El líder del partido responde así al informe sin sello ni firma que les acusa de financiación ilegal y que ha terminado en el Tribunal de Cuentas mientras era rechazado por la Fiscalía del Supremo

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, tendría que dimitir si finalmente se demuestra que su ministerio ha utilizado a la Policía para "atacar" a un partido político, en referencia al informe sobre la supuesta financiación irregular del partido realizado por la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, sin sello ni firma, y remitido al Tribunal de Cuentas por la Udef ,mientras era rechazado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

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"Sería muy grave y preocupante que en nuestro país el Ministerio del Interior estuviera utilizando agentes de la policía, que están para protegernos a todos, para atacar a una formación política. Si eso finalmente se demuestra, el ministro del Interior en funciones debería dimitir porque se trataría de un ataque grave a la democracia", ha afirmado a la prensa Iglesias antes de la entrega de la II Premios EFE Cultura.

Iglesias ha insistido en que es "positivo" de que se investigue la financiación de los partidos y, por ello, ha dicho tener las "manos abiertas y toda la disponibilidad para que se investigue todo lo que hay que investigar".

Aún así, ha recordado que en los últimos años Podemos ha sido "objeto" de varias denuncias que finalmente fueron archivadas. "Nos faltarían dedos de la mano para contar las querellas de las que hemos sido objeto que siempre se archivan", ha apuntado.

La última de estas querellas fue la presentada por Manos Limpias ante el Tribunal Supremo y que se basaba en el conocido como Informe PISA, que recopila recortes de prensa e información parcial para imputar a Podemos una decena de delitos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación ilegal.

El informe fue realizado por orden de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, dirigida por Eugenio Pino. El documento se remitió desde ahí a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef). Esta unidad, que funciona como Policía Judicial, lo puso a su vez en conocimiento de la Agencia Tributaria, que de momento no se ha pronunciado. Y, a principios de febrero, del Tribunal de Cuentas, un órgano administrativo que depende de las Cortes Generales sin ninguna relación con el Poder Judicial.

La DAO puso en marcha en 2014 una unidad secreta de la Policía para rastrear información comprometedora de políticos independentistas y airearla en medios de comunicación. Algunas de aquellas revelaciones quedaron en nada.