El comisario de policía Andrés Gómez Gordo, imputado en el caso Villarejo por su presunta participación en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, ocupará en los próximos días la jefatura de una comisaría de distrito de Madrid. Señalado también como el supuesto autor del informe Pisa —acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima— contra el líder de Podemos, este mando policial recibirá en su nuevo puesto un incentivo de 13.000 euros anuales. Gómez Gordo participó en actividades de la denominada brigada patriótica cuando aún era asesor de la entonces presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. La brigada patriótica era un grupo de policías surgido durante la etapa del popular Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior supuestamente para actuar contra rivales políticos.

El comisario Gómez Gordo, destinado hasta ahora en la comisaría de Alicante como jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana, se presentó en noviembre al concurso de méritos convocado por la Dirección General de la Policía para cubrir 37 vacantes de comisario en diferentes plantillas de España. El presunto integrante de policía patriótica obtuvo la sexta mejor puntuación entre los candidatos y el pasado lunes su nombre apareció en la Orden General de la Policía entre los 12 adjudicatarios de una de las plazas. Otras 25 quedaron vacantes. Fuentes del Ministerio del Interior confirman a EL PAÍS el nombramiento, aunque no concretan qué comisaría pasará a dirigir.

Estas mismas fuentes reconocen que el nombramiento de Gómez Gordo ha provocado malestar en el Ministerio —cuyo titular, Fernando Grande-Marlaska, dio en abril por desmanteladas las llamadas cloacas del Estado—, pero admiten que se ajusta a la legalidad. Interior ya estudió hace meses suspender de funciones tanto a Gómez Gordo como al resto de agentes en activo imputados en el caso Villarejo, aunque la laxa normativa interna de la Policía Nacional impidió hacerlo pese a que, tras declarar en enero, el juez Manuel García-Castellón le retiró el pasaporte y le prohibió salir de España.

Una situación similar se había producido al poco de llegar Grande-Marlaska al Ministerio en 2018. Entonces se hizo efectivo el ascenso de Gómez Gordo a comisario que había conseguido durante la etapa del popular Juan Ignacio Zoido al frente de Interior. Los nuevos responsables de la Policía Nacional descubrieron la imposibilidad legal de evitar el ascenso, aunque dejaron abierta la puerta a revocárselo si finalmente era condenado. Interior también estudió retirarle la medalla pensionada que, como otros supuestos integrantes de la policía patriótica, recibió durante el Gobierno del PP. Por esta condecoración, Gómez Gordo ve incrementada su nómina en 1.800 euros al año de modo vitalicio.

La imputación de Gómez Gordo en el caso Villarejo se produjo después de que Sergio Ríos, chófer de Bárcenas y también imputado, lo señalara como la persona que lo captó como confidente de la llamada Operación Kitchen, cuyo objetivo era sustraer al extesorero del PP la información comprometedora para el partido que pudiera poseer. Entonces, Gómez Gordo —que anteriormente había trabajado para Francisco Granados en la Comunidad de Madrid— aún era asesor de María Dolores de Cospedal en el Ejecutivo de Castilla-La Mancha.

Este puesto lo abandonó poco antes de que, en 2015, Cospedal perdiera el Gobierno, tras lo que se reincorporó con el rango de inspector jefe a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, responsable de la lucha contra la corrupción. Más tarde, fue destinado a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), la estructura que albergó la brigada patriótica entre 2012 y 2016. El pasado octubre, otro policía imputado en el caso Villarejo, el comisario Enrique García Castaño, señaló a Gómez Gordo como el autor del informe que la policía elaboró en 2016 contra el líder de Podemos, cuyo contenido se demostró falso.