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En diciembre de 2017 murió en Madrid María del Carmen Ramona Felipa María de la Cruz Franco Polo, duquesa de Franco y Grande de España. No resaltaríamos este acontecimiento si no fuese porque la susodicha señora es la única hija de Francisco Franco, quien fue dictador en este país desde la victoria del bando sublevado en la Guerra Civil de 1939, hasta su muerte en 1975. Esta victoria hizo a Franco jefe de Estado y, a través de una terrible dictadura, él y su familia se beneficiaron económicamente. Desde entonces, tanto la familia Martínez-Bordiú y Franco, como las familias de los generales y de la élite empresarial que salió beneficiada de la victoria de los sublevados, no solo han mantenido su estatus, sus privilegios y sus títulos nobiliarios (los que los posean), sino que han ido acumulando una gran fortuna siendo favorecidos tanto por el régimen anterior como por el actual. Y la familia de Franco, aun perdiendo el poder político en favor de la monarquía constitucional, ha conservado su estatus, ha podido mantener toda su riqueza y lo que es más, multiplicarla.

El patrimonio y la riqueza de la familia Martínez-Bordiú y Franco a día de hoy

La familia Martínez-Bordiú y Franco atesora un patrimonio de cientos de millones de euros. Los datos descritos son públicos y están al alcance de cualquiera. La señora Carmen Franco Polo se dedicaba principalmente a la especulación inmobiliaria a través de diversas sociedades como Filocasa SL (que facturó más de 20 millones de euros en 2014) o Montecopel, donde alquilaba bienes por cuenta propia. Ambas empresas tenían la sede en su casa de la calle Hermanos Bécquer en Madrid. Sargo Consulting SL, dedicada al asesoramiento financiero, es con la que se gestiona su patrimonio inmobiliario, el cual tiene un valor de más de 500 millones de euros. Algunas de las propiedades más relevantes con las que contaba Carmen Franco Polo son: el pazo de Meirás en Galicia, el cual está gestionado actualmente por la Fundación Francisco Franco (de la que Carmen Franco era presidenta de honor) para ensalzar la figura del dictador, el palacete de Cornide en Coruña, la finca de Valdefuentes en Arroyomolinos (antigua finca del conde de Romanones), el edificio de la calle Hermanos Bécquer, 8 en el barrio de Salamanca de Madrid, un chalet en la urbanización Los Monteros en Marbella o la finca Canto del Pico de Torrelodones, que fue vendida por 300 millones de euros en los años 80.

Al igual que su madre, sus hijos se han dedicado mayormente al negocio de la especulación inmobiliaria y al de la farándula televisiva. Carmen Martínez-Bordiú vive del famoseo de la televisión. Entre sus empresas cuenta con Ocnarf SL, una sociedad de imagen corporativa y publicidad, así como Cazalla 18 de Junio SL, enfocada a la explotación de derechos de imagen. María gestiona La Moraleja SL, orientada a la explotación agrícola y CM16 SL, orientada al sector hotelero. Francis Franco, además de otras sociedades relacionadas con sus hermanos, es presidente de Proazca, dedicada a la gestión, administración, arrendamiento, compra y venta de toda clase de aparcamientos, con un activo de 2 millones de euros. María del Mar (administradora), junto con María Aránzazu (apoderada), llevan Marletmakai SL, dedicada a la «promoción, construcción y arrendamiento de todo tipo de inmuebles».

José Cristóbal posee una productora de publicidad y estudios de mercado, así como sociedades inmobiliarias. Y Jaime diversas asesorías e inmobiliarias como Cronical Business SL o Francoveda SL. Además está vinculado con narcotráfico y tramas de corrupción y pelotazos relacionadas con el caso Malaya.

Además de todo el dinero que atesoran a través de la farándula, la especulación, tendrán que repartirse el ingente pastel de dinero y propiedades que les deja su madre.

Los cimientos en los que se estructura su riqueza: fosas y cunetas

Francisco Franco descansa hoy en el mausoleo del Valle de los Caídos, el cual fue construido por miles de presos esclavizados y enterrados en el mismo. Un aberrante símbolo de dominación de aquellos que vencieron, y de sumisión y humillación de aquellos trabajadores que defendían ideas de justicia económica y social, así como de perpetuación de la ideología nacionalista, conservadora y religiosa que sigue estando vigente hoy en día en España.

Con la derrota de aquellos trabajadores que buscaban el fin de la explotación y una justa organización económica y social se cimentaron todas las posesiones de la familia Franco y otros sublevados. Y no es para menos, quien salió beneficiado de la victoria de la Guerra Civil fue la Iglesia, los militares y la élite empresarial, quienes, a día de hoy, siguen atesorando el poder político y económico en este país.

