Sucedió el pasado miércoles durante la tercera sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra ocho jóvenes de Alsasua acusados de agredir y amenazar a dos guardias civiles y a sus parejas la madrugada del 15 de octubre de 2015 en el bar Koxka de la localidad navarra. Declaraba uno de los principales testigos de la causa, el dueño del local, Josu Muñoa, que aseguraba sin embargo no haber visto ninguna agresión a los agentes dentro de su bar ni podía identificar a los encausados –para quienes la Fiscalía pide en total 375 años de cárcel– como autores del ataque. Se limitaba a señalar que se enteró de que había habido una “bronca” fuera del bar cuando al salir del mismo vio al teniente tirado en el suelo. Y aseguró que la novia de éste, María José, le llamó “hijo de puta dos veces”, quizás confundiéndole con otra persona.

Víctimas contra testigos en la primera semana del juicio a los jóvenes de Alsasua

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El fiscal intervino, e hizo alusión a una supuesta declaración anterior de Muñoa que consta en el atestado policial incorporado a la causa y que explica que el hostelero aseguró que la agresión había sido premeditada y que los jóvenes que habían participado en la misma sabían pegar. Incluso la sala le mostró el folio de la declaración que consta en el sumario. El testigo no disimuló entonces su sorpresa: “Esto no lo he firmado yo. Dije una cosa pero aquí hay cosas que yo no dije. No podía saber ni si fue premeditado ni si participó gente que sabía pegar porque ni siquiera vi nada”. Además, aseguró haber declarado ante la policía el domingo, un día después del suceso, y no el lunes, como sostenía el Ministerio Público.

Este error suponía un importante golpe para la estrategia de la acusación, que trata de defender que la agresión estuvo previamente organizada, y que incluso puede considerarse terrorismo por la supuesta vinculación de los acusados con los movimientos Ospa o Alde Hemendik, dedicados a reivindicar la salida de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Euskadi y Navarra. Se trataba de uno de los testigos clave, uno de los pocos que podían confirmar la versión relatada con crudeza y emoción tanto por los propios guardias civiles como por sus parejas un día antes, en la sesión del juicio del martes.

Pero ni el dueño del bar ni su camarera refrendaron el relato que considera que el ataque se inició dentro del Koxka y que quien comenzó la agresión fue Jokin Unamuno –en prisión provisional y para quien la Fiscalía pide 50 años de cárcel– a quien le siguieron propinando “golpes, patadas y empujones” los también encarcelados Oihan Arnanz y Adur Ramírez de Alda, así como Aratz Urriozola, Julen Goikoetxea, Jon Ander Cob e Iñaki Abad, todos ellos en libertad provisional. Es más, la declaración de Muñoa levantó nuevas sospechas sobre la polémica instrucción, dando argumentos sobre su supuesta irregularidad a las defensas de los acusados.

Nada más producirse esa declaración la cuenta de Facebook Altsasuko Gurasoak, que reúne a los padres de los jóvenes encausados, hacía público un mensaje en el que se recogían las palabras de Muñoa negando que su firma estuviera en la declaración que consta en el atestado policial. “Esto no tiene nombre”, consideraban, antes de reivindicar en euskera la libertad de los implicados, así como denunciar los “montajes policiales”.

El error beneficia a la defensa que, por el momento, ha conseguido que, con la excepción de las víctimas –los guardias civiles y sus parejas– ningún otro testigo presencial de la agresión haya confirmado con exactitud cómo se produjo, ni haya identificado a sus autores como los jóvenes que se sientan en el banquillo de los acusados. No obstante, es preciso recordar que todos esos testigos son amigos o conocidos de los encausados y que, a preguntas de la acusación, reconocieron haber participado en movilizaciones en su apoyo.

La acusación confía en que a partir de este lunes, cuando se retoma el juicio en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), las declaraciones de los peritos que elaboraron los informes policiales de inteligencia sirvan para probar tanto la autoría de los hechos como su vinculación con el terrorismo. Una supuesta relación que ha permitido a la Fiscalía solicitar penas que harían que los jóvenes pasasen prácticamente el resto de sus vidas en prisión.