Un grupo de diputadas presentó un proyecto de Ley, apoyado por ONU Mujeres, para que se incorpore la perspectiva de género en los comités de crisis. "Las crisis humanitarias afectan de forma diferencial a las mujeres y niñas , ya que en estos contextos se profundizan las desigualdades de género. Por lo tanto, resulta fundamental: Incorporar el principio de paridad en la composición de estos órganos", aseguran.

"La presente Ley tiene por objeto la incorporación de la perspectiva de género en los Comités de Crisis, o todo equipo de trabajo orientado a brindar soluciones frente a las situaciones críticas, que el Poder Ejecutivo Nacional convoque y disponga. Tiene por finalidad hacer efectivo el derecho a la igualdad consagrado en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos", dice el proyecto.

"Es importante que el Comité de Crisis esté integrado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Necesitamos que en la mesa donde se toman las decisiones, ante una crisis sanitaria, económica y social como la que estamos atravesando, cuente con perspectiva de género, entendiendo que las problemáticas impactan de manera diferenciada entre mujeres y varones. La búsqueda de soluciones, para ser efectiva, tiene que tener esa mirada.", dice a Clarín la autora del proyecto, la diputada Adriana Cáceres.



El texto también lleva las firmas de otras diputadas: Silvia Lospennato (Vicepresidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades), Lidia Ascarate, Sofia Brambilla, Marcela Campagnoli, Carla Carrizo, Camila Crescimbeni, Ingrid Jetter, Mercedes Joury, Gabriela Lena, Josefina Mendoza, Claudia Najul, Maria Lujan Rey y Natalia Villa.



"La perspectiva de género es el enfoque que permite prevenir, analizar y diagnosticar el impacto diferenciado entre mujeres y varones, tanto de la situación crítica como de las medidas que se tomen", dice el proyecto. Y plantea que "los Comités de Crisis con Perspectiva de Género tendrán como fundamento: A. No discriminación contra las mujeres; B. Participación y consulta a las organizaciones de mujeres; C. Máxima utilización de recursos disponibles para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres; D. Transversalidad de todas las problemáticas que sufren las mujeres; E. Respeto a los tratados internacionales y a los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de género; F. Conformación paritaria, deberán estar integrados por un 50% de mujeres y un 50% de varones".

En sus argumentos, se citan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), y los tratados específicos sobre las mujeres, como la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que sostiene: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país".

El proyecto también cita la Declaración de Beijing, que en establece: “… eliminar todos los obstáculos que dificultan la participación activa de la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada mediante una participación plena y en pie de igualdad en el proceso de adopción de decisiones en las esferas económica, social, cultural y política”.

Y cita, además, la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas”, y la meta de “Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles dela adopción de decisiones en la vida política, económica y pública.”

"Desde ONU Mujeres apoyamos el proyecto porque consideramos que se trata de una excelente iniciativa para visibilizar el papel que las mujeres están desempeñando en la respuesta a la crisis de la COVID-19, y para asegurar que las medidas que se adopten tengan en cuenta las necesidades de las mujeres y las personas LGBTI+", dice a Clarín Florence Raes, Representante de ONU Mujeres Argentina.

"Es en los momentos de crisis donde se hace más evidente la centralidad de incorporar una perspectiva de género como parte indispensable de la evaluación de las variables en juego. Todas las decisiones que se tomen en situación de crisis serán importantes y tendrán un impacto en las vidas de las personas, en las conformaciones familiares", asegura Natalia Gherardi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

"Evaluar la variable de género de ese impacto es indispensable y los ejemplos lo muestran: suspender las clases antes de ofrecer una respuesta a las familias con hijos e hijas en edad escolar que tienen que seguir trabajando; analizar los recorridos que deben hacer las mujeres en situación de violencia doméstica para acceder a espacios de atención y la forma en que la Justicia debe responder más temprano que tarde; la adaptación de las horas y modalidades de trabajo a distancia cuando hay que acomodar también las demandas de cuidado intergeneracionales -sigue Gherardi-. También desde lo comunicacional y simbólico: mostrar comprensión, empatía y atención a estas dimensiones desde los discursos públicos en el máximo nivel tiene un efecto importante en toda la población".