La Plataforma per la Llengua ha realizado un estudio sobre la discriminación del catalán en las administraciones, entre julio de 2013 y en diciembre de 2015, en todos los territorios de habla catalana. El resultado no puede ser más preocupante. El catalán, lejos de estar normalizado, sigue siendo marginado. Es más, muchos ciudadanos se han sido sometidos a vejaciones por el hecho de hablar en catalán. Y aquellos que han querido denunciar estas prácticas se han visto obligados a perder tiempo y dinero, y sus protestas pocas veces han sido escuchadas.

No son hechos aislados

El estudio de la Plataforma apunta que, ante la gran extensión de estos casos, la discriminación no se puede considerar como de algunos hechos aislados, especialmente en las administraciones del Estado, donde hay más vulneraciones de los derechos lingüísticos. La misma Plataforma ya había realizado un estudio sobre discriminaciones lingüísticas entre 2007 y 2013. Y comparando los dos informes ha constatado que no hay una evolución positiva. Espera que este informe sirva para investigar estos casos, tal como pasó con el estudio anterior.

37 casos, pero hay muchos más

El informe presente relata 37 casos de grave discriminación, recogidos durante dos años y medio, pero los autores del estudio están seguros de que en realidad hay muchísimos más, pero que las víctimas no los denuncian para evitar problemas. La Plataforma ha recogido los casos que han sido denunciados en la prensa o en las asociaciones en defensa de la lengua catalana, pero sospecha que muchas vejaciones no trascienden.

En contra de todas las normas

La Plataforma hace constar que la vulneración de los derechos lingüísticos no sólo vulnera las leyes autonómicas, sino también las estatales e incluso las europeas. Recuerda que España firmó la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, que le obliga a luchar contra este tipo de comportamientos. Y constata que muchas legislaciones que garantizan el acceso al catalán no se aplican.

Una dificultad básica: el personal

En Catalunya la legislación establece el derecho de todos a ser atendidos en catalán y a dirigirse a la administración en catalán. Pero el Estado no exige a su personal destinado a territorios catalanohablantes competencia lingüística en lengua catalana. Por lo tanto, en la práctica es fácil que un ciudadano no encuentre funcionarios que entiendan el catalán. Es una dificultad que también se observa en las Balears, especialmente después de la reforma de la legislación lingüística en julio de 2012, que supuso una pérdida de derechos de los catalanohablantes. La regresión también ha sido fuerte en la Franja, durante el mandato de la presidenta Luisa Fernanda Rudi en Aragón (y eso que allí el catalán ya partía de una situación muy negativa: no tiene status oficial en los territorios catalanohablantes, porque no lo establece el Estatuto). Y en el País Valencià hay derechos que no están lo bastante reconocidos (por ejemplo, en la toponimia).

Si me hablas en catalán, suspendo el juicio

Dos casos

En el 2013 un chino casado en una española desde el 2001 vio denegado su acceso a la nacionalidad española, porque el magistrado del Registro Civil que lo entrevistó detectó dificultades en hablar en castellano. No le valoró el hecho de que hablaba y entendía perfectamente al valenciano. Una chica de Figueres pidió declarar en catalán en un juicio por faltas. La jueza respondió, sencillamente que, "si me hablas en catalán se suspende el juicio". La chica continuó en castellano para evitar más problemas, pero posteriormente cursó una queja, que no ha progresado. Son dos de los 47 casos documentados.

Policía y Guardia Civil

La Policía Nacional y la Guardia Civil han sido responsables de un alto porcentaje de las vejaciones por motivos lingüísticos. Y eso que tanto el reglamento de la Policía Nacional como el de la Guardia Civil establecen como una falta muy grave la discriminación lingüística. No es nada extraño que los agentes exijan hablar en castellano, incluso argumentando que se tiene que hacer "por educación". Hasta hay quien ha sido vejado cuando se presentaba en la comisaría para denunciar un hecho delictivo. Cualquier ciudadano puede sufrir este problema: en el estudio se presentan casos de discriminación a diputados en el acceso a instituciones judiciales del País Valencià. Estos comportamientos reflejan graves déficits democráticos en las fuerzas de seguridad del Estado.

En los juzgados, tampoco

El juzgado de primera instancia de Vinaròs envió un escrito a un despacho de abogados en que se advertía que no se admitirían sus demandas si se presentaban en catalán sin traducción al castellano. En los casos en que ha habido protestas por esta discriminación, el Ministerio de Justicia no han aplicado sanciones. La Plataforma también se hace eco de las polémicas sentencias en que se retiraba la custodia a los progenitores de algún niño con el argumento de que el catalán podría ser un problema para él.

Otras administraciones

La discriminación hacia el catalán también se ha detectado en las sedes diplomáticas españolas, y el gobierno español ha dado apoyo a este comportamiento. En el Registro Civil, que depende del Ministerio de Justicia, se han detectado reticencias a aceptar documentación emitida en catalán (aunque la ley establece que se puede presentar). E incluso se denuncian varios casos de pacientes que fueron obligados a cambiar de lengua por su médico del sistema público.

Discriminación legal

Los 37 casos descritos por el informe se refieren a casos de discriminación que vulneran la legislación. Pero al final del estudio también se mencionan algunas prácticas que suponen la discriminación del catalán, pero que están dentro de la legalidad española. Por ejemplo, se menciona que en el registro de patentes se exige toda la documentación traducida al español y eso supone problemas de tiempo y de gastos para las empresas que tienen documentación en catalán (como pueden ser sus escrituras).

La defensa de la educación en español

Las recientes leyes educativas establecen que la administración tiene que compensar económicamente a los padres que quieren educación en castellano para sus hijos y que no encuentran en torno a su domicilio. Una familia valenciana reclamó estas compensaciones para educar a su hija en valenciano, pero la ayuda se les denegó porque la ley es muy clara y tan sólo va a favor del español.

Se desincentiva el uso

La Plataforma denuncia que las acciones discriminatorias de la administración y, sobre todo, la falta de aplicaciones de sanciones contra los que vulneran los derechos lingüísticos, acaba generando entre los ciudadanos reticencias al uso del catalán. Muchos ciudadanos, para evitarse problemas, renuncian a usar el catalán en su relación con policías, guardias civiles, jueces y otros representantes de la administración. Los autores del informe argumentan que sin una eficaz protección legal, el catalán no podrá consolidarse.