En noviembre de 2015 el diputado Jorge Ramos presentó un proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, en el que proponía la emisión de declaratoria de afectación de la misma para la intervención de la Fuerzas Armadas en ciertas regiones de México. La polémica sobre la intervención de las Fuerzas Armadas se reanimó a partir del 13 de septiembre de 2016, cuando el senador Roberto Gil Zuarth entregó su iniciativa de Ley de Seguridad Interior.

A partir de ello, surgieron dos iniciativas más –al menos dentro de las más relevantes-, la del diputado César Camacho y la del senador Miguel Barbosa. Las cuatro iniciativas introducen una definición poco clara del término seguridad interior, el cual se menciona en la fracción VI del artículo 89 de la Constitución mexicana, dentro de las facultades del Presidente; sin embargo, tal y como se pretende legislar se confunde con el término de seguridad pública.

Aunado a la confusión que surge con el uso de términos como seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, y las instituciones encargadas de hacer frente a cada tipo de eventualidades, destaca la preocupación de la adopción de una legislación que contemple la posibilidad de usar cualquier método de recolección de información –moción incompatible con la prohibición de tortura y de “excepciones” a la regla de exclusión en caso de violaciones graves a derechos humanos, puntos que se esperan fortalecer con la Ley que se emita en esta última materia-, así como que también sugiera como móvil de uso legítimo de la fuerza actos de resistencia no agresiva que deban “controlarse, repeler o neutralizar”.

La CIDH, en su Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos de 2009, señala que la incorporación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública viene muchas veces acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos, ya que su entrenamiento y los fines para los que fueron creadas –dentro de un Estado democrático- son diferentes de las labores encomendadas a la fuerza policial.

Sin importar la disciplina y la entrega que las Fuerzas Armadas tengan como mandato profesar al país, su entrenamiento y labores no están previstas para desarrollar tareas de seguridad pública, sino para abatir enemigos, y si bien es cierto que el contexto mexicano actual amenaza la estabilidad de las funciones estatales, las herramientas que se proponen para enfrentar la vigente coyuntura no se ocupan de acotar y definir el despliegue de diligencias a un solo territorio, ni a condiciones particulares o hacia actores definidos, sino más bien hacia la población en general.

¿Por qué no centrarse en ocupar las herramientas ya existentes para atender el problema? El artículo 29 constitucional ofrece una respuesta que prevé controles y contrapesos a disposiciones arbitrarias que se quisieran adoptar durante la etapa de circunstancias excepcionales – el lapso que durase la suspensión de garantías, para hacer frente al peligro de la delincuencia organizada, en las dimensiones expuestas actualmente. Su reglamentación permitiría delimitar las circunstancias, la temporalidad, los efectos que tendrían y las actividades que se emprenderían por parte de las Fuerzas Armadas.

La regulación bajo este precepto constitucional no sólo brindaría certeza a la población sobre las operaciones que se están realizando, sino a las mismas instituciones castrenses sobre su margen de acción.

Pero por encima de las consideraciones mencionadas, éste no es sólo un tema de seguridad interior, sino también falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades, de corrupción e impunidad. Distorsiones de la cotidianidad del sistema de gobierno –especialmente, en su variante de justicia- mexicano.

Dentro de la estructura de un Estado democrático se espera que sus instituciones sean capaces de informar sobre las labores que desempeñan, con el objetivo de prevenir condiciones que propicien el desarrollo de la impunidad dentro del régimen nacional. Por desgracia, en el ámbito de las violaciones graves de derechos humanos se observan prácticas opacas, en las que aquellos procedimientos que pudieran comprometer la responsabilidad de actores gubernamentales tienen por respuesta el dificultar el acceso a los datos requeridos, reportándolos como inexistentes o con descripciones inexactas.

La consecuencia de este tipo de ejercicios generan por un lado, la falta de reconocimiento por parte de las autoridades de los hechos en que se transgredieron derechos fundamentales; por otro, el desconocimiento de esos eventos entre la población, impidiendo la posibilidad de conocer la verdad de los acontecimientos que los rodean. Y, finalmente, esta praxis entorpece la adopción de medidas que promuevan la prevención, investigación y sanción de toda clase de infracciones graves hacia cualquier clase de autores de crímenes, ya sean parte de la delincuencia organizada o estatales.

