El Tribunal de Cuentas ha cifrado este martes en 4,14 millones de euros, intereses incluidos, la cantidad de fondos públicos supuestamente malversada para la realización del referéndum ilegal de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre de 2017. El máximo órgano fiscalizador del dinero de la Administración ha finalizado la fase de investigación y ha reclamado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, fugado a Bélgica, al exvicepresidente Oriol Junqueras, encarcelado, y a otros 18 exconsellers y altos cargos autonómicos que depositen solidariamente una fianza equivalente a esa cantidad. Si no consignan ese dinero en un plazo de inicial de 15 días sus bienes serán embargados antes de iniciarse la fase de enjuiciamiento contable.

La delegada instructora de este expediente en el Tribunal de Cuentas, Esperanza García Moreno, comunicó a los abogados de los políticos y cargos públicos demandados el resultado de la liquidación provisional del dinero público empleado irregularmente en el proceso independentista. De este montante, 3,9 millones corresponden a los fondos efectivamente distraidos para la consulta ilegal y 242.980 euros a los intereses legales devengados desde el 31 de diciembre de 2017 hasta ayer mismo.

Al tratarse de una actuación administrativa —no penal— ni Puigdemont ni los exconsellersToni Comín y Clara Ponsatí están amparados por la inmunidad parlamentaria como eurodiputados. Este martes, tras conocer la decisión, Puigdemont pidió ayuda económica a los ciudadanos catalanes. “El Tribunal de Cuentas nos pide una fianza de 4,1 millones de euros a los que hicimos posible el referéndum del 1 de octubre. Tenemos 15 días para evitar que nos embarguen nuestros bienes. Si votaste el 1 de octubre, te necesitamos”, escribió en la red social Twitter junto a una imagen con un número de cuenta.

Junto a ellos serán juzgados todos los exconsejeros del Govern de Puigdemont, incluidos Santi Vidal, que dimitió antes de la declaración de independencia del 27 de octubre, y Neus Munté, que abandonó el Ejecutivo en julio de ese año. Además, en la lista figuran algunos altos cargos claves en la preparación de la consulta ilegal, como Josep María Jové o Antoni Molons.

La instructora exoneró, en cambio, a Eva María Pardo y Jordi Serra, ambos interventores de la Generalitat, y a Josep Vidal, director general de Economía Social de la Generalitat.

El procedimiento ante el Tribunal de Cuentas es similar al que afectó al expresident Artur Mas y a los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, que se celebró pese a la prohibición del Tribunal Constitucional. El tribunal fijó en 4,99 millones de euros el dinero malversado en aquella ocasión. Esa sentencia del órgano fiscalizador se encuentra recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

La causa por el 1-O en la llamada jurisdicción contable corre en paralelo a la sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo, que el 14 de octubre condenó a penas de hasta 13 años de prisión por sedición y malversación a Junqueras y a otros ocho exconsejeros del Govern de Puigdemont por la fallida declaración de independencia del otoño de 2017.

En la causa ejercen la acusación la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y las asociaciones Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución. El ministerio público, en su demanda, no concreta una cifra total de dinero supuestamente malversado, aunque da varios gastos parciales, entre ellos uno de 979.666,96 euros en papeletas y otro de 38.431,20 euros en cartelería, así como 2,3 millones de euros de la "acción de la presidencia catalana" en el exterior para promover el proceso independentista. Las asociaciones constitucionalistas reclaman un desfalco total de 1.971.601,20 euros.



En la causa penal sobre el procés ante el Supremo, la Fiscalía mantenía en 2,87 millones de euros la cantidad supuestamente malversada en el proceso independentista. En esta cantidad figura el montante que supuso el uso durante la jornada del 1-O de los más de 2.259 locales habilitados como puntos de votación y que fue valorado pericialmente por la entidad SEGIPSA en 900.906 euros.



A esta cantidad hay que sumar las campañas de publicidad del registro de residentes en el exterior (220.253 euros), la campaña de publicidad del referéndum (los anuncios de las vías del tren emitidos por TV-3, que ascienden a 277.803 euros), las facturas de Unipost por los envíos postales de las tarjetas censales (979.661 euros) y la cartelería (47.151).



Los gastos de honorarios, viajes y manutención de los diferentes grupos de observadores internacionales y estudiosos que acudieron a Cataluña en la jornada del referéndum y en los meses previos ascendieron a 338.607 euros. De esta cantidad, 177.304 euros corresponden al grupo de los 12 "expertos internacionales" contratados por Diplocat y liderados por la neozelandesa Helena Catt.



Esta actividad preparatoria del referéndum ilegal también se investiga en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, donde se encuentran imputados algunos de los protagonistas secundarios del procés, como Josep Maria Jové, diputado autonómico de ERC y número dos de Oriol Junqueras cuando sucedieron los hechos; Josep Lluís Salvadó, exsecretario autonómico de Hacienda; o Antoni Molons, secretario de Comunicación del Govern y la persona sospechosa de ser "el tal Toni" que realizaba los encargos del material preparativo del referéndum ilegal.