El presupuesto es una intervención binaria del Estado en la cual figura cuánto y en qué gastarán el Gobierno y sus burócratas. El problema es que el Gobierno no genera riqueza, en consecuencia, no tiene ingresos provenientes de la producción para financiar su gasto. Su única fuente de ingresos es coercitiva: impuestos e impuesto inflacionario.

El proceso de recaudación y gasto público distorsiona inevitablemente el destino dado a todos los factores productivos, alejándolos de la asignación que habría tenido lugar con transacciones voluntarias en libre mercado. Cuanto mayor sea el presupuesto del gobierno, más grande será la distorsión, y también mayor la carga que soportará la economía.

A mayor presión fiscal, impuestos y gasto, más violencia y distorsiones, menos utilidad y bienestar. Lo importante es el peso de los impuestos y del gasto en relación con el ingreso y la producción privada. Cuánto más cercano a cero; mejor. No existe un impuesto neutral, es decir, un impuesto que mantenga el mercado igual que si no hubiera impuestos. De aquí, pensamos que se da excesiva importancia al tipo de impuesto. Aunque es relevante, nosotros lo subordinamos a la importancia del nivel total de impuestos.

El gasto público es la peor forma de gastar dinero: se gasta sin economizar, se gasta de más y sin procurar el máximo valor. Se gasta sabiendo que dichas erogaciones no maximizan la utilidad de los receptores; aunque la casta política sostenga lo contrario y diga conocer en que consiste el bienestar de los terceros y cómo alcanzarlos. Además, el valor económico que tiene el gasto gubernamental es nulo. Es fácil de explicar.

El aporte o valor que cualquier sector productivo, empresa o agente hace al sistema económico se mide por la cantidad de dinero que la gente gasta voluntariamente en comprar los productos que ellos producen. Pero el valor del gasto público y del gobierno no se mide en el mercado y los pagos no son voluntarios, ergo; resulta imposible estimarlo.

De hecho, no se puede saber cuánto se le hubiera pagado si los pagos fueran puramente voluntarios. Lo único que se sabe es lo que nos "sacan"; entonces su valor es 0. Sin embargo, los políticos intentan "vender" a la sociedad que su aporte al sistema económico tiene que ser medido por cuánto dinero ajeno ellos gastan en terceros. Es como cuantificar el aporte a la sociedad de los ladrones midiéndolo por cómo gastan su botín. Los ladrones le quitan a la sociedad, no le dan nada.

Argentina cerrará 2019 con un PBI p/cápita -8% (2015); -12% (2011) y -6% (2008) más bajo que años anteriores. En los últimos 12 años la pobreza aumento +35% en Argentina, mientras que cayó en la mayoría de los países de la región: Perú (-61%); Uruguay (-58%); Paraguay (-49%); Colombia (-42%) y Chile (-37%). Argentina tiene un Estado desalineado con su PBI per cápita; lo cual ahoga al sector privado no dejándolo ganar dinero, desincentivando la inversión, acumulación de capital, productividad, el crecimiento y la generación de empleo.

El crecimiento del Estado argentino ha sido exponencial en estos últimos 15 años. Cuando se compara 2018 contra 2002, el gasto público total creció 61% (16,3 puntos del PBI), pasando del 26,7% (2002) al 43,0% (2018). La presión tributaria total subió 50% (11,4 puntos. del PBI), pasando de 22,9% (2002) a 34,3% (2018) del PBI. Este tamaño de Estado corresponde a un país con un PBI per cápita entre cuatro y cinco veces superior. Por el contrario, los países que más crecen de la región tienen un nivel de gasto público entre -11,8% y -19,2% del PBI más bajo que Argentina. Una presión tributaria de entre -8% y -16,1% más baja que Argentina.

Argentina tiene dos opciones. Primero, no achicar el Estado y seguir por el actual sendero de decadencia. Segundo, achicar el Estado y bajar el gasto público, lo cual permitirá bajar impuestos, desahogar al sector privado, incentivar la inversión y crecer. Cuanto más achiquemos el Estado y el gasto público, los impuestos más podrán bajar. No se puede bajar impuestos sin antes bajar más el gasto público. Dado que 2018 cerró con déficit primario de -2,3% del PBI y la condición de solvencia intertemporal de nuestra deuda exige un superávit primario de (cómo mínimo) 3% del PBI, se necesita que la baja del gasto sea 5% del PBI mayor que la baja de la presión tributaria.

Los ciudadanos tenemos que entender no sólo que necesitamos sí o sí una reducción del Estado, sino que debemos exigírselo a los políticos. Ellos no lo bajarán por si solos, ya que es "su" negocio. Y es un juego de suma cero. Ellos ganan, nosotros perdemos. Los políticos, defendiendo su negocio de casta, dirán que no se puede bajar el gasto público; y sembrarán el miedo y el caos como única alternativa posible a la situación actual. Mentira. Se puede bajar el gasto público. Hay tela para recortar. El recorte tiene que ser en los tres niveles de gobierno e implica una reforma política.

