Las complicidades de la red de funcionarios públicos que dependen jerárquicamente del todavía gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, es más robusta de lo que se creía. No sólo involucra a una notaría, a políticos del PRI y del Partido Verde y a una junta laboral, sino a las cuatro juntas establecidas en la zona norte del estado, afecta a patrimonios familiares y toca a los otros poderes del Estado: el Legislativo y el Judicial.

Tras la publicación del reportaje de Expansión y Mexicanos contra la Corrupción titulado “Los Piratas de Borge: el saqueo de bienes institucionalizado en Quintana Roo”, donde se expone la utilización de la estructura del gobierno de Roberto Borge para despojar a ejidatarios, particulares y empresarios de inmuebles y dinero a través de juicios laborales amañados y falsificación de documentos, una decena de personas han levantado la voz para denunciar que fueron víctimas de la misma maquinaria de despojos.

Hoy Expansión presenta los testimonios a través de una plataforma digital donde los afectados directamente cuentan sus casos en video.

Entre los despojos que se exponen en esta entrega se encuentra Nestlé, una empresa transnacional que tiene su sede en Suiza y que en México tuvo ventas por 45,359 millones de pesos en 2015. En mayo de 2016, ejecutivos de la firma intentaron hacer movimientos en una de sus cuentas bancarias y ésta se encontraba congelada porque unos presuntos trabajadores interpusieron y ganaron una demanda laboral en la Junta de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún, presidida por Alexis Zavala. Pero Nestlé afirma que nunca conoció a los empleados que la demandaron y a quienes ahora tiene que pagar siete millones de pesos (unos 370,000 dólares).

“Nestlé no tuvo conocimiento de la existencia de la demanda ni fue notificado al respecto. Tomó conocimiento del asunto en los primeros días de mayo de 2016 debido a un bloqueo a una cuenta bancaria de la empresa. Nestlé ha identificado que los demandantes no son ni fueron empleados de Nestlé. Ante esta situación se promovió un amparo y a la fecha la compañía se encuentra en espera de resolución”, afirma la transnacional por medio de una tarjeta informativa enviada a Expansión el 22 de julio pasado.

De manera independiente, se pudo corroborar que el amparo indirecto se promovió bajo el número 674/2016 ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Quintan Roo. El proceso aún no termina.

El modus operandi del caso Nestlé es el mismo que exhibieron Expansión y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en la primera entrega de este reportaje: inventan o inflan juicios laborales con trabajadores reales o ficticios que denuncian a una persona o empresa por despido injustificado, y se fijan sueldos y prestaciones muy por encima del promedio.

Otro ejemplo de esta decena de nuevos testimonios es el de Julieta Sánchez Jarero. Con un expediente de por medio acusa ser víctima de un fraude que la dejó sin casa en Playa del Carmen, Quintana Roo. Con sus ahorros, la señora decidió comprar una vivienda para después rentarla, y así lo hizo. Pero el inquilino no pagó la renta y ella interpuso una demanda de desahucio. Pasaron años para que procediera el recurso, y cuando al fin lo logró, se enteró de que su casa ya no estaba a su nombre, sino al de una empresa privada.

El recurso para quitarle la vivienda también fue un juicio laboral. A Julieta la demandó un hombre que se supone fue su empleado y que ganaba 45,000 pesos al mes. Ella jura que no lo conoce. Además, en una investigación que ha realizado por su propia cuenta, Julieta ha documentado que la empresa que compró su casa de Playa del Carmen no tiene operaciones regulares en el estado, sino que es una compañía de papel que, presume, se alió con su exinquilino y con la Junta de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen para cometer un fraude en su contra.

“Me parece impresionante que uno tenga una propiedad, que es parte de tu patrimonio, y de la nada te das cuenta que está escriturado a nombre de otra persona… no es posible tanta impunidad, tanta corrupción”,

reclama Julieta.

Por momentos, Quintana Roo parece ser un Estado de excepción. Los subordinados de Borge tejieron un sistema de complicidades que penetró a prácticamente toda la entidad y a elementos de todos los poderes del Estado, como el Legislativo que le aprobó al gobernador el llamado “paquete de impunidad” que más tarde fue rechazado por la Procuraduría General de la República (PGR) por medio de una controversia constitucional; o como el Judicial, donde el 17 de junio pasado actuarios llegaron a Tulum a desalojar a hoteleros y a ejidatarios para cumplimentar la sentencia del juez oral civil de primera instancia, Gustavo Efraín Chan Camaal, que en tiempo récord falló en contra de dos personas que supuestamente rentaban los 600 metros de playa en que estaban asentados 17 hoteles y predios.

