No sabemos todavía si se trata de una osadía sin precedentes, merecedora de admiración ilimitada, o de una ocurrencia mediática con algo de buenas intenciones (pero con ideas remotas sobre qué hacer). El nuevo Ministerio de Transición Ecológica impresiona por la apariencia rotular, el relumbrón de un título inédito y la escueta rotundidad de una misión infinita. No cabe temer ignorancia ni frivolidad en los decisores de un nombre tal, que necesariamente deberá corresponderse con sus contenidos, siquiera en una medida indicativa. Entre otras cosas porque la ministra, Teresa Ribera, es una mujer familiarizada con el mundo del medio ambiente. Y lo es, aunque con la nada ociosa observación de que su currículum señala casi exclusivamente a un trabajo institucional y burocrático, esencialmente en los ambientes internacionales, algo que la experiencia señala como llamativamente inútil para la causa general del medio ambiente (a más de un entorno desesperante de frivolidades, medidas sin recorrido y personajes carentes de conciencia ecológica).

En algún momento se creyó que el cometido del nuevo departamento, con su ministra a la cabeza, dada su especialidad, se centraría en la transición energética con vistas a paliar el cambio climático, y así lo recogía un primer enunciado, Transición Energética y Cambio Climático, de contenidos ya familiares en la Administración central; pero no, alguien debió opinar, y fue secundado con éxito, que había que ser más ambiciosos (o que elevando el tiro se eludirían compromisos concretos francamente desagradables). El caso es que nos encontramos ante un Ministerio que parece pretender lo que ningún país se ha atrevido a formular como objetivo de gobierno, sea por el descreimiento ambiental generalizado de la clase política planetaria, sea por su inmensa dificultad material. Y no hay elementos objetivos para pensar que este equipo ministerial o este presidente de Gobierno están iluminados por una sensibilidad ecológica especial (nota al margen: el ministro de Cultura, José Guirao, inició su vida política como concejal ecologista de su pueblo). Existe el riesgo de que estemos en presencia de uno más de los rasgos propagandísticos que adornan al nuevo Gabinete lo que, de ser así, no tardará en hacerse evidente (por más que la provisionalidad y la fragilidad sean también rasgos adheridos a los elegidos de Pedro Sánchez, lo que obligará a resultados equívocos e insuficientes).

Lo que no obsta para que sea realmente deseable y hasta inaplazable que se inicie, siquiera en sus primeros pasos, un proceso global en el que el país pueda considerarse en el camino de una auténtica transición ecológica. Veamos cuál es el plan –o el esquema, al menos– de la nueva ministra, y podremos concretar algo más en este marco de advertencias e, incluso, apoyarla e ilustrarla para que, ante las inmensas limitaciones que se le interponen, su ejercicio resulte esperanzador.

Su misión, reconozcámoslo, permite escaso optimismo, dadas las circunstancias, pero en cualquier caso implica mucho más que una transición energética, y exige actuar en muchos y muy delicados ámbitos, de entre los que no renunciamos a subrayar algunos. A la tarea meramente energético-climática pertenece, por supuesto, el mundo del transporte, tanto el privado como el de mercancías, el de la producción energética de base fósil y el complejo industrial petrolero-petroquímico, que generan lo esencial de las emisiones de gases de invernadero; y a estos aspectos parece que se dirigirá la acción ministerial según todas las pistas que, al menos por lo que a su experiencia se refiere, la propia ministra nos da.

No es todo eso una tarea menor ni fácil, ciertamente, y las dificultades que oponen esos sectores (y los Ministerios correspondientes) para cualquier política sobre el clima harán que los resultados, presumiblemente, decepcionen. Pero para afrontar la transición ecológica tan importante como lo anterior son otros aspectos, sobre los que hay que actuar sin falta si se quiere demostrar que, al menos en el terreno programático, las ideas están claras. En primer lugar, hay que prestar atención al sector agrario que, en sus sectores más productivos es alarmantemente antiecológico, como es el caso de la agricultura mediterránea, la de mayor valor exportador: digamos resumiendo que, con ella, exportamos energía cara y un agua cada vez más escasa, a cambio de quedarnos con la contaminación de suelos y acuíferos y la afección creciente a la salud pública por pesticidas y fertilizantes. Y añadamos que, frente a las poderosas organizaciones de regantes de las áreas más competitivas, los responsables de la política agrícola siempre han capitulado, consintiendo una destrucción sistemática de la capacidad productiva de la tierra, que habremos de pagar muy caro en el futuro (que se perfila avaro de suelo productivo).

Al turismo, que sigue considerándose industria nacional prioritaria, ya es hora de desmitificarlo y reconocer que produce más daños que beneficios; se trata de una actividad de inmenso impacto ecológico, que ha deformado, consumido y aniquilado espacios, paisajes y mentes… Y en la actualidad amenaza la paz social, por lo invasor y agobiante en que se está convirtiendo.

El comercio obsesivo, con la apertura mercantil como principio sacrosanto, limita seriamente cualquier perspectiva ecológico-nacional, en la medida en que las ansias consumistas resultan tan nefastas, por embotarnos y alienarnos, como los procesos productivos; además, hace insaciable la necesidad de infraestructuras que impone para darle cauce y expansión. Y sobre estas infraestructuras, que tanta energía consumen y tanto espacio devoran, pocas posibilidades de afectarlas (limitándolas) existen desde el Ministerio de Transición Ecológica, que nada tiene que hacer frente al de Fomento, tradicional instrumento de una política sistemáticamente desarrollista, dispendiosa y de agudos y extensivos impactos ambientales (y en el que no creemos que vaya a cambiar mucho esta tendencia en la nueva perspectiva).

No está de más recordarle a la ministra que llevamos décadas perdidas por cuanto a la ordenación y protección del territorio se refiere, asistiendo a un espeluznante vaciamiento del espacio interior peninsular, al tiempo que las costas se saturan, deforman y consumen. Y no cabe hacer recaer sobre la responsabilidad autonómica en la mayor parte de este panorama, aunque sea real y persistente, el caos ecológico y la desolación espiritual que todo esto conlleva.

Está claro que una conciencia, o mentalidad, mínimamente ecológica exige contemplar el país, su actividad y sus tendencias como un todo interrelacionado, y que actuar en un sector de impactos, por llamativo y agresivo que resulte, está llamado al fracaso global y la frustración colectiva. Pero esto es lo que venimos viviendo en España desde que nos encamináramos por la vía de un crecimiento insensato fomentado por todos los gobiernos que desde los años 60 han sido. Ante la evolución intensamente entrópica de nuestra vida económica y social, no debemos cansarnos de advertir que esta exigencia de conciencia ecológica, que ahora parece atribuirse solemnemente todo un Gobierno, es incompatible con los postulados del liberalismo y el corsé de la Unión Europea. Y es obligado advertir que un gobierno que se postula sin ideología (por práctico y eficaz) muy difícilmente puede adoptar, y aplicar, las medidas profundas y trascendentales que exigiría la transición ecológica.