Presentamos en este texto un contraargumentario feminista al resumen de la intervención del director de la Real Academia Española en la rueda de prensa celebrada el día 20 de enero de 2020 para presentar el Informe sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución, elaborado a petición de la vicepresidenta primera del Gobierno español, Carmen Calvo. Este informe, según se indicó durante semanas en el propio documento publicado en la red, «ha sido aprobado por unanimidad por la Academia en el Pleno celebrado el día 16 de enero de 2010 [sic]».

Obviamente sabemos que el año 2010 era una errata ―ahora corregida― pero dado que así permaneció durante semanas, resulta oportuno recogerla para dar muestra de la descuidada redacción del documento, realizada por quien se erige como «notario» y guardiana de la esencia de la lengua española.

Tras una lectura atenta y esperanzada del resumen del informe, bastaron unas líneas para percatarnos de nuestra ingenuidad. El texto apenas aporta nada para avanzar en el debate sobre el lenguaje inclusivo, bloquea las vías a la colaboración con personas expertas en el campo de la igualdad, se apropia y tergiversa las herramientas lingüísticas propuestas desde el feminismo y manipula los argumentos gramaticales con ideológica cerrazón patriarcal. Con el objetivo de esclarecer sus elementos problemáticos, en este contraargumentario feminista exponemos y respondemos, en forma de decálogo, a las falacias e incongruencias manifiestas en el citado resumen del informe de la RAE.

1. Sugiere la RAE: la perspectiva del informe es solo lingüística. [Respondemos nosotras: sí, claro, es evidente que la lingüística no tiene nada que ver con la sociedad].

Anuncia la RAE que su informe responde a la consulta de gran relevancia política, jurídica y lingüística realizada por la vicepresidenta del Gobierno «desde una perspectiva lingüística estrictamente». Sin embargo, no existe una perspectiva que pueda ser exclusivamente lingüística. Como demuestra la disciplina académica Análisis Crítico del Discurso, con décadas de investigaciones en su haber, el lenguaje transmite valores ideológicos y no existe de manera aislada a las sociedades y jurisdicciones.

En efecto, hablar de la importancia de la Constitución española como carta magna, e incluso de las constituciones de otros países de Latinoamérica, no es algo meramente lingüístico, sino también jurídico. Y si hablamos de la importancia de las leyes ¿no deberíamos también tener en cuenta la Ley 3/2007 de Igualdad entre Mujeres y Hombres? Este texto legisla sobre lenguaje no sexista en los siguientes términos:

«14. Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos. “1. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.” 28. Sociedad de la información […]. “En los proyectos del ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación sufragados total o parcialmente con dinero público, se garantizará que su lenguaje y contenidos sean no sexistas”.»

A lo largo del informe, la RAE ofrece ejemplos de que sus perspectivas tienen más de políticas e ideológicas, que de «estrictamente lingüísticas». Solo así puede entenderse que, en efecto, en su redacción use ocasionalmente términos duplicados en femenino y masculino; o para ser más precisas, en masculino y femenino, anteponiendo invariablemente un criterio ideológico (el masculino primero) en lugar de un criterio verdaderamente lingüístico como sería el criterio de orden alfabético. A modo ilustrativo, véase la frase en que la RAE aclara que, para elaborar el informe, su director «designó una ponencia constituida por dos académicos y dos académicas». Siguiendo sus propios retorcidos argumentos, ¿por qué no cuatro académicos? ¿O es que acaso están reconociendo que esas dos académicas no se encuentran representadas en el masculino plural académicos? Y de ser así, como las feministas llevamos décadas argumentando y demostrando, ¿por qué no aplicar un criterio lingüístico (el alfabético) y abogar por dos académicas y dos académicos?

Otro ejemplo claro de que la RAE se mueve por criterios ideológicos y no lingüísticos es su aseveración: «Carece de sentido argumentar que las mujeres no están comprendidas en afirmaciones como “Todos [sic] tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona”». ¿Desde cuándo la expresión «carece de sentido» es un criterio lingüístico?

2. Sugiere la RAE: las recomendaciones de la RAE toman como referencia el uso mayoritario de la comunidad hispanohablante. [Respondemos: ah, sí, por eso recomiendan el uso de vocera, extendido en Latinoamérica. Uy, no, perdón, que no lo hacen].

