Benito Van Lomel tiene 64 años y hace 59 que vive en el campo, a once kilómetros de Paso de los Toros, en el departamento de Tacuarembó. Pese a que era un niño, todavía recuerda las inundaciones de abril de 1959, en las que el Ejército debió evacuar a la población de Paso de los Toros debido al desborde de la represa de Rincón del Bonete.

Hoy es uno de los productores que rechaza que UTE le expropie parte de sus 139 hectáreas para elevar la cota del lago de Rincón del Bonete de 80 a 81 metros, lo cual inundaría unas 10 mil hectáreas afectando a unas 500 familias de Durazno y Tacuarembó.

En diálogo con El Observador, Van Lomel contó que se enteró de la decisión de la empresa estatal porque a principios de 2018 un grupo de técnicos de UTE se presentó en su portera con el objetivo de ingresar “para medir el campo” porque iban a expropiar una parte de su terreno. Como no los conocía y no tenían ningún documento oficial no los dejó entrar, aunque enseguida se puso a averiguar y se enteró que había varias personas más en su misma situación. Uno de ellos es Patricio Olivera, que también es productor ganadero, tiene 700 hectáreas sobre el Río Negro en la séptima sección de Durazno, y es uno de los voceros del grupo “Ribereños del embalse de Rincón del Bonete”.

Olivera explicó que la resolución de UTE, emitida en diciembre de 2016, está amparada en la ley 9.257 de 1934, la cual autoriza la expropiación de los campos de esta zona hasta la cota 86, aunque solo se había efectivizado hasta los 80 metros. Para él, la decisión “es innecesaria, inconveniente e injusta” y obedece a la intención de “aumentar las ganancias” de la empresa para luego volcar los recursos a rentas generales, ya que dada la transformación de la matriz energética, el país produce más energía de la que necesita, llegando incluso a poder exportarla.

El productor dijo que en menos de dos años el directorio de UTE cambió “radicalmente” su estrategia. En setiembre de 2014, el entonces diputado del Partido Nacional por el departamento de Tacuarembó, Antonio Chiesa, realizó un pedido de informes a la empresa para conocer la “política de aguas y de gestión del embalse” de Rincón del Bonete. En su respuesta, UTE señaló que “la política de operación del embalse no ha cambiado desde el llenado inicial del mismo en el año 1945, ni tampoco se prevé que cambie en el futuro”.

“El cambio de matriz que se está realizando en nuestro país no tendrá influencia sobre los niveles del embalse cuando estos se encuentren cercanos a la cota 80, ya que para esos valores el nivel estará determinado por las precipitaciones que ocurran. Mientras tanto, entre las cotas 70 y 80 es esperable un descenso sensible del promedio de los niveles ya que la mayor cantidad de energía disponible (debido a los parques eólicos) permitirá gastar más el agua del embalse”, dice el documento firmado por el presidente Gonzalo Casaravilla y el prosecretario general Elías Carro. El Observador intentó comunicarse con Casaravilla pero no obtuvo respuesta.

Olivera dijo que tanto desde el punto de vista ambiental como socio-económico, la resolución de UTE es “un desastre” ya que “se ahoga el monte nativo”, fundamental para la producción ganadera de la zona. Además, el productor señaló que la empresa estatal “no realizó ni presentó” ningún estudio de afectación al medio ambiente ni ante el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento, Territorial y Medio Ambiente, ni ante la dirección forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

En octubre de este año, y luego de intentar tener una respuesta de UTE, el productor le envió una carta a la directora nacional de Energía, Olga Otegui, en la que le solicitó que “se realice un estudio que busque compatibilizar en la operativa del embalse para la generación con la matriz actual y respetar la cota de 80 metros, hoy límite legítimo de ribereños sin inundar”.

Según Olivera, con la expropiación muchos de los 500 productores afectados desaparecerán “por inviables”. Además, dice que no se consideraron los “trastornos sociales” derivados del aumento de nivel del río y que hay poblados “que hoy están a 10 kilómetros y quedarán a 60 kilómetros”. “Generamos genuino valor agregado, no menos de 1.500 toneladas de carne por año, ocupando más de mil personas en forma directa y otras tantas de forma indirecta”, sentencia el mensaje.

El productor recordó que hasta el año 2013, la mayoría del tiempo la cota del lago se mantuvo debajo de los 80 metros y que solo se superó para reponer “con algún exceso” el volumen embalsado en la época de lluvias. Sin embargo, desde 2014 se pasó a usar el embalse como reserva energética y durante ese año de febrero a diciembre la cota superó los 80 metros e incluso en cuatro meses los 81 metros. Ante esta situación, los ribereños presentaron un reclamo ante UTE el cual nunca fue contestado, y en setiembre de 2016 por requerimiento de la Administración del Mercado Eléctrico (ADME), la empresa estatal reconoció como “ilegítimo” inundar a los ribereños sobre la cota 80. Sin embargo, apenas tres meses después resolvió la expropiación.