A partir de hoy, el Grupo Clarín, Techint, el Banco BBVA Francés o cualquier otra empresa que cotiza en Bolsa estarán bajo la amenaza más absoluta de ser intervenidas, en cualquier momento, sin ninguna clase de control judicial previo.

Seamos simples y claros. Los jueces y sus tradicionales atribuciones de frenar los excesos del poder político, que para los ciudadanos son una garantía, quedaron dibujados. Y Cristina Kirchner decidió concentrar el poder hasta niveles impensados hasta ahora.

Veamos. Hasta noviembre pasado, el Gobierno, si quería nombrar un veedor en el directorio de una empresa o si, directamente, quería remover al directorio, debía pedírselo al juez comercial y tener un motivo para tomar esa decisión drástica.

Pero la Presidenta, se sabe, nunca confió en esos jueces que, por ejemplo, no le permitieron apoderarse de Papel Prensa o de otras firmas.

Entonces, el 29 de noviembre pasado, la ley de mercado de capitales, en su artículo 20, corrigió esa debilidad presidencial: dispuso que la CNV, sin participación de un juez, puede desplazar al directorio de una empresa con la sola invocación de que está en riesgo el derecho de los accionistas minoritarios. Aunque el artículo 144 seguía exigiendo que la CNV, para nombrar al interventor, sí contase con la venia judicial.

Tal vez Cristina Kirchner se haya preguntado, en su fuero íntimo, si no sería mejor prescindir completamente de los jueces. Y por eso, el decreto 1023 que ella anunció anteanoche en la Bolsa de Comercio y que se publicó ayer en el Boletín Oficial, elevó hasta el paroxismo ese poder presidencial. En efecto: la CNV, sin intervención judicial, también podrá designar al interventor, que podrá ser alguien de la CNV o cualquier otra persona que nombre ese organismo. Discrecionalidad en estado puro.

En apenas siete meses, la Presidenta, con una ley y un decreto, logró cerrar el círculo de una concentración de poder que, por su intensidad, terminarán por hacer creer que la vieja ley de abastecimiento es un juego de niños.

El poder de la Presidenta sólo parece seguir una única lógica: concentrar aun más poder.

Pero desde el punto de vista empresario, las preguntas son muchas.

¿Qué empresa podrá sentirse realmente a salvo de alguna arbitrariedad frente a un poder tan omnímodo?

¿Qué empresa tendrá realmente la intención de aumentar sus inversiones en el país si, en cualquier momento, la Presidenta y la CNV pueden echar al directorio de la firma y, en su lugar, sentar a Guillermo Moreno, a Diego Bossio, a Axel Kicillof o a cualquier otro funcionario?

La ley de mercado de capitales fue pensada y aprobada, casi entre gallos y medianoche, cuando sólo faltaba un día para terminar el período ordinario de sesiones de 2012 y su objetivo siempre fue claro: poder intervenir al Grupo Clarín con la mayor facilitad posible y casi sin intervención judicial. El decreto 1023 facilita aun más la tarea.

Pero ninguna empresa, periodística o de cualquier rubro, podrá asegurar que está fuera del alcance de ese poder de fuego, al que sólo se podrá calmar prometiendo sumisión y obediencia.