Desde su despacho en los tribunales federales de Buenos Aires, la jueza María Romilda Servini de Cubría asiente en silencio mientras su secretaria federal, María José Iglesias, enumera la retahíla de exhortos que se han enviado a España para prosperar en un caso que reúne siete años de investigación.

Ya se tratara de imputaciones, pedidos de exhumación, o recolección de testimonios, casi todas las resoluciones de la magistrada han sido resistidas, dejadas sin efecto o esquivadas por la Fiscalía, por la Audiencia Nacional, y por el propio Gobierno de Mariano Rajoy.

Uno de los casos más emblemáticos que ha surgido durante el proceso ha sido el de Ascensión Mendieta, una mujer que con 88 años recién cumplidos aterrizó en Buenos Aires en 2013 para testificar ante la jueza y pedir por los restos de su padre Timoteo, fusilado en 1939 y enterrado en una fosa común del cementerio municipal de Guadalajara.

“Cómo no nos vamos a acordar de ella”, rememora Servini. “Estábamos en otro despacho, y había unos 30 españoles que habían venido a declarar. Ella se paró y se puso a llorar”, cuenta.

La jueza remitió tres exhortos en 2014, 2015 y 2016 a los juzgados de Guadalajara para secundar el pedido de Ascensión Mendieta. En enero de este año, finalmente, comenzaron los trabajos en una de las fosas del cementerio. Timoteo no estaba, pero sí los huesos de otras 22 personas.

Tras retomarse las labores de búsqueda en una segunda fosa del camposanto, la magistrada pidió por correo electrónico el pasado 15 de mayo que las muestras de ADN se realizaran directamente en España “para que no se demorara más el proceso”. Veinticinco días después, Ascensión encontraba a su padre enterrado junto a los restos de otras 27 víctimas.

“No te imaginas la alegría que teníamos todos al enterarnos, fue como una fiesta para nosotros”, relata Servini. “Muy feliz me sentí, muy satisfecha. Me hubiera gustado estar allá para poder abrazar a Ascensión y estar con ella”.

La titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 1 está ahora al tanto de las intenciones del Ayuntamiento de Guadalajara, donde gobierna el PP, de cobrar 2.057 euros por unas tareas de exhumación en las que ni siquiera intervino. “Es una injusticia”, sentencia la magistrada.

Martín Villa

Acompañada de su subsecretario administrativo, Alfredo Mangano, la jueza reconoce las dificultades que entraña su determinación por conseguir la declaración indagatoria del exministro franquista Rodolfo Martín Villa, uno de los quince imputados que quedan en la causa, tras la muerte de otros cinco acusados, sobre el que pesa una orden de extradición desde octubre de 2014.

“Hay un problema ahí”, admite Servini. “Nosotros teníamos que viajar, pero España ha rechazado todos los pedidos para que podamos ir”.

La jueza intentó desplazarse a Madrid hasta en tres ocasiones durante 2016 para interrogar a los represores de la dictadura, entre los que se encontraba Martín Villa, el exministro José Utrera Molina (fallecido este año) y el expolicía Antonio González Pacheco, conocido como Billy El Niño.

“Hay mucha presión sobre el tema de Martín Villa. Sabemos que hay presión”, dice lentamente. “No sé con quién tiene relación, sé que con el anterior embajador argentino (Carlos Bettini), que se ve es amigo de él”, desliza.

El abogado de Martín Villa, mientras tanto, insiste en que su cliente declare a través de una videoconferencia.

Servini tiene potestad para incorporar al sumario los testimonios de los querellantes que se acerquen a los consulados argentinos, pero no puede realizar una declaración indagatoria a la distancia. Lo prohíbe la legislación argentina y el tratado bilateral de extradición y asistencia jurídica suscrito entre España y Argentina en 1987.

“Estamos viendo si podremos viajar de nuevo, estamos trabajando en eso. Ahora nos hemos centrado en el asunto de Villa. Si insiste en que quiere declarar, podemos ir a tomarle la indagatoria, y de paso, ver si quieren declarar los demás imputados. Pero para eso, tienen que abrirnos las puertas los juzgados españoles”, sostiene.

La Fiscalía, contra Servini

Los impedimentos que se ha encontrado la magistrada a lo largo de la causa se han acentuado desde septiembre, cuando la Fiscalía General del Estado, a través de un documento interno, instruyó a sus fiscales para que los juzgados provinciales dejaran de colaborar con la querella argentina.

“Hasta que la Fiscalía se expidió, teníamos cierto margen de acción para ir allá y aunque fuera, tomarle declaración a todos los imputados”, reconoce Servini.

Después llegó la orden del Ministerio Público, y la jueza nunca pudo concretar su viaje a España. “Ahora depende de la política española que se avance en la causa del franquismo”, afirma.

En su juzgado interpretan como una “amenaza encubierta” las afirmaciones de la entonces titular de la Fiscalía, Consuelo Madrigal, que comparó su proceso con el del juez Baltasar Garzón, y que además acusó a la magistrada de seguir un caso “inviable y, ajeno, por tanto, al interés de la Justicia”.

“Demasiado dura ha sido esa fiscal, porque a nosotros ya nos dejaron ir a España en 2014 para tomar las declaraciones de los testigos”, acota Servini. “La Fiscalía se da cuenta de que tenemos razón, de que vamos avanzando bien, y por eso quieren parar y cortar”.

La investigación judicial de esta magistrada argentina, basada en el principio de jurisdicción universal, ha tenido un impacto sin precedentes. Gracias al testimonio de centenares de personas, la causa cuenta con pruebas fehacientes de los delitos de lesa humanidad perpetrados por el franquismo. “No pensaban desde España que íbamos a avanzar tanto”, dicen en el juzgado de Servini.

Hay algo que todavía llama la atención de la jueza: el miedo que desde hace décadas arrastran muchos querellantes al momento de declarar.

“Esas víctimas han estado mucho tiempo amenazadas. Yo he hablado con gente que tuvo que aprender a leer y escribir a través de la madre, o de la tía. No sólo no podían estudiar, sino que no podían ni trabajar. Y al no poder trabajar, no tenían qué comer”, lamenta.

La falta de colaboración de España es hoy absoluta. Tras admitir una querella presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), el juzgado ha vuelto a reiterar un pedido de información a la jefatura de Policía de Madrid sobre la detención y posterior asesinato del poeta Federico García Lorca. Hace dos meses de aquello. Todavía esperan una respuesta.