En un momento en el que aumenta la cantidad de municipios que retiran la financiación pública a los festejos taurinos, parece extraño que puedan existir casos en los que la tauromaquia suponga una parte demasiado suculenta en los presupuestos de un consistorio, pero siempre hay excepciones.

Es el caso del municipio de Maranchón, un pequeño pueblo de 247 habitantes situado al norte de la provincia de Guadalajara que basa su economía en la energía eólica. El consistorio, gobernado por el Partido Popular, destacó el año pasado por ser el segundo pueblo de España que más gastó en actividades taurinas, con una inversión próxima a los 1.000 euros por habitante.

En total, el pequeño Consistorio despilfarró unos 200.000€ en una corrida de toros que tuvo a matadores como Manuel Díaz “El Cordobés”, Emilio Huertas o Iván Fandiño, además de contar con la presencia de los alguacilillos del coso de Las Ventas de Madrid, Carmelo Caballero y Álvaro López.

El evento, que se celebró el pasado 22 de agosto, contó con la presencia de 1.500 espectadores. En palabras del alcalde del PP, José Luis Sastre, se cumplía el centenario de la plaza de toros de la localidad, algo que, según el ‘popular’, merecía un “buen cartel”. Pero para algunos sectores de la oposición política y de la sociedad, el evento carecía de justificación alguna.

Entre otras, han destacado las palabras a la prensa del portavoz del PSOE en Maranchón, Alejandro Atance, que ha asegurado que el gasto realizado en las fiestas ha sido “excesivo”. Además, el portavoz socialista ha expresado que dicha inversión se podría haber empleado en materia social para los más necesitados, becas, o para otro tipo de eventos culturales, puesto que además de los 200.000 euros gastados en esta corrida de toros, el Consistorio destinó otros 153.000 euros en diversas actividades de carácter festivo, mientras la partida presupuestaria correspondiente a la protección social no superó en 81.577 euros.

Para concluir, Atance ha denunciado que el contrato para celebrar la corrida de toros se firmó con una empresa directamente, sin hacer un concurso previo, antes de las elecciones de mayo de 2015.