No es el único, los magistrados electorales, sobre quienes en ocasiones pesa la sombra de la corrupción por aceptar fraudes electorales a cambio de dinero,…

Preocupados porque se acerca la pérdida de sus privilegios, funcionarios de muy distintos niveles se revelan ante la austeridad republicana. Tienen razón. Pobrecitos.

Sus sueldos son espectaculares. No existen en ningún otro país los sueldos de estos funcionarios. Tampoco los beneficios extras que reciben. Algunos se llevan un millón de pesos al mes. Y bajarse el sueldo significaría modificar su nivel millonario de vida.

¿Quiénes son los funcionarios millonarios del Gobierno mexicano?

Empecemos por Luis María Aguilar Morales, Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien recibe anualmente 4 millones 658 mil 775 pesos en concepto de sueldo y beneficios. Además del seguro de gastos médicos mayores, recibe una gran cantidad de prestaciones como vales de gasolina, de despensa, el pago del teléfono celular, vehículo blindado, chofer… y un largo etcétera que conforman el casi millón de pesos que se lleva mensualmente.

Cabe recordar que el Ministro Aguilar Morales llegó a la SCJN gracias a su amigo Felipe Calderón el 1 de diciembre de 2009. Y precisamente, fue Calderón quien les inventó el famoso “pago extra” a los ministros que se llama “pago por riesgo”. Luego fue nombrado presidente en la administración de Enrique Peña Nieto en enero de 2015. Fue quien votó en contra de darle seguridad social a las trabajadoras domésticas.

Su argumento para ganar tres mil salarios mínimos al año es que eso le proporciona la “independencia” necesaria: “Necesitamos remuneraciones y condiciones de retiro razonables y dignas, que les permitan tener la humana tranquilidad para reflexionar sus análisis y decisiones, sin presiones internas ni externas que doblen la vara de la justicia”, dijo. Es decir, no quieren un sueldo, sino un cohecho, porque con dinero baila el perro. Cuando alguien mide su honestidad con el dinero, estamos perdidos.

Cada uno de los once ministros de la SCJN gana anualmente 2 millones 36 mil 457 pesos. Con estos sueldos, la independencia no existe en la SCJN, porque los honorables ministros no pueden morder la mano que les da de comer y obedecen la línea que les marca el Presidente en turno. Sus polémicas decisiones han afectado de manera tremenda algunas de las más importantes luchas sociales.

Entre los funcionarios millonarios hay que contar a los senadores. Cada uno de los 128 senadores recibe 1 millón 884 mil 312 pesos anuales. Aunque ya se anunciaron reducciones en sus percepciones por Morena, hay que decir que siguen dentro del grupo de los privilegiados.

Igualmente los 500 diputados que ganan 1 millón 460 mil 550 pesos anualmente. Diputados que se han puesto de acuerdo para no bajarse las percepciones. Por cuatro meses trabajados, este mes de diciembre, cada uno, se llevará más de 200 mil pesos.

Y volvemos a lo mismo, la alta burocracia está empobreciendo a México. Por ejemplo, David Colmenares, el hombre encargado de vigilar la honestidad de los funcionarios, el presidente de la Auditoría Superior de la Federación, quien percibe 2 millones 857 mil 05 pesos cada año.

A la lista de los funcionarios millonarios hay que añadir a cada uno de los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal que anualmente reciben 2 millones 862 mil 620 pesos.

Obviamente podemos ir observando a los más enojados por la reducción salarial de la alta burocracia. Caras tristes como la de Lorenzo Córdova Vianello, Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. El polémico presidente que avaló memorables irregularidades electorales seguramente para no contradecir la mano que le da de comer, se lleva anualmente 2 millones 4 mil 563 pesos.

No es el único, los magistrados electorales, sobre quienes en ocasiones pesa la sombra de la corrupción por aceptar fraudes electorales a cambio de dinero, se llevan anualmente 4 millones 564 mil 875 pesos.

Insisto. Estos no son sueldos, son cohechos. Otro ejemplo: Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien percibe cada año 2 millones 05 mil 378, sin contar todas sus grandes prestaciones. Este señor se mantuvo callado durante los peores años del peñismo, pero en la recta final, fue publicando información sobre las terribles cifras de graves violaciones de derechos humanos.

Otro caso, es el de Alejandra Palacios Prieto, Comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, quien percibe cada año 2 millones 362 mil 106 pesos, al igual que Gabriel Contreras, Comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones que anualmente percibe 2 millones 20 mil 364 pesos.

Y el de Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, quien se lleva anualmente 2 millones 401 mil 208 pesos. O el caso de Julio Alfonso Santaella Castell, presidente del Inegi, quien recibe cada año, 2 millones 335 mil 446 pesos o cada uno de los consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que gana anualmente 2 millones 335 mil 446 pesos.

A esta lista, hay que añadir los sueldazos de gobernadores, alcaldes, regidores, secretarios, directores, en fin, funcionarios que a discreción se autorizan, sin recato ni decencia, grandes percepciones y beneficios.

El plan de bajar los sueldos a más de 35 mil funcionarios que sobrepasan el límite de los 108 mil pesos que percibirá el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es necesario.

Por eso, el fallo de los ministros millonarios de la SCJN que suspende la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, es indecente, particularmente porque existe un conflicto de interés, porque son los propios ministros quienes no quieren perder sus privilegios.

No existe crisis institucional, ni invasión de la independencia de los poderes en México, lo que existe es un grupo de funcionarios millonarios que se niegan a aceptar el cambio de paradigma del servicio público.

Muy sencillo, aquellos funcionarios que no acepten el cambio, pueden irse. Los mexicanos se los vamos a agradecer. No podemos seguir con estas desigualdades, mientras hay 70 millones de pobres. Basta de dispendio y excesos.

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