Elvia, a quien llamaremos así para reservar su nombre real, tiene 9 años y está en quinto grado de primaria en Mérida, Yucatán. La menor de edad es una persona de talla baja con dificultades de movilidad. Vive con hipocondroplasia y genu varu: los huesos de su cuerpo que deberían ser largos son cortos y gruesos, además tienen fisuras; presenta también desviación de columna y cadera y sus piernas están arqueadas.

Si juega o corre, se cansa rápido y le duelen mucho los huesos. Elvia quiere jugar futbol y corretear con sus hermanos, pero no puede. Para evitar sentir dolor, aun con poca movilidad, debe tomar diario medicamentos como Ibuprofeno.

El personal médico que la acompaña le ha indicado que evite subir escaleras. Pero en la primaria donde estudia, en el centro de Mérida, decidieron colocar a su grupo en el segundo piso, al final del pasillo. Elvia siente dolores constantes en las rodillas cuando tiene que ir a su salón de clase.

La niña lleva ya un año así. En la escuela donde está, los grupos de primero, segundo y tercer grado están en la planta baja. Los grados superiores van arriba. Así ha sido desde hace años. En el ciclo escolar anterior, cuando pasó a cuarto, Elvia tuvo que empezar a subir escaleras.

“Parece que la actitud es que no van a mover grupos de niveles solo por mi hija”, dice su mamá, Mary.

Al director, Jorge Gamboa Escalante, le han presentado constancias médicas en las que se prueba la condición de Elvia y las recomendaciones sobre su caso, pero se ha negado a adoptar cualquier medida. Dice que “si Elvia puede caminar, puede subir escaleras”, denuncia la mamá.

La medida que se le ocurrió al director fue hacer que una compañera la ayude a subir, con el riesgo que eso implica para las dos. A Elvia le da pena que deban ayudarla y la medida solo provocó más discriminación. Ahora los demás alumnos se burlan de ella, la llaman: “la niña que hay que llevar al salón”.

“Hasta un profesor se estaba riendo el viernes pasado porque yo subí a la niña cargando”, cuenta Mary, quien es madre soltera de otros dos menores y trabaja como ayudante en una veterinaria.

La mamá de Elvia también acudió a la entidad encargada de apoyar el proceso de integración de alumnos y alumnas con necesidades especiales, la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (Usaer) adscrita a la escuela, pero la respuesta que recibió es que la niña podía tomar clases en un curso inferior con salón en el primer piso y después “se le validarían las calificaciones como si fueran de su curso”.

“Al decirle que curse un grado abajo y luego le validan el otro es como si hicieran una mera simulación de que ella está cursando los grados, como si al final no importará si los cursa o no”, dice Ángeles Cruz Rosel, experta en temas de personas con discapacidad y asesora jurídica de la menor.

Mary también denuncia que el director de la escuela le aseguró que la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (Segey) estaba enterada del caso y que lo respaldaba en su decisión de no mover al grupo de Elvia a la planta baja, aun cuando hay un espacio ocupado como salón de audiovisuales y juntas, donde los menores podrían tomar sus clases.

Cansada de las constantes negativas, comentarios discriminatorios y el dolor que le genera subir las escaleras todos los días, el 26 de septiembre Elvia presentó, con apoyo de su mamá, una demanda de amparo en contra de diversas autoridades educativas, entre ellas Usaer y Segey, por violar su derecho a la no discriminación por razón de discapacidad, en detrimento de sus derechos a la salud y a la educación.

Al admitir la demanda, registrada en el expediente 1305/2019, la juez cuarto de distrito en Yucatán ordenó a la Escuela Primaria “Rodolfo Menéndez de la Peña” adoptar “las medidas pertinentes para la salud” de Elvia, y así evitar que durante la tramitación del juicio tenga mayor afectación por subir y bajar las escaleras.

Jorge Gamboa Escalante recibió la notificación este viernes 27 de septiembre, justo durante una visita del alcalde Renán Becerra Concha, por ser este centro educativo parte del programa de escuelas seguras en el que se promueve la sana convivencia, el respeto y los valores de civilidad entre el alumnado.

“Todo eso parece otra simulación”, dice Mary.

Pero, ante la resolución de la jueza, a partir de este lunes 30 de septiembre, las autoridades educativas deben cumplir con la medida cautelar.

Cruz Rosel, explica que se demanda el derecho de Elvia a recibir los ajustes razonables necesarios para acceder a la educación, tal y como lo ordena el artículo 3 de la Constitución Federal. “Ninguna persona con discapacidad es igual a otra, por lo que atendiendo a cada caso concreto deben evaluarse cuáles son los ajustes razonables que deben implementarse para derribar las barreras físicas, comunicacionales o actitudinales que enfrentan las personas que viven con alguna diversidad funcional”.

Este caso, señaló el abogado y defensor de derechos humanos Carlos Luis Escoffié Duarte, quien también forma parte del equipo legal de Elvia, muestra una de las muchas formas en las que las personas de talla baja son discriminadas desde temprana edad y puede ser un gran precedente para muchas otras historias similares.

Al respecto, la Secretaria de Educación de Yucatán aseguró en un comunicado que, el viernes 27 de septiembre de 2019, recibió un amparo para asegurar un enfoque inclusivo en el servicio educativo que se brinda a una niña de talla baja, con dificultades de movilidad.

“En el momento en que la Dirección Jurídica de la Segey tuvo conocimiento de la situación, estableció contacto con la Dirección de Educación Primaria y de Educación Especial para dar respuesta y seguimiento al caso”, se lee en el documento.

Como primera medida se estableció garantizar que la menor tome sus clases en un salón ubicado en la planta baja, tal como lo venía haciendo en cursos anteriores. Del mismo modo, el martes 1 de octubre, personal de la Dirección Jurídica visitará el plantel en compañía del Área de Recursos Materiales para revisar y llevar a cabo las acciones para que las instalaciones del plantel se traduzcan en un contexto educativo incluyente.

También se llevará a cabo una capacitación al personal de la escuela en el tema de derechos de niñas y niños con discapacidad, así como un taller de acciones para la inclusión de las personas con discapacidad dirigido a docentes, padres y madres de familia, informó la Segey, ante la resolución de la jueza.

De respetarse la decisión de la juez, Elvia ya no tendrá que subir más escalones y podrá tomar clases en un salón seguro para su salud. Para eso la niña tuvo que iniciar una lucha legal en contra de las autoridades educativas de Yucatán que por más de un año la han discriminado por su condición física.