El juzgado de Instrucción número 15 de València ha abierto una macroinvestigación por delitos de odio contra el grupo de miembros de la extrema derecha que reventaron la manifestación vespertina por la lengua del 9 de Octubre, el día de los valencianos. Es la primera vez en la historia de la democracia que en la capital valenciana se persigue una contramanifestación ultra contra las fuerzas políticas de izquierda por delitos contra los derechos fundamentales y no por meras agresiones. Es importante este matiz porque puede servir para desarticular grupos organizados que utilizan la violencia al estilo nazi para imponer su odio e ideas, como es el caso de los Yomus.

Uno de los últimos detenidos por las agresiones ultras en València tiene antecedentes por homicidio y violencia machista

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De momento son 17 los imputados pero la investigación acabará por incrementar el número de agresores e incitadores. Un repaso de los antecedentes penales y policiales permite ver que estos miembros de la extrema derecha que acudieron a la contramanifestación ilegal son extremadamente violentos y tienen ya un historial delictivo más que importante que evidencia más si cabe su peligrosidad. Por contra, los problemas anteriores con la justicia puede que provoquen la entrada en prisión de alguno de los cabecillas, que en algún caso, ya ha estado entre rejas.

Según las averiguaciones hechas por el diario.es, hasta trece de los 17 imputados tienen antecedentes policiales o penales. En dos de los casos no se pudo actuar contra ellos porque el primer delito lo cometieron siendo menores de edad. Entre los distintos delitos cometidos están el homicidio en grado de tentativa, violencia de género, tráficos de drogas, conducción temeraria, lesiones, riña tumultuaria o conducción bajo los efectos del alcohol. Gran parte del Código Penal.

El historial más largo y delictivo lo tiene uno de los cabecillas de los Ultras Yomus y el primero en ser citado a declarar y que se negó a ser interrogado por el juez el pasado viernes, Vicente Estruch, alias Alfarrasí. Fue condenado a tres años de cárcel por tráfico de drogas y tiene otra condena por lesiones a la que hay que sumar una orden de alejamiento de la víctima. Tiene también antecedentes por daños. Vicente Rico, uno de los últimos detenidos, tiene antecedentes por delitos tan graves como homicidio en grado de tentativa o violencia machista. En este caso, se le vincula con un apuñalamiento en las puertas de una discoteca del municipio valenciano de Albal. Fue arrestado por la Guardia Civil.

Nestor Franco, otro conocido de los ataques a los colectivos de izquierda, tiene antecedentes por conducir borracho y por lesiones. Justamente esta semana tenía un acto de conciliación en el juzgado de Alzira con las víctimas -algunos menores en su día- a las que agredió en unas jornadas en favor de la lengua. Estos jóvenes continúan aterrorizados por la paliza que les dieron Franco y otras personas en 2014 por haber acudido a este acto. Una agresión también ideológica y en la que posiblemente no se aplique el delito de odio.

Alejandro Ramírez tiene antecedentes policiales por lesiones y amenazas en 2015 y 2017. Vicente Rincón también ha tenido problemas con la Guardia Civil por lesiones en 2014. Fautino Ortiz ha tenido procesos, en este caso penales, por lesiones, conducción temeraria, quebrantamiento de condena y alcoholemia.

Javier Cervera y Blai Bresó fueron detenidos siendo menores, aunque en el caso del segundo pesa sobre él una condena de tres años de cárcel por tráfico de drogas. Tiene también antecedentes penales Rubén Añó, en su caso por conducir sin permiso de circulación y por hacerlo borracho. Gustavo José Soriano y Víctor Manuel Ramos tienen antecedentes policiales por delito contra la salud pública el primero y tenencia y consumo de drogas el segundo. Vicent Igual tiene antecedentes de la Guardia Civil por conducción temeraria.

Juan Manuel Bustos tuvo problemas con la Guardia Civil y antecedentes por faltar al respeto a un agente. Todos estos imputados más los otros cuatro sin problemas anteriores y los futuros detenidos deberán responder ahora por lesiones y delitos de odio, entre otros. Los delitos por motivación ideológica son, además, un agravante. Ha empezado su vía crucis judicial.