Hubo más muertes en La Plata por el diluvio del 2 de abril. Muchas más muertes que las 52 que figuran en el listado oficial. Hay cerca de 90 casos sospechosos, ya sea por la hora, el día, el lugar o ciertos detalles. Y las familias de ocho de esas víctimas confirmaron a LA NACION que el motivo de las muertes era, de manera directa o indirecta, la gran lluvia.

Las dudas sobre la cantidad de muertos son generales. Las tienen funcionarios del gobierno bonaerense, jueces, fiscales, defensores oficiales, médicos, organismos de derechos humanos, sacerdotes, maestras, casas velatorias, asambleístas y vecinos consultados por LA NACION durante el último mes.

Tres de las ocho familias que adjudicaron las muertes a la inundación destacaron el papel de la policía en esas horas. "Nos dijeron que si denunciábamos que había muerto por el agua tenían que llevárselo a la morgue, hacerle una autopsia, abrir un expediente y esperar al juez, lo que podía tomar semanas", relató la hija de una víctima. "Pero que si conseguíamos a un médico que firmara el certificado [de defunción] diciendo que murió de un infarto, al día siguiente lo podíamos enterrar." Y así fue.

El número exacto de muertos por causa directa o indirecta del diluvio acaso nunca se sepa. Tras la inundación de la ciudad de Santa Fe, en abril de 2003, murieron 23 personas (3 de ellas menores) según el conteo oficial. Pero llegó a 148 según los organismos de derechos humanos provinciales. El debate aún sigue abierto en los tribunales santafecinos.

En La Plata, Berisso y Ensenada, cerca de 300 personas fallecieron durante la primera quincena de abril. De ellas, el gobierno de Daniel Scioli reconoció que 52 murieron por la inundación e indicó que había otros 37 casos posibles, que giró a la Justicia para que los investigue.

A esos 37 casos bajo análisis, sin embargo, deberían sumarse alrededor de otros 55 decesos más que por sus características podrían responder a la inundación y la inacción posterior. Y sobre ese universo de 92 casos bajo "especial atención" trabajaron, hasta su apartamiento, el juez Luis Arias, el defensor oficial del fuero Penal Juvenil, Julián Axat, así como organismos de derechos humanos bonaerenses.

El subsecretario de Política Criminal bonaerense, César Albarracín, no descarta que se verifiquen más muertes, aunque bajó el número potencial en danza. "Algunos casos están evidentemente desvinculados [de la inundación] pero otros requieren un análisis de la Justicia porque sus familiares lo están informando", indicó a LA NACION. "Hemos recibido noticias de que podría haber más víctimas, pero tras la primera fase de emergencia, ahora debemos adoptar un criterio más cauto para analizar mejor cada caso", añadió.

Ir más allá de la región

Los más escépticos, en cambio, abogan para que se amplíe el análisis a los 300 decesos registrados durante la primera quincena de abril. Y que se extienda más allá de La Plata, Berisso y Ensenada. Debería alcanzar, afirman esos investigadores, a los registros civiles, morgues, crematorios y cementerios de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela para descartar que algunos cuerpos hayan terminado allí, o incluso en Burzaco, con escala previa en el Hospital Naval. "Más relevante que el número final [de fallecidos] es la obturación que hay para investigar", indicó una fuente con acceso directo a la investigación judicial.

Esa pesquisa comenzó con Arias y Axat como protagonistas, pero pronto se abrió una disputa con el fuero penal, en particular con el juez Guillermo Atencio y el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. Al final, tras un paso por la Suprema Corte bonaerense, Axat y Arias fueron apartados, mientras que se sumaron el fiscal Jorge Paolini y otra jueza en lo Contencioso Administrativo, Ana Logar. Pero Arias y Axat no se dan por vencidos. En particular para señalar las fallas por negligencia o dolo del Estado y por una presunta decisión política de fragmentar la investigación en múltiples expedientes en vez de unificarla bajo la figura penal del "estrago".

Cada una por separado, en tanto, tres de las ocho familias que dialogaron con LA NACION destacaron el rol clave de la policía. Pero también consignaron que no tienen claro si los agentes actuaron de buena fe, para reducirles el dolor y la espera, o por órdenes superiores de la propia fuerza o políticas, mientras que el equipo de Scioli y el gobierno nacional tomaban las riendas tras la pésima -o incluso nula- reacción inicial del intendente Pablo Bruera.

