Por la detención arbitraria, posterior retención ilegal y tortura, en agravio de 17 personas, y de abuso sexual contra 11 de ellas en cinco estados del país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 29/2018, dirigida a la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con la recomendación, las presuntas violaciones a derechos humanos se atribuyen a 32 elementos de la Marina, en los estados de Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.

Las presuntas violaciones fueron cometidas entre 2013 y 2017, y fueron investigadas por la CNDH a partir de 12 expedientes, cuyo análisis permitió determinar que las víctimas fueron llevadas a instalaciones de la Semar, donde fueron agredidas y permanecieron retenidas bajo la custodia de marinos.

“La amenazaron con que la iban a violar”

El 22 de agosto de 2011, una de las víctimas transitaba en compañía de una persona de sexo femenino por una calle de Boca del Río, Veracruz, cerca de un supermercado, cuando fue detenida en un retén de marinos. Uno de los uniformados le informó “que era la persona que estaban buscando”, por lo que le cubrieron el rostro con su propia blusa y la subieron en una camioneta camuflada, que la llevó a las instalaciones de la Semar.

Al arribar a la dependencia, los marinos “le quitaron la blusa, le taparon los ojos, la tiraron al piso, le jalaron los pelos y la interrogaron acerca de una persona que desconoce. Continuaron tocándola en sus pechos, le quitaron su ropa interior y la amenazaron que le iban a violar”, señala la recomendación.

La CNDH documentó que, en el sitio, los elementos de la Marina cachetearon, golpearon en la cabeza y la nariz, e intentaron cortarle los dedos a la víctima, quien quedó con marcas de lo ocurrido.

Los marinos también arrojaron a la víctima al agua y le dieron descargas eléctricas en todo el cuerpo, incluyendo sus “partes íntimas y más en sus senos”. Los oficiales la obligaron a ponerse una bolsa en la cabeza y la golpearon en el estómago hasta que se desmayó.

La víctima refirió a la CNDH que los elementos navales le ocasionaron lesiones en los tobillos, empeines y muñecas, y que la “manosearon” en sus genitales, así como que amenazaron con “descuartizarla” y que “al ir al baño con los ojos vendados” la golpearon en los glúteos.

La tortura y abuso sexual por parte de los marinos fue para que la víctima se auto incriminase como miembro de una organización criminal y “haber secuestrado” a una persona, o si no “matarían sus familiares”.

Dos días después, el 24 de agosto de 2011, la mujer fue trasladada a la Ciudad de México para ser puesta a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), dependencia de la Procuraduría General de la República (PGR), donde permaneció retenida 49 horas más.

Este caso, forma parte de los 11 en los que la CNDH determinó que existió abuso sexual contra las víctimas, cometido por elementos de la Secretaría de Marina.

De las 11 víctimas de tortura y violencia sexual, 7 fueron hombres y 4 mujeres.

La Recomendación de la CNDH también está dirigida al Alberto Elías Betrán, encargado de despacho de la PGR, por la violación del derecho al acceso a la justicia de las víctimas, ya que 17 agentes del Ministerio Público Federal dilataron y omitieron iniciar la investigación penal por el probable delito de tortura.

La CNDH destacó que la recomendación se dirige en primer término a la Semar, porque los hechos se encuentran relacionados con una práctica constante en la que elementos navales realizan detenciones de personas alegando supuestos casos de flagrancia o denuncias anónimas que derivan en actos violatorios de derechos humanos.

El organismo advirtió que los marinos transgredieron los derechos a la libertad, integridad y seguridad jurídica y personal de las 17 víctimas, quienes fueron sometidas a agresiones psicológicas, descargas eléctricas, tablazos en los glúteos, espalda, piernas, espinillas y plantas de los pies, intentos de asfixia y, en 11 casos, a violencia sexual.

Sobre las omisiones de los Ministerios Públicos Federales, la Comisión informó que, hasta el momento, solo en cinco casos se ha iniciado la averiguación previa correspondiente, aunque han transcurrido entre uno y tres años desde el comienzo de la integración de los expedientes.

La CNDH recomendó a la Marina reparar el daño a las 17 víctimas y realizar su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas; colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formule ante la PGR e investigar al personal naval que participó en los hechos.

También, pidió a la dependencia incorporar una copia de la recomendación en el expediente laboral de los marinos que cometieron las presuntas violaciones a los derechos humanos, capacitar al personal en esta materia y documentar sus operativos con cámaras fotográficas, de video y grabaciones de audio para reducir riesgos.

A la PGR, la CNDH le recomendó continuar con las diligencias de las averiguaciones previas, y dar seguimiento de la queja que se promueva contra los 17 agentes del Ministerio Público Federal responsables. La recomendación deberá ser incorporada en su expediente laboral.