El candidato a alcalde de Chile Vamos por Talca, Juan Carlos Díaz, -quien figura como imputado en una investigación de Fiscalía por la venta de un terreno, mientras era administrador municipal, a una empresa que tiene el contrato de barrido de la ciudad-, es uno de los nombres que aparece cuestionado en el informe final de auditoría sobre la comuna que publicó la Contraloría el 13 de octubre. En el documento, la entidad fiscalizadora detalla, entre otras cosas, el gasto inadecuado de fondos públicos y un “uso excesivo y frecuente” de la imagen de Díaz “en gastos relacionados con la difusión y promulgación de las actividades municipales (…) en invitaciones a eventos, afiches, revistas, diarios, vídeos comunicaciones, páginas web, redes sociales -Facebook y Twitter-,programas radiales, entre otros, de lo que es posible desprender que mediante ello se pretende atribuir a su persona la ejecución de las obras e implementación de las iniciativas que se difunden, y no al resultado del cumplimiento de las funciones de la entidad edilicia, lo que no se ajusta a derecho, según lo ha sostenido la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control”. Pero no sólo se critica este proceder. Contraloría revela que “la Municipalidad de Talca presenta problemas en el proceso de asignación, ejecución y pago del trabajo extraordinario, por cuanto omite el procedimiento de requerir y autorizar el sobretiempo previo a su ejecución; asimismo se evidencia una ausencia de la justificación, por parte de la jefatura correspondiente, de las labores impostergables efectuadas por el personal; como también una falta de documentación de respaldo que avale ciertas horas realizadas por los funcionarios, situación que deberá ser acreditada fundadamente en la etapa de seguimiento por ese órgano comunal, o en su defecto, tendrá que ordenar el reintegro pertinente”. Una de las dificultades para validar el pago de horas extraordinarias es, en el caso de Díaz, que “estampó la entrada y salida de la jornada laboral en fechas que no existen, lo cual denota una debilidad de control, toda vez que le resta confiabilidad a la información para el cálculo de las horas extraordinarias”. En rigor, como pudo constatar The Clinic Online, el candidato a la jefatura comunal rindió horas extras el 30 y 31 de febrero de 2016 ya que esos dos días -que no figuran en el calendario- trabajó desde las 8 de la mañana a las 21.30 horas.En las semanas previas a las elecciones, el alcalde DC de Osorno, Jaime Bertín, ha debido confrontar al aspirante UDI, Mario Bello, quien exigió que explicara “cómo es posible que su patrimonio se incrementara en 3 mil millones de pesos mientras ejerció cargos públicos” en los últimos diez años y llevó los antecedentes a Contraloría. El organismo fiscalizador aún no se pronuncia al respecto, pero sí lo ha hecho en otro ítem. En el informe 77/2016 que analiza la administración en los años 2013 a 2015 hace referencia al gasto improcedente del municipio en invitaciones y tarjetas navideñas y el uso del eslogan “Junto a ti cambiamos Osorno”. Al respecto, la Contraloría Regional incluirá “estas materias en el procedimiento sumarial indicado anteriormente, a fin de investigar las razones de incorporar el nombre e imagen del alcalde como una práctica asociada a la difusión de actividades municipales, toda vez que ello podría significar una infracción a las normas relativas al empleo de recursos del organismo del que se trata en beneficio personal o para fines ajenos a los institucionales”.En septiembre, vecinos de Vitacura ingresaron una denuncia en contra del alcalde, que va a la reelección, Raúl “Tronco” Torrealba. Junto con pedir la aclaración sobre eventuales incompatibilidades del jefe comunal, se pidió analizar la publicidad contratada en suplementos especiales en El Mercurio, La Tercera y La Segunda y se acusó que “la imagen de la autoridad edilicia ha sido una práctica constante y reiterada en la difusión de actividades municipales, principales, de las cuentas de Facebook y Twitter de dicho municipio (…) lo que claramente constituye una infracción a las instrucciones dispuestas por la Contraloría General de la República”. Torrealba entregó, inicialmente, una respuesta a estas imputaciones, sin embargo, Contraloría optó por recoger sus propios antecedentes.