El Tribunal Supremo se reunirá dentro de dos semanas para tomar la decisión final de a quién corresponde pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas. Será el lunes 5 de noviembre cuando los 31 magistrados del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se sentarán a deliberar si mantienen o no el nuevo criterio de que deben ser los bancos, y no el cliente, quien lo abone, tal y como acordó una de las secciones de la Sala el pasado jueves.

La fecha del Pleno se ha concretado en la reunión que el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha mantenido esta mañana con los protagonistas del desaguisado surgido en torno a la sentencia sobre el pago del impuesto de las hipotecas con la intención de analizar qué es lo que ha pasado.

Al encuentro fueron convocados los miembros de la Sección Segunda de la Sala, la que fue la sección que dictó el jueves la sentencia contraria a los bancos. También el presidente de la Sala, Luis María Diez-Picazo, que 24 horas después convocó un Pleno para revisar esa decisión. Igualmente estaba presente el vicepresidente del Supremo, Ángel Juanes.

Además de aclarar lo sucedido, Lesmes intentará templar los ánimos tras un episodio que ha generado tensiones en la Sala, donde se cruzan críticas tanto a la actuación de su presidente, Diez-Picazo, como a la de los miembros de la Sección, en particular su presidente, Nicolás Maurandi.

Tras el encuentro, el presidente del Supremo ha emitido una nota en la que defiende la actuación de los magistrados y al presidente de la Sección. "Han actuado en todo momento en relación con estos asuntos con plena lealtad al Alto Tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso", afirma Lesmes.

En cuanto a la actuación de Diez-Picazo, señala que está entre sus facultades llevar un asunto al Pleno, "sin perjuicio de las facultades del Pleno para resolver lo que en Derecho proceda".

Al día siguiente de conocerse las sentencia, fuentes del entorno de Diez-Picazo sostuvieron que el presidente de la Sala no había estado al tanto del giro jurisprudencial que preparaban los miembros de la sección que se encarga de todos los recursos en el ámbito tributario. Sin embargo, fuentes de la Sala sostenían el viernes, después de las convocatoria del Pleno, que Diez-Picazo sí había sido advertido y que lo sucedido se debió a un error de gestión por su parte. Fuentes de la Sala indican que en su primera conversación tras difundirse en fallo Diez-Picazo aseguró a Lesmes que no estaba al tanto del asunto. En cualquier caso, y como presidente, Diez -Picazo sí había revisado la admisión a trámite del recurso, y de otros idénticos, que ya abrían expresamente la puerta al cambio de criterio que al final se produjo.

La nota emitida hoy por Lesmes ratifica que la sentencia resuelta la semana pasada resuelve definitivamente ese caso concreto. También son definitivas otras dos que abordaban el mismo asunto con los mismos protagonistas (la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vacia Madrid). La nota añade que el artículo anulado en el reglamento del impuesto por ir en contra de la ley que desarrollaba debe considerarse irremediablemente desaparecido. Se trata del artículo que decía expresamente que quien pagaba el impuesto era el cliente. En esa redacción -aunque no sólo- se basaba la jurisprudencia que cargaba el impuesto al cliente. La nueva deliberación del Pleno deberá adoptarse ahora sin tenerlo en cuenta, por lo que si se vuelve a la tesis de que paga el cliente tendrá que ser en base a otros artículos.

Lo sucedido en el Supremo ha supuesto un golpe duro a la imagen del Alto Tribunal, que parece haber improvisado en una materia de enorme calado. Y haber reaccionado siguiendo los intereses de las entidades financieras.

Las principales críticas se han dirigido contra el presidente de la Sala, cuya llegada al puesto de la mano de Lesmes resultó muy polémica. El presidente del Supremo se empeñó personalmente en el nombramiento de Diez-Picazo, rompiendo así la tradición de ratificar al entonces presidente, en ese caso José Manuel Sieira. La decisión se interpretó como un intento de tener más controlada la Sala encargada de revisar las decisiones del Gobierno y, en general, normativa como la que la sufrió un vuelco con la sentencia del impuesto. Una de las críticas formuladas entonces a Diez-Picazo fue que carecía de experiencia en la gestión de tribunales, una característica que sus detractores señalan ahora como la clave de que no haya sabido controlar la decisión sobre las hipotecas.

Por su parte, la asociación progresista Jueces para la Democracia ha emitido este lunes un comunicado pidiendo la "inmediata dimisión" de Díez-Picazo por su "nefasta" gestión en el asunto. En particular, resaltan que desde el momento de la admisión del recurso ya estaba al tanto de su posible repercusión y que el Pleno debía de haberse convocado antes de la polémica sentencia, no después.

"Consideramos que el Sr. Diez-Picazo Giménez ha realizado una nefasta gestión de este asunto del que es único y exclusivo responsable, ha generado él solo alarma social, ha provocado desconcierto en la ciudadanía que no saben qué hacer con sus hipotecas y toda su economía doméstica, ha generado inseguridad jurídica, ha utilizado indebidamente las facultades legales que la legislación le encomienda a un Tribunal colegiado y de la entidad del Tribunal Supremo, y ha puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces, generando ante la ciudadanía una imagen lamentable de sus juezas y jueces" afirma la asociación.

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