Rosalina Moreno |

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, tras ser preguntado ayer sobre la incautación de ordenadores, móviles y documentos a periodistas en el marco de la investigación de un supuesto delito de revelación de secretos, respondió que no tenía conocimiento del caso, pero que pensaba “que había pasado en Venezuela”.

Durante un coloquio en el ‘Foro ABC’, un grupo de periodistas le planteó de forma conjunta si el ministro considera “que, en un país moderno y democrático de la UE puede entrar la Policía en una redacción requisando móviles y ordenadores, violando el secreto profesional”.

La moderadora del debate aclaró que la pregunta se refería a lo sucedido en Palma.

Borrell respondió que no tenía “ni la menor idea de lo que pasó en Palma ayer”. “Yo pensaba que había pasado en Venezuela”, manifestó, y rechazó opinar sobre algo que desconocía.

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Los hechos tuvieron lugar el martes, cuando agentes de la Policía Nacional incautaron a la redactora de Europa Press Blanca Pou y al peridista Kiko Mestre, del Diario de Mallorca sus teléfonos móviles.

Kiko Mestre explica en este vídeo cómo sucedió:

El periodista de Diario de Mallorca, Kiko Mestre @Piomoa43, explica la intervención de su teléfono móvil por la @Policia en relación al Caso Cursach #LibertaddePrensa pic.twitter.com/r8HyN148vo — Diario de Mallorca (@diariomallorca) 11 de diciembre de 2018 PUBLICIDAD

En el caso de Europa Press, tres agentes de policía y una secretaria judicial se presentaron el pasado martes en su sede de Baleares y exigieron a la periodista que cubre la información de tribunales que entregase cualquier documentación relacionada con la cobertura informativa del llamado caso Cursach.

La periodista se acogió a su derecho profesional a no revelar las fuentes de información y pidió contactar con los servicios jurídicos de la Agencia. Según ha informado Europa Press, los agentes le negaron esa posibilidad y se incautaron de su teléfono personal, dos ordenadores personales y diversa documentación.

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El titular del Juzgado de Instrucción 6 de Palma de Mallorca, Miguel Jesús Florit Mullet, con el visto bueno del Ministerio Fiscal, dio luz verde a la Policía Nacional para que los incautara, con el fin de investigar un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de noticias sobre el caso Cursach.

De la sede de Europa Press en Baleares también se llevaron dos ordenadores. Intentaron registrar la del Diario de Mallorca, pero la dirección se negó a facilitárselos.

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PERIODISTAS DE TODA ESPAÑA DENUNCIAN ESTA ‘INTROMISIÓN INTOLERABLE E INÉDITA’

Ante estos hechos, 200 periodistas de toda España, “sumamente alarmados” escribieron una carta a la fiscal general del Estado, María José Segarra, reprochándole que la Fiscalía haya avalado una “intromisión intolerable e inédita” en el derecho a la información, al apoyar la incautación de teléfonos y ordenadores de redactores.

La periodista María Peral, de El Español, en representación del colectivo, entregó ayer en mano la misiva a Segarra durante la inauguración del V Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía Española.

Los firmantes, de distintos medios y provincias, denuncian en ella que lo ocurrido es “un hecho gravísimo que carece de precedentes y que pone en riesgo real el derecho a la información, por cuanto permitirá acceder a fuentes periodísticas que constitucionalmente están protegidas por el artículo 20 de la Carta Magna”.

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La fiscal general dijo entender la “inquietud” generada, pero afirmó que los jueces y los fiscales velan por la libertad de expresión y por el secreto de las fuentes periodísticas.

Los periodistas también enviaron una carta al CGPJ comunicándole su “intensa preocupación” para que se exprese en apoyo del derecho fundamental a la información.

“Creemos que el Consejo General del Poder Judicial, una de cuyas misiones esenciales es procurar que los órganos judiciales actúen de forma que merezcan la confianza de los ciudadanos, no puede permanecer ajeno a este despropósito. Apelamos, por ello, a su buen criterio para transmitir a la sociedad su inequívoco compromiso con el derecho fundamental a la información sin injerencias indebidas”, le trasladaron en su misiva.

MOVILIZACIONES EN CONTRA DEL CRITERIO DE LA FISCALÍA Y DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL

En contra del criterio de la Fiscalía y de la actuación judicial, los periodistas del Diario de Mallorca se concentraron ayer tarde, encabezados por su directora, Maria Ferrer, ante la sede del periódico, y exhibieron sus móviles como símbolo de repulsa ante “un ataque al ejercicio libre de la profesión amparado por el artículo 20 de la Constitución”.

Los trabajadores de Diario de Mallorca, móvil en mano, nos solidarizamos con nuestro compañero Kiko Mestre, y mostramos nuestro rechazo por el auto judicial emitido para el registro de la redacción del periódico, en el marco de la investigación del Caso Cursach.#LibertaddePrensa pic.twitter.com/g7YLBG9bZZ — Diario de Mallorca (@diariomallorca) 12 de diciembre de 2018

Los servicios jurídicos del grupo editor, Prensa Ibérica, están preparando una querella para defenderse de lo que considera una “coacción intolerable”.

La Agencia Europa Press también anunció ayer que hoy presentará una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares contra el juez que ordenó la entrada de agentes de la Policía Nacional en la sede de su Delegación en Baleares.

Presentará la querella por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista, así como por cuantos otros presuntos delitos puedan resultar conexos con los anteriores.

El Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares (SPIB) y la Asociación de Periodistas (APIB) han convocado para esta tarde, a las ocho, en la plaza de Cort de Palma, una concentración en defensa del secreto profesional.

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