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La banca confía en el tripartito informal PP-PSOE-C’s. Y lo demuestra con hechos, según certifica el Tribunal de Cuentas (TCu) en el reciente informe en el que fiscaliza la campaña electoral del 20 de diciembre de 2015: concedieron a los tres primeros casi 27 millones de euros en créditos con los que cubrieron casi dos tercios de su presupuesto.

PP, PSOE y C’s recibieron con esos 27 millones de euros en créditos casi el 80% de la financiación que sumó en esas elecciones todo el espectro político, aunque el grado de confianza fue dispar. Los conservadores recibieron la mayor cifra --10,7 millones--, aunque esta solo supuso el 49,5% de su presupuesto, mientras los socialistas, entonces liderados por Pedro Sánchez, obtuvieron 8,6, con los que cubrieron el 60,3% de sus previsiones. Sin embargo, llama la atención el peso de la financiación bancaria en las cuentas electorales de Ciudadanos: 7,6 millones que cubrieron el 99% de sus 7,7 de gasto. No está mal para un debutante.

El dictamen también revela que la banca no desconfía de los presuntos separatistas catalanes: otorgaron a ERC y Democràcia i Llibertat sendos paquetes de préstamos por algo más de un millón de euros con los que la primera formación cubrió dos tercios de su intendencia y la segunda, casi la mitad, lo que denota el escaso temor que, lo mismo que sus eventuales riesgos de insolvencia en caso de que España fuera a romperse, ambos provocan a los señores del dinero.

En cualquier caso, el informe del Tribunal de Cuentas certifica por enésima vez que las campañas electorales constituyen una actividad fuertemente subvencionada: los partidos aportaron directamente tan solo 7,39 millones de los más de 55 que se gastaron –un euro de cada siete- mientras Papá Estado adelantaba 16,38 –más del doble-- a cuenta de las futuras ayudas en función del resultado y la banca financiaba, con 33,92, casi dos tercios del presupuesto.

Las campañas siguen estando fuertemente subvencionadas: los partidos aportaron directamente 7,39 millones de los 55 que gastaron. El Estado, 16,38 millones. Más del doble

Los partidos políticos declararon gastos electorales por valor de 55,74 millones de euros, casi dos tercios de los cuales fueron movilizados por PP --20,16, sumadas sus coaliciones-- y PSOE --14,25--. Sus inversiones quedan muy alejadas de las que realizaron las cuatro formaciones que les siguen en representatividad: Podemos y su galaxia --4,02--, Ciudadanos --7,72--, ERC --1,51-- y Democràcia y Llibertat --2,25--.

¿A cuánto sale el escaño?

No obstante, la valoración de los ingresos tiene trampa. Las aportaciones privadas que los partidos dedicaron a la campaña ascendieron solo a 47.360 euros: 30.360 de C’s, 11.550 de UP, 3.964 de Nós, 1.090 de Podemos-Alto Aragón en Común y 400 de DL. Sin embargo, el TCu no tiene constancia de qué cantidades recibieron –esas formaciones y el resto-- en esas fechas, lo que le lleva a proponer una reforma de la Ley de Financiación de Partidos: que las entregas de dinero que les llegan entre la convocatoria de unas elecciones y su celebración “se entendieran efectuadas, en todo caso, para financiar el proceso”. También propone regular el chequeo de los microcréditos, que supusieron el grueso de los ingresos de Podemos.

La comparación de los rendimientos que obtuvieron los partidos ofrece resultados llamativos. Al bipartidismo le sale el escaño a unos 160.000 euros --163.000 en el caso del PP y 158.000 en el del PSOE--, coste que casi triplica el de Podemos y las confluencias --58.000-- y que se queda muy por debajo del que le resulta a Ciudadanos, al que cada acta le costó 193.000. Aunque a ninguno de ellos le sale tan caro como a Democrácia i Llibertat, formación cuyos costes se disparan hasta los 281.000 euros.

ERC optimiza la inversión un poco peor que los dos principales partidos, ya que le cada miembro del grupo parlamentario le sale por algo más de 167.000-, mientras que el castigo de la Ley Electoral a IU –Unidad Popular, el pasado invierno-, que solo tradujo en dos escaños los 923.105 votos con los que estuvo cerca de duplicar los apoyos de ERC y DL, dispara los costes de cada acta de manera desmesurada por encima del millón de euros.

Gastos sin justificar

El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el 20-D plantea implícitamente algunas preguntas inesperadas. Una de ellas es la que lleva a plantearse qué servicios puede prestar una inmobiliaria, que a su vez es filial de una empresa dedicada a la gestión y el saneamiento de agua, a un partido político durante una campaña electoral. El órgano de fiscalización se ha quedado con las ganas de saberlo.

Más de la mitad de las empresas que no justificaron servicios y productos a los partidos trabajaron para el PP

A ese perfil empresarial responde Asesoramiento Eficaz Técnico, una firma madrileña que, según consta en el Registro Mercantil, se dedica a la compra, venta y alquiler de fincas rústicas y urbanas y cuyo accionariado controla otra firma que opera en el campo de la gestión de redes de suministro de agua y tratamiento de residuos. “No puede ser, nosotros no tenemos nada que ver con esa empresa y no hemos hecho ningún trabajo relacionado con ninguna campaña electoral”, señala una empleada del accionista mayoritario -único- tras dejar claro que, pese a las repetidas llamadas de CTXT, su jefe no va a hacer un hueco en su agenda para tratar el tema.

