El Órgano Fiscalizador Superior (ORFIS) del Estado de Veracruz identificó 55 nuevo contratos que el gobierno de Javier Duarte concedió a una red de empresas fantasma, y que se suman a los 73 que reveló una investigación publicada por Animal Político en mayo pasado.

El ORFIS confirmó además que no hay evidencia de que los productos presuntamente comprados con recursos públicos llegaran a los beneficiarios.

Así lo revela un apartado especial del Informe de la Cuenta Pública 2015 que el ORFIS entregó al Congreso de Veracruz la semana pasada, y al que Animal Político tuvo acceso; el informe se hará público una vez que lo aprueben los diputados locales.

El documento incluye los resultados de una verificación hecha por los auditores locales a 25 empresas contratistas del gobierno estatal, lo que dio paso a una denuncia penal ante la Fiscalía de Veracruz por posibles actos de corrupción.

En total, de acuerdo con el dictamen del ORFIS, son 131 contratos los que tres dependencias y una entidad del gobierno veracruzano dieron este grupo de compañías que no existen en sus domicilios fiscales y cuyos accionistas tampoco son empresarios. El monto total de dichos contratos asciende a casi 950 millones de pesos provenientes de las arcas locales.

Esta investigación tendrá una segunda fase, luego que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó un mayor número de empresas involucradas y confirmó la inexistencia de todas ellas tras el plazo legal que se les dio para respondieran al llamado del fisco.

En su resumen del caso, los auditores estatales explican que, el pasado 21 de junio, se tomó conocimiento de las declaraciones hechas por el jefe del SAT Aristóteles Núñez en el sentido de que 25 compañías contratistas del gobierno de Veracruz sufrieron la cancelación de su registro fiscal luego de que no se les localizó en su domicilio.

Dicho hallazgo, subraya el ORFIS, se realizó luego de que Animal Político publicó que estas empresas recibieron 73 contratos de parte de las secretarías de Protección Civil, Desarrollo Social, Educación y del Sistema de Desarrollo infantil (DIF), entre los años 2012 y 2014.

El reporta explica que “en su momento” se realizaron las auditorías a los procesos de licitación y adjudicación directa del gobierno en las cuentas públicas de esos años, sin que se detectaran irregularidades. La verificación se hizo sobre los documentos entregados por el gobierno, no con verificaciones en el terreno.

“Se evaluó en los términos del artículo 109 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, sin que de la revisión se detectaran irregularidades documentales en los procesos de licitación y/o adjudicación”, indicó el ORFIS.

Tras la confirmación del SAT de irregularidades en las empresas contratistas, el 25 de julio el Auditor General envió el oficio OFS/3722/07/2016 a la Dirección de Auditoría de Poderes Estatales para que se llevara a cabo un nuevo análisis pero esta vez de todos los procesos de adjudicación concedidos por el gobierno de Javier Duarte en favor de las empresas no localizadas.

El 15 de agosto la referida dirección presentó sus resultados en el documento denominado: “Dictamen derivado de las investigaciones realizadas por un medio informativo y de las auditorías realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado”.

En ese documento no se detallan los resultados del dictamen pero se establece que sirvió de base para que un día después se presentara una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, que quedó asentada en la carpeta de investigación FESP/261/2016-VII. Esto en contra de los funcionarios que resulten responsables.

“En la denuncia se mencionan 131 contratos realizados con el Gobierno del Estado en tres dependencias y una entidad, por un importe detectado de 940.2 millones de pesos, en la que se presume que los bienes motivo de los citados contratos no fueron entregados a los respectivos beneficiarios”.

Como pruebas en la denuncia se incluyó el referido dictamen, además de las auditorías realizadas en los años anteriores, los hallazgos realizados hasta ese momento por el SAT y la investigación publicada por Animal Político en mayo pasado.

Esta es la primera denuncia de tipo penal presentada por el ORFIS en contra de dependencias del gobierno estatal por lo menos de la última década. Las denuncias por irregularidades en el manejo de recursos públicos se habían concentrado en los municipios.

De forma paralela a la indagatoria penal, el ORFIS indicó que el 30 de junio pasado se giró el oficio número OFS/3275/06/2016 dirigido al titular de la Contraloría del Estado para que se realizara una investigación dentro de su ámbito de competencia. Además se le instruyó suspender los pagos pendientes en caso de que los hubiera, hasta que no se verificara la existencia real de los bienes contratados.

Los resultados de esta indagatoria administrativa aún no se conocen.

Múltiples delitos en empresas fantasma

Entre el 24 y el 26 de mayo Animal Político publicó un reportaje dividido en tres partes en donde se evidenció que el gobierno estatal dio 73 contratos a una red de compañías inexistentes. Hoy se sabe que fueron más de 130; dichas empresas no existen en sus domicilios fiscales y sus accionistas no son empresarios sino personas de bajos recursos.

Las dependencias involucradas no entregaron documentos que confirmaran que los insumos comprados fueran entregados a la población.

Las investigaciones que distintas instancias llevan a cabo por este caso están relacionadas con varios tipos de ilícitos.

En el caso de las empresas que son personas morales, el SAT identificó posibles delitos del tipo fiscal que van desde la no localización del domicilio fiscal, hasta declaraciones de impuestos que no corresponden con los ingresos facturados. Esto derivó en 32 averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de la República (PGR).

Producto de esas averiguaciones la PGR obtuvo de un juez una primera orden de aprehensión en contra de una persona cuya identidad no se ha revelado, mientras que hay dos procesos ya iniciados ante jueces federales.

De forma paralela el SAT dio un plazo a 30 compañías involucradas y una persona física para entregar documentos que avalen su existencia y operaciones, lo que no ocurrió. Producto de ello se presentará una nueva denuncia penal en PGR contra las dependencias involucradas de Veracruz que avalaron facturas que amparan operaciones inexistentes.

La denuncia interpuesta por el ORFIS en la Fiscalía de Veracruz es por posible desvío de recursos y hechos de corrupción contra los funcionarios que resulten responsables. Ese expediente continúa en integración.