Un rancho de lujo con caballerizas y suites incluidas, localizado en Valle de Bravo, Estado de México, donde el exgobernador Javier Duarte y su familia vacacionaban, fue comprado y remodelado con más de 200 millones de pesos desviados del presupuesto de las secretarías de Educación y Salud de Veracruz.

El dinero, según la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), fue triangulado a través de múltiples empresas fantasma.

Tanto la PGR como la Secretaría de Hacienda presentaron ante un juez federal, una acusación en la que se identifica a Javier Duarte como “jefe de una estructura criminal” en la que participaron al menos ocho personas más, diseñada con el fin de lavar dinero público.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público y debatidas en una audiencia ayer domingo –que se extendió por casi siete horas–, fueron consideradas suficientes por un juez para abrir el juicio contra las dos mujeres detenidas la semana pasada por sus presuntos vínculos con las empresas fantasma de Duarte.

La acusación incluye el testimonio de Alfonso Ortega López, un abogado corporativo que confiesa la creación de múltiples empresas fantasma en los últimos cinco años, bajo las órdenes de Javier Duarte y Moisés Mansur.

Se trata de la primera de varias averiguaciones que tiene abierta la PGR y que serán presentadas ante la justicia en las próximas semanas y meses.

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La red que permitió desviar los recursos está constituida por múltiples empresas que según la PGR y Hacienda denominaron como “fantasma o fachada”, porque solo “existen en el papel” y en el mejor de los casos los domicilios existen pero sólo se trata de habitaciones en la mayoría de los casos.

El eje central de esta acusación es una empresa de nombre Consorcio Brades S.A de C.V en la que aparecen como accionistas las dos mujeres detenidas con iniciales EAP y NIAP (cuyo nombre se reservará a partir de ahora por orden del juez).

Brades acordó con Moisés Mansur (amigo y presunto prestanombres de Duarte) el pago de 223 millones de pesos, por la compra sobrevaluada de cinco parcelas de unos ejidos en Lerma de Campeche en diciembre de 2013.

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Esos ejidos habían sido adquiridos por Mansur tres años antes en apenas millón y medio de pesos, incluso, el valor catastral de los mismos eran de 200 mil pesos pero se tuvo que desembolsar más dinero a un gestor, Antonio Almazán, para convertir a Mansur en “ejidatario”, pues la Ley agraria exige que solo los habitantes de la región puedan comprar terrenos ejidales.

Pero…. ¿de dónde sacó Consorcio Brades 223 millones para pagarle a Mansur esas parcelas ejidales sobrevaluadas? De acuerdo con la PGR y Hacienda dicha la empresa, que no tiene antecedente ni perfil que justifique sus operaciones y carece de empleados, pagó con recursos públicos.

El origen del dinero

La investigación ministerial permitió documentar que Consorcio Brades fue “fondeada” por al menos nueve empresas que le entregaron más de 300 millones de pesos. Entre esas empresas están Medical Healthy Service S.A de C.V; Diseños Arquitectónicos Melvan; Sacmet Inmobiliaria S.A de C.V; Benfa Inmobiliaria S.A de C.V; Diseños Arquitectónicos Alim S.A de C.V y otras.

Este grupo de empresas intermediarias a su vez recibieron el dinero de otras compañías como Solaris Technologies; Aglomerados de Concretos del Papaloapan o Evolución de Diseños que eran proveedoras de productos y servicios de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud de Veracruz.

Todas las empresas señaladas son “fachada”. En varias de ellas aparecen como representantes legales o apoderados José Juan Janeiro Rodríguez y Javier Nava Soria, hoy prófugos de la justicia.

La PGR señaló que no hay evidencia alguna que las empresas proveedoras hayan surtido los servicios productos por los que fueron contratados. El esquema, es el mismo que el utilizado en el reportaje sobre empresas fantasma publicado por Animal Político en donde se movieron casi mil millones de pesos solo de recursos estatales, y cuyo destino final se encuentra bajo investigación.

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El dinero, según la acusación de PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, nunca salió de la misma estructura criminal. Aunque el dinero era trasladado vía transferencia electrónica, las cuentas bancarias que lo movían estaban bajo control del mismo grupo. La intención era moverlo de cuenta en cuenta para hacer más difícil su rastreo.

