La Ministra española de empleo, Fátima Bañez, ha puesto en marcha un “buzón de denuncias” para luchar contra el fraude laboral. De esta manera, el gobierno invita a los ciudadanos a que denuncien, de forma totalmente anónima, los casos de fraude cometido por empresas y trabajadores particulares para una posterior investigación de la Inspección del Trabajo.

El buzón se presenta como un formulario online en la página web del Ministerio, puesto a disposición de la ciudadanía.

La medida ha creado polémica en la blogosfera y en las redes sociales, además de provocar un efecto boomerang en contra del gobierno español: las primeras denuncias recibidas a través de este sistema van dirigidas al propio gobierno y a miembros de la esfera política y no a ciudadanos de a pie como se pretendía. De nuevo, los ciudadanos han hecho prueba de ingenio y humor a la hora de reaccionar ante las medidas gubernamentales.

Las principales críticas al buzón de denuncias argumentan que con esta medida el gobierno pretende convertir a los ciudadanos en «chivatos» creando un clima de delación, más propio de un sistema autoritario que de una democracia. Consideran también que el objetivo real es perseguir a las personas más vulnerables de la sociedad en vez de ir detrás del fraude fiscal de las grandes fortunas o resolver el problema del desempleo.

No ha pasado desapercibida tampoco la contradicción de que quien pretende luchar contra el fraude es un gobierno sobrepasado por los escándalos de corrupción masiva y bajo sospecha de financiación ilegal de su partido, el gobernante Partido Popular (PP).

El periodista Antonio Maestre dirigió una denuncia, usando el nuevo buzón, contra la Secretaria General del Estado, María Dolores de Cospedal, e invitaba vía Twitter a los internautas a que siguieran la iniciativa:

El link al buzón de empleo para que hagáis una denuncia anónima como la mía. O a vuestro ingenio. http://t.co/LjY0rSgP8q — Antonio Maestre (@AntonioMaestre) August 6, 2013

El economista Ignacio Trillo también publicó imágenes de las denuncias que presentó en la web del Ministerio contra altos cargos del Partido Popular y las expuso en su blog con el siguiente comentario:

No hay que ser meridianamente inteligente para interpretar que esta iniciativa de Báñez, que cada vez cuenta en su Departamento con menos inspectores de Trabajo para estas tareas de inspección y control del fraude laboral, en contra de lo que se presume, no va destinada prioritariamente a descubrir y penalizar al malvado empresario explotador que mantiene a su plantilla de personal sin seguros sociales o pagándole en negro (…).Por el contrario, se trata de enfrentar, entre ellos, a las principales víctimas principales de la crisis, trabajadores y también entre pequeños autónomos, mientras más se encuentren en la escala inferior, mejor, como los que cobran ridículas prestaciones como los 420 euros al mes como único ingreso del Plan Prepara de su Ministerio, destinado a desempleados de larga duración que han finalizado la cobertura del desempleo y a los que la derecha, para más deshonra de los afectados, considera unos vagos por no encontrar o querer, como dicen, un puesto de trabajo.

Por otra parte, es cuestionada también la legalidad de esta herramienta. La bloguera Myriam Sánchez Nocea, profesional del Derecho, hace un repaso de la legislación española en su blog Recursos Humanos y Derechos:

Denunciar a alguien es otorgar al/ a la denunciante un poder muy peligroso; no sólo porque puede dar lugar a venganzas, revanchas,….; sobre todo es peligroso porque: - se otorga a la ciudadanía el poder de interpretar las leyes. ¿Pero tenemos tod@s la formación jurídica necesaria para ello?. Me podrán decir que sólo se pide al ciudadano que señale que “hay algo que no le cuadra”. Vale, es verdad. Pero ¿y si la denuncia conllevara la suspensión cautelar de la prestación hasta que el organismo administrativo correspondiente termine la investigación?. - Se convierte a la ciudadanía en “agente de la autoridad”, en empleado público. ¿Acabaremos en una sociedad de espías y espiados?. ¿Trabajaremos gratis para el poder?.

En un artículo reciente, el periódico online El Diario.es señala incluso que la ley de Ordenación de la Inspección del Trabajo especifica: “no se tramitarán las denuncias anónimas”. El gobierno se ha defendido alegando que se trata de notificaciones más que denuncias.

El blog Los Rábanos por las hojas recurre a la ironía para mostrar su desacuerdo:

Para la ministra de Empleo, Fatima Bañez “el Estado de bienestar español y las conquistas sociales alcanzadas” están en peligro. Y no, la crisis no tiene la culpa. La gran amenaza se llama fraude laboral y, ante tamaño desafío, la ministra ha recurrido a un arma inesperada: el chivatazo ciudadano.

Aunque en un primer momento las reacciones en la red se centraron en burlarse de la nueva medida contra las irregularidades en materia laboral, los esfuerzos se concentran ahora en denunciar el polémico buzón y exigir su cierre.