Por Raúl Navas

En los últimos años y décadas, la burguesía se ha esforzado para que su ideología se trasmita y se asuma entre la sociedad. Se han multiplicado numerosos centros de estudios, periódicos, fundaciones, canales de televisión, periodistas afines al neoliberalismo, etc., que actúan como una caja de resonancia a favor de la ideología neoliberal y de los intereses del capital (en especial la patronal bancaria). La derecha y el capital han impuesto su lenguaje y reivindicaciones en base a dogmas que son repetidos por ministros, empresarios y medios de comunicación constantemente. Se han centrado en insistir: que lo privado debe sustituir imperiosamente a lo público, que se debe abaratar el despido y precarizar derechos para crear empleo, o que la estabilidad laboral es una autentica herejía.

Cuando en los actuales tiempos de crisis, los gobiernos recortan derechos laborales, llueve sobre mojado. Actualmente, se está profundizando bestialmente en las políticas seguidas en las últimas tres décadas que han desmantelado derechos históricos de la clase trabajadora. Unas políticas que han sido aplicadas en mayor o menor intensidad por todos los gobiernos desde la transición. A principios de los años 80 la patronal trabajó activamente por imponer un programa de ajuste, reconversión, aumento del poder empresarial y recorte de los derechos laborales. La CEOE no dudaba en hacer campaña (incluso electoral), pidiendo el voto a la derecha o prestando su apoyo a los sectores de la UCD mas ligados al poder económico, como la denominada “plataforma moderada”. El líder empresarial, Carlos Ferrer Salta criticaba la falta de empresarios en el parlamento, aplaudía la política económica de Reagan y Thatcher, y exigía la aplicación de una política laboral cuyo objetivo principal era precarizar a la clase trabajadora.

El PSOE en el gobierno

Los débiles e inestables gobiernos de UCD no consiguieron aplicar los planes estratégicos de la burguesía. Su política acabo por no agradar a nadie, ni a los capitalistas que exigían medidas más duras y urgentes contra los trabajadores para recuperar su tasa de ganancia, ni a la clase obrera, que veía como el peso de la crisis caía sobre sus espaldas.

Finalmente, la UCD pasó de obtener siete millones de votos en 1979, a un millón y medio en las elecciones de 1982. En aquellos comicios, el PSOE liderado por Felipe González, obtuvo un triunfo histórico, consiguiendo más de diez millones de votos (48.1%). Esta contundente victoria generó enormes ilusiones entre los trabajadores y la juventud, que veían en el nuevo gobierno una eficaz herramienta para que hubiese un autentico cambio. El PSOE había prometido reformas que de llevarse a cabo beneficiarían a la clase obrera: creación de 800.000 puestos de trabajo, mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, jubilación a los 64 años, etc.

Los primeros pasos del PSOE tras las elecciones fueron sintomáticos. No habían pasado ni quien días de la victoria electoral, cuando Alfonso Guerra y Felipe González mantuvieron una reunión con los representantes de la CEOE, Ferrer Salat, y José María Cuevas. Además Felipe González presidió su primer acto público en el desfile de la División Acorazada Brunete. Sus promesas electorales en el terreno social y laboral fueron abandonadas bajo la excusa de la “herencia recibida” de UCD. Disculpa comodín por parte de muchos gobiernos de todo el mundo a lo largo de la historia.

La política del PSOE desde el principio fue la de aceptar y gestionar el sistema capitalista y capitular ante los dictados de la banca y los empresarios. Esta política generó frustración y desengaño entre las masas, que pronto empezaron a preguntarse ¿Dónde está el cambio? Por otro lado, ni la Iglesia, ni el ejército, ni la banca y los empresarios tenían nada que temer. Todo lo contario, sabían que cuestiones como la reconversión industrial, privatizaciones, contrarreformas laborales, contención salarial, control del gasto público, etc., comprendían medidas de ajuste tan duro e impopular, que solo podían ser aplicadas por un partido como el PSOE. El capital, pronto comprobó que el PSOE en el gobierno no era ningún enemigo. Además nos encontramos en un contexto internacional en el que la socialdemocracia europea ya había empezado a olvidarse de prioridades como el pleno empleo, derechos laborales, ayudas sociales o los servicios públicos. Estos objetivos se habían subordinado a nivel internacional a otros como el control de la inflación, desregulación de las normativas laborales o programas de privatizaciones; siempre en beneficio del capital financiero. La socialdemocracia había abrazado completamente una ideología comprometida totalmente con el capitalismo.

