El Ejecutivo porteño de Horacio Rodríguez Larreta giró a la Legislatura un proyecto de ley con el que pide permiso para subastar en el mercado inmobiliario medio centenar de propiedades, y con cuyo producto pretende fondear el traslado de diversas oficinas públicas al sur de la ciudad.

La iniciativa se concentra en 51 inmuebles de "dominio privado", con lo que el oficialismo descuenta que no hay impedimento para desprenderlos del erario público para fines particulares. Algunos son viviendas, otros comercios, y otros son edificios históricos que albergan oficinas gubernamentales. Unos pocos, incluso, son pretendidos para fines comunitarios y sociales.

Como anticipó este diario el 11 de junio, el plan oficial procura hacerse de fondos necesarios para trasladar el Ministerio de Economía y Finanzas y la nueva sede de AGIP al antiguo predio de la cárcel de Caseros, en Parque Patricios, en un proyecto que, extraoficialmente, funcionaron estiman en no menos de u$s 100 millones.

Si bien se comunicó extraoficialmente este destino, el texto remitido al parlamento porteño habla en todo momento de "centralidades administrativas", con lo cual abre el paraguas para destinar los fondos a otras carteras, como Educación, que se trasladará a una nueva sede en la Villa 31 con fondos del BID, o el ministerio Hábitat y Desarrollo Humano, que irá hacia el predio conocido como el "Elefante Blanco", y cuyo futuro no se halla atado a los avales crediticios de la banca multilateral.

El Cronista accedió al listado en detalle de las propiedades que se pretenden vender, entre las que figuran la actual sede del Ministerio de Educación, sita en Paseo Colón al 200, y unas 13 cocheras ubicadas en la planta baja.

El Ejecutivo porteño también procura recaudar desprendiéndose de otras propiedades donde funcionan dependencias públicas, como la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores (Balcarce 360), la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario (Entre Ríos 1492), una subsede de la Dirección General de Estadística y Censos (San Juan 1340), la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento del ministerio de Educación (Estados Unidos 1226), el Archivo General del Registro Civil (Jean Jaures 970) y la sede de la Comuna 1 (Uruguay 740).

Junto con estas propiedades, Larreta también pide permiso para subastar oficinas situadas del segundo al sexto piso del Teatro Alvear, en Corrientes 1665, que hoy permanece con las puertas cerradas. El ex ministro de Cultura porteño, Ángel Mahler, había prometido en 2017 la reinauguración de la sala para mayo de este año, tras el cierre que propició su predecesor en el cargo, Hernán Lombardi.

El edificio más polémico incluido en el listado es, tal vez, el Mercado de Flores, sito en Ramón Falcón 2714. Allí funcionó la primera usina eléctrica de la zona; más tarde devino en un lugar de abasto barrial, y hoy transcurre como un multiespacio donde se ofrecen alimentos, talleres, artesanías y cursos. Una cooperativa requirió en 2016 su "uso precario y gratuito" por 20 años, pero otros vecinos exigieron que se instale una fiscalía o bien se traslade la sede comunal. Para el Gobierno, este lote encajado entre dos edificios puede pasar a manos de privados. Algo similar ocurre con un inmueble ubicado en Cervantes 2481, Villa Devoto, donde funciona el Centro de jubilados "Rincón de amigos Francisco Manrique".

El proyecto de ley, firmado por Rodríguez Larreta; el jefe de gabinete, Felipe Miguel, y el ministro de Economía y Finanzas, Martín Mura, justifica la venta de propiedades para "no comprometer el presupuesto" y "no aumentar la carga impositiva de los contribuyentes". También debe sumarse el frente externo adverso, que ha obligado al Gobierno porteño a rever su plan de obras y aplazar proyectos hasta tanto cuenten con dinero seguro.

Para aprobarse la venta, el Gobierno, representado en la Legislatura en "Vamos Juntos", necesita 40 votos de los 60 escaños. El bloque oficialista cuenta con 34 ediles.