Las bases de Podemos tienen limitada su iniciativa para expulsar de su cargo a los dirigentes del partido. Tanto, que Pablo Iglesias e Irene Montero estarían blindados, según la aplicación estricta de los Estatutos, pese al mayúsculo escándalo de la escolta, revelado por OKDIARIO.

Ese caso ha derivado, como destapó también este periódico, en el despido de dos responsables jurídicos que investigaban estas y otras «irregularidades» en la formación. Se trata de José Manuel Calvente Redondo, delegado de Protección de Datos en Podemos, y de la oficial de cumplimiento normativo, Mónica Carmona Segura.

En una carta remitida este miércoles al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, Mónica Carmona revela que ella y su compañero investigaban «graves irregularidades» -«financieras, laborales y de limpieza en la realización de las consultas y primarias del partido»- y denuncia el «acto de represalia y posibles coacciones» contra ella y Calvente.

En esas irregularidades, asegura en la misiva, se verían «envueltos varios cargos internos», además de que «conllevaría graves perjuicios para el partido» por posibles «infracciones penales o administrativas». La inevitable «judicialización de los hechos», dice también, provocará que «saldrán irremediablemente a la luz» cuestiones «tremendamente comprometedoras para algunos cargos internos y responsables» del partido.

Podemos, en cambio, limita considerablemente la iniciativa de sus militantes a la hora de exigir responsabilidades a sus dirigentes.

Así, aunque los Estatutos sí recogen la posibilidad de que la Asamblea Ciudadana -formada por todos los inscritos- impulse una consulta revocatoria sobre los líderes o cargos podemitas, el mismo reglamento matiza, a continuación, que «ninguna persona podrá ser sometida a una segunda consulta revocatoria durante el periodo en el que ejerza su responsabilidad». Y Pablo Iglesias e Irene Montero ya se sometieron, a iniciativa propia, a un referéndum de revocación.

Fue en mayo de 2018 y, precisamente, a raíz de otra exclusiva de OKDIARIO: la compra, por 600.000 euros, del casoplón de Galapagar. Entonces, y en medio de la polémica, los dirigentes de Podemos decidieron convocar por sorpresa a sus bases para que se pronunciasen sobre su continuidad. Recibieron el apoyo del 68,42% de los votos, con una participación de 188.175 inscritos (de los 487.772 que tenía en aquel momento el partido).

La pregunta a responder era la siguiente: «¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la secretaría general de Podemos y de la portavocía parlamentaria?». Y las respuestas, «Sí, deben seguir», o bien, «No, deben dimitir de la secretaría general y de la portavocía parlamentaria y dejar el acta de diputados».

Sin embargo, las dudas sobre el resultado fueron más que razonables ya que, como pudo comprobar OKDIARIO, los inscritos podían votar varias veces en el plebiscito.

Un 20% de afiliados

Los Estatutos de Podemos permiten que la Asamblea se convoque cuando se dé una «circunstancia de relevancia orgánica o política excepcional apreciada por la Secretaría General o por tres cuartas partes del Consejo Ciudadano Estatal».

Para la toma de decisiones de carácter revocatorio, la Asamblea Ciudadana no podrá ser convocada antes de un periodo de dieciocho meses desde la elección del cargo u órgano a quien afecte, siendo competente para activar la convocatoria: un 20 % de las personas afiliadas a Podemos, un 25 % de los círculos activos, Espacios Municipales Unificados y coordinadoras que tuvieran derechos de participación según los reglamentos aprobados o la mayoría absoluta del Consejo Ciudadano.

En el artículo 82 de los Estatutos, relativo entre otros al ‘Control democrático’, se recuerda que «cualquiera de los dirigentes y las dirigentes electos y los cargos políticos del partido podrán ser revocados de manera individual a través de una Asamblea Ciudadana Extraordinaria convocada mediante un procedimiento de consulta revocatoria».

El escándalo de la escolta que denunció a Podemos por el trato «discriminatorio» de Irene Montero -revelado por OKDIARIO- ha derivado en una auténtica crisis para el partido morado.

Los abogados despedidos advierten en su carta sobre su “obligación” de señalar “las irregularidades cometidas por los miembros del partido», sean quienes sean, y cómo éstas «podrían conllevar infracciones penales o administrativas”.

Además, advierte a los miembros del Consejo Ciudadano que si “finalmente resultara la existencia de delitos, se podría considerar que los acuerdos” adoptados por el Consejo de Coordinación, liderado por Montero, obedecen a un “intento de ocultación de pruebas y un delito de encubrimiento”.