La decisión del Frente Ampio de incumplir en 2019 el compromiso suscrito por toda la Oposición en marzo 2018 para dirigir la Cámara de Diputados ha sido ampliamente analizado y criticado, tanto por sus consecuencias eventuales sobre la relación oposiciones/gobierno en la tramitación de las leyes, como por sus efectos en la identidad de este nuevo actor político en construcción que es el Frente Amplio. Muy poco se ha dicho, en cambio, sobre la votación del nuevo marco legal para la migración, que fue el explícito desencadenante de este conflicto cuyo término conoceremos en marzo próximo.

La Ley de Extranjería, que norma el proceso migratorio hasta hoy, data de 1975(¡!), aunque en 2010 se promulgó la ley sobre protección de refugiados y en 2011 la que tipifica y penaliza el tráfico de inmigrantes. El primer gobierno de Piñera envió un proyecto para una nueva ley de migraciones en las postrimerías de su mandato, la presidenta Bachelet no remitió al Congreso un nuevo proyecto ni le dio impulso al que se estaba tramitando, por lo que el debate sólo se reactivó en abril de 2018, con la presentación de indicaciones del Pdte. Piñera para actualizar su propio proyecto de ley de 2013.

La discusión parlamentaria del nuevo marco para la inmigración se inscribe en un contexto de incremento considerable de la llegada a Chile de población inmigrante en esta década, como era tradicional desde los vecinos Perú y Bolivia, pero también de manera inédita desde Colombia, Venezuela y Haití, y desde este último país en un proceso de características cercanas al tráfico de inmigrantes. La población extranjera se estima alcanza un millón de personas, distribuidas a lo largo de todo Chile pero con concentraciones muy superiores al promedio nacional en ciertas comunas, como Antofagasta, Iquique, Quilicura, Santiago y Estación Central. En algunos de estos territorios ha asomado el conflicto derivado de servicios básicos desbordados por el rápido aumento de la demanda (salud primaria, jardines infantiles) y también de convivencia vecinal, observándose emergentes reacciones de xenofobia y racismo.

Chile necesita sin duda otro millón de inmigrantes para continuar su desarrollo con el dinamismo necesario. Para suplir nuestra propia emigración (un millón afuera) y una tasa de natalidad que no alcanza el mínimo requerido para mantener el tamaño de la población chilena. No hay duda que llegará a lo menos otro millón de extranjeros a Chile. La pregunta es si el Estado quiere tener o no la capacidad y atribución de regular el flujo de inmigrantes para preparar las inversiones necesarias que aseguren iguales derechos y oportunidades a quienes vienen a reconstruir sus horizontes de progreso personal y familiar, o deja que el flujo migratorio esté definido por la situación del mercado y las economías de sus países de origen, corriendo los riesgos de desbordar nuestra capacidad de asegurar derechos sociales a toda la población, incluidos los migrantes. La pregunta es si regulamos el flujo migratorio para sintonizarlo con las necesidades y recursos del país o nos resignamos a importar pobreza y marginalidad, y a que se desarrollen nuevas formas de abuso y explotación.

La nueva ley de migraciones fue aprobada en general por la Cámara de Diputados casi por unanimidad (un solo voto en contra), porque consagra el derecho a la salud y educación para todos los habitantes de Chile, sin importar su estatus migratorio, porque incluye a toda la población migrante como beneficiario potencial de los programas sociales y de las transferencias monetarias a la población vulnerable cuando hayan residido en Chile más de 2 años, porque crea un Servicio Nacional para la migración y establece el derecho a la reunificación familiar, entre otras definiciones relevantes.

Pocas leyes han tenido tan amplio nivel de acuerdo en la Cámara como la Ley de Migraciones. La diferencia que provoca la polémica decisión del Frente Amplio de incumplir el acuerdo opositor es la decisión mayoritaria de las comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda de que el estatus migratorio se define en los países de origen, impidiendo que personas continúen ingresando como turistas y luego soliciten en Chile sus visas de residencia definitiva, que es exactamente lo ocurrido con la inmigración masiva de haitianos, en torno a los cuales se desarrolló una verdadera industria de tráfico migratorio bajo el manto legal del turismo.

Quienes en la Oposición votamos contra la indicación que reponía en la ley la posibilidad de ingresar como turista y transformarse luego en inmigrante, lo hicimos porque estamos convencidos de que el Estado debe mantener la capacidad de regular el flujo migratorio y que éste no dependa exclusivamente de las situaciones en los países de origen, sino también de nuestra capacidad de acogida y aseguramiento de que la población migrante tenga iguales derechos y oportunidades. Lo hicimos porque queremos una población inmigrante integrada y con derechos, no abusada y engrosando la marginalidad. Pensamos que no es consistente exigir mayor responsabilidad del Estado en la salud, la educación y la previsión, y negarnos a que el Estado tenga capacidad de regular el flujo en una cuestión clave para el desarrollo nacional como es la migración.

El flujo migratorio sin control, sin sintonía con las necesidades del mercado laboral ni la capacidad de proveer servicios públicos en los territorios, sin los plazos de tiempo ni los mecanismos necesarios para que las comunidades locales acojan a las nuevas familias que llegan al país, ésas son justamente las condiciones que han fertilizado la emergencia y consolidación del populismo xenófobo en el mundo, que ya tiene su expresión política en Chile.

Vimos naufragar a la izquierda en tantos países respondiendo al fenómeno actual de inmigración sólo con buenos sentimientos, provocando que parte importante de los sectores populares terminara identificándose con el populismo xenófobo, que tenemos el imperativo de desarrollar políticas públicas para que la inmigración, tan necesaria para Chile, redunde en un país más justo, igualitario e integrado, y no en una sociedad más dividida y presa de sus temores.