Desde el viernes, el canon digital somos todos, parafraseando aquel eslogan que llamaba a la solidaridad tributaria. El nuevo gravamen por copia privada deja de cargar sobre las espaldas de compradores de aparatos para posarse como una losa sobre las personas físicas: del recién nacido a la hacker; del jubilado a la universitaria de apuntes fotocopiados.

Una cantidad pactada con "las partes implicadas", que podría oscilar entre los 37 y 42 millones de euros, según fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, saldrá de los Presupuestos Generales del Estado y se destinará a las entidades de gestión (como SGAE o CEDRO), lo que equivale a decir a los creadores. Con el anuncio, sepultado entre los recortes lanzados tras el último Consejo de Ministros, se da carpetazo al anterior sistema, antiguo caballo de batalla del PP, para entrar en la era del canon per capita.

El modelo español podría inspirarse en el régimen que se aplica en Noruega

El nuevo régimen causa recelo entre juristas, expertos fiscales, creadores y representantes de la industria consultados por EL PAÍS. Los autores, porque pasarán a percibir menos de la mitad de lo que el otro sistema les garantizó en 2010 (casi 100 millones). "Al menos, significa un desbloqueo de la situación absurda que estábamos viviendo", afirma Sabino Méndez, portavoz de la SGAE.

El resto, porque esta modificación -que, a falta de desarrollo reglamentario, se pretende de instauración inmediata- supone una aplicación indiscriminada de la carga. "Sin tener datos para un análisis en profundidad, se adivina, en principio, el mismo defecto del viejo canon, que presuponía que si yo compraba una fotocopia, iba a realizar copias privadas. Todos cargamos a partes iguales con la subvención a los autores", explica Luis del Amo, gerente del Registro de Economistas y Asesores Fiscales.

Entrando en el debate judicial, Paloma Llaneza, abogada experta en Propiedad Intelectual, opina que "la propuesta no establece el equilibrio necesario entre equitativa compensación y perjuicio sufrido, ya que convierte, a efectos de cómputo, en usuarios de prestaciones protegidas a cualquier persona física de nacionalidad española con cargo a los impuestos, con independencia de su edad y su uso o acceso a mecanismos de copia". Haciendo un ejercicio de legislación-ficción, Llaneza interpreta que para armar el nuevo sistema, que, según las fuentes citadas, se inspiró en el caso noruego, se ha partido de las enseñanzas extraídas del caso Padawan.

En ella, el Tribunal de Justicia de la UE dio en Luxemburgo en octubre de 2010 la razón a Ana María Méndez, dueña de una tienda de informática que impugnó la "aplicación universal" del canon digital. A partir de esa sentencia, se entiende que las personas jurídicas (empresas o administraciones públicas) están exentas de pagar el canon porque no efectúan en principio copias privadas, sino solo profesionales. "De ahí que el nuevo sistema caiga sobre las personas físicas; es decir, todos".

"El problema", afirma Llaneza, "es que Noruega no es miembro de la UE y no está sujeto a esa jurisprudencia". La inspiración nórdica, canon per capita con cargo a los Presupuestos Generales, parece haber pesado en la elaboración del nuevo gravamen, si se atiende a un informe para la UK Intellectual Property Office en el que se detalla en datos de 2009 el coste por habitante por copia privada en los países europeos. A la cabeza figura Francia, con 2,6 euros, España es la tercera (1,7), mientras que Noruega figura en el undécimo lugar con 0,9. Curiosamente, la cifra que, según fuentes del Ministerio, se ha empleado en España para el cálculo (los 42 millones citados salen de multiplicar la población española por 0,9). "De este modo el Gobierno", sentencia Llaneza, "corta el suministro de fondos a las entidades de gestión que ahora pasan a estar 'subvencionadas' y 'controladas' por quien decide cuánto dinero les da al año por este concepto".

Componendas fiscales aparte, el descontento es generalizado en ambos bandos. Desde los tuits que mostraban su disconformidad hasta Rafael Sánchez, portavoz de Egeda (la sociedad de gestión de los productores audiovisuales), que advierte de que la regulación sobre propiedad intelectual está "en revisión" en Europa, y cree que esta medida "nos va a alejar de la mayoría de lo que existe en los países europeos". "Si a Luxemburgo el sistema anterior le pareció indiscriminado, ahora lo es todavía más. La propuesta del nuevo Gobierno plantea muchas dudas jurídicas que no sabemos cómo se van a resolver".

Además, Sánchez pone sobre el tapete que en enero de 2010 una subcomisión del Congreso apostó -con el apoyo de todos los grupos- por una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual, aspiración que, por las primeras declaraciones de los responsables de Cultura, figura aún entre las prioridades del PP.

Por estas y otras razones, Abel Martín Villarejo, director general de AISGE (la entidad que gestiona los derechos de actores, dobladores, bailarines y directores de escena), considera que hablar de "supresión" del "mal llamado canon no es más que un término electoralista y generador de confusión en un tema tan necesitado de claridad y rigor".

Mientras, desde el otro lado del espectro de intereses, Jesús Banegas, presidente de Ametic (la asociación que agrupa operadoras y empresas tecnológicas), va más allá. "Si los artistas quieren cobrar por un supuesto derecho por copia privada pueden subir el precio de sus obras cuando las lancen al mercado. La vía presupuestaria anunciada por el Gobierno del PP es un disparate. Si se aplicara en España un impuesto a todo el mundo para pagar a artistas... ¿a qué artistas? ¿de circo?, ¿por qué no a malabaristas? Si el canon es un disparate, eso es más disparate todavía. Si damos ese paso va a ser peor el remedio que la enfermedad".