El buen pescador y el Estado insaciable

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de mayo de 2018

Suele compararse a la Argentina con países socialistas, como Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador o Nicaragua. Pero la mayoría de los argentinos no quiere una revolución social, sino vivir mejor, en paz y con el menor esfuerzo posible.

Al fin de cuentas, nos parecemos más a Italia, por su baja productividad, parálisis de crecimiento, anquilosamiento económico y enorme gasto público financiado con endeudamiento, superior a todo su PBI. Como en Italia, no cultivamos la ética de la solidaridad que propugnaba Raúl Alfonsín, sino la moral individualista, la picardía futbolera y la maña para evitar los costos propios, birlando el esfuerzo ajeno.

La viñeta que ilustra este editorial habla por sí misma: un ciudadano pesca en el río, mientras que un bribón acicalado, que simboliza al Estado, pesca del canasto del primero. Todos sabemos que el personaje de frac y galera no es un ser humano, sino una creación ideal y lo que toma, lo distribuye. Bajo el atuendo estatal se oculta una multitud de personas que utilizan su "imperium" en su provecho. No ocurre esto en nuestro país, donde la mayoría usa al Estado para explotar a la minoría. El podio en el Guinness del socialismo inverso.

En la Argentina la sociedad no está dispuesta a abandonar ese juego de suma cero pues todos prefieren colgarse del frac estatal en lugar de prosperar sobre la base del mérito, con esfuerzo individual. No se trata de denostar a quienes cumplen con dignidad las funciones propias del sector público, sin las cuales ni se educa, ni se cura, ni se come. Se trata de denunciar la malversación que hemos hecho de esta querida Nación por la cual tantos próceres dieron sus vidas o lo mejor de ellas.

Si despojásemos al Estado de su levita, encontraríamos a gran parte de la sociedad argentina atiborrando sus forros, mangas y entretelas para recibir alguna porción de la pesca milagrosa. Escalafón, estatuto, nepotismo, contactos, aportes, favores, influencias, militancia, amparos, hechos consumados o derechos adquiridos, sustentan la insólita relación de 8 a 20 que caracteriza a nuestro país. Ocho millones de personas en el sector privado sostienen a casi 20 millones que reciben dinero del Estado. A grandes trazos, en este grupo están los cuatro millones de empleados públicos, los ocho millones de jubilados y pensionados y los casi ocho millones que reciben planes sociales u otras asignaciones del Estado.

Allí se confunden los honrados administrativos, con los ñoquis; las maestras sarmientinas, con los profesionales del reclamo; los dignos y sufridos adultos mayores con los jubilados de privilegio; los indispensables, con los redundantes. En suma, quienes trabajan para los demás con quienes usan a los demás en su provecho. Lamentablemente, los valores que encarnan los primeros son siempre usados para proteger a quienes los desmerecen.

Mirando con mayor precisión, veremos a los tres millones de jubilados sin aportes, los dos millones y medio de empleados provinciales (en algunas provincias, absorben el 90% del gasto público) y el medio millón de municipales, y el millón y medio con pensiones no contributivas (en Santiago del Estero, Formosa y Chaco superan el 30% de la población económicamente activa).

Allí están las 33 empresas públicas con su déficit de $90.000 millones, sus 100.000 empleados y su costo diario de un millón de pesos por año, por empleado. También nos sorprenderemos con los 5000 sueldos del Senado y los 5600 de la Cámara de Diputados, incluyendo los 2100 que albergan la inexpugnable imprenta y la biblioteca del Congreso. Las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires tienen legislaturas con 1203 representantes, destacándose algunos casos llamativos: Mendoza tiene 86; Salta, otros 84, y provincias pobres, como Catamarca y Santiago del Estero, tienen 58 y 40, respectivamente. Se desconoce la cantidad de empleados, asesores y prebendas que rodean esos cargos legislativos, más las jubilaciones de privilegio, que deben ser escalofriantes. Sin contar los concejos deliberantes de todos los municipios del país.

Una categoría muy especial son el millón de docentes: una mayoría laboriosa mancillada por expertos en ausentismo, pues la tercera parte está cubierta por suplentes. El Instituto del Cine (Incaa) tiene un presupuesto similar al ex Ministerio de Comunicaciones y sus 600 empleados se llevan la mitad de los ingresos. La otra mitad se ha destinado a grandes películas y también a fracasos, corrupción o utilización política o ideológica.

En esa pesca de lo ajeno no pueden omitirse los impuestos al trabajo y los millonarios aportes al barril sin fondo de las obras sociales sindicales que alimentan sobreprecios, falsas prestaciones y retornos a dirigentes gremiales sin escrúpulos. También se sustraen de la canasta del buen pescador los subsidios a la energía y a los colectivos de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, donde los usuarios solo pagan el 40% del costo real. Párrafo aparte merecen los ferrocarriles, con 30.000 empleados, un déficit de $28.000 millones e ingresos que solo alcanzan al 10% de sus gastos. Porque para algunos, en la Argentina, el tren debe ser gratuito y los colectivos, regalados.

La contratación pública cartelizada, con precios inflados, ha sido una forma habitual de esquilmar las arcas públicas con estilo refinado: pesca con mosca, no sábalos con red desde la costanera. Luego de Odebrecht, muchos de estos distinguidos deportistas se han escabullido de los faldones estatales y el costo de las obras se ha reducido notablemente.

A un nivel más sutil, pues no son expuestos en el presupuesto, están quienes logran del Estado mercados exclusivos, mediante límites a la importación, regulaciones técnicas, honorarios de orden público, compre nacional, personería gremial única, tribunales sesgados (para la industria del juicio) y otras barreras de entrada reflejadas en precios más altos, costos insoportables y rentas inequitativas para sus beneficiarios. Es decir, menos pescados para el artesano del anzuelo, por obra y gracia del frac y la galera.

También sacaron buen provecho quienes parasitaron empresas como YPF, Entel, Gas del Estado, Segba, Somisa, Fabricaciones Militares u otras que no existen más, sustituidas por nuevos engendros como Lafsa, Enarsa, la revitalizada YCF, los fideicomisos "truchos" o las universidades desvirtuadas para eludir la contabilidad pública.

En el afán por apropiarse del dinero de todos, no puede omitirse a la banca pública, como el extinto Banade (reemplazado por el absurdo BICE), que se fundió con créditos incobrables a empresarios ricos. Y los múltiples préstamos "de favor" que todavía erosionan el capital del Banco Nación, como los otorgados a Lázaro Báez y a muchísimos otros desde hace décadas.

Ahora el río ha bajado su caudal y los peces no aparecen. En la canasta solo quedan escamas y nada para repartir. El todopoderoso Estado debe enfrentar a sus casi 20 millones de protegidos y hacerles saber que, si alguna vez hubo milagro, el milagro del populismo se acabó. Y expulsar a supernumerarios y redundantes; privilegiados y exceptuados; protegidos y potenciados; a "vagonetas" y "vividores" para que crucen el agua, aprendan a empuñar sus cañas, a utilizar los anzuelos y a pescar por sus propios medios, como lo hacen quienes no viven del Estado.

Ese cambio de lado en el río es indispensable para equilibrar el esfuerzo colectivo, desarrollar el país, proteger a los más vulnerables, educar a los jóvenes, incluir a los adultos y cuidar de los ancianos. Como lo prevé la Constitución nacional y lo exige la gravedad del momento.

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