Ramón Cotarelo | 11/04/2018

En 1854, un joven Antonio Cánovas del Castillo publicaba un libro titulado Historia de la decadencia de España. Con el tiempo, aquel joven llegó a primer ministro del país que consideraba en decadencia. Y en decadencia lo dejó al morir un año antes del mítico 98. Y en decadencia siguió. Y siguió incluso cuando, tras una cruel guerra civil, una dictadura pretendió devolverlo a la senda imperial, hundiéndolo aún más. Y en decadencia continuó; hasta hoy. La decadencia es sinónimo de España hace siglos. Explicaciones y propuestas de soluciones hay para dar y tomar. Pero una parece incuestionable por ser de carácter mercantil: una clase dominante tradicional, una oligarquía de elementos nobiliarios, militares, eclesiásticos consiguió destruir uno de los imperios mayores y más ricos del mundo por pura incompetencia. Hasta el punto de dejar a la metrópoli arruinada. Fantástica ineptitud consistente en que los gobernantes (de los austrias y los borbones) jamás tomaban las medidas necesarias para resolver los problemas de la forma más provechosa para el país. Ni siquiera los entendían porque el país (eso que luego fue «nación») no le importaba nada y su pueblo, menos.

Una vez más la fabulosa incompetencia de la oligarquía española se hace patente. Desde el comienzo de la actual etapa del procés estuvo claro que el independentismo llevaba la iniciativa política. También lo estuvo que el nacionalismo español no comprendía la naturaleza y el alcance del movimiento catalán. Básicamente a causa de su habitual arrogancia que lo lleva a pensar que lo que no se dice y no se hace en castellano, no existe y menos si no es en Madrid.

En resumen, desde el principio ha estado claro que, al adoptar una actitud de intransigencia y represión el bloque del 155 no sabía en dónde se estaba metiendo. Traía en la memoria el plan de acción antiterrorista del País Vasco. Y es el que pretende imponer a la fuerza en Catalunya en donde, si no hay violencia, se inventa; y, si tampoco hay terrorismo, también se inventa.

La «batasunización» del independentismo catalán es una maniobra propagandística del B155 (PP, PSOE, C’s), una forma de criminalización de aquel. Una prueba más de que la causa por rebelión del juez Llarena es un juicio político por ideas, una persecución de los adversarios políticos instrumentalizando el poder judicial. La ampliación del concepto de rebelión hasta los cortes de tráfico o la supresión de los peajes convierte en punible por vía penal el ejercicio de derechos fundamentales.

El objetivo de estas desmesuras del Estado es buscar la violencia que los jueces necesitan para construir sus imputaciones de rebelión allí en donde no la hay. Si no la encuentran está dispuesto a sembrarla en provocaciones.

El Estado necesita violentos y terroristas, aunque sean inventados, para justificar su cerrada actitud represiva.

Y con todo tanta desmesura es inútil. Las recetas del País Vasco no funcionan en Catalunya. El grado de compromiso de la población con un objetivo independentista es muy alto, como también lo es la relación entre el movimiento y sus diversos centros de dirección. Uno de ellos es precisamente la cárcel y el exilio. Algo nada infrecuente en el Estado español. Pero no hay cárceles suficientes para más de dos millones de personas.

El B155 es la nave capitana de la decadencia de España.

[N. de Pepito Grillo] Afortunadamente, el juez no ha llegado al grado de fanatismo servicial y patrioterismo demente de la fiscalía, y en contra del criterio de los ‘chicos para todo’ del Gobierno, de momento ha rechazado los cargos por rebelión y terrorismo contra la ‘integrante de los CDR’, Tamara G. C., una joven a la que podían haber destrozado la vida condenándola a décadas de prisión por delitos del tipo de cortar una carretera o levantar las barreras de un peaje, y ha decretado libertad con medidas cautelares, e imputándole, eso sí, un delito de desórdenes públicos.

¿Si esta chica fuera familiar de los fiscales también pedirían estos miserables ese tipo de condenas desproporcionadas con tanta gratuidad?