La victoria electoral de Mauricio Macri fue saludada por los poderes fácticos españoles con una ola de entusiasmo casi sin precedentes. Modernización económica, apertura política e intensificación de los intercambios comerciales fueron algunos de los lemas esgrimidos para elogiar las virtudes de un gobernante que parecía llamado a refundar la relación bilateral con España en una era de nueva prosperidad y progreso económico. Tanto el expresidente Mariano Rajoy como Albert Rivera fueron a Buenos Aires a visitarlo, reconociéndolo públicamente como uno de los principales referentes de la derecha española en el plano internacional. Macri fue incluso recibido con honores en una atípica visita de Estado en 2017, que el Grupo Confederal de UP-ECP-EM aprovechó para denunciar su programa económico neoliberal y los preocupantes episodios represivos que ya entonces había protagonizado su Gobierno.

Solo dos años y medio después, el balance de la gestión económica de Macri es sencillamente desastroso. Con el pretexto de liberalizar el sector de las exportaciones, acabar con el control de divisas, y favorecer la libre competencia y la iniciativa privada en todos los ámbitos de la economía, su Gobierno ha llevado a cabo un brutal ajuste económico que se ha traducido en gravísimas consecuencias para la población. La modificación del régimen cambiario del peso argentino, auténtica bandera del programa macrista que fue puesta en marcha en 2015, ha producido una depreciación de más del 252% de su valor. El salario mínimo ha pasado de ser el más alto de la región (589 dólares norteamericanos) a ocupar el octavo lugar, con 250 dólares, en 2018. Mientras tanto, el coste de los alimentos y productos básicos ha aumentado en más de un 120%, los servicios esenciales (gas, luz, agua) más del 1000%, se han producido unos 300.000 despidos tanto del sector privado como público, el paro casi se ha duplicado y la deuda externa del país se ha incrementado en más de 200.000 millones de dólares, provocando el retorno del FMI a la dirección de las políticas económicas del país. Además de traer un tenebroso recuerdo de las intervenciones previas a la crisis de 2001, esta decisión le ha valido al presidente incluso una imputación judicial.

La realidad es que no hay lugar para la sorpresa. Macri se ha limitado a aplicar con brutalidad las mismas fórmulas económicas que hundieron el país en el pasado. Para corregir los desequilibrios macroeconómicos existentes ha aplicado la enésima versión del Consenso de Washington, lo que lejos de estabilizar la economía ha incrementado sus desequilibrios internos y externos. Esas medidas de austeridad han actuado de manera procíclica, retroalimentando los problemas internos y empujando la economía en su conjunto a una grave crisis. Los resultados resultan familiares: el desmantelamiento de los sistemas de protección social, con el consiguiente aumento de la carga de cuidados para las familias y el incremento de las desigualdades de género; la privatización de servicios públicos esenciales; la sujeción de la economía real al sistema financiero, que produce un aumento desaforado de la desigualdad y de la deuda; en definitiva, la ausencia de un proyecto de vertebración social y la insostenibilidad de la vida misma. El neoliberalismo siempre se viste de modernidad y siempre acaba produciendo los mismos resultados.

Es especialmente preocupante que, ante la grave crisis que vive el país, la respuesta del gobierno de Macri haya consistido en reprimir a quienes se manifiestan y en desatar una persecución político-judicial de sus opositores de forma arbitraria y repleta de irregularidades. Como en los casos de Brasil o Ecuador, esta utilización de la judicatura no tiene nada que ver con la legítima y necesaria lucha contra la corrupción en el servicio público, y sí con la neutralización de los adversarios políticos mediante el uso espurio y autoritario de los aparatos del Estado. Por eso hoy queremos enviar todo nuestro apoyo a las fuerzas vivas de la sociedad argentina que resisten ejemplarmente en la defensa de sus derechos: a las mujeres que tiñen de verde las calles para defender su vida y su capacidad de decidir sobre sí mismas, a los sindicatos combativos y los colectivos de estudiantes que defienden la enseñanza pública, al personal investigador y científico, a los movimientos sociales, a los organismos de Derechos Humanos que se niegan a ceder el terreno ganado en las políticas de verdad, justicia y reparación de los atroces crímenes cometidos durante la dictadura. Frente a quienes están devolviendo el país a las horas más oscuras de su pasado reciente, es más necesario que nunca que en Argentina se articule de nuevo un proyecto democrático para defender la justicia social, las políticas de progreso, redistribución y reindustrialización, y un horizonte económico y social que defienda la soberanía del país por encima de los dogmas ideológicos del proyecto neoliberal.