En su cometido de estudiar, a petición de la vicepresidenta primera del Gobierno, «el buen uso del lenguaje inclusivo en nuestra carta magna» vigente en el Estado español, la RAE afirma que se limitará a «ser testigo del empleo colectivo de los hablantes» y para ello, tomará como referencia el uso mayoritario de la comunidad hispanohablante (entiéndase, no solo de España). Cierto es que, a lo largo del resumen, menciona que ha realizado un estudio comparativo de otras cuatro constituciones de países hispanohablantes (Chile, Colombia, México y Venezuela) y de países próximos (Francia, Italia y Portugal).

Esta afirmación revela, en primer lugar, que la RAE ha olvidado tener en cuenta la tipología textual sobre la que se posiciona: un texto legal. Dudamos que la Constitución española (o ninguna otra, ni ningún texto jurídico, si nos apuran) recoja de una lengua el uso mayoritario de sus hablantes. Porque, si por algo se caracteriza el argot legal, es por el empleo de usos propios. Esto es así hasta el punto de que la RAE tiene un «diccionario jurídico» independiente de su Diccionario de la lengua española (en adelante referido como DLE, y popularmente también conocido como DRAE).

Y ya que esto trata sobre lenguaje jurídico, es realmente una pena que la RAE no se haya percatado de lo útiles que resultarían, para promover la inclusión lingüística en la Constitución, algunos usos frecuentes en otros textos legales, como el empleo de pronombres neutros como quienes escucharen o quienes hablaren, que son perfectamente inclusivos, cuentan con gran tradición jurídica y cuyo uso podría recomendarse en docenas de ejemplos de la Constitución española.

En segundo lugar, si la consulta de la vicepresidenta primera es sobre el texto constitucional en vigor en el Estado español, ¿por qué se deberían observar usos de toda la comunidad hispanohablante, en cuyos países no se va a aplicar la ley y que ya cuentan con otras academias? Es más, ¿por qué se consideran también constituciones escritas en otras lenguas europeas, con una historia y trayectoria totalmente distinta? Que sepamos, en temas no relacionados con el género, lo más habitual es que la RAE no observe la evolución de otras academias para dar directrices acerca de cómo debería evolucionar el español peninsular. ¿Por qué esto sí vale cuando hablamos de género?

Y aun así, las conclusiones que presentan son parciales y sesgadas. De las cuatro constituciones latinoamericanas consultadas y analizadas, una de ellas muestra un avance en el uso inclusivo, pasando del supuesto masculino genérico al desdoblamiento y a la neutralización. Sin embargo, ese uso no satisface a la RAE y la menosprecia en el resumen al afirmar que «en todas ellas se utilizan las mismas aplicaciones del masculino de interpretación inclusiva, tanto en plural como en singular. Destacan algunas diferencias notables en la Constitución venezolana de 2009». En otras palabras, la RAE descarta de forma automática aquello que no le agrada por no resultar acorde a sus criterios ideológicos, aunque sean usos que en realidad representan una cuarta parte de su corpus (una de cuatro constituciones).

3. Sugiere la RAE: la RAE se limita a ser testigo de los usos lingüísticos actuales. [Respondemos: sí, ya, siempre que no le pille mirando para otro lado].

La RAE no se limita, en absoluto, a ser testigo de nada, sino que prescribe los usos correctos e incorrectos de la lengua. Encontramos innumerables ejemplos usados a diario por una mayoría de hablantes, como la formal verbal andé, que la RAE sigue considerando incorrecta. Si la Academia fuese únicamente testigo debería haberlos aceptado ya como válidos. Lo mismo sucede con los neologismos, puesto que algunos se aceptan sin ser mayoritarios, como cederrón. También pasa con algunos arcaísmos, que no se marcan como en desuso y ahí siguen, como hurgamandera −prostituta−. Y no debemos olvidar otras acepciones, que llevan años en uso e incluso se incorporan en materia legislativa, como violencia de género, incluida en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y cuya aceptación por parte de la RAE no será considerada hasta el año 2026, cuando se prevé la nueva edición de su DLE.

