VALLADOLID.- El alcalde de Valladolid, el conservador Francisco Javier León de la Riva, ha sido condenado por delito de desobediencia al haber demorado durante casi un lustro la ejecución de una sentencia judicial que le obligaba a restaurar la legalidad en el edificio de Caja Duero, en la Plaza de Zorrilla, inmueble donde cuenta con un piso y en el que se habían cometido distintas irregularidades urbanísticas, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.



El fallo de la jueza Evelia Marcos Arroyo llega una vez celebrados los comicios y, aunque ya León de la Riva (PP) no podrá revalidar su puesto de alcalde, al haber perdido la mayoría absoluta y facilitar un tripartito entre PSOE, VTLP y Sí Podemos, también le impide incluso conservar su acta de concejal al frente del principal grupo de la oposición, ya que la sentencia supone su inhabilitación inmediata para ocupar cargo público de regidor o de concejal durante trece meses.

Aunque la sentencia no es firme sí supone la inhabilitación inmediata, aunque luego De la Riva la pueda recurrir, y además el fallo del juzgado de lo Penal 2 de Valladolid, dictado y conocido hoy, también condena al regidor en funciones de la capital vallisoletana a pagar una multa de 12.810 euros.



En sus 36 folios, el juzgado constata que existió una "reiterada y evidente pasividad a lo largo del tiempo sin dar cumplimiento al mandato" judicial de restituir la legalidad urbanística en un edificio. También recoge el fallo el "propósito de incumplir" del regidor, que se revela "de manera implícita por el reiterado actuar del acusado opuesto al acatamiento de una orden".



El regidor en funciones de Valladolid todavía no ha desvelado cuál será su futuro político después de que en las elecciones del pasado domingo el PP se quedara a tres concejales de la mayoría absoluta y de que el PSOE haya llegado un acuerdo con otras dos fuerzas de izquierda para gobernar.



Juicio mediático



El juicio se celebró el pasado día 27 de abril en medio de una gran expectación, con presencia de más de medio centenar de medios de comunicación y en el que el alcalde contó con el respaldo de la mayor parte de los integrantes de su candidatura, que incluso a punto estuvieron de ser expulsados de la sala tras ser advertidos por la jueza de que se abstuvieran de hacer gestos de desaprobación pese a no gustarles el cariz que estaba tomando el interrogatorio al que era sometido su líder.



¿Problemas técnicos o desobediencia dolosa?



El proceso judicial tenía por objeto dilucidar si el alcalde desobedeció de forma dolosa y contumaz una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 28 de abril de 2008, que adquirió firmeza del 16 de septiembre de ese año, o bien la tardanza en dar cumplimiento a la misma, lo que no ocurrió hasta abril de 2013, fue por problemas estrictamente técnicos a la hora de ejecutarla derivados de un inmueble cuya construcción se remonta a 1946 y cuyos planos no reproducían de forma fidedigna su estructura.

"Si no cumplía la orden judicial cometía desobediencia y si la ejecutaba podían imputarme por delito contra el Patrimonio", aseveró en el juicio

De hecho, el regidor recordó que en su día ya advirtió al juez instructor de la causa la disyuntiva que se le planteaba entre ejecutar la sentencia del TSJCyL, que exigía la demolición de un forjado, y seguir el dictamen de una empresa que aseguraba que dicha estructura pertenecía al inmueble original. "Si no cumplía la orden judicial cometía desobediencia y si la ejecutaba podían imputarme por delito contra el Patrimonio", aseveró.



Lo cierto es que a partir de la sentencia del TSJCyL, que anulaba el proyecto de rehabilitación del inmueble y las licencias de obra y primera ocupación, fueron necesarios hasta seis requerimientos al alcalde, cuatro de ellos bajo su directa y personal responsabilidad, una denuncia penal de la Fiscalía en 2012 y la aprobación de distintos proyectos--el tribunal anuló algunos por no ajustarse a lo solicitado--para que finalmente quedara restituida la legalidad en el edificio.



