En diciembre se anunció aumento de 35% para todo 2019 (Adrián Escandar)

A partir de esta semana el Gobierno analiza los resultados y las propuestas de la consulta pública que había convocado y que se cerró el viernes pasado. Con esa información delinearán una resolución que saldría publicada la semana que viene, y que fijará, entre otras cosa, los ejes del nuevo sistema de subastas para que las petroleras le vendan gas a las distribuidoras. En ese contexto, desde la secretaría de Energía se apuran a relativizar nuevos aumentos: sólo confirman el anunciado a fin de año, un día antes de que renunciara Javier Iguacel, el ex secretario del sector (35%).

El tema no es simple y trajo gran revuelo en el sector en medio de un caluroso enero, cuando el consumo masivo de gas parece un problema muy lejano. Por ahora, todas las empresas del segmento estarían de acuerdo con la modalidad planteada, a la que ya denominan "subasta Lopetegui" porque es la primera medida del nuevo secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.

Esta medida, sumada a las nuevas condiciones del mercado de gas, en el que la aceleración del desarrollo de los recursos no convencionales está generando excedentes en épocas de menor demanda y una menor dependencia de las importaciones, resultará en una ganancia de eficiencia en la formación de precios (secretaría de Energía)

La misma reemplazará al sistema de precios de referencias, usado hasta el momento, pero la cuestión pasa por cuándo se tendrá que pagar el gas subastado. Las petroleras concuerdan con el borrador de Energía: quieren volver al plazo histórico de pagos a 30 días. Las distribuidoras, en tanto, no quieren saber nada con esa posibilidad: aseguran que no pueden abonar el gas que compran antes de 75 días. Es una puja de gigantes. De un lado, YPF, Total y PAE; entre otras: la petroleras; del otro, Metrogas, Camuzzi y Naturgy: las distribuidoras.

Ese es el contexto hoy: puja y mucho lobby desde el sector privado, silencio desde el lado oficial. "La idea es que el precio se fije con parámetros del mercado, algo que el Gobierno cree que va a hacer terminar bajando el precio del gas. Y además, evitan el problema de pasivos adicionales que se genera ante devaluaciones, como pasó el año pasado", dicen en una distribuidora.

El presidente Mauricio Macri y el nuevo secretario de Energía, Gustavo Lopetegui

El viernes pasado, a última hora, se habría realizado una reunión en YPF entre varias de las empresas más importantes del sector gasífero. "Se empezaron a acercar algunas posiciones. Se habla de tiempos intermedios para los pagos o de pesificación de precios", dice un integrante del sector. Eso sí, la segunda opción es mucho más complicada de llevar a buen puerto . "Sólo con la evolución pautada del tipo de cambio ya habría que contemplar aumentos tarifarios, pero hay que ver qué decide el Gobierno", aseguran de otra de las empresas. ¿Le acercarán esta semana una nueva propuesta, más consensuada, a Energía?

Todas contra todos

El 10 de enero se supo que la primera medida de Gustavo Lopetegui en su regreso a los cargos oficiales –había sido vicejefe de Gabinete desde la llegada de Cambiamos al Gobierno hasta mediados de 2018– sería un concurso de precios para el abastecimiento de los usuarios a través de subastas electrónicas en el Mercado Electrónico de Gas (MEGSA). En ese contexto, los productores y comercializadores de gas podrán presentar sus ofertas de venta —no interrumpible— por distintos plazos, que van desde tres meses hasta tres años.

"Se espera que el concurso se realice a mediados de febrero [el 11, en rigor] que los productores y comercializadores de gas puedan presentar ofertas de venta en condición firme (no interrumpible) para distintos plazos, que van desde tres meses hasta tres años. Esta medida, sumada a las nuevas condiciones del mercado de gas, en el que la aceleración del desarrollo de los recursos no convencionales está generando excedentes en épocas de menor demanda y una menor dependencia de las importaciones, resultará en una ganancia de eficiencia en la formación de precios", indicó Energía en un comunicado.

Los otros cargos en las facturas son abonados a 30 días por las distribuidoras. Por este motivo, no corresponde pagar el precio del gas más allá de ese plazo, máxime cuando los productores le abonan a sus proveedores dentro de los 30 días (CEPH)

Ni bien se supo de la decisión del Gobierno, hubo un rápido apoyo de las petroleras reunidas Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH), que se expresaron a favor de que vuelvan a regir los plazos de pago de 30 días para las distribuidoras.

"El plazo histórico de pago de las empresas distribuidoras fue de 30 días. Durante muchos años, la intervención del mercado llevó ese plazo a 75 días, provocando una desinversión en toda la cadena del sector, originándose así una situación extraordinaria", dijeron y detallaron que la incidencia del precio del gas en la factura es menor al 50 por ciento. "Los otros cargos en las facturas son abonados a 30 días por las distribuidoras. Por este motivo, no corresponde pagar el precio del gas más allá de ese plazo, máxime cuando los productores le abonan a sus proveedores dentro de los 30 días", expresaron.

Las distribuidoras pusieron el grito en el cielo por medio de una carta de Adigas, la asociación que nuclea a varias de ellas, al Enargas, el regulador del segmento, que se filtró a los medios. Allí aseguran que su ciclo completo de cobranza es de 75 días, a bimestre cerrado. Destacaron que pagar a 30 días implicaría tomar crédito, en este contexto de tasas por las nubes, y calcularon un perjuicio para el sector de $9.500 millones por año.

Ahora, la decisión será del Gobierno. Podría mantener su postura u optar por un camino intermedio. Ya que las empresas están hablando entre sí, esa sería la opción con más peso por estas horas. Pero todo puede cambiar de un día para el otro. Lo que sí es seguro, al menos para las autoridades, es que no quieren saber nada con la idea de "pagos extra". La experiencia del año pasado, con Iguacel anunciando pagos adicionales para todos los consumidores en medio de las corridas cambiarias –que luego quedaron sin efecto por decisión del Congreso–, eriza pelos en la Casa Rosada. Las elecciones a la vuelta de la esquina y nadie quiere mencionar la palabra "aumentos".

Conociendo ese contexto, desde el sector de las distribuidoras hace un cálculo simple –quizás no del todo correcto, pero sí efectivo– de repartir los $9.500 millones extra de financiación para el sector entre todos los usuarios. Algo que daría un eventual aumento de casi $100 por mes por cada uno de ellos.

Por otro lado, el Gobierno analiza que va a hacer con los subsidios para la producción de gas no convencional (la famosa resolución 46 del ex ministro Juan José Aranguren) en Vaca Muerta. O sea, cuánto dejarían de pagarles a las empresas que producen en Neuquén, siempre con la meta de déficit fiscal cero. Esa es una batalla diferente, grande. Claro, también influye. Después de todo, el precio del gas y cómo se lo pagará es el tema central de esta "guerra" de verano.

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