Frente a la cultura machista de la violación, el Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea propone una cultura feminista de las relaciones sexuales. Este ha sido el marco de arranque en la presentación de la Proposición de Ley de Protección Integral de la libertad sexual y para la erradicación de las violencias sexuales que ha registrado hoy el Grupo Confederal en el Congreso de los Diputados antes de su presentación a la sociedad civil y los colectivos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

En la presentación han participado como ponentes Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso; Sofía Castañón, secretaria de Feminismos Interseccional y LGTBI de Podemos; Ángela Rodríguez Pam (En Marea), Alicia Ramos (En Comú Podem); y Eva García Sempere (IU), junto a Patricia Faraldo, catedrática de derecho penal de la Universidade da Coruña.

«Esta ley recoge un pacto sexual basado en la libertad y el consentimiento, y esto debe estar integrado en nuestra legislación […] Nos alegramos de que el PSOE haya recapacitado, pero es hora de dar pasos adelante y que se apoye esta ley que contiene muchas medidas concretas», ha indicado Ione Belarra.

Sofía Castañón, secretaria de Feminismos Interseccional y LGTBI de Podemos, ha explicado que «solamente las relaciones sexuales consentidas son las relaciones que queremos para nuestra sociedad: las buenas relaciones». «Más allá de eso estaríamos hablando de una agresión sexual, por tanto incluimos medidas que tienen que ver con la modificación del código penal, pero también múltiples medidas para la prevención, asistencia, protección, detección, acompañamiento y reparación a las víctimas de las violencias sexuales», ha señalado la diputada.

Por su parte, Ángela Rodríguez Pam (En Marea) ha incidido en la idea de que «la mejor política de seguridad son las políticas feministas». «Solo una relación sexual deseada es aquella que es consentida; esta cultura del pacto y el consenso en la relación sexual es lo que queremos defender y legislar».

Este texto legal supone una «ley contra el patriarcado, que pone el consentimiento en el centro desde un punto de vista político y penal. […] Si esta ley sirve para convertir en políticas públicas el ‘Yo sí te creo’, entonces será que estamos convirtiendo lo personal en algo político. Esperamos que esta iniciativa legal tenga el consenso suficiente para salir adelante en la Cámara».

Principales medidas de la ley

El requisito para poder ejercer los derechos y acceder a los servicios previstos en esta ley es la acreditación de la existencia de una situación de violencia sexual. La acreditación no dependerá de la voluntad de la víctima de emprender acciones legales ni de testimoniar contra el autor de la violencia sexual.

Reparación integral de las víctimas. Las mujeres víctimas de los delitos de violencia sexual tienen derecho a la reparación integral de los daños y perjuicios padecidos, con la finalidad de devolver a la víctima a la situación anterior a la agresión sufrida, incluidas las medidas necesarias para garantizar su recuperación física, psíquica y social.

Modificación del Código Penal: la necesidad del acuerdo de las partes implicadas para que podamos hablar de relaciones sexuales libres y satisfactorias que se refleja en el espíritu de esta ley, tiene su traducción legal en la teoría del consentimiento. Por esta razón en esta ley se lleva a cabo también la unificación y ordenación de las conductas constitutivas de agresiones sexuales y de abusos sexuales bajo la denominación común de “agresiones sexuales”, poniendo el acento no ya en las conductas de contenido sexual, sino en los medios comisivos que evidencien la falta de consentimiento de la víctima para la práctica de esas relaciones.

Medidas de prevención y sensibilización en el ámbito educativo: el sistema educativo español incluirá, dentro de sus principios de calidad, la integración de contenidos sobre educación sexual en igualdad y diversidad afectivo sexual para el alumnado, apropiados en función de la edad, en todos los niveles educativos a partir de la educación primaria, respetando en todo caso las competencias en materia de educación de las Comunidades Autónomas.

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