Es común, cuando se aborda la desigualdad de género, referir a una serie de estereotipos que se tienen sobre los hombres y las mujeres, como el “corazón” del problema. La desigualdad de género, se dice, está montada en una visión muy particular sobre las personas, a saber: que el cuerpo con el que naces determina la identidad que adoptas, la personalidad que desarrollas, los intereses que tienes, el papel que juegas y el lugar que ocupas en la sociedad. En México, ningún documento normativo ha capturado de manera tan nítida esta concepción como la Epístola de Melchor Ocampo, que se le leía a las parejas —heterosexuales, por supuesto— al momento de casarse: el hombre es fuerte y valiente y la mujer es débil, delicada y sensible y, por lo mismo, a él le toca la protección, el alimento y la dirección; mientras que a ella la obediencia, el consuelo y el cuidado. El hombre tiene un carácter brusco y es a la mujer a la que le corresponde contenerlo. A él le toca manejar el gobierno y el mundo del trabajo y a ella el día a día de la casa, incluyendo, por supuesto, a los niños. Él es sujeto de derechos; ella es, en el mejor escenario, objeto de tutela

Por lo general, se asume que la lucha en contra de esta desigualdad consiste en detectar, denunciar y desterrar estos estereotipos del imaginario público para que ya no condicionen más los derechos de las mujeres. Desde esta lógica, por ejemplo, es fundamental dejar en claro que el problema no es solo la violencia que viven las mujeres, sino que esta les afecta por ser mujeres. Porque hay quienes creen que son seres para poseer, para controlar, para someter. El problema no es solo que las mujeres no acceden a la esfera laboral en las mismas condiciones que los hombres, sino que esto es resultado de esa visión de género por virtud de la cual se cree que, antes que ser trabajadoras, son cuidadoras y que su responsabilidad primaria está en la casa. El problema no es solo que se les castiga y que mueren por abortar, sino que esto es el efecto de una política criminal basada en la idea de que su destino es ser madres y que rechazarlo es una traición a su naturaleza. El problema no es solo la impunidad, sino que detrás de ella se esconde la idea de que ellas no merecen justicia, por “putas”, por “provocadoras”, por “rebeldes”, por estar donde no debían, por actuar como no debían, por ser como no debían.

El machismo. El sexismo. La misoginia. Ese es el problema.

Y este es el marco que se utiliza, por lo general, para evaluar la actuación del Estado. Si este tiene una misión es garantizar que esta visión no permee más las leyes, ni las actuaciones de las autoridades. Y parte de nuestra misión, desde la sociedad civil, es detectarlos, denunciarlos y exigir que desaparezcan, una vez que se manifiestan. Muchas de las discusiones públicas relacionadas con la actuación del Estado de los últimos años en esta materia siguen este patrón: alguna autoridad dice o hace algo que revela y refuerza estos estereotipos y se le condena públicamente. Aquí entran desde el famoso “Yo no soy la señora de la casa” de Enrique Peña Nieto y la campaña “No le des la espalda”, para fomentar la lactancia, hasta la sentencia relacionada con el caso de los Porkys y la actuación de la Fiscalía de la Ciudad de México en el caso de Lesvy Berlín. La denuncia es clara: tenemos un “Estado machista”, cuando lo que requerimos es un Estado que verdaderamente respete a las mujeres y garantice plenamente sus derechos.

Sin duda, esta visión de género persiste en una variedad de normas, instituciones y políticas estatales. Aquí entran desde la penalización del aborto, las leyes que siguen asignando derechos y responsabilidades diferenciadas a hombres y mujeres y la falta de reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar. Son reformas que deben hacerse. Pero si se quiere que el Estado garantice los derechos de las mujeres hay que prestar atención a otro tipo de obstáculos, a veces mucho más sutiles y que no necesariamente tienen una conexión explícita con el machismo, aunque sirven, de facto, para reproducirlo. Para que el Estado pueda garantizar plenamente los derechos de todas las personas —incluidas las mujeres— hay que volcarnos a sus entramados burocráticos, y revisarlo todo: desde el diseño de sus instituciones, la división de poderes, sus apuestas de política pública, sus sistemas de información y sus complejos —complejísimos— procesos.

