Mediante diversos litigios entablados a partir de 2006, las empresas de Ricardo Salinas Pliego se resisten a cubrir los créditos fiscales que les impuso el Servicio de Administración Tributaria por no haber pagado las contribuciones correspondientes a varias actividades financieras. Ni la derrota en uno de estos juicios ni la cercanía del magnate con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo hacen aflojar su presión jurídica contra Hacienda, pues está en un juego que equivale a 10 veces el presupuesto de la Presidencia de la República para 2020.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Desde 2006 el empresario regiomontano Ricardo Salinas Pliego mantiene una feroz batalla judicial. Ni su cercana relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través del Consejo Asesor Empresarial ni la concesión de la que goza para dispersar programas sociales prioritarios han atenuado las presiones del Grupo Elektra en los tribunales federales para evitar el pago de 14 mil millones de pesos que le reclama el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Reportes de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y documentos del Poder Judicial de la Federación (PJF) obtenidos por Proceso muestran que Salinas Pliego inició desde hace nueve años un aluvión de procesos judiciales –entre los que se incluyen amparos directos e indirectos– en contra de la liquidación de los “créditos fiscales” concedidos a las tiendas Elektra y al Banco Azteca.

Estas empresas forman parte a su vez del Grupo Salinas, que según la revista Forbes llevó a su propietario a ubicarse como el mexicano número 3 en la lista global de los magnates, con un patrimonio de 11 mil 100 millones de dólares. “El año pasado, cuando su fortuna casi se duplicó (creció 97.2%), Salinas Pliego ocupó el cuarto lugar, empatado con Eva Gonda de Rivera”, señaló la publicación.

Pero el crecimiento de su fortuna no es proporcional con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Los saldos por Impuesto Sobre la Renta (ISR) que dichas empresas adeudan, de acuerdo con las autoridades fiscales, desde los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto son, además de otras contribuciones, saldos por la pérdida de enajenación de acciones, inventarios acumulables, impuestos por efectos por desincorporación, pagos provisionales por ejercicios fiscales, multas y actualizaciones a la Hacienda pública.

Al respecto, el Grupo Elektra comunicó a sus inversionistas en el Reporte Anual 2018 que presentó ante la BMV: “Por todos estos créditos fiscales, consideramos que existen elementos serios y razonables de defensa para obtener un resultado definitivo favorable a los intereses de la compañía; sin embargo, como en el caso de cualquier asunto de naturaleza litigiosa, no es posible anticipar o garantizar un resultado”.

Tiene motivos para mantener la esperanza. Hasta finales de 2019 siete de ocho procesos emprendidos por el grupo de Salinas Pliego continúan abiertos y sin sentencias que los obliguen a pagarle al fisco. El que perdió fue por un saldo menor (4% de la deuda total) y hasta el momento no existe constancia de que se haya cubierto.

Este semanario documentó que en el resto de los procesos Elektra sigue litigando contra el SAT y diversas oficinas de la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, lo que engrosa complicados expedientes en diversos tribunales federales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN):

“Con fundamento en los artículos 81, párrafo primero, y 86, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, túrnese el expediente para su estudio, a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Primera Sala, y envíense los autos a la sala a la que se encuentra adscrita, a fin de que como presidenta dicte el acuerdo de radicación respectiva”, indica, por ejemplo, el amparo directo en revisión 2497/2018 de Grupo Elektra, atraído por la primera sala del máximo tribunal.

México ocupa el último lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en volumen de recaudación fiscal. Según el reporte Estadísticas de Ingresos Tributarios 2019 que dio a conocer en París esa organización, la recaudación promedio en México tuvo “un ligero deterioro” al pasar de 16.2% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2017 a 16.1% en 2018.

En septiembre último, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República advirtió que la evasión y elusión de impuestos impactan respectivamente en 2.6 y 6.2% del PIB de México. Explicó que “la elusión de impuestos ocurre dentro del marco de la legislación fiscal y sucede cuando el contribuyente aprovecha lagunas o ambigüedades en dicha legislación para reducir sus responsabilidades”.

La suma en litigio

En el expediente judicial de “créditos fiscales” no subsanados por Grupo Elektra, existen a partir de 2006 al menos ocho procesos judiciales por 14 mil 289 millones 934 mil 716.16 pesos en litigio. En la mayoría de esos casos no existen resoluciones de fondo que le permitan al SAT cobrar por la vía legal. Para poner ese monto en perspectiva, equivale a 10 veces los presupuestos asignados a la Presidencia de la República o a la Secretaría de la Función Púbica en el Proyecto de Egresos de la Federación para 2020.

