Concentración de taxistas frente a la Conselleria de Territori en Barcelona. / ALBERT BERTRAN

Puede que todo se reduzca a una cuestión de expectativas nacidas de un temor razonable. El taxi esperaba este viernes que el Govern le diera la puntilla a Uber y Cabify con una normativa tan restrictiva que hiciera imposible la supervivencia de estas aplicaciones en Catalunya. Pero la propuesta, en forma de decreto ley que con el tiempo se musculará con una nueva ley, se ha quedado muy pero que muy lejos de esa proyección. El gremio pedía que estos servicios se tuvieran que solicitar con horas de antelación. El resto de medidas le daban igual porque con eso bastaba. La controvertida precontratación se ha quedado en 15 minutos, y claro, el sector, o una parte del mismo, ha explotado. Resultado: una "guerra" y una huelga tan indefinida como lo es su futuro.

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El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha comparecido ante la prensa sin fisuras en el gesto. Se ha mostrado convencido de que el decreto que prevé que esté aprobado en el plazo de un mes “crea las condiciones para capacitar a todos los actores y permitir que sean competitivos ante las necesidades de los ciudadanos”. Todo, ha insistido en varias ocasiones, “con todas las garantías jurídicas”. Eso significa que su equipo ha estudiado la jurisprudencia y la legislación vigente, tanto europea como española, para evitar que el redactado sea tumbado. Porque sin duda será impugnado por tierra, mar y aire. O esa es la previsión, porque además de las empresas afectadas, las agencias públicas de la competencia estarán atentas al documento final para estudiar las posibles medidas a tomar. Hay una posible esperanza para el taxi, ya que se permitirá que las administraciones locales amplíen ese cuarto de hora si lo creen necesario. Para algunos, una manera de escurrir el bulto hacia el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que no ha participado en la configuración del decreto.

Por la tarde, ya con los ánimos muy caldeados y los taxistas instalados en Gran Via, se ha producido otra reunión entre líderes del taxi y Pere Padrosa, director general de Transports i Mobilitat. Se ha ofrecido al gremio incluir la obligación de que los recorridos en VTC tengan una duración mínima de tres horas, según han confirmado los taxistas. La conselleria se ha limitado a señalar la «voluntad del Govern de tener un marco de negociación permanente» con el taxi. Ese punto de las tres horas, sin embargo, se añadiría en la futura ley, que tiene un recorrido mucho más largo (año y medio como mínimo) que el decreto.

Colau, ni idea

Ada Colau ha sido informada la mañana del viernes sobre el contenido del decreto. El propio Calvet la ha llamado por teléfono poco antes de presidir la reunión del Consejo del Taxi, donde ha desgranado los detalles de la normativa. Nada sabía la alcaldesa hasta la fecha de las intenciones de Territori respecto a la regulación de las VTC. “El decreto -ha explicado el conseller- dejará la puerta abierta a la regulación fina de algunos aspectos. Los ayuntamientos que lo consideren podrán trabajar con reglamentos que incrementen esos 15 minutos de precontratación”. La pregunta era obligada: ¿Se ha estudiado la viabilidad jurídica de que sea una hora, o dos, o seis? Sería ingenuo pensar que los abogados del Govern no han analizado distintos escenarios. Calvet no lo ha confirmado, y se ha limitado a decir que, en el caso de que el AMB quisiera ampliar el tiempo que debe pasar entre la reserva de un Uber y el inicio del viaje, “sus servicios jurídicos deberían estudiarlo”. Los analistas perspicaces también verán aquí cierto lanzamiento de pelotas fuera.

El ente metropolitano ha respondido por escrito a la presentación del decreto y ha tachado el cuarto de hora de “absolutamente insuficiente”. “Es imposible de controlar y desvirtúa el concepto y la finalidad de la precontratación”, reza el comunicado, que insta al Govern a “replantearse” los 15 minutos para fijar plazos más amplios. Al mismo tiempo, sin embargo, el AMB anuncia que en su propio reglamento, que está en periodo de consultas, “incluirá el mismo plazo de precontratación que finalmente se recoja en el decreto ley para evitar cualquier nueva impugnación que pudiera comportar la suspensión judicial del mismo”. O sea, se eleva la queja pero se acata lo que establezca la Generalitat para evitar más problemas legales: el Área Metropolitana ya tiene un reglamento de VTC impugnado, el que trató de impulsar el año pasado con la creación de una credencial propia para las licencias de Uber y Cabify.

Que dejen de desambular

A pesar de que sean solo 15 minutos, la patronal de las VTC, Unauto, ya ha anunciado su intención de recurrir un decreto que, a su modo de ver, “restringe los derechos de los propietarios de licencias de alquiler de vehículos con conductor”. Consideran que esta regulación “no sería justa y que significaría el fin del sector” y avanzan que recurrirán al Tribunal Constitucional para que se posicione sobre algo que, señalan, ya ha sido tumbado en países como Francia. Los empresarios también han querido recordarle al Govern que hay 3.000 puestos de trabajo en juego y que si se regula en su contra, le reclamarán indemnizaciones por valor de 1.100 millones de euros.

Las quejas de las VTC hacen referencia a otros asuntos importantes a los que el decreto ley también pretende meterle mano. Como la obligación de anular la geolocalización. Las aplicaciones como Uber o Cabify deberán bloquear el sistema que permite al usuario situar los coches disponibles. De esta manera, la localización del automóvil solo se activará cuando se solicite el servicio y el sistema nos asigne un conductor, que en ningún caso podrá llegar antes de 15 minutos (está por ver cómo y quién controlará que realmente se haga carne más allá del cuarto de hora).

Otra de las novedades que pretende impulsar Territori es la obligación de que las VTC tengan que volver al lugar de origen en cuanto termine el servicio, o en su defecto, que no aparquen en la vía pública. Se les forzará, por lo tanto, a no estar a la vista cuando no estén operativas. En el caso de no regresar a su hangar, deberán resguardarse en aparcamientos o garajes y solo podrán circular sin pasaje cuando tengan una reserva en marcha. El objetivo de estas dos medidas, en palabras de Calvet, es evitar que los vehículos de Uber y Cabify “deambulen para conseguir clientes sobre la marcha como si fueran taxis”. ¿Y quién controlará que se cumpla la normativa? “Incrementaremos la capacidad inspectora”, ha detallado el conseller, sin más concreción. Teniendo en cuenta que hay media decena de controladores para 10.500 licencias de taxi, complicado esperar ahora un ejército de rastreadores de VTC furtivas.

Así las cosas, parece que la decisión del Govern, aparentemente, no ha gustado a nadie. Ni a los taxistas, que ven peligrar más que nunca su negociado; ni a las VTC, que pretendían quedarse como están porque se sienten protegidos por el decreto ley aprobado en septiembre por el Gobierno de Pedro Sánchez y que les da cuatro años de margen antes de que alguien modifique su actividad; ni el AMB, que parece sentirse traicionada con una normativa en la que no ha participado y que le da un margen de maniobra prácticamente nulo. Todos enfadados y miles de usuarios del taxi con el brazo levantado y sin entender nada.