A lo largo del día de hoy se han recibido diferentes reacciones al artículo “Un disgusto”. Éstas han sido de dos clases. Las primeras, unas pocas, criticando el contenido del artículo; las segundas, expresan una sorpresa sincera ante el artículo puesto que estas personas nunca hubieran pensado que el Estado español hubiese permitido la cesión de soberanía sobre algo tan sensible como puede ser determinar quién y qué es terrorismo y qué no.

Ciertamente, la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo, está en vigor, y esa soberanía, la de la lucha antiterrorista la cedimos de la mano del Partido Popular.

Con el problema catalán en marcha, Mariano Rajoy firmó también al menos tres sorprendentes cesiones de soberanía.

Ejército europeo, que se crea partiendo del eje franco-alemán. Eso significa que los ejércitos nacionales dejarán paulatinamente de estar subvencionados por la UE.

Agencia de Fronteras Europea, con sede en Varsovia, que en un año ha de pasar de 350 a 1.000 funcionarios y así creciendo, con previsión de que en nuestros aeropuertos dejemos de ver a medio plazo a los Guardia Civiles, y.

Creación de la Fiscalía Europea con competencias en todos los países de la UE, y que representa un “giro copernicano”, al menos en España, a lo que entendemos como labor de la Fiscalía.

A partir de septiembre de 2020 nos podemos encontrar en la sala de vistas con dos fiscales, uno, el fiscal clásico y otro, el de la Fiscalía Europea, si lo que se ventila son defraudaciones, contravenciones o malversaciones a los intereses de la Unión superiores a 10.000 euros. Esos nuevos fiscales tendrán derecho a llevar sus propias investigaciones independientes, y jueces, policías y fiscales deberán acatar sus requerimientos en su instrucción.

Su sede radica en Luxemburgo, enlazándose como brazo ejecutor del TJUE y está formado en su estructura por la ahora ya Fiscal General, la rumana Laura Codruta Kovesi quien estará auxiliada por un fiscal elegido por cada país (Colegio de Fiscales), pero que no representa ni actúa en ese país, siguiendo la tradición del TJUE. El Fiscal Europeo para España, puede ser, por ejemplo, un irlandés.

Cada Estado tendrá un Fiscal Delegado que creará su equipo y disfrutará, virtud del Reglamento Europeo, de un estatuto de independencia funcional donde la cadena de mando ya no pasará por la Fiscalía General del Estado.

Por otro lado, la Fiscalía Europea podrá recibir denuncias o colaboraciones de denunciantes de corrupción y cuidará si estos reciben algún tipo de represión personal o laboral, responsabilizando al Estado de su existencia.

La quinta y última cesión de soberanía no explicada por el Partido Popular es el REGLAMENTO (UE) 2017/1939 DEL CONSEJO de 12 de octubre de 2017, de protección a los denunciantes de corrupción. El cambio en nuestros procedimientos será espectacular. El reglamento obliga a tener canales anónimos de denuncias a todas las empresas de más de 50 trabajadores y a todas las administraciones públicas, desde el ayuntamiento de 10 vecinos a AENA o el Ministerio de Fomento. También obligará a los que reciban dinero público a partir de una cantidad que aún está por determinar. Estos canales, además, deben ser gestionados por terceros independientes.

Los cobradores del frac llevan años llamando a la puerta, por una deuda pública desbocada, por haber vaciado el fondo de nuestras pensiones a cambio de una deuda que cada vez vale menos, porque no avanzamos en limitar la corrupción ni en transparencia, porque no arreglamos las carreteras, a pesar de que nos dan el dinero para ello, porque nos financian submarinos y ven que no flotan, etc. Ciertamente, el Gobierno de España ha ido consiguiendo tiempo, pero los hombres del Frac nos recuerdan que ahora, no somos soberanos ni en nuestros presupuestos públicos, y los “imparciales e independientes” medios de comunicación españoles pronto van a redoblar un bombardeo mediático despiadado y sin precedentes contra el chivo expiatorio de turno, que serán el proceso independentista y Pedro Sánchez.

La culpa de todo ello no la tienen ni Jordi Pujol, ni Artur Mas, ni Carles Puigdemont, ni los gobiernos autonómicos, ni los “indepes”, ni Pedro Sánchez, sino un Estado central obsoleto y soberbio, con la complicidad de jueces y periodistas formados y pagados ad-hoc para tapar sus carencias.

En nuestro país, se tiene una idea muy equivocada de la Unión Europea. Unos, venden al personal que es el paradigma de los Derechos Humanos, pero se equivocan; otros, han vendido que es un “club de Estados”, pero se equivocan también. La Unión realmente es un club de mercaderes, dispuestos a perseguir el destino de hasta el último euro que dan, y España tiene muchas explicaciones que dar.