Madrid se convierte esta semana en la capital mundial de la participación ciudadana y tecnológica, una semana llena de actividades sobre ciudades realmente democráticas, tecnologías de los comunes y participación ciudadana. Desde el Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno abierto del Ayuntamiento de Madrid, Pablo Soto quiere darle la vuelta a la manera de gobernar la capital, con mucha más participación ciudadana y democracia directa. Es uno de los planteamientos más ambiciosos y novedosos del equipo que lidera Manuela Carmena; un proceso que necesita varios años para consolidarse, pero que ha dado ya los primeros pasos decisivos, pioneros en una ciudad española tan grande. «El PP se empeña en hablarnos de Venezuela y, sin embargo, todas las políticas de participación que estamos llevando a cabo se basan en el modelo suizo, el alemán o el estadounidense». De todo esto hablamos con el concejal.

Pablo Soto, concejal del Ayuntamiento de Madrid y madrileño él, nació en 1979 y desde muy joven trabajó como desarrollador de software. Participó en el movimiento 15M, implicándose desde entonces en las luchas políticas: mareas, desahucios… Percibe como concejal un bruto anual de 94.758,20 €, tiene un patrimonio inmobiliario de 223.650,80 €; cuatro cuentas corrientes, repartidas entre Kutxabank, BBVA y Banco de Santander, que suman 13.031 €; y dos hipotecas por valor de 209.365.46 €. Entre sus actividades de los últimos meses -además de la participación en juntas de gobierno, plenos y comités de dirección- se cuentan una conexión (vía Skype) con el Ayuntamiento de París -el 4 de febrero de 15.00 a 16.00 h.- sobre presupuestos participativos; un desayuno -el 17 de febrero, entre la 9.00 y las 10.00 h.- con el alcalde de Valencia, Joan Ribó, en el Hotel Ritz; la asistencia el viernes 19 de febrero, desde las 18.30 hasta las 21.00- al seminario internacional Hans Crescent Symposium, en Londres; una reunión, el martes 19 de abril de 10.00 a 11.00 h., en Alcalá 45, con Jaime Gonzalo Juaneda, director de Políticas Vecinales de la Municipalidad de Córdoba (Argentina), entre otras… Y todos estos datos no son producto de una intromisión o filtración, sino un aperitivo de lo que viene con la puesta en marcha de la política de datos abiertos y de transparencia, objetivos estratégicos del Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno abierto del Ayuntamiento de Madrid, que él encabeza.

El despacho -de buenas proporciones- lo comparte con algunos compañeros que siguen trabajando durante la entrevista…

Empezamos, ¿de tú o de usted?

De tú, de tú; cuando me hablan de usted me da la sensación de que no están hablando conmigo.

Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, en el balance de los cien primeros días de su gobierno, destacaba entre los objetivos prioritarios del nuevo Ayuntamiento: “Devolver el control de la ciudad y su gobierno a sus habitantes para que sean ellos y ellas quienes decidan cómo debe ser”. Y uno de los primeros logros que invocaba era la puesta en marcha de www.decide.madrid.es. Quisiera ahora, pasados unos meses, hacer un repaso de las iniciativas en marcha: Propuestas ciudadanas, Pleno abierto, Presupuestos participativos y la nueva Ordenanza de transparencia de la ciudad de Madrid, que constituyen el grueso del trabajo de esta concejalía y toda una novedad en la vida de la ciudad.

Hasta ahora se han hecho más de 11.000 propuestas y las más votadas superan los 20.000 votos [el billete único para el transporte público y Madrid 100% sostenible], lo que supone el 45% de los apoyos necesarios para que una propuesta se traslade al Pleno. Y todavía quedan seis meses de votación.

¿Y esto es mucho o poco respecto a otras experiencias?