El primer interesado en acelerar las obras



Entre otras exigencias, se trataba de subsanar la ilegalidad cometida al transformar en áticos dos trasteros o carboneras, así como por haber excedido la volumetría en algunos pisos y en otros, situados en la cuarta y quinta plantas, por haberlos reconvertido en oficinas, con el añadido de que la orden dada al alcalde para que cesara el uso de los áticos y de las oficinas 'pirata' no se cumplió en el primer caso hasta el 28 de septiembre de 2010, dos años y cuatro meses después, y en el segundo hasta el 6 de junio de 2012, con un retraso de cuatro años y dos meses respecto del mandato judicial.

"Lo que no podía hacer es ponerme el casco, tirar de piqueta y subirme a la obra", advirtió con ironía el regidor

En su alegato exculpatorio, el alcalde ha insistido en que era perfectamente conocedor de la sentencia y que dio las órdenes necesarias, tanto a su concejala de Urbanismo, Cristina Vidal, como a sus técnicos para cumplirla a la mayor brevedad. "Lo que no podía hacer es ponerme el casco, tirar de piqueta y subirme a la obra", advirtió con ironía el regidor, que también añadió que cada lunes se reunía con su equipo de gobierno e interpelaba a su edil delegada en la materia cada vez que notaba un retraso en las obras que exigía el tribunal.



León de la Riva mantuvo igualmente que tenía especial interés en que las obras se desarrollaran con celeridad. "La persona más interesada en que se cumpliera la sentencia era el vecino del séptimo", en alusión a él mismo, tras recordar que los trabajos ejecutados en los áticos, sobre su vivienda, provocaron hasta tres inundaciones que le obligaron a trasladarse momentáneamente a otra casa de su propiedad en el Camino Viejo de Simancas.



Las acusaciones reprochan al conservador que se abstuviera en las reuniones donde se debatieron los proyectos dirigidos a legalizar el edificio de Caja Duero, según refiere él aconsejado por su vicesecretario debido a que era vecino del inmueble, y en cambio no tuviera tantos remilgos años antes cuando, ya en negociaciones para adquirir la vivienda y ostentando la vicepresidencia de Caja Duero, votara sin problema alguno en las comisiones en las que se aprobaron tanto el proyecto de rehabilitación como las licencias de obra y ocupación.



"Soy ginecólogo, no jurista"

"Les recuerdo que en mi carné sigue figurando que soy ginecólogo de profesión, no jurista. A lo mejor soy un torpe a la hora de interpretar el derecho administrativo", reiteró en el juicio

La respuesta del acusado fue reiterativa a lo largo del juicio. "Les recuerdo que en mi carné sigue figurando que soy ginecólogo de profesión, no jurista. A lo mejor soy un torpe a la hora de interpretar el derecho administrativo", espetó irónico un hombre que lleva treinta años en la arena política, primero como consejero de Cultura y Servicios Sociales durante la Presidencia de Aznar, luego como procurador, más tarde como concejal y durante los últimos veinte años como alcalde de la ciudad.



Sin embargo, y mientras su abogado sostuvo que el juicio contra su patrocinado es eminentemente de carácter "político", los acusadores basaron su solicitud de inhabilitación para el desempeño de cargo público en su manifiesta y probada desobediencia--la popular estima que es continuada--a la hora de ejecutar una sentencia que, según entendían, obstaculizó por ser "parte interesada" en su condición de vecino del edificio, además de ser consciente de que si la cumplía a rajatabla ello se traduciría en la reclamación de indemnizaciones millonarias contra el Ayuntamiento por parte de los vecinos afectados, como así finalmente ocurrió.



Por ello, cuando León de la Riva alegó dificultades técnicas, corroboradas en el juicio por varios arquitectos, e incluso aseguró que desconocía que su esposa, copropietaria del piso, había presentado un recurso de nulidad contra la sentencia del TSJCyL, los acusadores coincidieron en que la postura del alcalde no es otra que "la retórica al servicio del incumplimiento", sobre todo tras constatar que el fallo del tribunal es de 2008 y nada se hizo hasta el verano de 2010, así como que los problemas de índole técnica no aparecieron hasta noviembre de 2012, cuatro años más tarde, "precisamente cuando de verdad se intentó ejecutar lo ordenado", apostilla la acusación popular.