Gane quien gane, el próximo gobierno tendrá que procesar un nuevo ajuste fiscal. Llamémosle como sea. Adecuación, consolidación. Subir los impuestos y las tarifas, bajar el gasto, o el camino más probable, una combinación de medidas en ambos sentidos. Quien aspire a ocupar la nueva administración debe aprender de los errores del gobierno actual y no repetirlos desde la campaña. Una característica que deberá tener el próximo presidente es la habilidad para negociar. Con suyos y ajenos. Porque un ajuste fiscal entre algodones, sin perdedores, es una solución que solo puede funcionar en un discurso de campaña.

Uruguay tiene problemas fiscales que no se originan en esta administración, pero que lejos de solucionarse se han visto agravados en los últimos años. Un déficit fiscal de 3,9% del PIB, que pese a que el gobierno proyecta entregarlo el próximo año en 2,8%, los analistas privados anticipan que estará en 4%, es un problema para una economía como la uruguaya.

No es una crisis fiscal. De aquí a 2020, Uruguay no va a perder el grado inversor con un déficit de esta magnitud. Pero el tiempo que hay para procesar el ajuste lo va a agotar por completo la campaña electoral y los primeros meses del nuevo gobierno.

Los errores del gobierno

Tabaré Vázquez asumió su gobierno con un déficit fiscal de 3,5%. Su administración comenzó con un fuerte énfasis en la “consolidación fiscal” y el ajuste llegó, pero concentrado en un aumento de los ingresos. No hubo reducción del gasto. Por el contrario, el gasto aumentó y el problema siguió creciendo. El gobierno se jugó por completo a que el crecimiento económico iba a licuar los problemas fiscales, pero la economía se enfrió y el período de gobierno termina con una agujero fiscal más grande que en 2014.

¿El gobierno subestimó el problema de las cuentas públicas? Basta repasar discursos del ministro de Economía, Danilo Astori, y del propio presidente, al inicio de su gestión para entender que no. El problema es que por un lado, equivocó la estrategia, y por otro, no tuvo la voluntad política ni la capacidad negociadora para generar los acuerdos que permitieran realmente enfrentar los problemas fiscales.

https://www.elobservador.com.uy/nota/el-proximo-gobierno-va-camino-a-estrenarse-con-un-ajuste-fiscal--20189105050

Es fácil prometer en una campaña. Tanto es así, que el actual gobierno se cargó de una mochila demasiado pesada en la última contienda. Y eso implicó un incremento del gasto en pos de cumplir –o intentar cumplir– con compromisos en áreas como la educación, la salud o la seguridad.

Cuando se analizaba el programa del Frente Amplio en 2014, los números no cerraban. Vázquez y su equipo apostaron fuerte. Las promesas juntan votos y pueden ganar una elección. No cumplirlas implica un costo y la fuerza política en el gobierno está pagando hoy el costo de faltar a su palabra y subir impuestos, y de no haber alcanzado metas demasiado ambiciosas en materia de inversión, seguridad y educación.

La próxima administración

El próximo gobierno debe cuidarse de no caer en los mismos errores que la actual administración. Una fuerza política con voluntad de gobernar no solo necesita reconocer los problemas del país, también mostrarse como la mejor alternativa, con soluciones a los problemas creíbles y aplicables.

La tentación es apelar a soluciones facilistas, razonables en una lectura superficial, efectistas, aunque ineficaces cuando se las mira en detalle. Y la tentación es grande. En campaña se escucharán –porque ya se están escuchando– planteos de ajuste que pasan únicamente por recortes de gasto. Se habla de la productividad del Estado. Se dice que hay un exceso de funcionarios públicos y que hay partidas de gasto operativo que fácilmente podrían ser una fuente de ahorro.

Pero poco se habla de las áreas del gasto que realmente mueven la aguja. El aumento del déficit que barrió con creces el aumento de ingresos del último gobierno, está principalmente vinculado al sistema previsional.

Modificar el régimen de jubilación va a ser un desafío que va a el próximo gobierno no debería esquivar y cuya solución no va a surgir de un decreto. Las transformaciones que requiere el régimen previsional solo pueden ser el resultado de un largo e intrincado proceso de negociación entre todo el sistema político. Y los resultados no se van a ver de un día para el otro. Los cambios serán graduales y muchos uruguayos se van a ver perjudicados.

Lo mismo sucede con el problema de la dimensión del Estado. Reducir el número de empleados públicos es un problema si se mantiene la actual estructura del Estado. No alcanza con dejar vacantes sin renovar, más aún cuando el ingreso de 70 mil nuevos empleados públicos en los gobiernos del Frente Amplio se dieron en áreas consideradas prioritarias por todos los partidos políticos.

El próximo gobierno deberá emprender la difícil tarea de negociar una reforma del Estado que elección tras elección el sistema político promete y no logra cumplir. Porque el cambio y la racionalización de la función pública implica tocar intereses de muchos. Implica invertir capital político y los gobernantes uruguayos se han caracterizado por ser muy conservadores a la hora de poner su capital en proyectos de mediano y largo plazo.

Si no se transitan estos caminos complejos, cuando realmente el ajuste sea haga urgente, la única posibilidad será apelar a los ingresos. Subir impuestos, aumentar tarifas, recortar exenciones. El próximo gobierno deberá negociar salidas difíciles y evitar, por un lado, atarse con promesas excesivas y por otro, intentar soluciones facilistas condenadas al fracaso.