Ignacio López del Hierro, marido de la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha enviado una carta al director de la Policía Nacional para exigir una rectificación y una disculpa por el informe que lo vincula con las actividades empresariales de la familia Pujol en Angola o República Dominicana.

La UDEF vincula al marido de Cospedal con la red de los Pujol en África dentro de una trama que desvió 92 millones

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López del Hierro defiende en su escrito de rectificación que el documento de la Udef es una difamación y exige una disculpa pública. Aporta las pruebas documentales que, según asegura, demuestran que no ha tenido nunca relación laboral con miembros de la familia Pujol.

El Mundo ha publicado este lunes que, a raíz de esta carta, el director de la Policía tenía intención de reunirse con los agentes de la Udef que elaboraron el documento para que explicasen cómo llegaron a las conclusiones. Fuentes del Ministerio del Interior niegan que el director haya tomado la decisión de hablar con los agentes y se limitan a señalar que está estudiando la carta.

El informe de la Udef, remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y firmado el pasado 5 de mayo, también vinculaba con estas actividades al que fuera ministro de Trabajo, Manuel Pimentel.

La UCO relacionó al exministro y al marido de María Dolores de Cospedal con negocios irregulares en Angola o República Dominicana de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del clan Pujol.

El informe de la UDEF apunta que Pujol Ferrusola habría obtenido comisiones al conseguir que empresas "semipúblicas" participaran en proyectos en países como Angola o República Dominicana, incluso mediante sobornos a autoridades locales. En relación a las sociedades presuntamente involucradas, la Policía menciona los nombres de Pimentel e Ignacio López del Hierro por sus presuntos vínculos con las empresas Globaltec e Ibadesa Cat, respectivamente.

A lo largo de 71 páginas los investigadores escudriñan los contratos de una madeja de sociedades que presuntamente habrían desviado 92 millones de dólares en dinero público español y apuntan a que parte de esos fondos se destinaron al pago de comisiones a funcionarios y autoridades de terceros países para que adjudicasen las infraestructuras a empresas españolas.