Colima

Hace tiempo que Colima dejó de ser el lugar en el que la gente dejaba abiertas las puertas de sus casas o no se preocupaba por subir las ventanillas del auto al dejarlo estacionado; la seguridad que sentían los habitantes de los 10 municipios del estado se ha esfumado, pues tres de ellos (Manzanillo, Tecomán y Colima) se encuentran entre los 10 más violentos del país, según datos de la Secretaría de Gobernación.

Hace 14 años, cuando se enteró de que tendría a su primer hijo, Antonio Ávalos González dejó su trabajo en una empresa de Guadalajara y se mudó a la ciudad de Colima en busca de una mejor calidad de vida.

“Antes podías estar aquí en el centro hasta las 12 de la noche o una de la mañana y caminar hasta tu casa sin ningún problema, tenías la seguridad de llegar; antes todas las puertas de las casas estaban abiertas durante el día sin que hubiera problemas, incluso podías dejar las ventanillas del carro abajo sin que pasara nada.

“Antes la preocupación principal de un padre eran las drogas o que el muchacho terminara la escuela y no se fuera por el mal camino, pero ahora el mal camino implica vender las drogas, andar de narcotraficante o de sicario; ahora la preocupación de los padres no es que su hijo consuma drogas, sino que no se meta a la delincuencia”, dice, mientras da pequeños tragos a su café en los portales del centro.

Antonio ha trabajado como profesor en varias escuelas y hoy se encarga del archivo histórico de la Normal Superior. En su opinión, la inseguridad en el estado comenzó a notarse hace siete u ocho años y la gente empezó a cerrar las puertas de sus casas y a estar más pendiente de sus carros, al ver que los ejecutados y los secuestros no ocurrían sólo en estados como Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas o Guerrero.

A la cabeza

Los datos le dan razón: de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 1997 —cuando el estado contaba con aproximadamente 500 mil habitantes— el índice de homicidios dolosos era de 18.61 personas asesinadas por cada 100 mil habitantes, y durante 10 años ese número decreció hasta 4.86 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en 2007.

Sin embargo, durante la siguiente década el incremento constante en este índice colocó al estado como el más violento del país en 2016. Hasta septiembre pasado —con una población de poco más de 700 mil personas— se registraban 58.99 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Este mes reporta 65.

En números absolutos, hasta el 20 de octubre de este año en Colima se han cometido 434 homicidios dolosos, cifra lejana a los mil 654 registrados en Guerrero o los mil 545 que se reportan en el Estado de México; no obstante, la percepción de inseguridad es constante.

“Anteriormente una balacera era algo extraordinario, pero hubo una temporada en que había un ejecutado por semana, luego fue uno por día y llegó a haber hasta tres en un solo día”, señala Antonio.

Adriana Ruiz Visfocri es activista y como abogada trabaja con familias víctimas de feminicidios, desapariciones y homicidios; comparte la percepción de Antonio sobre la violencia en el estado y considera que para las víctimas es complicado exigir justicia.

“Como defensora y abogada litigante me he enfrentado a la indiferencia y a la ineficacia de las autoridades, sobre todo cuando se trata de mujeres, niñas y niños en situación de riesgo. No hay políticas públicas de prevención del delito y falta sensibilidad de los jueces, de los policías (…). No se cuidan del todo los derechos de las víctimas; desde hace seis meses hay una Comisión Especial de Atención a Víctimas, pero hasta ahora no se ha notado su trabajo y la Comisión Estatal de Derechos Humanos no da la atención adecuada: cuando emite una recomendación lo hace años después”, advierte.

En su opinión, la presunta corrupción que documentó el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) durante los últimos tres años de la administración del exgobernador priísta Mario Anguiano Moreno (desvío de fondos públicos que superan los 2 mil millones de pesos) es un factor clave en el deterioro de la seguridad en Colima.

“Se desviaban los recursos y no se aplicaban en seguridad pública ni en procuración de justicia o prevención del delito, hubo capacitación precaria en el Nuevo Sistema de Justicia, lo mismo pasó en las áreas de salud, prevención de adicciones y atención a víctimas”, indica.

Además, Ruiz Visfocri considera que hay una cifra negra en el número de homicidios dolosos reportados, sobre todo cuando se trata de feminicidios: ha logrado documentar casos de mujeres que mueren en algún hospital después de ser golpeadas por sus parejas “y eso no se registra en las estadísticas”.

Males heredados

Desde el estrado, en un auditorio de la Secretaría de Seguridad Pública, el secretario de Gobierno de Colima, Arnoldo Ochoa González, arenga a 120 policías estatales a recuperar la confianza de los ciudadanos hacia los policías, perdida durante los últimos lustros.

