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a gran noticia no es que el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Ovidio Guzmán, se haya escapado temporalmente de la acción de la justicia, sino que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está demostrando que no respetará los viejos pactos entre el Cártel de Sinaloa y el Estado mexicano. La osadía del gobierno federal de intentar detener a Ovidio el jueves pasado en Culiacán simboliza el principio del fin del narcoestado mexicano consolidado durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Antes, los capos no tenían miedo. Se entregaban a las autoridades y se paseaban tranquilamente con sus esposas puestas frente a los medios de comunicación con la confianza de que tarde o temprano el gobierno o los jueces los dejarían libres. Los narcos tenían tan profundamente infiltrado al Estado mexicano, que no tenían problema alguno en participar en el show orquestado por sus amigos en el poder.

El juego teatral de las capturas y fugas del mismo Guzmán Loera constituye un excelente botón de muestra. Solamente la intensa presión de Washington en la coyuntura del cambio de gobierno entre Barack Obama y Donald Trump en enero de 2017 obligó al gobierno de Peña Nieto a extraditar a El Chapo. Tal y como lo afirmó Archivaldo Guzmán en entrevista con el periodista Ernesto Rodríguez el año pasado: Mi padre había puesto su confianza en el gobierno mexicano y éste lo entregó a los estadunidenses como trofeo. Nunca podré perdonarlos .

La excepción comprueba la regla y esta afirmación sólo confirma la estrecha relación de confianza que existía entre el Cártel de Sinaloa y los gobiernos anteriores, algo también evidenciada en el importante reportaje que publicó Sean Penn en Rolling Stone Magazine en 2016.

Pero hoy los criminales saben perfectamente bien que una detención bajo la administración de López Obrador implica una verdadera sumisión a la justicia. Se han roto los vasos comunicantes entre los narcotraficantes y el gobierno, y la única arma que les queda es la hostilidad.

La violencia es siempre la vía de los débiles. Quien está en control, quien cuenta con una hegemonía política y un liderazgo legítimo sobre una región o una población no tiene que utilizar las armas para imponer su ley. Es solamente cuando el control se rompe que es necesario recurrir a las armas. Así que el levantamiento armado en Culiacán en respuesta a la detención de Ovidio Guzmán no fue una muestra de fuerza, sino de enorme debilidad de parte de los narcotraficantes frente a un gobierno cada vez más honesto y legitimado.