Francisco Granados manejó pelotazos urbanísticos cuando era alcalde de Valdemoro, pero no lo dejó ahí. Siguió recibiendo comisiones y controlando a otros alcaldes madrileños, de los que recibiría parte del dinero obtenido de contratos adjudicados a dedo. Así lo recoge un informe policial incorporado en el sumario del 'caso Púnica' al que ha tenido acceso El Confidencial que concluye que el exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid ordenó al alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, que dimitiera porque se estaba quedando con el dinero de las comisiones que daban los empresarios y no daba la parte que correspondía a cargos superiores.

“Francisco Granados ordenó la dimisión de 'Willi' pues al parecer este está cortando el conducto del dinero, quedándoselo él, sin que fluya hacia estancias superiores del partido, cosa que sí hacía su antecesor”, recogen las grabaciones analizadas entre un exconcejal de la localidad madrileña y un empresario.

Granados no le pidió a Ortega su salida inmediata, sino que lo hizo a través de un empresario, el cofundador de la empresa Dico, quien habría recibido contratos de la trama 'Púnica', lo que demuestra la fuerte conexión entre ciertos empresarios y políticos. El propio juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ya hablaba de esa influencia en el auto por el que encarceló a Granados. Describía cómo algunos de los empresarios beneficiarios de adjudicaciones mediaban a favor de otros políticos.

El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. (EFE)

Por ejemplo, es el caso de uno de los 'conseguidores' de la trama, Alejandro de Pedro, quien recibió un trato de favor por parte del presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez –ambos imputados–, a cambio de que el primero mediara para que los superiores del segundo le mantuvieran en el cargo. “Estos administradores del Grupo Dico tienen tanta influencia sobre los políticos que, además, comunican órdenes de otros políticos de rango superior, como es el caso Francisco Granados”, recoge el documento, que añade: “Órdenes tan importantes que además se cumplen, como es el caso de Ortega”.

Estas conversaciones las sacan los investigadores del caso Gürtel, en el que estaba investigado el exalcalde de Majadahonda. Sin embargo, en esa causa no se le dio relevancia a los 'tejemanejes' de Granados, que varios años después le han llevado a la cárcel. A Ortega le dicen que tiene que abandonar la Alcaldía y que puede elegir cualquier otro puesto dentro de la Comunidad de Madrid, que le sería concedido, “pero que tiene que irse y no obture el flujo de dinero”. Efectivamente, así ocurrió y el regidor se marchó en 2005 alegando motivos de salud para después ser colocado en el Mercado Puerta de Toledo de Madrid con rango de director, por el que pasó a cobrar 6.000 euros al mes, todo esto cuando Esperanza Aguirre presidía la Comunidad de Madrid.

''Tiene mucho que ocultar''

Los dos interlocutores ya alertaban en esa conversación que Granados no podía decirle a Ortega directamente que se marchara porque “tenía lo mismo o más que ocultar”. De ahí que utilizara a la empresa con la que mantenía relaciones. Precisamente, en el sumario consta un informe de la Agencia Tributaria que analiza los pagos realizados por el exsenador y exconsejero madrileño, en el que aparecen dos ingresos a Dico en 2007. Uno por la compra de un chalé en Valdemoro por 468.000 euros y otro pago de 500.000.

Un miembro de la UCO saca una caja con documentos del Ayuntamiento de Valdemoro. (Reuters)

La AEAT receló de ingresos sospechosos

En ese año, Granados cobraba 106.000 euros como diputado en la Asamblea de Madrid, y de ahí que la AEAT solicitara al juez Velasco –cuando la causa era todavía secreta– que analizara una serie de pagos realizados por el matrimonio Granados-Alarcón porque sus declaraciones entre 2003 y 2013 “resultan de muy escasa cuantía, incluso negativa, lo cual es indicio de que el matrimonio dispone de otras fuentes de ingresos que resultan por ahora desconocidas”.

Otros datos sospechosos para la Agencia Tributaria eran la venta de dos inmuebles por parte de Granados, que le dieron unas plusvalías de 1.114.000 euros, en el año 2007, mismo periodo en el que vendió varios terrenos por valor de cerca de dos millones de euros. Uno de esos terrenos fue vendido a Servicios Logísticos Inmobiliarios por cerca de 1,5 millones de euros, compañía a la que tiempo después compró dos chalés en Marbella.

Esta inmobiliaria sale unida precisamente al socio de Granados, David Marjaliza, considerado por los investigadores como el verdadero 'cerebro' de la trama. El socio del ex número 3 de Esperanza Aguirre recibió entre 2004 y 2006, según la Agencia Tributaria en otro informe, casi 4,5 millones de euros en “cantidades ennegrecidas recibidas por facturas falsas cargadas a nueve sociedades”, una de ellas la propia Servicios Logísticos Inmobiliarios.

Uno de los miembros de la Unidad de Delitos contra la Administracion de la UCO. (EFE)

De la ingente cantidad de documentación incorporada en la causa que llevó a la detención de medio centenar de personas, también se desprende que Marjaliza, también en prisión incondicional, ganó un total de 257.412 euros en seis sorteos de la Lotería Nacional y dos de la ONCE entre diciembre de 2002 y marzo de 2004.

Una denuncia anónima inició la causa a Granados

El origen de la causa a Granados tiene dos vertientes. La primera, cuando Suiza envió a las autoridades españolas a principios de 2014 una comunicación por un movimiento sospechoso de un político español con una cuenta en uno de sus bancos con dinero de origen desconocido, que provocó la apertura de unas diligencias de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Sin embargo, la Fiscalía de Madrid ya tenía en secreto otras diligencias abiertas desde 2013 que luego remitió a Anticorrupción por orden del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, tras una denuncia anónima en la que un empresario aseguraba que Granados era el propietario real, aunque no constara a su nombre, de la empresa Waiter Music. “Dicha empresa organiza las fiestas patronales de la mayoría de los grandes municipios de Madrid por decreto, y es que Francisco Granados se dedica a llamar a los alcaldes para 'asesorar' y ya de paso llevar a cabo unos contratos muy sobreelevados en donde una cantidad sobrante vuelve al partido”.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) inició una investigación pero no consiguió encontrar las conexiones entre Granados y esta empresa. Tras la investigación de Anticorrupción, el juez Velasco ha podido concluir que Waiter Music ha sido “históricamente" adjudicataria” de numerosos contratos públicos en diversos municipios de Madrid, así como con empresas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid, donde Granados “ocupó cargos de relevancia”, por lo que envió a prisión a su dueño, José Luis Huerta.