El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, en el Parlament. / ALBERT BERTRAN

La Generalitat ha dado marcha atrás y accedió ayer, martes, a remitir a Hacienda los informes semanales exigidos por el Ministerio de Hacienda certificando que la administración catalana no ha realizado pago alguno relacionado con el referéndum. Precisamente la negativa a seguir realizando tales envios, que se venían realizando desde el mes de julio, es lo que motivó la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de intervenir la caja de la Generalitat el viernes pasado. Ahora la Generalitat ha empezado a dar pasos atrás en su negativa, según ha confirmado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, este miércoles durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados para dar cuenta de las medidas financieras antireferéndum adoptadas por el Gobierno.

El ministro ha anunciado que su departamento está buscando fórmulas para obtener las cantidades que la nómina de septiembre de cada empleado público de la administración catalana y poder realizar la transferencia bancaria "en plazo", en torno al 26 de septiembre. "Las nóminas no están en peligro", ha dicho el ministro; "solo faltaría que los errores y la falta de colaboración (de la Generalitat) fueran a pagarlo los funcionarios y sus familias". El ministro ha hecho así referencia a la decisión de del Govern de no remitir a Hacienda los listados de compromisos pendientes de pago tras la intervención de la caja de la Generalitat adoptada por el Gobierno.

Comunicaciones oficiales

La Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, comunicó al secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, la decisión de remitir los certifcados semanales de los pagos a través de un escrito remitido este martes, al que ha tenido acceso El Periódico. El escrito fue enviado un día antes de la macrooperacion judicial contra los organizadores del referédum desplegada en Barcelona este miércoles.

En su escrito, la interventora anunciaba al secretario de Estado que iba a realizar los envíos de los informes pendientes a partir del día siguiente, miércoles. Y así ha sido. Este miércoles han llegado a la sede del Ministerio de Hacienda sendos escritos de la Interventora General, de la directora general de Presupuestos de la Generalitat, Anna Tarrach y del secretario general de Politica Financiera, Seguros y Tesoro, Josep María Sánchez Pascual. Cada uno de ellos certifica que en sus respectivos ámbitos de competencia no les consta que se hayan realizado pagos presupuestarios o extrapresupuestarios que puedan estar destinados a la realización de las actividades vinculadas con la convocatoria del referéndum del 1 de octubre.

Hasta el 17 de septiembre

Las certificaciones hacen referencia a periodos hasta el 17 de septiembre. Sin embargo, aún no se se han enviado las certificaciones referidas a organismos públicos dependientes de la Generalitat en los que no existe intervención delegada. Según la Interventora General, se está a la espera de recibir esta información antes de remitirla a Hacienda.

Todo este cruce de escritos muestran cierto cambio en la actitud de la Generalitat frente a las reglas impuestas por el Ministerio de Hacienda. Sobre todo, en lo que se refiere a las tareas que son responsabillidad de la Interventora General, (cuyo cometido es velar por la legalidad del gasto público) después de que el ministro de Hacienda hubo anunciado el viernes pasado la decisión de denunciar ante la Fiscalía a la citada funcionaria por entender que estaba incumpliendo la ley.

Las nóminas de los funcionarios

Pese a todo, la Generalitat mantiene su decisión de no remitir a Hacienda el listado de compromisos pendientes de pago -incluidas las nóminas de los empleados públicos- para que puedan ser atendidos por el Ministerio después de que éste haya intervenido la caja de la administración catalana. "No hemos obtenido esa información", ha confirmado Montoro en la Comisión de Hacienda.

En el mismo escrito en el que la Interventora comunicó al secretario de Estado de Hacienda que iba a remitir los certificados semanales exigidos también le comunicó la negativa a remitir los citados listados exigidos por Hacienda en la orden ministerial publicada el sábado pasado en el Boletín Oficial del Estado hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la solicitud de suspensión de tal norma.

Para justificar su negativa a cumplir tal mandato, la Interventora se ampara en lo dictaminado por el Gabinete Jurídico de la Generalitat de Catalunya.

Se da la circunstancia de que el Tribunal Supremo puede demorar más de diez días su decisión sobre si se debe suspender o no la aplicación de la citada orden ministerial hasta que el Alto Tribunal se pronuncie sobre el fondo de su contenido. El ministro de Hacienda ha explicado que su departamento está buscando "fórmulas" para conocer los datos de pago de cada empleado público y poder realizar las transferencias. "No queremos perjudicar a nadie, sino garantizar los cobros a personas y empresas en plazo", ha dicho el ministro en la Comisión de Hacienda de el Congreso de los Diputados.