A pesar de definir su papel como «testigo», la propia RAE cae en una tremenda incongruencia al reconocer, en este mismo documento, que en realidad sí desempeña un papel de árbitro para prescribir lo que es correcto e incorrecto, al afirmar que «millones de hispanohablantes» le consultan «problemas lingüísticos». Otros ejemplos del propio resumen del informe ratifican las incongruencias; en el apartado 5.2. la RAE asevera y prescribe que «se puede aludir expresamente en femenino a los cargos únicos y dignidades unipersonales (presidenta del Gobierno, defensora del pueblo, por ejemplo)».

En resumen, la RAE no solo es testigo de cómo se habla. ¡Qué inoperancia de institución y qué desperdicio de fondos ―sobre todo los que se pagan desde las arcas públicas― si solo sirviera para registrar usos mayoritarios! Pero es que además de prescribir usos, también se encarga de proscribir otros. Interviene una y otra vez. Y en cuestiones de género gramatical o de inclusión de determinadas palabras (como la propia acepción sociológica de género), ha interferido continuamente con los usos, demonizándolos, ridiculizándolos, pronunciándose públicamente ―como institución y a través de sus miembros― en contra de ellos.

Si su labor fuese la de mero «testigo» no habría hecho un informe contra las Guías de uso no sexista del lenguaje en la Administración, conocido como Informe Bosque, ni elaboraría otros acerca de usos incorrectos y generalizados del idioma que, cuando no se refiere al lenguaje inclusivo, apenas merecen algunas recomendaciones en el Panhispánico de dudas. Pues eso, que la RAE no es testigo, sino jueza y parte.

4. Sugiere la RAE: los usos lingüísticos no tienen por qué haber cambiado en las últimas cuatro décadas. [Respondemos: o sea, ¿quieren decirnos que la lengua es estática, perpetua e inmovilista?].

La lengua no es una pieza de museo y tampoco es algo estático ni perpetuo ni inmovilista, ya que los usos mayoritarios o frecuentes en cada comunidad lingüística cambian conforme lo hacen las sociedades que hablan ese idioma. Del año 1978 (Constitución) al 2020 (publicación del resumen del informe) la sociedad española ha cambiado lo suficiente como para que una vicepresidenta primera del Gobierno haya hecho una consulta sobre lenguaje inclusivo en relación con el texto constitucional vigente. Resulta incomprensible, pues, que la RAE anuncie que examinará «si la redacción de hace cuarenta y un años ha podido ser desplazada parcialmente por nuevos usos lingüísticos» (punto 2). ¿Acaso puede esto ponerse en duda? Si los usos lingüísticos no variasen, ¿por qué y para qué se dedica la RAE a actualizar con cierta periodicidad su diccionario, que desde 1978 hasta 2020 ha tenido cuatro ediciones?

Justamente en estos cuarenta y dos años, en los que hemos pasado de una larga dictadura a una (todavía joven) democracia, las relaciones de género entre mujeres, personas no binarias y hombres se han modificado de manera sustancial. Se ha producido también una transformación radical, desde la raíz, en las expectativas que la sociedad tiene sobre las personas, en función del sexo que se les asigne al nacer. ¿En qué mente cabe, pues, que no hayan surgido nuevos usos lingüísticos que desplacen la redacción de hace más de cuatro décadas? Ni siquiera cabe en la de la RAE, que admite que estos han cambiado cuando afirma que la expresión «obligaciones militares de los españoles» (punto 4.2.) se refería únicamente a los hombres en el momento de su redacción, siendo la situación distinta en la actualidad ya que las mujeres pueden también alistarse al ejército. Pues sí, los usos lingüísticos han variado necesariamente y ahora necesitamos mencionar realidades que eran inexistentes en 1978, como la que representa a las mujeres en el ejército. Pero ni con esas.

Es más, los avances de las últimas cuatro décadas han sido favorables para un número considerable de personas jóvenes y en edad infantil, que han sido educadas en unos valores de igualdad reflejados también en su aprendizaje del lenguaje en la escuela, es decir, que han aprendido desde la infancia que la manera de referirse a toda la clase, es diciendo niñas y niños. Algunas de las propuestas incluidas en este informe (nos referimos, por ejemplo, a la «lectura inclusiva del masculino») resultarán completamente inservibles a estas personas: la mayoría de las niñas de ahora saben que si dicen niño, la cosa no va (o puede no ir) con ellas. En definitiva, esto constituye otra muestra más de que si el lenguaje no evoluciona, deja de servir a sus hablantes.

