En la recta final de la campaña electoral, al PSOE le ha venido como un regalo caído del cielo el escándalo que implica a Jorge Fernández Díaz tras el conocimiento de las conversaciones que mantuvo hace dos años en su despacho con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. En ellas se refleja el interés del ministro del Interior por indagar en presuntas corruptelas que salpican a varios de los protagonistas del proceso independentista en Cataluña, entre ellos Francesc Homs, exnúmero dos de Artur Mas en el Gobierno de la Generalitat, el dirigente de Convergencia Felipe Puig y varios familiares directos del actual vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Oriol Junqueras. Pedro Sánchez se limitó este miércoles desde Toledo a pedir el cese inmediato del ministro, consciente de que le conviene ser prudente y no entrar a fondo en el contenido de las grabaciones.

En las grabaciones se apunta a posibles irregularidades en ayuntamientos del PSC

Esto es, precisamente, lo que le aconsejó que hiciera el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, conocedor de que hay varias horas de grabación que no han salido todavía a la luz y de que en una parte de ellas puede salir seriamente salpicado su partido. Iceta y Sánchez hablaron por teléfono y acordaron una reacción conjunta. El primero emplazó a Mariano Rajoy a cesar a Fernández Díaz y recriminó a ambos “el uso de las instituciones con fines partidistas”. Iceta, desde Barcelona, le exigió también al presidente el cese inmediato del ministro ya que, de lo contrario, se hará “cómplice” del escándalo.

Algunas pistas de las supuestas irregularidades de cargos públicos del PSC ya aparecen en la parte de la conversación mantenida entre Fernández Díaz y el responsable de la Oficina Antifraude dada a conocer este miércoles por el diario Público. Daniel de Alfonso relata en ella que cuando Cataluña estaba gobernada por el tripartito presidido por José Montilla, año 2006, algunos ayuntamientos catalanes gestionados por el PSC pudieron beneficiarse de la concesión de contratos a la empresa Cespa, filial de Ferrovial, para la recogida de basura y residuos urbanos. Aunque el objetivo de la Oficina parecía ser implicar en ello a municipios gobernados por Esquerra Republicana, en sus averiguaciones salieron a relucir algunos controlados por los socialistas catalanes, al parecer relacionados también con favores a dicha sociedad que dispararon su volumen de facturación.

Aunque las revelaciones de Daniel Alfonso y del ministro sobre estas implicaciones no son muy precisas, dentro del PSC se teme que puedan aparecer otras partes de las grabaciones, cuando las investigaciones de Antifraude estaban más adelantadas, en las que se citan a antiguos alcaldes de este partido.

La mafia del cartel de la basura

La relación entre los ayuntamientos y las empresas de recogidas de basuras ha estado tradicionalmente vinculada en España a contratos opacos y de muy larga duración. El caso más conocido en Cataluña ha sido el del exalcalde socialista de SabadellManuel Bustos, imputado en una trama de presunta corrupción urbanística relacionada con la gestión del servicio de limpieza del Ayuntamiento.

La mayoría de los ayuntamientos eluden imponer precios más bajos a las empresas de recogida de basura

La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) multó el año pasado con casi 100 millones de euros al conocido como “cartel de la basura” del que formaban parte filiales de las constructoras ACS, FCC, Sacyr y Ferrovial. Hace unos días, el presidente del regulador, José María Marín Quemada, anunciaba que a partir del año que viene se prohibirá que las compañías acusadas de cartel se presenten a concursos públicos y expresó su extrañeza ante la negativa de la mayoría de los ayuntamientos a imponer a las empresas de recogida de basuras precios más baratos por la concesión, sabiendo que durante años han estado fijando precios excesivos en toda España inflando los contratos.