En una jugada audaz, el ministerio de Energía decidió vender casi todas sus participaciones en centrales eléctricas y empresas del sector. A través de un decreto publicado hoy, se habilita a una nueva firma estatal a concentrar todos los activos energéticos y desprenderse de aquellos que no son fundamentales.

La estatal Enarsa, creada en 2004 y encargada de las compras de gas importado, absorberá la participación del Estado nacional en Yacyretá y mutará su nombre por Integración Energética Argentina S.A. Esta última, a su vez, reunirá la participación estatal en varias compañías eléctricas y las sacará a la venta.

La flamante Integración Energética seguirá a cargo de la compra de gas importado, terminará el gasoducto del noreste (GNEA) y se abocará a supervisar el avance de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz y el yacimiento carbonífero de Río Turbio. Casi todo lo demás se venderá a privados a través de licitaciones.

El objetivo del Gobierno es recaudar un mínimo de US$ 1.000 millones. Pero también hay una visión estratégica: que la generación eléctrica esté en manos de los privados, como sucedía hasta 2003 y como funciona en la mayoría de las economías desarrolladas.

El Estado posee la mitad de Citelec, una sociedad que a su vez es dueña del 50% de Transener. El Gobierno le compró una participación a Electroingeniería, cuando la acción cotizaba en torno a los $ 7. Ahora, ese papel está a más de $ 40. Cuando el Estado venda, obtendrá una ganancia. Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, es el socio actual de Transener.

La gestión anterior alentó la construcción de centrales eléctricas a través de un mecanismo llamado Foninvemem. Allí, el kirchnerismo autorizaba inversiones energía a través de acuerdos con Cammesa, promesas de pago y un mecanismo viscoso a los ojos de la mayoría de las empresas privadas.

En las centrales Ensenada Barragán (Buenos Aires) y Brigadier López (Santa Fe), el ministerio de Energía se desprenderá de las acciones y al mismo tiempo licitará el cierre de ciclo, que es la terminación de esas centrales.

En el caso de las centrales San Martín, Vuelta de Obligado, Manuel Belgrano y Guillermo Brown -también moldeados bajo ese extraño mecanismo de compensaciones decididas por la mayorista Cammesa-, algunas empresas poseen una suerte de "pagarés" (de pagos comprometidos por el Estado) que totalizan $ 12.000 millones. El Gobierno permitirá que puedan usar ese dinero si se presentan a las licitaciones.

También hay participaciones estatales menores al 10% en Central Puerto, Transba y Central Térmica Güemes que saldrán a la venta.

Para 2018 habrá una nueva ronda del programa de energías renovables Renovar. Será la 3.0 y se ejecutará a través de programas de Participación Público Privada (PPP).