Un informe denuncia que Rajoy no se implica en el desarme de ETA porque no le da beneficios

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Estas son algunas de las observaciones hechas públicas este miércoles por cuatro expertos en Derechos Humanos e investigación para la Paz que han elaborado un informe externo de evaluación del desarrollo hasta ahora del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco.

Este estudio fue encargado por el Ejecutivo Vasco el pasado mes de abril al Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)

En el informe, los expertos valoran la puesta en marcha de este plan, que dicen es un «ejercicio de responsabilidad política», pero detectan «inmovilismos» para avanzar en la consecución de una paz duradera, tal y como ha explicado a los medios de comunicación el miembro fundador y coodirector del IECAH, Francisco Rey Marcos.

Los expertos reconocen que el desarme de ETA sigue siendo una «asignatura pendiente», añaden que la banda terrorista no ha dado «muestras suficientemente convincentes de su voluntad de dejar de utilizar esta baza como elemento de negociación de último recurso», pero también censuran la falta de implicación del Gobierno central «en una cuestión que no le reporta beneficio alguno».

«Liderar el remate de un proceso irreversible sería un estímulo para que determinados líderes políticos puedan hacer de eso casi una tarjeta de presentación», ha añadido Jesús A.Núñez Villaverde, otro de los expertos que ha elaborado el informe, quien ha opinado también que en materia de política penitenciaria el Gobierno central debería «flexibilizar» sus posiciones para facilitar el final del proceso.

Las víctimas y los partidos políticos

En cuanto a las víctimas del terrorismo, el informe concluye que el plan del Gobierno Vasco «otorga una gran centralidad» a este colectivo y pone en valor la «autocrítica pública y la solemne petición de perdón a las víctimas» hecha por el lehendakari, Iñigo Urkullu, el pasado junio, un gesto que expresa mejor que «mil palabras» la necesidad de moverse fuera de la «zona de confort» en la que los expertos dicen que se han instalado las partes.

Sin embargo, Villaverde ha reconocido que «determinadas asociaciones tienen una voz que no les corresponde», con peso «suficiente para bloquear procesos», y ha abogado por tratar de «dimensionar» el papel que juegan «a su realidad y no a ensoñaciones quizá fuera de lugar».

También ha pedido a los partidos que «rompan con la correa de transmisión» que han establecido con estas asociaciones para convertirlas en altavoces que «repitan» sus mensajes».

Otra de las recomendaciones que se incluyen en el informe es la elaboración de una nueva Ley de Víctimas para que incluya a las víctimas de abusos policiales entre 1060 y 1978, que fueron reconocidas en un decreto por el Gobierno Vasco que ha sido recurrido por el Estado.

Villaverde ha pedido «generosidad» a todos los actores implicados para avanzar. Una petición que se extiende a los partidos políticos, ya que censura la «lamentable parálisis» de la ponencia de paz y convivencia en el Parlamento Vasco.

El informe considera que el plan es «global, necesario, ambicioso y equilibrado», acierta en establecer el reencuentro y los derechos humanos como ejes fundamentales y pide que se mantenga en primer plano la «dimensión ética» para eliminar cualquier justificación de la violencia política.

Este plan, que incluye iniciativas como un programa de reinserción de presos de ETA y otro para promover entrevistas con familias de víctimas de terrorismo, cuenta con un presupuesto total de 19,3 millones de euros para cuatro años (2013-2016). Hasta ahora se ha ejecutado un 33% del total de presupuesto.

Junto a Villaverde y Marcos, los otros dos expertos que han elaborado el informe son Covadonga Morales Bertrand, investigadora del Peace Research Institue Oslo (PRIO), y Roberto Toscano, investigador asociado senior del Centro de Estudios Internacionales de Barcelona.

Agencias