Seis madres solteras y otras cuatro familias en situación de emergencia habitacional se han decidido a abrir un bloque abandonado del Ministerio del Interior en la barriada Suerte de Saavedra de la ciudad de Badajoz, donde tratan de desarrollar sus vidas con normalidad desde hace varias semanas.

Desde el pasado 13 de diciembre de 2017 permanecen realojadas en diez de las 90 viviendas deshabitadas que se ubican en la calle Eduardo Naranjo de la capital pacense. Se trata de pisos destinados a agentes de la Guardia Civil que llevan abandonados más de una década. Algunos presentan visibles signos de deterioro y otros están en buen estado, a falta de higiene y arreglos mínimos.



A las nueve de la mañana de este miércoles María José Elías, integrante del Campamento Dignidad, atiende a El Salto. Mientras conduce al equipo hacia a la barriada pacense, pone en valor el arrojo de las jóvenes madres, sus dificultades económicas y falta de oportunidades laborales.



“Sólo quieren evitar quedarse en la calle, normalizar la situación y pagar un alquiler social”, destaca la activista

Un cordón formado por varias unidades de patrulla de la Guardia Civil se mantiene desplegado en las inmediaciones del edificio de ladrillos rojos donde se han realojado. Los agentes bloquean el acceso a las otras 80 viviendas cuya pronta puesta a disposición para alquiler social reclaman tanto este colectivo, como la Plataforma Antidesahucio de Badajoz, también muchos vecinos y vecinas, además de las actuales residentes del bloque.

En el rellano de la escalera del edificio, las nuevas inquilinas mantienen una asamblea informativa sobre los trámites a seguir para disponer y abonar los servicios y suministros básicos de luz, agua y alcantarillado.

Edificio de la calle Eduardo Naranjo con pancartas del Campamento Dignidad y la PAH.

Cinco de ellas han logrado dar de alta la luz y cuentan con los contadores instalados, cuestiones y trámites de los que informan al resto. Mientras, otras mujeres colocan bombonas de plástico dentro de una gran maleta que trasladan con una carretilla hasta la fuente más cercana, a varias manzanas del lugar, para abastecerse así de agua.

En la fachada del bloque ondean las banderas de la PAH y del Campamento Dignidad. En el interior, en la puerta de entrada a cada piso han pegado una comunicado donde se lee la siguiente advertencia legal dirigida a particulares y/o cuerpos policiales: “Este es nuestro domicilio (...) Hasta que un juzgado no disponga lo contrario o encontremos otro alojamiento alternativo, nos quedaremos aquí y por tanto la entrada a nuestro domicilio sería denunciada”.



legalizar la situación



Cuatro de estas jóvenes madres, Elena, Elvira, Miriam y María Rosa, consideran que al localizar ellas mismas las viviendas desocupadas propiedad del Gobierno y adecuarlas para vivir a cambio de un alquiler social acorde a la situación de vulnerabilidad que atraviesan, lo que están haciendo es facilitar el trabajo a la administración.

No se consideran ocupas, sino ciudadanas que están “luchando por el derecho universal a una vivienda donde vivir con dignidad”, algo que, de momento, les está negando la administración, según se quejan.

Dos de las vecinas delante del aviso legal.

Quieren normalizar la situación manteniendo al día facturas de electricidad y agua. Subrayan que han agotado todos los pasos previos para evitar quedar junto a sus hijos en la calle y manifiestan sentirse “apartadas, engañadas y maltratadas” por los responsables políticos que gestionan las políticas de vivienda social.

Son madres solteras, de entre 23 y 38 años, e hijos que no superan los trece años de edad. Actualmente no disponen de empleo ni recursos económicos para hacer frente a un alquiler. Los padres de los menores no pueden mantener a los pequeños o ni tan siquiera se preocupan de hacerlo.

Han desempeñado trabajos precarios y temporales, principalmente de limpieza y hostelería. En los casos de Rosa y Elena, desde que eran menores de edad para así contribuir a la economía familiar. Sólo alguna dispone del título de la ESO o algún certificado profesional de empleo y cobra el subsidio o la renta básica.

En ningún caso sus ingresos superan los 400 euros y con ello tienen que cubrir los gastos de tres personas para comer, calentarse, vestir y vivir. Todas ellas constan como demandantes de vivienda social, pero lamentan estar en una lista de espera cuyo turno nunca llega. Algunas se inscribieron hace más de tres años.

Ponen la alerta en los obstáculos que se encuentran, en muchas ocasiones, al registrar inscripciones o solicitar información de casas o ayudas disponibles. Critican que a muchos demandantes les niegan solicitudes y señalan al Ayuntamiento de Badajoz por tratar de impedir que otras personas les ayuden a la hora de hacer valer sus derechos.



“Yo les pediría a todos los de la Junta, que si no saben gestionar a lo que les obliga su cargo que dimitan y se larguen”

Valoran el apoyo ciudadano recibido en contraposición a la negligencia de gobernantes a quienes consideran ajenos a los problemas de muchas familias con necesidades severas. “Yo les pediría a todos, los de la Junta, que si no saben gestionar a lo que les obliga su cargo que dimitan y se larguen” defiende Rosa. “Por la vía legal no te van a ayudar”, exclama Miriam.

Niño jugando en uno de los pisos.

