La Secretaría de Estado de Seguridad ha hecho llegar a las comisarías por medio de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional una Instrucción en la que se ordena identificar y detener a quienes participen en actos de hostigamiento a políticos, un fenómeno conocido como escrache.

"Contra quienes ejercen actos de hostigamiento y acoso a miembros de Partidos Políticos, sedes de partidos, etc. Se procederá en primer lugar a identificar para sanción a quienes participen en estos actos, con arreglo a la Ley de Seguridad Ciudadana o bien, si se tratará de actos constitutivos de delito se procederá a la detención de dichas personas conforme a la legislación vigente", dice la Instrucción a la que ha tenido acceso Europa Press.

En esa misma nota de apenas un párrafo y firmada por la Dirección Adjunta Operativa que dirige Eugenio Pino "se ruega máxima difusión".

Vigilancia a los políticos

Además, los políticos que denuncien amenazas y acoso por los escraches podrán contar con vigilancia policial de forma temporal si se comprueba la existencia de esas coacciones, aunque de ningún modo los agentes actuarán como escolta.

Así lo han precisado fuentes de Interior, que aseguran que no se trata de poner escolta a esos cargos públicos, sino simplemente de proporcionar vigilancia para que puedan desarrollar su vida normal.

Algunos dirigentes del PP han denunciado amenazas y coacciones de los participantes en los escraches, término con el que se denominan en Argentina las manifestaciones organizadas ante las viviendas de personas relacionadas con la dictadura y que ahora ha recuperado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para presionar en la tramitación del proyecto de ley procedente de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la dación en pago. Dicha ILP, presentada por esta plataforma, reivindica la dación en pago y otras medidas anti desahucios.

Las mismas fuentes han dejado claro que cualquier servidor público, al igual que otro ciudadano normal, puede contar con esa vigilancia policial si denuncia que está siendo objeto de coacciones y amenazas que le impiden llevar a cabo su labor. De momento, se desconoce el número de dirigentes del PP que lo han denunciado, aunque fuentes del grupo parlamentario popular cifraron en ocho el número de diputados que han sufrido el escrache.

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, anunció recientemente que este cuerpo tomaría "todas las medidas necesarias" para que ningún ciudadano ni representante político sufra agresiones durante protestas ante sus trabajos o domicilios, ya que esto "pervierte el sistema democrático".

La polémica en torno al escrache se ha visto agudizada esta semana tras las declaraciones de varios miembros del PP, que acusaban a los miebros de la PAH de supuestas conexiones con Batasuna y la banda terrorista ETA, lo que ha generado numerosas críticas.