‘Marca España’: El gobierno pretende cortar hasta la luz y la conexión informática a los colegios electorales el 1-O

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A la ofensiva judicial (TC, TSJC, fiscales, prohibición de actos…), policial y mediática para impedir que el pueblo catalán pueda decidir su futuro a través del voto -haciendo, de paso, saltar en pedazos la ‘bienatada’ constitución que propició la actual restauración borbónica- el gobierno pretende incluso cortar la luz y la conexión informática si, a pesar de todo, se abrieran los colegios electorales en Catalunya.

¿Todavía le puede quedar a alguien alguna duda de cuál es el carácter real de la ‘democracia’ surgida de la ‘modélica transición española’?

Los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley del Referéndum y sus disposiciones anexas, y la de Transitoriedad, han cerrado el círculo de las acciones a emprender por el Gobierno ante los tribunales con vistas a anular toda la arquitectura legislativa con la que la Generalitat quiere dar cobertura a la consulta independentista del 1 de octubre y el posterior proceso de desconexión con el Estado. El Gobierno, ahora, una vez activada la maquinaria judicial, se centra en disponer todos los mecanismos para cortocircuitar la logística del referéndum.

Impedir la apertura de colegios, la constitución de mesas electorales, la colocación de urnas, el suministro de papeletas y el uso de programas informáticos. Estos son los objetivos de Rajoy para evitar el referéndum catalán.

El Gobierno asegura que en ningún caso se repetirá la situación del 9 de noviembre de 2014, cuando la Generalitat logró transmitir al mundo entero imágenes propias de un proceso democrático homologable. «Entonces», explica un ministro directamente concernido, «actuamos sobre la marcha instando a la Fiscalía la noche anterior; ahora las cosas son muy distintas porque llevamos meses preparándonos para este momento».

En esta ocasión, los servicios de inteligencia del Estado han desarrollado un trabajo minucioso desde hace semanas. Su labor comenzó cuando la Generalitat empezó a internacionalizar el conflicto y lanzó puentes hacia Gobiernos extranjeros en busca de apoyo a sus planteamientos de autodeterminación.

La labor de la inteligencia se tornó mucho más concreta a la hora de confirmar si, efectivamente, como afirmó Puigdemont en el Financial Times, la Generalitat dispone ya de las urnas necesarias para la votación. «No es así», afirma una fuente gubernamental que cita los datos proporcionados en este sentido por el Centro Nacional de Inteligencia.

El CNI asegura que las 6.000 urnas a las que se refirió el presidente de la Generalitat no existen. Sí añaden que el Govern cuenta con un número indeterminado, «pero mucho menor», de las mismas; todas procedentes del simulacro de consulta que se llevó a cabo en 2014. En cualquier caso, señalan las fuentes consultadas, las urnas existentes «están localizadas».

Sin urnas no hay consulta y por ello la Fiscalía ha remitido ya las órdenes oportunas a los Mossos, la Guardia Civil y la Policía para que requisen en el momento oportuno todas aquellas que se instalen, así como las papeletas de votación, la propaganda o los cuadernillos de instrucciones para los miembros de las mesas electorales.

Los directores de institutos y colegios públicos, así como todos los funcionarios -los cargos políticos, incluidos más de 700 alcaldes que ya han sido apercibidos- cuya participación es necesaria en una jornada electoral, han sido advertidos de la ilegalidad que supone prestarse a colaborar el 1-O, al mismo tiempo que desde la Administración Central se les dan ‘garantías’ de protección al amparo de la ley.

En este sentido, el propio presidente del Gobierno lanzó ayer mismo un mensaje a la ciudadanía catalana pidiendo a todos aquellos que reciban una citación para formar parte de las mesas electorales como presidentes o vocales que la desoigan, puesto que están siendo convocados para formar parte de un acto -el referéndum- anulado por inconstitucional por el TC.

Las fuentes gubernamentales no descartan que a estas medidas puedan sumarse otras en los próximos días e incluso en la misma jornada del 1 de octubre. Entre las decisiones de último minuto que podrían ser decididas por los jueces para impedir la consulta citan la posibilidad de ordenar cortes del suministro eléctrico o de la conexión informática para impedir el acceso y la comprobación de datos censales, así como el recuento de las votaciones.

Ayer mismo, la Fiscalía, en cumplimiento de las sentencias y decisiones cautelares del TC, procedió, mediante orden dada a la Guardia Civil, a la clausura de la página web promocional del 1-O, una decisión que se añade a la prohibición de celebrar un acto propagandístico del referéndum en un local cedido por el Ayuntamiento de Madrid.

Pese a estas medidas, el Gobierno no descarta que en algún punto se abran locales de votación pero, afirman: «Será tan minoritario y precario que todo el mundo verá que eso no es un referéndum».