Tras la publicación de la última Encuesta de Población Activa (EPA), por el Instituto Nacional de Estadística, centraré mi comentario en los datos relativos al salario bruto mensual del empleo principal y su evolución entre 2010 y 2015. En estos años se han aplicado con más rigor las políticas de devaluación interna (represión salarial) y estabilidad presupuestaria (reducción del gasto público social y productivo y aumento de la presión fiscal sobre las clases populares).

El panorama reflejado por la EPA, que tanto complace a los políticos del Partido Popular (PP) y al Gobierno encabezado por Mariano Rajoy, no puede ser más desalentador y devastador.

Los deciles inferiores de ingreso, donde se encuentran los asalariados de menor cualificación y con contratos más precarios (donde, por cierto, están sobre representadas las mujeres), son los que han padecido la mayor degradación. Así, el salario promedio del 10% de los trabajadores con ingresos más bajos ha retrocedido en términos monetarios el 12,9% entre 2010 y 2015. El mismo comportamiento han seguido las retribuciones de los trabajadores situados en los deciles 2, 3 y 4, que han retrocedido, respectivamente, el 7,2%, 3,5% y 0,4%.

Para situar en su justa medida el alcance de esta regresión, y el drama social que supone, hay que tener en cuenta que el índice de precios al consumo (IPC) en este mismo periodo ha aumentado el 6,3% con lo que, por ejemplo, la pérdida de capacidad de compra sufrida por los trabajadores más pobres ha sido de casi el 20%.

La situación es algo más favorable en los deciles siguientes, donde, al menos, han aumentado los salarios en términos nominales, modestamente en los tramos intermedios y con más intensidad en los superiores. Pero sólo los asalariados de mayores ingresos han obtenido un crecimiento en sus retribuciones superiores al IPC; el resto, han perdido poder adquisitivo.

La relación entre los tramos de ingreso inferior y superior no ha dejado de aumentar; el valor registrado en 2015 era de 11,4, más de dos puntos porcentuales por encima de registro obtenido en 2010. Resulta, asimismo, significativo comprobar que la distancia entre los deciles centrales 4-7 (lo que, en términos genéricos, podríamos denominar como clases medias) y la superior se ha acentuado a lo largo del periodo analizado.

Estas son las estadísticas, frías como el mármol. Pero detrás de los datos hay trabajadores, familias, ciudadanos que no pueden cubrir sus necesidades básicas, que no pueden calentar sus casas cuando llega el invierno, que no pueden de hacer frente a las hipotecas, que no están en condiciones de atender a gastos imprevistos. Detrás de los datos hay sufrimiento, exclusión y frustración, y también muerte (como el caso de la mujer de Reus). Pero las políticas y los políticos del PP, las élites y las oligarquías siguen a lo suyo, a consolidar sus posiciones de privilegio y a enriquecerse con la crisis.

La creciente desigualdad salarial –uno de los factores determinantes de la fractura social– ha llegado para quedarse y no se corregirá con el todavía incipiente e inestable crecimiento económico. Refleja un cambio sustancial en las relaciones de poder, el progresivo debilitamiento de los estados de bienestar y de las políticas redistributivas y la consolidación de mecanismos de acumulación extractivos y confiscatorios. Este es el capitalismo y la Europa que emergen de la crisis.

Por todo ello –y porque mucha gente se está quedando en el camino o está experimentando un importante deterioro en su nivel de vida–, es vital poner en el centro de la acción política y de la movilización ciudadana la lucha por la equidad, dentro de las instituciones, en las calles y plazas, y en los centros de trabajo.