El teléfono sonó en una humilde casa de la calle Javier de Viana, en la ciudad de La Paz. Eran las ocho y media de la mañana del miércoles 10 de octubre. El timbre del aparato la sorprendió mientras limpiaba.

-¿Leonor Santos? -preguntó una voz masculina que dijo hablar desde el penal de Libertad.

-Sí -respondió ella y pensó en Carlos Alberto.

-Su hijo acaba de morir.

Se lo dijeron así, a lo bruto, a lo bestia, sin ningún preámbulo y sin ninguna humanidad. Ella quedó helada y cortó.

Luego, llorando, llamó a Gustavo Iglesias, su esposo.

A Gustavo dos compañeros de trabajo lo llevaron a su casa en auto. Al llegar, temblando, tomó el teléfono y llamó a la cárcel donde estaba recluido su hijo. Lo atendieron con la misma frialdad.

“Va a ser trasladado a la morgue judicial”, le dijeron y le cortaron.

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Carlos Alberto Núñez, uno de los once hijos de Leonor Santos y Gustavo Iglesias, murió en el penal de Libertad en la madrugada del 10 de octubre. Según una investigación del comisionado parlamentario para el sistema penal, Juan Miguel Petit, Núñez fue muerto por un disparo innecesario de la policía. La descarga fue hecha con una munición no letal, pero a tan corta distancia que la transformó en letal. Una filmación muestra que -ya herido- dos agentes lo patearon en el suelo. Luego lo llevaron a un calabozo donde estuvo entre una hora y dos desangrándose.

Cuando por fin lo atendieron, agonizaba.

El año aún no termina y, según las cifras que lleva la oficina del comisionado penitenciario, ya van 24 muertes violentas en las cárceles: 17 homicidios, seis suicidios o supuestos suicidios y una muerte por “violencia institucional”, la de Carlos Alberto Núñez Santos.

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Leonor Santos y Gustavo Iglesias están ahora sentados a la mesa con un periodista. Cuentan su historia.

La mesa tiene mantel de plástico. La habitación es pequeña y el espacio se lo reparten la mesa, dos heladeras y un televisor encendido. En la habitación contigua, un living, hay flores de plástico y un sillón en el que están “sentados” tres o cuatro osos de peluche.

En lo que va de 2018 murieron 32 presos en las cárceles. A los 24 homicidios y suicidios se suman ocho por muerte natural.

La señora Santos casi no habla. Tiene en sus manos una jaula con una cotorra, que a veces sale de su habitáculo, camina por el techo, grita y se posa en las manos de su dueña.

Es Iglesias quien cuenta.

Es un simple trabajador, electricista, un técnico que repara las grúas del puerto. Tiene bigotes, 58 años, algunos kilos de más y pinta de bonachón. Está enfrentado al ministro más poderoso. El inamovible. El que continúa en el cargo incluso cuando cambian los presidentes. Iglesias dice que no quiere nada, salvo una cosa. Que se admita la verdad: “Que Bonomi deje de mentir”.

Leonardo Carreño

Entró a trabajar en el puerto hace más de 40 años, cuando todavía no había cumplido 18. Su padre había sido funcionario, marino en buques que eran de la propia Administración Nacional del Puertos. Navegó años en el Tacoma y el Punta del Este. Falleció siendo empleado portuario y en aquellos años una ley otorgaba el puesto de trabajo vacante al hijo del fallecido.

Iglesias ya llevaba varios años en el puerto cuando conoció a Leonor. Fue hace 35 años en casa de su hermana. Ella arrastraba una historia terrible que hoy no quiere contar. “Es algo muy feo y no lo voy a decir”, se excusa. Su esposo respeta su silencio y no agrega nada. Solo que aquel pasado los marcó y su huella aun hoy se siente en la familia.

Leonor Santos era madre de diez hijos, pero -como consecuencia de aquello tan feo que había ocurrido- ya no los tenía con ella. Llevaban casi cinco años en hogares del Consejo del Niño, que después fue rebautizado Iname y después INAU.

Iglesias se enamoró y ella no le ocultó nada. Ni su tragedia personal, ni los diez hijos que tenía con un hombre llamado Núñez, con quien ya no tenía relación por ser parte de esa “historia muy fea” que pasó. Iglesias asumió todo el peso de aquella familia disgregada y comenzó a reunirla otra vez.

“Hicimos todo el proceso legal en el Consejo del Niño y nos entregaron a todos los hijos”. Eran seis mujeres y cuatro varones. Iglesias los crió y se transformó en su padre. A su vez, la nueva pareja tuvo un hijo, el onceavo, Martín.

Iglesias sacó adelante esa familia a pulmón, madrugando, trabajando, siempre.

“Llevo una vida en el puerto: hago ocho horas, trabajo los fines de semana, hago guardias de 24 horas los domingos, uno sí y el otro no, porque acá, solo de alquiler, yo pago 12 mil pesos. Y hay que pagar luz, agua y teléfono. Y hay que comer. Y todo sale caro”.

