A inicios de este año, la ex Presidenta Michelle Bachelet terminó de firmar seis decretos que oficializaron una parte de la Red de Parques de la Patagonia, propuesta impulsada por un esfuerzo público-privado entre la familia Tompkins (que donó 407.625 ha) y el Estado (que aportó 949.368 ha) para destinar un gran número de hectáreas de la Patagonia a la conservación. Con ello, durante 2018 las unidades de áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) aumentaron de 101 a 103.

Frente este escenario, lo esperable sería que el financiamiento para las áreas naturales protegidas durante el año entrante aumente, pero la realidad es que el presupuesto planteado por el gobierno para 2019 presenta una disminución de un 12% si se toma como referencia el presupuesto aprobado para 2018, disminución que se incrementa en un 13.3% considerando los ajustes posteriores.

Cabe destacar que desde 2009, existe dentro del presupuesto de CONAF una glosa para el SNASPE compuesta por aportes fiscales e ingresos de operación, estos últimos provenientes de la recaudación por entradas a las áreas protegidas. Los gastos asociados a esos ingresos se dividen en 5 grandes ítems, que divididos en orden de representatividad son los siguientes: gastos en personal, gastos en bienes y servicios de consumo, transferencias corrientes, adquisición de activos no financieros e iniciativas de inversión.

Los gastos más representativos del sistema están asociados al personal, alcanzando un promedio del 70% de los ingresos totales asignados entre el 2009 y 2018. Específicamente, en 2018, un 66% del presupuesto fue destinado al gasto en personal. A pesar de lo anterior, el aporte fiscal no alcanzó a financiar el gasto total de este ítem, cubriendo un promedio anual del 72% durante el mismo periodo (2009-2018) y un 68% en 2018. Lo preocupante es que para el 2019 se proyecta que el aporte fiscal solo alcance a costear un 60% del gasto en personal.

Además, de las 103 unidades del SNASPE, solo 86 cuentan con planes de manejo y 80 con administración efectiva, dejando una serie de áreas a su merced y reflejando un evidente abandono por parte del Estado.

Desde Fundación Terram, opinan que “el aporte fiscal al presupuesto del SNASPE debiese cubrir al menos los gastos en el personal. No es posible que los sueldos de los trabajadores del SNASPE no sean financiados desde el Estado y dependan del flujo de visitantes a las áreas protegidas”.

Además, la organización ambiental señala que la Ley de Presupuesto 2019 mejoraría sustantivamente en este ámbito si se realiza una actualización de un 3% (ajuste IPC) sobre los ingresos ejecutados a septiembre de 2018, ya que aumentaria el aporte fiscal a M$11.854.598, cifra que alcanzaría, al menos, para cubrir los gastos en personal.

Esta situación se torna aún más preocupante cuando se consideran las propuestas del Ministerio de Bienes Nacionales, cartera que hace una semana lanzó la agenda “Parques Nacionales para Chile”, planificación que entre sus pilares contiene la “coadministración de servicios en parques nacionales”, es decir, la entrada de privados en las áreas del SNASPE a través de licitaciones entregadas por el Estado.

Si bien históricamente se han entregado concesiones dentro de las áreas protegidas, sabemos que los recursos que ingresan por esta vía son escasos y representan un porcentaje menor de los ingresos del sistema. “Por ello, antes de comenzar a aplicar un sistema de concesiones sobre áreas protegidas, el Gobierno debería establecer un piso mínimo de financiamiento que garantice el gasto asociado a personal y equipamiento básico”, señala Fundación Terram.

A la fecha, los decretos publicados en el Diario Oficial crean los parques nacionales Pumalín, Melimoyu, amplían el Hornopirén, Corcovado e Isla Magdalena y recategorizan la Reserva Forestal Cerro Castillo a Parque Nacional, faltando solo la creación del Parque Nacional Patagonia y la recategorización de la Reserva Nacional Alacalufes a Parque Nacional Kawésqar. Con todos ellos, el SNASPE completaría 105 áreas protegidas

Sin embargo, hoy 23 áreas se encuentran sin presencia de guardaparques, donde 14 están en la Patagonia chilena. Por lo tanto, según Fundación Terram, es necesario revisar cuáles áreas que integrarán la red de “Parques de la Patagonia” ya cuentan con una dotación de guardaparques y en cuáles de ellos será necesario invertir en infraestructura y personal, para así establecer un sistema de financiamiento adecuado a las necesidades de este nuevo escenario.