La 'cajera' del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia declara por segunda vez en el juzgado en el marco de la 'Operación Taula'. Mari Carmen García-Fuster, secretaria del ayuntamiento de Rita Barberá, ha asegurado este lunes que el grupo municipal conocía la existencia de las cuentas opacas, según el diario El Mundo.

Según García-Fuster, se informaba periódicamente de los gastos electorales de la ahora exalcaldesa. Además, ha declarado que nunca se superó el techo electoral y que si los gastos no se incluían en la cuenta del partido era "su problema".

En su primera comparecencia, la secretaria del partido declaró por el caso de las donaciones de 1.000 euros que presuntamente el partido devolvía en billetes de 500. García-Fuster negó que fueran peticiones del partido, sino gastos voluntarios y aseguró que nunca se devolvían en los citados billetes.

García-Fuster ha comparecido este lunes en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, en el marco de la Operación Taula, una pieza del caso Imelsa en la que se investiga un presunto delito electoral. Tras ella, le ha tocado el turno a la administradora provincial de la candidatura popular a las elecciones municipales de 2015, Montserrat Tello.

García Fuster, que ha querido responder únicamente a las preguntas de su abogado, José María Corbín, ha centrado su comparecencia en descargar la responsabilidad en el partido. Su versión ha sido totalmente opuesta a la que ha ofrecido ante el juez Montserrat Tello, quien ha señalado que el Partido Popular no tenía ningún tipo de conocimiento sobre esta presunta cuenta opaca ni de pagos o ingresos, han señalado las mismas fuentes. Tello ha respondido a preguntas del juez, del fiscal y de su letrada en esta pieza, en la que se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores en vísperas de las elecciones municipal de 2015.

El informe de la Guardia Civil concluyó que el PP del ayuntamiento valenciano utilizaba una cuenta opaca para financiar las campañas electorales desde 2011 a través de donaciones, sin control del Tribunal de Cuentas ni de la dirección del partido. La investigación que afecta a García-Fuster se dirige a resolver si el PP cometió delito electoral.