(castellano)

En estos días, la Audiencia Nacional española está juzgando la causa contra los ocho jóvenes del pueblo navarro de Altsasu, acusados de ‘terrorismo’ por una agresión a dos Guardias Civiles fuera de servicio y a sus parejas ocurrida en octubre del 2016. Uno de los casos más sonados mediáticamente en los últimos tiempos, por la magnificación de los hechos por parte de los medios de comunicación, las exageradísimas penas de prisión solicitadas, pero también por la ola de solidaridad con los jóvenes que se ha desatado tanto en Euskal Herria como en otros pueblos del Estado.

Los hechos

Noche del sábado 15 de octubre del 2016. Altsasu (Nafarroa). Son cerca de las 5 de la mañana, ese día se ha celebrado las Ferias de Altsasu y a esas altas horas de la madrugada grupos de jóvenes y no tan jóvenes alargan la noche en los bares que quedan abiertos. En uno de ellos, el Koxka, se produce una discusión entre un agente de la Guardia Civil, que está acompañado por otro compañero y sus respectivas parejas, y algunos jóvenes. Finalmente hay una pequeña trifulca y uno de los Guardias llama a la Policía Foral que se persona en el lugar.

Pese a que los guardias denuncian numerosas lesiones, posteriormente se demuestra que la única lesión es una fractura de tobillo de uno de los agentes. Los guardias civiles implicados quedan en ir a prestar declaración a la Policía Foral, pero posteriormente realizan la denuncia en las propias dependencias de la Guardia Civil en Altsasu.

El montaje mediático

Al día siguiente, los medios de comunicación abren portadas y noticiarios hablando de una multitudinaria agresión, en la que, cuentan, habrían participado entre 50-60 personas. La gran mayoría de la los medios de comunicación lo describen como un ‘linchamiento’ y tratan de vincularlo con el independentismo y con el movimiento local Ospa Mugimendua.

Altsasu es un pueblo que cuenta con una historia muy activa socialmente, y cuenta con ese movimiento local que reivindica la salida de la Guardia Civil de Altsasu y de Euskal Herria y que durante años venía organizando el ‘Ospa eguna’, una jornada festiva y reivindicativa. Este movimiento lleva años denunciando el acoso y el control a los que son sometidas muchas personas del pueblo por su participación en los movimientos populares, mediante los abundantes controles, seguimientos, etc… No es casual que el pueblo de Altsasu se haya convertido en objetivo de este montaje. Desde el primer momento se intenta vincular esa pelea de bar con Ospa! haciendo un relato en el cuál la reivindicación de la salida de las FSE españolas de Euskal Herria estaría bajo las directrices de ETA.

Por su parte, el mismo día 16 una asamblea popular denuncia que se están manipulando los hechos y que se trató de «una pelea de bar» provocada por los agentes. Por su parte el movimiento Ospa! emite un comunicado en el que dice que “la actitud de los guardias civiles borrachos fue provocadora, que empujaron y amenazaron con frases como «te voy a matar» o «te voy a meter un tiro entre ceja y ceja».

El montaje judicial

Tras los hechos de aquella noche, el 14 de noviembre diez jóvenes del pueblo son detenidos, se trata de Oihan Arnanz, Aratz Urrizola, Jon Ander Cob, Jokin Unamuno, Iñaki Abad, Julen Goikoetxea, Ainara Urkijo, Adur Ramirez, Aritz Urdangarin y Edurne Martínez. 7 de ellos ingresan en prisión, y el 20 de diciembre salen en libertad provisional 4 de ellos, quedando desde entonces en preventiva Oihan, Jokin y Adur.

Posteriormente se escenifica un tira y afloja entre la Audiencia de Navarra y la Audiencia Nacional por ver quién es competente para juzgar el caso. La acusación de ‘terrorismo’ solicitada por la fiscalía hace que al final sea la Audiencia Nacional la que se declara encargada de juzgar el caso. En julio del año siguiente saltan todas las alarmas al ver la exageración de las penas requeridas, que sumarían los 375 años de cárcel para las 8 personas encausadas.

