La “ley del arrepentido” para casos de corrupción, asignatura pendiente de la legislación, empezará a ser discutida desde mañana en la Cámara de Diputados. El debate se abrirá a las 12 en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior, y la ministra Patricia Bullrich está invitada para defender este proyecto y el de juicios sumarísimos para los delitos cometidos en flagrancia, parte del paquete que anunció la semana pasada junto a su par de Justicia, Germán Garavano.

La figura del “arrepentido” es parte de un proyecto de ley más abarcativo sobre “nuevas herramientas” respecto de los delitos de investigación compleja, que incorpora además una serie de figuras que pueden sonar familiares gracias a las películas de crimen y los thriller: el agente encubierto, el agente revelador, el informante y la entrega vigilada.

Con este debate pendiente, la semana pasada el fiscal Raúl Plee generó alguna sorpresa cuando explicó que el empresario Lázaro Báez ó cualquier otro imputado en la causa de la ruta del dinero K podría acogerse a la figura del “arrepentido”. Es que ésta ya existe para casos de lavado de dinero, entre otras. Lo del fiscal fue premonitorio: el viernes ante el juez Sebastián Casanello, el valijero Leonardo Fariña declaró como “arrepentido”, para mejorar su situación ante una eventual condena.

“El gran vacío es el arrepentido en la figura de corrupción”, explicó a Clarín el diputado radical mendocino Luis Petri, presidente de la comisión de Seguridad Interior, una de las dos que discutirá desde este martes el proyecto. Y agregó: “Con mayor o menor desarrollo, la figura ya está prevista para casos de narcotráfico, trata de personas, terrorismo, traición a la patria y lavado de activos”. Esta última es la que se aplicó a Leonardo Fariña en la investigación de la ruta del dinero K.

El tema arranca con puntos a favor, ya que hubo iniciativas en esta línea de Julio Cobos, Sergio Massa (la ley del arrepentido estuvo entre sus promesas de campaña) y Margarita Stolbizer. Pero muchos analistas se muestran escépticos de que el proyecto -que pondría a prueba las voluntades de bloques y líderes políticos- pueda sortear todas las instancias del Congreso.

“Los que no quieren que haya arrepentido van a decir que no se puede negociar con delincuentes”, sacuden la cabeza. En Brasil, una ley del arrepentido permitió avanzar en dos megacausas de corrupción: el “Mensalao”, esquema de sobornos mensuales a legisladores para apoyar proyectos provenientes del gobierno, y el “Petrolao”, que ventiló una gigantesca red de corrupción pública y privada.

Paralelamente, por el Senado ingresaron otros tres proyectos de Justicia y Seguridad anunciados la semana pasada: de precursores químicos, para penalizar los desvíos hacia la fabricación de drogas; de transformación de tribunales orales criminales en federales, para descomprimir la Justicia; y de unificación de fueros. Por ahora el Gobierno guarda para más adelante los proyectos de extinción de dominio, que permitirá al Estado recuperar bienes o fondos de actividades ilícitas; y la ley de derribos para combatir el narcotráfico.