El Ministerio de Educación y las comunidades autónomas acordaron esta semana los términos en los que se procederá a la finalización del curso académico. Los alumnos de todas las etapas, desde primaria hasta bachillerato, pasando por formación profesional, promocionarán salvo en casos excepcionales. La fórmula no es un aprobado general, pero se parece bastante. Las circunstancias singulares que han marcado el tercer trimestre escolar, con las aulas vacías y unas precarias condiciones para impartir clases telemáticas, dificultan notablemente la evaluación de los alumnos en la recta final de curso.

No obstante, el acuerdo prevé que los docentes tendrán en cuenta las calificaciones de los dos primeros trimestres a la hora de determinar la nota definitiva y que el último tramo, dedicado a repasar y reforzar contenidos, solo contará para beneficiar al alumno, nunca para perjudicarlo. Esta salvaguarda permite que sean calificados de forma justa, valorando sus logros durante la etapa de confinamiento y sus necesidades de aprendizaje.

Las autoridades educativas coinciden en que, para ocho millones de alumnos no universitarios, repetir curso es una medida excepcional que deberá ser adoptada, y convenientemente argumentada, de forma colegiada por el equipo docente atendiendo a la evolución académica del estudiante antes del cierre de las aulas, hace ya más de un mes. La situación socioeconómica de las familias es un aspecto que no puede quedar al margen, toda vez que condiciona el acceso a la educación online y a las herramientas pedagógicas digitales.

Es de lamentar, no obstante, que las comunidades de Madrid, Andalucía y Castilla y León (presididas por el PP) hayan decidido desmarcarse del documento presentado por el ministerio y se empeñen en exigir al Gobierno que fije el número máximo de asignaturas suspensas para que los estudiantes puedan pasar de curso o titularse. El País Vasco apela a la defensa de las competencias para aplicar su propio plan y Cataluña ultima su particular decreto. La disparidad de criterios en función del territorio redunda, a efectos prácticos, en una evidente desigualdad de los estudiantes, que verán condicionada la obtención de un título o la posibilidad de presentarse a la prueba de acceso a la universidad.

Actitudes como las exhibidas por el PP y grupos nacionalistas ponen de relieve las dificultades intrínsecas a la hora de alcanzar pactos estables y duraderos en el ámbito educativo y sitúan una materia tan sensible en el centro de la rencilla política, una vez más. Perseguir un provecho partidista o actuar con afán de desgastar al Gobierno central en una situación extraordinaria como la actual tiene difícil defensa, más cuando los afectados son niños y niñas.

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