A fines de los años 90, con el fin de resguardar los fondos recibidos del Estado como indemnización por los bienes requisados posgolpe, el Partido Socialista ideó una forma de no dilapidar los recursos. “No teníamos plata ni para pagar la luz”, cuentan algunos dirigentes que en ese entonces se reunían en calle Concha y Toro. Sin embargo, de pronto se vieron con millones de pesos en las manos.

Después de darle varias vueltas a la idea, empujados por Gonzalo Martner, ilustres dirigentes socialistas, como Ricardo Núñez, Ricardo Solari y Camilo Escalona, se lanzaron a crear una especie de fideicomiso ciego. La plata sería administrada por el “comité patrimonio”, que escogería la forma de hacer inversiones sin revelar dónde y con un mandato claro: solo utilizar intereses y no tocar jamás el patrimonio.

Entre el año 2000 y hasta el 2004 el PS recibió del fisco más de $ 7.200 millones. Ese dinero se invirtió en el mercado bursátil local y luego en mercados extranjeros. Las inversiones fueron muy rentables, ya que ese patrimonio se dobló en 6 años, llegando a $13.794 millones.

El comité patrimonio nunca sobrepasó las siete personas, debía ser cauteloso y trabajar de forma reservada. Además de quienes presidieron el grupo, entre sus miembros están Hernán Contreras, un abogado que Julio Ponce Lerou puso en algunos directorios de las Cascadas desde que estalló ese caso.

Martner, como uno de los autores de la idea, la reivindica: “Nombramos una comisión de especialistas para maximizar el rendimiento en el contexto de la ley. Esta era una forma de mantener independencia de las empresas, todo lo contrario a lo que se piensa, por eso yo defiendo la idea. Pido argumentos razonados, no explosiones desde la guata”, dice el ex militante socialista, quien también cuenta para qué sirvieron esos recursos: “La mitad de lo que producía el rendimiento de ese fondo se utilizaba para financiar los gastos corrientes del partido y, la otra mitad, para financiar la campaña. El 2004 me tocó financiar campaña municipal y lo hicimos con ese dinero sin tocar el patrimonio. Esa rendición fue transparente frente al Servel”, comenta.

La comisión política de esos años, cuando la colectividad era dirigida por Escalona y se creaba el comité –el 17 de marzo de 2003–, nombró como primer presidente a Óscar Guillermo Garretón (73), economista, fundador y parte de la facción más dura del Mapu –el “Mapu Garretón”–, que ingresó al Partido Socialista a fines de los 80, después de haber militado también en el PPD y haber vivido en Cuba, Francia y Argentina. Fue subsecretario de Economía del Gobierno de Salvador Allende, presidente de Metro y luego entró de lleno a territorio privado: fue presidente de dos empresas de capitales españoles, Telefónica CTC y de Iansa.

Al poco tiempo de que Garretón fuera puesto a la cabeza del nuevo organismo, un hombre de Escalona lo reemplazó y asumió la presidencia: Jorge Jorratt, ingeniero comercial de la Universidad del Norte, que después de estar 8 años en el cargo dejó la tarea de presidir el comité a mediados de octubre de 2014, donde había tenido “cercanía con el ámbito minero”, como cuentan cercanos al trabajo del grupo. En ese tiempo, las arcas socialistas tenían $6.600 millones invertidos en instrumentos.

Su cercanía con el mundo minero se mantuvo: pertenece al directorio de Enami desde el 5 de mayo de 2014, aunque fue gerente comercial de la Empresa Nacional de Minería por más de 15 años. Desde el año 2012 es socio de Altair, una empresa que –según señala su página web– “desarrolla proyectos y optimiza activos existentes en la mediana empresa minera”.

Al dejar su cargo, Jorratt entregó la presidencia del comité patrimonio del PS a Alberto Arenas, quien había sido director de Presupuestos durante cuatro años, hasta 2010. Arenas también es cercano a Escalona, fue jefe programático de la segunda campaña presidencial de Michelle Bachelet y, a pesar de la confianza con la actual Presidenta, en 2015 se convirtió en el primer ministro de Hacienda en ser removido de su cargo en democracia, en medio del escándalo por las platas políticas. De hecho, tiempo después de su alejamiento de La Moneda, en una de sus declaraciones ante la Fiscalía, el ex director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt, lo vinculó a AyN, firma de Giorgio Martelli, administrador electoral de la primera campaña de Bachelet.

Desde junio del año 2015, Arenas se desempeña como asesor macroeconómico de la Cepal, desde donde responden a El Mostrador que el ex titular de Hacienda no se referirá a este tema.

