Por Miguel Noguez y Andrés Oyhenard

Cuando en la tardecita de este viernes se conozca el dato de las cuentas públicas del cierre de octubre, habrá una grata sorpresa para el gobierno: el déficit fiscal bajará fuerte (en torno a 1 punto porcentual) de un porfiado 3,9% del PIB que quedó en los 12 meses a setiembre, según supo El Observador en base a fuentes oficiales.

La explicación: el efecto contable que tendrá la ley de los cincuentones que aprobó el Parlamento para contemplar a un grupo de jubilados y potenciales pasivos que se veían perjudicados por el régimen de las AFAP que se aprobó en 1996.

Según las fuentes, este efecto contable sobre el déficit del Estado tendrá un efecto positivo por los próximos dos o tres años. Añadieron que actualmente el MEF está realizando nuevas estimaciones sobre el impacto de esa ley, en virtud del comportamiento que se viene registrando hasta el momento con los traspasos.

Este miércoles el Ministerio de Economía (MEF) y el Banco Central (BCU) divulgaron un comunicado donde explicaron que el “tratamiento de una entidad como el Fideicomiso de la Seguridad Social (FSS) se establecen en el Manual de estadísticas de finanzas públicas 2014 del Fondo Monetario Internacional (FMI). Del referido manual, se desprende que los flujos asociados al FSS deberán registrarse como parte del BPS, ya que el FSS no debe ser tratado como una entidad institucional independiente a los efectos estadísticos”.

El comunicado añade que “desde la óptica fiscal, la totalidad de las transacciones del FSS serán consideradas en las cuentas fiscales como transacciones del BPS y, por tanto, se reflejarán en el resultado fiscal que se publica mensualmente”.

Lo que juega a favor para el criterio contable del déficit fiscal son los recursos que las AFAP transfieren al BPS (actualmente casi US$ 700 millones), no así los que pasan del Banco de Seguros del Estado (BSE) al organismo de previsión social para aquellos jubilados que optaron por salir del régimen mixto para ingresar el sistema de reparto solidario.

La noticia implica una bocanada de aire para el Poder Ejecutivo y para el MEF que veía como el grado el inversor estaba bajo amenaza. De hecho, una calificadora (Fitch) había realizado una advertencia al reducir de estable a negativa la perspectiva para la deuda soberana uruguaya. Esto, en los hechos, implica un riesgo de que esta agencia quite el grado inversor a Uruguay en el correr de 2019, si no se corregía la trayectoria de las cuentas públicas.

La deuda uruguaya cuenta con nota de grado inversor por parte de cinco calificadoras de riesgo. Standard & Poor's (BBB), Moody's (Baa2) y R&I (BBB) la colocan un escalón por encima del mínimo y con perspectiva estable. En tanto, DBRS (BBB low) y Fitch Rating (BBB-) lo ubican en el mínimo con el agregado que ahora está última corrigió la perspectiva.

La mayoría de los analistas privados tienen (hasta ahora) una proyección bastante pesimista sobre el desempeño del gobierno para encauzar las cuentas públicas. Los expertos que respondieron la encuesta de Expectativas Económicas de El Observador de octubre esperaban un déficit de 4% para el cierre de 2018, y apenas una mejora de una décima (-3,9%) para fines del próximo, según la mediana de las respuestas.

En la última Rendición de Cuentas, el gobierno reconoció que no podrá cumplir con la meta de llevar el rojo de las cuentas públicas a 2,5% del PIB para el final de su mandato, sino a 2,9% y recién llegar al 2,5% (el objetivo original) para fines de 2020, ya durante el primer año de la nueva administración.

El costo de la ley

La ley de los cincuentones fue votada en diciembre pasado y tendría un costo aproximado de US$ 2.500 millones para el Estado. Eso implicaría un ahorro de 30% respecto al proyecto original remitido por el Poder Ejecutivo en junio del año pasado y para el que Economía había estimado un costo de alrededor de US$ 3.700 millones. El ahorro se produce porque se colocó un tope a las jubilaciones de los cincuentones en el 90% de lo que les correspondería pasando al régimen de repartos solidario.

Hasta el pasado 15 de noviembre, 11.701 personas optaron por salirse de las AFAP y pasar a aportar únicamente al Banco de Previsión Social (BPS) para luego cobrar una jubilación única del organismo estatal. También hay unos 2.556 jubilados que ya eligieron pasar a cobrar una única prestación por el sistema solidario en el marco de la llamada ley de “cincuentones” vigente desde abril. Las administradoras de fondos previsionales y el Banco de Seguros (BSE) ya comenzaron a transferir los ahorros y saldos jubilatorios de estas personas al FSS.

Este fideicomiso -que es administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND)- quedó operativo el 8 de octubre. Hasta mediados de mes había recibido fondos por más de US$ 665 millones, según informó a El Observador el representante de los trabajadores en el Directorio del BPS, Ramón Ruiz. La casi totalidad de estos fondos fueron recibidos en valores emitidos por el Estado uruguayo, tanto en pesos como en unidades indexadas.

Diego Vila

En total se realizaron 33.925 asesoramientos completos y se cambiaron de régimen 14.257 personas. Por otra parte, hay 5.725 personas que están aún dentro del plazo de 90 días para tomar la decisión. En tanto, quienes no cambiaron de régimen y ya no tienen posibilidad de hacerlo, dado que ha vencido el plazo de 90 días que disponían para decidir son 13.942 personas. Los fondos de los trabajadores que cambien de régimen de seguridad social podrán ser invertidos en instrumentos de renta fija emitidos por el Estado uruguayo y el BCU (hasta 100%); y organismos internacionales de crédito o gobiernos extranjeros con alta calificación (hasta máximo 10%).

Las alternativas de inversión son muy similares a las vigentes para las AFAP, con la salvedad que los topes máximos por instrumento son bajos y que existe límite para activos en moneda extranjera (15% del total de activos del fideicomiso). Otra diferencia es que el nuevo fideicomiso no puede invertir en títulos y valores de empresas públicas y privadas.

Aire para ajuste tarifario

El efecto contable sobre el déficit fiscal de la ley de los cincuentones se da en momentos donde del gobierno está terminado de definir el ajuste de las tarifas públicas para el próximo año. El semanario Búsqueda manejó que las autoridades trabajaban sobre la base de un ajuste moderado que hiciera equilibrio entre la trayectoria de las cuentas públicas y la competitividad de algunos sectores productivos que están complicados como la industria o el agro.

Fuentes de UTE comentaron a El Observador que todavía no hay nada definido sobre el porcentaje de ajuste que tendrán las tarifas a partir de enero del próximo año, ya que recién se está en una etapa preliminar de discusión con el Ministerio de Economía y Finanzas. El año pasado, el ente subió 3,2%, aproximadamente la mitad de la evolución de la inflación del año previo (6,5%). Ahora la inflación está en torno a 8%, así que si se respetara ese criterio, el número debería rondar el 4%.

El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, declaró este martes a la prensa que se está analizando con los equipos técnicos viendo los números para ver cómo cierra el año, pero evitó dar mayores detalles sobre esa definición. Por su parte, desde Ancap transmitieron que “ven difícil” un horizonte de baja para el precio de los combustible desde enero del próximo año, pese al reciente desplome del precio del crudo en los mercados internacionales. “Depende mucho de la perspectiva para el dólar”, explicaron.