Aquel hijo que Leonor y Gustavo tuvieron juntos falleció hace siete años, por una enfermedad. Carlos Alberto era el menor de los diez hijos que quedaban. Tenía 40 años recién cumplidos cuando lo mataron en la cárcel. Sus hermanos que lo sobreviven tienen entre 40 y 49.

Leonor y Gustavo ya tienen nietos y bisnietos.

Todos han seguido una vida de trabajo, según relatan. O casi todos. No niegan los delitos de Carlos Alberto. También tienen un nieto -hijo de una hija- preso por homicidio. Dicen que no saben nada de ese caso, porque han cortado relaciones con esa parte de la familia.

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Pocas horas después de la muerte de Carlos Alberto Núñez Santos, el Ministerio del Interior difundió un comunicado señalando que el deceso había ocurrido debido a que “internos (...) generaron una riña que finalizó con la muerte de un recluso por heridas con corte carcelario”.

“Uno de los participantes de la gresca, el interno Carlos Alberto Núñez Santos de 40 años, se entregó a las autoridades manifestando estar herido de un puntazo que recibió durante el incidente con sus pares. De inmediato -agregaba el comunicado oficial- fue trasladado al centro de atención médica de la propia Unidad para brindarle los primeros auxilios, donde falleció minutos más tarde”.

Todo era mentira. No lo había matado un corte carcelario. Nunca dijo estar herido de un puntazo. No lo hirieron sus pares. No fue trasladado de inmediato. No le brindaron primeros auxilios.

El comunicado difundido por el Ministerio del Interior incluía un audio del entonces director Nacional de Rehabilitación, Gonzalo Larrosa: “Había un interno que tenía una herida por corte de arma blanca. Minutos después, cuando fue llevado a enfermería, falleció”, decía el jerarca, hoy removido de su cargo.

Pocos días después de la muerte de su hijo, a Gustavo Iglesias comenzaron a llegarle mensajes de WhatsApp de otros presos que le decían que lo que había pasado no era lo que el ministerio había informado.

Luego, en los primeros días de noviembre, escuchó a Petit afirmar en la prensa que la versión dada por el Ministerio de Interior no era verdadera, que a su hijo lo había matado la guardia con un disparo, no un preso con un corte.

Iglesias decidió comunicarse con la oficina de Petit, el comisionado penitenciario. Luego con el fiscal de Libertad, Cesare Cingia, quien ahora lleva adelante el caso.

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Carlos Alberto Núñez Santos llevaba cuatro años preso cuando lo mataron. No era su primera vez en prisión. Sin embargo, no era un delincuente pesado.

“Estuvo varias veces en la cárcel. Pero nunca estuvo por asesinato, ni por violación. Siempre por robos, por rapiñas...”, cuenta Iglesias.

Cuando Carlos salió de la cárcel antes de caer por última vez sus padres le regalaron una bordeadora para que se ganara la vida como jardinero.

“Estuvo trabajando bien, pasó como dos años quieto, haciendo bien las cosas. Vivió un tiempo con nosotros, pero después volvió con esas malas juntas de la zona”, recuerda Iglesias.

Carlos dejó la casa de sus padres y poco después fue apresado y condenado por un robo sin sentido: “Cayó preso por una especie de copamiento que hizo en una cantina de acá cerca, frente al cementerio de La Paz: se llevó tres botellas de whisky y 300 pesos”.

«Ya que estamos hablando de derechos humanos ¿existieron derechos humanos en ese momento? No, para nada. Y no quiero ni un solo centésimo del Estado. Quiero que el señor Bonomi no siga mintiendo».

Gustavo Iglesias, padre del preso asesinado por un guardia

Leonor interviene para decir que hizo aquel robo estando borracho, culpa de malas amistades.

Carlos conoció varias cárceles, la de Canelones, la de Punta de Rieles y el penal de Libertad, donde no dejaba que sus padres lo visitaran. “Nos decía que no fuéramos a verlo ahí, porque es muy bravo y ni en las visitas se puede estar tranquilo”, recuerda Iglesias.

Ya había estado en el penal de Libertad, pero su buena conducta y las gestiones de sus padres le valieron un traslado a Punta de Rieles. Allí las circunstancias mejoraron y mucho.

“Ahí estaba bien de bien. Allá se trabaja, hay emprendimientos, y a él le habían ofrecido un lugar. Un día nos llamó y nos contó que al día siguiente empezaba a trabajar, que no le iban a pagar mucho, pero que algo de plata iba a cobrar, era algo así como 600 o 700 pesos por mes. Tenía que barrer, sacar la basura... era un rato a la mañana y ya después del mediodía quedaba libre”.

Pero -según cuenta Iglesias- pasó un mes, luego pasaron dos, tres, cuatro... y a Carlos Alberto no lo pagaban lo prometido. Protestó y demandó lo que le correspondía.

