El pasado 21 de octubre, y mientras CHV transmitía en directo una nueva jornada de manifestaciones en Santiago, una escena impactó a la ciudadanía: un hombre, que se encontraba "caceroleando" e infringiendo el toque de queda en la comuna de Ñuñoa, es detenido por 12 uniformados de las Fuerzas Especiales de Carabineros, quienes, una vez lo inmovilizan, comienzan a golpearlo.

El hombre recibió patadas, golpes de puño y lumazos. Otros manifestantes lograron rescatarlo.

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Ese hecho en concreto es unos de los que indicó el Fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, quien anunció que formalizarán a esos 12 uniformados de Carabineros implicados en los hechos por los delitos de tortura.

En palabras de Guerra, los uniformados "agreden, luego de detener, a una persona que se encontraba manifestándose en el lugar y le propinan una serie de golpes que le originan una serie de lesiones graves".

"Hablamos de trauma ocular grave, fractura nasal y fracturas costales. Por ese hecho, 12 funcionarios van a ser formalizados por la Fiscalía de Ñuñoa por el delito de torturas ante el Octavo Juzgado de Garantía" de la comuna.

El segundo caso

El otro caso ocurrió el mismo día y a la misma hora, pero en La Florida, e involucra un menor de edad: "un menor de 16 años, que había sido detenido por infracción al toque de queda, fue brutalmente golpeado por dos funcionarios", pertenecientes a la 61° comisaría de La Florida.

"A nuestro juicio, esto también es tortura, a pesar de que las lesiones no son de la gravedad de lo que ocurrió en Ñuñoa, pero no dejan de ser importantes", agregó Guerra.

Los dos efectivos implicados serán formalizados ante el 14° Juzgado de Garantía de La Florida.

Pena de presidio mayor en su grado mínimo

En ambos casos, los uniformados serán formalizados por el delito de tortura, del artículo 150, letra A, del Código Penal, por lo que pueden obtener la pena de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, desde 5 años y un día, a 10 años "porque son hechos especialmente graves". Además, cada Juzgado determinará si quedan en prisión preventiva.

"Queremos reafirmar nuestro compromiso con investigar todo tipo de delitos, particularmente los que cometen agentes del Estado, haciendo uso de violencia institucional en contra de ciudadanos", explicó el persecutor.

"No es justificación que estos ciudadanos puedan haber cometido una infracción para cometer este tipo de excesos, que como institución condenamos y que como institución reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los DD.HH,", sentenció.