Inicialmente se rechazan casi todas las pruebas aportadas por la defensa. Los acusados hacen un recurso contra la designación de la jueza Espejel dado su matrimonio con un coronel de la Guardia civil y que fue condecorada por Interior con la Orden del Mérito de la Guardia Civil, dicho recurso es rechazado.

El juicio

Desde el pasado 16 de abril ha transcurrido el juicio que ha dejado grandes evidencias de la magnificación de los hechos y de la absoluta desproporción de las penas solicitadas. Todos los intentos de la fiscalía han sido intentar vincular la pelea con la reivindicación “alde hemendik!”(Que se vayan) y con ETA.

Los puntos más calientes han sido la declaración del dueño del bar Koxka, que afirmó que el atestado policial recogía frases que él no había dicho y negó haber visto la pelea, como se recogía en el documento.

Otro punto importante fue la admisión como prueba (pese a que inicialmente había sido rechazada) de un vídeo que echaría por tierra la versión de los guardias civiles y sus parejas, relativa a la identificación de Adur Ramírez como uno de los agresores. La acusación declara que Adur vestía de rojo, pero en el vídeo se demuestra que vestía de negro.

Sin duda el punto álgido del juicio ha sido la admisión como prueba y la difusión de un video que Iñaki Abad, uno de los acusados, grabó momentos después de la trifulca. Dicho vídeo no encaja con la versión de una agresión multitudinaria. En él, el sargento de la Guardia Civil luce una camisa blanca impoluta, lo que no corresponde con alguien que ha sido agredido por decenas de personas, además le tira el móvil a Abad de un manotazo y no identifica a los supuestos agresores, pese a que los tiene delante. Además la gente le recrimina su actitud provocadora que ha desembocado en la pelea que ha tenido lugar momentos antes.

La solidaridad

El caso de los jóvenes de Altsasu ha suscitado grandes dosis de solidaridad. La posibilidad de que estos jóvenes pasen el resto de sus vidas en prisión, ligado a que es un caso que puede crear precedente y donde se aprecia una total bajada de listón a la hora de acusar a alguien de ‘terrorismo’ ha hecho que gran parte de la sociedad vasca se movilice, y ha tenido sus reflejos en otros pueblos del estado.

En el pueblo de Altsasu se han vivido varias manifestaciones históricas durante este año y medio, y el pasado 14 de abril unas 50.000 personas exigieron en Pamplona justicia y la libertad de los jóvenes encausados. Se han organizado también marchas a la prisión de Soto del Real, donde están los tres jóvenes encarcelados.

Numerosos mensajes y muestras de apoyo han tenido lugar a lo largo de todo el estado despertando una ola solidaria ante la brutalidad del estado para con estos jóvenes. Los familiares de los acusados han realizado una gira llevando su caso por todo el estado, recogiendo infinitas muestras de solidaridad y apoyo. Distintas asociaciones pro derechos humanos se han posicionado en contra de esta desproporción, entre ellas Amnistía Internacional, que ha enviado observadores internacionales al juicio.

En el ámbito institucional también el Parlamento de Navarra ha denunciado la desproporcionalidad de las penas requeridas, así como su rechazo a la situación de las tres personas que llevan más de 500 días en prisión preventiva. Y hasta la propia Comisión Europea declaró que seguía con preocupación el caso de los jóvenes altsasuarras y recordó a España que debe aplicar las penas con proporcionalidad.

El juicio está a punto de acabar y quedar visto para sentencia, en cualquier caso lo que está claro que lo que pase en él puede sentar un precedente para la inclusión de muchos tipos de conductas como delitos de ‘terrorismo’.

Altsasu: as chaves da montaxe policial e a solidaria resposta popular