Aprobada luego de meses en la Comisión de Constitución, al proyecto de despenalización del aborto en tres causales aún le falta superar varios intentos por limitarlo, una posible votación separada por causal en la sala del Senado, y, finalmente, el Tribunal Constitucional.

Ad portas de cumplir un año de tramitación, el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales aún no supera su segundo trámite constitucional. El día de ayer la Comisión de Constitución del Senado decidió, por 3 votos a 2 aprobar la idea de legislar y votar en sala. Quienes se manifestaron a favor fueron Alfonso de Urresti (PS), Felipe Harboe (PPD) y Jorge Pizarro (DC), quien actuó en reemplazo de Pedro Araya.

Los senadores Hernán Larraín (UDI) y Alberto Espina (RN) ya anunciaron que acudirán ante el Tribunal Constitucional. En la Nueva Mayoría, en tanto, se espera que a la hora de la votación en sala sus senadores queden en «libertad de acción», lo que para algunos parlamentarios no ha significado necesariamente negarse a aprobar el texto, sino intentar modificarlo para limitar su alcance.

Según un estudio del Observatorio de Género y Equidad realizado en 2015, tomando como base el texto original del proyecto de ley, la iniciativa de despenalizar el aborto en 3 causales impactaría tan sólo el 3% de los abortos que se realizan anualmente en Chile. Sin embargo, como han alertado distintas organizaciones, las indicaciones introducidas por los diputados DC en octubre de ese mismo año limitaron severamente el alcance del proyecto de ley al disminuir el tope de semanas en el que las menores de edad víctimas de violación podrían acceder a la prestación médica del aborto: en el caso de las niñas de hasta 14 años, se redujo el plazo de 18 semanas a 14. Para las adolescentes de 14 a 18 años se redujo a sólo 12 semanas de gestación.

En la Comisión de Constitución del Senado, en tanto, buena parte de las argumentaciones de los académicos del derecho y abogados invitados a exponer -mayoritariamente varones- se centró en un punto que es considerado clave tanto por los detractores del proyecto como por sus promotores. Y es que, de acuerdo a la experiencia latinoamericana, la disposición de los profesionales de la salud a practicar abortos es determinante para que las leyes queden en letra muerta o no.

Objeción de conciencia «extendida»

El debate sobre la objeción de conciencia se vio como prioritario desde que el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, declarara en marzo de 2016 que pedirían el acceso a esta como institución. “Vamos a pedir la objeción de conciencia por escrito, o como haya que hacerlo, a todos los médicos”, declaró en esa oportunidad.

Sin embargo, internacionalmente se considera que el derecho a la objeción de conciencia es una cuestión individual y no puede ser solicitado institucionalmente, como sería el caso de la Red Salud UC Christus. Ante el consenso en rechazar una posible objeción «institucional», la estrategia ha ido por otro lado: buscar ampliarla a todo el equipo de salud.

Así lo señaló ayer en el Senado el académico de la Facultad de Derecho UC Álvaro Ferrer, antiguo opositor a la ley de divorcio. «El modo en que se regula la objeción de conciencia revela que no estamos ante una ley de despenalización sino que de legalización y legitimación», reclamó ante la Comisión de Constitución, agregando que el proyecto es inconstitucional en tanto «es discriminatorio. Yo no estoy en posición de sostener que el médico cirujano está en posición privilegiada respecto al equipo médico siendo que son titulares de los mismos derechos».

Para el matrón del Hospital de La Florida y académico de la Universidad Diego Portales Gonzalo Leiva, «que la objeción de conciencia se extienda a todo el equipo me parece una exageración. El facultativo que finalmente lleva a cabo el procedimiento, hace la consejería, entrega la licencia y recomendaciones es el cirujano, el obstetra», explica.

¿Qué consecuencias podría tener una objeción de conciencia «extendida»? Para las organizaciones que promueven la despenalización del aborto en 3 causales el objetivo es claro: evitar que las mujeres se atiendan por aborto y sigan practicándolo en forma clandestina e insegura. Esto, ya que al ampliar la posibilidad de negarse a practicar el procedimiento a otros profesionales de la salud como enfermeras, anestesistas y más, se pone en riesgo la atención oportuna, ya que podrían pasar días e incluso semanas para encontrar un equipo completo.

Así lo han constatado en Uruguay a dos años de implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Según datos de la organización Mujer y Salud, un 30% de los ginecólogos ha hecho uso de la objeción de conciencia. «Y eso no ha sido un problema para las mujeres de Montevideo, porque cuando un médico se niega van a otro centro de salud. Pero es distinto en los contextos rurales o de centros de salud más precario», explican.

