Justo a la mitad de la próxima administración comenzará lo que podría ser la siguiente crisis del país: la de las pensiones de las Afores, coincidieron expertos.

En 2021 se cumplirán 24 años de que se creó este esquema de retiro en México, periodo que equivale a mil 250 semanas, periodo que la Ley del IMSS de 1997 establece como plazo mínimo para exigir una jubilación. Es decir que en tres años se harán las primeras reclamaciones de pensiones con este sistema.

La principal alerta surge de la tasa de reemplazo que es en promedio de 30 por ciento, según datos de la OCDE.

Lo anterior implica que al momento de retirarse, un trabajador recibirá poco menos de la tercera parte de su último sueldo como pensión. La tasa de reemplazo promedio en los países de la OCDE es de 62 por ciento.

“Es un tema que se debe atender pronto, dado el envejecimiento poblacional que vive el país. El reto es fortalecer el ahorro de los trabajadores que están en una Afore”, dijo a El Financiero, Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

“Sí hay premura para hacer algo, pues quedarnos como estamos no es la mejor opción. Entre más se posponga la reforma, menos será suficiente para dar satisfacción a los pensionados”, agregó.

Según datos de la Consar, 2 mil 159 mexicanos cumplirán 65 años diariamente en 2020, pero esa cifra se elevará a 3 mil en 2030. Esa estructura demográfica, en combinación con bajos ingresos, será una presión social que recibirán esta administración y las subsecuentes.

“El incremento de los recursos de los trabajadores en México debe ser uno de los principales temas que tiene que estar en cualquier agenda del presidente que llegue”, señaló Mauricio Alarcón, director general de Afore Coppel. “Debe ser prioritario el tema del incremento de la aportación obligatoria, para generar una mayor pensión”.

Ahorro insuficiente

Las bajas pensiones en el país serán resultado de las bajas aportaciones, coincidieron los especialistas.

En México, la contribución combinada entre el trabajador y el patrón para la cuenta de retiro equivale a 6.5 por ciento del salario del asegurado, frente al 18.4 por ciento promedio en la OCDE.

También el sistema anterior pondrá bajo presión a las administraciones siguientes, pues los últimos beneficiarios de la ley de 1973 disfrutarán de una pensión a cargo del Gobierno hasta la década de 2050, de acuerdo con la OCDE.

“El actual gasto en pensiones crecerá a un ritmo mayor, pues se sumará un requerimiento adicional para solventar las demandas por servicios de salud de esta población cuyas pensiones serán muy bajas, presionando más el presupuesto público destinado a este segmento de adultos mayores”, comentó Leopoldo Somohano, director de estrategia de Principal Financial Group.