CIUDAD DE MÉXICO — Un equipo de investigadores internacionales que llegó a México para indagar una de las peores atrocidades de derechos humanos en el país fue blanco de una tecnología sofisticada de espionaje que fue vendida al gobierno mexicano para vigilar a criminales y terroristas.

El espionaje forma parte de lo que los investigadores califican como una campaña de acoso e interferencia que, acusan, obstaculizó sus indagatorias sobre el caso de 43 estudiantes que desaparecieron tras enfrentamientos con la policía en septiembre de 2014 y cuyos cuerpos fueron presuntamente incinerados. Los investigadores, que fueron nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dicen que se toparon con muchos obstáculos en su trato con el gobierno mexicano, como el rechazo a compartir documentos o permitir la realización de entrevistas clave e, incluso, con una indagatoria penal en represalia a su trabajo.

Ahora hay evidencia forense que demuestra que los integrantes del grupo también fueron blanco de tecnología de espionaje.

De acuerdo con un análisis independiente, el principal enlace del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recibió mensajes de texto con un hipervínculo que escondía un programa espía llamado Pegasus, un arma cibernética que el gobierno mexicano compró por decenas de millones de dólares. Ese teléfono celular del secretario ejecutivo del grupo fue usado por casi todos los integrantes del GIEI al fungir como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México.