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Movimiento 24.2, una plataforma de juristas encabezada por el letrado Nicolás González Cuellas, ha anunciado este martes que ultima una querella contra el juez belga que analiza la demanda civil de Carles Puigdemont contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. La entidad acusaría de prevaricación y usurpación de funciones públicas al instructor del caso si no lo inadmitiera de plano.

Llegado a este caso, promovería su propia querella. Y lo haría ante los tribunales españoles, cuestión que generaría otro giro en el caso. Si se llegara al extremo de que ambas cuestiones son admitidas a trámite, se daría la circunstancia de que la justicia belga analizaría según su reglamento jurídico si Llarena se saltó la imparcialidad que se le requiere al hacer unas declaraciones sobre el caso del referéndum. Pero sería otro tribunal, uno español y con el ordenamiento de nuestro país, el que fiscalizaría su actuación.

Demanda “fraudulenta”

Para los integrantes de Movimiento 24.2, la reclamación que se hace ante el tribunal belga es “fraudulenta”. Asegura que la querella que ha promovido Puigdemont y los miembros de su Ejecutivo que llevaron adelante la tramitación de la ley del referéndum y de transitoriedad, que concluyeron con el 1-O y la declaración simbólica de la republica catalana, supone un “ataque injustificado a la integridad y dignidad de la jurisdicción española".

Además, tilda de “golpistas” a sus promotores.

Elecciones al ICAM

Detrás de la plataforma está el abogado penalista y catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha González Cuellar. El mismo grupo que se presentó en las últimas elecciones del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

Le apoyan, entre otros, el exmagistrado del Tribunal Supremo Adolfo Prego y el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo.

Acciones por lo Civil

El anuncio de la querella va en la línea a la petición que realizó el lunes el actual presidente del PP, Pablo Casado. Reclamó a la Fiscalía que estudie si cabe instar una causa contra el juzgado belga por "inmiscuirse en la integridad y en la inmunidad de la jurisdicción española".

Movimiento 24.2 también deja claro que se reserva el derecho de instar otras acciones civiles ante los tribunales españoles. En este caso, contra los “daños que se ocasionen en el Interés colectivo de la ciudadanía en general y los profesionales en Derecho en particular en el mantenimiento de la independencia de nuestro sistema de justicia”.