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El tribunal que evaluó el trabajo fin de máster (TFM) de Cristina Cifuentes no existió. Las tres profesoras que en teoría se encargaron de poner nota al proyecto fin de curso de la presidenta madrileña nunca se reunieron para examinarla. Ni el 2 de julio de 2012, como figura en el acta de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que difundió en un primer momento Cifuentes, ni ningún otro día. Según han confirmado a este medio fuentes del Instituto de Derecho Público (IDP) del centro universitario, responsable de la titulación, alguna de estas profesoras ni siquiera ha examinado nunca a la dirigente del PP. Ni en el TFM ni en otras asignaturas.

El acta de presentación del trabajo fue fabricada por completo el pasado 21 de marzo, solo unas horas después de que ‘eldiario.es’ publicara la primera información sobre este escándalo. El Confidencial ya reveló este miércoles que las firmas de dos de las tres profesoras que, según el documento, formaron parte del tribunal que examinó a la presidenta regional en 2012 habían sido falsificadas. Se trata de las rúbricas de la profesora Alicia López de los Mozos, presidenta del jurado según el acta, y de la también docente Clara Souto, supuesta vocal. La firma de la tercera componente del tribunal, la profesoraCecilia Rosado, a la que se atribuye el rol de secretaria, se está investigando.

Los peritos ratifican la falsificación de las firmas del acta clave del máster RAFAEL MÉNDEZ Un informe caligráfico confirma la falsedad del acta que inicialmente esgrimió Cifuentes. «Yo no tengo que dar validez ni desmentir esa acta porque es del rectorado», matizó ayer

Sin embargo, el documento no solo fue elaborado casi seis años después de la fecha que pretende reflejar, sino que además reconstruye un acto administrativo que no llegó a producirse. Según han confirmado a este diario fuentes del máster, las tres profesoras nunca formaron parte de ningún tribunal de evaluación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y menos aún se coordinaron para aprobar su TFM, un paso imprescindible para que la dirigente pudiera completar el curso y obtener así su título de máster en Derecho Público del Estado Autonómico.

Un portavoz del Gobierno madrileño desvinculó a la presidenta de la falsificación del acta y aseguró que el pasado 21 de marzo se limitó a mostrar los documentos que le envió la universidad para tratar de acreditar que terminó el máster en 2012 sin ningún tipo de irregularidad y no en 2014, tras convertir presuntamente dos calificaciones de no presentado en notable. La propia Cifuentes optó este miércoles por desmarcarse del acta del TFM tanto en su comparecencia en la Asamblea regional como en la rueda de prensa que ofreció después, ante las informaciones de este diario sobre la falsedad de las firmas. Cifuentes ha asegurado que presentó y defendió el TFM la tarde del 2 de julio de 2012.

Este medio ha tratado insistentemente de recabar la versión de las tres docentes que aparecen en el acta y del profesor que ejerció como tutor de la presidenta, el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde, director también del máster y del Instituto de Derecho Público. Sin embargo, ninguno de los cuatro ha contestado a llamadas ni a mensajes de texto.

Todos ellos tendrán que comparecer ante la información reservada que ha abierto el rector de la URJC, Javier Ramos, para tratar de aclarar este episodio. El centro ha solicitado apoyo a la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) para garantizar la independencia del proceso. Dos funcionarios de las universidades de Murcia y Burgos actuarán como observadores externos de la investigación. Álvarez Conde tenía que haber declarado este miércoles, pero ha logrado posponer su comparecencia hasta el viernes para ser el último en someterse al interrogatorio. Este jueves por la mañana es el turno de las profesoras. Están convocadas a partir de las 10:00 en el campus de Móstoles de la universidad.

Pinche en la imagen para ver los documentos que ha presentado Cifuentes.

El martes por la tarde, el tutor de Cifuentes y las tres profesoras improvisaron una reunión de urgencia para intentar pactar una versión común sobre el acta y la propia formación del tribunal. A esa cita asistió un amigo de Álvarez Conde, el catedrático de Derecho Administrativo Juan Mestre —miembro también del Consejo Académico del IDP—, que está actuando como asesor del grupo para minimizar las eventuales responsabilidades a las que se enfrentan por la presunta falsificación del acta. Otros dos letrados acudieron también a la reunión para ofrecer consejo. Acordaron argumentar que el TFM no puede ser presentado porque fue destruido en 2016, cuatro años después de su supuesta presentación, y que el acta carece de sello porque se envió a secretaría por correo ordinario y se debió traspapelar. También cerraron otros detalles, como el color de la ropa con la que se habría presentado Cifuentes para defender su trabajo el 2 de julio de 2012.

En estos momentos, el mayor temor de estos funcionarios es que este episodio salte del ámbito administrativo al de los tribunales y terminen imputados por un delito de falsedad documental. La Fiscalía ya está estudiando las querellas interpuestas por asociaciones de estudiantes. Sus declaraciones ante la información reservada de la universidad podrían ser remitidas a la jurisdicción ordinaria ante un hipotético proceso.

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