El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a un matrimonio oriundo de la localidad de Pilar (Las Colonias) en el marco de una causa que investigó el abuso sexual de una madre a su hija de diez años, la cual además de los aberrantes hechos, era filmada y ofrecida a "clientes" que buscaban acostarse con la propia víctima y su progenitora.



El fallo fue resuelto por el tribunal de jueces camaristas conformado por José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría, quienes impusieron una pena de 14 años de prisión para la Gisela Marilin S., tras considerarla autora penalmente responsable del delito de "abuso sexual agravado por haber configurado un sometimiento gravemente ultrajante contra una menor de edad, siendo ascendiente de la víctima y aprovechando la situación de convivencia, en concurso ideal con el delito de corrupción agravada por ser la víctima menor de 13 años y por ser la autora su ascendiente; ambos en concurso real".

Además la declararon autora penalmente responsable de "producción y distribución por cualquier medio, de toda representación de un menor de dieciocho años dedicado a actividades sexuales explícitas y de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales". Corrupción agravada En tanto también fue sentenciado a diez años de prisión al padre de la víctima, Daniel Claudio R., al cual el tribunal lo encontró responsable del delito de "partícipe principal de los delitos de corrupción agravada por ser la víctima menor de 13 años y por ser la autora su ascendiente y autor del delito de distribución por cualquier medio, de toda representación de un menor de dieciocho años dedicado a actividades sexuales explícitas y de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, en concurso real".



La pena impuesta se ajustó en su totalidad a lo que solicitó en su alegato la fiscal auxiliar, Jimena Caula, quien solicitó que el matrimonio sea sentenciado a 19 y 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por los luctuosos episodios los cuales, se cree, ocurrieron entre el 2 de mayo del 2016 y se extendieron hasta el 30 de mayo del 2017, señaló Airedesantafe.



El fallo judicial ordenó también que se comunique de la resolución judicial a la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (delegación Oeste, Rafaela) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe, a la coordinadora del Centro de Denuncias y Asistencia y Orientación de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia como así también al Tribunal o Juzgado de Familia que corresponda para que tome cartas al asunto en torno a la niña víctima del caso como así también de sus hermanos. Una nota, un teléfono y el destape El caso salió a la luz luego de una denuncia anónima radicada en la Delegación Santa Fe de la Policía Federal (PFA) el 17 de junio del 2017. "Una mujer prostituye a su hija por plata", expresó el escrito que aportaba direcciones y además estaba acompañado por un teléfono celular el cual fue la llave que permitió deschavar los abusos que sufrió la víctima.



Es que en aquel teléfono había una serie de videos que dieron cuenta de cómo una mujer realizaba tocamientos "inverecundos" en las zonas genitales de una niña menor de edad. A partir de allí comenzaron una serie de trabajos de inteligencia que permitieron identificar a la abusadora y con posterioridad a quien era su esposo, los cuales residían en una vivienda de la localidad de Pilar, a ochenta kilómetros de la capital provincial.



Un mes después de aquella denuncia, el 17 de julio, el juez federal de Rafaela, Miguel Abásolo, hizo lugar al pedido del fiscal subrogante, Federico Grimm, para que la vivienda en la que residían Gisela Marilin S. y Daniel Claudio R., pueda ser allanada por pesquisas del programa "Rescate" y efectivos de la Policía Federal. El mismo dio positivo para los investigadores por lo que el matrimonio terminó detenido y a disposición de la Justicia.



En el caso de la mujer, por haber abusado de su hija, haberla filmado y además haber intentado mantener relaciones sexuales con la víctima y un hombre cuya identidad nunca logró ser establecida. Por su parte, el padre de la menor quedó implicado por haber tenido en su teléfono celular una serie de videos de la menor en momentos en que era abusada por su madre en la cama matrimonial. Un tal "Julián" Uno de los hechos que los investigadores lograron comprobar fue cómo la mujer -hoy condenada- ofreció a un tal "Julián" mantener relaciones sexuales con su hija de diez años. Ese ofrecimiento se dio luego de haberle enviado por medio de whatsapp, un video donde le mostraba los abusos que le efectuaba a la menor para así pautar un encuentro sexual.



Dichos abusos, eran cometidos cuando el esposo de la mujer, y padre de la víctima, se encontraba trabajando los martes, jueves y domingos en horas de la noche. Los mismos eran con el fin de que el "cliente" se acueste con la mujer y su hija por una suma de dinero pautada, que según estableció la investigación, iba a ser por $8.000.