Dos contratos que llevan la firma de Pablo Longueira son la evidencia clave de su formalización por cohecho, la que acaba de pedir la Fiscalía. CIPER accedió a ambos documentos, los que sellaron para SQM el beneficio tributario al que accedió en la ley de royalty minero de 2010. Esa ley incluye un artículo –que modificó el proyecto original- redactado en SQM y entregado al entonces senador Longueira, quien lo derivó al gobierno. Un año después, el mismo Longueira, ya como ministro, rubricó los contratos que le otorgaron la invariabilidad tributaria a SQM. Vea aquí las copias de esos contratos.

“Estamos en las horas decisivas.

Un abrazo mi General.

Del Coronel Longueira”.

El mensaje salió desde la casilla Hotmail del entonces senador Pablo Longueira (UDI) a las 14:20 del 26 de agosto de 2010. Su destinatario, el “general”, era Patricio Contesse, gerente general de Soquimich (SQM), quien solo 21 días antes le había hecho llegar a Longueira la propuesta de un artículo que le permitiría a la minera no metálica acceder a la invariabilidad tributaria contemplada en el proyecto de ley que modificaría el royalty, además de pagar tasas más bajas hasta 2017. Longueira, a su vez, había hecho llegar el artículo enviado por Contesse al gobierno como si él fuera el autor. Efectivamente estaban en las “horas decisivas”, porque solo cinco días más tarde, el 31 de agosto, el Ejecutivo envió al Congreso el texto legal tal cual lo planearon el “coronel” y el “general”.

Gracias a la ayuda de Longueira, exactamente un año después, el 26 de agosto de 2011, SQM formalizó su acceso al beneficio tributario a través de la suscripción de un contrato con el Estado. Y según pudo confirmar CIPER a través de las escrituras notariales, quien firmó como contraparte fue justamente Pablo Longueira, ahora convertido en ministro de Economía del gobierno de Sebastián Piñera.

Es poco probable que al momento de canalizar hacia el gobierno el llamado “artículo Contesse”, Longueira haya planificado que sería él quien firmaría –esta vez como ministro– el contrato con SQM, pero esa circunstancia no planeada se enmarca en otra que no es casual: antes, durante y después de su gestión ministerial, personas y sociedades vinculadas a Longueira recibieron pagos de SQM por servicios que la propia empresa no pudo acreditar que hayan sido prestados. Cálculos de un estudio encargado por la misma compañía arrojan que esos pagos pueden sumar hasta $730 millones durante el periodo 2009-2015 (ver reportaje).

Este lunes 28 el fiscal Pablo Gómez pidió la formalización de Pablo Longueira por el delito de cohecho y la de Patricio Contesse por soborno. El doble rol de Longueira, como facilitador del beneficio al que accedió SQM y autoridad que oficializó ese beneficio a través del contrato respectivo, podría dificultar aún más su situación legal ya que el ex ministro también será formalizado por delitos tributarios asociados a la emisión de boletas por servicios no prestados. Según la acusación de la Fiscalía, esas boletas ocultaban pagos ilícitos.

TODOS LOS CAMINOS PASAN POR LONGUEIRA

Tal como reveló CIPER el 7 de marzo, los correos electrónicos que están en manos del Ministerio Público han revelado parte de la trama oculta detrás de la elaboración del proyecto de ley que buscaba aumentar el impuesto específico a la minería –más conocido como royalty– para financiar parte de la reconstrucción del país después del terremoto de 2010. Y esa trama se inicia el 5 de agosto de 2010, cuando Longueira recibió del fiscal del Ministerio de Minería, Franco Devillaine, un borrador del artículo del proyecto de ley que se refería a las empresas chilenas. Solo once minutos después, el entonces senador le reenvió el documento al gerente general de SQM.

A la medianoche de ese mismo 5 de agosto, Patricio Contesse le respondió a Longueira que el proyecto del gobierno era “una burla” y le envió adjunto otra redacción del artículo. Ello, porque el proyecto original solo contemplaba extender el beneficio de la invariabilidad tributaria a las empresas que ya habían suscrito un contrato con el Estado cuando se dictó la primera ley de royalty, en 2005. Un requisito que dejaba fuera a SQM. Para sortear ese obstáculo, Contesse le envió a Longueira una nueva versión del artículo, la que recibió del fiscal de SQM, Matías Astaburuaga. La investigación de la Fiscalía deberá determinar a qué abogado le encargó SQM la redacción de ese artículo.

Gracias a las gestiones de Longueira, el artículo que finalmente se envió al Congreso y que aprobaron los parlamentarios es prácticamente el mismo que el que se redactó en SQM (ver Cambio clave de la ley de royalty que benefició a SQM salió del computador de Contesse).

