El 2019 ha empezado tan estupendamente como terminó el 2018, año que finalizó con el asesinato de Laura Luelmo y se saldó con un total de 47 víctimas. En lo que va de enero, un hombre ha matado a puñaladas a su pareja en Laredo, dos hombres han violado a una menor en Burriana y la Audiencia Provincial de Navarra resolvió dejar en libertad provisional a los violadores de La Manada, a la espera de que se resuelva el recurso de casación contra su sentencia condenatoria.

Respecto de esta última cuestión, no venimos a hacer una apología de la cárcel, y mucho menos de la prisión preventiva. Como abolicionistas de la prisión que somos, pensamos que la privación de libertad no es una decisión justa y recelamos de la deriva punitivista que ha adoptado parte del movimiento feminista (si bien es entendible en muchas ocasiones, no lo vamos a negar), pues la cárcel precisamente profundiza en el sistema patriarcal (y racista, clasista y desigual, pues así es nuestra Justicia) que queremos combatir.

Sin embargo, es inevitable no llevarse las manos ante el evidente agravio comparativo que existe en la Justicia española a la hora de aplicar la extraordinaria medida de prisión preventiva. ¿Los chavales de Altsasu llevan más de 800 días en prisión provisional por una pelea de bar, los Jordis llevan un año y tres meses en prisión por organizar manifestaciones independentistas, miles de presos sociales se encuentran en preventiva por carecer de arraigo social, pero un grupo de energúmenos violadores condenados a nueve años de prisión no son peligrosos? ¿Por qué existe esta diferencia?

Evidentemente, la justicia institucional no es capaz de disociarse del sistema patriarcal que domina la vida de las mujeres. Todos los operadores jurídicos se han criado en una cultura de la violación, que entiende el deseo como patrimonio de la masculinidad, basada en el sometimiento de las mujeres (que pueden “consentir”, pero no “desear”); y esta cultura preconfigura su opinión. Y esto, sencillamente, es lo que lleva a que ni los acusados ni sus jueces sean capaces de reconocer en los hechos una violación, a que los delitos sexuales sean los únicos en los que se evalúen las reacciones de la víctima en vez de las de los agresores y a que no se tenga en consideración a la hora de valorar lo que es o no es intimidación o violencia la opresión de género que nos atraviesa a las mujeres, entre otras muchas cosas. Porque mientras se siga pensando que los violadores son psicópatas, enfermos o “malas personas” en vez de reconocer que las violencias machistas no son cosa de “el otro”, el machista de manual, sino que son ejercidas en mayor o menor medida por todos los hombres, ningún miembro de las manadas ni ningún juez sentirá la necesidad de revisar sus actos y sus relaciones.

“La violencia machista, al ser puesta entre rejas, se presenta como una excepcionalidad individual, separándola de prácticas sociales y violencias cotidianas y convencionales que la posibilitan, invisibilizando el carácter histórico de la sociedad patriarcal y de la actual estructura social de relaciones de poder” (Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón, CAMPA).

Frente a la violencia machista que sufrimos cotidianamente, no solo en Laredo y Burriana, partidos como Vox proponen erradicar las leyes de igualdad y contra la violencia de género, que consideran que fomentan el “genocidio contra los hombres” y que han sido aprobadas por “feminazis psicópatas de género” y “feministas radicales transgénicas” (sic).

Muchas personas no han dudado en tachar al partido de Abascal como cómplice de los asesinatos machistas, como el de Laura Luelmo. Y una de ellas, el periodista Antonio Maestre, ha recibido una querella de Vox por un delito de calumnias. ¿Acabará el querellado entre rejas antes que los miembros de La Manada?