La exigencia de Ciudadanos de incluir la dación en pago hipotecaria en el pacto de investidura con el PP ha despertado grandes expectativas entre aquellos propietarios de vivienda con problemas para devolver el préstamo. Sin embargo, no hay que lanzar las campanas al vuelo: el partido que preside Albert Rivera no pretende imponer esta dación de forma general ni retroactiva, sino solo para "casos extremos", según fuentes conocedoras del acuerdo. La razón es que podría tener graves consecuencias para la solvencia de la banca española.

El texto del acuerdo entre PP y Ciudadanos incluye dentro de la medida número 35 "flexibilizar, con las salvaguardias adecuadas, los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas mediante la dación en pago de su vivienda habitual, manteniendo el derecho a permanecer en su casa durante tres años con un alquiler que no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar del deudor".

Concentración para tratar de impedir un desahucio en 2011. (EFE)

Como dicen los anglosajones, el diablo está en los detalles. Y aquí lo relevante son las ambiguas expresiones "con las salvaguardias adecuadas" y "deudores más vulnerables", unos términos tan genéricos que pueden interpretarse con mayor o menor amplitud según convenga a los partidos. Las fuentes consultadas aseguran que la intención de la formación naranja es más bien utilizarla de forma restrictiva, de forma que solo se aplique a los casos más extremos. Y, desde luego, descarta que se aplique de forma general (a todos los hipotecados) y retroactiva (aunque no figure en el contrato inicial).

La dación en pago retroactiva ha sido una de las propuestas estrella de Podemos, que proviene de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que presidía Ada Colau, actual alcaldesa de Barcelona. Por el contrario, el sector financiero siempre ha abjurado de ella con varios argumentos: es injusta (unos pocos morosos se beneficiarían a costa de una gran mayoría de hipotecados que pagan religiosamente las letras todos los meses), encarecería los intereses de las nuevas hipotecas y dificultaría el acceso a la vivienda de los colectivos más desfavorecidos. Aparte de que generaría inseguridad jurídica, al cambiar las condiciones de los contratos de forma retroactiva.

"Ciudadanos no se ha vuelto loco"

Según distintos observadores, detrás de todos ellos se encuentra el temor al 'agujero' que una medida así podría suponer para las maltrechas cuentas de las entidades españolas. Porque la parte de la hipoteca que exceda el valor de la vivienda entregada por garantía -tras la crisis, la mayoría de las viviendas compradas en la burbuja vale mucho menos que la deuda con que se financiaron, lo que se conoce como "estar bajo el agua"- deben asumirla los bancos como una pérdida, mientras que, con el sistema actual, debe pagarla el hipotecado.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, junto a la titular de Agricultura, Isabel García Tejerina. (EFE)

Dado el enorme volumen de hipotecas que tienen en balance, este impacto podría provocar que alguna entidad tuviera problemas de solvencia. Y aunque las nuevas normas europeas imponen que deben ser los accionistas, bonistas y depositantes los que asuman el rescate de la banca, es muy probable que al final el contibuyente tuviera que pagar la fiesta, como ocurrió con el rescate de España en 2012. Y Albert Rivera no quiere provocar una nueva crisis financiera: "En Ciudadanos no se han vuelto locos", sentencia una de las fuentes consultadas.

El mismo argumento de las cláusulas suelo

Este mismo argumento es el que subyace tras la negativa del abogado general de la UE a conceder la retroactividad total de las cláusulas suelo, es decir, a obligar a los bancos a devolver todo lo cobrado de más a los hipotecados en virtud de esta cláusula, que limita la traslación de las bajadas de los tipos de interés a las cuotas del préstamo. A su juicio, evitar nuevos rescates bancarios con dinero público es una razón de peso para que esta retroactividad se limite hasta mayo de 2013 -fecha de la primera sentencia del Supremo sobre este tema-, lo cual ha permitido al sector endurecer su actitud hacia los afectados por dichas cláusulas.

Entonces, ¿qué es lo que pretende Ciudadanos con esta medida del pacto de investidura? Pues ir un poco más allá del actual código de buenas prácticas pactado por el Gobierno de Rajoy con la banca, y que ya ofrece alternativas para evitar el desahucio de los hipotecados con menor renta. Una posibilidad es elevar el umbral de renta al que son aplicables estas medidas, de forma que puedan optar a ella más familias. También pretende extender el "alquiler social" a los tres años incluidos en el documento. Pero nada de retroactividad ni de generalizar la dación en pago. Y, en todo caso, sin investidura tampoco llegarán esos pequeños avances.