El anuncio del Instituto Nacional de Migración (INM) de que suspendería temporalmente el acceso de las organizaciones sociales a los centros de detención abrió una nueva crisis para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Menos de tres horas después del anuncio, la Secretaría de Gobernación, de la que depende directamente el INM, se desvinculaba del oficio INM/DGCVM/0118/2020. A través de un tuit, Segob dijo “desconocer” el documento, que elaborado por Antonio Molina Díaz, director general de Verificación Migratoria, “sin contar con la autorización de las autoridades superiores”.

Fuentes del INM aseguraron a Animal Político que el miércoles habrá nuevos oficios para “reprogramar” las visitas de las ONG. Es decir, que se notificarán nuevas fechas para el acceso a los centros de detención. Estas fuentes no aclararon cuándo se fijarán estas citas, si serán esta semana o tendrán que esperar hasta la próxima. El argumento esgrimido en el oficio era que “debido a la contingencia (presumiblemente se refiere a la caravana), resulta necesario que el personal migratorio enfoque todos sus esfuerzos en atender a la población migrante, respetando en todo momento sus derechos humanos”.

Ni en el INM ni en Segob explican qué significa “desconocer” el oficio. Es decir, si se anula por completo y el miércoles los activistas que tienen permiso podrán acceder a los centros de detención o si, por el contrario, se entregarán nuevas fechas que sustituyan a la “suspensión temporal” que se comunicó el martes.

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Desde el INM insisten en que no existe una prohibición de acceso a los centros de detención, sino que es una “reprogramación” de las visitas. Sin embargo, como publicó Animal Político hace una semana, diversas organizaciones llevan dos semanas encontrándose con las puertas de las estaciones migratorias cerradas.

Ocurrió, al menos, en las estaciones de Villahermosa y Tenosique, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Comitán y Palenque, Chiapas; y Ciudad de México y han sufrido el veto asociaciones como Asylum Access, Voces Mesoamericanas, Centro de Derechos Humanos Fray Matías (a quien se ha negado los permisos para ingresar a Siglo XXI), Formación y Capacitación o Colectivo Kaltsilaltik.

“Ningún gobierno lo había hecho antes. Ni (Felipe) Calderón ni (Enrique) Peña Nieto. No se está garantizando representación legal y además el INM no está haciendo identificación a personas que necesitan protección. Las están deportando de manera masiva, de cualquier aeropuerto, antes no se había visto esto”, dijo Alejandra Macías Delgadillo, miembro de Asylum Access.

Después de ser vetada en Palenque, Villahermosa y Ciudad de México, su organización presentó un amparo el martes. Se trata de una acción contra los vetos directos a Asylum Access y no contra el oficio general.

Macías Delgadillo denunció que con esta decisión se está vulnerando la Ley de Migración. Además, censuró que se impide que las personas que están encerradas tengan acceso a la representación legal o comuniquen con alguien independiente que no sea funcionario del INM.

Salva Cruz, de Fray Matías, explicó que las asociaciones tienen previsto varias alegaciones contra la orden de cerrar los centros de detención. Por un lado, una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Por otro, la vía judicial. Por último, apelar a los organismos internacionales como los relatores de la ONU sobre migración o contra la tortura.

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“Van contra el derecho a defender derechos, contra el derecho a tener contacto con el exterior o a tener asesoría jurídica”, dijo.

“Esto no había pasado nunca. Nos parece una señal muy fuerte de opacidad, de falta de transparencia”, afirmó Ana Saiz, directora de Sin Fronteras.

Todas las organizaciones consultadas coinciden en una idea: la decisión no tenía precedentes. Desde 2011, cuando comenzaron a funcionar las estaciones migratorias con la Ley de Migración, ningún presidente se había atrevido a cerrar la puerta de todos los centros a todas las organizaciones y en todo el país. Lo hizo la actual administración, que arrancó su mandato con la promesa de un “trato humanitario” para los migrantes y en un contexto excepcional: la llegada de la caravana.

El 15 de enero, cientos de personas partieron desde San Pedro Sula, Honduras, con destino a Estados Unidos. Se trataba del primer éxodo masivo después del acuerdo del 7 de junio de 2018, por el que México se comprometió a reducir el flujo migrante a cambio de que no se impusieran aranceles a las exportaciones.

La caravana trató de cruzar por Chiapas y Tabasco, pero sus integrantes chocaron con la barrera formada por la Guardia Nacional. Algunos aceptaron las normas del INM y se entregaron. Otros trataron de pasar irregularmente. La marcha fue definitivamente disuelta el jueves 23 de enero. Aquel día, al menos 800 personas, entre los que había hombres, mujeres y niños, fueron detenidos en Frontera Hidalgo, a medio camino entre Ciudad Hidalgo y Tapachula, Chiapas.

Desde la llegada de la caravana a la frontera sur mexicana, más de 2 mil personas han sido deportadas a Honduras en diez días. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que no tuvieron acceso a estas personas, por lo que no pudieron informarles sobre la posibilidad de pedir asilo o sobre opciones de regularización. Animal Político quiso saber cuántas personas iniciaron en este período el trámite de regularización, pero al cierre de la nota no había recibido respuesta.

