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Este mes, cuando lleguen las boletas con los consumos de abril, la Empresa Provincial de Energía (Epec) terminará de aplicar el aumento que a fin de 2016 le aprobó el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep): 14 por ciento en diciembre, siete por ciento en febrero y el pendiente del 6,15 por ciento.

Es lo que viene haciendo todos los años, sin detallar de manera pública cuáles son sus costos operativos de generar la energía, de transportarla y de distribuirla.

PASO A PASO. Lo que tenés que saber sobre la última factura de Epec.

De todos modos, según datos de la Caja de Jubilaciones, el salario promedio bruto de sus 4.080 trabajadores a marzo de 2017 es de 69.552 pesos prorrateando el aguinaldo y los tres sueldos y medio por BAE (bonificación anual por eficiencia). Son 4.494 millones de pesos, un tercio de los gastos corrientes.

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Hace dos años Epec presentó el Plan Quinquenal de Inversiones por 3.254 millones de pesos, en un intento de explicar que, ahora sí, con la plata de la tarifa cara que pagan los cordobeses se iba a mejorar la infraestructura eléctrica.

Es cierto: hubo menores contingencias el último año, pero ocurrió siete años después de haber empezado a ajustar la tarifa, sin pausa, al compás de la inflación.

O incluso más.

BUENOS DÍAS CÓRDOBA. Costos expuestos en las boletas de energía

Durante el kirchnerismo, a contramano de lo que la Nación hacía con los servicios públicos, Epec decidió descongelar sus tarifas. Lo hizo desde noviembre de 2009, una vez que pasaron las elecciones legislativas de ese año.

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Entonces, el kilovatio residencial para la franja de consumo de hasta 120 kilovatios (el denominado “primer escalón”), en un hogar que gasta 300 kilovatios mensuales, pasó de 18,65 centavos a 50,25.

Así, todos los años hasta 2015 aumentó el precio del kilovatio: lo hizo en dos o tres veces, en la mayoría de los casos, por encima de la inflación real del período, en años en los que no había mediciones oficiales creíbles.

Así, hasta 2016, cuando se encontró con que la Nación –a cargo de un Gobierno de otro color político– estaba dispuesta a aumentar su parte, con serias intenciones de recuperar los 13 años de congelamiento tarifario. Para esa fecha, el kilovatio escalón 1 valía 99 centavos: 430 por ciento más desde 2009 y por decisión de Epec. Pero la empresa nunca dijo que el precio de la energía pura –que es competencia de la Nación– estaba congelado. Se atribuyó para sí toda la “cuota posible” de aumentos anuales que podía trasladar a sus 950 mil clientes, sin dejarle margen a la Nación. A sabiendas de que ese “precio pisado” a nivel nacional llevaba cada vez más al colapso energético del país.

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Después de la era del hielo

Pero en febrero de 2016, la Nación descongeló su precio. El costo del megavatio, que estaba en 70 pesos promedio, pasó a 321 pesos en 2016, a 400 pesos en febrero pasado y a 640 en marzo. El impacto de ese salto en la tarifa residencial fue de 16 por ciento el año pasado.

En 2017 se desdobló: 4,5 por ciento en febrero para residenciales y 9,42 para comercio y 15 por ciento desde marzo. Así, estos últimos cinco meses se combinaron los aumentos de Epec y de la Nación. Y la suma ha sido explosiva. “Ahora la Nación aumenta la energía, reduce los subsidios y eso genera que el usuario final vea una factura cara, se ve que Epec ha sido ineficiente”, sostiene José María Rodríguez, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba.

Hoy, el kilovatio residencial está en 1,65 pesos, con una incidencia de la energía pura mayorista de 64 centavos. Pero además, Epec cobra un cargo fijo y tres específicos para obras: el de Arroyo Cabral, que se aplica a Pilar; y el transitorio para obras, que se destina a la ampliación de la red en el norte provincial y el de infraestructuras. ¿Esas obras no deberían estar incluidas en lo que cobra ya por kilovatio?

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¿Dónde están las falencias?

“Lo que no tiene Epec es control social”, dijo a La Voz un alto funcionario del Ministerio de Energía de la Nación, y confesó que a su área le cuesta conseguir los números finos de la gestión de la empresa, como costos desagregados de inversión, mantenimiento y personal.

Apuntan a un ente de control demasiado oficialista y a una ciudadanía que aceptó el relato de la Provincia, que le decía que era discriminaba por el kirchnerismo y que le daba todo a Buenos Aires, donde están sus votantes.

No es que eso no haya ocurrido. “El régimen jurídico vigente dice que todas las distribuidoras son provinciales, con una sola excepción: Buenos Aires y Capital Federal, que son de la Nación, y cuyos gastos de funcionamiento están en el Presupuesto nacional”, dice Alieto Guadagni, especialista en temas energéticos.

Detrás de ese relato, es posible que se hayan encontrado los argumentos para perpetuar la ineficiencia. Y no frenar la presión permanente del gremio para que se incorpore más personal que no entra por concurso.

ANÁLISIS. El demonio que manda la factura

(Para ver el gráfico: Cómo entender la factura de Epec, haga clic en este enlace.)

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Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado el 4/05/2017 en nuestra edición impresa.