Vámonos al rancho

En la acusación de la PGR ante el juez, obra el testimonio por escrito del abogado Alfonso Ortega López, quien confirmó que la compra de los ejidos fue una simulación para lavar dinero y que el dinero obtenido fue utilizado entre otras cosas para la adquisición y remodelación de El Rancho Las Mesas ubicado en Valle de Bravo.

“Se trata de una propiedad muy grande con una construcción central de al menos mil metros cuadrados. Tiene una terraza muy grande que da vista a todos los alrededores de la región pero también hay unas caballerizas y cuatro suites de lujo”, declaró.

De acuerdo con Ortega el rancho fue adquirido y construido por Javier Duarte, quien lo usaba para sus descansos vacacionales, pero como todas sus propiedades no estaba a nombre de él sino de sus prestanombres.

En este caso la propiedad fue adquirida por Moisés Mansur quien luego, vendió una tercera parte a José Juan Janeiro Rodríguez y la otra a Rafael Gerardo Rosas Bocardo. Así todos quedaron como propietarios del 33.3 por ciento del valor de la propiedad, al menos en el papel.

Ortega dijo que esto es solo un caso de varios de la creación de empresas fachada para invertir en la adquisición de propiedades en México y Estados Unidos.

Comienzan juicios por lavado

Luego de una audiencia celebrada ayer domingo y que se extendió por casi 7 horas, el juez federal Gerardo Moreno García decretó abrir un juicio (auto de vinculación a proceso) contra las dos únicas detenidas hasta el momento de las nueve personas consignadas por PGR el pasado 14 de octubre, y a quien se les giró una orden de aprehensión.

El juez dijo que había pruebas suficientes para abrir el juicio en contra de EAP y NIAP, accionistas de la empresa Consorcio Brades, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Como se trata de una falta grave, la ley establece que ambas mujeres deben permanecer en prisión mientras se desarrolla el juicio.

En la audiencia, el abogado defensor Ricardo Zinser Cruz intentó desestimar la acusación de la PGR. No negó que sus clientas fueran accionistas de la empresa y la compra de los terrenos ejidales, pero rechazó que esto fuera un delito pues las propiedades se compraron al precio evaluado por un corredor público.

Rechazó que el consorcio de sus clientas se trate de una empresa fantasma solo porque su domicilio pertenece a una casa; también negó que hubiera forma de demostrar que sus clientas actuaron en complicidad con las otras personas señaladas en la acusación pues aseguró que no las conocen.

Pese a ello el juez decretó que las pruebas permiten presumir, por ahora, que hubo “una maquinación para efectos de ocultar el origen de los recursos” y que “existe una estructura delictiva que lo hizo posible.

Durante el desarrollo de la audiencia las dos accionistas acusadas escucharon las imputaciones sin mostrar mayores gestos de aprobación o desaprobación. Se negaron por el momento a emitir una declaración.

Dictado el auto de vinculación a proceso, la PGR solicitó al juez un plazo de seis meses para completar la investigación pero éste autorizó solo tres meses a petición de la defensa que lo consideró excesivo.

Buscarán un amparo

En entrevista tras concluir la audiencia, el abogado defensor, Ricardo Zinser, dijo que interpondrán una demanda de amparo en contra de la determinación del juez de someter a juicio a sus defendidas, pues consideró que no había elementos suficientes para ello.

“El testigo presentado por la PGR, Alfredo Ortega López, es un testigo de oídas (que no le constan los hechos). Además se dice que el compareció de manera voluntaria a la PGR en una carpeta de investigación donde mis defendidas nunca fueron citadas a declarar. Ahí hay una irregularidad”, expuso.

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El abogado destacó además que Ortega, quien estaba citado como testigo en el juzgado, no se presentó lo que desde la perspectiva del abogado genera dudas de la veracidad de lo que dice.

Zinser aseguró que sus clientas tienen los elementos para demostrar que la empresa en la que aparecen como accionista tiene un origen lícito lo que va a desvirtuar toda la acusación.