Un vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza se rehusó a brindar información sobre el encuentro o a comentar sobre la demanda, en la cual también se nombra a O’Neal, al comisionado en activo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin K. McAleenan, y a otros veinticinco acusados sin nombre identificados como “Juan Pérez” que, de acuerdo con la ACLU, estuvieron involucrados en el episodio.

“Por una cuestión de política de la agencia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no ofrece comentarios sobre litigios pendientes”, mencionó Jason Givens, vocero de la agencia, en un correo electrónico. “Sin embargo, la ausencia de comentarios no debería interpretarse como concordancia o estipulación con ninguno de los alegatos”.

Los esfuerzos por localizar a O’Neal la noche del jueves no rindieron frutos de inmediato.

En un comunicado, la ACLU señaló que era inconstitucional que los agentes de seguridad o de migración detuvieran a las personas a causa de su idioma, acento o raza. Cody Wofsy, un abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la organización, comentó que considera el caso “como parte de un patrón más generalizado de conducta abusiva de una agencia que está fuera de control”.

“Es una oportunidad para que los tribunales se involucren y den constancia de que hay límites constitucionales sobre lo que puede hacer la CBP”, mencionó. “Con base en lo que hemos visto a lo largo de los dos últimos años del gobierno de Trump, es evidente que esto no es nada nuevo. La agencia ha recibido un incentivo para actuar conforme a algunos de sus peores impulsos”.

El caso resalta la preocupación sobre el poder de gran alcance del que goza la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, cuyos agentes tienen la autoridad de detener e interrogar a personas hasta a 160 kilómetros de distancia de una frontera internacional, un área enorme que alberga a casi dos terceras partes de la población de Estados Unidos.

Havre, una remota ciudad agrícola de unos nueve mil habitantes, es el hogar de una oficina regional de la CBP con 183 agentes que tienen jurisdicción a lo largo de más de 720 kilómetros de frontera canadiense. La ciudad está a unos 56 kilómetros de la frontera.

En 2006, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito determinó que unos agentes fronterizos habían detenido de manera ilegal a cinco hombres latinos en Havre en 2004 y afirmó que “la aparente etnicidad latina, aunque es un factor relevante en una indagación por sospecha razonable, por sí sola no puede justificar una detención con fines de investigación en una zona fronteriza”.