Los recientes testimonios de Vicente Zambada, sumados a los que en audiencias anteriores otorgó Jesús Zambada –el hijo y un hermano del Mayo–, comprometen a altos mandos del Ejército, entre ellos los generales Roberto Miranda Sánchez, jefe del EMP en el sexenio de Ernesto Zedillo, y Humberto Eduardo Antimo Miranda, Oficial Mayor de la Sedena en el gobierno de Felipe Calderón, así como el coronel Marco Antonio de León Adams, quien fuera jefe de seguridad de Vicente Fox. La acusación es directa: los oficiales, sostiene El Vicentillo, estaban en la nómina del Cártel de Sinaloa.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en Estados Unidos se está convirtiendo en una causa contra los gobiernos del PRI y del PAN. Desde expresidentes hasta generales, miembros del desaparecido Estado Mayor Presidencial y poderosos jefes policiales han sido mencionados como parte de una extensa red de protección al Cártel de Sinaloa durante más de dos décadas.

Los señalamientos han salido de las partes que tiene confrontadas el gobierno estadunidense: sus testigos colaboradores, que fueron miembros del cártel, y la defensa de Guzmán Loera.

Aunque el juez Brian Cogan, titular de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, ha evitado que se ahonde en las acusaciones contra los expresidentes mexicanos, las dos partes han soltado los nombres de los altos funcionares civiles y militares con los que habría tenido arreglos el Cártel de Sinaloa, y en particular Guzmán Loera.

El principal testigo de cargo, Jesús Vicente Zambada Niebla, Vicentillo, puso la semana pasada la atención del jurado y del tribunal mediático en la supuesta protección al Cártel de Sinaloa por lo menos desde la segunda mitad de los noventa, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, hasta el de Felipe Calderón.

En todos los casos, incluido el gobierno de Vicente Fox, los principales señalamientos son contra altos mandos del Ejército, tanto en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como en el Estado Mayor Presidencial (EMP).

Información de los Zambada

La familia de Ismael El Mayo Zambada, socio de Guzmán Loera, es la que se ha encargado de señalar a altos funcionarios civiles y mandos militares de los gobiernos del PRI y del PAN como supuestos protectores del Chapo.

Durante los dos sexenios panistas Guzmán Loera estuvo prófugo. En enero de 2001, al inicio del gobierno de Fox, escapó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Fue capturado en febrero de 2014, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, al que se le escapó de nuevo, esa vez desde el penal del Altiplano, en el Estado de México; fue recapturado al año siguiente y entregado meses después al gobierno de Estados Unidos.

El viernes 4, Vicentillo, hijo del Mayo Zambada, declaró en audiencia que durante el gobierno de Zedillo, en 1997, acudió a la residencia oficial de Los Pinos para reunirse con el entonces jefe del EMP, general Roberto Miranda Sánchez.

Según su testimonio, le fue a pedir que el gobierno detuviera la persecución a los negocios de su madre y sus hermanas. No hubo ninguna referencia directa a si Miranda estaba en la nómina de Ismael Zambada. Tampoco hubo ninguna mención directa al entonces presidente.

Un día antes, el principal testigo de la fiscalía de Estados Unidos contra El Chapo, había comenzado a soltar nombres: el del entonces coronel Marco Antonio de León Adams y el del general Humberto Eduardo Antimo Miranda. El primero, en su condición de jefe de la seguridad del presidente Vicente Fox en el EMP. El segundo, Oficial Mayor de la Sedena en el gobierno de Felipe Calderón.

Ascendido por Calderón a general brigadier, De León Adams coincidió con el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en ese momento secretario particular de Fox.

Al inicio del juicio contra El Chapo, en noviembre pasado, otro de los testigos de la justicia estadunidense, Jesús El Rey Zambada, hermano de El Mayo, fue el protagonista del escándalo cuando trascendió que su testimonio implicaba directamente a los expresidentes Calderón y Peña Nieto en sobornos a cambio de proteger al Cártel de Sinaloa.

(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2201, ya en circulación)