A finales del pasado mes de julio, el ministro de Justicia aseguró que «el proyecto de ley del aborto se aprobará antes de que termine el verano». Interrogado acerca de cuál es la fecha concreta en la que para él termina el verano, Alberto Ruiz-Gallardón precisó: «Para mí, acaba el verano exactamente igual que para el Instituto Nacional de Meteorología». El verano acaba el 21 de septiembre. Es decir, que de acuerdo con los plazos de Gallardón, el proyecto de ley del aborto tendría que ser aprobado por el Consejo de Ministros en su próxima reunión.

No será así. Fuentes del Gobierno y del PP han asegurado a este periódico que el Ejecutivo se inclina por aparcar definitivamente el polémico anteproyecto ante la falta de consenso interno. «No existe consenso en torno a este proyecto, y si no se logra un acuerdo, cosa que parece muy difícil, la ley no se aprueba y en paz», aseguran fuentes de la cúpula del PP. Otros interlocutores son aún más contundentes: «Esa ley nunca llegará al Parlamento».

El anteproyecto de ley del aborto -aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre del pasado año- suscitó una contestación interna con pocos precedentes en el PP. El texto no suponía un retorno a la ley socialista del 85, como esperaba todo el mundo, ni se limitaba a cambiar el aspecto más controvertido de la ley de Zapatero: la posibilidad de que las menores de 16 años se sometieran a un aborto sin el permiso paterno.

El anteproyecto suponía la vuelta a la ley de supuestos, aunque eliminaba la malformación del feto como una de las circunstancias en las que la mujer podría abortar de forma legal. Uno tras otro, destacados dirigentes populares y casi todos los presidentes regionales pusieron el grito en el cielo, mientras que Gallardón defendió con ardor el texto. Las contestación interna obligó al presidente del Gobierno a pedir a su ministro que abriera un periodo de consultas con sus compañeros de partido para alcanzar un consenso interno. Una vez convocadas las elecciones europeas, el anteproyecto -teóricamente en periodo de consultas con distintas instituciones- fue aparcado. Justicia reformó el texto con las recomendaciones recibidas de algunos barones territoriales y anunció que el Gobierno lo aprobaría en julio.

La eliminación del supuesto de aborto por malformación del feto era el principal punto de controversia. Pero los intentos de Gallardón de convencer a sus compañeros de partido han fracasado. Y a día de hoy, hay casi unanimidad en el PP: la ley del aborto fue un error. Y dado que quien defendió públicamente el texto fue Alberto Ruiz-Gallardón, sobre él recae la principal responsabilidad de la equivocación. El ministro de Justicia, sin embargo, sostiene que sin el beneplácito del presidente del Gobierno nunca hubiera llevado la ley a la mesa del Consejo de Ministros.

Fuera del debate político

Tal y como ha quedado de manifiesto en sus comparecencias públicas, Rajoy desearía que la palabra aborto desapareciera del debate político. Deseo que comparten todos los dirigentes. Y ello porque los célebres estudios sociológicos de Pedro Arriola que maneja la cúpula popular concluyen que la ley del aborto ha sido muy perjudicial para los intereses electorales del PP, ya que una sólida mayoría de sus votantes se han sentido sumamente incómodos con el tema. Ni querían ni esperaban que el Gobierno legislara de forma tan restrictiva sobre una cuestión que afecta de lleno a las mujeres, por lo que la conclusión de los expertos es clara: hay que reconducir la situación y pasar la página para no abrir otra vez una controversia que haga daño al PP en un año clave con dos convocatorias electorales: las municipales y las generales.

El resultado de las elecciones europeas -en las que el PP perdió dos millones y medio de votos- ha servido para ratificar este análisis. «El debate sobre el aborto se ha dramatizado en exceso. Hemos complicado la vida a nuestros votantes obligándoles a hablar de un tema del que no querían hablar», aseguran los interlocutores de este diario.

Malformaciones incompatibles con la vida

Mientras el ministro de Justicia intentaba reconducir el contenido de la ley para su aprobación, una noticia de finales del mes de julio encendió todas las alarmas en la cúpula del Gobierno y del partido. Citando fuentes parlamentarias, la agencia Europa Press informaba de que la ley contemplaría un listado de malformaciones incompatibles con la vida que permitirían a las mujeres interrumpir su embarazo. La lista incluía la anencefalia, exencefalia o acráneo; la hidranencefalia; la holoprosencefalia alobar; la atresia laríngea o traqueal; la agenesia diafragmática o la renal bilateral y otras patologías.

Dirigentes del PP se mostraron horrorizados ante la posibilidad de tener que votar en el Congreso y en el Senado un texto de estas características. Hasta el punto de que algunos de ellos amenazaron con romper la disciplina de voto si el proyecto incluía este listado de malformaciones. Fuentes del Ministerio de Justicia, sin embargo, han asegurado a este periódico que la lista de malformaciones nunca figuró en ninguno de los borradores que se han manejado oficialmente para elaborar el texto definitivo.

El proyecto ahora mismo está ya en La Moncloa y las mismas fuentes aseguran que el ministro de Justicia no ha recibido una comunicación formal por parte de Presidencia del Gobierno sobre la retirada del proyecto. Todos los dirigentes consultados por este diario aseguran que la principal preocupación de Mariano Rajoy a la hora de guardar el anteproyecto en el cajón es el impacto político que ello tendrá para el ministro de Justicia que, lógicamente, se sentirá desautorizado cuando le comuniquen que su ley no será enviada al Parlamento. Pero eso se verá en las próximas semanas.