Sometidos a una inmersión de términos solemnes, extraordinarios y nobles, los españoles nos hemos quedado sin palabras para describir la realidad de ahora mismo. Libertad, opresión, Estado de derecho, encrucijada histórica, revolución, restablecimiento de la legalidad, defensa de la Constitución, dignidad, democracia frente a tiranía, soberanía nacional, golpe de Estado. Cataluña nos ha desbordado. A todos.

Confieso que me dan envidia los analistas y comentaristas que tienen clarísimo quiénes son los buenos y quiénes son los malos, aquellos que defienden con brillantez intelectual la esencia maligna del nacionalismo, y los que son capaces de establecer cuál es la verdad indubitada fuera de la cual no existe salvación.

Dejo para ellos las grandes palabras y los conceptos egregios. A mí lo que me conmueve es la infinita tristeza de mis colegas catalanes, el terror de las personas mayores que hablan de la Guerra Civil, el pánico de los que no tienen cuerpo para ir al cine, la angustia de padres y madres por el futuro de sus hijos, el insomnio de miles de compatriotas, la ansiedad que lleva al consumo de ansiolíticos, el miedo a que esta crisis se instale en nuestras vidas.

España llora por España, como en el 98, ya lo dijo en estas páginas el profesor Antonio Valdecantos. El llanto de 2017 no es íntimo y literario como el del 98. Es un llanto ruidoso que se sustancia delante de la televisión y en la montaña rusa de las obsesivas, compulsivas y adictivas redes sociales.

España entró en crisis en 2010, cuando se nos acabó el dinero y descubrimos que los bancos eran los dueños de nuestra vida. La hecatombe económica y sus gravísimas heridas sociales -que aún permanecen- a punto estuvieron de dar al traste con el sistema político legitimado en la Transición.

España acabó resistiendo a duras penas la crisis financiera -nuevos partidos se hicieron cargo del malestar ciudadano- pero la réplica de ese terremoto ha acabado estallando por el lado catalán, afectando a nuestro propio ser, sin que las autoridades hayan sido capaces de impedirlo. Los gobernantes están obligados a cuidar de sus gobernados y a hacerse cargo de sus emociones. No tienen derecho a traspasar la angustia y el insomnio a los ciudadanos.

El noble concepto de servicio público no puede consistir simplemente en mantenerse en el poder, controlar un partido o aplicar un programa de gobierno. Hay que estar atento a las señales de los conflictos -sociales o territoriales- para intentar resolverlos antes de que se desborden y acaben por alterar la vida de las gentes.