“No alcanza el agua” es una frase que se reproduce, día tras día, en cada rincón de América Latina, sobre una crisis que parece invisible para la mayoría de las personas.

São Paulo, 2015: la policía escolta pipas para evitar violencia. Debido a la sequía, miles de casas sobreviven sin agua hasta 12 horas. Los ricos pagan estos camiones, el resto se conforma con agua de mala calidad. Las protestas suman 15 mil manifestantes. El día cero —así se nombra a la medida de emergencia en la que autoridades cortan el agua, las tuberías quedan secas y el líquido comienza a racionarse— estuvo cerca.

Ciudad de México, 2018: un megacorte deja con agua racionada a toda la urbe; ocho millones de habitantes se ven afectados. Ese año, además, se registran secuestros a distribuidores del recurso en dos municipios de la periferia (Iztapalapa y Tláhuac).

Bolivia, 2000: la privatización del agua desata protestas en la ciudad de Cochabamba; al conflicto se le denomina “La guerra del agua”. En 2016, surgen nuevos reclamos, ahora en La Paz, que exigen, “¡Queremos agua, no palacios!”.

Perú, 2011 a 2015: en diferentes ciudades surgen protestas contra las mineras y su responsabilidad por contaminar el líquido; en total, se registran 51 manifestantes muertos.

La crisis por el agua ya recorre a América Latina. Los expertos coinciden: nombrarla crisis es necesario y detenerla es urgente. Para lograrlo, en 2015, todos los países de la región firmaron una serie de ocho compromisos con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para garantizar el derecho al servicio y al saneamiento. Éstos forman parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La meta general se lee: “De aquí a 2030, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. ¿Es un compromiso viable? Debería serlo, pero los expertos no están convencidos de que será posible alcanzarlo en el plazo marcado.

Ilustraciones: Jorsh Peña © Jorsh Peña

En la región, el agua no (siempre) es un derecho

América Latina y el Caribe flotan. El líquido abunda. Para entenderlo mejor: la región concentra 31% del agua dulce global y se estima que sus habitantes suman apenas el 8% de la población mundial. Con estos datos, es posible pensar que no sólo la hay para el presente; también para el futuro. La realidad es otra: según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 34 millones de latinoamericanos —esta cifra es más alta que la población de urbes como São Paulo (21.6 millones) y Ciudad de México (21.5 millones)— viven sin acceso al vital líquido. Al hablar de falta de acceso a saneamiento, la situación es aún más precaria: la cifra se eleva a 106 millones de personas (esto equivale a cinco veces la población total de CDMX).

“¿Es preciso hablar de una crisis?”, le preguntamos a Hugo Contreras, director de Seguridad Hídrica de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, un programa que busca alcanzar la seguridad hídrica mediante el conocimiento científico y soluciones basadas en la naturaleza. “Sí, ya está sucediendo”, confirma. “En São Paulo, el día cero estuvo bastante cerca. En Bolivia y México, ha habido grandes sequías. El problema es reiterativo. […] Además, nos está costando mucho. En cuestión de dinero, los costos por desastres naturales ligados al agua en América Latina son significativos y han ido creciendo; también hay daños en cosechas perdidas. Otras consecuencias son: acostumbrarnos a vivir en localidades con poca agua o sin ella, enfermedades gastrointestinales, falta de servicios adecuados, degradación de los ecosistemas por las residuales... Sí, estamos viviendo una crisis”.

Ésta, sin embargo, no es igual para todas las personas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizó una radiografía regional en 2015, que ilustra un panorama optimista: 27 países han cumplido el objetivo de acceso al agua, 11 más, no. República Dominicana, Ecuador, Nicaragua y Perú, por ejemplo, tienen entre 80% y 90% de cobertura. El foco rojo es Haití, donde sólo 58% de la población tiene acceso. En contraste, el panorama de saneamiento es pesimista: únicamente 17 países han alcanzado el objetivo. Existen desafíos importantes en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Perú.