Afirmo lo anterior porque, si bien esa visión “estereotípica” de las mujeres (y de los hombres) permea al Estado de diversas maneras, también es cierto que, en las últimas décadas, el Estado ha hecho mucho para garantizar la igualdad de género. Si se juntan, son cientos las leyes, los reglamentos, los protocolos, los programas, los planes, las bases de datos, las campañas, las capacitaciones y las instituciones que se han creado e implementado con este objetivo. No estamos, en otras palabras, ante un Estado inactivo: quiere despojarse de su machismo y está tomando acciones para lograrlo.

En este panorama, la pregunta es, más bien, de qué ha servido todo lo que ha hecho. Las instituciones y las políticas que ha diseñado, ¿cómo están operando? ¿En qué han tenido éxito? ¿En qué se han quedado cortas? ¿Y por qué? Con los cambios de gobiernos, me parece un buen momento para hacer esta reflexión, sobre todo considerando que no hay político que no ha tratado de mandar el mensaje de que “sí se van a tomar en serio” los “problemas de las mujeres”. La “intención”, sin duda, importa, pero no basta. El asunto está en cómo “los van a tomar en serio”: cuáles van a ser sus apuestas.

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Suena raro decir que muchos de los obstáculos para que el Estado garantice el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres nada tienen que ver con el machismo explícito. Pero quizá varios ejemplos sirvan para ilustrar a qué me refiero.

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En las últimas décadas, todos los códigos penales del país han sido reformados para castigar una variedad de conductas que antaño no solían ser delitos. Conductas que, por lo general, afectan de manera desproporcionada a las mujeres, como lo son la violencia sexual y la violencia familiar. La apuesta es sencilla: se busca proteger sus derechos, a través del castigo penal.

Empecemos por algo básico: supongamos que queremos saber cómo han estado funcionando estos tipos penales. Desde el delito del feminicidio, pasando por el de la violencia familiar, o el del hostigamiento sexual. ¿Es posible saberlo? No con el detalle que se merece.

En primer lugar, lo que tenemos en México son bases de datos que proporcionan estadísticas sobre el número de casos que reciben las fiscalías y los tribunales, desagregadas por año. Ejemplo de esto son la base de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como los Censos Nacionales de Procuración e Impartición de Justicia. Estas no permiten darle seguimiento a cada uno de los casos, de principio a fin, sino que solo nos dan una idea del volumen de asuntos que llegan al sistema. Esto no es exclusivo de los delitos diseñados para castigar la violencia que viven desproporcionadamente las mujeres, sino que aplica para todos, en general.

En segundo lugar, no quiero dejar de mencionar que apenas este año el Secretariado Ejecutivo comenzó a contabilizar la mayoría de los delitos relacionados con la violencia que afecta desproporcionadamente a las mujeres. Hasta el 2018, en su base sobre la incidencia delictiva en el país se incluían datos sobre el robo de ganado —el abigeato—, pero no sobre el hostigamiento sexual, el abuso sexual o la violencia familiar —que, hay que decirlo, es actualmente el ¡tercer! delito con más investigaciones penales abiertas en el país (después del robo y de las lesiones), según el INEGI—. Para la mayoría de los delitos relacionados con la violencia que desproporcionadamente afecta a las mujeres, en otras palabras, hay un hueco informativo aún mayor.

Eso, sin embargo, no es todo. Las estadísticas que se compilan en estas bases tienen distintas ausencias importantes. Por ejemplo, si queremos saber qué pasa con las investigaciones penales, sobre todo las que no culminan con una acusación, no podemos, ya que estos datos no están desagregados por delito. ¿Se sobreseyeron? ¿Se fueron a mecanismos alternativos de resolución de conflicto? No sabemos. Supongamos que queremos saber la pena que recibieron las personas condenadas. ¿Fue cárcel? ¿Por cuántos años? ¿Fue multa? ¿A cuánto ascendió el monto? Tampoco podemos saberlo. Los datos los presentan para el agregado de los delitos, sin que podamos saber nada de cómo varían las sanciones en lo particular. Encima, cambian de indicadores de un año a otro. Para ciertos años, por ejemplo, es posible saber el número de personas condenadas por ciertos delitos. Para otros, la variable es el número de delitos de las personas condenadas. Si quisiéramos saber cuántas personas hay en la cárcel por algún delito, en otras palabras, algunos años podremos saberlo, otros no.

