Lydia Cacho

15 de agosto de 2011

Pedir juicio político de los gobernantes corruptos les parece a muchos un sinsentido. Pero nada tiene más sentido en este momento que alentar la rendición de cuentas total, absoluta, no negociable. Todo parece indicar que algunos grupos de hombres y mujeres jóvenes lo entienden. La gente joven que se ha sentado estos últimos días frente al senado para exigir la inclusión de la agenda ciudadana en la Reforma Política son una brisa de aire fresco ante los diálogos políticamente correctos. Lo suyo es una exigencia y no la súplica.

Sabemos que son las y los gobernadores y alcaldes de este país los responsables de que nos encontremos en un estado fallido. Son ellos quienes han ejercido el poder desde la trinchera del latrocinio y la comodidad, son ellos quienes creen que anunciando obra pública, controlando a sus procuradores y hostigando (o comprando) a los medios podían cambiar la realidad. Pero solamente lograron cambiar la percepción de la realidad; los hechos han quedado intocados. Es así como Natividad González Parás y su hermano lograron ocultar los brutales avances de la trata de jovencitas mexicanas en Nuevo León, y es por ellos que cada mes entre 300 y 400 jóvenes llegan a ese estado para ser explotadas. Por esa misma razón, el brutal crecimiento y el obvio asentamientos de redes de Zetas y tratantes de mujeres sentaron sus reales frente al débil liderazgo de Amalia García en Zacatecas. Así Félix González en Quintana Roo avaló la repartición del estado en manos de dos cárteles y dejó al estado quebrado con un endeudamiento de 110 millones de pesos, dejando a su suplente en estado de inanición para levantar la pauperizada economía del turismo, sin dinero para alentar el desarrollo social y la seguridad.

Uno a uno podríamos enlistar el daño brutal que han causado a la sociedad estos políticos, de todos los partidos, cuya responsabilidad debe ser resaltada, no solamente en los medios, sino utilizando los instrumentos que la ley y la democracia nos dan. Ellos han construido un sistema impune. Y sí, millones de personas cada día incurren en pequeños actos de corrupción, y sí, miles de empresarios logran sus negocios gracias a las prebendas, pero los primeros responsables de regular al sistema, ciertamente putrefacto, son los líderes que tienen como primera y última responsabilidad asegurar que el Estado de Derecho prevalezca.

¿Por qué en los últimos dos años miles de personas han sido amenazadas para dejar sus casas y ranchos en manos del narco? ¿Por qué incrementaron los cárteles? ¿Por qué aumenta de manera vertiginosa la trata de mujeres y niñas que son arrancadas de sus hogares y escuelas frente a testigos? ¿Por qué tanta gente cree que la guerra es la única salida aunque la evidencia demuestra que sólo ha servido para mostrar las entrañas de un sistema inoperante? ¿Por qué tantos jueces y Ministerios Públicos quedan impunes cuando su mal trabajo le cuesta la vida y la libertad a miles de personas cada año?

La última, pero tal vez la primera pregunta sería por qué tanta gente cree que sólo tenemos dos opciones: o declarar la guerra a los políticos insultándolos o sentarse a jugar a un diálogo hipócrita e inútil en que ellos siempre tienen la sartén por el mango y nosotros el derecho de indignarnos ante su predecible comportamiento.

El problema de fomentar y fortalecer un discurso políticamente correcto para abatir la violencia y construir la paz, radica en que cuando el diálogo se queda en la superficie no se dan los cambios de paradigma. El modelo de poder mexicano es el de la ausencia de rendición de cuentas, un patriarcado de alianzas que se autoprotegen. La guerra ha causado una tragedia nacional. La confusión reina y sólo las acciones concretas mandarán un mensaje a los operadores de México. Si en un avión que ha perdido el rumbo se crea el caos y nadie exige cambio de piloto, los tripulantes sabrán que no hay ley que les rija y cada quién expresará su angustia como mejor pueda. Unos se unirán a la visión del piloto, otros a la de los que sin nada que perder abusan de las y los demás.

Llevamos cinco años discutiendo la guerra, mientras miles de personas han encontrado que es mejor imitar a los poderosos impunes que pertenecer a las huestes de víctimas. El juicio político sin duda es el castigo ejemplar que puede ayudarnos a reconstruir el paradigma del poder político en México. A los que se negaron a usar el poder para darnos seguridad, igualdad, estabilidad y justicia, habrá que llevarlos a juicio ante el país entero.

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