El desafío al sistema democrático venezolano que ha lanzado Nicolás Maduro con la convocatoria de unas elecciones ilegales para formar una nueva Asamblea Constituyente exige un esfuerzo de la comunidad internacional que detenga este golpe institucional.

La votación que el régimen venezolano quiere realizar este próximo domingo constituye un mazazo mortal al órgano que representa legítimamente la soberanía del pueblo, que no es otro que su Asamblea Nacional. Esta fue democráticamente elegida en diciembre de 2015 y es el único poder que, por ahora, escapa al control monolítico del chavismo. Maduro, saltándose la Constitución que juró defender —impulsada, por cierto, por Hugo Chávez—, pretende disolver el Parlamento y elegir una nueva Asamblea con el mandato de elaborar una constitución a su medida. Para ello ha elaborado unas reglas de elección de candidatos que van contra el más mínimo sentido común democrático. Lo que Venezuela va a vivir el próximo domingo es una pantomima con la que el régimen, caracterizado por su desastrosa gestión, quiere eliminar cualquier rastro de oposición.

Durante la crisis, España ha desempeñado un papel destacado en los intentos de encauzar la situación de una manera dialogada y pacífica. A la vez ha expuesto claramente dónde están los problemas. Y lo ha hecho desde diversos frentes: desde las denuncias y advertencias claras sobre lo que estaba pasando en el país por parte de personalidades como los expresidentes Felipe González y José María Aznar, a la acción negociadora sobre el terreno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la postura más institucional y comedida —por ejemplo ante los impresentables insultos de Maduro— del Gobierno de Mariano Rajoy. Son muchos los lazos e intereses de España en Venezuela; ha quedado claro que nuestro país trata de preservarlos salvaguardando siempre los valores democráticos. Esta estrategia combinada ha dado frutos, alguno de ellos visibles, como la excarcelación —que todavía no liberación— del preso político Leopoldo López.

España ha asumido por tanto un protagonismo en la crisis institucional venezolana que no puede abandonar. Ante la gravedad de lo que está a punto de suceder en el país sudamericano, debe liderar un esfuerzo que aúne a los países europeos, latinoamericanos y a Estados Unidos: el objetivo es hacer llegar al régimen chavista un mensaje inequívoco de las consecuencias que tendrá la destrucción definitiva del sistema democrático venezolano para los responsables de esa acción. Maduro y sus colaboradores deben saber que sus actos no van a quedar impunes. Y que no deberían cruzar la línea de no retorno que supondrá llevar a cabo finalmente el simulacro de votación del domingo.

La comunidad internacional no puede asistir impasible al hundimiento completo de un gran país latinoamericano que ha tenido la desgracia de caer en manos de un grupo de gobernantes sin escrúpulos. Y España debe contribuir al movimiento que, pacíficamente y de manera acompasada, ayude al pueblo venezolano a recuperar la democracia.

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