De acuerdo a las consultas que han hecho sus colegios profesionales, matronas y cirujanos están mayoritariamente a favor. «Pero si se extiende a enfermeras y anestesistas estaremos en problemas por la escasez que existe de estos profesionales en la red pública», explica Gonzalo Leiva. «A mi me parece que es una patraña de los sectores conservadores y que la objeción de conciencia no debería extenderse al resto del equipo. Muchos de estos profesionales hacen pasantías en el extranjero, donde mayoritariamente se enfrentan a legislaciones que permiten el aborto. Ahí no los vemos hacer ningún reclamo, no tienen ningún problema», acusa.

Derecho a la salud: Una cuestión constitucional

Pese a los intentos del senador Hernán Larraín (UDI) por interrumpirla, el día de ayer la abogada y docente de la Universidad Adolfo Ibáñez, Verónica Undurraga, completó sus respuestas en la Comisión de Constitución del Senado. Todas las preguntas de los senadores de Chile Vamos mencionaron la objeción de conciencia y la posible inconstitucionalidad que significa el extenderla sólo a los médicos. Undurraga no estuvo de acuerdo.

«La objeción de conciencia no puede convertirse en la desobediencia de una ley aprobada democráticamente», señaló la académica, explicando que «también están involucrados intereses de salud pública, que por doctrina constitucional es necesario atender cuando hay conflicto de derechos. La forma en que se regula la libertad de conciencia busca conservar el equilibrio entre este derecho de libertad de conciencia del médico y los derechos de la mujer involucrada. ¿Cómo? Permitiendo que el médico pueda avisar con anterioridad que tiene problemas éticos». Así, aseguró Undurraga, los centros de salud pueden prevenir el caso de que se solicite un aborto en alguna de las 3 causales y disponer de un profesional.

Para Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, el día de ayer se utilizó mañosamente la comparación con las legislaciones sobre objeción de conciencia de otros países. Esto, porque en los casos citados se permite para todo el equipo médico «pero el aborto es legal en todos los casos. En cambio, la legislación que se propone en Chile sigue un modelo de indicaciones para establecer 3 situaciones límite, en contexto extremo. No se puede llegar y homologar la situación de objeción de conciencia en un país de aborto legal con un proyecto para sólo 3 causales extremas donde debe primar la vida de las mujeres», critica.

Para Maturana, los equipos de atención médica «no pueden imponer sus pensamientos, creencia y religión frente a una urgencia de salud de las mujeres en la que está en juego su integridad psíquica y física o la victimización luego de haber sufrido violencia sexual. Eso no se puede hacer sólo con frases generales y eso el TC lo tendrá que hacer contrastando los tratados internacionales y las interpretaciones que han hecho los organismos autorizados», explica.

La cantidad de profesionales de salud que podrían acogerse a esta excepcionalidad lleva a otro tema, según el matrón Gonzalo Leiva: lo obsoleto de los métodos que se ocupan en los hospitales para responder a un aborto. «En la medida en que se legisle a favor se puede avanzar en procedimientos que son más ambulatorios, una alternativa al legrado que es lo que se usa hoy en Chile, que se ha dejado de usar en casi todo el mundo. El estado tendrá que avanzar rápido en capacitar en métodos que ya existen y son más seguros y eficientes para prescindir del equipo médico que no sea totalmente necesario», explica. Al respecto, dos iniciativas pioneras en el Hospital San José y el Hospital de La Florida buscan establecer unidades de derechos sexuales y reproductivos, módulos donde a futuro podrían llevarse a cabo estas capacitaciones.

Mientras tanto, el proyecto de despenalización del aborto en 3 causales pasará a «la cola» de la sala de votación del senado, a la espera de que se defina una fecha para legislar al respecto o que el gobierno decida ponerle algún tipo de urgencia. La ampliación de la objeción de conciencia es sólo una de las variadas estrategias de la llamada «Bancada por la Vida» y sus asesores, como el abogado cercano a Soledad Alvear, Patricio Zapata.

El día de ayer en el Senado se mencionaron varias otras ideas que se buscan «canjear» a cambio de rechazar el proyecto. Una de ellas, de la académica PUC Magdalena Ossandón, es solamente eliminar la persecución penal al aborto, pero no legislar respecto a posibles atenciones de salud al respecto. Otra vía, observada con buenos ojos entre los senadores, es que cada causal se vote por separado. «No me cabe duda que a la hora de votar la votación se dará por separado para cada causal», señaló ayer el senador DC Jorge Pizarro antes de votar a favor de la idea de legislar.

Así, al proyecto aún le resta sortear estos obstáculos para llegar al final, ya anunciado por los senadores Hernán Larraín, Alberto Espina y Jorge Chahuán: el Tribunal Constitucional.