Desde que en la década de los cincuenta comenzó a implantarse en los países más desarrollados de Europa como respuesta a la “amenaza soviética”, se conoce como seguridad social al conjunto de servicios públicos destinados a cuidar de la enfermedad, la vejez, el paro, la incapacidad y la exclusión. Aunque los puntos básicos en que se cimentaron la mayoría se los seguros sociales de Europa ya aparecen enunciados en el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, no es hasta principios del siglo XX cuando gracias al movimiento obrero y a la Revolución Rusa que aparecen las primeras leyes que limitan la jornada laboral, impiden el trabajo a embarazadas y enfermos y hablan de vacaciones pagadas y jubilaciones al llegar a una determinada edad. Sin embargo, aquellas primeras normas legales tendrían un alcance limitado y no cristalizarían hasta pasadas las dos guerras mundiales.

Es obvio que un sistema de seguridad social tiene que ser público porque el capital privado es tan voluble como volátil y excluyente, además sólo acude a aquellas actividades donde el beneficio es visible y claro. Ni curar un cáncer, ni pagar una pensión, ni asistir a quienes no pueden valerse por sí mismos genera ni generará beneficios jamás, de ahí que para garantizar que todos los ciudadanos sean asistidos en igualdad de condiciones generación tras generación tenga que ser el Estado –es decir el conjunto de los individuos que componen una sociedad mancomunados para precaver el presente y el porvenir de todos y cada uno- quien se haga cargo de las prestaciones esenciales que todo sistema de seguridad social debe asumir. La mayoría de los sistemas existentes en Europa se financian por las cotizaciones que pagan trabajadores y empresarios, pero son muchos los países que aportan cantidades suplementarias vía presupuestos generales para suplir los déficits generados por el envejecimiento de la población, lo que sólo es posible en aquellos Estados que tienen un sistema fiscal proporcional y progresivo, combaten el robo al Erario con dureza y eficacia y en sociedades que tienen en muy alto valor la solidaridad y la fraternidad social. Es decir, que un sistema de seguridad social justo y adecuado a las necesidades de los seres humanos, no es viable –o dejará de serlo en breve- en países que quieren basar su Hacienda en impuestos indirectos medievales como el IVA, en el desmantelamiento del IRPF y en unos salarios cada vez más bajos.

La actual política económica ejecutada por Rajoy lleva inevitablemente a la quiebra de la Seguridad Social y a la privatización de todos y cada uno de los servicios que presta

Hay quien defiende que la seguridad social sólo podrá sostenerse si en un plazo corto de tiempo llegamos a tener veintidós millones de personas trabajando aunque el trabajo sea precario y mal pagado, empero, eso es una falacia porque incluso en una situación de pleno empleo de esas características la seguridad social seguiría siendo deficitaria por la brutal y progresiva mengua de las cantidades aportadas por trabajador, impidiendo además generar un nuevo fondo de pensiones como el heredado por Rajoy del Gobierno Zapatero para tiempos de crisis, fondo que ha permitido hasta hoy no recortarlas de forma drástica y violenta. Por tanto, es evidente que el gobierno no está por la labor, que si hubiese estado interesado en el mantenimiento del sistema público de seguridad social, habría reunido hace tiempo a todas las fuerzas políticas y sociales para buscar un acuerdo y un plan de viabilidad, habría desarrollado programas de empleo juvenil, combatido la economía sumergida explotadora y parasitaria y apostado seriamente por la aportación de cantidades de dinero crecientes procedentes de los presupuestos generales del Estado. Por el contrario, el actual gobierno neofranquista viene aplicando desde que existe las mismas políticas al respecto que Esperanza Aguirre y Francisco Camps aplicaron en Madrid y Valencia, las mismas que Artur Mas y Boi Ruiz llevan implantando en Cataluña para regocijo, deleite y ventura de los patronos de las clínicas privadas –ahora llamadas también hospitales en los medios afines-, las caixas y los bancos patrióticos de todo el país. Y no cabe engañarse, la apuesta es tan clara como decidida, se trata de desamortizar la seguridad social, de pasar sus prestaciones a empresas privadas nacionales y transnacionales a las que sólo mueve el ánimo de lucro y jamás el interés general, de manera que cada cual sufrague su sanidad y su pensión con arreglo a sus ingresos, quedando para la mayoría que no puede hacerlo un sistema residual parecido a la beneficencia de otros tiempos.

Al igual que en los presupuestos anteriores, el Gobierno Rajoy ha presentado unas partidas dinerarias para la seguridad social en las que los gastos superan a los ingresos confiando el equilibrio de las cuentas a lo que queda en la hucha de las pensiones. De seguir por ese camino, en cuatro o cinco años sería obligatorio para el gobierno que fuese acometer una drástica reducción del gasto en todas las partidas de la seguridad social, provocando una crisis social y humanitaria todavía más cruel que la que hoy padecemos puesto que buena parte de la actual crisis fue derivada con intención a las espaldas de nuestros mayores. No cabe engañarse ni esconder la cabeza bajo el suelo ni mirar para otro lado, la actual política económica defendida y ejecutada por el Gabinete Rajoy lleva inevitablemente a la quiebra de la Seguridad Social y a la privatización de todos y cada uno de los servicios que presta, servicios que en adelante dependerían sólo y exclusivamente del poder adquisitivo individual. El modelo no es nuevo, es el que existe en Estados Unidos y en Chile, el más caro e injusto del planeta, y para implantarlo se han escogido dos vías, una, las listas de espera en hospitales que obligan al acuciado por la enfermedad a recurrir a servicios privados donde se atiende según cuenta corriente; dos, el agotamiento del sistema de pensiones y prestaciones al desempleo por consunción.

Sin embargo, por mucho que los actuales gobernantes presenten su política como la única posible para esconder sus verdaderas intenciones, hay alternativas que permitirían no sólo mantener sino mejorar lo que hoy tenemos. En primer lugar sería necesario que los gobernados fuésemos capaces de elegir a un gobierno que creyese de verdad en la democracia y en el pueblo al que se debe; en segundo lugar aumentar la productividad, no mediante disminuciones salariales sin precedentes sino mediante la inversión en I+D+i -por ejemplo en las pisoteadas energías alternativas-, inversión que genera un valor añadido muchísimo mayor y, por ello, unos ingresos fiscales crecientes; en tercer lugar, convocar una reunión de Estados en la Unión Europea para forzar una disminución progresiva de la jornada laboral para repartir un trabajo cada vez más escaso y emplear a más gente, y en cuarto, hacer pedagogía, decir claramente a los ciudadanos que hay que pagar impuestos, que es necesario que todos arrimemos el hombro para sostener el que ha sido hasta hace poco uno de los mejores sistemas de seguridad social del mundo, como demuestran el número de trasplantes que se hacen cada año y la esperanza de vida de los hombres y mujeres que habitan esta sufrida y maltratada tierra.