FACUA-Consumidores en Acción rechaza la enmienda a la Ley de Propiedad Intelectual, conocida como Ley Sinde, que propone el cierre de páginas web sin la necesidad de autorización judicial previa. La asociación considera que esta medida supone un retroceso en materia de libertad de expresión al dejar en manos de una comisión administrativa la clausura de una página.

El nuevo texto, apoyado por los grupos parlamentarios de PP, PSOE y Ciudadanos, recoge que “la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122bis“. En un comunicado posterior, el Gobierno ha informado de que ante casos de “reiteración de conductas ilícitas” y supuestos “graves” será la comisión encargada de valorar si han existido infracciones la que podrá decretar el cierre de una web.

En este sentido, FACUA se suma a las diferentes organizaciones y expertos en el ámbito de derechos de autor que han alertado sobre la pérdida de libertades que puede suponer la enmienda. Así, David Bravo, abogado especializado en propiedad intelectual, ha explicado que “en el momento en que es ese órgano quien decide qué es una infracción, cuándo estaremos ante una reiteración y cuándo ante una reanudación de la infracción, resulta evidente que serán ellos mismos quienes decidirán unilateralmente estar en el supuesto denominado como grave, que les permite saltarse el control judicial“.

De igual forma, el abogado experto en propiedad intelectual Javier de la Cueva ha señalado que la enmienda supone “dotar a la administración de una potestad totalmente arbitraria, esta vez suprimiendo totalmente la autorización judicial. Basta con calificar unilateralmente la presunta infracción como reiterada para que el procedimiento aplicable prescinda de dicha autorización“.

El Ministerio de Cultura, por su parte, ha asegurado que sólo se suprimirá esta autorización judicial en el caso de webs que llevan varias denuncias acumuladas, ya que es un trámite “innecesario, que retrasa los tiempos de la justicia y empeora la tutela judicial efectiva“, y que la autorización previa en el procedimiento de salvaguarda no se ve afectada.

Con información de Facua vía Insurgente