El presidente de Aguas de Barcelona (Agbar), Ángel Simón, fue uno de los empresarios que escucharon en silencio el pasado 20 de diciembre en la cena de la patronal Foment cómo el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cargaba contra el Gobierno de Rajoy por haber facilitado la marcha de empresas de Cataluña con su Real Decreto de octubre de 2017.

Simón es el único entre las grandes empresas catalanas que ha realizado un movimiento de vuelta al viejo domicilio social, pero la decisión tiene un truco tan lógico como triste. Resulta que ese mismo día del discurso de Torra, el no independentista Ángel Simón se inscribió en el Registro Mercantil como nuevo presidente de Suez Latam. Se trata de una sociedad instrumental de nueva creación con sede, por supuesto, en Madrid, que el grupo francés Suez propietario ha tenido que montar para que la vieja Agbar pudiera volver a Barcelona sin poner joyas en peligro. Era un despropósito que una empresa que se llama Aguas de Barcelona y que aspira a contratos públicos en Cataluña mantuviera su sede en Madrid, pero ha vuelto con la gigantesca precaución de dejar en la capital española no sólo la matriz, sino también de escindir, en favor de Suez Latam, las participadas latinoamericanas. Entre ellas destaca Aguas Andinas, grupo líder en Chile con capitalización bursátil superior a los 2.000 millones y con accionistas internacionales que no habrían acogido bien el regreso a Cataluña.

La fuga de grandes, pero también medianas y pequeñas empresas de Cataluña es una consecuencia indiscutible del daño independentista. Según el último dato oficial recabado por este diario en el Registro Mercantil, se eleva ya a, cierre de 2018. a 4.880 empresas desde el referéndum ilegal del 1 de octubre. Un total de 2.536 lo hicieron en el año 2017 y otras 2.344 lo han hecho en 2018.

Se trata además de salidas reales, porque no sólo han comunicado al Registro su intención de cambiar de domicilio social, sino el nuevo destino. Por tanto, el balance oficial entre el pulso lanzado por Carles Puigdemont y el que intenta mantener Quim Torra, son cerca de 5.000 empresas las que han considerado necesario para sus intereses mover su sede del tradicionalmente primer pulmón económico de España. A este lamentable éxodo hay que agregar un daño intangible, cómo es la incomodidad de hacer negocios en España para ejecutivos de larga trayectoria que puedan ser percibidos como vinculados al independentismo.

Es llamativo el caso de Heribert Padrol, ex diputado de CiU y marido de la portavoz de la Generalitat catalana, Elsa Artadi, que ha dejado después de cinco años la presidencia de la consultora Iplusf. Según acaba de comunicar al Registro Mercantil, deja a uno de sus socios como administrador único. Padrol es uno de los escasos altos ejecutivos que mantienen contactos de alto nivel en el independentismo y en Madrid y se mueve con cada vez más discreción a juzgar por su extraña dimisión en su consultora formalizada en Nochebuena.

Iplusf no ha dado explicaciones, pero tenía su aquél que el marido de Artadi presidiera una consultora con sede social en Madrid que se dedica, según su propia página web, a conseguir subvenciones del Estado para empresas innovadoras y a optimizar su factura fiscal, entre otras tareas.

También es curioso que la sociedad de valores GVCGaesco, controlada por una de las familias mecenas de Omnium Cultural, no recomienda entre sus diez títulos preferidos para 2019 ni una sola empresa con sede en Cataluña y sí, sin embargo, Bolsas y Mercados Españoles o Iberdrola. Esta sociedad acordó el pasado año trasladar su sede social a Madrid y es una gota del océano de empresas que, pese a que prácticamente todas las importantes dieron ya el paso, sigue saliendo de Cataluña. Sólo desde mayo de 2018 en que tomó posesión Torra han salido otras 800 empresas sin que las nuevas domiciliadas mitiguen el problema. Sólo en el pasado diciembre se fueron aún más de 60 y se instalaron nueve.

Mientras tanto, Torra y Puigdemont mantienen el mantra de que la fuga de empresas se produjo por el Real Decreto de Luis de Guindos -mantenido sensatamente por ahora por Nadia Calviño- aprobado tras el 1-O para que, entre otras, CaixaBank pudiera salir de urgencia de Barcelona para frenar su sangría de liquidez e inversores. El Banco Sabadell salió un día antes sin necesidad de ese decreto, porque tenía los estatutos de salida exprés preparados en una muestra de que culpar al Gobierno central de este lamentable éxodo de Cataluña es un insulto independentista más a la inteligencia.