Hay un destino goloso como pocos en la Administración, el de consejero de turismo en una embajada: entre 10.000 y 20.000 euros al mes –el sueldo depende del destino– en Nueva York, en Londres, en Miami o en Singapur. Hasta ahora, esos altos cargos estaban reservados para funcionarios con experiencia previa en la Administración Pública del sector turístico. La mayoría de ellos venían del viejo cuerpo de Técnicos de Información y Turismo y eran eso: técnicos; funcionarios de larga carrera que habían pasado por una dura oposición y que estaban especializados en el desarrollo y promoción exterior de la primera industria española, el turismo. Pronto dejará de ser así. Al Gobierno ya no le sirven estos técnicos que serán sustituidos por políticos. Es fácil adivinar de qué partido serán.

El ministro José Manuel Soria está a punto de aprobar un decreto que expropiará estas plazas a los técnicos para poder repartirlas entre los suyos con total discrecionalidad. La experiencia previa en la gestión turística ya no será un mérito imprescindible para estos puestos –son 33 plazas en total–. El Gobierno elimina este requisito y en su lugar añade uno nuevo: haber desempeñado un cargo público y cuánto más alto sea ese cargo, mejor. Un funcionario que haya sido antes alcalde –o consejero autonómico o ministro– tendrá más fácil acceder a estos puestos, aunque no sepa nada de turismo, que un funcionario especializado y con experiencia.

La intención del Gobierno con esta reforma es evidente. Lo corrobora también otra de las trampas de este nuevo decreto, que va a aprovechar la reforma para hacer hueco en esas plazas. Con efectos retroactivos –a pesar de que la ley dudosamente lo permite–, todos los consejeros de turismo que lleven más de cinco años en el puesto tendrán que abandonarlo. De esa manera, el Gobierno tendrá más plazas disponibles donde colocar a los suyos en este año donde es muy probable que el partido pierda varios Gobiernos municipales y autonómicos. El PP, como los marines, no va a dejar un hombre atrás.

Además, las nuevas plazas serán irrevocables durante al menos tres años. De ese modo, aunque Mariano Rajoy pierda las elecciones, sus enchufados en las consejerías de turismo seguirán. El Gobierno ya tiene 151 asesores a dedo, solo en la primera línea de la Administración –un gasto que ha crecido un 18% en el último año–. No son suficientes. El partido quiere más.

El turismo representa el 11% del PIB y es la primera fuente de riqueza en España. Somos el tercer país del mundo que más turistas recibe al año, solo por detrás de Francia y EE UU. A pesar de estas cifras, no parece que la gestión de este activo tan importante sea una prioridad para el Gobierno. Enchufar a los suyos pesa más. Que la secretaria de Estado de Turismo –Isabel Borrego, mujer del diputado Vicente Martínez Pujalte (PP)– sea alguien que no ha trabajado nunca en el sector y ni siquiera sabe hablar inglés deja claro en qué consiste ese “Gobierno de los mejores” que el PP nos prometió.