Mientras la banca batía beneficios record en 1983, la CEOE exigía que para ese año la subida salarial fuese entre un 2 y un 6% inferior a la inflación prevista. Además se pretendía profundizar que el empleo temporal fuese la norma en detrimento del empleo estable. En febrero de 1983 se firmó el Acuerdo Interconfederal en febrero de 1983, por parte de UGT, CC.OO, CEOE y CEPYME. Se establecía la jornada laboral de 40 horas semanales (que se aplicaría mas tarde de lo prometido) y 30 días de vacaciones a cambio de moderación salarial. La patronal aseguraba que los topes salariales creaban empleo y continuó exigiendo rebajas en las cuotas empresariales a la seguridad social, despidos más baratos y fáciles, y legalizar los llamados contratos basura. El PSOE había prometido crear 800.000 puestos de trabajo, pero en dos años el país contaba con casi 500.000 parados más, gracias a una decidida política laboral que era ineficaz en la creación de empleo, pero que satisfacía las reivindicaciones de la patronal. En dos años de gobierno, según la EPA el paro había pasado de 2.235.000 a la cifra de 2.710.500 desempleados en septiembre de 1984. En toda Europa se tomaban medidas para desregular el mercado laboral con el argumento de combatir el desempleo en un contexto de paro creciente. Un ejemplo lo encontramos en la Republica Federal de Alemania, donde se superó los dos millones de parados en 1982, por primera vez desde 1954.

En 1983 encontramos algunas tímidas reformas en beneficio de la clase obrera. En mayo de ese año se aprueba que el personal laboral de la administración tuviera derecho a subsidio de desempleo. Además la Ley 4/1983 reducía la jornada laboral de 43 horas semanales en jornadas partidas o 42 en completos, a un máximo de 40 horas semanales. Después se aprobó un incremento del periodo mínimo de vacaciones anuales de 23 días a 30 días naturales. Desde entonces y al margen de las conquistas que propició la huelga general 14-D, cuesta encontrar más avances de este tipo. Aun así, la CEOE se revolvió por la aprobación de la jornada laboral de 40 horas, e incluso consideraban que podría ser inconstitucional. Una prueba más de que si por la patronal fuese seguiríamos en la edad de piedra.

Reforma laboral de 1984

Ante esta situación, desde el capital se repetía que para luchar contra el paro se debía precarizar el mercado laboral. En octubre de 1984 se firmó el Acuerdo Económico y Social, bajo la promesa de creación de Empleo. Almunia, como Ministro de Trabajo justificó el abandono de la promesa electoral de jubilación a los 64 años alegando que no era urgente ni prioritario.

En cambio se procedió a aprobar una nueva normativa que extendía la contratación temporal, que no aparecía en el programa electoral del PSOE. Concretamente fue la reforma laboral de noviembre de 1984 (Ley 32/1984) suscrita por el gobierno, la CEOE, CEPYME y con el apoyo inicial de UGT. Por su parte, CC.OO criticó el acuerdo, y en ese mismo año se llegó a hablar de Huelga General. La reforma permitía varias modalidades de contratación temporal con el objetivo de “incentivar la creación de empleo”. Desaparecía la necesidad de causalidad en los contratos temporales, y se utilizan para puestos que en realidad deberían ser estables. Se impulsaba el contrato a tiempo parcial y se establecía la posibilidad de despido colectivo en empresas de menos de 25 trabajadores. También se extendía la polivalencia en las funciones del trabajador y la productividad y los complementos en el salario. Una vez más, estos se ataques se justificaba con la excusa de la crisis económica y la promesa de crear empleo.

