La nota de Religión volverá a contar para hacer la media y para obtener becas. Es otra victoria de los obispos españoles en el proyecto de reforma de la enseñanza que hoy ha aprobado el Gobierno y que concita una fuerte oposición de los más variados sectores, desde la comunidad educativa (sobre todo en la escuela pública) a casi todo el arco político fuera del PP. El ministro José Ignacio Wert ha defendido su reforma como el antídoto para mejorar un sistema escolar que sufre un 24,5% de abandono escolar y obtiene resultados mediocres en las evaluaciones internacionales.

Lo intentará adelantando los itinerarios hacia la FP, con evaluaciones externas que serán reválidas en la ESO y el bachillerato o reforzando el margen de decisión de los directores de los centros. Sin embargo, para buena parte de la escuela pública (que el jueves pasado sacó a la calle a decenas de miles de personas en toda España contra la ley) no es más que la otra cara de los recortes educativos, que mira al pasado, que va a segregar alumnos desde muy jóvenes y además apoya a la escuela concertada y a la Iglesia.

De hecho, los obispos han conseguido con esta reforma (LOMCE) hacer realidad sus reclamaciones: desaparecerá completamente la materia de Educación para la Ciudadanía, será obligatorio estudiar la asignatura confesional de Religión o su alternativa (Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria) y, según ha confirmado hoy el ministerio, su nota volverá a contar para todo, igual que las demás. Esto no ocurría desde que se aprobó la ley educativa de 1990 (LOGSE), explica el expresidente de la Federación Española de Profesores de Religión, Rafael Ramírez.

La evaluación de la materia confesional dejó de computar con la ley de 1990

Ahora, la Religión no tiene una materia alternativa, los centros deben ofrecerla pero cada alumno elige si la cursa o no. Su nota cuenta para pasar de curso (se repite con más de dos o tres suspensos), pero no hace media para conseguir becas ni para cualquier proceso competitivo ni de admisión de alumnos. La ley educativa que aprobó el Gobierno del PP en 2002 (LOCE) también preveía para la Religión un estatus muy similar al que establece la actual reforma, pero aquella apenas llegó a entrar en vigor porque el Gobierno socialista la paralizó al llegar al poder en 2004.

La asignatura de Religión ha estado en el centro del debate educativo desde la Transición, con fuertes polémicas siempre condicionadas por el Concordato firmado entre el Estado español y el Vaticano, que establece que se garantizará “la enseñanza de la Religión Católica como materia ordinaria y obligatoria en todos los centros docentes, sean estatales o no estatales, de cualquier orden o grado”. En ese contexto, los obispos siempre han reclamado que la materia confesional fuese evaluable y computara para la nota media así como que tuviera una asignatura alternativa fuerte, para atraer a más alumnos a la materia confesional.

“Con esta medida se intenta frenar el hecho de que cada vez menos niños optan por la Religión. Piensan que puntuando en la media podrán parar la sangría”, opina Fernando Delgado, presidente de Europa Laica. Entre el curso 2000-2001 y el 2009-2010, se registró un descenso de más de ocho puntos, según los datos del Ministerio de Educación. En primaria, se pasó, en una década, del 83,32% de matriculados en Religión al 74,19%. En secundaria, del 63,71% al 54,39%. Y del 47,68% al 41,14% en bachillerato. “La asignatura de Religión tiene que ser ofrecida en condiciones de libertad para los alumnos que la elijan, pero como una asignatura equiparable a las fundamentales”, dijo el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino en octubre.

Los obispos siempre han reclamado una alternativa fuerte

Pero el de la Religión es solo uno de los cambios polémicos que prevé la reforma. Son tantos y tocan temas tan sensibles (Religión, convivencia entre la escuela pública y la concertada, la inmersión lingüística en Cataluña, coeducación) que han llegado a acaparar más atención (y quizá han sacado a más gente a la calle) que otros apartados centrales de la profunda reforma del sistema que está acometiendo el Gobierno.

Sobre muchas de esas cuestiones polémicas pidió cambios y matizaciones el Consejo de Estado en un duro dictamen publicado hace tres semanas. Wert ha asegurado hoy que se han atendido buena parte de las recomendaciones del Consejo de Estado, que en ningún caso cuestionaba apartados esenciales, aseguró. Sin embargo, algunas, como la petición de que haya una materia obligatoria de Ciudadanía, se han desoído.

Sobre la Religión, el dictamen dijo que se podía estar discriminado a los alumnos que estudien esta materia, porque no podrían cursar la de Valores. Ahora ya no serán excluyentes, porque ambas se ofrecerán en el bloque de optativas, de tal manera que, quien quiera, podrá estudiar las dos.

La ley blinda las subvenciones a los colegios que separan por sexo

Educación también ha hecho una pirueta para sortear las objeciones del Consejo de Estado sobre otro de los puntos más polémicos de la ley: la enseñanza en castellano en Cataluña. El Gobierno central adelantará el dinero para pagar a los colegios privados donde se matricularán los alumnos que no encuentren otra opción de estudios con más clases en castellano.

El sistema es de inmersión lingüística, con todas las materias en catalán, menos en la asignatura de Lengua y Literatura Española. El Gobierno ha reservado cinco millones de euros de la memoria presupuestaria de la ley (el 21% del presupuesto para la reforma el primer año) para cubrir la escolarización de unos 1.000 potenciales alumnos que solicitaran más clases en castellano en esta comunidad. El ministerio admitió que si la Generalitat tiene razón y la demanda no supera las 17 solicitudes al año, estos costes "serán insignificantes".

Los padres que quieran optar por esta enseñanza en castellano tendrán que iniciar un procedimiento administrativo a través de la Alta Inspección del ministerio. Esta investigará si, efectivamente, estas familias no tienen esa posibilidad en centros sostenidos con fondos públicos y lo comunicarán a la Generalitat. Si el Gobierno catalán no lo soluciona, el ministerio pagará una plaza en un centro privado. Se trata de una medida “excepcional y transitoria”, dijo Wert, hasta que se cumplan las sentencias que obligan a ofrecer la posibilidad de tener una “proporción razonable” de clases en castellano.

Algunos miembros del PP temen que la norma se apruebe sin ningún apoyo

“No es una ley pedagógica, es una ley recentralizadora”, valoró la consejera de Enseñanza de Cataluña, Irene Rigau, quien calificó la LOMCE como un “ataque frontal al Estatut, a la Ley de Educación catalana y al modelo de inmersión lingüística”, informa Ivanna Vallespín.

El blindaje de las subvenciones a los colegios que separan por sexo es otro de los puntos que han levantado ampollas. Educación asegura que ha introducido una cláusula por la que los centros segregados que soliciten financiación pública tendrán que justificar que su modelo es tan aceptable como el mixto. El Consejo de Estado había reclamado esta justificación.

Ahora, la reforma iniciará su trámite parlamentario en un Congreso con mayoría absoluta y sin más apoyos que esos votos. Algunos miembros del Ejecutivo y dirigentes del PP están muy preocupados por la posibilidad de sacar la norma sin consenso, solo con la mayoría del PP. Wert, sin embargo, dijo ayer que intentará alcanzar acuerdos, pero que, en cualquier caso, la van a sacar: “La ley, hasta que sea abolido Montesquieu de nuevo, es la expresión de la voluntad popular y esa se expresa a través de los votos de la cámara”, dijo el ministro, según informa Carlos E. Cué.