Cuando se van a cumplir 40 años de la aprobación en referéndum de la Constitución española, entre las elites políticas autodenominadas constitucionalistas crece la necesidad de abordar, más pronto o más tarde,su reforma en un sentido u otro a la vista de las grietas que se han ido abriendo dentro del régimen durante todo este tiempo. La más visible es sin duda la fractura nacional-territorial, agravada desde la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el nuevo Estatuto de Autonomía catalán hasta llegar al referéndum del 1-O de 2017 y a la judicialización del conflicto. Con todo, no olvidemos que persisten la crisis sociopolítica abierta desde el giro austeritario de mayo de 2010 y la posterior reforma exprés del artículo 135 en septiembre de 2011, la derivada de la corrupción estructural y transversal al bloque de poder que lo sustenta y, ahora, la que está poniendo al desnudo a la cúpula del poder judicial y sus afinidades con el poder financiero y el viejo bipartidismo en vísperas del juicio al procès. A todas ellas se suma la que está afectando a la monarquía, sobre todo después de su discurso del 3 de octubre de 2017, desafiada por un creciente rechazo que va más allá de Catalunya, como estamos viendo en los pronunciamientos de algunos parlamentos autonómicos y ayuntamientos como el de Barcelona, así como en la extensión de las consultas sobre la forma de Estado a diferentes distritos de Madrid y a un creciente número de Universidades.

Unas grietas que además han ido acompañadas de un arsenal legislativo y penal dispuesto a justificar ataques a libertades y derechos fundamentales mediante la interpretación abusiva de conceptos como rebelión, sedición, terrorismo u odio, mientras se banalizan otros que afectan muy especialmente a las mujeres y a las personas migrantes. Manifiestos como “No hay justicia” vienen a recordarnos oportunamente las distintas formas que está adoptando un estado de excepción selectivo y extensivo contra cualquier disidencia o protesta que pueda cuestionar alguno de los pilares de este régimen o de instituciones como la Iglesia católica, mientras persiste la impunidad de quienes no ocultan su nostalgia de la dictadura franquista.

En medio de este panorama, y pese a que el ciclo abierto por el 15M y, luego, por el ascenso electoral de Podemos no ha llegado a satisfacer las expectativas de ruptura con el régimen, vemos cómo los principales partidos siguen mostrando su temor a que la simple apertura de un debate parlamentario sobre la reforma constitucional pueda verse desbordada por las reclamaciones procedentes de una mayoría de la sociedad catalana, pero también por las de quienes exigirán el blindaje de los derechos sociales, la separación de la Iglesia católica y el Estado o… la república. Buena prueba de esas reticencias, incluso para la siempre aplazada reforma del Senado, es la inoperancia de la Comisión creada al efecto en el Congreso a pesar de la larga lista de ponentes que ha pasado por ella.

Es cierto también que las derechas españolas no ocultan cuáles serían sus propuestas en el caso de que se abriera un proceso de reforma constitucional. Éstas irían encaminadas obviamente, en los casos de PP y Cs, hacia un proceso de recentralización política que nos remontaría a 1977, seguido de una reforma electoral excluyente de los partidos de ámbito no estatal, junto con un refuerzo del papel de la monarquía, entre otras medidas. Frente a esas derechas cada vez más en sintonía con la nueva ola reaccionaria internacional, el PSOE, fiel a la razón de Estado y a la preservación de la unidad de España, difícilmente estará dispuesto a hacer frente a esa deriva.

Aun así, los posibles puntos de coincidencia entre PP y Cs, por un lado, y PSOE, por otro, no parecen suficientes para emprender una reforma constitucional con garantías de llegar a buen puerto, enfrentados como están ya en este inicio de ciclo electoral. Por eso la apuesta de las derechas españolas parece ser recuperar una mayoría parlamentaria que les permita gobernar y conquistar la hegemonía necesaria para emprender un proceso de autorreforma involucionista en toda regla.

Una perspectiva que va a tener su primera prueba electoral el próximo 2 de diciembre en Andalucía, un terreno que no es el mejor para la estrategia de esas derechas y que, por el contrario, puede servir al PSOE, si no sufre un desgaste significativo, para valorar la conveniencia o no de la convocatoria de unas elecciones generales anticipadas antes incluso de las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo del próximo año. Porque es evidente que, tras los fiascos sufridos–también, no lo olvidemos, por Unidas Podemos– en la elección del Consejo de RTVE y del Consejo General del Poder Judicial, así como en la ya imposible aprobación de los Presupuestos (cuestionados, pese a su moderación, por el FMI y la Comisión Europea), es probable que Pedro Sánchez opte por esa vía con el fin de reforzar su peso en el Congreso y en el Senado para así ganar más margen de maniobra, especialmente ante las consecuencias que puede tener el desenlace del juicio al procès. Todo ello en medio de las sombrías perspectivas económicas que amenazan de nuevo a escala global y que pueden tener en la Unión Europea efectos más desintegradores con una extrema derecha en ascenso. Hasta Jürgen Habermas, uno de los más firmes defensores del europeísmo, reconocía recientemente “la descomposición de estilo trumpiano que está afectando incluso al corazón de Europa”.