“Aun hay una percepción de la sociedad de que las denuncias no se atienden, pero es una percepción heredada; además, en algunas colonias se tienen reportes de que los policías saben quienes son los delincuentes y se reúnen con ellos, platican con ellos; hemos dado seguimiento a todas esas denuncias con discreción pero con eficiencia, porque tenemos que ganarnos el respeto de los ciudadanos para generar un nuevo vínculo con ellos”, dice a quienes terminaron una serie de cursos de capacitación impartidos por la Gendarmería Nacional.

En los últimos meses la estrategia de seguridad en el estado ha implicado el cambio de mandos, la reestructuración de algunas dependencias —como la propia Secretaría de Seguridad Pública— y la intervención directa del gobierno federal en los municipios de Manzanillo, Tecomán y Colima a través de las Bases de Operaciones Mixtas (BOM), integradas por elementos de la Sexta Región Naval, la XX Zona Militar, la Secretaría de Gobernación y elementos de las policías federal, estatal y municipal.

Ghaleb Krame, subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, asegura que en los últimos meses el principal reto fue crear el andamiaje para echar a andar las políticas de prevención, pues en la Secretaría de Seguridad Pública no había un área específica y sólo se reaccionaba ante la situación de inseguridad sin hacer trabajo de prospección.

“Más allá de los números absolutos, la realidad es que para ganarnos la confianza de la gente no podemos permitir un sólo homicidio doloso o robo a casa habitación; ha habido una descomposición desde hace 12 años, cuando se dejó de atender la parte fundamental de la labor policial, más que un proceso de corrupción es un proceso de descomposición de la mística policial: el policía no portaba ya el uniforme con orgullo, no había una misión ni un objetivo claro, el ciudadano no era el objetivo principal del policía, cuando lo debe ser, pero es un proceso histórico del país, no solo del estado”, explica Krame Hilal.

Al igual que en muchos otros estados, los policías en Colima no ganan lo suficiente por arriesgar su vida (su sueldo es de 10 mil 500 pesos mensuales, en promedio) y sus condiciones laborales no son las mejores.

Miriam es policía desde hace cuatro años y aunque acepta hablar ante la grabadora pide omitir su nombre y que no le tomen fotos; ha observado el incremento de la violencia en el estado y considera que su trabajo es más peligroso que antes.

“Me gusta este trabajo, lo que se hace aquí; trabajar con la gente, platicar con ellas, ser sociable y tratar de solucionar sus problemas (…). Siempre es un riesgo ser policía, pero si lo haces bien creo que no te pasará nada; a veces los ánimos bajan pero también trabajamos en eso”, dice la uniformada.

Por ahora, para intentar compensar las condiciones en que trabajan los uniformados, se cabildea con el Congreso del estado la creación de una ley que otorgue a los deudos de un policía caído en su deber una pensión o ciertos beneficios por lo menos hasta los 18 años.

Renuncias y reacomodos

Al llegar a su cargo en febrero pasado, el procurador del estado, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, se impuso un compromiso: mejorar la percepción de seguridad en el estado en seis meses o renunciar al puesto; llegado el plazo ninguna de las dos cosas ocurrió.

Sin embargo, el pasado 15 de noviembre el funcionario sí presentó su renuncia, pero para integrarse a la Procuraduría General de la República como subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales; muchos interpretaron el hecho como una salida para el funcionario ante los pobres resultados.

Tal vez por eso el secretario de Seguridad Pública del estado, el contralmirante Francisco Javier Castaño, es cauto cuando se le pregunta sobre lo que se ha logrado en materia de seguridad durante los dos meses que lleva al frente de la dependencia local.

“Se ha logrado contener los índices delictivos, pero hablar de tiempo no es sano porque hay muchos factores en juego, se necesitan recursos económicos, hacer mucho trabajo de proximidad ciudadana, contratar más policías y capacitarlos”, afirma.

Reconoce haber recibido una institución con un fuerte rezago heredado por las pasadas dos o tres administraciones estatales: “no creció el número de efectivos proporcionalmente con la población, no se incrementaron los recursos y no hubo una preocupación de contar con una estructura de policía y equipamiento que responda a las necesidades actuales”.

En esa situación, Colima tuvo que enfrentar los reacomodos de los cárteles de la droga que operan en Jalisco y Michoacán, sus estados vecinos, lo que generó migración de algunas células delictivas y disputas territoriales.

Además, considera el diputado Octavio Tintos Trujillo, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, la posición geográfica de Colima y el puerto de Manzanillo son pieza clave en las rutas de trasiego de droga de los cárteles.

La última pieza en la estrategia de seguridad de la administración del gobernador Ignacio Peralta Sánchez espera la autorización del Congreso local: se trata de la creación de la fiscalía del estado, dependencia que sustituirá a la procuraduría y a la que se le pretende dar personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia en sus decisiones, funcionamiento y administración, de tal forma que su titular pueda permanecer en el puesto durante 12 años para garantizar el seguimiento a las políticas de prevención y persecución de los delitos.