El fiscal Guillermo Marijuan imputó al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, por incluir a familiares en la ley del blanqueo de capitales.

La medida en cuestión, el decreto 1206, permite que cónyuges, padres e hijos menores emancipados de funcionarios podrán entrar al blanqueo. La denuncia fue presentada por la diputada de Libres del Sur Victoria Donda, y acusa al Presidente del "delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".

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"Los sujetos comprendidos en el Artículo 83 de la Ley N° 27.260 (de reparación histórica a jubilados y blanqueo de capitales), podrán efectuar la declaración voluntaria y excepcional, dispuesta en el Título I del Libro II de la ley, exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha en que los sujetos enumerados en los incisos a) al w) del Artículo 82 de la Ley N° 27.260, hubieran asumido los respectivos cargos", afirma el decreto de fines de noviembre. Esto quería decir que sólo podrán sincerar activos que puedan probar que fueron incorporados antes de que asumieran los funcionarios, en diciembre de 2015.

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Donda y sus compañeros de bancada de Libres del Sur, Federico Masso y Graciela Coussinet, presentaron una denuncia penal ante el Tribunal Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, por "la posible comisión del delito de Abuso de Autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, consagrado en el artículo 248 del Código Penal". Según los legisladores, el decreto 1206 firmado por el Presidente "contradice explícitamente la Ley 27260 que aprobó el Congreso con relación al blanqueo de capitales, porque prohíbe el ingreso de familiares al mismo".

"Es inconcebible que el Poder Ejecutivo haya redactado un decreto que modifica el decreto que reglamenta la ley que se aprobó en el Congreso, cuando la misma plantea que los familiares de funcionarios públicos no pueden participar de la operación", había dicho Donda.

El artículo 248 del Código Penal plantea textualmente: "Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

Fuente: Agencias