La feroz pandemia del coronavirus pone descarnadamente a cielo abierto la índole criminal de la mutilación de los sistemas sanitarios públicos y universales a favor de la codicia del capital financiero. Criminal, por homicida en sus consecuencias, ahora evidentes, e incluso subyacentemente genocida. Porque esa constante y progresiva mutilación de los sistemas públicos de salud, y más de la provisión de los demás bienes y servicios públicos y sociales ofrecidos como gratuitos al común ciudadano por las anteriores políticas del 'welfarestate', coincidió con la 'gran depresión' que exacerbó las desigualdades sociales, la expansión de los contingentes de 'trabajador@s pobres' en la población ocupada, y no solo en la desempleada, de la ciudadanía ubicada por debajo del 'umbral de pobreza', del desamparo de gentes ancianas, dependientes y/o 'sin techo', y así sucesivamente: es decir, precisamente cuando era más necesario que nunca fortalecer y ampliar la oferta de bienes y servicios sociales gratuitos a las empobrecidas gentes del común.

Los máximos y primordiales responsables de este crimen son los reaccionarios poderes financieros del capital trasnacional especulador y expoliador que controlan el FMI (Fondo Monetario Internacional) y las más altas instituciones, no-democráticas, de la UE (Unión Europea) que impusieron esas políticas ultraliberales, y además los gobiernos que servil o conniventemente las ejecutaron, agrediendo a los ciudadanos en vez de defenderlos, 'gobernando' contra la ciudadanía del común en vez de hacerlo a favor de sus necesidades y sus legítimos derechos constitucionalmente consagrados.

Primordialmente, en el Reino de España y en la Comunidad Autónoma de Galiza, los respectivos gobiernos del Partido Popular, presa de una brutal corrupción generalizada en complicidad con la piratería más desalmada del capital especulador privado. En el poder central, Aznar primero, saqueando el patrimonio del Estado, a empezar por las más florecientes y rentables empresas públicas -Telefónica, Endesa, Repsol, banca pública, etc.-y luego Rajoy, saqueando los fondos de la Seguridad Social, patrimonio de las clases trabajadoras, llevando al paroxismo el desmantelamiento de servicios públicos y sociales indispensables, en maridaje corrupto con el gran capital, protegiendo o amnistiando a los grandes evasores de impuestos refugiados en paraísos fiscales, y vaciando de contenido el Título I de la Constitución (que regula los derechos y libertades básicas de los ciudadanos), desde el régimen laboral o el derecho a la vivienda hasta las libertades cívicas de manifestación y expresión, con la connivencia de la cúpula del Poder Judicial, incluido el denominado Tribunal Constitucional.

Y en Galiza, los sucesivos gobiernos de Núñez Feijóo, que llevan once años vaciando de contenido el Estatuto de Galiza, destruyendo los recursos, los ecosistemas y el tejido productivo de nuestro país, fuentes de vida y sustento de la ciudadanía, expoliando los ahorros de las clases populares, y mutilando el SERGAS a favor de empresas de 'sanidad' privadas que se nutren de fondos públicos y ahora se desentienden impertérritas del azote de la pandemia, o hasta instigan a l@s trabajador@s a interrumpir su labor de atención a los pacientes, por lo visto cogiéndose 'vacaciones'.

Para culmen de la impudicia, esos ex-gobernantes en el poder central, y aún gobernantes en Galiza, acosan, difaman y calumnian, en el Estado, a las fuerzas políticas progresistas que, en el gobierno y en las Cortes, están combatiendo lo mejor que pueden y saben la pandemia, con la precariedad de herramientas y recursos heredada de aquellos criminales gobernantes del PP. Y, en Galiza, intentan hacer lo equivalente con las organizaciones sociales y las fuerzas políticas que, actualmente en la oposición, denuncian y critican, con inmerecida mesura, la estulticia de los gobiernos de Núñez. Para los capataces del PP, los ciudadanos no son seres humanos: solo objetos, cifras y votos que se compran o hurtan con dinero y estupefaciente. Lo llevan demostrado bastante en sus prácticas como gobierno o ahora, en el Estado, como oposición caníbal.

Ninguno de esos responsables todos de los crímenes contra el derecho de los ciudadanos a la salud y demás bienes y derechos sociales, y más sus 'perros de presa' mediáticos, ninguno de ellos debe ni puede quedar impune. Depende de todas y todos nosotros, ciudadanos libres e inmunes a la intoxicación por sus vesánicas patrañas, depende que sean cívica y políticamente castigados como merecen. Cívica y políticamente, dije -porque nosotros, a diferencia de ellos -no queremos practicar el homicidio, ni siquiera cuando se opera mediante el 'brazo de la justicia'. Nosotros, sí, somos seres humanos, y no alimañas.