Sólo dos de los procesos judiciales consultados en el expediente se mantienen fuera de los tribunales o del ámbito público. Uno es el litigio que ganó el Grupo Elektra en el presente año en la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (expediente 1330/19-17-10-3), por un monto que no es público. Y el conglomerado perdió el otro, por 601 millones 808 mil pesos y correspondiente al ejercicio fiscal 2008, según las notificaciones del expediente judicial 733/2017 radicado en el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

El resto de los juicios se mantienen activos, sin resoluciones definitivas que permitan los cobros. El SAT busca el pago de impuestos por actividades financieras registradas por el Grupo Elektra entre 2007 y 2008 y de 2010 a 2011, pero al encontrarse en diversas fases de litigio, las autoridades fiscales están impedidas de forzar el pago.

Acerca de la primera etapa, se registran los argumentos de las autoridades fiscales para sustentar las cargas impositivas al Grupo Elektra y la resistencia del conglomerado a reconocer la deuda. Como resultado, se detalla el impago de obligaciones fiscales por más de 14 mil millones de pesos tras nueve años de batallas jurídicas.

Por ejemplo: en un bloque de tres juicios atraídos por la SCJN, la defensa del Grupo Elektra ha presentado demandas de amparo, pero al intervenir el máximo tribunal los procesos han quedado sin fondo para que los tribunales se pronuncien a favor o en contra de los procesos. Un laberinto. Con el naufragio judicial de amparos e impugnaciones, Elektra ha evitado la obligatoriedad de liquidar los créditos fiscales.

El origen de esas tres demandas está asentado en los oficios 900 06 02-2013-1012, 900-05-2013-48229 y 900-05-05-02-2010-03474; es el reclamo del SAT por impuestos no pagados entre 2006 y 2007, por 5 mil 936 millones 795 mil pesos. A decir de las autoridades hacendarias, el corporativo de Salinas Pliego eludió presentar los reportes de saldos durante varios meses de operaciones.

En un primer momento el Grupo Elektra presentó las aclaraciones con base en auditorías pasadas y argumentó que posee saldos a favor por Impuesto al Valor Agregado (IVA) que debieron compensar sus deudas por ISR. Pero el SAT defendió los créditos fiscales, al sostener que ya ha “prescrito el derecho a solicitar las devoluciones al haber transcurrido el plazo de cinco años”. Hasta ahora llevan casi el doble de ese tiempo.

Al no recibir sentencias favorables, el grupo empresarial ha buscado que atraiga el caso el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero sentencias a medias o contrarias al corporativo de Salinas Pliego han hecho naufragar los juicios de una instancia a otra: de la justicia administrativa a los tribunales colegiados, a la SCJN y nuevamente a los tribunales, entre un mar amparos e impugnaciones.

De esto dan constancia los juicios 885/2014, 8/2017, 401/2018 y 8/2018 presentados ante el Décimo, el Primero y el Décimo Octavo tribunales colegiados, así como el 968/2016 y el 186/2017, en el Décimo Tercer Tribunal Colegiado.

“Cabe hacer la precisión de que en el presente juicio no está en controversia si la empresa controlada de la actora Elektra, S.A. de C.V. , decidió o no tributar en términos del citado Artículo Tercero Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2005, ya que de la resolución recurrida se desprende que el representante legal de la actora, manifestó en la comparecencia de fecha 16 de julio de 2010, que la controlada de referencia ejerció la opción de acumular sus inventarios al 31 de diciembre de 2004”, refiere uno de los argumentos del abogado Jesús Morales Aguilar en el amparo indirecto 186/2017 solicitado ante el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

Otra parte de los juicios se encuentra en la primera fase de litigio, sin que el SAT o el Poder Judicial impidan su entrampamiento. Por ejemplo, el Grupo Elektra presentó un recurso de revocación del crédito fiscal 900-03-00-00-00-2016-012, por mil 431 millones 466 mil pesos y correspondiente al ejercicio fiscal 2008, en el que el Grupo Elektra combate al SAT en la Séptima Sala Regional Metropolitana (expediente 4006/18-17-07-4).

En cuanto al crédito fiscal con el folio 900-03-05-00-00-2016-2177, alcanza un monto de 4 mil 916 millones 910 pesos por saldos del ejercicio fiscal 2011, en un litigio presentado ante la Segunda Sala Regional Metropolitana (expediente 4006/18-17-07-4).

