En unos días se cumplirá un mes de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. A la fecha se han encontrado 19 fosas en las afueras de la ciudad de Iguala, y por lo menos 28 cuerpos. Después de las primeras investigaciones, tanto gobierno estatal como federal han dicho que los restos encontrados no pertenecen a los normalistas, pero tampoco se ha dicho de quién son. Un grupo independiente de peritos argentinos también realiza estudios, y se espera que sus resultados estén listos en dos semanas. (El escolta que les asignó el gobierno, por cierto, está desaparecido desde la semana pasada.)

En declaraciones recientes, el padre Alejandro Solalinde dice que testigos y sobrevivientes le han contado que los 43 “fueron calcinados en una pira de madera”. A la fecha hay más detenidos que desaparecidos –36 policías y varios supuestos miembros del cártel de los “Guerreros Unidos”–. El Procurador federal ha dicho que todavía no tiene información sobre los autores intelectuales.

Mucho se especula de lo sucedido. Desde cómo ocurrió: ¿Dispararon los policías contra los estudiantes? ¿Los entregaron después al cártel? ¿Subieron a alguna de las múltiples fosas que se han encontrado? Hasta quién dio la orden: ¿Fue el presidente municipal? ¿Fue su esposa? ¿Fue uno de los líderes de los Guerreros Unidos?

Poco se sabe al día de hoy. Pero si revisamos lo ocurrido en Iguala durante 2012 y 2013, podemos encontrar información que ayuda a explicar, en parte, la desaparición de 43 estudiantes, la muerte de otros seis y cómo ocurrió con total y absoluta impunidad.

El dueño de la ciudad que se volvió alcalde (o al revés)

José Luis Abarca Velázquez, empresario local, fue uno de los múltiples candidatos “externos” que participaron en las elecciones de 2012. No estaba afiliado al partido, pero tanto integrantes de Nueva Izquierda –la corriente que actualmente dirige el PRD– como el diputado federal Sebastián de la Rosa y simpatizantes de MORENA, como Lázaro Mazón –exsecretario de Salud estatal y supuesto favorito de Andrés Manuel López Obrador para la candidatura a gobernador en 2015– lo cobijaron para que se postulara como abanderado de la coalición “Iguala nos une” (PT, Movimiento Ciudadano y PRD).

De hecho, días después de la desaparición de los normalistas, de la Rosa declaró que Abarca tenía “todo su respaldo”. Mazón, en fechas cercanas, también declaró que “Abarca es mi amigo”. El candidato ganó con el 39.7% de los votos, 12 puntos por encima de su más cercano competidor.

En la elección interna compitió con Justino Carvajal Salgado, sobrino de Félix Salgado Macedonio, exdiputado y senador, así como presidente municipal de Acapulco de 2005 a 2008. Carvajal, como premio de consolación, fue nombrado síndico administrador. El 8 de marzo de 2013, afuera de casa de su madre –hermana de Salgado Macedonio–, fue interceptado por un comando armado. Murió en una ráfaga de balas. (Advertencia, fotos explícitas en la liga anterior.) A un año y medio de su muerte, sigue sin haber autores materiales o intelectuales identificados en el crimen. Salgado ya había sido detenido por un grupo de encapuchados en una ocasión previa.

Abarca, que comenzó vendiendo huaraches en un mercado, transitó a los pocos años a la joyería, y después al desarrollo inmobiliario. Según el Registro Público de la Propiedad de Guerrero, él y su esposa son dueños de 19 inmuebles; entre ellos Galerías Tamarindos, la plaza comercial más grande de Iguala. (Al momento de escribir estas líneas, “La dictadura perfecta” se encuentra en cartelera en el cine local.) En 2014, ya en funciones, se tituló como abogado por parte del Centro de Estudios Universitarios Sor Juana Inés de la Cruz, con sede en Zihuatanejo.

Desde el inicio de su gestión, la característica fue la opacidad. Según la prensa local, durante el primer año de su mandato, el portal de internet “Transparencia Iguala” era una página vacía salvo por una liga al Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015. Una de las principales quejas de las múltiples organizaciones locales, agrupadas bajo las siglas FODEG (Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero) era la falta de información específica sobre los gastos del municipio.

Según el primer –y único– informe de Gobierno de Abarca –el segundo hubiera sido por las fechas de la desaparición de los estudiantes–, todavía disponible en línea, de octubre de 2012 a junio de 2013, el municipio erogó 233,174,070.73 pesos (página 22). De éstos, 100,782,667.00 fueron contabilizados como “Servicios personales (sueldo y aguinaldo)” (sic). Es decir, el 43.2% de los egresos fueron a dar a salarios del municipio.

