Como ya había prometido luego de la presentación del informe de los expertos independientes de la CIDH, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, confirmó que se realizará un tercer peritaje en el basurero de Cocula, donde supuestamente fueron incinerados los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada –según la versión de la dependencia que dirige–.

Además, anunció que se han abierto “otras líneas de investigación” acerca de la desaparición y el ataque que sufrieron los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Durante su comparecencia de este jueves 8 de octubre en el Senado mexicano, Gómez detalló que en el grupo que que realizará el nuevo peritaje están expertos de cinco países, así como José Luis Torero, de la Universidad australiana de Queensland y quien hizo el peritaje para el grupo de la Comisión Interamericana DE Derechos Humanos (CIDH).

Con base en el análisis de Torero, los expertos de la CIDH rechazaron en su reporte la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, como informó en enero pasado el exprocurador Jesús Murillo Karam. Dijeron que la evidencia científica no sustentaba esa versión.

La oficina de la procuradora dijo que los expertos que harán el nuevo peritaje son René Colsaca, de Canadá; Ursula Withman, de Alemania; John Dylan, de Estados Unidos, Antonio del Amo Rodríguez, de España; además de Mario Saldaña, Enelio Torres García y Ricardo Damián Torres, de México.

El 26 de septiembre de 2014 desaparecieron los 43 estudiantes en la ciudad de Iguala, en Guerrero, después de ser detenidos ilegalmente por policías locales. La investigación oficial sostiene que los agentes los entregaron a miembros de un grupo del narcotráfico que los habrían asesinado y luego quemado en un basurero de la comunidad cercana de Cocula.

Pero el grupo de la Comisión Interamericana encargó un nuevo peritaje para determinar si era posible que tantos cuerpos pudieran haber sido incinerados. Y la conclusión fue que “los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero”.

El reporte del grupo, presentado poco antes del primer aniversario de la desaparición, fue un duro golpe para el gobierno del presidente Enrique peña Nieto que en enero sostuvo que había llegado a la “versión histórica” de lo sucedido.