Hay que tener en cuenta que en estos sistemas, cuando una propuesta consigue llegar al umbral es porque tiene un colectivo detrás que se moviliza. Eso es lo que pasa siempre. En Suiza, que utiliza este mecanismo desde 1848, cada vez que hay un referéndum por iniciativa popular hay detrás un colectivo, un partido; a veces una mezcla de colectivos y partidos que se organizan y consiguen financiación para montar una campaña, que pone a gente en las calles para recoger firmas y que contrata medios publicitarios que dan fuerza al debate. Esto aquí no ha ocurrido todavía; y aun tratándose de una propuesta que ha hecho una sola persona ha conseguido ya casi la mitad de las firmas necesarias.

¿Qué ocurre cuando no se llega a los 54.128 votos necesarios para pasar a la siguiente fase?

Se sigue hasta que se llegue. Este es un mecanismo continuo; cada día entran propuestas nuevas y cada una de ellas tiene un año para conseguir los apoyos necesarios. El mecanismo está siempre vivo, a la expectativa de que alguien se lo apropie y consiga hacerlo funcionar. También es importante hacer la comparación de lo que representa el 2 % necesario del total de habitantes para que una propuesta pase a ser considerada. Es poca cosa comparándolo con el número de habitantes de la ciudad, pero comparándolo con las personas inscritas en www.madrid.decide.es -unas 146.000 hasta el momento- que está participando en los procesos, es muy significativo. Fíjate que el 18% que se ha inscrito en la plataforma de participación suscribe la propuesta más apoyada. El reto, adonde queremos llegar, lo que tenemos que conseguir, es que todo el censo de la ciudad esté inscrito en el censo de participación que estamos elaborando, porque una vez inscrito ya puedes participar en cualquier momento simplemente con tu teléfono móvil, lo que facilita mucho el procedimiento.

Que pueda participar el censo completo de la ciudadanía ¿es lo habitual en otras iniciativas de democracia directa?

Lo que ocurre en realidad en otros lugares es que el censo de participación no existe porque son procesos que ya vienen dictados por el ordenamiento jurídico federal y nacional. Así ocurre en Suiza.

¿Y en experiencias más jóvenes?

No conocemos ninguna que llegue al nivel de Suiza. Nosotros nos encontramos en el grupo de procesos más habituales en los que no se ha movilizado nunca más del 2% de la población, lo que por otra parte es una participación altísima, también en los presupuestos participativos. El siguiente escalón sería aquel en el que se despliega toda la máquina electoral de la democracia directa en el sentido de que la Junta Electoral Central toma el control de los procesos que se articulan cuando hay unas elecciones. Esto quiere decir que se destina dinero primero a las plataformas para que puedan llevar adelante las iniciativas. En Suiza consigues las 10.000 primeras firmas y te dan 10.000 francos para que financies la campaña; los debates de la televisión nacional recogen las iniciativas que van recogiendo firmas… Y cuando se hace una convocatoria de votación, se abren todos los colegios electorales un domingo; se le manda una carta a todo el censo electoral para que pueda votar por correo y en la carta se incluyen datos sobre quiénes plantearon la iniciativa, la posición del Parlamento al respecto, qué organizaciones suscriben el “sí” y cuáles el “no”; una papeleta con el “sí” y otra con el “no”, y un sobre con el franqueo pagado… Pero, ¿qué ocurre?, que el coste es altísimo, en torno a ocho euros por voto. En nuestro caso, el coste está siendo cien veces más barato… Pero estamos arrancando. A mí me gustaría que en el primer referéndum, en la primera convocatoria para la primera iniciativa hagamos la prueba de enviarle una carta a cada madrileño dándole la opción de que participe por correo postal…

Otra herramienta de participación ciudadana ha sido la convocatoria del primer Pleno Abierto del Ayuntamiento, el pasado 24 de abril, para que los ciudadanos pudieran hacer preguntas y defender personalmente sus propuestas. De las cinco elegidas entre las más votadas, dos se cayeron por incomparecencia de los autores. ¿Qué ocurrió?

