Ocho personas fueron asesinadas en el pueblo minero, próximo a la frontera con Brasil. Mientras Nicolás Maduro mantiene silencio sobre la matanza, los habitantes de la zona piensan que fue perpetrada por fuerzas de seguridad del Estado que actuaron encubiertas. Runrun.es reúne datos sobre las víctimas, presuntos victimarios y circunstancias que rodean el tercer hecho de sangre ocurrido en el municipio Gran Sabana en menos de un año

@loremelendez

(Nota actualizada el 6 de diciembre de 2019)

¿Qué pasó?

La noche del viernes 22 de noviembre de 2019, entre las 7:00 y 8:00 pm, un grupo de hombres armados y vestidos de negro arribó al pueblo de Ikabarú, en el Sector 7 del Territorio Pemón, y asesinó al menos a ocho personas a balazos y dejó herida a una más.

Ikabarú está a pocos kilómetros de la frontera con Brasil. Para llegar por tierra hasta esta zona, hay que tomar un desvío en Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran Sabana, y conducir durante cuatro o cinco horas (pese a los cálculos de Google Maps) a través de una carretera nacional. Se trata de un área que desde hace décadas se dedica a la minería de oro. Entre los años 80 y 90 se instalaron allí sedes de empresas de procesamiento de minerales.

De acuerdo con la versión oficial, la masacre fue perpetrada supuestamente por integrantes de la banda “El Ciego”, el pran las zonas mineras de La Paragua y El Manteco, a más de 900 kilómetros de distancia del lugar de la matanza. Con el paso de los días, lugareños sospechan que, en realidad, se trató de una operación comandada por cuerpos de seguridad del Estado que pretenden militarizar los territorios indígenas para apropiarse de estos y sus recursos.

Las víctimas

Dos semanas después de la masacre no se había publicado ninguna lista oficial de víctimas. A los 13 días posteriores, el Ministerio Público confirmó la información que se había filtrado a través de reportes de activistas y líderes indígenas: se consiguieron ocho cadáveres. De acuerdo con imágenes de los cuerpos difundidas a través de servicios de mensajería y redes sociales, la mayoría recibió disparos en la cabeza.

Uno de los muertos fue un sargento retirado de la Guardia Nacional llamado Antonio José Perera Flores, de 46 años. En la zona era una de las personas más conocidas y respetadas porque fue durante años instructor de Instrucción Premilitar en el Liceo Nicolás Mesa, el principal centro educativo del municipio Gran Sabana.Cursó una licenciatura en Letras, mención Portugués – Español, en la Universidad Federal de Roraima, producto de un convenio educativo entre Brasil y Venezuela. Cada viernes, se iba a las minas de Ikabarú para ganar algo de dinero. Una fuente de la zona contó que le dispararon cuando tomaba fotografías de los victimarios. Lo enterraron sin hacerle autopsia.

Entre las víctimas reportadas por periodistas de la zona también está Máximo Jeremy Muñoz Solano, de 17 años, apodado como “Coquito”, el único menor de edad reportado muerto hasta ahora; Luis Alejandro Fernández Gómez, de 28 años; Richard Antonio Rodríguez Galvis, de 30 años; Eslie Ezequiel Basanta, de 33 años y Edison Ramón Soto Suárez, de 46 años, conocido por el apodo de “Báquiro”, quien era el único indígena del grupo.

Durante la mañana del lunes 25 de noviembre se hallaron otros dos cadáveres en la mina La Sabanita, cercana al pueblo de Ikabarú. Según los pobladores, eran los de Cristian y Cristóbal Ruiz Barrios. A este último era supuestamente a quien buscaban los victimarios antes de comenzar a disparar.

Cristóbal Ruiz Barrios y su hermano llevaban varios años en Ikabarú. Ambos provenían de Santa Elena de Uairén, de donde se fueron para trabajar como mineros. Quienes conocieron a Cristóbal, lo describen como un hombre poderoso en el negocio aurífero de la zona. Otros, en cambio, se refieren a él como un joven de clase media, hijo de un tornero, que se fue a las minas por necesidad. Ricardo Delgado indicó que a algunos de los vecinos de los hermanos asesinados les sorprendió la forma súbita en la que se enriquecieron tras comenzar a trabajar con el oro.

En el suceso también hubo un herido: Johnny López, de 25 años.

