En cafés, universidades, restaurantes y, en general, en la opinión pública, la discusión ha girado en buena medida sobre una pregunta clave: ¿es o no es? Y es que las declaraciones del Procurador Murillo Karam respecto de la responsabilidad del Estado mexicano en la tragedia de Ayotzinapa, han sido objeto de vasta crítica y especulación. Prestigiosos periodistas, intelectuales y académicos han formulado opiniones al respecto. Sin embargo, me parece que en general, existe un error metodológico al contestar la pregunta.

Para poder responder de manera clara y certera, debemos primero entender la naturaleza de la pregunta y así saber que herramientas se deben de usar para contestarla.

Desde mi perspectiva, no hay duda en cuanto a que es una pregunta, que si bien tiene implicaciones políticas, es de naturaleza jurídica y, por ello, debe ser contestada desde el derecho. Ahora bien, pregunto: ¿desde qué rama o campo del derecho debe de venir la respuesta, ya que estamos tratando de definir si el Estado en su conjunto es o no responsable?

El cuerpo normativo que regula y califica la legalidad del actuar de los Estados y analiza a éstos como sujetos de derecho es el derecho internacional público.

Bajo este orden de ideas, me parecería difícil responder a la interrogante planteada desde el derecho interno ya que implicaría definir la responsabilidad del Estado mexicano con las reglas del Estado mexicano. En efecto, éste último tiene la competencia, a través del poder judicial, para definir que autoridades específicas fueron las responsables del acto, pero no tiene la competencia ni el marco jurídico para definir si el Estado mexicano es responsable. Por tanto, la pregunta que se plantea en este texto es una pregunta de derecho internacional público.

Definido lo anterior, es necesario conceptualizar qué es un crimen de Estado y definir cuáles son los elementos para que un hecho sea atribuible al Estado.

Antes de analizar lo anterior, es menester puntualizar como preámbulo, que las analogías ratione materia respecto del derecho doméstico son rara vez útiles. Es decir, desde una perspectiva de derecho internacional, al cometer un ilícito, la responsabilidad del Estado no es civil, penal o de derechos humanos sino que simplemente es internacional. Entonces, desde el principio es conveniente destacar, que es imposible jurídicamente sostener que un Estado es criminal. Sin embargo, como demostraré a continuación, esto no implica que una conducta de naturaleza criminal no pueda ser atribuible al Estado siempre y cuando la naturaleza de la pena sea internacional.

Para responder, hay que destacar que el concepto de crimen de Estado es vago y, por tanto, existe gran debate en la teoría y en la jurisprudencia internacional sobre el significado jurídico exacto del concepto. Este debate tuvo su auge en los años noventa, ya que fue en este período en el que se discutía cuál sería el contenido de los artículos de responsabilidad estatal de la Comisión de Derecho Internacional. Estos artículos hoy día constituyen costumbre internacional y la base para definir las violaciones y reparaciones de los Estados.

Dentro del proceso de creación de estos artículos, uno de los artículos mas controversiales fue el artículo 19 en donde se proponía regular actos de naturaleza atroz como crímenes internacionales de Estado, bajo la lógica de que debía existir una diferenciación entre una violación “normal” de derecho internacional (como, por ejemplo, una violación a un tratado de libre comercio) y una violación que atenta en contra de los principios fundamentales de la existencia de la comunidad internacional y en contra de sus Estados integrantes (obligaciones como el genocidio).

Esta propuesta fue desechada por la mayoría de los Estados y hoy día no existe ningún tratado, costumbre o principio que nos de un concepto jurídico de crimen de Estado. El argumento detrás de esta consideración fue que, como se determinó en los juicios de Núremberg y en el caso de “Genocide” ante la Corte Internacional de Justicia (2007), los crímenes son cometidos por personas físicas, no por entidades abstractas, y solo castigando a los individuos que cometieron esos crímenes es que se puede aplicar verdaderamente una sanción criminal.

Aunado a lo anterior, desde mi parecer esto no impide que un acto de naturaleza criminal sea atribuible al Estado, siempre y cuando se le atribuya como una violación de derecho internacional y no de naturaleza criminal. Como se estableció en el caso Blaskic´ ante el Tribunal Internacional de Yugoslavia, es simplemente imposible, por su propia naturaleza, que el Estado, como persona moral y ficción jurídica, pueda acatar una sanción criminal.

