La Comisión de Legislación General de la Cámara Baja cambió el proyecto de Ley de Alquileres que tenía media sanción de Senado. La nueva propuesta que tuvo dictamen de mayoría, y que de ser aprobada volverá a la Cámara Alta, mantiene en dos años los contratos de locación –en lugar de tres años como establecía el texto del Senado– y establece que los precios se ajustarán por inflación o Unidades de Valor Adquisitivo (es confuso el texto presentado) en lugar de un índice ponderado entre la inflación del Indec y el aumento de los salarios. Como novedad, el proyecto introduce la figura de “alquiler social” y, al igual que la ley aprobada, limita a un mes de alquiler el monto que pueden cobrar las inmobiliarias. El titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, dijo a PáginaI12 que “es nuestro proyecto dado vuelta para proteger la rentabilidad de los propietarios”, y advirtió que “la ley también busca que se facilite desalojar porque saben que viene una ola de desalojos, a la gente cada vez le cuesta más pagar el alquiler”.

El nuevo proyecto de ley que introduce cambios al Código Civil y Comercial de la Nación respecto de los alquileres tuvo dictamen en la reunión de la comisión de Legislación General que preside Daniel Lipovetzky (PRO), en la que el oficialismo introdujo cambios al texto votado por el Senado. Cambiemos buscará aprobar la ley la semana que viene, en alguna de las dos sesiones ordinarias previstas para el 22 y 29 de noviembre.

El proyecto limita a un mes de alquiler el monto que pueden cobrar las inmobiliarias, al igual que lo hace la ley aprobada en agosto pasado en la Ciudad de Buenos Aires y que tanto rechazo generó en el sector inmobiliario, a lo que se suma otro mes de depósito, y no dos como es habitual. Además, fija que el depósito de garantía “será devuelto mediante la entrega de una suma equivalente al precio” del último mes de alquiler. También estipula que las inmobiliarias no podrán cobrar más de medio mes de alquiler para la renovación del contrato, “si no hubiera un máximo establecido en cada jurisdicción”.

En cuanto al plazo del contrato, lo mantiene en dos años y no tres como habían propuesto las organizaciones de inquilinos y como se aprobó en Senado. Y en relación al ajuste, establece que se podrán “acordar ajustes anuales de acuerdo al índice de precios al consumidor que elabora el Indec. En tal caso, a efectos de efectuar la actualización deberá tomarse el valor de las UVA”, sostiene el texto de forma poco clara, que abre la puerta a una actualización más onerosa que el cálculo de la inflación porque los UVA se ajustan mes a mes.

Además, amplía los instrumentos de garantía que puede presentar un inquilino: garantía real, aval bancario, seguro de caución, recibo de sueldo (en caso de más de un locatario podrán sumarse los ingresos). Sin embargo, la redacción de la norma vuelve a ser confusa: primero afirma que el propietario “deberá aceptar” cualquiera de esos instrumentos, para después sostener que “tiene que ser satisfactoria a criterio del locador”.

Por otra parte, suma la figura de alquiler social y establece que “el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat deberá crear un programa destinado a apoyar a los inquilinos” que tengan problemas para “cumplir con los requisitos de la garantía, el depósito e incluso con el pago del alquiler siempre que el destino sean viviendas sociales”.

También consigna que, en caso de falta de pago, se podrá intimar al inquilino a que pague dándole un plazo nunca menor a diez días. Pero al mismo tiempo, establece que la notificación se podrá dar por válida aunque el deudor no se llegue a notificar.

El despacho de mayoría fue firmado por los legisladores de Cambiemos, mientras que en disidencia se manifestaron el Frente Renovador y los radicales Brenda Austin y Ricardo Alfonsín. En tanto, el Frente para la Victoria presentará su propio dictamen avalando el texto aprobado en el Senado.

Lipovetzky sostuvo que “es un paso importante el consenso logrado en Diputados para modificar la media sanción del Senado para tener una ley equilibrada porque es importante defender al inquilino pero también garantizar la oferta necesaria”.

El diputado sostuvo que respecto al proyecto que tenía media sanción introdujeron cambios que “se vinculan sobre todo al alquiler social, ya que en nuestro país hay mucha gente en situación de vulnerabilidad social; también el tema de las garantías”.

Para Muñoz, en cambio, la norma no sólo no fue consensuada, sino que se conoció el proyecto recién ayer, durante el debate en la comisión.

“Es nuestro proyecto dado vuelta”, afirmó el referente de los inquilinos, y agregó “además de estar mal redactado, cambia el espíritu de nuestra ley, la que se aprobó en senado, para garantizar la rentabilidad del mercado inmobiliario. Plantean que el Ejecutivo va a crear un programa para el alquiler social pero no dice cómo ni establece plazos. Parece más una cuestión discursiva. En cambio se ocupan de acelerar los desalojos. Buscan, como en el 2001, habilitar el express, porque se viene una ola de desalojos, a la gente cada vez le cuesta más pagar el alquiler. Mientras que hoy corren los plazos legales a partir de que el inquilino se notifica de una citación, ahora quieren que corran aun si no se los notifica correctamente”.

Muñoz aseguró que van a seguir dando batalla en el Senado y que “hay dos puntos que no vamos a negociar. Ni los tres años de contrato ni la regulación del precio por inflación y salario”.