Pensiones con el IPC y salario mínimo de 900 euros: este es el acuerdo presupuestario

Durante esta madrugada, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han cerrado un acuerdo presupuestario que incluye varias medidas como un incremento del salario mínimo interprofesional de 164 euros hasta llegar a 900 euros y una subida de las pensiones acorde al IPC, tal y como han estado demandando los pensionistas en las sucesivas protestas que han tenido lugar durante los últimos meses.

En el preámbulo del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos se incide en el fracaso de la receta de austeridad para salir de la crisis y se defiende la necesidad de unos presupuestos que sirvan para "coser la brecha social, reducir la desigualdad, la precariedad y la pobreza", así como para "recuperar el pacto con la ciudadanía".

Ahora, los Presupuestos deberán pasar el filtro de Bruselas y tendrán que ser negociados con el resto de grupos políticos en el Congreso, especialmente con PNV, PdCat y ERC, que serán clave. Más allá del complejo camino hacia su aprobación, el acuerdo supone una hoja de ruta de un Gobierno progresista, que será con toda probabilidad un reclamo electoral cuando lleguen las generales.

En el ámbito de las pensiones, el documento aclara que en el caso de que la inflación de diciembre de 2018 supere el 1,6% de revalorización inicial previsto en la Ley de Presupuestos de este año, los pensionistas "recibirán una paga compensatoria para compensar la desviación". Asimismo, "las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3% dada la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los perceptores de las mismas".

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En materia de vivienda, se ampliará el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de tres a cinco años para personas físicas y a 7 en el caso de que el arrendador sea una persona jurídica. También se aumentará en 20.000 el número de viviendas en alquiler a precios asequibles en un plan a cuatro años y se elaborará un plan de actuación de SAREB "para garantizar la firma de convenios con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales". Para poder sacar más vivienda al mercado a precios asequibles, "se establecerá un marco legal que defina la vivienda vacía y al gran “tenedor de vivienda”. El empleo supone otro gran bloque de medidas. Se sube el Salario mínimo interprofesional a 900 euros y se promete derogar "antes de finalizar 2018", los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, entre ellos "ampliar el régimen de no caducidad del convenio colectivo", la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores "para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados" o modificar el 34 "para incluir la obligación de registrar diariamente el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador", evitando que haya horas extra que no se paguen. En el campo de los autónomos, se reformará "dentro de 2019" su sistema de cotización "para vincularlo a los ingresos reales", se combatirán a los falsos autónomos con medidas como determinar en la ley "la presunción de que, salvo prueba en contrario, se considerarán relaciones laborales por cuenta ajena las prestaciones de servicios" de "un único cliente o empleador". También se ha acordado reducir las tasas universitarias "a los niveles previos a la crisis". Se ha dado un empujón a Dependencia . Se recuperará la cotización de los cuidadores familiares y se aumentará el presupuesto hasta los 515 millones de euros, un 40% más que en 2018. Para erradicar la pobreza infantil prometen "desarrollar el Ingreso Mínimo Vital". En 2019 se "incrementará la prestación actual de 291 euros al año hasta llegar a 473 euros/año por hijo a cargo", según indica el documento. También se plantean ayudas para comedor e "impulsar la universalización de la Escuela entre los 0-3 años". En clave de Igualdad , también hay varias medidas que ya han sido ampliamente discutidas. Se equipararán las bajas de maternidad y paternidad de manera progresiva. En 2019 se ampliarán a 8 semanas; en 2020 se llevarán a 12 semanas; y 2021, a las 16 semanas. De forma menos detallada se habla de una reforma del Código Penal para blindar el concepto de consentimiento "con el objetivo de garantizar que, si una mujer no dice que sí explícitamente, todo lo demás es no". También se refuerza el Pacto de Estado contra la Violencia de Género dotándolo con un 10% más de presupuesto (220 millones) y reforzando las competencias de los ayuntamientos para atender a las víctimas, entre otras medidas. En temas de fiscalidad se impone un tipo mínimo del 15% para el Impuesto de Sociedades, se crea un impuesto sobre las Transacciones Financieras, consistente en gravar con un 0,2% (y se pospone el impuesto a la banca y se implementa un "Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales" para "gravar aquellas operaciones de la Economía digital que actualmente no tributan" para empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 750 millones y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. Se incrementa el 1% en el Impuesto de Patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros y se aplicará un tipo reducido en el IVA para los productos de higiene femenina, que pasarán del 10% al 4%.



El documento facilitado a la prensa, que consta de 50 páginas, contiene muchas más propuestas, como acotar las apuestas y el juego, comenzar a engrasar la Transición Energética o prohibir las amnistías fiscales.