Uno de los aspectos que no queda claro en el proyecto de ley de reparación histórica a los jubilados que el Gobierno enviará al Congreso de la Nación es si el Estado venderá finalmente las acciones de empresas privadas que tiene en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para pagar la deuda con los jubilados.

El vicejefe de gabinete Mario Quintana reconoció el viernes pasado frente a varios periodistas que habrá modificaciones estructurales en el FGS para vender esas acciones. En tanto, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, declaró a la prensa: “Para pagar a los jubilados no hace falta vender esas acciones”. Por otro lado, el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, manifestó: “Esa opción forma parte de las fuentes de financiamiento que se plantearon para pagar la deuda con los jubilados. Las otras fuentes son el producido por la exteriorización de capitales, los títulos públicos y los plazos fijos que están dentro del FGS, que cuenta hoy con unos 770 mil millones de pesos”. Llama la atención que haya tres versiones distintas de funcionarios que participaron en la redacción del proyecto de ley.

La intención del Gobierno de Mauricio Macri de utilizar parte de los fondos —plazos fijos, títulos públicos y acciones privadas— del FGS de la Anses para pagar a los jubilados puede tener un fuerte rechazo de la oposición en el Congreso. En particular porque se quiere derogar la ley 27181 de 2015, promulgada en octubre del 2015, que prohíbe la venta de las participaciones accionarias de la Anses en empresas sin la autorización previa del Congreso mediante una mayoría calificada de dos tercios de cada una de las Cámaras.

En caso de una venta total de las acciones en poder de la Anses —cotizadas a unos 92 mil millones de pesos a valor de mercado—, el Gobierno debería reconocer que será una privatización de estas. Podría ser la primera del Gobierno de Mauricio Macri y la primera acción de desfinanciamiento del sistema previsional. La venta total o parcial de esas acciones debería hacerse en bloques en el mercado local como si fuera una licitación de títulos públicos. La Anses no debería comprar acciones transitoriamente, como algunos funcionarios pretenden. En particular porque esas operaciones podrían realizarse discriminadamente por un funcionario del Gobierno, que decidiría a quién vender y a quién comprar. La Anses sí tiene permitido vender y comprar títulos del Estado nacional, como lo ha venido haciendo desde la creación del FGS, en octubre del 2008.

Los activos del FGS, a fin de diciembre, revelan que un 60% eran títulos públicos y las acciones, un 15%; el resto son plazos fijos. En caso de que la Anses vendiese los bonos, habría una caída del valor de los títulos. Pero si vende las acciones, perdería su participación en los directorios de algunas de las principales empresas cotizantes. Lo importante es que la Anses informe sobre el estado actual de los activos que posee el FGS. Los legisladores del Frente para la Victoria acusan al Gobierno de Mauricio Macri de haber montado una especie de cepo informativo sobre la situación del FGS, que sostiene todo el sistema previsional argentino.

El último informe de la evolución de los activos del FGS publicado en la web de la ANSES es el sexto bimestre del 2015. En él se da a conocer que, a diciembre de 2015, el valor de la cartera del FGS fue de 664.029 millones de pesos, una tasa de rendimiento neto interanual del cuarenta por ciento. Lo curioso es que desde ese informe hasta el presente el Gobierno no presentó ningún informe bimestral sobre la evolución del FGS. Sólo nombró al ex Goldman Sachs, Luis María Blaquier, como el gerente del FGS, pero no nombró a los funcionarios que componen el directorio, entre los cuales había empresarios, sindicalistas y jubilados. Tampoco se formó la Comisión Bicameral de Seguimiento del FGS. En ella debe haber seis senadores y seis diputados. Por el momento, el Gobierno no informó sobre la situación del FGS luego de la devaluación de diciembre pasado y a más de cinco meses de gestión. Ese último informe está firmado por la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y el ex director ejecutivo de Anses Diego Bossio. La gran pregunta es por qué el Gobierno todavía no actualizó sus valores, que deben ser públicos y transparentes. La venta de las acciones es una de las grandes dudas que encierra el proyecto de reparación histórica para los jubilados.