lunes 15, febrero de 2016

Así lo resolvió la Justicia que, con su fallo, dejó en evidencia que Prefectura le armó una causa. Fue luego de que intentara interceder para que no siguieran golpeando a otro joven esposado y en el piso. Estuvo cuatro días preso y seis meses acusado de un delito que no cometió. “Si yo estaba diciendo la verdad, entonces ellos mintieron”, reflexionó el joven de La Boca. Por Martina Noailles

“Causas como esta ocurren de manera permanente”. La afirmación del abogado Nahuel Berguier duele de tan cierta. Son excepcionales los casos en que la Justicia se aparta de su rol cómodo y cómplice y se anima a desenmascarar a miembros de una fuerza de seguridad que le armaron una causa a alguien. Por lo general, un alguien joven, pobre, de gorra y morocho. Emiliano Ulloa, vecino de La Boca, fue la excepción: después de seis meses de estar acusado de un delito que no cometió fue sobreseído. “Hicimos la mitad del camino: el juez dijo que soy inocente; así que ellos son culpables. Esa es la otra mitad que queda demostrar”, dice Emiliano con una mochila menos sobre su espalda. O “una cruz” o “un clavo”, como dice cuando intenta poner en palabras lo que vivió este medio año. “Este sistema judicial estigmatiza: eso de que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario queda de lado cuando es una fuerza de seguridad la que te está acusando”, reflexiona. En este caso, la Prefectura Nacional, una de las patas del Operativo Cinturón Sur que llegó a los barrios del borde porteño para “dar seguridad”.

Seis meses atrás, exactamente el 20 de julio de 2015 cerca de las 20, Emiliano frenó con su bicicleta en la canchita de Catalinas donde prefectos golpeaban a un adolescente que estaba tirado en el piso y esposado. “Ya está, ya lo tenés”, le dijo sin poder tragar la bronca al de uniforme, quien enseguida le escupió un “no te metás”. Pero no le bastó. Pidió que también lo detuvieran. Para cumplir con creces el pedido, otros prefectos lo arrastraron hasta la garita de Brasil y las vías, cerca de la subida a la autopista La Plata, donde entre 10 y 15 efectivos comenzaron a pegarle y amenazarlo con que aparecería muerto en el Riachuelo. “Hasta que llegó la ambulancia, yo tenía la certeza de que me iban a dar un tiro y a tirar al Riachuelo. Por eso le gritaba a todo el mundo que pasaba mi nombre y apellido”, relató Emiliano a Sur Capitalino unos días después de ser dejado en libertad. Porque lo que vino después de los golpes y amenazas fueron días de deambular por comisarías –la 24 y la 30- y la Alcaidía de Tribunales. Finalmente salió en libertad 4 días después. Aunque no tenía antecedentes, lo liberaron luego de pagar una fianza de 6 mil pesos.

Afuera lo esperaba su familia que rápidamente había logrado una red de vecinos, medios de comunicación populares y organizaciones sociales que multiplicaron y visibilizaron la injusticia.

A partir de allí comenzó el camino burocrático en el laberinto del Poder Judicial, al que había que demostrar la causa trucha armada por Prefectura. A pesar de las evidencias y de que la propia víctima del robo de celular en todo momento desligó a Emiliano del hecho, ese camino duró seis meses. “Yo tenía la esperanza de que se resuelva más rápido. La Justicia no puede tardar tanto en dictaminar si alguien es culpable o inocente. Y eso que yo tuve la suerte de poder pagar la fianza y tener un abogado sino no se qué hubiera pasado…”

Su abogado, Nahuel Berguier, coincide: “Por su propia valentía y las posibilidades que tuvo su familia, y por las organizaciones del barrio, Emiliano pudo defenderse de manera correcta y se logró que la justicia revirtiera la acusación. Pero no es lo que ocurre habitualmente con el Poder Judicial que encubre el accionar ilegal de las fuerzas de seguridad”. Por eso, insiste, “este caso debe ser un caso testigo para denunciar este tipo de complicidades, que de hecho las hubo ya que estuvo 4 días detenido”.

Lo que sigue es esa segunda parte del camino que ilustraba Emiliano. Ahora el acusador será él. Pero con la verdad. “Queremos que se determine la responsabilidad penal de los efectivos que lo involucraron de manera ilegal en este hecho, falsificando documentos públicos y con el agravante de incriminar de manera dolosa a un inocente –explica Berguier-. Por eso también exigiremos al Ministerio de Seguridad que pase a disponibilidad a estos agentes”.

Si Emiliano es inocente, como determinó la Justicia, es que los prefectos son culpables. Dos más dos, cuatro.