Quienes peor lo están pasando con el enésimo tsunami de corrupción que ha arribado a las playas del PP no son sus dirigentes, que por esos misterios de la evolución han desarrollado branquias de tanta agua que han tragado, ni siquiera Rajoy, al que hemos visto trotando por Brasil y Uruguay en su gira latinoamericana con una nueva equipación deportiva para no dejar en ridículo a la marca España y que incluye un plumas azul contra las inclemencias del tiempo. El más afectado por el seísmo marino es el PSOE de la Gestora y la sultana, el que facilitó con su abstención el gobierno de la derecha, el de ese socialismo de toda la vida que, al parecer, consiste en ser cómplice y cooperador necesario de lo que teóricamente se combate.

Para los del PSOE del golpe palaciego lo preferible hubiera sido continuar representando la farsa de la oposición útil y poder colgarse medallas de hojalata tan vistosas como la subida del salario mínimo, la ampliación del margen de déficit autonómico, la anulación de las revalidas o la reforma de la ley mordaza. Todo ello, claro, con el beneplácito del Gobierno, que se conformaba con su apoyo al techo de gasto porque de camelarse al PNV para los Presupuestos ya se ocuparía Soraya en los tiempos muertos que le deja la Operación Cataluña. Para todo lo demás, especialmente para que los socialistas siguieran jugando a ser un león fiero y no un lindo gatito, se había inventado el veto.

Lo que no estaba en el guión era que el tribunal de la Gürtel llamara a Rajoy a declarar como testigo sobre la financiación ilegal del PP, trance del que difícilmente puede salir airoso el jefe de Bárcenas, obligado a elegir entre dos caminos: el de cómplice o el de panoli. Ante un hecho tan insólito y tan grave, un partido que no tiene hipotecas y que no ha vendido su alma al diablo a cambio de ganar tiempo para que la madre de Andalucía entre en Madrid a lomos de su socialismo rociero, hubiera debido apresurarse a exigir responsabilidades, entre ellas la dimisión del presidente por culpable o por idiota.

Obviamente, no se puede estar en misa y repicando. ¿En qué cabeza cabe que quienes el pasado mes de octubre renovaron el contrato de alquiler de Rajoy en La Moncloa pidan ahora su desahucio? De ahí que toque disimular, silbar por las esquinas, encogerse de hombros, rezar para que pase la tormenta y pedir la comparecencia de Rajoy sí, pero no en un pleno de urgencia en el Congreso sino en la comisión que investigará de aquella manera la caja B de los populares, cuyos trabajos no se iniciarán antes de junio.

Tampoco estaba previsto que una operación judicial se llevara por delante a Ignacio González, el Chino de la coleta, mano derecha y larga de Esperanza Aguirre, y que con ella se pusiera al descubierto que el supuesto cáncer de la corrupción del PP es una metástasis incurable y que quienes debían trabajar en defensa del interés público protegían a los saqueadores, les mandaban mensajes de ánimo y les recibían en sus despachos mientras maniobraban para cambiar fiscales y jueces en un vano intento de tapar sus latrocinios.

Se puede pedir con la boca pequeña que dimita el ministro de Justicia y el de Interior, que se vaya la delegada del Gobierno en Madrid por su presunta prevaricación inmobiliaria y hasta responsabilizar a Montoro de los pufos de la asesoría que montó hace años para seguir amorrado a la ubre de la Administración y que acabó siendo la puerta giratoria más grande de Europa. Pero en algún momento tendrá que asumir la vergüenza de haber permitido a Rajoy y a sus secuaces mantenerse al frente del cortijo sin soltar el mando a distancia o, al menos, volver a explicar aquello de que lo mejor para el país es que el PP siga en el machito. Siempre se puede recurrir a Antonio Hernando, que tiene un pico de oro, pero ni a él le será fácil esta vez no sonrojarse.