Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

El Palacio de Tribunales

Las crisis de gobernabilidad que se observan en gran parte del mundo han puesto en primer plano la reflexión sobre la distancia que existe entre las instituciones y los ciudadanos.

En los últimos 200 años hubo grandes avances legales en el reconocimiento de los derechos humanos y ambientales acompañados por una fenomenal transformación tecnológica, que provocan un gran impacto. Ya no se puede ocultar que hay personas que tienen una vida de grandes placeres mientras otras padecen su ausencia. Los excluidos, las clases medias, los niños, los adultos, los discriminados, quieren igualdad, conocen lo que otros poseen y usan los derechos o las calles para reclamar.

En los últimos 200 años no hubo cambios en el diseño de las instituciones que carecen de la celeridad para resolver problemas urgentes y de un ámbito para resolver los importantes.

Este fenómeno hace que, aun cuando se resuelva la cuestión política o ideológica, en el sentido de que exista una definición sobre la igualdad y el desarrollo, aparecen problemas de instrumentación muy difíciles:

-Necesidades urgentes frente a instituciones lentas

-Reclamos simples que implican políticas públicas complejas

-Sociedades plurales y diversas que colisionan con organizaciones estatales pensadas para un comportamiento humano homogéneo,

La organización de una economía o de la sociedad es un sistema, y si es rígido, acumula tensiones que luego explotan, que es lo que ocurre cuando hay demasiado calor y llegan las tormentas fuertes. Es necesario incorporar flexibilidad con la finalidad de que las demandas sociales, económicas y ambientales se expresen mejorando la adaptabilidad.

Hay muchos aspectos revisables en la teoría de las instituciones, pero debemos limitarnos a algunos ejemplos.

Políticas de Estado

La estructura de incentivos de los sistemas electorales hace que se propongan beneficios actuales, porque nadie puede ganar prometiendo costos. La tecnología actual acelera este proceso y es cada vez más difícil sustraerse a las demandas del día o de la hora en que suceden los acontecimientos. Por eso surgen las declaraciones, las fotos, las escenografías, más que las transformaciones profundas.

La solución de los grandes problemas requiere asumir costos actuales para beneficios futuros y ello sólo es posible si la lógica electoral no es el único incentivo. Si ello no sucede, se cae en el autoritarismo.

Por eso es imprescindible diseñar ámbitos institucionales donde no sean tan relevantes los incentivos de ganar una elección.

Uno de esos mecanismos es la creación por ley de áreas de la administración donde participen sectores del oficialismo y de la oposición, con representación parlamentaria, con estabilidad y con facultades decisorias y autonomía presupuestaria. Ello es posible en temas como la seguridad ciudadana o el régimen previsional, o el desarrollo sustentable en áreas específicas.

La Corte Suprema en la sentencia sobre el Riachuelo ordenó la creación de una agencia, Acumar, que finalmente fue sancionada por ley del Congreso, que estaba orientada en este sentido, aunque le faltaron aspectos, señalados por la Corte, que eran decisivos para su eficacia.

Desarrollo económico

El desarrollo económico es inescindible del diseño institucional. El problema que es que existen sectores que requieren mucha innovación o inversiones voluminosas, pero que tienen dificultades en sistemas que son antiguos o inestables. Por eso comienzan las discusiones sobre el cambio de toda la legislación tributaria, contractual, o administrativa.

En muchos países se han creado sistemas especiales para regiones o áreas económicas determinadas. Hay ciudades que han sido diseñadas para la tecnología de avanzada con leyes, arquitectura, tributos, diferentes del marco general. En otros países con fuerte presencia estatal se han creado áreas paraestatales específicas. En países tan diferentes como Estados Unidos, China, Israel o Vietnam se pueden ver estos temas.

La idea es resolver el problema manteniendo el sistema general vigente, que suele ser rígido y centralizado, pero creando áreas descentralizadas y flexibles que convivan como islas frente a un continente. Esto permite la experimentación institucional con riesgos y costos limitados.

El federalismo de concertación es un adecuado mecanismo para lograrlo.

Instituciones como servicio

El Poder Judicial es un poder del Estado, pero también un servicio que se ofrece a la comunidad para lograr la paz social.

La legislación se ha enfocado en la creación de juzgados y en el procedimiento, pero debería orientarse más hacia los ciudadanos; es decir, más en la demanda que en la oferta del servicio.

Por ejemplo, las personas reciben los servicios en su barrio o en su casa, pero para dirimir conflictos, deben ir al centro de la ciudad. Por eso es necesario pensar en juzgados móviles, instalados donde hay conflictividad, en el barrio, en las regiones aisladas, y usar la tecnología para los servicios.

Tampoco es posible aplicar el mismo procedimiento ideado hace 200 años a todos los conflictos. Así como hay productos y servicios cada vez más ajustados a las necesidades del consumidor, puede ocurrir algo similar con los procesos. Pueden ser muy simples para pequeñas cuestiones de consumidores o jubilaciones, lo que eliminaría una gran cantidad de expedientes innecesarios. Hay procesos colectivos para conflictos masivos, procesos digitalmente llevados para solucionar temas donde no hay necesidad de pruebas complejas. Hay muchos litigios donde es el propio Estado el que los genera, como los reclamos por jubilaciones, ejecuciones fiscales, o prestaciones de salud y se pueden evitar, con medios alternativos.

En el fondo de todos estos temas está la idea de reformar las instituciones y no las Constituciones, y esas modificaciones son parciales, al modo de “islas institucionales”, con la idea de descentralizar, diversificar y flexibilizar. Al participar el ciudadano de manera activa, se identifican y canalizan las demandas antes que se acumulen y exploten.

En fin, hay muchas experiencias en el mundo actual, mucha bibliografía y, sobre todo, una urgente necesidad de repensar las instituciones para ajustarlas al siglo XXI.