Hay un patrón común: la gente en zonas rurales y de bajos ingresos tienen mucho menos acceso a ambos derechos. Es decir, el agua no llega al campo y tampoco a las personas más vulnerables.

Para estas poblaciones, la crisis actual es aguda. Según el informe, 80% de las poblaciones rurales en Venezuela, Colombia, Ecuador, Haití, Nicaragua, Perú y Bolivia carecen de acceso a agua potable. Y sólo 64% de quienes viven en áreas rurales tienen un saneamiento adecuado. Datos de UNICEF de 2016 confirman esta tendencia.

Quizás el punto de partida de la crisis no está en los ríos o lagos, sino en las leyes de los países latinoamericanos. “El tema en América Latina empieza dentro de las legislaciones nacionales. Tanto el acceso al agua, como al saneamiento, por separado, deberían ser incluidos como Derechos Humanos”, asegura Géraldine Gené, abogada costarricense especializada en Derechos Humanos enfocados en temas hídricos. “La mayoría de los países han firmado una serie de tratados que los obliga a cumplir con esto, pero a pesar del compromiso, no lo tienen así expresamente. Eso crea una diferencia: no es lo mismo que la Constitución diga: ‘Estos son los Derechos Humanos de este país’, a que nada más existan referencias judiciales o resoluciones”.

Gené explica que este patrón de vacíos, falta de uniformidad e imprecisiones en la ley son compartidos en la región. Las reglas del juego, dice, no están bien establecidas. Además, el reconocimiento en los marcos legales es sólo un primer paso, comenzar a tratar el agua como Derecho Humano y no nada más como servicio en todos los niveles sociales es la gran meta porque, de lo contrario, las brechas seguirán agudizándose. Agrega que falta mucho camino por recorrer, ya que esta perspectiva es reciente: apenas en 2010 se comenzó a hablar a nivel global de reconocer el líquido como un Derecho Humano.

Ilustraciones: Jorsh Peña © Jorsh Peña

Un riesgo permanente

Río de Janeiro, enero 2020: la alarma comenzó en redes sociales; circulaban fotos de vasos con agua color marrón, las denuncias decían que al abrir la llave del agua, ésta salía más turbia de lo normal, con olor a vegetales echados a perder o a detergente; en algunos casos, con rastros de algo arenoso.

Joana Berwanger, periodista brasileña que reside en Río, cuenta que se enteró de la crisis, pero en la zona donde ella vive, el recurso parecía normal. En la ciudad, comprar agua potable es caro y, por esto, la mayoría de la población utiliza filtros para limpiarla y así consumirla directo de la llave. Fue justo en la semana de denuncias que sus síntomas comenzaron: tenía fiebre, diarrea y náuseas. Su reacción fue tomar más de este líquido para evitar deshidratarse, pero el malestar empeoró y tuvo que hospitalizarse. Cuando llegó, estaba tan deshidratada, que los médicos no podían encontrar sus venas para administrarle suero. No fue la única: el hospital tenía otros pacientes con los mismos síntomas. Según Associated Press, el número de casos de diarrea, gastroenteritis y vómitos en dos clínicas de salud del área oeste de Río se duplicó entre el 20 de diciembre pasado y el 5 de enero de este año. A Joana, los doctores le dijeron que el agua podía estar causando sus padecimientos, empezó a consumirla embotellada y tras dos días internada, volvió a casa.

“La peor parte es que ha pasado un mes y no se ha resuelto el problema”, lamenta. “Es una locura y eso que es Río de Janeiro, una de las urbes más turísticas del país. Es inaceptable. Además, mi caso no fue el peor; vivo en una buena zona, sé que en las periferias tienen la peor agua. Es grave; si la gente tiene agua café saliendo de sus tuberías, ¿cómo te bañas?, ¿cómo te lavas?, ¿cómo vives?”, cuestiona Joana.

