Hace unos meses, las imágenes de televisión mostraron a un grupo de manteros que corrían agresivamente a un patrullero policial. Parecía una sátira. Fue risible si no hubiera sido también lamentable y dramático. Hace poco, en los días de la epifanía piquetera, se vieron grupos de personas, por lo general con la cara cubierta, arremeter violentamente contra las fuerzas de seguridad. Un gendarme resultó con un ojo seriamente herido en las recientes refriegas para desalojar la Panamericana.

Durante 12 años, las fuerzas policiales fueron agredidas por manifestantes, y también lo están siendo durante el gobierno de Mauricio Macri.

Una negociación avanzada ahora entre la administración de Macri y sectores del peronismo (en el Senado, fundamentalmente) promueve una dura modificación del Código Penal para elevar las penas de los que agredan o desobedezcan a integrantes de las fuerzas de seguridad. Un agravante que aumentará las penas será la agresión o la rebeldía con la cara cubierta. En las últimas manifestaciones apareció un grupo, que se autodenomina Resistencia Piquetera, cuya singularidad consiste en que todos sus integrantes llevan el rostro oculto. Esa modalidad es una advertencia inconfundible de que se está por cometer un delito. ¿Para qué, si no, esconderían la cara?

De esa negociación participan cuatro interlocutores, por ahora.

Los ministros de Justicia y de Seguridad, Germán Garavano y Patricia Bullrich, y los senadores Miguel Ángel Pichetto y Rodolfo Urtubey. La presencia de este último permite agregar a un quinto protagonista: el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, jefe político del peronismo salteño. No se estableció todavía quién presentará formalmente el proyecto en el Senado. Podría ser el peronismo, a través de Urtubey, o el propio gobierno. El dato significativo es que tanto el oficialismo como la oposición seria concluyeron que la calle no puede ser propiedad de piqueteros sin límites ni medidas.

El objetivo final del proyecto es que la ley, más que la represión, sea la que termine disuadiendo a los violentos. El temor a la cárcel existe entre piqueteros y sindicalistas. ¿Ejemplo? En los días de fiesta piquetera de hace un mes, nunca apareció Fernando Esteche, el líder de la violenta agrupación Quebracho. Esteche está en libertad condicional y regresaría a la cárcel si fuera detenido por cometer un nuevo delito. Un caso aparte es el de la Justicia. La modificación del Código Penal busca también dejar sin alternativas a jueces demasiado benevolentes. Muchas veces las fuerzas de seguridad recibieron la orden judicial de no actuar ni detener a los autores de delitos cometidos en el marco de protestas sociales. Jueces y fiscales proclamaron que se corría el riesgo de un uso indebido de la fuerza del Estado.

Los autores del proyecto aclararon que éste “no busca criminalizar la protesta ni limitar o impedir el derecho a manifestarse”. Pero tales manifestaciones sociales deberán hacerse pacíficamente y dentro de la legalidad. La idea (y la negociación) surgió después de que la administración y la oposición responsable constataran que se mezclaban en el espacio público el reclamo genuino con las operaciones desestabilizadoras. La CGT, por un lado, que pidió autorización para exponer sus críticas y hacer su acto, aunque éste se desmadró luego. Por el otro, los piqueteros con la cara cubierta o grupos violentos de izquierda, como los que terminaron arruinando la concentración cegetista. El problema se agrava porque los recursos actuales del Código Penal son muy limitados para llevar ante la Justicia a los grupos violentos.

En concreto, el proyecto que circula entre los negociadores aumenta a entre tres y seis años de prisión la pena para el que intimide o agreda a un funcionario público y a las fuerzas de seguridad que le presten asistencia. La pena será de cuatro a ocho años de prisión si la agresión se diera en el contexto de un piquete o se usaran armas, palos, proyectiles o material explosivo. Esta última y más elevada pena de prisión se aplicará para los que usen contra las fuerzas de seguridad algún vehículo.

