Los responsables del Ayuntamiento de Madrid en el consejo de administración de la empresa mixta que gestiona la M-30 han aprobado la cuarta sanción a las constructoras que se ocupan del mantenimiento de esta infraestructura. EMESA, la empresa encargada del mantenimiento de la M30 propietaria del 20% del proyecto Calle 30 y que agrupa a las constructoras Ferrovial y Dragados (del grupo ACS) tendrá que pagar 375.000 euros por el incumplimiento del contrato de instalación y mantenimiento del telecontrol del alumbrado a cielo abierto, informa una nota de prensa difundida por el propio Ayuntamiento. Según el equipo municipal, la empresa adjudicataria del mantenimiento de M30 recibió 2,7 millones de euros por este trabajo, que no ha realizado.

Las empresas adjudicatarias de la M-30 exprimieron la ley para conseguir sobrecostes de hasta el 63%

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El propio contrato suscrito entre Madrid Calle 30, la sociedad municipal, y sus concesionaria EMESA prevé multas por incumplimientos. Las graves oscilan entre 50.000 y 750.000 euros. Las sanciones leves van de 3.000 a 50.000. Madrid Calle 30 tiene capacidad para imponer además multas coercitivas de 3.000 euros diarios si persisten los incumplimientos contractuales.

En su último informe, la Cámara de Cuentas de Madrid ya recomendaba revertir la gestión de la M30 para hacerla pública y recordaba que el contrato sellado por el Gobierno de Gallardón "no se basó en informes de viabilidad" sino que sirvió para garantizar a las constructoras "unos beneficios del 7%".

La actual dirección de la empresa mixta abrió un expediente sancionador por esta infracción el pasado mes de noviembre. Gracias a la puesta en marcha de este expediente, al fin comenzaron los trabajos para la colocación del telecontrol del alumbrado que estaba pendiente desde hace años. Sin embargo, la empresa privada ha realizado unas obras que no se corresponden exactamente con el contrato suscrito entre ambas partes en 2005 y modificado en 2007. Madrid Calle 30 tiene abiertos otros cinco expedientes, abiertos a finales de 2016, por detectarse irregularidades similares en materia de incumplimientos del contrato.

La propia Cámara de Cuentas de Madrid ha calificado el modelo de gestión mixto –que ha costado a las arcas municipales 612 millones entre 2005 y 2016– como lesivo para las arcas municipales. El órgano fiscalizador subraya que la remuneración de los servicios de Madrid Calle 30 no está calculada en función de un estudio económico de viabilidad de la explotación del servicio, sino en función de la rentabilidad para el socio privado.

El Ayuntamiento de Madrid lleva meses analizando las posibles alternativas, sus ventajas e inconvenientes a dicho modelo de gestión que, si se mantiene así hasta 2040, fecha en la que finaliza la concesión, supondría un desembolso de unos 2.550 millones de euros.

Comisión de investigación

El próximo martes 6 de junio tendrá lugar la primera sesión de la Comisión no permanente de Investigación creada por acuerdo plenario en febrero de este año para aclarar su situación económica financiera y la incidencia sobre las cuentas del Ayuntamiento. Cuenta con la participación de los cuatro grupos municipales.

La sesión del día 6 de junio estará centrada en la ejecución de las obras: proyectos, impacto ambiental, afección a los vecinos durante los trabajos, plazos de ejecución y presupuestos, deficiencias, constitución inicial de la sociedad y justificación económica del modelo elegido.