La Policía Nacional ha llevado a cabo una macrooperación a nivel nacional con el registro de más de 2.000 bares y establecimientos públicos y ha requisado más de 800 descodificadores ilegales por emitir los partidos de fútbol de LaLiga sin licencia, según informaron este jueves la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y la Policía Nacional.

La operación fue llevada a cabo por la Unidad Central de Ciberdelincuencia los días 11, 12 y 13 de diciembre, coordinada por la Sala de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado, a raíz de la denuncia interpuesta por LaLiga.

Los agentes comprobaron que aproximadamente un 60% de los establecimientos inspeccionados realizaban esta actividad ilícita a través de diversas modalidades. La más común es la utilización de un decodificador “vitaminado”, al que ilegalmente se le había alterado el firmware para poder decodificar la señal privada y acceder a su visionado, según indicó por su parte la Policía en una nota.

Los delitos que se atribuyen presuntamente a los responsables de los establecimientos que pudieran haber resultado intervenidos se encuentran tipificados en los artículos 270.1 y 286.4 del código penal y llevan implícitas penas de hasta 4 años de prisión.

Un equipo de trabajo de la LaLiga, compuesto por más de un centenar de trabajadores, ya ha realizado en lo que va de la presente temporada futbolística más de 20.000 visitas a establecimientos públicos que emiten fútbol, detectándose más de 9.000 emisiones fraudulentas. A raíz de esta información, LaLiga procedió a denunciar ante la Policía los hechos delictivos, poniendo en su conocimiento tanto la información de la que disponía, como el soporte documental recabado.

Precios caros

El abono al fútbol para los establecimientos públicos (bares, restaurantes, hoteles, bingos, etcétera) es considerablemente más caro que el de un domicilio particular. Tras la última subida al comienzo de la actual temporada va de los 265 euros al mes que cobra Orange, a los 338,8 euros que carga Vodafone o los 395,67 euros de Movistar, todos ellos con el IVA incluido, aunque el catálogo es distinto según los operadores, siendo el más amplio el de Telefónica.

LaLiga subasta por separado los derechos de sus competiciones en un lote denominado Horeca, que comprende hoteles, bares, cafeterías y restaurantes, de los que 200.000 tienen contratado el fútbol por televisión. Mediapro tiene los derechos en exclusiva del canal bares, como se le conoce coloquialmente, de la presente temporada tras adquirírselos a Vodafone y Orange por 120 millones de euros. Además, la productora de Jaume Roures se hizo con los derechos de este canal en la última subasta para las próximas tres temporadas, desde la 2019 - 2020 a la 2022 - 2023, por 481 millones de euros. La empresa catalana actúa como mero revendedor de estos derechos para las operadoras que lo incluyen en sus paquetes de telecomunicaciones y lo comercializan en los bares.

La patronal Hostelería de España, que agrupa a este tipo de establecimientos públicos, mantuvo una reunión la pasada semana, tras producirse los registros, con la Liga de Fútbol Profesional y Mediapro para trasladarle su preocupación por "los miles de procedimientos de investigación que ha iniciado la Policía Nacional, en el que se han detectado algunos casos de actuaciones irregulares en la emisión de partidos de fútbol".

Queja de los hosteleros

Esta confederación empresarial denuncia que desde el pasado mes de septiembre se ha producido una "desproporcionada subida" (de hasta un 44%) por parte de las operadoras en las tarifas de fútbol para bares, que creó "una situación de alarma en el sector ya que, en muchos de los casos, esta factura significa un gasto superior al de funciones básicas como pueden ser el agua y la luz".

Hostelería de España admite que este encarecimiento del fútbol ha supuesto la proliferación de redes de distribución de descodificadores con señal ilegal para hostelería porque la subida de precios "no discrimina en absoluto el tamaño y la localización de los establecimientos, por lo que no tiene en cuenta que gran parte de los casi 278.000 locales de restauración repartidos por todo el territorio nacional, son de pequeño tamaño y situados en zonas rurales".

Soluciones para los afectados

La LFP ha ofrecido la creación de una comisión de seguimiento para dar soluciones individualizadas a los afectados mediante las asociaciones de hostelería, a las que se podrá recurrir en caso de necesidad. "En la actualidad se siguen investigaciones para el esclarecimiento de estos hechos delictivos a través de los testimonios de los infractores y del análisis de los más de 800 dispositivos decodificadores intervenidos", asegura la Policía nacional.

Las denuncias contra los bares son el resultado de los datos recabados por la red territorial de verificadores de licencias de contenido de LaLiga, equipo de trabajo creado específicamente para la detección de los establecimientos públicos que emiten los partidos de manera ilícita.

“Esta operación policial es un enorme éxito, no solo para la industria del fútbol, sino para toda la industria del entretenimiento en nuestro país. El inmenso trabajo realizado por la Red de Verificación de LaLiga y el exitoso operativo de la Policía Nacional marcan un antes y un después en la lucha contra la piratería”, afirmó el presidente de LaLiga, Javier Tebas. “Tenemos que ser muy claros a la hora de calificar estas prácticas como lo que son, delitos, y permanecer firmes en la lucha contra esta lacra”, agregó.