Si quisiéramos saber algo sobre las víctimas y las personas inculpadas, sentenciadas, condenadas y encarceladas, los datos que existen son muy pocos. Algo tan básico como la edad de las víctimas –que puede ser muy relevante para delitos como el de violencia familiar–, no la sabemos para cada delito en particular. ¿Son hablantes de una lengua indígena? Rara vez se registra. ¿Cuál es su color de piel? ¿Su orientación sexual? ¿Tienen o no una discapacidad? Ni se pregunta. Si bien el “sexo”, por ejemplo, ya se ha introducido como variable, todavía no es posible saber quiénes son las víctimas cuyos casos culminan en una condena. ¿Qué significa esto? Que, al día de hoy, no sabemos si se condenan más los homicidios de hombres, que de mujeres. Sabemos el sexo de los condenados, pero no el de sus víctimas. ¿Cómo podemos saber a ciencia cierta si el sistema opera de forma discriminatoria si no hay manera de obtener una radiografía de quienes obtienen justicia y quienes no?

¿Lo peor? Las bases relacionadas con el sistema penal son las más sofisticadas que tenemos. Si quisiéramos conocer los casos que se procesan ante tribunales civiles —relevantes también para casos de violencia familiar— o las juntas de conciliación y arbitraje —competentes para revisar casos de acoso o de discriminación en el trabajo—, los datos son aún más escasos.

Supongamos ahora que queremos acudir a las plataformas de transparencia para usar las solicitudes de acceso a la información pública para llenar todos estos huecos. Quizá las instituciones no publican la información, pero la tienen y es cuestión de pedírselas. Después de ser parte de un equipo que envió solicitudes a las fiscalías y tribunales de las treinta y dos entidades federativas puedo decirles que esto sirve de poco. Las autoridades por lo general responden que no tienen la obligación de generar “documentos ad hoc” para atender a las solicitudes. Ni siquiera porque se les pidió que proporcionaran la información que ya tuvieran disponible, lo hicieron. Es raro usar este sistema sin tener que interponer recursos de revisión. Se vuelve un trabajo de tiempo completo sin que de cualquier forma pueda garantizarse el éxito.

Si las bases y las peticiones de acceso no nos dan mucha información, quizá las sentencias emitidas por los tribunales pueden fungir como una fuente adicional para entender cómo está operando el sistema penal, ¿cierto? ¿El problema? Según la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada en el 2015, los tribunales no tienen la obligación de publicar todas sus sentencias, sino solo las de “interés público”. ¿Qué es el interés público? La ley no lo define. Como ha documentado la organización EQUIS Justicia para las Mujeres, la publicación de esta ley ha implicado un retroceso en lo que a la transparencia judicial se refiere. Según su último análisis —que está por publicarse— en ningún estado de la República se publican todas las sentencias que los tribunales emiten. ¿Qué implica esto? Que, si quisiéramos saber, por ejemplo, cuántos otros casos similares al de los Porkys hay en nuestro país, no podemos saberlo. Lo mismo aplica, por supuesto, para cualquier otra materia.

Que el Estado está fallando en lo que a la transparencia y rendición de cuentas se refiere, es algo que el Comité de la CEDAW —encargado de monitorear el cumplimiento del gobierno de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer— lleva señalando años. Y este señalamiento tiene una razón de ser: el machismo –como la corrupción– se reproduce en la opacidad. Esto significa que, si los gobiernos realmente quieren garantizar la igualdad de género, necesariamente tienen que reformar sus sistemas de información y rendición de cuentas. De lo contrario, como sostiene la organización EQUIS, sin esta transparencia, nunca habrá justicia. Ni para las mujeres, ni para nadie.

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Volteemos, ahora, a las instituciones. En las últimas décadas han proliferado una variedad de nuevos organismos dedicados a garantizarle a las mujeres sus derechos, especialmente a las que son víctimas de violencia sexual y familiar. De los análisis que se han hecho de estas instituciones —los institutos de las mujeres, las fiscalías especializadas, las unidades de género, los centros de justicia—, los problemas son comunes y constantes: tienen debilidades institucionales importantes, una falta de recursos humanos y financieros preocupante y entramados burocráticos que complejizan el cumplimiento de sus funciones.

