Carlos Slepoy y Jacinto Lara

Abogados de las víctimas del franquismo en la querella argentina

La Fiscalía General del Estado ha tomado la infausta decisión de instruir a los fiscales para intentar impedir la colaboración de los jueces españoles con la Justicia argentina en relación con la causa penal que ésta tramita por los crímenes del franquismo. Adopta esta decisión en un momento en que están declarando víctimas en distintos lugares del Estado ante juzgados españoles y estaba previsto que lo hicieran próximamente los victimarios cuya extradición fue denegada en su día por el Gobierno español.

Ha obtenido su primer "éxito": en el día de ayer la jueza de Oviedo que iba a tomar declaración a Gerardo Iglesias por las torturas padecidas a manos, entre otros, del miembro de la Brigada Político Social, Pascual Honrado de la Fuente, ha resuelto suspender la declaración ante la presentación de un escrito del Fiscal solicitando el rechazo de la misma. En las próximas semanas, el mismo Pascual Honrado debería declarar, en presencia de la jueza argentina (María Servini de Cubría), ante otro juzgado de instrucción también de Oviedo. No es difícil colegir cuál será previsiblemente la actitud del fiscal en este caso: protección para los criminales y desamparo para las víctimas. Llamativamente hasta la fecha, y en relación con decenas de declaraciones que jueces españoles habían tomado a las víctimas, la Fiscalía no se había pronunciado. Ahora sí, en este preciso momento en el que está prevista la toma de declaración a los imputados en la causa penal referida.

"Los fundamentos" de la Fiscalía para adoptar su decisión son los consabidos de que en España se promulgó una ley de amnistía con el consenso ampliamente mayoritario de las fuerzas políticas, y que en todo caso, los crímenes están prescritos, lo que estaría siendo ignorado en la actuación de la Justicia argentina. Más gravemente aún, se permite advertir a los jueces españoles que podrían cometer un delito de prevaricación si procedieran a atender las solicitudes de la Justicia argentina, recordándoles que el Juez Garzón fue procesado por pretender investigar los crímenes del franquismo.

La Fiscalía actúa de mala fe ignorando deliberadamente que nos encontramos ante crímenes cometidos masiva y sistemáticamente durante 40 años por un régimen que se instauró a sangre y fuego derrocando a un gobierno democrático, causando cientos de miles de víctimas y, ya en sus últimos estertores, continuó fusilando, torturando y vulnerando los más elementales derechos humanos.

La instrucción del Fiscal se opone frontalmente a normas y tratados internacionales de obligado cumplimiento y a múltiples y recientes resoluciones de los distintos órganos que componen el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que han exigido al Gobierno español que colabore con la Justicia argentina y ponga fin a la impunidad del franquismo.

Conviene finalmente detenerse en el argumento de que la Justicia argentina debería inhibirse de actuar, según afirma Fiscalía, al haber resuelto España su pasado dictatorial, de acuerdo con sus leyes y la voluntad de la mayoría de sus legisladores. Suena a deja vú: el mismo planteamiento usado por los promotores y beneficiarios de la impunidad en Argentina. Pero es además una inmensa falacia que desmiente la propia actuación de la judicatura española entre los años 1996 a 2014, cuando el Partido Popular decidió erradicar prácticamente de la legislación el principio de justicia universal.

Es oportuno recordar que en aplicación de este principio, exactamente el mismo que está aplicando la Justicia argentina, la Justicia española, entre otras muchísimas iniciativas, solicitó y obtuvo la detención de Pinochet, juzgó y condenó al marino argentino Adolfo Scilingo a una pena de 1.084 años de prisión -que cumple en una cárcel española-, e instruyó decenas de procedimientos en relación con crímenes contra la humanidad cometidos en distintos países en que no podían ser investigados, precisamente porque en los mismos existían leyes y/o prácticas de impunidad.

Sin este camino abierto hubiera sido mucho más difícil lograr el fin de la impunidad en Argentina, Chile y otros países de América.

Como la Fiscal General conoce, o debería conocer, los días 4 y 5 de noviembre de 1998, la Audiencia Nacional de España resolvió, por unanimidad de sus once integrantes, declarar a la jurisdicción española competente para investigar los crímenes cometidos por las dictaduras de Argentina y Chile, señalando que en absoluto le vinculaban las decisiones de impunidad tomadas en dichos países, en cuanto éstas contrariaban el derecho internacional de los derechos humanos.

En aquellas épocas la judicatura española contaba con el reconocimiento general, hoy su descrédito es mayúsculo porque del mismo modo que perseguía delincuentes que cometieron crímenes contra la humanidad, ahora los protege. Es cierto que aquéllos eran de otros países y éstos españoles que cometieron crímenes contra españoles en España. Alguien en su inocencia puede no entender esta lógica, pero es la lógica de protección de los crímenes del franquismo que involucra al actual Gobierno en funciones, a sectores relevantes de la judicatura y, como vemos, a la Fiscalía General del Estado.

Sus "victorias" serán pírricas, nada puede detener la sed de justicia de un pueblo decidido a conseguirla. Felizmente hay muchos dispuestos a afrontar esa lucha. La querella argentina seguirá avanzado, con o sin el apoyo de las autoridades españolas, precisamente porque se sustenta en esos necesarios e imprescindibles seres humanos