Más allá del nuevo round político que se activó este fin de semana entre la DC y el PC —una de las peleas más recurrentes de la historia reciente de la política chilena— a propósito de la ofensiva de diputados comunistas para promover un proyecto de ley que anula la Ley de Pesca y que fue acogido a trámite por el presidente de la Cámara, Marco Antonio Nuñez (PPD), hay una idea que ha ido permeando en las filas oficialistas y el propio gobierno: la necesidad de reformar el cuerpo legal aprobado en diciembre de 2012 durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Poco a poco en La Moneda se han ido convenciendo de aquello, pese a que la preocupación hoy en el comité político será descomprimir la tensión instalada luego que los propios presidentes de partido advirtieran la semana pasada la desprolijidad e incapacidad del gobierno, apuntando a los ministros del comité político, para anticiparse o contener un conflicto perfectamente abordable. El desorden oficialista provocado por el proyecto que buscaba anular la ley hizo perder energías en el principal objetivo de La Moneda: sacar del Congreso los siete proyectos prioritarios antes del cierre del año legislativo esta semana. ¿El problema? antes de iniciar la semana, ninguno de ellos se encuentra aprobado.

Con todo y más allá del escaso control de La Moneda sobre las acciones de su coalición en el Congreso —a estas alturas insalvable— mientras los diputados que promueven el proyecto de anulación insistirán en apurar su tramitación en la Cámara, los dirigentes oficialistas esperan una señal más concreta del Ejecutivo.

Y es que se trata de una promesa de la propia mandataria, quien en su discurso presidencial del 21 de mayo del año pasado aseguró que se "revisará" la ley cuya validez está cuestionada luego que día a día se conocen más antecedentes sobre los aportes irregulares de parte de Corpesca al senador UDI, Jaime Orpis, uno de los que más conoce del tema pesquero y mientras se tramitaba la normativa.

El rector de la Universidad Diego Portales (UDP) y columnista de El Mercurio, Carlos Peña, le dio fuerza a esta tesis en su columna dominical que tituló La pesca milagrosa donde apuntó que si bien es "verdad que en el sistema legal chileno no existe un procedimiento para anular la ley (lo que importaría privarla retroactivamente de sus efectos, hasta alcanzar el punto inmediatamente anterior a su aprobación); pero no me cabe duda de que ella puede ser derogada y discutida de nuevo, aun arriesgando, claro, el alegato de las empresas que recibieron el regalo regulatorio, que eso las privaría de su propiedad".

Pero, Peña va más allá y plantea que tanto el gobierno como el Congreso deberían aprovechar la coyuntura para salvar su prestigio en tiempos de crisis de confianza pública: "Ese riesgo y esas dificultades deben correrse por parte del Congreso si quiere salvar su prestigio hoy día justamente maltrecho por conductas como la de Jaime Orpis, quien aceptó ilícitamente dinero para evitar lo que a él —en un momento del que hoy debe arrepentirse— le pareció vivir a salto de mata".

Así las cosas, el tema será prioridad de discusión hoy en La Moneda y más allá del conflicto instalado, habrá que ver la disposición del gobierno para cumplir la promesa de la propia presidenta.

“Más que anular una ley, lo que corresponde hacer es derogarla según nuestro ordenamiento jurídico, porque la anulación contraviene lo establecido en los artículos 6º y 7º de la Constitución vigente, pero si queremos reemplazar esta ley, hagamos otra ley de pesca”, dijo el viernes la presidenta del PS, Isabel Allende, dando cuenta del nuevo ánimo del oficialismo sobre una materia a la que no habían atendido, sino hasta que la mesa de la Cámara dio luz verde al proyecto del PC. Ese mismo día, el ministro del Interior (s) Mahmud Aleuy anunció que el gobierno enviaría un proyecto de ley, pero sin especificar plazos.

El domingo, de hecho, el ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, reconocía este nuevo escenario. "Es un hecho evidente que ha sufrido un severo daño reputacional y hay un juicio crítico”, dijo junto con señalar que "el camino institucional, que dispone, nuestro ordenamiento jurídico es la vía de las modificaciones. La presidenta nos mandató a identificar las modificaciones que hay que hacer para que la legislación que tengamos defienda los intereses de todos los chilenos. Y en ese trabajo estamos”, señaló sin tampoco dar cuenta de los plazos.