La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) emitió un documento sobre el estado de los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Las cifras que arroja son alarmantes.

De acuerdo con la investigación, “A diciembre de 2017, son 1.305 los imputados libres y 1.038 los detenidos. Un total de 599 personas ha fallecido; 499, antes de ser sentenciadas, y 100, luego del dictado de su condena o absolución. Por último, existen 37 personas que se encuentran prófugas de la Justicia”.

A esto se suma que “549 [de los condenados] se encuentran en arresto domiciliario mientras que 435 están recluidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) o provincial, al tiempo que hay un internado por fuera del SPF y otras 53 personas se encuentran en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad”.

En otras palabras, en este momento hay más imputados libres que detenidos y más genocidas con arresto domiciliario que en cárcel común.

Los datos salieron a la luz a días de que el Poder Judicial dictara la reclusión domiciliaria Miguel Etchecolatz, quien ahora se encuentra en su casa de Mar del Plata custodiado por su esposa. Este emblema del genocidio y ex policía fue mano derecha de Camps durante la dictadura y está sospechado de orquestar la segunda desaparición de Julio López.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal Oral N°6, que en los últimos meses viene actuando en sintonía con el oficialismo para criminalizar la protesta social y dictar fallos reaccionarios. Recientemente, el mismo tribunal benefició con unas “vacaciones” en Mar de Ajó a otro genocida. Se trata de Norberto Bianco, quien participó del robo de bebés.

El informe de la Procuraduría también determinó que el pasado año fueron absueltos 36 imputados y que 593 causas se encuentran en trámite. Además, indicó que las causas duran un promedio de cinco años y que “la instancia que mayor tiempo ha tomado hasta el momento es la confirmación de la sentencia por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, con una demora de casi dos años luego de conocidos los fundamentos de la sentencia de TOF”. En este sentido, los firmantes hablan de “cuellos de botella” a lo largo de los procesos que entorpecen las condenas.

Cuando en los 70’ los militares secuestraban, apresaban y torturaban gente, la familia del presidente aumentaba su fortuna. Como dijo la legisladora porteña del PTS/FIT y luchadora por los derechos humanos, Myriam Bregman: “El grupo Macri empezó la dictadura con 7 empresas y terminó con 47”.

Bregman: ‘La familia Macri hizo su fortuna sobre la sangre de los desaparecidos’

El gobierno ajusta a trabajadores y jubilados a la par que se embarca en una escalada represiva, que involucra denuncias penales a activistas y diputados. Mientras tanto, la Justicia adicta favorece a represores. Sólo la movilización puede poner un freno a estos ataques a las libertades democráticas y pelear contra la impunidad de ayer y hoy.