En México viven alrededor de 7.1 millones de personas con alguna discapacidad, lo que representa aproximadamente al 6% de la población total. Pese a los esfuerzos realizados, de orden nacional e internacional, en erradicar la discriminación este grupo continúa siendo uno de los más rezagados y vulnerables en términos sociales y económicos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación del 2017 del Inegi, 25 de cada 100 personas discapacitadas en el país (mayores de 12 años) fueron víctimas de discriminación al menos una vez en el año, la prevalencia más alta de todos los grupos vulnerables. Afirman ser mayormente rechazados en la vía y el transporte públicos, dentro de su familia y cuando requieren de algún servicio médico.

La discriminación estructural surge del proceso de limitaciones agregadas que disminuyen o anulan las oportunidades de las víctimas. No sólo violenta el goce pleno de los derechos humanos de las personas, también limita la movilidad social de los grupos vulnerables.

En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se establece que este grupo deberá disfrutar de condiciones adecuadas para acceder al empleo y la seguridad social. El ejercicio efectivo de este derecho se encuentra limitado por procesos de discriminación que impiden a los discapacitados acceder a empleos, o en su caso, a empleos en donde se garanticen sus derechos laborales, de acuerdo con el documento sobre discriminación estructural del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Participación de la población con discapacidad

En México de cada 100 personas con discapacidad mayores de 15 años sólo 40 participan en actividades económicas, una cifra significativamente menor que la registrada para las personas que no presentan limitaciones o discapacidades (70 de cada 100). Esta situación expresa la segregación de este grupo poblacional en un primer paso, el acceso al empleo.

Los hombres de entre 30 y 59 años con algún tipo de discapacidad son los que más acceso al trabajo tienen, 73.5% participan con alguna actividad económica. El grupo más afectado son las mujeres mayores de 60 años cuya participación llega apenas a 14.9%, de acuerdo con las cifras del Inegi.

La discapacidad visual es la que registra el menor nivel de rechazo laboral en México, del total de personas con deficiencias para ver (incluyendo a las que utilizan lentes) 39.9% se encuentra en alguna actividad económica, quienes tienen incapacidad para mover o usar sus propias manos y brazos registran una tasa de participación económica de 30.2% y del total de personas con discapacidades para comer, vestirse o bañarse sólo el 16.1% se encuentra ocupado.

Fuentes de ingresos

De cada 100 pesos que ingresan las personas con alguna discapacidad 39 son producto de algún programa de gobierno. La población no discapacitada sólo recibe 13 de cada 100 pesos provenientes de esta fuente, según cifras del Inegi.

Más del 80% de los ingresos de las personas que no tienen limitaciones en México proviene de su trabajo. Para los discapacitados este rubro no representa ni la mitad del dinero con el que viven (40.2 por ciento).

Esta situación evidencia la marginación de este grupo poblacional del mercado laboral y las actividades productivas, dos de sus derechos sociales más importantes, que son determinantes para su desarrollo social e individual.

Las mujeres discapacitadas presentan un mayor rezago en términos de acceso al empleo, el porcentaje de ingresos que provienen de su trabajo se reduce a 30%, el resto son beneficios gubernamentales o apoyos externos.

Vulnerabilidad laboral

Además de la marginación en términos de acceso al derecho del trabajo, también existen brechas (significativamente mayores) en cuanto a la protección laboral y el tipo de empleos en los que se ocupan.

De cada 100 personas con alguna discapacidad auditiva o en el habla sólo 19 son trabajadores asalariados en el sector formal, para quienes presentan discapacidad motriz la cifra es 14 de cada 100. La discapacidad cognitiva o mental es la más castigada con 13 de cada 100 habitantes en esta situación.

Las personas con discapacidad motriz presentan un riesgo de 11% mayor de no recibir vacaciones pagadas que quienes no tienen discapacidad. Para las personas con limitaciones visuales el riesgo de no recibir seguro médico es 13% mayor que el de la población sin discapacidad y quienes tienen discapacidad múltiple tienen hasta 25% más probabilidades de no contar con contrato escrito, vacaciones pagadas y seguro médico, de acuerdo con el informe del Conapred.

¿Por qué fomentar la inclusión?

La discriminación es detonante de las desigualdades y las desigualdades limitan el desarrollo económico. La construcción de sociedades inclusivas en términos sociales aumenta la productividad y el dinamismo económico de los sectores más importantes. De acuerdo con el texto del Conapred, las políticas públicas que buscan combatir la discriminación no deben limitarse a garantizar los derechos de las personas, sino que deben extenderse hacia las decisiones y planes económicos y sociales, lo que será determinante para cerrar brechas y conseguir el bienestar general.

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