La creación de la Comisión de la Memoria Histórica de Madrid es loable, pero no debería quedarse simplemente en un enjuiciamiento de la derecha y una hagiografía de los personajes de la izquierda.

05 Diciembre 2017

Hay pocas cosas que sean más engañosas que la memoria. A todos nos pasa un poco como a la niña de la viñeta del caricaturista P.C. Vey en el New Yorker, que se levanta asustada tras una pesadilla en la que sus padres estaban “en el lado malo de la historia”. Nuestros sesgos en la memoria son un sesgo cognitivo más, que evitan que podamos recordar fielmente lo que ocurrió, y que hace que desestimemos las nuevas evidencias que no apoyan nuestras ideas iniciales. La memoria individual tiene relación directa con nuestros sentimientos más íntimos y con cómo vemos nuestro papel en el mundo. Cuando hablamos de memoria colectiva, la relación se complejiza todavía más. En palabras del historiador Santos Juliá, “la memoria es una cosa y la historia es otra”. En un artículo en Revista de Occidente de 2006, el historiador alertaba de los problemas de vivir “bajo el signo de la memoria” que hace que no nos interese “tanto lo que ha pasado sino su memoria; no los hechos sino sus representaciones, que adquieren una especie de existencia autónoma, independiente de los hechos representados”.

En octubre, el pleno del Ayuntamiento de Madrid, a través de una moción de urgencia, aprobó una extraña querella contra los crímenes del franquismo. El gobierno de la ciudad interpondrá una “querella criminal ante los Juzgados de Instrucción de Madrid a efectos de que, por parte de estos, investiguen los delitos cometidos en el contexto de crímenes contra la humanidad por parte de la dictadura franquista”. El voto en contra del Partido Popular le ha valido la recriminación por parte del edil socialista Ramón Silva de querer retrasar el avance de la democracia, ya que “no tendremos una democracia de verdad hasta que haya verdad, justicia y reparación”. Mauricio Valiente, concejal de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, que dirige el plan municipal de defensa de los derechos humanos, ha indicado que “el Ayuntamiento pretende superar un olvido hoy injustificable”. Para ello, van a grabar un vídeo con testimonios, que tendría un teórico “carácter probatorio”. Según Valiente, “Madrid no será una ciudad libre si alguno de sus vecinos, víctima de una grave violación a su integridad no ha sido reparado o tenido acceso a la justicia”.

Los problemas con la memoria histórica del actual Ayuntamiento de Madrid vienen de lejos. La llegada a la alcaldía de Manuela Carmena, un mito en la lucha contra el franquismo, dio muchas esperanzas a numerosas asociaciones por la memoria histórica. Animada por la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, la alcaldesa se propuso una loable labor de recuperación de la historia en la capital. Para ello, inicialmente delegó el área de Memoria Histórica a la concejal procedente del partido Ganemos Celia Mayer, que ideó un polémico Plan Integral de Memoria de Madrid. En palabras de Mayer, el objetivo era “crear mecanismos para que la gente decidiera y participara sobre la construcción de la identidad y la memoria de la ciudad, es decir, democratizar la construcción de la memoria y de la identidad de la ciudad de Madrid”. Tras varias equivocaciones notorias, como confundir al espía antinazi Joan Puyol (Garbo) con un franquista, Manuela Carmena nombró a su amiga y destacada luchadora antifranquista Paquita Sauquillo para crear y dirigir el Comisionado de Memoria Histórica de Madrid.

Paquita Sauquillo perdió a su hermano Javier en los atentados de Atocha en 1977, en un despacho que estaba a nombre de Manuela Carmena. Su nombramiento era una especie de reencuentro con el pasado, así como lo ha sido el libro titulado Cristina, Manuela y Paca, que cuenta la historia paralela y a veces entrecruzada de Cristina Almeida, Manuela Carmena y Paquita Sauquillo. En opinión de esta última, “a veces el proceso asambleario puede ser negativo” para la construcción de la memoria histórica. El Comisionado de Memoria Histórica que se creó a sus órdenes era relativamente plural y formaban parte de él reconocidos expertos propuestos por diversos partidos políticos como José Álvarez Junco, Amelia Varcárcel o Andrés Trapiello. Contaba también con el cura Santos Urías, la arquitecta Teresa Arenillas, el historiador Octavio Ruiz-Manjón y el asesoramiento de un funcionario del País Vasco especializado en trabajar con víctimas del terrorismo de ETA. En palabras de Manuela Carmena, seguramente consciente de la complejidad del tema, se trataba de una “experiencia común” con el resto de los partidos políticos representantes de la pluralidad ciudadana.

