Pedro Arrojo

Doctor en Físicas. Diputado de Unidos Podemos.

Premio Goldman de Medioambiente.

Durante los días 5, 6 y 7 de mayo del 2017 tuve el honor de coordinar, en Madrid, el FORO por una NUEVA CULTURA del AGUA, organizado por PODEMOS, En Comu Podem, En Marea, IU y EQUO. Resumiré las conclusiones a las que llegamos por consenso general.

Los ecosistemas acuáticos deben ser considerados y gestionados como patrimonios de la biosfera, bajo dominio público, desde la lógica del interés general, de las generaciones actuales y futuras, garantizando su sostenibilidad. Por ello, tal y como exige la Directiva Marco de Aguas (DMA), se debe desarrollar una gestión ecosistémica integrada y sostenible de ríos, lagos, humedales y acuíferos a nivel de cuenca, recuperando el buen estado ecológico de las masas de agua, incluidos, deltas, estuarios y ecosistemas costeros. En esta línea es urgente asegurar caudales ecológicos en los ríos y regímenes sostenibles de extracción en los acuíferos, así como una adecuada gestión de los flujos sólidos (sedimentos), para garantizar la sostenibilidad de deltas (en progresiva subsidencia-hundimiento y salinización) y playas.

El agua debe ser considerada como un bien común y los servicios de agua y saneamiento como servicios públicos de interés público superior, vinculados a derechos humanos y ciudadanos que, por su naturaleza, deben ser de acceso universal. Por ello debe asumirse el reto de promover nuevos modelos de gestión pública participativa y transparente de los servicios de agua y saneamiento, frente a las estrategias privatizadoras que transforman estos servicios públicos en negocios y a los ciudadanos en clientes, marginando a los más pobres.

Debe promoverse una reforma de la Ley de Aguas que garantice una transposición rigurosa de la Directiva Marco de Aguas, así como una reforma institucional de las Confederaciones Hidrográficas que refuerce la participación ciudadana, en coherencia con la Convención de Aarhus, firmada por España, superando los tradicionales modelos autoritarios y tecnocráticos heredados del pasado

Es urgente superar los caducos enfoques “de oferta” y transitar a estrategias de “conservación”, que garanticen el buen estado ecológico de las masas de agua, y de “gestión de la demanda” (agraria, urbana e industrial); acabar con la sobreexplotación de acuíferos y ríos, con los pozos ilegales existentes y con la sobreasignación de derechos concesionales, por encima de los caudales disponibles en la actualidad, y más de cara al futuro, con la recesión de caudales que impone el cambio climático en curso.

En lo referente al cambio climático, se prevé una fuerte reducción de caudales en las diversas cuencas (entre el 20% y el 30% en media de aquí a final de siglo), así como crecientes riesgos de sequía e inundación, en frecuencia e intensidad, lo que exige asumir estrategias de adaptación. En esta línea es fundamental recuperar el buen estado de ríos, humedales y acuíferos, a fin de reforzar la resiliencia del ciclo hídrico frente a estos cambios. Los planes de sequía deben vertebrar el núcleo duro de la planificación, asumiendo de forma rigurosa el principio de precaución.

Debe promoverse y garantizarse la racionalidad económica en la planificación hidrológica, acabando con la sistemática y opaca subvención de grandes obras. Debe acabarse con los trucos y trampas contables que llevan a eludir la consideración de costes importantes y a sobreestimar la recuperación de costes esperada, al tiempo que se margina o falsea la aplicación del análisis coste/eficacia exigido por la legislación europea.

En aplicación de los puntos anteriores debe llevarnos a paralizar las obras envueltas en persistentes conflictos sociales y ambientales, como el recrecimiento de Yesa, Biscarrues, Mularroya o el Trasvase del río Castril, y abrir procesos de diálogo social que permitan acordar soluciones alternativas eficaces y sostenibles.

Ante las perspectivas de cambio climático vigentes, ninguna cuenca puede considerarse excedentaria y por tanto es insensato basar el futuro de regiones vulnerables en estrategias trasvasistas. Se debe redimensionar, de forma realista, la expectativa de caudales y diseñar planes de futuro basados en la gestión de la demanda (agraria, urbana e industrial); recuperar los acuíferos como reservas estratégicas en ciclos de sequía; y hacer un uso efectivo de los recursos no convencionales –reutilización, desalación…- usando energía solar y eólica.

