Poco después de que Tabaré Vázquez asumiera la presidencia en 2015, la cámara de Diputados comenzó a trabajar un proyecto de ley con el objetivo de promover el voluntariado dentro del sector privado, ya que para el ámbito público la actividad está regulada desde el año 2005. La propuesta naufragó por un largo periplo y, después de tres años de discusión, aún no se aprobó. La oposición advierte que se ha transformado en un proyecto que nada tiene que ver con el espíritu original de la iniciativa y que, incluso, atenta contra el desarrollo de la actividad solidaria en el país.

El senador del Partido Independiente Pablo Mieres había sido, en su momento, un gran impulsor de este proyecto. Después de varias reuniones con jóvenes que se dedican al voluntariado, el legislador creyó conveniente fomentar las colaboraciones privadas desde el marco de la ley. Fue así que, junto a la diputada frenteamplista recientemente fallecida, Berta Sanseverino, quien ya trabajaba este tema con anterioridad, decidieron darle cabida parlamentaria y comenzar a redactar las primeras líneas de la ley.

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"Fui el impulsor de un proyecto que nada tiene que ver con lo que hoy se quiere aprobar. A esta altura estoy arrepentido de haber promovido una ley de voluntariado del sector privado, porque la iniciativa ha sido desnaturalizada", explicó a El Observador el senador y continuó: "Habría que modificarle la carátula. No debe decir promoción, sino fiscalización y control del voluntariado", remató.

En 2016 el proyecto se aprobó en la cámara de Representantes y, en diciembre del año siguiente, entró en el Senado para que se votara, pero la sesión se postergó para mayo del 2018. Los legisladores tampoco llegaron a alzar las manos en esa oportunidad y se volvió a aplazar para el pasado 17 de julio donde, nuevamente, se postergó. En esta última instancia, la oposición criticó duramente el proyecto y tras una solicitud de pausa de un cuarto intermedio, la sesión no se retomó y la votación volvió a quedar frustrada. Ahora deberá definirse en la próxima sesión ordinaria, estipulada para la primera semana de agosto.

Cambios en el proyecto

Según explicó Mieres, la iniciativa era establecer mecanismos para fomentar las acciones de colaboración mediante estrategias que impulsaran al voluntariado. Pero, en el transcurso de los años, el proyecto ha ido incorporando diferentes aportes que acabaron modificando el espíritu originario de la norma. "Convocaron al Ministerio de Trabajo y el concepto que opera desde esa lógica es el de perseguir eventuales evasiones de relaciones laborales", explicó el senador y definió que la iniciativa arrastra cierta "paranoia" de creer que el voluntariado es sinónimo de relaciones laborales encubiertas.

El actual proyecto de ley especifica que toda actividad de voluntariado permanente debe ser dada de alta ante el Ministerio de Trabajo, donde se declare formalmente quiénes son los individuos involucrados. En caso de que se omita este paso, el Estado presumirá que la relación laboral existe de forma encubierta y se sancionará con una demanda laboral sobre la entidad responsable. La inspección General del Trabajo y la Seguridad Social tendrá la potestad de efectuar el contralor del cumplimiento de las disposiciones que contempla la ley y, en caso de detectar infracciones, tendrá la competencia para sancionar.

Asimismo, la institución que promueve la acción solidaria deberá asumir una póliza de seguros cuando la actividad suponga riesgos de accidentes para la persona que lo realiza. El proyecto también prevé, entre otros puntos, la realización de un examen psicofísico para el voluntario que trabaja. "Para regular mal, yo prefiero que se dejen las cosas como están", concluyó Mieres.

Críticas de la oposición

Mientras la senadora oficialista Daniela Payssé abrió el debate parlamentario el pasado martes en el Palacio Legislativo deseando que, finalmente, se concretara la votación de la ley, la oposición estalló en advertencias y críticas vinculadas al proyecto que logró aplazar su resolución.

"Estamos estableciendo que los curas y los rabinos se registren en el Ministerio de Trabajo y que inscriban allí a todos los religiosos", apuntó el senador colorado Pedro Bordaberry, y acusó de estar "regulando a las iglesias". Según el legislador, el proyecto está "mal redactado y necesita de mayor trabajo y profundidad".

"El 90% de la ley se dedica a trancar al voluntariado. De 31 artículos que tiene, dos hablan de la promoción y 29 del control y fiscalización", detalló Bordaberry aludiendo que el problema del Uruguay son las trabas regulatorias y "con esto se está trabando algo que de por sí funciona bien solo". El legislador sugirió que el proyecto vuelva a ser estudiado para que se facilite la actividad a aquel uruguayo que quiera ayudar y no se obstaculice el mecanismo.

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La senadora nacionalista Carmen Asiaín (suplente) aludió a que la ley promueve un "Estado pulpo que se mete a controlar" las relaciones más intimas de colaboración. "¿Por qué se les obliga a realizar un registro en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social si el voluntariado no es un trabajo ni recibe seguridad social? ¿Y por qué la actividad debe quedar bajo la órbita de dicho ministerio si no es competencia de su cartera?", se cuestionó la senadora y se refirió a la dificultad que supone para los entidades voluntarias implementar las obligaciones descriptas además de asumir el costo económico que implica la norma. "Esto ahuyenta a los voluntarios, es sumamente engorroso", concluyó.

Su par Javier García manifestó que "la gente que redactó el proyecto nunca hizo una actividad de voluntariado en su vida" y definió la iniciativa como una propuesta para "estatizar la solidaridad". Criticó que se le pida un examen psicofísico a quien vende, por ejemplo, tortas fritas en un partido de baby fútbol para juntar dinero para el club y, también, que una entidad voluntaria con pocos recursos deba abonar un seguro por accidentes para sus colaboradores. "Esto es no conocer la realidad", remató y valoró que hay cosas que no admiten la custodia del Estado.

"¿Por qué vamos a complicar algo que funciona bien por sí solo?", se cuestionó de forma retórica el senador nacionalista Álvaro Delgado y continuó: "Van a matar al voluntariado nacional, esto asfixia a quienes quieren ayudar sin recibir nada a cambio, van a eliminar este tipo de valores de nuestra sociedad", advirtió el legislador.

Según adelantó Mieres, ahora resta esperar a ver si la bancada del Frente Amplio toma en cuenta los aportes de la oposición y recapacita. "Ellos tienen la mayoría parlamentaria, si la quieren votar tal cual está, la ley va a salir", advirtió.

Consultada por El Observador, la senadora Payssé remarcó que el proyecto tiende a proteger el trabajo. "La finalidad es la promoción del voluntariado y el poder desligar esa actividad del trabajo informal encubierto", sostuvo la legisladora e informó que las modificaciones al proyecto se realizaron con el asesoramiento del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social. "También nos asesoró el abogado Santiago Pérez del Castillo, especialista en derecho laboral", puntualizó. Payssé no quiso adelantar sobre lo que sucederá en la próxima sesión aunque sí deseó que la votación quedara saldada.