Se presentó como una buena noticia: en su discurso de apertura de las sesiones del Congreso Nacional, el presidente Mauricio Macri anunció la iniciativa de convertir el predio de Campo de Mayo en un área protegida y de acceso público. Una de las más grandes del continente, con unas 8000 hectáreas, y con un gran potencial ya que se trata de una de las áreas próximas a un centro urbano, con mayor biodiversidad y con capacidad de regenerar un ecosistema en el que hasta hace 150 años había incluso yaguaretés, se anunció. La idea es crear un parque nacional del estilo de la reserva ecológica de Costanera Sur, con "prestaciones de servicios para los visitantes, paradores de picnic y pequeños restaurantes, guías y alquiler de bicicletas", detalló Emiliano Ezcurra, vicepresidente de Parque Nacionales.

Mauricio Macri, sobre la creación de nuevos parques nacionales

Sin embargo, el anuncio no fue bien recibido por los organismos de derechos humanos, que esta mañana emitieron un comunicado repudiando la creación de un parque nacional en el predio donde funcionaron cuatro centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar: El Campito, La Casita, el Hospital Militar, –con una maternidad clandestina– y la Cárcel, por los que pasaron unas 5000 personas. Además, fue el punto desde donde despegaban los llamados vuelos de la muerte, que arrojaron desde aviones a personas detenidas ilegalmente, para que murieran ahogadas en el río y en el mar.

Básicamente apuntan que el gobierno soslayó el valor simbólico que tiene el predio, cuestionan no haber sido consultados y denuncian que convertir Campo de Mayo en un área de esparcimiento podría entorpecer las investigaciones en crímenes de lesa humanidad, cometidos en el predio y cuyas investigaciones están en curso.

El comunicado va firmado de manera conjunta por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora; Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otros. "Nos preocupa que una iniciativa tan vinculada a la garantía del proceso de Memoria, Verdad y Justicia no haya sido consultada con los familiares de las víctimas que pasaron por ese centro de tortura y muerte, que hoy el presidente propone como espacio de esparcimiento", dicen.

"En Campo de Mayo, durante la última dictadura cívico-militar, funcionó uno de los Centros Clandestinos de Detención más grandes de la Argentina. Por allí pasaron al menos 5000 víctimas y nacieron muchos nietas y nietos apropiados durante el terrorismo de Estado. Las investigaciones acerca de los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese regimiento, perteneciente al Ejército Argentino, aún continúan en curso. Los familiares estamos a la espera de juicios que den cuenta de lo que le hicieron a nuestros seres queridos que pasaron por allí y aún buscamos a muchos bebés que nacieron durante el cautiverio de sus madres en ese centro clandestino", denunciaron.

"No es lugar para Parques Nacionales"

La agrupación H.I.J.O.S, también repudió el anuncio hoy en su cuenta de Twitter, con el hastag #NoAlParquedeLaReconciliación: "Lo mismo había propuesto Menem (Carlos) para la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada). En Campo de Mayo funcionó un centro clandestino con 5000 víctimas y nacieron bebés en cautiverio, jóvenes que siguen siendo buscados por Abuelas. No es un lugar para Parques Nacionales.

"La justicia continúa recibiendo denuncias de cuerpos enterrados en ese lugar y frecuentemente se realizan excavaciones para verificar si alguno de esos restos pertenece a nuestros desaparecidos y desaparecidas. En este sentido, la iniciativa se contrapone con lo establecido por la Ley de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado que tiene como objeto la preservación de estos espacios a los fines de facilitar las investigaciones judiciales, como asimismo, para la preservación de la memoria de lo acontecido durante el terrorismo de Estado en nuestro país", dice el comunicado de los organismos de derechos humanos.

Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos del gobierno nacional, explicó que es una "iniciativa incipiente". "Como lo hemos hecho en todos los casos, ratificamos que ningún proyecto va a interrumpir el trabajo de la justicia ni a modificar elementos que puedan servir como pruebas para los juicios", aseguró.

El potencial verde del predio

Ezcurra, el vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales defendió la decisión de instalar en el predio un área protegida con acceso al público. "Campo de Mayo tiene los indicadores de biodiversidad, el potencial y la escala suficientes para ser uno de los parques nacionales urbanos más grandes del mundo". Y enlistó cinco argumentos por los que cree que es viable el proyecto: primero, por la biodiversidad que se conserva en el predio, donde se podría recuperar y regenerar en parte los ecosistemas que existían hace 150 años, donde vivía por ejemplo el yaguareté, el ñandú, el venado de las pampas, corzuela, el ciervo de los pantanos, el guanaco y el puma, entre otras, según apuntó. El segundo argumento fue que en la provincia de Buenos Aires sólo existen dos parques nacionales que entre ambos no superan las 6000 hectáreas. El tercero fue apunta a recuperar y poner en valor el potencial verde del predio. El cuarto, a la reforestación y la restauración de especies nativas y el quinto al impacto social y económico.

"Un área de tanta calidad ambiental y recreativa enclavada en la zona más poblada del país y con la escala de poder ser un Parque Nacional, tiene el potencial generar una altísima visitación. Con igual número de visitantes que la Reserva de Costanera Sur se generarían puestos de trabajo vinculados con prestaciones de servicios para los visitantes, paradores de picnic y pequeños restaurantes, guías, alquiler de bicicletas, etcétera", asegura Ezcurra.

Según se explicó, para ese propósito no sería necesaria una expropiación sino avanzar con una ley de cesión de jurisdicción por parte de la provincia de Buenos Aires en favor de la Nación o cambiar la asignación en su uso por parte de la Agencia de administración de bienes del estado (AABE) en el caso de convertirlo en reserva natural.