Dentro del plan de Gobierno de este año, el “combate contra la corrupción” es uno de los puntos que la gestión de Mauricio Macri busca destacar. Para ello, la Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de Laura Alonso, es la principal institución responsable. De acuerdo con la documentación a la que accedió el Equipo de Investigación provista por el Ministerio de Hacienda, en un 2019 electoral y en medio de un proceso de fuerte ajuste del Estado, la OA tuvo un fuerte crecimiento presupuestario que pasó de 68 millones de pesos en 2018, a 102 millones en 2019 para ser destinados a inspeccionar a públicos y a privados, lo que representa casi un 50% de aumento interanual, siendo uno de los organismos más beneficiados dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La OA fue una de las pocas áreas que resultó beneficiada en el aumento para salarios: de los 33 millones de pesos que se engordó el presupuesto, el punto más favorecido fue el de “Gastos en personal”, con el monto más alto de los últimos cinco años. En 2019, los salarios (y otros gastos referidos) representan el 83% del presupuesto de la oficina y aumentaron casi 50 millones de pesos en relación con el año anterior.

(Te puede interesar: VIDEO: Laura Alonso, la amiga más bochornosa del Gobierno)

En cuanto al número de personas contratadas, a finales de 2018 se informaron 117 trabajadores en la OA, de los cuales 72 eran profesionales (mayoritariamente abogados y contadores), 12 asistentes técnicos y 33 administrativos. El Equipo de Investigación presentó un pedido de acceso a la información para constatar la cantidad de empleados y sus salarios, pero aún no recibió respuesta. “La persona que contesta los pedidos está de vacaciones”, justificó un empleado administrativo en la recepción de la OA.

El organismo existe desde 1999, a partir de la Ley N° 25.233 y es la autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública, que el Gobierno pretende reformar y ampliar. Entre sus principales competencias, la OA es la encargada de recibir denuncias de particulares y agentes públicos sobre corrupción y de controlar las declaraciones juradas de los funcionarios.

Según datos oficiales de 2018, fueron 196 los casos que Investigaciones Anticorrupción llevó a la Justicia y 41 veces se presentó como parte querellante. De estos expedientes, el diario Perfil denunció que la OA sólo fue querella en casos de funcionarios relacionados con el kirchnerismo.

(Te puede interesar: Laura Alonso: “Me enamoraría de Macri”)

El índice de los investigados es un archivo tan protegido por la OA, que ni siquiera accedió a entregarlo a la AGN. “Se agotaron todos los pasos de apelación para conseguir la información”, aseguró Oscar Lamberto, presidente de la Auditoría General de la Nación, en diálogo con el Equipo de Investigación. “Hubo un ninguneo”, agregó. El amparo presentado el mes pasado fue decidido por votación unánime del Colegio de Auditores de la AGN.

A su vez, el “Plan Nacional Anticorrupción”, aprobado por decreto del Gobierno, le asigna a la OA la tarea de insertar el país en el mundo. Para lo cual cuenta con un presupuesto de más de 2 millones de pesos en 2019 –el doble que el año anterior– para realizar viajes, participar en Congresos y dar una imagen de una Argentina “confiable”. En tres años, Alonso declaró 14 viajes.

Al ser consultada para esta investigación, la funcionaria se excusó de responder preguntas por estar, según ella, en un Congreso en el exterior. Sin embargo, posteriormente, autoridades del organismo afirmaron que se encontraba de licencia por “razones personales”.

Por Nicole Martin

(Integrante del equipo de investigación, conformado por periodistas egresados de perfil educación).