Los mexicanos con menores ingresos en todo el país gastan hasta 61% de lo que ganan en pagar el lugar donde viven y los servicios, mientras que quienes se encuentran en los siguientes deciles económicos, es decir, con más ingresos, destinan 34% y 30%, lo que refleja desigualdad también en el acceso a una vivienda en este país.

Así lo advierte el diagnóstico del Plan Nacional de Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedatu) que definirá la política en la materia durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Otro elemento de esta desigualdad es que si bien existen programas de atención a personas históricamente discriminadas, “no necesariamente llegan a todas las personas que deberían tener acceso a ellos”.

Por ejemplo, del total de los subsidios entregados entre 2013 y 2018 por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), 66% fueron dirigidos hacia la adquisición de vivienda nueva y los estados que más subsidios recibieron fueron Nuevo León, Jalisco, Puebla y Quintana Roo con 10%, 10%, 6% y 5% respectivamente.

Además, de acuerdo con un análisis de los precios de la vivienda asequible de 2015 en 45 países de la OCDE, México se ubica en el lugar 13 de los países con menor asequibilidad en la vivienda.

Para abordar el problema de la asequibilidad se requiere enfrentar el desafío del costo y acceso a financiamiento, advierte el Programa Nacional de Vivienda, que en palabras del titular de la Sedatu, Román Meyer, no sólo marcará la directriz en materia de vivienda sino se trata de “una postura política y llamado de sensibilización de todos”.

Por eso, es que el programa se enfocará en garantizar el “derecho a la vivienda adecuada” para todos, pero sobre todo a los grupos discriminados y en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo, quienes no son derechohabientes y, por tanto, tampoco son sujetos de crédito de instituciones gubernamentales ni bancarias.

“Hay que sensibilizar a todas las instancias crediticias de que esas personas, primero, son mexicanos, y que pagan puntualmente y que también ellos también tienen créditos, tal vez no formales, pero pagan en 48 mensualidades un terreno. Lamentablemente la banca privada ha estigmatizado a esa población como de riesgo y no sólo los estigmatiza sino que los condena”, advierte el secretario Meyer, en entrevista con Animal Político.

Por eso, insiste, se requieren políticas que abarquen estas problemáticas y no sólo se enfoquen en construir viviendas nuevas para las poblaciones que menos lo necesitan, “cuando esa población tiene un déficit y no requiere vivienda nueva, sino un crédito para una mejora o ampliación, ese es el punto central”.

El rezago habitacional por deterioro de materiales, por ejemplo, afectó a 7.2 millones viviendas en 2016, es decir, el 22.0% de todas las viviendas en el país, 19.8% de la población tiene carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda y es aquí donde se deben dirigir los esfuerzos y no sólo en la construcción de vivienda nueva.

“No vamos a detener el tren de la vivienda, pero el tren está compuesto de diferentes trenes y uno muy importante es el de mejoramiento y ampliación bajo modalidad de asistencia técnica o autoproducción asistida, o autoproducción social”, afirma Meyer.

Por eso, la meta para este sexenio es realizar 2.2 millones de acciones para reducir el rezago en las viviendas,y se invertirá en la industria de la vivienda 2.3 billones de pesos.

El Programa Nacional de Vivienda 2018-2024 es el primero que incorpora los siete elementos de la vivienda adecuada establecidos por ONU-Hábitat: seguridad de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad; ubicación y adecuación cultural.

Esto porque el acceso a la vivienda debe ser entendido como “un derecho humano y no como un instrumento de especulación financiera”, sostiene el titular de la Sedatu.

El Programa generará, por primera vez, un modelo integral de ordenamiento.

Territorial porque actualmente entre 80% y 90% no tienen o no tienen actualizado su programa de ordenamiento territorial.

Esto porque la falta de parámetros legales ha derivado en problemas como la generación de vivienda en zonas de riesgo. De hecho, 70% de los habitantes residen en zonas de riesgo ante fenómenos naturales y climáticos; 35% está en zonas de peligro de inundaciones y sólo 14.7% de las viviendas en el país están en ubicaciones que cumplen con los requerimientos de vivienda adecuada.