Yo me enfadé mucho. Podíamos haber asumido como Ayuntamiento que alguien leyera sus propuestas. Pero la Junta de portavoces -los cuatro grupos por unanimidad- decidió que si la persona no comparecía decaía la propuesta; que es lo que ocurre cuando un concejal no comparece. Se podía haber hecho una aplicación menos rigurosa del reglamento y más garantista y que el secretario del Pleno hubiera leído las propuestas… Eran dos propuestas, además, en las que no iban a estar de acuerdo todos los grupos y eso siempre es interesante porque permite mantener un debate real.

Y al final, ¿cuál es la valoración?

Estuvo bien. Me gustó. Como no se había hecho nunca antes, las cooperativas, colectivos, los lobbies, entre comillas, fueron los primeros que entran porque encuentran interlocución. Si esto lo haces solo una vez no vale, porque solo llegan aquellos capaces de movilizar mil votos para que su propuesta esté arriba. En un escenario donde esa interlocución, esos plenos abiertos sean más frecuentes, entrarán asuntos más políticos como qué hacer con el alumbrado público, que no afecta solo a un grupo. En esta ocasión, lo que se vio muy claro es que había colectivos que tenían un problema y que encontraron la puerta abierta y dijeron: por fin vamos a poder hablar.

Pues para empezar no está mal…

No, no. Está muy bien.

¿Y se va a convocar cada año?

Sí, claro.

Hablemos de los Presupuestos participativos. También habrá otros casos por el mundo.

Muchísimos. Lo que no es normal es lo que ocurre aquí. Lo habitual es que los plenos incluyan participación vecinal. Y aquí es en los distritos, en el turno de ruegos y preguntas -aunque no sea lo más adecuado pedir que “los vecinos te vengan a rogar”-, pero en fin… Sin duda, es complicado y necesita organización. En una ciudad de tres millones y medio de habitantes no es posible que todo el mundo hable. Habría que organizarlo y reglamentarlo. Pero se puede y es lo que ocurre en todas partes. En ciudades de tres millones y de diez millones de habitantes.

Pero a través de las juntas de distrito supongo que se canalizan…

Todas las propuestas que se recogen en los presupuestos participativos las han hecho los vecinos.

Me refería a que, aunque las vías por las que se accede a las Propuestas y a los Presupuesto participativos son distintas, hay evidentes coincidencias en los asuntos planteados en ambos casos.

También las respuestas a las encuestas de calidad y de servicios públicos que hacemos son bastante parecidas, hay consensos importantes… En el caso del mecanismo de Propuestas, hasta que no se llega a votar no es una herramienta útil para medir consensos. Un ejemplo, la tercera propuesta más votada hasta el momento es la eliminación de los festejos taurinos. Ahí no va a haber consensos; hay grupos muy fuertes posicionados a cada lado y hasta que no se vote finalmente no sirve para medir consensos.

Hasta el 30 de junio permanecerá abierto el tiempo de votación final de las Propuestas y esas se llevarán a los presupuestos de 2017, para los que hay asignados 60 millones de euros. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir una propuesta para ser seleccionada?

Que sea legal, que se pueda financiar con el capítulo de inversiones, que exige unas condiciones concretas, porque no todo cabe ahí. Por ejemplo, un plan de empleo no cabe en ese capítulo, ni una campaña institucional. ¿Qué cabe? Pues inversiones que pasen a ser un activo del Ayuntamiento como un desarrollo informático, un edificio, un parque, una fuente, un carril bici, instalaciones y dotaciones municipales; y además que cumpla las ordenanzas y que el Ayuntamiento pueda intervenir en el suelo sobre el que actuar.

Te he oído decir en alguna ocasión que Madrid es el ámbito más grande por número de habitantes en el que se están llevando adelante unos presupuestos participativos.

Sí, en Europa es la experiencia más grande por población. En París, en la Ville, el número de habitantes es de unos dos millones y medio. Por lo tanto, Madrid es la experiencia más amplía por población a la que se interpela para unos presupuestos participativos.

En término generales, ¿puede considerarse, dada la novedad, que la participación ha sido aceptable?

