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El 22 de mayo de 2015 en el rancho El Sol en Tanhuato, Michoacán, policías federales se enfrentaron con sicarios del Cártel Nueva Generación y el saldo fue de 42 presuntos delincuentes y un policía muertos. Fue una matanza, según concluye la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y hubo ejecuciones extrajudiciales y alteración de la escena del crimen. Durante más de un año la Policía Federal sostuvo que no violó derechos humanos y que actuó conforme al protocolo de uso de la fuerza. Resultó mentira. El gobierno tendrá que hacer una investigación y determinar qué y cuántos policías violaron la ley para proceder en consecuencia. Su resultado debe dictar también la suerte del comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo.



El documento de la CNDH es muy crítico de la actuación de los federales, y las recomendaciones serán acatadas en lo general. No basta, porque Tanhuato muestra las vulnerabilidades de los policías federales en la lucha contra los cárteles de la droga que tienen que resolverse, como la necesidad de una convención nacional que establezca los alcances y los límites sobre el uso de la fuerza. De otra manera, Tanhuato se medirá como Nochixtlán o como los desalojos de carreteras de maestros disidentes. Los casos son totalmente distintos.



En Tanhuato los federales llegaron tras una denuncia de invasión del rancho El Sol, y con información de inteligencia que ubicaba en esa propiedad a alrededor de 700 criminales que posiblemente estaban protegiendo al jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, El Mencho. El antecedente inmediato había sido el derribamiento de un helicóptero del Ejército –murieron ocho soldados y una policía federal del área de inteligencia– días atrás, en una operación en Jalisco para capturarlo. Con esos elementos, los federales realizaron el operativo.



No encontraron ni a Oseguera ni a los cientos de criminales que decía la información de inteligencia que ahí estaban. Pero no hay que confundirse. Que la operación haya tenido excesos no significa que nunca debió hacerse. A quienes enfrentaron son asesinos, no una población inerme y ajena a hechos delictivos. Tampoco debe dinamitarse a una institución por el hecho de que algunos o muchos de sus miembros violaran garantías individuales y minaran los protocolos sobre el uso de la fuerza. A quienes resulten responsables, tendrán que sancionarlos y, según el grado de su responsabilidad, aplicarles la ley. Pero generalizar las faltas de los individuos como putrefacción de las instituciones, es caer en el juego maniqueo de los criminales. Deslindar instituciones de personas es fundamental.



Los policías federales, como se escribió en este espacio en agosto del año pasado, violaron el código de conducta y el documento de los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Junto con ello vino el uso excesivo de la fuerza, que de acuerdo con el índice de letalidad de la Policía Federal, establece como estándar un policía muerto por 1.4 agresores. En Tanhuato fue un policía muerto por 42 agresores abatidos. El excesivo uso de la fuerza debe ser una excepción, y cuando no se aplican los protocolos, son consideradas ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, según los principios y estándares del Derecho Internacional, de donde se puede desprender una responsabilidad directa hacia el Estado.



En Tanhuato no sólo hubo una matanza. Como lo refleja el documento de la CNDH, la Policía Federal quiso cubrir el abuso y exceso de su fuerza mediante la alteración de pruebas, el ocultamiento de evidencia y sembrar armas a los presuntos delincuentes, como lo apuntó una investigación de María Idalia Gómez en el portal Eje Central, quien afirmaba que al menos tres de los abatidos tenían disparos en la cabeza. Lo sabían Rubido y Galindo, a quienes apoyaron incondicionalmente sus jefes, quienes creyeron su versión. Las pruebas, varias de ellas incorporadas en el informe de la CNDH, están en dos paquetes de fotografías que tomaron los federales, que por error distribuyó la Policía Federal a los medios.



En la versión oficial del enfrentamiento dado a conocer por Rubido, todos los abatidos dieron positivo en las pruebas de radizonato y sodio y Walker, que demostraba que habían disparado armas de fuego. Nunca explicó el por qué hubo más presuntos criminales con rastros de pólvora, que armas en sus manos. El informe de la CNDH lo aclara ahora: los policías federales alteraron la escena del crimen. Hay fotografías dentro del documento de la misma persona muerta sin arma, con arma y con menos ropa que en la gráfica individual. Las primeras fotografías que distribuyó la Policía Federal mostraban cuerpos regados por todo el rancho, algunos en ropa interior y sin zapatos, donde no abundaban las armas. En otro paquete aparecían los mismos cuerpos pero con armas que no tenían antes en sus manos.



A algunos les dispararon a tres metros de distancia, como reveló el procurador de Michoacán, Martín Godoy, y en algunos casos, sin que estuvieran armados. Sembrarles armas y alterar la evidencia es un delito, al que se le debe sumar la ejecución extrajudicial en la que incurrieron al violar reglas, normas y protocolos. Los federales no son inocentes en Tanhuato, ni actuaron conforme a ley. La investigación que inicie el gobierno federal deberá determinar quiénes dentro de la Policía Federal pagan las consecuencias de sus violaciones, y hasta dónde llega la línea de mando que incurrió en las ilegalidades.



Twitter: @rivapa



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