De acuerdo con las acusaciones de los líderes locales, y con documentos en manos de la prensa guerrerense, había en ese año 11 familiares de Abarca en la nómina, sin contar a su esposa, presidenta del DIF local. Entre ellos estaba su hermano como director de Reglamentos, su sobrino como director de Recursos Humanos, su primo como Contralor, y su sobrino como secretario de Seguridad Pública. En total, Abarca y su familia recibían 300 mil pesos al mes del erario, o 2,700,000 pesos del primer presupuesto anual. En términos porcentuales: el 1.15% de los gastos del municipio iban a dar a la familia Abarca. Sin embargo, a pesar de las múltiples quejas, el presidente municipal registró que el portal de transparencia sólo había recibido siete solicitudes en su primer año de operación (p. 18 del informe).

La esposa (in)cómoda

Poca información se tiene de la trayectoria de María de los Ángeles Pineda, esposa de Abarca, y hasta hace un mes presidenta del DIF municipal. Al igual que su marido, se afilió al PRD un mes antes de la elección municipal, pero a diferencia de él, se dedicó a hacer política dentro del partido una vez que obtuvo su credencial. Según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), Pineda fue postulada como candidata a consejera estatal del partido en Guerrero y fue elegida con 1,288 votos. En el registro, según los datos, era parte de una fórmula integrada por la Corriente Poder Campesino Popular, así como Nueva Izquierda. Aunque Pineda nunca tomó posesión del cargo. Después de lo ocurrido el 26 de septiembre, su lugar lo ocupó una regidora de Tixtla, Érika Alcaráz Sosa, esposa del diputado local suplente Max Aníbal Hernández. Celso Ortega, padre del diputado titular Bernardo Ortega –actual presidente del congreso local– es acusado de ser el líder de un cártel llamado “los Ardillos”.

Pineda, decían los trascendidos y los columnistas locales en Guerrero, estaba en posición para suceder a su marido en la elección de 2015, en la que también se renovará gobernador en el estado. Sus actos políticos eran fastuosos, y sus vestidos también. Pocas veces los repetía.

A pesar de su casi inexistente biografía política, la familia de Pineda ya había encendido los focos rojos en el gobierno federal en 2009. En una lista de los delincuentes más buscados por la PGR, publicada ese mismo año, hay dos nombres que resaltan: Mario y Alberto Pineda Villa, sus hermanos. Mario, conocido como “el MP” por las siglas de su nombre, y Alberto, “el Borrado” –no confundir con el supuesto jefe Zeta de Apodaca, también apodado igual– , murieron en septiembre de ese año. Un tercer hermano, Salomón, “el Molón”, fue capturado a principios de este mes. Los tres Pineda Villa, según investigaciones reveladas por el CISEN, estaban vinculados con el cártel de los Beltrán Leyva.

Salomón ya había estado preso por narcotráfico, pero fue liberado a mediados de 2013 y, según lo dicho por la PGR, era uno de los líderes de los Guerreros Unidos, el cártel que controlaba Iguala desde hace años.

La relación de los Pineda Villa con los Beltrán Leyva venía por su padre, también llamado Salomón y también acusado de narcotráfico, detenido en Morelos en 2009 a los 73 años de edad. Nada de esto fue impedimento para que Abarca se registrara como candidato y ocupara la alcaldía de Iguala, ni para que en los eventos políticos para impulsar la precandidatura de Pineda, estuvieran, entre otros, el exgobernador del estado, Zeferino Torreblanca.

El único obstáculo para que Pineda llegara a la alcaldía eran las organizaciones políticas locales, unidas bajo el FODEG y la UP (Unidad Popular). Grupos que desde hace décadas han sido parte del orden político local, y que reivindican nombres como el de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, entre otros.

La piedra en el zapato

La historia de Guerrero siempre ha sido una de lucha política y de violencia –para una explicación más detallada, el expediente del número de noviembre de nexos, disponible en los próximos días, contiene un relato de la violencia en el estado desde principios del siglo XX–. No sorprende, entonces, que las organizaciones –políticas, campesinas, estudiantiles– estén siempre presentes en actos políticos, y participen constantemente en manifestaciones y mítines.