Como promedio la participación en los Presupuestos participativos puede considerarse razonable. Yo creo que sí. Pero hay que contextualizarla. Las cifras de participación en términos cuantitativos son altísimas si las comparamos con el pasado. La suma de las diez últimas consultas que ha hecho el Partido Popular en la ciudad de Madrid -en toda la década anterior- suma menos de 22.000 votos emitidos. Cualquiera de los cinco procesos que tenemos en marcha –en solo unos meses- ha sumado más que todo ese acumulado en diez años. Y si lo comparamos con otras ciudades de nuestro tamaño que están haciendo procesos similares, no se encuentran fácilmente ejemplos. Sí se encuentran en comunidades más pequeñas, como es el caso de Islandia, donde participó el 40% de la población en procesos similares, pero es que Islandia es como un distrito de Madrid y, además, hay que tener en cuenta que es una sociedad hiperdigitalizada. Nosotros estamos copiando todo lo bueno que podemos de esa experiencia. Pero si lo comparamos con casos de presupuestos participativos en España -que ha habido en muchas ciudades y pueblos-, a todos ellos les cuesta sacarlos adelante y en la mayoría no se llega a una participación del 2 %.

Por cierto, ¿qué ocurre con la llamada brecha digital, que deja fuera de estos procesos a personas sin acceso -por razones de todo tipo- a la tecnología digital?

No es excluyente, porque cada interacción que puede hacerse vía digital tiene su correspondiente mecanismo físico desplegado por todo el territorio municipal. Es decir, hay 21 oficinas, una en cada distrito. Y en todas ellas se pueden hacer y apoyar propuestas, votar a favor o en contra. Parte de los procesos también pueden hacerse telefónicamente, es como el voto por correo. Pero hay que reconocer que introduce un sesgo, porque da muchas facilidades a quienes lo hacen de manera digital, por lo que se da una importante participación de gente joven. Por el contrario, los procesos electorales tradicionales tienen un sesgo muy fuerte también desde la urna; el 70 % de los jóvenes no participa y tampoco un 30 % de los mayores, y nadie se tira de los pelos. Al final se trata de que se puedan ir introduciendo nuevas vías que amplíen las posibilidades de participación en los procesos electorales. En muchos cantones de Suiza ya hay voto electrónico, lo que hace que la gente joven participe más.

En www.decide.madrid.es , por donde se canaliza la mayor parte de participación en todas estas iniciativas, habéis utilizado una aplicación de ‘software’ libre para el mundo entero. ¿Ha suscitado algún interés dentro y fuera?

La desarrollamos nosotros desde cero. Desde la primera línea de código, que es lo primero que hace el primer ingeniero para ponerlo en marcha, se hizo en abierto, que cualquiera podía ver, cualquiera podía ayudar, postulándose como voluntario. Más de un centenar de personas desde el comienzo se puso a revisar el código, a hacer aportaciones. Y ya desde el comienzo se interesaron otras ciudades. Pusimos en marcha un servicio de extensión institucional dentro del área para incentivar y contarle a otras ciudades lo que estamos haciendo y que puedan sumarse, replicarlo y hacer fuerza juntos. Barcelona se ha sumado, A Coruña está a punto de lanzarlo, Oviedo ya lo ha lanzado, el cabildo de Gran Canaria también…, hay unas 40 ciudades en España de todos los tamaños a punto de lanzar su plataforma de participación, basada en www.decide.madrid.es, sólo adaptando el look. Y lo estamos haciendo más versátil para que todos los modelos de participación quepan.

¿Y esto quiere decir que estamos a las puertas de una eclosión de la participación ciudadana?

