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El 17 de marzo está está prevista una nueva jornada de movilización general en defensa del sistema público de pensiones, que previsiblemente volverá a llenar las plazas y calles céntricas de las principales ciudades del Estado como ocurrió el 22 de febrero, convocada de nuevo por las centenares de plataformas y mareas pensionistas de base agrupadas en la Coordinadora Estatal en Defensa del sistema público de pensiones. CCOO y UGT, desbordadas por la potencia demostrada por el movimiento, intentan reubicarse, convocando primero el 1 de marzo y añadiéndose después a la convocatoria del 17, al margen de la Coordinadora, ante el temor de que el 15 de marzo, la fecha que inicialmente habían previsto, fuera un fracaso.

Entre las principales reivindicaciones del movimiento destacan la exigencia de revalorización de las pensiones según el IPC y la recuperación del poder adquisitivo perdido, denunciando la mísera subida del 0’25 que establece la reforma de las pensiones de Rajoy, y la exigencia de pensiones dignas con una pensión mínima de 1080 euros. También plantean la derogación de las dos últimas reformas de pensiones, la del PSOE y la del PP, que están en la base de la caída presente y futura de las pensiones públicas.

En ese contexto, hay que recordar cuál es, según fuentes oficiales, la situación de la mayoría de las pensiones actuales: el 46% de los pensionistas cobra menos de 736 euros al mes. Es decir, un total de 4,2 millones de jubilados perciben una pensión inferior al Salario Mínimo Interprofesional, situado en 735,89 euros al mes. Si tomamos como referencia 1000 euros son el 63,8%, 5,84 millones, casi dos tercios, los pensionistas que no alcanzan esa cifra.

Teniendo en cuenta a la luz de estas cifras que El INE sitúa el riesgo de pobreza en el Estado Español en los 8.209 euros anuales, se encuentran actualmente en el Estado Español 4,72 millones de personas mayores de 65 años en esa situación.