El juez federal de Esquel, Guido Otranto, advirtió por escrito que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que preside Horacio Verbitsky, pretendió direccionar la investigación de la desaparición del joven Santiago Maldonado, como así también "instalar el hecho como un caso de desaparición forzada de personas" y responsabilizar a la Gendarmería Nacional.

Esas manifestaciones fueron realizadas por escrito por el magistrado, en la resolución que firmó para rechazar la recusación y el pedido de apartamiento que presentó el CELS. Otranto remitió el planteo para su revisión por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

El planteo de la organización de derechos humanos la presentó el Centro de Estudios Legales y Sociales luego de la entrevista que el magistrado le dio al diario La Nación, en la que señaló que, a su juicio, la "hipótesis más razonable" era que el joven artesano, que está desaparecido desde el 1° de agosto, "se ahogó en el río".

Gaston Chillier, el director ejecutivo del CELS, estuvo en Esquel y se presentó como querellante junto a la familia Maldonado. (foto Maxi Failla)

"Debí mantener una actitud de firmeza cuando el Centro de Estudios Legales y Sociales me reclamó telefónicamente que adopte medidas contra Gendarmería Nacional que desde mi punto de vista no estaban justificadas por la versión que en un inicio se expuso sobre la desaparición de Santiago Maldonado", relató Otranto.

Relató también que no aceptó que el CELS "me indique el rumbo de la investigación" y que contó en la entrevista esa situación, pero aclaró que "esa situación no me coloca en la posición de enemistad manifiesta que me atribuye la querella, ya que como magistrado tengo el deber de defender mi independencia de injerencias en mi función como la que pretendió ejercer el Centro de Estudios Legales y Sociales".

Chillier, Sergio Maldonado -el hermano de Santiago- y la abogada de la familia, Verónica Heredia. (Foto. Maxi Failla)

Y completó: "Esto también explica a qué me he referido cuando señalé el énfasis que hubo desde un primer momento en instalar el hecho como un caso de desaparición forzada de personas".

También, el juez Otranto ratificó -como lo dijo en la entrevista con La Nación- que los testigos le "retacearon información", debido "la negativa de la comunidad a brindarme el nombre de las personas que habrían presenciado la captura de Santiago Maldonado". Anticipó que se trata de "una actitud que constituye una modalidad de falso testimonio que en su momento será reprochada penalmente".