El 27 de enero, en la ‘Atenas de Sinaloa’ —como recordó Beatriz Gutiérrez que le llamaban a Mocorito—, el escritor y director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, definió el objetivo de la nueva Estrategia Nacional de Lectura: Haremos una gran república de lectores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó por qué era fundamental lograr este objetivo: el nuevo gobierno buscaba el bienestar del alma. En el evento público incluso se delinearon tres ejes rectores de la Estrategia: enfocarse en los niños y adolescentes como lectores, que los libros tengan precios más accesibles, y fomentar la lectura mediante una campaña de comunicación en medios.

Sin embargo, la Estrategia Nacional de Lectura no existe.

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Al solicitar vía transparencia “el documento completo, metas, objetivos, población a la que va dirigida, presupuesto planeado para operar, plan de trabajo y de implementación”, la Secretaría de Cultura reconoció que el gobierno federal no cuenta todavía con la Estrategia.

“El área que está elaborando el documento formal de la estrategia es la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México”, señaló el 28 de marzo en respuesta a una solicitud de información.

“Dicha Coordinación se encuentra adscrita directamente a la Oficina de Presidencia de la República y no a esta Secretaría de Cultura, por lo que, con el fin de que pueda tener acceso a la información que requiere, se sugiere ingresar una nueva solicitud de información ante dicho sujeto obligado”, añadió.

También se consultó a Comunicación Social del Fondo de Cultura Económica, pero la respuesta fue que esa dependencia no es quien encabeza el plan, sino —como dijo la Secretaría de Cultura— la Coordinación Nacional de Memoria Histórica, adscrita a la Presidencia.

Sin embargo, la Oficina de Presidencia declaró que no es competente para atender la solicitud de información sobre la Estrategia Nacional de Lectura ni sobre los planes de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica. Además, justificó que no tiene obligación legal de contar con documentos sobre lo que diga el presidente.

La Oficina de la Presidencia concluyó su respuesta diciendo que para conocer la Estrategia Nacional de Lectura es necesario realizar solicitudes de información y consultar a la Secretaría de Cultura, el sujeto obligado —dijo— a cargo de esos datos.

Pero este no es el único caso de programas o estrategias presentados por el presidente López Obrador o algún integrante del gobierno federal que resultan en “inexistencia” de información oficial que sustente qué son, cómo van a operar o el presupuesto asignado.

El principal argumento de la Oficina de la Presidencia es que si bien López Obrador habla de programas ante la opinión pública, no existe obligación de tener documentación al respecto.

“No existe disposición jurídica que imponga el deber a este sujeto obligado de contar con los insumos o el soporte documental sobre los temas tratados en discursos y mensajes públicos del Titular del Ejecutivo Federal”, señaló citando una resolución de 2013 del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI, entonces IFAI).

Plan para contratar de base a los trabajadores de Salud

El 27 de enero en Guasave, Sinaloa, López Obrador dijo que había en todo el país 80 mil trabajadores del sector Salud —contratados como eventuales o por honorarios— que serían regularizados durante su sexenio, y lo repitió cinco días después en su conferencia mañanera.

“A mediados de este año empieza un plan en el noroeste para regularizar a todos los trabajadores del sector salud”, dijo el 1 de febrero.

En respuesta a solicitudes formales hechas a la Secretaría de Salud y Presidencia para conocer ese plan, el gobierno reconoció que no existe todavía ni tiene los datos sobre dónde están o en qué áreas emplean a esos supuestamente 80 mil trabajadores eventuales.

“La Unidad de Administración y Finanzas y la Dirección General de Coordinación de Proyectos y Operación declararon no contar con la información descrita en el Antecedente I del presente escrito; toda vez que ésta no obra en sus archivos, en consecuencia, se declarar formalmente la inexistencia de la información solicitada”, respondió Salud el 6 de marzo.

Confirmó posteriormente que la declaratoria de inexistencia era tanto para el plan de basificación como para la información sobre los trabajadores eventuales.

Por su parte, la Oficina de Presidencia se declaró incompetente para atender la solicitud, a pesar de que su Reglamento, en el Artículo 18, fracción VII, establece como una de las funciones de la Coordinación de Comunicación Social “ampliar y, en su caso, precisar la información relacionada con los posicionamientos del Gobierno Federal”.

Tras un recurso de revisión ante el INAI, se deslindó de la obligación de tener sustento documental sobre los anuncios del presidente, y agregó que “dicha información está relacionada con un acto que aún no se ha llevado a cabo, y por lo tanto, aún no ha sido generada la información requerida”.

Programa para Alto Golfo y vaquita marina

A pesar de que el gobierno federal presentó en marzo pasado un programa de pesca sustentable para el Alto Golfo de California que busca desarrollar la región y proteger a la vaquita marina, cuatro dependencias clave de esta estrategia indicaron que no cuentan con información sobre el proyecto.

Al solicitarles datos sobre metas, acciones, costos y beneficiarios de este nuevo programa en el Alto Golfo de California, las dependencias señalaron no tener información al respecto y se limitaron a dar cifras o documentos de años anteriores relacionados con la conservación de la vaquita marina.

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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la principal encargada de este programa, respondió mediante la Comisión Nacional para el Conocimiento y Usos de la Biodiversidad (CONABIO) que “no posee información sobre el Programa Integral para la Sustentabilidad Pesquera en el Alto Golfo de California”.

