El líder del PP, Mariano Rajoy (i) y el ex presidente del Gobierno y presidente de FAES José María Aznar, en un campus de verano de esta fundación. Foto: FAES

La Fundación FAES que preside José María Aznar, l a más favorecida con fondos públicos, pagó actos de la campaña de Esperanza Aguirre en Madrid en 2003, que justificó ante el Ministerio de Cultura con facturas falsas expedidas por Special Events, una de las empresas de la trama Gürtel, según un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía.Special Events, que se encargó de organizar los actos de la campaña del PP en Madrid, citó como concepto en las facturas el "montaje de escenario, luz, sonido y medios audiovisuales para el curso Principios y Valores Constitucionales" para celebrar el 25 aniversario de la Constitución, en lugar de los 39 “actos de interventores y apoderados” del PP en la campaña del partido en Madrid en 2003, según explica la UDEF en un informe remitido al juez Pablo Ruz.Las facturas fueron presentadas por la fundación que preside Aznar ante el Ministerio de Cultura para justificar una subvención de 722.474 euros, de los que a los actos referidos habrían sido destinados 55.679,91 euros, según avanza la SER. La UDEF se basa en un documento incautado a las empresas de la Gürtel en el que se afirma que "hay que hacer 39 facturas a FAES" con el supuesto concepto fraudulento. En febrero pasado, otras informaciones ya apuntaban a estas presuntas irregularidades e n la fundación vinculada al PP.La unidad policial ha presentado al juez otro documento que hace referencia a "actos de interventores y apoderados" del PP, con una serie de fechas, municipios de Madrid y lugares en los que se celebraron. Cada acto viene definido "por un número", que se corresponde "con la numeración de la factura” falsa finalmente confeccionada por la trama.La UDEF concluye que “el coste del montaje" de los 39 actos de interventores y apoderados del PP en la campaña de 2003 "fue asumido por FAES. Se trataría de un presunto delito de malversación de fondos públicos, pero, 11 años después habría prescrito, por lo que la Justicia no actuará.