Absolutamente. Creo que existe el consenso social de que no queremos votar cada cuatro años y que cada quien haga después lo que le dé la gana. De esto -desde hace años- se habla en las calles, en las plazas, en los bares. Lo que hacía falta era que las instituciones buscasen soluciones. ¿Cómo se responde a la necesidad de democracia más profunda, de votar más cosas, de poder incidir más, de más transparencia, más participación ciudadana…? Pues esto se consigue poniendo en marcha procesos. A nosotros cada vez que tenemos un pleno, el Partido Popular se pone a hablar de Venezuela y, sin embargo, todas las políticas de participación que estamos llevando a cabo se basan en el modelo suizo o en el modelo alemán o en el estadounidense… Si se centran un poco, verán que lo que estamos haciendo se lleva haciendo décadas, incluso algún siglo, con unos resultados que no es que favorezcan precisamente las tesis comunistas; favorecen a las democracias asentadas.

Lo cierto es os llueven palos de uno y otro lado…

A mí me da igual. No he venido aquí a que me aplaudan…

Por cierto, moverse por decide.madrid.es para hacer propuestas o votar los presupuestos o participar en los debates no es complicado, pero internarse en la maraña de cruces de páginas de la web del Ayuntamiento es una tarea desesperante…

Estamos en la fase tres de esa web que ha costado -hablo de memoria- casi dos millones de euros, y nosotros hemos llegado cuando estaba culminando el proceso, a la última fase, a la migración de la primera web. No se podía tirar lo que había sin tener alternativa y no podemos tener una alternativa sin gastar mucho dinero. Lo que estamos haciendo es identificar las partes importantes e ir construyendo otras. Sobre todo, lo que tiene que ver con políticas nuevas como lo relativo a la transparencia, de lo que no había nada; y ahora en transparencia.madrid.es ves las declaraciones de los concejales, el listado de asesores… Y estamos terminando y vamos a lanzar en breve la nueva aplicación de agendas públicas en las que se podrá buscar y ver todas las reuniones que mantienen los concejales, directores generales y personal de gabinete, con fecha. Ya está terminada y en fase de pruebas. Hemos utilizado la misma tecnología libre, con lo cual otras ciudades o pueblos pequeños que quieran publicar la agenda del alcalde, por ejemplo, van a poder utilizarla y tener también el portal de datos.

En tu agenda he visto reuniones con representantes de distintos ámbitos, de otros países y entrevista en medios extranjero. ¿Hay trasvase de experiencias?

Pues que pueda comentar, en muchas ciudades argentinas, en Guatemala, en Suiza, en París….

¿En Suiza?

Pues sí, están interesados en los presupuestos participativos. A ellos no les hacen falta porque cuando quieren poner un tranvía nuevo lo proponen junto a las firmas, se vota y ya está. El Ayuntamiento después verá cómo meterlo en los presupuestos, así la burocracia se amolda a la democracia. Los presupuestos participativos son un sistema más encorsetado para cumplir con la ley de presupuestos, pero por otro lado, de ellos se obtiene mucha más información a partir de las otras propuestas -más allá de las ganadoras- que tienen buena acogida, y para los representantes locales en Suiza esto es muy interesante.

Convencer a la gente de ejercer su derecho a decidir, a votar, a controlar a sus representantes, a participar de manera activa y directa en la vida municipal -que es buena parte de los cometidos de esta concejalía- entiendo que es un trabajo más ideológico, más político y por tanto más complejo de comunicar que os exige una mayor pedagogía que en otras áreas.

Coincido con el análisis. La gente lo ve como algo lejano. Y solo empezará a cambiar la percepción cuando se produzcan resultados de los procesos en marcha como va a ocurrir en los próximos meses. Andreas Gross, que es un diputado suizo con el que hablamos mucho, que está obsesionado con la democracia directa y que viaja por todo el mundo explicando el modelo suizo, dice que hay un patrón que se da en los procesos vinculantes de democracia directa que es: lentitud en el arranque y que luego, en el momento en el que el Gobierno pierde un referéndum y lo votado por los ciudadanos se cumple, la gente se hace consciente de que tiene poder. Y eso lo cambia todo.

¿Piensas que algo está cambiando en Madrid, percibís mayor curiosidad al margen de las votaciones concretas?

