En lo que podría entenderse como una de las últimas bocanadas del gobierno liderado por Mauricio Macri, el último viernes la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprovechó para publicar una resolución en el Boletín Oficial (la 880/2019) que aprueba el texto definitivo del nuevo reglamento de drones elaborado en mayo de este año, y que entrará en vigencia en julio de 2020. La normativa apunta a distinguir el uso “lúdico” del profesional para estos equipos, incluyendo facilidades en los permisos y responsabilidades más claras para los usuarios.

Aunque la mayor parte del texto es fruto del consenso entre los organismos involucrados, en la Asociación de Pilotos de Drones de la República Argentina (APDA) se mostraron sorprendidos ante el llamado de Clarín: no sabían nada de la resolución, y aseguraron que el reglamento “no se había terminado de ajustar del todo”.

Como había adelantado Clarín en mayo, los principales cambios entre el reglamento que entrará en vigencia en 2020 y el actual (de 2015) atañen a los drones más chicos, siempre que estén destinados a un uso “recreacional” (o sea, sin fines de lucro): desde ahora, esos equipos podrán “volarse” sin necesidad de que el operador tenga una habilitación específica y sin que el equipo esté registrado.

Eso sí, sólo podrán volarse en clubes federados y no se permite, en ningún caso, el traslado de personas, animales ni mercadería peligrosa.

La reglamentación estipula cinco cateogorías de drones, en base a su peso. /Archivo Clarín

“Hasta ahora escuchabas un zumbido en una plaza o en la playa y era un dron… eso no va más porque sólo se pueden volar en los predios habilitados. La facilidad de hacerlo sin permiso es solamente para los drones clase A, de menos de 500 gramos, y siempre y cuando se usen en forma recreacional, no profesional”, explicó Pablo Funes, secretario de APDA.

Esto significa que quienes operen un dron chico y piensen, por ejemplo, tomar fotografías o filmar con fines comerciales, independientemente de cuánto pese del dron, deberán tramitar todos los papeles. Como se verá a continuación, no son pocos.

El reglamento que se aprobó define que “todo VANT (Vehículo Aéreo No Tripulado) o SVANT (Sistema de Vehículo Aéreo No Tripulado) deberá ser inscripto con anterioridad al inicio de las operaciones en el Registro Nacional de Aeronaves de la ANAC, salvo los clase A de uso recreativo”.

Pero también hay un cambio para quienes operen drones “clase B”, es decir, equipos de 500 gramos a 5 kilos: se implementará cierta “facilidad” en el registro, dice el texto, “a través de una plataforma digital”, siempre y cuando su finalidad sea lúdica.

Drones en la ciudad, una actividad relegada a los profesionales. /Archivo Clarín

Funes se refirió al “crecimiento exponencial” en la adquisición de drones en los últimos años (“en especial entre 2016 y 2017, con el dólar a 18”) y los problemas de regulación en su uso, un tema que todavía genera incertidumbre.

El secretario de APDA apuntó al problema de que, por muy chicos que sean estos equipos, “tienen un chip con memoria, por lo que es posible registrar imágenes. Y desde la década del 60 existe reglamentación específica sobre la obligatoriedad de registrar toda actividad que involucre la toma de imágenes desde el espacio aéreo, dado que podría haber una invasión a la privacidad, en la medida en que el alcance supera el ojo humano. Lo normativa parece contradecirse con esto”.

Otras diferencias son bien específicas y atañen a las habilitaciones para drones pesados, algo que preocupa en el sector. Los problemas son dos, dijo Funes: “El primero es que, si bien se entiende que la nueva reglamentación afecte a los que recién se inician, no es tan entendible que modifique la situación de los que ya tienen la habilitación y toda la documentación al día. Ahí hay algunas discrepancias”.

Por ejemplo, siguió, “hay drones que tienen ala multirrotor y otros que tienen ala fija, y son los que se usan más que nada para relevamiento del campo. Hoy por hoy están todos en la misma categoría. Pero desde el año que viene quedarían en categorías diferentes. La nueva reglamentación exige que uno tenga que hacer el curso y aprobar el examen para las dos”.

Cambios en la reglamentación del uso de drones. /Archivo Clarín

Para los pilotos, esto no sólo es un incordio logístico y administrativo sino también económico. Acá, entonces, viene el segundo problema: “Antes uno podía formarse por su cuenta, estudiar, y luego abonar el derecho de examen y rendirlo. Ahora es obligatorio hacer el curso en un Centro de Instrucción Aeronáutica Civil (CIAC)”. Desde APDA aseguran que esos institutos son todos privados.

En concreto, para tramitar el equivalente a la "licencia de conducir" de drones, se requiere una certificación médica aeronáutica, que oscila entre 3.500 y 5.000 pesos: “Antes se podía presentar certificado de hospital público, pero está bien que en esto sean más estrictos, por el riesgo de que 'el amigo médico' haga el certificado, digamos”. Esta constancia vence, según la categoría, cada 2 o 4 años.

Luego, el curso de formación “cuesta entre 15.000 y 18.000 pesos. Dura varias semanas, aunque no más de un mes, y no tiene vencimiento”, explicó Funes. Finalmente se abona el derecho de examen y también la emisión de la autorización como miembro de tripulación remota.

Bastante desconcertado, Funes concluyó: “Desde mayo se fueron haciendo llegar objeciones y planteos de las cosas en las que no había acuerdo. Se pensó que el nuevo Gobierno iba a arrancar todo con otra perspectiva, pero no fue así”.

PS