ARAMÓN, compuesto a partes iguales por Ibercaja y el Gobierno de Aragón, está incumpliendo al menos uno de los condicionantes a los que le obligaba la Declaración de Impacto ambiental, hacer un estudio de los restos arqueológicos de la zona de los trabajos.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF solicitan que se paralicen las obras de la estación de esquí y se inviertan recursos en un desarrollo sostenible del territorio.

Las organizaciones ecologistas ponen de manifiesto que es inadmisible que en un escenario de emergencia climática, Aragón apueste por incrementar infraestructuras de esquí, abundando en un modelo urbanístico y de turismo obsoleto que generará enormes pérdidas económicas a la sociedad.

El día 12 de septiembre comenzaron las obras de ampliación de la estación de esquí de Cerler por el valle virgen de Castanesa. El proyecto se soporta en una declaración de impacto ambiental aprobada en 2010 y prorrogada sucesivas veces a instancias del promotor ARAMÓN S.A. A su vez, está considerado por el Gobierno de Aragón como Proyecto de Interés General para Aragón, lo que conlleva una mayor flexibilidad y laxitud a la hora de conseguir los permisos y autorizaciones. Por ejemplo, no son necesarias las licencias municipales y se pueden realizar expropiaciones a los propietarios de los terrenos implicados.

ARAMÓN, compuesto a partes iguales por Ibercaja y el Gobierno de Aragón, está incumpliendo al menos uno de los condicionantes a los que le obligaba la Declaración de Impacto ambiental, hacer un estudio de los restos arqueológicos de la zona de los trabajos. Ese estudio no se había hecho y por tanto la DGA, que había autorizado las obras, se ha visto obligada a pararlas.

En el Gobierno de Aragón y ARAMÓN mandan las mismas personas (Marta Gastón es al mismo tiempo presidenta del Consejo de Administración de ARAMÓN y Consejera de Economía del Gobierno), lo que da lugar a situaciones sospechosas. Hace meses que las diferentes asociaciones que forman parte de la Plataforma en Defensa de las Montañas (PDMA) han solicitado información a diferentes departamentos de la Diputación General de Aragón, pero las organizaciones ecologistas tan solo han recibido una respuesta incompleta hace unos días.

En dicha respuesta, se asegura que se han hecho los estudios y los informes a los que obligaba la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pero no se han entregado. Por ello, WWF, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra han declarado: «tenemos razones para dudar de su calidad y ajuste a la nueva normativa ambiental. Por ejemplo, en la zona se han avistado ejemplares de oso pardo y lobo, especies en peligro de extinción, que no se contemplaban en dicha DIA. La PDMA ha solicitado el proyecto pero dudamos que exista. Se quiere convencer a los desorientados socios de gobierno aragonés de que es un proyecto nuevo, en cuyo caso carecería de declaración de impacto ambiental y los promotores tendrían que empezar de nuevo».

La ampliación de las pistas de esquí de Cerler por Castanesa es un proyecto que se gestó en los años previos de la burbuja inmobiliaria y que pretendía construir unas 4.500 segundas residencias, casi todas en el mismo valle del municipio de Montanuy. La anulación del PGOU de Montanuy por el Tribunal Supremo y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria parecía hacer creer que ARAMÓN y la DGA se habían olvidado del proyecto.

El anuncio en marzo de la Consejera de Economía que dictaba “comenzaremos en junio y tenemos 40 millones de euros”, puso en alerta a las organizaciones ecologistas. Según han declarado, «así nos enteramos de que el Ayuntamiento de Montanuy, dos meses después de la anulación del PGOU, encargó un estudio estratégico para hacer un nuevo plan urbanístico y un año más tarde, el arquitecto que participó en el anterior plan fallido comenzó a elaborar la primera fase del PGOU».

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF han pedido información al Ayuntamiento hace más de cuatro meses, sin que se les haya facilitado, incumpliéndose la ley de transparencia. Tampoco se ha especificado de donde van a salir los 40 millones de euros en que se estima el coste del ‘nuevo’ proyecto.

Evidentemente, las condiciones económicas no han mejorado y el mercado inmobiliario sigue en crisis. Las condiciones ambientales han empeorado y el cambio climático es cada día más evidente, como lo demuestran diferentes estudios científicos. Incluso los estudios del Observatorio Pirenaico para el Cambio Climático, cuya página web dice textualmente: “En los últimos años este sector (el turismo de invierno) ha sido identificado como extremadamente vulnerable a los efectos del cambio climático”.

Castanesa Nieve (empresa del Grupo ARAMÓN) invirtió más de 20 millones de euros en comprar praderas que el Ayuntamiento recalificó a terreno urbanizable, pero siguen siendo prados. El dinero inyectado a algunos vecinos solo sirvió para que la población disminuyera en casi 100 vecinos en los 4 años siguientes. No sirvieron para paliar la despoblación, principal argumento utilizado para apoyar el despropósito. Curiosamente, el Gobierno de Aragón acaba de recortar 36 millones de euros (el 30% del presupuesto) en los programas Leader para desarrollo rural.

Si ARAMÓN deja caducar el Impacto Ambiental, la empresa Castanesa Nieve deberá quebrar, y ARAMÓN tendrá que apuntarse en el balance de pérdidas más de 35 millones de euros. Esto dejará a la empresa en una situación económica insostenible que afectaría a sus numerosos acreedores.

Las organizaciones ecologistas han manifestado que «el Gobierno de Aragón es cómplice de un proyecto absurdo desde todos los puntos de vista, económico, ambiental y social. El uso de dinero público para defender oscuros intereses privados no es legítimo y puede constituir un delito de malversación». Por ello, han exigido que este proyecto se descarte definitivamente y se destinen los recursos a procurar un desarrollo territorial equilibrado y eficaz, también en las extensas áreas rurales aragonesas que no tienen una estación de esquí.