Llegados a este punto, resolver las crisis que están teniendo lugar en nuestro país requiere más cabeza que tiempo y más propuestas que denuncias. Requiere un fuerte anclaje en la materialidad del presente concreto y fuerza para abrir nuevos caminos. En Podemos sabemos mucho de abrir nuevos caminos. Es duro pero su técnica es sencilla: desbrozar y avanzar a partes iguales.

Empecemos por desbrozar. La desobediencia del govern de la Generalitat a los mandatos del Tribunal Constitucional y al Gobierno de España ha transformado la crisis política en Catalunya en una crisis del Estado español. Muy astutamente, el govern de Junts pel Sí se ha encargado de denominar esta crisis como “crisis entre Catalunya y España” y el Gobierno del PP se ha dejado querer. Esta transmutación de las posiciones de los partidos en las posiciones de sus naciones constituye una de las toxinas ideológicas más nocivas del procés y cualquier propuesta de salida requiere su radical erradicación. Hay que repetirlo hasta el aburrimiento: ni todos los catalanes son de Junts pel Sí, ni todos los españoles somos del PP, o lo que es lo mismo, hay muchos catalanes que no son independentistas -incluso puede que la mayoría-, y muchos españoles que no somos del PP, en este caso con toda seguridad somos la mayoría. Aceptar esta subsunción está amenazando la cohesión social en Catalunya y en España porque nos deja sin nación ni patria a los catalanes no independentistas y a los españoles no setentayochistas –denominación a mi juicio más correcta que la de constitucionalistas- en una operación más propia del siglo XX español que del XXI. La crisis política en Catalunya no es un enfrentamiento entre Catalunya y España. Es un enfrentamiento entre dos amplios espacios sociales e ideológicos catalanes, aliados cada uno de ellos con el Govern de Catalunya y el Gobierno de España, y ha sido precisamente su enfrentamiento lo que ha provocado la primera crisis de Estado del siglo XXI. Dejar pasar esta burda manipulación cierra el camino a cualquier solución a la crisis catalana, pero también a la posibilidad de poner en pié el cambio político, económico y cultural que la gente activó en las calles y plazas de todo el país -incluida la plaza Catalunya- el 15M de 2011.

El segundo tóxico ideológico del que debemos desprendernos es el que naturaliza que hay una única crisis. Esto es histórica y políticamente falso. Hoy tenemos sobre la mesa territorial, como mínimo, tres crisis diferentes: la crisis política catalana, la crisis territorial española y la crisis de Estado nacida de la interacción de la crisis catalana y la crisis española.

La crisis política en Catalunya se gestó en el proceso de descomposición de CIU y el pujolismo y dio lugar a la reorganización de todo el sistema de partidos sobre el eje nacional catalán en 2010. Sin esa reorganización, CIU no habría sobrevivido ni estrenando el traje de PDeCAT ni vestido de lagarterana.

La crisis territorial española es también de largo aliento y tiene, como mínimo, tres grandes causas: 1) la Ley de Financiación Autonómica y la arbitrariedad con la que los Gobiernos de PP y PSOE la han aplicado, es decir, el partidismo y el pujolismo de CIU, PNV, CC, NC, etc. como realpolitik del régimen del 78; 2) la ausencia de un espacio institucional de representación y decisión de los pueblos, regiones y naciones de España; y 3) la oceánica y extravagante falta de respeto del PP por la diversidad cultural y lingüística de nuestro país. Dice el psicoanálisis que lo reprimido siempre vuelve. Hoy me asomo a la ventana de mi casa y creo que puedo escuchar aquel “Pujol enano, habla castellano” que Aznar tuvo que silenciar en 1996, apenas 48 horas después de bailarlo. Lo que ocurre en Catalunya forma parte de la crisis territorial española, pero no es, ni mucho menos, lo único que la conforma.

La tercera toxina ideológica afecta a la percepción de los errores de los adversarios. Hasta el momento, todo lo que uno hace mal es releído por el otro como fundamento legitimador de su siguiente movimiento. Cuando, según el PP, el Parlament quiso destruir España con la reforma del Estatut, legitimó a Rajoy para tumbarlo. Cuando el PP recurrió el Estatut, legitimó la vía unilateral del procés. La vergonzosa sesión parlamentaria del 6 y 7 de Septiembre legitimó la represión policial del 1 de Octubre. Y cuando el PP dio la orden de acabar a porrazos con el 1 de Octubre, legitimó la declaración unilateral de independencia. Y así y así y así. Así hasta que logremos parar esto, hasta que logremos desintoxicarnos individual y colectivamente. Desde luego que la aprobación de la Ley de Transitoriedad no justifica más de 800 heridos el 1 de Octubre, pero sin lugar a dudas -y esto es política e históricamente muy importante- lo ocurrido el 1 de Octubre no faculta ni legitima al govern de Juntx pel Sí para proclamar la independencia, ni por activa ni por pasiva-agresiva.

Después de desbrozar, toca avanzar. La única herramienta con la que empezar a resolver la crisis política catalana es una convocatoria electoral en Catalunya que, le guste o no al PP y a Junts pel Sí, será refrendaria, como seguramente lo serán todas las elecciones que se celebren en Catalunya en los próximos años. Lo reprimido siempre vuelve.

Ahora bien, unas elecciones refrendarias o un referéndum pactado permite resolver, al menos en parte, la crisis política catalana, pero no la crisis territorial española ni la crisis de Estado. La crisis territorial española (y Catalunya tiene ahí su parte) necesita un nuevo marco constitucional capaz de estabilizar la financiación autonómica, dar voz y voto a los pueblos de España y respetar. Respetar y querer al pueblo tal y como es. Respetar y querer nuestra pluralidad cultural, lingüística y nacional. No es un asunto menor que En Comú Podem haya ganado las dos últimas elecciones generales en Catalunya.

Lograr una España respetuosa con sus pueblos y naciones, financiada con equidad y justicia territorial y con una institucionalidad inclusiva territorialmente necesita cambiar cosas muy importantes. En primer lugar, la ley electoral del Senado que de manera tramposa le regala al PP la capacidad para bloquear cualquier cambio constitucional. Después será imprescindible un largo debate de país, un debate constituyente sobre cómo es la España que queremos. Se me ocurre acabar con el pujolismo del PNV, CC, NC, etc. con un senado nuevo, con una ley electoral nueva más justa, y una única competencia: organizar la financiación autonómica. Se me ocurre un fiscal general del Estado y un CGPJ independientes. Se me ocurre un Tribunal Constitucional conformado por juristas de prestigio. Se me ocurre un modelo económico, ecológico y laboral que blinde el compromiso con la transición energética, organice los sectores estratégicos e impulse el cambio de modelo productivo español. Y cuando tengamos algo así, preguntar a todos los pueblos, regiones y naciones de España si les parece bien.

En 1967 Américo Castro escribió: “Yo tengo fe en el porvenir, y pienso que cuando los españoles se den cabal cuenta de quiénes son y cómo han sido, y de a qué circunstancias históricas se deben sus desdichas, habrá de producirse una reacción de trabajo inteligente, original y creativo. Porque la verdad es que hoy en día no están habitando su propia historia, ni su propia ciencia, ni su propia técnica.” Ese porvenir lo trajo el 15M y no podemos dejar que se nos escape en este roto.