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La Voz de Galicia e. abuín

Redacción / La Voz 23/10/2016 05:00 h

No es la primera vez que lo denunciaban públicamente: que la flota francesa que pesca bonito con arrastre pelágico se aprovechaba por la noche del trabajo que los boniteros españoles hacían por el día, decían desde el sector de este lado de los Pirineos. Y lo que se interpretaba como una pataleta fruto de la competencia entre artes parece ahora cobrar consistencia.

Con la flota gallega, asturiana, cántabra y vasca amarrada por falta de cuota, las parejas francesas que operaban en aguas comunitarias frente a la costa de A Coruña tomaron rumbo al este e intentaron dar con el túnido a doce millas de Asturias y de Cantabria, zona en la que ayer permanecían algunas, mientras otras enfilaron hacia Francia. La flota gallega sostiene que ese rumbo errático es porque no son capaces de encontrar bonito. Y no porque no lo haya, sino porque ya no están los españoles marcándoles los bancos. «Ao faltarlle o señuelo que marcaba o peixe, os españois, non fan máis que correr dun lado para outro sen dar co bonito», explicaba uno de los armadores que están pendientes del rumbo de los franceses en sus pantallas de AIS (sistema de identificación automática). Ese marcaje es lo que les lleva también a denunciar que no solo operan fuera de las doce millas, sino que, aseguran, a veces se adentran en aguas españolas «sin que ninguén faga nada».

Si hasta ahora no se había podido tener evidencias de que era la flota española la que guiaba las operaciones de los arrastreros pelágicos franceses era porque nunca antes se había cerrado la pesquería del bonito por falta de cuota. La costera finalizaba para gallegos y vascos cuando ya la especie había alcanzado latitudes alejadas y sumergido en profundidades para regresar a sus cuarteles de invierno. Esta vez, la mayor parte de la flota gallega abandonó por los malos resultados y los que resistieron, al igual que los vascos, amarraron el 5 de octubre, cuando el Ministerio de Agricultura cerró cautelarmente la pesquería para 14 días después confirmar el fin de la costera con carácter definitivo. El primer cierre, anunciado el 28 de septiembre, no llegó a hacerse efectivo porque se recurrió al 10 % que la Comisión para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) permite adelantar con una moratoria de dos años.

En esas dos semanas de recuento, la flota española esperaba amarrada en muelle por una reapertura que, finalmente, no llegó, mientras asistía impotente a las faenas que frente a sus costas realizaba un número importante de parejas francesas. Impotente e indignada, tras saber que 1.200 de esas toneladas que están pescando los galos tenían sello español antes de que Madrid se las cediese a Francia a cambio de recibir merluza y rape.

Francia pidió la máxima exención para los descartes de túnido del arrastre pelágico

Vaya por delante que la Administración francesa sostiene que la pesquería de atún blanco con arrastre pelágico es muy selectiva. Admite, eso sí, que el porcentaje de descartes varía mucho de un año a otro. Por eso en su día solicitó a la Comisión Europea que aplicase la mayor exención de mínimis posible para la flota que emplea ese arte de pesca.

En el reglamento aprobado al efecto figura que durante este año y el pasado podrán devolver muertos al mar el 7 % de las capturas no aptas para el consumo, dado el elevado coste que supone la manipulación del mismo. El año que viene ese porcentaje se rebajará al 6 %.

Ahora bien, esos mínimos están muy por debajo del ratio de descartes que se dio en algún año. Así, en los documentos que la Administración francesa envió a Bruselas para justificar la necesidad de unos mínimis lo más elevados posible, revela que en el 2012, por ejemplo, los descartes fueron del 11,8 %, aunque en los ejercicios anteriores ese ratio rondara el 3 %. Ese año, el 2012, la flota desembarcó 3.480 toneladas de atún blanco y descartó 412. Razona la Administración francesa que, si la flota se viese obligada a desembarcar toda esa cantidad, inservible para consumo humano, los pescadores habrían perdido 741.420 euros, el coste de no poder traer esas toneladas de producto comercializable. Para ese cálculo, Francia valoró el kilo de atún a un precio medio de 1,8 euros. Esa pérdida representa un coste desproporcionado para «una pesquería muy selectiva», reza el documento.