En el caso particular de Iguala, la UP y el FODEG eran los principales opositores al gobierno de Abarca, y de alcaldes anteriores. En 2010, por ejemplo, Bertoldo Martínez, líder del FODEG, fue detenido en una marcha para conmemorar la masacre de Aguas Blancas. En octubre de 2012, el FODEG tomó las calles de Chilpancingo para exigir una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre. Los manifestantes pedían que el gobierno federal construyera más obra pública en diversos municipios del estado, que entregara fertilizante a los campesinos locales y que instalara drenaje. También hubo protestas en Iguala, que fueron ignoradas. La primera respuesta vino hasta febrero de 2013, como consta en el acta de la reunión del cabildo. Según la regidora Esther Orea, los campesinos se quejaban que el fertilizante que les daba el gobierno era de “baja calidad” y se “les entregaba tarde” (p.20 del acta). La discusión no llegó a ninguna resolución.

Meses después, en una reunión extraordinaria de cabildo (el 25 de julio), la regidora Sofía Mendoza Martínez dejó constancia en acta de que en las manifestaciones más recientes y la toma del palacio municipal de Iguala habían participado miembros del PRD y del PRI, no sólo de la UP, como había dicho el gobierno local. Los manifestantes exigían lo mismo que le habían pedido a Aguirre en octubre de 2012.

En una reunión del 2 de abril de 2013 –cuya acta está curiosamente desaparecida del archivo electrónico del gobierno municipal–, Arturo Hernández Cardona, líder de la UP, llevó el reclamo a oídos del alcalde y la presidenta del DIF. La discusión subió de tono, y Pineda, esposa de Abarca, llegó a los golpes con Hernández. Según información local, lo “responsabilizó de lo que pudiera suceder”, y después se lo dejó mucho más claro: “No sabes con quién te metes, cabrón. Te va a cargar la chingada si sigues así…”.

Hernández era el esposo de la regidora Mendoza. “Era”, porque dos meses después de la discusión pública, el 30 de mayo, desapareció tras protestar en la carretera Iguala-Acapulco.

Los primeros desaparecidos

Ocho miembros de la UP, liderados por Hernández, se manifestaron ese día a unos metros de la caseta de cobro de Iguala. Exigían, como en las marchas anteriores, la entrega de fertilizante de buena calidad. La policía estatal les pidió que se retiraran, y según testigos, “lo hicieron de forma amable”. A las cinco de la tarde dieron por terminado el acto. Pero ya nunca regresaron a sus casas. Horas después se encontró su camioneta, abandonada, en el paraje cercano a la caseta.

El día anterior habían hecho pintas en la pared del palacio municipal.

Unos días después, tres de ellos, incluyendo Hernández, aparecieron muertos. Existe el testimonio de uno de los supervivientes, recogido en un acta ministerial de la cual nexos tiene copia y hacemos disponible en esta liga.

Nicolás Mendoza Villa, el testigo, declara que el 29 de mayo, en una reunión de Hernández con Abarca –en la que Pineda también estaba presente–, el alcalde, tras la insistencia de Hernández para que firmara un acuerdo entre ambos, le dijo que “su palabra valía” y “no tenía por qué firmar nada”. A los 15 minutos cerró: “Yo ya me voy. Y no le hago caso a pendejos. Vete a la chingada”. Según relata el testigo, había dos personas armadas flanqueando a Abarca. Una de ellas dijo “Mándalo a la chingada, de todos modos se lo va a cargar la chingada”.

Durante la manifestación del 31, Mendoza recuerda que una mujer en una camioneta roja llegó al lugar alrededor de las 3 de la tarde. Se comunicaba por celular mientras los observaba. Mendoza se puso nervioso, pero Hernández le dijo que no se preocupara. La mujer se fue, pero a la media hora regresó. Hernández siguió sin ponerle atención y los ocho manifestantes se subieron a sus vehículos y emprendieron camino de regreso a Iguala. “A la altura del fraccionamiento San Ángel, antes de llegar al hotel que quemaron en fecha pasada, nos bloqueó el paso una camioneta Cherokee como cuadrada, color gris o azul claro, saliendo de la misma seis hombres con pistolas que vestían ropa negra con un escudo de Ferrari, con gorras y lentes oscuros”. Los encañonaron y gritaron, (sic) “Bájensen hijos de su puta madre, se los llevó la chingada”. Los manifestantes intentaron escapar, pero Hernández recibió un tiro en la pantorrilla y fue golpeado por los hombres armados. En dos camionetas –la otra una Honda Pilot– los llevaron por un camino de terracería, hasta que los bajaron y los hicieron caminar por un monte.

