La sentencia reversible del 'procés', con condenas recargadas para delitos rebajados, ofrece al Gobierno la capacidad de maniobra necesaria para ganarse el apoyo de Esquerra

La sentencia reversible del 'procés', con condenas recargadas para delitos rebajados, ofrece al Gobierno la capacidad de maniobra necesaria para ganarse el apoyo de Esquerra

Se eleva la protesta callejera a rebelión desarmada, pero también se degrada una declaración de independencia a algarada pseudofutbolística

Conviene refrescar de principio que el PSOE perdonó mediante indulto o amnistía a los golpistas del 23 F, además de no ejecutar su promesa de disolver la Guardia Civil en cuanto protagonista sobresaliente del golpe. Asimismo, Aznar indultó al ministro socialista Barrionuevo y a su número dos Vera, condenados por el secuestro de un ciudadano que nada tenía que ver con la actividad criminal. En fin, los acérrimos del Supremo han de recordar que solicitó solícito el indulto para Tejero.

Una vez desplegada la baraja de la historia, ya se puede concluir que el Supremo avala el pacto PSOE-Podemos. Las sentencias se pronuncian sobre personas concretas, pero su jurisprudencia no se ciñe al ámbito judicial. El año pasado, el pronunciamiento sobre la trama del caso Gürtel generó con su aleteo un tifón que liquidó al inquilino de La Moncloa. Ninguno de los participantes en aquel proceso, y mucho menos Rajoy, podían predecir el efecto destructivo de unos folios que repetían verdades cien veces publicadas sin gozar del mínimo impacto.

La historia no se repite, pero rima, y hasta Mark Twain aplaudiría la habilidad del Supremo en la redacción de las dos sentencias del procés. O de una sola, pero reversible. El diseño en principio pintoresco de condenas recargadas para delitos rebajados, ofrece al Gobierno en ciernes la capacidad de maniobra necesaria para ganarse el apoyo de Esquerra, porque no puede alterar las raíces pero sí los frutos del abigarrado texto. De las mentes jurídicas más preclaras del país ha emanado un pronunciamiento de lenguaje poco brillante pero evidente polifonía, porque castiga a la vez que perdona. La perspectiva adoptada por el tribunal contiene la admisión implícita de que abordaba un proceso político, algo que Inés Arrimadas considera una "infamia". Claro que según la náufraga de Ciudadanos, el país entero vive inmerso en la infamia universal historiada por Borges, a falta de decidir si esta degradación moral es la causante de las paupérrimas prestaciones de su partido.

Una sedición no es un golpe de Estado, aunque Cayetana Alvarez de Toledo martillee con esta tergiversación impropia de dirigentes políticos que en tan alta estima tienen al poder judicial. La última vez que se acusó a un colectivo de sedicioso se trataba de los controladores aéreos, tan alejados de la tropa de Tejero y Milans como los independentistas pacíficos. La lógica preocupación por la libertad de expresión analiza si el Supremo ha elevado la protesta callejera a sinónimo de rebelión desarmada. Sin embargo, también puede interpretarse como la degradación de una pomposa declaración de independencia a una algarada pseudofutbolística.

Según se percibió en las reacciones hostiles acompasadas de independentistas y constitucionalistas, la sentencia no solo era considerada injusta por ambos bandos, el clisé del árbitro culpable. Sobre todo, era denigratoria para cada una de las partes, que contemplaban el decaimiento de su guerra fratricida en pendencia vecinal. Este encumbramiento desdeñoso es habitual en las instituciones que se sienten infalibles, pero ahora favorece ¿casualmente? la viabilidad de que ERC apoye mirando a otro lado la coalición PSOE/Podemos. Los tres partidos disponen de un asidero común.

En un espejismo simétrico habitual entre los integristas, los españolistas creyeron que Marchena estaba a su servicio, y los abogados independentistas confiaban en que habían seducido al presidente de la sala de lo penal del Supremo. En realidad, Marchena solo trabaja para Marchena, y ha demostrado una notoria habilidad de cálculo. Ha replicado en diferido al condenado Jordi Sánchez, que sacó a coalición durante su declaración el Whatsapp del senador popular Ignacio Cosidó sobre un tribunal teledirigido desde el PP.

Marchena, en cuanto encarnación de la sentencia, demuestra a los partidos que no les teme mientra trabaja para que sigan necesitándole. Ningún ente judicial es más sensible a los vaivenes políticos que el Supremo. Con una condena por rebelión, aunque las penas fueran más atenuadas, la plasticidad de las formaciones a coaligar se vería comprometida. No es lo mismo indultar a golpistas que a sediciosos, la regla sirve a la hora de aliviar su régimen penal hasta los niveles ldeñaki Urdangarin. La segunda de las dos sentencias contiene unas penas desorbitadas, pero los magistrados han tendido las coartadas o lianas para mitigarlas. Las turbulencias con socios explosivos se prolongarán, pero la constitución del Congreso ya plasmó el martes acuerdos implícitos de los tres partidos involucrados. Sánchez sucumbió al día siguiente a la tentación de hablar, para dificultar de inmediato sus opciones de una investidura exprés.