Tomemos los institutos de las mujeres que, actualmente, existen en las 32 entidades federativas. La académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Alejandra Ríos, realizó un análisis de su estructura y presupuestos (con los datos disponibles hasta diciembre de 2014), con el fin de evaluar las posibilidades que tienen de cumplir con sus mandatos: garantizar la igualdad de género y los derechos de las mujeres e incorporar la “perspectiva de género” en las políticas públicas.

Lo primero que encontró es que, en lo que a su diseño institucional y ubicación estratégica dentro de la estructura gubernamental se refiere, hay una diversidad importante entre estos institutos. En algunos casos, son Secretarías. En otros, son agencias descentralizadas, unas que dependen del Ejecutivo, otras de la Secretaría de Gobernación e incluso otras de la Secretaría de Desarrollo Social. Hay otra que es un desconcentrado. En teoría, las atribuciones que tienen varían dependiendo del tipo de organismo de que se trata; entre más alto está en la estructura gubernamental, más atribuciones tienen (en este sentido, ser una Secretaría es lo mejor a lo que se puede aspirar). ¿En la práctica? Las responsabilidades que tienen todos estos institutos son bastantes similares. Esto significa que, en ciertos casos, se les asignan ciertas tareas para las que, técnicamente, no tendrían competencia, como ocurre con las que están adscritas a las Secretarías de Desarrollo pero que, de alguna manera, tienen que ver lo relativo a la implementación de la perspectiva de género en todas las políticas del gobierno.

En relación con el presupuesto que se les asigna, encontró algo similar: la posición que ocupan en la jerarquía no necesariamente se relaciona con el presupuesto que reciben. Hay Secretarías que recibieron menos dinero que agencias descentralizadas. Y el desconcentrado —que en principio debería recibir menos— tuvo más presupuesto que la mitad de los institutos del país.

Más aún: encontró que, en promedio, la mayoría de los institutos recibieron, proporcionalmente hablando, menos presupuesto estatal en el 2014 que en el 2007, a pesar de que en el 2007 la mayoría se reformaron para jugar un papel más protagónico en lo que a la violencia se refiere. Y, por supuesto, la mayoría de los institutos recibieron un presupuesto pequeño de los fondos de los estados (menos del .1%). Esto significa que muchos de ellos no tienen las condiciones para cumplir con sus mandatos y tienen que acudir a otras fuentes de financiamiento para lograrlo. Y aquí otra vez se complica la cosa.

Dos fuentes importantes de financiamiento que tienen estos institutos son el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) del Instituto Nacional de Desarrollo y el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) del Instituto Nacional de las Mujeres. No todos los institutos tienen las mismas posibilidades de obtener los recursos. Y, más aún, esto acaba impactando el personal que contratan. En promedio, de 27 entidades federativas, el 50% de sus trabajadores eran “temporales” –sin una plaza–, cuya contratación depende de estos fondos. Esto tiene dos consecuencias. La primera es que dificulta la posibilidad de que consoliden un servicio civil de carrera, porque la mayoría de su fuerza es temporal. Otra consecuencia es que, en ciertos casos, los institutos de plano tienen que suspender parte de sus servicios, en lo que esperan a que los recursos federales les entren. ¿Así como se puede operar?

¿Qué significa todo esto? Que, por supuesto, no basta que los políticos prometan “crear” nuevas instituciones. Importa cómo las crean y los pormenores institucionales. Que prometan una “Secretaría de la Mujer” no es sinónimo de que operará, automáticamente, como tal. Es necesario exigir, siempre, un plan detallado que permita evaluar si las instituciones serán capaces de cumplir con sus mandatos. Y, por supuesto, es necesario seguir vigilando su desarrollo a lo largo del tiempo, que lo que empieza bien, no necesariamente se desarrolla adecuadamente.

