El Gobierno reconoció que este año gastará al menos 105.509,6 millones de pesos sin autorización del Congreso. El monto es equivalente al 4% del PBI argentino. Casi la mitad de ese dinero corresponde a subsidios a la energía y el transporte, transferencias a provincias y obra pública.

El monto surge al contrastar el gasto primario (no incluye intereses de la deuda) en la ley de Presupuesto 2013 contra la estimación para el cierre del año que realizó el Ministerio de Economía, que arroja un 16,8% respecto a lo autorizado por el Congreso.

Poco más de un quinto del excedente de este año ya fue blanqueado. A través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 1170/13 , la presidenta Cristina Kirchner amplió el 15 de agosto pasado el techo de gastos del Presupuesto vigente en $23.160,3 millones, según recopilaron los técnicos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).

Un mes y medio antes, la Jefatura de Gabinete reasignó $12.960 millones del presupuesto, de los cuales el 91% fueron destinados a la importación de combustible e inyección de gas natural para paliar el déficit energético. La medida se instrumentó con la decisión administrativa 361/13 .

Estos $105.509,6 millones que el Gobierno prevé destinar a gasto se obtienen luego de que la ley de Presupuesto 2013 subestimara fuertemente el nivel de inflación y de crecimiento de la economía de este año. De este modo, el Estado nacional termina logrando mayor recaudación por impuestos, contribuciones y remisión de utilidades del Banco Central, la Anses y otros organismos que luego dispone sin control legislativo.

Siempre de acuerdo con la previsión de Economía, sólo el 45% del gasto por encima de lo autorizado por el Congreso se obtendrá por ingresos genuinos (impuestos, contribuciones y otros ingresos). El resto se financiará con giros del BCRA, Anses y endeudamiento.

Desde el año 2006, los "superpoderes" del Ejecutivo para modificar el Presupuesto público se convirtieron en hecho permanente. El 3 de agosto de ese año, el oficialismo logró modificar la Ley de Administración Financiera y facultó al Jefe de Gabinete para "disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley del presupuesto".

Legalmente la modificación de los totales del presupuesto (recursos y gastos) sigue en manos del Congreso. Sin embargo, año a año la Presidenta firma uno o dos DNU que realizan esta función para evitar así el debate parlamentario sobre el destino del dinero público que queda por encima del techo previamente aprobado por ley.

Así, el Gobierno tiene indirectamente la facultad de manejar discrecionalmente el estado de las cuentas públicas. Por ejemplo, en la ley de presupuesto de 2013 el Ejecutivo se comprometió a manejarse con un resultado financiero (diferencia de todos los ingresos y egresos) de $1085,9 millones.

No obstante, de acuerdo a las estimaciones oficiales el año cerrará con un déficit presupuestario de $46.686 millones que esencialmente será financiado con endeudamiento y emisión monetaria.