Trabajadores de una residencia de mayores de Jaén se someten a test rápidos para detectar el coronavirus, el lunes. / Europa Press

El Ministerio de Sanidad ha adjudicado un contrato de 4,2 millones a una firma sin trabajadores que registró unas pérdidas de 318 euros el último año que declaró sus cuentas (2018), según el Registro Mercantil. La Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), un organismo que depende del ministerio, otorgó el pasado viernes a la empresa malagueña Value&Bro S. L. un contrato por este importe para el suministro de reactivos y 700.000 hisopos, los bastoncillos para tomar las muestras de las pruebas de la covid-19. La empresa se dedica al asesoramiento legal, laboral y tributario.

La adjudicación se formalizó por el procedimiento negociado sin publicidad, en la línea de los contratos suscritos por el Gobierno con proveedores sanitarios tras la declaración del estado de alarma por la pandemia, el 14 de marzo.

Con un capital social de 4.000 euros, Value&Bro S. L. es una microempresa. En 2018, comunicó al Registro Mercantil un activo de 3.519 euros y unas ventas de 4.300 euros. Los orígenes de esta empresa se remontan a 2013, cuando la firma se denominaba Administración concursal Marsan SLP y su objeto social era la gestión de concursos de acreedores.

Javier Alcántara, agente de Value&Bro S. L., defiende la legalidad de la adjudicación. Rechaza que la empresa actúe como un intermediario y sostiene que el contrato para suministrar 700.000 bastoncillos cuenta con el visto bueno del Instituto de Salud Carlos III. Según Alcántara, Value&Bro S. L. “tiene una fábrica en China”. Cuando se le pregunta por el nombre de la factoría, su capacidad de producción o ubicación, responde tajante: “No le puedo dar detalles”.

La propietaria de la empresa, la abogada Eva Paola Martínez, admite sin embargo que Value&Bro S. L. “no tiene fábrica en China”. “Tenemos acuerdos [con factorías de material sanitario] en el país, subcontratamos”, responde sin detallar sus proveedores en el país asiático. Apela a acuerdos de confidencialidad. Y añade que tiene suscrito un convenio con un “laboratorio biotecnológico de China”. Tampoco identifica su nombre.

Pese a carecer de plantilla, la firma malagueña cuenta con una red de agentes, empleados autónomos que perciben una comisión del 20% por los contratos adjudicados, según Martínez. “La Guardia Civil ya me ha investigado en los últimos días”, indica la abogada, que alude a unas pesquisas del instituto armado para acreditar la solvencia de su firma como proveedor del Ministerio de Sanidad.

La propietaria de Value&Bro S. L. destaca que entre sus clientes figuran organismos públicos como el Servicio Andaluz de Salud (SAS), las diputaciones de Cádiz y Málaga y dos Ayuntamientos andaluces. Según la empresaria, estas entidades han adjudicado contratos a su firma por 10 millones de euros.

El Ministerio de Sanidad elude responder sobre el contrato de Value&Bro S. L. Y subraya que todos los importadores de material sanitario deben pedir una licencia a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). “La legislación española establece que, de manera excepcional, la AEMPS podrá autorizar, por motivos justificados, importaciones de productos en empresas que no posean una licencia sanitaria de importación previamente”, indican en un correo desde el departamento que dirige Salvador Illa.

Desde que el Ejecutivo decretó el estado de alarma, el pasado 14 de marzo, la adquisición de material sanitario a China ha protagonizado distintas polémicas. El Gobierno adquirió en marzo 640.000 test rápidos para detectar el virus que no funcionaban bien. Se trataba de pruebas con una sensibilidad del 30% cuando debían superar el 80% para considerarse efectivas.

Sanidad también tuvo que retirar la semana pasada una partida de mascarillas defectuosas compradas por adelantado que han dejado a más de un millar de sanitarios en aislamiento. Los protectores, desechables del tipo FFP2, fueron suministrados por el fabricante GarryGalaxy y se adquirieron al intermediario chino Hangzhou Ruining Trading. La compra formó parte de un lote de casi nueve millones de mascarillas de tres productores distintos. El Ejecutivo desembolsó por esta partida 31,3 millones de euros.

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