La denominada Ley de 'Toros a la balear', sin sangre ni muerte, ha sido aprobada esta lunes en el Parlament balear. Esta normativa de regulación de las corridas de toros y protección de los animales de Baleares ha contado con los votos a favor de los grupos parlamentarios PSIB, Podemos y MÉS, el apoyo parcial a algunas de las enmiendas por parte del El PI y la oposición de PP y Ciudadanos, que avisan de que el texto puede ser "inconstitucional".

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Se trata de una norma que establecerá diversas restricciones en las corridas de toros, como la prohibición de herir a los animales de ningún modo, y por tanto, del uso de banderillas, rejones o espadas. También se vetará la venta de alcohol o la entrada de menores en las plazas y limitarán el tiempo a 10 minutos por toro con un máximo de media hora en total.

Colectivos antitaurinos han aplaudido esta decisión, entre ellos el impulsor de la Plataforma PROU!, Leonardo Anselmi, que ha estado presente en la votación, Anselmi promovió la Iniciativa Legislativa Popular catalana, anulada por el Constitucional, que prohibió en 2010 las corridas de toros en Cataluña.

Se acaba así la crueldad taurina, el uso de animales en circos y el tiro al pichón en #Baleares #BalearesSinTortura pic.twitter.com/FyLlTpyZ9b — Leonardo Anselmi 🐠🐘🐄🐓🐈 (@LeoAnselmi) 24 de julio de 2017

Según recoge El País, el capote y la muleta serán los únicos utensilios a utilizar por los taurinos en la plaza, prohibiéndose así el uso de "banderillas, rejones, puyas, estoques o espadas", entre otros. Además, el texto indica que en cada corrida podrán participar un total de tres astados.

A partir de ahora, las corridas sólo se podrán celebrar en las plazas de toros permanentes y con ganado que cuente con un mínimo de cuatro años. Una vez que haya finalizado la corrida, el personal veterinario realizará un reconocimiento de los toros para "comprobar su estado sanitario y el bienestar del animal" y se reflejarán en el acta las incidencias, como posibles lesiones, para que se adopten las medidas correspondientes.

Asimismo, la normativa prohíbe las novilladas y establece que los toros de lidia, tras ser transportados desde la Península, descansen 48 horas antes del espectáculo. Recoge también sanciones leves, cuyo coste asciende de 300 a 1.000 euros; las graves, hasta 10.000 euros, y las muy graves, hasta 100.000 euros.

Los impulsores de esta normativa aseguran que han tenido en cuenta en la redacción del texto la decisión del Tribunal Constitucional al anular la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, los partidos del pacto de gobierno aseguran que han cumplido "perfectamente con los límites competenciales del marco autonómico". Por su parte, desde el Partido Popular han advertido de que el Gobierno central estudiará recurrir recurrirá previsiblemente en amparo al Constitucional la ley balear nada más entre en vigor