La Revolución de Ayutla tuvo como fundamento una filosofía liberal, tanto en lo político como en lo económico, partiendo del hecho de que la libertad política y la libertad económica son las dos caras de una misma moneda. De esta manera, se planteó la necesidad de que se estableciese en lo político un régimen democrático, mientras que en el ámbito económico se tenía que garantizar la propiedad privada de los medios de producción. Esta garantía, como condición para el desarrollo económico, quedó establecida en el Estatuto de Gobierno decretado por el presidente Ignacio Comonfort en 1856:

Artículo 63. La propiedad es inviolable, sea que consista de bienes, derechos o en el ejercicio de alguna profesión o industria.

Artículo 65. La propiedad podrá ser ocupada en caso de exigirlo así la utilidad pública, legalmente comprobada, y mediante previa y competente indemnización.

Artículo 66. Son obras de utilidad pública las que tienen por objeto producir a la nación usos o goces de beneficio común, bien sean ejecutadas por las autoridades, o por compañías o empresas particulares, autorizadas competentemente.

Se derivan tres aspectos cruciales: a) la propiedad privada es sagrada (no teológicamente); b) la indemnización por expropiación se paga antes de la ocupación por parte del gobierno y a precios de mercado y, c) la expropiación tiene por objeto proveer bienes públicos caracterizados por la no exclusión y la no rivalidad en el consumo, nunca para proveer bienes privados.

Partiendo de esta base, la Constitución de 1857 estableció en el Artículo 27: “La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización”.

Hay dos diferencias importantes: a) ya no se estableció explícitamente el requisito de que la expropiación fuese para ofrecer bienes públicos; b) ya no se estableció que la indemnización tuviese que reflejar el precio de mercado del bien expropiado.

El Artículo 27 en la Constitución vigente establece: “Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”.

Una diferencia entre ambas Constituciones: “previa indemnización” en la de 1857 y “mediante indemnización” en la de 1917. Con la vigente, el gobierno puede diferir en el tiempo el pago por el bien expropiado hasta por 45 días siguientes a la publicación del decreto de expropiación (artículo 20 de la Ley de Expropiación), ocupando el bien expropiado inmediatamente, aún antes del pago (artículo 7).

Respecto del monto de la indemnización, la Constitución vigente establece en la fracción VI del Artículo 27: “El precio que se fijará como indemnización de la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudatorias, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones sobre esta base”.

Por su parte, el artículo 10 de la Ley de Expropiación establece que en el caso de bienes inmuebles el precio será el equivalente al valor comercial que se fije sin que pueda ser menor al valor catastral. Esto excluye valuar la maquinaria y equipo a valor de mercado en el caso de la expropiación de una empresa.

Finalmente, el artículo 1 fracción IX de la Ley de Expropiación establece como causa de utilidad pública: “La creación, fomento o conservación de una empresa para beneficio de la colectividad”. Con esta disposición, el gobierno puede expropiar, realmente sin limitación alguna, cualquier empresa privada con sólo argumentar, por ejemplo, la protección del empleo o el abastecimiento de cualquier bien o servicio, incluyendo bienes privados.

El riesgo expropiatorio en México es, sin duda, elevado.

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