Por estas y otras razones no es difícil coincidir con Javier Pérez Royo cuando sostiene que “nos encontramos en una suerte de callejón sin salida. Si resulta difícil que se formen mayorías de gobierno, ¿cómo se van a formar mayorías tan cualificadas como las precisas para la reforma o la revisión de la Constitución?” .

En efecto, ése es el panorama en el 40 aniversario de la Constitución: ni garantías de gobernabilidad ni condiciones suficientes para abordar una reforma de ese texto, modificado desde arriba por la Constitución material que en el marco europeo se ha ido conformando a lo largo de las pasadas décadas. En medio de ese bloqueo, la tendencia a la profundización de la crisis de régimen se va a ver agravada además por la estrategia de confrontación –y, a su vez, de competencia entre ellas en su banalización del franquismo, su españolismo reaccionario y su xenofobia– de unas derechas que, ya en palabras de su referente común, José María Aznar, llegan incluso a situar al PSOE de Sánchez fuera de las fuerzas constitucionalistas.

De todo esto no se deriva, como bien sabemos, que automáticamente vayan a existir mejores condiciones para hacer frente a ese bloque reaccionario y desbordar a un tímido social-liberalismo. Hará falta un nuevo ciclo de movilizaciones a escala estatal que vayan confluyendo a favor de la democracia, las libertades y derechos fundamentales y contra las políticas austeritarias que todavía está lejos de producirse.

Una confluencia que ha de ser republicana no sólo por razones meramente democráticas, sino también porque la monarquía borbónica española siempre ha sido un factor de freno del proceso democratizador y, además, se está desvelando como un poder cada vez más corrupto, autónomo e intervencionista. La resolución democrática de esta cuestión mediante un referéndum es la condición previa para que la soberanía popular sea realmente efectiva y se libere de una de las principales hipotecas heredadas de la Transición y no, simplemente, frente a lo defendido por Pablo Iglesias, porque ya no sirva hoy . Una soberanía, además, que deberíamos reivindicar en plural: la de los pueblos que forman parte del Estado español y que libremente, como el catalán, puedan decidir su futuro, incluida la independencia .

Ése es un horizonte rupturista que hoy parece lejano, pero que ha de seguir siendo la brújula con la que caminar frente a la continuidad de un régimen en quiebra y a unas políticas neoliberales que, aun en su versión menos dura, no dejarán de agravar las distintas formas de desigualdad y de depredación ambiental.

Datos como los de una reciente encuesta, difundida por el diario El País el pasado 11 de noviembre, titulada “Diez años de crisis. Valoraciones y cambios tras la crisis”, vienen a confirmar que la experiencia vivida a lo largo de la última década no ha transcurrido en balde: más del 90% de la ciudadanía responsabiliza a la banca y a la clase política de la Gran Recesión, un 42% considera incompatible el capitalismo con la democracia y también son altos los porcentajes de la población que denuncian el aumento de las desigualdades, exigen una política fiscal progresiva y muestran su disposición a pagar más impuestos a cambio de unas pensiones dignas.

Respuestas todas ellas que demuestran que hay razones para la esperanza y para exigir que fuerzas como Unidas Podemos cambien de rumbo y dejen de adaptarse al eje convencional izquierda-derecha (situando en el primero al PSOE) frente a lo que fue la razón de su propio nacimiento como alternativa al bipartidismo y a este régimen. Un giro radical imprescindible si se quiere efectivamente mantener “el impulso constituyente que empujó el 15M y que empuja hoy el movimiento feminista”, como sostiene Pablo Iglesias en el artículo ya citado. Un giro, en fin, que debería llevar a recuperar el espíritu del Manifiesto fundacional con el que nació en la campaña de las elecciones europeas de mayo de 2014, frenando la involución burocrática actual. Es posible que ya sea tarde para eso, pero ojalá experiencias como la de Adelante Andalucía, más allá incluso de los resultados que pueda alcanzar este 2 de diciembre, sirvan de estímulo para ir reconstruyendo un movimiento político plural, alejado del partido crecientemente burocratizado al que está conduciendo la actual dirección de Podemos.

Jaime Pastor es politólogo y editor de viento sur.

1/ Según estadísticas del Ministerio del Interior, la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, aprobada en abril de 2015, ha significado la aplicación de 45,5 sanciones diarias, con un total de 43.749 sanciones por un total de 6,5 millones de euros, desde entonces hasta diciembre de 2017. Esto ha llevado a una llamada de atención desde el Consejo de Europa sobre los graves ataques que está ley está significando a las libertades de expresión, reunión y manifestación, exigiendo también que cesen las llamadas devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla. Pese a que Pedro Sánchez prometió derogarla, ahora parece que sólo se va a plantear algunas modificaciones.

Losada, A. y Pérez Royo, J. (2018) Constitución: la reforma inevitable. Monarquía, plurinacionalidad y otras batallas.Madrid-Barcelona: eldiario.es y Roca Ed., p. 58

Pablo Iglesias, “¿Para qué sirve hoy la monarquía?”, El País, 22/11/2018.

He desarrollado esta y otras cuestiones relacionadas en “Debates constituyentes ineludibles”, viento sur, 03/12/2016. Accesible en www.vientosur.info/spip.php?article11968

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