La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha afirmado que "nadie se ha tomado en serio"la entrada en vigor del registro de jornada, que fue efectiva desde este domingo, y ha asegurado que "la Inspección de Trabajo va a actuar".

Así lo ha señalado en un encuentro con los medios después de asistir al Desayuno Informativo de Europa Press del candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, donde ha dejado claro que las empresas han tenido dos meses para planificar, por lo que les ha pedido "que lo cumplan".

"Si hubiésemos concretado un registro de jornada nos habrían dicho que el sistema era inflexible", ha señalado Valerio, tras resaltar que se ha establecido un sistema flexible para dar cobertura a modalidades como el teletrabajo o a personas que trabajan en otro país, pero dependen de empresas españolas. "Ha habido dos meses para cumplirlo y, desde luego, la Inspección de Trabajo va a actuar, pero si llega a una empresa y dice que está en fase de negociación, se dará margen de maniobra dentro del respeto a la ley para que puedan poner en marcha este registro horario", ha dejado claro Valerio.

Para Valerio, es imprescindible cumplir con la legislación vigente en favor de los trabajadores, de las empresas y de la Seguridad Social. "Hay que cumplir con las jornadas, los contratos a tiempo parcial son a tiempo parcial y las horas extraordinarias son horas extraordinarias", ha recalcado.

Tres millones de horas extra no pagadas a la semana

La titular del Ministerio ha denunciado que a la semana se están haciendo más de tres millones de horas que no se cobran ni se cotiza por ellas, por lo que ha insistido en la necesidad de aplicar esta normativa.

También ha recordado que, aunque la Inspección de Trabajo podría sancionar desde este lunes, tiene unas directrices técnicas de aplicación de la norma, por lo que si una empresa este lunes todavía no ha adoptado este registro, pero hay noticia y fundamento de que se está negociando, no se sancionará. No obstante, ha insistido en que "la moratoria no puede ser sine die", porque el registro de jornada se aprobó en un Real Decreto Ley de extrema urgencia.

Sobre las sanciones, la ministra ha asegurado que se decidió comenzar por una sanción global, aunque podría haber sido por cada trabajador. "Esperamos que funcione y que vaya bien y que no haya que sancionar", ha apostillado Valerio.

Guía para empresas

Preguntada sobre la guía práctica para las empresas que el Ministerio anunció el pasado viernes para solventar dudas, la ministra ha afirmado que no estaba previsto que se sacase y que tampoco se pretende sacar ningún tipo de reglamento, aunque cree que si es necesario, se publicará para algún sector o categoría profesional, aunque "no es una condición para que entre en vigor la norma".

La ministra también ha recordado que se está a la espera de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que se van a marcar directrices a España para que establezca un registro de jornada. "Pensamos que es inminente y que estamos propiciando lo mejor para trabajadores, las empresas, la conciliación de vida laboral y, además también va a ser bueno para la Tesorería General de la Seguridad Social, porque "hay horas que se están haciendo, que no se pagan, que no se cotizan por ellas y que se defraudan a la Seguridad Social".

"Exigible desde siempre"

La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ha recordado este lunes que el control de las horas extraordinarias siempre ha sido exigible a las empresas en virtud del Estatuto de los Trabajadores y ha precisado que la nueva normativa si acaso es una "novedad puramente formal y casi de entidad menor". "Todas las empresas eran conscientes de que el control de la jornada efectiva de trabajo era exigible desde siempre y no creíamos que fuera a crear especiales dificultades a la luz de los instrumentos telemáticos que existen", ha señalado Valdeolivas, que ha añadido que la mayoría de las empresas ya cumplen la ley porque cuentan con sistemas de control.

De ahí que la secretaria de Estado haya mostrado su "sorpresa y perplejidad" por la "alarma social" que ha generado esta medida y que, a su juicio, surge "desde intereses bien reconocibles". "Los propios empresarios que cumplen fielmente con sus obligaciones deberían ser los primeros interesados en que se sancionaran a los que compiten deslealmente", ha apuntado.

En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Valdeolivas ha subrayado que las empresas han tenido dos meses para adaptarse a la nueva normativa, aunque ha vuelto a insistir en que Trabajo no tiene "un plan de choque específico" para perseguir desde este mismo lunes a las empresas que carezcan de este registro si están negociándolo. Ahora bien, ha dejado claro que no se trata de una moratoria y que la Inspección de Trabajo puede empezar a multar a las empresas que incumplan esta obligación desde este mismo lunes. "La obligación existe desde ayer (por este domingo) y dos meses era un tiempo sensato. Allí donde se esté cumpliendo la obligación de negociar, seremos flexibles y daremos algo de tiempo, pero las empresas deben estar negociando ya", ha apuntado Valdeolivas, que ha subrayado además que, en caso de no haber acuerdo, esto no puede ser un "pretexto" para eludir esta obligación empresarial.

Valdeolivas ha afirmado además que la flexibilidad horaria que persiguen los empresarios no se verá afectada por esta obligación "formal" de registrar la jornada y ha insistido en que lo que se persigue es generar certeza y seguridad jurídica. Al mismo tiempo, ha apuntado que el registro también beneficiará a las empresas para mejorar en productividad y controlar el absentismo laboral.

Quejas de las pymes y los autónomos

Por su parte, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha recordado a Valdeolivas que la contabilización de horas extraordinarias "sí es obligatoria" desde antes pero no el control de inicio y finalización de jornada que impone la nueva normativa. "El control puede ser un camino para localizar horas extra no pagadas, pero ese café para todos supone un retroceso", ha señalado Cuerva, que cree que de este modo se acaba con un régimen laboral basado en la confianza.

Cuerva, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, cree que se ha discutido "poco" sobre ese registro, y espera que el Ministerio de Trabajo sea sensible a las inquietudes de las pymes. "La empresa española quiere cumplir la norma, pero tiene muchas lagunas", ha apuntado.

También el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha advertido de la "incertidumbre" que ha generado esta medida entre los autónomos, pues hay más de 600.000 actividades que no tienen centro de trabajo y que tendrán dificultades para computar las horas como, por ejemplo, el sector del transporte. "¿Va a tener que llevar el camionero el móvil en la mano cuando pare a echar gasolina? Es una norma que no está bien rematada y genera incertidumbre. En España hay gente que circula a 180 kilómetros por hora y no ponemos limitadores de velocidad a todos los coches", ha subrayado Amor.

Valdeolivas ha recordado a Cuerva y Amor que, precisamente, para facilitar la resolución de dudas y facilitar la aplicación de la norma, el Ministerio de Trabajo tiene previsto publicar este mismo lunes una guía práctica de ayuda a las empresas.