El activista del 15-M Carlos Cano ha ingresado en prisión después de haber sido condenado a tres años y un día de cárcel por su actuación en la huelga general del 29 de marzo de 2012, en la que hizo de piquete informativo. El estudiante de Medicina, de 25 años, se ha entregado, una vez que el juzgado que lo había condenado apremiase la ejecución de sentencia. Tras despedirse de sus familiares y amigos y ordenar sus asuntos personales, ayer entró en la cárcel.

Junto a este joven, licenciado en Medicina por la Universidad de Granada, hay condenada otra mujer, Carmen Bajo, de 56 años, que, de momento, ha logrado retrasar su ingreso. Ambos están condenados por un delito contra el derecho de los trabajadores por su participación en un piquete informativo. Son miembros del 15-M y ese día hacían efectivo su derecho a la huelga, sostienen. Niegan las coacciones por las que fueron condenados, aunque no haber estado en el local donde se produjeron los hechos por los que Carlos ya está en prisión.

Aunque no han querido hacer declaraciones, antes de ingresar, el joven agradeció el “enorme apoyo social” recibido. Han sido numerosas las manifestaciones de apoyo en distintos puntos de España, no solo en Granada. El movimiento 15-M ha sido el que ha informado de su ingreso en la cárcel a través de un comunicado.

La sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Granada fue ratificada posteriormente por la Audiencia Provincial. Considera probado que ambos, que no tenían hasta entonces antecedentes, entraron en un local de la capital que estaba abierto con varios clientes dentro y comenzaron a proferir amenazas y expresiones “vejatorias”. Realizaron pintadas y colocaron pegatinas.

Por todo ello se les condena a tres años y un día de cárcel más una multa de 3.655 euros a cada uno. A Carlos también se le obliga a pagar una indemnización de 767 euros a los propietarios del local.

La Audiencia hizo tras ratificarla firme la resolución. Los magistrados reconocían “lo controvertido del precepto” por el que estaban condenados los dos piquetes y aludían incluso a una posible “desproporción” de la pena, pero aclaraban que no podían “hacer dejación” en el cumplimiento de la ley.

Como se agotaron los recursos por vía judicial, los dos condenados interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que no se ha pronunciado aún. En él reclaman medidas cautelares de suspensión a la ejecución de su condena hasta finalizar el trámite.

El indulto que han solicitado ante el Ministerio de Justicia ha obtenido al menos el compromiso por parte del ministro Alberto Ruiz-Gallardón de estudiar las peticiones. No solo la de Carlos y Carmen, sino la de otros sindicalistas también condenados por el mismo delito a tres años y un día de prisión.

El coordinador provincial de IU en Granada ha considerado un “despropósito” lo ocurrido, igual que el secretario provincial de CCOO, Ricardo Flores, que denuncia la “ofensiva penal” contra los sindicatos y el derecho constitucional a la huelga.

La familia ha agradecido el apoyo pero reconoce que pese a todo se trata de “un trance agotador en muchos sentidos” y por eso pide que se respete su dolor. Su hermano Pedro, que ha ejercido de portavoz, ha agradecido de nuevo el “apoyo ciudadano”.