MANILA.- Los derechos humanos no son el fuerte del presidente filipino, Rodrigo Duterte. Conocido por jactarse de su mano dura contra la delincuencia, ayer fue acusado de haber dirigido escuadrones de la muerte contra presuntos delincuentes, así como de rivales políticos, mientras estaba al frente de una alcaldía en el sur del país.

Un ex sicario llamado a declarar ante una comisión del Senado, Edgar Matobato, dijo que Duterte ordenó personalmente la muerte de unas 1000 personas durante 25 años como intendente de Davao, su feudo político, y que en un caso remató él mismo a un individuo con ráfagas de fusil Uzi.

El presidente filipino, Rodrigo Duterte Archivo - AFP

"Nuestro trabajo era matar criminales, como distribuidores de droga, violadores y ladrones", dijo Matobato, que admitió su participación en unos 50 asesinatos. Y agregó que Duterte, a quien llamaban en clave "Charlie Mike", remató en persona a uno de los cuatro guardaespaldas de un político rival. A los otros tres los exterminó el escuadrón a su mando.

Las víctimas a menudo eran arrojadas al mar con el estómago partido para que no flotaran, según indicó Matobato. En otra ocasión, explicó, se lanzó un cadáver a un cocodrilo.

El pasado de Duterte resurgió en el marco de una investigación del Senado sobre la "guerra contra las drogas" que declaró luego de asumir el gobierno, en julio pasado, y que se maneja con los mismos métodos gangsteriles. A nivel de popularidad, sin embargo, ese sistema no sólo no le restó votos, sino que se convirtió en una de las claves de su éxito entreel electorado.

La política antidrogas ha sido una verdadera guerra, al menos si se consideran las víctimas: en dos meses murieron cerca de 3500 sospechosos de vínculos con el narcotráfico. Unos 1500 cayeron en operativos de la policía y el resto a manos de grupos de "vigilantes".

Duterte se jactó varias veces de que la muerte de criminales en su ciudad fue un método "muy efectivo" para reducir la tasa de delincuencia, una de las más altas del país cuando llegó a la alcaldía.

La idea es trasladar la aplanadora al ámbito nacional, como lo expresó en la campaña a la presidencia. "Cuando me vuelva presidente, voy a ordenar a la policía y al ejército que encuentren a estas personas y las maten -dijo más de una vez-. Las cámaras funerarias van a estar llenas. Yo voy a proporcionar los cadáveres".