“Las elecciones ilegítimas de ayer (domingo 30 de julio) confirman que Maduro es un dictador que desecha la voluntad del pueblo venezolano”, dijo en un comunicado el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin. “Lo que estamos viendo en Venezuela es la opresión brutal del pueblo venezolano”, comentó por su parte en rueda de prensa el Consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca H.R. McMaster. “Lo que vemos en Venezuela es el fin de la Constitución. Ha ocurrido a un paso acelerado en los últimos meses”, añadió.

La sanción contra Maduro no surge de la nada. Sorprendió, sí, que el sancionado fuese directamente el primer mandatario. En esa semana había corrido sobre Washington y Caracas la posibilidad de que el gobierno de Trump decidiera tomar medidas más severas, como una sanción general en contra de la industria petrolera venezolana. Ese resultado llegó un mes más tarde.



Ahora sí llegó

“No comentamos sobre futuras sanciones. Seguimos monitoreando la situación, y determinaremos lo que sea apropiado”, dijo Mnuchin aquel 31 de julio. Al consultársele específicamente sobre la posibilidad de que Estados Unidos deje de importar petróleo desde Venezuela, Mnuchin señaló: “revisaremos todas nuestras opciones. Nuestro objetivo es no hacer nada que afecte al pueblo venezolano”.

Un mes más tarde, el 25 de agosto, la Casa Blanca impuso sanciones financieras a Venezuela, prohíbiendo transacciones con el gobierno y Petróleos de Venezuela. El castigo afecta el campo financiero: prohíbe transar con bonos de Venezuela y de Pdvsa, negociar ciertos papeles propiedad del sector público y emitir nuevas emisiones de bonos al igual que los pagos de dividendos al gobierno de Maduro, según expecifica el texto del Departamento del Tesoro.

No obstante, el paquete de medidas establece varias excepciones, llamadas licencias, que permiten la importación y reexportación de Venezuela de medicinas, equipos médicos y ‘comodities’ agrícolas, incluyendo alimentos sin procesar, semillas, fertilizantes y animales vivos para reproducción, alimentos empacados o manufacturados, vitaminas y minerales.

Según la Oficina de Control de Bienes o Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro estadounidense, la sanciones no incluyen a Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos.

Diversos analistas, economistas y expertos petroleros venezolanos, críticos al gobierno de Maduro, habían estado expresando públicamente su rechazo a la posibilidad de que la administración de Trump imponga sanciones generales a la economía de nuestro país, debido a los daños que éstas producirían.

De acuerdo a Carlos Sucre, profesor adjunto de Seguridad Energética en la Universidad de Georgetown, se ha hablado de tres tipos de sanciones posibles en contra de la industria petrolera venezolana: prohibir la exportación de Estados Unidos hacia Venezuela; prohibir la importación de Estados Unidos desde Venezuela; o prohibirle a Pdvsa el uso del sistema financiero estadounidense.



“Bajo el primer escenario, Venezuela tendría que buscar los 100 mil barriles diarios que importa de Estados Unidos en otro suplidor, y eso no sería tan complejo”, indica Sucre. “En el segundo escenario, Venezuela tendría que buscar otro comprador para los 750-800 mil barriles diarios que vende a Estados Unidos, lo cual sería muy complicado y costoso, tanto en el corto como en el largo plazo”. Sobre una prohibición a Pdvsa del uso del sistema financiero de Estados Unidos, Sucre señala que sería “devastador” pues “combinaría tanto el primero como el segundo escenario, y haría muchísimo más difícil el remplazo de los productos que Pdvsa compra de Estados Unidos, y la colocación en mercados alternos del petróleo y los productos que vende a Estados Unidos”.

Los gringos que ni lo miren

Más allá del impacto político (principal objetivo de la medida), las sanciones afectarán a Maduro sobre todo en el plano económico, siempre que tenga en Estados Unidos algún tipo de recurso. Con las sanciones se bloquea “toda propiedad e intereses en propiedad que estén en Estados Unidos”. Las mismas no pueden ser transferidas, pagadas, exportadas o retiradas. En la rueda de prensa del lunes, el Secretario Mnuchin dijo que no podía revelar cuáles eran los bienes que Maduro poseía en Estados Unidos.

A su vez, las sanciones impiden a Maduro ingresar en territorio estadounidense, y se prohíbe a todo ciudadano de Estados Unidos realizar negociaciones económicas con él. Esto último tiene sólo un impacto personal. “Como presidente Maduro no firma contratos ni acuerdos con ciudadanos o empresas extranjeras”, indicaba entonces a Clímax el abogado, experto en derecho internacional, Mariano De Alba. “Eso corresponde a ministros o altas autoridades de empresas como Petróleos de Venezuela (Pdvsa)”.

