Fundación Arpegio

La Fundación Arpegio gastó 10 millones en subvenciones a amigos, favores personales y proyectos que no pasaron ningún filtro

El entonces vicepresidente Granados y la propia Aguirre ordenaban con quién había que firmar los convenios

Gómez de la Serna cobró 157.000 euros por asesoramientos verbales a Arpegio

Casi 10 millones de euros en dinero público, y una gerente y dos secretarias como todo personal para repartirlos a la orden de Francisco Granados. Una interminable lista de beneficiarios, muchos de ellos amigos o de la órbita del PP, favorecidos sin control ni fiscalización de órgano público alguno.

Son los datos contables de la Fundación Arpegio, que emergen de la documentación entregada este martes en la Asamblea de Madrid por el Gobierno de Cristina Cifuentes, a petición de la investigación que se sigue en el parlamento regional para auditar los años de Aguirre y González. Los datos, más allá del despilfarro sin control, retratan una época y una manera de gobernar en Madrid.

En la Fundación, nacida en 2006 para ahorrar impuestos a la empresa pública Arpegio, que llevaba décadas comerciando con el suelo de Madrid, se hacía lo que decía Granados, según declaró ante el juez Velasco la entonces gerente, Carmen Plata, que se halla imputada en la Operación Púnica por sólo uno de esos gastos: el entonces vicepresidente le pidió que subvencionara con 200.000 euros un concierto y ella misma, según le dijo al magistrado, tuvo que decirle que «tanto no».

Finalmente fueron 140.000 y, según los investigadores, una parte de lo que pagó la Fundación Arpegio a Waiter Music fue a parar a la red tejida por el entonces vicepresidente de la Comunidad, hoy encarcelado, y su presunto conseguidor de mordidas David Marjaliza.

Ahora, los papeles de Arpegio muestran cómo se gastaron esos casi 10 millones entre 2006 y 2011, puesto que en los años siguientes bajó mucho su presupuesto. Un cura se acercaba a Esperanza Aguirre y le pedía un órgano para su iglesia, y la presidenta descolgaba el teléfono y ordenaba que se le construyera uno: 266.000 euros de dinero público sin concurso ni fiscalización. Así lo escribió en un informe y corroboró a este diario Elisa de la Nuez, contratada en la fundación por quien fue consejera responsable de Arpegio durante un año, Beatriz Elorriaga, para vigilar qué sucedía en Arpegio.

Tras su creación en 2006, Granados tomó el control de la Fundación como presidente, pero ante la pelea entre él e Ignacio González, en aquel momento los dos delfines de Aguirre, ésta tomó una decisión salomónica: le otorgó su control a Elorriaga, a quien pasó de Asuntos Sociales a Ordenación del Territorio, y además le remitió las competencias sobre Arpegio. Después de Elorriaga, otros tomaron su testigo, aunque fuentes de la Comunidad consultadas anoche afirman que el poder lo detentó siempre Granados. La consejera Elorriaga intentó hacerse con el control de la fundación e incluso intentó cambiar a la gerente, pero fue relevada menos de un año después por Aguirre y enviada al Senado.

Fundación manirrota

Entre 2007 y 2011, principalmente, la Fundación operó como una manirrota, y otorgó riadas de dinero a todo el que lo pidió sin controles técnicos ni criterios de selección. Simplemente, allí se hacía lo que decían Granados o Aguirre, según De la Nuez y otras fuentes.

Pedro Gómez de la Serna, hoy investigado por varios delitos de corrupción internacional y repudiado por el PP, cobraba a razón de 3.030 euros al mes (un total de 157.000) por asesoramiento jurídico externo (aunque la Comunidad tiene decenas de abogados en plantilla), pero no hay un solo informe suyo escrito durante cuatro años, de 2007 a 2011.

El balance de gastos es demoledor porque no se han guardado facturas ni justificantes de la mayoría de los gastos, incluyendo 35.377 euros en El Corte Inglés sin objeto conocido, o 142.000 euros para la Casa de Madrid en Buenos Aires (Argentina) que se perdieron. También se subvencionó un proyecto literario que tenía al Premio Nobel Mario Vargas Llosa como protagonista.

En 2007 las fundaciones públicas ya debían someterse a la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), pero eso sólo afectaba a Arpegio para adjudicar contratos, algo que apenas hacía esta fundación: principalmente firmaba convenios y otorgaba subvenciones, por lo que podía ignorar la LCSP.

Los convenios a veces tomaban caminos transversales dentro de la propia Comunidad de Madrid, como un gasto de 668.957 euros para un proyecto deportivo con jubilados de la Consejería de Deportes, que dirigía entonces Alberto López-Viejo, hoy uno de los principales acusados en el caso Gürtel. De López-Viejo y la propia Aguirre llegó el empeño en subvencionar con medio millón al equipo español de la Copa Davis.

Los vínculos de la Fundación y el periodismo son patentes: aparte de inserciones de publicidad en casi todos los periódicos (incluido éste), se firmó un convenio con Intereconomía de 174.000 euros para realizar un programa llamado Madrid Solidario, en la televisión donde Granados era tertuliano. También se financiaron unos premios de la Asociación de Periodistas Europeos que otorgó la Infanta Cristina, hoy acusada en el caso Nóos.