Los pactos de la Transición española no dejan de ser una forma de dar continuismo al régimen franquista, y una forma de adaptar la organización política y económica a las democracias europeas, con una serie de concesiones sociales y de ciertas libertades civiles dentro de un marco jurídico menos restrictivo que el anterior, apuntalado en la Constitución española. En la misma, están garantizados varios de los pilares ideológicos del régimen franquista, los cuales se modifican y adaptan para que puedan seguir perpetuándose, y que son los que realmente importa que se cumplan. Los más importantes siguen siendo:

La institución monárquica: que restaura la monarquía, garantiza al rey el ejercicio de jefe de Estado y el mando supremo de las fuerzas armadas. La jefatura del Estado pasa de Franco a la monarquía. El Congreso y el Senado pasan a ser elegido por democracia representativa a través de partidos políticos donde la gente vota y legitima que estos partidos políticos dirijan el poder político, y el Estado continué teniendo el monopolio de la violencia.

La propiedad privada: que es el motor de las desigualdades sociales y de la dominación de la clase empresarial sobre los trabajadores. Se mantiene y se potencia.

El Estado aconfesional: el Estado deja de profesar la religión católica, pero se adopta una fórmula que señala que, aunque el Estado no procesa ninguna religión, se garantizan los privilegios económicos de la Iglesia católica recogidos en los «Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979».

La unidad de España: se conserva este pilar ideológico del régimen franquista, aunque se transforma y adapta, dividiendo el país en autonomías, descentralizando el poder político y fortaleciendo el Estado burocrático.

Por supuesto, todos los artículos de la Constitución que tienen un fondo social, como el artículo 47, que habla de la vivienda digna, el 35, que da derecho a elección de trabajo, o el 39, sobre la protección social, no interesan a las élites económica, por lo que el Estado las deja de lado o invierte un mínimo por salvar su imagen.

Por otra parte, la Constitución como tal solo se ha reformado dos veces, siempre por exigencias internacionales. La primera vez en 1992, para adaptarse al Tratado de Maastricht (que es el acta fundacional de la UE), y en 2011, para priorizar el pago de la deuda pública generada por los bancos tras la bancarrota de 2008.

La apertura del régimen fue exigida tanto desde el interior del poder político y económico del Estado como internacionalmente por EE UU y los países europeos, donde la élite empresarial demanda una transformación del régimen que le permita la apertura económica, lo que se traduce en la apertura de nuevos mercados, más posibilidades financieras, y más beneficios. Un ejemplo del trabajo aperturista de ciertos grupos vinculados al régimen fueron los intelectuales organizados en torno al «Grupo Tácito». Muchos de ellos procedían de familias de las altas esferas del franquismo. Desarrollaron formas alternativas de reformar el régimen dentro de un marco liberal, democristiano y conservador. A pesar de las diferencias en su seno, una vez acabada la transición, obtuvieron cargos políticos en diversas instituciones a través de los partidos UCD o AP y, posteriormente, la colocación en grandes empresas, como las energéticas, etc., lo que puede traducirse en tener la vida resuelta. Diferente fue la suerte que corrieron centenares de trabajadores que fueron reprimidos y asesinados durante la agonía del régimen franquista por crear sindicatos, promover luchas laborales o por muestras de solidaridad.

Al otro lado de los poderes económicos y políticos estamos la gente de abajo, los trabajadores, aquellos que no tenemos títulos nobiliarios, ni riqueza, ni grandes latifundios, ni vivimos de la farándula televisiva, sino que necesitamos trabajar para que los políticos y la élite empresarial puedan seguir viviendo en su pedestal de gloria. Paro, miseria, precariedad laboral, convenios humillantes, condiciones de trabajo degradantes, centenares de trabajadores muertos en accidentes laborales o que sufren accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, marginación, desestructuración familiar, inmigración forzosa, etc., son algunas de las tantas miserias que tenemos que sufrir los trabajadores día a día a causa del capitalismo y la desigualdad social, en un país donde existen más de 13 millones de personas en riesgo de exclusión social según el informe El estado de la pobreza en España de 2017.

A día de hoy, la sociedad avanza a pasos agigantados, y la élite empresarial nos obliga a adaptarnos a un sinfín de bruscos cambios en el modelo económico y social para que podamos seguir siendo productivos, tanto en el puesto de trabajo como consumiendo en nuestras relaciones sociales. Esa adaptación para esta élite no existe, dado que su modelo ideológico y su forma de vida no cambian, siguen estando estancados y condicionados a su influencia, poder adquisitivo y a los valores ideológicos imperantes que lograron sus abuelos en base a las armas.

La muerte de esta señora, que lo único que ha hecho en su vida es ser la hija de un dictador, y la ingente fortuna que se van a repartir sus herederos es el mejor reflejo de la realidad social de este país en el que vivimos. Aquella que se ha construido una élite sobre los cadáveres de miles y miles de trabajadores, en la que unos viven a costa de los demás sin dar un palo al agua, llevándose por delante lo que haga falta para proteger sus privilegios y multiplicando sus beneficios frente a aquellos que a diario tienen que mantenerlos con un mísero salario para seguir adelante.

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