Los problemas relacionados al líquido son un tema actual que persistirá en el futuro. El riesgo está vivo. Las predicciones climáticas indican que la lluvia se reducirá y, simultáneamente, la contaminación, la población y la demanda por agua aumentarán. El reporte de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial (WEF, 2019) lo pone así: “Para 2050, se proyecta que más de 650 millones de personas en 500 urbes enfrentarán una disminución en la disponibilidad de agua dulce de, al menos, el 10%”. La respuesta gubernamental, en especial en las megaciudades, será cerrar las tuberías y racionar el fluido: habrá más días cero. Como respuesta, el shock social podría dispararse en diferentes direcciones: el agua, al ser tan vital, se vuelve una telaraña de conflictos. Su escasez podría, por ejemplo, exacerbar divisiones económicas, detonar disputas o crear tensiones en los sistemas de salud. Si bien es impreciso hablar de una guerra mundial por el recurso, según WEF, sí es posible advertir por impactos relacionados con seguridad: el agua puede volverse un factor que agudice problemas locales, regionales e internacionales.

Entonces, ¿qué pasará con el costo?, ¿cada día será más caro comprarla? Gené explica que, en el marco de Derecho Internacional, ya hay topes establecidos. “Naciones Unidas ha dicho que el gasto no debe sobrepasar un 3% del ingreso del hogar porque, de ser así, se ven afectados otros derechos. Es decir, con tal de comer, la gente no pagaría el agua. Para quienes no puedan costear ese porcentaje, los Estados deben establecer sistemas de subvenciones”.

“Debemos seguir en alarma por la crisis”, asegura Joshua Briemberg, director regional de WaterAid Latinoamérica, una organización internacional que trabaja a nivel comunitario, nacional y regional para ayudar a garantizar el acceso al vital líquido y saneamiento a comunidades vulnerables. “Reconocemos que hay esfuerzos, pero son insuficientes para que se cumpla el objetivo en 2030. Hay que acelerar el paso. No queremos ser pesimistas porque no es una meta imposible, pero al paso actual, todo indica que no lo vamos a lograr. Se debe redoblar esfuerzos, hoy más que nunca, con claro reconocimiento del cambio climático y el impacto que tendrá”.

La crisis apremia y tiene tres ejes, explica Hugo Contreras, de la Alianza de Fondos de Agua:

1 Distribución desigual del agua, a pesar de su disponibilidad 2 Gobernanza débil 3 El riesgo incrementado del cambio climático.

Lo crucial, para Contreras, es enfocarse en la gobernanza, ya que esta dimensión permite incluir a diversos actores: “Ahí hay un tema común en el que podemos tener una incidencia como sociedad. Es decir, incidir en cómo tomamos las decisiones, cómo nos ponemos de acuerdo, qué información generamos, qué tipo de proyectos lanzamos, cómo financiamos la gestión del agua… Ahí tenemos que poner nuestra energía”, explica Hugo.

Gené, desde una visión de DDHH, coincide en que la gobernanza será crucial y ajustar los marcos legales es indispensable. Briemberg, por su parte, agrega que en la dimensión de gobernanza, debe ponerse atención focalizada a poblaciones vulnerables y desarrollarse una visión a largo plazo para garantizar la sostenibilidad (tanto del agua, como del financiamiento para distribuirla). Desde las tres perspectivas, el veredicto es común: existen avances significativos, sin embargo, la velocidad actual no es suficiente.

A este paso, en 2030, aún habrá zonas y regiones —particularmente rurales y de bajos ingresos— que no tendrán acceso al fluido vital ni saneamiento adecuado. Considerando, además, la rapidez de la crisis climática global, ambos problemas podrían agudizarse. La mirada debe cambiar, coinciden los expertos: el agua no sólo es recurso, es Derecho Humano. Garantizar su acceso debe ser una prioridad impostergable y es viable lograrlo, pero si los actores involucrados no aceleran el paso, esto no sucederá en 2030.