Después de 8 años y 9 meses en prisión preventiva, Miriam Hernández, una mujer que tuvo un aborto accidental y que fue acusada de homicidio de su hijo, fue liberada al no haberse comprobado su culpabilidad.

Una fuerte caída provocó que Miriam -quien ya tenía 7 meses de embarazo – sufriera un parto fortuito en su domicilio, lo que provocó que el bebé fuera expulsado, al momento de salir se golpeó la cabeza y murió. Ella fue trasladada al Hospital General de Acapulco, mientras su familia cubrió el cuerpo del bebé.

En el hospital un médico pidió a la familia que llevaran el cuerpo del bebé –acto indebido, porque los familiares no están autorizados ni capacitados para esta labor–. El médico observó el cuerpo y notó que tenía cinco heridas en el pecho y ombligo, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Por el aviso de las autoridades hospitalarias, el Ministerio Público envió un oficio informando que Miriam estaba siendo investigada por el delito de homicidio, por lo que la dieron de alta inmediatamente para que rindiera su declaración, sin que hubiera recibido toda la atención médica necesaria –que requiere de cuidados que van desde 24 a 48 horas–.

Estando en el Ministerio Público, relata Miriam, “me enseñaron unas fotos del bebé y pues yo me puse a llorar, porque no era ese el bebé que yo había dejado. Les dije que yo así no lo dejé, el cuerpo del bebé estaba completo, estaba intacto”.

Proceso por homicidio

El 25 de noviembre de 2008 se inició el juicio en contra de Miriam por homicidio calificado en agravio de un recién nacido. Desde su ingreso al Penal de Las Cruces en Acapulco, Guerrero, sufrió agresiones por parte del personal, e incluso fue amenazada de muerte por “asesinar a su propio hijo”.

La familia de su concubino fue quien inicialmente la acusó de ser culpable de la muerte de su hijo. “Al momento de que se presenta todo este problema, se ponen en contra mía, me empiezan a calumniar, que soy mala, que soy culpable de algo que realmente uno como madre, ¿cómo vas a permitir que le pase algo a un bebé?”, cuenta Miriam.

Asimismo, Miriam y su familia tuvieron dificultades con la defensa en el caso, pues el abogado que inicialmente la asesoró cobró 10 mil pesos para no volver a aparecer, por lo que, sin asistencia jurídica, Miriam fue obligada a firmar su Auto de Formal Prisión, teniendo como pruebas únicamente los testimonios iniciales y contradictorios de su concubino, su cuñada y su suegra.

Con estos fundamentos, Miriam fue condenada en 2012 a 20 años de prisión; sin embargo, en noviembre de ese mismo año se ordenó la reposición del procedimiento y fue hasta el 16 de agosto de 2016 que Miriam pudo conseguir su absolución.

Criminalización por aborto

“Detectamos muchas violaciones en cuanto a violencia institucional y violencia obstétrica, porque el día en que ocurrieron los hechos, ella sufrió un accidente y a partir de este accidente fue criminalizada”, comenta el abogado José de Jesús Rivas, de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), quien llevó el caso , ya que la institución pública de salud no le brindó la atención necesaria para enviarla al Ministerio Público, donde la regresan al no encontrarse apta para declarar.

Además, “la prisión preventiva fue excesiva”, considera el abogado, “puesto que tiene desde 2008”, además “hubo muchas violaciones por parte de las instituciones judiciales, ya que se tardó aproximadamente 4 años en tomar las declaraciones de seis testigos, lo cual resulta totalmente ilógico para llevar un proceso”.

A partir de la liberación de Miriam, explica Rivas, buscarán la reparación del daño integral, que incluye la garantía de no repetición, una disculpa por parte del Estado, así como la atención psicológica de la afectada.

“Salí libre y la sentencia fue una libertad absolutoria, porque no hubieron pruebas en mi contra”, explica Miriam, quien se alegra de estar nuevamente con su familia, aunque lamenta el error de las autoridades sentenciando “no me van a devolver el tiempo que yo desperdicié”.