MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Jesús Murillo Karam, negó el derecho a la reparación del daño causado a Jacinta Francisco Marcial, Alberta Teresa Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes en 2006 fueron acusadas de secuestrar a seis agentes federales fuertemente armados, hechos por los que las indígenas permanecieron entre cuatro y cinco años en prisión.

El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa legalmente a las mujeres ñha-ñhu, informó este miércoles en un comunicado que tras iniciar un proceso legal para exigir se resarciera a las indígenas por haber sido sometidas a un juicio por delitos que nunca cometieron, la PGR desconoció el derecho a la reparación de esos abusos.

Para la organización no gubernamental, la respuesta de la dependencia “no abona a la construcción de mecanismos idóneos y eficaces para brindar justicia y reparación a las personas que han sido víctima de violaciones graves a sus derechos humanos ocasionados por organismos del Estado”.

En marzo de 2006, las indígenas fueron arrestadas por los cargos de privación ilegal de la libertad de seis miembros de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), quienes participaban en un operativo contra la venta de productos pirata en Santiago Mexquititlán, Querétaro.

Aparte, Alberta y Teresa fueron acusadas de delitos contra la salud.

Las mujeres fueron sentenciadas en primera y segunda instancia a 21 años de prisión, pero el 21 de julio de 2009 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la PGR en la que se daba cuenta de las graves violaciones al debido proceso.

Sin embargo, la recomendación no fue admitida por el entonces procurador Arturo Chávez.

Después de una fuerte presión de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, Jacinta fue liberada en septiembre de 2009; mientras el destino de las otras dos mujeres estuvo en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que atrajo el caso en marzo de 2010 y el 28 de abril de ese año ordenó la liberación inmediata de ambas indígenas.

El Centro Prodh recordó que en septiembre de 2010, un año después de salir de prisión, Jacinta interpuso su recurso de reclamación, en tanto que Alberta y Teresa hicieron lo propio en abril de 2011.

La organización no gubernamental resaltó que la PGR ha revictimizado a las indígenas, ya que no ha reconocido públicamente su inocencia, ello a pesar de que en el caso de Jacinta la dependencia “presentó conclusiones no acusatorias en cuanto al supuesto secuestro de los agentes del orden”.

Peor aún, añadió el Centro Prodh, se ha negado el derecho a la reparación pese a que “las instancias federales que estudiaron el caso reconocieron que durante el juicio que se siguió a Jacinta, Alberta y Teresa se utilizaron falsos testimonios de los policías, se detectaron múltiples contradicciones entre los testimonios de los agentes federales y frente a otros testigos, aparte de que se consignó la averiguación previa sin tener los suficientes elementos de prueba”.

El Centro Prodh acusó a las nuevas autoridades de la PGR, encabezadas por Jesús Murillo Karam, de negarse a “responder a tres mujeres que han sido víctimas de criminalización debido a su adscripción étnica y a quienes se les intentó juzgar por un delito que no cometieron”.

Después de señalar que el Centro Prodh seguirá representando jurídicamente a Jacinta, Alberta y Teresa, la ONG explicó que “la petición de reparación de daños interpuesta por las mujeres ñha-ñhu tiene como base jurídica la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado”.

El reclamo busca que a las tres mujeres les “sean resarcidos los daños económicos y psicológicos ocasionados por el actuar irregular de la PGR”, irregularidades que fueron expuestas por la CNDH y la Suprema Corte, y “aceptadas tácitamente por la propia PGR al desistirse de su acusación contra Jacinta”.