Por decisión de la Justicia, el Gobierno Nacional quedó bajo el control de una Ferrari F355 Spider que perteneciera a Diego Maradona (junto con otros autos y propiedades), lo que permitirá ejecutar el decreto de Extinción de Dominio, para rematar los bienes incautados al delito.

La medida fue adoptada por el juez Penal Económico, Pablo Yadarola. Y se apoya en un decreto del presidente Mauricio Macri, firmado en enero pasado. Este recurso se utilizará para rematar los vehículos y propiedades de bandas dedicadas al narcotráfico y la corrupción.

Es el caso del llamado Clan Loza: un cartel de narcotraficantes que operaban en la provincia de Buenos Aires. Enviaban cargamentos de cocaína a España e Italia. Cuando se descubrió su accionar, la Justicia incautó: una Ferrari F430 Spider, un Chevrolet Camaro, un Pontiac TransAm, un BMW Z3 y una Ferrari F355 Spider.

Este último ejemplar era el vehículo más famoso de los Loza: fue comprado en Italia por Diego Maradona, a fines de los años ’90 y fue el habitual móvil de las salidas nocturnas junto a su amigo y manager, Guillermo Coppola (foto de arriba).

Los autos quedaron bajo el control de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, a cargo de Ramón Lanús. Aún no se sabe cuándo se subastarán los vehículos. Hay más información en esta nota del diario La Nación.

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Los vehículos incautados al Clan Loza, ahora están bajo control del Gobierno.

Y podrán ser subastados.

La Ferrari F355 Spider fue una de las dos (mismo modelo y color) que tuvo Diego Maradona.

También hay una F430 Spider.

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Nota del diario La Nación

El Gobierno toma el control de bienes millonarios de un clan narco en el primer fallo tras el decreto de extinción de dominio

Hay estancias de la provincia de Buenos Aires, inmuebles en Puerto Madero, departamentos en Mar del Plata y Pinamar, cocheras en la Capital, camionetas, camiones y maquinaria pesada, incluidos un autoelevador y una pala mecánica. También, autos de calle, de lujo y deportivos, entre ellos, un Pontiac, un Camaro y dos Ferraris, una de las cuales fue de Diego Maradona.

Todo ese lote, valuado en al menos $800 millones y atribuido a una organización narco, quedará ahora bajo la administración del Estado, a partir del primer fallo de la Justicia Civil y Comercial dictado bajo el paraguas del decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que el presidente Mauricio Macri impuso el régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio sobre bienes que sean producto de la corrupción y del crimen organizado. Hoy, el juez en lo Civil y Comercial Nº 10 Marcelo Bruno Dos Santos dictó la medida cautelar por la cual la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) deberá administrar 65 bienes del llamado clan Loza.

Esos bienes habían sido detectados durante la investigación encabezada por el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, que investigó a los hermanos Gonzalo y Erwin Loza como presuntos jefes de un cartel internacional sospechado de enviar cargamentos de cocaína a España e Italia.

Tal como publicó LA NACION en febrero pasado, el magistrado señaló que había detectado maniobras de lavado por $32.229.939. Tras dictar los 12 allanamientos, embargó al clan Loza por la cifra récord de $7400 millones. Los bienes fueron detectados durante ocho años junto con las Procuradurías de Narcocriminalidad (Procunar) y de Lavado de Activos (Procelac) y el fiscal federal Pablo Turano.

En julio pasado, el titular de la Procunar, Diego Iglesias, su colega Turano y el fiscal federal en lo Civil y Comercial Miguel Ángel Gilligan presentaron el pedido de extinción de dominio en los términos del DNU 62/2019. Dos meses después llegó la cautelar.

En el Gobierno hoy celebraron la medida y la percibieron como un importante espaldarazo a la decisión de Macri de avanzar por la vía del DNU en un tema, la extinción de dominio, que está trabado desde hace años en el Congreso. El decreto 62/2019 no fue tratado este año por el Parlamento, pero para el Poder Ejecutivo Nacional hoy tiene rango de ley.

“Es una gran noticia. Se está avanzando relativamente rápido, ya que en julio los fiscales habían pedido la extinción de dominio y en septiembre llegó el dictado de la cautelar que le da a la AABE la responsabilidad de administrar y mantener estos bienes decomisados a una organización narcocriminal”, dijo a LA NACION una calificada fuente de la Agencia de Bienes del Estado.

Especialistas del organismo precisaron: “Aún no podemos subastar estos bienes, porque lo que se dictó es una medida cautelar en el marco de un proceso de extinción de dominio. Podremos hacerlo una vez que se dicte, y seguramente se hará porque estos inmuebles y vehículos no tienen, a priori, una utilidad directa para el Estado. Por ahora veremos cómo administrarlos; algunos serán puestos en alquiler, se pagarán los impuestos, etcétera. Primero debemos tomar contacto con los inmuebles, ver dónde y en qué estado están, si están ocupados, qué destino se les puede dar. El dinero incautado será depositado en una cuenta judicial en el marco de la causa penal”.

El juez Dos Santos dispuso que la AABE, agencia de administración de activos del Estado que encabeza Ramón Lanús, deberá realizar la verificación del estado actual del parque automotor incautado al clan Loza y su valor estimado a través de una compañía de seguros.

El fallo judicial, en tanto, dispone que todos los bienes en efectivo o depósitos bancarios atribuidos al clan Loza deben ser depositados en una cuenta especial en el Banco Nación, sucursal Tribunales. Las sumas deberán ser invertidas en sendos plazos fijos -en dólares y en pesos-, renovables cada 30 días, para devengar intereses “a fines de mitigar su depreciación”, según los términos del artículo 13 del DNU 62/2019.

Del mismo modo, deberán ser trasladadas a una caja de seguridad a nombre del tribunal aquellos bienes como alhajas, joyas y otros, que deberán ser peritados por especialistas que deberán determinar el valor de las piezas y las condiciones de cuidado.

En el caso de otros 12 autos de alta gama, los fiscales habían pedido la “disposición anticipada”, figura que permite ordenar la venta de los bienes sujetos a medidas cautelares “cuando presenten riesgo de perecer, deteriorarse, desvalorizarse o cuando su conservación genere erogaciones excesivas para el erario”. El juez Dos Santos no hizo lugar a este pedido.