Los allanamientos del Sebin en las propiedades de ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (en el exilio) y de sus familiares serán denunciados la próxima semana en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Antonio Marval, magistrado del TSJ designado por la Asamblea Nacional, informó que presentarán al secretario de la CIDH, Paulo Abrao, la denuncia de la persecución que se ha generado luego de que el Tarek William Saab, fiscal designado por la ANC, informó sobre las órdenes de captura en contra de los juristas por presunta usurpación de funciones.

El juez Pedro Troconis manifestó que la persecución que se ha desarrollado en contra de los abogados que integran el TSJ “legítimo” demuestra “el miedo del régimen de Nicolás Maduro, a las investigaciones que se adelantan en su contra”.

Marval indicó que algunos de sus familiares por precaución han tenido que desalojar sus hogares, en vista de la actuación de la policía política en las viviendas y oficinas de los 8 juristas que debieron exiliarse hace 10 meses.

“El fin de semana, en un acto de precaución, debí salir de mi casa y ahora me encuentro fuera del país. Mi papá es un magistrado que cumple con los requisitos, es un hombre ajustado a derecho. Tener que salir así es doloroso y triste”, indicó Luis Daniel Álvarez, director de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV, hijo de Gonzalo Álvarez Domínguez.

Andrés Colmenárez, activista de los derechos humanos y director de Funpaz, explicó que tales acciones violentas contra los familiares y propiedades de los integrantes del TSJ en el exilio evidencian un proceso de mayor criminalización del gobierno contra los factores democráticos del país.

“Esta retaliación hacia los magistrados hace engrosar, aún más, el expediente de represión de los funcionarios del gobierno que han venido achicando los espacios democráticos”, agregó.

Aprehensión. El juez Miguel Ángel Martín, presidente del TSJ en el exilio, instó al Alto Mando Militar y Policial a detener a Nicolás Maduro por su presunta comisión de delito contra el patrimonio venezolano, por estar supuestamente implicado en el caso de corrupción de la empresa Odebrecht.

A través de dos comunicaciones dirigidas al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y al director del Sebin, Gustavo González López, Martín los insta a la detención de Nicolás Maduro como medida preventiva para dar continuidad al proceso de enjuiciamiento.