Tres empresas buscan instalar tres parques eólicos en Unión Hidalgo, Oaxaca, sin la consulta y el consentimiento de la comunidad zapoteca propietaria de las tierras, lo cual viola sus derechos, acusó la organización ProDESC. En los últimos años, el incremento de parques eólicos en la región del Istmo de Tehuantepec ha representado un aumento a las violaciones de los derechos humanos de las comunidades que habitan en la zona, como el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previa e informada. En paralelo, se han registrado casos de hostigamientos y amenazas en contra de las comunidades.

#ATENCIÓN Comunidad de Unión Hidalgo exige respeto a su derecho al consentimiento libre, previo e informado https://t.co/4izLD6jzch pic.twitter.com/pFeqZLpEOP — PRODESC (@ProDESC) March 21, 2017

Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).– Las empresas Eléctrica del Valle de México (propiedad de la paraestatal francesa EDF), GAMESA (eléctrica española) y Eólica Unión (oaxaqueña) buscan este año instalar tres proyectos eólicos y una subestación de almacenamiento de energía, sin antes haber consultado a los propietarios “legales y ancestrales” de las tierras de la comunidad zapoteca de Unión de Hidalgo, al sureste de Oaxaca, alertó la organización civil ProDESC con base en declaraciones de las autoridades estatales y municipales.

Para prevenir las violaciones a derechos humanos –ya ocurridas desde 2011 con la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX) en ese mismo municipio, y documentadas por la organización–, casi 800 firmantes entre comuneros y habitantes presentaron un amparo en los Juzgados de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca, ante la posibilidad de que las autoridades federales, estatales y municipales les otorguen concesiones a esas firmas sin su consentimiento.

“El Comité de Resistencia, la Asamblea de Comuneros y habitantes de Unión Hidalgo exigen que no se inicie con la construcción de estos tres parques porque no se están llevando acabo las consultas en la comunidad. Se solicitó una suspensión para que no se otorgue ningún permiso a las empresas hasta que no se realice una consulta libre, previa e informada apegada a los más altos estándares en derechos humanos indígenas contenidos en diferentes tratados internacionales”, aseguró Juan Antonio López, Coordinador del Área de Justicia Trasnacional de ProDESC.

También se busca un diálogo directo con la comunidad para informarles sobre las afectaciones que pudieran implicar los proyectos y con ello puedan decidir. López explicó que con la instalación de los parques se pueden causar daños ambientales porque hay deforestación en las tierras. Para la instalación de un solo aerogenerador se necesitan toneladas de cemento, lo cual se riega hacia la superficie y las dejan prácticamente inservibles para siembra y pastoreo, dijo.

La actividad principal de esta comunidad zapoteca es el campo, mediante el cultivo de maíz, sorgo, mango y sandía, y la pesca en el río homónimo y en la costa.

El Gobernador de Alejandro Murat Hinojosa en Oaxaca y el Presidente Municipal José López de la Cruz, quienes han anunciado la instalación de los tres parques eólicos, deben regirse bajo los más altos estándares de derechos humanos, brindar y asegurar certeza jurídica y acceso a la justicia para las comunidades que de manera legal y pacífica se encuentran en procesos de defensa de su tierra, territorio, bienes naturales y usos y costumbres, demandó la organización civil.

“Hay una violación clara a los derechos humanos [consulta informada, usos y costumbres, ambientales] dado que los permisos y contratos que se vayan a otorgar por las autoridades federal, estatal y municipal no están cumpliendo con el requisito indispensable de consultar a la comunidad indígena afectada de manera libre e informada para busca el consentimiento y dar certeza jurídica. Eso es un derecho contemplado en tratados internacionales”, reiteró el abogado.

En 2004, la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX), subsidiaria de la española Renovalia Energy, llegó a Unión Hidalgo, atraída por las condiciones de viento del área. Buscaba instalar el Proyecto Eólico Piedra Larga para enviar energía a Grupo Bimbo, pero el territorio es de propiedad comunal.

