A principios del presente mes de julio militares israelíes arrestaron a las mujeres activistas palestinas Khalida Jarr, parlamentaria del Frente Popular para la Liberación de Palestina que dirigió la Comisión de Asuntos de las Personas Presas, y Khitam Saafin, presidenta de la Unión de Comités de Mujeres Palestinas y reconocida feminista palestina que ha participado en el Foro Social Mundial y en la Marcha Mundial de las Mujeres.

Pocos días después, ambas mujeres recibieron una orden de detención administrativa, la forma en que Israel denomina a las detenciones arbitrarias sin cargos ni juicio ni posibilidad de defensa y otras garantías judiciales emitidas por periodos de seis meses renovables durante años. Este tipo de encarcelamiento es una grave violación del derecho internacional, según la Cuarta Convención de Ginebra; así como de los derechos humanos, tal y como ha sido reiteradamente denunciado por organizaciones como Amnistía Internacional que ha criticado que Israel usa este tipo de encarcelamiento sin derechos contra palestinos y palestinas que promueven campañas pacíficas y legítimas contra la ocupación israelí.

Además, estas detenciones están basadas en una legislación militar excepcional por motivos de seguridad que sólo se aplica a población palestina, una práctica que el informe “Prácticas Israelíes contra el Pueblo Palestino y la Cuestión del Apartheid” de la Comisión Económica y Social del Asia Occidental de las Naciones Unidas califica como constitutiva de delito de apartheid.

El fin de de estos encarcelamientos arbitrarios fue una de las principales demandas de la huelga de hambre realizada por 1100 personas presas palestinas el pasado mes de mayo. Actualmente hay 750 personas encarceladas por detención administrativa en cárceles israelíes, así como 55 mujeres -12 de ellas menores de edad-, de un total de 6500 personas presas palestinas.

En una situación de ocupación y ante las presiones conservadoras de su sociedad que tratar de relegar a las mujeres a la esfera doméstica, las mujeres palestinas suelen sufrir más violencia (psicológica, económica, física o sexual). Frente a situación, mujeres líderes como Khalida Jarr o Khitam Saafin suponen un ejemplo en su lucha contra la ocupación israelí y por los derechos de las mujeres palestinas y el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Según denuncian organizaciones de derechos humanos, las mujeres palestinas son frecuentemente arrestadas e interrogadas en calles, puestos de control o centros de detención sin explicaciones ni derecho a defensa, períodos en sufren tratos inhumanos, degradantes y acoso sexual.

Desde Podemos, exigimos que el Gobierno de España sea coherente con su postura de preocupación y condena de violaciones de derechos humanos y actúe para acabar con este tipo de encarcelamientos sin cargos ni juicio, así como que debe asegurarse que si las autoridades israelíes no respetan los derechos básicos de Khalida Jarr y Khitam Saafin, ambas mujeres deben ser liberadas. Por esa razón, nuestras diputadas Àngela Ballester y Sònia Farré, integrantes de nuestro Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos -En Comú Podem -En Marea en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, han presentado la siguiente pregunta parlamentaria al Gobierno.