Imagen: detalle ilustración de tapa del X Informe de la CPM - Autor Rocambole

El sistema de la crueldad

“Si no se modifica la política criminal y el sistema deja de encarcelar a los sectores pobres en forma masiva no hay ninguna posibilidad de cambio”, dice con evidente pesimismo Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, consultado por La Izquierda Diario sobre el informe anual de este organismo respecto de las personas en condición de encierro y privadas de su libertad en territorio bonaerense.

Según el relevamiento de la CPM, a fines de 2015 la población detenida a disposición del Poder Judicial, incluyendo detenidos en comisarías, establecimientos de otras provincias y bajo arresto o prisión domiciliaria, alcanzó su récord histórico: 39.927. Acorde a los partes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en promedio el 56 % de los detenidos durante el año pasado estaban en condición de procesados, es decir presos en forma preventiva sin que se haya determinado su inocencia o culpabilidad.

El informe que lleva el título El sistema de la crueldad, y que será presentado el martes 27 a las 18 en el anexo del Senado bonaerense, da cuenta de las violaciones a los derechos humanos derivadas de la política criminal del gobierno saliente, conducido por Daniel Scioli desde el año 2007.

“La población carcelaria sigue creciendo en un sistema que está colapsado y desbordado. Esta superpoblación -a la que preferimos definir como “sobrencarcelamiento”- provoca niveles cada vez mayores de hacinamiento y, a la vez, un agravamiento de las condiciones de detención, tanto en las unidades penitenciarias como en las comisarías y centros cerrados para menores de 18 años”, dice la CPM en la introducción de su dossier 2016.

Entre una maraña de datos, apabulla que de las casi 3.600 causas contra agentes de seguridad y penitenciarios, sólo 11 están caratuladas como “torturas”, siendo que todas se refieren a variantes de ese mismo delito aberrante. Y el porcentaje de elevación a juicio de esos casos es inferior al 3 %.

“El informe muestra un cuadro de graves violaciones a los derechos humanos que se vienen profundizando porque siguen las mismas políticas penitenciarias de seguridad, el sistema ya está colapsado desde hace diez años, estamos cerca de las 40 mil personas para un sistema que tiene plazas para la mitad; ya no hablo de un cupo respetuoso de los estándares internacionales de derechos humanos sino del que define el Ministerio de Justicia sin ninguna concepción progresista. Ellos tienen 20.600 plazas para, repito, casi 40 mil”, describe García.

Mientras las cifras impactan por su contundencia, el secretario de la CPM explica que este “hacinamiento de hecho, o sobreencarcelamiento, es parte de la forma de gobierno de la población carcelaria, porque no se da en todos lados, en algunas partes hay dos o tres presos en una celda para uno, pero en otros pabellones el cupo está bien, y estas diferencias sólo responden a lógicas del propio gobierno carcelario”.

Datos duros

El detallado monitoreo del organismo arroja éstos datos salientes:

En 2015 se produjeron al menos 145 muertes por cárcel en la provincia: más de 12 muertes por mes; más de 3 muertes por semana. Este incremento acompaña el agravamiento general de las condiciones de encierro, puesto que la mayor parte son provocadas por estas condiciones. De las 145 muertes ocurridas durante 2015, el 65 % fue por enfermedades curables no asistidas, como por ejemplo la tuberculosis, que produjo 15 muertes.

La CPM realizó 6.719 entrevistas a personas detenidas o sus familiares. En estas entrevistas se registraron 18.557 hechos de agravamiento de las condiciones de detención de las personas detenidas, que dieron origen a 3.916 habeas corpus o acciones urgentes en las que se denunciaron judicialmente 12.787 hechos de torturas o malos tratos.

De los 18.557 hechos de violencia registrados, 2.710 dan cuenta de situaciones de nula o deficiente atención médica y la falta o escasez de medicamentos prescriptos. A partir de estas entrevistas se interpusieron 3.219 presentaciones judiciales urgentes, de las que 1.883 denunciaban la falta o deficiente atención grave de la salud.

El año pasado se iniciaron 3.582 causas -superando las 2.998 de 2014- en las que se investiga a agentes de una fuerza de seguridad, de las cuales 1.275 son denuncias contra agentes penitenciarios. Un 73,2 % de ellas se caratularon como apremios ilegales o severidades y vejaciones, que son delitos con penas menores, y sólo 11 casos, es decir un 0,3 %, como torturas. De las 1.275 denuncias sólo el 2,6 % del total se elevaron a juicio.

El régimen penal juvenil se fue asimilando al de adultos creando verdaderas cárceles para adolescentes, que aumentaron al ritmo de la cantidad de detenidos menores de 18 años: hoy alojan a 600 jóvenes. Sobre una muestra de 464 casos se comprobó que sólo el 11 % tiene sentencia. En 2015 hubo dos muertes totalmente evitables en centros de detención para jóvenes.

En 129 entrevistas realizadas a jóvenes tanto en las cárceles de la SNyA (Sistema de Niñez y Adolescencia) como de manera telefónica, durante 2015 se han registrado 226 hechos de violencia por parte de quienes tienen por función su custodia (asistentes de minoridad), los que dieron lugar a la presentación de 79 habeas corpus o acciones urgentes.

Hay más de 12.700 personas adultas privadas de libertad por razones de salud mental que se encuentran bajo proceso o seguimiento judicial. La mitad está alojada en instituciones públicas. En las distintas inspecciones realizadas por la CPM hemos podido constatar la sistemática vulneración de derechos elementales de los usuarios del sistema privados de libertad. Durante 2015 sólo en dos de los grandes monovalentes (dependencias psiquiátricas) se registraron 74 muertes sobre una población internada promedio de 1.489 personas. Esto arroja una tasa bruta de mortalidad de 49,69 cada 1.000, muy superior a lo ocurrido en el mismo período en todo el sistema penitenciario de la provincia, donde la tasa fue de 4,25 muertos cada 1.000 personas.

Pese a la sanción de las leyes 13.298 y 13.634 (que habían establecido el fuero de la Familia y el Niño) y la derogación del decreto-ley 10.067/83 (del Patronato del Menor), en la actualidad se constata la existencia de una práctica naturalizada de alojamiento de niñas, niños y adolescentes en dependencias de la Policía de la provincia de Buenos Aires, que permanecen ajenas a los controles de legalidad judicial y de los operadores destinados a garantizar el interés superior del niño.