El gasto público podría reducirse en dos etapas. Con Javier Milei lo explicamos en profundidad en nuestro próximo libro en el cual hacemos una propuesta. La primera (segunda) en los primeros dos años (segunda mitad) de mandato del próximo gobierno. La primera etapa debe focalizarse en el gasto público flexible de Nación y Provincias que, en forma consolidada, suma casi 9% del PBI: 4,7 puntos. Nación y 4,2 puntos. Provincias. Este gasto flexible podría ser cortado casi en su totalidad. Este gasto flexible de Nación más Provincias por 8,9% del PBI está formado por obra pública (1,8% del PBI); transferencias (3,1% del PBI) y subsidios económicos (4,1% del PBI).

La obra pública se podría suprimir pasándola al sector privado con adecuado esquema de incentivos y garantías. El problema es que los políticos no quieren hacerlo, ya que "comen" de esta cuenta. De hecho, un informe del BID estima que hay filtraciones (robo) del gasto por malas compras estatales por un equivalente de 1,5% del PBI. Las transferencias entre diferentes niveles del Estado también son parte del "negocio" político.

El informe del BID estima que las filtraciones (robo) del gasto en transferencias asciende a 4,5% del PBI. A nivel provincial estas transferencias incluyen financiamiento del gasto municipal (no incluido acá) que debe ser drásticamente recortado. Los contribuyentes no podemos y no debemos mantener 2200 legislaturas. Los subsidios económicos deben y pueden ser eliminados de cuajo poniendo en práctica una revisión y adecuación total e integral de los contratos de las empresas. En pocas palabras, en una primera etapa hay tela para bajar gasto por hasta 8% y 9% del PBI.

Del otro lado, en esta primera etapa la presión tributaria podría bajarse hasta los niveles de 2007. Actuando sobre los dos niveles de gobierno, podría estar la alternativa de bajar Ganancias (-0,6% del PBI), Seguridad Social (-2,5% del PBI), Ingresos Brutos y Sellos en las provincias (-1,6% del PBI) y eliminar las Retenciones a las exportaciones (-1,0%) y Bienes Personales/Ganancia Mínima presunta (-0,2% del PBI). La presión tributaria bajaría -5,9 puntos porcentuales del PBI.

Esta baja de impuestos desahogaría al sector privado, rebotaría la inversión; y la economía empezaría a crecer "en serio". Se empezaría a generar empleo. En este escenario, en la segunda mitad del próximo gobierno habría margen para iniciar una segunda etapa de reducción del gasto e impuestos. Entre 2002 (9,2% del PBI) y 2018 (12,6%), el gasto público en personal de Nación y Provincias (sumado) aumentó 3,4% en términos del PBI. En este sentido, con una reforma del Estado y un programa de retiro voluntario por organismos multilaterales, el gasto salarial total podría caer 2,5% del PBI (-1,0% Nación y -1,5% Provincias). Obviamente, los políticos también dirán que es imposible hacerlo, pero es mentira. La verdad es otra y la muestra el trabajo del BID cuando estima que las filtraciones (robo) del gasto por pagos de salarios asciende a 1,5% del PBI nacional.

Luego, con una economía con menos impuestos, creciendo y generando puestos de trabajo y sin tocar AUH (0,6% del PBI) y las Asignaciones Familiares (0,7% del PBI), el gasto en los restantes planes sociales podría ser reducido -1,7% del PBI en esta segunda etapa. En otras palabras, la reducción del gasto público podría sumar hasta -13% del PBI hacia el final del próximo gobierno. Si a esto se le suma una reforma previsional, un trabajo mancomunado en las restantes cuentas del gasto público y crecimiento económico, la baja del gasto podría alcanzar hasta -15% del PBI, lo cual nos retrotraería a los niveles de 2004/2006 y nos alinearía con los países exitosos de la región.

La contracara de esta segunda etapa de baja de gasto es una segunda etapa de reducción adicional de impuestos. Se podría seguir bajando Ganancias (-1,9% del PBI) y Seguridad Social (-1,8% del PBI adicionales) hasta los niveles de 2002/2003. Paralelamente, Ingresos Brutos y Sellos deberían bajar otro -0,8% del PBI para alcanzar los niveles de 200/2003.

De esta manera, en la segunda etapa la presión tributaria bajaría 4 puntos porcentuales adicionales en términos del PBI, totalizando una reducción de 10% del PBI punta a punta entre las dos etapas. En este recorte no se incluye Débitos y Créditos Bancarios (1,7% del PBI), IVA (8% del PBI) y otros Impuestos (1,8% del PBI), lo cual totaliza 13% del PBI. En síntesis, hay tela para bajar el gasto público y los impuestos -15% y -13% del PBI; respectivamente. Sin nuestra presión ciudadana, nada se hará.