El pacto es algo inherente en las democracias parlamentarias. Las mayorías absolutas son poco frecuentes y, en ausencia de estas, los partidos están obligados a ponerse de acuerdo para formar Gobierno. Es por este motivo que las democracias parlamentarias suelen tener previsto un mecanismo para designar a un responsable que lidere las negociaciones. A esta figura se la conoce, en la ciencia política, como el “formateur” y, en el caso de España, es designado por el Rey tras una ronda de consultas con las distintas fuerzas parlamentarias.

Al formateur se le presupone una actitud proactiva. Su papel es el de sondear, explorar y convencer a una o varias formaciones políticas, normalmente las ideológicamente más afines, de que se conviertan en socias de gobierno. Para ganarse su apoyo, el formateur cuenta con un valioso recurso como moneda de cambio: el poder. En efecto, los acuerdos se alcanzan ofreciendo un reparto de políticas y cargos en el ejecutivo, normalmente siguiendo una estricta regla de proporcionalidad: tanto aportas en la coalición, tantas sillas recibes en el Consejo de Ministros.

Sin embargo, en la política española se está propagando el curioso y problemático oxímoron del formateur passif (o formador de Gobierno pasivo). Últimamente es frecuente ver en nuestro país como los candidatos designados a formar Gobierno, en lugar de tomar la iniciativa, exigen que sea la oposición la responsable de mover ficha. La carga de la prueba la tienen los partidos de la oposición, pues son estos quienes deben facilitar la investidura, incluso si es necesario de forma desinteresada, a cambio de nada, con el fin de favorecer la gobernabilidad del país.

La estrategia del formateur passif es convertir las negociaciones en una guerra de desgaste. Ante una situación de bloqueo, se propaga relato de que el culpable de un eventual fracaso de las negociaciones no es del candidato designado a recabar apoyos sino de la oposición. Algo tan común como exigir sillas en el ejecutivo es interpretado como una demanda egoísta e irresponsable. Y, en última instancia, se amenaza con la repetición de elecciones, en las que se asegura que la ciudadanía castigará a la oposición, en lugar del formateur, por la falta de acuerdos.

Unidas Podemos y Vox son piezas imprescindibles para alcanzar mayorías de Gobierno de izquierdas y de derechas, respectivamente. Ambos partidos han expresado en numerosas ocasiones que están dispuestos a entrar en las mesas negociadoras con demandas habituales en las democracias parlamentarias de nuestro entorno. Su exigencia es que su apoyo se traduzca en cuotas de poder en los ejecutivos. No se trata unas peticiones extravagantes e inasumibles. De hecho, en términos comparados, lo más frecuente es que impere la proporcionalidad y que, por lo tanto, los partidos acaben logrando una porción del Gobierno similar al porcentaje de escaños que aportan.

La aritmética parlamentaria es tozuda y es de imprudentes actuar al margen de ella. Hoy por hoy, los Gobiernos de izquierdas requieren de la participación de Unidas Podemos y los Gobiernos de derechas del beneplácito de Vox. Si el PSOE percibe a Podemos como un socio incómodo y Ciudadanos no considera a Vox como un interlocutor válido, entonces deberían ser realistas, asumir que los números no dan y, en consecuencia, explorar otras mayorías alternativas. Haberlas, las hay.

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