El debate sobre el futuro del regadío debe ubicarse en el contexto del cambio climático en curso, promoviendo un diálogo profundo con el sector agrario y ganadero sobre un nuevo modelo de producción de alimentos que tenga en cuenta las restricciones que impone el cambio climático; un modelo basado en el principio de la soberanía alimentaria; con un plan de adaptación al cambio climático y de modernización del regadío en el que se proteja la sostenibilidad y viabilidad de la explotación familiar. Un modelo, en suma, que incentive y defienda una agricultura y ganadería responsable en el territorio.

Ese Plan de modernización y adaptación del regadío al cambio climático:

debe asumir la reducción de entre el 20% y el 30% de caudales fluviales;

retirar el riego, con adecuadas compensaciones, de tierras salobres y mal drenaje;

favorecer la reconversión de ciertos regadíos a secano con riego de apoyo o riego deficitario controlado, garantizando su viabilidad económica;

revalorizar vegas y huertas que atesoran los suelos más fértiles;

promover una auditoría sobre la legalidad de regadíos en zonas vulnerables;

desarrollar la regulación en tránsito en lugar de grandes presas en cabecera.

La Reforma de la PAC debe orientar las ayudas hacia los agricultores y ganaderos a título principal que practican un modelo productivo social y sostenible; debe colaborar en financiar un Plan Nacional del Secano y en reactivar la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, especialmente en comarcas en despoblación.

Un adecuado uso de las desaladoras ya construidas, que han estado infrautilizadas, al ser más barato sobreexplotar acuíferos y ríos, debe abaratar el coste de la desalación, recuperar ríos y acuíferos y reducir la dependencia externa, especialmente si usamos energía eólica y solar, cerrando el ciclo agua-energía a un coste hoy viable, inferior al de los trasvases.

En lo referente a la gestión de riesgos de inundación, siguiendo las nuevas estrategias vigentes en países avanzados en la materia, se deben renegociar los espacios de inundación fluvial, en las cuencas medias, retranqueando motas e instalando compuertas que permitan gestionar la inundación blanda de espacios agrícolas o forestales del entorno, previo acuerdo de indemnización con los propietarios, para ablandar las crecidas extraordinarias.

En materia de aguas subterráneas es urgente acabar con el desgobierno imperante que nos ha llevado a ese millón largo de pozos ilegales, a base de:

recuperar el dominio público efectivo sobre las aguas subterránea;

reordenar y limitar extracciones, tanto en acuíferos declarados sobreexplotados, como en los que, estando sobreexplotados, no se declaran como tales;

fomentar comunidades de usuarios de aguas subterráneas que se corresponsabilicen en la gestión sostenible de sus acuíferos;

restringir el crecimiento urbanístico y del regadío en acuíferos sobreexplotados

Debe acabarse con la mercantilización de derechos concesionales, que conlleva la privatización de facto del agua, a través de los contratos de cesión en los que se basan las nuevas políticas trasvasistas.

Deben promoverse nuevos modelos de gestión pública participativa de los servicios de agua y saneamiento, frente a las estrategias de privatización, por largos periodos, desarrolladas a menudo desde estrategias encubiertas de partenariado público-privado.

En suma, frente a la lógica neoliberal imperante, necesitamos una gestión pública transparente y responsable del agua. Ante el fracaso de las viejas políticas “de oferta”, basadas en el hormigón, pervertidas por la privatización y socavadas por la corrupción, es necesario promover nuevos modelos de gestión pública, transparente y participativa, desde unas Confederaciones Hidrográficas, Agencias Autonómicas y Ayuntamientos que deben reforzarse y democratizarse, aplicando, en su caso, el principio de subsidiariedad desde alianzas público-público, de forma que se garantice la sostenibilidad de ríos, lagos, humedales y acuíferos, el acceso universal a los servicios de agua y saneamiento, como un derecho humano, y el interés general del conjunto de la sociedad.

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