La nueva titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ha citado como imputados a los directores de TV3, Vicent Sanchis, y de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, en relación con la publicidad emitida en ambos medios sobre el referéndum del 1-O. La magistrada ha acordado su declaración para el próximo 23 de enero, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

El anuncio bajo cuestión se difundió en ambas cadenas a partir de septiembre. Conocido como el spot de las vías e inscrito en la campaña Civisme, mostraba la imagen de un cruce de railes con una frase inscrita sin referencias expresas a la consulta y que también se escuchaba en audio. "Vas néixer amb la capacitat de decidir, hi renunciaràs?" ("Naciste con la capacidad de decidir, renunciarás a ella?"), decía. La campaña contaba con el logo oficial de la Generalitat.

La citación, con fecha del 20 de diciembre, no especifica el motivo exacto de la cita judicial. No obstante el Juzgado 13 investiga desde hace meses la contratación y difusión de ese spot en el marco de las diligencias que instruía hasta su fallecimiento el juez Serrano Sunyer. También ha sido citado, en esta ocasión como testigo, Llorenç Birba Font, precisa la Agencia Catalana de Noticias.

En el marco de estas actuaciones el mismo Juzgado escuchó hace meses como investigada a la presidenta en funciones de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach. Ésta defendió que tanto TV3 como Catalunya Ràdio difundieron los anuncios institucionales del 1-O en virtud de una ley del Parlament, cámara de la que dependen los medios públicos catalanes.

Informes de la Guardia Civil que constan en el sumario de este procedimiento cifraron en más de medio millón el gasto en publicidad en los medios de comunicación relacionada con el referéndum del 1-O. Dividían el coste en dos partidas distintas. La primera, la difusión del anuncio de las vías, se cifró en cerca de 300.000 euro que se sufragaron, precisamente, con cargo al presupuesto de la CCMA.

Se destinaron además más de 200.000 euros a otra campaña, la del 'Sí o No' ideada para alentar la inscripción en un registro de los catalanes residentes en el extranjero. Las conclusiones de los investigadores apuntaban a que todo fue abonado por la Conselleria de Presidencia de Jordi Turull. Desde su departamento se apartó un presupuesto de 2,2 millones para Civisme y se encomendó la publicidad a Carat España, empresa que renunció a la adjudicación.