Según el informe de que ha realizado el Tribunal de Cuentas (TCu), Asesoramiento Eficaz Técnico SAU ha eludido justificar a qué productos y servicios corresponden los 382.236 euros que le facturó esa campaña al PP, según la información facilitada por esta formación.

Los proveedores de los conservadores han sido, con creces, los que más complicado se lo han puesto al Tribunal de Cuentas (TCu) en su tarea de fiscalizar las cuentas de los partidos y coaliciones que concurrieron a las elecciones generales del 20 de diciembre de 2017: más de la mitad de las empresas -25 de 45- que incumplieron la obligación de justificarle los productos y servicios por valor de 3.699.460 euros que estos dicen haber recibido de ellas habían trabajado para el PP, cuyo gasto pendiente de chequeo suma facturas por 2.843.271 euros, señala el tribunal en su dictamen.

El 73% de las empresas y el 81% del dinero

Los proveedores del PP suman el 55,5% de las sociedades que no han informado al TCu y el 76,8% de los gastos no justificados ante el organismo fiscalizador, tasas que ascienden al 73,3% y al 81,8% si se le añaden las facturas por 184. 267 de ocho proveedores de las coaliciones con el Foro Asturiano y el Partido Aragonés de las que el tribunal asegura no tener justificación.

Algunas de ellas aseguran haberlo hecho después, caso de la empresa de paquetería MRW (Urbequipo), que sumaba facturas por valor de 521.579 euros por los servicios de mensajería efectuados durante la campaña. “Está justificado, se lo puedo asegurar”, señalan en la empresa. Sí presentaron la información antes de que el TCu cerrara su informe varias más, entre las que no se encuentran la firma madrileña de mensajería Cibeles Mailing -665.118 euros- ni la barcelonesa de artes gráficas Sundisa -531.162-.

Al bipartidismo le sale el escaño a unos 160.000 euros --163.000 en el caso del PP y 158.000 en el del PSOE--, coste que casi triplica el de Podemos y las confluencias --58.000--

“Hemos trabajado para varios partidos, pero no me consta que nos hayan pedido nada” desde el Tribunal de Cuentas, señala uno de los responsables de Cibeles Mailing, empresa que ensobró buena parte de los sobres que los ciudadanos recibieron en sus casas con las papeletas de las formaciones de su circunscripción en vísperas del 20-D. “Hay una forma muy sencilla de certificar nuestro trabajo”, añade, perplejo por la aparición de la empresa en el informe, la misma fuente. Se refiere a que Correos certifica uno por uno las cartas que ellos preparan para aplicarles el franqueo. Sundisa, por su parte, no ha respondido todavía a las preguntas de CTXT.

El listado de empresas que trabajaron para el PP y que no han cumplido con el TCu incluye al menos una de carácter público como Promálaga, la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales del Ayuntamiento de Málaga, que tiene pendientes de justificar una facturación de 14.724 euros. No es la única del ramo que incumple sus obligaciones con el órgano de fiscalización: le ocurre lo mismo a Fira Internacional de Barcelona con los 23.172 que declara haberle pagado Esquerra Republicana.

El listado de partidos cuyos proveedores incumplen la obligación de informar al TCu incluye, aunque con cifras muy inferiores a las de los conservadores, a Democràcia i Llibertat –la última versión de Convergència-- con 415.066 euros de cinco empresas, Geroa Bai con 122.913 de una productora audiovisual y el PSC con 78.200 de tres sociedades, mientras PSOE y Podemos aportan sendos incumplimientos con un suministro por 17.685 y 14.822 euros; el primero de ellos en su coalición con Nueva Canarias.

¿Es la tradición del autocar un gasto electoral?

En cuanto a los gastos, el envío de propaganda electoral se llevó, con 19,15 millones de euros, algo más de la tercera parte del gasto de los partidos, que dedicaron otros 36,21 a “operaciones electorales ordinarias”. Aunque no todos los partidos comparten los criterios del TCu en ese apartado. Concretamente, en el caso de PP y PSOE, en cuanto a la tradicional movilización de militantes y simpatizantes en autocares para animar los mítines de los principales candidatos.

El Tribunal de Cuentas considera que la contratación de los transportes no es un gasto de carácter electoral imputable a la campaña y, por lo tanto, susceptible de ser financiado mediante subvenciones. El PSOE, que en diciembre se gastó 226.148 euros en 24 movilizaciones para actos de campaña, muestra su perplejidad por el cambio de criterio del TCu, que en junio había dado por buenas tres facturas de autocares de Alicante y Asturias que sumaban 66.693 euros. Al PP le ocurre algo similar con tres facturas que suman 39.752 euros por “alquiler de autobuses para el desplazamiento de asistentes a actos electorales.

“Produce una sensación de incertidumbre e inseguridad”, señala el administrador de los socialistas, “apreciar que en una cuestión tan sensible como el gasto electoral, las circunstancias son cambiantes, atendiendo simplemente a razones, cree esta parte, de oportunidad”. “No entiende esta parte cómo encontrándose los gastos acometidos en concepto de alquiler y servicios de autocares íntimamente vinculados a la campaña electoral (…) no se consideran gastos electorales a efectos subvencionables”, añade, en lo que supone una declaración tan cultural como administrativa.

Ese posicionamiento coincide con el del PP, cuya administradora se refiere al gasto en acarreo de militantes como algo “habitual y necesario para el desarrollo de tales actos electorales, ya que en mítines de gran asistencia, por razones de seguridad y organización es necesario ayudar al desplazamiento de los asistentes”. Desde esa premisa, resulta tan lógico como paradójico abogar por que esos viajes se paguen a escote entre todos: votantes, no votantes y votantes de otros partidos.