La Comunidad de Madrid ha dado luz verde por segundo año consecutivo a la privatización de las pruebas de evaluación que marca la Ley Organica para la Mejora de la Educación (Lomce). El gobierno regional pagará 646.000 euros a una empresa privada que se encargará del apoyo didáctico y técnico para la realización, tabulación, documentación y análisis de los resultados de estas tres pruebas que se van celebrar en mayo y junio (19 de mayo en 4º de la ESO, 31 de mayo y 1 de junio en sexto de primaria y 10 y 11 de junio en tercero)

Se ha doblado el presupuesto respecto a los 330 mil euros que Madrid gastó el curso pasado en estas pruebas porque por primera vez la evaluación final se extiende también a Secundaria, aunque no se tendrá en cuenta para obtener el título de la ESO, y además no la hacen todos los centros. La prueba de 4º de la ESO se hará este año en 800 centros mientras que en primaria se evaluará a 180.000 alumnos.

Un portavoz de la Consejería de Educación justifica la externalización y el coste de las pruebas en que exigen numerosas actuaciones que deben ser coordinadas por el alto número de centros y alumnos que participan. Recuerda también que es una práctica extendida en toda España y que el mismo sistema se utiliza en los examenes PISA y en otras evaluaciones internacionales. Desde Comisiones Obreras, creen que se trata de un gasto injustificado: "Es un despilfarro que se gasten estas cantidades de dinero en un contexto en el que se dice que no hay dinero suficiente para acometer ampliación de plantilla y otro tipo de acciones prioritarias, como ayudas al alumnado. Se está externalizando un servicio que resulta excesivamente caro para la ciudadanía", ha señalado Isabel Galvín, secretaria general de Enseñanza de CCOO en Madrid en declaraciones a la Cadena SER.