No sé si os acordáis del documental que subí sobre los carrilanos, los trabajadores que construyeron la vía que unió Galicia con la Meseta, y las dificultades que se encontraron para atravesar las inhóspitas sierras interiores del Macizo Central Ourensano.

Bien, como todos sabéis, está siendo construido un nuevo trazado de alta velocidad (técnicamente, velocidad alta, pues las velocidades en este tramo serán menores de 200 km/h) que sustituirá a aquel. Ya he hablado aquí de su impacto sobre el terreno, y de la conveniencia de las estaciones que darán servicio a esta comarca. Ahora quisiera celebrar la dureza de la ley y la integridad del Estado de Derecho, a la hora de sancionar los delitos ambientales asociados a la construcción de la vía (una interminable sucesión de túneles y viaductos).

Explico la situación: las obras de construcción, además de desmontes en una escala ciclópea, suponen horadar la montaña y extraer una gigantesca cantidad de roca desmenuzada, que es acumulada en forma de montañas artificiales en las proximidades de las bocas de cada tramo de túnel. Toda esta actividad, en unas sierras donde no falta el agua, genera una enorme cantidad de lodos, que son retenidos en balsas de decantación. La mayor parte del año estas balsas cumplen más o menos su cometido, pero cada año, al llegar una lluvia intensa, esas balsas colapsan, dejando escapar una lengua de barro grisáceo que lo recorre hasta llegar al valle del Támega, tras la cual todo el lecho queda cubierto por una capa de cieno del mismo color, machacando el ecosistema fluvial hasta bien entrado en tierras portuguesas que va a unirse al Duero.

Pero en el Reino de España, la ley es estricta y castiga ejemplarmente esas imprudencias que terminan en desastre ecológico. El primer vertido, allá por el 2014, fue denunciado ante la Confederación Hidrográfica del Duero (los mismos que eliminan la vegetación de rivera para “limpiarla”), y rebuscando en otros asuntos acabo de tener noticia de la resolución, que incluye una dura sanción para las empresas culpables de los vertidos.

2.000€ para la UTE Laza y 4.000€ para la UTE Portocamba (unión de empresas entre las que están las constructoras más poderosas de este país), más una indemnización a esta última de 238,46€.

Euros.

El presupuesto (veremos al final en cuánto queda) de la línea gallega son 4.400 M€, y la madre del cordero está precisamente aquí, en los tramos de esta atormentada geografía en la que no hay ni un solo kilómetro en que el tren pueda apoyarse en el relieve del terreno, sino que repta bajo tierra o vuela sobre altos puentes.

Millones de euros.

No es de extrañar que cada año, cuando un nubarrón descarga una buena cantidad de litros, se produzca de nuevo la misma cadena de consecuencias: las balsas revientan, el Támega baja con todos esos lodos acumulados, que obliga a los concellos ribereños a avisar a los vecinos que no consuman el agua del grifo y machaca la fauna y flora acuática que, resguardada en los regatos no afectados, empezaban a recolonizar el cauce principal tras el anterior desastre anunciado (esto es como los incendios, tierra de desastres ambientales recurrentes, perfectamente predecibles y a los que la clase política no tiene ningún interés en poner remedio).

Ante semejante dureza sancionadora, las consecuencias son previsibles: La riada de lodos de perforación del año pasado fue antológica (de la antología del disparate), y tengo que enterarme si ayer no habrá habido otra, pues llovió bastante por aquí.

Dura lex, sed lex, que decían los latinos. Bueno, sólo aquellos cínicos que la redactaban y controlaban su ejercicio, asegurándose así que la lex fuera leve con ellos y dura con el puto pueblo.

En España gobiernan los bancos, las constructoras y las eléctricas. El resto es puro teatrillo para maldisimular la evidencia.

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