Algo similar puede decirse de las fiscalías. Como reveló un reportaje reciente de Animal Político sobre la impunidad del homicidio doloso en México, estos organismos tienen carencias fundamentales que les impiden cumplir con sus mandatos. En 20 estados –según datos del INEGI que cita el reportaje– no hay bancos de información de residuos biológicos; en 7 no hay bancos de perfiles genéticos; en 21 estados todavía no opera el Sistema Integrado de Información Balística. En la mayoría, no tienen las suficientes patrullas, ni peritos para procesar los casos. Según Hallazgos 2017, de la organización México Evalúa, el sistema penal, en general, presenta rezagos en lo que a su capacidad institucional se refiere. No hay suficientes jueces, ni fiscalías, ni defensores, ni asesores de víctimas para garantizar un acceso adecuado a la justicia para toda la población. Más aún: de las instituciones que se analizaron, solo 1 de cada 3 cuenta con funcionarios profesionales, con esquemas claros que regulen y evalúen su desempeño. México Evalúa es clara: “no habrá sistema de justicia de calidad con operadores que trabajen en condiciones precarizadas o cuya estabilidad laboral depende de ciclos políticos.” Urge una transformación institucional profunda del sistema.

Ahora: desde hace años, se han creado, en todas las entidades federativas del país, “fiscalías especializadas” para casos relacionados con la “violencia de género”. Con la lógica de que esta violencia requiere de una atención particular, se ha apostado por este modelo institucional para garantizar que no haya más impunidad. El problema con estas fiscalías es que no necesariamente se salvan de enfrentar los obstáculos a los que se enfrenta el sistema penal más amplio y, de hecho, en algunos casos pueden llegar a complejizar el acceso a la justicia para las víctimas. En un análisis que se realizó de estas fiscalías —para un informe publicado por el CIDE y el Instituto Nacional de las Mujeres, en el 2013—, se detectó que la oferta de éstas es escasa (en muchas entidades, hay solamente una y tiende a estar en la capital). En algunos casos, ni siquiera tienen un horario de atención continua. Encima, no son necesariamente conocidas de antemano por las víctimas. Por todas estas razones, es muy probable que las víctimas lleguen a una agencia no especializada para recibir atención pero que, una vez ahí, tenga que ser canalizada a la especializada. Esto aumenta, por una parte, la probabilidad de que tengan que relatar sus historias más de una vez —sobre todo considerando la ausencia de sistemas de información efectivos— y, por otro, que, por supuesto, desistan en sus esfuerzos.

De nuevo: tenemos que poner atención a los procesos que se diseñan, las instituciones que se crean y, también, las relaciones que existen entre las instituciones. Esto último lo menciono teniendo en mente a las alertas para la violencia de género, un mecanismo que se creó en el 2007 para lidiar con el aumento de la violencia y la persistencia de la impunidad. Es un mecanismo cuyo éxito depende, en gran parte, de la posibilidad de que las autoridades municipales, estatales y federales —de los tres poderes— se coordinen. De acuerdo con un informe publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos esta posibilidad sigue siendo ilusoria. Entre el federalismo, la división de poderes, los cambios de gobierno y la regulación misma de las alertas de género, el mecanismo se está quedando corto.

La lección es clara: si las instituciones no tienen las condiciones para operar adecuadamente, no podrán cumplir con sus mandatos. Otra vez: los estereotipos de género son parte del problema, pero no son el único. Sin el contexto institucional adecuado, no hay cómo garantizar los derechos. Considerando los planes de “austeridad” que se han anunciado por parte del gobierno entrante, el énfasis en las capacidades de las autoridades de cumplir con sus mandatos es incluso más apremiante.

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Por último, no quiero dejar de mencionar la importancia que tienen las apuestas específicas de política pública que se hacen en la materia.

Una de las medidas más constantes en la lucha estatal por garantizar los derechos de las mujeres ha sido la de reformar el sistema penal, tanto para castigar una variedad de violencias que antaño no solían ser delitos, como para garantizar el acceso de las víctimas a una variedad de servicios.

