A principios de 2015 la canadiense BNK presentaba los proyectos para los primeros pozos de exploración de gas en el norte de Burgos, “una de las zonas de España con mayor potencial”. Unos meses antes la empresa había invitado a los preocupados ciudadanos de la zona y a periodistas —incluido este medio— a conocer sus pozos en Polonia, la avanzadilla en Europa del sistema con el que quería extraer gas del subsuelo español: la fractura hidráulica, el célebre fracking. Cuatro años después, ni Polonia ha replicado el milagro energético de Estados Unidos —gracias al fracking el país norteamericano ha vuelto a la cabeza de la producción—, ni en España queda ni rastro de aquellas empresas que iban a extraer el equivalente de 70 años de consumo de gas.

Nadie ha solicitado permisos para investigar hidrocarburos en España desde 2014, según datos del Ministerio de Transición Ecológica, con la excepción de dos permisos autonómicos en Asturias (el proyecto Llábana, de Hunosa y Volta Energy) y en Aragón (en Barbastro y Monzón). Según un portavoz de Hunosa, el primero está paralizado por sus altos costes. El segundo, de la empresa Helios Aragón Exploration, y todavía muy preliminar, no podrá emplear la técnica del fracking, prohibida en territorio aragonés.

En los últimos 10 años se han solicitado 103 permisos de investigación, tanto estatales como autonómicos. Más de la mitad (57) ya se han extinguido formalmente, la mayoría por desistimiento de las empresas. Según fuentes del sector, el grueso de los aún vigentes sigue así por retrasos administrativos. Hace solo unos días se publicó en el Boletín Oficial la extinción de los permisos que había pedido Repsol para buscar petróleo o gas frente a las costas de Fuengirola (proyecto Siroco). Cuatro años después de renunciar a ellos en 2015.

“Casi todas las empresas han desaparecido de España”, dice Ángel Cámara, portavoz del Consejo Superior de Ingenieros de Minas. BNK, la que tuvo proyectos más avanzados, despidió a la plantilla y cerró sus oficinas en Madrid en 2016. Era una de las interesadas en extraer hidrocarburos mediante fracking. Junto con otras compañías, crearon una asociación llamada Shale Gas España, que ejerció de lobby del sector. Ya no responde a los correos electrónicos ni al teléfono y parece estar completamente desmantelada. Tampoco está muy activa Aciep (Asociación Española de Compañías de Investigación, exploración y producción de hidrocarburos), otro de los actores que lideraron la investigación de recursos de gas y petróleo. EL PAÍS ha tratado de hablar durante más de un mes con su presidenta, sin éxito.

“La exploración para extraer gas no convencional [gas de esquisto, el que se extrae mediante fracking] es inexistente ahora mismo”, confirma Ángel Cámara. Pero tampoco hay casi nadie investigando el convencional. Repsol, que tenía varios permisos para buscar petróleo y gas, ha renunciado a ellos. Desde que en 2015 cerró la compra de la canadiense Talisman Energy e incorporó sus activos, ha centrado sus esfuerzos en grandes proyectos en Canadá, Estados Unidos, el sudeste asiático, Colombia y Noruega, entre otros, y ha dejado en segundo plano los españoles. La petrolera escocesa Cairn Energy, que en su momento se interesó por las reservas offshore (en el mar), fue de las primeras en irse. Cerró su sucursal en Madrid a finales de 2014 y abandonó los permisos de exploración que tenía en la zona del golfo de Valencia. De su proyecto Mesana, en el Cantábrico, no se sabe nada desde 2014.

La falta de rentabilidad es solo uno de los motivos del desinterés de las compañías por los hidrocarburos en España. Expertos consultados apuntan también a la oposición de parte de la sociedad a este tipo de proyectos, a la incertidumbre regulatoria y falta de seguridad jurídica y a las trabas administrativas. “Después de Castor, las cosas se volvieron mucho más lentas. Desde entonces los funcionarios lo miran todo con lupa”, asegura una fuente del sector. Cámara atribuye mucho peso a las movilizaciones ciudadanas contra las prospecciones en el Mediterráneo y contra el fracking y cree que el Gobierno ya ha cerrado la puerta a esta última técnica: “La nueva ley de Cambio Climático plantea la negación de permisos de investigación”. Y añade: “Que se prohíba explotar, bueno, pero negar la investigación me parece un error. Ya solo por concepto, una investigación siempre tiene sentido hacerla. Otra cosa es que después tenga aplicación o no”.

El parón del sector alegra especialmente a los ecologistas: “Empieza a haber un sentimiento generalizado de que la era de los hidrocarburos se va a ir extinguiendo poco a poco y las propias empresas energéticas intentan diversificar su negocio. Repsol es el caso más sonado. Ha entrado en las eléctricas a través de Viesgo. Empiezan a ser conscientes de que una economía basada en combustibles fósiles es totalmente inasumible en un futuro cada vez más próximo”, afirma Adrián Fernández, de Greenpeace.

El último reducto de la exploración de gas está paradójicamente en manos públicas. La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa) tiene un proyecto de investigación para extraer gas de manera convencional en Álava —proyecto Armentia—. “En 1998 ya se llevó a cabo un pozo de gas pero con la tecnología que existía entonces se optó por abandonarlo”, explica Íñigo Ansola, director general del EVE, el organismo público que controla Shesa. Ahora pretenden volver a explorar esa reserva. “En la transición energética, el gas va a ser el combustible fósil más limpio, el que nos va a permitir llegar a un mix energético más renovable y que vamos a tener que seguir consumiendo unas décadas más. ¿Qué es mejor, importarlo o producirlo aquí? Sabiendo que en el subsuelo peninsular existe gas, lo tendríamos que extraer y utilizar. Es más económico y más sostenible ambientalmente”, opina Ansola.

Shesa tiene actualmente en producción, junto con Unión Fenosa Gas, un pozo de gas natural convencional en La Rioja (proyecto Viura). En 2017 se convirtió en la primera producción comercial de hidrocarburos autorizada en más de 20 años en España. Produjo 1.000 gigavatios hora el año pasado: supuso apenas el 0,10% del consumo total. La producción de hidrocarburos en España, muy residual, se completa con el petróleo que extrae Repsol en su plataforma Casablanca, en Tarragona, la única activa, en funcionamiento desde 1981.