Fueron diez días sin agua y Osorno estuvo al borde del colapso sanitario. Millones y millones en pérdidas. Hoteles, restoranes, clínicas, farmacias, panaderías, carnicerías, bares, cafés y los hogares de quienes no podían abandonar la ciudad para bañarse o lavar la ropa. Respuestas poco claras de la empresa que agudizaron la crisis, que golpeó con fuerza el capital simbólico y político de La Moneda. En los próximos días, el Presidente Sebastián Piñera debe recibir el informe de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. En el documento debe estar representada la conducta de la empresa de capitales franceses que tuvo en vilo a los osorninos por una semana y tres días. Cuando ese documento llegue al escritorio del Jefe de Estado, este último tendrá que tomar una decisión -acaso histórica- de ponerle coto a una empresa que jugó con un elemento vital para el cuerpo, para la vida. Y no de cualquiera, sino de chilenos.

Los días contados podría tener la sanitaria ESSAL si es que el Presidente Sebastián Piñera así lo resuelve. Para llegar a esa decisión el Mandatario deberá esperar el informe que evacúe la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), que de ser concluyente, dejaría en sus manos la continuidad de la concesión que explota la empresa.

Así lo estipula de forma expresa la Ley General de Servicios Sanitarios, donde se establecen los pasos a seguir cuando una compañía de agua potable comete -entre otros- hechos como los ocurridos en Osorno.

El cuerpo normativo está sobre la mesa del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y en La Moneda, porque la decisión que adopte el Ejecutivo, podría derivar en el nombramiento de un administrador provisional. La figura que estipula la legislación, implica que un tercero debe hacerse cargo de la empresa mientras se solucionan los problemas que dejó por variados incumplimientos y se resuelve su continuidad. Esta podría quedar o en manos del Estado o bien de otro privado.

En Palacio se observa que si el Presidente resuelve bajar la persiana a esta empresa, podría convertirse en un salvavidas para su administración y provocar un aumento en su desgastada popularidad.

¡Go home!

“¡ESSAL fuera de Osorno!”. Así resonaba uno de los gritos que las más de 150 mil personas que habitan la segunda ciudad más grande de la Región de Los Lagos, vociferaban pacíficamente como un mantra. Lo hacían después de estar 10 días sin agua potable, debido -según las autoridades- al actuar negligente de la sanitaria que vertió 1.100 litros de petróleo a los ductos de la planta de Caipulli. Es decir, la que produce y distribuye el vital elemento en la zona.

Que la gente marchara de manera coordinada, con pancartas, pacíficamente, exigiendo una solución, tuvo su inicio en la falta de un discurso claro respecto de cuándo terminaría la -a estas alturas- catástrofe sanitaria. Nadie previó que con el pasar de los días se transformaría en una cadena de errores.

Al comienzo las autoridades informaron que la reposición demoraría 48 horas. Pero eso nunca ocurrió, porque se extendió por 10 días, desatando una crisis que afectó al sector productivo. Restoranes, carnicerías, panaderías, cafés, bares, hoteles. Y no solo eso: también al sistema de atención primaria, hospitales y una larga lista de “víctimas” de una situación que pudo evitarse si se hubieran cumplido los protocolos.

Por esta razón, lo que pudo ser un corte más, terminó en una crisis que creció a pasos agigantados. Y que llevó, incluso, a que Piñera viajara a la región el miércoles pasado y se comprometiera con la ciudadanía que todo volvería a la normalidad. Pero las palabras no hacen magia y el Mandatario no pudo cumplir. El agua no llegaba.

Basta imaginar lo que ocurrió en los hogares de familias más humildes, los que tienen menos ingresos, que difícilmente podían salir de la comuna para situaciones básicas como ducharse o lavar la ropa.

El grito de auxilio de los osorninos demoró en llegar a Santiago. Son muchos kilómetros los que tuvo que recorrer. Más de 928, si se aprecia el mapa de Chile. Y solo esta semana retumbó con fuerza en La Moneda, cuando se llevó a cabo una reunión clave entre el Presidente y el titular del MOP, Alfredo Moreno, para analizar los pasos a seguir y definir el futuro de la sanitaria ESSAL, que está pendiendo de un hilo.

