Una dura arremetida contra el proyecto de ley del gobierno que crea una Superitendencia de Educación lanzó este martes el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, durante el discurso inaugural del Año Académico de la casa de estudios.

"Es un proyecto deficiente y, lejos de plantear una solución definitiva a los problemas de regulación y calidad que aquejan a la educación superior, es tan sólo un débil intento de respuesta a las demandas", dijo, enfatizando que "no resulta factible apoyar y menos aprobar el actual proyecto de ley de Superintendencia que lejos de desterrar el lucro en la educación universitaria pretende legalizarlo por la vía de regular las relaciones entre empresas relacionadas y las universidades".

También consideró que la iniciativa "no establece con claridad y de manera detallada las facultades de que gozará la nueva institucionalidad para reaccionar y realizar procesos de investigación en casos de denuncias; no contempla la figura de un administrador provisorio para el caso de un eventual cierre de una institución de educación superior, que garantice el derecho de los estudiantes a completar sus estudios y acceder a la titulación".

Lucro de Ues estatales

Víctor Pérez también se defendió de quienes han acusado de lucrar a las universidades estatatales. "Las universidades públicas han debido desarrollar estrategias de supervivencia en el contexto del mercado. Ello las ha llevado a vender servicios, con resultados variables. A partir de esto, cuando se discute sobre 'el lucro en educación superior se ha escuchado reiteradamente la idea de que 'las universidades estatales también lucran', lo que es desde luego absurdo", dijo.

En ese sentido enfatizó que "una cosa, que ciertamente dista de lo que nosotros querríamos, es que como las universidades públicas hoy se autofinancian conforme a las reglas del mercado, deben actuar en el mercado para financiarse; hacerlo significa vender servicios y con los resultados de esa venta pagar a quienes contribuyen a producir esos servicios. Otra cosa es que la institución se entienda como una que existe para producir utilidades económicas para sus controladores".

Y afirmó que "es ingenuo pensar que por el solo hecho de ser una universidad estatal, ella se va a comportar de modo significativamente diferente de otra que es privada, si ambas se financian de la misma manera. En la medida en que la universidad pública se financia principalmente conforme a las reglas del mercado, tenderá a actuar como una universidad privada. En el caso de la Universidad de Chile, el ethos público de esta universidad y la manera en que los miembros de la comunidad universitaria entienden su responsabilidad por la mantención y revitalización de la tradición de la universidad de Andrés Bello, así como la memoria de tantas luchas en defensa de la Universidad, contribuyen a contrarrestar la fuerza que empuja a la institución a entenderse como proveedores de servicios al mercado".

Víctor Pérez advirtió, sin embargo, que "por las razones que ya hemos visto en operación en el sistema escolar, si el sistema universitario se organiza como un mercado, las universidades públicas tenderán a transformarse en un ghetto de marginalidad social y económica, atendiendo sólo a quienes no pueden optar al sistema privado".

Y remató: "Cuando ese proceso se haya completado, la anomalía universitaria habrá desaparecido, y la universidad pública será, como la educación municipal, una educación a la que solo los pobres tenderán a ir, porque todos los que tienen medios, poder e influencia habrán emigrado a la educación universitaria particular".

"Modelo educacional de Pinochet"

Para Víctor Pérez, la crisis por la que atraviesa el sistema obedece a que permanece plenamente vigente "la esencia del modelo educacional impuesto por la dictadura, privatizador y mercantil, especialmente en el ámbito universitario, y para desgracia de la educación pública, sigue tan vigente como cuando fue firmado por Pinochet".

Esto, dijo, "a pesar que es un modelo que por sus resultados no sólo fracasó sino que está completamente colapsado, y que sigue vigente pese al rechazo de cientos de miles de estudiantes universitarios, secundarios, comunidades universitarias, profesores y familias chilenas".

También criticó el hecho que, tras el retorno a la democracia,la educación pública "no ha sido protagonista en ninguno de los programas de las candidaturas presidenciales, ni tampoco en los discursos presidenciales del 21 de mayo de cada año. Sintomático que en esos programas y discursos no se haya incluido como central el tema de la educación, con una propuesta con visión estratégica de política pública de Estado; o que no se haya planteado una propuesta potente para que la autoridad cumpla con su obligación de asegurar que la educación, sea ésta pública o privada, tenga altos estándares de calidad; o que no se hayan propuesto políticas robustas y acciones concretas para fortalecer la educación pública".

"Son temas que han estado ausentes en estos programas y discursos presidenciales, están pendientes. Y no deja de llamar la atención, puesto que es algo que uno hubiera esperado encontrar en esos programas y discursos post dictadura, sea por la importancia que se dice que tiene la educación en general y la educación pública, en particular, para el desarrollo de un país más republicano e igualitario; o por mostrar consistencia con lo que se decía sobre este tema durante la dictadura y querer cambiar el modelo educacional impuesto por Pinochet", afirmó.

Asimismo, señaló que "la mayoría de los cambios educacionales que se han producido han debido enfrentar y derrotar el lobby oscuro y no regulado de grupos minoritarios interesados en mantener un status quo que les favorece a costa del país. Y por eso mismo, los cambios gatopardistas producidos en educación son parches y retazos, sin un hilo conductor aparente, cambios que han surgido más como resultado de las negociaciones para superar conflictos sociales coyunturales y a espaldas de la ciudadanía, que como resultados de una política pública de Estado".