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En la Semana Mundial del Desarme, hablamos con Radhya Al-Mutawakel, activista yemení contra la venta de armamento y en defensa de los derechos de las víctimas de la guerra en su país

Preside la ONG Mwatana, que trata de documentar sobre el terreno los efectos de los ataques y analiza los restos de armas para saber de dónde vienen

«Arabia Saudí está comprando con dinero el silencio sobre sus crímenes y los países están dejando todos sus valores a un lado por intereses económicos»

Radhya Al-Mutawakel se define como una persona «normal y obsesionada con la justicia». En otro mundo, dice, sería escritora. «Tal vez novelista», apunta en una entrevista con eldiario.es. En este, sin embargo, decidió ponerse en primera línea para defender los derechos humanos en su Yemen natal, una tarea en la que se ha volcado durante los últimos 14 años. «Las diferentes guerras y abusos en mi país me obligaron a ser activista», recuerda.

Ahora encabeza la organización Mwatana, de la que es confundadora y presidenta. Desde 2015, cuando comenzó la intervención militar de la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen, su ONG ha documentado el uso de las armas y las consecuencias de la guerra sobre la población del país árabe.

Después de los ataques aéreos, su equipo está entre los primeros en llegar al terreno para hablar con los testigos y analizar los restos de armas. Los recogen entre los escombros, toman fotografías, consultan con expertos, determinan de qué tipo son y de dónde proceden. Después, apuntan con el dedo. «Una de nuestras principales formas de luchar contra el comercio de armas irresponsable es la información. La información es poder. Trabajando en terreno nos hemos encontrado con dos cosas: miles de víctimas civiles y restos de armas que tienen la nacionalidad de países muy desarrollados como EEUU y Reino Unido», recalca la activista yemení.

La organización, por ejemplo, ha documentado en sus informes que EEUU ha suministrado armamento a la coalición saudí que ha sido utilizado en 19 ataques aéreos que mataron a 88 personas, incluidos 45 niños, e hirieron a 145 civiles. En abril de este año, la ONG inició, junto a dos organizaciones europeas, acciones legales contra funcionarios del Gobierno italiano y un fabricante de armas, la filial local del conglomerado alemán Rheinmetall. La organización Mwatana asegura haber encontrado restos de anillas fabricadas por esta compañía para sujetar bombas a los aviones en el lugar de un ataque que mató a una familia de seis personas en 2016.

«Arabia Saudí compra el silencio sobre sus crímenes»

Así, la otra pata del trabajo de Al-Mutawakel y sus compañeros consiste en exigir responsabilidades no solo a las partes en conflicto, también a los países de donde parten las armas que acaban encontrando entre las ruinas. «Al principio, pensé que esos países no sabían realmente lo que estaba ocurriendo en Yemen y cómo se usaban estas armas en crímenes de guerra. Con el tiempo, y después de mucho trabajo de incidencia en todo el mundo, me di cuenta de que la guerra en Yemen no estaba siendo olvidada, sino que estaba siendo ignorada, y que el comercio de armas era un punto clave detrás de eso», explica la mujer.

Fue esta sensación, precisamente, la que la empujó a centrar su activismo en la lucha contra la venta mundial de armamento. «Veía con tristeza cómo países como EEUU, Reino Unido o Francia están apoyando ciegamente a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, y no están haciendo todo lo que pueden para detener la guerra en Yemen, ni siquiera apoyando una investigación internacional», sostiene. «He aprendido de la guerra en mi país que el interés económico y el comercio de armas pueden hacer que el mundo entero vea nuestras muertes diarias como si fuera una película monótona».

Uno de los restos de armas encontrados por el equipo de la ONG Mwatana. MWATANA ORGANIZATION FOR HUMAN RIGHTS.

El debate sobre la venta de armas a Arabia Saudí ha cobrado fuerza en España desde el pasado septiembre, cuando finalmente el Gobierno de Pedro Sánchez decidió enviar a la monarquía del Golfo las 400 bombas de precisión láser que desataron una crisis interna en el Ejecutivo. Este mismo tipo de armamento, importado desde países como EEUU, Reino Unido y Brasil, se ha usado para bombardear a la población civil, según han documentado también ONG internacionales como Amnistía Internacional.

