He sentido una enorme decepción tras leer las seis peticiones que Albert Rivera plantea a Mariano Rajoy para cambiar su abstención por un sí. Hace mucho tiempo que se intuye que Mariano Rajoy será presidente (¡otra vez!), pero no esperaba que Ciudadanos olvidara la Ley Integral de Protección al Denunciante y que esta no fuera uno de los requisitos indispensables para formar gobierno. De hecho, esperaba que lo fuera en cualquiera de las combinaciones posibles, al menos en las que incluyesen tanto a Unidos Podemos como a Ciudadanos porque del PP o el PSOE poco se puede esperar a estas alturas. Me parece increíble que se plantee un gobierno con Los Genoveses sin exigirles la aprobación con carácter inmediato de una ley que proteja a los que hasta ahora ellos y el PSOE persiguen e ignoran.

En un país como el nuestro, desangrado por la corrupción al ritmo de 87.000 millones de euros anuales, una ley integral que protegiese a aquellos que pudieran convertirse en denunciantes se antoja fundamental para terminar con la sangría. No solo eso, no existe ninguna otra forma para ahorrar 87.000 millones de euros sin generar perjuicios sociales salvo la ley de protección al denunciante. Cada vez que desde Europa se piden recortes se oyen cifras de 10.000 millones de euros o cuantías similares, mientras se puede ahorrar casi diez veces más a un coste relativamente bajo. Es más, si redujéramos la corrupción a un diez por ciento de la actual conseguiríamos terminar con la deuda en unos quince años.

¿Cuánto costaría una ley para proteger a los denunciantes?

Con toda seguridad menos del 10% del ahorro que generaría, lo que es muy poco en comparación a lo defraudado. La ley pide garantizar el salario de los denunciantes de corrupción previa verificación por parte de un juez, lo que garantiza que una persona (más o menos) independiente sea la responsable de otorgar la condición de protegido y dar verosimilitud a las denuncias. Por tanto, el primer paso sería crear estos juzgados especiales y asegurar el salario mensual de los denunciantes. Normalmente, las cuantías denunciadas por corrupción se elevan a millones de euros o cientos de ellos, mientras que los salarios en raras ocasiones superan los 30-40.000 euros anuales (en la mayoría de los casos hablamos de funcionarios o trabajadores que ya están empleados, por lo que ni siquiera supone en sí mismo un gasto) y el coste de un juzgado especializado sería muy bajo en comparación a los defraudado.

Por otro lado, cuantos más juzgados sean necesarios y más denunciantes sean protegidos, ello significará que más tramas corruptas serán detectadas y mayor será el ahorro al Estado. De esta forma se asegura que un aumento del gasto por esta ley suponga también un aumento del ahorro conseguido, por lo que todo son beneficios. No existe en la actualidad una inversión más segura y rentable. Además, no hay que olvidar que el efecto de la denuncia y la protección del denunciante va más allá de lo económico, dado que permitiría terminar con la impunidad existente en la actualidad.

Si es tan rentable para todos, ¿por qué se olvidan el PP, el PSOE, Ciudadanos y los medios de comunicación de los denunciantes y de esta ley?

Tanto PSOE como PP no han querido apoyar esta importante ley porque las cloacas de sus partidos están repletas de corrupción y proteger a los denunciantes puede resultar peligroso para ellos y para el entramado que les sustenta. El PSOE en Andalucía y el PP en Madrid y Valencia, fundamentalmente, saben que la aprobación de la misma podría generar que los casos de corrupción se multiplicasen de forma escandalosa o se descubrieran nuevas tramas en otras regiones.

Los partidos progresistas han apoyo de forma clara y masiva esta ley (Unidos Podemos y confluencias, Esquerra Republicana, EH Bildu), al igual que hasta ahora lo había hecho Ciudadanos, por lo que este olvido resulta inexplicable y decepcionante.

Los grandes medios de comunicación, ya sean televisiones, radios o diarios, no se han preocupado por los denunciantes más allá de la parte más sensacionalista que han podido obtener de cada uno de nosotros (y ello en raras ocasiones porque lo normal es el silencio). En el mejor de los casos, los denunciantes somos individuos a los que extraer todo lo que pueden y abandonar una vez terminada la función parásita. En el peor, somos historias que deben ser silenciadas. Esos son los motivos por los que los grandes medios no han apoyado una Ley Integral de Protección al Denunciante ni han organizado una campaña en su favor, a pesar del enorme beneficio social que supondría.

A estas alturas es difícil esperar algo, pero tanto los medios de comunicación como los partidos políticos deben rectificar en este caso y otorgar a esta ley y a los denunciantes la importancia que merecen. Ciudadanos o cualquier otro partido debe condicionar cualquier pacto de gobierno a la aprobación de esta imprescindible ley porque no se trata de nosotros, los denunciantes, sino de ¡87.000 millones de euros anuales!

Esta cantidad puede ser la diferencia para cualquier ciudadano entre ser atendido en un hospital a tiempo o no, estudiar en un colegio o hacerlo en un barracón, obtener una beca o dejar de estudiar, cobrar una pensión o no... Por desgracia, esos 87.000 millones de euros también son la diferencia entre que más de un periodista cobre a final de mes o no o que más de un político pueda hacer un volquete de putas o no...

Por el bien de todos, esperemos que Albert Rivera, Ciudadanos y los grandes medios de comunicación rectifiquen. Rectificar es de sabios, dicen.

Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra.

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