El auditor del PP afirmó este martes que las donaciones de 1.000 euros realizadas por la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y su grupo municipal para financiar la campaña de las elecciones locales de 2015 fueron "ilegales". El auditor, Carlo Luca, hizo la manifestación ante el juez que instruye en Valencia el caso Taula, Víctor Gómez, según han confirmado fuentes conocedoras de su declaración.

Luca compareció ante el magistrado a petición del propio Partido Popular, que está imputado como persona jurídica en la pieza separada de las donaciones, abierta por supuesto blanqueo de capitales y financiación ilegal (técnicamente, delito electoral). Los miembros del grupo municipal imputados defienden su inocencia.

La ilegalidad de las donaciones se debió, según el auditor, a que se realizaron sin ponerlas en conocimiento del partido y al margen de las cuentas bancarias abiertas para financiar la campaña electoral, tal y como establece la normativa electoral.

El Tribunal de Cuentas ya confirmó que las cuentas bancarias que utilizaba el grupo municipal que lideraba Barberá, fallecida la semana pasada en un hotel de Madrid dos días después de declarar como investigada ante el Tribunal de Supremo por su condición de senadora y por tanto de aforada, escaparon a su control y su existencia no le fue comunicada.

La declaración del auditor estaba prevista para la semana pasada, pero el repentino fallecimiento de Barberá, y la imposibilidad de asistir al interrogatorio de su cuñado, José Manuel Corbín, letrado de la defensa de la ex secretaria general del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster, llevaron al aplazamiento de la comparecencia.

El auditor del PP defendió este martes ante el juez la validez del sistema del partido para vigilar la financiación electoral. Y afirmó que las cuentas bancarias de los grupos municipales no son de su competencia sino de la Intervención de los Ayuntamientos. La Intervención del Consistorio valenciano ha señalado que la existencia de las cuentas bancarias del PP local, ahora bloqueadas por el juez, no le fueron comunicadas.

La comparecencia del auditor, coinciden varias fuentes del caso consultadas, responde a la voluntad del partido de demostrar que no tiene responsabilidad en lo ocurrido en Valencia porque sus sistemas de control eran adecuados. Y que, si se cometió un delito, fue porque el sistema de vigilancia fue burlado desde el grupo municipal.

El auditor llegó a afirmar que el propio fiscal del caso podría incurrir en gastos electorales si, por su cuenta y riesgo, decidiera pagar un cartel pidiendo el voto sin comunicárselo a los órganos de control del partido.

La pieza de las donaciones se abrió por un supuesto delito de blanqueo. Según sospecha el juez Gómez, 50 miembros del grupo municipal ingresaron 1.000 euros en una cuenta del partido y recibieron el mismo importe en metálico de fondos de origen ilícito, presuntamente comisiones a cambio de contratos.

El interrogatorio de este martes se ha centrado, sin embargo, en la vertiente de delito electoral hacia el que ha evolucionado la investigación de esta pieza separada, y que ahora centra la mayor parte de las diligencias judiciales.