Entre los disparates que un día sí y el otro también atentan contra la mínima sensibilidad democrática, el mantenimiento en prisión preventiva de cuatro dirigentes del independentismo catalán no solo es el más grave sino también el que mejor ilustra el profundo deterioro del sistema de convivencia y de las instituciones que está sufriendo España. Porque esa decisión judicial, que el gobierno del PP apoya y seguramente alienta, y ante la que la callan los demás partidos, es totalmente injusta e injustificable. Y porque solo responde a intereses políticos tan precisos como mezquinos.

El auto con el que hace pocos días el juez Llarena rechazaba la petición de libertad que le había hecho Joaquim Forn no deja dudas al respecto. El ex-conseller de interior seguirá en prisión porque no ha dejado de ser independentista. No importa que haya abjurado de la vía unilateral, ni que haya renunciado a su escaño. Porque aún desde su casa puede volver a cometer el delito de rebelión. Un delito que no ha existido, ni en su caso ni en el de los demás imputados, en opinión de todos los juristas que se han opinado al respecto.

El miércoles, en el primer pleno de control al gobierno en dos meses, ni una sola pregunta de la oposición versó sobre esa cuestión. Sus señorías volvieron a mostrarse muy respetuosos con la separación de poderes y también muy cuidadosos en evitar que cualquiera de sus planteamientos pudiera ser tachado de simpatizar con la causa independentista. Pero ninguno de los dos argumentos es de recibo cuando las cosas han ido tan lejos, cuando se están cometiendo atentados gravísimos contra la democracia que ningún juez y ningún gobierno habría osado cometer hace solo un par de años. Al menos a las claras, que los atentados del GAL nunca fueron reconocidos por los socialistas.

La prisión de los dirigentes catalanes es para el gobierno un motivo de orgullo del que alardea sin reparo. Sin importarle nada que sus afirmaciones al respecto –el “hemos descabezado al independentismo” de Soraya Sáenz de Santamaría– indiquen sin muchos matices que la separación de poderes no existe. Como sospecha todo el mundo y particularmente los políticos. Que el gobierno y los tribunales trabajan juntos en la causa contra Puigdemont, Junqueras y los demás.

No los tenían que haber encarcelado. Y menos mantenido en prisión tras sus declaraciones. Pero cuatro de ellos, los situados más arriba en su escalafón, siguen ahí. ¿Por qué? Desde luego no por temor a que las masas del nacionalismo español rodeen La Moncloa si los soltaran, que el fervor en esos ambientes nunca ha dado para tanto y menos ahora que seguramente se ha desinflado un tanto. Ni porque Ciudadanos se echaría al cuello del PP si eso ocurriera. No, siguen violando los derechos más elementales de esos ciudadanos españoles porque si los liberaran no tendrían más remedio que hacer lo mismo con Carles Puigdemont, si éste se presentara al día siguiente en un juzgado. Y una vez realizado ese trámite podría perfectamente aspirar a ser elegido president de la Generalitat. In person.

Rajoy no puede tolerar eso. Sería la confirmación más humillante del sinsentido de su estrategia frente al independentismo. Que el ex – president volviera a su despacho después de una elecciones que Rajoy convocó -con la intención, se supone, de doblar el espinazo a Puigdemont y a los suyos- sería una vergüenza. Ahí sí que Ciudadanos haría sangre.

Por eso van a seguir en prisión. Y por eso Puigdemont va a hacer todo lo posible hasta el último minuto para no verse obligado a renunciar a la presidencia. Al menos sin dejar una puerta abierta a la eventualidad de que dentro de un tiempo pudiera acceder al cargo.

No son pocos los catalanes que no quieren para nada que el independentismo vuelva a mandar y que, sin embargo, se sienten solidarios con los perseguidos. La última encuesta del CIS indica que tanto el PDeCAT como Esquerra están creciendo, y no poco, en intención de voto. La repetición de elecciones, una hipótesis, como tantas otras, que algunos tertulianos manejan con la alegría del ignorante, reforzaría el poder político del independentismo. Y esa dinámica va a seguir, nada asoma en el horizonte que pueda pararla. De ahí que la brutalidad con que se está tratando a los encausados sea aún más intolerable. Porque no va a llevar a nada. Más que a cargarse cada día un poco más la democracia española.

Con el silencio aquiescente de quienes podrían, cuando menos, denunciar con fuerza lo que está ocurriendo aunque desde hace un tiempo no sea popular decir algo que no sea crítico con el independentismo catalán. Esa actitud no habla precisamente bien no ya de la talla moral, sino de la solvencia política de los dirigentes de nuestra oposición. Porque si a planteamiento es justo y necesario no se puede renunciar a explicitarlo por temor a que caiga mal, a que se pierdan puntos en las encuestas. Todo lo contrario, eso debería ser un acicate para exponerlo. Con el convencimiento de que lo justo termina ganando.

Rajoy y los suyos parecen dar por hecho que no van a tener que dar ninguna batalla en ese terreno, que el resto de los partidos han aceptado más o menos a regañadientes su juego. Y se dedican a otras cosas. A ampliar los supuestos para aplicar la prisión permanente que solo cabe esperar que la oposición termine tumbando. Y a vender los planes de pensiones privados como solución a los problemas de la seguridad. Como si eso lo hubieran inventado ellos la semana pasada. Y olvidando que a final de mes a casi tres cuartas partes de los trabajadores no les queda un euro para ahorrar.

Y a balbucear un contraataque contra el Ciudadanos que les amenaza en las encuestas. A algún genio se le ha ocurrido borrar a Rivera y a los suyos llamándoles “CS” y el ministro portavoz, otro genio, ha comprado la idea, lo dice a todas horas y nadie le sugiere que está haciendo el ridículo.

Mientras tanto no hay ni indicios de que pueda haber pacto para aprobar el presupuesto de 2018. Ciudadanos aún no ha dado su brazo a torcer y si las encuestas le dan seguridades de victoria, lo cual no es fácil, podría romper con el PP en este punto decisivo para adelantar las elecciones. Y el PNV no solo sigue diciendo que mientras haya 155 no moverá un dedo –y nadie puede asegurar que a la vuelta del verano el artículo de marras siga en vigor- sino que acaba de proclamar su soberanismo sin matices y su voluntad de que también los vascos tengan el derecho a decidir.

No cabe hacer pronósticos. Ni para Cataluña ni para el escenario político español. Pero el sentido común hace pensar que tienen pasar cosas y que Rajoy lo tiene cada día más difícil para sobrevivir. Pero es de temer que a la espera de que algo nuevo ocurra que los presos políticos catalanes seguirán en la cárcel.