Hace seis meses, el pueblo de San Miguel Xaltocan, en el Estado de México, alimentó la esperanza de tener agua potable y corriente para sus habitantes: fue la principal promesa del gobierno federal para que aceptaran vender sus tierras y se permitiera la ampliación de la base aérea de Santa Lucía, para convertirse en el nuevo aeropuerto.

Pero medio año después, siguen sin agua.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) no ha habilitado un pozo para abastecer al pueblo, a pesar de que ya está construido y solo necesita ser conectado al tanque elevado que la distribuye.

Además, tanto ese organismo como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargada de la construcción del aeropuerto, han dejado de mandar pipas suficientes para dotar de agua a todas las casas, por lo que están consiguiendo pipas privadas que la traigan de pozos más alejados.

Este miércoles, el pueblo realizó una asamblea para discutir cómo exigir el cumplimiento de este y otros acuerdos que firmaron el 10 de marzo con diversas autoridades, como resultado de la única consulta indígena que el gobierno organizó en torno a lo que será el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles.

Se decidió exigir a Conagua que firme un convenio garantizando que van a resolver el tema del pozo, y exigir la intervención directa de Román Meyer, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), responsable de las negociaciones junto con Sedena, ya que hasta ahora han tratado con el director general de Coordinación Metropolitana, Daniel Fajardo.

Ascensión Zambrano, integrante del Comité de Agua Potable de Xaltocan, explicó a Animal Político que ellos han estado haciendo trámites, papeleo, e incluso han gastado 11 mil 280 pesos, recaudados entre cooperaciones voluntarias de los habitantes, para pagar derechos de perforación del pozo, uso y explotación, en lugar de que Conagua diera la orden directa de dárselos.

“Nos han tratado como a cualquier particular que va y solicita algo a través de escritos, que le dicen ‘traiga esto, traiga lo demás, preséntese para dentro de un mes y le damos una respuesta’, pero nosotros estamos bajo un convenio de aceptación de que nosotros dijimos: aceptamos el aeropuerto y ustedes nos van a beneficiar con esto”, lamentó.

Una de las explicaciones que les han dado es que Conagua subcontrató a una compañía para que haga la habilitación del pozo, para lo cual tiene que firmar un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el bombeo de agua al tanque central del pueblo, pero recientemente les informaron que no lo han hecho.

Lo último con lo que se toparon, en sus constantes visitas a la Ciudad de México para tratar de que avance el asunto, es con que cambió el director del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de Conagua, así que les dijeron que ahora tienen que acercarse al nuevo a ponerlo al tanto del tema, en lugar de que hubiera un convenio al cual darle seguimiento de oficio.

Animal Político pidió a Conagua su postura sobre el problema de abasto de San Miguel Xaltocan, pero hasta ahora no hubo respuesta.

Las promesas de la consulta

En febrero de 2019 se secó el pozo que abastecía de agua a Xaltocan. Pero ese mismo mes, funcionarios de Sedena, Sedatu y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) empezaron a ir al pueblo para negociar una consulta por las afectaciones que causará el proyecto de nuevo aeropuerto, ya que la base militar necesita una ampliación de espacio de seguridad hasta parte de lo que eran tierras de cultivo de esta comunidad.

Según el Protocolo para implementar el proceso de consulta previa e informada a la comunidad indígena de Xaltocan, Municipio de Nextlalpan, del que Animal Político tiene copia, el “objeto de la consulta” fue “Alcanzar un acuerdo con la comunidad de Xaltocan respecto de la posible utilización de una parte de sus tierras, así como la distribución justa y equitativa de beneficios, relacionados de la implementación del proyecto de referencia”.

La consulta ocurrió en una asamblea comunitaria en el auditorio ejidal con 450 participantes que duró más de seis horas, realizada el 10 de marzo, sin que esto se hiciera público, hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia mañanera del 29 de abril que ya se había consultado a los pueblos de los alrededores del proyecto y lo habían aprobado.

Las promesas fueron diversas, como regularizar tierras, darles títulos de propiedad y comprar las necesarias para la obra. Otra fue renovar la infraestructura eléctrica y condonar un adeudo de casi 1.5 millones de pesos; también renovar el drenaje y crear una planta de tratamiento de aguas. Pero sobre todo, garantizar el agua potable.

Martha Arellano, habitante de la comunidad, contó que después de aprobar la obra en la consulta, Sedena mandaba tres pipas al día y Conagua otras tres para llevar agua a todas las calles de Xaltocan, población de casi cuatro mil habitantes. Pero ahora cada organismo manda solo una pipa al día, así que unos días pasan por unas calles, otros por otras.

Entonces han conseguido pipas particulares de pueblos vecinos que vayan a distribuir agua a cambio de cooperaciones para pagarles el combustible o algo a los choferes, que pueden rondar los 200 pesos por media pipa.

El agua la obtienen del pozo 34 de la cuenca Pachuca-Cuautitlán, que pasa a un lado del pueblo. Lo único que Conagua habilitó fue una toma de agua para que de ahí puedan surtirse. Pero Xaltocan ha pedido que se haga una derivación de ese pozo conectada a la red del pueblo, con lo cual ya no tendría que tener uno propio.

La carretera que lleva hasta Nextlalpan está llena de estos pozos de la cuenca que surte a la Ciudad de México, sin que eso garantice agua a los pueblos del camino, y que ya presenta sobreexplotación.

El protocolo sobre la consulta indígena incluye una calendarización de acciones cuyo último punto es “etapa de seguimiento y verificación”, agendada también el 10 de marzo, el mismo día de la consulta, y después no hay fechas para el cumplimiento efectivo de las promesas.

Los habitantes de Xaltocan lamentaron que pese a que se establecieron mesas de trabajo con 54 integrantes, no se están viendo acciones, como tampoco ven que haya obras en el aeropuerto, parado por diversos amparos promovidos en contra de la obra.

Pero su paciencia se está acabando, por lo que están decididos a exigir que la próxima vez que el gobierno mande a sus representantes, todo quede firmado ante notario y por fin se cumplan los compromisos.