Cristina Cifuentes fue espiada en los meses previos a las elecciones autonómicas del 24 de mayo de 2015 en las que consiguió la Presidencia de la Comunidad de Madrid. El encargo, según ha podido saber EL ESPAÑOL, llegó por parte de los adversarios políticos de la actual presidenta dentro de su propio partido y se canalizó por medio de un conocido despacho de abogados de la capital.

El objetivo de la investigación era elaborar un dossier con información comprometedora contra ella, para filtrarlo después a la prensa en fechas cercanas a las elecciones autonómicas. Sin embargo, la operación se frustró cuando el entorno de Cifuentes fue alertado de la posible maniobra.

El objetivo principal de este espionaje fue conseguir información comprometedora contra Cifuentes que frustrara su carrera política y su candidatura para suceder a Ignacio González al frente de la Comunidad de Madrid. Para ello, un detective privado madrileño recibió el encargo de monitorizar sus movimientos y seguir todos sus pasos.

El objetivo era registrar reuniones, comidas y encuentros fuera de la vida política. Cualquier cosa que sirviera para desacreditarla públicamente o presionarla en privado. Los detectives se encontraron entonces con una dificultad añadida: el dispositivo de seguridad que en aquellas fechas velaba por la de la entonces delegada del Gobierno en Madrid, que detectó movimientos extraños en algunos desplazamientos.

Fue entonces cuando el entorno de Cifuentes -que ha declinado confirmar o desmentir estos extremos- tomó conciencia de las pesquisas extrajudiciales. Además, los detectives contratados para investigarla indagaron en su historial laboral anterior, con especial atención a su salida como directora del Colegio Mayor Universitario Angel Antonio Caro, de la que fue máxima responsable como funcionaria universitaria entre 1995 y 1999.

La estrategia para socavar la imagen de Cristina Cifuentes de cara a las elecciones se completó con una maniobra de intoxicación. Consistía en que sus rivales expandieran entre los círculos políticos y mediáticos el rumor de que la actual responsable del PP madrileño arrastraba un problema de cleptomanía. Es decir, que robaba pequeñas cosas de forma compulsiva desde hace años. Para intentar dar veracidad al descrédito, deslizaron incluso que el objetivo de los detectives iba a ser localizar las grabación de las cámaras de seguridad de un supermercado cercano a la Asamblea de Madrid en el que la actual presidenta aparecería sustrayendo artículos.

Barridos en la sede de la Comunidad

La preocupación sobre estos espionajes se incrementó cuando Cifuentes ocupó su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid. Su dispositivo de seguridad recibió entonces instrucciones para estar alerta sobre seguimientos de este tipo y un equipo de la Comisaría de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid realizó un barrido sobre las dependencias autonómicas ocupadas por el equipo de Cifuentes en busca de micrófonos ocultos o cualquier otro mecanismo de escucha.

La alerta sobre la guerra sucia en el seno del PP madrileño tuvo también otra consecuencia. Hasta la llegada de Cifuentes a la Real Casa de Correos, uno de los encargados de coordinar la seguridad del equipo directivo en sus desplazamientos era cercano al bando contrario dentro del PP. Tras la toma de posesión de la actual presidenta, el funcionario fue destinado al servicio de emergencias 112.