SANTIAGO.- El Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el recurso enviado desde Punta Arenas para así poder resolver el caso de una técnico en enfermería que busca retirar la totalidad de sus fondos previsionales.





Esto implica que el escrito en cuestión cumple con los aspectos formales requeridos, dando paso para que se revise el fondo de la acción.





Así lo informó el mismo TC a través de un comunicado, en el que se señala que, "con fecha 14 de noviembre, la Segunda Sala de este Tribunal declaró admisible el Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas".





Así también, el TC comunicó al tribunal de la gestión y las partes vinculadas, contando estas con un plazo de 20 días para formular sus observaciones y presentar antecedentes.





El TC también dispuso poner en conocimiento de la situación a la Cámara de Diputados, del Senado y del presidente de la República, Sebastián Piñera, otorgándoles también 20 días para presentar acotaciones.





Ello, porque el requerimiento es materia de ley y tanto el Congreso, como el Ejecutivo son colegisladores.





El caso

Fue a principios de octubre cuando la corte magallánica debía escuchar los alegatos por el recurso de protección presentado por una técnico en enfermería de 60 años contra la AFP Habitat.





Sin embargo, el tribunal optó por suspender lo programado y enviar el requerimiento al TC, convirtiéndose así en el segundo caso.





El primero fue de una profesora de Antofagasta que busca retirar sus ahorros para pagar un crédito hipotecario. La negativa de la AFP Coprum la llevó a presentar un recurso de protección ante la Corte de Antofagasta, la cual despachó al TC un requerimiento de inaplicabilidad para que este se pronuncie sobre si es aplicable el decreto Ley 3.500 que regula el actual sistema de pensiones.





Por ello, el Ejecutivo se pronunció como colegislador, pidiendo al TC rechazar la solicitud.





En tanto, en Punta Arenas, B.V.F., (60) señaló que vive en una casa arrendada junto a su hija y nieta, que mantiene dos deudas que juntas superan los $400.000 mensuales, y que la totalidad de sus gastos no podrán ser solventados por la pensión que se le asignará -cerca de $210.000-.





También se manifestó preocupada por posibles problemas de salud: "Me preocupa una invalidez o algún problema de salud, dado que mis ingresos hoy se destinan principalmente a deuda. No puedo acceder a una mejor calidad de vida".