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Con la llegada de la caravana se restringió el acceso a las estaciones migratorias del sur. Este oficio hacía extensibles las puertas cerradas a centros como el de Tijuana, donde no hay un solo migrante detenido que tenga que ver con la marcha de la semana pasada.

¿Qué ocurrió para que Segob se desvincule?

La publicación del oficio que suspendía el acceso a las estaciones migratorias provocó una reacción en cadena que evidencia descoordinación al interior del INM y la secretaría de Gobernación.

A primera hora de la tarde el documento comenzó a moverse por redes sociales. A las 18:45, en el chat de comunicación de la Segob, un oficial de prensa del departamento que dirige Olga Sánchez Cordero compartía una tarjeta informativa del INM. En ella se reconocía la autenticidad del oficio y se anunciaba que un día después se notificarían nuevas fechas para las visitas. Menos de tres horas más tarde, a las 21:36, Segob lanzaba un el tuit en el que se desvinculaba de lo que ellos mismos habían comunicado y aseguraba que el oficio no contaba con autorización.

¿Qué ocurrió en esas tres horas? Ni INM ni Segob ofrecen datos. Aunque los posicionamientos internacionales ya habían comenzado a aparecer.

Especialmente significativo es un tuit conjunto de la ONU México, la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Unicef, Acnur y la OIM en el que “reconocen y valoran el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil” y señalan que “el trabajo de la sociedad civil en beneficio de migrantes y refugiados es fundamental para garantizar los derechos, ofrecer asistencia y orientación a la población dentro de las estaciones migratorias”.

Este posicionamiento tiene especial relevancia porque estas organizaciones participaron el viernes en una visita organizada por el INM a la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas. Este tour ha sido presentado por Migración como una muestra de su voluntad de “transparencia”. Según fuentes presentes en la visita, esta tuvo una duración de dos horas y apenas en los últimos 20 minutos hubo acceso a los migrantes encerrados en el centro de detención.

“El gobierno quiso instrumentalizarlo, tratando de sustituir el monitoreo permanente de las organizaciones con una visita guiada a una sola estación migratoria”, explica Salva Cruz.

En México funcionan actualmente 53 estaciones migratorias y un número indeterminado de estancias temporales. Todos ellos son recintos cerrados en los que se encierra a los migrantes indocumentados hasta su regularización (en el menor de los casos) o su deportación.

“Deportaciones exprés, falta de opción de refugio”

“Es inaudito. En el Servicio Jesuita al Refugiado no habíamos visto esto nunca. Incluso están violentado la propia ley de migración”, dice Claudia León, del Servicio Jesuita al Refugiado. El lunes, explica, ingresó en la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula. Dos días después, en principio, no podrá acceder.

La última visita de León al centro de detención sirve para explicar la importancia de estos monitoreos. Según relata, a través de los testimonios de algunos de los extranjeros encerrados, tuvo constancia de “deportaciones exprés, ausencia de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), imposibilidad de acceder al refugio”.

“Es inaudito. En el Servicio Jesuita al Refugiado no habíamos visto esto nunca. Incluso están violentado la propia ley de migración”, dice León.

Una de las grandes sospechas de las ONG: que el gobierno está aprovechando los espacios de opacidad para deportar a los migrante sin ofrecer oportunidad de asilo. Una estrategia que estaría pensada para desincentivar el flujo procedente de Centroamérica.

Animal Político desveló que en la primera semana desde la llegada de la caravana, la Comar no tuvo acceso a los centros de detención. De este modo, mientras el presidente López Obrador aseguraba en la conferencia mañanera que se había ofrecido refugio a los integrantes de la marcha, estos jamás pudieron hablar con la institución que regula el asilo.

Fuentes de Comar confirmaron a Animal Político que el martes lograron acceder a Villahermosa, Tabasco, donde 90 personas solicitaron iniciar su trámite de asilo, lo que impide que sean deportados hasta que se determine si merecen protección.

“No se está garantizando representación legal y además el INM no está haciendo identificación a personas que necesitan protección. Las están deportando de manera masiva, de cualquier aeropuerto, antes no se había visto esto”, aseguró Alejandra Macías, de Asylum Access.

“Esto es parte del doble discurso de Migración. En los comunicados informa que los está llevando a albergues, pero no, los encierra en centros de detención. Tampoco los rescata, porque no garantiza sus derechos. Si los rescatase les daría acceso al asilo o garantía a documentos de estancia por razones humanitarias”, dijo.

Para explicar el alcance del veto a las organizaciones, Ana Saiz, de Sin Fronteras, utilizó el símil penitenciario: “¿Se imaginan que una cárcel impida a los presos comunicar con sus abogados?”, explicó.

En realidad, las personas que están encerradas en los centros de detención de extranjeros no son presos, no han cometido ningún delito, pero están en un régimen cerrado como el penitenciario y a merced absoluta del INM. Organizaciones sociales han documentado cómo los funcionarios de Migración tienden a desinformar y desincentivar los intentos de los extranjeros para solicitar asilo. Si los migrantes no pueden hablar con los activistas, quedan sin información, vulnerables. Por primera vez en la historia, el INM intentó que la opacidad alcanzara a todos los centros de detención en el país.