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En estos días compañeras de Libres y Combativas y el Sindicato de Estudiantes hemos recibido notificaciones de la Delegación del Gobierno de Madrid por la que nos imponen multas de 2000 euros. El delito: llevar un vehículo con megafonía a la manifestación feminista del pasado 8 de Marzo por la tarde, a la que convocamos a decenas de miles de jóvenes en el contexto de la huelga general feminista. Las multas son el resultado de las denuncias de la policía, que ha recurrido a la Ley Mordaza para imponerlas, y llevan la firma de la delegada del gobierno del PSOE en Madrid, María Paz García Vera.

Estas multas representan que la represión a la libertad de expresión, organización y manifestación no sólo no ha cesado sino que se incrementa. Qué un gobierno socialista sea capaz de llevar a cabo un acción semejante, e imponga multas a una organización como Libres y Combativas que ha destacado por su compromiso en la lucha contra la violencia machista es toda una declaración de principios. ¿Es así como se defiende el feminismo? ¿Es así como se alienta la igualdad?

El gobierno del PSOE se ha llenado la boca estos meses hablando de ser el más “feminista de la historia”. Pero los hechos contradicen esta versión. Lejos de apoyar al movimiento feminista, lo que hacen es recurrir a la Ley Mordaza del PP para golpear a las que luchamos y nos enfrentamos en el día contra la justicia patriarcal y sus sentencias infames, convocamos movilizaciones masivas y huelgas generales, y decimos que el sistema es la Manada.

Una vez que hemos denunciado estos hechos iniciando una amplia campaña de solidaridad y denuncia contra este comportamiento represivo, la Delegación del Gobierno en Madrid ha emitido un comunicado público que es un completo bochorno y que refleja como sus responsables entienden los derechos democráticos. (Se puede consultar integro pinchando este enlace http://www.mptfp.es/ portal/delegaciones_gobierno/ delegaciones/madrid/ actualidad/notas_de_prensa/ notas/2019/06/2019-06-13-.html )

El comunicado lleva por título, “La Delegación del Gobierno abre tres expedientes sancionadores por desobediencia grave a la autoridad durante la manifestación del 8 de marzo” y en el mismo se puede leer textualmente lo siguiente:

“Los hechos que motivaron las denuncias tuvieron lugar en la Glorieta del Emperador Carlos V de Madrid, al inicio de la manifestación convocada con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Los agentes acuden a la llamada de la Policía Municipal que relata problemas con un vehículo que quería acceder al recorrido de la manifestación. Los agentes de la Policía Nacional, tras comprobar que efectivamente el camión no contaba con autorización para circular en el cuerpo de la manifestación, denegaron el acceso del vehículo por razones de seguridad, y así lo comunicaron a los interesados.

A pesar de ello, se produce la negativa de las tres personas a obedecer las instrucciones policiales, llegando a retirar la valla de señalización dispuesta para el corte de tráfico que garantiza la seguridad de las personas que libremente se manifiestan. Tras conseguir recorrer varios metros con el camión, contraviniendo las instrucciones policiales, finalmente es interceptado por un agente que inmoviliza el vehículo, no sin antes negarse a retirarlo por lo que se le solicita la entrega de llaves.

Al mismo tiempo, desde la parte de atrás del camión donde había dispuestos un micrófono y unos altavoces, una de las personas denunciadas arengaba a una masa de unas doscientas personas, teniendo los agentes que abandonar el lugar para evitar una situación aún más complicada.

Como consecuencia de dicha situación, finalmente, no puede retirarse el camión del recorrido, lo que obstaculizó la normal marcha de los asistentes a la manifestación, que en ese punto tenían que ir esquivando el vehículo.

Como ocurre en este tipo de manifestaciones en las que se prevé una asistencia multitudinaria, días antes del 8 de marzo, se celebró en la Delegación del Gobierno la correspondiente reunión de seguridad en la que se informó, entre otros extremos, de la necesidad de disponer de la correspondiente autorización para los vehículos que pretendiesen acceder a la misma, para garantizar la seguridad de los manifestantes, y en aplicación de la alerta de Nivel 4 Antiterrorista.

Los tres expedientes sancionadores incoados lo son frente a tres personas físicas, en momento alguno se sanciona a “Libres y Combativas” ni al “Sindicato de Estudiantes…”.

En realidad, los hechos se desarrollaron de una manera muy diferente a como se señala en este comunicado oficial. El 8 de marzo en la manifestación de la tarde fuimos víctimas de una actitud intimidatoria y machista por parte de dos miembros de la policía nacional que impidió a nuestras compañeras su derecho a la libertad de expresión: nos trataron de una forma inaceptable y nos impidieron utilizar nuestra megafonía para cantar consignas en defensa de los derechos de las mujeres.

El comunicado de la Delegación de Gobierno señala que “el camión no contaba con autorización para circular en el cuerpo de la manifestación” y que “así lo comunicaron a los interesados”. Esto es una burda excusa que no se sostiene. Libres y Combativas y el Sindicato de Estudiantes han convocado y participado en decenas de manifestaciones. Jamás hemos necesitado ninguna autorización específica de Delegación de Gobierno para utilizar nuestra megafonía, y jamás hemos tenido ningún problema al respecto.

