Reunirse con el 'Doc' cuesta caro. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema dispuso que el Banco de Crédito del Perú (BCP) pague a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) más de S/. 12 millones en impuestos.

Cabe mencionar que este caso nació como consecuencia de una de las cinco reuniones que sostuvo Dionisio Romero Seminario con Vladimiro Montesinos, durante la década de los Noventa. En la última de ellas- ocurrida en 1999- se conversó sobre la crisis que sufría la firma Hayduk, cuyos propietarios por ese entonces fueron implicados en un caso de narcotráfico. Producto de ello, la justicia peruana iba rematar sus bienes luego de embargarlos. Esto perjudicaba directamente al BCP, que había hecho una fuerte inversión en la citada empresa.

[Escucha una de las conversaciones que tuvo Romero con Montesinos]

Romero solicitó 'ayuda' al exasesor de inteligencia para que se desginara como administradores judiciales a cuatro personas que eran de confianza del BCP, lo que finamente sucedió. Con ello, el referido banco cobró una acreencia de US$ 15 millones, tal como señaló su abogado, Juan Monroy Gálvez.

Entre los años 2004 y 2006, Romero tuvo que enfrentar un juicio a raíz de la última reunión que tuvo con Montesinos. Tras ello, los gastos de la defensa del empresario fueron declarados -por el BCP- como deducible del pago del Impuesto a la Renta.

La Sunat no estuvo de acuerdo ya que consideró que dicho encuentro para conseguir un beneficio económico- a favor del banco que presidía Romero en ese entonces- se llevó a cabo en un ámbito ilegal (la salita del SIN). Tras el desarrollo de un proceso legal, la Corte Superior de Justicia de Lima le dio la razón a la entidad estatal. En ese escenario, el BCP presentó un recurso de casación que ha sido desestimado. El oficio basaba su argumentación en que la gestión de Romero había sido provechosa para el banco y que, por lo tanto, se justificaba el pago a los abogados que defendieron al empresario. Al respecto, recordemos lo que Monroy manifestó en la audiencia del 19 de julio del 2015:

"Montesinos, en ese entonces asesor principal del presidente (Fujimori) y, obviamente, era una persona muy involucrada en los destinos de las decisiones del Poder Judicial (…) Montesinos hace lo que tiene que hacer, y sabemos que lo hacía muy bien".



Conocida la decisión de la Corte Suprema, una fuente oficial del BCP expresó a La República que la entidad bancaria es respetuosa de la decisión que tomó el Poder Judicial "más allá de no estar de acuerdo con el contenido y sentido de la misma".

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