Hacienda lo confirma: en el pago de las obras de reforma de la sede nacional del PP hubo delitos fiscales. Así lo recoge el "informe definitivo" que la Agencia Tributaria ha entregado recientemente al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, y cuyas conclusiones han llevado al magistrado a ofrecer a la propia AEAT a que se persone en la causa a través de la Abogacía del Estado como perjudicada. En una providencia dictada este lunes, Ruz destaca que dicho informe revela la existencia de, al menos, "uno o más delitos contra la Hacienda Pública" por parte de Unificia Servicios Integrales SL, el estudio de arquitectura que se encargó de los trabajos y cuyo propietario, Gonzalo Urquijo, se encuentra imputado en la causa.

Ruz solicitó en octubre el "informe definitivo" sobre los pagos en 'negro' de la remodelación de la sede. Ante el retraso, hace tres semanas se lo reclamó con urgencia a Hacienda

El juez había reclamado dicho informe a los expertos de Hacienda el pasado 24 de octubre. Quería que éstos procedieran "a formular propuestas de liquidación por el impuesto sobre sociedad e IVA de la referida mercantil [Unifica] para el caso de determinarse cuotas presuntamente defraudadas correspondientes a los distintos ejercicios fiscales afectados por las referidas obras de reforma [2006 a 2009]". Un análisis que, además, pidió que se extendiera a "la totalidad de las operaciones efectuadas con terceros en los referidos ejercicios". El magistrado recalcaba en aquel escrito que la Agencia Tributaria se abstuviera de hacer "consideraciones relativas a los efectos del transcurso del tiempo", en referencia a la posible prescripción de dichos delitos, ya que consideraba que dicha "valoración" correspondía hacerla a él "una vez sea presentada el informe ante el Juzgado".

Diez días después, Hacienda presentaba en la Audiencia Nacional un escrito para que el Juzgado reclamase a quince clientes de Unifica las facturas por los trabajos que para ellos había hecho el estudio de arquitectura entre los años 2007 y 2009. Así lo hizo el magistrado el 14 de noviembre, en un auto en el que daba a dichas empresas el plazo "improrrogable" de cinco días para que remitieran dicha documentación. La mayoría así lo hizo, salvo dos de ellas, los bancos Sabadell e Inversis, a los que el juez tuvo que reclamar de nuevo la información el pasado 2 de diciembre. Finalmente, hace tres semanas el magistrado dictaba una nueva providencia en la que metía prisa a Hacienda para "la confección del informe definitivo" sobre el supuesto fraude fiscal cometido por el estudio de arquitectura.

Más de 1,7 millones 'en negro'

Dicha petición era consecuencia del informe que la propìa Agencia Tributaria había presentado el pasado 17 de octubre y en el que, tras cotejar la documentación incautada al partido en el registro de su sede nacional el 19 de diciembre de 2013 con las facturas y los libros de contabilidad intervenidas en la sede de Unifica el 22 de noviembre del mismo año, concluía que el PP supuestamente pagó en dinero negro 750.095 euroscorrespondientes a las obras de reforma y acondicionamiento de la planta baja de su sede central en Madrid. Dicha cantidad, abonada en 2006, se sumaba a los 960.347 euros abonados también supuestamente en 'B' desde 2008 al mismo estudio de arquitectura por la remodelación de las plantas segunda, tercera, cuarta y quinta del inmueble, y que ya se conocían en el sumario. En total, el dinero presuntamente pagado en fondos opacos por las reformas de la sede se elevaba así a los 1,71 millones de euros.

Ahora, en la providencia conocida hoy, el juez cita tanto a los autores del informe de octubre como al que ha llegado ahora a su mesa. Los mismos han sido citados para la próxima semana, en concreto el 9 y el 11 de febrero, para que ratifiquen ante él los informes que apuntan a la existencia de pagos en negro y los consiguientes delitos fiscales. Para esos días, a Pablo Ruz le quedará poco más de un mes al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5.