El PBI p/ cápita 2017 es similar al PBI p/cápita 2008. Argentina no crece hace 10 años, porque sufre una estanflación de oferta por asfixia estatal. Hace 10 años (2008) el gasto y los impuestos comenzaron a desbordarse en forma creciente, ahogando al sector privado y abortando la inversión, crecimiento y generación de empleo. No tenemos con “qué” mantener este tamaño de Estado. No nos deja crecer. Nuestro nivel de gasto e impuestos corresponde a un país de u$s 40.000 per cápita; y tenemos u$s 12.500.

El gasto público y la presión tributaria de Argentina superan por +12 y +8 p.p. al promedio de la región; respectivamente. Argentina es el país que menos crece en la región. Del otro lado, los países que más crecen son los que tienen niveles de gasto y presión tributaria menores al promedio regional: Chile; Perú y Colombia. Ya hemos perdido “mucho”: en 1998/2016 el PBI per cápita de Argentina creció +16%, mientras que la región (+53%); Chile + (62%) y Perú y Colombia (+64%) crecieron significativamente más.

El presidente Mauricio Macri muestra entender la problemática fiscal. En este sentido, suele decir “los argentinos no podemos gastar más de lo que recaudamos indefinidamente” y “necesitamos menos impuestos con equilibrio fiscal”. Sin embargo, el diseño de política fiscal y los números contradicen al presidente.

El Gobierno aplica un gradualismo fiscal que, al bajar (poco) impuestos sin reducir el gasto, incrementa el déficit fiscal financiero y aumenta el endeudamiento. El gasto público nacional no baja cuando se compara 2017 (26,4% del PBI) contra 2015 (26,5% del PBI). El ahorro por menos subsidios de económicos (aumento de tarifas) y mayor eficiencia en la obra pública se compensa con aumento de intereses, jubilaciones (reparación histórica) y planes sociales. Así, el déficit fiscal financiero (con todos los intereses) aumenta año tras año: 6,3% (2015) a 6,8% (2016) y 6,9% (2017) del PBI. Paralelamente, se tomó deuda por 19% del PBI (u$s 117.870 MM) en el mismo período.

Este gradualismo fiscal conduce a pobres resultados macro (baja actividad y alta inflación) e inconsistencia fiscal que se traducirá en problemas de solvencia inter temporal a futuro. Si todo sale bien, cerramos 2019 (5,9% del PBI) con un déficit financiero similar a 2015 (6,1%), pero con una deuda de 64% del PBI y un resultado primario (-2,2% del PBI) -4.0 p.p. por debajo de lo que exigiría la solvencia inter-temporal (superávit primario de +2,0%).

El gradualismo no es gratis y sus costos se incrementan con el paso del tiempo. No bajar el gasto o gastarse los ahorros de los recortes aplicados agrava los problemas, porque el taxímetro de los intereses y el gasto inflexible a la baja aumentan. Más se tarda en bajar el gasto, menos margen para evitar recortar planes sociales y empleo público. El recorte en subsidios económicos se gastó en reparación histórica a jubilados, planes sociales e intereses deuda. El ahorro proveniente del cambio de fórmula a los jubilados se gastó financiando el cambio de la ley de Coparticipación y los efectos de la Reforma Tributaria. El gasto inflexible a la baja (jubilaciones + intereses) pasó del 43% (2016) al 49% (2017) y 53% (2018).

¿Cómo bajar el gasto y alcanzar el equilibrio Fiscal?

Ya gastado el ahorro proveniente del cambio de fórmula que actualiza las jubilaciones (43% del gasto primario), el recorte del gasto debe concentrarse en 5 cuentas que engloban el 50% del

gasto primario (antes de intereses): salarios (14%); planes sociales (14%); subsidios económicos (9%); obra pública (9%) y transferencias a provincias (4%).

El Gobierno puede actuar en forma simultánea sobre la obra pública (2%), los subsidios económicos (2,2%) y las transferencias a provincias (1%), que suman 5,2% del PBI y explican el 80% del déficit fiscal financiero (con todos los intereses) proyectado para 2018 (6,6%). La obra pública puede traspasarse totalmente a manos privadas con un esquema de incentivos y garantías a la chilena y/o peruana. Hacerlo o no hacerlo es una decisión 100% política. Los subsidios económicos podrían ser eliminados de cuajo mejorando las condiciones de todas las variables (y no sólo las tarifas) de los contratos. Las transferencias a provincias también son 100% una decisión política.

Sin embargo, está claro que el gasto de estas tres cuentas no puede desaparecer totalmente, porque hay partidas que no se pueden eliminar por completo. Por ejemplo, el 20% de las transferencias a provincias se destinan a gastos previsionales de las cajas provinciales. Cuando se observa esta situación, es cuando se toma conciencia que el actual gradualismo nos ha traído hasta un punto en el cual no queda “otra” que recortar gasto en planes sociales (3,1%) y salarios públicos (3,2%), que suman 6,3% del PBI.

No se puede dejar a la administración pública sin empleados. Tampoco todos los planes sociales pueden ser eliminados de un día para otro. Por ejemplo, las AUH (0,6%) y las asignaciones familiares (0,8%) exigen cambio por ley, pero son sólo el 45% del gasto total en planes sociales. PAMI es 1% del PBI. Es obligación del poder ejecutivo explicarle a la ciudadanía y a sus representantes los beneficios de estos cambios profundos en la política fiscal.

El poder ejecutivo se tiene que convencer que achicar el Estado y el gasto es “bueno”. Hay que valuar toda la sociedad en su conjunto y no sólo los beneficiarios puntuales del gasto. Paralelamente, hay que evaluar el impacto a futuro, no sólo el impacto inmediato presente. Es decir, evaluando los impactos directos, indirectos, presentes y futuros (no sólo los directos y presentes) se concluye que la baja del gasto tiene efectos netos positivos para toda la economía: aumenta el ahorro bajando genuinamente la tasa de interés para impulsar la inversión, generando crecimiento, crear empleo y mejorar salarios.

Por el contrario, es un error pensar que achicar el gasto del Estado “va a tener un impacto negativo fenomenal en la pobreza y la actividad económica”. Es mentira que a más (menos) gasto público, menos (más) pobreza. No hay una relación casual inversa entre gasto público y pobreza. Todo lo contrario. Entre 2008 (31,0%) y 2015 (43,5%) / 2017 (43,2%) el gasto público consolidado creció +40% y la pobreza subió.

En definitiva, obra pública, subsidios económicos, transferencias a provincias, planes sociales y salarios públicos suman 11,3% del PBI, es decir el 175% del déficit financiero (con todos los intereses) proyectado para 2018 (6,6% del PBI). En otras palabras, material para recortar hay. Hay que trabajar simultáneamente sobre todas las cuentas y se puede alcanzar el equilibrio fiscal. Se necesita decisión política, no sólo para diseñarlo y ejecutarlo administrativamente, sino para explicárselo a la ciudadanía y a sus representantes, mostrando los beneficios futuros de hacerlo.