Del 17 al 19 de Noviembre se llevará a cabo la reunión regional de la Alianza por un Gobierno Abierto, que reúne a cientos de especialistas, autoridades y organizaciones de 17 países de América. La reunión es co-auspiciada por Costa Rica, país sede, y México, que asumió la presidencia de la Alianza el pasado 24 de Septiembre, en la asamblea general de la ONU. La Alianza es un compromiso multilateral con la apertura en el gobierno, que poco a poco va dando importancia a combatir eficazmente la corrupción (en la misma asamblea de la ONU, por ejemplo, el presidente Obama puso énfasis en este tema por sobre los demás). Hasta hace poco, México ha asumido un entusiasta papel de liderazgo en la iniciativa, pero ese entusiasmo será puesto a prueba en serio a la luz de las revelaciones sobre la casa de la primera dama.

Las revelaciones, hasta ahora, no son controversiales: la primera dama tiene una casa valuada en 7 millones de dólares propiedad de una constructora filial de una de las principales beneficiarias de obras de infraestructura en el Estado de México. Presidencia misma confirmó estos hechos, en una nota informativa inusualmente precisa. La noticia, que no ha generado en México el revuelo que ya está generando en el mundo, es una bomba. Permítame explicarle por qué. Y por qué es necesario—indispensable—que las autoridades responsables abran una investigación con urgencia.

En primer lugar, como bien señalan el director de Fundar y otros expertos, hay un claro conflicto de interés, normado en el artículo 47, fracciones trece a quince, de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos. Hay conflicto de interés cuando un funcionario público se pone a sí mismo en una situación en que confunde el interés público con el interés personal —cuando, por ejemplo, una constructora a la que debe regular le da un crédito inaccesible en el mercado a su esposa. Era obligación del presidente haber pedido a su esposa que rechazara la casa, y cualquier vínculo con la constructora regulada. Eso es lo que dice la ley. La autoridad responsable de investigar y sancionar a los funcionarios públicos por incumplir con sus obligaciones, incluido el Presidente, es la Secretaría de la Función Pública. Y es imperativo que se pronuncie, en breve –de no hacerlo sus funcionarios incurren también en responsabilidad.

Pero además, y sobre esto no hemos abundado lo suficiente, la investigación y la confirmación de presidencia son indicativas de un delito. El delito es cohecho, y está claramente tipificado en el Código Penal Federal (Capítulo X, artículo 222). No importa cuánto valga la casa, ni importa de quién sea, puntos a los que se refirió el vocero de la Presidencia.Si la casa se otorgó o prometió a cambio de hacer o dejar de hacer algo relacionado con las funciones del Presidentecuando era gobernador, se cumplen las condiciones del delito. El código penal es muy claro. Y si era importante que Función Pública se pronunciara sobre un conflicto de interés, lo es mucho más a sabiendas de que hay evidencia concreta de que puede haberse verificado el delito.

La diferencia no es menor. El delito supone que los problemas que buscaba prever la norma relativa al conflicto de interés se han concretado. El conflicto ya se verificó. Pero además, si el presidente gestionó la casa habría incurrido en un delito, y si sus funciones de control y regulación se vieron afectadas, también. Corresponderá a un juez determinar si el delito existe, y después habrá que ver si se le pueden fincar responsabilidades al Presidente, que tiene fuero. Pero el primer paso es iniciar una investigación desde la Función Pública y una averiguación en la Procuraduría (a solicitud de la primera).

Y la investigación es urgente por su importancia para el interés público. ¿Cómo y por qué se acercó la primera dama a esta contratista? ¿Quién gestionó el crédito? ¿Quién lo otorgó? ¿En qué condiciones, explícitas e implícitas? ¿Hay condiciones similares en el mercado? Y el escándalo puede ser mayor si esta forma de operar de la constructora es común. ¿Desde cuando la contratista está en el negocio de construir casas a crédito? ¿Cuántas casas más ha construido con ese esquema? ¿A quién pertenecen o se han prometido esas casas? ¿Con qué tasa de interés? ¿La tasa es equiparable a las tasas del mercado? ¿Hay algún beneficio en el esquema utilizado que no está disponible en el mercado? De haber indicios de que hay más casas y más funcionarios beneficiados, podríamos estar ante un escándalo sin precedentes en el país—no porque nunca se hayan dado conductas de este tipo, sino porque nunca se han investigado.

Ahora, escándalo ya es. Y apenas comienza.La razón por la que esto está corriendo como reguero de pólvora en el mundo es porque en general las democracias donde se rinden cuentas sí tienen claro el conflicto, y el delito. Sería inconcebible que la oficina de la presidencia de Estados Unidos, Francia, o Costa Rica —que coauspicia la reunión con México la semana entrante— saliera a decir que se casaron por bienes separados y es de ella la casa. ¡Ambas condiciones son irrelevantes! Lo que importa es que una constructora al servicio del Estado la otorgó o prometió a una persona cercana a un funcionario público. Por menos han caído gobernadores y presidentes en más de media docena de países de América y el mundo.

Y por más que quieran ser omisos nuestros funcionarios, ya deben saber que en los foros globales en los que quieren brillar sí hay expertos en corrupción (muchos de ellos mexicanos), para los cuales las justificaciones hasta ahora presentadas son transparentes en la simulación (no van al fondo del asunto) y en lo que buscan negar (se confirma el conflicto y no se descarta el delito). Va a ser gracioso ver a los funcionarios públicos defenderse ante representantes de países donde estos delitos son serios y se persiguen en serio. “No, no hay delito que investigar, se trataba de la casa de la esposa”. Los verán con incredulidad. Será evidente la desvergüenza.

A raíz de Ayotzinapa, llevamos cincuenta días discutiendo la importancia de hacer respetar las leyes y el estado de derecho ¿por qué somos tan buenos para hacer leyes y tan malos para procurar que se cumplan? No lo sé, pero en esta crisis hay una oportunidad. Empecemos por exigir con certeza y en masa que la ley se cumpla. De eso siguen cambios usualmente buenos. El primer paso es investigar. Y hay cómo. Además de que nuestra ley es buena, el encargado del despacho es un experto: Julián Olivas fue funcionario de primer nivel en la consolidación de la Auditoría Superior de la Federación, entre 2000 y 2009, que destacó por su claridad y persistencia en el combate a la corrupción. No tengo la menor duda de que entiende la gravedad del asunto. Y que cuenta con los recursos (que no la libertad) para investigar a fondo. Tal vez requiera presión desde la sociedad y medios para actuar. ¡Ayudémosle! Estará representando al Estado en Costa Rica hoy y mañana. Exijámosle que abra una investigación… para empezar.

* Jorge Romero León (@filosofaux) es especialista en políticas públicas y rendición de cuentas. Candidato a doctor en la New School for Social Research, investigador y consultor. En otra vida fue activista.