Jaime Rodríguez Calderón llegó a la gubernatura de Nuevo León en buena medida por sus fuertes críticas al gobernador priista Rodrigo Medina y por sus atractivas ofertas de campaña. Ahora argumenta que no conocía la dimensión del desastre en las finanzas y se desdice de sus promesas electorales. Y lleva sólo dos meses en el cargo.

MONTERREY, NL. (Proceso).- El arranque del sexenio de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, ha sido titubeante.

En sus dos primeros meses de gestión, colisionó de frente con el Congreso de Nuevo León y tuvo que reconocer el incumplimiento de promesas de campaña como la de eliminar la tenencia vehicular: ahora la respalda con el argumento de que el estado está quebrado y necesita recursos para aliviar el déficit.

Además debe cargar con el compromiso de la anterior administración con la armadora coreana Kia, próxima a inaugurarse en la entidad. Rodríguez dice que el pacto es abusivo y lo renegociará, pues a la trasnacional se le regalaron como incentivos miles de millones de pesos.

Pero el mayor problema de carácter político es la sombra del exgobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz, a quien El Bronco responsabiliza de todos los males pero aún no se anima a llevar ante la justicia.

Con un gobernador independiente, que no puede seguir la costumbre de enviar sus propuestas para que las impulse la fracción de su partido en el Congreso, el PRI y el PAN responder a Rodríguez Calderón con acuerdos previos; juntos forman mayorías simple y calificada para mover como deseen los acuerdos y, en su momento, las leyes.

Para colmo, los partidos y sus dirigentes están rebasados. El PRI viene de perder la gubernatura y el PAN, tercera fuerza política, tiene un nuevo dirigente que carece de liderazgo. La línea que envían a sus bancadas es ignorada. Los que mandan son los diputados.

Ellos decidirán el presupuesto para 2016, que sigue contemplando el cobro de la tenencia vehicular.

En campaña, El Bronco ofreció eliminar el impuesto de la tenencia vehicular. “Pagarla o comer bien”, ofreció. Aunque ese cobro fue derogado en 2011 por el presidente Felipe Calderón, estados como Nuevo León decidieron conservarlo.

Sin embargo, ya como gobernador Rodríguez Calderón dijo que el estado no tiene recursos y por lo tanto no emprenderá obra pública en los primeros seis meses. También suplicó a los legisladores que no quitaran la tenencia. Incluso hubo un acuerdo inicial para retirarla gradualmente que el mandatario vetó.

(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2039, ya en circulación)