Estas semanas España tirita de frío. Los termómetros del país se están desplomando en gran parte del territorio y las temperaturas bajo cero son una realidad palpable, donde la nieve es la protagonista. Pero detrás de las bucólicas estampas nevadas hay personas sufriendo por casas que no aíslan bien del frío y muchas familias que no pueden hacer frente a sus facturas de calefacción, luz o agua caliente. Es la llamada 'pobreza energética' que sufren una de cada 10 personas en España (4,5 millones de personas según datos del propio Gobierno español).

Esta cifra evidencia que el precio de la luz es una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía española. En los últimos 10 años, la factura se ha encarecido en un 70%, según un análisis de Facua-Consumidores en Acción publicado a finales de 2016. Y en los últimos meses, el precio medio de la factura mensual ha subido más de 10 euros llegando a alcanzar los 81,87 euros, en diciembre.

A finales de enero de ese año se filtró que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) descubrió en las oficinas de Iberdrola correos electrónicos, comunicaciones internas y archivos de Excel que parecen confirmar que la eléctrica infló el precio de la electricidad durante la etapa del otoño de 2013. Mientras algunos se lucraban, el 10,1% de la ciudadanía española sigue teniendo problemas para calentar sus hogares en invierno.

Tal es el interés del Gobierno central en abordar y solventar esta problemática que, finales del 2017, recurrió al Constitucional la Ley valenciana 3/2017 para paliar y reducir la pobreza energética. Este artículo restringe a las empresas de suministro el corte del servicio a los ciudadanos: "En caso de que una empresa comercializadora de energía (agua, electricidad o gas) quiera cortar el suministro por razones de impago, deberá comunicar dicha circunstancia a los servicios sociales municipales para que estudien la situación del hogar en riesgo de situación de pobreza energética, de manera previa al hecho de que se efectúe algún tipo de restricción o corte en el suministro".

¿Qué abarca el termino 'pobreza energética'?

No existe una definición común entre los estados miembros de la Unión Europea (UE) para definir 'pobreza energética'. España ni siquiera tiene una. Sin embargo, esta falta de unidad para señalar el problema no deja de ser más que un reflejo de una dura realidad.

El Parlamento Europeo utiliza como indicador de la pobreza energética la capacidad para calentar correctamente las viviendas en invierno (entre 18º y 21ºC). Según la oficina de estadística europea Eurostat, entre 50 y 125 millones de personas en la UE no pueden asumir el coste de calentar adecuadamente sus hogares, y se encuentran en riesgo de pobreza energética.

Entre 50 y 125 millones de personas en la UE no pueden asumir el coste de calentar adecuadamente sus hogares

En España, la electricidad y el gas natural son mucho más caros que la media comunitaria. El precio del gas natural en 2016 fue un 123,07% más caro que el promedio de la UE y el de la electricidad fue un 140,68% más costosa, según datos de Eurostat. España es el único país, junto con Irlanda, que superó la media con tanta diferencia en ambas variables.

A pesar del elevado coste del suministro energético, España supera ligeramente la media europea en cuanto a los problemas que tienen sus ciudadanos para calentar sus hogares durante el invierno. Mientras que en 2016 la media en la UE mostraba que el 8,7% de personas rozaban la línea de la pobreza energética, en España esa cifra subió al 10,1%.

Comparativa por países de la media de problemas para calentar correctamente hogares en la UE. Fuente: Datos de EU-SILC, Eurostat. Año 2016

La Comisión Europea lanzó, hace unas semanas, el Observatorio de Pobreza Energética en la Unión Europea para mejorar las condiciones de los 50 millones de hogares europeos con problemas para calentar, refrigerar o iluminar su vivienda, respetando los objetivos medioambientales comunitarios. "Combatir la pobreza energética es una prioridad política", declaró el director general de Energía de la Comisión Europea, Dominique Ristori, durante la presentación de esa nueva herramienta.

Más de 7.000 muertes al año

La ausencia de una definición concreta que permita señalar en qué punto una familia se encuentra en una situación de vulnerabilidad energética impide comprender la gravedad de la situación, ya que tampoco hay un cifra que determine la cantidad de energía que necesita una familia.

