El mantenimiento de la M30, una de las principales arterias de Madrid, se ha convertido en un pozo sin fondo para las arcas municipales. La fórmula mixta utilizada por el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón en 2005 para mantener la infraestructura ya fue censurada en un informe reciente de la Cámara de Cuentas de Madrid, que recomendaba recuperar la gestión pública y echar abajo un contrato que, según el dictamen, solo servía para garantizar a las adjudicatarias, Dragados y Ferrovial, beneficios anuales del 7%. Pero aparte de este modelo de gestión, que el organismo fiscalizador considera oneroso para el Ayuntamiento de Madrid, el actual Gobierno de Manuela Carmena lleva meses denunciado graves incumplimientos del contrato. El último tiene que ver con una instalación meteorológica, valorada en 700 euros según los técnicos municipales, y por cuyo mantenimiento la sociedad pública Madrid Calle 30 ha pagado 1,5 millones de euros desde 2007. Una nota pública remitida del Gobierno de Madrid revela que "solo el año pasado se dedicaron 191.221 euros a la conservación, lo que multiplica por 272 veces el valor de mercado de dicha estación".

La Cámara de Cuentas de Madrid concluye que el contrato de la M30 buscó blindar los beneficios de Dragados y Ferrovial

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El Ayuntamiento, de donde sale toda la financiación para la sociedad mixta, va más allá y denuncia que los pliegos de contratación establecían la obligación de las concesionarias para colocar 10 estaciones meteorológicas y que sin embargo solo se puso una en funcionamiento. Según el comunicado público, "los costes de mantenimiento podrían estar siendo sufragados por partida doble, ya que figuran en el contrato inicial de la sociedad mixta, y de nuevo en un contrato adicional de 2007".

En su explicación, el Gobierno de Carmena se mete incluso a detallar el tipo de infraestructura, que se corresponde con el modelo Oregon Scientific WMR928NX, un aparato ya fuera de catálogo. "El precio oficial del fabricante no ha podido ser consultado. Modelos similares rondan, en todo caso, los 700 euros. Es la única estación detectada en la red de Madrid Calle 30, sociedad mixta participada por el Ayuntamiento de Madrid y el socio privado EMESA. Su funcionamiento es aparentemente sencillo, sin embargo, el mantenimiento registrado en las cuentas de 2015 asciende a 191.221 euros, es decir, 272 veces más que el coste del aparato".

En la documentación que esgrime el Gobierno municipal figura un contrato original entre Madrid Calle 30 y Emesa, la unión de empresas de Dragados y Ferrovial, de 2005 establecía en el pliego original "un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, organizado por turnos para los sistemas de estaciones meteorológicas, que incluye comprobaciones visuales, verificación desde la sala de control o comprobación del funcionamiento".

Pero dos años después, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó una modificación de contrato para introducir la fórmula de gestión mixta con un gasto plurianual de 1.632.642.000 euros. "Ese cambio incluyó un apartado dedicado al cálculo del coste de mantenimiento de instalaciones y cómo el incremento de las mismas y su medición y complejidad generan nuevas necesidades de mantenimiento. Así, se refleja un presupuesto anual de 122.162,43 euros para el mantenimiento del “Sistema de estaciones meteorológicas” formado por un equipo ubicado en el Centro de Control de Madrid Calle 30, y otra partida similar dotada con un presupuesto anual de 9.294,98 euros para el mantenimiento de Estaciones Meteorológicas", subraya el Ayuntamiento, que está estudiando "por qué se reflejan los costes de mantenimiento aparentemente por partida doble y por qué se apunta al incremento y complejidad de las estaciones, cuando sólo hay una única estación de funcionamiento sencillo".

El Gobierno de Carmena explica que de mantenerse la actual fórmula contractual, el Ayuntamiento abonará 6,5 millones de euros más hasta 2040 "por el mantenimiento de una red de estaciones meteorológicas que no existe".

El pasado 9 de mayo Madrid Calle 30 ya inició dos expedientes sobre supuestos incumplimientos del contrato relacionados con el control del alumbrado de la vía y la formación del personal de las subcontratas.