La presidenta de la Comisión de Garantías de Podemos, Olga Jiménez, elegida por las bases en el congreso de Vistalegre 2, ha sido despojada de sus funciones al frente del órgano disciplinario del partido, según ha informado Podemos a través de un comunicado. Los tres miembros de la comisión que la denunciaron tras promover esta un dictamen contrario a los nuevos estatutos del partido han confirmado su suspensión como presidenta en un pleno en el que solo han votado a favor los tres denunciantes. Así lo ha comunicado el partido este jueves a través de una nota oficial en la que informa de que se desposee de sus funciones a la presidenta electa de la comisión y se declaran ilegales todas sus actuaciones. Jiménez, sin embargo, entiende inválido ese pleno y se considera en total uso de sus funciones como presidenta.

"La Comisión de Garantías Democráticas Estatal de Podemos, reunida ayer miércoles 6 de septiembre en un pleno celebrado de forma telemática, ha acordado por votación mayoritaria de sus miembros titulares ratificar y convalidar la resolución plenaria con la cual se solicitó la apertura de expediente disciplinario a Olga Jiménez", dice el comunicado difundido por el servicio de prensa del partido. Ese pleno estuvo formado por cuatro miembros titulares de la comisión, tres de los cuales fueron quienes denunciaron a Jiménez, así como por otros "miembros suplentes", pero que no votaron. La presidenta no asistió al pleno al no reconocerlo (con el argumento de que solo ella puede convocarlo). La decisión salió adelante con tres votos a favor —los de los tres miembros que presentaron la denuncia contra Jiménez por "excederse de sus funciones"— y una abstención.

La comisión de garantías está formada por cinco titulares y cinco suplentes. La presidenta electa mantiene que los suplentes tienen también derecho a voto porque así lo decidió la propia comisión cuando fue constituida (por una decisión tomada con el voto también de los suplentes, como funcionó siempre la comisión anterior). Los nuevos estatutos de Podemos, en el origen de todo el conflicto en el órgano disciplinario, establecen que solo tienen derecho a voto los titulares. Pero hay dudas de si son efectivos porque fueron anulados en parte por la comisión bajo el mandato de Jiménez y porque han sido denunciados en los tribunales por una corriente del partido.

Ese pleno con el voto de los tres denunciantes decidió además "dejar sin efectos, por inexistentes e ilegales, todas las actuaciones, instrucciones, nombramientos o comunicación que a nombre de la CGDE [Comisión de garantías] hubiere realizado la suspendida Olga Jiménez, utilizando a suplentes para subrogarse y usurpar unas responsabilidades de las cuales fue relevada temporalmente y que sólo competen al pleno de titulares".

La presidenta electa niega a cambio la validez de ese pleno celebrado y se considera en total uso de sus competencias. "Las decisiones de dicho pretendido pleno carecen de validez, al no estar convocado en forma y constituir una usurpación de funciones. Esta presidencia no ha convocado ningún pleno para el 6 de septiembre, por tanto dicho supuesto pleno es nulo", señala Jiménez en otro comunicado, en el que destaca su "sorpresa" por "la existencia de una nota de prensa distribuida por los propios medios del partido".

Jiménez argumenta que no puede ser apartada porque "no existe ninguna norma que permita apartar de sus funciones a la Presidenta democráticamente elegida, excepto el revocatorio por la Asamblea Ciudadana".

En ese "pleno ilegítimo", incide la presidenta apartada, "varios miembros habrían cometido infracciones a la normativa de Podemos. Además, existen serias dudas en cuanto al quórum del mismo, pues no constan los miembros que acudieron ni sus circunstancias, celebrándose sin la presencia de la Presidenta (que a todos los efectos es miembro de la comisión)".

El origen del conflicto son los estatutos aprobados en verano que modificaron normativa clave del partido sin votación de las bases, y contra los que se levantó la presidenta de la comisión de garantías estatal y la mayoría de las comisiones autonómicas. Representes de 11 de las 16 comisiones de garantías autonómicas declararon "nulos de pleno derecho los nuevos estatutos del partido". Entre otras medidas, los nuevos estatutos crean un nuevo régimen disciplinario que castiga férreamente las filtraciones a la prensa de asuntos internos del partido.

Apenas 13 días después de que Jiménez promoviera en el seno de la comisión que presidía un dictamen contrario a la nueva norma de la ejecutiva de Iglesias, esa misma ejecutiva le abrió un expediente disciplinario, tras una denuncia de otros tres miembros de la comisión. Como contó EL PAÍS, el expediente contra Jiménez fue tramitado sin garantías procesales, ya que Jiménez no conocía los hechos de los que se le acusaban y fueron los tres denunciantes los que decidieron tramitarlo. Esos mismos denunciantes han decidido ahora confirmar su suspensión y despojarla de sus funciones. Pero Jiménez se niega a acatar la suspensión.

El líder de Podemos se ha alineado contra la presidenta electa que cuestionó sus estatutos. Pablo Iglesias avanzó esta mañana en una entrevista en la Cadena SER que "la comisión" había difundido un comunicado que zanjaba el conflicto. "Queda claro que en la comisión de garantías toman las decisiones sus miembros titulares", afirmó.