Por Lourdes Chávez Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo/El Sur).– Alrededor de unos 300 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, acompañados por una veintena de padres de los 43 normalistas desaparecidos llegaron a la Fiscalía General del estado para protestar en demanda de la presentación con vida de los estudiantes, como parte de las acciones a cinco días de cumplirse un año de los ataques en Iguala. Al llegar a la dependencia del gobierno del estado los estudiantes se encontraron con el paro de labores de los trabajadores sindicalizados, forzaron uno de los accesos para entrar, y en el área de Ministerios Públicos pegaron en las paredes fotografías de los normalistas, rompieron cristales y quemaron un módulo de seguridad. Unos 15 minutos después, los manifestantes se retiraron y hasta las 11 de la mañana mantenían un boteo en la Autopista del Sol, en la salida norte de Chilpancingo, en el crucero de Tierras Prietas.

FISCALÍA INVESTIGA ACTOS VANDÁLICOS En tanto, el Fiscal General del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, inició una investigación sobre los destrozos que provocaron presuntos normalistas en las instalaciones de la dependencia guerrerense. En conferencia de prensa, el funcionario estatal dio a conocer que se inició la averiguación previa número DGSAP/0253/2015 por el delito de daños y lo que resulte, contra quien resulte responsable. Los implicados rompieron los cristales de algunas camionetas que se encontraban en el estacionamiento de la dependencia, realizaron pintas, quemaron las casetas de vigilancia y seguridad, mientras que en las paredes de las instalaciones, los jóvenes movilizados pegaron las fotos de los normalistas desaparecidos, refirió. Los presuntos normalistas, cubiertos del rostro, dijo, también ingresaron a las áreas administrativas, destrozaron puertas, ventanas, mobiliario, papelería oficial y equipo de cómputo. El fiscal general del estado expuso que estos hechos no llevan hacer justicia, ni a esclarecer hechos y sólo generan impunidad, porque hay pocos recursos en la fiscalía. Godínez Muñoz detalló que aún se están cuantificando los daños provocados y enfatizó que estos acontecimientos no quedaran impunes y no habrá tolerancia a quienes se esconden en demandas para vandalizar.

Este sábado se cumple un año de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala. En este contexto se ha dado a conocer nueva información sobre el caso como es la declaración del líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, Gildarlo López Astudillo, conocido como “El Cabo Gil”, quien negó haber ordenado matar y quemar a los normalistas. El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, dijo a El Sur que según las constancias de la averiguación previa a las que tuvieron acceso abogados de los padres de los normalistas desaparecidos, antes de la consignación de Gildardo a una prisión de máxima seguridad, el implicado no aceptó la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR). Es decir, no reconoció que haya mandado matar y quemar a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el basurero de Cocula; siniestro que quedó descartado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En consulta telefónica, indicó que en las declaraciones que han tenido a la vista, “El Gil” sólo reconoció que el 27 de septiembre, entre las 2 y 2:30 de la madrugada, se reunió en su casa con el subjefe de la Policía Municipal de Iguala, el ahora detenido, César Nava, quien llegó con otras personas vestidas de civil, tomaron bebidas alcohólicas hasta entrada la madrugada y de manera tangencial, le comentó que hubo eventos en Iguala. En tanto, el diario español El País publica este día parte de las declaraciones rendidas por el Teniente Joel Gálvez y del soldado Eduardo Mota a la Procuraduría General de la República (PGR) en las que el mando ordenó a su subordinado a no acercarse demasiado al lugar donde agentes municipales de Iguala agredieron a los normalistas. El narcotraficante aceptó que conoce al ex jefe de la policía de Iguala, César Nava, por sus actividades de gallero y ganadero, pero no que esa noche recibió de este mando policiaco a los normalistas desaparecidos, distinto a lo difundido por la Policía Federal y la PGR. No obstante, el abogado señaló que dado su nivel en la estructura de Guerreros Unidos, es una detención importante que hasta donde los defensores de los padres