Cinco familias llevan años litigando para recuperar los restos de seis parientes represaliados en la guerra civil por los sublevados en Aragón y cuyos cadáveres fueron trasladados después a escondidas al mausoleo fascista del que en unos días, y salvo nueva sorpresa en este accidentado proceso, saldrá la momia del dictador Francisco Franco

Valle de los Caídos.

��Matarlos por sus ideas no era suficiente castigo? ¿Enterrarlos en fosas comunes y cunetas tampoco bastaba como humillación? ¿Desenterrar sus cadáveres para trasladarlos a hurtadillas de sus familias al delirante mausoleo fascista de Cuelgamuros, rebautizado como el Valle de los Caídos, no era bastante para dejar claro quién mandaba? Pues igual no. De hecho, lo que parece es que así fue.

Sin embargo, y al mismo tiempo, ¿es el ninguneo a sus descendientes, que solo quieren enterrarlos con dignidad, un indicio de la vergonzante parálisis que lleva décadas atenazando a una democracia cuarentona incapaz de escribir la página de la represión franquista para poder pasarla? Pues quizás sí. De hecho, lo parece.

Cinco familias llevan años litigando con el Estado para poder exhumar los restos de seis de sus familiares represaliados en Aragón al comienzo de la guerra civil y cuyos cadáveres fueron trasladados al mausoleo fascista en el que a finales de noviembre de 1975 sería enterrado el dictador Francisco Franco, cuya exhumación se plantea ejecutar el Gobierno central en los últimos diez días de este mes de octubre.

La familia de dos de esas víctimas de la represión de los sublevados, los hermanos Antonio Ramiro y Manuel Lapeña, naturales de Villarroya de la Sierra y asesinados en los primeros días del sangriento verano de 1936 por su militancia anarquista, cuenta a su favor con una sentencia firme que ordena la exhumación pero cuya ejecución se está revelando más que compleja mientras Patrimonio del Estado, propietario del mausoleo, solicita informes y más informes, técnicos y jurídicos, y encarga pruebas de ADN. No será, en cualquier caso, el primero en salir, ya que en 1980 el Gobierno de UCD autorizó la exhumación de 133 cadáveres solicitada por el ayuntamiento navarro de Lodosa.

La última de esas solicitudes documentales se conoció a mediados de septiembre, cuando ese organismo pidió una serie de aclaraciones técnicas al Instituto Eduardo Torroja del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) “para evaluar el estado de las criptas” en las que están enterrados los hermanos, lo que llevó a su abogado, Eduardo Ranz, a solicitar una copia de ese dictamen para valorar si esa petición “se podría interpretar como un bloqueo de acciones de justicia” ordenadas por un tribunal.

El exterminio del Triángulo Masón de Calatayud

“Es mucho el tiempo transcurrido y elevada la desesperación de las familias que buscan reencontrarse con sus olvidados, a través del sentido común democrático”, señalaba el escrito, al que ha tenido acceso Arainfo, y en el que Ranz solicitaba Patrimonio del Estado que aclarara en qué situación se encuentra la petición de otras cuatro familias para que se les reconozca el derecho a exhumar los restos de sus parientes: lo pidieron el 13 de diciembre de 2018, lo que supone que el tiempo que llevan esperando respuesta está cerca de cuadruplicar el que la ley da a la Administración para responder.

“Las familias han demostrado ser pacientes”, indica el escrito, para el que siguen esperando respuesta.

“Patrimonio nos dice que reconoce nuestro derecho a la exhumación, pero no nos lo notifica. Todo son palabras que se lleva el viento”, explica Silvia Navarro, sobrina-nieta de José Antonio Marco Biedma, un industrial que dirigía en Calatayud una fábrica de refinado de aceite y producción de jabón que después vendía en Zaragoza, Soria, Teruel y Guadalajara.

Sus tachas para los sublevados consistían en simpatizar con Manuel Azaña, haber prestado una casa de la plaza del mercado como sede de Izquierda Republicana, formar parte de la logia Constancia XVI de Zaragoza y haber fundado el Triángulo Masón de Calatayud, cuyos nueve miembros fueron exterminados en las primeras semanas de la guerra.

Marco murió el 2 de septiembre de 1936, fusilado en las tapias del cementerio de Calatayud horas después de que se lo llevara de su casa un grupo de falangistas y requetés que llegaron acompañados de miembros de la Policía Local. Era pacifista, algo común en los masones, no tenías armas y había protagonizado en la ciudad avances mal vistos por la caverna, como habilitar un dispensario médico en su fábrica.