Cuando llegaron al destino, había otros hombres con pistolas. Y había más personas secuestradas. Cuatro hombres y tres mujeres, todos tirados en el piso. Uno de los hombres de negro dijo, según el testigo: “Para perdonarles la vida van a trabajar para nosotros”. Dijeron ser de los Guerreros Unidos. Y dijeron estar bajo las órdenes de Abarca.

Les vendaron los ojos. El testigo relata que por oídas identificó la voz de una de las personas a cargo del secuestro. Era un familiar de Abarca. Es Felipe Flores, secretario de Seguridad Pública (también prófugo). “A ver ustedes, bola de revoltosos, vengan para acá. A ver si de veras son muy chingones que andan pintarrajeando mi ayuntamiento”.

Acto siguiente los torturaron por un par de horas. Los tuvieron en la misma posición mientras les pegaban. La idea, relata, era esperar hasta que llegaran otras personas. Eran diez los que los tenían encañonados. Los pusieron a cavar una fosa. Era para Hernández.

A la media noche llegó Abarca, cuenta el testigo. Traía una cerveza Barrilito en mano, y se la ofreció a Hernández. Hernández se negó a aceptarla. “Qué tanto estás chingando con el abono”, le dijo Abarca. “Y te dabas gusto de pintar mi ayuntamiento, ahora yo me voy a dar el gusto de matarte”. Abarca lo llevó a la fosa ya cavada. Le puso el cañón del arma en el pómulo izquierdo. Jaló el gatillo. Hernández cayó a un lado de la fosa. Uno de los custodios lo empujó, para que entrara a la que ahora era su tumba. Flores le dijo a Abarca o Abarca le dijo a Flores, según el testigo: “Métele otro putazo para que se lo lleve la chingada. Ya va a llover”.

La fosa se llenó de agua en unos minutos.

El narco, la policía, los normalistas y los grandes cabos sueltos

Iguala, según las múltiples investigaciones –por lo menos desde 2009– era territorio de los Beltrán Leyva y por consecuencia de los Guerreros Unidos. No obstante, “la plaza” cada vez se hacía más chica. A cinco kilómetros de la ciudad, en el municipio de Tepecoacuilco, 2012 fue un año de suma violencia. Balaceras, secuestros y cuerpos regados. Los responsables, según los reportes, no eran los Guerreros, sino los Rojos, otro de los principales cárteles del estado, en el que según un estudio, operan al menos otros ocho. De hecho, dos de los supuestos líderes de los Rojos fueron detenidos en el municipio en mayo de este año. Ambos grupos son escisiones del cártel de los Beltrán Leyva, y según informes de inteligencia, se disputan la ciudad de Iguala.

A pesar del anuncio de Abarca en su primer informe de gobierno, el municipio no ha transitado al “mando único” estatal. La seguridad la seguían llevando los agentes locales, aquellos ahora detenidos como supuestos autores materiales. Según los propios datos de Abarca (p. 67 del informe de gobierno), de los 298 policías adscritos a Iguala, 210 habían presentado el examen de control de seguridad estatal a finales de 2013. De éstos, dijo con orgullo, sólo seis no pasaron el control de confianza.

El papel de los normalistas –y por consiguiente el homicidio de seis de ellos y la desaparición de 43– es mucho más difícil de explicar. Si bien es cierto que participaban en actos en conjunto con la UP y el FODEG, el enfrentamiento con Abarca y Pineda no parece tan claro. De las protestas encabezadas por ellos en Iguala en 2013 resaltan dos, una el 25 de enero contra la reforma educativa federal, no contra el alcalde. Durante la protesta hubo bloqueos, pero según la prensa local, no hubo daños. En la otra, el 13 de noviembre, secuestraron siete autobuses para “botear” por la ciudad durante dos horas.

Sin embargo, el 26 de septiembre, en el evento que extraoficialmente daba inicio a la precampaña de Pineda, decidieron pasar por la ciudad. Pineda bailaba con Abarca, cuando llegó el reporte de seguridad: 80 maestros se dirigían al lugar. No se sabe si “a reventar” el evento, o sólo a botear, como acostumbraban. En cualquier caso, Pineda le dio la orden a Flores: los manifestantes iban a aprender por las malas.

Esteban Illades es editor en Nexos en línea.