La principal apuesta de Podemos en materia judicial está bajo la mirada de la Fiscalía. La jueza en excedencia Victoria Rosell está siendo investigada por su actuación en la causa abierta contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas, acusado de un presunto delito de fraude fiscal. La investigación de la Fiscalía arrancó pocas semanas después de que Rosell anunciase su entrada en política. Los problemas judiciales para el fichaje de Podemos se derivan de un contrato firmado por el club deportivo con la pareja de la jueza, el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, un medio local asociado con eldiario.es en Canarias.

Victoria Rosell abrió en enero de 2014 un proceso penal contra el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, tras recibirse una querella por un delito contra la hacienda pública. Ramírez está acusado de defraudar cuotas de IRPF y de Seguridad Social de sus trabajadores camuflando parte del sueldo como si fuesen dietas. Rosell añadió dos delitos más a la querella criminal: un delito contra los trabajadores y otro más por fraude contra la Seguridad Social.

No es el primer proceso penal al que se enfrenta Miguel Ángel Ramírez. El presidente de la UD Las Palmas fue condenado en otro juicio a tres años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. Se salvó de entrar en la cárcel gracias a un indulto que aprobó el Consejo de Ministro de Mariano Rajoy en 2013. Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Supremo anuló ese indulto y Ramírez está pendiente de un nuevo indulto del Gobierno si no quiere entrar en prisión.

El 15 de octubre, la jueza Victoria Rosell solicitó la excedencia y el 22 abandonó el juzgado para encabezar la lista de Podemos al Congreso en Las Palmas. Desde entonces, un nuevo juez continúa el proceso contra Miguel Ángel Ramírez, que recientemente ha vuelto a ser llamado a declarar.

Unos días después de la salida de Rosell del juzgado, el 28 de octubre, su pareja, Carlos Sosa, firmó un acuerdo con la Unión Deportiva Las Palmas. Se trata de un contrato para que la radio de este club de fútbol –que estaba operando en una emisora ilegal– se emitiese en una frecuencia propiedad de Clan de Medios, la empresa de Carlos Sosa. El acuerdo es un alquiler de cien meses por 1.500 euros al mes, más una opción de compra de 50.000 euros al término del alquiler. En total, el contrato supone un desembolso máximo de 300.000 euros en doce años, en el caso de que se ejecute la opción de compra.

La Fiscalía pretende relacionar ese contrato con la instrucción de la causa abierta a Miguel Ángel Ramírez porque cree que la magistrada debió apartarse si hubiera conocido la existencia del contrato firmado por su pareja. La Fiscalía tiene sobre la mesa la fecha del contrato: 28 de octubre de 2015. La jueza había pedido su excedencia voluntaria al Poder Judicial el día 15, y le fue concedida el día 22: la noticia de su llegada a la política ya se había publicado en prensa el 11 de octubre. La Fiscalía considera que la jueza Rosell debería haberse inhibido y no continuar la instrucción de este caso por este acuerdo económico entre la Unión Deportiva Las Palmas y la empresa de Carlos Sosa, Clan de Medios.

La fiscal Evangelina Ríos, a la que se ha encomendado la tramitación de estas diligencias, ya ha llamado a declarar, entre otros, al director general de la Unión Deportiva Las Palmas, Patricio Viñayo. Evangelina Ríos también fue la fiscal del caso contra el presidente de este club de fútbol y hace unos meses presentó una queja frente al Consejo General del Poder Judicial contra Victoria Rosell, argumentando que Rosell estaba retrasando la instrucción. La queja se archivo y el CGPJ respaldó a Rosell.

El contrato que firmó Carlos Sosa con la UD Las Palmas el pasado 28 de octubre tenía como objeto que la emisora oficial de la entidad deportiva se hiciera cargo de la provisión de contenidos y la explotación publicitaria de la frecuencia de radio de la que es titular la empresa propiedad del periodista. Esa empresa es la editora del periódico digital Canarias Ahora, un medio digital fundado en el año 2000 y que, desde 2013, está asociado con eldiario.es como su edición autonómica en Canarias.

“El contrato se firmó después de que yo dejase el juzgado para entrar en política”, argumenta Rosell, que dice no haber sido notificada formalmente de esta investigación de la Fiscalía que aún no está judicializada. Rosell responsabiliza directamente al ministro José Manuel Soria, cabeza de lista del PP en Las Palmas, de la apertura de esta investigación. “Es un intento del ministro Soria y del PP para neutralizar a un rival político usando la Fiscalía”.