España debe 21.389 millones de euros a empresas de armas por los 22 programas (dos sin adjudicar todavía) de armamento que se han comprometido desde 1997. Según datos oficiales a los que ha tenido acceso eldiario.es, si durante los próximos tres años el Ministerio de Defensa dedicara su presupuesto entero (5.700 millones de euros sin modificaciones) a pagar estos importes, todavía quedarían por abonar 4.300 millones de euros.

Tras varios años de informes, análisis, comparecencias, modificaciones y publicaciones, por fin se revela cuánto debe el Gobierno, a día de hoy, a la industria de defensa por los programas de armamento. Gracias a una petición de información de eldiario.es a través del Portal de Transparencia, es posible conocer los detalles de cada uno de los programas y qué ha comprado el Gobierno con ellos.

Los Programas Especiales de Armamento se iniciaron en 1997 con el objetivo de modernizar y profesionalizar las Fuerzas Armadas mediante la adquisición de grandes vehículos militares, armas y municiones. Una política que se extendió en la mayoría de países europeos tras el final de la Guerra Fría.

A día de hoy, el coste total de todas las adquisiciones que ha realizado el Ministerio a través de estos programas se sitúa en 30.000 millones de euros. Equivale al 3% del PIB español.

Comprar armas para defendernos de la URSS

Tras más de dos décadas de programas de armamento, ¿qué ha comprado el Gobierno con ellos? Carros de combate, aviones, submarinos, buques de guerra, misiles o helicópteros. “Hemos recibido dispositivos para cubrir peligros de Defensa de hace 20 años”, critica Bernardo Navazo, analista de defensa.

Uno de los ejemplos de esta situación son los cazas Eurofighter, que cuando se adquirieron en 1997 solo eran operativos para ataques aire-aire. “Estaban preparados para un ataque aéreo a la Unión Soviética”, explica Pere Ortega, investigador especializado en los programas de armamento y presidente del Centro Delàs de Estudios por la Paz. El programa de estos aviones será el más costoso de todos, con un precio final de 10.600 millones de euros. Todavía quedan por abonar a la industria 5.800 millones.

Aunque no son los únicos artefactos con dudosa utilidad estratégica, según los analistas. En 1998 se adquirieron 235 carros de combate Leopard. Son tanques alemanes adaptados al Ejército de Tierra con capacidad para cuatro tripulantes y un peso total de 60 toneladas. Ortega se pregunta para qué quiere España estos blindados “si no puede ser invadida por Tierra”.

El Ministerio de Defensa esgrime que algunos materiales comprados "tienen una función más directa" en las operaciones de las Fuerzas Armadas y otros tienen "capacidades más disuasorias". "Todos responden a una capacidad necesaria para escenarios muy diversos", explican fuentes del Ministerio.

Coste final y pagos pendientes de los 22 programas de armamento Dos programas están todavía sin adjudicar. Datos en millones de euros Fuente: Ministerio de Defensa

Antonio Fonfría, investigador universitario y colaborador del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, admite que los Leopard “no se encuentran a la vanguardia de lo que hoy se llamaría como prioritario” pero matiza que la concepción y fabricación de estos programas lleva aparejado “un amplio periodo de tiempo” donde las necesidades estratégicas pueden cambiar. De los 2.500 millones de euros comprometidos para estos carros de combate, todavía quedan por pagar 1.500.

“Lo que se hizo fue una política de industria de defensa más que una política real de defensa, es como empezar la casa por el tejado”, apunta Irene Lozano, ex diputada de UPyD y miembro de la comisión de Defensa en el Congreso la última legislatura.

Euforia y opacidad

“Está claro que la mayoría de estos programas tienen su origen cuando nos vinimos arriba en la burbuja”, explica Navazo, analista de Defensa. El 84% de los compromisos con la industria se hicieron entre 1997 y 2004, durante las legislaturas del Gobierno de Aznar, aunque se iniciaron cuando Felipe González era presidente del Ejecutivo. La entrada de España en la OTAN fue determinante para la promoción de estas adquisiciones.

Constantino Méndez, ex secretario de Estado de Defensa, denunció en el Congreso de los Diputados que algunos programas fueron firmados a final de la legislatura popular, en 2004 y con el Gobierno en funciones. Cuatro submarinos S-80, vehículos Pizarro, helicópteros Tigre y un buque de proyección estratégica. Coste final de esos compromisos: 4.900 millones de euros. Quedan por pagar: 3.900 millones.

“Todo esto se firmó en un cuarto”, cuenta Navazo, que critica que la decisión de aprobar estos programas “la tomó muy poca gente con muy poco control externo”. Una apreciación en la que coincide con el anterior secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, que concluyó en su evaluación de los programas que la “concentración de las contrataciones en el tiempo” dificultaron la aplicación de una “buena técnica contractual y un buen control financiero”.

Desde el Ministerio defienden que cada adquisición se hizo "en función de las necesidades operativas que entonces expresaba cada ejército".

Disfrazar los planes de pago de “urgente necesidad”

Desde su llegada al Gobierno, Mariano Rajoy enarboló la bandera de los recortes y la austeridad. El Congreso aprobó en sus primeros presupuestos, los de 2012, un recorte en el ministerio que dirige Pedro Morenés del 14%. Sin embargo, el gasto en Defensa al final de ese año aumentó en un 44% sobre lo previsto y, finalmente, superó en un 9,22% el total de 2011.

