SANS SÁNCHEZ, Bruno

El periodismo, en México, es una profesión de riesgo. Así lo dice, por lo menos, Reporteros sin Fronteras, que lo sitúa entre los cinco países más peligrosos para ejercer de informador. Y el estado de Veracruz, al este del país, con 15 periodistas asesinados en los últimos cuatro años, es uno de sus puntos negros, como se puede ver en este mapa interactivo.

Freedom House, junto con el Centro Internacional para Periodistas, muestra las numerosas agresiones que sufren los periodistas en el país. Según Periodistas en Riesgo, todas estas agresiones tienen como hilo conductor “un creciente desprecio hacia la labor periodística en México por parte de actores políticos, policíacos y empresariales además de, por supuesto, los criminales”. Y es que son muchos los medios de comunicación que sufren ataques sistemáticos.

Y los hechos parecen confirmar esa realidad. La tarde del pasado 2 de enero un grupo de nueve hombres armados irrumpió en el domicilio de Moisés Sánchez Cerezo, editor de un pequeño semanario de la localidad de Medellín de Bravo, en Veracruz, llamado ‘La Unión’. Desde sus páginas el periodista, que también ejercía de taxista, denunció la inseguridad reinante en el municipio, hasta que los nueve asaltantes lo arrastraron a un coche, delante de su esposa e hijos, y le robaron el ordenador, la cámara de fotos y el teléfono móvil: todo el material con el que ejercía su profesión.

Según pasaban los días, las esperanzas de que siguiera con vida disminuían. Permaneció desaparecido durante 23 días, en los que no se supo nada de él. 23 largos días tras los que, gracias a la confesión del asesino, el ex policía Clemente Noé Rodríguez Martínez, se encontró el cadáver descuartizado de Moisés en el interior de una bolsa de plástico, en la cercana localidad de El Tejar.

Según la Procuraduría Estatal, llevaba 23 días muerto. Fue, por lo tanto, degollado la misma noche de su secuestro. Durante esos más de 20 días, Moisés fue un hombre desaparecido, otro más, en un país que en 2014 batió su record de desapariciones y que se encuentra invadido por la violencia.

La confesión del ex policía permite a la investigación apuntar, como autor intelectual del asesinato, a Bravo Omar Cruz, alcalde de la localidad a quien, desde su pequeña publicación independiente, Moisés solía criticar. Según el hermano de la víctima, “tres días antes de su secuestro, éste se enteró a través de una fuente confiable que el alcalde pretendía callarlo dándole una lección”. La acusación al edil, no obstante, se basa en el testimonio ofrecido por el asesino confeso, en el que sostiene que el crimen fue un encargo directo de Martín López Meneses, subdirector de la Policía Municipal y chófer personal del alcalde, porque “le andaba estorbando [al alcalde] en su comunidad y en sus labores de Presidente Municipal”.

De los nueve criminales que perpetraron el secuestro, cinco eran ex policías. El alcalde Omar Cruz defiende su inocencia, y se apoya, además, en el aliento que le aportan muchos de los vecinos de Medellín de Bravo.

Otros importantes políticos han querido sumar su granito de arena a este terrible acontecimiento, como el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, que minimizó la labor de Moisés, al que se refirió como taxista y activista vecino, pero al que negó su condición de periodista.

Numerosas han sido las reacciones a este crimen. La Directora General de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Irina Bokova, condenó el asesinato: “su muerte supone un ataque inadmisible contra el periodismo, una profesión esencial para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, indispensable en democracia”.

La Federación Internacional de Periodistas, que cifra en 23 los periodistas asesinados en lo que llevamos de año, repudia el “brutal asesinato” de Moisés Sánchez Cerezo, e “insta a las autoridades mexicanas a resolver la totalidad de responsabilidades para que el crimen no quede impune”.

También la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, “condena el asesinato del periodista mexicano”, así como la FEPALC, la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe.

Lamentablemente, éste no es el último episodio de violencia contra periodistas en México. Tras este asesinato, otros periodistas han sido amenazados. Según Reporteros sin Fronteras, “la impunidad sigue siendo la regla en la inmensa mayoría de los casos de asesinato y de desapariciones [de periodistas]. La impunidad también se explica por la colusión entre el crimen organizado y las autoridades políticas y administrativas -a menudo corruptas y en las que incluso se han infiltrado los cárteles- a todos los niveles”.