Parece natural que en un país con una tradición tan autoritaria como México despierte un gran interés el nombramiento del nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Más aún, la liberación hace unas cuantas semanas de la indígena Jacinta Francisco Marcial, quien pasó tres años en prisión al ser injustamente acusada del secuestro de seis agentes federales, muestra como la violación de los derechos humanos es un tema actual y muestra también que son los grupos más desprotegidos, indígenas, mujeres, personas en situación de pobreza, quienes están más expuestos a ver sus derechos humanos vulnerados.

Por ello, no debería de sorprendernos el gran número de personas que registraron su candidatura de manera oficial, 33 al cierre oficial de la convocatoria el pasado viernes, o que expresaron interés en ello, algunos de ellos probados luchadores por los derechos humanos. Pero el número de candidatos es tan alto que uno no puede dejar de pensar si no existe, en algunos, otra motivación.

Al grano, el puesto es muy apetecible: los dos primeros presidentes de la comisión fueron posteriormente Procuradores Generales de Justicia, y el primero de ellos fue también Secretario de Gobernación (el equivalente en México a Ministro del Interior); Mireille Rocatti, quien fue la tercer titular de la comisión, fue posteriormente Secretaria de Medio Ambiente y Subprocuradora del Estado de México en la actual administración de Enrique Peña Nieto. Finalmente, el actual presidente José Luis Soberanes ha dado muestras de su interés por ocupar una silla de la Suprema Corte de justicia de la Nación.

Pero el atractivo de la posición no radica únicamente en que puede servir como trampolín político, ni en la gran exposición a los medios que tiene su titular, la CNDH tiene un presupuesto de 912 millones de pesos (68 millones de dólares) y el presidente de la comisión un sueldo neto de 149 mil pesos mensuales, salario ligeramente mayor que el del Presidente de la República.

Los grandes recursos de la oficina del ombudsman no son los únicos en el panorama mexicano. Es que justamente como parte de la lucha en contra del autoritarismo mexicano se le dio tratamiento jurídico-presupuestario a aquellos órganos que sirven como contrapeso del Ejecutivo Federal: al Instituto Federal Electoral, a la Suprema Corte, al Congreso y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos se les da, entre otras cosas, autonomía presupuestal.

La idea es sencilla y bien intencionada. Para evitar que estos órganos sean sujetos de presiones económicas, la norma indica que una vez que su presupuesto es aprobado por la Cámara de Diputados estas oficinas están en total libertad de decidir cómo lo gastan (es decir, son autónomos en tal decisión), fijar sus salarios y determinar sus prioridades. En este sentido, el Ejecutivo federal se limita a entregar mensualmente, a través de la Secretaría de Hacienda, lo que a cada órgano corresponde.

Este sistema de protección de los órganos autónomos abrió la posibilidad de abusos. Los salarios más altos de los funcionarios mexicanos son aquellos de quienes pertenecen a los órganos autónomos. No ha sido inusual, como es el caso del presidente de la CNDH, que los funcionarios de este tipo de dependencias ganen más que el Presidente de la República, a veces, significativamente más.

Así que estamos hablando de un puesto magníficamente remunerado, cuyo titular no puede ser removido por el Presidente (de hecho, el actual ombudsman está por cumplir diez años en su puesto, después de un periodo de reelección) con una gran autonomía para ejercer el presupuesto y nombrar el personal, y por si fuera poco, un puesto que depara un buen futuro político.

En suma, es una silla que tiene todas las características para ser deseada por un político ambicioso que quiera acceder a una posición envidiable y con privilegios. ¿Pero no es esta la antítesis de un defensor de los derechos humanos? ¿No son justamente los menos privilegiados quienes son más susceptibles de ver vulnerados sus derechos humanos?

No se me entienda mal, entre los candidatos ya registrados están algunos que tienen una trayectoria probada que avala su compromiso en la lucha por los derechos humanos, algunos de ellos podrían ser excelentes presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Justo por ello, dudo mucho que sean elegidos, el puesto es demasiado apetecible y el proceso de selección esta demasiado politizado. Ojala que no sea así.