Nos aproximamos a un largo periodo electoral en el que las proclamas y dogmas económicos van a inundar las redes sociales, artículos y mítines políticos. La desinformación y el desconocimiento en temas como la fiscalidad, el empleo o las regulaciones son la herramienta de aquellos que intentan colar sus políticas, o simplemente descalificar al contrario. Para entender, argumentar y debatir con sencillez esos mantras, necesitamos armarnos con explicaciones igual de sencillas que desmonten cualquier tipo de bulo.



¡La subida del salario mínimo a 900 euros hundirá la economía!

Lo primero que tenemos que preguntar a quien repite ese mantra es si cobra el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Si lo hace desde el atril de un mitin o desde la tribuna de un gran medio, seguramente no. De hecho, no mucha gente lo cobra porque no hay muchas empresas que paguen el SMI. La mayoría debe pagar los salarios mínimos que marcan los convenios sectoriales. Solo pagan ese mínimo legal sectores sin convenio o en los que las tablas salariales son iguales al SMI. Según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), esta subida afectará a 1,2 millones de personas, un 6,2% del total de asalariados, que tenían su sueldo entre el anterior mínimo y el actual, incrementando la masa salarial en 700 millones de euros.

Pero más allá de desmontar que esa subida pueda afectar a esas empresas que supuestamente no son capaces de generar unos 200 euros de beneficio más por trabajador, lo que tampoco podemos creer en una economía como la española es que pueda afectar tanto como intentan mostrar. El peso de las exportaciones en el PIB español es del 22,4% en 2018, tras incrementarse en los tres últimos años. Pero todavía no nos encontramos entre las economías exportadoras del mundo: seguimos en el puesto 83 del ránking de 190 países. Todo esto significa que nuestra economía se sigue apoyando en el consumo interno y en empresas, en su mayoría pymes, que obtienen su beneficio del consumo interno, es decir, del dinero que la gente de este país tiene en sus bolsillos.

También habrá quien muestre la reducción en las previsiones de incremento del PIB para 2019 como un efecto de esa subida. Pero las previsiones se han reducido en países como Alemania, Italia o el conjunto de la Unión Europea, y no parece que Merkel o Juncker hayan bajado sus expectativas por culpa de un “PSOE podemizado”.



¡El Impuesto de Sucesiones nos afecta a todos!



En Andalucía ya lo han conseguido. Han movido por redes noticias en las que un pobre hombre se arruinó al no poder pagar el impuesto de la herencia del hotel que le dejó su padre, sin explicar que el negocio arrastraba una enorme deuda y fue el verdadero causante de su ruina, y han convencido a gran parte de la población de que es un impuesto maligno. Pero la realidad es que en Andalucía, como en muchas otras comunidades autónomas, el Impuesto de Sucesiones tenía una exención para que no afectara a las herencias en la población con menos recursos, hasta el primer millón de euros en el caso de Andalucía. Por lo que la eliminación de dicho impuesto, como ocurre en la Comunidad de Madrid gracias al Partido Popular, solo beneficia a aquellas personas de gran patrimonio, en detrimento de un sistema fiscal redistributivo en el que paguen más los que más tienen. En resumen, los ricos se librarán de pagar un impuesto que las rentas bajas no pagan. Esta medida la llevan en sus programas los tres partidos de derechas.

¡El mercado del alquiler se regulará solo!



París, Berlín, San Francisco, Viena o Nueva York, entre muchos otros, han regulado el alquiler, y no son gobiernos comunistas ni mucho menos. Los argumentos en contra de la regulación son varios, pero todos igual de falsos o con el objetivo de proteger a los grandes propietarios, fondos de inversión y a la industria inmobiliaria en general. El cuento de “la mano invisible” de los mercados que regula los precios mediante el equilibrio entre la oferta y la demanda es un mito que, si ya es difícil de creer en otros sectores, en el del alquiler de un bien básico y necesario como un techo bajo el que dormir y para el que la oferta está en su mayoría en manos de grandes tenedores es, sin duda, un mantra liberal difícil de creer.



Repetirán mucho eso dePero la máxima capitalista es obtener el mayor beneficio posible. Decir que, por poner una limitación al precio, el propietario no va a poner su vivienda en alquiler y pasar a no ganar nada, o incluso perder dinero, es una falacia que va contra toda lógica de mercado. Refunfuñarán y se quejarán, pero al final pondrán las propiedades en alquiler ganando un poco menos, alquilar será más barato y habrá unos mínimos de control público para intentar frenar una —más que evidente— burbuja del alquiler.

¡Las feministas viven de subvenciones!



Pensar que las cientos de miles de mujeres que salieron a las calles en la huelga feminista del 8 de marzo “viven de subvenciones” es ya en sí una afirmación falsa que ni el más desinformado de los votantes podría llegar a creerse. Pero aun así, ese mantra resuena en redes sociales de ciertos partidos políticos que lo afirman sin ningún rubor.

