No lleva ni un año en el cargo, pero el ministro de Educación, José Ignacio Wert (Madrid, 1950), sociólogo y licenciado en Derecho, de condición polemista y provocador, ha logrado desviar la atención de uno de los grandes problemas de este país: la elevadísima tasa de abandono escolar, del 26,5%, y los mediocres resultados de los alumnos españoles en las pruebas internacionales. Con sus declaraciones altisonantes —“Hay que españolizar a los alumnos catalanes”, llegó a decir—, con una reforma ideológica que ha herido la sensibilidad de los catalanes y satisfecho a los obispos, casi nadie se acuerda de que en 2013 habrá 6.300 millones de euros menos para educación que en 2010 ni de una reforma educativa que cambia la arquitectura del sistema, los contenidos curriculares y marea otra vez a directores de centros, profesores, padres y alumnos. Siete leyes, siete lleva ya España en democracia desde la LOECE de UCD, en 1980. Wert, políglota y hábil conversador, tiene respuestas para todo. O casi. En las cuestiones espinosas mira de reojo a sus colaboradores o recurre al comodín del off the record. Desde su despacho, con vistas a la calle de Alcalá, puede contar cuántos se manifiestan en Madrid contra su política educativa.

Pregunta. Antes de ser ministro habló de “un gran acuerdo nacional” para atajar el fracaso escolar. ¿Sigue dispuesto a un pacto?

Respuesta. Claro que sí, no he hecho otra cosa desde que soy ministro con el éxito que está a la vista. La mayor parte de los países con sistemas educativos de éxito han sido capaces de pactarlos. Lo que tampoco me parece es que ahora se pida como conditio sine qua non para hacer una reforma, cuando hasta ahora todas se han hecho sin pacto y las únicas leyes que han estado en vigor son las socialistas. Coincido en que la inestabilidad legislativa por los cambios de Gobierno es mala para el sistema, pero hay matices. Es muy importante que quede a resguardo la arquitectura, pero hay otros aspectos en los que el no acuerdo no es tan disruptivo. He hablado privadamente con el PSOE y con otros partidos, para intentar, al menos, un acuerdo parcial, que sería mejor que ninguno.

P. Pero ahora mismo no hay acuerdo en nada ni con nadie.

R. Ahora mismo no hay acuerdo ni tampoco ley.

P. Pero hay un borrador sobre el que hay un monumental desacuerdo.

R. Pues no estoy muy de acuerdo con eso. Yo diría que pocos de los debates abiertos tocan a lo más medular.

P. No hay acuerdo sobre el catalán, no hay acuerdo sobre…

R. Es que el tema catalán como tema no existe en el borrador de anteproyecto. Hay solo medidas sobre el uso de lenguas cooficiales. Hay algo raro cuando ni en el País Vasco, ni en Galicia, ni en la Comunidad Valenciana, ni en Baleares han planteado el menor problema.

P. Porque los modelos que existen son distintos.

R. Pues también a lo mejor eso es digno de reflexión.

P. El anunciado recurso al Constitucional indica que su explicación de esta semana no ha convencido a los catalanes.

R. Me encanta que digan que van a llegar al Constitucional porque si eso quiere decir que van a acatar lo que diga el Constitucional respecto a la cuestión lingüística en la educación, supondrá un cambio importante; hasta ahora no se ha puesto en práctica.

“No, no creo que los alumnos catalanes olviden el castellano”

P. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que se trata de garantizar “el derecho de los padres a elegir la educación que reciben sus hijos”. Pongamos que un vasco trasladado a Madrid quiere escolarizar a su hijo en euskera, lengua cooficial, ¿se le garantizará ese derecho?

R. Evidentemente no, el marco lingüístico constitucional es muy claro. Las lenguas cooficiales distintas de español lo son solo en su respectivo territorio.

P. Le negamos entonces ese derecho a un padre por haber nacido en un sitio distinto.

R. Es que no está bien planteado. Lo que se desprende de la definición de la cooficialidad es que tiene límite territorial.

P. ¿En Cataluña está excluido el castellano?

R. Hay gente que cree que tiene una presencia insuficiente y la Generalitat dice que es suficiente. Nosotros nos limitamos a plantear en la ley lo que el Constitucional ha dicho, que es que el hecho de que el Estatut determine que el catalán sea la lengua generalmente utilizada en el aprendizaje no puede impedir que también lo sea el castellano.

P. ¿A cuántos padres afecta?

R. No quiero entrar en esa discusión. Nunca el número es un problema. Hablamos de derechos y libertades. Según la Generalitat, son apenas una docena; según otras organizaciones, muchos más. Es irrelevante. No estoy objetando el sistema de inmersión.

P. Se está poniendo como materia de especialidad una lengua que es de convivencia en Cataluña.

R. Eso no tiene nada que ver con la realidad. El borrador establece que el tratamiento de la lengua cooficial será el mismo a efectos de carga horaria. En lo que a nosotros corresponde en cuanto a evaluación de las que dan derecho a título, ESO y Bachillerato, tendrá la misma ponderación que el castellano solo que como la competencia es de la comunidad será ella la que fije el contenido e integre su evaluación en la general. Lo que no podemos es llamar troncal a una materia que no se imparte en todo el Estado.

