Uno de los flecos que se encontraban todavía en el aire sobre el futuro de la compañía andaluza eran las reticencias que manifestaban los principales bancos acreedores. No acababan de ver la lógica de poner más dinero si persistía el riesgo de no recuperarlo.

Hay que recordar que Abengoa recibió el pasado verano 307 millones de euros en avales como parte del plan de refinanciación destinado a salvar la compañía. Fueron dispuestos por los bancos que forman parte del comité negociador: Santander, Bankia, CaixaBank, Popular y Crédit Agricole.

Las entidades recibirán a cambio el 5% del capital de la empresa. Pero la banca venía reclamado también la participación del Estado en este rescate. Habían solicitado que aportase garantías.

La llamada de la confirmación de Moncloa

Pues bien. Según ha sabido El Confidencial Digital por fuentes conocedoras de los contactos, Moncloa transmitió por teléfono a Susana Díaz, a última hora del pasado jueves, que el Gobierno iba a autorizar el apoyo del Estado a los avales de los bancos para que Abengoa se aleje del fantasma de la mayor quiebra empresarial de la historia de España.

Susana Díaz se había erigido en intermediaria entre los bancos y el Ejecutivo para que el ICO y la Cesce figurasen entre los avalistas. Desde el gabinete del presidente se le comunicó, en esa misma conversación telefónica, que si la compañía logra cerrar con éxito la reestructuración de su deuda, que está negociando estos días, podrá contar con el respaldo de Cesce, la aseguradora del Estado.

Esta sociedad pública se acaba de comprometer, efectivamente, a reasegurar 153 millones de los avales que tenga la empresa fuera de España para continuar con su actividad internacional. Los analistas han visto en esta decisión un espaldarazo del Gobierno en funciones al preacuerdo para el rescate al que ha llegado Abengoa con los acreedores.

Informes y contra-informes para avalar la decisión

Cesce, participada en más de un 50% por el Estado, y el ICO ya habían mostrado su disposición a apoyar el rescate para que parte de los avales que emitan los bancos cuenten con su garantía

Pero esa decisión debía contar con el visto bueno de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, de la que forman parte todos los ministerios económicos del Gobierno central. Este órgano dio luz verde a la operación en la reunión del pasado jueves, casi en tiempo de descuento para evitar el concurso de acreedores antes del próximo 28 de octubre.

Según las fuentes consultadas, Moncloa venía retrasando el análisis de este asunto, no como elemento de presión al PSOE, sino porque estaba a la espera de los informes de la Abogacía del Estado que avalaran la utilización de recursos públicos por parte de un Gobierno en funciones.

Tres meses de intensas negociaciones Sevilla-Madrid

Susana Díaz llevaba tres meses de intensas negociaciones. El pasado mes de agosto, ECD desveló que estaba protagonizando gestiones al más alto nivel para lograr que el Ejecutivo ampliara su compromiso como avalista y proporcionara mayor tranquilidad a los bancos.

La presidenta de la Junta de Andalucía hizo llegar además un mensaje a sus interlocutores gubernamentales en Madrid. Se declaró dispuesta a promover en el PSOE un cambio de posicionamiento en una eventual investidura de Mariano Rajoy si el Estado salvaba a Abengoa.

Un argumento para vender la abstención a la militancia

Ahora, Díaz acaba de dar el paso de apuntalar esa investidura de Mariano Rajoy, que tendrá lugar previsiblemente la semana que viene. En su entorno aseguran que no ha movido ficha, al menos tan abiertamente, hasta garantizarse con su intermediación que el Ejecutivo financiará parte del rescate de la multinacional andaluza.

Este movimiento le permitirá justificar ante la militancia socialista su abstención al PP, explicando que ha obtenido a cambio el mantenimiento de 5.000 puestos de trabajo en Andalucía y 20.000 más a nivel mundial. Hay que recordar que la sede central de la multinacional se ubica en el Campus Palmas Altas de Sevilla.