FORMOSA.- La Justicia de Formosa condenó a periodistas del diario Opinión Ciudadana y Radio Fantasía a pagar dos millones de pesos al gobernador Gildo Insfrán como indemnización por "daños y perjuicios".

El hecho por el que fueron condenados sucedió el 21 de enero del año 2013. Un oyente anónimo realizó una llamada al programa radial de Gabriel Herández "Mano a Mano" y criticó al gobernador de Formosa. Los dichos del oyente molestaron a Insfrán, quien inició una causa contra Hernández y a su mujer, así como todos aquellos medios de comunicación que hicieron eco del episodio.

El mandatario y su familia se sintieron perturbados cuando este oyente acusó al gobernador como autor material y facilitador de la muerte de su propio hijo Gildo Miguel ", hecho ocurrido hace diez años. Oportunamente, la justicia formoseña había determinado que el hijo del mandatario se suicidó, medida que se hizo pública por parte de la justicia local por los distintos medios de comunicación.

La jueza Giselle Verónica Drovandi consignó en su sentencia que los condenados no cumplieron con el deber de transmitir información veraz y de manera objetiva, y permitieron que se disfamara al gobernador.

La jueza objeta la actitud de Hernández por no haber cuestionado ni corregido lo dicho por el oyente y consideró que incurrió en una actitud difamatoria, por acción y por omisión

Enterado de lo ocurrido, Insfrán y su familia habilitaron una demanda contra Gabriel Hernández y Andrea Cóspito y los locutores César Orué, Alicia Orué, Julián González- director del diario La Opinión Ciudadana que reprodujo las expresiones del oyente- y Carlos Varela y María de los Ángeles López, propietaria de la emisora.

Al fundamentar su fallo la jueza Drovandi sostuvo que "es evidente que la paz de ese eterno descanso en el que debió y debe reposar por siempre el alma del joven Gildo Miguel Insfrán ha sido perturbada, desdeñando con ello el corazón de su padre como el de toda su familia, que debe a su vez convivir con dicha realidad involuntariamente".

Los comprendidos en esta medida consideran que la sentencia constituye un atropello brutal a la libertad de prensa.

El doctor Hernández opina que la sentencia no tiene pies ni cabeza, porque la supuesta ofensa la origina una llamada telefónica anónima. Dijo que "nadie en mi programa la comentó ese día, ni los días siguientes; nadie dijo estar de acuerdo, ni que lo dicho era cierto, pero igualmente la obediente jueza dice que soy responsable, por haber permitido que el oyente hable en el programa".

Reconoce, sí, que días después, cuando empezó la polémica por el tema , manifestó que los oyentes tienen derecho a expresarse y que su programa radial todos pueden llamar, y opinar y que iba a defender ese derecho. "Lo dije y lo mantengo", afirmó. Además, adelantó que apelará la medida.