Investigadores del instituto realizan estudio sobre la situación de niños jornaleros en el sureste del país. Concluyen que sacarlos de trabajar los vulneraría más. Adolescentes son cabeza de familia

Por cortar mil kilos de caña de azúcar se puede cobrar, máximo, 40 pesos en las zonas agroindustriales del sur de México. Ésta es la realidad que viven cerca de 10 mil jornaleros indígenas, la mitad los cuales son migrantes de Guatemala o Belice. Pero si, además, el jornalero es menor de edad, indígena y migrante centroamericano su pago será entre 28 y 35 pesos por cada tonelada de caña cosechada, y el dinero será entregado a un adulto que lo represente.

Estos son algunos de los hallazgos del estudio más profundo realizado hasta ahora sobre las condiciones de trabajo de los migrantes agrícolas en el sur de México, construido a lo largo de siete años en decenas de visitas a ingenios y campos de cultivo en los que se aplicaron 5 mil encuestas. El esfuerzo es encabezado por la antropóloga social y doctora en ciencias sociales Martha García Ortega, de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Unidad Chetumal.

A pesar de la opresión que experimentan los niños y adolescentes jornaleros agrícolas, el estudio concluye que prohibir el trabajo de menores de edad en el campo, sin analizar la realidad que los llevó a convertirse en trabajadores, podría causarles más daño porque les dejaría sin ingreso, aumentaría la vulnerabilidad de sus familias y los obligaría a permanecer largos periodos de tiempo hacinados en las galeras donde abunda la violencia, el robo y las adicciones.

Por ello, Ecosur elaboró un conjunto de recomendaciones y realiza un llamado al gobierno federal y a los gobiernos estatales para construir un programa de atención integral para los niños jornaleros migrantes, en el que puedan trabajar, pero con acceso a salud, seguridad y educación.

“Actualmente hay recomendaciones internacionales que llaman a erradicar el trabajo infantil, pero antes de tomar una decisión apresurada que prohíba este trabajo, hay que tomar en cuenta las realidades. Nosotros hemos documentado que muchos de estos jóvenes de 14, 15 o 16 años ya son el principal sustento económico para sus familias porque muchas veces los hombres adultos migraron lejos y no regresaron. Por eso no es responsable decir simplemente ‘¡Saquen a los niños de las labores del campo!, porque incluso podríamos estar haciendo más graves sus condiciones de vulnerabilidad”, indicó, en entrevista con Crónica la doctora García Ortega, integrante del Grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos, de Ecosur.

El trabajo de campo y análisis de datos de Ecosur se basa en lo que sucede en siete zonas agroindustriales de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo.

“No se trata sólo de hablar de rezagos económicos, aquí vemos un ejemplo muy claro de las condiciones estructurales que hacen vulnerable a la población migrante y, sobre todo, a los niños migrantes, hablantes de lenguas indígenas. Ya se habían hecho estudios sobre las pobreza con la que viven jornaleros agrícolas en el norte de México o en estados agrícolas cercanos al Pacífico norte, pero no se habían documentado estas asimetrías tan grandes que se dan en los estados del sur del país. Por ejemplo, cuando un mexicano llega a trabajar a la cosecha de caña es común que les hagan un pago adelantado que se llama ‘enganche’, que puede ser de entre 3 mil y 6 mil pesos, pero si el jornalero es migrante centroamericano y habla lengua indígena, les dan sólo 200 pesos, y a los niños, nada”, cuenta telefónicamente la doctora García Ortega, desde Chetumal.

ZAFRA Y FAMILIA. A nivel nacional se estima que 80 mil personas trabajan en el corte de caña de azúcar, principalmente entre los meses de noviembre y junio. La investigación de Ecosur, que es uno de los 27 centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), enfocó su atención en 7 regiones agroindustriales, que emplean a 10 mil personas, de las cuales cerca del 50 por ciento son migrantes de Guatemala y Belice. Estas zonas incluyen las fincas agrícolas, los ingenios y los campamentos donde habitan, durante algunos meses los migrantes que llegan a México, con permisos de trabajo legales, para obtener ingresos mientras cosechan.

De acuerdo con los estudios de la doctora Martha García, que documentó de primera mano la pobreza y violencia que padecen los niños jornaleros, para mejorar la calidad de vida de todos los jornaleros agrícolas migrantes es recomendable trabajar en las galeras, que son los lugares donde llegan a vivir familias completas de migrantes que apoyarán en la cosecha de la caña en los meses de la cosecha o zafra, entre noviembre y junio del siguiente año.

Esos lugares suelen ser construcciones improvisadas, con suelo de tierra aplanada, en los que casi nunca hay agua potable, electricidad, ni drenaje. Ahí abundan la violencia, pobreza y robo, como lo documentaron las encuestas y entrevistas hechas por la doctora García.

“Lo que nosotros estamos elaborando es una propuesta orientada al trabajo digno. Comprendemos que el trabajo infantil ya está reconocido como una violación a los derechos del menor para educarse y disfrutar su infancia, pero lo que planteamos es que aquellos menores cuya realidad los obliga a trabajar, tengan condiciones de trabajo dignas, con acceso a servicios de salud, tiempo para educación y no sólo una simulación de esos servicios porque hay ejemplos de jornaleros a los que se da de alta en el seguro social, pero sólo un mes y luego se les borra, pues todo era una simulación”, indicó la antropóloga social.

La investigadora de Ecosur dice que si México pudiera liderar un programa de trabajo digno en la industria azucarera, que ponga atención seria a los niños y mujeres jornaleras, el país se pondría una estrella que sería muy valorada en el plano internacional. “Estaríamos en la dirección de reducir brechas que son históricas y modificar con hechos lo que se llama vulnerabilidad estructural de los migrantes, de los indígenas y de los menores que trabajan”, concluyó.

Imprimir