Después de andar semanas por las teles, vacilándose como cuñados compitiendo por ver quién tiene el Audi más fardón, este fin de semana el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, han procedido a encender los alumbrados navideños; ya podemos comprobar quién lo tiene más grande con cargo a nuestros impuestos. El alumbrado de la ciudad del Madroño va a costar más de tres millones de euros y el de la ciudad olívica rozará el millón de euros. Esta exuberancia de las luces navideñas públicas plantea uno de esos casos que desconcertaría a capitalistas decentes como Ludwig Von Mises.

Según afirman unos y otros, responden a una demanda unánime de la ciudadanía y resulta un gran negocio para las ciudades en términos de turismo y comercio. Proclama Abel Caballero que, en 2018, la ciudad ingresó el triple de su coste. Ofreciendo un negocio tan boyante, los emprendedores privados deberían andar dándose de bofetadas por iluminar sus calles y mercados con semejante seguridad de triplicar su inversión. Existe demanda pero, paradójicamente, la ley de la oferta no se cumple. Solo tienen que pasear por las calles y ciudades donde la luces navideñas no disfrutan de los beneficios de la intervención pública y se dejan en manos de la iniciativa de comerciantes y hosteleros, quienes, incomprensiblemente, renuncian a multiplicar sus beneficios para ahorrarse unos miles de euros en bombillas.

Mientras tan millonario espíritu navideño inunda ambas urbes, en Vigo, en octubre de este mismo año, frente al Ayuntamiento, en una de las tiendas de la acampada contra la pobreza, fallecía J.E.C, un hombre sin hogar de 42 años. Como siempre, el Ayuntamiento y las demás administraciones afirmaban haber hecho todo lo posible y daban a entender que el propio finado había elegido su suerte. Entre otras cosas, la acampada contra la pobreza y otras organizaciones sociales llevan años denunciando la falta de plazas para las personas sin hogar. O que en el albergue municipal no se pueda estar más de diez días si se percibe alguna prestación social, por ínfima que sea. O que se remita a supuestas pensiones y viviendas de alquiler que, o no existen, o no respetan las condiciones prometidas.

En Madrid, desde hace más de tres meses, familias enteras de refugiados acampan a diario ante el Samur Social. Duermen en la calle, en parroquias o donde les ofrecen los vecinos. El Ayuntamiento dice que no puede atender a tantos refugiados y culpa a Pedro Sánchez y sus políticas migratorias, tan atractivas para millones de inmigrantes que vienen a robarnos nuestros servicios y nuestras luces de navidad. El Ministerio dice que el Ayuntamiento sí puede pero no quiere, porque utiliza a los refugiados como arma política en su contra, pero desde el verano ha sido incapaz de generar apenas ciento veinte plazas más. Por su parte, los trabajadores van este mismo lunes 25 a la huelga porque la empresa privada que gestiona el Samur Social –Grupo5– les obliga a trabajar en condiciones calamitosas.

Todos se quejan de que nuestro sistema no puede acoger a los 95.000 refugiados, que han doblado este año las cifras de 2018. Debería darles vergüenza solo reconocer que una de las cuatro grandes economías de la UE no pueda dar refugio a menos gente de cuanta cabe en el Santiago Bernabéu. En lugar de avergonzarse, se tiran a los refugiados a la cabeza como si fueran carne de cañón partidista. Abel Caballero no da su brazo a torcer, para que quede claro quién manda en su ciudad. Martínez Almeida tiene a niños durmiendo en la calle, para evidenciar el cinismo de la supuesta solidaridad de la izquierda y darle más carnaza al discurso del odio de la ultraderecha. El Gobierno central pone cara de pena solidaria y se refugia tras tecnicismos y excusas de chupatintas, para que no le acusen de blando y de propiciar el efecto llamada. No existen luces de navidad suficientes en el mundo para alumbrar tanta miseria.