Hace unos días la fundación Civio publicaba un informe en el que recogía los 227 indultos por delitos de corrupción que se han llevado a cabo bajo los gobiernos del PP y del PSOE desde 1996 hasta la fecha, todo un ejemplo de nepotismo y de como la «casta» hace aún más benévola para los suyos la «justicia para ricos» que existe en el Estado español.El informe se ha basado en la investigación de los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), puesto que la corrupción no existe como delito en el Código Penal.

Felipe González concedió 10 indultos. La palma se la lleva el Partido Popular, de hecho Aznar concedió 141 indultos a corruptos, es decir, el 62% del total. Durante su presidencia (1996-2004) Ángel Acebes y Margarita Mariscal de Gante, ocupando el Ministerio de Justicia, firmaron 77 y 60 indultos respectivamente. Zapatero tampoco se quedó corto, con 65 indultos concedidos; mientras que Rajoy lleva 11. La mayoría de ellos son por delitos de malversación y prevaricación.

Sin duda, el informe es revelador y desnuda el verdadero espíritu del bipartidismo. De hecho como señalan los autores «los años con los mayores picos de indultos son también aquellos en los que se han concedido más a este tipo de delitos». En el 2012 fue el del «indultazo» con 68 condenados por corrupción que se beneficiaron de esta medida.

Pero para el conjunto de la clase trabajadora, también fueron los años en los que la crisis golpeaba con más fuerza. Los años del «tijeretazo» y los mayores recortes y contrareformas, como la reforma laboral que dió luz verde a los llamados «ERE’s expres» y la casi liquidación de la negociación colectiva que se han traducido en contratos y condiciones de mayor precariedad y menos salario; la pérdida del derecho a la sanidad gratuíta y universal para los inmigrantes sin papeles o los desahucios que entre 2013 y 2014 dejaron a más de 55.000 familias sin casa.

Entre los casos más sonados recogidos por la fundación Civio podemos encontrar el indulto de Tomás Gómez Arrabal, alcalde del PP en Valle de Abdalajís (Málaga) junto a otros tres concejales. Fueron condenados a más de 10 años de cárcel por 12 delitos de prevaricación urbanística. Fue indultado tres años después por el Gobierno de su propio partido.

O los indultos del diputado socialista Carlos Navarro y Luís Olivero y Alberto Flores, de la empresa Filesa. Los tres protagonistas de un escándalo de corrupción que estalló en 1991, que relacionaba al PSOE con una financiación irregular a través de las empresas Filesa, Malesa y Time Export. Varios bancos y empresas pagaron cientos de millones a pequeñas sociedades relacionadas con la financiación del PSOE, supuestamente para realizar una serie de estudios que nunca tuvieron lugar. Los tres fueron condenados por asociación ilícita, delitos contra la hacienda pública y falsedad documental. Más tarde fueron indultados bajo el Gobierno de Aznar.

Esto no debe extrañarnos, son muchos los casos en los que tanto un partido como el otro aprueban indultos por corrupción en favor de su oposición, algo que deja de manifiesto los estrechos vínculos que existen entre unos y otros, dejando claro que el único límite para ambos es la defensa de los intereses capitalistas. Un «hoy por ti y mañana» en el que se cubren las espaldas mutuamente.

Los indultos por casos de corrupción son númerosos, de hecho ocupan el tercer puesto según el informe. Pero hay otros que también hay que destacar, como el indulto a cuatro Mossos de Esquadra condenados por torutras a un hombre, al que amenazaron, golpearon y llegaron a meterle una pistola en la boca para obligarle a confesar. O el del Guardia Civil que grabó con su móvil la agresión sexual a una chica. En 2015, durante el Gobierno de Rajoy el indulto modificó la condena de inhabilitación por una multa de 500 euros.

Con los indultos la «casta» política viene por lo tanto a «reparar» aquello en lo que la Justica «les ha fallado». Esto ocurre poco, normalmente la Judicatura trata con «guante de seda» a los políticos y empresarios metidos en tramas de corrupción. Juicios y sentencias como el Caso Noos, la reacción de defensa de «uno de los suyos» en el caso del breve encarcelamiento de Blesa o los múltiples casos en que los corruptos acaban libres o pasan una breve temporada a la «sombra» para poder después disfrutar alegremente de lo robado, son buena muestra de que los jueces son el primer eslabón para garantizar que la «justicia nunca sea igual para todos».

En estos días nuevas noticias de corrupción ocupan las portadas de los diarios. La citación como testigo de Rajoy o el encarcelamiento de Ignacio González son sólo los dos últimos capítulos. Sin embargo, lo más probable es que todo quede en nada, en condenas mínimas y posibles nuevas medidas de gracias como el indulto de los nuevos condenados.

La corrupción es un elemento capital de todo Estado capitalista. Por medio de ella las grandes empresas garantizan y aceitan que el poder político responda fielmente a sus intereses y demandas concretas.

La lucha contra ella pasa por lo tanto por la pelea contra este mismo Estado. Por combatir por demandas como el fin de la judicatura profesional, por la elección de todos los jueces por sufragio universal, que todos cobren el salario medio de un obrero y que os juicios sean todos por jurado popular. Una medida elemental para garantizar que quien juzga no sea el mismo que comparte cacerías o cañas con el político o empresario imputado. Y lo mismo que decir con los políticos y cargos públicos. Para acabar con la corrupción hay que imponer medidas como que sus salarios sean los mismos que el de un trabajador medio, que se controlen sus patrimonios y el de sus familias, que sus puestos sean totalmente revocables en todo momento y por supuesto el fín de todo privilegio, incluido el de poder indultar a sus «colegas».

Solo peleando por estas medidas contra la «casta» política y judicial, se puede plantear una lucha seria contra todas las tramas de corupción y saqueo de lo público que conforman el ADN de las instituciones del Régimen del 78.

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