El desvío y mal manejo de recursos públicos continuó en la administración de Javier Duarte hasta el último año de su gobierno, revelan seis auditorías de la ASF.

Más de 4 mil 300 millones de pesos de seis fondos federales, entregados en 2016 a Veracruz y destinados a programas de salud, educación e infraestructura para la remodelación de hospitales y escuelas, fueron desviados a cuentas bancarias ajenas a los objetivos o invertidos en supuestos bienes o servicios imposibles de comprobar.

Aún se desconoce el monto total del posible desfalco detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública de 2016, pues faltan por revisarse otros fondos como los de seguridad y justicia.

Con los nuevos hallazgos, la administración de Javier Duarte suma ya más de 40 mil millones de pesos de origen federal reportados por la ASF por su posible desvío. Además, hay 21 mil millones de pesos ya denunciados penalmente ante la PGR en contra de los funcionarios que resulten responsables.

Los malos manejos

El reporte parcial de la Cuenta Pública 2016, presentado por la ASF el pasado viernes 30 de junio, encontró irregularidades graves en el manejo de seis fondos federales en la administración de Javier Duarte, que dejaron un posible quebranto patrimonial para Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que asciende a más de 4 mil 300 millones de pesos.

Los fondos en los que se detectaron malos manejos de recursos:

Posible quebranto: 1,651 millones de pesos

Los auditores encontraron que más del 70 % de los recursos entregados a Veracruz como parte del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, fueron posiblemente desviados o manejados mal por el gobierno de Duarte. Esto sin tomar en cuenta que otros 158 millones de pesos no fueron utilizados, pero tampoco devueltos por el estado.

Entre las irregularidades destacan mil 300 millones de pesos que el gobierno dice que no pudo invertir en infraestructura o programas sociales ya que, aseguró, los utilizó para el pago de nómina de personal administrativo y docente de la Secretaria de Educación de la entidad. Esto pese a que ya había recursos aprobados y etiquetados para ello a nivel local.

A esto se suman 252 millones de pesos que Veracruz transfirió a cuentas bancarias no autorizadas, sin que haya prueba alguna de para qué fueron utilizados.

Posible quebranto: 1,304 millones de pesos

La ASF revisó el Fondo para el Fortalecimiento Financiero y el Fondo para la Infraestructura Estatal y Municipal de forma conjunta y detectó malos manejos por mil 304 millones de pesos, que equivalen al 45 % de todo el presupuesto entregado a Veracruz por estos conceptos.

Los auditores detectaron que el dinero no se ejerció para lo que estaba etiquetado y por el contrario se transfirió a cuentas bancarias sin que haya evidencia de su utilización y destino.

Posible quebranto: 754 millones de pesos

La ASF encontró malos manejos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2016, en el 13 % de los recursos transferidos a Veracruz.

La gran mayoría del posible quebranto detectado tiene que ver con el desvío de recursos del programa a otras cuentas habilitadas por el Gobierno del estado, que presuntamente ya no fueron reintegrados a la cuenta del fondo y no hay datos de que se hayan utilizado para lo que estaban etiquetados.

Posible quebranto: 316 millones de pesos

El gobierno de Duarte recibió de la federación 327 millones de pesos en 2016 para atender acciones de salud como parte del programa PROSPERA. Los auditores encontraron que el 96.5 % de los recursos fueron mal manejados.

Los auditores encontraron desvíos de recursos de la cuenta bancaria oficial del Programa PROSPERA para apoyar a familias vulnerables a otras cuentas bancarias. También se advirtió así una total ausencia de documentos que comprueben el gasto de los recursos y la falta de mediciones sobre su efectividad

Posible quebranto: 303 millones de pesos

La Auditoría reportó el posible desvío de 303 millones de pesos que la federación entregó a Veracruz para el Fondo del Seguro Popular.

El posible fraude se originó cuando la Secretaria de Finanzas, sin haber razón para ello, simplemente decidió no transferir la referida cantidad a las cuentas habilitadas para su uso conforme a los objetivos marcados. En pocas palabras retuvo el dinero lo cual es totalmente ilegal.

Sin castigo

La administración de Javier Duarte acumula más de 40 mil millones de pesos de origen federal cuyo destino está pendiente por aclarar, luego de que se detectó que fueron desviados de su objetivo original, según la revisión de la ASF de la Cuenta Pública 2016.

A esto hay que agregar 21 mil millones de pesos que la ASF ya denunció penalmente ante la PGR, porque la administración de Duarte no pudo probar que los haya usado legalmente. Por estas denuncias se han iniciado seis averiguaciones previas.

Animal Político publicó el pasado 2 de junio, que hasta ahora ninguna de esas averiguaciones ha sido consignada ante un juez y por tanto no se han girado órdenes de aprehensión por el desvío de estos recursos federales.

Leer: Impunidad en desvíos de Duarte: La PGR no ha consignado ni una de las 56 averiguaciones previas

Hoy, clave en extradición

Este martes 4 de junio, se llevará a cabo en Guatemala la audiencia en la que se notificará a Javier Duarte de la solicitud formal de extradición que pesa en su contra, derivada de una orden de aprehensión que obtuvo la PGR, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La PGR imputa a Duarte de haberse beneficiado de recursos públicos que fueron entregados a compañías fantasma y que a través de una red de prestanombres fueron triangulados para su beneficio.

En esta audiencia Duarte tendrá la opción de aceptar la extradición (como ya lo hizo en el caso de la solicitud de extradición solicitada por la Fiscalía de Veracruz) y será entonces cuestión de unos días para que regrese a México a enfrentar los juicios abiertos. De no admitir ser extraditado se tendrá que seguir este proceso en Guatemala.

Leer: Ahora que Duarte aceptó su extradición a México, ¿qué sigue?