Las críticas no tardaron en llegar desde la izquierda. Ganemos criticó la inclusión del escritor Andrés Trapiello, propuesto por Ciudadanos, por cuestionar “el movimiento memorialista”. También cuestionó la presencia del cura Santos Uría en la comisión por ser un “representante de la iglesia que apoyó al franquismo”, y el hecho de que Octavio Ruiz-Manjón, propuesto por el Partido Popular, fuera un “defensor de la existencia de capillas católicas en la universidad”. La crítica fundamental de Ganemos es que no estuviesen incluidas las asociaciones de Memoria Histórica, que a su vez también cargaron contra la Comisión dirigida por Paquita Sauquillo. Según su opinión, era una ofensa a las “víctimas del franquismo” que no se las incluyera, y calificaron de “estafa” y “trampa” el acuerdo entre los distintos partidos políticos. Estas entidades entendían que había “una peligrosa equidistancia” en el Ayuntamiento de Madrid por dejar participar a “un negacionista como Trapiello” junto a otros “legítimos” representantes. Según estas asociaciones, en un país como España, el segundo país con más desaparecidos forzados tras Camboya, hace falta “una participación real de las víctimas”.

Posteriormente, ha habido manifestaciones de estas asociaciones en Madrid reclamando un cambio en la política de Manuela Carmena. El problema de fondo tiene que ver con la aceptación de la Transición Española, que derivó en una razonable e imperfecta democracia representativa. Muchas de estas asociaciones, y las personas y partidos que comparten su argumentario, no aceptan que vivamos en una democracia avanzada no comparable en ningún caso con el régimen franquista. A partir de esa premisa, es complicado discutir sobre cómo debe construirse la memoria colectiva en democracias plurales y complejas. No hay un interés por conocer los hechos y a partir de ahí matizar el relato. En lugar de esto, en palabras de Santos Juliá, la “recuperación de la memoria se propone como ejercicio de psicoanálisis colectivo para traer a la conciencia todo el pasado refoulé –la inspiración francesa es obvia– y liquidar con eso el tiempo de silencio y de amnesia, devolver a los españoles una facultad que habían perdido, privándoles de verdadera humanidad”. Por tanto, se pretende utilizar una adulterada versión de la historia para influir políticamente en el presente. No se puede entender de otra manera la querella del Ayuntamiento de Madrid, que pretende reunir “material probatorio” a través de un vídeo colectivo de testimonios de víctimas para enjuiciar delitos prescritos por la Ley de Amnistía que apoyaron tanto el PCE como el PSOE. Curiosamente, el partido que se abstuvo fue Alianza Popular, embrión del actual Partido Popular.

Entre las treinta asociaciones que fueron invitadas por el Ayuntamiento de Madrid para participar indirectamente en el Comisionado de la Memoria Histórica de Madrid están Memoria Libertaria de CGT, Fundación Anselmo Lorenzo CNT y Grupo de Memoria Histórica de la CNT. Para estas asociaciones, “el estado protege a los asesinos del franquismo”. A mi bisabuelo lo mataron a hachazos unos anarquistas de la CNT a los que estas organizaciones homenajean, pero supongo que para ellos no todos los asesinatos son iguales. Por el pasado de muchos de los dirigentes desfilan organizaciones políticas de dudosa o directamente nula inclinación democrática, que abogaban durante el franquismo por el establecimiento en España de una dictadura del proletariado y defendían las remotas revoluciones socialistas cubana, vietnamita, camboyana, rusa, rumana o yugoslava.

Mauricio Valiente, que ha defendido tan vehementemente la querella del Ayuntamiento de Madrid contra los crímenes del franquismo, estuvo en el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE). Este partido es una escisión del Partido Comunista de España abiertamente marxista-leninista, y fue reconocido por el Partido Comunista de la Unión Soviética. En un momento tan dramático como 1989, Mauricio Valiente se presentó a las elecciones del Parlamento Europeo como candidato del PCPE. Difícilmente lo hizo para defender los mismos derechos humanos que dice estar defendiendo ahora desde el Ayuntamiento de Madrid. Posteriormente ha estado vinculado al PCE y a Izquierda Unida, pero no parece haber pasado por ningún proceso de catarsis que le haya hecho ver las complejidades de la memoria y sus contradicciones evidentes. En 2015, fue uno de los dos concejales madrileños que votó en contra de la liberación del preso político venezolano Antonio Ledezma, y ha manifestado abiertamente en varias ocasiones tener como “referente fundamental” a Lenin. En una entrevista en El Español, cuando el periodista Daniel Ramírez le preguntó sobre una carta de Lenin en la que urge a implantar “el terror de las masas”, Mauricio Valiente respondió que “eso que lees me parece una barbaridad, no sé si fue así o está manipulado. Desconozco esa carta. Suena fatal”. Desgraciadamente, esta mezcla de ignorancia y cinismo más que la excepción es la norma general en las confluencias de las nuevas izquierdas que pretenden implantar una memoria histórica dogmática.