En esta reforma se encuentran los inicios de los contratos basura y la legalización del fraude en la contratación temporal. Se imponía la temporalidad como la norma general para contratar y se autorizaban hasta 14 formas de contratación temporal. La patronal por fin había conseguido el uso del contrato temporal de forma descausalizada. No hacía falta acreditar razón alguna por la cual el empresario establecía un contrato temporal y no uno indefinido. La nueva normativa autorizaba hasta 14 formas de contratación temporal, como “excepciones al principio general de la contratación indefinida”. Aparecían modalidades como: contrato de fin de otra, contrato por circunstancias de la producción, contrato de interinidad o contrato por lanzamiento de una nueva actividad. Además aumentaba la duración máxima de los contratos en prácticas y formación, se eliminaban los topes a la contratación temporal en función de la plantilla y se potenciaban los contratos a tiempo parcial. También se introducían numerosas bonificaciones fiscales para los empresarios, de hasta 400.000 pesetas por contratar a mayores de 45 años, e incluso deducciones de 500.000 pesetas en el impuesto de sociedades por contratar a jornada completa.

Una vez más, esta normativa basada en la precarización era justificada con la promesa de creación de empleo. En el pleno del congreso, el 1 de marzo de 1984, Almunia decía lo siguiente:

“Esta reforma no va a producir 1.000 empleos diarios, como otro ministro afirmó aquí al presentar el Estatuto de los Trabajadores, pero estamos convencidos de que es la única fórmula posible para generar el máximo empleo”. 1

Es decir, desde el PSOE se asumía claramente la mentalidad empresarial y defendían que la precarización era la única manera de crear empleo y combatir el paro. Por tanto, no era de extrañar que representantes del capital alabaran la política económica del PSOE. A estas alturas los representantes del capital aplaudían la política económica de Felipe González. Desde la CEOE, José María Cuevas aplaudió públicamente al gobierno por haber aprobado la nueva normativa de contratación temporal, resaltando que no habían conseguido que otros gobiernos anteriores aceptaran aprobar una legislación laboral de este tipo. Cuevas llego a referirse a Felipe González en 1984 como un “gran converso”. Otro ejemplo lo tenemos en Rodolfo Martin Villa, ex ministro de UCD y político del régimen durante de la dictadura de Franco, quien dijo en el periódico Cinco Días: “Suscribo la política económica del gobierno, porque no me parece, ni muchos menos de izquierdas2”.

La normativa laboral de 1984 tuvo un impacto muy negativo en el empleo estable. Un estudio realizado por CC.OO en 1989 señalaba que un 80% de los contratos eventuales de fomento del empleo eran irregulares, debido a la generalización del fraude en la contratación temporal. Se comenzaron a realizar contratos por obra y servicio sin detallar nada más que esas dos palabras. Se señalaba que solo en 1988 se habían firmado 1.9 millones de contratos eventuales, y además se denunciaba que la tasa de temporalidad había pasado de un 10% antes de la reforma de 1984 al 31.5% en 1990.

Agresión contra las pensiones públicas

El poder adquisitivo de los salarios reales se había deteriorado más de un 3% en 19843. Tras atacar los salarios e imponer la precarización en los contratos laborales, el siguiente paso del gobierno fue atacar las pensiones públicas. En 1985 se aprobó la Ley de Pensiones (Ley26/1985 de Medidas Urgentes por la Racionalización de la Estructura y Acción protectora de la Seguridad Social), que fue la actuación más impopular y contestada en la primera legislatura de Felipe González. La ley endurecía las condiciones para tener derecho al cobro de pensiones y reducían la cuantía económica de las mismas. Aumentaba de 8 a 10 años, el mínimo de tiempo cotizado para acceder a una jubilación. Además se modificaba el sistema de cálculo de prestación en perjuicio del pensionista, eliminando el derecho de escoger los dos años cotizados de los últimos 10 como base de cotización y se establecía que el cómputo se hiciera en base a 8 años. Así, el gobierno conseguía que muchas mujeres quedaran fuera o con pensiones muy bajas. Esta contrarreforma laboral fue respondida por una Huelga General el día 20 de junio de 1985, convocada por CCOO y CNT, pero sin el respaldo de UGT. Aunque Nicolás Redondo, entonces secretario general de la UGT y diputado del PSOE, rompió la disciplina de partido y voto en contra de la ley en el parlamento.

Posteriormente no se aposto por endurecer el conflicto y la reforma no pudo ser detenida. Incluso dos años después, tuvo lugar la aprobación de la Ley 8/87 de Fondos de Pensiones allanaba el camino a la privatización y su gestión por bancos y empresas.

