Miércoles 22 de febrero del 2017.

Es la fecha en la que se terminó de quebrar el implícito pacto de silencio entre las familias Kirchner y Báez.

Ambos clanes funcionaron durante una década como generadores de negocios multimillonarios en beneficio mutuo, pero siempre financiados por fondos públicos. Durante los años en que gestionaron el Estado, los K le otorgaron contratos de obra pública a los B, que a su vez le devolvían parte de ese dinero a sus benefactores, pero mediante otros negocios que también los unían pero en el ámbito privado.

“No soy socia de Báez, ni menos amiga”, había dicho la ex Presidenta cuando fue indagada en una causa que investiga esos contratos de obra pública únicos por sus valores superlativos y por la falta de concreción de las obligaciones que tuvieron sus adjudicatarios: las constructoras de los Báez. En ese caso, Cristina terminó procesada. El fiscal es Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini.

Ambas familias son rehenes de sí mismas frente a las acechanzas de la Justicia. Y algo se rompió en esos lazos gastados por rencores cruzados.

Leandro Báez, hijo de Lázaro, fue el primero en su familia que admitió ante un juez haber sido protagonista y testigo de cómo su padre no sólo ganó dinero con la obra pública de la última década: admitió que sus empresas ayudaron a enriquecer a los Kirchner mediante masivos pagos de alquileres de sus muchas propiedades.

La causa que investiga esta pata societaria de los K y los B es conocida como “Los Sauces”, porque así se llama la inmobiliaria que usó la familia ex presidencial para cobrarle rentas no sólo a los Báez. Su otro cliente –solo tuvieron dos rentistas- es el también contratista de obra pública y concesionario de licencias de juegos de azar, medios, petróleo y hasta de rutas, Cristóbal López.

Leandro Báez ya había deslizado que su padre, hoy preso, debía contar la verdad de sus negocios con los Kirchner. En escritos presentados en otras causas, acusó al juez que ordenó la detención de su papá, Sebastián Casanello, de ser parcial porque no investigaba el rol en el entramado de la obra pública K de los funcionarios nacionales, como la propia Cristina.

Ayer, Leandro admitió que él mismo firmó cheques para pagarle a “Los Sauces”. Pero responsabilizó a su padre de ser quien lideraba esas operaciones. También dio detalles sobre la relación personal que unía a Lázaro con Néstor Kirchner. Con Cristina Kirchner. Y con Máximo Kirchner. Dio detalles de asados y partidos de fútbol que jugaban los varones de ambas familias. Y relató que la ex presidenta alguna vez fue a comer a una de las estancias más grandes de su holding, llamada Cruz Aike.

Según Leandro Báez, los vínculos comerciales y personales entre su padre y Cristina y Máximo Kirchner se terminaron de romper después de que el programa PPT, de Jorge Lanata, difundiera en abril del 2013 el caso llamado “La Ruta del Dinero K”. En éste y otros puntos de su declaración, Báez hijo ratificó lo ya contado a la Justicia por el “imputado colaborador” Leonardo Fariña, el principal testigo de la causa de lavado de dinero por la que está preso Lázaro. En el caso también es investigada la ex presidenta.

Leandro Báez declaró ayer como imputado: tenía derecho a mentir. Antes que él, se había presentado su hermano mayor, Martín, quien evitó responder preguntas y sólo presentó un escrito. El juez del caso es Claudio Bonadio; y el fiscal, Carlos Rívolo.

Igual que Leandro, se defendió argumentando que las órdenes sobre los pagos por alquileres a los Kirchner que firmaron tanto él como Leandro eran ordenados por su padre. Y por nadie más. Luciana, hemana de Martín y Leandro, declarará en el caso. Y el padre de todos, Lázaro.

El hijo de su amigo Néstor, Máximo Kirchner, también fue citado como imputado. Igual que su hermana Florencia. Y que su madre, Cristina Fernández. Los tres son accionistas de “Los Sauces”. La ex presidenta será la última que enfrentará a sus investigadores.Que empezaron a recolectar cada vez más testimonios y pruebas, en su contra.