sabían, no había aportado nada a la localización de los desaparecidos. Ratificó que para los padres y defensores es muy sospechoso que haya sido detenido después del informe que presentó el GIEI, que anuló la tesis del basurero de Cocula, y al acercarse las acciones de protesta a un año de lo crímenes de Iguala. Reveló que los padres de familia entregaron datos concretos al comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, que indicaban la posible ubicación de Gildardo López, y nunca hubo una explicación de por qué no procedieron a detenerlo antes. Consideró que no sólo hay complicidad de parte de la autoridad municipal también de la autoridad federal, como dicen ahora en sus comunicados, porque las autoridades estaban enteradas de que la Policía Municipal de distintos municipios del estado, son parte de la estructura de Guerreros Unidos. “No era difícil detener a estar persona, tenían todos los elementos para hacerlo, pero decidieron administrar esa detención… un hecho evidente es que la estructura de Guerreros Unidos sigue intacta, sigue habiendo detenciones, desapariciones y personas ejecutadas”, señaló Vidulfo Rosales. La presencia de la Gendarmería en Iguala, como en otros municipios de la Zona Norte, que presuntamente está a cargo de la seguridad, sólo tiene fines de represión contra la movilización social, dijo el abogado. Inicialmente se habló de 13 municipios vinculados con Guerreros Unidos, pero Rosales Sierra precisó que de acuerdo con las constancias ministeriales, la organización opera en nueve, entre éstos Iguala, Cocula, Taxco, Tepecoacuildo, así como Ixtapa de la Sal en el Estado de México, y Jiutepec, Morelos. En todos cuenta con la colaboración de policías municipales que son parte de la estructura de Guerreros Unidos, por lo tanto, Gildardo López siempre estuvo en zona de confort, protegido por policías municipales, federales y estatales que conocen la red de esta organización. “NO TE ACERQUES” “No te acerques mucho ni te arriesgues”, fue la orden que dio el Teniente Joel Gálvez al soldado Eduardo Mota quien presenció cómo la Policía Municipal de Iguala rodeaba un transporte repleto de normalistas e intentaba someterlos mediante gases lacrimógenos y amenazas la noche del 26 de septiembre de 2014, día en que desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Lo anterior forma parte de las declaraciones de los dos militares ante la Procuraduría General de la República (PGR) a las que tuvo acceso el diario español El País. El reporte refiere que el 27 Batallón de Infantería de Iguala, y su cuartel general, en Chilpancingo, recibieron información de primera mano de lo ocurrido esa noche y pese a ello, el Ejército mantuvo la distancia y dejó que la Policía Municipal detuviera los estudiantes. El diario español refiere que desde el flujo de información del C-4, “un sargento mantenía al tanto al oficial de inteligencia, quien a su vez ponía en conocimiento de la espiral de violencia a su superior, el coronel José Rodríguez Pérez, y al cuartel central de la 35 zona militar, al mando del general Alejandro Saavedra Hernández”. Menciona que el Teniente Gálvez recibió al menos nueve llamadas. Explica que en la primera, el oficial ordenó al soldado Mota, encargado de comunicaciones y encriptación, acudir a uno de los focos de tensión, a pocos metros de la central de autobús. De acuerdo con el relato, el agente de inteligencia tomó fotos y, tras ser conminado por su tTeniente a no acercarse, regresó a su batallón. “A partir de ese momento se sucedieron las llamadas del C-4 y también las peticiones de ayuda de ciudadanos. Los militares, bajo órdenes del coronel, empezaron a patrullar la ciudad. Acudieron a los sitios donde se habían refugiado por decenas los normalistas, entre ellos, el Hospital General y la Clínica Cristina, se toparon con heridos graves, alguno al borde de la muerte, y escucharon los relatos del terror. El cuartel general fue informado”, reseña El País. La información indica que en su recorrido, los militares encontraron varios cadáveres. Primero vieron a dos estudiantes tiroteados a los que ni siquiera se acercaron. Luego, dice el reporte, avistaron a los tres acribillados en el ataque al autobús del equipo de fútbol Los Avispones, que la Policía Municipal confundió con normalistas. “Ya al alba, las primeras luces descubrieron el rostro desollado y sin ojos del estudiante Julio César Mondragón”, agrega la publicación