El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, reivindica abiertamente a Lenin y a la Revolución Rusa de 1917, de manera parecida a lo que harían otros dirigentes de Izquierda Unida como Julio Anguita. En una grave muestra de insensibilidad, la cuenta de Izquierda Unida en Twitter ironizó recientemente con mandar al gulag al periodista Jorge Bustos. Mientras tanto, de la mano de Monedero y otros líderes de las enésimas nuevas izquierdas, mantienen que la Transición fue una “estafa” y un “pacto de élites” para que todo siguiera igual. No debería sorprendernos vistas las declaraciones de los distintos partidos de izquierda radical a lo largo del siglo XX. La rama anticapitalista de Podemos tiene un origen directo en la confluencia entre la Liga Comunista Revolucionaria y el Movimiento Comunista, que dio lugar a Espacio Alternativo a mediados de los noventa. Estos movimientos asamblearios, una amalgama de izquierdas revolucionarias que han justificado en diversos momentos de su historia la violencia como vía a la revolución socialista, como es cierto que también hizo el PCE, deberían ser marginados del debate público de una manera parecida a la que se hace con la Falange o Vox. Sin embargo los vemos como algo normal y no como otro reducto, quizás el más resiliente y peligroso, del franquismo.

Ni siquiera las dignas Manuela Carmena y Paquita Sauquillo tienen un historial ideológico y personal inmaculado. La alcaldesa de Madrid ha demostrado en varias ocasiones su falta de sectarismo, como cuando se desmarcó de su grupo político votando a favor de acoger a la familia del opositor venezolano Leopoldo López, pero también ha dado cierta cancha a personas con impulsos dogmáticos como Celia Mayer o Mauricio Valiente. Por su parte, Paquita Sauquillo, a pesar de que esta información no aparece en la página web del Comisionado de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid, fue durante muchos años una maoísta convencida, y una destacada militante de la maoísta y nada democrática Organización Revolucionaria del Trabajo. En sus memorias se acusa a sí misma de haber sido algo voluntarista y tener demasiada ilusión por cambiar la realidad. Si aceptamos esa excusa como válida, lo mismo habrá que hacer con los numerosos falangistas “arrepentidos” que se unieron a Alianza Popular.

Es muy positivo que se enjuicie históricamente a fondo a los protagonistas de la Transición con criterios no dogmáticos. No creo que un historiador deba dibujar personajes magnánimos y sin fallas: lo único que debe hacer es tratar de acercase a la verdad, por dura y desmitificadora que sea. Es muy posible que revisitando la Transición descubramos cosas sorprendentes y oscurísimas, que maticen nuestros puntos de vista en multitud de aspectos. Quizás haya que quitarle la sala del Congreso de los Diputados a Manuel Fraga Iribarne tras su miserable papel en la terrible muerte de Enrique Ruano a manos de la policía, que se disfrazó de suicidio. Es sin duda positivo que se investigue, como de hecho se hace, acerca de las atrocidades franquistas. Es bueno saber cómo eran y quiénes eran las personas que prosperaron en un régimen criminal como el franquista. También cómo era esa sociedad española de la época que no se manifestó masivamente contra la dictadura, y que se dejó dirigir durante la Transición por un pacto de élites en el que participó relativamente poco. La derecha española conservadora tiene mucho en la historia preconstitucional de lo que arrepentirse, y el centro izquierda liberal y socialdemócrata poco de lo que presumir.

Una investigación seria sobre la memoria histórica no debería quedarse en un enjuiciamiento severo de la derecha y una hagiografía simpática de los personajes de la izquierda. Un proceso de memoria histórica serio acabará seguramente también con el mito de Santiago Carrillo, del que paradójicamente ha renegado la izquierda revolucionaria justo por su etapa más reivindicable. Según demuestra el historiador Paul Preston, Santiago Carrillo fue participe en procesos miserables como Paracuellos, ferviente servidor de la URSS durante muchos años y directo perpetuador de crímenes contra otras personas como Carmen de Pedro o Jesús Monzón. También acabará con cualquier atisbo de superioridad moral de la izquierda sobre la derecha a lo largo de la historia, y con el mito de que los estudiantes antifranquistas defendían mayoritariamente la democracia representativa. Una parte de la misma izquierda que reivindica la memoria de los muertos del franquismo tiene muchas dificultades para reconocer a las víctimas del comunismo en países como Rumanía, Rusia, Laos, Venezuela, Cuba o China. Ya es hora de que esto deje de pasar.

La creación de la plural Comisión de la Memoria Histórica de Madrid es loable, y muestra un interés por la reconciliación que el anterior gobierno del Partido Popular no tuvo. Sin embargo, Manuela Carmena debería rectificar su querella contra los crímenes del franquismo, y dejar a los historiadores y a los tribunales hacer su trabajo sin interferencias. A través de una iniciativa que genera controversia sin llevar a una reparación real de ningún delito o a una clarificación objetiva de la historia, lo único que se puede conseguir es engañar a la ciudadanía. Democratizar la historia tiene más que ver con dejarla fuera de influencias partidistas y sentimentales que con abrirla a procesos asamblearios.