Los seis Mossos d’Esquadra que participaron en las maniobras de reducción de Juan Andrés Benítez el 5 de octubre de 2013, que murió posteriormente, han sido condenados a dos años de prisión por un delito de homicidio imprudente y contra la integridad moral. Los acusados han aceptado su culpabilidad en un pacto de conformidad que han avalado todas las partes: fiscalía, la familia de la víctima y la asociación Catalana de Derechos Humanos. En el escrito acordado, los mossos asumen que “puestos de común acuerdo y con identidad de propósito delictivo, tenían como pretensión la de lesionarle contraviniendo, al hacerlo, tanto las normas y reglas mínimas de cuidado que se asumirían por un ciudadano medio, como sus deberes en cuanto a su actuación como Mossos d’Esquadra en lo que respecta a las maniobras de contención y reducción del señor Benítez, prevaliéndose de su condición, lo que coadyuvó de forma determinante a su fallecimiento”.

La condena de dos años de prisión, sin embargo, implica que no deberán ingresar en ningún centro penitenciario, pero sí quedarán suspendidos de empleo y sueldo durante el mismo tiempo y se les ha impuesto una medida de 5 años de libertad vigilada, que comporta que no podrán ejercer de patrulleros aunque sí podrán trabajar como mossos. Esta medida va acompañada de otras obligaciones como la prohibición de acercarse a menos de un kilómetro del lugar de los hechos en el Raval y realizar un cursillo de Derechos Humanos.

El acuerdo lo han ratificado los mossos acusados en una vista que ha durado 35 minutos. Los dos agentes imputados por obstrucción a la justicia por destruir pruebas del escenario de los hechos, han aceptado una pena de tres meses de cárcel que no cumplirán si realizan un curso de Derechos Humanos.

El abogado de cuatro de los Mossos acusados, José Maria Fuster-Fabra, se ha mostrado satisfecho con el acuerdo, ante el escenario “imprevisible” que se abría con un juicio ante un jurado popular. “Hemos tenido que ceder porque teníamos dos líneas rojas: el ingreso en prisión y la expulsión permanente del cuerpo”, ha dicho. Asimismo, ha asegurado que los policías a los que representa moralmente siguen creyendo en su inocencia porque “actuaron correctamente y siguiendo los protocolos vigentes”.

Hace meses que la familia de Juan Andrés Benítez había llegado a un acuerdo con los Mossos acusados, pero la asociación Catalana de Derechos Humanos se había opuesto al reclamar la “inhabilitación permanente de los agentes”. Hoy, sin embargo, han cedido ante el temor de que en un juicio la actuación de los mossos pudiera quedar impune. El pacto ha generado un profundo malestar entre los miembros de la plataforma Justicia para Juan Andrés, que se oponían a un pacto y pedían a la asociación que torpedeara el acuerdo y se mantuviera firme en su posición inicial de reclamar 14 años de prisión para los mossos, o en su defecto, dos años de prisión y la expulsión permanente de la policía. “Es injusto porque no se hace una reparación plena, pero nosotros hemos pensado que valía la pena asegurar una no impunidad en estos términos”, ha dicho el abogado de la entidad, Alex Solà.

La Generalitat como responsable civil subsidiaria abonará la cantidad de 150.000 euros a la hermana de Juan Andrés Benítez. Los miembros de la plataforma, críticos con la sentencia, han convocado para esta tarde una concentración de protesta en el Raval.