Hay que tener en cuenta que el proyecto lo lanzamos el 15 de septiembre. Y se trata de coger una gran capital europea de democracia participativa pura, en la que no hay ningún mecanismo de participación directa, y convertirla en una de las ciudades de referencia mundial en la que funcionan los mecanismos de participación directa como en Lausana… Estamos hablando de un proyecto de cuatro o cinco años. Con las cifras que estamos viendo y con la evolución de los procesos, lograríamos que en cinco años millón y medio de personas tomaran varias veces al año las decisiones sobre las políticas públicas. Esto no es un proceso revolucionario en el sentido de que se llega, se planta el estandarte y Madrid ya es democrática. No es un cambio inmediato. Al igual que el Partido Popular ha tardado 25 años en la privatización de muchos de los servicios públicos y en los grandes desarrollos urbanísticos. Nuestro modelo de ciudad democrática y transparente que se pueda considerar como uno de los referentes de democracia moderna, una ciudad mejor, es un camino de varios años.

¿Y en cuatro años qué se puede conseguir?

Aunque no ocurriera más de lo que ha ocurrido ya y lo mantuviéramos en el tiempo, cumpliríamos, porque si se ha conseguido la participación de más de 140.000 personas de septiembre a mayo, es decir en siete meses, calcula si se proyecta a cuatro años. Cada vez que ponemos en marcha una iniciativa estamos consiguiendo que los que ya habían participado lo vuelven a hacer. Es un proceso acumulativo. Porque también se abre una vía directa, les podemos mandar un e-mail, los podemos convocar, el boca a boca… Por otro lado, en los próximos meses se van a producir varias votaciones finales. Una, sobre la remodelación de la Plaza de España –que ha sido muy importante-, en la que va a haber dos proyectos de plaza distintos a los que la gente va a votar y la plaza que se va a hacer es la que salga más votada; así como se va a hacer con las Propuestas y los Presupuestos participativos. Esto no ha ocurrido nunca en Madrid.

Hablamos ahora de transparencia. Además de la aplicación de la que hablabas para recoger las agendas de los concejales, está en marcha la Ordenanza de Transparencia para la Ciudad de Madrid, ¿para qué le va a servir a la ciudadanía?

Yo diría que hay cuatro aspectos importantes. Para empezar, puedo asegurar que es la una de las ordenanzas de transparencia de todo el mundo en la que más compromisos y comunicación proactiva aparece. Nos comprometemos, sin que nadie lo exija, a volcar toda la información -que es brutal- que recoge todos los procesos en la toma de decisiones; desde la primera reunión, pasando por quiénes participan en esa reunión, el orden del día, la documentación que se entregue, datos sobre si se solicita información jurídica, qué informes genera…

¿Y esto cómo ayuda?

Normalmente, cuando se han producido casos de corrupción, los malos lo han conseguido serpenteando. Primero, la Intervención les ha dicho: por aquí no; la Asesoría Jurídica, que tenía que haber un concurso público… Ahora todos esos datos van a salir a luz -información desde los planes parciales, lo que se les paga de productividad a los funcionarios, hasta los convenios internos, la publicidad, el capítulo de información ambiental, jurídica, de participación…, que va a estar a la vista de todos todo el tiempo. Es muy ambicioso. La transparencia se lo va a poner más difícil a los malos. Otra de las patas importantes de la ordenanza es el derecho a la información, derecho que recoge la ley de transparencia estatal, pero lo regula diciendo que hay que identificarse para ejercer ese derecho. Esto no ocurre en el resto del mundo: tú envías un correo al Ayuntamiento de Copenhague preguntando cuánto cobra el alcalde y un funcionario te responde tanto, y ya está. Es el derecho a la información y cuando esa información es pública se tiene que tener acceso a ella. En nuestro caso, la ley de transparencia estatal dice que hay que identificarse y las comunidades lo interpretan diciendo que hay que confirmar esa identidad y eso en la práctica exige DNI electrónico y un lector. El resultado es que el 96% de la población no lo tiene y en consecuencia el 96% de la población no puede ejercer ese derecho. Nosotros hemos hecho una interpretación distinta, manteniendo el procedimiento al que obliga la ley de transparencia estatal, un procedimiento paralelo en el que se piden solo los datos suficientes para poder responder. Y esto jurídicamente ha exigido mucho trabajo.

