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Una de las discusiones más interesantes de la próxima campaña presidencial puede involucrar al llamado “ingreso ciudadano (o básico) universal” (ICU o IBU). Es un tema presente en México desde tiempo atrás, inicialmente propuesto en una plataforma política por Patricia Mercado en 2006, y por Gabriel Zaíd desde antes. Ha sido retomado en tiempos recientes por economistas como Gerardo Esquivel, por la CEPAL, por legisladores como Cecilia Soto y Luis Sánchez, y apenas hace unos días, en las deliberaciones de la Constituyente de la Ciudad de México.



Como ya se ha dicho, se trata de entregarle a cada mexicano –en principio mayor de 18 años, para no fomentar el crecimiento demográfico, aunque algunos discuten esto- un ingreso monetario determinado, trabaje o no trabaje, sea pobre u opulento, tenga hijos o no. Puede ser igual al salario mínimo, o al costo de un canasta básica, o el cociente de dividir la totalidad de los programas asistenciales existentes entre el número de mexicanos de más de 18 años (unas 85 millones de personas).



Los pros y contras han sido debatidos, sobre todo en países ricos (en particular en Suiza), donde el temor es que debido a la automatización del trabajo –camiones sin choferes, líneas de ensamble robotizadas, cajas sin cajeros en las tiendas- mucha gente pase a ser permanentemente desempleada. Las objeciones van desde el desincentivo para trabajar hasta el costo fiscal, pasando por variaciones dentro de la idea. ¿Es justo entregarle un estipendio, por pequeño que fuera, a un magnate? ¿O cuesta más la administración de criterios de elegibilidad que dárselo a un multimillonario? El programa ¿debe sustituir a los ya existentes –en México, Prospera/Oportunidades/Progresa, pensión para adultos mayores, y miles más- o deben conservarse esos, el ICU siendo un complemento?



¿Es preferible un estipendio puro y simple, o conviene más un impuesto negativo sobre la renta –la idea original de Milton Friedman y que existe en EU como “earned income tax credit”?



Retomar este tema hoy viene el caso por dos motivos. Primero, porque si bien Santiago Levy tiene razón cuando afirma que los bajos salarios en México se deben a la baja productividad en el enorme sector informal, y mientras no se reduzca de modo drástico este último, nada será eficaz, un piso de ingreso mínimo puede ser útil. Sobre todo si recordamos los números escalofriantes del INEGI.



De acuerdo con la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, el salario promedio de los trabajadores dependientes de la razón social del sector “Fabricación de automóviles y camiones”, en octubre de 2016, fue de 9,820 pesos. Es decir, al tipo de cambio actual, 490 dólares al mes. Sin meternos a PPP (purchasing power parity, para tomar en cuenta la diferencia de precios entre México y EU), esto es más o menos la décima parte de lo que gana un obrero de la UAW pagado por hora en un planta automotriz de EU: 30 dólares la hora, o aproximadamente 5 mil dólares al mes.



Sobre todo, se ha vuelto más pertinente porque según la revista The Economist, la semana pasada el gobierno de la India, el país con más pobres en el mundo, sugirió la idea de sustituir los casi mil programas federales de asistencia, incluyendo subsidios, por un ICU. Los programas cuestan 5% del PIB; un ICU muy bajo, costaría 6-7%. Gracias al sistema Aadhaar, es factible entregarle el estipendio a cada indio por teléfono celular. Repugna la idea de transferirle cualquier dinero a los marrajas industriales de la India; existe el riesgo de que el ICU se agregue a los programas vigentes. Pero como dice The Economist (publicación que se opuso al ICU en el referéndum suizo de 2016), a propósito del gobierno derechista de Modi: “Hay razones para no saltar ciegamente hacia el ICU. Pero como instrumento para ayudar a los más pobres del mundo, los razonamientos a favor son fuertes”.



Twitter:@JorgeGCastaneda



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