El cronograma judicial 2019 y las últimas movidas en Comodoro Py muestran cuán cerca está el Poder Judicial de funcionar como apéndice del Poder de turno sobre todo en tiempos en los que se define quién estará al mando del país a partir de diciembre de 2019.

Los juicios previstos contra Cristina Kirchner o sus allegados son de todo tipo y color pero todos tienen una característica en común: en su mayoría (los más remunerativos electoralmente: la ruta del dinero K, Obra Pública, Los Sauces y Hotesur) forman parte de las querellas la UIF y la OA, es decir el Gobierno, que investigan, piden y presentan pruebas activamente.

Además todo parece indicar que dichos juicios se van a desarrollar durante la campaña electoral. Al igual que nuevas indagatorias.

Pocas veces se vio una articulación tan fuerte en el sistema judicial y la coalición oficialista pero, después de todo, no se trata de una novedad argentina ya que es un rasgo que señalan los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su recomendable libro Cómo mueren las democracias. En la perspectiva de esos autores, se comprenden más fácilmente algunas decisiones de la Justicia que afectan al gobierno.

Por ejemplo, la que apartó al juez federal Sebastián Casanello que investigaba —hasta el lunes— el presunto lavado de dinero en la campaña presidencial 2015 de Mauricio Macri y en la campaña de Cambiemos para las legislativas de 2017 en la Ciudad de Buenos Aires.

Una resolución que, según un abogado que conoce como pocos los pasillos de la Cámara Federal en Comodoro Py, se comprende solamente en base a la afinidad judicial con el Ejecutivo, cuyos organismos emblemáticos en la lucha contra la corrupción, la UIF y la OA, mantuvieron un llamativo silencio.

El mismo silencio institucional sucedió cuando la causa de los aportes truchos en la campaña bonaerense de Cambiemos en 2017 salió de las manos del juez federal Ernesto Kreplak y con ese movimiento una sospecha delictiva se convirtió en infracción electoral.

El expediente que le sacaron a Casanello cayó en manos del juez Luis Rodríguez. Además el juez Ariel Lijo hizo lugar a un pedido del fiscal Ramiro González para investigar los gastos de la campaña presidencial de Macri en 2015.

La suerte y libertad de los magistrados para avanzar con sus investigaciones dependerá, entre otras cosas, de la correlación de fuerzas en este contexto de articulación del sistema judicial con la coalición oficialista.

De acuerdo a Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, las democracias no mueren de golpe por el asalto de las armas sino que comienzan a hacerlo de manera lenta, pausada, casi imperceptible y debido a movimientos internos que de a poco van anulando los mecanismos institucionales de control, reducen la pluralidad, polarizan la vida pública y utilizan la ley de una manera desigual.

La bruma que vuelve borrosa la separación de poderes que garantiza la Constitución, como una garantía de los derechos civiles y políticos, es un fuerte indicador de la muerte de la democracia.

Es preciso que la dirigencia esté a la altura. Más allá de los posibles crímenes que deben ser sancionados, debe auscultarse el funcionamiento de algunos dispositivos institucionales antes de que el régimen político sólo conserve el nombre y pierda sus rasgos distintivos.

Publicado en el blog #Dos Justicias

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