El Colegio de Abogados de Córdoba suspendió por un plazo de 6 meses la matrícula de Carlos González Quintana quien junto a su colega Fernando Cabaleiro, elaboró un informe sobre el caso Maldonado con datos y testimonios falsos que fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Uruguay a fines de septiembre de 2017.

González Quintana bautizó a Lucas Naiman Pilquiman como Testigo E en un informe en el que el joven supuestamente declaró a los profesionales haber observado cómo agentes de Gendarmería Nacional se llevaban detenido a Santiago Maldonado el 1 de agosto de 2017 cuando este se encontraba en el río Chubut. El profesional explicó a la prensa que lo bautizó como E por “esencial”. El testimonio habría sido registrado a mediados de septiembre. En esos días los abogados se acercaron a El Bolsón, Esquel y el territorio tomado de Cushamen y dijeron a los vecinos que eran representantes de APDH. Solicitaron ayuda y alojamiento gratis en la zona.

“El letrado González Quintana debió tomar los recaudos necesarios para que lo que denunciaba pudiere ser verificado en la investigación”, sentenció la Cámara 4 del Tribunal en un documento al que tuvo acceso Perfil.

El Tribunal invocó el artículo 50 de la ley provincial 5805 que rige la actividad profesional en la provincia de Córdoba. “El Tribunal ejercerá el poder disciplinario sobre todas los abogados inscriptos en la Provincia, a cuyo efecto conocerá y juzgará, de acuerdo a las normas de ética profesional, las faltas cometidas por los abogados en el ejercicio de la profesión o que afecten al decoro de ésta, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que incurran y de las facultades disciplinarias que las leyes acuerden a los tribunales de justicia”, señala el texto.

En el informe de González Quintana y Cabaleiro aparecen los relatos de Matías Santana (el mapuche de los binoculares) y Naiman Pilquiman, entre otros. Ambos entregan un testimonio que no dejaba dudas acerca de que Maldonado había sido víctima de una desaparición forzada.

Pero en diciembre de 2017 Naiman Pilquiman se sentó ante el juez federal Gustavo Lleral en Epuyén, cerca de El Bolsón. Bajo juramento reconoció que Maldonado estaba solo junto al río y que no observó que nadie lo detuviera. Por otro lado, la autopsia realizada con la intervención de decenas de peritos concluyó que el joven no tenía señales de haber sido víctima de ningún tipo de violencia. Santana aseguró que Maldonado fue golpeado brutalmente.

Esto dejó por probado que los datos y los testimonios recogidos por los abogados no era verdaderos.

La fiscal federal Silvina Avila envió los fundamentos que ponen en cuestión el correcto accionar de los profesionales tanto al Colegio de Córdoba, en el caso de González Quintana, como al de Buenos Aires en el de Cabaleiro con dos ejes para el análisis. El primero, estaba referido al informe que llegó a manos de la CIDH; y el segundo, pretendía clarificar si en efecto representaban a la APDH tal como aseguraron en el sur.

La funcionaria argumentó que el informe de los abogados entorpeció la investigación judicial. Las declaraciones de los testigos que hablaron con Gonzalez Quintana y Cabaleiro “fueron realizadas con la intención de lograr el otorgamiento de una medida cautelar y lograron el objetivo”, indicó por su lado el tribunal disciplinario del Colegio de Abogados.

Respecto de su participación en la APDH el Tribunal de Disciplina determinó que integraban el organismo por lo menos en su versión cordobesa. A fines de octubre de 2017, la APDH nacional indicó que González Quintana no pertenecía a la asamblea. “González Quintana, al no ser integrante de la APDH, no ha ejercido ni ejerce representación alguna de nuestro organismo nacional (…) La APDH ha informado de esta situación al juzgado así como ha intimado a esta persona a dejar de invocar el nombre de la APDH”, señaló en un comunicado.

Además los abogados enfrentan causas judiciales iniciadas por el ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, por la elaboración del informe con falsos testimonios, falta a los deberes profesionales y entorpecimiento de la Justicia.