Rajoy ha elegido el 30 de agosto como fecha para la investidura. La celebración de la votación pone en marcha un descuento de dos meses tras el que es obligatorio convocar elecciones si ningún candidato logra la presidencia. Rajoy no tiene los votos necesarios para garantizar que su investidura será un éxito y que no desembocará en una repetición electoral.

Aunque el Ministerio de Hacienda ya trabaja para cumplir con los compromisos con Bruselas independientemente de la fecha de investidura, septiembre presenta más problemas. El primero de ellos es que Rajoy debe viajar el día 3 a la cumbre del G20, que se celebrará en la ciudad china de Hangzhou el 4 y el 5. Además, el candidato también debe acudir el 16 a la segunda cumbre de la UE tras el Brexit, que se celebrará en Bratislava (Eslovaquia). Finalmente, Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, se someterá a una cuestión de confianza el 28, por lo que no es descartable un adelanto electoral en Cataluña que complique aún más el calendario.

Intereses opuestos

Los opuestos intereses de los partidos también dificultan que consensúen una fecha que agrade a todos.

El PP siempre ha defendido que la votación debe ser cuanto antes para que así haya un Gobierno con plenas facultades para aprobar el techo de gasto y unas cuentas públicas que revaloricen las pensiones y suban el sueldo de los funcionarios. El PSOE, sin embargo, argumenta que los dos asuntos no están relacionados, porque un Ejecutivo en funciones puede fijar el límite a la financiación de las Administraciones públicas, prorrogar los Presupuestos y revalorizar desde el 1 de enero de 2017 las pensiones y los sueldos de los empleados públicos a través de un decreto ley que se convalidaría en el actual Congreso. Nunca lo ha hecho un Gobierno en funciones.