P. ¿Si se fuera a Francia escolarizaría a sus hijos en francés?

R. Lo que yo hiciera como opción personal me parece que es ampliamente irrelevante. Pero sí, me gustaría que aprendieran francés y que no olvidaran el español.

P. O sea, que cree que hay alumnos catalanes que lo olvidan.

R. No, no lo creo. El castellano tiene una presencia osmótica en cualquier región de España.

P. En las últimas comparecencias ha repetido que no hay líneas rojas. ¿Está dispuesto a eliminar esta parte que tiene que ver con el régimen lingüístico?

R. Creo que no se debe quitar, porque hay un mandato del Tribunal Constitucional.

P. También hay un mandato del Supremo para no dar subvenciones a los colegios que segreguen por sexo y, sin embargo, lo que han hecho ha sido blindarlos para que puedan hacerlo.

“La tolerancia hacia fenómenos como la homosexualidad tiene que enseñarse”

R. No. España suscribió en 1969 un convenio de la Unesco del año sesenta contra la discriminación en la enseñanza que explicita que, en el caso de centros o sistemas en los que se ofrezca educación separada y esa oferta no suponga que cualquiera de los dos géneros recibe un trato más favorable que el otro en cuanto a la posibilidad de elegir educación no debe considerarse como discriminatorio. La cuestión es que el Supremo no entra en el fondo del asunto pero dice que la redacción de la LOE impide subvencionar esa educación. Si fuera discriminatoria, el problema no sería subvencionarla sino tolerarla. En cualquier caso, dejo a la Administración correspondiente libertad para concertar o no.

P. Ha blindado estos centros.

R. No voy a seguir por ahí, pero no.

P. El catalán, la protección de los colegios que segregan por sexo, la religión. Defienda que esta no es una reforma ideológica.

R. El 95% del contenido de esta reforma está orientado a la mejora de la calidad. Evidentemente, determinada decisión sobre la religión, la educación diferenciada… está enmarcada en unos determinados supuestos ideológicos como las contrarias también lo están en otros. No pretendo que la educación sea un mundo que pueda quedar al margen de cualquier supuesto ideológico. Pero esta reflexión hay que incardinarla también en lo que han hecho otros Gobiernos y en las obligaciones. En el caso de la religión católica estamos hablando de que hay un tratado internacional de 1979 que cumplir, aunque por su propia definición, los tratados no son eternos, se pueden revisar.

P. ¿Por qué tiene que estar la religión en la escuela?

R. La verdad, por… No creo que sea dogma de fe que la religión tenga que estar en la escuela. Es una opción política, es una opción política hasta ahora invariablemente mantenida por los sucesivos Gobiernos.

P. ¿Qué se va a impartir en la asignatura alternativa?

R. Es prematura la pregunta porque aún no están hechos los currículos, pero la idea general es dos asignaturas en que se hable de culturas y de valores.

P. ¿Y un padre por qué tiene que elegir entre religión o valores sociales y culturales?

R. No sé contestar muy bien a esa pregunta. Tiene que haber una zona de intersección entre las dos. Lo importante es que, según esos acuerdos, el lugar de la religión está en la optatividad pero que la optatividad tiene que tener algo de contenido y lo que se llama una asignatura espejo.

P. Ustedes eliminaron las referencias a la homosexualidad cuando se plantearon una alternativa a Ciudadanía. Ahora el Constitucional equipara el matrimonio homosexual. ¿Se incluirá como contenido?

R. No puedo contestar porque un ministro no entra a detallar tanto un currículum. Pero creo que la tolerancia hacia fenómenos como la homosexualidad tienen que ser enseñados como un valor social de forma transversal.

P. ¿Cuánto han influido los obispos en esta reforma?

R. Los obispos no han influido nada. A ver, tienen sus intereses y los comunican. Luego, las decisiones se toman conociendo la posición de los sectores que tienen más intereses en la cuestión.

P. ¿Qué se ha aceptado de esos sectores y qué no?

R. Eso pertenece al secreto de sumario.

P. El sector se ha lanzado en bloque a la calle en contra de los recortes y de la reforma y la jerarquía eclesiástica no lo ha hecho.

R. No son muy dados a manifestarse.

P. Lo han hecho contra el matrimonio gay, durante la tramitación de la LOE...

R. A lo mejor es que ya les fatiga la calle.

P. Ellos y la concertada están contentos.

“No negaré que los recortes perjudican la atención al alumno con dificultades”

R. No estoy tan seguro. Primero tengo que decir que la concertada es un invento socialista. La convivencia entre la pública y la concertada es una de las cosas que mejor ha funcionado en este sistema educativo. Y me gustaría que siguiera siendo así. Y para eso es sanísimo que haya emulación, comparabilidad y competencia, sobre todo para la pública.

