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Cuantificación de los recortes de gasto público desde 2010

Muchas personas han notado un deterioro palpable en servicios públicos como los de educación y sanidad, así como en otros ámbitos dependientes de la inversión y gasto público, pero nunca han tenido a su disposición un estudio que les sirviese para confirmar científicamente esa sensación. De hecho, algunos economistas se atreven a afirmar que en realidad en el Estado español ha habido muy pocos recortes y otros dicen incluso que lo que ha habido ha sido una expansión del gasto público. A pesar de los enormes impactos económicos, sociales, políticos, institucionales, ecológicos, humanitarios, culturales, etc, que provocan los recortes de gasto público, llama la atención que muy pocos analistas se hayan animado a recopilar y cuantificar el volumen total de gasto público recortado desde 2010, así como su distribución por partidas. Y ya no hablemos de los que lo han hecho de una forma rigurosa. Afortunadamente hace poco conocimos un informe de Manuel Lago en el que se lleva a cabo un extenso análisis a todo detalle de todos los recortes de gasto público acometidos desde que el gobierno de Zapatero cumpliese a rajatabla las exigencias de la Unión Europea en 2010. Este artículo pretende recoger de una forma breve y asequible los principales resultados del citado informe.

El informe se centra en los recortes aplicados desde 2009 hasta 2014 utilizando datos de la Intervención General de la Administración del Estado, que es el máximo organismo fiscalizador de las cuentas públicas. El año 2015 no forma parte del análisis porque los datos definitivos (los referidos al gasto verdaderamente ejecutado y no presupuestado) tardan en ser publicados, aunque de todas formas bien es sabido que por ser un año inusualmente electoral (elecciones andaluzas en marzo, municipales y autonómicas en mayo, catalanas en septiembre y estatales en diciembre) no ha habido apenas recortes de gasto público (en determinadas materias incluso hubo aumentos), por lo que esta ausencia de información no distorsiona el análisis.

La principal conclusión del informe es la siguiente: desde final del año 2009 hasta el principio de 2015 el conjunto del gasto público del sector público español ha sido recortado en 30.824 millones de euros, aproximadamente un 3% del PIB. Sin embargo, este resultado pueda dar lugar a confusión ya que está recogiendo tanto el recorte experimentado en algunas partidas como el incremento del gasto en otras. No todas las posibilidades de gasto del sector público han sufrido un descenso, sino que algunas han aumentado. Estas partidas han experimentado un incremento del gasto durante el periodo citado de 47.824 millones de euros (un 4,7% del PIB), y la inmensa mayoría se debe al gasto en pensiones, en intereses de deuda y en energía. En cambio, el resto de partidas (educación, sanidad, desempleo, vivienda, etc) han sufrido un recorte de gasto de 78.648 millones de euros (un 7,8% del PIB).

El gasto en pensiones ha sido el que más ha crecido: 23.577 millones de euros, un 24% más. Esto se debe a tres factores fundamentalmente: 1) al creciente número de jubilaciones (debido a la evolución demográfica española), 2) al incremento desorbitado de prejubilaciones con motivo de la crisis económica (multitud de empresas han prejubilado a muchos de sus empleados y han cubierto sus puestos con trabajadores que cobran menores salarios), y 3) a que todos estos nuevos pensionistas cobran de media una pensión superior a la media de los antiguos jubilados y ello acelera el gasto en pensiones. Y todo ello a pesar de que las reformas del sistema de pensiones del PSOE y del PP empujaron a la baja el gasto al incrementar la edad de jubilación y al desvincular su evolución del IPC, entre otras cosas.

El siguiente gasto que más ha aumentado ha sido el del pago por los intereses de deuda pública: 18.206 millones de euros, un 96% más. Este incremento se explica por dos factores principales: 1) la deuda pública española se ha disparado durante este periodo, pasando desde el 52,7% del PIB al 99,30%, y 2) el alto nivel que alcanzó la prima de riesgo, ya que empujó al alza los intereses de los bonos públicos.

Por último, tenemos al gasto en energía, que ha crecido en 4.920 millones de euros fundamentalmente por las subvenciones y los pagos compensatorios al sector energético (claramente oligopolístico). Este tipo de ayudas públicas se dispararon el 469 %, es decir, se multiplicaron casi por cinco veces hasta situarse cerca de los 6.000 millones de euros.

En definitiva, el gasto que aumentó desde el año 2009 se debe básicamente al paso del tiempo (más jubilados), a la crisis económica (más prejubilaciones), a la crisis de deuda pública (más intereses), y a las ayudas públicas al sector energético. Es decir, salvo en el caso de la energía, no se debe a la decisión por parte de los gobiernos correspondientes de incrementar el gasto público (y mucho menos por incrementar el gasto social), como rezan algunos analistas. La mayor parte de ese incremento de gasto ha sido inercial y accidental, no voluntario.

En cambio, allí donde se ha reducido el gasto público ha sido por decisión política expresa, precisamente en los usos más potentes en términos sociales y económicos (transporte, desempleo, vivienda, educación, salud, familia e infancia, apoyo al sector primario, servicios culturales, etc). En otras palabras: por supuesto que se han aplicado discrecionalmente políticas de austeridad, y su impacto ha dio muy profundo; se ha recortado con voluntad y decisión gasto público por casi 8 puntos porcentuales del PIB desde 2010 a 2014. Si el descenso del gasto público total no ha caído tanto ha sido porque otros gastos han aumentado considerablemente, pero ello no ha sido por decisión expresa de los gobernantes, sino fundamentalmente por factores inerciales y accidentales.

Y el mejor ejemplo de que se ha recortado y dejado de recortar allí donde han querido expresamente los gobernantes lo aporta el gasto en educación. De los 7.394 millones de euros recortados en gasto en educación, sólo 83 millones corresponden al gasto en conciertos con los colegios privados (denominado técnicamente “producción adquirida en el mercado”), lo que supone un irrisoria recorte del 1% con respecto a 2009. En cambio, la reducción de gasto en asalariados ha sido de 3.705 millones de euros (-11,5%), la reducción en inversión (formación bruta de capital) de 2.235 millones (-62,6%), y en consumos intermedios (materiales, equipamiento, etc) 1.249 millones (-26,7%). Queda claro cuál ha sido la prioridad política de los gobiernos del PSOE y del PP: recortar en la educación pública pero no en la concertada.

De esta exposición se pueden extraer tres principales conclusiones: 1) los recortes de gasto público aplicados desde 2010 han sido muy significativos aunque las cifras agregadas oculten este hecho al integrar los incrementos de gasto en partidas como las pensiones, los intereses de deuda y la energía, 2) la inmensa mayoría del incremento del gasto experimentado no se debe a decisiones políticas, sino a factores inerciales y fortuitos, por lo que no ha habido una voluntad por parte de los gobernantes de incrementar el gasto (excepto en las ayudas al sector energético) aunque así haya ocurrido en cierta manera, 3) la elección del destino de los recortes ha sido claramente ideológica, y ha optado por perjudicar los sectores más emblemáticos del Estado del Bienestar (educación, sanidad, desempleo, etc) y por beneficiar o no dañar a sectores empresariales determinados como el energético, la banca (que cobra los intereses de deuda) y los colegios privados.

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