5. Sugiere la RAE: la utilización de términos masculinos referidos a hombres y mujeres puede interpretarse como lenguaje inclusivo. [Respondemos: la RAE lo ordena, las mujeres dicen amén y si no te identificas ni como mujer ni como hombre, no cuentas].

Afirma la RAE en su punto 3 que el lenguaje inclusivo tiene «al menos dos interpretaciones» en contextos en los que se mencionan a mujeres y hombres: una es la adopción de estrategias que explícitamente incluyan a ambos sexos, bien sea con el empleo del término femenino para mujeres o con la utilización de términos neutros para referirse a un colectivo humano independientemente de su sexo. La otra es la utilización del masculino (el de toda la vida) para referirse a mujeres y hombres, si el contexto deja claro que ello es así. Sinceramente, no se nos ocurre forma más excluyente y exclusiva de definir lo supuestamente incluyente e inclusivo.

Para empezar, el masculino no es inclusivo. En la elaboración de su propio documento, como hemos apuntado ya, aclara que han participado «dos académicos y dos académicas», demostrando que cuando se quiere enfatizar que hay mujeres es necesario nombrarlas.

Para seguir, hoy en día existen muchas otras estrategias de inclusión lingüística ―además de los términos neutros o de la especificación de femenino y masculino― que son usadas por millones de personas pertenecientes a la comunidad hispanohablante en todo el mundo y que no se mencionan en su documento, como pueden ser el uso de la barra vertical, la arroba, la grafía x y también la grafía e como marcador de identidad sexual no binario. Cada una de estas estrategias puede ser más o menos útil en distintos contextos y tipologías textuales. En particular, el uso de la barra está más que implantado en el lenguaje administrativo, como por ejemplo en documentos oficiales como el BOE, los Diarios Oficiales de distintas Comunidades Autónomas y ¡también la Constitución venezolana! Esa que tan poco ha debido agradarles.

Para terminar, por si la RAE no lo sabe, una cosa es el lenguaje no sexista y otra es el lenguaje inclusivo. El lenguaje no sexista aboga por unos usos lingüísticos en los que no se invisibilice a las mujeres, en contra de la regla patriarcal que nos gramaticaliza como ciudadanas de segunda, siempre dependientes y sometidas al masculino. Las aportaciones de la Academia son valiosas pero con frecuencia obvian que, en cuanto al sistema sexo-género, el mundo no se divide únicamente en dos categorías binarias y estancas: mujeres y hombres. En cambio, el lenguaje inclusivo va mucho más allá porque abarca tanto las identidades de género como las identidades sexuales y, por lo tanto, incluye a personas no binarias, además de diversidad racial, funcional, de orientación sexual, de clase, de edad, entre otras. Y la RAE, de esto, ni pío. Su DLE sigue rebosando no solo términos sexistas, sino también homófobos y transfóbicos. Véanse, como muestra, las definiciones de machorra o tortillera, las diferencias entre las acepciones de matrimonio entre «mujeres y hombres» y entre «personas del mismo sexo» y algunos vacíos incomprensibles como la inexistencia del término transgénero en el DLE.

Llegadas a este punto, nos parece oportuno mencionar la diversidad funcional. Si bien la RAE recomienda «sustituir el término disminuido, usado en el artículo 49, por el vocablo discapacitado, más común en la actualidad» (¡otra evidencia, para sorpresa quizás de la propia RAE, de que los usos lingüísticos cambian!), en realidad el cambio propuesto continúa presentando a un colectivo de personas como menos capaces que otras. Por ello, sugerimos a la RAE que lea las recomendaciones de las Naciones Unidas para el idioma español a este respecto. Queremos facilitarles la vida, y por eso se las resumimos aquí: conviene usar expresiones del tipo persona con discapacidad o persona con ceguera con el fin de situar el énfasis en la persona, y no en lo que le falta para ser una persona supuestamente normal.

