Una administración a la que le restan seis meses de vida y que ya sabía que iba a tener que entregar el poder a Morena, siguió dando obra para ciertos grupos empresariales que fueron los consentidos de todo el sexenio peñanietista. Así, el domingo 1, mientras millones de ciudadanos votaban por López Obrador, entraron en vigor contratos otorgados por la SCT por un monto de 24 mil 37 millones de pesos.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El domingo 1, mientras más de 30 millones de mexicanos elegían presidente a Andrés Manuel López Obrador, entraron en vigor contratos para el mantenimiento de cuatro tramos carreteros durante los próximos 10 años, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó a consorcios formados por algunas de las empresas más beneficiadas durante el sexenio de Peña Nieto.

Los contratos, que abarcan la “prestación de servicios” en tramos carreteros de Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potosí y la Península de Yucatán, representaron un costo de 24 mil 37 millones de pesos y beneficiaron, entre otros, al empresario petrolero Ramiro Garza Cantú, también dueño del periódico La Razón, así como a Alejandro Calzada Prats – hijo del priista tabasqueño Feliciano Calzada Padrón, otrora secretario particular de Roberto Madrazo Pintado–, a Jorge Miguel Melgarejo Haddad y a Víctor Ortiz Ensástegui.

Antes de obtener el contrato para la conservación del tramo Matehuala-San Luis Potosí –por 5 mil 530 millones de pesos–, la constructora Omega, de Melgarejo, ya había sido beneficiada con más de 22 mil millones de pesos en la administración de Enrique Peña Nieto, mediante contratos de obra en megaproyectos como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y el desastroso proyecto del Tren Interurbano México-Toluca, que ya costó 50% más de lo planeado y aún no entra en operación.

Calzada Construcciones y Dragados del Sureste, de Calzada, también obtuvieron contratos para el NAIM y, junto con el de 4 mil 389 millones de pesos para el mantenimiento del tramo carretero Mérida-Campeche, ganaron más de 3 mil millones de pesos en obra pública durante el sexenio.

En los últimos meses Víctor Ortiz Ensástegui, dueño de Impulsora de Desarrollo Integral y Gami Ingeniería, obtuvo dos jugosos contratos: el de la conservación de la carretera Arriaga-Tapachula, por 9 mil 639 millones de pesos, y la construcción de un morro rompeolas en Campeche por 92 millones de pesos. Estos contratos se suman a los más de 2 mil 255 millones de pesos que obtuvo el empresario durante el sexenio.

Para diseñar los “esquemas de licitación” y realizar el proceso de adjudicación de los contratos de mantenimiento de los tramos carreteros, la SCT –a cargo de Gerardo Ruiz Esparza– tuvo la asesoría del influyente bufete Kuri Breña, Sánchez y Aznar, S. C., cofundado en los noventa por Daniel Kuri Breña Romero de Terreros, primo de José Antonio Meade Kuribreña, fracasado candidato del PRI a la Presidencia.

Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2177, ya en circulación.