Una medida hecha posible a través de créditos extraordinarios y ampliaciones presupuestarias, modificaciones a golpe de decreto que consiguen aumentar, por la puerta de atrás, el dinero que el Congreso destinó al Ministerio de Defensa. El uso sistemático de este recurso durante la legislatura de Rajoy, desvelado por medios como El BOE nuestro de cada día, se han destinado en su mayoría a pagar las deudas con la industria por los programas de armamento.

Un informe de UPyD, promovido por la actual candidata socialista Irene Lozano, denunció el uso de los créditos extraordinarios para hacer frente a estos pagos. Según explican, este gasto por decreto es “inconstitucional, opaco y engañoso”. Mientras que entre 2002 y 2011, la variación entre lo que se presupuesta y lo que finalmente gastó Defensa oscila entre el 12% y el 16%, con Rajoy estas desviaciones se han situado entre el 33% y el 44%, tal y como desveló eldiario.es.

“Si tienes un calendario de pagos perfectamente definido, no puedes justificar un crédito extraordinario por urgente y extraordinaria necesidad”, avisa Navazo, analista de Defensa y autor del informe. Las ampliaciones del presupuesto de Defensa durante la legislatura de Rajoy suman 8.717 millones por encima de lo que se aprobó. Ni a través de ese mecanismo ha conseguido reducir de forma significativa la deuda con la industria.

Cuatro empresas se llevan 97 de cada 100 euros

“El modelo industrial sobre el que se fundamenta la provisión de armamento y material en España descansa sobre tres empresas principales, proveedoras históricas de los grandes sistemas de armas del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire”. Así se pronunció Constantino Méndez, ex secretario de Estado de Defensa, en una comparecencia sobre los programas de armamento en el Congreso. Se refería a Navantia, Santa Bárbara Sistemas y EADS Casa (Airbus), las tres empresas, junto con ITP, que se han llevado 97 de cada 100 euros de los programas de armamento.

“No hay que entender a estas empresas como entes independientes de las fuerzas armadas”, explica Navazo. Precisamente, las tres comparten un pasado como empresas públicas. Navantia, antes Izar, es la primera empresa de construcción naval militar en España. Actualmente es 100% pública y propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Es la adjudicataria de todos los buques fragatas y submarinos adquiridos a través de los programas de armamento. Los pagos comprometidos suman 6.522 millones de euros.

Santa Bárbara Sistemas es la rama industrial del Ejército de Tierra. Nació como empresa en 1960 al reagruparse varias fábricas industriales del ejército franquista. Fue de propiedad pública hasta que fue privatizada por el Gobierno de Aznar en 2001 y vendida al grupo europeo General Dynamics. Especializado en grandes vehículos blindados, es la adjudicataria de los carros de combate Leopard y Pizarro y los misiles antitanque Spike por 3.856 millones de euros.

Nacida como Construcciones Aeronáuticas, S.A. en 1923, inaugurando dos fábricas de aviones durante esa década: una en Getafe y otra en Cádiz. Tras el final de la Guerra Civil, estrecha sus lazos con el Estado franquista, que adquiere el 33% de la empresa en 1943 y amplia su participación hasta ser propiedad casi estatal en los años posteriores. Al igual, que Santa Bárbara, fue privatizada en 1999, durante el Gobierno de Aznar, para pasar a formar parte del Grupo Interés Económico Airbus y pasa a denominarse EADS CASA. Ahora es la principal empresa española en el sector aeroespacial. Sus compromisos con defensa suman casi 19.000 millones de euros junto con Industria de Turbo Propulsores, S.A. (ITP).

Nuevo Gobierno, ¿nueva solución?

Este año se adjudicarán dos nuevos programas de armamento, según los datos suministrados por el Ministerio de Defensa. De cuantías menores, el Gobierno se comprometerá a la compra de fragatas F-110 y vehículos acorazados VCR 8x8. Unas adquisiciones de las que se tendrá que abstener el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, según adelantó el BOE nuestro de cada día, por su relación con empresas que se podrían presentar al concurso.

Sin embargo, esta podría ser la última vez que Morenés se tuviera dar un paso atrás en unas compras de ese calibre. Las próximas elecciones del 20-D traerán un nuevo arco parlamentario. Por primera vez, dos fuerzas políticas que no han participado en la adquisición de los programas de armamento tendrán una voz importante en el Congreso, según vaticinan las encuestas.

Hasta ahora, la solución del PP durante la legislatura ha sido renegociar la deuda con las empresas (menos dispositivos a más coste) y hacer frente a los pagos mediante créditos extraordinarios. En los programas electorales de las cuatro principales formaciones para el 20-D, solo Podemos y C’s proponen medidas específicas para los programas de armamento. PP no hace mención en su programa y el PSOE no se refiere explícitamente a estas grandes contrataciones.

“Aunque sea indemnizando a las empresas, España saldría beneficiada”, propone Pere Ortega, del Centro Delàs de Estudios por la Paz, sobre la posibilidad de cancelar parte de los programas que todavía no han sido entregados. Aunque otros analistas como Navazo coinciden en la existencia de esta posibilidad, los programas electorales de C’s y Podemos de lo máximo que hablan es de una renegociación con la industria. Para Fonfría, investigador y colaborador del Ministerio de Defensa, la cancelación “no suele ser una solución por los costes financieros en los que se incurre”.

A la espera de que se celebren las elecciones, la deuda puede ser insostenible según el actual programa de pagos. “Como se ha hecho en otros países, lo fundamental es que te sientas a negociar con la industria ya que el Estado es el principal cliente”, advierte Lozano. Hasta entonces, España seguirá pagando la deuda a las empresas de armas hasta 2030.