Cristóbal López enfrentará este jueves, por primera vez, un juicio por corrupción junto a su socio, Fabián De Sousa y el ex titular de la AFIP durante el gobierno kirchnerista, Ricardo Echegaray. Es por multimillonaria deuda que la firma Oil Combustibles generó con el fisco. A días del inicio de las audiencias, el organismo recaudador aún no percibió cerca de 2.000 millones de pesos producto de la quiebra de la petrolera. Se inició, además, una pericia para determinar cuánto de le reclamará a los dueños del Grupo Indalo en la demanda civil.

Con una lista de 50 testigos entre los que se encuentra el actual director de la AFIP, su antecesor Alberto Abad, también Claudio Moroni, titular de la AFIP antes de Ricardo Echegaray, comenzará este jueves el juicio contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y el ex titular del fisco durante la gestión kirchnerista. Cristóbal López y su socio son dos de los contratistas del Estado que le alquilaban inmuebles a la familia Kirchner.

Desde las 10 de la mañana se dará inicio a las audiencias de un juicio que podría durar poco más de ocho meses. En la causa que instruyó el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita los tres imputados están acusados de defraudación por administración fraudulenta agravada por haber cometido perjuicio contra el Estado.

En la causa se analizó el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago -especiales y generales-, que "habrían sido concedidos por el entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray -actividad en la que habrían actuado mancomunadamente diferentes funcionarios de ese organismo, en forma coordinada y funcional-".

Se trata del impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) que debía tributar Oil Combustibles SA (OCSA) ante la AFIP. Se analizaron los períodos comprendidos entre mayo de 2013 a agosto de 2015.

En esta investigación la AFIP es denunciante y única querella. Entonces, transita una doble vía de reclamo: la demanda civil que se sustanciará junto al juicio en el fuero penal y el reclamo como principal acreedor de Oil Combustibles en la quiebra de la compañía que lleva adelante el juez Javier Cosentino.

Como resultado de la quiebra decretada, el organismo que conduce Leandro Cuccioli, esperaba cobrar en febrero $ 2.000 millones. La cifra la determinó el magistrado en lo Civil y Comercial al dictaminar la quiebra de la petrolera que usó el empresario K para no pagar el impuesto y financiar con ese dinero al Grupo Indalo, según determinó la Justicia.

En la quiebra de Oil se vendieron los activos industriales (Refinería San Lorenzo, estación fluvial, estación de almacenamiento y red de estaciones de servicio) por U$S 85.000.000.

Fue YPF la empresa que quedó mejor merituada para adquirir el paquete accionario. Desde el 2 de octubre pasado se quedó con la empresa de López por esa compra.

En sociedad con la argentina Dapsa, YPF se hizo cargo de Oil y en febrero se esperaba que se acredite a favor del Estado el pago del dinero de la operación. Esto no ocurrió aún por problemas burocráticos.

Los $ 2.000 millones que percibirá la AFIP es sólo la primera parte de lo que tiene previsto recuperar el Estado “por medio de la aceleración el proceso de quiebra pedido sobre Inversora IMS, compañía madre de Alcalis de la Patagonia y La Salamandra, entre otras”, explicaron fuentes judiciales.

Este dinero vuelve al Estado, a la cuenta específica del impuesto evadido por López y Fabián De Sousa, en este caso en concepto del ITC. Si bien es una suma inferior en relación a la deuda generada por los dueños del Grupo Indalo, desde AFIP entienden que no deja de ser importante “recuperar parte del dinero que fue parte de un entramado de corrupción”.

Por la vía del fuero penal donde este jueves iniciará el juicio a cargo del Tribunal oral Federal 3, la AFIP reclamará un resarcimiento dentro de una demanda civil donde acusaron a López, De Sousa y a Echegaray de ser socialmente responsable de un multimillonario perjuicio al Estado.

La cifra podría superar los 17.000 millones de pesos -el embargo trabado a cada uno de los acusados-, como cálculo del daño ocasionado con la maniobra investigada. Pero para determinar el cuánto deben resarcir al Estado, la AFIP inició un peritaje.