Reconversión industrial y huelga general del 14-D

Los planes estratégicos de la burguesía española no estaban plenamente aprobados. Pretendían seguir recuperando los niveles de tasa de ganancia anteriores a la crisis de los 70 a base de aumentar el nivel de explotación de la clase obrera. La CEOE exigía controlar el gasto público, más incentivos fiscales para los empresarios, rebajas de los tipos de interés, reducción de las cotizaciones empresariales a la seguridad social, facilidad para despedir, y más contratos basura. Además de pretender la destrucción de derechos laborales, exigían aplicar cuanto antes una gran reconversión industrial. El capital sabia que lo que ellos y sus gobiernos no se habían atrevido a realizar lo estaba haciendo ahora un gobierno del PSOE, con influencia entre las masas. En las elecciones de 1986, la CEOE tuvo una postura completamente diferente a la defendida en 1982, y por tanto no hicieron ninguna campaña electoral contra el PSOE. En 1986, Cuevas llego a decir que González compartía las tesis económicas de la patronal.

En este contexto, la burguesía española apoyo de forma entusiasta la llamada Reconversión Solchaga, que suponía destrozar industrias como la siderúrgica o naval. Se impulsaron los despidos y cierres en las empresas industriales, que golpeaban a los batallones pesados del proletariado español. Los altos hornos de Sagunto, la industria naval y siderúrgica fue desmantelada. La Ley de Reconversión de julio de 1984, profundizaba en esa línea. Durante la aplicación de estos planes se destruyeron 2.700.000 millones de empleos, con un impacto tremendamente negativo en el empleo estable.

Junto a esta política, el gobierno intento hacer semiconcesiones incumplidas, como La Ley de Protección del desempleo, que prometía un aumento de las prestaciones del desempleo hasta alcanzar al 48% del total de los parados registrados en el INEM en 1986. Pero a finales de ese año la tasa de cobertura solo alcanzaba al 42%.

Tras la reforma laboral de 1984, la de pensiones de 1985 y con una reconversión industrial muy avanzada, el gobierno presento en 1988 la Ley de Empleo Juvenil. Ese año también se había presentado una reforma laboral parecida en Portugal que precarizaba las condiciones de trabajo de los jóvenes menores de 25 años, que fue contestada con una huelga general en marzo de 1988.

La reforma laboral presentada por el gobierno del PSOE fue la gota que colmo el vaso para la convocatoria de una Huelga General el 14 de diciembre de 1988. Se exigía la retirada del Plan de Empleo Juvenil, recuperación del poder adquisitivo perdido, derecho de negociación publica para funcionarios, equiparación de las pensiones mínimas al SMI, incremento de la cobertura de desempleo, establecer un plan de empleo, etc.

La huelga fue un rotundo éxito, que incluso fue reconocido por el propio gobierno, quien sufrió un doloroso golpe político. La CEOE exigió que no se retirase la reforma laboral y no se cediera al “chatanje sindical”, aunque ellos mismos tuvieron que admitir subidas salariales superiores al 5% para 1989. Por otra parte, Felipe González se vio obligado a retirar el contrato de inserción para jóvenes y su Plan de Empleo Juvenil, e incluso a asumir reivindicaciones ofensivas de los trabajadores. Se consiguió la implantación de las pensiones no contributivas, el derecho de los funcionarios a la negociación colectiva, ampliación de la cobertura del seguro de desempleo, cierto control sindical sobre contratos de trabajo, un incremento en el gasto social, etc.

En 1990 se consiguió el control sindical parcial sobre información de los contratos de trabajo, y la patronal exigió que se pusiera fin a la política de concesiones. Ese año se cerró un ciclo muy alto de conflictividad laboral, traducido en importantes conquistas laborales y salariales. Según un informe del Ministerio de Trabajo, en el periodo 1986-1990 España fue el segundo país de la CE con mayor índice de huelgas.

Este periodo de semiconcesiones se cerró tras la caída del Muro de Berlín con un profundo giro a la derecha que allanó el camino para la aprobación de posteriores contrarreformas laborales y de pensiones. La burguesía tuvo un poderoso regalo para profundizar en su ofensiva ideológica en un contexto en el que se multiplicaban los defensores de la economía de libre mercado, con toda su lógica (incluido el libre despido). La ideología burguesa se impuso en casi todas las esferas sociales y elites políticas y sindicales, de manera que comenzó a ser pecado defender una propuesta que fuera contra la libertad de empresa. Incluso la defensa de la estabilidad en el empleo pasó a ser considerado una herejía o algo “pasado de moda”.

