La muerte y el intento de asesinato de dos personajes destacados de los comicios que se están por celebrar recuerda que en determinados lugares de México se sigue haciendo política pistola en mano. Un estudio del Instituto Federal Electoral (IFE) facilitado por Sergio Aguayo, profesor de El Colegio de México, revela que el 20% del territorio votó el año pasado bajo la amenaza de la violencia. Afectó a 3,5 millones de mexicanos. Uno de cada cinco electores. Tres veces más que en 2009. “Ese es el tamaño del riesgo de hacer política aquí. No sorprende que haya estos asesinatos. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuántos funcionarios llegan a cargo por votación y cuántos son puestos por el crimen organizado? No lo sabemos”, reflexiona Aguayo.

La contienda electoral que se celebrará el próximo 7 de julio para renovar congresos y alcaldes de más de 900 municipios, así como la gobernatura de Baja California, sigue cobrándose víctimas. El presidente del Consejo Estatal del PRD en Oaxaca, Nicolás Estrada Merino, encargado de seleccionar a candidatos a diputados y alcaldes del partido de izquierdas en esa región del sur, ha sido encontrado sin vida con tres impactos de bala en la cabeza. Este sábado, también en Oaxaca, una candidata a diputada del PRI, Rosalía Palma, resultó herida en un atentado en el que murió su esposo.

La lucha por el poder en determinadas zonas no se resuelve en la campaña electoral o directamente en las urnas. Se resuelve a balazos. Los cacicazgos que predominan en el sur, como Chiapas y Oaxaca, y la operatividad del narcotráfico, sobre todo en el norte, empantanan las elecciones locales. En todos los procesos electorales se cuentan muertos, de un bando u otro, pero no existe una condena unánime y conjunta por parte de los partidos. Cada uno honra a los suyos e ignora a los demás, como si se tratara de un asunto interno. El PRD fue el único que condenó este viernes la muerte de Estrada Merino.

Sobre otro asesinato no se pronunció. En Guadalupe y Calvo, un pueblo norteño, el candidato del PRI Jaime Orozco fue dado como desaparecido a principios de junio y encontrado muerto días después. En estos lugares la línea que separa a políticos, criminales y policías es muy delgada. El municipio forma parte del conocido como Triángulo Dorado, la zona en la que convergen los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua. Los cárteles de la droga se disputan este territorio rico en cultivos de amapola y marihuana. En otro suceso aún sin aclarar del todo, el hijo de un coordinador de campaña del candidato priista a un municipio de Culiacán fue encontrado muerto el sábado. El chico, de 19 años, era hijo de Antonio Loaiza, encargado de la campaña de Amado Loaiza Perales, aspirante a la alcaldía de San Ignacio, informa el periódico Reforma.

El PAN y el PRD no han presentado candidatos en un puñado de municipios de los 14 Estados que irán a las urnas en poco más de una semana ante las amenazas y la inseguridad que padecen. El PRI, el partido del Gobierno y quien cuenta con el aparato político más grande, es el único que estará presente en las más de 900 localidades que están en disputa.

La violencia también ha llegado en los últimos años a las altas esferas políticas. Rodolfo Torre Cantú era en 2010 el favorito a convertirse en gobernador del Estado de Tamaulipas. Las encuestas le daban al candidato del PRI el 65% de los votos pero una semana antes de las elecciones fue asesinado justamente hoy hace tres años. La contienda no se aplazó y su hermano, Egidio Torre, se presentó por él. Ganó y gobernará ese estado, uno de los focos de violencia más importantes del país, hasta 2016. El de Rodolfo Torre fue el magnicidio de más alto nivel desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

El hombre llamado a transformar México tras la presidencia de Salinas de Gortari (1988-1994) fue asesinado en Tijuana cuando hacía campaña para ser presidente. En esa época ser candidato del PRI garantizaba la presidencia. Más que una elección era una sucesión encubierta. La muerte de Colosio es el crimen político por antonomasia en México, nunca resuelto. Está lejos de ser una práctica extinta.

En el DF y el Estado de México, en el centro del país, existe otro tipo de violencia electoral. “En las elecciones internas de los partidos hay golpes, disputas, pero casi nunca se pasa de ahí”, cuenta Víctor Varela, exdiputado federal por el PRD en la anterior legislatura. Representó a Iztapalapa, un barrio de las afueras del DF de dos millones de habitantes. No podía entrar a determinadas zonas porque las controlaba el candidato de su mismo partido, a riesgo de salir escaldado.

Se ha asesinado a hombres con reputaciones intachables. Ricardo Guzmán Romero era alcalde de La Piedad, en Michoacán, cuando lo balacearon en noviembre de 2011 mientras repartía propaganda de su formación, el Partido Acción Nacional (PAN). El entonces presidente Felipe Calderón lanzó un mensaje muy sentido: “Abrazo a la familia de Guzmán, el mejor alcalde, cobardemente asesinado. Hombre honesto que quería un Michoacán mejor”. No eran palabras vacías. El presidente estaba disipando cualquier tipo de duda sobre un hombre honesto. Ser asesinado en este país te convierte en una doble víctima, primero por la ejecución y segundo por el ejercicio común de creer que los que mueren estaban involucrados en algún asunto turbio.

Margarito Genchi tenía un rancho llamado El Grande en el poblado Lagunillas, en la región de la Costa Chica. Dos tipos a bordo de un coche se le acercaron en la finca a pedirle precio por un becerro. Mientras contestaba, le dispararon a matar. En ese entonces, 2012, era candidato del PRD por el Distrito Electoral 14. Su aspiración de ser algún día diputado quedó truncada. A los intereses de algunos enemigos políticos se sumó el del desprecio por la vida del otro. Aguayo considera que la canción La vida no vale nada, de José Alfredo Jiménez, tiene una base real. “Comienza siempre llorando/ Y así llorando se acaba/ Por eso es que en este mundo/ la vida no vale nada”.