Un agente de la Patrulla Fronteriza en Tucson dijo que le habían dicho que era un “vendido” y un “asesino de niños”. En El Paso, un agente mencionó que sus colegas y él evitan comer juntos cuando llevan uniforme excepto en ciertos restaurantes “amigables con la Patrulla Fronteriza” debido a que “siempre existe la posibilidad de que escupan en la comida”. Un agente en Arizona renunció el año pasado debido a que se sentía frustrado. “Encarcelar a la gente por una actividad no violenta comenzó a carcomerme por dentro”, dijo.

Durante décadas, los agentes de la Patrulla Fronteriza fueron una fuerza de seguridad que pasaba mayormente inadvertida. A lo largo de la frontera suroeste, su trabajo era polvoriento y solitario. Entre persecuciones impulsadas por la adrenalina, las cáscaras de las semillas de girasol se apilaban afuera de las ventanas de sus camionetas pick-up inmóviles. Su especialidad era conocida como “guardarse”, lo cual significaba ocultarse en el desierto y los arbustos durante horas, esperando y observando, sin hacer nada más.

Hace dos años, cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de cerrar la puerta a la inmigración ilegal, todo cambió. Los casi 20.000 agentes de la Patrulla Fronteriza se convirtieron en la vanguardia de las medidas enérgicas más agresivas contra los migrantes que se hayan impuesto.

Ya no eran una organización casi militar, con la tarea de interceptar a los traficantes de drogas y perseguir a los contrabandistas. En cambio, su principal labor se transformó en bloquear y detener a cientos de miles de familias migrantes que huían de la violencia y la pobreza extrema, escoltar a miles de personas a tiendas de campaña y recintos parecidos a jaulas, separar a los niños de sus padres y enviar a estos últimos a prisión, identificar a quienes estaban demasiado enfermos para sobrevivir al calor en los centros de procesamiento tremendamente hacinados en toda la frontera sur.