Se inició un nuevo periodo, que también debe se estudiado para comprender el proceso de precarización que hemos sufrido. La comprensión histórica de esto procesos debe un paso necesario para emprender activamente la tarea sindical de luchar por dar un vuelvo al panorama laboral actual y poner fin a esta correlación de fuerzas tan desfavorable entre capital y trabajo.

Las ultimas contrarreformas laborales de Felipe González: ataques al subsidio de desempleo

En el sistema capitalista ninguna victoria es eterna hasta el derrocamiento revolucionario del mismo. Por tanto siempre que un gobierno hace concesiones con una mano, intenta quitártelos con la otra en ese momento o más adelante, tal y como ocurrió en los años 90. En 1991 según la EPA había 2.463.700 parados, y desde el gobierno se aseguraba que era necesario recortar el subsidio de desempleo y precarizar los contratos para crear empleo. En esta situación, en abril de 1992 el gobierno aprobó un Real Decreto con el apoyo de CiU y la abstención del PP, que recortaba las prestaciones del paro, tanto en su cuantía como en su duración, y que endurecía las condiciones para acceder a cobrar el paro, en un momento en el que había 1.3 millones de parados que no recibían ningún tipo de prestación. La nueva normativa establecía que el requisito para cobrar el subsidio consistía en que debías haber trabajado al menos 360 días para cobrar seis meses de prestación como tope. Hasta entonces seis meses cotizados concedían el derecho a tres meses de prestación, por tanto se endurecía su acceso. Además se reducía el cálculo de la prestación para disminuir su cuantía. Estas medidas contradecían al programa electoral del PSOE de 1989 que prometía un aumento en la protección a los desempleados. También entraba en contradicción el hecho de que el propio PSOE se había opuesto en su día a la ley de empleo de UCD de 1980, mientras que doce años más tarde aprobaban en el gobierno una reforma parecida y con el mismo objetivo.

El objetivo consistía en disminuir el número de parados con derecho a prestación y disminuir el gasto público en subsidios en desempleo. En 1993 las prestaciones por desempleo dejaron de estar financiadas en los presupuestos, mientras que la cobertura del subsidio disminuyó sustancialmente entre el conjunto de parados.

El decretazo del gobierno también aumentaba la duración de los contratos temporales. Concretamente, el contrato temporal de fomento del empleo pasa de tener un tope de seis meses, a un año. También se suprimían las becas para que los parados participaran en cursos de formación.

El gobierno justificó esta reforma laboral alegando que se debía cumplir con el Tratado de Maastricht. Un Acuerdo europeo que exigía una reducción del gasto público. También se justificaba con argumentos parecidos a los que se utilizan ahora: “son medidas que no nos hubiera gustado tomar”, “no hay alternativa”, etc. El entonces ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, decía lo siguiente en El País:

“Créanme que el Gobierno no toma esta medida alegremente, la toma con una cierta preocupación. Cuando decidimos las medidas concretas, después de una discusión bastante profunda en relación con muchas alternativas que barajamos, lo hicimos con preocupación, porque somos conscientes de que modificamos una ley que tiene incidencia social en colectivos que van a ver reducidas sus prestaciones. Pero hemos encontrado un equilibrio entre la incidencia social y el resultado económico, y la satisfacción que puede producir es que frente a ese desequilibrio financiero no dejamos a ninguna persona desprotegida”. 4

No fue una reforma pactada y CC.OO advirtió con una respuesta más contundente que en 1988, aunque finalmente solo fue contestada con una Huelga General de doce horas, para el 28 de mayo de 1992 (en Enseñanza fue de 24 horas por la reducción del gasto educativo), donde también se protestaba contra un proyecto de ley de huelga, exigiendo a su vez planes de reindustrialización. Los sindicatos mayoritarios tantearon con una huelga general en octubre de 24 horas si el gobierno no retrocedía, pero no cumplieron con las expectativas. Pese a la tibia respuesta sindical, la CEOE cargó contra la huelga, incluso exigiendo su ilegalización. La patronal mostró su apoyo al gobierno mientras que se intensificó una campaña contra los parados, con promesas de creación de empleo. El gobierno, con el apoyo de la CEOE no dio marcha atrás. Se seguía al dictado las recomendaciones del FMI de 1992 que recomendaban reducir las prestaciones por desempleo, pese a que una encuesta del CIS de mayo de 1992 señalaba que el 73% de la población rechazaba los recortes en el gasto público en desempleo.

