Alberto Ruiz-Gallardón, Ignacio González, Teresa Porras... Son algunos de los nombres que figuran en la 'cara B' de la Justicia, en la lista de políticos exculpados tras meses de imputación. Los jueces han acordado el archivo de las causas que pesaban en su contra, en la mayoría de los casos por falta de pruebas que acrediten el delito del que se les acusaba. Según un recopilación de Vozpópuli, al menos 12 cargos públicos han resultado eximidos en el último mes.

El pasado 30 de mayo, el juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón, archivó la causa contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ruiz-Gallardón por la presunta compra fraudulenta de Inassa por 73 millones de dólares. Ese mismo día, el magistrado acordó el sobreseimiento provisional de la pieza contra 15 investigados, entre ellos Ignacio González y Manuel Cobo.

La Fiscal aseguró que no constaba "indiciariamente acreditado" que ninguno de ellos conociera los detalles de la operación comercial y, por tanto, supieran el "menoscabo económico que para la Administración autonómica se generaría con la compra de Inassa".

Populares y socialistas

Días antes, el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga archivó provisionalmente la causa judicial abierta contra la concejala del distrito de Cruz del Humilladero, Teresa Porras. Había sido acusada por el ministerio público de posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias por el caso Villas del Arenal en relación a los expedientes de infracción urbanística que se abrieron para esta urbanización. En el auto de sobreseimiento, el juez incluso destacó que Porras "medió para tratar de componer aquella acción municipal que para ella era totalmente descomedida".

El 24 de mayo, en Chiva (Valencia), otro caso fue archivado; esta vez, vinculado al alcalde Emilio Morales (Compromís) y a su teniente, Fernando Casanova (Vichi). El juez estimó el sobreseimiento provisional y el archivo de una denuncia por coacción contra ambos funcionarios, quienes habían sido acusados de coacción por presuntamente amenazar a un edil socialista para que renunciara a su acta.

En Madrid, ese mismo día el Juzgado de Instrucción número 3 de Móstoles tumbó la imputación al alcalde en funciones del PP José Jover. La Fiscalía le acusaba de un delito de prevaricación administrativa ante una denuncia de Vox.

Prevaricación y tráfico de influencias

En plena campaña electoral de cara a los comicios del 26 de mayo, un juez de Elche dio carpetazo a la causa contra Alejandro Soler por no resultar debidamente acreditados los hechos denunciados por el PPCV en una querella. El dirigente del PSOE se encontraba imputado por presunta prevaricación en la venta de terrenos del Parque Empresarial.

A su caso se suma el del alcalde en funciones de Roquetas de Mar, Gabriel Amat. La juez que llevaba su procedimiento firmó el sobreseimiento provisional de la causa principal contra el político al considerar que no existían indicios de que 22 de las sociedades por las que se le había imputado "hubiesen recibido beneficio o ganancia alguna o prevalencia injustificada" por parte del Ayuntamiento "para sospechar sobre la existencia de un ilícito penal".

En Sevilla, el titular del Juzgado número 13 archivó la causa contra el alcalde de Gines, Romualdo Garrido Sánchez. El socialista estaba investigado por el presunto amaño de la adjudicación de explotación de un bar de titularidad municipal.

En el último mes, también han resultado exonerados por la Audiencia Provincial de Pontevedra el ex alcalde del PP en Porriño Nelson Santos y uno de sus concejales, José Manuel Jacobo. Ambos habían sido acusados de supuesta prevaricación administrativa, en relación al pago de un centenar de facturas emitidas a varias empresas.

El Poder Judicial contabilizó 65 imputados por corrupción en el cuarto trimestre de 2018. De la suma total, 12 tenían procedimiento abierto en el Tribunal Supremo, dos en la Audiencia Nacional y 50 en los diferentes organismos judiciales de las 19 comunidades autónomas.