La Comisión de Justicia del Senado de la República inició el análisis del plan presentado por el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, con el que busca reducir la impunidad y fortalecer el combate al crimen, a través de diversas acciones que van desde priorizar la atención a 10 tipos de delitos, hasta impulsar un paquete de reformas legislativas.

Se trata del denominado Plan de Persecución Penal (PPP) enviado hace unos días a la Cámara Alta, y que según la ley debe ser aprobado por la mayoría de los senadores, para que pueda ponerse en marcha.

La revisión del documento, de acuerdo con legisladores consultados por Animal Político, no solo abarca su contenido sino también la forma en que fue elaborado y entregado al Congreso, ya que según organizaciones ciudadanas se trata de un plan que viola disposiciones de la Ley Orgánica de la FGR.

El documento de 70 páginas, que oficialmente no ha sido transparentado, señala en una primera parte un diagnóstico de la institución. Se advierten situaciones que ya se habían señalado en otro paquete de informes como el rezago de miles de investigaciones heredado por la entonces PGR – muchas de los cuales ya prescribieron -, la falta de recursos económicos y la baja eficacia en algunos de los delitos más graves.

“El diagnóstico al cierre de la PGR es contundente: no se cumplió con la función de investigar y resolver los delitos puestos a su conocimiento, concluyó con un rezago superior a 300 mil investigaciones inconclusas, 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas, y 3 mil dictámenes periciales rezagados”, indica el documento.

Para enfrentar esta situación el plan propone, entre otras cosas, redistribuir las cargas de trabajo y que el 70% de los fiscales de la FGR se dediquen a atender y esclarecer el rezado de casos, mientras que el 30% restante se aboque a la atención de diez ejes delictivos prioritarios.

Dichos ejes son: corrupción; delitos contra el patrimonio nacional; ilícitos económicos y financieros; delitos contra los derechos humanos; delitos contra la libertad de las personas; ilícitos contra el comercio; delitos relacionados con armas de fuego; ilícitos contra el sistema electoral; delitos ambientales y narcotráfico.

El plan plantea además una serie de indicadores y objetivos, así como estrategias para fortalecer la investigación de los delitos. Entre ellas se insiste en la necesidad de plantear reformas al Congreso para “superar obstáculos legales” que actualmente existen.

Aunque el documento no abunda en las referidas reformas, las mismas ya han sido abordadas previamente por el propio fiscal Gertz Manero e incluyen desde la creación de un Código Penal Nacional, hasta una reforma a diversos artículos de la Constitución. La presentación de estas iniciativas fue pospuesta desde el pasado 15 de enero por falta de acuerdos.

ONG acusan incumplimiento

Organizaciones civiles que han dado seguimiento cercano al proceso de conformación de la Fiscalía General de la República, desde hace más de dos años, advirtieron que el Plan de Persecución Penal enviado por Gertz Manero incumplió los procedimientos legales pactados para su elaboración y entrega y, por tanto, es un documento ilegal.

Ana Lorena Delgadillo, Fundadora y directora de la Fundación Para la justicia y el Estado Democrático de México (FJEDD), que forma parte del colectivo #FiscalíaQueSirve, detalló en entrevista que el documento del fiscal viola tres puntos clave que la ley contemplaba para el mismo: que fuera una construcción colectiva, basada en informes sobre violaciones a derechos humanos y con participación ciudadana real, no de trámite.

“El PPP de Gertz viola eso: se ha dado sin que sea visto por el Consejo Ciudadano (a pesar de que así lo exige la Ley de la Fiscalía), sin que sean consideradas las víctimas de forma directa, sin un proceso de construcción colectiva donde participen la sociedad civil tal como indica el artículo 6 de esa ley”, dijo en entrevista.

Delgadillo explicó que estas condiciones que hoy se incumplen no son una ocurrencia sino un diseño institucional trabajado por los expertos y el actual gobierno, con la finalidad de propiciar un cambio real en el sistema de procuración de justicia, basado en la experiencia y aportación de aquellos que en el pasado han sido revictimizados por una PGR que no funcionaba.

Otra preocupación, añade la directora de la FJEDD, son los tiempos y la “seriedad” con que se habría hecho la referida estrategia.

Y es que apenas el pasado 10 de diciembre la FGR informó a un juez federal, con motivo de una demanda de amparo promovida por la inexistencia del Consejo Ciudadano que marca la Ley de la Fiscalía, que no existía ningún Plan de Persecución Penal definitivo dado que el mismo dependía justamente del Consejo que no estaba conformado.

Sin embargo, el 18 de enero trascendió que el plan ya había sido enviado por el fiscal al Congreso. Ello solo puede significar dos cosas: que la FGR le mintió al juez federal, lo que sería un delito, o que dijo la verdad y se construyó un plan al vapor en poco más de un mes, solo para cumplir con los tiempos de la ley.

“Vamos a hacer llegar al Senado nuestras inquietudes porque ellos tienen un papel importante para garantizar que la fiscalía federal cumpla con su deber y tienen la obligación de verificar que el fiscal esté cumpliendo la ley, no solo de acusar de recibido un documento sin analizarlo. Por otra parte, vamos a continuar con el amparo presentado”, añadió Delgadillo.

La experta finalmente lamentó que el fiscal General esté enfocando sus esfuerzos en una reforma legislativa al tiempo que ignora las disposiciones legales que ya existen y están vigentes. Insistió en que la prioridad debería ser trabajar en la transformación de las prácticas y la operación del Ministerio Público, porque sin ello no hay cambio de fondo posible.