Durante 14 años consecutivos el sistema eléctrico español fue alimentando un enorme agujero financiero. El permanente desfase entre los ingresos y los costes reconocidos (el famoso déficit de tarifa) fue engordando hasta alcanzar los 29.000 millones de euros. Pero en los últimos la situación se ha revertido y desde 2014 los ingresos del sistema eléctrico son mayores a los gastos, por lo que se ha ido acumulando un superávit.

En 2014 los ingresos del sistema superaron en 550,3 millones a todos los costes reconocidos. En 2015 fueron otros 469,3 millones. En 2016 se sumaron otros 421,4 millones más. A la espera de que se cierren de manera oficial las cuentas de 2017, de momento el superávit acumulado era de 1.441 millones de euros. Esto es, 1.441 millones de euros que todos los actores del sistema eléctrico han pagado de más en ese tiempo.

Ese dinero se guarda en una cuenta bancaria común y corriente del banco Santander (heredada de Popular tras su absorción), cuyo titular es la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Es una suerte de hucha de la luz en la que el dinero ha estado durante años inmovilizado a falta de que el Gobierno aprobara una norma que permitiera utilizarlos.

La vía para sacar dinero de la hucha

Ya el año pasado el Ejecutivo encontró la vía para empezar a gastarlo en indemnizaciones a las eléctricas. El Gobierno comandado por Mariano Rajoy ya incluyó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 una disposición adicional para poder utilizar esos fondos para hacer frente al pago de indemnizaciones a las eléctricas y a fondos de inversión si así lo determinan los tribunales y los centros de arbitraje internacionales.

Y así lo hizo. El Gobierno de Rajoy gastó un tercio de esa hucha de la luz al ordenar pagos a las grandes eléctricas por un importe conjunto de 516 millones de euros, según confirman a El Independiente fuentes conocedoras de unos movimientos que la CNMC -encargada de gestionar la cuenta bancaria en que se acumulan los superávit- y el propio Gobierno consideran información confidencial y sobre los que no facilita datos.

El Gobierno ordenó la devolución con cargo a esos superávit de esos 516 millones abonados por las grandes eléctricas para financiar el bono social de la luz de los ejercicios entre 2014 y 2016, después de que el Tribunal Supremo volviera a tumbar el sistema de financiación del programa contra la pobreza energética y que endosa a las compañías cubrir el presupuesto del mismo.

Tras los pagos, los fondos de la hucha de la luz pasaron de los 1.441 millones de euros acumulados hasta los 925 millones. Eso sin contar los intereses financieros que se hayan podido generar durante este periodo elevando el montante, pero se trata una información que tampoco es pública.

Pagar deuda eléctrica

En los PGE de 2018, elaborados por el equipo de Rajoy y posteriormente asumidos casi en su integridad por el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, se recoge de nuevo una disposición adicional habilitando al Ministerio para la Transición Ecológica para sacar dinero de la hucha y pagar eventuales indemnizaciones a las compañías eléctricas e inversores. Pero se incluye otro supuesto para hacer uso del supéravit.

En los Presupuestos se le concede un “carácter indefinido” a la posibilidad de los fondos sean utilizados para amortizar la deuda acumulada por el sistema eléctrico o para integrar parte de ese dinero al sistema como pagos periódicos en varios años, lo que tendría un efecto equivalente a los de una amortización de deuda.

Y es que el pago de esa deuda acumulada es el destino al que, según la Ley del Sector Eléctrico, debería dedicarse el superávit del sistema. Sólo este año los clientes asumirán a través de su recibo de la luz el pago de 2.822 millones de euros para pagar la deuda acumulada. El sistema eléctrico español acumulaba una deuda de aún 21.000 millones de euros al cierre del año 2017. La CNMC llevaba años insistiendo en la necesidad de que el Ejecutivo dedicara el superávit a reducir deuda.