La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López ha criticado la aprobación este miércoles en el Parlamento Europeo del Cuarto Paquete Ferroviario de la Unión Europea por suponer la privatización de facto de todo el sistema de ferrocarriles. Cree que esto pone de manifiesto que la UE es “la abanderada del neoliberalismo más radical” y ha defendido la necesidad de un sector ferroviario público, que evite la explotación de los trabajadores y garantice el buen funcionamiento del sector.

“Lo que Margaret Thatcher no se atrevió a hacer, lo hará este Parlamento: privatizar completamente el sector ferroviario”, ha dicho esta mañana en una intervención en el Pleno de Estrasburgo, después de que la Eurocámara diera el visto bueno a la propuesta del Consejo Europeo de modificar la Directiva 2012/34/UE y el Reglamento (CE) n.º 1370/2007, que abre las puertas a la privatización de toda las redes nacionales de ferrocarriles y sus infraestructuras.

Desde su punto de vista, impulsar el ferrocarril “exige vertebrar el territorio con el tren convencional”, apostar “por precios asequibles” y “asegurar una planificación coherente de las infraestructuras”, como «única forma de asegurar” que el tren “sea una opción atractiva para la movilidad de la gente y para el transporte de mercancías”.

Pero con la aprobación de las nuevas medidas, que abren completamente el transporte ferroviario doméstico a empresas privadas, la UE facilitará “la desaparición de todas las líneas, salvo las que sean más rentables e imposibilitará una planificación integral, segura y eficiente de las infraestructuras”.

López ha defendido que sólo el tren público “puede asegurar un trabajo digno para los ferroviarios y una infraestructura segura para todos”, y que la apertura a las operadoras privadas, no traerá consigo más que “la precarización de los trabajadores, como hemos visto con las anteriores rondas de liberalización ferroviaria” y el “abuso de los viajeros, con elevados costes y problemas de seguridad”, alertando además de los futuros rescates a operadoras privadas que tendrá que asumir el Estado «como hemos visto en Reino Unido».