La cotización de los becarios se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno. Nadie quiere hacerse cargo de las cuotas a la Seguridad Social de los estudiantes en prácticas, ya que costarían varios miles de millones de euros al año. El resultado es que las universidades y las empresas han iniciado una campaña de presión al Ejecutivo para que desista en su intención de que todos los becarios estén dados de alta. Y si tienen que estarlo, que sea el otro quien pague.

Según las estimaciones de Comisiones Obreras, cada curso escolar se producen más de 400.000 prácticas no laborales, esto es, de estudiantes que realizan una beca gracias a un convenio con su centro. En algunos casos estas prácticas forman parte del proceso formativo, las llamadas prácticas curriculares, que son obligatorias para los estudiantes. También hay prácticas extracurriculares que no forman parte de los estudios y que son voluntarias. Más del 80% de todas las prácticas no tienen remuneración y, por tanto, tampoco cotizan a la Seguridad Social.

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En un primer momento, el Gobierno optó por repartir la carga de la cotización y abrir la puerta a la negociación entre universidades y empresas para ver quién asumía la carga. Sin embargo, las universidades protestaron por esta decisión y el Ejecutivo les comunicó que no tendrían que pagar y que la carga de cotización recaería únicamente sobre las empresas. Pero el viernes volvió a producirse otro giro de los acontecimientos y la decisión todavía está en el aire.

El Ejecutivo comunicó a los sindicatos que recabará opiniones y análisis de todas las partes antes de lanzar una propuesta formal de cotización. A tal efecto, creará un grupo de trabajo en el que estará representado el Ministerio de Educación, el de Ciencia (de quien dependen las universidades), la Seguridad Social, los sindicatos y las empresas. El Gobierno tiene tres meses para desarrollar la cotización, tal y como figura en el real decreto-ley 28/2018 que es en el que se introdujo la obligación de dar de alta a los estudiantes en prácticas.

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Las empresas han puesto en marcha su función de ‘lobby’ para frenar la obligación de cotizar por sus becarios. En muchos sectores supondría un gran aumento de los costes laborales para las empresas. Actualmente, las prácticas laborales no están obligadas a tener una remuneración y tampoco una cotización, de ahí que sea un instrumento legal muy útil para reducir los costes laborales. Pero no solo lo es para ellas, las administraciones públicas y las universidades también abusan de esta figura que es mano de obra gratis.

En los últimos años las prácticas no laborales han comido terreno a las becas con contrato, ya que son mucho más económicas para las empresas

En los últimos años las prácticas no laborales han comido terreno a las becas con contrato, ya que son mucho más económicas para las empresas. "Las becas han tenido una baja importante desde que tienen que cotizar, las empresas optan por las prácticas no laborales", denuncia Lola Santillana, secretaria de Empleo, Cualificación Profesional y Migraciones de Comisiones Obreras.

La magnitud que han alcanzado las prácticas no laborales es tal que las empresas y administraciones se ahorran miles de millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social. Es una forma de precarizar el empleo juvenil, ya que los estudiantes cubren necesidades de mano de obra gratis. De lo contrario, estos puestos de trabajo se cubrirían con jóvenes con contrato, de modo que ayudaría a reducir el elevado desempleo que existe en esta franja de edad. La tasa de paro entre los jóvenes duplica e incluso triplica la del conjunto de España, alcanzando el 45% para la franja de edad entre 16 y 19 años (ambos incluidos).

Sectores como el de las auditoras y consultoras están muy inquietos por este asunto. Sus plantillas se nutren de jóvenes que están estudiando la carrera o los másteres para realizar los trabajos más sencillos. Sin embargo, a partir del cambio normativo, podrían estar obligadas a darles de alta en la Seguridad Social, lo que encarecería sus costes laborales.

La obligación de cotizar conlleva un incremento de costes que puede acabar poniendo en peligro dichas prácticas

La CEOE ha puesto en marcha su maquinaria para tratar de frenar este cambio normativo. En su opinión, "conlleva un incremento de costes para las empresas que se suman a los que ya afrontan, lo que puede acabar poniendo en peligro dichas prácticas". Además, alertan de que "perjudicaría tanto a las empresas como a los estudiantes, al sistema de formación profesional y universitario y al propio mercado de trabajo al perder esta herramienta de acercamiento de la educación a las necesidades laborales".

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Comisiones Obreras propone otra solución más drástica. En su opinión, las prácticas curriculares deben mantenerse, aunque con cotización a la Seguridad Social. Por el contrario, las prácticas que no forman parte del sistema formativo deberían eliminarse para que las empresas estén obligadas a contratar becarios cuando quieran cubrir sus necesidades de mano de obra. "De esta forma se conseguiría reducir el paro juvenil y se eliminaría una fuente de precariedad en el mercado laboral", apunta Santillana. La última palabra está en manos del Gobierno, que se ha encontrado con una 'patata caliente' que no esperaba.