Que los altos cargos de un gobierno no sean nombrados sin pasar antes por un examen en los parlamentos. Esa es la propuesta que impulsará Vox en las próximas fechas para mejorar "la transparencia y el control democrático", como ha podido confirmar La Información. Una iniciativa que surge en el grupo parlamentario de la Comunidad de Madrid que lidera Rocío Monasterio, donde la formación presentará una PNL que está inspirada en los controles previos a los candidatos a comisario comunitario que hace el Parlamento Europeo. Y cuyo fin es lograr que cualquier aspirante a ocupar un puesto de responsabilidad política en la administración tenga que mostrar su proyecto y su idoneidad para el cargo ante los diputados.

Actualmente, los cargos destacados de los gobiernos autonómicos o central no tienen que superar ningún tipo de control para acceder al puesto. Su nombramiento solo depende de la decisión de los presidentes, ministros o consejeros de cada área, que eligen a su equipo sin que sea necesario que demuestren conocimiento sobre las competencias que van a gestionar. La única salvedad se da en los subsecretarios de Estado o los directores generales autonómicos, a los que se les exige que sean funcionarios, aunque en el caso de las comunidades se pueden permitir algunas excepciones. Pero no existen otros controles.

El sistema de la Eurocámara para los comisarios

Esta manera de nombrar a gestores políticos no es algo exclusivo de España, ya que es la costumbre predilecta a nivel mundial. El modelo que quiere imitar Vox es el que obliga a superar una comparecencia con preguntas de los eurodiputados a los candidatos a tener un alto cargo en la Comisión Europea. Una audiencia que tiene lugar en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, órgano que cuenta con 50 miembros que son los encargados de valorar la idoneidad para el cargo de quienes aspiran a liderar el órgano de gobierno de la Unión Europea. Las respuestas que estos últimos den a las cuestiones que les planteen son muy importantes, ya que la comisión tiene derecho a veto. Pudiendo rechazar a quienes considere que no cumplen los requisitos, impidiendo de esta manera su nombramiento.

Esto supone que el dictamen posterior que elaboren los eurodiputados sea muy importante. Su carácter vinculante obliga a que se expongan los motivos por los que no consideran competente a uno o varios de los elegidos para aceder el puesto. Lo que obliga a los países de la UE a descartar a los 'vetados' y a proponer a otros candidatos. En la elección de la última Comisión, la propia presidenta, Ursula Von der Leyen, superó el 'hearing' por apenas nueve escaños. Tuvieron menos suerte tres de sus propuestos, la francesa Sylvie Goulard (aspirante a la cartera de Mercado Interior), la rumana Rovana Plumb (Transportes) y el húngaro Laszlo Trócsányi (Vecindad y Ampliación). Los tres estados miembros tuvieron que poner sobre la mesa otros nombres, ya que Goulard, Plumb y Trócsányi fueron rechazados por motivos como sus posibles conflictos de intereses.

La propuesta de Vox no está recogida en las leyes que regulan la elección de cargos como consejeros autonómicos. Por eso, y como norma habitual, una de las primeras decisiones que toman aquellos que pasan a formar parte del Consejo de Ministros o de los consejos de gobierno regionales es solicitar su comparecencia a petición propia ante el Parlamento que les controla. Allí ofrecen sus planes para el departamento que van a gestionar, además de desvelar cuáles serán sus propuestas y prioridades durante la legislatura. Posteriormente, los diputados hacen sus cuestiones, ya sean sobre lo que acaba de decir el alto cargo o por otros temas que sus señorías consideren relevantes.

Llevar los exámenes al Congreso

Lo que persigue Vox con su propuesta es que todo este proceso sea previo. El primer paso sería que los presidentes, ministros o consejeros ofrecieran su lista de nombres para los distintos departamentos del gobierno que se haya diseñado, pero sin que se les designe oficialmente ni prometan o juren el cargo. Después, se organizan las comparecencias de los aspirantes ante una comisión designada para ese fin. Esta será la que valore su idoneidad, sus méritos y su proyecto para la cartera correspondiente, según explican fuentes del partido a esta redacción. Lo que no buscarán, al menos en un primer momento, es que el dictamen de los diputados que examinen al candidato sea vinculante. Lo que evita otorgar el poder a la comisión de vetar a los perfiles propuestos para ejercer ese alto cargo.

En esto se basará su iniciativa en la Comunidad de Madrid, donde ya se ha dado el primer paso con una pregunta parlamentaria del diputado Íñigo Henríquez de Luna al vicepresidente, Ignacio Aguado. El plan previsto es presentar una Proposición No de Ley (PNL) en la Asamblea de Madrid, en la cual se integrará una reforma de la Ley de Gobierno y Administración de la autonomía. Esta tendría que contemplar la regulación de los llamamientos a comisión de unos aspirantes que pueden ser completamente ajenos a la política, ya que al contrario de lo que ocurre en la Comisión Europea puede que no estén desempeñando ningún cargo público. O que incluso sean personas desconocidas sin vinculación al sector público que se dediquen a la actividad privada.

Según defiende la formación que lidera Santiago Abascal, su iniciativa quiere servir para evitar que haya altos cargos que no cumplan con esos criterios de idoneidad. Algo que aseguran que han detectado en gobiernos como el de Isabel Díaz Ayuso en la región madrileña, aunque no desvelan los nombres o puestos de los mismos. Por eso también están estudiando el impulso a esta medida el Congreso de los Diputados, para que los ministros o secretarios de Estado pasen por esos 'hearing' como los de Europa. El único precedente que existe de una propuesta normativa parecida a la de Vox corresponde a Ciudadanos, que en 2018 planteó acabar con los nombramientos discrecionales por medio de un organismo independiente que fiscalizara a quienes pudieran ocupar un alto cargo.