Tres policías del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), detenidos en octubre de 2016 por intento de asalto, fueron los artífices del desvío de 246 millones de pesos orquestado en Chihuahua durante la administración el exgobernador priista César Duarte, dinero que presuntamente fue utilizado para las campañas electorales del PRI en 5 estados.

Una investigación de la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que fue a través de cuatro compañías, creadas y operadas por el policía José Juan Saliano González, que el gobierno de Chihuahua transfirió en abril de 2016 los 246 millones de pesos.

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Las dos primeras empresas (Despacho de Profesionistas Futura, Servicios y Asesorías SISAS) fueron creadas el 13 de agosto de 2015 y cinco días después, las otras dos (SAMEX y SINNAX SA de CV).

“En actas y documentos consultados por MCCI consta que el operador y presunto prestanombres de esa red es el policía José Juan Saliano González, junto con vecinos y parientes que residen en la delegación Azcapotzalco y en los municipios de Tultepec y Nezahualcóyotl, en el Estado de México”, detalla la investigación.

Según la investigación, el 24 de febrero de 2016, a seis meses de haber creado las empresas, el Comité de Adquisiciones de Chihuahua firmó cuatro contratos por 246 millones de pesos, para que estas empresas impartieran cursos de capacitación a papás y maestros, los cuales nunca se dieron.

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Los depósitos millonarios se concretaron el 7 de abril de 2016, y posteriormente “el dinero se dispersó en decenas de operaciones, principalmente a favor de otras 7 empresas y tres personas físicas ligadas al policía Saliano González”, entre éstas: Ernesto Fernández Mora y Maximiliano Benítez Montoya, quienes eran compañeros de Saliano González en el CUSAEM.

Así fue distribuido el dinero

En enero de 2017 las cuatro empresas fueron reportadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como “presuntamente fantasma”, por haber incurrido en supuesta simulación de operaciones. Pero, ¿cómo era que operaban?

Una de las empresas, denominada SINNAX supuestamente ofrecía servicios de consultoría, asesoría y capacitación en todo el país y en el extranjero. Su domicilio fiscal declarado ante el SAT está en un edificio, hoy vacío, ubicado en Nezahualcóyotl.

Quien aparece como socio mayoritario y administrador único es el expolicía Saliano González. A esta empresa el gobierno de César Duarte transfirió 55 millones de pesos.

En lo que respecta a Servicios y Asesorías SISAS está representada legalmente por Giovanna Itzel Saliano Gallardo, una pariente del policía. SISAS recibió del gobierno de Duarte 46 millones de pesos para dar un curso en materia ecológica.

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La tercera empresa, SAMEX SA de CV, obtuvo un contrato también por 55 millones de pesos “por concepto de un curso para 5 mil 600 padres de familia de alumnos de preescolar y primaria, el cual jamás se impartió”. Sandibel Gallardo Gallardo, otra pariente del policía que vive en una humilde vivienda en el municipio de Tultepec, es quien supuestamente firmó el contrato con el gobierno chihuahuense. El domicilio fiscal de SAMEX está registrado en la casa del policía Saliano González, en Azcapotzalco.

En tanto que, la cuarta empresa, Despacho de Profesionistas Futura, recibió 90 millones de pesos del gobierno duartista “para diseñar e implementar un software para agilizar trámites”, la supuesta administradora es María de Lourdes Gallardo Carrillo, también relacionada con el agente.

Empresas fantasma

MCCI llamó a los teléfonos y localizó los domicilios fiscales de las cuatro empresas y encontró que, en SISAS, “la persona que contestó dijo que no conocía a ninguna empresa con ese nombre”; el número de SAMEX está fuera de servicio, y “tres de los domicilios fiscales corresponden a viviendas y otro a una oficina vacía”.

Es decir, en ninguno de los cuatro casos se localizaron las empresas mencionadas por el gobierno de Chihuahua.

Los policías involucrados

José Juan Saliano González, Ernesto Fernández Mora y Maximiliano Benítez Montoya se desempeñaban como policías en el Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), corporación creada durante la administración de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México.

El CUSAEM funciona como empresa privada, es dependiente de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y sus contratos suman miles de millones de pesos “en decenas dependencias federales, incluyendo prácticamente todas las Secretarías de Estado”.

Aunque José Juan Saliano González fue quien creó las cuatro empresas fantasma, Ernesto Fernández Mora y Maximiliano Benítez Montoya aparecen como cómplices principales pues parte de los recursos desviados fueron destinados a sus cuentas bancarias.

Estos tres oficiales “fueron detenidos en octubre de 2016 cuando intentaron robar 3 millones de pesos en una empresa que custodiaban en Jardines del Pedregal, en la delegación Coyoacán”, en Ciudad de México.

El arresto se dio aproximadamente medio año después del desvío de fondos.

Los recursos sí ayudaron a campañas del PRI

La investigación de MCCI revela que un exfuncionario de Chihuahua declaró a la PGR que “el dinero desviado a través de las empresas del policía del CUSAEM fue a dar a campañas electorales, por instrucciones del exgobernador César Duarte y de Alejandro Gutiérrez, integrante de la dirigencia nacional del PRI”.

El testimonio dicta que desde diciembre de 2015 había un acuerdo con la Secretaría de Hacienda “para que a través de los estados de Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua” se apoyara la campaña electoral a nivel nacional en 2016.

Finalmente, los 246 millones de pesos habrían sido utilizados en las campañas priistas de Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa y Durango.

Alejandro Gutiérrez se desempeñaba como Secretario de Finanzas del PRI a nivel nacional. Fue detenido por peculado en diciembre de 2017 pero el pasado 31 de agosto fue exonerado por un juez federal pues “supuestamente no se acreditó su culpabilidad” en dicho delito, sin embargo el gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral, promueve un amparo para evitar su libertad.

En tanto que el exgobernador César Duarte, actualmente se encuentra prófugo de la justicia al enfrentar acusaciones por corrupción y desvío de recursos por un total de 6 mil millones de pesos. Hasta el momento, la Fiscalía de Chihuahua ha asegurado 11 de sus propiedades y detenido al menos a 15 personas, presuntamente involucradas en su red de corrupción.