El TTIP se votó a principios de 2013 con el objetivo de relanzar el intercambio de bienes, servicios e inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea. El entonces comisario de Comercio de la UE, Karel de Gutch, enfatizó la ambición del empeño -"iremos más allá de lo que puede conseguir la Organización Mundial del Comercio"- y de la apuesta política, al aventurar que habría acuerdo a finales de 2014. Y todo eso quedó bautizado como Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, más conocida por sus siglas en inglés (Transatlantic Trade and Investment Partnership).

Tan claro ha quedado ya que la negociación es más lenta y compleja de lo anunciado, como que la UE y EE UU discuten mucho más que un tratado de libre comercio. El resto de objetivos -armonizar normas, controles y exigencias administrativas, coordinar las leyes que vayan a tener impacto comercial o facilitar las inversiones-, es lo que da una medida de su ambición. También, lo que ha llevado a una temprana división entre detractores y partidarios del proceso.

Un nuevo gigante comercial

Estados Unidos y la Unión Europea suman cerca del 60% del PIB mundial, un tercio del comercio internacional de bienes y servicios y 800 millones de consumidores. El TTIP llevaría a la "mayor zona de libre comercio del mundo", en palabras del expresidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso.También, según cálculos previos, contribuiría a elevar el PIB anual en ambos bloques un 0,5% del PIB a los diez años de ponerse en marcha o a generar hasta dos millones de empleos en los países industrializados. Voces críticas como la del grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo, recuerdan que este tipo de previsiones suelen pecar de optimismo, cuando no cambiar de signo. Otras, como las de la economista Susan George, relativizan el impacto: "El valor del que hablan [aumentar el PIB en 120.000 millones de euros] es equivalente a una taza de café semanal por ciudadano en 2027, en el mejor de los casos".

Primero, los aranceles

Aunque haya sido considerado como "mucho más que un acuerdo de libre comercio", la primera piedra de toque del TTIP será comprobar si se llega al desarme arancelario total, que abanderó Obama en la última cumbre con la UE. El promedio de tarifas aplicadas es ya bajo: las que impone la UE a las mercancías es del 5,2%; en sentido contrario, es apenas un 3,5%. Pero las medias esconden aún algunas divergencias significativas: la UE carga mucho más la importación de vehículos de motor o alimentos elaborados; EE UU penaliza la adquisición de material ferroviario y llega al proteccionismo extremo en algunos productos agrícolas (el arancel al tabaco es del 350%).

Luego, las normas

Aquí es donde EE UU y la UE quieren forjar una nueva referencia. Porque donde uno ve leyes que le privan de competir (trayectos internos de compañías aérea en EE UU), el otro ve normas proteccionistas (las denominaciones de origen europeas para productos agrarios), y ambos ven subvenciones para tirar los precios (Airbus y Boeing) o reglas excluyentes (los requisitos para ejercer de abogado o arquitecto). La negociación pretende atacar estas restricciones por una doble vía: allá donde el nivel de protección es similar, aunque se alcance por vías administrativas distintas (ya sea exigencias de seguridad alimentaria, controles a los vehículos, niveles de experimentación de medicamentos o cuestiones de diseño), establecer el mutuo reconocimiento: la autorización en la UE, valdría en EE UU, y viceversa. Y allí donde las posiciones sean distinta, ir a una regulación cada vez más semejante.

¿Se rebajará la protección de derechos?

Esta es la pregunta inmediata que ha suscitado en numerosos y muy dispares colectivos la idea base del TTIP: la homologación de normas y exigencias administrativas. Las normas europeas son más restrictivas en cultivos transgénicos o ebn el uso de hormonas de crecimiento, los suplementos alimenticios o la aplicación masiva de antibióticos en el ganado, como también lo son en la privacidad de los datos, las explotaciones de hidrocarburos con la técnica del fracking o cuestiones laborales. La Comisión Europea insiste en que esa es una línea roja que no se va a traspasar, que ese es el mandato recibido por los Veintiocho de la UE. Pero solo los textos permitirán comprobarlo.

Antes incluso de que haya normas

Se pretende que la regulación común vaya más allá de identificar niveles de protección similares y evitar duplicidades, o de limar diferencias en normas ya existentes. El TTIP quiere ampliar ese objetivo a las leyes y reglamentos con impacto en el comercio y la inversión (o sea, casi cualquier norma), antes incluso de que nazcan. Se negocia que se obligue a informar a la otra parte de proyectos legales con una posible incidencia en las relaciones económicas transatlánticas y se plantea incluso la creación de un órgano (un cuerpo de cooperación regulatoria) para supervisar que la norma en discusión tenga en cuenta como está regulada la cuestión al otro lado del charco. El objetivo es homologar la regulación desde la cuna para evitar divergencias que restrinjan el comercio y la inversión. La crítica es que esta supervisión puede debilitar la iniciativa parlamentaria, y da acceso antes a los lobbies en el proceso legislativo.

Un tribunal para las empresas

La protección de la inversión extranjera es uno de los objetivos del TTIP. Y para ello plantea la creación de un tribunal de arbitraje que permita a las empresas obviar el sistema jurídico de cada país y recurrir directamente ante esta instancia cuando crea que un Estado se ha saltado lo convenido en el tratado, con la posibilidad de imponer multas multimillonarias. EE UU insiste en este punto, al recordar que una salvaguarda así es habitual en otros acuerdos bilaterales y sostener que tiene por objetivo penalizar expropiaciones o tratamientos discriminatorios a sus empresas. Pero ni más ni menos que Francia y Alemania han transmitido ya sus amplias reservas a la Comisión ante algunos precedentes en los que las multinacionales han impuesto sus criterios frente a los legisladores gracias a estos sistemas de resolución de conflicto inversor-Estado (en inglés, ISDS). Argumentan también que el nivel de protección de la inversión es equivalente a ambos lados del Atlántico, por lo que deberían usarse los sistemas jurídicos nacionales. Ante las críticas, la Comisión aboga por un sistema lo más transparente y limitado posible.

Secretismo

Los responsables de la negociación argumentan que se han visto sobrepasados por la atención pública a las conversaciones, una justificación débil habida cuenta del precedente del ACTA, la regulación antipiratería que descarriló en Washington y Estrasburgo, entre otras cosas, por la opacidad con la que se llevó a cabo. Lo cierto es que la Comisión Europea tardó más de un año en lograr que el Consejo de la UE le permitiera publicar el mandato negociador, cuando este ya había sido filtrado en Internet. Y lo mismo ocurrió con otros documentos intercambiados en la negociación. La nueva comisaria, Cecilia Malmström, trata de ponerse al día con la publicación de los textos con la posición inicial europea en cada uno de los temas tratados, pero la transparencia volverá a ponerse a prueba conforme la negociación avance.

Las líneas rojas

La negociación se abrió con proclamas de que no habría líneas rojas en la discusión. Pero desde el principio se comprobó que habrá excepciones. La UE asegura que no reabrirá el debate sobre la regulación de transgénicos o el uso de hormonas de crecimiento y antibióticos en la alimentación del ganado, mucho más permisiva en Estados Unidos. Por su parte el Gobierno de Obama no está dispuesto a cambiar la Buy American Act, que permite primar a productos estadounidenses en contratos públicos, y solo aceptará excepciones. En el mandato negociador de la UE se excluye al sector audiovisual, aunque se deja la puerta abierta a incorporarlo después, y se blinda la excepción cultural, como reclamaba Francia. Y el Ejecutivo estadounidense se niega a debatir una armonización de las normas sobre la banca, al considerar que la regulación europea es demasiado laxa.