El TC considera que no concurría una «situación de extraordinaria y urgente necesidad» que justificara aprobar un decreto ley para «atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista».

En su sentencia, el TC estima parcialmente los recursos presentados por el Parlamento, el gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso y acuerda declarar «inconstitucionales y nulos» los artículos m que establecían una indemnización por la suspensión de la actividad del almacén, situado frente a las costas de Castellón.

El Gobierno suspendió en 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, tras los cientos de seísmos registrados en la zona. Un real decreto establecía una indemnización de 1.350,7 millones para la compañía, cantidad que esta cargaría en el recibo del gas durante 30 años.

Apunta el escrito del TC que «No existe «ninguna razón» que acredite la existencia de una «situación de extraordinaria y urgente necesidad a la que debiera hacerse frente dictando un decreto ley y que justificara la aprobación de la norma de urgencia que nos ocupa». Según el artículo 86 de la Constitución Española, la situación de «extraordinaria y urgente necesidad» debería ir acompañada por una justificación de «las razones por las cuales la asignación del pago al sistema gasista ha de llevarse a cabo en unos términos y plazos tan perentorios como para excluir el recurso al procedimiento legislativo ordinario o de urgencia» y esto no ha pasado.

«Ni el eventual ahorro económico para el sistema gasista ni el hecho de que esta operación de crédito contra el mismo no se compute en términos de contabilidad nacional representan auténticas razones de urgencia», añade el Tribunal Constitucional

El Tribunal cierra el escrito diciendo que las indemnizaciones solicitadas «no guardan la debida conexión de sentido» con la situación de urgente necesidad provocada por los movimientos sísmicos de Castor, por lo que «su adopción representa una inadecuada alteración del sistema de fuentes de derecho que no encuentra cobertura».

La sentencia declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 4 a 6 del real decreto, así como de las disposiciones adicionales de dicha norma que establecían los «cálculos previstos» para desarrollarla y el «plan de costes para el ejercicio 2015». Ya no podrán cargar los costes a la factura del gas de todos los españoles.