El proyecto también prevé penas de seis meses a un año de prisión para el que desobedezca una orden de cumplimiento inmediato emanada de un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones. Esto es: para desalojar un piquete o cualquier obstrucción de la vía pública. La pena se elevará de uno a tres años de prisión si, además, empleara la fuerza o la intimidación para resistir la orden. La pena aumentará de dos a cuatro años de prisión si los culpables ocultaran su rostro o si tocaran con sus manos a las autoridades. Por autoridades se entiende a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad.

La reforma está inspirada en legislaciones vigentes en Colombia, Chile, Uruguay, Perú y España. Y tiene antecedentes en anteproyectos de modificación del Código Penal de 2006 (gobierno de Néstor Kirchner) y 2012 (gobierno de Cristina Kirchner). También un proyecto parecido de reforma fue presentado en 2015 por diputados nacionales del massista Frente Renovador.

La participación de Pichetto y Urtubey consolida una mayoría en el Senado, donde el Gobierno está en franca minoría. El oficialismo espera sumar en la Cámara de Diputados a Sergio Massa y, quizás, a Diego Bossio. Primero el proyecto deberá ser aprobado por el Senado. Desde ya, esta modificación del Código Penal será duramente criticada por los partidos de izquierda y por los movimientos sociales. Si el Congreso finalmente aprobara la modificación, se acabaría con un enorme margen de impunidad para trastornar el espacio público. Cierto orden en las calles y rutas fue una promesa electoral de Macri, pero es también una ambición del peronismo que aspira a recuperar el Gobierno. En rigor, sólo el peronismo kirchnerista fue extremadamente condescendiente con el desorden público; el peronismo menemista no lo fue. Tampoco Perón, cuando estuvo en el gobierno, fue comprensivo ni tolerante con los disturbios en el espacio público.

La falta de respuesta del Estado en estos años a la violencia piquetera se respaldó en dos argumentos. Uno refiere al derecho a la protesta y a la defensa a ultranza de la política de no reprimirla, sobre todo cuando reclama por cuestiones sociales. El otro es más político y difícil de probar: desde Néstor Kirchner hasta Rodríguez Larreta se escuchó el razonamiento de que las fuerzas de seguridad podían tirarle un muerto al Gobierno. Es cierto que hay policías provinciales, como las de Buenos Aires y Neuquén, que no hacen nada o, cuando hacen, terminan con uno o dos muertos. Son emblemáticos los casos de Kosteki y Santillán, en Buenos Aires, y del maestro Carlos Fuentealba en Neuquén.

La Gendarmería, a su vez, siempre desmintió que fuera culpable de la muerte de dos activistas, en diciembre de 1999, durante el desalojo del puente que une Chaco con Corrientes. Es, en efecto, un problema más de la impericia (o de las conspiraciones) de las policías provinciales que una cuestión generalizada de las fuerzas de seguridad. Entre muertos reales y eventuales, entre el temor de la política y la parálisis de las fuerzas de seguridad, se fue consolidando una cultura según la cual todo es posible. Desde obstruir autopistas (donde los automovilistas quedan definitivamente atrapados) hasta escupirles y pegarles a policías, gendarmes y prefectos.

Otro proyecto de reforma del Código Penal, esta vez del Gobierno, limita seriamente el delito de sedición y amplía los márgenes de la libertad de expresión. En verdad, el director de la División América de la prestigiosa organización de derechos humanos Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le pidió en su momento a Macri que derogara el delito de sedición. Fue cuando protestó por la prisión de Milagro Sala. El Gobierno está negociando ahora con esa organización y con Amnesty International las modificaciones al Código Penal que prevé proponerle al Congreso. En síntesis, el proyecto estipula que en ningún caso podrán interpretarse como un delito de sedición las expresiones o los hechos que se efectúen en el ejercicio de derechos humanos o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.

En este caso, el Gobierno toma distancia velozmente de la experiencia venezolana, donde Nicolás Maduro mete presos a sus opositores por la mera sospecha de que quieren tumbarlo. O de lo que podría haber sido el cristinismo si hubiera continuado en el poder. También Cristina Kirchner apelaba a la supuesta sedición cuando alguien le decía que no. Vagamente redactado, el delito de sedición es una herramienta eficaz para los gobiernos autoritarios que tienen la eternidad como meta.