Los victimarios

La versión oficial sobre los hechos apuntó que los autores de la masacre habían sido los miembros de la banda de “El Ciego”, cuyo líder es un hombre de 32 años llamado Reiniero Alberto Murgueytio Bastardo, quien durante el último lustro se convirtió en uno de los “pranes” del oro más poderosos del estado Bolívar. Su mote es uno de los más mencionados en las zonas donde se explota el mineral en esa entidad.

El Ministerio Público informó que Murgueytio Bastardo no había sido capturado aunque tenía una orden de aprehensión pendiente por el delito de homicidio intencional. Sin embargo, otras ocho personas fueron detenidas por la matanza: Braunis González Miranda, Jhonny Youseth López Marcano fueron los primeros en ser presentados y privados de libertad por homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, robo agravado, robo agravado de vehículo automotor y agavillamiento.

Durante la segunda semana posterior a la masacre, se llevaron a cabo más aprehensiones: a Luis Eloy Acosta Castillo y Evimael Ozanin (indocumentado de nacionalidad brasileña) se les decomisó un pistola con seriales devastados y 198 municiones de distintos calibres. En otro procedimiento fueron capturados Derwins Casanova, Juan Carlos Valdemar, David Medina y José Ángel Morales, a quienes se les incautó una pistola.

“El Ciego” había sido integrante de la banda de Wilmer José Brizuela Vera, conocido como “Wilmito” o el “pran de pranes”, quien fue asesinado el 1 de abril de 2017 en el Centro Penitenciario de Aragua (cárcel de Tocorón). Ambos se aliaron mientras estuvieron recluidos en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, o cárcel de Vista Hermosa, donde el supuesto autor de la masacre de Ikabarú estuvo preso por un robo cometido en 2009.

De su poder da fe el informe sobre la masacre de Tumeremo que elaboró la comisión especial de la Asamblea Nacional designada para investigar el suceso. El grupo, conformado por los diputados Américo De Grazia, Luis Silva, Olivia Lozano, Rachid Yasbek y José Hernández, incluyó en los antecedentes de la matanza un documento, con fecha de enero de 2016, que el entonces comisario jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), José Gregorio Lezama Gómez, remitió a su superior: el director de ese cuerpo de inteligencia, Gustavo González López. Allí señalaba que el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, a través de su director policial, Julio César Fuentes Manzulli, otorgaba credenciales policiales y armamento a bandas delictivas que, a su vez, tenían la “responsabilidad de control” de diversos yacimientos. Entre los beneficiados estaba “El Ciego”, que era el encargado de las minas de El Manteco y La Paragua, además de controlar la capital: Ciudad Bolívar.

Desde 2017, “El Ciego” estaba en la mira del Cicpc. Este año cayeron varios de los integrantes de la banda en un par de operaciones policiales en El Manteco y Puerto Ordaz. En enero fue detenido, junto a otras cuatro personas, Charle David Lazo Pérez, quien supuestamente era el tercero al mando del grupo criminal. En agosto pasado, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), se enfrentó a Yelitza Romero Salmerón, José Gregorio Contreras y un hombre no identificado, cuando presuntamente mantenían secuestrado a un comerciante dentro de su carro. Los tres murieron y fueron señalados como miembros como secuaces de “El Ciego”.

La motivación de la banda para cometer la masacre sería la de desplazar a los actuales jefes mineros y tomar el mando de la zona. Pero una fuente en Santa Elena insiste en la hipótesis de las fuerzas de seguridad del Estado como responsables. “Aquí todos somos víctimas del terror después del 22 y 23 de febrero, pero nadie ni siquiera menciona a ‘El Ciego’”, dice.

El líder indígena y ex alcalde de Gran Sabana, Ricardo Delgado, sigue esa misma corriente y asegura que la operación fue ejecutada por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

“Muchos testigos dicen que ellos (los victimarios) salieron por la parte de atrás de la Medicatura de Ikabarú y allí lo que está es el Comando de la Guardia Nacional, es decir, tenían tiempo allí planificando, viendo todo y por supuesto sabían a quién iba a matar porque no fue una masacre masiva, sino selectiva”, asevera Delgado.

Los hombres armados, según el ex alcalde, se trasladaron en vehículos Toyota “chasis largo” y sin placas, que son comúnmente usados por organismos de seguridad venezolanos.

Para Delgado, las detenciones anunciadas por el Ministerio Público son un montaje hecho por el gobierno. Afirmó que a cada uno de los capturados lo llevaban con el rostro tapado, lo que dificultaba que la comunidad supiera a quien inculpaban.