A manera de ilustración, ¿qué se puede observar del despliegue castrense en la lucha contra el crimen organizado? Tenemos lo siguiente:

De acuerdo con información proporcionada por SEDENA, se registraron 3557 agresiones en contra de personal militar, en el período del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2014, contando con un saldo de fallecidos de 209 militares, 3907 agresores y 60 víctimas ajenas a los hechos; la cifra de heridos está desagregada en 1184 militares, 1061 agresores y 213 civiles ajenos a la situación. Estas actividades tuvieron por balance la detención de 3946 agresores.

Por su parte, la SEMAR desagrega los datos de manera similar para informar sobre agresiones sufridas –109 agresiones desde 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014– y sus efectos en el número de víctimas. Así, el número de navales fallecidos en los enfrentamientos es de 14, en tanto que de presuntos miembros de la delincuencia organizada, el número de bajas es de 296. La cifra de heridos es de 60 navales, y de 10 presuntos delincuentes. El total de detenidos, 111 personas.

El número de recomendaciones emitidas por CNDH, que han sido dirigidas a Fuerzas Armadas, de 2007 a 2017 dan un total de 157, de las cuales, 142 han sido por violaciones graves a los derechos humanos –es decir, un 90.4% del total de las recomendaciones emitidas hacia las Fuerzas Armadas son por tortura, ejecución, intento de asesinato y desaparición– .

Dentro de las propuestas legislativas no se dispone la creación de protocolos de actuación para las Fuerzas Armadas –mediante los que se intente minimizar el número de víctimas del fuego cruzado-, así como tampoco mecanismos de acceso a la justicia especializados para la atención de las personas lesionadas de manera colateral a las actividades de seguridad.

Es decir, uno de los mayores temores es que, cuando termine esta guerra contra el narcotráfico, el Estado no tenga la capacidad de hacerse cargo de los efectos que dejó esta cruzada. Que el Estado no pueda reconocer en los casos en los que se equivocó, por extender de manera generalizada su política de seguridad al interior. Que no sea capaz de prever los daños que causará a las familias, que hay lesiones que no hay manera de reparar.

Lo que no se entiende es que la fractura entre la población y las instituciones estatales que debían de protegerles y garantizar sus derechos será de tal magnitud, que el denominador común será la impunidad y una completa desconfianza entre gobernados y gobernantes, generando el debilitamiento del sistema en su conjunto.

Estos son la clase de dudas que múltiples especialistas han dado a conocer desde que se inició públicamente el debate sobre el tema. La CMDPDH en un esfuerzo por compilar estas reflexiones, presenta el cuadernillo Seguridad Interior, ¿seguridad para quién? en donde, expertos en derechos humanos y en seguridad, alertan sobre las consecuencias de que se apruebe una Ley de Seguridad Interior con las características descritas.

Finalmente, lo que inquieta es que la realidad termine por superar las expectativas sobre la pertinencia de la intervención militar en ocupaciones de la autoridad civil, desembocando en que las funciones propias de un Estado democrático, se encomienden al mando castrense.

@CMDPDH

SEDENA, solicitud de información folio: 0000700016315.

SEDENA, solicitud de información folio: 0000700003715. El periodo que abarca el registro de víctimas mortales, heridas y personas detenidas, es del 13 de enero de 2017 al 5 de abril de 2014, que es la fecha en la que PGR empieza a dar seguimiento a estos datos, de acuerdo con la SEDENA.

SEMAR, solicitud de información folios: 0001300092314.

La SEMAR no hace distinción entre civiles identificados como parte del crimen organizado o civiles ajenos a las circunstancias del enfrentamiento.

SEMAR, solicitud de información folio: 0001300006415.

Resultados preliminares de la base de datos The Investigation and Documentation System (I-DOC) de Case Matrix Network para ser usada por la CMDPDH, gracias al financiamiento de la Unión Europea y al Ministerio Noruego de Asuntos Exteriores.