Que las cárceles uruguayas son un infierno casi nadie lo discute. Que la crisis carcelaria es enorme, tampoco. En 2018 se registró un récord de homicidios; las denuncias de extorsiones a familiares de preso han aumentado; la reincidencia está en un 60% y el nivel de analfabetismo en algunos módulos supera el 25%; el hacinamiento es extremo en muchos sectores; los enfrentamientos entre reclusos son periódicos, y todo ello habitualmente es registrado en videos filmados por los propios internos que luego se hacen virales en las redes sociales.

Pero la respuesta de las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) no involucran soluciones de fondo y el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, se ve obligado a presentar recursos de habeas corpus para denunciar individualmente cuando se violan derechos fundamentales.

Sin embargo, y pese al consenso en el sistema político sobre la necesidad de transformar el sistema carcelario –cuya crisis se la señala como una de las principales variables en la reproducción del delito–, los partidos discrepan a la hora de plantear sus soluciones, y en ocasiones caen en generalidades, según opinó Diego Sanjurjo, doctor en Ciencia Política y experto en seguridad pública.

“En muchos casos la vaguedad es absoluta: no dicen cómo, de qué manera, no dicen nada. Este es un tema que debería dar lugar a una política de Estado, porque es un tema sensible en el cual debería llegarse a acuerdos: todos aceptan que la situación es un desastre”, dijo el experto.

Camilo Dos Santos

Pocas líneas

Pero además, el espacio que se le dedica en los programas de gobierno de cara a las próximas elecciones suele ser escaso.

Por ejemplo, en las 204 páginas de las bases programáticas del Frente Amplio solo se dedica una carilla para indicar las necesarias “transformaciones del sistema penitenciario”. En el programa del sector Todos del líder nacionalista Luis Lacalle Pou hay todavía menos lugar: en 207 páginas hay solo un párrafo para hablar de la “reforma profunda del sistema penitenciario”.

El diputado Daniel Radío reconoció que en el programa del Partido Independiente las propuestas para mejorar las cárceles caben en menos de dos carillas; y el Partido de la Gente le dedica tres líneas dentro de su paquete de 50 medidas para combatir la inseguridad.

El resto de los candidatos ha presentado distintos planteos –algunos bastante concretos–, pero según Sanjurjo la discusión principal es definir qué modelo del sistema carcelario quiere Uruguay. Uno es el escandinavo, que apunta a la rehabilitación y a las medidas alternativas a la prisión –y que en algunos países, como en Holanda y Suecia, ha llevado al cierre de las cárceles–, o el norteamericano, que apuesta a grandes centros penitenciarios y a la encarcelación masiva.

Los dos, a su manera, han sido exitosos –dijo el experto–, pero la dificultad del país es que no se decide por ninguno de los sistemas, aunque parece inclinarse por el norteamericano.

“No se sabe hacia dónde va la política carcelaria: vamos dando tumbos, haciendo lo que podemos y atando con alambre los problemas. Si queremos el sistema estadounidense, hay que seguir construyendo cárceles enormes y llenándolas de personas, que entre los años 60’ y 70’ ha contribuido a descender el delito en Estados Unidos. Pero si queremos el otro, tenemos que cambiar ya el sistema y va a requerir 50 años” antes de ver los cambios, sostuvo Sanjurjo.

Camilo Dos Santos

Interés creciente

A Petit, en cambio, le parece auspicioso que “el tema esté en la agenda” y que incluso esté “más que otras veces”. “Se está percibiendo la importancia que tiene un buen sistema penitenciario para bajar la violencia social. Nos han consultado sectores y partidos muy distintos: veo que hay un interés creciente”, aseguró.

Sobre a cuál modelo apuntar, Petit dijo que, en realidad, hay que acercarse al marco de las Reglas Mandela –las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos– que son como “las normas de navegación aérea”.

Eso, dijo el comisionado parlamentario, implica rechazar aquellas propuestas de utilizar a las fuerzas armadas para hacerse cargo –en todo o en parte– de las cárceles, tal como proponen el Partido de la Gente o el Cabildo Abierto.

“La militarización queda fuera del mapa”, afirmó.

Frente Amplio

En las bases programáticas –que comparten los cuatro precandidatos–, el partido de gobierno propone “promover y consolidar las redes de protección y seguimiento para las personas privadas de libertad”, y para llevarlo a cabo está planteado que el Instituto Nacional de Rehabilitación deje de depende del Ministerio del Interior, donde se encuentra actualmente, y pase a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en donde se transformará en un servicio descentralizado.

