Un nuevo modelo de distribución directa, un modelo para combatir el contrabando. Así se vendió hace ya casi un año la idea de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), una forma de organización ideada por el Gobierno de Venezuela para llevar productos de primera necesidad como arroz, harina de maíz o aceite a cada venezolano, casa por casa. Después de haber probado con la compra por producto a la semana y por número de cédula de identidad, llegó esta nueva versión de la cartilla de racionamiento a la venezolana. Aunque la idea es que los alimentos lleguen a todos por igual, es imposible que escape al filtro de la politización, la corrupción y el desorden y la arbitrariedad.

Ya en origen, los CLAP están vinculados a los consejos comunales, una organización impulsada por el Gobierno para articular a las comunidades, así como a los Frentes de Batalla Bolívar-Chávez, unidades de acción electoral del PSUV, el partido del Gobierno. Los comités están integrados por miembros de ambos grupos y de la Unión Nacional de Mujeres.

La primera fase de los CLAP es el censo de la población de cada zona, a través de una planilla donde se pedía, entre otras cosas, el número de integrantes de la unidad familiar o el salario. Aquí aparece el primer freno y el primer sesgo. En Venezuela hay un especial recelo a dar demasiados datos personales, sobre todo si es a instancias gubernamentales.

"Me han discriminado cuando llega comida a los consejos comunales. Imagino que es por un tema político, porque siempre me dicen 'ahí va la escuálida (opositora)'"

Aurora María Alfonso (58 años), es una docente jubilada que vive en el estado Aragua. La planilla que le dieron para inscribirse tenía el membrete “Lucha social del Cuartel de la Montaña” y decidió no rellenar los datos. “En Aragua no tenemos el cuartel, me pareció sospechoso. Y yo no voy a venderme por una bolsa de comida. Ni en ese momento ni en ninguno me ha llegado la bolsa”, dice. Al no inscribirse también perdió otros derechos, como el de comprar en la bodega cercana a su casa “porque no estaba en la lista de los CLAP, a pesar de que ellos saben que soy de la comunidad”. Tuvo que pelear buen rato hasta que le dejaron comprar en la bodega, pero tampoco pudo adquirir lo que ella quería. “Te dan una bolsa, un pack que tienes que comprar en conjunto sí o sí. Queso para untar, un yogur que no me alcanza para nada, atún y jabón de ropa. Tuve que comprar todo eso para llevarme las dos harinas de maíz que venían en el combo”.

Otros sesgo es el ingreso que se tiene por hogar, tres salarios mínimos (Bs 121.914, 163 euros en la tasa oficial, 26 en la tasa en el mercado negro) para obtener la bolsa CLAP. En principio, parece lógico que sólo se distribuyan alimentos de primera necesidad a aquellas personas con bajos recursos y, por lo tanto, con un acceso más limitado. Pero hay productos que no se encuentran en los mercados, como la harina de maíz. Para adquirirlos hay muchos que acuden a los bachaqueros, el mercado negro, justamente aquello que el Gobierno quiere combatir.

Otros sí se encuentran, pero a precios que no todos se pueden permitir. Medio kilo de pasta corta puede costar hasta 4.500 bolívares, un 11% del salario mínimo (Bs 40.638. 54.52 euros si se calcula a la tas oficial, 8.46 euros si se hace al cambio paralelo). Según la Encuesta de Condiciones de Vida de Venezuela 2016 elaborada por las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar con una muestra de 6.400 hogares (28.000 personas en total),un 93,3% de los encuestados consideran sus ingresos insuficientes para ocuparse de la alimentación.

Desorganización y politización

La primera vez que la bolsa de comida llegó a la comunidad de Milvida Alcázar (46), en Mamera, al oeste de Caracas, no se la dieron. “Me han discriminado cuando llega comida a los consejos comunales. Imagino que es por un tema político, porque siempre me dicen “ahí va la escuálida” (opositora) y me exigieron llenar una planilla de 1 por 10 (se usa para movilizar gente con fines políticos) y no, a mí no me van a cambiar la mentalidad por comida ni voy a dejar de decir que soy opositora”. Después de mucho reclamo, de decir que iba a denunciar al comité CLAP, la recibió.

