La polémica por el endurecimiento de los controles migratorios en la Argentina trascendió las fronteras e involucró a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En las últimas horas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) pidieron una audiencia al organismo para denunciar al Gobierno por el decreto que modificó la Ley de Migraciones.



Los organismos ya habían cuestionado el 9 de diciembre del 2016 y el 11 de enero pasado la decisión política del Ejecutivo de "vincular la migración con el delito". Sin embargo, en su nueva denuncia sostienen que "el escenario se agravado" tras el DNU que entró en vigor el 31 de enero. Este restringe el ingreso y acelera la deportación de extranjeros con condenas de prisión o con antecedentes penales.

"Hemos ampliado denuncias ante el sistema interamericano por la modificación de la ley de Migraciones. En 2003, el Estado se comprometió a reparar la violación de los derechos de los migrantes, pero hoy ese acuerdo está en duda porque el Gobierno cambió la ley de manera inconsulta con un DNU", dijo a Clarín Diego Morales, director del área de Litigio del CELS.

En el texto al que accedió Clarín, los denunciantes afirman que la reforma "restringe derechos humanos y contraviene compromisos internacionales" sin control ni intervención del Congreso. Además, autoriza a revisar todas las residencias otorgadas a quienes arrastren antecedentes penales o hayan sido condenados, "sin importar el tipo de delito o su situación procesal", señala el documento.