Se ha conocido la decisión adoptada por la Fiscalía Nacional de reasignar las causa derivadas del denominado Caso Penta, quitándole la dirección de las mismas al reconocido Fiscal Carlos Gajardo y a su equipo. De esta forma la arista vinculada con la investigación de financiamiento político ilegal que se habría concretado por la empresa SQM controlada por Julio Ponce Lerou respecto de parlamentarios de la nueva mayoría a través de la emisión de boletas falsas a nombre de terceros recayó en el Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, hijo del actual senador socialista Carlos Montes. Por otra parte, el denominado “Caso Penta” fue reasignado al Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala, quien además de no haber estado a cargo directamente de ninguna casa compleja durante su trayectoria en la Fiscalía ni haber participado en algún juicio importante como fiscal donde se haya destacado como litigante, trabajó para SQM durante más de una década antes de ingresar al Ministerio Público. Todos estos cambios se concretaron a partir de una resolución de la fiscal Solange Huerta, como subrogante del Fiscal Nacional Sabas Chahuán, lo que no llama la atención, toda vez que siempre que se deben adoptar decisiones altamente cuestionables al interior del Ministerio Público estas son firmadas por alguien que asume la subrogancia del titular de dicha institución. Lo anterior pone un justificado manto de duda en la actuación del Ministerio Publico, entidad que con la cuestionada gestión del actual Fiscal Nacional se ha transformado progresivamente en una institución poco transparente y con una credibilidad decreciente. De esta forma no parece racional que se le quite la Causa Penta al fiscal Gajardo y a su equipo, quienes además de contar con una probada trayectoria en causas complejas han demostrado ser extremadamente efectivos en su labor investigativa, sin ningún signo de temor frente a la magnitud de los intereses que se ven afectados; para entregársela al Fiscal Ayala, quien se ha desempeñado básicamente en labores administrativas las cuales son propias del cargo del Fiscal Regional, y que no involucran litigar de manera periódica ni enfocarse directamente en indagaciones criminales. A lo anterior se suma su pública ambición de suceder a Sabas Chahuan en el cargo de Fiscal Nacional del Ministerio Público, lo que se debe decidir a fines de este año, para lo cual requiere de un apoyo político importante, toda vez que tal designación pasa por una decisión de la Presidenta de la República la cual debe ser ratificada por el Senado. Por otra parte, no parece racional que se le quite al fiscal Gajardo y a su equipo la arista de financiamiento político irregular de SQM y se le entregue precisamente al hijo de una alta autoridad política del conglomerado al cual pertenecen quienes se habrían beneficiado con dichos aportes, y del que forma parte el jefe del equipo de lobistas contratados por Julio Ponce para defender sus intereses, Enrique Correa. Sumado a lo ya señalado, la hipótesis del desmantelamiento de la investigación relacionada con los aportes ilícitos de SQM y el Grupo Penta a personeros políticos cobra más fuerza si se considera que al interior del Ministerio Público existen múltiples equipos especializados en la investigación en causas complejas a los cuales se les podría haber derivado parte de tales indagaciones, si la idea era realmente alivianar la carga de trabajo del fiscal Gajardo y su equipo. En todo caso esta trama alcanzaría un nuevo nivel de descaro, si en definitiva se concreta el escenario que han anticipado muchos, con la causa Penta y SQM paralizada y sin ningún resultado efectivo, con el Fiscal Ayala en la Fiscal Nacional y con Gajardo en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, como premio de consuelo. En definitiva todo indica que con esto se ha dado un golpe de gracia a un investigación que podría exponer de manera inédita los detalles de los ilícitos nexos entre determinados grupos económicos con personeros políticos a través del financiamiento ilegal de campañas y partidos, lo que en el caso de la empresa del ex yerno de Pinochet sería transversal. Asimismo se debe considerar que la forma como se ha realizado este impresentable acto, a vista y paciencia de toda la comunidad, da cuenta del bajo aprecio de nuestras autoridades frente a la ciudadanía además de una profunda convicción de impunidad, ya que todo lo anterior sólo es posible bajo la convicción de que una actuación de esta naturaleza no traerá ninguna consecuencia efectiva para quienes la idean y ejecutan, ya que la ciudadanía no irá mas allá de algún comentario crítico en las redes sociales durante un periodo de tiempo acotado. En todo caso, finalmente ninguna de estas impresentables y burdas decisiones son gratis, ya que el prestigio de nuestras instituciones se encuentran en juego, además de la vigencia misma de nuestro estado derecho, el cual se funda en la transparencia de las instituciones y en igualdad ante la ley, que es la única la cual finalmente el Estado puede garantizar efectivamente a todos los ciudadanos, quienes de una buena vez debemos empezar a reaccionar decididamente cuando en nuestras caras y sin ningún tipo de vergüenza se nos toma el pelo de manera descarada.