En la jornada del sábado, diferentes localidades de todo el Estado se han concentrado para protestar contra la decisión del Tribunal Supremo, el pasado martes, para que el impuesto de las hipotecas (Impuestos de Actos Jurídicos Documentados) lo sigan pagando los clientes y no los bancos como estableció una sentencia anterior.

En Madrid, la hora de arranque prevista era a las seis de la tarde, pero minutos antes ya empezaban a sumarse manifestantes en la Plaza de la Villa de París, donde se ubica el edificio del Tribunal Supremo.

Los primeros en llegar fueron los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, bajo el lema “Sin justicia no hay desahucios”. Paco Morote, portavoz de este colectivo por la vivienda, añadía que apoyaban la convocatoria, “no solo para denunciar la sentencia, sino la actitud del Poder Judicial, que protege sistemáticamente a la banca”. Y recordó que “en este país ha habido más de 700.000 desahucios y cerca de una veintena de sentencias que han demostrado que la legislación española es injusta”, pero lamenta que “no se ha reunido ninguna sala judicial para revisarlo y dictar una jurisprudencia acorde con el mandato europeo”.

Desde la PAH y Stop Desahucios, también han publicado un comunicado sobre el Decreto Ley del Gobierno de Pedro Sánchez para que el impuesto de actos jurídicos documentados lo pague la banca en lo sucesivo. Una medida que, entienden, “intenta salvaguardar la decisión del Supremo, en el sentido de liberar a la banca de la retroactividad y de la obligación de devolver a las familias las cantidades indebidamente pagadas por éstas”. Además, instan a que se establezca una “legislación hipotecaria acorde con los estándares europeos, donde la parte claramente más débil, esté suficientemente protegida”.

Así mismo, han acudido otros colectivos como la Coordinadora de Pensionistas o Unidos Podemos, impulsores de esta concentración y que han acudido con la pancarta bajo el lema: "Si gobierna la banca no hay democracia".

En comparecencia ante los medios, Pablo Iglesias ha mostrado palabras de agradecimientos a la sociedad civil, “por haber defendido a las familias” y ha calificado de “vergüenza, atentado a la separación de poderes y atentado a la democracia española”, la decisión del Supremo. A su vez, ha lamentado que, “parece que en este país la banca está por encima de la ley”.

Iglesias también se ha pronunciado respecto a las medidas del Gobierno, que considera “un paso, pero no es suficiente”. “Queremos recordar que cuando llevamos al Congreso de los Diputados la propuesta de la sociedad civil de que los impuestos de las hipotecas los pagaran los bancos, el Partido Socialista se abstuvo, el Partido Popular votó en contra y Ciudadanos votó en contra”, ha recriminado el secretario general de Unidos Podemos y ha instado al Gobierno y al resto de fuerzas políticas a que "recapacite”.

Por su parte, Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida, también ha condenado la decisión del órgano jurisdiccional, definiéndola como “un robo y un saqueo, que se ha hecho desde una institución del estado”.

La diputada Ione Belarra, espera que las movilizaciones durante la jornada, “permitan mover posiciones en el Congreso y que esos impuestos los paguen los bancos” y que “.el poder financiero sea independiente de la justicia”.

Pedro del Cura, alcalde de Rivas Vaciamadrid, el municipio madrileño, gobernado por IU, Podemos y Equo, que abrió la pelea jurídica por el pago del este tributo, ha expresado que “la sentencia de Rivas tiene que valer para todo el mundo” y ha lamentado que “no puede haber unas condiciones de igualdad en un caso y quince días después la contraria”.

A medida que caía la tarde, podían verse más pancartas y el grito de miles de manifestantes se oía cada vez con más fuerza. Consignas como "todo huele mal en este tribunal", "ni acepto ni respeto la sentencia del Supremo", o un "ladrones, ladrones" que ha sonado al unísono.

Entre la multitud, Victoria de 81 años, animaba a los jóvenes que encontraba a "luchar por sus derechos". A esta señora le preocupa el futuro de sus nietos, "uno de ellos hipotecado y otra de alquiler", pero también de toda una generación.

Las conversaciones que se reproducían en corrillos espontáneos entre los manifestantes, giraban en torno a las secuelas que de los últimos años de crisis que afectan al derecho a la vivienda, siendo la indignación la protagonista en el sentir ciudadano.

Eduardo y Lucía comentan el fallo del Tribunal Supremo sobre las hipotecas. Para él es una “chapuza” y considera que “la justicia está corrompida porque los que la ejercen son corruptos”. Ella es tajante en sus palabras: “acaban de romper la constitución, la confianza del pueblo, la separación de poderes”, reflexiona en voz alta.