La situación es mucho más grave por el siguiente hecho: Libres y Combativas y el Sindicato de Estudiantes organizamos una manifestación en la mañana de ese mismo 8 de marzo en el centro de Madrid, concretamente desde la Puerta del Sol hasta el Ministerio de Justicia. En esa manifestación en la que participaron más de 100.000 jóvenes, utilizamos el camión de megafonía de nuestra organización sin que tuviéramos ningún problema legal. Nuestra manifestación, como siempre, se desarrolló de manera pacífica.

En la manifestación del 8 de marzo por la tarde, manifestación de la que éramos convocantes, llevamos nuestra megafonía igual que por la mañana y a las manifestaciones de años anteriores del 8M y de otras movilizaciones. Pero en esta ocasión, cuando nos encontrábamos organizando nuestro cortejo con nuestra megafonía, fuimos abordados por dos miembros de la policía nacional que nos emplazaron de malos modos a no mover el camión de megafonía por “razones de seguridad”, un hecho insólito y que no tenía precedentes.

Cuando pedimos explicaciones a los miembros de la policía nacional e incluso les solicitamos la presencia de un mando para aclarar esta situación completamente irregular, se negaron en rotundo, endureciendo su actitud autoritaria y su desprecio ante las peticiones de nuestras compañeras, entre las que se encontraba Ana García Rubio, secretaria general del Sindicato de Estudiantes y portavoz de Libres y Combativas, y que ha sido multada con 700 euros.

Las miles de personas que asistían perplejas a esta actuación policial, son testigos de cómo estos agentes intimidaron desde el primer momento a las compañeras. Del mismo modo que pudieron ver en qué consistía esa “solicitud de entrega de llaves del camión” cuando uno de los agentes asaltó el camión y arrancó violentamente del contacto las llaves del mismo, dejándolo inmovilizado durante horas.

Esa actitud intimidatoria mantenida del primer al último minuto por los agentes se convierte en su contrario en el comunicado de la Delegación de Gobierno, y Ana García, aunque sin citarla, pasa a ser la protagonista por arengar “a una masa de unas doscientas personas” lo que al parecer provocó que estos mismos agentes tuvieran “que abandonar el lugar para evitar una situación aún más complicada”.

Este es el mismo lenguaje que se utilizaba en los comunicados policiales de tiempos pasados y felizmente superados. Cuando nuestra compañera denunció públicamente el atropello que estábamos sufriendo sin ningún tipo de justificación, se insinúa que estábamos creando una situación “complicada”. Es decir, que apelar pacíficamente a que cese una actitud agresiva y avasalladora por parte de la policía es crear una situación “complicada”.

Es completamente ridículo que en el comunicado se haga referencia a la existencia de una “alerta de Nivel 4 Antiterrorista” para justificar que nuestro camión de megafonía suponía una amenaza “para la seguridad de los manifestantes”. Esto es completamente bochornoso y confirma que la Delegación de Gobierno en Madrid tiene que recurrir a argumentos espurios para respaldar estas multas y la actuación de la policía.

La alerta de Nivel 4 antiterrorista existe desde 2015, y en ninguna manifestación organizada por Libres y Combativas y el Sindicato de Estudiantes o en las que hemos participado, y han sido decenas, se nos ha prohibido utilizar megafonía o se han impuesto multas por hacerlo. Es una completa vergüenza que se argumente este tipo de disparates o ¿es que acaso se considera que nuestro camión de megafonía, que contenía también panfletos y megáfonos y estaba completamente identificado, constituía una amenaza terrorista?

Para rematar este relato fantástico, la Delegación insiste en que “los tres expedientes sancionadores incoados lo son frente a tres personas físicas, en momento alguno se sanciona a “Libres y Combativas” ni al “Sindicato de Estudiantes”. Podrían tratar de utilizar este argumento si no fuera porque las tres personas se identificaron como responsables del Sindicato de Estudiantes y Libres Combativas ante la policía, incluyendo nuestro abogado. Las razones de estas multas no son la “desobediencia” ni la “seguridad”, sino que tienen una motivación política muy clara. El hecho es que la policía nos impidió utilizar nuestra megafonía y paralizó el camión.

Es completamente inadmisible que la Delegada del Gobierno del PSOE multe a las organizaciones feministas que salimos a luchar contra la violencia machista y a defender los derechos de las mujeres el 8 de marzo y que se escude en la Ley Mordaza para ello. Por eso llamamos a todas las organizaciones de la izquierda, organizaciones feministas y colectivos sociales a participar en la campaña de solidaridad y exigir la retirada inmediata de todas las sanciones y una disculpa pública en la que la Delegación de Gobierno de Madrid se retracte de todas estas acusaciones.

¡Basta de ataques al movimiento feminista!

¡No nos van a callar!