Roberta Jacobson, una exembajadora en México que antecedió a Aponte en el puesto de funcionaria principal del Departamento de Estado para políticas de Latinoamérica, dijo que, aunque desde hace mucho Washington considera que las fuerzas armadas venezolanas sufren de “corrupción generalizada, están muy involucradas en el narcotráfico y son despreciables”, ella pensaba que valía la pena establecer un canal diplomático extraoficial con algunos de sus miembros”.

“Dada la descomposición extendida de las instituciones venezolanas, se tenía la idea de que, aunque no necesariamente eran la respuesta, cualquier tipo de resolución democrática habría tenido que incluir a las fuerzas armadas”, dijo Jacobson, quien renunció al Departamento de Estado a principios de este año. “La idea de escuchar a los líderes de esos lugares, sin importar qué tan indeseables resulten, es esencial para la diplomacia”.

Sin importar cuál sea la lógica, sostener discusiones con los golpistas podría hacer sonar alarmas en una región con una lista de intervenciones infames: la invasión fallida de la CIA en Bahía de Cochinos para derrocar a Fidel Castro en 1961; el golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en Chile en 1973, que llevó a la larga dictadura militar de Augusto Pinochet, o el apoyo encubierto del gobierno de Reagan a los rebeldes de derecha conocidos como los Contras en Nicaragua durante la década de 1980.

En Venezuela, un golpe de Estado en 2002 destituyó brevemente a Hugo Chávez, el predecesor de Maduro. Estados Unidos sabía que se estaba gestando un complot, pero lo desaconsejó, de acuerdo con documentos clasificados que más tarde se hicieron públicos. El golpe de Estado tuvo lugar de cualquier forma y el gobierno de Bush abrió un canal de comunicación con el nuevo líder. Los funcionarios estadounidenses después se distanciaron del nuevo gobierno debido a que creció el descontento del pueblo con el golpe de Estado y los países de la región lo denunciaron claramente. Chávez fue restituido como presidente.

En el complot más reciente, el año pasado había de 300 a 400 miembros de las fuerzas armadas vinculados con el plan, pero esa cantidad se redujo a casi la mitad después de las enérgicas medidas emprendidas por el gobierno de Maduro este año.

Al excomandante venezolano le preocupa que los casi 150 compañeros que han sido detenidos puedan ser torturados. Lamentó que Estados Unidos no proveyera los radios a los rebeldes, pues cree que eso pudo haber cambiado la historia del país.

“Estoy decepcionado”, dijo el exgeneral. “Pero soy el menos afectado. Yo no soy prisionero”.