En un país democrático, la violación de las normas que supone el cese del fiscal general por parte del gobierno habría generado formidables respuestas. Aquí se calla o, a lo sumo, se constata el hecho. Se da por bueno lo ocurrido y nadie de los que deberían hacerlo exige una investigación sobre la veracidad de los “motivos personales” indignamente aducidos por Torres Dulce. Que debería terminar en los tribunales si, como todo lo indica, ha mentido al respecto.

En un país democrático, si la mayoría abrumadora de una pieza tan decisiva del sistema como es la Sala Segunda del Tribunal Supremo denunciara en términos inequívocos y muy duros la presión del gobierno en el trabajo de los jueces se abriría una crisis institucional de enormes consecuencias. Aquí, aunque esa crisis ya se ha producido de hecho, la cosa tiene toda la pinta de terminar olvidada en pocos días.

En ningún Parlamento de un país democrático se habría propuesto, por muy grande que fuera la fuerza del partido que lo hiciera, que una persona que ha tenido que dimitir de su cargo en el Gobierno por estar implicada en un escándalo de corrupción fuera premiada con la vicepresidencia de una comisión de dicho parlamento. Aquí, con el nombramiento de Ana Mato, Rajoy ha demostrado muy a las claras que sus promesas de regeneración y de lucha contra la corrupción son pura farsa. Pero, al día siguiente, las Cortes han seguido funcionando como si tal cosa. Sin que el parlamento haya estallado por tamaña tropelía, que es lo que habría ocurrido en cualquier país de nuestro entorno. En la Alemania de Angela Merkel, en la Francia de François Hollande, o en Gran Bretaña. Tal vez solo podría haber pasado en Italia, ejemplo máximo de lo peor que España ha emulado, si n o superado.

Tales aberraciones se han producido en un solo día. Si se repasa lo ocurrido en las últimas semanas, la lista se agranda hasta hacerse insoportable. Y es muy probable que en un inmediato futuro pasen cosas aún más terribles. Porque con tal de no perder, o de ganar, las elecciones generales, el Partido Popular parece dispuesto a todo. Desde echar al juez que investiga su corrupción a dictar una ley que reprimirá brutalmente a quien se atreva a protestar en la calle, pasando por devolver la televisión pública a los tiempos de Franco. Y nadie parece dispuesto a impedírselo. ¿En qué han quedado los instrumentos que las leyes han creado para impedir los abusos del poder por parte del gobierno? ¿Por qué nadie en la oposición siquiera se plantea utilizarlos? ¿Dónde están la sociedad civil, las innumerables instituciones de nombres rimbombantes que deberían ser su expresión, las agrupaciones de ciudadanos excelentes? ¿Sirven para algo más que para lucir cargos y negociar prebendas?

La impunidad de un gobierno que viola cada vez con menos pudor las reglas básicas de la democracia, confirma que la crisis política española es mucho más grave de lo que se cree. Porque sí, los desmanes corren a cargo del PP. Pero no aparece nadie que esté dispuesto a frenarlos o, cuando menos, a dar los pasos necesarios para que un día el partido de Rajoy termine pagando por ellos. Lo cual hace pensar, y cada día que pasa está más claro, que el gobierno tiene las manos libres para hacer lo que quiera, que actuará únicamente en función de sus cálculos e intereses, sabiendo que nadie va a tratar de impedírselo. Puede que hablando con propiedad eso no configure una dictadura, pero en la práctica es eso lo que tenemos.

La sociedad civil organizada ha decidido abstenerse al respecto. Y los demás partidos políticos se limitan a declarar en contra de tal o cual abuso, sin pensar por un momento en actuar en consecuencia. Ellos están a otra cosa. El PSOE, a evitar un descalabro electoral inventándose un líder, detrás del cual sólo hay lo mismo de siempre, el peso insoportable del pasado, la falta absoluta de ideas, la incapacidad de renovación real y ahora también las querellas intestinas. IU parece incapaz de salir de su guerra interna y a nadie de ese partido se le ocurre, por algo será, que lanzarse a una guerra contra los desmanes del gobierno podría ayudarle mucho a dejarla bastante de lado. Los partidos nacionalistas, otrora actores importantes en la escena española, y algunas veces para bien, están a lo suyo, como si lo que pasa en Madrid no les afectara.

Y Podemos ha desaparecido de la escena. Es de esperar que su silencio sea sólo un recurso táctico provisional. No es una decisión fácil de entender con la que está cayendo, pero con todo Podemos sigue siendo una esperanza para mucha gente. La de que, si tiene éxito en las elecciones, removerá el estanque cada vez más fétido de la política española.

La pregunta que, sin embargo, es cada vez más legítimo plantearse es si un cambio de rumbo de la política española es ya posible. Cuando menos en el horizonte previsible, más allá del cual todo son sueños o fantasías. Y cabe ser pesimistas al respecto. Porque quienes mandan y quienes les dejan mandar, porque así mandan algo también ellos, parece que tienen las cosas bastante amarradas. En todos los planos. Tanto es así que sólo un empeoramiento súbito y drástico de la economía podría modificar el panorama. Pero, ¿quién es tan amoral para desear que eso ocurra, sabiendo que los más débiles serían los que más sufrirían si se produjera?