Virtudes clásicas

De acuerdo a la Ley General de Servicios Sanitarios del Ministerio de Obras Públicas dictada en 1988, el Jefe de Estado tiene la facultad de resolver sobre situaciones como la ocurrida en la Región de Los Lagos.

El artículo 26 es claro: “El Presidente de la República, en base a un informe técnico elaborado por la entidad normativa, podrá declarar caducada las concesiones que se encuentren en explotación”.

Entre los aspectos que considera la legislación para que el Mandatario pueda adoptar una decisión de este tipo, está que la empresa no cumpla “las exigencias establecidas” y si las condiciones del servicio violan el articulado contenido en el decreto de concesión.

No es lo único. Si la firma no cumple con el plan de desarrollo o modernización de la infraestructura, es otro de los elementos a los que puede echar mano el Gobierno para caducar el permiso de operaciones. En otras palabras, la autoridad debe ponderar la gravedad de lo ocurrido, las consecuencias que trajo a la ciudadanía, como también si existió una conducta reiterada en el tiempo.

Ahora bien, si se configuran las causales que le otorgan gravedad al desempeño de la empresa, lo que viene es caducar la concesión. Ocurrido aquello, el artículo 27 de la misma ley establece el nombramiento de un administrador provisional.

La determinación que adopte la autoridad puede ser recurrida ante los tribunales civiles. Es sabido que en esa sede los tiempos exceden con creces los de un gobierno que busca resolver un problema ciudadano y convertirlo en una oportunidad.

De hecho, ESSAL contrató los servicios de Juan Ignacio Piña, expresidente del Consejo de Defensa del Estado y exmiembro del equipo que defiende a Chile por la demanda boliviana por las aguas del Silala. El patrocinio que asumió el abogado, dicen en los pasillos judiciales es sinónimo de que la pelea jurídica será larga y desgastante. Una multinacional no se rinde así de fácil.

Sin embargo, el Ejecutivo podría tener el sartén por el mango. La autoridad reguladora deberá estampar en el informe que recibirá Piñera en su escritorio -en las próximas semanas- varios elementos. Primero, los diez días sin agua que enfrentó la población. Luego cómo afectó ello también a los sectores productivos, la falta de respuestas claras de la firma y sobre todo, que desde 2014 ESSAL ha acumulado 85 procesos sancionatorios, pagando más de 3.500 millones de pesos.

Pareciera sencillo, pero en Palacio enfrentan también otro problema: ¿qué caducar a ESSAL? ¿la concesión de Osorno o todas las que tiene en el país, por ejemplo en Puerto Montt y Chiloé?

Cuerdas separadas

En paralelo a lo político y técnico está la investigación que sustancia el Ministerio Público de Osorno. A través de ella se busca establecer las responsabilidades penales tras el vertimiento de 1.100 litros de petróleo al sistema de agua potable de la ciudad. La indagatoria podría acreditar que la manipulación de un operario es una conducta que puede ser sancionada por el sistema judicial, pero existe otra: la de ESSAL.

El exintendente de Los Lagos y exfiscal del Ministerio Público, Leonardo de la Prida, apunta a que la Ley de Pesca -en su artículo 136- dota al organismo perseguidor de un mayor poder de acción para perseguir a la firma y a sus máximos ejecutivos.

La reciente modificación a la Ley de Responsabilidad de la Persona Jurídica otorga una penalidad mayor cuando se trata de una conducta dolosa y no solamente culposa.

“La conducta dolosa comprende no sólo la conducta con intención, sino también cuando la negligencia ha sido tan grosera que se sanciona como dolo o mala intención (…) y en eso es posible formalizar o buscar una sanción penal mayor para la empresa ESSAL”, explicó.

No alcanza la aspirina

Otro elemento que tiene dentro de su análisis la autoridad política está la contaminación -ya acreditada- que provocó ESSAL a los lagos de la zona.

