En la localidad de Lázaro Cárdenas, en el municipio de Palenque, Chiapas, enfermarse era una tragedia. Los habitantes sabían que muy probablemente no tendrían servicio en el centro de salud porque la doctora sólo iba dos veces a la semana. Algunos murieron porque no pudieron llegar al hospital en la cabecera municipal, a cinco horas de camino.

En 2015, la organización Artículo 19 llegó a ese municipio para impartir talleres sobre el derecho a la información. Aunque en un principio parecería que no había relación entre el acceso a los servicios de salud y la transparencia, los habitantes encontraron la forma de conseguir uno de los derechos a través del ejercicio de otro.

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Después de los talleres se les ocurrió preguntar sobre el presupuesto destinado al centro de salud de Lázaro Cárdenas, con el desglose de distribución para medicinas, médico y enfermera.

Tiempo después se enteraron que el centro de salud tenía 15 mil 778 pesos de presupuesto para medicinas y 28 mil 105 pesos para el salario de la doctora. Con esa respuesta acudieron con el presidente municipal, la Secretaría de salud estatal y la Comisión de Derechos Humanos local para exigir el servicio.

La doctora fue destituida y a partir del 1 de octubre de 2015, el centro de salud comenzó a operar con otro doctor y con las medicinas indispensables. Esta es una historia de empoderamiento a la comunidad ejerciendo su derecho a la información, sostiene Dominique Amezcua, integrante de Artículo 19; sin embargo, es difícil lograrlo cuando el mismo sistema de transparencia olvida a las pequeñas comunidades.

Discriminación y racismo

Artículo 19 y la organización Casa de la Mujer Ixim Ansetic han impartido talleres en 30 localidades de Tabasco y Chiapas en los últimos dos años sobre el derecho de acceso a la información, dirigido sobre todo a mujeres.

Una vez que las personas conocen sus derechos y los mecanismos para ejercerlos, efectivamente ocurre. Por eso, otras comunidades lograron que se hiciera una auditoría a una escuela para comprobar que la obra de construcción efectivamente costó lo que las autoridades reportaron; otros más defendieron sus tierras ante una obra de construcción privada.

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Si bien el ciudadano cumple, las instituciones son las que fallan. “El sistema está diseñado para no entregar información y está pensado para las personas que tienen acceso a la información y sepan usar una computadora”, asegura Dominique Amezcua. Por tanto, quien carece de esos insumos y conocimientos simplemente no puede ejercer ese derecho “ni el sistema está tan bien diseñado como el INAI se jacta”.

De acuerdo con la Ley General de Acceso a la Información Pública, las comunidades con menos de 70 mil habitantes no están obligados a tener una oficina de transparencia. Por eso es que localidades como Lázaro Cárdenas “evidencia que el gobierno no se preocupa por hacer llegar la información a todas partes”, asegura Dominique.

Gabriela Amor es consultora de Artículo 19 y trabaja en Palenque, Chiapas. Su labor es indispensable porque a través de ella, las comunidades hacen preguntas de información pública.

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Durante el taller se perfilan las necesidades y dudas de cada localidad. Las preguntas se tienen que presentar a través del sistema Infomex, por lo que tienen que acudir a la cabecera municipal para tener internet. La organización tiene una cuenta de usuario para presentar la solicitud o en algunos casos los habitantes generan una.

En algunas ocasiones, cuando se trata de información pública relacionada con programas sociales o gobierno local, se entrega depende de quién la solicita. Cuando los solicitantes son habitantes, niegan la información o la dilatan. En cambio, cuando la hace alguna consultora se entrega sin problema. Esto, dice Dominique, es una muestra de la “discriminación” en contra de los habitantes de las localidades que, en su mayoría, son indígenas.

En otros casos, los delegados de programas sociales como Prospera quieren obligar a los beneficiarios a votar por algún partido o acudir a reuniones. Pero cuando los habitantes conocen las reglas de operación se enteran que eso no es una obligación. Cuando reclaman, los representantes gubernamentales siguen acosándolos con argumentos para condicionar los apoyos.

En los próximos meses, Artículo 19 hará alianza con más organizaciones para entrar a más comunidades y continuar informando sobre el derecho a la información, sobre todo entre mujeres.

El programa está pensado así porque las mujeres sufran mayores agravios por género. Debido a que las comunidades se rigen por usos y costumbres en muchos casos, las mujeres no pueden participar. En cambio, cuando aprenden a ejercer el derecho a la información se vuelven interlocutoras entre sus comunidades y las entidades gubernamentales.

Las mujeres presentan las respuestas de información en las asambleas y eso las empodera y las incluye en las decisiones que estaban previstas sólo para hombres. Ese es un gran beneficio social en las localidades, insiste Dominique.