Tanto o más relevante es por qué esas familias hoy no cuentan la verdad. "Porque podríamos terminar con un «quilombo» penal y causándole un problema al médico amigo que nos ayudó", resumió, ante LA NACION, el hermano de otra de las víctimas.

Diego Reguera, hijo de Edgardo, que murió ahogado en 28 entre 43 y 44 -pero cuyo certificado de defunción también dice "paro cardiorrespiratorio no traumático" - suma otro motivo al silencio sobre la cantidad de muertes: "Los medios [de comunicación] llegaban a enloquecerte con su insistencia, sin dejarnos vivir el duelo en paz".

Reguera debió esperar junto al cuerpo de su padre en la calle, durante cuatro horas, a la espera de un médico forense que al fin le avisó que no podría llegar. "Al lado tenía a un policía diciéndome que lo sacara [a su padre] de ahí", rememoró. Así fue que trasladó el cuerpo hasta una funeraria y consiguió ese certificado.

Según las autoridades, Reguera no murió por el diluvio. Su hijo los corrige. "Si no se hubiera inundado todo, mi padre estaría vivo -afirmó-. Murió víctima del stress absoluto que padeció". Pero no quiere cargar las tintas. "Como familia hicimos lo que humanamente se podía dado todo lo caótico que se vivió en la ciudad".

Al de Reguera se suman otros casos singulares. Como el de Raimundo Aguirre y su esposa Carmen Arias Burgos, que aparecieron con el día y la hora de sus fallecimientos modificados en sus certificados de defunción; o el de Juan Carlos García, que figura con otra causal de muerte.

"Dignidad y memoria"

El matrimonio Aguirre ya ingresó en el proceso que concluirá con la corrección de los certificados. Pero eso no quita que aún medien los obstáculos. "Uno de los fiscales nos preguntó cuál era la premura por corregirlo si ya estaban por ser «oficializados»", remarcó una de las hijas, Rocío, a LA NACION. "Se trata de una cuestión de dignidad y de honrar la memoria de mis papás", afirmó.

Según el certificado de García, en tanto, murió de un carcinoma hepático en su casa, a las 11.30 del miércoles 3. Pero su familia declaró que lo arrastró la corriente desde el cruce de las calles 22 y 34 hasta la esquina de 21 y 33, donde apareció muerto. Tras esperar cinco horas que apareciera la policía, llamaron a una cochería, lo velaron y lo cremaron.

Las recomendaciones de la policía y los errores en los certificados de defunción se combinaron, además, con las presuntas irregularidades que denunció ante la Justicia un ex empleado del Registro de las Personas provincial. Abogado y al tanto de los procedimientos, relató cómo hablaban las autoridades del Registro con los de la morgue para acelerar los tiempos e inscribir a las víctimas sin la intervención previa de un juez. El jueves 4 de abril, el denunciante dejó de trabajar allí.

Pero mientras Bruera reiteró ayer su pedido de disculpas y reafirmó que no renunciará -pese al papelón de afirmar por Twitter que recorría los centros de evacuados mientras se encontraba en Brasil-, el listado oficial de fallecidos acumula otros rasgos llamativos. En primer lugar, porque no aparece ningún menor, lo que intriga a todos (ver aparte).

A un mes de la tragedia, desde la provincia descuentan que el listado oficial aumentará. Pero no tanto como calculan Arias, Axat y la red de asambleas vecinales. Por lo pronto, incluirá a víctimas como Alejandro Nuccitelli, que falleció el jueves 18, tras quince días en coma. Su certificado de defunción, a diferencia de tantos otros, sí especifica que murió por "sumersión". Pero sigue fuera del listado oficial.

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La cifra de muertos que dio la provincia no se modificó $ 6000MillonesEs el costo de las pérdidas económicas en La Plata, según estimaciones privadas

MUERTE EN LA PLATA

Durante los primeros quince días de abril, fallecieron cerca de 300 personas en la ciudad y alrededores. De ellas, 51 se incorporaron al listado oficial de decesos por la inundación (en amarillo); y más de 90 muertes quedaron bajo análisis, ya fuera porque fallecieron entre el 2 y 4 (en violeta) o por otras razones (en azul), en particular, por su cercanía a zonas inundables o las cuencas de arroyo de la región

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