“Por reclamar lo mandaron de vuelta al penal de Libertad. Otra vez nos pidió que no fuéramos a verlo. Él nos llamaba por teléfono cada algunos días. Y lo que hacíamos nosotros era mandarle una caja todos los meses con los 25 kilos de alimentos, que es lo que se puede pasar”.

Ya no saldría de allí. Llevaba un año en esa cárcel infame y, como en esas películas que son para llorar, le restaban muy pocos para salir. En una de las últimas llamadas a sus padres, les había pedido que le giraran dinero para comprarse algo de ropa para el momento de recuperar la libertad, que era inminente.

“Unos días antes le giramos la plata con su madre”, dice Iglesias. “Era para comprar unas pilchitas para salir. Ya estaba en la puerta”.

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Iglesias fue a la fiscalía de Libertad a leer el expediente que se está consustanciando por la muerte de su hijo. El fiscal tomó declaraciones a decenas de personas, guardias y reclusos. A

Iglesias le reconfortó leer testimonios positivos sobre su hijo, incluso de algunos guardias.

«Unos días antes le giramos la plata con su madre (...) Era para comprar unas pilchitas para salir. Ya estaba en la puerta».

Gustavo Iglesias

En cambio, la actitud del Ministerio del Interior no cesa de mortificar a su familia.

Para empezar, no los dejaron reconocer el cuerpo de su hijo y eso es algo que su esposa no perdona y no se puede sacar de la cabeza.

Luego, la versión falsa de que otro preso lo había matado con un corte en una pelea carcelaria estuvo colgada en la web del Ministerio casi un mes y solo fue retirada cuando Petit presentó su categórico informe en el Parlamento.

El propio Petit le había informado de sus conclusiones a Bonomi semanas antes, sin que el ministro tomara ninguna medida al respecto.

El audio en el cual el removido director del INR Gonzalo Larrosa dice que todo se debió a una pelea entre presos aun hoy está colgado y disponible en la web del Ministerio del Interior.

Bonomi convocó a una conferencia de prensa el lunes 10 donde calificó como una mera “opinión” las conclusiones de la investigación de Petit -para la cual el funcionario entrevistó a 70 testigos y protagonistas de los hechos que le costaron la vida a Núñez-. El ministro sostuvo que la remoción de Larrosa de su cargo al frente del INR nada tenía que ver con el caso. Y agregó que aún había dos investigaciones en curso.

Leonor escuchó al ministro en la televisión, tomó el teléfono y llamó llorando a su marido.

“No queremos plata, queremos que se limpie el nombre de mi hijo”, dice el trabajador portuario. “Ya que estamos hablando de derechos humanos, ¿existieron los derechos humanos en ese momento? No, para nada. Y no quiero ni un solo centésimo del Estado. Quiero que el señor Bonomi no siga mintiendo. Ayer dijo: todavía no está el informe forense. ¡Mentira! El informe está.

Dijo que no está el informe de balística. ¡Mentira! El informe está. Ya llegaron, ya lo sabemos”.

Iglesias se queda unos segundos en silencio. Luego recuerda la película que documenta que dos agentes patearon a su hijo ya herido, en el piso.

“No estoy diciendo que mi hijo estuvo bien. No. No. No sé si usted me entiende: lo que yo quiero es que este señor comience a reconocer las cosas, no que esto quede tan impune, tan impune...”.

Leonor rompe su silencio al final de la entrevista, como si la conversación hubiera terminado por romper un dique que hasta este momento había contenido sus emociones.

“Era un botija humilde, trabajador, salía de mañana con la máquina, se iba y volvía al mediodía, me abrazaba, me daba besos, comía y se iba otra vez con la maquinita de él a cortar pasto”, cuenta y rompe a llorar.

“No se merecía la muerte...”

Llora.

“Yo no sé si es mi hijo el que está ahí... la verdad que no sé... yo no lo vi...”

Llora.

“Se estaba muriendo y le pegaron...”

Llora.

Me despido.

Gustavo me acompaña a la puerta. Pasamos por el living lleno de osos de peluches. Mañana hay que madrugar otra vez para llegar temprano al puerto.

Otras muertes dudosas

El caso de Carlos Alberto Núñez Santos arroja dudas sobre otras muertes en las cárceles. En 2017 un preso salió de su celda como protesta por las malas condiciones de reclusión y se subió al techo del módulo 11 del Comcar. La guardia le disparó. El recluso resbaló, cayó y se mató. No quedó claro si había caído por el resbalón o por motivo de los disparos. Tampoco se pudo establecer si había sido necesario abrir fuego. La oficina del comisionado penitenciario calificó el caso como “muerte violenta”, pero no pudo aclararlo.

Sin contaminación

La muerte de Carlos Alberto Núñez Santos está siendo investigada por el fiscal de la ciudad de Libertad, Cesare Cingia. Cingia atendió a El Observador pero dijo que no hará declaraciones, que está llevando el caso con el máximo rigor y ajeno a todo el debate político y periodístico “para no contaminarse”.