El aumento, explicó Sánchez a Primera Hora, lo atribuye fundamentalmente al hecho que se instalaran peajes en ambas direcciones en la autopista PR-5 y PR-22.

“La cantidad de multas ha aumentado. Ha habido unos factores particulares, que son en las autopistas PR-22 y PR-5, donde se instalaron unos pórticos nuevos y se hace cobro de peaje en ambas direcciones. Eso no existía antes. Por lo tanto, antes la persona pasaba en una dirección, pagaba en un solo lado. Ahora paga en dos. Muchas personas, pues, no han caído en cuenta que eso ocurrió ya, y hay un volumen más alto de infracciones. Tanto así que el 80% de las infracciones que se generan en Puerto Rico por peaje están en esas dos carreteras”, explicó Sánchez.

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Según los datos de multas emitidas provistos por Gila, en los primeros cuatro meses del 2018 se habían emitido 1,751,420 multas en todos los peajes de la Isla. De ese total, 1,411,191 eran infracciones en los peajes de la PR-22 y la PR-5.

Aunque la cifra de multas parezca elevada, cabe destacar que en esos cuatro meses pasaron un promedio de 25 millones de vehículos por los peajes.

Por otro lado, aclaró Sánchez, un volumen considerable de personas no han registrado sus cuentas con AutoExpreso, y si por alguna razón el sistema falla en leer el sello, aun si tiene su cuenta con suficientes fondos, recibirá una notificación de multa. No obstante, una vez se constate que no incurrió en falta, se cobra solamente el peaje.

“El programa de AutoExpreso tiene un grupo de personas que son anónimas. Eso implica que no sabemos cuál es su tablilla. Si no ha puesto el sello, y pasa por el carril, no lo podemos procesar. Si tiene cristales ahumados al frente, que pasa mucho, pues la señal tampoco pasa. Y puede haber otras causas por las que ese sello no se está leyendo. Cuando el vehículo pasa, pues le sacamos la foto a la tablilla. Vamos al sistema y buscamos si la tablilla corresponde a un usuario. Y a ese usuario que es anónimo, y no se ha registrado, no hay otra manera de contactarlo que no sea una notificación. Si la tablilla hubiera estado en récord, con la tablilla se identifica al cliente, se debita el peaje, y la multa no se emite”, explicó Sánchez.

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Sin embargo, si el usuario hace su alegato y está en lo cierto, se le elimina la multa y solo se cobra el peaje.

Pero según el gerente, hay un gran número de personas que por diversas razones no se han registrado, contrario a la recomendación que hace AutoExpreso.

“Tenemos cerca de un millón y medio de personas que están en cuentas anónimas. Un volumen bien grande. Es más o menos lo mismo, un millón y medio, en cuentas registradas”, dijo Sánchez.

Los datos oficiales de Gila muestran que para el final de abril de 2018, había un total de 3,175,894 de cuentas. Pero solamente 1,787,127, o el 56.27%, eran cuentas registradas.

Insistió en que recomiendan el registro por los beneficios que suponen para el cliente.

“El beneficio de la cuenta registrada es que la persona puede recibir e-mails sobre su balance, puede recibir mensaje de texto sobre su balance. Tenemos dos maneras de identificar su cuenta, el sello y la tablilla. Así que si por alguna razón no hay lectura de sello, por la razón que sea, la tablilla está en el sistema, se debita el peaje, y es una carta de notificación que no salía”, dijo Sánchez, agregando que ellos procesan las tarjetas de crédito de forma segura “como lo haría cualquier otro comerciante”.

El gerente explicó que al registrarse la persona no tiene necesariamente que suministrar información de contacto o una tarjeta de crédito. De hecho, un usuario puede comunicarse y hacer un pago electrónico y permanecer anónimo, pero su recomendación es que “al igual que tienen su Netflix en autorrecarga, que se salga de fila, lo pone (el sello) en autorrecarga con su tarjeta de crédito, y dice: ‘mira, cada vez que esté en $10, métele $20’ o lo que sea razonable según su uso del peaje”.

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Sánchez agregó que, de acuerdo con la ley, las personas pueden reclamar las multas. De hecho, cuando envían la notificación de multa incluyen los documentos para un recurso de revisión, que el afectado puede llenar y enviar de vuelta. En ese documento se puede alegar una razón por la cual considera no se le debe cobrar el peaje, como puede ser, por ejemplo, que le hayan robado el vehículo, que validaría con el reporte policial.

La ley también provee un período de 120 horas (5 días) para recargar la cuenta y pagar el peaje que pasó sin fondos.

Gila tiene 90 días para enviar la notificación de una infracción', pero según Sánchez, “típicamente, las notificaciones salen bastante rápido”.

El usuario tiene entonces 30 días desde el recibo de la notificación para hacer su apelación. Si no apela en ese tiempo, la multa se convierte en final y firme, según la ley.

Si la persona apela la multa, se evalúa su reclamo, y se dispone a favor o en contra. Si la persona aun no está de acuerdo puede apelar la decisión y solicitar una vista administrativa. Entonces el caso queda en manos del DTOP.

“Pero lo que vemos mucho es que la gente vuelve y usa más peajes. Entonces, digamos incurrió en $30 en peajes, va y recarga $10, pero sigues teniendo un déficit. Puede decir que abonó y le llegó una multa. Eso lo vemos muchísimo, que las personas no abonan lo suficiente para todas sus obligaciones de peajes. Porque tienes que poner lo suficiente para lo que debías, y los que vienen por delante”, dijo Sánchez. “La gran mayoría de las infracciones es porque no hay fondos suficientes, no abonan constantemente a la cuenta”.

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El gerente explicó que Gila no tiene nada que ver con el monto y procedimiento de cobro de las multas, pues eso lo determina la Legislatura. Tampoco se beneficia en nada por cobrarlas, pues ese dinero va “directamente a la Autoridad de Carreteras” (y Transportación).

Insistió en que el sistema electrónico que utilizan es revisado por otras entidades y tiene que cotejar sus números de manera constante con el DTOP, Metropistas y los bancos involucrados en transacciones.

Hizo énfasis en que la compañía matriz de Gila es una entidad pública que cotiza en la bolsa de valores y por tanto tiene que regirse por un sinnúmero de estándares federales.