Entre el 30% y el 50% de la mortalidad adicional de invierno se debe a unas insuficientes condiciones de climatización en viviendas, según el informe de la Organización Mundial de la Salud "Responsabilidad ambiental sobre las enfermedades asociadas a una vivienda inadecuada" (Environmental burden of disease associated with inadequate housing).

La pobreza energética en España es desde hace años una causa de muerte más significativa que los accidentes de tráfico

En este sentido, la pobreza energética en España es desde hace años una causa de muerte más significativa que los accidentes de tráfico, según apunta la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) en "Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética. Nuevos enfoques de análisis". Según ese estudio, el promedio de víctimas de accidentes de tráfico entre 1996 y 2014 es de 4.082 muertes anuales, mientras que la pobreza energética causa un promedio de 7.100 muertes al año.



Distribución de la pobreza energética en España.Fuente: Datos de EU-SILC, Eurostat. Año 2016

Un estudio recogido por EFE análisis muestra que la pobreza energética se manifiesta en España con mayor dureza en Castilla-La Mancha, con casi un 20% de personas en el umbral de la pobreza energética, según el estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales. Extremadura, Murcia, Cantabria, Castilla y León son comunidades que superan el 11% de hogares con dificultades para calentarse durante temporadas frías. Luego, La Rioja (10,80%) seguida de Aragón, Islas Baleares, Madrid, Navarra y Andalucía, donde casi uno de cada diez ciudadanos son vulnerables energéticamente, conforman ese mapa autonómico de afectados por la pobreza energética. Por su parte, canarios, vascos, valencianos, asturianos y gallegos son los españoles que menos problemas tienen para calentar sus hogares en invierno.

Las medidas del Gobierno español

En diciembre de 2016, el Gobierno aprobó un real decreto ley que incluía un nuevo mecanismo de financiación del bono social y diversas medidas de protección a consumidores de electricidad vulnerables. Más tarde, en enero, el real decreto ley, fue convalidado en el Congreso de los Diputados con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos. A pesar de que se acordó tramitarlo con urgencia, no fue hasta 10 meses después (octubre) cuando el Consejo de Ministros lo aprobó.

El Gobierno calificó la normativa como "más que suficiente para la cobertura total de todas las personas con riesgo de pobreza energética que hay actualmente en España". "En rigor, no se trata de ampliar sin más el colectivo de consumidores bajo la protección del bono social, sino de garantizar que la cobertura del bono social atienda eficazmente a todos los consumidores que realmente lo necesitan".

"La subida de precios continuada cada vez genera más vulnerabildad y pobreza energética"

¿Pero está siendo suficiente? Según Juan López de Uralde‏, diputado de Unidos Podemos en el Congreso por Alava y Coportavoz Federal de EQUO, las medidas propuestas son simplemente “un parche”. Así se lo hizo saber al ministro de Energía, Álvaro Nadal, en una Comisión de Energía celebrada el pasado 31 de enero: "La subida de precios continuada cada vez genera más vulnerabildad y pobreza energética. No necesitamos parches, sino una reforma en profundidad de nuestro sistema energético para que sea económicamente justo y ecológicamente responsable", afirmó Uralde.

📽️La subida continuada del precio de la luz genera vulnerabilidad a cada vez más familias. Urge una #TransiciónEnergética justa económicamente y responsable ecológicamente. #TarifaEléctrica #PobrezaEnergética pic.twitter.com/fhWPYwlTKS — Juan López de Uralde (@juralde) 31 de enero de 2018

Lo cierto es que Álvaro Nadal no se pone de acuerdo ni con el sector energético. Este lunes, sin ir más lejos, pidió que dejaran de recurrir toda la normativa que elabora el Gobierno. "Tenemos que bajar el nivel de conflictividad jurídica del sector. No puede ser que todos los bonos sociales, las leyes energéticas, los reales decretos se recurran. No ocurre en ningún otro sector y ocurre menos en el gas que en la electricidad. No es normal esta situación en que se recurre todo con la idea de a ver qué cae", afirmó el ministro.