Así, entonces, si planteamos la pregunta utilizando el concepto de crimen de Estado, tenemos una pregunta jurídica cuyo lenguaje no es jurídico. Por tanto, es necesario modificar el lenguaje de la pregunta para poder arribar a una respuesta jurídicamente correcta. No obstante, la pregunta podría tener dos acepciones jurídicas. Tenemos que observar qué connotación se le da al concepto de crimen de Estado en la pregunta, ya que podría tener un sentido diferente dependiendo del régimen de responsabilidad que se pretenda emplear. Pudiera, por una parte, significar responsabilidad estatal (Estado mexicano) y/o, por otro la otra, significar un crimen internacional (que no es un crimen de Estado como muchos sostienen) que implique la responsabilidad de un individuo ante la Corte Penal Internacional. Cabe destacar tangencialmente que el presidente no es el Estado, bajo ninguna circunstancia. Si bien es cierto que el presidente representa al Estado esto no implica que es el Estado. Hay que saber distinguir un supuesto de otro.

Si situamos la pregunta desde el contexto de la Corte Penal Internacional, como un crimen internacional, no podemos hablar de responsabilidad internacional de Estados, estamos hablando de responsabilidad criminal de individuos de acuerdo al artículo 1º y 25º del Estatuto de Roma. Acordemente, la pregunta podría ser planteada de la siguiente manera: ¿Es la desaparición forzada de los 43 normalistas en Ayotzinapa un crimen internacional? ¿Quién es el individuo responsable?

De un estudio preliminar, se podría concluir que los hechos de Ayotzinapa constituyen un crimen internacional ya que el artículo 7º del Estatuto de Roma señala, entre otros, que la desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, dado que esto está sujeto a interpretación jurídica y esclarecimiento de una versión oficial de los hechos puede ser discutible. Aunado a lo anterior, me parece que el problema más grave es definir a quién es atribuible el crimen.

En el debate público y en las redes sociales se dice, por algunos, que el presidente Enrique Peña Nieto es el culpable por los lamentables hechos de Ayotzinapa. En este punto particular, me atrevo a decir con total seguridad, que esta conclusión es errónea.

Para que Enrique Peña Nieto sea responsable individualmente por los hechos de Ayotzinapa, su conducta tendría que encuadrar en alguno de los supuestos previstos en el artículo 25 del Estatuto de Roma que, en general, dispone que un individuo será criminalmente responsable si se acredita que fue el que cometió, ordenó, facilitó o que contribuyó en la cristalización del crimen internacional. Por lo anterior, me parece casi imposible sostener un argumento en el cual se trate de atribuir responsabilidad individual a Peña Nieto, sin perjuicio de la responsabilidad que probablemente pudieran afrontar otras autoridades involucradas directamente con los hechos que han conmocionado al país.

Ahora bien, por otro lado, si estamos en un supuesto de responsabilidad estatal, la pregunta podría ser la siguiente: ¿es atribuible al Estado mexicano la desaparición forzada de los 43 normalistas en Ayotzinapa? O, de manera breve, ¿fue el Estado? La respuesta es un categórico sí.

De acuerdo al derecho internacional es necesario que existan dos elementos para que se considere que haya responsabilidad internacional estatal:

Artículo 2: Elementos del hecho internacionalmente ilícito del Estado Hay hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento consistente en una acción u omisión: a) Es atribuible al Estado según el derecho internacional; y b) Constituye una violación de una obligación internacional del Estado. Ahora bien, en el artículo 4º se define que conducta es atribuible al estado. Artículo 4: Comportamiento de los órganos del Estado 1. Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole, cualquiera que sea su posición en la organización del Estado y tanto si pertenece al gobierno central como a una división territorial del Estado. 2. Se entenderá que órgano incluye toda persona o entidad que tenga esa condición según el derecho interno del Estado.

En el presente caso, los hechos fueron ejecutados por autoridades municipales. El municipio es una entidad que tiene la calidad de órgano de acuerdo al artículo 115 constitucional. Por tanto, sin lugar a duda, fue el Estado. Aquel que diga lo contrario, es porque no está argumentando desde el derecho internacional o porque no entiende el derecho internacional.

Alonso Madrazo Labardini. Estudiante de la licenciatura de Derecho en el CIDE. Dos veces campeón nacional de la competencia de derecho internacional “PHILLIP C. JESSUP”.