El Sector Público Nacional registró en enero un resultado primario deficitario de $3.766 millones. Dicho mes del año anterior había contado con un excedente primario de $16.658 millones (+ $20.423 millones). Esto se debe mayormente a un impulso de la inversión social durante el comienzo del año. Por su parte, el pago de intereses se tradujo en erogaciones por $87.052 millones (+13,5% i.a.), determinando así un déficit financiero de $90.818 millones que resulta equivalente en términos reales al registrado en enero de 2019.

Los ingresos totales del mes ascendieron a $395.225 millones (+40,3% i.a.). Por su parte los ingresos tributarios avanzaron 39,2% en la comparación interanual. Asimismo, los aportes y contribuciones a la seguridad social se incrementaron un 37,6% respecto a igual mes de 2019 en línea con la dinámica exhibida el mes anterior.

El gasto primario totalizó $398.990 millones, un aumento del +50,6% i.a, implicando una aceleración en su tasa de crecimiento respecto a diciembre de 2019. El 80% de este incremento interanual está explicado por las prestaciones de la seguridad social que avanzaron un 49,3% y las transferencias corrientes que lo hicieron a una tasa del 88,7%.

Dicha dinámica se debe mayormente al impulso de la inversión social: la movilidad del 8,74% otorgada para prestaciones sociales, el bono de $5.000 para 4,5 millones de jubilados y pensionados y la puesta en marcha del programa de tarjetas alimentarias en el marco del Plan Argentina contra el Hambre. Estas dos últimas medidas implicaron desembolsos por alrededor de $25.350 millones, sin los cuales el gasto primario habría crecido en sintonía con los ingresos fiscales (+41% i.a.).

Adicionalmente, las transferencias corrientes a las provincias registraron un impulso de $9.536 millones respecto a igual mes del 2019, el cual representa un incremento del 79,8% i.a. En esta línea, las transferencias a universidades ascendieron a $13.485 millones (+70,7% i.a.).

Por último, los subsidios económicos ascendieron a $30.987 (+76,4% i.a.) y mostraron a su interior una divergencia entre aquellos destinados al transporte (+34%) y a la energía (+125,5%). Esta última se debe en parte a la cancelación de deudas impagas correspondientes al ejercicio fiscal de 2019.