En los últimos años ha habido comunidades autónomas (CCAA) como Cataluña, Baleares y Navarra, entre otras, que se han querido desmarcar de la política antirrenovable del Gobierno central y han apoyado el desarrollo de energías limpias.

Este ha sido el caso del autoconsumo, la posibilidad de generar desde las viviendas particulares electricidad suficiente para el consumo familiar y sobrante para verter al sistema. Estas CCAA han aprovechado el lío normativo existente hasta ahora para conceder por la vía rápida autorizaciones de instalación y puesta en marcha de placas solares en hogares y pymes para autoconsumo.

Sin embargo, el borrador de Real Decreto (RD) que regula el autoconsumo energético elaborado por el Ministerio de Industria y Energía frena en seco esta práctica que había permitido a la industria fotovoltaica mantener un atisbo de esperanza tras los sucesivos hachazos retributivos aplicados desde el Ejecutivo.

El nuevo texto clarifica los procesos de autorizaciones de cada una de las administraciones e impide que se sigan concediendo éstas por la vía rápida, lo que según fuentes del sector cierra la puerta a que las CCAA más prorrenovables sigan apoyando el autoconsumo en sus zonas.

El borrador de RD, que acaba de salir a consulta pública, da la puntilla definitiva al sector fotovoltaico español al mantener el peaje de respaldo (las instalaciones de autoconsumo tendrán que pagar a las eléctricas por el uso de las redes), pero cambiándolo de nombre y dividiéndolo en dos "impuestos al sol". "Lo que ha hecho el Gobierno es publicar una normativa diseñada específicamente para poner una barrera económica que desincentive a los ciudadanos en invertir en sistemas de ahorro energético basados en las energías limpias", señalan desde la patronal Unef.

El RD clarifica los procesos de autorizaciones para cada administración e impide que las CCAA se salgan de la norma para fomentar el autoconsumo en sus zonas

"Ahora nos ponen un nuevo concepto, el cargo por autoconsumo, a cambio de eximir a los autoconsumidores de pagar las redes cuando estén produciendo electricidad para uso propio. Es el mismo perro con otro collar, porque al final el coste es similar y sigue siendo una barrera para desarrollar las instalaciones", señala José Donoso, director general de Unef.

El único elemento positivo del nuevo texto es que exime a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla de una parte de los impuestos al sol, pero sólo de forma transitoria, hasta 2019, señala Donoso.

Según el sector, el "impuesto al sol vulnera la Constitución y dos directivas europeas". Desde el despacho especializado Holtrop se acusa al Gobierno de "prestar su último servicio al oligopolio eléctrico, con este RD de parte, que considera el autoconsumo como un problema para el país y para el sistema eléctrico y la seguridad del suministro, en lugar de plantear sus beneficios de creación de empleo, innovación tecnológica, lucha contra el cambio climático y presión a la baja de los precios de la luz, entre otros muchos".

El abogado Daniel Pérez califica el texto de "disparate e intencionadamente discriminatorio" y confía en que el Gobierno no pueda sacarlo adelante en esta legislatura. "Se ha presentado a toda prisa, pero casi un año después de su fecha prevista, pero el proceso de audiencia pública será largo por las miles de alegaciones que llegarán. Es un guiño a las eléctricas pero a sabiendas de que van a andar muy justos de tiempo", concluye.