La Fiscalía del Estado de Veracruz ha confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida de la periodista mexicana Anabel Flores Salazar, desaparecida este lunes. La mujer, de 32 años, ha sido asesinada después de que varios hombres armados irrumpiesen en su casa para secuestrarla. Flores Salazar es la periodista víctima número 19 de asesinato o desaparición en Veracruz durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), según los datos de la organización internacional Artículo 19. La décima, según las cifras oficiales.

La periodista "fue raptada en el interior de su domicilio" por hombres armados vestidos como militares, con cascos, pasamontañas y chalecos, la sacaron de su casa, donde se encontraba su tía Sandra Luz Morales, quien al tratar de impedir que se la llevaran fue golpeada y tirada al suelo.

Los hombres alegaron tener una orden judicial para su arresto, según ha informado la Comisión Estatal de Atención y Protección para los Periodistas (CEAPP) de Veracruz. "Nos comentaron que era una reportera incisiva y daba información sobre la delincuencia organizada, trabajaba en varios periódicos en la zona centro", ha afirmado a la prensa el titular de la dependencia, Jorge Morales.

Anabel era madre de un bebé recién nacido y de otro niño de aproximadamente cuatro años. Llevaba más de seis años ejerciendo como periodista. Formó parte del periódico El Mundo de Orizaba, después trabajó para el diario El Buen Tono y últimamente cubría la información policiaca como periodista freelance para El Sol de Orizaba.

Tenía a su cargo la cobertura en los municipios de Ciudad Mendoza, Acultzingo, Nogales, Maltrata, Ixtaczoquitlán, donde recogía informaciones tanto de accidentes automovilísticos como de homicidios y ejecuciones.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha solicitado a las autoridades federales de México que se hagan cargo de la investigación del delito y que se considere el ejercicio de su profesión como el motivo de su asesinato. El Gobiernador Duarte de Ochoa había informado en su cuenta de Twitter que "se activaron los protocolos para la búsqueda y localización de la reportera Anabel Flores Salazar". De nada sirvieron los protocolos. Anabel está muerta.

Larga lista de asesinatos en un mandato

Desde que este gobernador tomó el poder en el estado de Veracruz, en 2010, se tienen contabilizados 19 periodistas asesinados y desaparecidos. Las cifras aportadas por la Procuraduría General de la República son inferiores: 16 asesinados desde el año 2000, 10 bajo el Gobierno de Javier Duarte.

Además, su mandato ha sido criticado por insinuar que dichos periodistas tenían vínculos con el narcotráfico o fueron víctimas de delitos comunes.

En este caso también ha ocurrido. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés), Artículo 19 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenaron el hecho de que en un primer comunicado la Fiscalía estatal vinculó a la víctima con la delincuencia organizada sin haber realizado las investigaciones. La criticada nota señalaba que en agosto de 2014 Flores Salazar había estado en compañía de un presunto miembro de un grupo del crimen organizado cuando éste fue detenido. Las autoridades dijeron que están investigando la posible relación entre Flores Salazar y este individuo.

Sin embargo, un familiar de la periodista aclaró al CPJ que no estaba al tanto de ninguna amenaza contra Flores Salazar. Sobre la supuesta conexión con el arrestado, aseguró que aquel día su sobrina cenó con su familia cuando el presunto delincuente, que estaba en el mismo restaurante pero no con ellos, fue detenido.

"La administración del Gobernador Javier Duarte de Ochoa tiene un triste historial de impunidad. Ha sido incapaz y está poco dispuesta a perseguir los delitos contra la prensa", ha afirmado Carlos Lauría, coordinador senior del programa del CPJ para las Américas. Mientras las autoridades ministeriales inician una investigación por los hechos, los reporteros viven en medio de la zozobra y el temor, recibiendo llamadas de amenazas.

La Procaduría General de la República informó que ha requerido a la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina información acerca de si sus miembros ingresaron en el domicilio de la reportera, "y en caso afirmativo que informen qué autoridad emitió la orden correspondiente, en qué circunstancias se llevó a cabo y qué elementos participaron".

También ha solicitado una investigación a la Policía Federal Ministerial para que se trasladen al lugar de los hechos de manera inmediata y localicen cámaras de videograbación y testigos de los hechos.