El financiamiento que ofrece China para la construcción de dos represas en la Patagonia incluye cláusulas por las cuales la Argentina acepta volver a someterse a tribunales judiciales extranjeros y se compromete a no entrar en default y a tener una relación en "buenas condiciones" con el Fondo Monetario Internacional.

Según el acuerdo que firmó hace unos días el país con el gobierno de Xi Jinping, al que accedió la nacion, la Argentina debe someterse a tribunales judiciales y de arbitraje extranjeros y se obliga al país a ser "un miembro en buenas condiciones del FMI" para lograr préstamos por US$ 4714 millones, necesarios para poder construir las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, ambas en la provincia de Santa Cruz.

En el convenio también hay cláusulas de "default cruzado". Es decir, si el gobierno argentino entra en default con otras deudas, también lo hace implícitamente con los chinos. Y si hay default con otros acreedores, China no presta.

Los contratos con China también parecen contener cláusulas que el Gobierno actualmente repudia en los casos contra los holdouts que se discuten en el tribunal neoyorquino de Thomas Griesa, como las de "aceleración" de los vencimientos de la deuda, que llevan a que si el país entra en default con un pago, el acreedor tiene derecho a pedir de inmediato el pago total del capital, aunque falten muchos años para su vencimiento.

De esta manera, el gobierno de Cristina Kirchner le terminó concediendo a la banca china jurisdicción extranjera, sometimiento a otros tribunales y todo lo que quiere quitarles a los holdouts con el proyecto de ley de pago soberano.

Al incluir la cláusula del "default cruzado", queda abierta la idea de que si no se alcanza una solución con los fondos buitre sería imposibles de ejecutar las obras de las represas, que para el Gobierno tienen un valor emblemático.

En cualquier caso, todos los condicionamientos deben ser informados formalmente al Congreso, porque es obligatorio que el gobierno argentino certifique a las autoridades de Pekín "que la ejecución del contrato le ha sido informada" al Parlamento.

Todas estas condiciones no son un secreto. Aparecen en los contratos firmados en julio por Cristina Kirchner y Xi Jinping, y que fueron publicados en el Boletín Oficial. Los contratos originales están en inglés, pero a diferencia de lo que ocurrió con los de modernización del Belgrano Cargas, se incluyó una traducción oficial al español.

Cláusulas

Se trata del "Acuerdo de crédito para la Argentina a través del Ministerio de Economía como prestatario acordado por China Development Bank and Corporation of China and Bank of China". El total del contrato es por US$ 4714,35 millones.

Para que el país pueda comenzar a utilizar los fondos, primero deberá cumplir exigencias incluidas en el anexo 2 del contrato. Consiste en exhibir la copia certificada de los siguientes documentos:

A) Se apruebe la renuncia a inmunidad por parte de la Argentina y el sometimiento a los tribunales extranjeros y de arbitraje en los documentos del financiamiento según la ley argentina 11.672.

B) Se apruebe o autorice al jefe de Gabinete de la Argentina a aprobar los términos de los documentos del financiamiento (a excepción de la renuncia a la inmunidad y el sometimiento a tribunales extranjeros).".

Más adelante aparece la exigencia de un "dictamen del Banco Central de la República Argentina de acuerdo con el artículo 61° de la ley 24.156, el cual indica que el presente contrato no tiene impacto sobre la balanza de pagos de la Argentina".

Los contratos y documentos de los préstamos están exentos del impuesto a los sellos.

Pero si la Argentina tiene bonos en default o causas judiciales pendientes, parece imposible acceder a los préstamos.

En el anexo 1, en el artículo 7°, con el título de declaraciones, compromisos y casos de incumplimiento, luego de decir que no se espera que existan incumplimentos, se aclara que "ningún otro evento o circunstancia se encuentra pendiente que constituya (o que con previa notificación, o vencimiento del plazo o de cualquier otro modo constituiría) un incumpliento en virtud de cualquier otro acuerdo, obligación, contrato o instrumento ejecutado luego del 6 de enero de 2002 que obligue a la Argentina".

Pareciera así que cualquier default, por parcial que sea, sería un "default cruzado" e impediría usar los fondos de los chinos.

La idea de librarse de la jurisdicción de Nueva York recurriendo al gobierno de China parece que no les gusta ni siquiera a los propios chinos.

Más todavía, el Gobierno firmó que "Argentina es un miembro en buenas condiciones del FMI y del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo [el nombre formal del Banco Mundial] y es elegible para utilizar los recursos del FMI y puede retirar y utilizar los fondos que tiene disponibles en virtud del programa de financiamiento del FMI, y ese programa no ha sido cancelado o suspendido".

Los chinos se cuidan de todo. El Ministerio de Economía "deberá inmediatamente" informar, con un máximo de cinco días hábiles luego de que sepa o sea notificado, "de cualquier litigio, demanda, investigación, arbitraje u otro proceso legal o controversia pendiente o, a su conocimiento, inminente, que involucre o afecte a cualquier deudor (oficina del Gobierno) o Argentina".

Entre ellos se citan los que "se relacionan con algunos de los endeudamientos del Club de París, los holdouts de la deuda soberana en cesación de pagos o cualquier demanda en el contexto de los tratados de inversión bilateral".

Por si fuera poco, como en los contratos con los trenes, en caso de diferencias éstas se dirimirán en París, en un arbitraje que se planteará en la Cámara de Comercio Internacional. Todo será en inglés.

Las exigencias chinas

Las cláusulas más controvertidas del acuerdo

La Argentina renuncia a su inmunidad y acepta el sometimiento a tribunales extranjeros para juicios y para arbitrajes.

Para avanzar con el acuerdo con el gobierno chino, el país además se obliga a no tener ningún incumplimiento en materia de deudas soberanas.

El Gobierno también se compromete a ser un "miembro en buenas condiciones del FMI".

La Argentina deberá "inmediatamente" informar, con un máximo de cinco días hábiles "de cualquier litigio, demanda, investigación o arbitraje" que afecte al país.

Del editor: qué significa.