Los jóvenes que votarán por primera vez en Euskadi este domingo tenían sólo 12 años cuando en marzo de 2010 ETA mató a su última víctima, el gendarme Jean-Serge Nérin. Las encuestas dicen que sus simpatías están sobre todo en la izquierda, en Podemos y en Euskal Herria Bildu por este orden. La papeleta que metan en la urna el día 25 es una pieza clave para completar el puzzle vasco: en los últimos años ha habido movimientos de fondo relevantes –como el cese definitivo del terrorismo en 2011– que provocan una imagen borrosa de su realidad. En esta campaña los partidos no se cansan de apelar al futuro, conscientes que el reto ahora está en consolidar una economía y un estado del bienestar que, a pesar de la crisis, goza de mayor confianza entre los ciudadanos que en el resto del Estado. La partida electoral se juega, en buena medida, en la micropolítica. En aquello que a menudo queda fuera de los grandes titulares periodísticos.

El envejecimiento de su población es uno de los principales desafíos. El Sociómetro del mes de julio, una encuesta que elabora el gobierno autonómico, confirma que los vascos sitúan esta cuestión como el segundo problema que deberá afrontar Euskadi en el futuro después del desempleo. Una inquietud que en Europa sólo sobrepasa Estonia. ¿Tiene razón de ser en el caso vasco? Las cifras indican que sí. A finales de 2015, Eustat, el Instituto Vasco de Estadística, confirmó que la población de más de 65 años supera la media estatal, un 21,1% ante un 18,4%. En Galicia, Asturias y Castilla y León la situación todavía es más acentuada. En Euskadi hay una relación de 1,4 personas mayores por cada menor de 16 años, superando el ratio del conjunto de España. Además, en diez años se ha duplicado la cifra de las personas de más de 100 años.

Esta composición social obliga a mantener una recaudación elevada para poder pagar unos servicios públicos en el marco de un sistema singular como es el Concierto Económico, a menudo caracterizado como un privilegio olvidando la parte de responsabilidad unilateral que comporta. En 2015, el País Vasco lideró el gasto en salud, con 1.584,73 euros por habitante, según la memoria del Consejo Económico y Social. Uno de los proyectos estrella del mandato del lehendakari Iñigo Urkullu ha sido la apertura del nuevo hospital público de Urduliz, en Bizkaia. El gobierno del PNV ha sacado pecho de ser la única comunidad autónoma que ha inaugurado una infraestructura de estas características en 2016.

En una conversación reciente con La Vanguardia, el candidato a la reelección recordaba que, ya en el inicio del mandato, admitió que Euskadi tardaría más en salir de la crisis que otras zonas por su modelo productivo, muy anclado en la industria, pero que su objetivo era no dejar a nadie atrás. La oposición le recrimina que dibuje un “oasis” falso, basado en la autocomplacencia, olvidándose de las 130.000 personas sin empleo y minimizando los efectos de la desigualdad. Podemos está graduando de forma precisa las críticas (sabe que la gestión de los últimos años tiene buena aceptación) y basa su discurso en dos ejes: las cosas se podrían hacer mejor –guiño a los jóvenes– y las conquistas sociales son fruto no del partido gobernante sino de las luchas obreras –guiño a los veteranos–. No es casual que casi todos los partidos hayan programado actos electorales importantes en Barakaldo, emblema de la margen izquierda del Nervión, zona de tradición industrial que creció gracias a las oleadas de trabajadores que llegaron a Bizkaia desde otros sitios de España buscando un futuro mejor. Las encuestas apuntan a una residualización del Partido Socialista –antaño rocoso en estas ciudades– en beneficio de la formación morada. La izquierda abertzale sabe que todavía el pasado reciente pesa mucho para atraer grandes bolsas de exvotantes socialistas pero hay sectores que confían en este tránsito en clave generacional –los padres votaban a Felipe González, los hijos a Pablo Iglesias– como pista de aterrizaje, más adelante, hacia el independentismo de izquierdas. Ayer Arnaldo Otegi estuvo en Barakaldo acompañado por el exdiputado de la CUP Quim Arrufat, horas después de proponer un tripartito con Podemos y el PNV. El soberanismo, tomando ejemplo de Catalunya, nutre su relato con altas dosis de políticas sociales.

El Partido Popular ha intentado afianzar el voto de derechas cuestionando la gestión que se está haciendo de la renta de garantía de ingresos (RGI). La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ha llegado a acusar el PNV de “confundir la solidaridad con la compra de votos” ya que en Euskadi el porcentaje de inmigración es inferior que la media estatal –un 8,6% de la población total– y en cambio la tasa de paro de los recién llegados es superior al resto del Estado. Previsiblemente el nuevo Parlamento de Vitoria, sin mayorías absolutas, abordará el diseño de las políticas sociales, en un contexto de nubarrones sobre sectores industriales destacados, como el del acero. No obstante, el ejecutivo de Urkullu defiende que los datos “desmontan la creencia más o menos extendida que la población inmigrante acapara buena parte de los recursos sociales”. Un estudio reciente demuestra que han aportado más a las arcas públicas de lo que han recibido y, además, han evitado que Euskadi haya perdido 50.000 habitantes.

La demografía, aunque no llene horas de televisión, estará muy presente en unas elecciones con más de 1.700.000 personas con derecho a voto. De ellas, unas 80.000 tienen más de 85 años.