29 de Junio de 2017

Hace seis años, el entonces Presidente organizó debates sobre la guerra en contra del crimen organizado y la violencia que azotaba al país. El poeta y activista, Javier Sicilia, le reclamó que el Estado se hubiera lanzado a combatir a la delincuencia sin antes haber reformado las instituciones. La respuesta de Calderón fue: “Yo no puedo decirle a la gente espérenme tantito, voy a hacer primero una reforma política y a reformar a las instituciones. Tengo que actuar con lo que tengo. Y estoy seguro de que usted hubiera hecho exactamente lo mismo que yo. Sabe que, si estuviera en la posibilidad de evitar un crimen, y no tuviera más que piedras en la mano, lo haría con las piedras, esperando que, por lo menos, tuviera un momento el aliento de David para hacerlo”.

Ciertamente, cuando tomó posesión, Calderón estaba obligado a actuar en contra de la criminalidad. Pero la decisión no era binaria: “Actúo o no actúo”. Tenía que hacerlo porque era su responsabilidad como jefe del Estado. La pregunta era tomando en cuenta, sobre todo, que en 2007 el país tenía la tasa de homicidios más baja de su historia (8.1 por cada cien mil habitantes). ¿Cuál era la estrategia más eficaz en ese contexto? ¿A pedradas? ¿Esperando un milagro bíblico? Desde luego que no. Calderón mismo dio la respuesta: “Hay que hacerlo con lo que tenemos, que no es poco lo que tenemos. El Ejército

no es poco”.

Efectivamente: no era poco. El Estado contaba con sus Fuerzas Armadas. El problema era que los militares estaban entrenados para la guerra, no para combatir la criminalidad. Un soldado aprende a matar a su enemigo, no a recabar pruebas, perseguir y capturar delincuentes, presentarlos ante el Ministerio Público y, en todo este proceso, respetar los derechos humanos. Para eso están las policías. Calderón no tenía una policía de verdad para resolver el problema. Tuvo, entonces, que recurrir al Ejército y la Marina, las últimas opciones en materia de seguridad de un Estado.

Una década después del primer año de Calderón, bien a bien todavía no sabemos los pormenores de la decisión presidencial de mandar las tropas a las calles. ¿Era la única opción? ¿Qué información tenía el Presidente cuando resolvió el mayor involucramiento de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado? ¿Cuáles fueron las órdenes que transmitió a los secretarios de la Defensa y Marina? ¿Le presentaron una estrategia de cómo actuar? ¿La aprobó el Presidente? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Se cumplieron? ¿Consultó Calderón su decisión con alguien? ¿Involucró a otros poderes?

El Presidente, como le dijo a Sicilia, estaba obligado a actuar porque el Estado debe proveer, antes que nada, seguridad a la población. La pregunta es si lo hizo eficazmente con los recursos disponibles en ese momento. Una década después, estoy convencido de que no. A lo largo de estos años violentos, se han publicado buenas y sólidas investigaciones sobre la decisión de utilizar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia. Hoy sabemos que el Ejército y la Marina entraron a combatir a las mafias a escopetazos: echando bala sin mucha estrategia que digamos. Apagando los fuegos que iban surgiendo. El gobierno obtuvo algunas victorias, pero luego las cosas se complicaron.

Los escopetazos desestabilizaron a los grandes cárteles rompiendo los endebles equilibrios que existían, lo cual generó un ciclo de mayor violencia. La detención y abatimiento de varios capos propició la fragmentación de los cárteles, agudizó las diferencias entre ellos y desató una carnicería que todavía no acaba.

Hace seis años, el gobierno de Calderón, en el pico de la violencia durante ese sexenio, cambió de estrategia. Los escopetazos se sustituyeron por tiros de francotirador. Se decidió atacar al cártel más violento del país, Los

Zetas, el que estaba agraviando más a la sociedad en ese momento. La violencia se revirtió. Los homicidios bajaron de 24 por cada cien mil habitantes en 2011 a 17.1 en 2014. Pero algo pasó a mediados de ese 2014 que la violencia volvió a crecer. Para 2016 la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes había alcanzado 21.3. Y sigue creciendo. 2017 promete ser un año más violento que 2011.

Diez años después de que Calderón le declarara la guerra al crimen organizado, seis años después de su debate con Sicilia, las Fuerzas Armadas siguen en las calles haciendo labores de seguridad pública. A diferencia de

Calderón, en cinco años, el presidente Peña no ha hecho nada para fortalecer las policías incluyendo la Federal. Hoy ni siquiera queda clara la estrategia de las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado. Parecería que regresaron a la receta fallida de lanzar escopetazos.

Twitter: @leozuckermann

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