ProDESC documentó que la compañía violó la legislación, coludió a notarios públicos y luego de obtener la concesión de la Secretaría de Energía (Sener) y el permiso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), representantes de DEMEX acudieron a los domicilios de los propietarios de las tierras para, de 2006 a 2011, hacerlos firmar contratos que no estaban traducidos al zapoteco, su lengua materna, y que tampoco explicaban los alcances o afectaciones del proyecto.

“Derivado de las acciones de defensa a sus derechos humanos, los integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) y del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo han sido objeto de actos violentos y amenazas en su contra. Ante estas acciones, se han interpuesto denuncias penales por el delito de amenazas, lesiones, disparo de arma de fuego y ataque, y se han implementado medidas cautelares por parte de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca”, denunció la organización civil ProDESC.

Por ese motivo los posesionarios de Unión Hidalgo interpusieron una demanda para solicitar la nulidad de esos contratos. Este proceso aún continúa en los tribunales porque no se ha determinado la nulidad de contratos, los cuales fueron violados por la empresa. ProDESC está esperando la sentencia del amparo directo interpuesto en diciembre ante el Tribunal Colegiado de Circuito en Oaxaca, afirmó hoy el abogado Juan Antonio López.

En los últimos años, el incremento de parques eólicos en la región del Istmo de Tehuantepec ha representado un aumento a las violaciones de los derechos humanos de las comunidades que habitan en la zona, como el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previa e informada. A la par, se han registrado casos de hostigamientos y amenazas en contra de las comunidades.

CASO DE DEMEX: NO SABÍA QUÉ ES UN PROYECTO EÓLICO

Hace más de 10 años, representantes de la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX) llegaron a casas de los propietarios de tierras en Unión Hidalgo, Oaxaca, para ofrecerles beneficios económicos y la posibilidad de seguir trabajando en su parcela a cambio de la renta de su terreno. Buscaba instalar el Proyecto Eólico Piedra Larga.

Sin embargo, la empresa incumplió los acuerdos. En 2011 la comunidad confirmó un Comité de Resistencia y en 2013 los comuneros demandaron ante el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec la nulidad del contrato. El proyecto eólico acumula ya varios años operando.

“Estoy arrepentido de haber firmado el contrato [de renta de su tierra]. Yo no quería… Nomás nos ha traído muchos problemas”, aseguró el campesino Alejandro Ruiz.

De acuerdo con el contrato, la compañía ofreció un pago de renta por el uso de sus tierras comunales de 250 pesos anuales por hectárea. Pero al convertirlas ilegalmente a propiedad privada, los campesinos deben pagar un impuesto por predial de más de mil pesos por la supuesta tenencia individual de la tierra –a pesar de tratarse de territorio de propiedad social–, lo cual les impide solicitar créditos.

Comuneros han acusado engaños, intimidación, agresiones y violaciones a sus derechos humanos durante este proceso.

“Uno no sabía qué cosa es un proyecto eólico”, dijo Alejandro Ruiz, quien va a trabajar todos los días al campo para sembrar maíz y sorgo. “Fuimos engañados. Nos dijeron que nos iba a ir bien y firmé sin conocer qué era el contrato de arrendamiento”, aseguró.

La empresa también prometió a los comuneros que podrían seguir trabajando en sus campos sin obstáculos. No obstante, ante la presencia de cables entre los aerogeneradores, es riesgoso acercarse, por lo que DEMEX colocó seguridad privada para vigilar el acceso a sus cultivos.

De acuerdo con la página de Grupo Bimbo, su cliente principal, el parque eólico tiene 45 aerogeneradores y genera 800 empleos directos. Pero, expuso Alejandro Ruiz, ninguno de ellos es para los miembros de la comunidad. Sólo durante la construcción del proyecto hubo contrataciones temporales.

El proyecto abastece anualmente una demanda de 38 megawatts y genera 333 Gigawatts-hora. Suministra a más de 100 instalaciones en México incluyendo el Papalote Museo del Niño.