Reforma

Ciudad de México— Carlos Lomelí Bolaños, el que era superdelegado del Gobierno federal en Jalisco fue separado de su cargo, pero en su lugar dejó a Blanca Olivia Vargas Mendoza, una de sus operadoras y directora de una de sus polémicas empresas farmacéuticas.

La Secretaría de la Función Pública abrió 7 indagatorias contra Lomelí vinculadas a cohecho, enriquecimiento oculto, conflicto de interés y tráfico de influencias en la red de empresas beneficiadas en la compra de medicamentos.

Olivia Vargas fue directora jurídica y también responsable de la dirección de cadena de suministros de "Prestadora Alto Nivel", señalada de ser parte de la red de empresas de Lomelí.

En esa misma empresa, José Hiram Torres Salcedo coincidió en el equipo directivo de Blanca Olivia Vargas, y se desempeñó como "asesor administrativo", según documentos oficiales a los que tuvo acceso Reforma.

Según la indagatoria de la SFP, José Hiram Torres, ex candidato de Morena a la Alcaldía de Zapopan, es identificado como operador y accionista de las empresas de Lomelí.

Antes de ser nombrada súper delegada, Vargas era la subdelegada de Lomelí que operaba en Zapopan y en el 2018 también fue candidata a diputada por Morena.

Encubrió rédito millonario

Con tan sólo dos de sus empresas, Lomedic y Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), Carlos Lomelí obtuvo en los últimos años al menos 850.7 millones de pesos en contratos gubernamentales

La primera de estas empresas, constituida el 10 de febrero de 1999, sí fue incluida por Lomelí tanto en su declaración patrimonial como de posible conflicto de interés, pero la segunda ha sido omitida de ambas declaraciones.

Aunque no la reportó a la Secretaría de la Función Pública (SFP), e incluso se ha deslindado públicamente de su propiedad o control, Abisalud tiene relación "activa" con Lomedic, según se desprende de dichos documentos.

"La información con que cuenta la SFP nos permite estar en condiciones de acreditar la relación comercial, y activa interacción entre ambas empresas, a través de documentos oficiales, fiscales y financieros", señala un dictamen oficial del Caso Lomelí.

"En su momento, (dichos documentos) serán presentados en las diligencias correspondientes, y sobre los que debido al secreto procesal, nos es imposible dar más detalles en este momento", agrega el documento del Gobierno federal.

Lomedic

Con Lomedic, el ex funcionario investigado por la SFP, y su esposa Karina Lucía Navarro Pérez, quien figura como socia de la empresa, obtuvo 261 contratos entre 2010 y 2018.

Dichos contratos, otorgados por dependencias federales y entidades federativas, fueron por un monto de 417 millones 465 mil 851 pesos.

Durante ese periodo, el año que resultó más lucrativo para Lomedic fue 2014, cuando ganó 385 millones 584 mil pesos de 124 contratos gubernamentales.

Lomedic es una de las más de 20 compañías que forman la red que tejió Lomelí en la última década, y que le permite operar un conglomerado farmacéutico en Jalisco.

En dicho periodo, hubo contratos para Lomedic del IMSS, el ISSSTE, el Hospital General de México, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB), el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN), el Instituto Nacional de Perinatología (INPER).

Asimismo, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicano (Pemex), y el Gobierno de Aguascalientes, entre otros.

Abisalud

Abastecedora de Insumos para la Salud ha obtenido 98 contratos entre 2014 y 2019, por 433 millones 251 mil 921 pesos.

Según los documentos, tan sólo en 2019 suma 11 contratos por 233.4 millones de pesos, de los cuales 6 son del Instituto Nacional de Pediatría (INP) por 2.1 millones de pesos; 4 del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas (CRAE) por 184.7 millones de pesos; y 1 del Gobierno de Veracruz por 36.5 millones.

En los años anteriores, también han contratado a Abisalud los gobiernos de Aguascalientes, Chihuahua, Michoacán y Coahuila, el IMSS, el ISSSTE, el INER, la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Defensa Nacional.

"En su carácter de empresario vinculado a contratación con el sector gubernamental, en la SFP se cuenta con información precisa que relaciona las empresas del investigado, allegados y familiares con adjudicaciones que no siempre estuvieron apegadas a la normativa", agrega el dictamen.