Hemos conocido esta semana la intervención concursal por insolvencia de las empresas del Grupo Polaris, emblema del boom urbanístico murciano. Ya sabíamos del declive imparable de este imperio inmobiliario, que ahora termina de colapsar.

Unos días antes se cumplía el cuarto aniversario de la sentencia del Tribunal Constitucional que liquidó el macro proyecto urbanístico de Marina de Cope, restituyendo los límites del Parque Natural y revocando la desprotección acordada en 2001 por el gobierno de Valcárcel. Cuatro años en los que nada ha hecho la administración regional por mejorar este espacio, degradado por los abusos agrícolas.

También el final del año nos trajo noticias de la intervención pública para rescatar las quebradas autovías de peaje concedidas por el gobierno de Aznar en tiempo de descuento político, entre ellas la autopista Cartagena-Vera, que debía ser la vía de acceso a un tramo de costa virgen que se pretendía urbanizar en el delirio urbanístico. La broma puede costarnos en conjunto hasta 5.000 millones de dinero público, el equivalente al déficit del estado para este año.

Las noticias sobre el inoperante aeropuerto internacional de Corvera son continuas: ahí sigue, terminado en 2011, hace más de cinco años, y todavía cerrado y sin fecha de apertura, lo que no ha impedido que estemos todo este tiempo pagando intereses a los bancos y haciendo frente a la factura de mantenimiento, aún por negociar, pero que suma en conjunto una cantidad de decenas de millones de euros, sin contar el pago aún pendiente de resolver judicialmente de las expropiaciones de terrenos para su construcción.

También en el año recién terminado asistimos al entierro definitivo del sueño de un parque temático de la Paramount en Alhama de Murcia, alentado por el Gobierno murciano, revelando otra quimera inviable más que sin embargo nos mantuvo entretenidos unos cuantos años con vídeos y maquetas de cine, y al que liquidaron la falta de inversores y otra sentencia de 2012 del Tribunal Constitucional.

También en este año hemos vuelto a saber de la desalinizadora de Escombreras, asociada también a los proyectos de desarrollos urbanísticos de la costa murciana, construida por empresas privadas por medio de una suerte de ingeniería empresarial de compra-ventas que acabará costando al erario público centenares de millones de euros para un rendimiento real de agua desalada muy escaso. Otro festival ruinoso para las magras cuentas regionales.

Para completar este mapa del terror, deberíamos citar el macro puerto de El Gorguel, otro disparate faraónico que no se verá consumado porque no obtendrá los permisos de la Unión Europea. O los casos pendientes de Novo Carthago, y antes la anulación de Lo Poyo, donde la barbarie urbanizadora ha podido ser detenida a tiempo. Todo esto alrededor de un Mar Menor que este año ha entrado en coma por las agresiones continuadas y la irresponsabilidad permanece de nuestro gobierno autonómico.

Como si hubiera un empeño implícito en mostrar que el desatino presidió por completo aquel loco diseño de nueva Región que alimentaron Valcárcel y el PP, todavía proyectos culturales (este modelo tenía sus propios dispositivos culturales a la altura del dislate general) que tienen su origen en este periodo, como son El Centro de Arte de La Conservera o el festival SOS 4.8, se ven en el aire con riesgo de que también desaparezcan o cierren.

A esta catarata de desastres a los que hemos sobrevivido milagrosamente con un alto endeudamiento y muchas facturas por pagar, habría que añadirle el tsunami de corrupción que acompañó a esta babilonia del ladrillo. Alcaldes procesados por decenas, desde el cada día más alucinante caso del murciano Cámara a la cartagenera Barreiro, que no acaba de lograr zafarse de la sombra de la corrupción pese al uso indebido del aforamiento. Por detrás están todos los demás: desde Molina de Segura a Aledo, desde San Javier a Puerto Lumbreras, de norte a sur y de este a oeste, el aire fétido de la corrupción lo inunda todo. Este último caso además afecta al actual presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, al que muy probablemente se llevará al final por delante su libérrima gestión como alcalde, plagada de ilegalidades.

¿Qué ha quedado de los años salvajes de Valcárcel y del PP? Un vicepresidente del Parlamento Europeo amurallado tras las instituciones europeas en espera de su jubilación e intentado que las investigaciones judiciales no le alcancen; un sucesor que no podrá evitar ser imputado, lo que abrirá una grave crisis política en la región; un listado interminable de imputados a los que veremos desfilar por los juzgados durante mucho tiempo; y por encima o por debajo de todo esto, esa incomprensible y persistente mayoría relativa del PP en la región, que en las última elecciones generales pasó del 46% del voto ciudadano, para vergüenza de esa otra mitad mayor de la ciudadanía que no ha perdido la dignidad democrática ni la memoria.