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Con los nuevos escándalos de Donald Trump en materia migratoria, es decir, la cancelación de visas y de viajes para personas originarias de siete países cuya población es mayoritariamente musulmana, y con su suspensión más o menos indefinida para recibir refugiados de cualquier país, Estados Unidos empieza a recorrer un camino de gran peligro para todos. Pero esto no es necesariamente lo más grave que ha hecho Trump; en realidad las nuevas directrices incluidas en su decreto ejecutivo de la semana pasada sobre las deportaciones son mucho más graves.



El New York Times publicó el jueves pasado una serie de preguntas y respuestas a propósito de ese nuevo reglamento que es verdaderamente dantesco, o peor aún, una verdadera barbaridad en materia de derechos humanos. El decreto de Trump se centra en “cualquier persona que haya sido acusada de cometer un delito penal, aún si no ha sido sentenciado”. Incluye también a cualquiera que “ha cometido actos que constituyan un delito penal acusable”, es decir, cualquier persona que las autoridades piensen que ha violado la ley, haya sido o no acusado formalmente de un delito.



El decreto ejecutivo de Trump también se refiere a cualquier persona que se haya involucrado en “una falsa representación fraudulenta o dolosa en relación con cualquier tema oficial o cualquier solicitud ante una agencia gubernamental”. Esto incluye a cualquiera, y en particular a millones de mexicanos que hayan utilizado un número de seguridad social falso para obtener un empleo. Cualquiera que haya recibido una orden definitiva de salir de Estados Unidos pero que no lo haya hecho, también es una prioridad para las autoridades encargadas de la deportación.



Lo peor de todo es la definición de un criminal. El decreto ejecutivo lo define de manera muy amplia y ambigua, incluyendo a cualquier persona que haya entrado a Estados Unidos sin papeles. El gobierno de Obama, dice el artículo, que deportó a casi 400 mil personas al año durante sus primeros cinco años, al principio incluía delitos menores como robo en tiendas. Después dejó de incluir a estas personas como una prioridad para su deportación. La forma en la que está redactado el decreto de Trump puede afectar a cualquier persona prácticamente, a los 12 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos, con la excepción de los llamados DACA que están por ahora protegidos.



Bajo estas condiciones, prácticamente cualquiera de esos 12 millones de indocumentados puede ser acusado de un delito 'acusable' y por el mero hecho de ser acusado del mismo, puede ser deportado. Si la deportación incluye, ahora de manera obligatoria, la detención, el fichaje biométrico y la inhabilitación para entrar legalmente a Estados Unidos durante 10 años, esto puede volverse una verdadera tragedia para cientos de miles de familias mexicanas. Por ello se necesita ya un ejército de abogados al servicio de los consulados mexicanos, que puedan asesorar y en su caso defender a los indocumentados cuando sean objeto de este decreto draconiano. No hay nada que podamos hacer en contra de este decreto que sea más útil que la contratación de esos abogados. Salvo una quizás: denunciarlo todos los días en todas partes.



Twitter: @JorgeGCastaneda



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