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Una juez federal admitió a trámite un amparo que pretende que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Presidente Andrés Manuel López Obrador sea anulado y en su lugar el Legislativo vote la propuesta de PND 2019-2024 del ex Secretario de Hacienda Carlos Urzúa.



Ana Luisa Hortensia Priego Enríquez, Juez Décimo Tercero en Materia Administrativa de esta ciudad, dio entrada a esta demanda de garantías, después de dos semanas de haber solicitado diversas aclaraciones y puntualizaciones a los quejosos.



Esta demanda de garantías fue presentada por Rubén Alfonso Fernández Aceves, ex subsecretario de Enlace Legislativo de Gobernación; y Edgardo Flores Campbell y Jorge Alberto Lara, de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).



Conforme a la lista de acuerdos publicada, la juzgadora precisa que los quejosos no solicitaron la suspensión de algún acto y dio un plazo de 15 días a las autoridades federales para presentar un informe justificado al respecto.



El amparo fue presentado desde el 31 de julio, sin embargo, la juez Priego no lo admitió en ese momento y le hizo una prevención a los promoventes para que le precisaran los antecedentes del caso y los actos específicos que reclamaban.



Les pidió también señalar los datos de identificación del procedimiento, resolución, acuerdo, oficio, circular o acto análogo y apartados normativos en los cuales se encuentra el primer acto de aplicación del plan que pretenden controvertir, así como la fecha exacta en que tuvieron conocimiento del mismo.



Los quejosos señalan que el PND publicado del 12 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) "no cuenta con los requerimientos legales y técnicos de lo que debe ser el documento que rija todas las acciones del gobierno federal, el presupuesto de egresos, la política fiscal y la ley de ingresos".



El 30 de abril, el Ejecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión su PND, que contenía dos planes: uno redactado por la Presidencia de la República y otro texto más amplio elaborado Hacienda, que entonces estaba cargo de Urzúa.



Si bien dichos textos fueron publicados en la gaceta parlamentaria, solo el del Ejecutivo fue votado y publicado en el DOF.



Cuando presentó su amparo, MCCI dijo en un comunicado que el documento de 224 hojas, preparado por Urzúa, cuenta con propuestas ciudadanas, indicadores, líneas base y metas a 2024, mientras que el elaborado por la Presidencia son 64 hojas donde se enumeran los problemas del País que serán atendidos, pero sin indicadores o herramientas de medición.



Agregó que, conforme a la norma, el PND debe contener objetivos, métricas e indicadores de desempeño que permitan dar seguimiento al logro de sus objetivos o de lo contrario todo queda al arbitrio y convicciones personales de los gobernantes.



De acuerdo con el organismo civil, los mexicanos necesitan certeza de cómo se va a conducir el gobierno durante seis años en programas, presupuesto, política tributaria, e iniciativas de ley presentadas por el Ejecutivo.



Por ello concluye que la propuesta elaborada por Hacienda, que si bien llegó a la Cámara de Diputados nunca fue discutida, sea votada por los legisladores y en su caso sea el PND que entre en vigor.



Por ahora, la juez Priego Enríquez tiene programado celebrar el 12 de septiembre la audiencia constitucional, el último requisito que debe cubrirse para poder dictar la sentencia en el amparo.