EL PAíS › PANORAMA POLíTICO

Por Luis Bruschtein

Se puede gobernar legalmente pero sin legitimidad. La diferencia es importante. Gobernar con decretos puede ser legal pero deslegitima las medidas que se toman y desacredita al Parlamento que aparece como un organismo decorativo menor. Si en esa línea, el Poder Judicial asume un rol de complicidad con el desprecio al Congreso, la calidad democrática se resiente aún más. Por supuesto que no se puede comparar con una dictadura. La diferencia es más que importante porque en este caso se trata de un presidente elegido y no de un general impuesto, pero para funcionar como presidente hay que respetar las leyes. Mauricio Macri, que ganó el gobierno por apenas dos puntos de diferencia, ya lleva un récord de decretos que incluyen desde la designación de magistrados a la Corte Suprema hasta la modificación de las condiciones que deben reunir aspirantes a determinadas funciones. Y además arremetió contra todos los funcionarios cuyos cargos fueron concebidos a contraturno de los Ejecutivos para evitar abusos, como en la Afsca y Aftic, en RTA o en el Banco Central y en la Procuraduría.

Si para estar en la Oficina Anticorrupción hay que ser abogado, es poco elegante modificar ese reglamento a imagen y semejanza del personaje candidateado. Es al revés, el personaje tiene que reunir las condiciones que requiere el cargo. Tiene sentido que el reglamento se pueda cambiar por decreto en función de un argumento razonable para el mejor desempeño de ese cargo, pero resulta monárquico que se lo haga solamente para poder designar a un candidato en especial y en el momento previo a designarlo, ya sea Laura Alonso o a cualquier otro en ese cargo.

El Presidente no es el patroncito. No es sólo la forma, que ya de por sí es calidad democrática. En todos estos casos van juntos el fondo y la forma. Hay otros dos decretos por los cuales organismos que fueron creados para que funcionen de la manera más independiente de los cambios políticos, perdieron de hecho esa condición. La ley que creó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aftic) y Radio y Televisión Argentina S.E. estipulaba numerosas medidas para garantizar pluralidad e independencia, una de las cuales establece que sus autoridades se renuevan a contraturno del Ejecutivo. Los directorios están integrados por representantes de las provincias, de la oposición y de la actividad profesional y el titular es propuesto por el Ejecutivo cuando le toca la renovación. Los dos primeros organismos fueron englobados por un Ministerio de Comunicaciones cuyo titular, Oscar Aguad, ya dijo que tienen que subordinarse a los lineamientos de ese Ministerio, intervino por decreto a los organismos y puso al frente de ellos a un militante del PRO y a su yerno. RTA quedó dentro del Sistema de Medios Públicos que a su vez depende de la Jefatura de Gabinete, después de forzar la renuncia de su titular Tristán Bauer con acusaciones denigrantes.

Estos organismos fueron creados por la ley de medios, una de las más debatidas en la historia, con audiencias públicas en la Corte Suprema, y en el Congreso, asambleas en Universidades, sindicatos, asociaciones profesionales y barriales. Nunca antes una ley se discutió en forma tan amplia y masiva. Y lo mismo ocurrió cuando fue aprobada por el Congreso, por la Corte y por los organismos internacionales de la OEA y la ONU. Los ahora integrantes de la Alianza Cambiemos (radicales, macristas y Carrió) se retiraron del recinto en el momento de la votación porque la perdían por mucha diferencia. Los diputados del Frente Para la Victoria habían conseguido el respaldo de las demás fuerzas, desde el socialismo hasta partidos provinciales, después de una larga negociación que implicó concesiones y la introducción de cambios sugeridos por los otros bloques.

En todo el proceso de adecuación, el único multimedia que planteó problemas fue el Grupo Clarín que, para evitar su desmonopolización, trabó la ley con la complicidad de parte del Poder Judicial, pese a que había sido declarada constitucional por la Corte por el voto de seis de sus miembros. El único en contra fue Carlos Fayt, visiblemente parcializado en contra del gobierno.

El argumento para los decretos del gobierno macrista que subordinan a estos organismos de regulación de los medios audiovisuales privados y públicos es que la ley de medios fue utilizada como una herramienta de persecución. Si el único planteo pendiente es del Grupo Clarín, se deduce que la única víctima fue esta corporación a la que ellos entonces están defendiendo. El Grupo Clarín es una de las empresas más grandes de este país, con gran influencia en partidos políticos, asociaciones empresarias locales e internacionales, y en el Poder Judicial.

Los decretos y medidas contra la ley de medios, la forma violenta y descalificadora con que lo han hecho, el despliegue policial y las acciones propias de patoteros para sacar a Martín Sabbatella de la Afsca muestran resentimiento y revanchismo. Pensar que la ley de medios fue sólo una herramienta para perjudicar a una corporación mediática porque era crítica del gobierno kirchnerista es pensar que la posición dominante de Clarín en la generación de contenidos, en la circulación de la información y en la manipulación de la opinión pública no es nociva para una sociedad democrática. Nadie, oficialista, opositor o megaempresario oportunista, puede tener el derecho a manejar semejante poder de manipulación. Lo que están planteando el macrismo y el radicalismo es que la sociedad debe resignarse a ver la realidad sólo como quiera el grupo mediático dominante. No dan opciones democráticas para la información, aunque escudan esta ofensiva autoritaria con un barniz de democratismo vacío.

Hace menos de veinte días que asumió Mauricio Macri y en ese lapso el portal de Página/12 sufrió un ataque informático masivo que lo bloqueó por varios días; ya se anunció que serán levantados programas como 6,7,8 al que nadie podrá negarle audiencia. Es el más emblemático y el más irritativo para el actual oficialismo. Pero también se anunció el levantamiento de los programas de Dady Brieva en radio y televisión. Y de la misma manera se anunció que no habrá más Duro de domar ni Televisión registrada, TVR, y nadie podrá decir que es porque no tienen público. Igual que la salida de Roberto Navarro de C5N, que había sobrepasado a TN en el rating. En ninguno de ellos se aplica el argumento de que no tenían audiencia. El único argumento es el político. Los canales o las radios no quieren tener estos programas porque es evidente que temen la censura ideológica de la pauta oficial y la privada, que ahora se orientan con los mismos parámetros. Es claro que la pluralidad que a duras penas existía en el sistema de medios públicos y privados se está reduciendo a la mínima expresión porque la limitación de la pauta la sufrirán todos los medios críticos al gobierno macrista. Es un gobierno que se llena la boca con la libertad de expresión pero cuyo accionar está reduciendo el mundo de los contenidos simbólicos y de la comunicación a una sola mirada ultradominante.