El Ministerio de Hacienda, a través de la Agencia Tributaria, ha detectado el presunto pago de comisiones por parte de compañías eléctricas a cargos de la Junta de Castilla y León para facilitar o acelerar las autorizaciones de instalación de parques eólicos en la región, según ha informado El País.

Pero la cosa no queda ahí. El Departamento que dirige Cristóbal Montoro sospecha que este tipo de prácticas se ha dado en esta misma comunidad autónoma (CCAA) también para el desarrollo de instalaciones solares fotovoltaicas en los años de la burbuja renovable (a partir de 2008).

Y no sólo aquí. Según las fuentes conocedoras de las investigaciones, en el punto de mira también están otras CCAA en las que pudo haber pago en negro de comisiones por parte de empresarios renovables (muchos de ellos provenientes del sector del ladrillo) y compañías eléctricas a funcionarios y altos cargos de las administraciones autonómicas y municipales a cambio de adjudicaciones y autorizaciones exprés.

Castilla y León parece llevarse la palma, según las conclusiones extraídas de las investigaciones en curso. Pero éstas se han extendido a Castilla-La Mancha, Galicia, Valencia, Murcia, Andalucía y Extremadura, entre otras, CCAA en las que el desarrollo y puesta en servicio de instalaciones eólicas y fotovoltaicas fue fulgurante entre los años 2006 y 2012, señalan esas fuentes.

Se han dado casos en que el permiso de instalación y el punto de conexión de la planta estaban autorizados sin que en el solar se hubiera realizado ninguna actuación para ponerla en marcha

"Se han dado casos en los que el punto de conexión y el permiso de instalación se concedieron por vía administrativa autonómica y local sin que ni siquiera el terreno para la planta solar se hubiera tocado. Casos de este tipo fueron detectados por inspectores de Industria y de la Comisión Nacional de la Energía en los años de la burbuja solar (2008 a 2012), cuando los empresarios e inversores involucrados interesados en los proyectos conseguían los permisos administrativos a toda velocidad para que las plantas, aún sin estar desarrolladas, entraran en los cupos y cuotas establecidas y se garantizasen la jugosa prima por un periodo de 25 años", señala un experto conocedor del sector.

En Castilla y León, por ejemplo, la Junta destituyó a unos diez funcionarios por existir pruebas de que concedieron permisos de instalación a familiares sin que hubiese un proyecto en marcha, sólo con el objetivo de ser revendidos posteriormente a promotores renovables a precios de oro.

El sector eólico tampoco le fue a la zaga. Sus proyectos eran de mayor envergadura e inversión y, por tanto, los favores administrativos se pagan a precios de burbuja.

En los años de la burbuja renovable era vital para los promotores conseguir autorizaciones exprés de las CCAA para entrar en los cupos y registros que luego daban derecho a una jugosa prima por 25 años

Según ha informado El País, la Agencia Tributaria ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción una trama para el pago de comisiones (de hasta 110 millones de euros), a través de sociedades conjuntas entre la compañía eléctrica y socios locales, para acelerar la concesión de permisos.

Según el informe de la Agencia, entre los beneficiarios de la trama se encuentran altos cargos del Ejecutivo de Juan Vicente Herrera, como su ex viceconsejero Rafael Delgado Núñez, que era el que firmaba las autorizaciones administrativas, al que la investigación relaciona con su superior, el Consejero de Economía de Castilla y León, Tomás Villanueva.

Éste defendió este lunes que la tramitación de las autorizaciones "ha sido correcta y ajustada a la legalidad".

Una vez que ha estallado el escándalo en esta comunidad gobernada por el PP, las fuentes consultadas reconocen que las investigaciones se han extendido también a otras CCAA, ante las sospechas de que pudo haber trato de favor por parte de funcionarios y altos cargos autonómicos a empresarios del sector a cambio de comisiones en encubiertas.

Hay CCAA como Galicia o Castilla-La Mancha en las que se han detectado algunos procesos acelerados de autorización de permisos ante la inminencia del cierre de los cupos del registro de instalaciones renovables con derecho a cobrar prima.