Al drama de no tener empleo —251.918 gallegos al cierre de 2014— hay que sumarle otro casi tan doloroso: los que trabajan sin cobrar. Miles de asalariados de todo tipo de empresas gallegas se enfrentan al final de cada mes al dilema de si verán su nómina ingresada, toda o en parte. Los últimos años han generalizado los impagos o atrasos y se cuentan por decenas las compañías que adeudan más de tres sueldos a sus plantillas, mientras las extras o se han esfumado o son aplazadas. “Lo que empezó siendo una práctica menor al inicio de la crisis hoy es una tónica generalizada y continuada”, denuncia Lois Neto, secretario de Organización de la CIG en Lugo. Las empresas, sospecha este sindicato, usan la masa salarial para obtener liquidez porque el pago de los proveedores se ha ido más allá de los 90 días.

La CIG está tratando de hacer inventario de las firmas que adeudan dinero a sus empleados, pero no tiene una cifra cerrada, entre otras cosas, porque son muchos los que callan por por vergüenza. “Son miles, pero es una suma imposible porque donde no tenemos representantes ya ni lo sabemos y otras veces, nos enteramos de rebote”, explica Xan Xosé Bouzas, responsable de Industria de la CIG, una federación que agrupa a 40.000 trabajadores. La central, la primera en iniciar una campaña para denunciar atrasos e impagos que dejan a los asalariados en “absoluta indefensión”, calcula que solo en la provincia de Lugo hay más de un millar de afectados. Enumera, a bote pronto, una veintena de empresas, desde pequeñas constructoras a grandes cadenas hoteleras: Construcciones Mon, Aluminios Jucarma, EdiMeira, Ingemarga, Cefovial, Mafrilemos, Palacio de Sober o el grupo Pazos, que gestiona piscinas públicas.

Fausto Ojeda es uno de los siete empleados que quedan en Panadería Majufer, y que suman “cuatro meses de atrasos más la extra”. Cuenta que la panificadora de Pena da Mula (Lugo) funcionaba “de maravilla” hasta que cambió de manos. En 2013, ya asumieron un recorte de plantilla del 50% e hicieron “muchas horas de más sin cobrar”. “Ahora vemos que no ha servido de nada y estamos cabreadísimos. Esto es una patada en el culo”, dice Ojeda.

Los 22 empleados del Hotel Jorge I de Lugo habían convocado una huelga hoy para reclamar sus nóminas, pero la dirección optó por cerrarlo temporalmente, explica Iván, uno de ellos. Los atrasos comenzaron hace ahora un año, cuando el establecimiento cambió de dueños. El retraso pronto derivó en impago. “Al que más le deben, va por los seis meses, y al que menos, tres”, se lamenta. Explica que hay compañeros al borde del desahucio y parejas con hijos que han tenido que regresar con sus padres. La mayoría —salvo dos— han solicitado la rescisión de sus contratos, hartos de trabajar sin cobrar.

“Estamos lejos del final de una crisis que ha servido para normalizar la precariedad”, apunta Marcos Conde, secretario comarcal de la CIG en Pontevedra, que se refiere al caso de Enmacosa, una consultoría de ingeniería radicada en Sanxenxo que se declaró en concurso de acreedores y que adeuda unos seis meses de sueldo a una plantilla que rondaba los 200 empleados en sus buenos tiempos.

Las empresas que han hecho de los atrasos e impagos algo frecuente en los últimos dos años, cuando muchas firmas medianas de la construcción o la industria ya habían echado la reja, suelen ser microcompañías del sector servicios, pero también ocurre en grandes contratas de la Administración. Ganan los concurso públicos con ofertas a la baja, el Estado desembolsa cantidades millonarias, pero las firmas que gestionan el servicio atrancan los pagos a sus trabajadores. En este caso están unas 75 limpiadoras en Galicia de Cleanet, una empresa que tiene asignadas tareas en el Arsenal Militar de Ferrol, la Brilat de Figueirido (Pontevedra) y la Escuela Naval de Marín. La compañía catalana se llevó el concurso de Defensa por 12 millones de euros en 2013, pero las 54 empleadas ferrolanas, en huelga desde el 27 de octubre, cobraron su último sueldo en agosto, aunque el Ministerio sí pagó puntualmente a la contrata.

Algo similar les ocurre a los trabajadores de Linorsa, con 700 empleados en Galicia. Limpian, por ejemplo, en la sede del Parlamento gallego, la Delegación del Gobierno en Galicia, docenas de colegios y juzgados, las oficinas del Sergas, el aeropuerto de Alvedro, la estación de autobuses y el rectorado de la Universidad de A Coruña, y varios edificios públicos más en Pontevedra y Vigo. Son varias las administraciones e instituciones que han amenazado a Linorsa con rescindirle sus contratos —o han dado pasos en esa dirección— por los impagos reiterados que arrastran desde junio.

Los últimos en salir a la calle para reivindicar sus empleos y salarios pendientes, con una protesta el pasado viernes en la Alameda compostelana, fueron los 95 empleados despedidos de Regaki, la Rede Galega de Kioscos, con 37 puntos de venta repartidos por la comunidad y que depende de Cogami, una entidad sin ánimo de lucro, con cuantiosas subvenciones de la Xunta, para la integración laboral de las personas con discapacidad. Los trabajadores llevan dos meses sin cobrar, explica Carminha Naveira, delegada sindical, que cuenta el caso de mujeres que han tenido que dejar su vivienda para compartir piso. A la discapacidad muchos le suman enfermedades crónicas que tratan con fármacos caros y que dependen de un sueldo que normalmente no pasa de 620 euros mensuales, dice Naveira, que arremete contra un concurso de acreedores que considera “fraudulento” y contra los directivos del grupo Galega de Economía Social por su gestión.