José Villarejo, comisario de la Policía Nacional y uno de los implicados en las operaciones ilegales encubiertas contra dirigentes políticos independentistas, ha confirmado a la justicia de Andorra que él es el autor de varios informes sin sellos ni firmas en los que, entre otras cosas, se asegura que el exconsejero delegado de la Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, recibió 500.000 euros de fondos reservados a cambio de entregar una copia de movimientos de dinero de las cuentas de la familia del expresident Jordi Pujol en ese banco. El comisario asevera que “se pone a disposición de las autoridades judiciales andorranas y españolas para colaborar si así fuera requerido para ello”. Miquel está en prisión en Andorra desde marzo del 2015.

Villarejo confirma la autoría de esos informes en una declaración ante un Notario de Madrid en septiembre pasado y remitida al juzgado andorrano que tramita una querella de Higini Cierco, expropietario de BPA. El pasado 18 de octubre, Cierco presentó la querella contra Celestino Barroso, agregado de Interior de la embajada de España en el principado, y Marcelino Martín Blas, comisario de la Policía Nacional. El banquero andorrano acusa a ambos funcionarios de los delitos de coacción y chantaje, al exigirle que violase el secreto bancario y revelara datos de las cuentas de la familia Pujol, con la amenaza de perder el banco en el que caso de que no colaborase.

En la querella, Cierco aporta hasta cuatro informes anónimos en los que se detallan movimientos económicos opacos de los Pujol e incluyen la reproducción de una pantalla de ordenador con ingresos en cuentas de la BPA de los Pujol procedentes de Andbank.

En uno de esos informes, de julio del 2014, se atribuye al comisario Marcelino Martín Blas, enfrentado a Villarejo, haber pactado el soborno con Miquel: “aceptó colaborar a cambio de una muy significativa cantidad, procedente de fondos reservados en efectivo (500.000 €), que le sería entregada en España, por acuerdo de ambos, ya que el delito de revelación de secretos bancarios sólo existe y por tanto se persigue penalmente en Andorra”. El documento especula con que “tan sustanciosa cantidad de fondos reservados a buen seguro fueron facilitados por el CNI”.

En su declaración notarial, Villarejo asegura ”que es el autor de diversos escritos que se le han mostrado por parte de los letrados, concretamente unas notas informativas (...) las cuales que se refieren a diversas informaciones sobre Andorra, movimientos bancarios diversos, así como referencias a las actuaciones en todo ello del comisario Marcelino Martín”. El pasado mes de julio, Villarejo declaró ante la justicia española que en Interior se había creado una unidad especial para realizar operaciones encubiertas en Catalunya.