El Parlamento Europeo no solo ha aprobado hoy el informe sobre vivienda social preparado por la diputada verde francesa Karima Delli. También ha sacado adelante su párrafo más polémico, que precisamente por su alto voltaje político se votó por separado a petición del PP. Se trata del apartado que reclama para las familias en quiebra la posibilidad de renegociar la deuda o de acogerse a la dación en pago (es decir, la posibilidad de entregar el bien hipotecado para saldar la deuda). La oposición prácticamente unánime del grupo popular europeo no ha evitado que salga adelante con el apoyo de 318 parlamentarios. 269 han votado en contra, y 52 se han abstenido.

Solo nueve de los 269 eurodiputados del PP europeo apoyaron una iniciativa que se ha convertido en uno de los ejes sobre los que gira el debate en torno a los desahucios en España. Pese a tratarse de un informe sin consecuencias legales, supone un golpe político para el Gobierno de Mariano Rajoy, que se niega en redondo a regular la dación en pago con efectos retroactivos.

Esta es una de las reclamaciones fundamentales de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), asociación que ha despertado la furia del Gobierno por las protestas frente a las viviendas de representantes políticos. Pese a que varios líderes del PP han tildado a la PAH de llevar a cabo prácticas terroristas o incluso nazis, esta organización recibió la semana pasada el premio Ciudadano Europeo que cada año concede la Eurocámara.

Entre los votos en contra que la dación de pago ha recibido en el pleno de Estrasburgo, llama la atención encontrar los de los dos eurodiputados populares –el alemán Hans-Gert Pöttering y el austriaco Othmar Karas- que la semana pasada dieron el visto bueno a la concesión del galardón a la organización cuya cara visible es Ada Colau.

Otro elemento llamativo de la votación es que el Parlamento respalde ahora -como declaración de principios, sin ningún efecto legal- un aspecto que podría haber regulado en la reciente directiva sobre créditos hipotecarios. Pero la norma pactada entre las instituciones europeas solo contempla la dación en pago para los casos en los que acreedor y deudor se pongan previamente de acuerdo, algo que ya existe en la normativa española, por lo que no tendrá ningún efecto para los ciudadanos españoles que ya han perdido su vivienda.

Estrasburgo pide a los Gobiernos que se esfuercen por ofrecer soluciones alternativas a los desahucios y “que impidan que las familias desahuciadas sigan teniendo que devolver sus créditos hipotecarios”. El resto del informe salió adelante por una mayoría más amplia: 353 síes, 151 noes y 189 abstenciones. El texto destaca la importancia de que la vivienda social no se trate como un simple gasto, sino como una inversión que contribuye a la creación de puestos de trabajo.

Otras de las peticiones que sale de la Eurocámara se dirige al Consejo, al que se le reclama que reúna a los ministros responsables de la vivienda de los Estados miembros "al menos una vez al año" para debatir "la repercusión de las distintas políticas europeas sobre las políticas en materia de vivienda". Los eurodiputados piden también al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que, en colaboración con las autoridades regionales, "reserve un lugar más importante al sector de la vivienda social y asequible en sus prioridades de inversión".".