Un aspecto importante y novedoso de la próxima Ordenanza de Transparencia es el registro de ‘lobbies’.

Otra de las patas de las que hablaba es el Registro obligatorio de lobbies. Quiere decir que cualquier grupo que venga al Ayuntamiento a hacer valer sus intereses en el desarrollo de normativa de políticas públicas tiene que registrarse, sea un colectivo, una empresa, un abogado “en representación de”, tiene que declarar “estos son mis intereses”; en definitiva, dar datos suficientes para que se pueda saber qué intereses representa. Eso va a estar enlazado con la información de las agendas públicas, de manera que cuando tú veas una reunión, vas a ver también quiénes han sido los participantes y el enlace al registro de lobbies para entender qué intereses representan. En muchos lugares de España hay o se están introduciendo registros de lobbies, también en la Comunidad de Madrid, lo que ocurre es que son voluntarios… Resultado: que no se inscribe nadie. Nosotros lo hemos hecho obligatorio, pero a la vez se le da un valor añadido. Cuando alguien accede al registro, también se le facilita el acceso a todos los concejales, porque claro que queremos reunirnos con ellos pero de manera transparente, que todo el mundo sepa de qué se está tratando. Y además, cada vez que haya un periodo de audiencia pública sobre los asuntos que les interesan los vamos a convocar porque tenemos sus datos; esto favorece una mejor relación con la Administración.

Y la cuarta pata de la Ordenanza de Transparencia de la ciudad de Madrid es…

La última pata es el Régimen sancionador. Esto significa que no solo es una ordenanza que dice lo que vamos a hacer o vamos a decir, sino también que estas son las obligaciones del director general, estas del concejal, estas de la empresa adjudicataria; y estas son las sanciones que va a tener quien no cumpla. El régimen de sanciones garantiza que la ordenanza no sea una simple carta de intenciones. Imaginemos una empresa de bici pública, que no entregue la documentación económica y todos los datos abiertos que incluye el pliego, como por ejemplo dónde están las bicis, si están ocupados los tótems… será motivo de rescisión y, por lo tanto, garantía de que se va a cumplir. Y en el caso del personal directivo del Ayuntamiento, se procederá igual; si no se publica la información obligatoria de manera proactiva, hay un régimen sancionador que llega a la inhabilitación. La transparencia va a ser una obligación más de su trabajo.

Cómo participante activo en el 15M, ¿qué puede decir de los cinco años transcurridos?

En aquel momento, un mes después, un estudio del CIS sobre si la gente estaba de acuerdo o no con la protesta en las formas y en el fondo, recogía que un 60% lo estaba con las formas -la acampada en la vía pública, la protesta pacífica, salir a la calle, incluso con desobediencia civil pacífica- y el 85%, creo recordar, estaba de acuerdo con el fondo, con las reivindicaciones. Luego, los partidos que tenían entonces el 80% del poder parlamentario hicieron lo que quisieron… Pero hay una nueva mayoría social que no da palos de ciego, que dice claramente lo que quiere: democracia. Un movimiento, una manifestación que surge de acampadas por todo el país… Luego se han pasado cinco años aprobando la ley mordaza, la ley Sinde, la ley de tasas, las leyes que afectan a la justicia universal… Todos lo relativo a la democracia ha ido replegándose, precisamente cuando hay un consenso social tan amplio.

He visto que te ha sorprendido la pregunta, pero la he hecho porque en tu presentación a los medios hace seis meses lo primero que hiciste fue decir que venías del 15M…

Y lo sigo haciendo…

Madrid será entre el 23 y 28 de mayo la capital mundial de la participación ciudadana y tecnológica. El D-Cent Project, el Ayuntamiento de Madrid, Medialab Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía han programado una semana llena de actividades sobre ciudades democráticas, tecnologías de los comunes y participación ciudadana.

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