En cambio, sugirió solicitar la información a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y a la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

En esas dependencias las respuestas también fueron negativas. La Conanp entregó el 21 de marzo una respuesta en la que declaró “inexistente la documentación relativa a lo requerido” y dijo que no contaba con datos vinculados. Esto pese a que fue una de las dependencias que presentaron el programa.

La Sader, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca dijo que “en los archivos físicos y digitales de esta Dirección General, no obran información requerida por el solicitante” y se declaró incompetente para entregar la información solicitada. Incluso, detalló que esto le correspondía a Semarnat.

Comunicación Social de la Sader rechazó, además, dar una entrevista o detalles del programa.

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El Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) también se deslindó de dar información al respecto, pese a estar involucrada en la nueva estrategia del gobierno federal, y solamente sugirió consultar a la Secretaría de Medio Ambiente.

De acuerdo con el gobierno federal, en este programa también participa la Marina, las secretarías del Bienestar, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, así como los gobiernos de Baja California y Sonora. Pero las que encabezan el plan no cuentan con información al respecto.

Plan DN-III para pipas de gasolina

Ante el problema de desabasto de combustible que se vivió en diciembre y enero pasados como parte de la estrategia contra el robo de hidrocarburos, López Obrador anunció el 18 de enero la compra de al menos 500 pipas (sin licitación de por medio), para trasladar gasolina, y la contratación de dos mil conductores.

El manejo de las pipas y la capacitación de los conductores estarían a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como parte de una activación del Plan DN-III. Sin embargo, a una solicitud de información, el Ejército respondió que no tenía documentos sobre la activación y la aplicación del plan.

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El Plan DN-III se activa, a solicitud del presidente, ante casos de desastre, agentes “perturbadores” de origen natural o resultado de la actividad humana, que causan daño y rebasan la capacidad de respuesta de una comunidad, por lo que los militares acuden a brindar auxilio a la población.

Entre los desastres que pueden atenderse, está el de “desorganización de los servicios públicos”, que afecte entre otras situaciones el abastecimiento de combustibles.

Animal Político pidió a la Defensa el 22 de enero vía transparencia “copia de la solicitud o documento con el que la Sedena activó el Plan DN-III, para el abasto de combustible en el país y del que ha hablado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en sus conferencias matutinas”.

En una conferencia de prensa posterior, el 21 de febrero, el titular de la dependencia, Luis Cresencio Sandoval, confirmó que el Plan DN-III se había activado desde el 17 de enero.

En la respuesta a la solicitud de información, con fecha del 5 de marzo, la Secretaría respondió que no tenía algún documento que confirmara que se había activado el plan de emergencia.

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“Se hace de su conocimiento que después de haber realizado una exhaustiva búsqueda de información en el Estado Mayor de la Defensa Nacional, no se localizó ningún documento que pueda dar respuesta a su requerimiento, respecto a que esta Secretaría de Estado haya activado el plan DN-III E, para el abasto de combustible en el país”, indicó la Defensa Nacional.

¿Quién recluta migrantes para la Caravana?

El pasado 28 de febrero, en una reunión en Washington con autoridades estadounidenses, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, responsabilizó a la organización civil Pueblo Sin Fronteras de reclutar migrantes centroamericanos para las caravanas que atraviesan México y que buscan llegar a la frontera norte con Estados Unidos.

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Después, en una entrevista radiofónica el 1 de marzo, en el programa de Denise Maerker, la secretaria de Gobernación dijo incluso que tienen “pruebas demoledoras” acerca de que la participación de Pueblos Sin Fronteras en el reclutamiento masivo de migrantes.

“Tenemos muchísimos elementos. Pero, por razones de privacidad, prefiero no dar los datos concretos. Pero las evidencias que tenemos son demoledoras”, recalcó Cordero, quien también señaló que este presunto reclutamiento se hace a través de engaños para que las personas migren en caravana y no de manera “ordenada, segura y regular, como pretende el Gobierno mexicano”.

Animal Político solicitó vía transparencia a la Secretaría de Gobernación cualquier prueba documental, esto es, fotografías, documentos, videos, etcétera, que sustente la participación de Pueblos Sin Fronteras en el reclutamiento de migrantes.

La Segob turnó la solicitud a dos instancias que dependen de ella.

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Una fue la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM); la cual, al ser una instancia cuyo foco principal de trabajo no es la migración, contestó que, por obvias razones, no cuenta con la información.

“No se cuenta con la información solicitada respecto a documentos, etc, que pruebe el dicho de la Secretaria de Gobernación acerca de que la organización Pueblos Sin Fronteras es la que organiza las caravanas migrantes que acceden a México”, respondió.

Y la otra fue la Unidad de Política Migratoria, que, si bien sí tiene competencia en el tema migratorio, contestó que tampoco cuenta con información al respecto.

“La Unidad de Política Migratoria no hace el seguimiento de organización de la sociedad civil alguna, ni tampoco recaba o documenta la actuación de ninguna de ellas”, puntualizó la Unidad de Política Migratoria.

Ante estas respuestas de la Segob, Animal Político buscó, a través de comunicación social de la dependencia, una postura o comentario. Pero no hubo respuesta.