A pesar de que la Generalitat tiene competencias exclusivas en educación infantil, la etapa que va de 0 a 6 años, esta administración “nunca ha estructurado ni liderado la gobernanza de la red de guarderías (antes de los tres años) que ayudó a crear, ni organizativa ni pedagógicamente”, sostiene el estudio publicado ayer por la Fundació Jaume Bofill. “Y la reciente retirada de la financiación ha socavado todavía más su posición”, añade.

El informe De la escuela infantil a las políticas para la pequeña infancia señala que la inversión de la Generalitat en guarderías se ha reducido a la mitad en cuatro años, pasando de casi 147 millones de euros en 2009 a poco más de 71,5 en 2013. La primera etapa de la educación infantil sufrió drásticamente los recortes presupuestarios y eso supuso también un abandono pedagógico, indica. Las aportaciones del Govern por niño y curso de parvulario se han reducido en un 51,4%, se han limitado las ayudas para la escolarización de los niños en situaciones económicas desfavorables, y se han reducido las aportaciones a las guarderías privadas.

“Durante el gobierno del tripartito las escuelas de educación infantil de primer etapa se incrementaron (desde el 2004 se ­doblaron los parvularios municipales en una década) y la Generalitat se comprometió a cubrir un tercio de su mantenimiento”, explica Jaume Blasco, autor del estudio. El resto era costeado a partes iguales por los municipios y las familias. “Durante la crisis económica –continúa–, la administración autonómica retiró esta ayuda con el argumento de que la educación de 0 a 2 años no existe como derecho”. El coste fue asumido por los ayuntamientos (un 50%), las familias (40%) y la Diputación (10%). La Generalitat pasó de transferir a la Diputación de 1.600 a 875 euros.

A pesar de esta desasistencia la tasa de cobertura ha aumentado de forma global en los últimos 15 años, pasando del 31% al 44%, siendo la más alta de Europa. Esto se debe al descenso de la natalidad y al aumento de guarderías de otras administraciones.

Sin embargo, pervive un desequilibrio territorial. Así, existen municipios pequeños con dificultades para mantener las guarderías abiertas y otros con déficit de plazas, como ocurre en Barcelona, donde la cobertura alcanzó algo más de la mitad de los 33.500 niños del curso 2013-2014. Y sólo un 24% era pública.

Las localidades con poblaciones más desfavorecidas cuentan con una tasa muy baja como Santa Coloma de Gramenet (20,8%), Rubí (28,1%), Badalona (28,1%), Blanes (28,4%) y Figueres (28,6%). La cobertura más alta la tiene Espluguess, con un 60,9%. “Los estudios indican que la desigualdad se inicia en esta etapa de la vida y la escolarización puede compensar los déficits educativos de la familia”, señala Blasco, “por eso es importante reforzar los centros en estas poblaciones”.

Las razones por las que los niños no van al parvulario son diversas. En parte se trata de demanda no atendida, pero también existen familias que prefieren que se queden al cuidado de un progenitor, mayoritariamente la madre. Asimismo hay padres que no desean llevar a sus hijos a un centro por convicción y prefieren otras fórmulas como dejarlos al cuidado de abuelos y canguros, u hogares de crianza. “Esta última fórmula, una persona que ofrece su casa para cuidar a varios niños, muy utilizada en el exterior, está creciendo en los últimos años en Catalunya en una situación de alegalidad y falta de control por parte de la administración”, sostiene el autor del informe, que sugiere que se les reconozca y regule puesto que dan un servicio óptimo a la comunidad. “No puede ser que la única política pública para esta edad sea la guardería”, sostuvo.

A juicio de Blasco, todos los padres deberían recibir la ayuda adecuada a su situación, incluyendo permisos parentales más largos, y las guarderías no deberían convertirse en recursos paliativos a una falta de conciliación.