La compra de una promoción de viviendas de protección pública en Madrid por parte del fondo buitre Blackstone a finales de 2014 ha derivado en el incremento en más de un 100% de los gastos que abonan los inquilinos en agua caliente y calefacción. El precio de la primera sube un 246% y la de la segunda un 47%, según los documentos enviados por la propietaria.

La renta por estas casas de alquiler protegido situadas en Torrejón de Ardoz (Madrid) debe mantenerse mientras el contrato de alquiler promovido por la Comunidad de Madrid esté en vigor. Pero la nueva dueña, la inmobiliaria Fidere –filial de Blackstone– ha encontrado algunas otras vías para rentabilizar su inversión.

Las 200 viviendas del Plan Joven de esta promoción en la calle Joan Miró, 7, fueron sorteadas en 2007 por la Consejería de Vivienda del Gobierno presidido por Esperanza Aguirre (PP). Los ganadores firmaron sus contratos en septiembre de 2009. La dueña de la promoción era la sociedad Velázquez, 34, una empresa del Banco Popular y el acuerdo de alquiler dura siete años. Cuatro años después, Fidere Vivienda 2 (el fondo buitre Blackstone) se hizo con esas casas en diciembre de 2014.

Para el 1 de junio de este 2015, Fidere avisó a sus inquilinos de que "se cambia la gestión energética del edificio". La nueva encargada es otra empresa llamada Fusiona Soluciones Energéticas. En una carta se remitían los nuevos importes: en primer lugar, la gestora cobrará a cada inquilino un "depósito de garantía" de 50 euros. Después ha establecido una cuota –"termino fijo mensual"– de 8,55 euros a cada vivienda. "Eso no lo estábamos pagando antes", cuentan a eldiario.es varios de los afectados. Fusiona fue elegida tras sacar Fidere un concurso para adjudicar esos servicios, según relató esta sociedad a los vecinos en una reunión.

Para cerrar la misiva, Fusiona informa de los precios por consumo de cada inquilino. En el caso del metro cúbico de agua caliente pasa de 0,9 a 3,25 euros: un 246% más. Para la calefacción el incremento pasa de 0,04 a 0,07 euros por Kw/h (un 47%). Además, los vecinos están atrapados con esta nueva situación, ya que se trata de calderas centrales. Así que la empresa distribuyó unos avisos en los que aseguraba que los inquilinos que no hubieran suscrito el contrato "no necesitan hacer uso de los servicios de calefacción y agua caliente por lo que se procederá al cierre y precintado de llaves de los suministros".

El ultimátum para contratar expiraba el 16 de junio pasado. "El restablecimiento deberá ser abonado por el usuario, el importe ascenderá a la cantidad de 36,09 euros + IVA", concluía la empresa. Los afectados han conseguido que este corte "se paralice hasta que, al menos, podamos hablar con la propietaria".

Fusiona Soluciones Energéticas ha explicado a eldiario.es que este encarecimiento tan acusado responde a que "hasta ahora los vecinos han estado abonando un precio por debajo de costes. Estaban subvencionados por la propiedad". Añaden que "solo el agua que viene del Canal de Isabel II ya cuesta 0,9 euros el metro cúbico". La empresa asegura que Velázquez, 34 (es decir, el Banco Popular) ponía dinero para que este suministro fuera más barato. Un portavoz del Banco Popular remitió las preguntas de eldiario.es a otra de sus filiales, Aliseda Inmobiliaria quien considera que al "ser una gestora de activos inmobiliarios" y no ser ni haber sido "propietaria de estos inmuebles, no podemos contestar". Un portavoz remite "a la nueva propiedad" para que aclare este extremo. Aliseda Inmobiliaria está en el consejo de dirección de la sociedad Velázquez, 34 –la que vendió las casas a Fidere– en calidad de apoderado.

Los vecinos revelan un aspecto que no apareció en la explicación de la gestora energética: "Lo que sí tenemos son placas solares, que entiendo son las que hacen que tengamos esas tarifas, son para apoyo para el agua caliente y calefacción".

Fidere, la propietaria de las casas, no ha contestado a eldiario.es acerca de la nueva tarificación, la información a los inquilinos sobre los precios o el proceso de elección de la nueva gestora.

Hipotecadas por el fondo

Las viviendas protegidas de Joan Miró, 7, se asignaron en el 19º sorteo del Plan Vivienda Joven desarrollado por la Comunidad de Madrid. Se adjudicaron 599 casas, según informó en su momento el Ejecutivo regional. Para entregar las llaves a los afortunados, se organizaron actos, en ocasiones presididos por la entonces jefa del Gobierno, Esperanza Aguirre. Según el Portal de la Vivienda de Madrid, en la información de este sorteo se explica que se juntaron varias promociones de varios municipios para alcanzar la cifra de 1.235 viviendas "la mayor adjudicación de pisos con protección pública", subrayaron en diciembre de 2010.

Una vez que la Comunidad de Madrid entregaba las llaves y calificaba los pisos como protegidos, se lavaban las manos. Estas casas resultaron finalmente ser patrimonio del Banco Popular mediante la mencionada Veláquez, 34. Al decidir deshacerse de ellas, el comprador fue Fidere, como atestigua el Registro de la Propiedad de Torrejón de Ardoz. Además, según este registro, Fidere (Blackstone) utilizó estas mismas casas como garantía para un hipoteca constituida con el propio Banco Popular en garantía por "un principal" de 43 millones de euros.