La revelación aparece en el citado documento judicial de Canolic Mingorance, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que se transcribe una de las actas del citado comité en la que se expone textualmente “que el titular de tres cuentas numeradas incluye en la cuenta a su hermano que es una persona políticamente expuesta, pues es diputado en el Congreso de la Unión por el Estado de Sinaloa desde el año 2009, Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa entre 1999 y 2009, miembro del PRI y economista”.“La cuenta presenta un saldo superior a los 6.000.000 USD. Las cuentas se abrieron para realizar operaciones de Back to Back (préstamos paralelos) en México", afirma la petición de auxilio judicial.

La magistrada reclama la identificación “plena” de esta persona y que se aporten certificados penales y policiales de la misma. El auto no desvela, tampoco, el nombre del hermano del político.

La juez no da el nombre del titular ni de su hermano, pero dice que es una persona políticamente expuesta

Los datos que aporta la juez Mingorance coinciden con los de Oscar Javier Lara Aréchiga, de 65 años, diputado por Sinaloa del PRI durante el citado periodo, Secretario de Administración y Finanzas del Estado y licenciado en Economía. Según consta en su perfil del Congreso de la Unión, Lara ocupó, también, en la Administración Pública Federal los cargos de director regional del Banco del Atlántico, consejero regional del Banco Nacional de Crédito Rural e idéntico puesto en la Nacional Financiera. Asimismo, fue subdirector general de Infraestructura de la Sagarpa. Lara Aréchiga dejó de ser diputado en 2012 y el año pasado participó en la contienda del PRI para gobernador, pero sin éxito.

El exdiputado niega en conversación telefónica con este periódico ser la persona que investiga la Justicia de Andorra. Tras darle lectura al párrafo en el que se describe a la persona "políticamente expuesta" responde así, en una breve conversación tras la que cuelga el teléfono:

-Yo no soy esa persona.

-¿Puede usted confirmarnos si ha tenido una cuenta en la Banca privada de Andorra?

-No le puedo dar esa información.

Pide que se investiga la relación del cártel de Sinaloa con el banco intervenido

-¿Y alguno de sus hermanos?

-No le puedo responder.

El auto de la juez andorrana describe como “tremendamente agresiva” en Latinoamérica la política comercial de BPA y lo hace así: “ La entidad facilitaba a los clientes que captaba la estructura societaria necesaria a través de BPA Serveis, que trabajaba sobre todo a través de personas jurídicas panameñas, y había instaurado un sistema de compensación de efectivo entre los clientes para reducir el riesgo de transporte físico de líquido y permitir de todas formas el ingreso de grandes cantidades que no eran bancarizadas”.

Mingorance añade que México fue inicialmente una plaza fuerte para le entidad,“hasta el punto de adquirir un edificio en la capital federal para establecer la sede social. “Abruptamente decide desmontar toda la estructura y abandonar el país. Según declaraciones de Isabel Camino Sarmiento, en aquel momento responsable de compliance (departamento que vigila el cumplimiento normativo interno y externo del banco), tuvieron algún tipo de problema y el OFAC (Office of Foreing Assets Control, organismo dependiente del Departamento del Tesoro de EE. UU.) requirió la declaración de sus directivos a la Embajada de Estados Unidos en México, sin poder precisar el origen del problema".

La magistrada explica que fue a la vista de estos hechos cuando en el curso de la investigación judicial se procedió a analizar las Actas del Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales donde se encontró la pista del político del PRI. Mingorance destaca que en marzo de 2015, fecha en la que estalló el escándalo del BPA, el Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), dependiente del Departamento del Tesoro de los EE. UU. hizo pública una nota sobre esta entidad bancaria en la que situaba a este banco como centro de una gran trama de blanqueo de capitales ligados al cártel mexicano de Sinaloa, las mafias rusa y china en España y a la empresa Petróleos de Venezuela. Tras la intervención del banco, se destituyó al consejo de administración.

Mingorance procesó el pasado verano a 24 personas acusadas de facilitar el lavado de fondos mediante el denominado sistema de compensación bancaria, el dinero no se mueve y el cliente que desea repatriar su fortuna oculta en un paraíso fiscal se queda con el de otro que desea sacarla del país.

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