Tal vez sin el relieve que merece, y que sería útil y necesario para la campaña de Ricardo Anaya, la propuesta de un Ingreso Básico Universal (IBU) ha despertado cierta controversia y una discusión muy sana. Se han formulado varias dudas y objeciones frente a la terminología utilizada, a la viabilidad fiscal del esquema, e incluso a la moralidad del IBU.

Primero, manifiesto mi punto de vista sobre el contenido de la propuesta. Se trata de entregar, por un periodo de seis a 10 años, una suma determinada de dinero a la totalidad de los mexicanos mayores de 15 o 18 años (yo prefiero los 18). La suma que actualmente se sugiere es de mil 500 pesos al mes: más o menos la diferencia entre el ingreso que recibe el sector más pobre de la población y la línea de sobrevivencia básica, determinada por el Coneval (aproximadamente tres mil pesos al mes). La discrepancia entre los 15 y 18 años se refleja en dos cuestiones: si es para los de más de 15 años, el estipendio irá en parte a la familia; si es de más de 18, en una cierta proporción, no será el caso.

La implementación de este programa se hará de manera paulatina en el tiempo y en el espacio. Se comenzará con un pequeño número de estados, de preferencia los más agobiados por la extrema pobreza, elevando el número de personas beneficiadas año tras año. Desde el punto de vista administrativo, como fiscal, esto es de gran importancia. Significa que no todo el impacto fiscal tendrá lugar desde el primer día, y que el esfuerzo administrativo tampoco reflejará la totalidad de los habitantes y de las entidades del país. El término universal es, si se quiere, aspiracional. Al concluir la implementación del programa, todos recibirán su estipendio. No desde el primer día.

En segundo lugar, el término universal se utiliza en contraste con el de condicional o contingente, como es el caso de Prospera. En ellos se transfiere el dinero a grupos que comprobadamente se encuentran en extrema pobreza, sólo a las madres y en función del número de hijos que tienen, a condición de cumplir con la obligación de mantener las vacunas y la escolaridad de los hijos actualizados. El IBU es sin condiciones, y a todo el mundo, una vez que se llegue al final del periodo.

¿Cómo se financiará todo esto? En primer lugar, al término de un censo de todos los programas de asistencia social que existen en el país a nivel federal, estatal y municipal, se verá cuáles pueden ser canalizados al IBU y cuáles no. No se pondrá fin a ningún programa que funcione o que implique derechos adquiridos, pero no es concebible que esta enorme cantidad de instrumentos de protección social sean todos eficaces o incluso reales. La gran virtud del IBU en relación a estos programas es que imposibilita su carácter clientelar; al ser elegible todo el mundo para recibirlo, no hay ninguna discrecionalidad por parte del Estado. En segundo lugar, una vez que se determine cuánto dinero hay en los programas existentes y cuánto falta año tras año para completar el financiamiento necesario, en términos fiscales, se verá qué tipo de instrumento se puede utilizar para cubrir el faltante. Puede abarcar desde un impuesto especial a ciertos sectores de la sociedad, hasta una extensión del IVA (nadie lo está proponiendo, es únicamente una reflexión individual e hipotética), o desviar recursos de otros destinos a este programa. Los cálculos que se han realizado en distintas partes del mundo, e incluyendo esquemas análogos, aunque ligeramente diferentes como el impuesto negativo, tienden a mostrar que el costo fiscal no es alarmante.

Por último, el incentivo para trabajar. Algunos pueden pensar que si un mexicano en condiciones de extrema pobreza de repente recibe mil 500 pesos al mes adicionales, ya no buscará trabajo. Me parece un enfoque bastante despreciativo de la gente con menos recursos en este país. El mexicano es trabajador cuando existen los incentivos correctos para serlo. Nadie que reciba mil 500 ésos y tenga dos o tres hijos va a contentarse con eso, al contrario, los utilizará para buscar un mejor empleo o empezar un negocio.

Al final, lo más importante es que si este programa se pone en práctica, se financia de manera ortodoxa y prudente, y se cumplen los plazos, es factible acabar con la pobreza extrema en México.