Se temía, entonces, los efectos colaterales. El experto auguraba que la sanción al Presidente, sumada a otras en contra de altos funcionarios del gobierno chavista, podían generar una corrida. “Ciudadanos y empresas estadounidenses podrían pensárselo dos veces antes de concretar negocios con el gobierno venezolano, por preocupación ante la sanción a Maduro”, decía De Alba. Apenas semanas más tarde ya no serían necesarias ni las sospechas: Washington cerró la puerta a casi todo acuerdo financiero con Miraflores.



¿Empujan la caída?

En medio de las explicaciones sobre lo que las sanciones implican, y la ampliación a la industria petrolera nacional, surge la duda de si en verdad estas medidas son útiles y exitosas. ¿Cambian la actitud de los sancionados, y de quienes en su entorno esperan no ser sancionados a futuro? ¿Podrían facilitar una solución pacífica de la crisis venezolana? “En general, tenemos mucha confianza en que las sanciones funcionan”, fue la respuesta que dio el Secretario del Tesoro Mnuchin en la rueda prensa del lunes 31 de julio.

Estudios académicos son menos optimistas. Manuel Oechslin, en un artículo publicado en la revista European Journal of Political Economy en 2014, indicó que los regímenes que son sancionados económicamente tienden a responder con la implementación de políticas que “amplifican severamente los efectos negativos de las sanciones”. Durksun Peksen y Cooper Drury fueron más contundentes en su investigación, publicada en 2010 en International Interactions. “Las sanciones económicas empeoran el nivel de democracia, porque las dificultades económicas causadas por las sanciones pueden ser usadas como herramienta estratégica por el régimen al que son dirigidas, para consolidar el mandato autoritario y debilitar a la oposición”.

David Smilde, profesor de la Universidad de Tulane y experto en Venezuela, ha criticado frecuentemente las medidas impuestas por Estados Unidos por considerarlas contraproducentes. “Las sanciones individuales tienen un problema, y es que algunos de estos oficiales sancionados terminan siendo más leales al régimen, se atornillan con unos costos de salida muy altos”, dijo el analista al podcast La Venezuela Global.



Sin embargo, la suma de más países a las sanciones individuales, como ha ocurrido en casos recientes con México o Canadá, sí podría generar mucha presión al gobierno de Maduro, y hacerlas más efectivas, añadió Smilde. Pero tales decisiones, dependientes de cada gobierno, no son inmediatas. Hasta ahora, Colombia y México han anunciado que se seguirán los pasos de Washington.

Lo que nadie parece saber responder, es por qué Diosdado Cabello, que fue catalogado como el “Pablo Escobar de Venezuela” por el Senador Marco Rubio, no ha aparecido todavía entre la lista de sancionados. El pasado 18 de julio, Bloomberg informó que el Departamento del Tesoro estaba preparando sanciones contra funcionarios venezolanos. En su artículo, citando a oficiales que conocían del plan, se mencionan dos funcionarios: Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. 14 sancionados después, los dos se mantiene inmunes.



“Obama, repil di exequit order”

Maduro no es el primer alto funcionario venezolano sancionado por el gobierno de Estados Unidos. Washington ha venido imponiendo sanciones financieras individuales a más de una decena de miembros del entorno chavista desde 2015, cuando en la Casa Blanca aún hacía vida Barack Obama.



Los primeros castigos, vinculados a la violación de derechos humanos y el socavamiento de la democracia en el país, aparecieron ese año. El entonces Presidente demócrata firmó la Orden Ejecutiva 13692, que actuó sobre Antonio Benavides Torres, Gustavo González López, Justo José Noguera Pietri, Manuel Pérez Urdaneta, Manuel Gregorio Bernal Martínez, Miguel Vivas Landino, y Katherine Haringhton. La medida, que llevó a la famosa exigencia en un débil inglés de Maduro a Obama de que la derogara, dejaba la puerta abierta para incluir a más funcionarios.

Esa Orden Ejecutiva, a su vez, se basó en parte en una ley que había sido aprobada por el Congreso estadounidense en 2014: la Ley en Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela. La misma permite e insta al Presidente de Estados Unidos a bloquear los activos que tuvieran en ese país personas que actuaran a nombre del gobierno en actos de violencia o violaciones de derechos humanos.

Estos dos instrumentos han servido posteriormente para incluir en la lista de sancionados al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y otros siete magistrados del máximo tribunal del país, así como a las 13 personas que fueron sancionados en la semana previa a la elección de la Constituyente, incluyendo a Nestor Reverol, Elias Jaua, Iris Varela, Tarek William Saab y Tibisay Lucena -quienes recibieron réplicas de la espada de Bolívar como recompensa de Maduro. En febrero, el gobierno de Trump también impuso sanciones al vicepresidente Tareck El-Aissami, aunque se basó en otros instrumentos legales para hacerlo.]]>