El gobierno federal entregará un millón de créditos para microempresas familiares, pero el principal requisito es haber sido incluido en el Censo del Bienestar, un ejercicio estadístico hecho por el Coordinador General de Programas para el Desarrollo de Presidencia, Gabriel García Hernández, desde la transición y del que hasta el momento no ha hecho pública la metodología aplicada ni los datos obtenidos.

El censo fue levantado durante seis meses entre 2018 y 2019 para elegir a los beneficiarios de los programas sociales, la principal estrategia de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y los encargados de aplicar los cuestionarios fueron los llamados “servidores de la nación”, que habían sido promotores del voto de Morena durante la elección de 2018, coordinados también por García Hernández.

En dicho censo, según informó García Hernández en conferencia de prensa el viernes, se preguntó si requerirían algún crédito para negocio. Quienes respondieron que sí entonces, ahora están siendo contactados vía telefónica para ser los beneficiarios de un crédito de 25 mil pesos como parte de la ayuda a microempresas ante COVID-19.

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Esta es la principal medida para apoyar a los pequeños comercios como tienditas, fondas, estéticas, papelerías y trabajadores informales, los que hasta el momento no habían sido incluidos entre las ayudas económicas ante la parálisis de movilidad para contener la propagación de la pandemia.

Pero no habrá una ventanilla para que cualquier afectado pueda solicitar el crédito que se pagará a 33 meses, sino que el primer criterio de elegibilidad es “ser parte del Censo para el Bienestar, preferentemente”, y sólo “en caso de existir disponibilidad presupuestaria, podrá atenderse a Personas Microempresarias no incluidas en el Censo del Bienestar”, dicen los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Este criterio “atenta contra los derechos, porque si por alguna razón no llegaron a censarte, y más con la sospecha que no hubo una buena metodología, atenta más al excluir a quienes no están censados”, asegura Máximo Jaramillo, especialista en desigualdad y política social e integrante de Gatitos Contra la Desigualdad, uno de los proyectos del Instituto de Estudios Sobre Desigualdad, A.C (INDESIG).

Además, agrega, la falta de transparencia impide conocer la metodología de un ejercicio estadístico que podría ser vigilado externamente, como ha ocurrido con otros programas como la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la principal estrategia en materia social del presidente Enrique Peña Nieto y que la sociedad civil señaló que la cobertura tenía sesgo clientelar.

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“El problema cuando no es transparente es que no tenemos un instrumento lo suficientemente robusto en términos metodológicos y la principal sospecha es que los programas sociales estén aplicándose de una manera clientelar, que responda a ciertas variables no técnicas para buscar a los que más necesitan los programas. En el mejor de los casos, variables que no tengan ningún sentido, y en el peor de los casos, seguir un corte electoral”, sostiene Jaramillo.

El operador del Censo

El Coordinador General de Programas para el Desarrollo de Presidencia, Gabriel García Hernández, ha trabajado con López Obrador en los últimos 18 años como encargado de las áreas financieras y de operación política en los proyectos que el presidente ha impulsado; y sobre las que ha habido denuncias por presunto mal manejo de recursos.

García Hernández fue director de adquisiciones en la Oficialía Mayor en el gobierno en la Ciudad de México de López Obrador, entre 2000 y 2005. Al concluir el cargo, como apoderado legal, constituyó Honestidad Valiente, una asociación civil que sirvió en 2006 para recibir donativos de apoyo a la campaña presidencial de López Obrador con la alianza Movimiento Progresista. También constituyó No nos vamos a dejar, A. C. y Austeridad Republicana A. C.

En la elección de 2012, el PRI denunció ante el Instituto Federal Electoral (IFE) a la coalición Movimiento Progresista, que tenía a López Obrador como candidato, por presuntamente tener “un financiamiento paralelo” no reportado a través de Honestidad Valiente A. C., —que dirigía García Hernández— y que se calculó en mil 200 millones de pesos.

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Después del sismo del 19 de septiembre de 2017, Morena constituyó el fideicomiso “Por los demás” para dar apoyo a damnificados, el cual sumó 78.8 millones de pesos y tuvo a García Hernández al frente del manejo financiero.

El fideicomiso fue denunciado por partidos políticos por supuesto uso electoral, el INE impuso a Morena una multa de 197 millones de pesos pues, aunque no pudo demostrar el uso para desviar dinero a campañas políticas, el partido no reportó el gasto ni la procedencia de los recursos.

