Hijo de la fracción empresaria que se consolidó como poder económico concentrado durante la última dictadura cívico-militar a través de contratos de obra pública, sobreprecios y estatización de deuda privada, entre otros privilegios, Mauricio Macri expresaba durante la campaña electoral de 2015: “¿Qué es esto de universidades por todos lados?”. Sin embargo, sin entender la conexión, reconocía que la herencia kirchnerista en ciencia y tecnología (CyT) era positiva y proponía la continuidad en su cargo de Lino Barañao, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva desde noviembre de 2007.

El giro de Barañao

A fines de 2015, durante el tramo final de la campaña electoral por el ballottaje, Macri explicaba: “Vamos a continuar con los avances en el Conicet. Los necesitamos para ser parte de la sociedad del conocimiento” (@mauriciomacri, 17-11-15). También prometió llevar la inversión en CyT de 0,68% del PIB al 1,5%. Con los lanzallamas de los medios concentrados abriéndole paso, Macri se impuso en las elecciones por el estrecho margen de 1,8%. Sin embargo, desde el comienzo impulsó un proyecto político “refundacional” que se orienta en la dirección opuesta a las promesas de la campaña electoral. El sector de CyT no fue la excepción.

Durante 2016, en un contexto de inflación y déficit fiscal crecientes, de despidos, tarifazos, desindustrialización y difusión internacional del affaire “Panama Papers”, en el sector de CyT se inició el desmantelamiento del programa de producción pública de medicamentos –una red de 39 laboratorios públicos, muchos de ellos universitarios–, se paralizó la fabricación del tercer satélite geoestacionario Arsat 3, se desfinanciaron programas de investigación y desarrollo en el sector nuclear, se cerraron organismos relacionados con la agricultura familiar, entre otros retrocesos en las áreas tecnológicas. La comunidad científica vio con sorpresa que Barañao avalaba con su silencio estas iniciativas y comenzaba a negar las metas del Plan Argentina Innovadora 2020, que él mismo había impulsado durante el ciclo kirchnerista.

Finalmente, se hizo público que el área de CyT representaba un 1,34% en el proyecto de presupuesto nacional 2017, mientras que en 2016 había representado el 1,53%. Si bien en el presupuesto de Educación el recorte nominal era algo menor, el 2016 finalizaba con un 12% del presupuesto de Educación no ejecutado, relegando programas como “Infraestructura y equipamiento” o “Innovación y Desarrollo de Formación Tecnológica”. Como contrapunto, los servicios de deuda pública aumentaron en 2017 un 137,8%. La devaluación y la inflación profundizaban el daño.

La acelerada demolición de programas y organismos de CyT, la frivolidad y las contradicciones de los argumentos improvisados por el ministro y el presidente del CONICET, Alejandro Ceccatto, alcanzaron su punto crítico cuando se hizo público el primer impacto visible del recorte: sólo iban a ingresar a la Carrera del Investigador Científico (CIC) de CONICET alrededor de 400 jóvenes investigadores en lugar de los más de 900 que suponían las metas del Plan de Barañao. Es decir, más de 500 científicos y tecnólogos jóvenes, que llevaban en su gran mayoría entre 5 y 7 años de formación doctoral y posdoctoral, veían sus carreras truncadas y quedaban en la calle. Macri y Barañao se mostraban dispuestos a iniciar un nuevo ciclo de migración de científicos y tecnólogos jóvenes, un mal crónico que Argentina había logrado revertir entre 2003 y 2015.

Oscilando entre negar la relevancia de los recortes y justificarlos, al final de su noveno año al frente del MINCyT, Barañao explicaba, por un lado, que “hacen faltan investigadores con un perfil diferente, más insertos en las necesidades del país” (La Nación, 24-12-16), pero por otro lado, que “[…] no hay ningún país que con un 30 por ciento de pobreza esté aumentando el número de investigadores, como lo está haciendo la Argentina” (Ámbito, 6-12-16). Al mismo tiempo, decía en el exterior: “Lo que tenemos ahora, en contraste con el gobierno anterior, es más interés de grupos inversores para invertir en tecnología en Argentina”. Y mencionaba “fondos de inversión o compañías que están viniendo a Argentina, buscando oportunidades para invertir” (The Worldfolio, 12-12-16). (Al finalizar esta nota los gerundios del ministro mantienen vigencia, aunque menos verosimilitud.)