El pequeño comité

Desde que se creó el comité patrimonio, en marzo de 2003, han invertido en Enap, Endesa, Iansa, CAP, Cencosud, instrumentos en Brasil, Colombia, Rusia y últimamente en bancos y Aguas Andinas. Los hombres y mujeres que han llevado adelante las inversiones del Partido Socialista están vinculados al mundo financiero.

El comité patrimonio nunca sobrepasó las siete personas, debía ser cauteloso y trabajar de forma reservada. Además de quienes presidieron el grupo, entre sus miembros están Hernán Contreras, un abogado que Julio Ponce Lerou puso en algunos directorios de las Cascadas desde que estalló ese caso.

Contreras es un conocido operador de la vieja Concertación, cercano a Camilo Escalona –según señalan algunos y desmiente el propio Escalona–, Raúl Díaz y Osvaldo Andrade. Su nombre habría sido sugerido a Ponce por Darío Calderón, hombre con vastas redes en el mundo concertacionista. Se dice que Contreras fue quien logró renegociar con CorpBanca un acuerdo para solucionar la crisis financiera que tuvo el PS al final de la campaña de Frei, el 2009. Cabe recordar que el controlador de CorpBanca es Álvaro Saieh, también cercano a Calderón.

En el comité patrimonio también refieren que uno de los miembros ha sido Patricio Tapia, esposo de la ex ministra de Trabajo de Bachelet, Claudia Serrano. Tapia fue gerente general de la estatal Correos de Chile entre 2006 y 2010. En ese último año fue pasado al tribunal supremo del PS por no renunciar al cargo pese a que Sebastián Piñera era quien estaba en La Moneda.

Entre los miembros actuales del comité figuran la economista Jéssica Cuadros, ex esposa del ministro Nicolás Eyzaguirre. También se le reconoce como amiga de Bachelet, con quien participó en labores clandestinas de apoyo a la dirección interna del PS. Actualmente trabaja en asuntos internacionales de la Cepal y fue consejera del Banco Interamericano del Desarrollo.

Asimismo, están Jéssica López, gerenta general ejecutiva del Banco Estado; Jorge Ayala, administrador de la municipalidad de El Bosque; Roberto Godoy, abogado laboralista; y Jorge Parra.

La máquina financiera

Una de las aristas más cuestionadas del escándalo es que el Partido Socialista era socio de Julio Ponce a través de sus inversiones en SQM y una de sus sociedades cascadas.

Las reglas de la "comisión patrimonio” eran que los ahorros financieros se hacían en renta fija (hasta el 75% de la cartera), acciones (hasta el 5% de la cartera) e iniciativas comerciales de alta rentabilidad (no más del 5% de la cartera). Las inversiones en activos fijos no pueden superar el 15% de la cartera. Se entiende por inversiones en activos fijos, a aquellas inversiones que permitan incrementar el patrimonio del partido.

De acuerdo al PS, la comisión tenía total autonomía. Afirma que la mesa directiva desconoce el detalle de las inversiones y que las decisiones no son adoptadas por la misma ni los militantes.

“La Comisión definirá los criterios financieros para la asignación de los recursos, teniendo a la vista el entorno económico nacional e internacional y velando para que estos obtengan la mejor rentabilidad”, dice el reglamento de 2003 que le dio vida al grupo. Y agrega que la instancia “solo tendrá facultades para su administración y ejecución, conservando la Comisión Política del Partido las facultades de decidir y asignar estos recursos dentro de las orientaciones establecidas en el presente reglamento”.

La comisión hacía sus inversiones a través de una entidad financiera. Pero al cabo de unos años, y a raíz de la Ley de Transparencia, delegaron la responsabilidad a la mesa de dinero del banco BCI.

No está claro en qué año ocurre eso, pero hay fuentes que afirman que sucedió en 2009.

Las mismas fuentes señalan la forma en que operaba el PS con el BCI: la tienda le daba un mandato explicitando el nivel de riesgo y otra serie de parámetros. El banco, con esas instrucciones, asumía la responsabilidad de administrar los activos y tomar las decisiones de inversión. El PS recibía información regular acerca de los retornos de las inversiones y detalles de la cartera.

Cabe mencionar que ya en 2012 se sabía que el PS tenía un diversa cartera de inversiones. De acuerdo a un artículo de La Segunda de ese año, esta incluía –como se señaló– bonos de Enap, Endesa, Iansa, CAP, Cencosud e instrumentos en Brasil, Colombia y Rusia.

En el último informe aparecen, además, varios bancos y la empresa Aguas Andinas.