Al-Mutawakel no ha estado ajena a la polémica. «Es una vergüenza», apunta. «Arabia Saudí ha matado y herido a miles de civiles en Yemen y en lugar de oponerse, España y otros países están alimentando la guerra vendiéndole armas», agrega. «Cargan con la responsabilidad de todos los crímenes cometidos por la coalición. Todos los países involucrados en el comercio de armas no solo están vendiéndolas, también están apoyando políticamente a los saudíes, sin hacer nada serio para parar la horrible guerra», reitera.

Esta semana, el presidente Sánchez ha dicho que mantendrá, para «defender los intereses de España», la venta de armas al régimen saudí, cuestionada de nuevo tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. «Arabia Saudí está comprando con dinero el silencio sobre sus crímenes y los países están dejando todos sus valores y principios a un lado por intereses económicos», opina la defensora yemení.

A finales de agosto, un grupo de expertos de la ONU presentó un informe en el que acusó a todas las partes involucradas en la guerra de Yemen de haber cometido potenciales crímenes de guerra y responsabilizaba a la coalición árabe de la mayoría de las muertes civiles. Por esta razón, recomendaba a la comunidad internacional «abstenerse de suministrar armas que podrían ser utilizadas» en el conflicto de Yemen. El Tratado sobre el Comercio de Armas, que entró en vigor en 2014, prohíbe a los Estados transferir armamento a otros países si saben que van a ser utilizado para cometer crímenes de guerra.

Mientras, las cifras de la devastación en el que era uno de los países más pobres de Oriente Medio. Esta semana, Naciones Unidas ha alertado de que la mitad de la población, unos 14 millones de personas, está al borde de la hambruna.

Ataques por su labor

Además de documentar los abusos perpetrados por todas las partes en conflicto en Yemen, la organización que Al-Mutawakel puso en marcha junto a su marido en 2007 se centra en la sensibilización y en la incidencia política. La activista ha recorrido EEUU y Europa denunciando las consecuencias de la guerra en Yemen. El año pasado, compareció ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Pero esta labor no está siendo fácil. En junio de este año, Mwatana denunció que fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí confiscaron los pasaportes de Al-Mutawakel y su esposo, Abdulrasheed Al-Faqih, en el aeropuerto de la ciudad de Seiyun mientras se disponían a viajaban para participar en un evento en Oslo. Fueron puestos en libertad 12 horas después, tras una intensa campaña que denunciaba su retención. Lo mismo les ocurrió en 2016, cuando una milicia hutí retiró el pasaporte a Al-Faqih a su llegada al aeropuerto de la capital, Saná. La activista habla desde Ámsterdam, en medio de una nueva gira internacional. Teme nuevas trabas al volver a su país: «Regresar es un gran desafío y riesgo que tenemos que enfrentar».

Los integrantes de su ONG han denunciado en varias ocasiones el «hostigamiento» que sufren por su activismo. Las organizaciones locales han expresado su preocupación por los continuos arrestos, las detenciones y el acoso a los defensores. «El trabajo de la sociedad civil en Yemen es particularmente vital en un momento en que tantos yemeníes sufren las consecuencias del conflicto y carecen de acceso a la asistencia humanitaria que se necesita con urgencia», sostuvieron el año pasado en una carta dirigida a embajadores del Consejo de Seguridad.

Sin embargo, Al-Mutawakel y su ONG insisten: no les van a callar. «No detendrán en nuestro trabajo de documentar violaciones de derechos humanos ni tampoco impedirá que nos pongamos del lado de las víctimas». Les ofrecen apoyo legal, escuchan sus testimonios, tratan de contabilizar cuántas vidas se pierden en cada ataque. «Estamos presionando para que se repare a las víctimas y exigiendo la plena rendición de cuentas de los autores de las violaciones de derechos humanos. Básicamente, reclamamos justicia», concluye la activista. Esa justicia que tanto le obsesiona.

El diario