El ministro Solchaga aseguró que la reforma estimulaba que la gente buscara empleo. Pero pese a la promesa de creación de empleo, durante el primer trimestre de 1993 el número de parados se incrementó en 169.286 personas. Además según datos del Instituto Nacional de Estadística la tasa de desempleo paso del 20.3% en 1992 al 24.1% en 1994. Año en el que Solbes apuntaba a la creación de 150.000 empleos, mientras España se situaba como país de la OCDE con la tasa de paro más alta.

La reforma laboral de 1994: vía libre a las ETTs y a los contratos basura

Un informe del FMI sobre España publicado en octubre de 1993 recomendaba facilitar el despido, el empleo temporal, la movilidad geográfica y el poder empresarial para modificar jornadas y funciones al trabajador. Mientras tanto, la patronal volvió a la carga insistiendo en las “rigideces del mercado laboral” y la “dificultad de despedir”. Aunque un informe de CC.OO de 1993 señalaba que en los últimos 10 años habían sido despedidos 2.3 millones de trabajadores.

El gobierno siguiendo los dictados del FMI y la CEOE volvió a la carga con más precarización y a finales de ese año presentó una nueva y profunda reforma laboral (Ley 11/94 y la Ley/1994 de Medidas urgentes de fomento de la ocupación) que ponía patas arriba el Estatuto de los Trabajadores y otras normativas laborales. Se incluía la puesta en vigor de una nueva modalidad de contratación más precaria para los jóvenes en paro. Esto significaba la generalización de “los contratos basura” y la legalización de la precarización gracias a la Ley 14/94 que legalizaba las Empresas de Trabajo Temporal. El gobierno quería justificar estas medidas alegando que la tasa de paro era muy alta (24%), mientras que la CEOE achacaba el alto índice de paro a la retirada del plan de empleo juvenil de 1988. José María Cuevas lo resumía así:

“Al dinamitar el Plan de Empleo, Juvenil, el 14-D contribuyó a que hoy estén parados 25 de cada 100 españoles (proporción que llega al 40% entre los jóvenes). Precisamente ahora uno de los puntos clave de la reforma laboral es resucitar el Plan de Empleo Juvenil a través de los llamados "contratos de aprendizaje". ¿Volveremos a permitir que unos sindicatos insolidarios y cegatos vuelvan a oponerse a cualquier reforma que nos saque del atolladero actual?”. 5

Por tanto, la excusa era la misma y una vez más se utilizaba en la exposición de motivos de las leyes, la crisis económica y la promesa de crear empleo para recortar derechos. En resumen, la reforma laboral consistía en aprobar la tabla reivindicativa de la CEOE:

Romper con el Monopolio del INEM para colocar a parados.

Aumento de las causas de despido objetivo, como las organizativas y de producción.

Se facilitaba la introducción en los convenios de normas basadas en la precarización y se allanaba el camino para aplicar movilidad geografía o funcional.

Se reducía la eficacia y generalización de los contenidos de los convenios colectivos, apuntando a una convergencia a la baja en derechos laborales.

Potenciación de las relaciones individuales en detrimento de la negociacion colectiva.

Legalización de las ETTs.

Creación de un contrato precario, llamado de aprendizaje.

El capital acusaba a quienes se oponían a estas medidas de despreocuparse de los parados. Esta es y ha sido la excusa preferida de los capitalistas para atacar la estabilidad en el empleo. Incluso el gobierno del PSOE decía que la reforma laboral era “progresista”. José Antonio Griñan, entonces el ministro de trabajo, decía que se pretendía “evitar despidos” y justificaba así la nueva agresión a los trabajadores: “Se trata de enriquecer la negociación colectiva; eliminar obstáculos al mantenimiento y creación de empleo”. 6

La nueva normativa contó con el apoyo de la CEOE y el Círculo de Empresarios. En diciembre de 1993 el real decreto-ley que modificaba la contratación fue aprobado en el parlamento con 317 votos a favor (PSOE-PP-CiU-PNV-PAR), 22 negativos (IU, ERC y CC), y dos abstenciones (EA-UV).

