Traducción del inglés al español por David Bogado.

ACTUALIZACIÓN: AEPROVI está negado una cooperación con el gobierno para bloquear sitios web, a pesar de la indicación en contrario en la nota de Telefónica.

De acuerdo a un memorando interno de la multinacional de telecomunicaciones Telefónica filial Ecuador que ha sido filtrado en las últimas horas, la Asociación de Empresas Proveedoras de servicios de Internet (AEPROVI) ha colaborado con el gobierno ecuatoriano para bloquear el acceso de los usuarios a sitios web. El documento fue obtenido y publicado por la Associated Whistleblowing Press y la plataforma ecuatoriana de denuncias, Ecuador Transparente.

El memorando describe que, el 28 de Marzo de 2014, entre las 7:20 pm y 7:53 pm, un técnico recibió reportes de usuarios que no podían acceder a los servicios de Google y YouTube. Detalla que el personal de Telefónica verificó los problemas de acceso que luego fue reportado al Centro de Operaciones de Red (NOC, por sus siglas en inglés). El NOC confirmó que estos sitios web eran inaccesibles debido a que el personal de AEPROVI 'bloqueó el acceso a ciertas páginas de internet bajo solicitud del gobierno nacional'. Este documento indica que numerosos clientes fueron afectados, sugiriendo a AEPROVI que revierta el bloqueo de los sitios con el fin de corregir esta situación.

La filtración confirma que el Estado ecuatoriano puede – y pudo – ordenar a los proveedores locales de Internet (ISPs) el bloqueo de sitios web. Es consistente con alegaciones anteriores de censura de Internet por parte del gobierno. (véase aquí y aquí ). Igualmente, hemos visto cómo autoridades de Ecuador han invocado a despachos de abogados extranjeros para enviar peticiones de retirada de contenidos alegando derechos de autor para remover cientos de sitios web, tweets, documentales y resultados de búsqueda críticos de sus funciones.

¿Qué es AEPROVI y qué han hecho?

AEPROVI es una asociación que reúne a los principales proveedores de servicios de Internet en Ecuador incluyendo a Telefónica (filial Ecuador), cuyos miembros controlan más del 95% del tráfico de Internet en el país. En particular, AEPROVI administra la infraestructura clave de Internet, incluyendo el NAP Ecuador (NAP.EC), que controla los dos mayores puntos de intercambio de Internet (IXP) en Ecuador. Como los IXPs centralizan el tráfico de diferentes ISPs en un solo lugar, pueden ser un objetivo tentador para censurar Internet de manera centralizada.

Por ejemplo, el hardware para el filtrado o la inspección profunda de paquetes puede ser instalado en las conexiones entrantes a un IXP, que podría descartar silenciosamente los paquetes destinados a una dirección IP censurada o que contengan contenido censurado. Alternativamente, un IXP sería el lugar ideal para un censor a fin de inyectar malas respuestas de DNS cuando un cliente intenta ingresar a un dominio como google.com o youtube.com. En lugar de obtener la dirección IP correcta, el censor tendría lugar inyectar una respuesta de DNS que responde a la computadora del cliente con un dominio inexistente. Dado que distintos tráficos de los ISPs fluyen a través de un IXP, la implementación de censura le permite al censor utilizar un sistema único y centralizado para afectar a tantas personas como sea posible.

El incidente de bloqueo mencionado en el memo ocurrió el mismo día en que correos electrónicos privados de supuesta autoría de Rommy Vallejo, director de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), fueron publicados en blogspot.ca, una plataforma de blogs operada por Google. Este post incluyó un vídeo en YouTube. El día anterior, el presidente Rafael Correa afirmó que su cuenta de Twitter había sido hackeada.

Desconocemos si alguno de los incidentes inspiró al gobierno a ordenar a los ISP el bloqueo de cualquier nuevo sitio web, que luego pueden haber dado lugar a una interrupción más amplia, que incluye los sitios vinculados a Google. Hasta ahora, los usuarios de Internet del Ecuador no sabían que existía ningún sistema de censura, o que estaba implicado en un reciente bloqueo.

El público tiene derecho a saber

Los ciudadanos de Ecuador tienen derecho a saber cómo, cuándo y por qué el gobierno de Ecuador está censurando su Internet, y bajo qué ley. El informe de Associated Whistleblowing Press y Ecuador Transparente refiere que el púbico “no sabe qué páginas están siendo censuradas”, más allá de las mencionadas. El bloqueo de Google y YouTube, como explica el memo de Telefónica, parece haber sido un daño colateral en un intento de bloquear otros sitios web. Tampoco está claro cuántas veces se ha producido el bloqueo, qué instituciones gubernamentales tienen la facultad de solicitar bloqueos, y cuáles han sido hechas.



El artículo 8 de la Ley de Telecomunicaciones permite al presidente unilateralmente decrete un estado de emergencia bajo estándares vagos y solicite el bloqueo de contenidos sin la autorización de un tribunal independiente e imparcial. Pero ningún decreto de urgencia fue publicado. Por lo tanto, parece que el bloqueo fue ilegal. Además, más allá de la Ley de Telecomunicaciones, las normas específicas que regulan la colaboración entre AEPROVI y el gobierno ecuatoriano no están claras. Dichas normas, si existen, deben ser publicadas y accesibles a todos. Los miembros de AEPROVI pueden ayudar a aclarar la situación documentándola en forma transparente cuándo y cómo reciben órdenes de censura por parte del gobierno de Ecuador, y por qué han elegido cumplirla.

En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, las normas secretas, los protocolos, las autorizaciones o las interpretaciones secretas de los reglamentos, protocolos, de las autorizaciones, no tienen la calidad de una legislación. Una ley que no es pública no es una ley, ya que el conocimiento y el acceso de todos los ciudadanos a las leyes es un componente esencial de un país que resulta en un estado de derecho.

Del mismo modo, las leyes, normas, protocolos o permisos que otorgan un poder irrestricto a las autoridades entran en conflicto con los requisitos de la ley. El alcance y la forma del ejercicio de cualquier discrecionalidad gubernamental debe indicarse en la propia ley o en directrices publicadas con una claridad razonable, de modo que los individuos pueden razonablemente prever cómo se aplicará la ley en la práctica. Esto es tanto más importante dados los riesgos inherentes de la arbitrariedad en el ejercicio del poder en secreto. Esto es especialmente importante cuando se trata de un arma tan poderosa como la eliminación de contenidos de la red.

Como firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR por sus siglas en inglés), Ecuador tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la libertad de expresión, en línea y fuera de ella. Según una instrucciones presentadas por el ex Relator Especial para la Libertad de Opinión y Expresión, el contenido que está bloqueado debe encajar en categorías muy estrechas: no debe ser bloqueado por el solo hecho de una crítica política o gubernamental, y debe ser bloqueado bajo criterios legales. Por otra parte, el Estado debe proporcionar una lista clara del contenido bloqueado y las razones por las que ha sido bloqueado. Por último, el bloqueo de contenido debe ocurrir sólo cuando un pedido ha sido realizado por una autoridad judicial competente o un organismo independiente.

Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado al gobierno de Ecuador para que revele bajo que facultad legal ordenó a AEPROVI el bloqueo del acceso a Google, YouTube u otros sitios web el 28 de marzo de 2014 y ha ser transparente sobre el uso y el alcance de las medidas de bloqueo. La transparencia es el primer paso en la lucha contra la censura.