Por ir acabando ya, su informe apesta a clasismo del rancio, cuando dedica toda una sección, apartado 5.4., titulado «Reina y princesa», a recomendar cambios en la redacción de la Constitución para incorporar el vocablo reina como titular de la Corona, especialmente «considerando que el próximo Jefe [sic] de Estado tendrá previsiblemente sexo femenino». Dicho de otro modo, la única persona que merece ser nombrada con el género gramatical que previsiblemente corresponde a su sexo biológico es la posible futura reina. Al pueblo, que nos den.

6. Sugiere la RAE: el masculino no marcado es puramente gramatical. [Respondemos: pfff, puro, puro, lo que se dice puro…]

Dice la RAE, hacia el final del punto 3 del resumen de su informe, que el masculino no marcado es puramente gramatical. Pero ¿cómo puede ser puramente gramatical, si la gramática es una norma, y las normas las fijan personas en un momento determinado del tiempo ―en este caso, hombres que eligieron el masculino allá por el siglo XVIII― imbuidas por los prejuicios de esos tiempos? Las gramáticas no existen de manera aislada a todo lo demás, sino que las hacen personas de su tiempo.

Esto mismo se desprende de la definición de gramática realizada por la RAE en su web:

«El estudio de la gramática y la preparación de normas gramaticales han sido, desde los primeros estatutos académicos, un complemento imprescindible a la elaboración de diccionarios: en el diccionario se definen las palabras; en la gramática se explica la forma en que los elementos de la lengua se enlazan para formar textos y se analizan los significados de estas combinaciones».

Si la gramática «explica y analiza», entonces el concepto de lo «puramente gramatical» no existe. Al contrario, las explicaciones y análisis de los elementos de la lengua las realizan personas concretas: y así, como decíamos, tanto la gramática como el lenguaje son fruto de una sociedad y un tiempo determinados. La expresión correcta ―y veraz― por la que la RAE debería haber optado no es aquella en la que el masculino no marcado «es puramente gramatical», sino una que expresara que en un momento dado, varios siglos atrás, aquellos quienes tenían poder de decisión sobre las normas lingüísticas decidieron elegir el masculino como género gramatical no marcado. Y en esas seguimos, gracias a la ideología patriarcal intacta de la RAE, que se niega a afirmar con rotundidad que en la lengua, como en la vida, lo único no marcado es lo verdaderamente neutro.

Un último apunte sobre marcas y opciones. Resulta francamente sorprendente que cuando la RAE describe la acepción del masculino supuestamente adoptada en la Constitución, manifieste que «el constituyente de 1978 optó» (énfasis nuestro) por su comprensión como genérico (apartado 3). Esto plantea dos interrogantes que de nuevo revelan el doble rasero de la RAE. Primero, ¿por qué dice la RAE que la Constitución «optó» por el masculino con supuesto valor genérico cuando en ese momento este uso no se había cuestionado todavía ni se habían propuesto alternativas? ¿Acaso el constituyente tenía otras opciones? Y segundo, ¿por qué la RAE no admite que está optando por el masculino ahora que, tras décadas de cuestionamiento de ese masculino sexista y de propuestas alternativas, sí se tiene elección?

En definitiva, según la RAE, la Constitución optó en 1978 por algo que en aquel momento no estaba en debate, mientras que ese mismo algo, que en 2020 sí lleva décadas cuestionándose, se impone como si no hubiera alternativas. Y punto.

7. Sugiere la RAE: el masculino genérico de antaño se denomina ahora masculino inclusivo. [Respondemos: buenísimo intento de apropiarse del lenguaje combativo para vaciarlo de contenido político].

Al hablar de la presencia y visibilidad de las personas en el lenguaje, la RAE insiste en afirmar que el lenguaje simplemente representa la realidad. Niega así el papel que ineludiblemente desempeña la lengua también en la reconstrucción mental que las personas hablantes realizamos de aquella realidad representada con palabras. Como si las palabras que usamos no importaran. Y, sin embargo, importan y mucho. Lo saben quienes trabajan en publicidad y márquetin, y escogen cuidadosamente el vocabulario con fines apelativos para conseguir el propósito de su campaña. También lo saben quienes se dedican a asesorar en política y recomiendan (o censuran) ciertos términos con el objetivo de generar una determinada recepción por parte de su electorado. Y, obviamente, lo sabe la RAE, ya que sustituye sistemáticamente lo que en otra época habrían llamado «masculino genérico» por la expresión «masculino inclusivo» en su resumen, excepto en los últimos párrafos, donde vuelve a las andadas y retoma la expresión de toda la vida, movida indudablemente por un propósito manipulador.