El ataque fue respondido con una huelga general convocada por UGT, CC.OO y CGT para el 27 de enero de 1994. Un grupo de 500 personas compuestas por catedráticos, inspectores de trabajo y abogados laboralistas elaboraron un manifiesto contra la reforma laboral y en favor de la huelga general. El documento alertaba de que la nueva normativa iba a generar indefensión entre los trabajadores.

La huelga tuvo una gran incidencia y seguimiento, aunque sin llegar a los niveles del 14-D. CiU amenazó con retirar el apoyo parlamentario al gobierno del PSOE en minoría si Felipe González daba marcha atrás. IU ofreció negociar su texto alternativo sin éxito. La huelga no consiguió sus objetivos de retirar la reforma laboral y los sindicatos mayoritarios UGT y CC.OO no sacaron la conclusión de que era necesario endurecer la movilización, sino todo lo contrario. Desde entonces las cúpulas sindicales profundizaron en una política sindical basada en los pactos, la desmovilización y en el “mal menor”. Mientras tanto el mercado laboral se precarizaba a pasos de gigante en un ambiente de retroceso en la conciencia social y de clase. Se abandonó cualquier planteamiento movilizador, lo que ocasionó el surgimiento del sector crítico en CC.OO y el enfrentamiento de la cúpula de este sindicato con el PCE y Julio Anguita. Tras la huelga general, se puede destacar la manifestación de enero de 1995 convocada por la Plataforma Cívica por los Derechos Sociales, aprovechando el primer aniversario de la Huelga General, con el lema: “Por los derechos sociales y contra la reforma laboral y el ataque a las pensiones”. El manifiesta estaba firmado entre otros por Julio Anguita, Marcelino Camacho, Luis Eduardo Aute, Rafael Alberti o Antonio Gala.

Durante la última etapa de Felipe González en el gobierno, tuvo lugar el inicio de la recuperación económica, con el efecto de detener el nivel destrucción de empleo. Según datos del Ministerio de Economía, en 1995 los empresarios despidieron a 322.314 trabajadores, un -11.8% que en 1994. La tendencia de aumento del paro fue sustituida por la creación de empleo precario en un contexto de crecimiento económico. Pese a la promesa de que esta reforma laboral iba a crear empleo indefinido, los datos del INEM y la EPA señalan que de los 8.60 millones de contratos realizados en 1996, solo hubo 204.235 contratos indefinidos, mientras que el 96% fueron temporales. Además, según los datos que suministró el Ministerio de Trabajo en el informe titulado “La contratación y paro registrado en 1996”, el 70% de los contratos de 1996 tuvieron una duración inferior a tres meses y el 50% no llegaron a un mes. Solo el 0.42% fue superior a doce meses. Las ETTs hicieron proliferan contratos que incluso solo tenían la duración de un día, produciéndose trabajadores con cerca de 15 contratos al mes.

Con estos datos no es de extrañar que una encuesta del CIS publicada en enero de 1996 señalara que siete de cada diez españoles consideraban que la reforma laboral contribuía poco o nada en la creación de empleo.

Pero pese a que el gobierno del PSOE continuaba tomando medidas que beneficiaban al capital, la patronal empezó a apostar por un gobierno del PP que abordara de lleno sus reivindicaciones pendientes, como un abaratamiento del despido o privatizaciones masivas. Ya en 1994, Cuevas dio su apoyo públicamente a Abel Matutes como candidato a las elecciones europeas por el PP. Además comenzó a pedir elecciones anticipadas.

Durante los años 80 y principios de los 90, el PSOE no solo se había derechizado a sí mismo, sino que había trabajado duro para derechizar a la sociedad. Las políticas procapitalistas aprobadas durante casi 14 años, allanaron el camino a la victoria de la derecha de Partido Popular en las elecciones de 1996, que una vez en el poder, procedió a aplicar su agenda neoliberal y de recorte de derechos laborales.

Notas:

1 El País, 02/03/1984. El ministro al que se hace referencia es Rafael Calvo Ortega.

2 Cinco Días, 02/01/1985

3 El País, 25/01/1985

4 El País, 22/04/1992

5 -José María Cuevas, “Derecho a la huelga, derecho al trabajo”. El País, 15/01/1994

6 -José Antonio Griñan, “Reforma laboral, un compromiso y una necesidad. El País, 26/01/1994