“Los restos no pintan nada en el Valle”

La tía de Silvia, la hija de Marco, llevó flores durante más de medio siglo a la fosa común del cementerio de Calatayud, donde creía que estaban enterrados los restos de su padre. Sin embargo, no era así. “La fosa había sido abierta en 1959, hace sesenta años, para trasladar los cadáveres al Valle de los Caídos”, explica Navarro, que se enteró de la situación cuando, tras la aprobación de la Ley de Memoria estatal en 2007, contactó con Miguel Ángel Capapé y con Nacho Moreno, de Arico (Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido), que le pusieron sobre la pista.

“El libro de Inhumaciones del cementerio de Calatayud tiene arrancadas varias hojas correspondientes al verano de 1936”, recuerda. Como también recuerda cómo alguno de sus empleados le explicó “con sorna” que “los comunistas, los republicanos y así estaban ahí”.

Unos años más tarde, en 2012, su familia pidió la exhumación en los juzgados, donde chocó con el muro con el que habitualmente acaba topando el memorialismo. “Van archivando las causas penales aunque la ONU dice que se trata de crímenes de lesa humanidad anteriores a 1945”, indica.

En 2015, sería el legislativo el que cerrara la vía abierta con los Lapeña por el abogado Ranz al articular su demanda en torno a un artículo del Código Civil que regulaba el derecho a la “digna sepultura” para los ciudadanos españoles y que había sido incluido pensando en los ciudadanos muertos en las colonias de ultramar.

Ese camino quedó bloqueado cuando en 2017 el ministro de Justicia Rafael Catalá impulsó una reforma que lo borró argumentando que había caído en desuso.

“Los restos tienen que salir de allí, no pintan nada en el Valle de los Caídos”, insiste Silvia Navarro.

Los doce de Ateca: aniquilar un ayuntamiento

Los otros tres demandantes son Sagrario Fortea, Mercedes Abril y Francisco Cansado.

Este último, de 97 años, vio con apenas catorce años como un grupo de pistoleros se llevaba en un camión a su padre Francisco y a un tío. Corrió hacia el remolque, desesperado, y llegó a asirse para subir, pero uno de los matones le disuadió con un culatazo mientras le decía que estuviera tranquilo, que a su padre no iba a pasarle nada. Nunca volvió a verlo.

Militante de UGT, Francisco era, como su hermano, uno de “Los doce de Ateca”, la corporación municipal republicana salida de las urnas en esa localidad zaragozana y que fue exterminada por los sublevados en las primeras semanas de la sublevación.

A Manuel Herrero Fortea, abuelo de Sagrario Fortea, le ocurrió lo mismo. Era militante de UGT y concejal en Torrijo de la Cañada, y eso en el verano de 1936 era suficiente como para que a alguien le costara la vida a manos de los facciosos.

Por último Rafael Abril, factor ferroviario y jefe de estación en Clares de Ribota, era el padre de Mercedes, ante cuyos ojos de niña de tres años fue secuestrado por un grupo de falangistas y guardias civiles el 17 de septiembre del 36 para ser fusilado seis días más tarde en Calatayud. Tenía 29 años y nunca llegó a recibir la última carta que le escribió su mujer, que al día siguiente daba a luz a su segundo hijo. Murió cinco días después que su padre.

Una herramienta memorialista por estrenar

Siete de las once víctimas cuyas familias tienen reconocido el derecho a la exhumación en Cuelgamuros o están esperando a que se les reconozca tienen relación con Aragón, ya que a las seis citadas se les suma Pedro Gil Calonge, un soriano reclutado por los sublevados que fue enterrado en Zaragoza tras morir de un disparo en junio de 1937.

Junto con él y los Lapeña, también deben salir del Valle en la primera exhumación los restos de otro soldado franquista, el malagueño Juan González Moreno, en este caso fallecido en Jerez.

Otras tres familias han iniciado los trámites para sacar del mausoleo de Cuelgamuros los restos de Aquilino Bargallo, abuelo de Maribel Luna y fallecido cuando luchaba en un batallón anarquista en Asturias; el cordobés Silvino Gil, padre de Rosa Gil y que murió al alcanzarle una bala perdida cuando formaba parte de las filas franquistas, y el tío y el padre del abulense Fausto Canales, el primero fallecido mientras peleaba con los sublevados y el segundo asesinado por estos.

En el caso de las víctimas con raíces en Aragón o que fallecieron en su territorio, las familias cuentan con una herramienta que todavía no ha sido estrenada: la Ley de Memoria Democrática obliga al Gobierno autonómico a dar "el apoyo necesario en las iniciativas de exhumación de las víctimas aragonesas que fueron inhumadas clandestina e ilegalmente, sin autorización y en muchos casos sin conocimiento de sus familias, en los columbarios, criptas y mausoleo del Valle de los Caídos".