Una Cataluña independiente como la República Turca del Norte de Chipre; o como Taiwan o como Kosovo. Un informe incautado a las autoridades de la Generalitat plantea todos estos ejemplos como hipótesis transitorias pero válidas de la relación que la república catalana podría tener con Europa.

El informe está en poder ahora del titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y sus propuestas y previsiones eran para el periodo inmediatamente posterior a la proclamación de la independencia.

Bajo el título de Independencia y Asociación Económica de Cataluña y Europa: escenarios y posibilidades el texto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, analiza desde el posicionamiento de Cataluña dentro de la Unión Europea -obviando su pertenencia al Estado al realizar las cuentas-, hasta lo que iba a ocurrir con los mercados, con los empresarios y el resto de los países europeos una vez que el Gobierno catalán hubiera realizado la proclamación.

Naturalmente, el documento está elaborado bastante antes de que esto ocurriese y entre las conclusiones se encuentra la seguridad de que, una vez materializada la secesión, las circunstancias iban a empujar inevitablemente a que España tuviera que negociar. Circunstancias como los intereses económicos de las multinacionales, el posicionamiento supuestamente cada vez más independentista de los empresarios o el pragmatismo de la Unión Europea.

Para situar la cuestión, el informe sostiene que "una Cataluña independiente se situaría como la potencia económica número 14 dentro de la Unión Europea". Con un PIB que la sitúa detrás de Dinamarca pero delante de Finlandia, Irlanda, Grecia y hasta 18 países más; con una renta per cápita "por delante de las de Italia y España"; con las cifras del paro sobre la media europea pero por debajo de las estimaciones españolas y con un crecimiento continuado de las importaciones.

Un informe incautado al Govern planteaba esta posibilidad como ejemplo de la relación de la república con Europa

"A pesar del ruido que hace Madrid, decenas de empresas privadas e internacionales tienen interés en invertir" en un lugar que Ernst and Young considera "la cuarta región europea más dinámica por detrás de las áreas de Londres, París y Darmstad en Alemania", sostiene . Y, según añade, el nuevo marco jurídico de una Cataluña independiente que suprimiría trámites para la creación de empresas y tendría un marco fiscal favorable, por ejemplo, contribuiría a disminuir el paro y aumentar los servicios sociales.

"A medio y largo plazo, la economía catalana se beneficiaría", sostiene este documento, que pasa a detallar tres escenarios tras la proclamación de la independencia: el caso de una Cataluña no reconocida como Estado ni por España ni por los miembros de la Unión Europea; el caso de una Cataluña reconocida por todo el mundo; y el escenario en el que Cataluña no es reconocida como Estado por España pero sí por algunos países europeos.

La primera hipótesis es la que más dedicación recibe. Considera que se trata de una situación "insólita y surrealista", "nada común en los países del primer mundo". Tan poco frecuente que sostiene que una vez que las urnas se pronuncien "es difícil que el Estado español continúe ignorando el clamor popular apoyándose sólo en la Constitución española y en los jueces".

Tan surrealista como que el no reconocimiento de una Cataluña independiente por parte de España y del resto de los Estados haría que "en una primera etapa temporal, dado que Cataluña continuaría siendo de iure parte del Estado español, conservaría el euro como moneda oficial, continuaría con su representación en el Parlamento Europeo y resto de instituciones, y seguiría teniendo acceso a la financiación del Banco Central europeo". En definitiva, el no reconocimiento implicaría contar con las ventajas de pertenecer al Estado español mientras se afianzaban las "estructuras de Estado propias" que antes o después obligarían a España y a Europa a negociar.

El texto sostiene que mientras el proceso llega a su fin, "una vez el Estado catalán tenga la capacidad de recabar los impuestos y capacidad de regulación dentro del territorio se podrá dar una situación similar a la de la República Turca del Norte de Chipre sobre la cual la UE reconoce que es una región fuera del control del Gobierno de Chipre (en nuestro caso el gobierno español) pero cuyos ciudadanos son considerados (en nuestro caso, los catalanes) ciudadanos de la Unión Europea".

En el informe incautado a los miembros del Gobierno catalán se realizan también similitudes con Taiwan, que ha logrado establecer acuerdos económicos con Europa pese a la presión China. Y con Kosovo que, aunque declaró su independencia de forma unilateral de Serbia -y cinco estados europeos se negaron a reconocerla-, "su ciudadanía participa de programas europeos de ayuda para su futura integración".

Preveía que el sector empresarial iba a presionar al Estado para establecer las condiciones de la independencia

Son detalladas 11 razones por las que España y la UE se iban a ver obligadas a negociar una vez declarada la independencia. Entre otras, porque los 7,5 millones de habitantes de Cataluña tienen la ciudadanía europea y "no hay ningún artículo del tratado que prevea su supresión". Porque Cataluña ya va por delante en el cumplimiento de los reglamentos europeos en todo tipo de aspectos. Porque es uno de los motores de Europa. Porque tiene un enclave geográfico estratégico, el más importante de la Europa mediterránea y también "para los flujos comerciales con Asia, África y Sudamérica".

Porque el sector empresarial catalán, a pesar de no haber estado a la cabeza del proceso soberanista, ha experimentado un cambio de mentalidad tras las reivindicaciones realizadas para un mejor trato fiscal por parte del Estado. Según sostiene, el 68% de los empresarios encuestados "se manifestaba a favor de un estado propio para Cataluña".

Otros motivos que iban a provocar una negociación inevitable eran la conciencia de España de que iba a sufrir una fuerte pérdida de poder económico sin Cataluña y la comprobación del pragmatismo demostrado por los europeos (véase el Brexit) en otros casos. Aunque el texto, por si no fueran suficientes todos estos incentivos, proponía establecer relaciones con entidades como la EFTA para ir realizando presión.

La Generalitat reconocía dos grandes inconvenientes: que las entidades de crédito iban a dejar de tener acceso a la financiación del Banco Central Europeo y que los activos financieros emitidos en Cataluña no podrían servir como garantía bancaria de las operaciones de crédito. La solución: crear una entidad bancaria catalana que diera estabilidad al sistema financiero durante la transición y seguir con el euro para no aumentar la "inestabilidad", como ha hecho Kosovo voluntariamente.