Según informó después The Clinic, Longueira hizo llegar el 11 de agosto de 2010, la versión del artículo entregada por Contesse al entonces ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, omitiendo solo la autoría de SQM. Ese mismo día el ministro Larroulet se lo envió al ministro de Minería, Laurence Golborne. Debido a esta cadena de mensajes, en las últimas semanas han sido citados a declarar ante el Ministerio Público tanto Larroulet como sus ex colegas de gabinete Felipe Larraín (Hacienda) y Laurence Golborne. También declaró el ex Presidente Sebastián Piñera, quien se ofreció como testigo y defendió la validez de la ley. Lo que busca la Fiscalía es determinar la ruta exacta que siguió el “artículo Contesse” para convertirse en ley, lo que incluye su tramitación en el Congreso. Es por ello que el jueves 24 el fiscal Pablo Gómez tomó declaración al senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien participó en la negociación del royalty.

Lo concreto es que en aquellos días de 2010 tanto el senador como el gerente general de SQM supieron pronto del éxito de sus gestiones ante el gobierno. En el correo electrónico que encabeza esta nota, enviado el 26 de agosto, el “coronel” de la UDI le informa al “general” Contesse –el mote se debe a que el gerente general de SQM hizo el curso de oficiales de reserva del Ejército– que ya había recibido el texto de parte de “Rodrigo” (probablemente se refería al subsecretario de Hacienda, Rodrigo Álvarez). La versión definitiva se la envió Longueira a Contesse el 1 de septiembre, cuando el proyecto ingresó al Congreso, ante lo cual el gerente respondió: “Pablo en la ley quedó la redacción del asunto de la minería chilena”.

Para concretar el beneficio contemplado en el cambio legal era necesario que SQM firmara un convenio con el Estado. Y pese a que la ley se publicó en el Diario Oficial el 21 de octubre de 2010, no fue hasta agosto del año siguiente que la minera suscribió el primero de los dos contratos en que el ministro Pablo Longueira firmó como contraparte.

LOS BENEFICIOS DE LOS CONTRATOS QUE FIRMÓ LONGUEIRA

La nueva ley de royalty establecía que para acogerse a la invariabilidad tributaria las empresas mineras debían firmar un contrato con el Ministerio de Economía. CIPER pidió a través de la Ley de Transparencia las copias de los dos contratos suscritos por SQM y confirmó que ambos llevan la firma del ministro Pablo Longueira.

En el primero de ellos, fechado el 26 de agosto de 2011 y protocolizado en la notaría de Ricardo San Martín, las partes son el Estado de Chile y SQM Salar. El proyecto que se acoge al artículo cuarto transitorio de la Ley 20.469 se denomina “Proyecto Minero Salar”, el que según la empresa comenzó a explotarse antes de la entrada en vigencia de la ley, tal como lo exige la normativa. Por el Estado firmó el entonces ministro Pablo Longueira y por la empresa lo hicieron Patricio de Solminhiac y Ricardo Ramos, entonces subgerente general y gerente de Finanzas de SQM respectivamente (ver contrato).

En el Archivo Judicial se encuentra el documento que describe el proyecto de SQM Salar y que acompaña el contrato con el Estado. Se explica que las faenas comenzaron en 1993, cuando SQM firmó el primer contrato de arrendamiento con la estatal Corfo, dueña de las pertenencias mineras del Salar de Atacama (ver reportaje El día en que el Estado le entregó el control del Salar de Atacama a Ponce Lerou). El proyecto, ubicado en la comuna de San Pedro de Atacama, contempla una faena de 907 mil hectáreas desde donde se extraen salmueras y luego de un proceso industrial se obtienen sales con contenido de potasio, sulfato de potasio, cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio, cloruro de litio, carbonato de litio y sus derivados, y ácido bórico. A septiembre de 2010, el patrimonio del proyecto era de US$660 millones y a esa fecha los ingresos por ventas de mineral ascendían a los US$449 millones.

Cuatro meses después de que Longueira firmara el contrato con SQM Salar, el 22 de diciembre de 2011, el Estado suscribió un segundo contrato, esta vez con SQM Nitratos. Al final del documento se leen las firmas de Longueira como ministro de Economía y de Patricio Contesse como gerente general de SQM, junto a su gerente de Finanzas Ricardo Ramos (ver contrato). En un documento adjunto, se detalla el proyecto de SQM Nitratos: la explotación y venta de mineral de caliche, el que es luego procesado por otras empresas que obtienen sales de nitrato, nitrato de sodio, sulfato de sodio y yodo, entre otros derivados. Las faenas, que se ubican en las regiones Primera y Segunda, son Pedro de Valdivia (recientemente cerrada), María Elena, Pampa Blanca y Nueva Victoria. En total, Nitratos tiene derecho a explotar el equivalente a 2,1 millones de hectáreas y el patrimonio del proyecto ascendía a US$65 millones a septiembre de 2010. Los ingresos a esa fecha eran de US$80 millones.

