Atención, atención. Se está gestando una crisis mayúscula. El 30 por ciento del 30 por ciento de las medicinas que se necesitan y que se pusieron a licitación en noviembre, no se adquirieron porque el concurso quedó desierto, y el 70 por ciento restante del total de los medicamentos más necesitados y especializados, simple y llanamente no se licitaron. Esto significa que no hay suficientes medicinas para abastecer las necesidades de este país, y se está abriendo un riesgo donde, literalmente, lo que está en juego es la vida de muchos.

Esto es resultado de la consolidación de las compras de gobierno, idea de Raquel Buenrostro, que inició en el gobierno como oficial mayor de Hacienda. En octubre de 2018, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador le instruyó a no comprar nada, porque iban a revisar todo. Como sucede cada fin de sexenio, la administración saliente dejó de firmar contratos y licitaciones antes de la elección presidencial. Cuando les llegó el lineamiento del gobierno entrante, de que no se les ocurriera comprar nada, ya todo estaba detenido.

La racional del gobierno era limpiar la corrupción. Lo irracional del proceso fue no planear ni contar con alternativas reales. Una figura que ha contribuido de manera determinante a la crisis del abasto es el doctor José Alonso Novelo, sin experiencia en la administración pública y dedicado a la cría de cerdos, a quien conocía el Presidente por haber sido pediatra de familiares, y lo nombró director de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios.

Novelo cerró la puerta a toda la industria químico farmacéutica, y bajo la bandera de luchar contra la corrupción, frenó el desarrollo de nuevos productos, la autorización de los estudios clínicos para nuevos medicamentos, y canceló los comités de expertos que evaluaban las nuevas moléculas. Clausuró las líneas de producción de varios laboratorios en la Ciudad de México y Guadalajara, y frenó la renovación de registros para medicamentos nacionales.

A Buenrostro la asesoró el actual subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y llevó a López Obrador un diagnóstico equivocado, donde redujo todo a señalar que las empresas distribuidoras eran un monopolio que elevaba los costos y generaban corrupción. La acusación, reiterada hasta el cansancio en las comparecencias públicas matutinas del Presidente, ha sido contra tres empresas, Pisa-Dimesa, Maypo y Fármacos Especializados, que, de acuerdo con esa versión, manejaban 60 por ciento de las compras y estaban vinculadas con políticos cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto. Hasta el momento no han identificado a ninguno de esos políticos, pero con respecto al monopolio, la aseveración es falsa. Además de esas tres empresas, existen más de 20 distribuidores de alto nivel.

Lo que se consumó con la política instrumentada por Buenrostro fue alterar la cadena de suministro al romper el modelo de compra-distribución, que detonó el desabasto de medicinas desde hace casi un año. Todo el esquema fue desmantelado por las acciones del gobierno, que cuando empezó a darse cuenta de lo que había provocado, el Presidente le pidió al secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, que el Ejército entrara al rescate. Los militares dijeron que no tenían la capacidad para atender ese tipo de necesidad, además de no tener los vehículos refrigeradores que se requerían para las medicinas. Nuevos distribuidores buscados por el gobierno, tampoco pudieron cumplir con el trabajo.

El desabasto de medicinas y la suspensión de los tratamientos ya han sido asociados a la muerte de varios menores y las afectaciones irreversibles en otros niños, jóvenes y adultos. Hay casos de niños cuya muerte está directamente asociada en tiempo a la suspensión de tratamientos, así como también el deterioro en la salud de varios pacientes de sida. La falta de tratamientos está colocando a médicos en la disyuntiva de empezar a rechazar enfermos de sida porque no tienen medicamentos para completar sus tratamientos, y todo apunta a que van a empeorar las cosas.

La licitación de noviembre fue únicamente para 30 por ciento de los medicamentos necesitados –la tercera parte de este porcentaje quedó sin abastecerse porque el concurso se declaró desierto– y el 70 por ciento restante se iba a resolver en mesas de negociaciones especializadas. Sin embargo, por problemas de organización, mesas de enfermedades tan sensibles como la de ontología, retrovirales e hiperintensivos, nunca se llevaron a cabo. Esto provocó que el 70 por ciento de esos medicamentos que tenían que haberse licitado entre enero y febrero, no se concursaran.

Ante esta emergencia, la nueva oficial mayor de Hacienda, Thalía Lagunas, emitió un decreto el 28 de enero para autorizar a la Secretaría de Salud a importar medicamentos sin registro, y extendió los contratos vigentes de 2018 de las mismas empresas contra las que despotrica regularmente el Presidente. Esto trajo distorsiones adicionales al mercado. Por un lado se repitió lo que sucedió previamente cuando Buenrostro y López-Gatell adquirieron un nuevo producto para el sida, que, de acuerdo con datos de la industria, costó tres veces más de lo que se venía pagando por él.

Por el otro, al cancelar las compras, se cancelaron los pedidos, por lo que la producción de medicamentos para México se suspendió. Una externalidad de esto es que un alto número de empresas en la industria químico farmacéutica están en quiebra y están vendiendo sus inventarios a muy bajo costo, que repercutirá en el futuro. Al tomarse el precio más bajo como referencia, el gobierno no podrá adquirir el mismo medicamento a ese precio, que fue de remate.

En la actualidad, el gobierno está comprando en el mercado internacional las medicinas que necesita a cualquier precio que encuentre. La decisión presidencial resultó más cara y políticamente es una bomba. Ya hay muertos asociados con la política de consolidación de compras y daños irreversibles por la escasez de tratamientos. La incompetencia nos está costando mucho.