El fiscal federal Guillermo Marijuan acusó ayer de manera formal a los máximos responsables de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la supuesta protección delictual que le habrían brindado al empresario patagónico Lázaro Báez durante los últimos años.

Marijuan tomó la decisión de imputar a una decena de funcionarios que cumplen o cumplieron funciones en Buenos Aires -como Ricardo Echegaray, entre otros-, Río Gallegos -donde la jefa de la regional es la cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García- y Comodoro Rivadavia.

Las imputaciones quedaron así formalizadas en dos causas penales que se instruyen de manera simultánea en los tribunales de Comodoro Py. Una está a cargo del juez federal Sebastián Casanello; la otra, en manos de su colega Norberto Oyarbide.

Ambas investigaciones se iniciaron con presentaciones que radicaron legisladores de la oposición. Oyarbide recibió la denuncia de los diputados nacionales Patricia Bullrich, Federico Pinedo y Laura Alonso, quienes expusieron una presunta "operatoria llevada a cabo desde el organismo recaudador para proteger y encubrir" a Báez.

Casanello, por su parte, tomó la denuncia de la también diputada nacional Margarita Stolbizer, quien sostuvo que la AFIP "únicamente investigó a las empresas emisoras de las facturas falsas" que se detectaron en Bahía Blanca, "evitando cualquier tipo de control sobre la empresa Austral Construcciones".

En ambos casos, Marijuan consideró que existen méritos suficientes para abrir las investigaciones, disponer las primeras medidas de prueba e imputar los presuntos delitos a los funcionarios que habrían intervenido.

En la causa que instruye Oyarbide, quedaron funcionarios jerárquicos de la AFIP y la DGI, así como el entonces director general de Aduanas (DGA), Carlos Sánchez, y el ex titular de la AFIP, Claudio Moroni.

A ellos se suman la jefa de la Regional de Río Gallegos (y cuñada de Máximo Kirchner), Virginia García; el jefe de la agencia en esa ciudad, Mauricio Mariani; el responsable en Comodoro Rivadavia, Héctor Sartal; el subsecretario de Ingresos Públicos, Luis María Capellano, y dos funcionarios de Bahía Blanca: Norberto Filipini y el hermano del actual titular de la AFIP, Marcelo Echegaray.

Lavado y encubrimiento

En tanto, en la investigación en manos de Casanello, quien investiga a Báez por presunto lavado de dinero, Marijuan apuntó contra los funcionarios de la AFIP que habrían participado en el ocultamiento del presunto delito precedente para ese lavado.

Por ese motivo, el fiscal imputó al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; el jefe de la Regional en Bahía Blanca, Juan Pablo Fridemberg; el jefe de Fiscalización N° 5 en esa ciudad, Norberto Filipini, "y los titulares y/o directivos de las empresas Calvento SA, Grupo Penta SA, Terrafari SA, Constructora Patagónica SA, Iberoamericana de Servicios SA, CVP Industria SA, M-Magna SA, Attimo V Blanca SA, E&J Argentina SRL, Bahía Acoplar SA y Scarsur Bahía SA".

Las sospechas en el caso de Bahía Blanca, recordó Marijuan, es que Báez habría recurrido a las facturas truchas no sólo para evadir impuestos, "sino también para acumular fondos negros por fuera de su contabilidad para girarlos a cuentas en el exterior, pagar sobornos y otros destinos ilícitos".

Por eso, las primeras medidas que solicitó en esa causa son informes de la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Anses sobre las firmas involucradas en la operatoria, y determinar quiénes integraron y dónde está "todo el personal que fuera desplazado" de la AFIP en Bahía Blanca.

Además de solicitar que se defina si ambas causas deben unificarse, en la otra pesquisa le pidió a Casanello que, para investigar "el entramado generado para encubrir a Lázaro Báez y a otras personas", pida datos a la unidad antilavado (UIF), al Tribunal Fiscal y a la propia AFIP.