Corría el mes de diciembre y Cristóbal Montoro apuntaba directamente a los medios de comunicación en pleno debate sobre la amnistía fiscal. "En vez de dar tantas lecciones de ética a través de editoriales lo que tienen que hacer es pagar religiosamente los impuestos en los plazos pertinentes”, aseguró, añadiendo que hay grupos con “importantísimas deudas con la Hacienda Pública”. Días después, el 18 de enero, la Agencia Tributaria comunicaba la apertura de una inspección a Unidad Editorial, editora del diario ‘El Mundo’, por hasta seis figuras impositivas. Casualmente, ese mismo día el rotativo había dado el verdadero pistoletazo de salida al caso Bárcenas, al publicar que el extesorero del PP pagó durante años sobresueldos en negro a parte de la cúpula del partido.

“Con fecha 18 de enero de 2013, Unidad Editorial S.A., como sociedad dominante del grupo 57/95 en lo que afecta al Impuesto sobre Sociedades y como entidad dominante del grupo IVA, en lo que afecta al Impuesto sobre el Valor Añadido, ha recibido comunicación de inicio de actuaciones de comprobación e investigación”, expone la firma en las cuentas anuales recientemente remitidas al Registro Mercantil y avanzadas por este diario. El grupo de medios registró pérdidas superiores a 470 millones en 2012, afectado por el ajuste contable realizado por sus dueños de RCS Mediagroup al fondo de comercio atribuido a su filial española. En el corazón del problema, la compra del Grupo Recoletos en 2007 por más de mil millones.

En concreto, la Agencia Tributaria revisará Sociedades en el período comprendido entre 2008 y 2011. Además, fiscalizará la tributación entre 2009 y 2011 vía IVA; Retenciones o Ingresos a cuenta por rendimientos de trabajo o profesionales; Retenciones a la imposición de no residentes; Tasa de juegos de suerte, envite o azar, y Tasa de juegos por apuestas y combinaciones aleatorias. La legislación actualmente en vigor establece que los impuestos no se encuentran definitivamente liquidados hasta que la autoridad fiscal no los inspecciona o una vez prescriben, cuatro años después de que se presenta la declaración.

La también editora de Expansión o Marca prefiere ponerse la venda y advierte de que la supervisión en marcha puede tener impacto en sus números, aunque limitado. “Como consecuencia, entre otras, de dichas actuaciones de comprobación y de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos adicionales como resultado de la inspección. En todo caso, los administradores de la sociedad consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían significativamente a las cuentas anuales”, subraya Unidad Editorial en su Memoria.

Casualmente en febrero, un mes después de abrirse esa inspección, el Gobierno arreciaba contra los medios con el caso Bárcenas en ebullición. Buena parte del Consejo de Ministros se sentía maltratado tras echar una mano a Lara (Antena 3) para tomar La Sexta y después de auspiciar la operación rescate a la editora de El País. En este marco, un ministro no dudaba en recordar que recibían ataques de “grupos quebrados”, en alusión a Prisa. En marzo, el propio Montoro insistía en el discurso y apuntaba a los tertulianos. “Yo comprendo que muchas veces los llamados creadores de opinión tienen problemas con la Hacienda Pública, pero no lo admito", subrayaba. La reyerta terminaba en un caos fenomenal cuando el Gobierno decidía ejecutar la sentencia del Supremo que arrebata entre 9 y 17 canales a los grandes grupos, tras meses de negociación con los mismos para solventar el entuerto. La brecha sigue abierta.

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Unidad Editorial no es el único conglomerado de medios en el foco de Hacienda. Como publicó El Confidencial y según consta en la información que las compañías cotizadas han remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Fisco tenía abiertos a 31 de diciembre de 2012 más de 20 procesos -la mayoría judicializados- contra los grupos de comunicación, en algún caso por importes millonarios. Se lleva la palma Prisa, editora del diario El País, con una decena de procedimientos en marcha en diferentes instancias. Dos son especialmente preocupantes debido a la envergadura de las cuantías en liza.

El primero, la inspección del período 1999-2002 que abarcaba Sociedades e IVA, entre otros impuestos. Terminó en 2006 y aún se siguen actuaciones judiciales al respecto. “Las resoluciones de los recursos de reposición interpuestos contra los acuerdos de liquidación derivados de las actas incoadas por cada ejercicio (…) confirmaron liquidaciones por importe global de 34.867 miles de euros (cuotas más intereses de demora)”, admite la compañía. Aunque el Tribunal Económico-Administrativo invalidó parte de esas liquidaciones, los recursos de Prisa para lograr su anulación total han sido en general desestimados por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Los tribunales ya han planteado los pertinentes incidentes de ejecución.

Claro que puede ser peor. De hecho, los aspectos aún en discusión por el Impuesto de Sociedades de 2001 constituyen el segundo frente abierto para la editora de El País. “Dada la inadmisión del recurso de casación, interpuesto contra la liquidación relativa al impuesto sobre sociedades del ejercicio 2001 (…), la Sociedad procedió a dotar una provisión de 183.000 miles de euros para hacer frente a una hipotética resolución desfavorable sobre los conceptos que se mantienen en discusión, principalmente la deducción por actividad exportadora. (…) En el ejercicio, al inadmitirse el recurso de casación relativo al ejercicio 2002, se ha procedido de la misma manera, dotando una provisión adicional por importe de 6.700 miles de euros”, expone Prisa en su informe anual.

El consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez. (EFE) , aunque lejos de los volúmenes que maneja Prisa. Según admite la empresa en el informe a sus últimas cuentas anuales, tiene abierto “un expediente sancionador en concepto de deducción por reinversión, derivado de la inspección tributaria del impuesto de sociedades de 2008 y 2009 en la actual La 10 Canal de Televisión”. ¿Importe? 826.000 euros. Está pendiente de formular alegaciones. Asimismo, tiene procesos en marcha por el impuesto de sociedades de su productora Veralia (1,07 millones) y por liquidaciones fiscales recibidas en relación a inversiones de sus sociedades Bilbao Editorial Producciones y Sociedad Vascongadas de Publicaciones, por un total de 15 millones.

Al margen de la Hacienda estatal, el otro frente de la firma de los Ybarra, Bergareche o Luca de Tena enlaza con las llamadas vacaciones fiscales vascas, declaradas ilegales por Bruselas y que implicaban una bonificación en el Impuesto de Sociedades. Un problema, eso sí, controlado. La liquidación complementaria de la Hacienda Foral de Vizcaya está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La de Guipúzcoa alcanzó el año pasado los 2,1 millones de euros, que ya estaban provisionados. En paralelo, la Agencia Tributaria inspecciona diferentes impuestos entre los años 2007 y 2009 de Comeresa Prensa, sociedad instrumental del Grupo Vocento.