P. ¿En qué sentido?

R. La OCDE lleva años diciendo —y se ha visto con las academies de Londres— que la autonomía de los centros es esencial para el éxito escolar. Les permite desarrollar un proyecto pedagógico propio, especializarse y eso es bueno siempre que no vaya en detrimento de la equidad. Es decir, no hagamos unos centros de primera y otros de segunda.

P. ¿Nos podemos permitir recortes con un 26,5% de abandono escolar y los mediocres resultados de nuestros alumnos?

R. En 2000, que hubo PISA, había un gasto educativo de 27.000 millones de euros y en 2009, de 53.000 millones. Se dobla la inversión y el resultado en PISA es peor. Además, los últimos datos dicen que España está por encima de la media de la OCDE en inversión por alumno. Por otra parte, en los años en los que ha bajado la inversión se ha reducido el abandono en cuatro puntos. Y no lo digo como mérito propio. El abandono entre 2003 y 2007 tiene que ver con el ladrillo.

P. Pero desde 2010 hemos perdido 6.300 millones de inversión. ¿Niega que vaya a afectar a la calidad de la enseñanza?

R. Sería una simpleza decir que los recursos no importan. Pero no tiene que haber una relación lineal entre la caída de la inversión y los resultados.

P. Lo están pagando ya los más débiles.

R. Procuramos que no sean los más débiles. La única partida en la que no ha habido recortes es la de becas y ayudas generales, las de contenido social estricto.

P. Han suprimido en 2013 el dinero de los PROA (programas de refuerzo, orientación y apoyo) para atender a los alumnos con necesidades especiales. ¿No son una prioridad?

R. No es que sean una prioridad, son la prioridad.

P. Pues no se plasma presupuestariamente.

R. Relativamente. Los programas de cooperación territorial que se pudieron salvar en 2012 eran básicamente los que tenían que ver con esa prioridad y con el abandono escolar temprano. No negaré que hay una dificultad.

P. También han caído las ayudas para libros o para comedor.

R. Los libros de texto son carísimos. Hay que buscar alternativas. La mochila digital permite los mismos o más contenidos. Las autonomías han recortado y soy solidario con ellas. Hoy [el viernes] se ha aprobado en el Consejo de Ministros lo que se ha podido. Son 30 millones para libros que comparan horriblemente con los 90 que había, lo reconozco.

P. ¿En qué no puede recortarse?

R. En lo que sea fundamental para la equidad, como becas y ayudas generales. Pero también hay que racionalizar el sistema y buscar mayor compromiso de la sociedad. Al mecenas anglosajón le resulta natural dar su nombre a unas becas y aquí es más raro. Me gustaría llegar, además, a un acuerdo para distribuir la inversión educativa con el principal partido de la oposición. España tiene una pirámide educativa mal formada: hay una base estupenda —escolarización a los tres años—, pero también una desproporción sin parangón de dos tercios a un tercio entre Bachillerato y FP. Hay 1,5 millones de estudiantes de grado y menos de 300.000 en FP. Debemos ver cómo introducir más equidad.

P. ¿En qué sentido?

R. En las tasas universitarias, la equidad funciona al contrario de lo que se piensa. La educación universitaria es un bien social. Un país se sitúa en mejor posición cuanto más talento con formación superior tiene, pero el 30% es beneficio social y el 70% individual. A lo mejor el correlato de eso es que los recursos públicos paguen el 30% y los beneficiarios el 70%. Hablo de ejemplos teóricos. Ahora mismo la mayor parte del coste de la universidad recae sobre los presupuestos públicos. Y las tasas son iguales para personas de renta muy alta y el resto.

P. La subida de tasas (66% de media) y el endurecimiento de los requisitos para las becas dejará a entre el 15% y el 20% de los alumnos sin becas, según los rectores. ¿Dispone de datos?

R. Nuestra hipótesis es que no van a disminuir. Y no se ha producido el descenso de matrícula que preveían.

P. Los rectores replican que el número de alumnos es similar pero se matriculan de muchos menos créditos. ¿Se está condenando a los estudiantes a alargar sus años de carrera?

R. En el Plan Bolonia, 60 créditos por curso es el estándar. Si un alumno se matricula de menos es porque cree que no va a aprobarlo y, como se ha endurecido el precio de la segunda matrícula, quiere ir sobre seguro.

P. Es posible que no lo puedan pagar. El precio de algunas matrículas se ha doblado.

R. Eso es imposible. Cataluña y Madrid son las que más han subido, pero no se ha doblado. El estándar es que antes 60 créditos costaban 920 euros y ahora 1.600 en esas comunidades. En otras, la media de subida no llega al 20%, ha sido mucho más baja de lo que se dijo.

P. ¿El sistema de tasas está sujeto a correcciones?

R. Claro. Ahí podemos compartir una reflexión con las comunidades autónomas en función de la experiencia que supone este primer curso. Habría que buscar un procedimiento. Si es homogéneo, mejor. Hay modelos con un sistema progresivo en función de las rentas que es muy sensible socialmente y atempera la intensidad de la subida a la renta familiar. Eso estaba al alcance de todas las comunidades, pero solo lo ha hecho Cataluña. Para que se vea cuán objetivo soy, diré que es quien mejor lo ha hecho.