Un local con okupas en la avenida Costa de la Luz crea inseguridad en el barrio Nuevo Molino, una situación que llevan soportando más de dos años los vecinos, fundamentalmente las treinta y dos familias que residen en el bloque de viviendas del bajo ocupado. Después de llevar a cabo un calendario de movilizaciones para exigir una solución al problema y de trasladarle la problemática a las distintas administraciones, todo sigue “exactamente igual”. Así lo manifestó la asociación vecinal Costa de la Luz, que indicó que “los vecinos están hartos, con miedo y preocupación”.

La asociación denuncia que el inmueble se ha convertido en “un centro neurálgico de gorrillas, venta y consumo de drogas”. Subrayó “que hay más movimiento, más gente que acude al local”, y temen que en el interior hayan tirado los tabiques y hayan ocupado también los bajos colindantes que están vacíos.

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, Francisco Baluffo, señaló que “urge la resolución judicial. Ante un proceso judicial, tenemos absoluto respeto y esperamos la pronta resolución de este asunto en sede judicial”.

Baluffo apuntó que “venimos trabajando desde hace mucho tiempo con esa asociación de vecinos. Desde el primer momento nos ha preocupado mucho el problema de convivencia que tienen los vecinos de esta zona de la ciudad y desde el primer minuto hemos tomado las medidas dentro de nuestra competencia”.

Explicó que “el problema está judicializado y hasta que el juez determine cuál es la solución, el Ayuntamiento sólo puede limitarse a lo que es su competencia”. No obstante, “desde el minuto uno nos pusimos a trabajar no sólo con los vecinos sino con el resto de las administraciones, Subdelegación y Junta de Andalucía, y hemos intentado ofrecer todas las soluciones que estaban en nuestras manos”, a lo que añadió que “vamos a seguir colaborando con los vecinos para solucionar el problema”.

La propietaria del local presentó una denuncia en 2017, en 2018 se iba a celebrar el juicio, pero éste se suspendió, por lo cual el pasado mes de enero solicitó como medida cautelar el desalojo del inmueble. Señalaron desde la asociación vecinal que el abogado de la propietaria les ha comunicado que dentro de la demanda penal presentada va a volver a solicitar como medida cautelar el desalojo del bajo.

Por otra parte, los vecinos y comerciantes del barrio interpusieron en mayo una queja al Defensor del Pueblo Andaluz “ante la falta de respuesta” del Juzgado número 4 de Huelva, donde la propietaria del inmueble tiene interpuesta una demanda penal por la ocupación del inmueble, y ante “la dejadez de funciones” que entienden realiza el Ayuntamiento de Huelva “al no hacer valer sus competencias en materia urbanística y salubridad”.

La queja fue admitida por la institución andaluza, quien el 27 de mayo realizó un requerimiento de información a la Fiscalía de Huelva, Ayuntamiento y Subdelegación del Gobierno, y ha vuelto a requerir, por segunda vez, al Consistorio información sobre el local ocupado.