Usar una línea argentina de celular en Chile tendrá el mismo costo que en nuestro país; lo mismo sucederá con los turistas chileno que vengan a suelo argentino Fuente: Archivo

Ricardo Sametband Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de mayo de 2018 • 09:00

En 2019 viajar a Chile no implicará tener que poner el teléfono en roaming para poder usarlo (pagando una fortuna en el medio) ni apelar a cambiarle el chip por uno de ese país: será cómo usarlo en la Argentina. El mismo tratamiento tendrán las líneas de teléfonos chilenos que se usen en nuestro país.

Así lo adelantó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) el viernes. En el Enacom explican que "este acuerdo implica que tanto los turistas argentinos que viajen a Chile, como los turistas chilenos que visiten la Argentina, podrán usar todas las funciones de su teléfono celular (SMS, datos, voz) al mismo precio que en su país. Asimismo, el acuerdo establece que la información sobre precios y tarifas deberá ser de fácil acceso al público, con mecanismos que permitan a los usuarios de roaming internacional controlar sus consumos de datos, voz y SMS de manera práctica y sencilla. Además, las compañías tendrán que garantizar la misma calidad de servicio que a sus usuarios nacionales."

El fin del roaming entre ambos países ya se había anunciado en octubre del año pasado, aunque sin ponerle fecha; ahora las autoridades de ambos países lo confirmaron para ser puesto en marca en algún momento del año próximo.

Las operadoras locales ya ofrecen roaming automático en países limítrofes y en el resto del continente. E incluso extienden esa oferta, como Claro para Europa y Rusia hasta mitad de año por el Mundial. Pero la disponibilidad y costo depende del abono mensual que se pague; en este caso sería transparente (y gratis) para todas las líneas nacionales.

En marzo último, 19 países de América firmaron una propuesta para eliminar el roaming en la región, siguiendo a la Unión Europea, que eliminó el cobro de roaming entre sus países miembros en junio de 2017. La propuesta americana, no obstante, no es vinculante: es sólo un pedido para que se investigue la posibilidad de su implementación.

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