Lo primero que sorprende es ver a qué se le llama “dictadura del género subvencionada”: organizaciones que atienden y ofrecen ayuda psicológica, legal y dan cobijo a mujeres que han sufrido una violación, centros de atención a mujeres que sufren maltrato e incluso servicios de atención a hijos e hijas de víctimas de violencia de género.

Pero viendo en cifras lo que llaman “chiringuito feminista” también parece ridículo. Según un reportaje publicado en El País, la Junta de Andalucía, principal punto de mira de estos bulos en la campaña electoral andaluza, destinó 33,5 millones a subvenciones para temas relacionados con las mujeres a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) entre 2016 y 2018. Solo el 29,1% del total, 9,7 millones de euros, lo recibieron asociaciones de mujeres. Según el IAM, solo 323 de las 2.700 asociaciones de mujeres que hay, un 12%, han recibido ayudas de la Junta.

¡El sistema de pensiones es insostenible!



Que el actual sistema de pensiones esté en peligro debido al aumento de la carga que supone para los Presupuestos Generales del Estado por diversos factores relacionados con la mecanización del trabajo o el envejecimiento de la población es cierto. Lo que es falso es que no haya soluciones más allá de congelar las pensiones, subir los impuestos a las rentas o aumentar la natalidad.

El sistema de pensiones español se nutre de una sola fuente: las cotizaciones sociales de los trabajadores. Solo ocho de los 28 Estados de la Unión Europea utilizan esta metodología. El resto usa otras fuentes de ingresos como el Impuesto de Sociedades u otros tributos. De hecho, según Eurostat, el peso de las pensiones por jubilación en referencia a nuestro PIB es de 2,3 puntos porcentuales menos que la media de la eurozona, por lo que el sistema de pensiones es totalmente sostenible. Lo que no es sostenible es tener políticos que no tienen voluntad de hacer que sean las empresas, y no solo los trabajadores, las que soporten ese peso.

¡En España sobran funcionarios!



Los interesados en adelgazar la administración pública para abrir más campo al sector privado van a repetir mucho este mantra. Pero la realidad y los datos de países vecinos desmienten totalmente dicha afirmación. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en España hay algo más de tres millones de empleados públicos, incluyendo el medio millón de personas que trabajan en empresas públicas, pero que no son realmente funcionarias, lo que supone alrededor del 15,7% del empleo total. Este porcentaje se encuentra entre los más bajos de los países desarrollados: la media de la OCDE supera el 18%. De hecho, en el país que siempre ha tenido el liberalismo económico por bandera, los Estados Unidos, este porcentaje es del 15,3%, tan solo cuatro décimas menos que en el Estado español. Algunos países nórdicos, que casualmente han capeado mucho mejor las crisis financieras o inmobiliarias al no desplomarse tanto el empleo, como Dinamarca, Suecia, Noruega o Finlandia, se acercan al 30%. En España no parece que sobren funcionarios, puede que sobren algunos políticos.

¡Es insostenible nuestro Estado de bienestar si vienen más inmigrantes!



Esconder el racismo bajo premisas económicas no es nada nuevo, pero que la llegada de personas de otros países amenace nuestra economía es totalmente falso. Existen numerosos estudios y datos que muestran que los migrantes aportan más dinero al sistema del que reciben. El estudio de 2011 Inmigración y Estado de bienestar en España, de la Obra Social de La Caixa, afirmaba que la aportación de los inmigrantes a las arcas públicas en tiempos de crisis es entre dos y tres veces lo que ellos reciben.

Pero por si el informe de un banco, al que no se le puede culpar de “izquierdoso” precisamente, no es suficiente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó otro bajo el título Retos más allá de la sostenibilidad financiera en el que explica que España necesita 5,5 millones de extranjeros hasta 2050 para mantener el actual sistema de pensiones. Debe ser muy duro intentar aparentar que eres un neoliberal y no un racista, y que Christine Lagarde sea quien desmonte tu bulo.

¡Disminuir el déficit es lo más importante!

Desde que estalló la crisis financiera mundial y explotara la burbuja inmobiliaria en España, los Pactos de Estabilidad Presupuestaria y las medidas austericidas impulsadas por la Troika —FMI, Banco Central Europeo y Comisión Europea— han sido la bandera económica de los partidos liberales. No han dudado en recortar o exigir recortes en nombre del sagrado déficit. La diferencia entre lo que ingresa y gasta el Estado —que sería una definición para el déficit en caso de que se gaste más o superávit si se gasta menos— ha sido demonizada como el principal enemigo de la economía, pero no lo es.

Lo más importante —y es obligación del Estado— es aumentar el bienestar social, crear empleo, acabar con la desigualdad y cubrir las necesidades básicas de toda la ciudadanía. Si para ello es necesario que se gaste más o que las administraciones se endeuden, es obligación del Gobierno que se haga cuando sea necesario. Poner el déficit por encima de todo ha sido uno de los mayores logros del neoliberalismo tras la crisis. La austeridad ha sido su herramienta. Pero, viendo los resultados en los últimos años —precarización, desigualdad y la merma de los servicios sociales—, no parece que más austeridad y recortes para cumplir con la senda del déficit sea la política más correcta, ni mucho menos la más importante.