De hecho, por estos días debe conocerse el fallo del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, a raíz del proceso que se inició por una demanda interpuesta por la Municipalidad de Puerto Varas. En ella acusaron que la empresa vertió -en 2017- aguas servidas en el lago Llanquihue.

Los registros indican que en junio de 2018, la sanitaria fue multada por la superintendencia del ramo con 400 millones de pesos por estos hechos.

No es lo único. La sede edilicia ha dicho a quien la escuche, que falta de inversión en materia de agua potable. La ecuación es simple: hay aumento de población, pero carecen de nuevas plantas para el tratamiento de aguas servidas.

La Región de los Lagos tampoco se ha salvado de las malas prácticas de la compañía. Tanto es así que la Fiscalía formalizó y acusó con miras a un juicio oral, al otrora gerente de la sanitaria, Hernán König, y la entonces ejecutiva de ESSAL, Paula Hormazábal.

Hoy ambos directivos están desvinculados, pero son sindicados por el organismo perseguidor por su responsabilidad en la contaminación del río Clavito, ubicado en la comuna de Los Muermos, que significó la muerte de animales que bebían el agua del caudal, sumado al impacto en la flora y fauna.

Los inicios

ESSAL fue constituida en mayo de 1990. Las operaciones de la empresa comprenden la Región de Los Lagos, pero al crearse la de Los Ríos una parte de la sanitaria también quedó operando en la zona.

El 10 de julio de 2008 hubo un cambio. Aguas Andinas -presente en la Región Metropolitana- tomó posesión de ESSAL a través de una Oferta Pública de Acciones (OPA), al comprar el 53,6% de Iberdrola Energía de Chile, sumado a las acciones minoritarias.

Actualmente el directorio de ESSAL está conformado por siete integrantes, presidido por el abogado Guillermo Pickering, cargo al que llega de forma automática al presidir la empresa madre que es Aguas Andinas.

Pickering en el ambiente político es reconocido. No sólo fue subsecretario del Interior de Eduardo Frei Ruíz–Tagle, sino que en 2009 conformó el llamado “grupo de los Océanos Azules”. El mismo que sustentó a la nueva aventura presidencial del DC que terminó truncada por el triunfo de Sebastián Piñera en 2009.

Pero Pickering, también es reconocido por sus habilidades como lobbista de las sanitarias en Chile.

El profesional fue miembro del directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, director de la corredora de bolsa del Banco Estado, subsecretario del MOP y director de Metro de Santiago. Desde el trampolín de su último cargo público, saltó a las asesorías técnicas y políticas de grandes empresas, principalmente en el rubro sanitario y de las telecomunicaciones.

En el ambiente privado, Pickering fue presidente ejecutivo de la Asociación de Grandes Proveedores Industriales de la Minería; doble consejero sectorial de la Sofofa, ya que fungía también como presidente de la Asociación de Telefonía Móvil (ATELMO) que agrupa a las principales compañías del sector. Tuvo el mismo cargo de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (ANDESS), que agrupa a las 19 dueñas del agua de Chile, principalmente trasnacionales y algunas sanitarias privatizadas que fueron del Estado hasta el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. El que cambió todo.

El impacto de la crisis en los osorninos aún está por escribirse. Y resulta difícil que los números, las estadísticas, los estudios y apreciaciones políticas, logren explicar el alcance de los diez días en que una ciudad pudo estar al borde del colapso sanitario.

Si el olfato de La Moneda apunta al norte, todo indica que la concesión de ESSAL -al menos en Osorno- tiene sus días contados.

Sin embargo, en política todo se escribe día a día. Nada está dicho. Las presiones y “orejeos” de pasillo, amigos, empresarios y lobbistas podrían dirigir la veleta de la decisión presidencial a un lugar que por ahora no es fácil prever.

Lo único claro es que Piñera tiene la oportunidad -acaso histórica- de ponerle coto a una empresa que jugó con un elemento vital para el cuerpo… para la vida.