En realidad, el contenido del proyecto de ley entró en vigor el pasado mes de mayo cuanto el Consejo de Ministros aprobó esos créditos extraordinarios mediante un decreto ley. El Congreso lo convalidó pero que Grupo Popular decidió atender la petición de la oposición de que se tramitara como proyecto de ley, aunque los »populares» ya han dejado claro que no se pueden aceptar enmiendas porque esos pagos están comprometidos y no admiten variación alguna.

Los programas especiales de armamento tienen un sistema de financiación especial que se basa en anticipos del Ministerio de Industria. El pago de lo que se adquiere se realiza con cargo al presupuesto de Defensa y es en el momento de la entrega cuando el fabricante devuelve los anticipos al Tesoro Público.

El Gobierno lleva años recurriendo la fórmula de aprobar créditos extraordinarios fuera del presupuesto ordinario del Ministerio de Defensa para hacer frente a los pagos de los programas de armamento. Concretamente, en el verano de 2012 se aprobó otro crédito de más de 1.700 millones de euros, en 2013 la cantidad ascendió a 877 millones y el año pasado a 883,6 millones.

Los años anteriores estos créditos se han aprobado en forma de decreto ley, por lo que su tramitación en el Congreso se limitaba a una mera convalidación, lo que no permitía a los grupos parlamentarios presentar enmiendas. Sin embargo, en 2015 el Gobierno ha decidido cambiar esto y tramitarlo como proyecto de ley.

INCLUSIÓN EN LOS PRESUPUESTOS

Como ya ocurrió el martes en el debate de totalidad en el Pleno, los partidos de la oposición han criticado la decisión del Ejecutivo, a lo largo de toda la legislatura, de no incluir los pagos para armamento en las cuentas públicas anuales de Defensa, por lo que las enmiendas del PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD defendían que este gasto sí aparezca en los Presupuestos Generales del Estado que se aprueban en las Cortes cada diciembre.

Otra crítica que se ha escuchado de varios grupos de la oposición ha sido el hecho de que el Gobierno lleve desde 2012 recurriendo a la fórmula del decreto ley para financiar los programas de armamento cuando este medio se suele utilizar para gastos imprevistos y no para un desembolso que se conoce desde finales de los años noventa, cuando se comenzaron a adquirir los sistemas de armas para modernizar las Fuerzas Armadas.

Eso sí, el PSOE no se han mostrado de acuerdo con las enmiendas del resto de grupos que rechazan seguir pagando estos programas. Por eso, ha sugerido un «replanteamiento» y una «reestructuración» de los mismos teniendo en cuenta las necesidades de la Defensa y consultando siempre al Parlamento.

Esto es porque, en palabras del diputado socialista Víctor Morlán, «se te cae un poco la cara de vergüenza» al hablar de más de 850 millones de euros para pagar sistemas de armas mientras se está recortando el gasto en otras materias.

ANULAR LOS PAGOS

La Izquierda Plural, por su parte, también ha planteado una revisión de los programas, pero que éstos, en la medida de lo posible, sean anulados aunque suponga tener que pagar compensaciones a las empresas. También ha sugerido al Gobierno la redacción de un proyecto de ley para reducir la deuda militar.

Por su lado, UPyD opina que «debe realizarse una auditoría externa que ponga fin a las malas prácticas que han existido» en la gestión de los programas de armamento, que han sido «un nido de sobrecostes difíciles de explicar, opacidad y, en varios casos, directamente abusos y comportamientos poco íntegros».

A su juicio, esta auditoría debe contener «la utilidad real de los 19 programas en relación con las amenazas y los riesgos para la defensa española, la cantidad de los programas recepcionados y los que no lo han sido, la vigencia o denuncia de los distintos contratos con la industria, el coste de cada programa y su plan de pagos, los calendarios de devolución de los préstamos, y los calendarios de entrega y de imputación de déficit correspondiente».

CAMBIARLO POR GASTO SOCIAL

Mientras tanto, el grupo de Convergència y de Unió ha defendido que los más de 850 millones de euros para armamento vayan a parar a programas sociales que gestionan las comunidades autónomas, en concreto a «combatir la pobreza infantil, impulso de las guarderías, incrementar las políticas de becas, dar respuesta al nivel convenido en dependencia (previsto en la ley e incumplido sistemáticamente en esta legislatura), destinar al fondo de cohesión sanitaria o a las políticas activas de empleo que gestionan las comunidades autónomas».

El BNG, por último, ha defendido suprimir íntegramente los artículos del decreto que se refieren al pago de los programas de armamento por considerar «indecoroso y ofensivo» que, al mismo tiempo, se practiquen recortes en prestaciones y servicios públicos básicos, que se impongan copagos y aumenten los impuestos indirectos».

La diputada del Grupo Popular Pilar Barreiro ha reprochado las críticas de la oposición ante este tipo de financiación del armamento y ha sugerido que éstas se deben a que el debate se centra en el gasto en Defensa y no en otras materias. El crédito de 856 millones de euros será aprobado definitivamente por el Congreso la semana que viene y pasará entonces a tramitarse en el Senado.