La virtual república catalana tiene consecuencias reales en el sector empresarial. Desde hace unos días, varios despachos de abogados han comenzado a ofrecer a las compañías la posibilidad de litigar contra la Administración en el supuesto de que sus cuentas se hayan visto afectadas por el proceso independentista de Cataluña.

Es el caso de firmas como Coello de Portugal Abogados o Área Jurídica Global, dos despachos con presencia nacional que han lanzado sendas campañas para captar compañías que se hayan visto afectadas. Estas actuaciones, que se canalizarían en principio a través de la vía contencioso-administrativa, estarían amparadas bajo el procedimiento de exigencia de responsabilidad patrimonial de la Administración.

Según establece la ley, cualquier ciudadano tiene derecho a ser resarcido de los daños patrimoniales que haya podido sufrir por culpa de la acción (u omisión) de la Administración. En el caso del proceso soberanista, las actuaciones del Govern han provocado la espantada de numerosas empresas, una caída de la actividad mercantil e incluso la suspensión de grandes operaciones como la venta de toda la cartera de oficinas de Hispania, una de las principales compañías de inversión inmobiliaria del país.

La ley establece que cualquier ciudadano tiene derecho a ser resarcido de los daños patrimoniales que haya sufrido por culpa de la Administración

"Lo que ha hecho la Generalitat es ilegal", explican a este diario un portavoz del despacho Coello de Portugal, una de las firmas que han tomado la delantera en esta particular búsqueda de empresas dispuestas a demandar.

El despacho recuerda que, además de poder exigir los gastos generados por culpa del 'procés' (daño emergente), las empresas tienen derecho a reclamar los ingresos que se hayan dejado de percibir durante todo este tiempo. Lo que en el argot jurídico se conoce como lucro cesante pero que, tal y como admiten desde la firma, es difícil de probar. "Aunque no imposible".

Cartel publicitario para captar empresas.

"Nuestros clientes nos han pedido informes sobre este tema", explica a este diario Javier López, socio de Área Jurídica Global. A juicio de este abogado, es evidente que hay una responsabilidad de las administraciones y señala que la firma está estudiando cómo proceder en este asunto. "Habrá demandas individuales, pero no descartamos una colectiva", señala.

Desde la firma, recuerdan que el procedimiento de exigencia de responsabilidad patrimonial se encuentra regulado, con carácter general, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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En concreto, esta ley establece que "los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos". Esos daños, especifica la normativa, deberán ser "efectivos" y "evaluables económicamente". También son aplicables los artículos 106.2 y 121 de la Constitución española.

Una tercera firma que todavía no ha tomado una decisión es Bufete Rosales, muy conocida por su participación en asuntos relativos a las preferentes, cláusulas suelo e hipotecas multidivisa. "Estamos estudiando la situación, pero vamos a esperar a ver cómo acaba esto antes de actuar", explica a este diario José Baltasar Plaza Frías, socio director del despacho, quien admite que ya han recibido varias consultas sobre el tema.

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Una estrategia opuesta a la que anuncian desde Arriaga Asociados, el despacho por excelencia para las demandas masivas. Un portavoz oficial señala a este diario que no se van a sumar a esta causa y que tampoco han recibido consultas sobre este asunto.

Desde hace meses, el proceso independentista impulsado por el Govern ha repercutido negativamente en el tejido empresarial de Cataluña: decenas de empresas han anunciado cambios en su domicilio social, muchas inversiones se han paralizado y hasta septiembre la venta de empresas se desplomó un 25%, según datos de Thomson Reuters. Por otro lado, el turismo también ha sufrido una importante caída, especialmente en los viajes del Imserso. Si esta nueva hornada de demandas prospera, fuentes del sector jurídico no descartan que otros despachos se suban al carro próximamente.