Los siete magistrados que integran la Sala Superior del TEPJF, Felipe Alfredo Fuentes Barrera (presidente), Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer Infante Gonzales, Janine M. Otálora Malassis, Reyes Rodríguez Mondragón, Mónica Arali Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdez, firmaron el informe compuesto de 35 páginas, el cual acompañaron de una certificación emitida por la secretaria general de Acuerdos, Berenice García Huante.

En el apartado relativo a la “Cuestión General”, los miembros del Tribunal aclararon que tal como ha establecido la SCJN, las opiniones que la Sala Superior emita a propósito de temas con contenido electoral no son vinculantes; aunque ello no implica que no aporten “elementos adicionales para el estudio de las instituciones pertenecientes a la materia electoral, con la finalidad de orientar el ejercicio del control abstracto de constitucionalidad de las normas impugnadas”.

En cuanto a los “conceptos de invalidez” que los partidos políticos atribuyeron en su rechazo a la reforma que revirtió el artículo relativo a gobierno de dos años para dar paso a un periodo de cinco, la Sala Superior estableció que consisten en “violaciones al procedimiento legislativo y a los principios constitucionales de retroactividad, prohibición de leyes privativas y conclusión de los efectos del artículo Octavo Transitorio”.

MAYORES ELEMENTOS

Sobre la pertinencia de la opinión técnica solicitada al TEPJF, el representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California, Miguel de Loera Guardado, manifestó que “la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral 68, establece que hasta antes de dictarse sentencia, el ministro instructor podrá solicitar a las partes o a quien juzgue conveniente, todos aquellos elementos que a su juicio resulten necesarios para la mejor solución del asunto”.

Recalcó que el análisis realizado por la Sala Superior es coincidente con los conceptos de invalidez a los que el partido naranja hizo referencia como parte de la acción de inconstitucionalidad que presentó el 18 de octubre, fecha en la que igualmente se presentaron los recursos de PAN, PRD y PRI.

En lo correspondiente a las violaciones atribuibles a la enmienda constitucional, aseveró: “Resultan de tal gravedad que impactan principios rectores básicos del sistema democrático mexicano”, además de destacar que el Decreto 351, tal como indicó la Sala Superior, “resultaría incluso contrario al principio de no reelección”, toda vez que atenta contra “la garantía de renovación periódica y alternancia en el poder”.

A decir del entrevistado, el pronunciamiento de la Sala Superior “va a influir bastante en la determinación que haga la Suprema Corte de Justicia respecto a este tema”, tomando en cuenta que esa opinión proviene del órgano jurisdiccional de mayor relevancia en el tema electoral mexicano.

De Loera Guardado estimó que el informe “le va a dar mayor abundamiento al sentido en que vayan a emitir los votos los ministros”.

Asimismo, expuso que a diferencia del mecanismo conocido como amicus curiae (Amigos de la Corte), el cual sirve para conocer la percepción ciudadana sobre los asuntos legales, en este caso “es un instrumento técnico” que “va mucho más allá”.

El representante partidista abundó: “Aquí se tiene que tomar en consideración las violaciones que mencionó (la Sala) porque no lo están haciendo los magistrados a título personal, lo están haciendo como un acuerdo plenario del mismo Tribunal Federal Electoral, esto por supuesto que va a tener parte de la misma resolución cuando se emita”.

También hizo hincapié en que con todo y que el Tribunal no se puede pronunciar sobre las violaciones al proceso legislativo por ser cuestiones generales del Derecho, “en lo que es materia electoral” coincidió plenamente con lo que expusieron los partidos políticos, “por ello al momento en que determine la Corte”, va a determinar si es constitucional la reforma o no, “y ahí prácticamente el Tribunal Federal Electoral ya te está diciendo que se aparta de la regularidad constitucional”.

Observó que aun cuando las opiniones del TEPJF “no son vinculantes”, en vista de que la SCJN resuelve “en plenitud de jurisdicción”, sirven “para tener mayores elementos para mejor proveer en este asunto”.

Finalmente, Miguel de Loera recordó que no se puede saber con precisión cuándo habrá de resolverse el proceso emprendido contra la “Ley Bonilla”, habida cuenta de que “no se ha colmado la temporalidad que marca el mismo transitorio”, como tampoco la que quedó establecida con la modificación. “No han pasado ni los dos ni los cinco años para establecer que se colme o que sean irreparables”, dijo.

Para concluir, planteó que en todo caso es preferente que la SCJN agote todos los instrumentos a su alcance para llegar “a una mejor resolución a este asunto que nos ocupa”.