El exalcalde aseveró que uno de los arrestados, Jhonny Youseth López Marcano, fue herido durante la masacre. El gobierno le ofreció trasladarlo hasta el hospital de Boa Vista, en Brasil, para que pudiera tratarse. Sin embargo, fue arrestado antes de pasar la frontera.

El líder indígena tiene también otra versión sobre la detención de José Ángel Morales, quien iba a bordo de una moto desde la comunidad de Playa Blanca hasta Ikabarú, cuando guardias nacionales lo bajaron de su vehículo y apresaron en la entrada del pueblo. “Ese mismo libreto cubano”, apuntó Delgado, se repitió con las aprehensiones de Franklin Fernández y Leandro Girón, cuyos nombres no aparecen entre los difundidos por el Ministerio Público.

“Pasan cosas que advierten que va a ocurrir otro desastre allí”, recalca Delgado, quien cuenta que días antes de la tragedia, el gobierno había movilizado hasta Santa Elena de Uairén varios autobuses, cargados de presuntos miembros de “colectivos” chavistas, para amedrentar a quienes asistieran a la manifestación del sábado 16 de noviembre, convocada por el presidente encargado de la República y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Se presume que parte de ese contingente participó en la masacre.

Esas movilizaciones de personas, sostiene Delgado, suelen suceder en medio de coyunturas políticas. “Son un patrón”, alerta, y recuerda que la masacre de Guasipati (municipio Roscio del estado Bolívar) del 16 de mayo de 2018 –que dejó más de seis muertos y al menos una decena de heridos- se ejecutó cuando el gobierno trasladó hasta Ciudad Guayana a cientos de mineros a propósito del cierre de campaña presidencial. En el mitin estaría Nicolás Maduro, entonces candidato a la reelección, quien prometería a los trabajadores dejarlos seguir con la actividad extractivista. Según el diputado a la AN, Américo De Grazia, esa circunstancia fue aprovechada por las bandas criminales de la zona minera para enfrentarse al Ejército y a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que custodiaban los yacimientos.

Delgado también advierte que, antes de la masacre, miembros de la seguridad pemón reconocieron en un punto de control a agentes de la DGCIM dentro de un grupo que se dirigía hacia Ikabarú. Una fuente en Santa Elena de Uairén, consultada por Runrun.es, apuntó que semanas atrás había corrido el rumor por el pueblo de que sucedería una tragedia similar a la de Kumarakapay.

Esa alarma se había comunicado a la Guardia Nacional y al Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón, organización que se define como defensora de los derechos de los indígenas y que fue creada a raíz del auge minero. Pero ninguna instancia tomó medida alguna para resguardar a la población.

Desde Colombia, la Fiscal General de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz, aseguró tener pruebas que culpan de la matanza al gobernador de Bolívar, Justo Noguera, y almirante William Serantes Pinto, quien desde julio pasado está al frente de la Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana.

Antecedentes

En 2013, a Ikabarú se le concedió un título de propiedad colectiva que, de acuerdo con el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes, se otorgó sin el saneamiento de las tierras que exige la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI). No obstante, la entrega de documento permitió a las autoridades del sector la administración de sus tierras.

En febrero de 2016, durante el acto en el que Nicolás Maduro decretó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, el gobernante mencionó que Ikabarú sería parte de un Bloque Especial del proyecto aunque dentro del documento publicado en Gaceta Oficial tal disposición no aparece por ningún lado.



Tal anuncio, aunado a la agudización de la emergencia humanitaria, provocó que hacia esa zona arribaran miles de personas para trabajar en las minas. Los indígenas, entonces, tomaron medidas.

En septiembre de 2017, y en virtud de que el ingreso de personas foráneas a la zona había incrementado la inseguridad, así como de las amenazas de muerte que había recibido el capitán general del Sector 7, Juan Gabriel González , la Coordinación de Seguridad del Consejo de Caciques Generales del Pueblo Indígena Pemón suspendió la entrada de quienes no residieran ni trabajaran en el área.



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En el municipio Gran Sabana han ocurrido otros dos ataques armados en menos de un año. En el sector Occidental del Parque Nacional Canaima, Sector 2 (Kamarata – Kanaimö) del territorio pemón, hubo una incursión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) el 8 de diciembre de 2018 que dejó un muerto y dos heridos. El gobierno justificó la acción al señalar que se trataba de la “Operación Tepuy Protector”, que había llegado para erradicar la minería dentro de la zona protegida. Runrun.es confirmó, meses después del episodio, que el extractivismo seguía practicándose en la zona. En febrero de 2019, en medio del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela exigido por Juan Guaidó, presidente de la República y de la Asamblea Nacional, el Ejército atacó la población de Kumarakapay, en el Sector Oriental de Canaima, y mató a tres indígenas. Al día siguiente, durante las protestas, la Guardia Nacional disparó contra la población y asesinó a otras cinco personas. Ambos hechos dejaron decenas de heridos y miles de desplazados, quienes se fueron de la zona por la militarización y persecución que se desató los días siguientes.

