La diputada de Cambiemos Aída Ayala fue procesada con prisión preventiva en una causa por lavado de dinero. La ex intendenta de Resistencia hasta ahora fue protegida por el bloque macrista que no dio curso al pedido de desafuero en la Cámara baja, actuando exactamente al revés de como lo hizo en el caso de legisladores del FpV como el del ex ministro Julio De Vido. Pero ahora, con el nuevo traspié judicial de Ayala, le resultará más complicado encontrar argumentos para no avanzar. La diputada fue internada ayer en un sanatorio por dolores abdominales.

Ayala, que fue candidata de Cambiemos a gobernadora de Chaco en 2015, está acusada de ser la “jefa de una banda” destinada a beneficiarse a través del pago de sobreprecios a proveedores de servicios públicos mientras condujo el gobierno de la capital chaqueña. Los cargos que le imputa la jueza federal Zunilda Niremperger son presunto “lavado de activos, agravado por habitualidad, por ser miembro de una banda y funcionario público”, en calidad de autora; en concurso con los delitos precedentes de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Además de dictar su procesamiento, Niremperger embargó a Ayala por 200 millones de pesos y le dictó la inhibición general de sus bienes. La diputada fue internada ayer mismo a la madrugada en el Sanatorio Güemes de Resistencia, aquejada de dolores abdominales.

La legisladora radical no fue la única procesada en la causa en la cual interviene el fiscal federal Patricio Sabadini. Niremperger también procesó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, y los empresarios Carlos Huidobro, Pedro Alberto Martínez, Alejandro Fischer, como así también Patricia Vázquez –cuñada del actual ministro de Hacienda y Finanzas Cristian Ocampo–, quien fue detenida este mediodía; Rolando Javier Acuña y Fatima Rigassio. La jueza trabó además embargos de bienes a las empresas involucradas en la maniobra.

También ayer, Ayala debía concurrir a una audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones, ante la cual apeló el rechazo a la eximición de prisión que había planteado en primera instancia. Debido a su internación, en su lugar concurrió el ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra, el abogado que la defiende en la causa.

La decisión que tomen los camaristas es considerada clave para el trámite de desafuero. El tema de Ayala se encuentra bajo análisis de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista Pablo Tonelli, quien aplazó sin fecha definida por el momento la votación en ese cuerpo del pedido realizado por la jueza Niremperger. Tonelli argumentó que el pedido de detención de la magistrada había sido para que Ayala se presentara a la indagatoria y que como la diputada lo hizo espontáneamente, no había motivos para el desafuero. Ese argumento ahora quedó desactualizado. En su momento, la decisión de Cambiemos de aplazar la discusión fue cuestionada por el bloque del Frente para la Victoria, cuyo titular, Agustín Rossi, acusó al oficialismo de tener “una doble moral”, en alusión al caso del desafuero del ex ministro Julio de Vido, actualmente detenido en el penal de Marcos Paz.

En cambio, el jefe del bloque de senadores de la UCR y ex gobernador chaqueño, Angel Rozas, había defendido a la diputada. “Creo personalmente en la inocencia de la diputada Aída Ayala, salvo que el expediente judicial demuestre lo contrario”, consideró Rozas. Respecto a la diferencia de criterios, respondió que no hay “una regla fija de cuándo se desafuera a algún funcionario, hay que analizar caso por caso, algunos tienen urgencia, en otros hay que estudiar más”.