Quien sí llegó a la denuncia formal en la Defensoría del Pueblo fue Dinora Sosa, del municipio La Trinidad del estado Yaracuy por un caso que mezcla política con corrupción. Ella es integrante de Voluntad Popular y le suspendieron la venta de comida por no pagar un plus para su transporte. “Me negué, eso lo trae la alcaldía y no tengo por qué pagarles ningún flete. Somos muchas familias, y casa uno a 50 bolívares, imagina el pellizco que se llevan”. Cuenta que le dejaron de vender por orden de la misma alcaldesa “por reclamar que ellos deben garantizar la alimentación de uno”. Volvieron a venderle, pero denuncia que en su zona meten y sacan a familias del censo “para no darles comida. Atropellan a la gente como les da la gana”.

En la misma comunidad está Indira Martínez, que junto a Dinora fue a denunciar. “Nos restituyeron las bolsas por todo el escándalo que dimos. Han tratado de seguir amenazando a la gente, a otros que han pagado llevan más de 3 meses sin recibir nada. La gente no cuenta con comida para solventar y entregan lo que quieren. No hay un plan de alimentación efectivo”.

Además del sesgo político pareciera reinar el desorden en la distribución de la comida. Muchos de los entrevistados por El Confidencial dijeron haber sido censados, incluso haber recibido una bolsa, pero el gesto no se ha vuelto a repetir o no lo ha hecho con la regularidad prometida por el Gobierno de a dos semanas. Marina Daccille, vocera del CLAP de su zona, en Guatire, cuenta que lleva dos meses sin recibir este beneficio. “Tengo una hija de 14 años y un nieto de 5. La bolsa para dos meses no alcanza nunca. Cuando viene, a veces trae dos leches en polvo, cuatro harinas de maíz, cuatro de arroz, azúcar, margarina, salsa de tomate, jabón y aceite, pero no da”.

Venezolanos compran comida en Ciudad Bolívar, Venezuela, el 19 de diciembre de 2017 (Reuters).

Jorge Camperos, vecino de Altagracia y activista de Voluntad Popular, se inscribió en marzo del año para en el censo para recibir las bolsas. No fue hasta la última semana de noviembre que recibieron la primera. “No manejo casos de discriminación aquí, pero sí desorganización. Hay una zona en la que también llevan tres meses sin recibir nada”.

El presidente Nicolás Maduro dijo hace una semana que se deben aplicar los correctivos para la distribución de las cajas y bolsas CLAP. “Son la respuesta a una situación (…) La oligarquía le escondió los productos a los venezolanos. Vamos a llegar a 6 millones de hogares”. Desde hace unas semanas se está promoviendo a su vez el Carnet de la Patria, que el mandatario vendió como “el sistema que incrementará la eficiencia y permitirá darle más poder al pueblo”.

Otra de las quejas es el contenido de la bolsa CLAP. No contiene los mismos productos en cada entrega, ni siquiera coincide por zonas. Muchos no son nacionales. “La harina, el azúcar y la mayonesa eran de Panamá, el aceite de Argentina, una carne de res de Brasil. La bolsa que me dieron tenía 17 productos y sólo 2 eran venezolanos”, cuenta Jorge Camperos.

El dirigente opositor Henrique Capriles denunció que las cajas las compra el Gobierno a 10 dólares y que, por ejemplo, la harina de maíz es de México. “Cuesta cada una 0.60 dólares. Con lo que se paga por cada una se pudieran pagar 16 kilos de harina precocida nacional. Van a tener que rendirle cuentas a la justicia, en medio de esta hambruna se están llenando los bolsillos”, denunció.