El fallo de la Suprema Corte que tantas polémicas desató, tuvo menos de una semana de vigencia. Ayer el Máximo Tribunal local habilitó feria para tratar el recurso extraordinario presentado por el procurador Rodolfo González contra el fallo de la controversia, al que terminó dando por suspendido en su aplicación.

Nadie lo dirá formalmente, pero en voz baja nadie niega que en los hechos los miembros de la Corte bajaron decibeles para evitar la confrontación con el Ejecutivo.

En los papeles, la salida elegante que encontró el Tribunal es que “la sola presentación del Recurso Extraordinario Federal interpuesto por el Procurador suspende la aplicación de la sentencia sobre el Hábeas Corpus, basándose en jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación”.

El conflicto nació cuando trascendió el fallo firmado por cuatro miembros de la Corte en respuesta a un hábeas corpus presentado por la organización de derechos humanos Xumec para resolver las prisiones preventivas de más de 800 presos, quienes estaban detenidos sin la intervención de un juez de Garantías.

Ahora se abren infinitas posibilidades para que todo quede como estaba en la Justicia Penal; un fuero particularmente sensible para la población a causa de la sensación de inseguridad y en el que no hay resultados alentadores desde hace mucho tiempo.

Los hechos se desencadenaron el miércoles 23 por la noche, cuando trascendió el polémico fallo. En esa sentencia, Alejandro Pérez Hualde, Omar Palermo, Jorge Nanclares y Julio Gómez hacen lugar al pedido de Xumec y otorgan un plazo de 60 días para regularizar la situación de los detenidos sin intervención de un juez imparcial y, además, obligan a los fiscales a notificar las detenciones de personas en 24 horas.

La medida tenía un destinatario principalísimo: el procurador González, quien es el jefe de los fiscales de la Justicia provincial. Pero nadie tendió puentes hacia el Ejecutivo y apenas conocida la sentencia, el gobernador Alfredo Cornejo y los conmilitones entendidos en seguridad estallaron en cólera, argumentando que esa sentencia es de imposible cumplimiento por los recursos policiales que insumiría y, de paso, agitó uno de los más terribles temores sociales, al decir que el fallo abriría las puertas de las cárceles para que salieran los 800 detenidos.

Nunca tanto, pero en medio de la confusión todas las lecturas eran posibles y no faltó quien viera conspiraciones.

Es que Xumec es una organización conformada por abogados de reconocida militancia en el espacio kirchnerista Justicia Legítima y uno de los supremos firmantes, Palermo, también es parte de ese espacio, pero es el único de los firmantes que revista allí y los otros no son fáciles de arrear por el miembro más joven de la Corte.

En medio de la confusión, el principal apuntado por la polémica acordada encontró el hueco para contraatacar. El martes el procurador González apeló el fallo con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema nacional y pidió la suspensión del hábeas corpus.

Todo recurso extraordinario dirigido a la Corte Nacional tiene que ser autorizado por el Máximo tribunal mendocino. Ayer los supremos locales dieron el aval a la suspensión pedida por González y dieron vista por diez días hábiles a Xumec para que opine del recurso extraordinario.

En los hechos, la decisión de la Corte fue poner paños fríos y tender puentes. Diez días hábiles para Xumec y luego 10 días hábiles para que el tribunal resuelva si le da el visto bueno a la presentación de González o no. Es decir, hasta fines de enero o principios de febrero hay tiempo para pensar y repensar estrategias.

Ayer en Casa de Gobierno había caras de alivio por la suspensión, pero de pronto todo el Gobierno quedó pegado al responsable de la persecución penal en los últimos 25 años. No es justo acusar al Procurador de todos los males de la Justicia penal, pero es cierto que González maneja el Ministerio Público desde principios de los ‘90 y es ese organismo el que se encarga de investigar delitos y pedir sentencias.

Alguien decía “si el objetivo era apuntarle a González, tendrían que habernos avisado, o al menos tanteado”. No falta quien retrucara que en el Ejecutivo podrían haber leído entre líneas y forzar un debate de reforma más amplio y ahí se afirma que lo primero que se interpretó fue una teoría conspirativa y la supuesta connivencia entre Palermo y Xumec.

La Justicia no es un ámbito poblado de revolucionarios, aunque hay personajes más proclives al cambio que otros; curiosamente varios de los más receptivos al cambio están entre los firmantes de la sentencia de la discordia; también se sabe que uno de los más resistentes a los nuevos vientos es el procurador González.

Y hay que recordar que una de las promesas de campaña de Cornejo era modificar los procesos penales para ir a la oralidad, es decir juicios parecidos a los que se ven en televisión, con abogados y fiscales frente al juez, argumentando pruebas a viva voz.

Hay un mes para arrimar posiciones. Algunos arriesgan que habrá un gran llamado al diálogo por la Justicia Penal, con participación de legisladores y funcionarios del Ejecutivo y hombres del Poder Judicial.