La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) han presentado hoy un escrito en el Congreso de los Diputados pidiendo a los grupos parlamentarios que no usen las noticias falsas como excusa para controlar Internet.

Estas organizaciones han tenido acceso a un nuevo artículo que pretenden introducir en la Ley Orgánica de Protección de Datos (cuya modificación se tramita en la Comisión de Justicia del Congreso y parece que su aprobación será inminente) en el que se amplía el derecho de rectificación, abriendo la puerta a la censura de contenidos en Internet.

En concreto, esto es lo que se pretende regular:

“Artículo 85. Derecho de rectificación en Internet.

1. Todos tienen derecho a la libertad de expresión en Internet.

2. Los responsables de redes sociales, plataformas digitales y servicios de la sociedad de la información equivalentes adoptarán y ejecutarán protocolos efectivos para garantizar el ejercicio del derecho de rectificación, en particular en relación con los contenidos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y personal en Internet y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz. A los efectos anteriores, la legislación sobre el derecho de rectificación en los medios de comunicación social resultará de aplicación a redes sociales, plataformas digitales y servicios de la sociedad de la información equivalentes.

Cuando los medios de comunicación digitales deban atender la solicitud de rectificación formulada contra ellos deberán proceder a la publicación en sus archivos digitales de un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo. Dicho aviso deberá aparecer en lugar visible junto con la información original”.

“Con este artículo pasamos del derecho al olvido al derecho de amnesia”, señala el director legal de la PDLI y abogado especializado en derecho de las tecnologías, Carlos Sánchez Almeida. “No podemos olvidar que el derecho al olvido comunitario ya es un límite excesivo a la libertad de expresión. Pero intentar legislarlo ‘a la española’, endureciéndolo aún más, es simple censura, y además contrario a la normativa comunitaria”, remacha.

“”La ‘rectificación digital’ de PP y PSOE prescinde de los jueces una vez más, y los sustituye por ‘protocolos efectivos’, modificando por la puerta de atrás la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación”, añade Sánchez Almeida.

RT @bufetalmeida La actual Ley de Derecho de Rectificación garantiza el amparo judicial de la libertad de información. La ‘rectificación digital’ de PP y PSOE es una chapuza sin control judicial. pic.twitter.com/Zx3owS5wjw — PDLI (@PDLI_) 5 de octubre de 2018

La PDLI y la FeSP sostienen que, en caso de contenidos erróneos o noticias falsas, la actual normativa que regula el derecho de rectificación ya es aplicable a los medios digitales. Duplicar la normativa provocaría inseguridad jurídica. Además, “no siendo necesario para proteger los derechos de las personas, se genera una gran incertidumbre y preocupación sobre su verdadera finalidad: ¿se trata de un derecho a medida pensado para personajes públicos? ¿se les otorga la capacidad de reescribir la historia?”, se preguntan en el escrito dirigido a los ponentes de esta reforma.

En cuanto a la posible ampliación de esta obligación de rectificación de contenidos a las plataformas digitales, la PDLI y la FeSP consideran que es muy peligroso trasladar las decisiones que afectan a la libertad de información (es decir, la responsabilidad legal de borrar, ocultar o modificar un contenido, como las noticias en los medios digitales) a empresas que carecen de los elementos de valoración necesarios, al no haber sido ni los editores ni los autores de esas informaciones, para sopesar la pertinencia o no de atender una rectificación. Existe el riesgo de que, a falta de esos criterios, se vean impulsadas a aceptar, por defecto, cualquier solicitud que se les presente sin entrar en consideraciones sobre la justificación o no, desde el punto de vista periodístico o informativo, de esa alteración que se les demanda. Una preocupación análoga a la que la PDLI ha venido manifestado en relación al derecho al olvido en el caso de personajes públicos.

Estaríamos, por tanto, más que ante un derecho de rectificación, como está contemplado en la Ley 2/84, ante el derecho a reescribir el pasado, inaceptable y contrario al derecho a conocer de la ciudadanía, según estas organizaciones.

“Tras años de ‘leyes mordazas’ del PP, el PSOE no solo no las deroga sino que propone reforzar la censura mediante nuevas versiones de Ley Sinde y Ley de Protección de Datos. Este derecho al olvido que pretende aprobar este Gobierno es una amnesia traumática, impuesta, que se puede convertir en censura”, advierte el director legal de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida.

Otros problemas de la nueva ley

Además del rechazo a este nuevo artículo 85, el escrito también recoge críticas previas de la PDLI a esta norma, como dejar la responsabilidad de la verificación de contenidos en manos de las empresas tecnológicas, la supresión en la práctica del anonimato en Internet o a la ampliación del derecho al olvido a las hemerotecas de los medios digitales.

En particular, la PDLI ha sido especialmente crítica con la obligación que se pretendía imponer a las empresas de Internet de “previa queja o aviso, eliminar contenidos que atenten contra el derecho constitucional a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”:

“La obligación constitucional de veracidad es un requisito fundamental, exigible a quienes ejercen actividades informativas a través de cualquier medio o tecnología. Sin embargo atribuir la tutela y supervisión del respeto de dicho principio de veracidad a plataformas privadas de intermediación es simplemente una privatización o delegación de una función que corresponde en todo caso a los poderes públicos y, en la mayoría de casos, a los jueces. Esta previsión es asimismo contraria a los estándares internacionales y a la normativa europea en materia de comercio electrónico, la cual establece que no pueden otorgarse a este tipo de operadores poderes generales de supervisión”, señala Joan Barata, jurista especializado en derecho internacional, miembro de la PDLI, y recientemente nombrado experto en materia de libertad de expresión por la Universidad de Standford.

Documentos

Carta remitida a los ponentes de todos los Grupos Parlamentarios

Nota de Prensa

[Imagen: La presidenta de la PDLI y el secretario general de la FeSP en el Congreso en una foto de archivo]