Se confirma que existe una iniciativa presentada por el jefe del grupo de negociadores de Estados Unidos, Jamieson Greer, que establece la prohibición para tener etiquetados frontales de advertencia en alimentos y bebidas no saludables, como los que recomienda la Organización Panamericana de la Salud.

12 marzo 2018. Violando convenios y tratados internacionales que establecen que la protección a la salud debe estar por encima de cualquier interés comercial, en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), negociadores de México y Estados Unidos, cabildeando a favor de la gran industria de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, acuerdan bloquear recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) para combatir la epidemia de obesidad.

Información recibida por organizaciones de la Alianza por la Salud Alimentaria, proveniente de varias fuentes, confirman que existe una iniciativa presentada por el jefe del grupo de negociadores de Estados Unidos, Jamieson Greer, que establece la prohibición para tener etiquetados frontales de advertencia en alimentos y bebidas no saludables, como los que recomienda la OPS y que se han establecido en Chile y Ecuador, y se proponen en Canadá, Perú, Uruguay, Brasil y México.

En la práctica, esta propuesta pondría un obstáculo a la implementación de una de las políticas que más beneficios está demostrando en el combate al sobrepeso y la obesidad, enfermedades que en México se han declarado emergencias epidemiológicas.

Los etiquetados frontales de advertencia han recibido el respaldo de la OPS/OMS, de Unicef, de FAO, del PMA y de Cepal, además de diversos organismos académicos internacionales, como una de las medidas más necesarias y costo efectivas para enfrentar la epidemia de obesidad.

La información recibida indica que quien ha promovido esta iniciativa del lado mexicano es el asesor de la iniciativa privada en las renegociaciones del TLCAN, Jaime Zabludovsky, quien fue jefe negociador del gobierno mexicano del TLCAN en 1994 y que durante años ha estado al frente de ConMéxico, organismo empresarial que ha llevado la estrategia de cabildeo de la gran industria de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas contra las políticas de prevención de la obesidad en México, impidiendo una regulación efectiva del etiquetado frontal, logrando establecer un etiquetado diseñado por la industria, además de debilitar al extremo la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a la infancia en nuestro país.

ConMéxico también ha jugado un papel fundamental en la Alianza de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas de América Latina (ALIAB) que se ha declarado en contra de los criterios de consumo diario de azúcar establecidos por la propia OMS, se ha opuesto activamente contra los etiquetados frontales de advertencia ya establecidos en Ecuador y Chile, y a los propuestos en Perú y Uruguay, y ha estado en contra de los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos con alta densidad calórica en México.

ConMéxico, incluso, públicamente se ha opuesto a la regulación para garantizar la oferta exclusiva de alimentos y bebidas saludables a los niños en las escuelas.

Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor —organización miembro de la Alianza por la Salud Alimentaria—, señaló: “La propuesta promovida por Zabludovsky y las grandes corporaciones de alimentos y bebidas, y que ha sido presentada por los negociadores estadounidenses pretende establecer que el etiquetado frontal diseñado por la industria, conocido como GDA, y que se ha establecido en México, sea obligatorio también en los Estados Unidos y Canadá. Documentos públicos de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud dirigidos al gobierno mexicano y a otros gobiernos de la región han señalado que este etiquetado frontal (GDA) no es comprensible por la población y que los criterios de azúcar que utiliza representan un riesgo a la salud, señalando claramente que este etiquetado no se desarrolló en base a la evidencia científica ni a las recomendaciones del organismo internacional”.

En México, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) se ha sumado a las observaciones de la OMS para señalar que ese etiquetado representa un riesgo a la salud y no cumple con los objetivos de orientar a los consumidores.

Por su parte, El Poder del Consumidor presentó en 2014 un amparo que llevó a una sentencia de un juez en la que se establece que este etiquetado viola el derecho a la salud y el derecho a la información.

Cofepris, entidad que estableció este etiquetado frontal en contubernio con la industria, sin consulta a los institutos de salud, ha apelado la sentencia y el caso ha sido atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por su parte, Yarishdy Mora, directora de Salud Crítica —también organización miembro de la Alianza por la Salud Alimentaria—, señaló: “En el marco de la Alianza por el Gobierno Abierto se estableció como uno de los objetivos del plan 2016-2018 se rediseñaría el etiquetado frontal con base en la evidencia científica. La mesa de obesidad conformada por representación del gobierno, la academia y la sociedad civil acordó también establecer el objetivo de impedir el conflicto de interés en todo el ciclo de la política pública contra la obesidad. El objetivo de reformular el etiquetado frontal y de evitar el conflicto de interés en la política contra la obesidad surgieron del reconocimiento de la interferencia de la industria, tanto en el diseño del propio etiquetado como en su presencia predominante en el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, creado por la Secretaría de salud para, entre otras cosas, evaluar las políticas contra la obesidad. Somos testigos, ahora, de que estas empresas pretenden bloquear una política sustantiva para enfrentar la epidemia de obesidad a través de establecer en la renegociación del TLCAN la prohibición de etiquetados que adviertan a los consumidores el alto contenido de azúcares, grasas y sodio”.

Los etiquetados de advertencia establecidos en Chile y Ecuador, y los propuestos en Canadá y Brasil marcan una tendencia global que ha surgido desde América Latina y a la que se ha sumado Canadá, que afecta los intereses de las grandes corporaciones de ultraprocesados y bebidas azucaradas.

Estas empresas, a través de sus principales cabilderos, pretenden establecer en la renegociación del TLCAN que este tipo de etiquetados frontales de advertencia NO puedan ser utilizados en América del Norte, bloqueando así una medida fundamental para combatir las epidemias de obesidad y diabetes, y la única regulación que existe para que los consumidores puedan acceder a información útil sobre la presencia de los ingredientes críticos en estos productos, como lo son los azucares, el sodio, las grasas saturadas, que son la causa principal de las enfermedades no transmisibles.

Ante la imposibilidad de frenar el avance de esta regulación en naciones como Chile y Ecuador, y que se discuta actualmente en países como Brasil y Canadá, la gran industria busca bloquear esta propuesta en América del Norte a través de la renegociación del TLCAN.

De esta manera se pondría un obstáculo a la propuesta avanzada en Canadá de un etiquetado de advertencia y la posible resolución de la SCJN en contra del etiquetado frontal establecido por la industria en México.

Julios Salazar, asesor Jurídico de El Poder del Consumidor, subrayó: “La intención de establecer en la renegociación del acuerdo comercial de América del Norte una prohibición para el establecimiento de un etiquetado frontal en alimentos y bebidas que advierta a los consumidores que los productos presentan altos contenidos de azúcar, sodio o grasas saturadas, excede los límites de un acuerdo comercial, violando el derecho a la salud. Los acuerdos comerciales reconocen la supremacía de los derechos humanos y de la salud por encima de los intereses y derechos comerciales. Esta propuesta no sólo va contra la Constitución mexicana que establece que no pueden celebrarse acuerdos que contravengan los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna, también contraviene los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la jurisprudencia existente en los propios acuerdos comerciales que han dado primacía al derecho a la salud sobre los derechos comerciales”.