Aspiran a desarrollar sus vidas bajo un techo, tras haber sufrido hasta dos desahucios en los últimos años, como le ha ocurrido a Elena. “Queremos que nos legalicen y vivir con normalidad”, asevera Elvira.La vida resulta complicada para estas mujeres y llega a resultar insoportable si además te ves obligada a convivir prácticamente hacinada, sin espacio vital ni intimidad y haciendo cola para ir al baño, según comentan. Compartir espacios reducidos con varios familiares perturba la convivencia y dificulta la crianza digna de niños en edades tempranas para jugar, estudiar, desarrollarse con plenitud, lamentan.



Sin luz ni agua

Ellas y sus hijos han permanecido las primeras semanas a oscuras, sin suministro eléctrico, ni agua corriente. Este mismo miércoles cinco inquilinas se alegraban de disponer ya de luz y pese a los muchos inconvenientes que se les presentan continúan con los trámites de empadronamiento. Quieren acceder al agua al abrir los grifos del lavabo o la cocina y permanecer en una vivienda de modo más permanente, sin tener que sufrir el suplicio de ver a sus hijos de un lado para otro.

Exhaustas de dirigir escritos a responsables de vivienda, escuchar promesas incumplidas en reuniones y realizar escraches para demandar su atención, recuerdan que están asesoradas y acompañadas por integrantes del Campamento Dignidad y la Plataforma Antidesahucio de Badajoz. Una ayuda que valoran a la hora de saber exigir sus derechos y a través de la cual están conociendo a más gente que comparte el mismo problema y necesidades.

Elena Domíguez Seco, de 38 años, ha sufrido dos desahucios por impago de alquiler. Tiene dos hijas de 13 y diez años, cuyo padre está ausente de la crianza de sus hijos. Explica que ha decidido realojarse en estas viviendas al llevar mucho tiempo sin poder pagar el alquiler, ni cobrar renta básica ni disponer de ayuda de ningún tipo y estar cansada de dar tumbos de un lado para otro. “Ya he tenido dos desahucios y he echado la solicitud para una vivienda social, pero no hay casas” según les dicen los responsables de vivienda en Mérida.



“No quiero verme todo el día con mis hijas con los trastos a la cabeza por más desahucios. Yo quiero trabajo y vivir dignamente como viven ellos”

Por su parte, Elvira Borrego Mendoza, con 23 años y dos niños de dos y seis años, cobra el subsidio que no le alcanza para mantener una renta de alquiler, y desde que tiene a los niños ha estado compartiendo un piso de tres habitaciones con otros once familiares.

Recogida en casa de sus suegros de modo temporal ha tenido que dejar la vivienda, al retornar los hijos de éstos. “Ya no podíamos más y nos hemos visto obligadas a hacer esto. En la calle no voy a estar. Estábamos 14 personas en una vivienda de tres habitaciones, teníamos que hacer cola hasta para la ducha, para comer y para todo. No me ha quedado otra opción para tratar de vivir en condiciones”, defiende.

En el caso de Miriam González Fuentes, 36 años, víctima de malos tratos y con un hijo de cuatro años, indica también que ha sido la necesidad la que le ha llevado a participar en esta acción colectiva ante la amenaza de desahucio, por no poder pagar el alquiler.



“Me he visto sola, con mi hija pequeña, víctima de violencia de género”

Reconoce a El Salto: “Nos enteramos de estas viviendas, vimos que llevaban muchos años vacías. Este bloque en concreto estaba completamente abandonado, en la cuarta planta no hay ni ventanas y son pisos que se están deteriorando y en los que puedo vivir, antes de quedarme con mi hija en la calle”, detalla. “Yo me he visto sola, con mi hija pequeña, víctima de violencia de género”.

Así lo defiende, al tiempo que acusa a los responsables públicos de “pasarse la pelota unos a otros sin que ninguno atienda las necesidades de vivienda cuando es urgente”. “Nosotros sólo pedimos que nos legalicen esto, que está abandonado, que no le hemos quitado la casa a nadie”, reivindica.

La pacense Rosa María González Muñoz, de 32 años, y con dos hijos a su cargo de nueve y doce años, estaba de alquiler pagando 300 euros con la renta básica que recibía y no podía hacer frente a los gastos mínimos. Se enteró de una vivienda social deshabitada en la barriada pacense de las Moreras y entró sola en la casa donde reside ahora desde hace un año. Está en proceso judicial tras el recurso interpuesto por ella misma cuando intentaron desahuciarla.



“Lo único que pedimos es un alquiler social, con sus cuotas”

Al igual que sus compañeras de Suerte Saavedra, reclama facilidades y agilidad para apoyar a la población en emergencia habitacional, también pide transparencia en las listas de espera de alquileres y viviendas sociales. “Yo estoy pagando mis recibos como todo el mundo y lo único que pedimos es un alquiler social, con sus cuotas y llevar una vida normal como todo el mundo”, insiste.

“Les hemos pedido que hagan públicas las listas de espera y las puntuaciones.Llevo ocho años esperando vivienda y en tres ocasiones me han dicho, por carta, que no hay. Y en mi vida he sabido los puntos ni la posición que tengo ni nada”.

Frente a la actitud del Gobierno, Rosa destaca el apoyo y comprensión vecinal. “Mis vecinos afortunadamente me dieron su apoyo y su ayuda desde el primer momento: me ayudaron a pintar, a quitar una gotera del tejado, me han arreglado cosas, han venido conmigo a la Junta, me han ayudado a recoger firmas”. “Todos mis vecinos están volcados conmigo”, según agrega, antes de sentenciar que mientras “la gente de la calle te da un trozo de pan, los políticos que gobiernan te lo quitan”.