionados a 982 proyectos relacionados con temas como preservación del medio ambiente, desarrollo sustentable, conocimiento del universo, problemáticas sociales, investigaciones sobre salud y uso de nuevas fuentes de energía. Banaliza el hecho de que el 78% de los catedráticos se encuentran adscritos al Sistema Nacional de Investigaciones, que reconoce la labor de científicos que producen no solamente publicaciones científicas en revistas de prestigio, sino que desarrollan proyectos de investigación innovadores, que tienden redes de colaboración internacional, que fortalecen la formación de recursos humanos de alto nivel en posgrados incluídos dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Elena Álvarez Buylla llama colgados de la nómina, huachicoleros de la ciencia, no solo a doctores que tenían empleos precarios (o no tenían) y que fueron rescatados por un programa que les exige ser una masa crítica de investigadores competitivos, sino a jóvenes investigadores que deben cumplir todos los días su labor como generadores de conocimiento en condiciones adversas que son propias de la calidad en la educación universitaria del país (falta de equipamiento, de recursos para desarrollar estancias de campo, hasta de bibliotecas) y de la vida social en México (violencia, feminicidios, secuestros), encontrando, en la mayoría de las ocasiones, más voluntades y apoyo humano –sumamente valioso- de las instituciones receptoras que recursos financieros para lograr los objetivos planteados.

El problema con esta nueva “guerra contra la corrupción” del gobierno federal no es que no haya existido dicho fenómeno, sino que, en aras de lograr un objetivo abstracto de implementar un ambicioso programa social y de limpieza moral del servicio público, se juzga erróneamente a los sujetos equivocados. Los catedráticos CONACyT no son vividores del erario, sino trabajadores que quieren dar lo mejor por su país, y que encontraron el espacio para lograrlo en los proyectos a los que fueron incorporados, aunque vivan diariamente con la incertidumbre de ser los próximos blancos de la austeridad republicana.

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