Con amplio apoyo del oficialismo y la oposición, el Senado convirtió en ley el proyecto de muerte digna, que habilita a rechazar tratamientos médicos que mantengan en forma artificial la vida de pacientes con cuadros irreversibles o terminales.



El proyecto, largamente reclamado por familiares de personas en estado vegetativo, fue avalado en forma unánime por la Cámara alta, tras cuatro horas de debate.



Se trata de otra ley transversal, que cuenta con apoyos de los diferentes bloques. En Diputados había sido aprobado por amplia mayoría (142 votos a favor y seis en contra).



La iniciativa introduce una modificación a la ley N° 26.529 (“Derechos del Paciente y su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud”) y le otorga al paciente terminal el derecho de rechazar tratamientos, hidratación, alimentación y reanimación artificial, y aclara que ningún profesional será penado por cumplir con esa voluntad. Además, da la posibilidad de dejar directivas anticipadas.



En el caso de que el paciente no pueda expresar su consentimiento, establece que serán sus familiares o los responsables legales quienes deberán hacer conocer la decisión de no prolongar la agonía por medios artificiales.



La norma no implica la legalización de la eutanasia ni el suicidio asistido, sino que apunta a terminar con el encarnizamiento terapéutico únicamente en casos irreversibles o terminales.



El tratamiento del proyecto llegó al Congreso impulsado por familiares de pacientes en esas condiciones. Uno de los casos más conocidos es el de Silvia Herbón, mamá de Camila, una beba de tres años que nació muerta, fue reanimada y vive desde ese momento conectada a un respirador: no ve, no camina, no habla, no respira, no siente. En agosto del año pasado la mujer hizo pública la historia de su hija y emprendió una lucha para la votación de una ley que permita que la chiquita sea desconectada de todos los soportes que la mantienen artificialmente con vida. Al mes siguiente de la difusión del caso, la problemática empezó un rápido recorrido en el Congreso con una audiencia pública en el Senado, y en noviembre, la media sanción del proyecto que hoy sería convertido en ley.

