Teresa Rodríguez

Secretaria General de Podemos Andalucía y Diputada en el Parlamento Andaluz

Tras el adelanto electoral provocado unilateral e interesadamente por Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía, las cosas se pusieron aún más difíciles para la actual candidata a repetir cargo. Lejos de producirse un voto masivo al PSOE que le hubiera permitido gobernar desde el objetivo declarado de una mayoría absoluta, las urnas indicaron que, pese al aumento de la participación, el partido de Díaz ha perdido votos tanto en números absolutos como en porcentaje en un nuevo marco de mayor pluralidad en la composición parlamentaria. El retroceso es evidente: consigue los mismos escaños que ya tenía y no los aumenta, no logra la anhelada mayoría, no aseguran la estabilidad y Susana Díaz tiene que postularse como candidata a presidir la Junta desde el partido más votado, sí es cierto, pero que no reúne ni la mitad de los votos que los obtenidos por el resto de opciones con representación.

Pese a la evidencia, desde San Telmo y desde Ferraz se ha lanzado el mensaje de "victoria socialista" en un intento de construir la realidad a partir de la propaganda reiterada de un discurso ajeno a los hechos. Unos se animan a otros en sus reuniones repitiéndose el mantra "hemos ganado". Pero no se engañe señora Díaz, las cosas no le fueron bien en su jugada. Usted es la dirigente de un partido que no para de perder votos y apoyos porque tras años y años de gobierno no ha servido a los intereses de las gentes. Lo menos que se puede decir es que el electorado andaluz no quiere repetir gobierno de forma ciega. Ya no da cheques en blanco.

La primera gran consecuencia de esta situación es que por primera vez el parlamento andaluz adquiere una posición central en la actividad política de nuestra tierra y no será una mera comparsa complaciente del ejecutivo. De ahí el interés que ha mostrado el PSOE contra toda regla aritmética de tener una sobre representación en la Mesa del Parlamento para intentar controlar sus mínimos movimientos.

La segunda consecuencia a constatar es la existencia de un amplio sector del pueblo andaluz que apuesta por el cambio. O como venimos diciendo, el cambio ya ha empezado. No se puede gobernar ni legislar como el día de antes. Y eso, precisamente eso, es lo que más inquieta a las fuerzas del régimen acostumbradas a unas reglas de juego y un lenguaje compartidos. En el fondo su disputa no era sobre los proyectos para mejorar la situación de la sociedad sino sobre los despachos desde los que gestionar partidariamente los asuntos y recursos públicos. Escenario este en el que se podían vociferar sobre asuntos contingentes pero luego en lo importante para la oligarquía, votar juntos, como en el caso de la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución que impone los intereses de las finanzas por encima y por delante de los de las personas.

¿Qué hacen los de siempre ante la investidura?: Enzarzarse en la compra venta de votos ("si tú me das esto yo te garantizo aquello"). Esa y no otra ha sido la actitud del PP que condiciona su apoyo a Díaz al apoyo mutuo entre los de siempre para seguir gobernando ("tú en Madrid, yo aquí, yo en la comunidad, tú en el ayuntamiento"). A este cambalache el PSOE le ha llamado actitud responsable de los partidos de gobierno. ¿Qué hacen los que quieren entrar en el club de los de siempre?: Ampliemos el número de sillas para poder sentarnos más gente arriba. En ninguno de esos onerosos y ridículos juegos de los profesionales de la política, queremos entrar desde Podemos.