Los que no necesariamente han recibido la misma atención son los otros mecanismos de defensa que pueden ser igual de importantes para garantizar una variedad de derechos. Tomemos, por ejemplo, el caso del acoso en el trabajo. La vía penal es una, de muchas, a las que supuestamente tienen acceso las víctimas. Están también la vía civil, la laboral, la administrativa, la de los derechos humanos y la anti-discriminación. Sin embargo, si se analiza cada una de ellas, se verá que tienen complejidades y limitantes importantes —desde los costos que suponen, las cargas procesales que imponen y las garantías de reparación que ofrecen—, que tienen que atenderse. Y qué decir del amparo que, como los litigios relacionados con el matrimonio igualitario y el acceso al aborto demuestran, tiene que ser repensado, de múltiples maneras. La lucha, una vez más, no está solo en “mejorar” el sistema penal, sino todos los medios de defensa que se han creado que, actualmente, impiden la tutela efectiva de derechos.

Más allá de los mecanismos de defensa, sin embargo, también es necesario apostarle, por supuesto, a la prevención. Tanto la violencia, como la discriminación, son fenómenos multifactoriales, que se exacerban —o reducen— dependiendo del contexto. Sin duda, la impunidad —que tanta atención recibe— importa, en este sentido, pero no es lo único que debe llamar nuestra atención. Hay otros factores que tendríamos que estar contemplando.

Por ejemplo: si se analizan los datos actualmente disponibles para los asesinatos de las mujeres en el país, lo que más sobresale es el aumento que han tenido los que ocurren con un arma de fuego en años recientes. Esto, desde mi perspectiva, revela lo urgente que resulta hablar de la violencia armada y del control de armas.

Segundo y relacionado: la llamada “guerra contra las drogas” por supuesto que también ha tenido un impacto en las vidas de las mujeres, de múltiples formas. Las afecta no solo en lo que a asesinatos y desapariciones se refiere, sino también a través de las políticas de persecución penal, tanto directa, como indirectamente. Si se quieren garantizar plenamente los derechos de las mujeres, por lo tanto, se tiene que insistir en la “seguridad sin guerra” y en la despenalización y regulación del mercado de las drogas.

Tercero: un porcentaje importante de los asesinatos de mujeres ocurren en el hogar, en contextos de violencia familiar (aproximadamente el 33% de los que ocurrieron entre el 2004 y el 2016). En los casos en los que se registra el parentesco entre la víctima y el presunto agresor para los asesinatos de las mujeres, la mayoría son parejas o ex parejas. Esto indica que, si se quieren prevenir estos asesinatos, tiene que voltearse a ver esta violencia y esta relación.

La académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Irene Casique, se ha dedicado a identificar, con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares, distintos factores de riesgo y de protección que incrementan –o bien, reducen– el riesgo que tienen las mujeres de vivir distintas violencias al interior de sus relaciones de pareja. Hay uno, de los muchos que identifica, que, para mí, sobresale: entre más participa el hombre en el trabajo del hogar, más se reduce el riesgo de la mujer de vivir violencia física, sexual, económica y emocional en la pareja. Es uno de los factores que identificó que siempre muestra un efecto en la reducción del riesgo de vivir estas cuatro formas de violencia. Para Roberto Castro, las implicaciones de esto son claras: hay que promover activamente la corresponsabilidad de los hombres en las tareas del hogar.

El reto es, otra vez: ¿cómo? ¿Con simples campañas? ¿Regalándoles escobas (como silbatos)? ¿Castigando penalmente a quienes no limpien sus casas? Por supuesto que no. La única manera de promover efectivamente esa participación es analizando los sistemas que contribuyen a que el trabajo al interior de los hogares se distribuya de manera desigual. Este análisis nos llevaría a reconocer que no es que las personas simplemente “decidan” comportarse conforme a los mandatos de género, sino que hay una multiplicidad de políticas –económicas, laborales, urbanas, educativas– que condicionan que la división del trabajo al interior de los hogares sea así. Y para cambiar estos sistemas, es necesario apostarle a la reingeniería social. La cual, desde mi perspectiva, es el mayor pendiente y donde tendrían que estar nuestras apuestas.

Sí, los estereotipos de género son un problema. Pero la solución no es castigar sus síntomas, sino cambiar los sistemas a través de los cuales se reproducen.

Estefanía Vela Barba. Licenciada en derecho en el ITAM y maestra en derecho en la Universidad de Yale, en donde está desarrollando sus estudios de doctorado. Recientemente escribió un libro sobre La discriminación en el empleo en México, que fue publicado por el Instituto Belisario Domínguez y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.