Y van cinco. Tras la sede central de la calle Génova en Madrid, la de Bilbao, la de Logroño y la de Palma de Mallorca, ahora le ha tocado el turno al edificio que el PP ocupa en Granada. El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de esta ciudad andaluza ha abierto diligencias previas para investigar supuestas irregularidades en la financiación del inmueble en el que el partido se instaló en junio de 2013 y que han sido denunciadas en un escrito anónimo recibido el pasado mes de noviembre en la Audiencia Nacional. Este documento de autoría desconocida también ha pasado por la manos del juez Pablo Ruz, quien el pasado 10 de marzo dictó un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli en el que, además de dar detalles sobre su contenido, acuerda inhibirse en favor de su colega de Granada al considerar que los hechos denunciados no encajaban en la investigación del 'caso Bárcenas'. Fuentes oficiales del PP granadino aseguraron ayer a este diario que desconocían la existencia de dicha investigación y negaban cualquier tipo de irregularidad en su sede.

La denuncia anónima llegó al juez Eloy Velasco. Éste abrió diligencias y remitió una copia a su compañero Pablo Ruz y al Decanato de los Juzgados de Granada

Las sospechas sobre la sede granadina del PP surgieron el pasado mes de noviembre, cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, recibió un escrito anónimo en el que se denunciaba la supuesta financiación irregular de la nueva sede que el partido inauguró en junio de 2013 en el número 53 de la Avenida Andrés Segovia, en el barrio del Zaidín. Siempre según dicha misiva, el dinero empleado por la formación para costear "la compra y obra" del inmueble procedía de "aportaciones en dinero 'B' de empresarios y constructores que han financiado también diferentes campañas electorales a cambio de adjudiciaciones de obras públicas y concesiones administrativas de servicios". El denunciante incluso centraba sus sospechas en un contrato que la Diputación de Granada tiene que adjudicar precisamente en 2015 "sobre el tratamiento de los residuos sólidos de toda la provincia por valor de 518 millones de euros". El escrito anónimo recogía los nombres de varias personas que, recalcaba, "están haciendo todo lo imposible" para que dicho contrato se adjudicase a un empresa concreta "a cambio de comisiones y otras ventajas". Y añadía que las personas denunciadas se han enriquecido por la percepción de dichas 'mordidas'.

A la vista de su contenido, el juez Velasco decidió abrir las diligencias previas 85/2014, a la vez que remitía el 6 de noviembre copia de la denuncia a su colega de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, y al Decanato de los Juzgados de Granada, para que éste se encargada de adjudicarlo en el reparto. Finalmente recayó en el titular del Juzgado de Instrucción número 8, quien, a su vez, abrió sus propias diligencias para investigar la causa con el número 10.609/14. En el caso del juez Ruz, éste incluyó el escrito en la pieza separada del caso Gürtel referida a los célebres 'papeles de Bárcenas', un parte del sumario en el que ya investiga las supuestas irregularidades denunciadas por el extesorero del PP en la adquisición de las sedes de Bilbao y La Rioja, así como en la costosa reforma de Génova 13. Cinco días después dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que expusiera su parecer sobre los pasos a seguir con la misma.

Más allá de los 'papeles de Bárcenas'

Esta respuesta ha llegado recientemente. En ella, el representante del Ministerio Público pedía al juez Ruz que se inhibiera en favor de su colega de Granada. Por un lado esgrimía que "el ámbito temporal de los hechos traspasa el que es objeto de investigación" por los papeles de Bárcenas y que alcanzan sólo hasta 2008, último año del que había anotaciones en los apuntes contables del extesorero. Las supuestas irregularidades denunciadas son, sin embargo, mucho más recientes ya que la inauguración de la sede se produjo en el verano de 2013 y las supuestas corruptelas se extienden presuntamente hasta el año actual. Además, Anticorrupción destacaba que las personas citadas en la denuncia ni estaban ni han sido investigadas en el 'caso Bárcenas'. "Falta la conexión objetiva", resaltaba la Fiscalía.

Ruz ha decidido inhibirse en su colega de Granada al constatar que los hechos denunciados no guardan "conexión objetiva" con los 'papeles de Bárcenas'

Por último, el Ministerio Público insistía en su informe en que el propio juez Velasco ya apuntaba a los órganos judiciales de Granada como los competentes a tenor del lugar donde se desarrollan los hechos denunciados y que, de hecho, ya había allí un magistrado que había abierto unas diligencias previas. En el auto del pasado 10 de marzo, Ruz hacía suyos todos estos argumentos y acordaba "decretar la inhibición de los hechos denunciados a favor del Juzgado de Instrucción número 8" de la ciudad andaluza. Para ello, ordenaba entonces remitir a su colega toda la documentación que obraba en el sumario sobre dicha denuncia "toda vez que el presunto delito a investigar, en todo caso, no sería competencia" de la Audiencia Nacional.

Pese a este trasiego judicial, el PP de Granada desconocía este martes la existencia tanto de la denuncia como de la apertura de diligencias previas en dos juzgados y la incorporación de la misma al caso de los 'papeles de Bárcenas'. "Es la primera noticia que tenemos", reconocía sorprendido un portavoz oficial de la formación al ser contactado por este diario a la vez que se apresuraba a desmentir la existencia de irregularidades. En este sentido destacaba que la sede, que ocupa cerca de 1.000 metros cuadrados repartidos en dos plantas , no ha sido adquirida, sino que el PP la ocupa en régimen de alquiler y que, incluso el mobiliario de su interior, está arrendado. "No se invirtió nada", insisten.

LOS OTROS 'CIMIENTOS EN NEGRO'

El ladrillo trae de cabeza al PP desde hace tiempo. De hecho, antes de la de Granada, otras cuatro de sus sedes, entre ellas la principal de la madrileña calle Génova, ya estaban siendo investigadas por la Justicia por la sospecha de haber sido financiadas con fondos de una supuesta caja 'B'. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, lo hace con tres de ellas dentro de la pieza de los 'papeles de Bárcenas'. Se trata de las de Madrid, Bilbao y Logroño. Las pesquisas sobre la cuarta, la de Palma de Mallorca, es dirigida dsde los juzgados de Palma de Mallorca por José Castro, el juez del 'caso Urdangarín'. Estas cuatro tienen un elemento en común del que carece la ahora iniciada sobre la de la ciudad andaluza: la información aportada en los últimos meses por Luis Bárcenas mediante documentos y su propio testimonio han sido claves para iniciar las pesquisas.