Ya en la presidencia, López Obrador ha atenuado su virulencia contra algunos de sus enemigos tradicionales —Donald Trump, la oligarquía, las televisoras— y ha debido hacerse, mañanera a mañanera, de nuevos adversarios: huachicoleros, asociaciones civiles, organismos autónomos, periodistas, científicos, académicos y, sí, artistas.

En más de una ocasión él y algunos de sus allegados se han empeñado en representar a los creadores como una más de las dañosas élites que el gobierno debe combatir: consentida y privilegiada, dependiente de las becas y del subsidio público, apenas productiva. No se olvidan al respecto las declaraciones de la senadora Jesusa Rodríguez en las que convoca a los artistas a dejar de “vivir del presupuesto” y a “aguantar sin privilegios”. Tampoco se olvida aquel reportaje de Notimex (la agencia de noticias del Estado) que identificaba, a manera de criminales, a los creadores que habían recibido más apoyos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca). Bonita cosa: apoyar la cuarta transformación y aparecer al otro día fichado en las notas oficiales.

El sector cultural ha sido golpeado, además, por algunos de los males que han azotado a otros sectores durante estos meses. Dígase austeridad: en 2019, la Secretaría de Cultura padeció un recorte presupuestal del 3,9 por ciento respecto al año anterior, se destinó así tan solo el 0,21 por ciento del presupuesto federal al sector, muy por debajo del uno por ciento recomendado por la Unesco. Dígase presidencialismo: empieza a ser claro que los principales proyectos culturales de este sexenio serán aquellos que son especialmente caros no al público ni a los creadores, sino a López Obrador; la distribución masiva de ejemplares de la Cartilla moral de Alfonso Reyes, la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural (presidida por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller), la transformación de Los Pinos en un impreciso centro cultural.

La Secretaría de Cultura, encabezada por Alejandra Frausto, ha cooperado además con un nutrido repertorio de fallos y tropiezos particulares. Es variopinta la lista: falsas mudanzas a Tlaxcala, repetidas erratas en documentos oficiales, eventos religiosos en el Palacio de Bellas Artes, despidos injustificados, nombramientos inexplicables y, como remate, un subejercicio del presupuesto que bien pudo haber justificado un nuevo recorte en el paquete económico de 2020 (el cual prevé un mínimo incremento para el ramo cultural que ni siquiera es suficiente para devolver el presupuesto al nivel de 2018, el último año de Peña Nieto).

Ninguno de esos tropiezos ha sido tan sonoro y tan perjudicial para la relación entre los artistas y las autoridades culturales como el relacionado con las becas del Fonca, en particular las del Sistema Nacional de Creadores. Ya se han señalado algunos de los problemas de estos programas de apoyos: endogamia, pobre creación de públicos, débil profesionalización del sector. Habría que añadir que, al revés de lo que parecen creer algunos beneficiarios, este sistema, como todo programa público, debe ser evaluado y, en su caso, transformado.