Además, se proyecta la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios –aunque no dice cómo ni cuántos– con un máximo de 500 plazas y la readaptación de las cárceles de mujeres. Asimismo, se buscará consolidar “la política de clasificación penitenciaria a nivel país, que separa primarios/as, jóvenes, reincidentes, peligrosos/a”. Para lograr estos objetivos, las nuevas unidades penitenciarias no tendrán más de 500 plazas y se “se incorporarán cuadros penitenciarios con alta capacidad gerencial que permita profesionalizar y racionalizar la gestión”.

Daniel Martínez se ha referido al tema. Planteó una "transformación del sistema carcelario con cárceles más pequeñas" y un "rediseño" que "priorizará las acciones de rehabilitación". "Hay que avanzar a un sistema de cárceles diferente, de cárceles más chicas, donde haya una contención al individuo y se trabaje mucho más en la recuperación por la base del estudio y el trabajo", afirmó días atrás el precandidato en Colonia.

Partido Colorado

Ernesto Talvi

El precandidato y líder de Ciudadanos dijo a El Observador que primero quiere apostar a los jóvenes: plantea construir tres cárceles modelo para menores infractores en un lapso de dos años –en Montevideo, Canelones y Florida–, y con un costo anual de US$ 40 millones “que pega en el palo con lo que ya gasta actualmente el sistema y que no rehabilita a nadie”.

En el resto de las cárceles, proyecta aplicar los cinco pilares del modelo escandinavo: que los reclusos trabajen, estudien, lleven una vida recreativa y al aire libre, tengan contacto con su familia y afectos y que traten sus adicciones.

José Amorín Batlle

El asesor en seguridad de Amorín Batlle, Sergio Guarteche –exdirector de Policía de Durazno– dijo que el sistema requiere de “funcionarios profesionales y técnicos comprometido con la causa”. También comparte la idea de achicar las prisiones y combatir el hacinamiento.

Julio María Sanguinetti

En un documento elaborado por el sector Batillistas en el que se detallan 12 puntos sobre la inseguridad pública, hay un párrafo referido a que "las cárceles no cumplen con sus cometidos", aunque no se explica cómo cambiar ese problema.

Asimismo, el exvicepresidente Luis Hierro López, integrante de la Comisión de Seguridad Pública del sector, escribió semanas atrás en El Correo de los Viernes que entiende necesario plantear "nuevos criterios institucionales que prevean la separación de las cárceles de la policía, con mejor formación del personal a cargo, pero además con jerarcas que reestablezcan la disciplina, la reclusión en sentido estricto y la reeducación cuando corresponda"

El Observador también intentó el contacto con Sanguinetti para conocer su propuesta, pero no respondió a los llamados.

Partido Nacional

Luis Lacalle Pou

En el párrafo dedicado al tema, el programa de Luis Lacalle Pou propone “mejorar la infraestructura (más cárceles de menor tamaño), pero también (…) desarrollar programas que combinen la atención sanitaria, la educación formal y una capacitación laboral que facilite la reinserción de las personas liberadas”.

Jorge Larrañaga

El asesor de seguridad del senador wilsonista –el intendente de Colonia, Carlos Moreira, dijo a El Observador que “habrá que recurrir a la famosa inversión de Participación Público Privada”. Contó que su precandidato plantea contar con “personal especializado” que sea capaz de llevar adelante “un abordaje integral”, que incluya “programas completos, educación y trabajo”,

Juan Sartori

El empresario devenido en político planteó su intención de construir dos cárceles modelo en el interior del país.

Eso es todo lo que ha dicho al respecto.

Unidad Popular

Con el norte de que “las cárceles no deben ser instrumento de criminalización represiva de la pobreza”, el diputado Eduardo Rubio plantea generar talleres que apunten a la reinserción laboral, y trabajos dentro de las cárceles

Partido Independiente

El diputado Daniel Radío dijo que uno de los principales objetivos en la materia es brindarle al INR una mayor fortaleza institucional y una mayor autonomía.

También plantean construir más cárceles, que sean más chicas y, al igual que uno de los puntos del Frente Amplio, proponen “clasificar a los presos”

Partido de la Gente

El tercer punto de las 50 medidas contra la inseguridad de Edgardo Novick lleva por título “Retomar el control de las cárceles”, y para ello propone dejarlas en manos de los militares. Robert Parrado, asesor de seguridad del partido, dijo a El Observador que esa medida es transitoria y que tiene que ver con “una coyuntura de emergencia". Además, mencionan “el modelo de micro cárceles, pensando en criterio de rehabilitación específica”.

Cabildo Abierto

El excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, planteó en sus discursos de campaña crear una cárcel de “alta seguridad” operada por “militares” que se harían cargos de los delincuentes más peligrosos.