Y en el expediente 4025/18-17-11-9 se consigna el crédito fiscal 900-03-00-00-00-2016-5071 por 2 mil 4 millones 761 mil pesos, derivados del ejercicio 2011, que actualmente está atascado en la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Los saldos vencidos del Grupo Elektra entre 2009, 2010 y 2011 suman más de 8 mil 353 millones 139 mil 232.05 pesos. Se trata de adeudos por ISR, actualización de deudas a la Hacienda, recargos y multas. En sus reportes ante la BMV el corporativo reconoce ante sus accionistas esas cargas fiscales y sus litigios, pero como no existen sentencias que obliguen a saldar dichos montos, no se sabe si alguno de ellos fue pagado o se encuentra en vías de serlo.

Perdones fiscales

Este semanario adelantó que en los primeros años de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto los diputados federales aprobaron amnistías fiscales que beneficiaron a varios magnates mexicanos incluidos en la lista de Forbes (Proceso 2212 y 2240), incluido Salinas Pliego, pues Azteca Holdings, Grupo Elektra, Banco Azteca y Azteca Novelas dejaron de pagar al fisco más de 371 millones de pesos.

Las condonaciones de impuestos o amnistías fiscales fueron programas de gobierno de corta duración que cancelaron deudas a cambio de que las personas morales se pusieran al corriente con sus pagos.

Fue el caso del programa Ponte al Corriente, ejecutado en 2013 por el SAT, que recibió observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2012 tras obtener magros resultados por el hecho de que los principales magnates mexicanos encontraron nuevos métodos para aprovechar lagunas en el sistema de recaudación federal.

“Las personas morales (entre ellas las grandes empresas) fueron los contribuyentes a quienes se les condonaron el mayor importe en contribuciones omitidas por 159,620,431.5 miles de pesos, que representó el 95.8% del total de condonaciones, mientras que a las personas físicas se les condonaron 6,831,629.0 miles de pesos, el 4.1%”, señaló la auditoría 13-0-06E00-02-0035 de la ASF.

En un reciente reporte, la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación registró un monto mayor en las amnistías otorgadas al Grupo Salinas. De acuerdo con la investigación “Beneficios fiscales. Beneficios inexplicables para unos cuantos”, Fundar reveló que tan sólo en el segundo año del sexenio de Peña Nieto las condonaciones fiscales al Grupo Salinas sumaron 6 mil 833 millones 52 mil 2 de pesos. De hecho, el conglomerado presentó diversos amparos para que el SAT no revelara la cuantía de esos beneficios.

Nuevamente se privilegió a dos firmas del Grupo Elektra: Banco Azteca S.A. Institución de Banca Múltiple, y Elektra del Milenio S.A de C.V., además de otras compañías del Grupo Salinas que se desconoce si ya cubrieron aunque sea parte de sus obligaciones con el fisco: Operadora Unefon S.A. de C.V, TV Azteca, Red Azteca Internacional S.A. de C.V. y el Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca S.C.

Fundar también reveló la existencia de 44 créditos fiscales a diversas compañías, aprobados entre 2007 y 2015, los cuales alcanzan un total de 16 mil 564 millones 308 mil 932 pesos. De ese monto, 9 mil 730 millones 786 mil 930 pesos corresponden a las siete compañías de Salinas Pliego ya mencionadas (41.25%), sin que exista constancia de que se hayan realizado los pagos o estén en trámite.

Recientemente el Grupo Salinas buscó ampararse ante la SCJN contra la decisión del gobierno federal de eliminar el mecanismo de compensación universal de la miscelánea fiscal 2019. Perdió: el pasado 13 de noviembre la Segunda Sala del alto tribunal desechó los amparos en contra de las modificaciones al artículo 25, fracción VI, de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, los cuales, a consideración de la Secretaría de Hacienda, permitían la evasión fiscal a través de la emisión de facturas falsas.

Junto con otros 400 grandes contribuyentes, entre los que destacan Nestlé, Chedraui y Herdez, el Grupo Salinas buscaba que la SCJN reconociera la inconstitucionalidad de la ley que permitía la trasferencia de saldos a favor del IVA en el pago de un ISR o para cubrir otros gravámenes. Al respecto, el Instituto Belisario Domínguez del Senado sustentó que la compensación de impuestos permitía que los empresarios buscaran la emisión de facturas infladas o falsas con saldos a favor de IVA a fin de trasladarlos al pago de otros impuestos.

Este reportaje se publicó el 22 de diciembre de 2019 en la edición 2251 de la revista Proceso