Este contexto explica que un grupo de científicos ocupara el MINCyT el 19 de diciembre de 2016 con el apoyo de amplios sectores de la comunidad científica y universitaria y con fuertes repercusiones en los medios. La toma se levantó el 23 de diciembre, luego de que funcionarios del MINCyT firmaran un “Acta Compromiso”. El documento comprometía al MINCyT y al CONICET a otorgar becas por un año a los 508 investigadores perjudicados mientras se iniciaban acciones para gestionar su incorporación a otras instituciones y empresas públicas o mixtas. A cambio, los científicos “levantan la medida y desalojan las instalaciones ocupadas”.

El incumplimiento de lo acordado y el nivel de impericia que desde entonces vienen mostrando los funcionarios del MINCyT se sumaron al intento de Barañao de dividir el frente de los científicos. Los medios concentrados como Clarín apoyaron la estrategia con títulos como “El Conicet decidió darles prioridad a los investigadores ‘más útiles’ para el país” (Clarín, 17-2-17). El falso problema de la “utilidad”, como veremos, buscaba ocultar la falta de orientación y de metas del MINCyT y del Ministerio de la Producción. ¿“Utilidad” para responder a qué objetivos?

Apertura total y salvaje

A comienzos de 2017, mientras los funcionarios del MINCyT no lograban o no querían cumplir con el “Acta Compromiso”, Barañao buscaba ganar tiempo y difuminar el problema involucrando al Ministerio de la Producción. En febrero, luego de razonar que si no se diversificaba la matriz productiva y no crecía el número de empresas de base tecnológica no habría en el país capacidad de absorción de científicos y tecnólogos, Barañao concluía: “Acá el desafío es lograr que el país produzca pymes de alto valor agregado […]. Este es un proceso que se está dando lentamente.” (“El lobby”, AM 89.9, 4-2-17).

Pero no sólo en febrero no estaba ocurriendo el crecimiento de pymes de alto valor agregado, sino que un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) del mismo día que la declaración de Barañao explicaba que la inflación, la apertura de las importaciones y el “tarifazo” en los servicios públicos habían producido la caída del 5% en la producción de las pymes industriales a igual mes de 2016.

En noviembre de 2015, como ministro kirchnerista, Barañao había sostenido: “Si hay una política de apertura total y salvaje que destruye las pymes que tratamos de acompañar con tecnología, desaparecen las pymes, y si desaparecen las pymes no necesitamos científicos. He hablado con Francisco Cabrera y me negaron que vaya a hacer eso”. (Página/12, 30-11-15). Vemos ahora que, una vez producida la apertura “total y salvaje” que Cabrera le garantizó que no ocurriría, Barañao protegía su permanencia en el cargo con un doble mensaje: mientras negaba la destrucción de pymes explicando que estaban creciendo “lentamente”, desplazaba el foco del problema desde su ministerio hacia el de Cabrera.

Finalmente cómplices del naufragio, Barañao y Cabrera fueron convergiendo en una retórica que intenta reemplazar las políticas ausentes de CyT y de industria con la promoción del “emprendedorismo”, variante neoliberal que se enfoca en el éxito individual como respuesta a un escenario de disgregación social y económica. El objetivo final es reemplazar el paradigma del desarrollo económico y social como empresa colectiva y solidaria por un voluntarismo solipsista fundado en variantes de pensamiento místico que promueven una “espiritualidad” predatoria y mercantil. Su legitimación suele estar fundada en gurúes extranjeros y pseudo-ciencia. Lucas Rubinich explicaba en 2001 que la cultura del emprendedorismo, las consultorías, los think tanks y diversas modalidades de “agencias de análisis” se proponen una “desjerarquización” del mundo académico necesaria para hacer de la enseñanza universitaria un espacio para los “negocios”.

Universidades vs. CONICET

En junio el MINCyT firmó un acuerdo con el Ministerio de Educación para crear un programa que, se dice, aportará recursos para 410 cargos docentes de tiempo completo en las Universidades Nacionales para incorporar a los postulantes a la CIC de CONICET que no ingresaron a fines de 2016. Para los 88 investigadores restantes de los 498 reconocidos por el MINCyT se estaría gestionando su ingreso a instituciones de CyT como INTA o CNEA.

Para los afectados, este acuerdo viola el “Acta Compromiso” de diciembre de 2016. Para algunos rectores, como Juan Carlos Del Bello, rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y vicepresidente de la Comisión de Ciencia, Técnica y Arte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), este acuerdo presenta “un problema formidablemente complejo”. Según Del Bello, para los rectores de las universidades nacionales resultó “bastante incómodo” que los afectados plantearan que el cargo de profesor universitario implica un menor ingreso que el de investigador de CONICET. Pero además, disponer de cargos docentes para estos investigadores supone ignorar que en las universidades hay profesores que hace años reclaman un aumento de dedicación para hacer investigación y que las universidades no tienen recursos para dárselo. “Alguien puede interpretar que es un problema de financiamiento, pero, si así fuera y si va a haber fondos, ¿por qué no ingresan a la carrera de investigador?”, razona el rector de la UNRN (Agencia TSS, 15-6-17).