Las tierras y el acceso al mar de Tulum llevan décadas en posesión de ejidatarios que tienen su título y que desde hace años se hallan en pleito porque aparecieron unos empresarios que dicen ser los verdaderos dueños de la tierra. Son siete kilómetros de playa del Ejido José María Pino Suárez los que se encuentran en disputa. Según el comisario ejidal, los empresarios que les pelean terrenos a distintos ejidatarios son los regiomontanos José María Garza Ponce, Agustín Villarreal Elizondo y Felipe de Jesús Montemayor Garza; los supuestos herederos de un ciudadano sueco de nombre Karl Eric Noren Ericcson, representados por Carlos Amador Treviño Lozano, y los hermanos Schiavone Magaña. Los tres grupos de empresarios tienen supuestas escrituras que derivan del título de Antonio González Avilés, inscrito con ubicación en la Delegación de Gobierno de Felipe Carrillo Puerto, y no en Tulum.

El asunto se encuentra en los tribunales, sin embargo, actos violentos apoyados por la autoridad han conmocionado a la sociedad de Tulum, Quintana Roo. Uno de los más importantes fue del 17 de junio pasado, cuando actuarios del Poder Judicial se hicieron acompañar de cientos de civiles armados que desalojaron 600 metros de playa en Tulum. Ese día, recuerda Matías González, propietario de uno de los hoteles desalojados de nombre Coqui-Coqui, no hubo tiempo para la discusión.

“Fue una situación tremendamente violenta. Nos tiraban los muebles por la ventana”,

dice durante una entrevista.

Matías cuenta que la razón del desalojo se origina por una orden judicial iniciada a solicitud de los empresarios Schiavone Magaña. Ellos se dicen dueños del terreno, sin embargo el juicio que iniciaron no fue para disputarles el derecho del suelo, sino para exigir un desahucio por unos supuestos arrendadores incumplidos que ellos no conocen, y que nunca han ocupado ni el hotel ni el terreno.

Para el empresario de origen argentino ( quien también fue entrevistado por The New York Times ), y para el resto de los hoteleros retirados, fue muy complicado conocer las razones del desalojo, incluso en este momento aún no conocen bien los documentos. Así, casi a ciegas, pudieron interponer un amparo por la violación de diversos derechos, amparo que aún no se resuelve.

“Si yo no tengo certeza jurídica, de qué sirve que vuelva a invertir en Tulum”,

se pregunta Matías González..

Otro caso es el de Alejandro Ramírez Magaña, director general de Cinépolis, la cadena de cines más grande del país, y presidente del Consejo Mexicano de Negocios. El señor concilió con los integrantes del Ejido José María Pino Suárez. Tras un arreglo entre partes, una ejidataria le cedió sus derechos y fue aceptado por la asamblea ejidal.

De acuerdo con documentos entregados por los abogados del señor Ramírez, el 20 de noviembre de 2011 se creó la parcela en mención, y el 4 de junio de 2012 se reconoció el derecho posesorio. Así transcurrían los días hasta que el 19 de julio de 2013, en el tercer año de gobierno de Roberto Borge, un grupo de gente le quitaron la posesión.

“Llegaron unas personas con armas largas y pasamontañas diciendo ser servidores públicos sin identificarse, y que tenían orden de desalojar mi predio, porque al parecer le pertenecía a una persona diversa”, se lee en una demanda que interpuso Alejandro Ramírez Magaña en el Distrito 44 del Tribunal Unitario Agrario de Chetumal, el 16 de marzo de 2016.

El empresario y ejidatario añade que durante la “desposesión” del inmueble que colinda con el mar Caribe nunca mostraron ninguna orden judicial ni informaron el nombre de los nuevos ocupantes, pero con el tiempo se enteró que “quien se ostenta como ‘dueño’ del mismo es Carlos Amador Treviño Lozano”, la misma persona que ha sido acusada por otros ejidatarios de realizar diversos despojos con la ayuda del gobierno del estado.

La maquinaria de despojos en Quintana Roo parece imparable. Poco ha importado que medios nacionales y extranjeros aborden la problemática o que se expongan los casos en el Senado de la República, como sucedió en agosto pasado. La carta de preocupación de las embajadas de Francia, Italia, Países Bajos y Portugal enviada a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En el partido de Roberto Borge, el PRI, continúa el proceso de expulsión del mandatario pero aún no se define, y el gobernador electo, Carlos Joaquín, una vez ganada la elección, disminuyó su postura crítica ante Roberto Borge.

Así, mientras se vive una especie de parálisis de justicia nacional, en Quintana Roo ‘los piratas de Borge’ siguen sueltos. (Fuente: Expansión)

*Expansión y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad han buscado a representantes de todas las partes involucradas en el reportaje, tanto gobierno como particulares, pero no se han podido concretar las entrevistas, sea porque se han negado a expresar su contraparte o porque no pudieron ser localizados.

**Román Quian, secretario de Gobierno de la administración de Borge, dijo en una carta dirigida a Expansión y a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad que las Juntas de Coordinación y Arbitraje mantienen “autonomía funcional”. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo muestra que están subordinadas al Ejecutivo estatal, puesto que “el nombramiento y remoción del presidente del Tribunal, de la Junta Local y de los presidentes de las juntas especiales corresponde libremente al gobernador del estado”.