Cinco días duró la revuelta en Uribana que terminó con cinco muertos y más de 20 heridos. “Ahí van, ahí van. Acaban de sacar a los rehenes”, gritaba un grupo de al menos 20 mujeres apostadas a las afueras de la cárcel cuando, cerca de las 10:00 de la mañana de ese martes 22 de marzo, vieron pasar tres camionetas blancas del Ministerio para los Servicios Penitenciarios. Las siete asistentes sociales y el resto de los custodios que permanecían secuestrados desde el 18 de marzo salieron con vida de Uribana. Pero lejos de alegrar a los familiares de algunos de los 1900 reclusos que cumplen condena en el Centro Penitenciario David Viloria (nombre original), eso solo significaba que ya no tenían el control y que la Guardia Nacional entraría a hacer requisa.

De inmediato, la ministra Iris Varela ofreció un contacto telefónico al canal del Estado en el que informaba que las 14 personas que permanecían secuestradas en el penal habían sido liberadas y trasladadas a un centro asistencial. “Está hablando la mujer esa, la y que ministra”, avisaba la hermana de un preso a los demás que esperaban impacientes entre carpas improvisadas con sábanas y hamacas. Una de las periodistas mostraba en su teléfono las declaraciones de Varela vía Twitter.

“Esa mujer parece que no tuviera familia, nunca dio la cara y ahora viene a decir que ya se solucionó todo. No le importa la vida de nadie”, se le escuchó decir a Yadira (nombre ficticio), tía de uno de los reos que permanece en el módulo 8 desde hace siete meses por el delito de robo. Ella esperaba sentada debajo de un toldo hecho de plástico cualquier noticia, con suerte una llamada desde dentro de la cárcel, que le informara que Yerver estaba bien y que no sería trasladado a otro centro de reclusión.

Los perros vagaban de un lado a otro en busca de algún bocado de comida abandonado por las más de 200 personas que se encontraban en la calle que dirige hacia la entrada de Uribana. En uno de los ranchos cercanos, un pastor evangélico invitaba a todos “los desesperados y angustiados” a que confiaran en Jehová: “así se escuchen disparos y la guardia entre, no habrá muertos. Jehová protegerá a los muchachos”.

Una hora más tarde, a las 11:15 de la mañana, el cordón de funcionarios de la GNB que resguardaba la entrada al penal, se deshizo para abrir paso a cinco autobuses que trasladaban a 200 reos hacia otras cárceles del país, entre ellas las de Tocuyito (en Carabobo) y Tocorón (en Aragua). Los presos iban agachados y sin camisa. Algunos pudieron sacar las manos por el pequeño espacio enrejado de las ventanas a modo de despedida. “Dios mío, van ensangrentados. Les dieron golpes. Esos traslados no son voluntarios, los obligaron”, decía una muchacha que creyó ver a su esposo dentro de uno de los vehículos y de inmediato comenzó a correr angustiada. Cayó al suelo y cuando recuperó el conocimiento volvía a gritar: «Dios mío, ayúdalo. No lo dejes».

De los 18 secuestrados, uno fue asesinado.

Edgar Adolfo Marín Bracamonte, de 38 años, era uno de los custodios que estaba de guardia el viernes 18 de marzo y acompañaba a las siete asistentes sociales a realizar un censo dentro de la cárcel. A la 1:00 de la tarde, tras una inspección de la GNB, los presos decidieron alzarse y declararse en huelga de hambre para forzar una negociación con la ministra Iris Varela que les permitiera el ingreso de alimentos al penal suministrados por sus familiares, el cese de las “humillaciones y torturas” por parte de custodios y efectivos de la GNB. Además pedían que no les cortaran el cabello y que los funcionarios de seguridad no dispararan porque de lo contrario asesinarían a las siete mujeres y once custodios que decidieron mantener de rehenes esa tarde.

Uno de los reos, que se comunicó vía telefónica con el periódico local La Prensa de Lara, contó que el director del penal, Oscar Briceño, y el director regional de penales, Wilmer Apóstol, se subieron al techo con armas en mano para amenazarlos. En ese momento, los reos detonaron dos granadas fragmentarias y se produjo una balacera. Eliseo Apóstol, Richard Jiménez Rojas y Alirio Antonio Pérez Pinto, fueron los tres presos que murieron ese día por causa de la onda expansiva de la granada y heridas de bala. Otros diez reos y ocho custodios resultaron heridos.

La cuarta víctima mortal de la revuelta fue el custodio Edgar Marín, que tenía año y medio trabajando en Uribana. Tras cuatro días como rehén, los reclusos decidieron usarlo para negociar lo que querían esta vez: agua, café, caramelos y azúcar, para continuar la huelga de hambre en rechazo al régimen penitenciario establecido desde el 2013. Pero no obtuvieron lo que pedían y cumplieron sus amenazas.

“Fabricaron un explosivo C4 y lo amarraron a su cabeza, luego hicieron que mi hermano caminara con los ojos vendados por el patio del penal mientras cantaba el Himno Nacional. Mi hermano tropezó y el explosivo cayó matándolo de una vez. Quedó sin rostro”, dijo Esmeralda Marín a El Estímulo, a través de una llamada telefónica. Ella es una de las cinco hermanas de la víctima.

Para que el cuerpo de Marín fuera entregado a sus familiares, el director tuvo que negociar con los presos. “Los reclusos querían comida, así que Oscar Briceño les pasó yuca y pollo y ellos nos entregaron el cuerpo de Edgar. Muchos de los custodios renunciaron al ver que su vida no valía nada y que el gobierno no hizo nada por salvar a mi hermano”, relató Esmeralda desde Valera, en el estado Trujillo. Marín era de allá y el martes 22 de marzo fue su velorio.

Alexis Enmanuel Arriechi (21), alias Mortecina, señalado como el recluso que amarró el explosivo al custodio, llegó a la Morgue del Hospital Central Antonio María Pineda el martes 22 de marzo con heridas de bala en su pecho. Autoridades no supieron explicar su muerte.