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Una nueva lista divulgada por Estados Unidos con los nombres de sospechosos de corrupción en Centroamérica incluye a dignatarios de gobierno con vínculos con presidentes en funciones, un paso importante para reconocer hasta dónde ha penetrado la corrupción en los gobiernos de estos países.

En el nuevo informe de corrupción, el departamento de Estado de Estados Unidos acusa a más de 50 funcionarios de gobierno en ejercicio o retirados de incurrir en corrupción o facilitarla en los países del Triángulo Norte —El Salvador, Guatemala y Honduras—. La lista, que identifica a 11 funcionarios salvadoreños, 27 guatemaltecos y 13 hondureños, amplía una lista anterior dada a conocer en abril pasado, que recibió sendas críticas por la omisión de funcionarios claves.

Entre las figuras más destacadas de la nueva lista se encuentran José Luis Merino, uno de los operadores políticos más poderosos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de El Salvador, cuyo jefe es el saliente presidente Salvador Sánchez Cerén. Merino se desempeña actualmente como viceministro de inversión y financiación extranjera en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Merino fue una figura central en la creación de ALBA Petróleos, subsidiaria en El Salvador de la petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA). Como lo había informado InSight Crime, sus extensas redes de negocios han enriquecido a muchos miembros de la élite, pero también se le han abierto investigaciones por acusaciones de corrupción y otros delitos.

En el nuevo informe sobre corrupción, los agentes estadounidenses acusan a Merino y a su hermano de desviar más de US$400 millones por medio de varias empresas fachada a cuentas offshore en Panamá y otros lugares. Sin embargo, a Merino no se lo ha sindicado de ningún crimen y goza de inmunidad en su actual cargo de gobierno, señala el informe.

El Departamento de Estado también designó al excandidato a la presidencia de Guatemala Mario Amílcar Estrada Orellana, detenido recientemente en Miami por solicitar entre US$10 y US$12 millones en fondos de campaña del cartel de Sinaloa de México a cambio de facilitar las actividades de narcotráfico del grupo.

Desde la aprehensión de Estrada, el presidente guatemalteco Jimmy Morales se ha visto en aprietos por sus vínculos con el excandidato. Morales se había reunido con Estrada en una finca particular y también usó un helicóptero de propiedad del mismo para una diligencia oficial en al menos una ocasión.

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El expresidente del congreso de Guatemala Gudy Rivera y el diputado fugitivo Julio César López Villatoro, hermano del operador político Roberto López Villatoro, alias el “Rey de los Tenis”, también fueron nombrados en la lista. Tanto Rivera como los hermanos López Villatoro han sido acusados de usar su poder para influenciar la designación de jueces y el fiscal general del país por medio de comités conocidos como “comisiones de postulación”, que juegan un rol importante en la elección de los magistrados de la corte suprema.

Por último, el Departamento de Estado hizo énfasis en los actos corruptos del exdiputado hondureño Fredy Renán Nájera Montoya, quien sirvió en el Congreso Nacional bajo la dirección de Juan Orlando Hernández antes de que este subiera a la presidencia en 2014. Las autoridades estadounidenses encausaron a Nájera Montoya por cargos de narcotráfico por facilitar el trasiego de cargamentos de cocaína provenientes de Colombia por Honduras y entregarlos al cartel de Sinaloa de México.

Él no fue el único funcionario señalado que tiene vínculos con el presidente Hernández. Las autoridades estadounidenses también nombraron a Yankel Rosenthal, ministro de inversiones de Honduras en el mandato del presidente Hernández hasta junio de 2015, quien admitió haber blanqueado dinero del narcotráfico para los que alguna vez fueron el mayor grupo traficante del país, Los Cachiros, en 2017. El primo de Yankel, Yani, magnate empresarial y exministro de la presidencia, también quedó incluido en la lista. También él resultó implicado en el caso por lavado de activos de la droga para Los Cachiros.

Fuera de lista, sin embargo, se mantuvo al hermano del presidente Hernández, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández. Los fiscales estadounidenses alegan que Tony es un “narcotraficante a gran escala”, con operaciones en Colombia, Honduras y México. A finales de 2018, fue arrestado en Miami por cargos de drogas y armas.

En el informe sobre corrupción, los funcionarios estadounidenses reconocieron los avances hechos por cada gobierno, pero recalcaron que la corrupción en la región del Triángulo Norte es “endémica y sistémica y uno de los mayores retos que estos países enfrentan”.

Específicamente, el informe criticó con dureza a las élites de Guatemala por hacer contrapeso a los avances hechos por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo anticorrupción avalado por las Naciones Unidas, que fue expulsado el año pasado por el presidente Morales.

Desde entonces, afirman los estadounidenses, Morales y sus aliados han “impedido los esfuerzos anticorrupción” y “atacado la independencia judicial”.

Análisis de InSight Crime

El nuevo informe sobre corrupción de Estados Unidos sobre el Triángulo Norte hace una confirmación crucial de los conocidos nexos de la delincuencia con algunos de los dirigentes más poderosos de la región, incluyendo a los que hacen parte de los círculos íntimos de las actuales administraciones de El Salvador, Guatemala y Honduras.

La congresista estadounidense Norma Torres señaló en un comunicado de prensa del 18 de mayo que este informe es un “paso en la dirección correcta”, y añadió que “la administración Trump finalmente está empezando a reconocer el alcance de la corrupción en las altas esferas en el Triángulo Norte, especialmente en Guatemala”.

Sin embargo, no es claro cuál será el impacto de esta lista, si hay alguno, en futuras iniciativas por erradicar la corrupción en el Triángulo Norte.

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), respaldada por la Organización de Estados Americanos (OEA), se ha visto limitada desde su creación, y su futuro es incierto.

A comienzos de este mes, el segundo líder de la misión judicial, Luiz Antonio Guimaraes Marrey, anunció su dimisión en junio. Entretanto, el mandato de la misión está previsto solo para seis meses más, y no es claro si se renovará. El presidente hondureño Hernández recientemente se ha centrado más en combatir las pandillas del país que en erradicar la corrupción que ha penetrado todos los niveles del gobierno.

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Las campañas anticorrupción en Guatemala también se encuentran en una encrucijada. Los esfuerzos del presidente Morales contra la CICIG tocaron un pico en agosto de 2018, cuando anunció el fin del mandato de la misión, el cual debe expirar en septiembre de 2019. La CICIG investiga a Morales por presunto financiamiento electoral ilícito en relación con la campaña que lo llevó a la presidencia en 2015, y también está implicado en otras investigaciones a poderosos miembros de la élite y aliados del mandatario.

En El Salvador, el presidente electo Nayib Bukele está próximo a tomar posesión en dos semanas como cabeza del partido de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). Como parte de sus compromisos de campaña, Bukele propuso crear una comisión respaldada por un organismo independiente para combatir la impunidad y la corrupción en El Salvador, similar a la CICIG en Guatemala y a la MACCIH de Honduras.

Pero, Bukele ha sido blanco de críticas por mostrarse dispuesto a negociar con actores criminales. Mientras fungía como alcalde de San Salvador, el próximo presidente hizo supuestamente propuestas a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 a cambio de seguridad y acceso a zonas controladas por las pandillas.

Estados Unidos ha enviado señales contradictorias en el pasado respecto a su apoyo a los organismos anticorrupción en Centroamérica. Además de los recursos, estas instituciones necesitan apoyo internacional para tener armas con qué luchar. El informe sobre corrupción es una señal de que Estados Unidos no ha tomado distancia totalmente de esa responsabilidad aún.

*Este artículo se redactó con la colaboración del investigador de InSight Crime Héctor Silva Ávalos.