Mediante la más reciente resolución sobre Venezuela, asumida por el Consejo el 06NOV18, la UE extendió por un año la prohibición de venta de armas al gobierno de Maduro y renovó las sanciones individuales impuestas a dieciochos jerarcas del régimen chavista señalados por violaciones de Derechos Humanos.

Cancillerías de Latinoamérica y Europa sopesan las opciones de proceder al cierre de sus respectivas Embajadas o el retiro de sus Embajadores en Caracas el 10ENE19. En medios diplomáticos en Venezuela y Bruselas, sin embargo, se pone en duda que los gobiernos europeos cierren sus embajadas en Caracas, por lo que el debate en la UE se centra en precisar la forma institucional de expresar el no reconocimiento a un nuevo gobierno de Maduro.

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Tres jueces fueron designados para iniciar un proceso penal contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Mediante comunicación suscrita por el juez Chile Eboe-Osuji quien preside la CPI, fueron designados los jueces Péter Kovács de Hungría, el francés Marc Perrin de Brichambaut y la beninesa Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou quienes conforman la Primera Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI. El juez Marc Perrin de Brichambaut es a su vez el Segundo vicepresidente de la CPI y encabezó hasta marzo pasado la sección de Salas de Cuestiones Preliminares. La asignación del caso a una sala de cuestiones preliminares fue consecuencia directa de la solicitud realizada por seis gobiernos americanos.

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El 26SEP18 el primer ministro Justin Trudeau y los presidentes Mauricio Macri, Iván Duque Marquez, Sebastián Piñera, Mario Abdó Benítez y Martín Vizcarra en nombre de Canadá y de las repúblicas de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú invocaron el artículo 14 del Estatuto de Roma que norma el funcionamiento de la Corte Penal Internacional. El artículo 14 faculta a “todo Estado Parte” a “remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte”.

Mediante una comunicación que fue entregada el 27SEP18 en la sede de la CPI en La Haya, Países Bajos, los seis países solicitaron a la Fiscal de la CPI, la gambiana Fatou Bensouda, “iniciar una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad que habría tenido lugar en Venezuela bajo el gobierno del Presidente Nicolás Maduro, a partir del 12 de febrero de 2014, con el fin de determinar si una o más personas específicas deben ser acusadas por la comisión de tales crímenes”. La llegada de la carta a manos de la Fiscal activó las normas 45 y 46 del Reglamento de la CPI. El mismo día 27SEP18, la fiscal Bensouda informó por escrito al presidente de la Corte sobre el contenido de la correspondencia recibida. El 28SEP18, el Presidente de la CPI, el nigeriano Chile Eboe-Osuji, emitió su decisión de remitir a la Primera Sala de Cuestiones Preliminares el caso enunciado como “Situación en la República Bolivariana de Venezuela”.

En su informe anual publicado el 05DIC18, la fiscal Fatou Bensouda aseguró que su oficina “continuará su evaluación de la información disponible para llegar a una determinación sobre si hay una base razonable para creer que los presuntos crímenes corresponden a la materia competencia de la corte” (…) y “continuará registrando denuncias de delitos cometidos en Venezuela [desde el 12FEB14] en la medida en que puedan entrar dentro de la jurisdicción de la corte”.

Hasta la remisión del caso venezolano a la Sala de Cuestiones Preliminares el 28SEP18, la investigación de las denuncias sobre delitos en lesa humanidad en Venezuela estaba solamente en manos de la fiscal Bensouda. Ahora el caso venezolano ha escalado dentro del proceso penal internacional al involucrarse un cuerpo de jueces que deberá solicitar la información acumulada por la Fiscalía, pronunciarse sobre la admisibilidad de la denuncia presentada y decidir si existen méritos para iniciarse el juicio. La Sala de Cuestiones Preliminares no emite sentencias pero una conclusión suya sobre la existencia de méritos para abrir un juicio implica la existencia de pruebas contundentes.

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La “nueva derecha” brasileña y el uribismo colombiano tienden puentes para conformar lo que califican como una alianza conservadora en Latinoamérica. El actual diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente electo Jair Bolsonaro tras una intensa gira por Washington, Nueva York y Miami, aterrizó en Colombia el 02DIC18.

El programa de Eduardo Bolsonaro en Colombia arrancó en el departamento de Antioquia donde llegó para sostener una reunión con el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez en su residencia de Medellín. Uribe y Bolsonaro habrían intercambiado posiciones sobre temas de seguridad en el escenario político continental. Poco después Bolsonaro viajó a Bogotá para una serie de encuentros con la cúpula uribista incluyendo una conferencia en la conservadora Fundación Mariano Ospina Pérez. La senadora Maria Fernanda Cabal y su marido José Félix Lafaurie quien ejerce como Presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Colombia, fueron anfitriones de una recepción para Bolsonaro. El enviado de Jair Bolsonaro fue recibido en el Palacio de San Carlos por el ministro de Relaciones Exteriores Carlos Holmes Trujillo el 03DIC18 y visitó el Ministerio de Defensa de Colombia donde fue atendido por la viceministro Diana Abaunza. El 04DIC18, Iván Duque recibió en el presidencial Palacio de Nariño a Bolsonaro en lo que pareciera los adelantos de una inusual alianza entre los gobiernos de Brasil y Colombia que podría impactar en el ajedrez político del continente.