Esta es la crónica de una intervención anunciada. O por ser más precisos, de una petición para que un juez autorice al Ministerio de Cultura a poner orden dentro de la SGAE.

Ya lo había proclamado a los cuatro vientos el propio ministro, quien llegó a atreverse a poner fechas. Iba a ser la pasada semana. Y la pasada semana fue. Justo el mismo día en el que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba la fecha de las elecciones adelantadas.

El viernes, el ministro firmó la solicitud enviada ese mismo día a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en la que se requiere autorización para intervenir "de forma temporal" la Sociedad General de Autores y Editores.

Guirao califica de "intolerable" la situación El ministro de Cultura José Guirao ha explicado esta mañana en 'Hoy por hoy' las razones por las que el Ministerio ha decidido pedir la intervención. Le parece "intolerable" la actual situación y apunta que además sus estatutos deben de cumplir con la ley. Considera el ministro que la SGAE ha tenido tiempo suficiente para hacer unos cambios que por ahora no ha llevado a cabo. "Nunca se sabe lo que podemos encontrar pero lo que ya está a la vista es intolerable. Se les da hado tiempo y margen y no ha habido manera de arreglarlo así que hemos optado por lo que dice la ley", ha explicado. Guirao está convencido de que aunque haya cambio de gobierno tras el 28 de abril existe consenso en la necesidad de intervenir la SGAE para llevar a cabo las medidas oportunas. Uno de los aspectos a revisar tiene que ver con que los criterios de reparto que no son equilibrados, según ha explicado el ministro. Y ha dado un dato. El 70% de la música con cesión de derechos de artistas se produce entre las 2 de la madrugada y las 7 de la mañana. Fuentes de la Junta Directiva de SGAE aseguran que ese porcentaje citado por el ministro no se corresponde con el reparto real que alcanza (afirman) el 30%.

Su petición habla de una intervención por un tiempo de seis meses pero con un añadido: es un plazo inicial. Y este matiz tiene su importancia porque en el departamento que dirige José Guirao no se tiene muy claro que un solo semestre sea suficiente para ordenar la situación en la entidad de gestión de derechos de autor más importante de España.

Además, Cultura pide de manera cautelar a la Audiencia Nacional (donde la SGAE es protagonista de algunos sumarios y dirime conflictos de intereses variados) la "remoción" de sus órganos de gobierno. En definitiva, que los 35 socios que componen su Junta directiva, sean cesados y sustituidos por una comisión gestora interina formada por "expertos" encabezada por el subsecretario del ministerio, una subdirectora general de Hacienda y un abogado experto en derechos de autor, magistrado de los mercantil en excedencia.

Entre las primeras medidas que bien podrían llevar a cabo los miembros de esa comisión está el estudio pormenorizado de las cuentas de la entidad para hacer una "radiografía" lo más exacta posible de su situación económica.

También es objetivo declarado del Gobierno el "regularizar el funcionamiento institucional de la entidad, clarificar su gestión e implantar cuantas medidas resulten necesarias para el cumplimiento de las obligaciones legales previstas en la normativa vigente en materia de propiedad intelectual".

El Ministerio aduce en el escrito entregado ante la Audiencia Nacional que la SGAE no ha cumplido ni en tiempo ni en forma con el apercibimiento que le envió el pasado 27 de septiembre en el que se le exigía “que subsanara o corrigiera los incumplimientos graves detectados”, en un plazo de tres meses. Algo que nunca sucedió.

Estos requisitos son tres. Por un lado, la reforma de sus estatutos para adaptarlos a la Ley de Propiedad Intelectual , que no logró ser aprobada con la mayoría necesaria. Tampoco se puso en marcha, como exigía, la habilitación del derecho de voto electrónico en las últimas elecciones de su junta directiva celebradas el pasado 26 de octubre. Y, por último, no se ratificó el reglamento de reparto de derechos en la asamblea general de la entidad.

Precisamente el reparto es la clave de los problemas que han derivado en la solicitud de intervención. No se puede olvidar que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga un presunto fraude de 100 millones de euros cometido entre 2006 y 2011 por el cobro de algunos derechos generados por la emisión de música en algunos programas de la franja nocturna de las televisiones, lo que se conoce como La Rueda. Y que en la junta directiva, y según la propia comisión deontológica de la SGAE, se sientan personas que tienen conflictos de intereses precisamente a este respecto.

La Audiencia Nacional debe decidir ahora si autoriza al Ministerio a nombrar una comisión que gestione durante al menos 6 meses la entidad que, según fuentes jurídicas, podrá presentar alegaciones ante esta petición de intervención.