El magistrado les ha impuesto como única medida cautelar que continúen residiendo en Bélgica, en un lugar conocido y que se presenten en los juzgados cada vez que se les requiera. No se ha incluido ninguna medida de comparecencia periódica ni tampoco ninguna prohibición de hablar a los medios de comunicación, como se había especulado en un principio.

Libertad. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los consejeros que lo acompañan en Bruselas no tendrán que ingresar en prisión y podrán continuar en Bélgica. Así lo ha decidido el juez de instrucción que les ha interrogado, por separado, a lo largo de este domingo por la tarde.

Carles Puigdemont, durante la rueda de prensa en Bruselas Foto: Nació Digital

Los miembros del Ejecutivo han decidido entregarse voluntariamente esta mañana, a las 09:17 horas, a la policía belga, acompañados de sus abogados. Los cinco tenían una orden europea de detención enviada por la Audiencia Nacional española a las autoridades belgas después de que el jueves no se presentaran ante el tribunal a declarar por los delitos de sedición y rebelión que ya han llevado medio Govern a dos prisiones de la comunidad de Madrid.

Parece, pues, que la estrategia del Gobierno con el exilio de medio ejecutivo en el corazón de Europa ha sacado sus frutos. El juez belga ha decidido quitarles la custodia policial y Puigdemont, Ponsatí, Comín, Puig y Meritxell Serret no tendrán que pasar la noche entre rejas. El proceso ha sido radicalmente opuesto al que afronta el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el resto de consejeros el pasado jueves, cuando declararon en la Audiencia Nacional y ya no pudieron volver a casa.

Un proceso que puede alargarse dos meses

Ahora, tanto la acusación como la persona interesada pueden apelar la decisión a la división de acusaciones, que tiene 15 días más para tomar la decisión. Por lo tanto, una decisión se toma en principio en segunda instancia en un plazo de 30 días. Sin embargo, todavía es posible un recurso de casación. La decisión final se tomará en un plazo de 60 días, prorrogado a 90 en circunstancias excepcionales. Si finalmente se decide ejecutar la orden, la persona se entregará en principio a las autoridades del estado emisor dentro de los diez días siguientes a la decisión de ejecución.