Los convenios detallan los beneficios que SQM obtendrá a partir de la invariabilidad y que son los mismos que están contenidos en el llamado “artículo Contesse”. En primer lugar, se establece que aunque los contratos fueron firmados en 2011, los cambios comenzarán a regir a partir de 2010 y que durante los primeros tres años calendario (2010-2012) se aplicará el impuesto específico definido en la Ley de Rentas, que para ese periodo operó según una tabla que variaba entre 5% y 14%, dependiendo de los márgenes operacionales de cada empresa.

La idea del Ejecutivo era subir los impuestos en ese trienio para que la administración Piñera aumentara su recaudación a fin de financiar la reconstrucción. Como originalmente el proyecto estaba pensado en subir los impuestos a empresas que tenían contratos de invariabilidad tributaria vigente, entre 2013 y 2017 se volvió a una tasa de 5% y se extendió el periodo de invariabilidad desde 2018 hasta 2025, con una nueva tasa que oscila entre 5% y 14%, dependiendo de los márgenes de cada empresa. Como SQM no tenía contratos previos, si se hubiera aplicado el borrador original del gobierno, habría tenido que pagar a partir de 2010 esa tasa de entre 5% y 14%. Pero, además,no habría gozado del beneficio de la invariabilidad, por lo que el impuesto que habría debido pagar podía subir. En resumen, pura ganancia.

Los contratos especifican también el alcance de la invariabilidad tributaria de que gozan hasta 2025 los proyectos de SQM Salar y SQM Nitratos: no se les aplicarán eventuales alzas al impuesto específico; no se verán afectadas por nuevos impuestos mineros, como cánones o regalías (royalties); tampoco deberán pagar más si aumentan las patentes de exploración o explotación.

LOS PAGOS DE LONGUEIRA

SQM encargó un informe al estudio estadounidense Shearman & Sterling con el objeto de evaluar una eventual responsabilidad de la empresa bajo las normas de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), que castiga la corrupción de las compañías que hacen negocios en Estados Unidos. Si bien el informe señala que no se encontraron evidencias de actos que vulneren esa ley, en su evaluación de riesgo de soborno determinó que Pablo Longueira está “vinculado a más de 20 proveedores sospechosos que recibieron más de $730,5 millones de SQM durante el periodo septiembre de 2009-marzo 2015”.

CIPER analizó luego los pagos recibidos por Longueira y las personas naturales o jurídicas ligadas a él de parte de otras empresas, que han sido rectificados o que están bajo investigación por el Ministerio Público. El monto supera los $900 millones (ver reportaje Los pagos bajo investigación a Longueira y su red de boleteros suman más de $900 millones).

No sólo se trata de pagos a personas cercanas a Longueira, sino que existen desembolsos hechos directamente a una sociedad de la que es propietario junto a su esposa: Asesorías e Inversiones LB S.A. Esos pagos, que fueron rectificados por SQM por no encontrarse evidencia de que correspondieran a servicios efectivamente prestados, comenzaron cuando Longueira ya había dejado la primera línea de la política: entre enero y agosto de 2015 la minera le pagó $5 millones mensuales a la sociedad de Longueira.

En los periodos anteriores, mientras fue senador, ministro y candidato presidencial, el rol más complejo lo tiene su asesora Carmen Luz “Titi” Valdivielso. En los expedientes de Impuestos Internos (SII) y de la Fiscalía existen varios testimonios que la señalan como responsable de gestionar los pagos de quienes emitían boletas para distintas empresas, entre ellas SQM. Particularmente gráfico es el testimonio de los hermanos Nicolás y Gustavo Guíñez, quienes relataron que junto a numerosos estudiantes de Derecho en la Universidad Finis Terrae boleteaban por instrucciones de Valdivielso y después le entregaban el dinero al junior de las fundaciones de Longueira.

Los correos electrónicos que analiza el Ministerio Público dan cuenta de que Valdivielso gestionaba directamente los pagos de SQM. Por ejemplo, el 18 de noviembre de 2010 –poco después de la promulgación de la ley de royalty minero– Valdivielso utiliza la cuenta de correos pablosenador@longueira.cl para preguntarle a la secretaria de Patricio Contesse, Katherine Bischof, si estaba listo el vale vista de la boleta de Ana Carolina Palacios. Valdivielso es cuñada de Palacios, quien reconoció ante el SII que nunca prestó servicios a SQM. La empresa le pagó $45 millones entre junio de 2009 y septiembre de 2012, cuando Longueira ya era ministro.

En todo caso, los mayores montos desembolsados por SQM fueron aquellos donados a dos de las fundaciones de Longueira: Chile Justo y Fundación Web, actualmente bajo investigación. Mientras la primera recibió $75 millones, a la segunda se donaron $350 millones.

Este artículo fue actualizado el 30 de marzo de 2016