Los cuerpos breves de unos 200 hombres reposan sentados sobre botes de plástico. No levantan la cabeza y cuando me miran no sonríen ni fingen hacerlo. Miran al suelo y se frotan las manos callosas para generar calor y amortiguar el frío.

Son las seis de la mañana de un martes en el parque Lázaro Cárdenas, de San Quintín, un pequeño pueblo localizado a unos 175 millas de la frontera con California. Un lugar que comienza a mirarse millas atrás cuando — se atraviesan por la carretera— los remolinos de polvo que se elevan al cielo.

Hoy en el parque hay bruscos silencios. Los ojos de cientos de jornaleros parecen mirar a todo y a nada. Están deprimidos y agotados: por más que han intentado trabajar no lo han logrado. Ninguno de esos camiones que antes contrataban los ranchos agrícolas para recogerlos, los quiere subir.

Esteban, un jornalero originario de Sinaloa, se hartó de esperar, dice que hoy no habrá trabajo. “No nos quieren subir, dicen que se las vamos a pagar todas, las que les hicimos, y ese es el problema que tenemos la raza del parque, nos están tratando mal y discriminando”, se va a su casa a paso lento y con la espalda encorvada.

En el parque Lázaro Cárdenas esperan los desterrados de los ranchos, a que algún chófer los suba, en espera de que alguna empresa los quiera contratar.

Luego de que pasaran las protestas del mes de mayo, que evidenciaron las condiciones infrahumanas de trabajo a los que son sometidos los campesinos del valle agrícola de San Quintín, ha comenzado “la venganza de los patrones”.

Jornaleros y organizaciones campesinas denuncian a HOY Los Ángeles que fueron despedidos por participar en el movimiento que exigía un trato digno, alto al acoso sexual y aumentos salariales.

Hasta el momento la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social ha contabilizado al menos tres mil despidos, de estos, mil fueron del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) en la empresa Berrymex, con central en Oxnard.



“El que no marchó también pagó”

Al terminar de piscar la última fresa del Valle de San Quintín, los patrones de los campos agrícolas agradecen a sus trabajadores con una comida. Casi todos los ranchos se han sumado a ésta tradición.

Incluidas dos grandes empresas con capital estadounidense: Driscolls y Berrymex, que mantienen desde México el control mundial en la exportación de fresas y otros frutos rojos.

Entre los más de 3 mil jornaleros que trabajaban en Berrymex, estaba Daniela, quien Comió tranquila ese día. Ella estaba consciente, que aunque la temporada de recolección terminaba, había que deshierbar y preparar la tierra para la nueva cosecha.

Al dar las cinco de la tarde, las cuadrillas de campesinos ya se habían terminado a grandes mordiscos su comida. Era la hora de la salida y muchos tenían que caminar kilométricos caminos para llegar a sus comunidades.

“Fue en la puerta que se nos pagó el día en 150 pesos, junto con una hoja que nos pidieron que la firmáramos. Nos estaban echando, así nada más el mayordomo nos dijo ´se acabó el trabajo, hasta aquí”.

Ese día de junio fueron despedidas más de 300 personas de las cuadrillas de fresa, después 200 y así poco más de mil personas: “es la venganza, los Patrones se la están cobrando”, dice Daniela con los labios apretados.

Daniela se hunde en el silencio, ese mismo que ha quedado después de las protestas. Porque después del fervor por exigir sus derechos, una vez que los foráneos se fueron, las penas y las desdichas volvieron a San Quintín.

´Trabajo para ustedes no hay’

Durante los meses de marzo, abril y mayo unos 80 mil jornaleros se manifestaron en contra de las compañías agrícolas y los tres niveles de Gobierno, en demanda de mejores condiciones laborales en los campos.

Sin embargo las protestas ascendieron el 17 de marzo, cuando los trabajadores bloquearon la carretera transpeninsular, única vía de comunicación en la península de Baja California. Tras dos meses de exigencias y promesas incumplidas, el 10 de mayo, hubo un enfrentamiento entre autoridades y jornaleros que dejó como saldo unos 70 heridos.

Fue en la colonia San Juan Copala, donde viven miles de campesinos en precarias casas, conformada por indígenas originarios de Oaxaca.

Don Dionisio Martínez, un hombre mayor, cuenta que un día después de la huelga llegaron a San Vicente, un rancho agrícola localizado al norte de la región. Al llegar la patrona, una mujer de nombre María Refugio García Valdez les dijo que “ya no había trabajo”.

“Durante las protestas se firmó un papel para que cuando terminara la huelga, no fuera a ver represalias contra los trabajadores y todos pudieran regresar a sus trabajos. Pero nos dijeron ´trabajo para ustedes no hay, porque ustedes son unos escandalosos, huelguistas, no los quiero ver en mi rancho´”, tras 20 años de cultivar fresa, tomates, espárragos y uvas, Martínez fue uno de los que se quedó sin empleo.

Fueron 143 jornaleros despedidos del rancho. Marcelino Colores, un joven Oaxaqueño explica lo que vino tras las protestas: “esto ha sido más que una represalia para nosotros, todos los ranchos nos están sacando, nos sacaron con Berrymex, San Vicente Camalú y otros ranchos, es más que una venganza”,

Pero los jornaleros de San Juan Copala han comenzado a sentar un precedente único en San Quintín: interpusieron la primer demanda colectiva en la historia del Valle agrícola contra una empresa.

Fichados

Con las manifestaciones fueron evidenciados las condiciones laborales, inhumanas y los abusos a los que eran sometidos los jornaleros agrícolas del valle de San Quintín, en México. Fue entonces que organizaciones en varias partes del mundo convocaron a un boicot contra los ranchos agrícolas más grandes de la zona.

Tras dos meses de haber terminado las protestas, el rumor de que los huelguistas fueron los oaxaqueños se ha corrido como pólvora: y ahora los boicoteados resultaron ellos.

Un trabajador a quien nombramos Juan porque no quiere revelar su identidad, es un joven chófer que trabaja en la Alianza Transportista del FINIC, una de las cinco compañías donde los jornaleros eran transportados para trabajar.

La orden ha sido directa: “personas de Lomas de San Ramón, San Juan Copala no quieren que los llevemos a trabajar. Entonces nosotros tuvimos que parar los camiones”.

Los acuerdos que se habían alcanzado durante las reuniones entre el gobierno mexicano y las empresas agrícolas estipulaban, que se incrementaría el salario de 120 a 150, 165 y 180 pesos. Además de otorgarles seguro social.

“No ha pasado, es una mentira” dice un joven que fue despedido de otro rancho agrícola y ahora espera en el parque Lázaro Cárdenas. Pero nadie lo quiere subir: los mayordomos lo vieron en las protestas, es otro jornalero que hoy, tampoco tendrá trabajo.

“Es un descanso temporal”

*Héctor Luján, director de la empresa Berrymex, desmintió que los despidos fueran una represalia por las protestas que se suscitaron en meses pasados. “Es un descanso temporal”, aseguró desde su oficina en Oxnard, California.

* Unos 4 mil empleados trabajan en temporada de cosecha y actualmente cuenta con una cuadrilla de únicamente mil 800 personas.