31 de Mayo de 2016

Hasta allí la historia es triste, pero no una tragedia. Aparece la ambulancia y se encamina al centro de salud de San Antonio El Monte II. Pero al llegar al lugar se encuentran con una sorpresa, el médico asignado no estaba en su sitio de trabajo. Unos bloqueos impidieron su acceso. Ello obliga a trasladar a los niños de inmediato de Chanal hacia San Cristóbal de las Casas. Los minutos son vitales. A cuántos otros pacientes no atendió el médico —cuyo salario, por cierto, es sufragado por todos los mexicanos—, quizá nunca lo sabremos.

Inicia el drama. En el camino la ambulancia es detenida por los manifestantes. Lee usted bien, unos manifestantes consideraron que SU causa era de tal manera sobresaliente que estaban autorizados, por no sabemos quién, a impedir la circulación, ¡de una ambulancia! Pero no se detuvieron allí, procedieron a romper los cristales del vehículo y a detener al chofer. Imaginemos la desesperación de los padres, imaginemos cómo evolucionaba la intoxicación. Desesperados los padres deciden bajar a sus hijos de la ambulancia y emprender el camino por sus propias fuerzas. Tienen que refugiarse en un pastizal hasta que un conductor detiene su automóvil y se ofrece a trasladarlos al Hospital de las Culturas. Los niños mueren en el trayecto. Otra consecuencia más, mortal ahora, de la tergiversación de valores.

Sabemos que al hablar de libertades nos referimos a un conjunto de derechos inalienables de los individuos. La libertad de expresión es un pilar en toda democracia, también lo es la libertad de asociación, de reunión y, por ende, de manifestación de las ideas. Pero también sabemos que los derechos de una persona se deben detener cuando se afecta el derecho de otra persona. Nadie está autorizado a pisotear a otro. El principio de igualdad de derechos es cimiento de la democracia. En México, la falta de canales institucionales para la expresión de las ideas, públicos y privados, obligó a muchos ciudadanos a llevar sus inquietudes a la calle. Conforme se hizo evidente la potencia del mecanismo, las marchas, plantones, bloqueos y demás expresiones callejeras se volvieron sistemáticos. El país, sin embargo, se fue democratizando y la diversidad de opiniones encontró cada vez más cauces. Fue allí donde se dio la perversión.

En lugar de que las organizaciones ciudadanas y partidarias dejaran el uso de un mecanismo eficaz, pero violatorio de un derecho fundamental, decidieron continuar con todo tipo de actos que afectan la libertad de tránsito. Por su parte, la autoridad, como ocurre en otras esferas, se inhibe sistemáticamente de aplicar la ley para restablecer ese derecho, como es su obligación. La mezcla de factores, la apropiación de la calle como forma de lucha política y la ausencia de la autoridad, han creado un auténtico engendro que devora la vida ciudadana invocando las causas ciudadanas. La paradoja no podría ser más dolorosa: son ciudadanos los que lastiman a otros ciudadanos.

Pero no sólo es una cuestión de principios, lo cual ya sería suficiente. En cada paso de su destructiva marcha, el engendro degrada la vida cotidiana y suma a millones de afectados anualmente. Si a ello agregamos los costos económicos, la sangría de recursos perdidos por este tipo de actos en todo el país, nos estaremos topando con otra explicación de algunas de nuestras carencias. Comercio que pierde bienes y oportunidades de venta, profesionistas impedidos de efectuar su trabajo, familias imposibilitadas de reunirse, y la pérdida incuantificable de tiempo, ése sí el único elemento no renovable de la vida.

El asunto ya no pertenece a un anecdotario. No corregir esta contrahechura, esta perversión de nuestra vida política mexicana, nos encadena a un estadio de barbarie contrario a nuestro proceso civilizatorio. Perdemos bienes y servicios, millones de horas de trabajo o estudio, de vida familiar, de descanso y sano ocio, horas de vida. Esta enfermiza forma de expresarse provoca un profundo desprecio por la política. Lo que debiera ser una actividad dignificante, ocuparse de lo público, hacer política, es vista por los propios mexicanos víctimas como un despreciable ultraje autorizado de la legalidad. La política debiera ser servicio, no ofensa. Es una abominable costumbre que cuesta vida y vidas, pero, eso sí, es muy nuestra.

Héctor y Moisés perdieron la vida por la arbitrariedad de un lidercillo. ¡Qué vergüenza!

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