El Informe “Control… sobre todo el Estado de Coahuila” resalta que el control de Los Zetas se extendió a jefes de la policía municipal, procuradores estatales y federales, centros penitenciarios estatales y sectores de la Policía Federal y del Ejército mexicano.

El estudio fue realizado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas y se basa en las declaraciones de 24 testigos en tres juicios federales contra integrantes del sangriento cártel que se realizaron en San Antonio, Austin y Del Rio, Texas entre el 2013 y el 2016.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).– Militares y gobernadores de Coahuila y Veracruz recibieron dinero de Los Zetas para mantener el control de territorios, expone el Informe “Control… sobre todo el Estado de Coahuila” realizado por la Universidad de Texas.

En concreto señala a los Gobiernos de los hermanos Rubén y Humberto Moreira en Coahuila y Fidel Herrera Beltrán en Veracruz, los tres llegados al poder bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El informe de 53 páginas analizó las declaraciones de 24 testigos en tres juicios federales contra integrantes de Los Zetas que se realizaron en San Antonio, Austin y Del Rio, Texas entre el 2013 y el 2016 y documenta los abusos a los derechos humanos que son mencionados en las declaraciones de los testigos, incluyendo las desapariciones y las masacres de Piedras Negras y Allende de 2011.

El texto resalta que los testigos en los juicios en Texas relataron que el control del cártel se extendió a jefes de la policía municipal, procuradores estatales y federales, centros penitenciarios estatales y sectores de la Policía Federal y del Ejército mexicano.

“Los Zetas pagaron sobornos e integraron a oficiales de policía en su jerarquía para garantizar que el cártel podría continuar sus operaciones ilícitas sin resistencia. Sin embargo, los Zetas no sólo influyó en la policía estatal o municipal de bajo nivel; los testigos describen un nivel de Zeta control que se extendió a los jefes de policía de la ciudad, fiscales estatales y federales, prisiones estatales, sectores de la policía federal y del ejército mexicano, y políticos estatales”, resalta el trabajo realizado por Sarah Gohary y Moravia de la O, ambas estudiantes de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas.

El Informe realizado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas revela que las instituciones y funcionarios púbicos de Coahuila tuvieron un papel -ya sea por acción u omisión- en la comisión de los abusos cometidos por el cártel.

“Los funcionarios estatales se han negado intencionalmente a buscar la justicia a pesar de tener conocimiento de innumerables abusos contra los derechos humanos perpetrados por miembros del cártel Zeta. Tanto los Zetas como el Estado son responsables de la violencia en Coahuila. En el mejor de los casos, el Estado hizo la vista gorda ante la generalizada corrupción y los graves abusos contra los derechos humanos cometidos por los Zetas en Coahuila, y en el peor, participó directamente en la perpetración de estos abusos”, concluye el informe.

Y recuerda que varios testigos hicieron declaraciones sobre sobornos de millones de dólares pagados a los hermanos Humberto Moreira y a Rubén Moreira, gobernadores de Coahuila, a cambio del control total del estado.

De acuerdo con los testimonios, la influencia de Los Zetas sobre las operaciones del gobierno de Coahuila en todos los niveles les permitió llevar a cabo sus negocios en todo el estado con impunidad y, a menudo con la ayuda directa de funcionarios del estado y oficiales de policía.

Apunta que otros testimonios refieren que en 2012, “los Zetas buscaron expandir su influencia dentro de la esfera política. Efraín Torres, un miembro fundador de Zeta, comenzó a enviar grandes cantidades de dinero a un gobernador candidato en el estado de Veracruz. De acuerdo con el testimonio jurado de un agente del FBI, este candidato fue Fidel Herrera, quien se desempeñó como Gobernador de Veracruz de 2004 a 2010. Durante el juicio de Austin, los testigos también mencionaron los pagos hechos a la campaña para gobernador de Fidel Herrera en 2004”.

Agrega que los tres juicios analizados permiten concluir que “el Gobierno de EU puede actualmente poseer información no divulgada que podría conducir a la aclaración de asesinatos y desapariciones perpetrado en México. Por lo tanto, los esfuerzos para abordar los abusos contra los derechos humanos cometidos por organizaciones del crimen en México necesariamente debe involucrar soluciones transnacionales”.

Los investigadores resaltan además que el Estado mexicano no ha investigado las declaraciones que surgieron de estos casos.

“Los testimonios y las investigaciones llevadas a cabo para estos ensayos incluyen información clave, como los lugares donde tuvieron lugar las desapariciones y los asesinatos. Sin embargo, los testigos dejaron en claro que el Estado mexicano no ha llevado a cabo investigaciones sobre estos asesinatos, incluso cuando el Gobierno de EU compartió información vital directamente”, dice en las conclusiones del informe.

Además, el informe resalta el patrón de secuestros, asesinatos, tortura y desapariciones en contra de cualquier persona que Los Zetas consideraran una amenaza a sus operaciones ilícitas o como una manera para intimidar y reclutar personas.

Los testigos declararon sobre la manera “cruel en la que Los Zetas despojaban a sus víctimas de su humanidad, les asesinaban y se deshacían” de sus cuerpos.