El sexenio de Enrique Peña Nieto está marcado por las violaciones graves a los derechos humanos, principalmente las cometidas por instituciones públicas encargadas de tareas de seguridad, afirmó este miércoles Luis Raúl González Pérez, ombudsman nacional.

González Pérez señaló frente al presidente Enrique Peña que “nuestro país requiere seguridad, pero no a cualquier costo” y que “sin respeto a los derechos humanos las medidas de seguridad que se adopten no podrán ser aceptadas y serán estas como una imposición autoritaria”.

De acuerdo con titular de la CNDH, las recomendaciones a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Procuraduría General de la República (PGR), tan solo en el último año, aumentaron 117%.

En 2017, 16 recomendaciones fueron emitidas por detenciones arbitrarias; 9 por privación de la vida; 9 por tortura; 9 por tratos crueles, inhumanos o degradantes; 8 por integración irregular o deficiente de averiguaciones previas; 7 por retención ilegal.

Otras 6 recomendaciones se emitieron por desaparición forzada o involuntaria de personas. y 5 por retardar o entorpecer funciones de investigación o procuración de justicia.

Las autoridades señaladas con mayor frecuencia por violaciones a derechos humanos en 2017 fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 2 mil 634 quejas; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 1,078 quejas, y la Secretaría de Educación Pública (SEP), con 656.

El Instituto Nacional de Migración recibió 521 recomendaciones; la Policía Federal 425; se emitieron 422 para la PGR; la Sedena 415; la Secretaría de Desarrollo Social 386; el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación 377, y la Marina 219.

El mismo año, nivel local, los cinco gobiernos estatales con mayor número de recomendaciones fueron Oaxaca (16), Guerrero (15), Chiapas (12), Tabasco (11) y San Luis Potosí (9).

Los ayuntamientos con más recomendaciones fueron Tijuana, Baja California (4); Hermosillo, Sonora (3); Benito Juárez, Quintana Roo (2); Acapulco de Juárez, Guerrero (2), y Ensenada, Baja California (1).

Entre 2012 y 2017, en total se han emitido 142 recomendaciones por violaciones de derechos humanos dirigidas a las instituciones de seguridad a nivel federal, como son la CNS, la PGR, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de la Marina (Semar), que representan el 33% del total de las 427 emitidas por la CNDH en el sexenio.

Durante la entrega del Informe 2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el ombudsman refirió que de todas las violaciones graves de los últimos seis años, las desapariciones de los 43 normalistas en Iguala, el enfrentamiento en Tanhuato, el de Apatzingán, Tlatlaya y el enfrentamiento en Nochixtlán fueron las que marcaron la administración de Peña Nieto.

En los últimos seis años, la CNS recibió 54 recomendaciones de la CNDH, la PGR 34, Sedena 29 y la Semar 25.

Salud, derecho humano que se viola más en México

De acuerdo con los informes anuales de la CNDH, entre 2012 y 2017 se han presentado ante el organismo más de 5 mil quejas relacionadas con presuntas violaciones a derechos humanos.

Las principales conductas que motivan estas quejas son omitir proporcionar atención médica, negligencia médica, omitir suministrar medicamentos, omitir brindar la atención, cuidados o prestar auxilio a cualquier persona y realizar deficientemente trámites médicos.

La dependencia con más recomendaciones por violaciones a derechos humanos en el sexenio es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que ha recibido 67.

A través de su Informe, la CNDH señaló a las personas mayores; jóvenes; personas desaparecidas; víctimas del delito; niñas, niños y adolescentes; personas con discapacidad; mujeres; personas privadas de la libertad; migrantes y periodistas como los grupos más vulnerables en el país.

Asimismo, informó que en 2017 el organismo presentó 154 denuncias ante las autoridades competentes, relacionadas con recomendaciones en trámite, a fin de que se termine la responsabilidad de los servidores públicos involucrados: 44 corresponden a denuncias penales y 110 a quejas administrativas.

Este mismo año, 117 servidores públicos fueron sancionados administrativamente con amonestaciones privadas (5), amonestaciones públicas (7), suspensiones o sanciones económicas (6), suspensión entre 16 días y 3 meses (49) e inhabilitación de 15 días a 12 años (26); otros 24 fueron destituidos o inhabilitados de 1 a 10 años.

El presidente Enrique Peña señaló en la presentación del informe de la CNDH que su gobierno, desde el inicio, ha demostrado absoluta disposición para recibir, aceptar y dar cumplimiento a las recomendaciones por violaciones a derechos humanos.

Peña reconoció que en México hay pendientes en materia de derechos humanos, pero dijo estar “convencido de que avanzamos en la dirección correcta”.