El juez Eloy Velasco ha acordado imponer una fianza de 400.000 euros a Francisco Granados, en prisión desde octubre del 2014 en la trama Púnica, porque ha disminuido el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. El magistrado explica que toma esta decisión después de los últimos registros llevados a cabo en esta investigación y exige que el dinero se desposite en metálico. El ex número dos de Esperanza Aguirre si sale de prisión tendrá que comparecer quincenalmente en el juzgado, facilitar un número de teléfono y un correo electrónico para estar localizado.

El cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, saldrá de prisión si paga los 400.000 euros de fianza que le ha impuesto el juez Eloy Velasco este miércoles porque ha disminuido el riesgo de destrucción de pruebas y el de fuga.

El ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid lleva en prisión preventiva desde octubre de 2014 cuando se desarticuló la conocida como el 3% madrileño.

El magistrado, que está a punto de abandonar su juzgado tras haber sido ascendido por el Consejo del Poder Judicial, explica que ya puede modificar su situación de prisión porque ya se han practicado «los últimos registros» en la operación Púnica por lo que «se minora el riesgo de que pueda influir en la destrucción y desaparición de pruebas».

Los motivos

Además, subraya que ya se ha levantado el secreto de las actuaciones. Y señala que «el hecho del transcurso del tiempo» ha disminuido el riesgo de fuga por lo que es «positivo» que pueda ir al próximo juicio al que se enfrenta por un chivatazo policial en otras condiciones».

Por ello, le impone una fianza de 400.000 euros en metálico y que el fiador comparezca en el juzgado»para conocer las responsabilidades que contrae».

El magistrado acuerda, además, que cuando Granados salga a la calle comparezca quincenalmente en el juzgado, facilite un número de teléfono, y un correo electrónico en los que pueda ser localizado «permanentemente». También le prohíbe salir del territorio nacional sin autorización del juzgado.

La petición

El ex secretario general del PP madrileño pidió la semana pasada al juez que instruye la causa abandonar la prisión de Estremera alegando que sus hijas adolescentes le necesitaban e insistió en que no tiene otros ingresos que no sean del trabajo de su mujer y que han quedado reducidos a una “ridícula cantidad” al verse perjudicada por la situación procesal de su marido.

La defensa del exalcalde de Valdemoro insistió en que su familia vive en una “modesta casa hipotecada” en la que las niñas comparten habitación. Añade además que no tiene más bienes que los que se le han bloqueado en el marco de la instrucción del procedimiento y descarta que exista patrimonio oculto en el extranjero.

Su representación procesal matizaba que las investigaciones sobre dicho patrimonio oculto y la solicitud de comisiones rogatorias a otros países “han dado un resultado cero” y por tanto el peligro de fuga alegado por el magistrado que rechaza dejarle en libertad “se basa en una elucubración inaceptable” y que supone una “flagrante” vulneración de sus derechos.

Granados, que pidió su libertad en varias ocasiones en los últimos dos años, aclaraba en sus escrito que no tiene potestad para hacer desaparecer documentación relacionada con la trama Púnica porque los diversos cargos públicos que ostentó los abandonó hace varios años, lo que hace “absolutamente imposible imaginar ese supuesto”. En concreto se refiere a su periodo como alcalde de Valdemoro, que ostentó hasta 2003 y como consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, que ejerció entre los años 2008 y 2011.

¡Y vamos para tres años!

“¿Es que casi cuatro años después de haberse iniciado las investigaciones, de haberse incautado una ingente documentación y de haberse practicado numerosas comisiones rogatorias y tomado declaración a todas la personas que se ha tenido por oportuno, se pretende sostener que todavía existen no se sabe qué pruebas que el señor Granados pueda destruir? La pregunta se contesta por sí sola. ¡Y vamos para tres años!”, rezaba el escrito remitido al juez.

También cuestionaba la veracidad del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía Judicial de febrero de 2014 que a su juicio incluye “contradicciones” y se basa “en simple conjeturas” porque el más de millón de metros cuadrados de suelo rústico de Valdemoro que la Policía atribuye a empresas de personas investigadas en la causa fueron calificados mediante la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), según defiende.

Además calificaba de “disparatadas e incongruentes” las declaraciones en sede judicial de su exsocio y amigo David Marjaliza _también investigado en la causa pero en libertad con medidas cautelares desde diciembre de 2015_ y dice que Granados no tiene relación directa con las actividades del empresario de la construcción.

“Mi representado, por más tiempo que se le mantenga en esta clamorosa e injusta situación no va a reconocer unos hechos que no ha cometido ni un supuesto patrimonio del que carece, ni unas persones o capacidad de destrucción de pruebas que no tiene”, concluía su defensa.