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La labor de un partido político es conectar con el sentir popular y trasladar a las instituciones las necesidades de la ciudadanía. El tan denostado término populista no tiene siempre por qué ser utilizado de forma despectiva ni negativa y esta es una de las ocasiones. La moción de censura es populista porque conecta con el pueblo. Por eso es acertada. La opinión pública, y la publicada, coincidían de una forma mayoritaria en que el último caso de corrupción precisaba de una respuesta extraordinaria que la oposición había eludido.

La proliferación de casos de corrupción pone cada vez más difícil a los investigadores encontrar una palabra que dé nombre a la operación. Esta vez la que ha puesto en cuestión a nuestras instituciones se llama Lezo, y afecta a todos y cada uno de los pilares fundamentales del estado surgido de la transición: la política, los medios de comunicación, las empresas y la judicatura. Lezo ha sido uno de los casos más relevantes para entender el sistematismo de la corrupción en España y al que hay que responder de un modo excepcional con medidas excepcionales. Unidos Podemos ha cumplido con su deber político y ético afrontando el caso con la gravedad que merece.

La inoperancia, cuando no connivencia, de la oposición del PSOE y Ciudadanos con el Partido Popular ha dejado huérfana a la ciudadanía que no votó a los conservadores. El único partido que ha mostrado beligerancia con el PP es Unidos Podemos, aunque últimamente se había perdido en actitudes inocuas para los implicados – el tramabús – que trasladaban un mensaje de incapacidad preocupante, por más que pudiera tener un sentido pedagógico. Por eso la moción de censura es un cambio necesario que incide en el papel de oposición y en el control efectivo del gobierno. Posiciona al partido como único contrincante de un ejecutivo que, estando en minoría, ve cómo PSOE y Ciudadanos no complican su mandato y apoyan, cuando es preciso, su labor legislativa.

El tripartito ha llegado al pacto tácito de no permitir a Unidos Podemos apuntarse ningún tanto en el Parlamento y evitar que pueda sacar adelante cualquier propuesta aunque la compartan. Han empujado al partido de Pablo Iglesias a la marginalidad parlamentaria y eso imposibilita un ejercicio ordinario de la oposición. De poco hubiera servido intentar reunirse con las otras formaciones antes del anuncio. La consigna es arrinconar a Podemos y discriminar cualquier iniciativa que salga de sus filas, una táctica que no es nueva y que Bildu ya conoce bien. Por eso, no resignarse y utilizar todas las armas que estén a su disposición es el mandato que le dieron los ciudadanos en las urnas. Hacen bien en cumplirlo.

La posición de la oposición

No sorprende que PSOE y Ciudadanos se hayan negado a apoyar la moción de censura con tanta celeridad. No hace ni seis meses que dieron el gobierno a este PP y por diferentes motivos no van a tolerar que salga del gobierno dándole a Podemos ese tremendo trofeo. Ciudadanos hace mucho que se despojó de esa falsa etiqueta de transversalidad ideológica y está dispuesto a enterrar su promesa de regeneración para soportar en el poder a los conservadores frente a opciones limpias de corrupción. Son de derechas y ejercen como tal. Por su parte el PSOE y la gestora prosusana no puede hacer nada sin el beneplácito de la presidenta de la Junta de Andalucía. Primero les toca ganar el 21 de mayo la secretaría general, y después dedicarse a minar al que consideran su verdadero enemigo, que no es Rajoy y lleva coleta.

Aunque por esperada, no deja de sorprender la vehemencia de ciertas reacciones. En particular la mostrada por Alfredo Pérez Rubalcaba y El País, que ya funciona únicamente con criterios políticos y no periodísticos. Rubalcaba amagó con una moción de censura cuando Mariano Rajoy se negaba a acudir al Congreso a dar explicaciones por la corrupción del caso Bárcenas. El PSOE se encontraba en minoría y por lo tanto era imposible que saliera adelante. Fue solo un instrumento más que la oposición utilizó para cumplir con su papel. Decía Javier García Fernández, catedrático de Derecho Constitucional, en el diario El País al respecto:

“Lo principal, en definitiva, es que la Constitución ha definido teleológicamente la moción de censura, cuya finalidad es exigir la responsabilidad política al Ejecutivo. Que además se elija a un presidente alternativo es importante pero jurídicamente secundario, porque si no hubiera moción de censura constructiva no se dejaría de ejercitar la moción de censura que es un instrumento al servicio de la relación de confianza que vincula al Gobierno con el Parlamento. Por todo ello, si llega a presentarse, será para juzgar a Rajoy, no a Pérez Rubalcaba”.

En aquel momento El País se mostró muy conforme con la propuesta de la moción de censura de Rubalcaba, que a diferencia de hoy estaba abocada al fracaso por la distribución parlamentaria, porque según su editorial del 17 de julio de 2013 la propuesta podía “ofrecer a la Cámara, y por ende a los ciudadanos, la oportunidad de recuperar una cierta dignidad”. El diario de Cebrián aseguraba que la moción de censura era “el único medio legal de someter a debate la responsabilidad política del Gobierno y también el único cuya tramitación no puede ser bloqueada por el PP”.

Pero también es cierto que en aquel momento el proponente era Alfredo Pérez Rubalcaba, que ahora forma parte del consejo editorial del periódico. Y ahora el proponente es Pablo Iglesias, su némesis. Es por esto que el editorial de El País, que en esta ocasión tituló “Sigue el espectáculo”, cambió su forma de analizar para qué sirve una moción de censura:

“Una moción de censura, recordemos, es un mecanismo constitucional extremadamente tasado en sus requisitos y procedimientos cuyo objeto es, si no conformar una mayoría parlamentaria alternativa a la actual que desaloje al Gobierno y lo reemplace por otro, por lo menos hacer visible ante la ciudadanía la existencia de una formación política con solidez y prestancia suficiente como para ofrecer esa alternativa en las urnas”.

En tan solo cuatro años la moción de censura ha perdido el poder de dar dignidad a los ciudadanos y de someter a debate la responsabilidad política del gobierno que tenía cuando la presentó Alfredo Pérez Rubalcaba. Empieza a ser práctica habitual tener la sensación de que existe un acuerdo de las élites políticas y mediáticas para convertir a Pablo Iglesias en un apestado al que arrinconar. Censurar sus iniciativas no por lo que son, sino por quien las propone, es un ejercicio deshonesto que esconde sepultar a quien con algunos errores de procedimiento ha puesto en cuestión a una oligarquía que venía dictando sin oposición efectiva el futuro de todo un pueblo.