“No estamos enfadados”, dice tranquilo, por teléfono y ya en libertad, Pascual Agustín Cruz, liberado por falta de pruebas este miércoles junto a José Ramón Aniceto Gómez. Los dos activistas indígenas llevaban dos años y 10 meses en la cárcel por un delito menor que, de fondo, tenía un conflicto por el agua en la comunidad de Atla, en el centro de la República. Pascual, de 49 años, y José Ramón, de 65, se disponen a volver a casa sin decidir si volverán a la carga por el acceso público al agua. “Queremos paz y agua para toda la gente”, resume renqueante Pascual (su lengua materna es el náhuatl y la mayor parte del español lo aprendió en prisión).

La Suprema Corte ordenó este miércoles la liberación de los dos únicos presos de conciencia de México –así los considera Amnistía Internacional (AI)-. Los dos indígenas, líderes de esta comunidad nahua, de unos 2.000 habitantes, trabajaban en un programa de universalización del agua potable que chocaba con los intereses de un grupo dedicado a la venta del agua. Tras un confuso accidente en el que, según su defensa, unos aliados del cacique del pueblo los intentaron atropellar, ambos fueron acusados del robo con violencia del vehículo y condenados a cumplir siete años en un penal de media seguridad del municipio de Huauchinango, a unas dos horas de su pueblo. La Suprema Corte ha reconocido ahora la falta de pruebas. Aunque la sentencia todavía no es pública, en la decisión también parecen haber pesado otras irregularidades, como la ausencia de traductores y abogados que hablaran la lengua nativa de los acusados.

El agua es para todos. El poquito dinero de impuestos que estamos pagando es para todos

“Esas personas son caciques y no les gustaba que nosotros hiciéramos trabajo para todo el pueblo. El agua es para todos. El poquito dinero de impuestos que estamos pagando es para todos”, reivindica Pascual. Frente al acceso gratuito que garantizaban las subvenciones de distintos gobiernos, asegura la abogada, el cacique cobraba a sus paisanos hasta 5.000 pesos (unos 300 euros) por toma.

Ahora a Pascual y a José Ramón les toca volver a Atla. “No tienen deseo de venganza”, subraya Araceli Olivos, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH). Lo primero que harán, dice Pascual, es “trabajar en la siembra”. Porque él tiene seis hijos, y José Ramón, ocho, y durante los tres últimos años no hubo dinero para ayudar a la familia, de pocos recursos. En la cárcel, los dos cosían balones. Cobraban seis pesos (unos 35 céntimos de euro) por unidad, y conseguían hacer dos al día. “A veces necesitábamos jabón, o papel higiénico, o se nos antojaba un cafecito, o leche. Pero no alcanzaba”, recuerda Pascual. ¿Y si no alcanzaba, qué? “Nos daban ranchito, pero no es lo mismo”. Pascual dice, escueto, que pasaron hambre. Y que sus familias, que no los podían visitar a menudo, “hasta lloraban”.

El caso fue llevado ante la Corte Suprema por los abogados del Centro PRODH, quienes presentaron este último recurso directo de amparo. Amnistía Internacional, que recogió unas 30.000 firmas por la liberación, ha subrayado que “estos tres años de injusticia son el reflejo de un débil sistema judicial, que lejos de garantizar seguridad y justicia se presta a perseguir a personas únicamente por el hecho de luchar por sus derechos”. "Lo más preocupante es que los fallos que caracterizaron este caso, lejos de ser desafortunadas excepciones, parecen más bien ser problemas estructurales característicos del sistema de justicia en México", ha denunciado Alberto Herrera, director ejecutivo de AI México, en un comunicado.

Amnistía Internacional y el centro PRODH insisten en que el delito no existió. “Un país en donde un caso fabricado de manera tan absurda tiene que llegar hasta la Suprema Corte para aspirar a un veredicto con justicia, es un país donde la justicia es poco más que un sueño. Es momento de que las autoridades mexicanas tomen las medidas necesarias para evitar que esto continúe perpetuándose”, ha asegurado Herrera, que insta a las autoridades judiciales a que revisen otros casos parecidos. En marzo, sin ir más lejos, hubo otra historia similar: una mujer indígena, Adela Ramírez, fue liberada en Chiapas tras siete años de cárcel por un juicio en el que no contó con intérprete a pesar de que no hablaba español.