Por Osvaldo Sammartino (*)

El gobernador de La Rioja aspira a gobernar un tercer mandato, que la Constitución provincial le prohíbe. Por eso impulsó una reforma constitucional que le despeje ese obstáculo.

La Constitución de La Rioja prevé dos mecanismos para su reforma: 1) el que podríamos llamar regular u ordinario, que es similar al del artículo 30 de la Constitución Nacional: la Legislatura declara, con una mayoría agravada, la necesidad de la reforma, y luego se convoca a una Convención Constituyente que considera los puntos habilitados por esa declaración (arts. 175 y 176); 2) el excepcional, que no puede abarcar más de tres artículos, que se denomina “enmienda”.

En este caso, la propia Legislatura elabora la modificación, con una mayoría agravada (dos tercios de sus miembros), pero esta “solo quedará incorporada al texto constitucional si fuere ratificada por consulta popular, que tendrá lugar en oportunidad de la primera elección general que se realice”. La última fue la vía empleada en esta ocasión.

Como la Legislatura había aprobado el primer paso de la reforma, debía convocarse a una consulta popular para que la ratificara. La fecha de la consulta ya fue claramente inconstitucional. Debía tener lugar “en oportunidad de la primera elección general que se realice”. Podemos discutir la conveniencia de esta previsión. Más razonable sería la solución contraria: prohibir que una consulta popular sobre una cuestión tan trascendente como una reforma constitucional se lleve a cabo junto a las elecciones generales, en las que los focos de la atención popular estarán fijados mucho más en los partidos y en los candidatos que en los temas a reformar, pero lo cierto es que el texto es claro y debe ser respetado.

Hace pocos días la mayoría de la Corte Suprema, al pronunciarse en un amparo interpuesto por la Unión Cívica Radical, determinó, por mayoría, con la valiosa disidencia de Carlos Rosenkrantz, que el planteo era prematuro porque todavía no había caso. Sin dudas no lo era con relación a la fecha.

La consulta popular se realizó con una baja participación popular. Solo votó alrededor del 44% del padrón. El “sí” obtuvo poco más del 25% y el “no” casi el 18% del total de votantes habilitados. ¿Qué efecto jurídico tiene ese resultado? Aquí entra en juego otro artículo de la Constitución provincial, el 84, que regula la consulta popular. Este establece: “Toda propuesta que sea sometida a consulta popular obligatoria se tendrá por rechazada por el pueblo si una mayoría de más del treinta y cinco por ciento de los votos de los electores inscriptos en el Registro Electoral no la aprueba”.

La norma parece clara. Dado que en este procedimiento de reforma constitucional, el de enmiendas, es la Legislatura la que redacta y aprueba las modificaciones, es decir, el poder constituido, en lugar de una Convención Constituyente elegida por sufragio popular, para que la reforma sea válida es necesario que se pronuncie por su aprobación o rechazo el pueblo directamente. Pero, con razón, los constituyentes entendieron que no bastaba que los votos por el “sí” fueran más que los votos por el “no” en las consultas populares, sino que era necesario, para que esa decisión popular tuviera suficiente legitimidad, que hubiera un mínimo de electores, que se fijó en el 35%, que la respaldara.

Pero Casas, en un ejercicio del realismo mágico constitucional, quiere invertir el sentido del artículo. Para él, la reforma es válida salvo que la rechace más del 35% de los electores inscriptos. En otras palabras, no se necesitarían dos aprobaciones, la de la Legislatura y la del pueblo, sino solo la primera. Si el pueblo quiere, que junte los votos suficientes para rechazar lo que sus representantes hicieron. Es decir, vale más la voz del mandatario que la del mandante.

Volvamos a la lectura del artículo 84, que nada tiene de ambiguo: toda propuesta sometida a consulta popular obligatoria “se tendrá por rechazada por el pueblo si una mayoría de más del treinta y cinco por ciento de los votos de los electores inscriptos en el Registro Electoral no la aprueba”. La propuesta, que es en este caso la reforma proyectada por la Legislatura, fue rechazada porque no la aprobó más del 35% de los electores inscriptos.

No es solo lo que la mera lectura del texto constitucional indica, sino que es la única interpretación compatible con la gravedad de una reforma constitucional. En los países, como el nuestro, con constituciones rígidas, las reformas requieren amplios consensos porque la Constitución está destinada a regir más allá de mayorías circunstanciales, como las que pueden darse en una Legislatura.

En 2013 la Corte Suprema decidió que Gerardo Zamora estaba inhabilitado para aspirar a un tercer período como gobernador en Santiago del Estero. Esperemos que en esta oportunidad también la justicia impida la consumación de esta burda maniobra en La Rioja, que vuelve a dañar la República al colocar a las personas por encima de las instituciones.

(*) Profesor de Derecho Constitucional (UBA y San Andrés).