El 1 de marzo el gobernador Jorge Capitanich, en su discurso de apertura del período de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, el primero de su tercer mandato, adelantó su intención de promover la incorporación de “capitales privados” a las empresas estatales.

2 días después el coronavirus desembarcaba en Argentina y la semana siguiente se detectaron los primeros casos importados en Chaco y el ingeniero César Cotichelli, expresidente del Directorio de Secheep, se convertía en la primera víctima chaqueña y la segunda en el país.

Desde entonces el eje de la agenda oficial se centró en la pandemia, las consecuencias de su impacto y las medidas adoptadas para evitar la propagación, esfuerzos que no alcanzaron para impedir la circulación comunicaría del virus, casi 200 infectados confirmados y 9 muertes.

Pero la gestión tiene otras aristas, y el gobernador Jorge Capitanich remitió a la Cámara de Diputados de la Provincia el proyecto de ley para la privatización parcial de empresas estatales o sociedades con capital mayoritario estatal.

La iniciativa plantea en el primer artículo un “cambio de modelo de gestión” basado en la transparencia y el desempeño eficiente, solidario y de servicio de la función estatal. Y en el segundo considera que para lograr esto es necesaria la “participación privada en el gerenciamiento y las inversiones del sector público”.

La norma busca otorgarle plenas facultades al Poder Ejecutivo para declarar a las empresas “sujetas a inclusión de capital privado”, la que simplemente será “comunicada” a la Legislatura, como paso previo a convertirlas en sociedades anónimas para poner en venta hasta el 30 por ciento de las acciones.

El Poder Ejecutivo será la autoridad de aplicación de todo el proceso, pudiendo delegar su rol específicamente en el Ministerio del que dependa la empresa, sociedad u organismo declarado “sujeto a incorporación de capital privado”.

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