El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha citado a declarar como investigadas a diez personas, entre ellas el actual alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), dentro de una investigación abierta en 2013 sobre la adjudicación por parte de la Junta de contratos privados a particulares para que éstos inspeccionaran cursos de formación en Economía Social, "pudiendo de este modo haber usurpado de sus funciones públicas a los funcionarios que por ley tienen atribuidas estas labores".

En un comunicado de prensa, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado de que el juez ha citado a declarar el próximo día 12 de diciembre al actual alcalde de Granada por sus actuaciones como delegado provincial en Granada de la Consejería de Economía e Innovación de la Junta de Andalucía en los años 2010 y 2011. Las otras nueve personas investigadas, también altos cargos en su día de la Consejería de Economía en las ocho provincias andaluzas, han sido citadas a declarar durante los próximos meses de noviembre y diciembre.

De este modo, y para el mismo día 12 de diciembre, el juez ha citado también a Ana María Barbeito Carrasco, quien fue directora general de Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Economía, y quien ya prestó declaración como investigada.

La causa se inició a raíz de una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que solicitó al juez investigar unos hechos en los que se podrían haber incurrido en los posibles delitos de usurpación de funciones publicas, prevaricación y malversación. En esta investigación se está analizando las contrataciones a particulares que se hicieron desde la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía para realizar trabajos, "atribuyendo funciones y potestades que solo pueden realizar funcionarios públicos", según indica el TSJA en la nota.

Además, "se están estudiando las razones que han llevado a acudir a procedimientos de contratación excepcionales (como es el contrato menor que puede ser de adjudicación directa) alterando el procedimiento ordinario de publicidad y libre concurrencia", explica el Alto Tribunal Andaluz. En estos hechos están asimismo investigados los que en ese momento ocupaban el cargo de delegado provincial de la Consejería de Economía e Innovación en Jaén, Almería, Málaga, Cádiz y Granada, así como los jefes de servicio de Huelva y Córdoba.

En el nuevo auto, el juez solicita además que se lleven a cabo nuevas diligencias y archiva provisionalmente la investigación respecto a un contratista y a una funcionaria.

El instructor manifiesta en el referido auto que "la atribución ilegítima de funciones públicas habría venido acompañada de la entrega de documentación administrativa consistente en modelos de Actas e Informes, posteriormente utilizados por cada contratista en el ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas; documentos que cuentan con membrete o encabezamiento oficial de la 'Junta de Andalucía' y del 'Fondo Social Europeo' y que aparecen firmados por los propios contratistas bajo la rúbrica 'Por la Administración (El Inspector)'".

Con ello, según considera el juez, quedaría "materializado por los contratistas el ejercicio de las potestades inspectoras atribuidas sin tener la condición de funcionarios y, por tanto, no ser Inspectores oficiales de la Administración Autonómica, figurando indebidamente como tales en el correspondiente expediente administrativo al que dicha documentación tenía por destino incorporarse".