Ayer fue promulgada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la Reforma Político-electoral que pone fin a la no reelección en México en el caso de los legisladores y alcaldes y termina con el Instituto Federal Electoral.

La promulgación se llevó a cabo en el alcázar del Castillo de Chapultepec. En medio de la ruptura del Pacto por México, el mandatario invitó al acto a los líderes de PRI, PAN y PRD, sin embargo, sólo aceptaron los dirigentes del tricolor, César Camacho, y del blanquiazul, Gustavo Madero.

La reforma permitirá a partir de 2018 la reelección de senadores hasta por dos períodos consecutivos, y a partir de 2015, de diputados federales hasta por cuatro períodos, para un total de 12 años en ambos casos.

También contempla la reelección de diputados locales y alcaldes, pero los detalles de este punto deberán ser precisados por los congresos de los estados.

Además, obliga a los partidos a presentar a mujeres en el 50 por ciento de las candidaturas a legisladores.

Este ordenamiento transforma al IFE en el Instituto Nacional Electoral (INE), y mantiene a los institutos electorales estatales, cuyos consejeros serán designados por el INE para un período de 7 años. En caso de anomalías graves en alguna entidad, el INE puede atraer la elección.

El INE estará encabezado por un consejero presidente y 10 consejeros, quienes durarán en su cargo nueve años y no podrán ser reelectos.

Abarca también la posibilidad de que la fuerza política triunfante en las elecciones presidenciales forme un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos representados en el Congreso.

Se contempla la posibilidad de anular una elección federal o local por varias causas, entre ellas exceder el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado y utilizar recursos de procedencia ilícita.

Al respecto, Peña Nieto anunció que firmará una iniciativa para aclarar que la nulidad de las elecciones será posible también ante la adquisición de cualquier cobertura informativa o tiempo de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley, una de las principales críticas que recibió cuando era candidato.

La reforma otorga autonomía a la Procuraduría General de la República (PGR), que ahora será Fiscalía General y su titular ejercerá el cargo por nueve años y será designado por el Senado.

La toma de protesta del presidente de la República será a partir de 2018 el 1 de octubre, para lo cual el Congreso de la Unión entrará en funciones el 1 de agosto. El presidente dijo que la reforma incorpora reglas "más justas" y "transparentes" para dar "mayor certidumbre a los procesos electorales".