De acuerdo con las últimas encuestas, la ventaja de AMLO para ganar la Presidencia de la República se ve ya como definitiva. Eso también se notó, una vez más, en el último debate entre los presidenciables el martes pasado. Andrés Manuel se entronó en su cómoda ventaja y repitió, por enésima vez, que la solución de (casi) todos los problemas es acabar con la corrupción. A ello agregó como eje de su política económica y hacendaria la reducción del gasto corriente, especialmente a través de la reducción de los sueldos millonarios de altos funcionarios públicos. Volvió a afirmar que deberán obtenerse unos 500 mil millones de pesos que actualmente se “van al caño de la corrupción” y otros 200 mil millones de reducciones al gasto corriente. Con esos recursos, dice, alcanzará para financiar sus promesas de campaña, como la seguridad social, los ingresos para los jóvenes, la inversión pública en infraestructura, el desarrollo del sureste mexicano y un largo etcétera.

Basar toda la estrategia de finanzas públicas en la erradicación de la corrupción y en la promesa de NO elevar impuestos ni contratar deuda pública, e incluso mantener fijo el precio real de las gasolinas (lo cual en la práctica obligará a reducir los impuestos por su consumo –el IEPS–), resultará en una estrategia fallida. Se trata de dos promesas de campaña huecas, sin posibilidades de cumplir. Vamos por la primera.

López Obrador tiene razón al afirmar que erradicar la corrupción es absolutamente fundamental. Coincido con él. Es una condición necesaria para seguir adelante en el desarrollo armónico del país, tanto en lo económico y especialmente en lo político y social. Él propone “barrer la basura de arriba para abajo”, y que si él es honesto, todos los demás funcionarios también lo serán. Es lamentable que no se refiera al fortalecimiento e implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en sus propuestas, más que marginalmente, y que sólo ponga su énfasis en la Secretaría de la Función Pública, cuando esta es sólo una de las siete entidades (incluyendo al Comité de Participación Ciudadana) que conforman su Comité Coordinador. También preocupa que su partido haya avalado el nombramiento de David Colmenares Páramo como nuevo auditor superior de la Federación, que también ocupa un sitio en el SNA, quien ha iniciado con el pie izquierdo al despedir sin evidente causa justificada a Muna Dora Buchahin, responsable de la investigación sobre “La Estafa Maestra”. López Obrador tampoco va por una Fiscalía Anticorrupción autónoma, como lo ha señalado varias veces. Es decir, su promesa para erradicar la corrupción será, a lo sumo, parcialmente cumplida.

Ahora la segunda propuesta: independientemente de que la lucha contra la corrupción será ineficaz, aunque probablemente muy vistosa políticamente si ruedan varias cabezas, los números no dan. No se podrán lograr los 500 mil millones de pesos de ahorros que ha señalado López Obrador ni porque la lucha será poco efectiva ni porque todos los actos de corrupción implican necesariamente “ahorros” para las finanzas públicas. Por ejemplo, cuando un funcionario utiliza sus atribuciones para otorgar un permiso de construcción y recibe un soborno por ello, no significa un ahorro para el erario. O bien, cuando se utiliza información privilegiada para que una persona o grupo tenga ganancias excesivas, como los lugares por donde pasará una carretera o las condiciones de un contrato antes de que se publique, a cambio de una lana. O bien, los pagos a jueces o agentes del Ministerio Público para no llegar a la cárcel a pesar de haber cometido un delito del fuero común. Es decir, no todo son “moches” o “estafas maestra”, o sobreprecios en la obra pública que constituyen un costo para el erario público y que por tanto eliminarlos generaría un “ahorro”. Hay muchas otras formas de corrupción que están contabilizadas en las estimaciones del Banco Mundial, de la OCDE o del IMCO, y que su eliminación no constituirá un ahorro. Es decir, la lucha anticorrupción no generará recursos que siquiera se acerquen a los 500 mil millones de pesos.

Pero además, por el lado del gasto público hay varios rubros que aumentan sin que el gobierno pueda hacer nada al respecto, por lo que los “ahorros” alcanzarán para todavía menos. Anoto dos solamente: el pago del servicio de la deuda, que seguirá aumentando por la depreciación del tipo de cambio y el aumento de las tasas de interés, y los gastos ineludibles para pagar las pensiones. Sólo de este último rubro el gasto aumentará alrededor de 100 mil millones de pesos cada año, lo que se comerá parte de los “ahorros” generados por la lucha contra la corrupción. Es decir, los “ahorros” que menciona AMLO de 500 mil millones anuales se habrán evaporado, en el mejor de los casos, en el quinto año. Por tanto, las promesas de Andrés Manuel López Obrador de erradicar la corrupción y con esos recursos financiar su Proyecto de Nación, resultan simple y llanamente irrealizables. Y es una desgracia que sea así, pues seguramente será el próximo presidente de México.