E

l incentivo de un buen maestro lo constituye el avance de sus estudiantes, esa es su mayor satisfacción y lo que da sentido a sus afanes. Un buen maestro es aquel que tiene la pasión, el compromiso de lograr que sus estudiantes progresen porque los valora como personas, porque los respeta y los aprecia. Si un maestro tiene esta actitud vital, y el Estado garantiza las condiciones laborales y materiales adecuadas, lo demás vendrá por añadidura. Los reconocimientos , las promociones , los estímulos económicos –conceptos que dirigen a la mal llamada reforma educativa–, son sobornos que se practican en los medios empresariales (y en otros ámbitos) para lograr que los trabajadores realicen tareas que en sí mismas no les interesan, les desagradan, los enajenan. Para los patrones, los trabajadores son sus subordinados, sus empleados (según la etimología de esta palabra, sus doblegados ); sin los sobornos no es previsible que hagan las cosas como quiere el patrón o el jefe. Esta no es la relación que ha de establecerse entre el Estado y el magisterio.

Hay quienes opinan que las motivaciones externas a los maestros, los estímulos , no hacen mal pues, argumentan, refuerzan sus motivaciones intrínsecas, o remedian su ausencia. Falso: esos sobornos causan destrozos en las actitudes de los individuos y en las relaciones de los cuerpos académicos. Sobre esto no es necesario especular, esos perjuicios son ya resultado grave de la aplicación prolongada de los mecanismos de soborno en todos los niveles de nuestro sistema educativo: la carrera magisterial en la educación básica, los diversos programas de estímulos en la educación media y superior, el SNI en la investigación.

La educación pública democrática nada tiene que ver con los antivalores en que se sustentan las actividades empresariales. La educación pública democrática no es siquiera un servicio más del Estado benefactor. La educación pública democrática es un derecho humano básico, esencial para el desarrollo de las personas y de la sociedad. En la educación pública, el Estado democrático realiza, como en ninguna otra responsabilidad, una función social e histórica esencial. La Constitución establece que la educación que imparta el Estado debe desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano ; no es una educación que se limita a capacitar para el empleo, o a enseñar a leer y manejar las matemáticas (como ordena la OCDE). Es una educación integral que comprende el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, no solamente el entrenamiento en competencias .