Además, García Hernández fue el coordinador técnico de la defensa del voto en todo el país, una estructura que coordinó a las bases para cuidar las casillas electorales y conseguir votos a favor de Andrés Manuel López Obrador.

Aunque durante la transición ocupó su escaño en el Senado, desde el 1 de diciembre, García Hernández coordina los programas sociales, aunque dependan presupuestalmente de la Secretaría de Bienestar, y reporta directamente al Presidente.

Censo en la opacidad

La primera tarea en su cargo fue el Censo del Bienestar que inició el levantamiento de cuestionarios con 20 mil “voluntarios”, toda vez que aún era periodo de transición, según informó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, en octubre de 2018.

Gabriel García Hernández informó en conferencia de prensa el jueves pasado que el censo duró seis meses, visitando 300 mil localidades y 30 millones de domicilios, se entrevistaron a 30 millones de personas.

Sin embargo, hasta el momento no ha hecho pública la metodología, ni los resultados obtenidos, como sí ocurre con otros ejercicios hechos por el INEGI o por la Secretaría de Desarrollo Social, con Prospera o la Cruzada Nacional contra el Hambre que al ser revisada, por ejemplo, por el Coneval se comprobó que no cumplió con el cometido de erradicar el hambre.

En cambio, el Censo del Bienestar no ha publicado la información ni en las páginas de la Secretaría de Bienestar, Presidencia o en datos abiertos, ni tampoco la ha entregado vía transparencia cuando ciudadanos la han solicitado.

En la solicitud sobre la metodología del Censo, con folio 87219 dirigida a la Secretaría de Bienestar encabezada por María Luisa Albores, respondió que “después de una búsqueda exhaustiva” se detectó que el Censo era coordinado por Gabriel García, por lo que remitió al solicitante a hacer la petición en Presidencia.

Al hacer la petición a Presidencia, con el folio 119919, respondió que no era competente para entregar la información, por lo que redirigía a la Secretaría de Bienestar, porque a ésta le correspondía tenerla, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Esto, dice Máximo Jaramillo, significa “un retroceso porque si algo se ganó en décadas de lucha es que podíamos acceder a los cuestionarios, metodología, modelo estadístico y padrones actualizados, por eso mismo se criticaba, pero a falta de toda información ahora ni siquiera se puedes criticar o buscar cómo mejorar los mecanismos”.

INAI buscará a Bienestar

De acuerdo a la Ley General de Transparencia, toda gestión pública y el destino de los recursos deber ser información pública. Desde los últimos 18 años ha sido una lucha constante porque la información sobre programas sociales sea pública, pues se presume que “todo el dinero está debidamente asignado, que no persigue generar clientelismo, ni influencia entre la población más necesitada para fines de conducción electoral”.

Así lo asegura el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, toda vez que “la gran batalla del México democrático tuvo qué ver con la dificultad que ha habido para darle a estos programas asistenciales el justo valor y una condición absolutamente indispensable es que sean escrutables”.

En entrevista con Animal Político, Francisco Javier Acuña asegura que el Censo del Bienestar, como el resto de programas y estrategias en otros sexenios, “están obligados a cumplir con los deberes que establece la Ley General de Transparencia”.

Esto significa saber el nombre de los beneficiarios de cada programa, pero salvaguardando datos personales de identificación, como dirección precisa o teléfono, por ejemplo.

Además de publicar los datos del Censo, también será necesario informar sobre los beneficiarios de los microcréditos para afrontar los estragos económicos por la pandemia de coronavirus en el país, afirma el comisionado presidente del INAI.

Por eso es que el Instituto buscará a la Secretaría de Bienestar y de Economía para establecer una mesa de trabajo para que como transparencia proactiva transparenten la información de los beneficiarios, así como han trabajado con la Secretaría de Salud para abrir los datos epidemiológicos salvaguardando los datos personales.

“Debemos intentar nuevos acercamientos para decirles que es necesario que la gente pueda identificar con mayor claridad estos programas para que los que estén en condiciones de acceder a ellos, se puedan inscribir, y también para que todos los mexicanos tengamos conocimiento de cómo se están canalizando estos recursos y el cuidado de los datos personales”, explica Acuña.

Esto porque García Hernández dijo que para transparentar la información publicarían las fotografías de los beneficiarios en sus negocios, pero las fotos son considerados datos biométricos y, por tanto, personales. Es decir, no deberían ser públicos.