Esta saga de contradicciones y ocultamientos del MINCyT, ahora en alianzas opacas con el Ministerio de Educación, se replica, con las especificidades propias de cada sector, en aquellas áreas de otros ministerios involucrados en políticas tecnológicas: el Ministerio de Comunicación con el incumplimiento de la ley de promoción de la industria satelital; el Ministerio de Salud con el desguace del programa de producción pública de medicamentos; el Ministerio de Agricultura con los recortes al INTA y el desmantelamiento de programas de agricultura familiar; el Ministerio de Defensa con la clausura de programas de Fabricaciones Militares y de la Fábrica Argentina de Aviones; el Ministerio de Energía con el relegamiento de la industria nacional en la promoción de energías renovables o los recientes despidos en el sector nuclear.

Apostar por el conocimiento

El gobierno de Macri está obsesionado con bajar salarios y reducir los “costos laborales” para, se dice, mejorar la competitividad de las empresas. Una de las mayores especialistas en políticas industriales y tecnológicas en los países de industrialización tardía, Alice Amsden, explicaba en 2001 que el problema de la competitividad de las empresas argentinas durante los años 90 estaba en los empresarios y no en los trabajadores. Las empresas argentinas, sostiene, “no tenían profesionalizadas sus capacidades de gerenciamiento y pocas contaban con planificaciones o cadenas de mando bien definidas”. Y agrega:“Las inversiones en I+D [de las empresas] fueron insignificantes, por lo que los trabajadores calificados no eran empleados en emprendimientos de alta tecnología […]. El centro de gravedad de la economía argentina volvió a ser el campo, que se caracterizó por una de las distribuciones de ingresos más desiguales del mundo”.

El gobierno de Cambiemos trabaja obsesivamente para volver a imponer un régimen de flexibilización laboral: disminuir salarios, tercerizar el empleo, problematizar la indemnización por despido, las vacaciones, etc., estrategia que el Banco Mundial y el FMI han promocionado en estos últimos 25 años, produciendo desocupación y crecimiento de la desigualdad sin desarrollo. Por el contrario, la noción de “sociedad del conocimiento” supone que la competitividad debe darse con salarios altos. ¿Por qué? Porque es necesario generar demanda y porque los trabajadores deben ser actores dinámicos clave en la cadena de producción de conocimiento. Por eso necesitan, igual que los ingenieros y científicos, condiciones de trabajo adecuadas, como la estabilidad, que estimulen el uso de sus capacidades.

¿Cómo se logran estos objetivos según enseña la historia? Primero que todo, con inversión empresarial para incorporar conocimiento –tecnológico y organizacional– a las actividades productivas, algo que no ocurre en Argentina debido a la vocación de fuga de los empresarios capitalizados argentinos. Segundo, con inversión pública lenta, paciente, riesgosa y de largo plazo en sectores estratégicos. Y tercero, con inversión pública en infraestructura y desarrollo social –salud, vivienda, educación, alimentos, energía, etc.– y en apoyo activo a pymes. Las universidades tienen una función central en el diagnóstico, diseño de agendas y producción de I+D, y en la construcción de mecanismos de transferencia y extensión de conocimiento al territorio y las economías regionales. Todo esto es lo que hacen los países con mayores índices de equidad y desarrollo social sin dejar de ser capitalistas.

A contracorriente de la crisis global de 2008, durante el ciclo de gobiernos kirchneristas el crecimiento paulatino del PIB industrial, el aumento de la participación del salario en el PIB y una mejora del Coeficiente de Gini se complementaron con la expansión y diversificación de las actividades de CyT y con incentivos para reorientar las agendas de I+D de las universidades hacia el mundo del trabajo y de la producción. Si Macri y Barañao sostienen la reversión de 180 grados de esta tendencia, a fines de 2017 otra tanda de 500 científicos y tecnólogos jóvenes quedará en la calle luego de 5 a 7 años de formación doctoral y posdoctoral.

Frente a la máxima “compre conocimiento importado” y la destrucción de la industria, ¿qué deben hacer las universidades públicas con sus funciones de investigación, desarrollo, transferencia y extensión? Ya podemos ver las consecuencias de un proyecto de país que no necesita conocimiento: en el corto plazo está dejando a millones de ciudadanas y ciudadanos a la intemperie y en el largo plazo dejará a Argentina sin futuro.

Este artículo forma parte de la edición especial editada junto a la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE)

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