Nacional | Corrupción

Suma y sigue: las grandes tramas corruptas defraudan más de lo que España aportará al rescate griego

Violeta Muñoz x vmunozelboletincom/6/6/16 Más artículos de este autor Por

miércoles 29 de julio de 2015 , 00:00h

Billetes de euro La operación Púnica aumenta la cifra de lo defraudado durante la crisis hasta casi 11.000 millones de euros, 9 veces más que el presupuesto del Ministerio de Justicia. La operación Púnica aumenta la cifra de lo defraudado durante la crisis hasta casi 11.000 millones de euros, 9 veces más que el presupuesto del Ministerio de Justicia.

El carrusel de procesos por corrupción no frena, y por cada vuelta que completa las arcas públicas se resienten de heridas multimillonarias. Las grandes tramas corruptas en España han defraudado casi 11.000 millones de euros en procesos vigentes durante la crisis, una cantidad mayor a la suma que España deberá aportar para rescatar a Grecia (10.148 millones). También es un dinero equivalente al 70% del presupuesto de la NASA (16.000 millones), un 25% de lo invertido en el AVE (46.000 millones), y bastante más de la suma mensual de todas las pensiones públicas en España (unos 7.800 millones). Otro ejemplo, cuanto menos paradigmatico: lo defraudado multiplica por 9 el presupuesto anual del Ministerio de Justicia; el 'archienemigo' de los corruptos cuenta con unos 1.500 millones de euros, que multiplicados por cada ejercicio de esta década negra de la corrupción, deja en tablas lo que 'nos roban' y lo que gastamos en investigarlo.



El dudoso honor de liderar la lista de mayores defraudadores sigue representado por el caso Edu, en el que se malversaron unos 3.000 millones de euros a través de los cursos para desempleados en Andalucía. Le pisa los talones el sempiterno caso Malaya, que sacó del caudal público unos 2.400 millones y que, aún hoy, sigue vivo en el Tribunal Supremo, que hoy resuelve los 54 recursos contra el proceso de la trama centrada en el Ayuntamiento de Marbella.



Pero el último año descubre un nuevo protagonista en el podio: la justicia calcula que el clan de los Pujol ha blanqueado unos 3.000 millones de euros a través de las actividades inmobiliarias de uno de sus miembros, Oleguer Pujol, el más joven de los hijos del expresidente de Cataluña. Lo que comenzó a raíz de la 'herencia' no declarada de Jordi Pujol, ha dado paso a un complejo entramado de negocios con implicación de la Generalitat, toda vez que gran parte de los beneficios netos de algunos 'pelotazos' de la familia provienen de concesiones públicas.



Si la trama Gürtel copó cientos de telediarios al conocerse que 'robó' unos 220 millones de euros, la operación Púnica es una segunda entrega a la altura: según los cálculos judiciales, la trama de corrupción focalizada en Madrid y en torno al PP, podría haberse quedado con unos 500 millones de euros, más del doble que la operación en la que cayó el extesorero Luis Bárcenas.



A todo ello hay que sumar los 900 millones que, se calcula, se malversaron en el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, sin olvidar los papeles secundarios de Palma Arena, con 110 millones de euros, el caso Forcem, que se hizo con unos 100 millones, el caso Pretoria que afectaba a PSC y CiU y malversaba 45 millones y el caso Millet, valorado en 35 millones de euros.



Tú pierdes, yo gano



Esta década negra para la credibilidad y la integridad de la clase política española es también un periodo aciago para muchos colectivos profesionales y ciudadanos, que han sufrido, recorte tras recorte, en la misma medida de lo disfrutado por algunos de sus representantes. La corrupción se sitúa como una de las principales preocupaciones de los españoles en 2010, y desde entonces no desaparece del pedestal de los grandes males, junto a la situación económica y el paro.



Porque lo malversado por las grandes tramas podría haber servido para evitar, por ejemplo, los recortes en Sanidad y Educación desde que España abrazó la austeridad, unos 14.000 millones de euros. También duplica lo que el Estado dedica a infraestructuras en todo un año, unos 6.140 millones, y casi suple lo invertido en servicios públicos básicos a cargo de la Administración central, que requieren algo más de 16.000 millones de euros anuales.