La Comisión Europea ha concluido el jueves que España no tomó medidas efectivas para reducir su déficit, una decisión que da paso a un proceso sancionador que ahora queda en manos del Consejo de ministros de Economía. España va ya camino de convertirse en el primer país castigado por el déficit en la Unión Europea.

Bruselas aplaza hasta después de las elecciones su decisión de multar a España por incumplir el déficit

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La multa podría superar los 2.000 millones de euros e incluir la congelación de fondos estructurales y de inversión, pero también anularse o quedar en cero euros si Bruselas así lo quiere o el Gobierno recurre. Para salir adelante, la recomendación necesita el visto bueno del Consejo (Ecofin), que estudiará el caso el 12 de julio, y que está dividido entre quienes piden indulgencia con España y Portugal y quienes exigen ceñirse al Pacto de Estabilidad.

La recomendación es firme al señalar que el esfuerzo fiscal hecho por España para corregir su déficit excesivo “se ha quedado muy corto” con respecto a lo exigido por Bruselas. Achaca el desvío presupuestario a la relajación en la política fiscal, especialmente la reducción de impuestos y aumento del gasto acometidos por el Gobierno en 2015, año electoral.

En 2015 el déficit cerró en el 5,1% del PIB frente al 4,2% pactado con Bruselas, que prevé además que Madrid vuelva a incumplir. La CE pronostica ahora que el año próximo se situará en el 3,9% y en 2017 en el 3,1%, por encima de los objetivos marcados que son del 3,7% y 2,5%, respectivamente.

Esto supone que España no logrará corregir en 2016 su exceso de déficit, cuya barrera está en el 3%. El Gobierno, sin embargo, prevé llegar al 3,6% el año próximo y al 2,9% en 2017. Bruselas ha lanzado además un jarro de agua fría, al asegurar que la deuda aumentará hasta el 100,3% del PIB.

Para la CE, las medidas de consolidación incluidas en la reforma de la Administración o de las pensiones no han sido suficiente para compensar el impacto de las medidas expansivas adoptadas en 2015 –como la rebaja de los impuestos o el pago parcial de las pagas extras de Navidad atrasadas– y del aumento del gasto ligado al envejecimiento de la población.

Bruselas desestima además los argumentos del Gobierno español, que atribuye en buena medida el desvío presupuestario a la ralentización del crecimiento a nivel mundial y la baja inflación de la zona euro, que perjudicó el nivel de ingresos públicos.

La Comisión reconoce que la inflación puso las cosas más difíciles, pero considera que el crecimiento del PIB, mayor de lo esperado, “lo ha compensado largamente”. También deberían haber contribuido a la reducción del déficit la “rápida creación de trabajo” y los ingresos por impuestos, señalan.

Bruselas reconoce que las reformas, el final “exitoso” del programa de asistencia financiera y la mejoría del mercado de trabajo han ayudado a una recuperación mejor de la esperada, pero cree que las ganancias no han sido empleadas para acelerar la reducción del déficit. “En su lugar, se relajó la política fiscal”, señala el texto.

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos ha repetido sin descanso que no habrá multa o que el montante será cero. Moncloa cree que multar a España o Portugal perjudicaría la credibilidad de la zona del euro.

Solo cuando los ministros de Economía den luz verde empezarán a correr los tiempos para Madrid y Bruselas. La Comisión tiene 20 días para proponer un montante sancionador y el Gobierno cuenta con diez para recurrir, pudiendo solicitar que se anule la sanción o que se rebaje a cero euros. Así las cosas la punición podría acabar siendo sólo simbólica, y no económica.

En los últimos años la receta de Bruselas ha consistido básicamente en recortes del gasto. Rajoy ya aseguró a Juncker en su misiva que estaba dispuesto a tomar nuevas medidas si renovaba su mandato.

El apoyo de Francia e Italia

La pelota política está ahora sobre el tejado del Consejo (los gobiernos). Madrid y Lisboa cuentan con el apoyo de Italia y Francia. Ambos países atraviesan también una situación económica delicada y, con elecciones a la vuelta de la esquina, temen que el castigo a sus vecinos mediterráneos abra el camino para que ellos corran la misma suerte. A ellos se han sumado varios eurodiputados, incluido el presidente del grupo Socialista en el Parlamento Europeo, Gianni Pitella.

En un contexto de incertidumbre económica propiciada por la futura salida de Reino Unido, con un crecimiento al ralentí y gran descontento ciudadano con Europa, muchos creen que el castigo a países que han registrado crecimiento y hecho reformas sería contraproducente. Proyectaría la imagen de que no se tiene en cuenta el esfuerzo de Gobiernos y ciudadanos y que Bruselas se limita a una interpretación a rajatabla de las reglas presupuestarias.

Pero precisamente esto es lo que quieren los halcones de la zona euro. Alemania y Holanda creen que indultar a España y Portugal minaría la credibilidad de la Comisión y de la propia eurozona. Ambos países, secundados por los nórdicos, han blandido desde el inicio de la crisis la espada de la austeridad y no están dispuestos a ceder terreno fácilmente ante quienes abogan por más inversión y flexibilidad pese a haber reconocido ya que su receta no ha tenido los efectos que esperaban.

Del equilibrio entre estas fuerzas dependerá el resultado del proceso.