Por ello hemos situado nuestras condiciones a Susana Díaz en el único terreno que nos interesa: el interés de la gente. Son tres cuestiones de sentido común, sencillas y sin coste económico. Son tan elementales que ni siquiera es preciso que las fuerzas políticas las llevaran en su programa durante la campaña ni que impliquen futuros acuerdos en otros aspectos. No hemos querido multiplicar las demandas para entrar en un juego aritmético sobre las que se aceptan y las que se rechazan. No son un resumen de nuestro programa, el que votó por primera vez casi el 15% del electorado. A futuro cada partido defenderá en el parlamento las iniciativas acordes con su proyecto político y programa y nosotros nos reservamos ese derecho en el futuro inmediato. No son un programa acabado de cambio, ni una hoja de ruta de un gobierno. Pero sintetizan un cambio de orientación y de modo de hacer, un cambio de prioridades de los representantes electos. Las tres condiciones que hemos presentado tienen un valor político. Mejor dicho, son en sí mismas un gesto político que muestra un cambio de rumbo, un cambio de criterio de quien aspira a gobernar. Y en ese sentido sí que podemos decir que son la quintaesencia de nuestra actitud programática: gobernar a favor de las y los de abajo.

En interés de la gente planteamos que la Junta y los entes y empresas públicas andaluzas no tengan cuentas tesoreras ni mantengan créditos ni relaciones comerciales o de colaboración en la recaudación con aquellas entidades financieras que han desahuciado de su vivienda habitual a andaluces y andaluzas, arrojándoles a la marginación y la pobreza. Y por supuesto que los nuevos convenios con entidades financieras contemplen el compromiso exigible de cumplimiento de los estándares internacionales existentes en materia de desahucios. Simplemente no hagan tratos con los culpables de la desgracia de tantas familias, cambien la cuenta de banco. Nada del otro mundo, fácil de ejecutar y sin "comisiones". Señora Díaz es muy sencillo: diga sí o no.

Para comenzar a restablecer los derechos básicos de la ciudadanía en la prestación de los servicios públicos, planteamos una sencilla operación aritmética: den de baja a la mayor parte de los altos cargos de confianza que pueblan la administración andaluza y sus ramificaciones –y encarguen sus labores a empleados públicos de los que se cuenta con miles de ellos con gran capacidad y preparación profesional- y el coste de esos importantes sueldos de "puestos a dedo" dedíquenlo a volver a contratar personal sanitario, de la dependencia y docente que despidieron en el pasado gobierno de coalición. Por cada alto cargo cesado dispondríamos de un mínimo de cinco profesionales útiles para la sociedad. Coste estimado: cero. Se trata únicamente de cambiar el titular de la nómina y su puesto de trabajo. De nuevo la respuesta es fácil: sí o no.

Y finalmente queremos que la aspirante a presidir el gobierno de la Junta diga sí o no a un asunto muy simple para demostrar la voluntad de cambio frente a la corrupción y el mal uso de los fondos públicos con hechos, no con promesas de futuras leyes (esas pueden venir luego y ya discutiremos su contenido) que por cierto ya podían haber sido aprobadas y aplicadas anteriormente. Por ello pedimos la dimisión inmediata de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán, y planteamos que la Secretaria General del PSOE-A exija públicamente el acta a dos militantes de su organización. No prejuzgamos sus responsabilidades ante la justicia, eso es cuestión de los tribunales. Ni siquiera ponemos en cuestión su honorabilidad personal, máxime tras escuchar a Griñán a la salida del juzgado calificar de forma sincera de gran fraude el asunto de los ERE. Lo que planteamos tiene únicamente que ver aquí y ahora con las responsabilidades políticas y por tanto solo pedimos un gesto político: la dimisión inmediata de sus cargos, lo que significa que asumen que en sus labores de gobierno fallaron estrepitosamente en un fraude masivo que ha levantado la indignación y la alarma social.

Así y solo así acabaremos con espectáculos tan bochornosos como la auto amnistía política que practican cotidianamente nuestros gobernantes que reducen la responsabilidad de sus actos al ámbito penal, y nos ofrecen espectáculos tan bochornosos del no sé, no contesto, no sabía, no vi nada. Pues entonces, decimos en Bruselas, en Madrid y en Sevilla a quienes esto nos dicen: váyase usted a su casa. No es preciso seguir "en política", puede dejar la actividad y jubilarse tras tantos años de despacho oficial. Porque la política ni es una profesión ni es una carrera, es una dedicación voluntaria, pública y provisional al servicio de la sociedad.