Analistas coincidieron que uno de los principales temas que tendrá que atacar el próximo gobierno es la reducción del déficit fiscal. Sostuvieron que la fórmula para hacerlo no debe ser con suba de impuestos, sino a través de una baja del gasto público.

El déficit fiscal se ubicó en 4,9% del Producto Interno Bruto (PIB) en julio, bastante lejos de la proyección inicial de 2,5% cuando el gobierno presentó su Presupuesto quinquenal en 2015. En la última Rendición de Cuentas, Ejecutivo proyectó un rojo de 4,6% del PIB para el cierre de este año (contemplando un efecto positivo de los cincuentones de 1,2%), en tanto, para 2020, el déficit se prevé caiga a 3,8% del PIB. Esto implica un desvío de 1,3 puntos porcentuales respecto a la previsión que se había realizado en 2018.

Ese desfasaje fue uno de los aspectos centrales de un desayuno organizado este miércoles por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) sobre análisis de la coyuntura económica, perspectivas y desafíos.

El director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Hernán Bonilla, expuso que en este gobierno la situación cambió respecto a un período previo de fuerte crecimiento económico. “La proyección es que la economía va a crecer medio punto este año y eso completa un quinquenio creciendo a un promedio de 1,3%”, dijo.

Marcó que en ese escenario el déficit fiscal es uno de los temas más preocupantes. “En 2007 se había alcanzado un equilibrio fiscal y a partir de allí hay una tendencia muy clara de aumento”, sostuvo.

Bonilla se refirió a las estimaciones erróneas de los últimos tres gobiernos sobre el resultado de las cuentas públicas. En ese sentido, recordó que el primer gobierno de Tabaré Vázquez había proyectado terminar con 0,4% y lo hizo en 1,7%. La situación no mejoró luego ya que la administración de José Mujica había previsto que fuera de 0,8% al final del período, pero saltó a 3,5%. En este gobierno de Vázquez la proyección fue de 2,5% y ya roza el 5%.

“En algún momento hay que cumplir con las metas fiscales”, afirmó. Por ese motivo se deben empezar a tomar medidas. Allí, el economista indicó que la próxima administración va a aprobar el Presupuesto que entrará en vigencia en 2021. “Hay que hacer cosas antes. Una idea es pedirle a los ministros y a los presidentes de las empresas públicas que gasten menos de los recursos que tienen asignados”, dijo. Complementó que bajar el gasto público como forma de reducir el déficit fiscal es una medida impostergable.

A su turno, el director del Centro de Economía del IEEM y consultor de negocios de Grant Thornton, Ignacio Munyo, coincidió en que el déficit fiscal es una enorme preocupación, fundamentalmente por el aumento del gasto corriente que en forma permanente efectúa el gobierno. Ante eso, planteó dos escenarios de ajuste fiscal.

“Uno fuerte, con el cual se reduce un punto por año. Sería durísimo, al estilo de lo que se intentó hacer Argentina en los dos últimos años”, mencionó. Con ese método se alcanzaría el equilibrio en 2024. Pero como contrapartida, señaló que “con ese ajuste es muy difícil que retome el crecimiento a pesar de UPM”.

El otro escenario es de una reducción paulatina hasta llegar al final del próximo período al 3%. “Es más realista, pero Uruguay debe tomar medidas críticas para que la economía crezca”, sostuvo.

Y para ello es fundamental que se retomen anteriores niveles de inversión. En ese punto manifestó que no se puede caer en el error de atraer capitales a cambio de salarios bajos. “Hay una luz roja en los salarios, pero no se debe apagar esa luz; sería triste y un reconocimiento de que Uruguay no puede atraer inversión si no es a costa de sueldos bajos y pobreza”, manifestó.

Además de compartir que es necesario aplicar un ajuste fiscal, ambos también estuvieron de acuerdo en que no debe llegar de la mano de una suba de impuestos. “Es perfectamente posible. Subir impuestos no solo sería innecesario y tremendamente inconveniente en la situación actual”, subrayó Munyo.

“Generaría los desincentivos par un crecimiento y ya lo vivimos”, complementó. Como prueba expuso que “desde que asumió este gobierno frenó el crecimiento del gasto (había aumentado 40% en términos reales en el período de Mujica y en este lleva 8%), subió impuestos, y el déficit pasó de 3,5% a 5%”. Por tanto, remarcó que “esa receta de subir impuestos no funcionó en estos cinco años y sería un error repetirlo ahora”.

A su vez, Bonilla recordó que el ministro de Economía, Danilo Astori, ya ha dicho que la capacidad fiscal del país está a tope y no se puede seguir subiendo impuestos. Por eso, habrá que “ir por la lado del gasto, no va a ser fácil, pero es necesario”, sostuvo.

Competencia y controles

El otro expositor fue Juan Dubra, director de la Maestría en Economía de la Universidad de Montevideo, que se refirió a la defensa de la competencia. Afirmó que no hay respeto ni respaldo a las instituciones que se dedican a ello.

Relató el caso de un laboratorio acusado de colusión. Contó que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (órgano desconcentrado del Ministerio de Economía) analizó la situación y determinó que la empresa merecía castigo. Lo mismo ocurrió en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). “Después de un plumazo lo cambiaron, para la comisión fue un dolor importante. Trabajás mucho y te lo dan vuelta por una cuestión política”, dijo.

También se refirió a las revisiones que agencias de competencia debe realizar a empresas públicas. “No controlan que hayan contabilidades separadas para las unidades de negocios de empresas públicas que tienen una actividad monopólica”, señaló.

“En Ancap la refinación es monopólica, pero tiene otra cantidad de actividades que son competitivas; UTE tiene una parte de la distribución que es monopolio, pero después en otras cosas es competitiva. Deberían tener contabilidades separadas para que no haya subsidios cruzados”, consideró.