La tensión que viven los enfermos de hepatitis C estalló este miércoles en el Parlamento gallego, donde se vivió una fuerte bronca después de que el PP rechazase una propuesta para asumir sus demandas apoyada por toda la oposición. Desde la tribuna de invitados, miembros del colectivo de afectados prorrumpieron en gritos de “asesinos” contra los diputados populares, y la presidenta, Pilar Rojo, decidió expulsarlos.

La Consellería de Sanidade “impone obscena, inmoral y criminalmente criterios economicistas a los científicos” para conceder los nuevos medicamentos. Lo repitieron este miércoles, uno tras otro, los portavoces de los grupos de la oposición en el Parlamento en defensa de dos iniciativas idénticas —presentadas por AGE y BNG y respaldadas por PSdeG y Grupo Mixto— que recogían literalmente las demandas de la plataforma de afectados por esta enfermedad que han visto morir a algunos de sus miembros sin recibir el fármaco. La proposición buscaba el voto favorable del PP para conseguir que la Xunta instara al Gobierno a que “sean criterios médicos, y no de techo de gasto” los que decidan autorizar la terapia y que la dispensación se haga a través de las farmacias hospitalarias para que el acceso al medicamento sea “inmediato”.

El PP la rechazó apelando a la “inminente” aparición de nuevos antivirales “tanto o más eficaces que los actuales”, según destacó su portavoz, Aurelio Núñez Centeno. “Eso justifica protocolos y prudencia”, precisó el representante del PP, quien insistió en que la oposición “utiliza a los muertos con fines políticos” y remarcó que la Consellería “garantiza que todos los pacientes que cumplen los criterios [marcados por el Ministerio de Sanidad] reciben” el fármaco. “¡Asesinos!, ¡sinvergüenzas!”, gritaron los miembros de la plataforma de afectados que asistían al debate desde la tribuna de invitados. En medio de los aplausos de todos los diputados de la oposición, el portavoz de AGE, Xosé Manuel Beiras, tildó de “cómplices de asesinato” a los populares. “Sentirán las consecuencias de pisotear nuestro dolor”, clamó indignado el portavoz de los enfermos, Quique Costas, después de que la presidenta del Parlamento ordenase su desalojo.

Ya fuera de la Cámara, los afectados, alguno entre lágrimas, denunciaron que se les deja morir “por dinero” y aseguraron que el martes falleció una vecina de A Coruña “a la que se comenzó a suministrar el tratamiento el 15 de enero pese a que esperaba desde agosto por él”, informa Europa Press. Costas reprobó el “acto de cobardía intolerable” del presidente Feijóo por no acudir a la votación ni haber accedido a una entrevista con el colectivo.

Mientras, los abogados de un enfermo de Cangas fallecido en enero sin acceso al tratamiento ultiman una demanda por homicidio involuntario contra Sanidade, según confirmó la plataforma. No será la única a la que se enfrente el departamento de Rocío Mosquera “y subsidiariamente, los integrantes de la subcomisión [que decide cuándo se dispensa el tratamiento] que la Consellería mantiene en secreto”. En el mismo sentido, la Asociación Batas Blancas, de profesionales sanitarios, ha anunciado que estudia emprender acciones legales contra la conselleira y contra los miembros de la subcomisión “nombrados por ella a dedo” por si pudieran “haber cometido delitos muy graves”. "Sus actuaciones y resoluciones carecen de la más absoluta de transparencia y, lo más grave, de unos criterios objetivos, contrastables y basados en evidencias científicas", censura Batas Blancas, quien denuncia además que la subcomisión está presidida por un cargo político: "Eso ya nos orienta sobre hacia donde van las directrices".

La plataforma de afectados ha ofrecido un plazo de 48 horas a Sanidade para que haga pública la lista de los integrantes de la subcomisión. Los afectados quieren saber además qué criterios utiliza, “porque está denegando el fármaco a enfermos que cumplen todos los requisitos”. Si Sanidade no hace públicos los nombres este viernes, la plataforma revelará las identidades de “esas nueve personas que toman decisiones sobre las vidas”. Sanidade insiste en que el anonimato de los integrantes de la subcomisión es necesario para “garantizar la objetividad, eliminar los conflictos de interés y evitar cualquier presión externa que pueda condicionar sus decisiones”.