Reacciones

Foro Penal, a través de su coordinador de Pueblos Indígenas, Olnar Ortiz, fue la primera ONG venezolana en confirmar los sucesos de Ikabarú el día sábado, horas después de que habían ocurrido.

Provea publicó ese mismo día un informe preliminar sobre la masacre, en el que destacó que existía “tolerancia de estas acciones por parte de organismos del Estado”. La organización señaló a la GNB de no actuar pese a la alerta de la comunidad.

“Lo que ha ocurrido en Ikabarú ha sido una práctica frecuente en los espacios con territorios con mineras, donde grupos delictivos denominados ‘sindicatos’ se apoderan a través del uso de la violencia para luego implantar un sistema de explotación en la zona con connivencia estatal que luego con la excusa de control toma las zonas para ‘explotación controlada’ (…) La aprobación y expansión del Arco Minero del Orinoco está ocasionando consecuencias en territorios indígenas, no sólo por la destrucción de sus territorios, sino por la apropiación sin consulta de sus tierras, el sometimiento a estructuras paralelas de dominación que actúan con apoyo del Estado, la violencia, el desplazamiento forzado y la pérdida de sus costumbres y culturas (…) Pedimos la investigación de los hechos, sanciones para los responsables y medidas para evitar su repetición”, se lee en el documento.

El Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos, Humberto Prado, emitió vía Twitter un comunicado sobre su preocupación por la noticia. “Tales hechos deben ser investigados y sus responsables sancionados. Un trabajo para la Comisión de Determinación de Hechos recientemente creada por la ONU para Venezuela, pues la falta de independencia de los poderes en Venezuela no garantiza credibilidad de resultados”, indicó mediante un hilo de mensajes.

El sábado, Guaidó también condenó la masacre. “¡Masacran a nuestros indígenas para robarse el oro de los venezolanos! No lo podemos permitir: hay que ejercer soberanía y hacer lo que sea necesario para defender a nuestra gente (…) El fondo de esta matanza a nuestros pueblos aborígenes y a la comunidad es el control de 8 toneladas de oro mensuales”, rechazó.

El lunes 25 de noviembre, el partido Primero Justicia (PJ), responsabilizó de la matanza a las mafias mineras del estado del sur del país. “El pueblo Pemón ha hecho su minería durante dos siglos de manera artesanal. El poblado de Ikabarú, como toda la Gran Sabana, era la zona de paz y tranquilidad de todo el estado Bolívar. Esta paz ha sido destruida por la fiebre del oro y por el arco minero, un arco destructivo del ecosistema, un arco voraz que busca y quiere tratar sin éxito de suplantar la renta petrolera por la renta del oro”, declaró el diputado Ángel Medina.

La comunidad de Parkupik, también del Sector 7 del territorio pemón, alertó a través de videos y audios sobre la posibilidad de que en la zona se repitiera un ataque como el de Ikabarú. Walter Torres, su capitán indígenas, advirtió que grupos armados merodeaban los alrededores y que la tarde del miércoles había arribado el gobernador de Bolívar, Justo Noguera, con un decenas de militares.

El 1 de diciembre, las autoridades del pueblo pemón del Sector VI emitieron un comunicado en el que exigieron una investigación sobre el suceso y anunciaron que llevarán el caso a instancias internacionales.

El martes 3 de diciembre, 13 días después de la masacre, se ofrecieron las primeras declaraciones oficiales sobre el suceso. El gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, habló desde la Base Aérea Teófilo Méndez, en Puerto Ordaz, a donde arribaron cuatro de los detenidos. Allí explicó que para aprehender a los presuntos autores materiales del hecho se aplicaron “maniobras de desgaste” a través de los efectivos de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Guayana y de la Zona de Defensa Integral (Zodi), junto a la Guardia Nacional. “Fue una operación no letal”, indicó.

El miércoles 4 se pronunció Tarek William Saab, fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, para difundir las identidades de los arrestados.

En silencio permanece Nicolás Maduro, lo mismo que el Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón, que se creó para defender los derechos de los indígenas.