Sabemos, avaladas por estudios empíricos realizados desde la lingüística cognitiva, que el masculino es igual de específico que el femenino, y que, por lo tanto, ni es genérico ni es inclusivo. A lo que aquí asistimos, en definitiva, es a una apropiación perversa del término «inclusivo» por parte de la RAE, en un intento quizás de mostrar una supuesta no discriminación de su argumento y así tratar de modificar la percepción que las personas tienen de esta fórmula y regla gramatical excluyente.

La apropiación de términos propuestos desde el feminismo no es una técnica nueva, sino un modo insidioso de vaciarlo de contenido político. Se puede observar en la reciente expresión políticamente correcto, que fue acuñada en el seno de discursos contrahegemónicos para abogar por una ética del respeto a las diferencias de las minorías sociales, incluidas las mujeres. Estas minorías debían entenderse no en términos numéricos, sino como minorización y ausencia de poder real y simbólico. Sin embargo, los discursos dominantes no tardaron en utilizar la expresión de la corrección política para parodiar lo que implicaría, según ellos, su aplicación estricta y extendida en todos los sentidos. Por supuesto, y como era de esperar, se produjo una aplicación mal entendida de la expresión, y esta acabó por imponerse como sinónimo de lenguaje lleno de eufemismos y reglas lingüísticas exageradas con el fin de no ofender sensibilidades. Algo surgido desde una posición ética y combativa acabó vacío de su sentido inicial y convertido en un hazmerreír.

8. Sugiere la RAE: el lenguaje inclusivo «carece de sentido» y es «innecesario» o «absurdo»... pero véanse algunas propuestas de inclusión lingüística. [Respondemos: en aquellos aspectos en los que las feministas aciertan, la RAE copia lo que le interesa y lo devuelve como si se le hubiera ocurrido a ella].

A pesar de dedicar páginas a intentar demostrar, sin éxito, que desde «una perspectiva lingüística» el masculino es perfectamente inclusivo y que por lo tanto «carece de sentido» modificar la manera en que la Constitución representa y construye a las personas, el resumen del informe de la RAE culmina con un apartado (5.3.) titulado «Orientaciones de una posible reforma de las expresiones referentes a cargos individuales», supuestamente para tratar de «conciliar argumentos jurídicos, lingüísticos y políticos». He aquí una nueva incongruencia: inicialmente afirma que lingüísticamente no es necesario cambiar el lenguaje, pero lo matiza a continuación, admitiendo que, si se tiene en cuenta la perspectiva jurídica y política, sí es necesario llegar a consensos y cambiar el lenguaje. En definitiva, a la RAE no le queda otra opción que reconocer que los cambios no son solo necesarios, sino inevitables. Y así anuncia la RAE «los criterios que pueden emplearse» (5.3.1.) para este fin. La clave está en el uso de «pueden», ya que demuestra que quien escribe el informe tiene la posibilidad de incluir (su norma sí se lo permite) pero no lo hace. ¿Cómo puede ser innecesario o absurdo que la inclusión pueda rechazarse cuando sea gramaticalmente correcta, si la propia RAE reconoce una y otra vez que el sexismo está en el uso y no en la lengua?

Ahora bien, la RAE se apura a enumerar los «problemas aplicativos» (5.3.2.) que tendría, recurriendo para ello a ingeniosas fantasías. Una de ellas es asegurar que optar por fórmulas no sexistas «requiere reiteraciones y paráfrasis». ¡Como si repetir cincuenta veces los ciudadanos, en lugar de alternarlo o sustituirlo por la ciudadanía o las ciudadanas y ciudadanos, no fuese repetitivo! Otra, y nuestra preferida, es afirmar que utilizar el desdoblamiento de masculino y femenino para hacer referencia a contextos con hombres y mujeres podría «generar una interpretación reductora de los derechos de las mujeres», por cuanto podría empezar a comprenderse que las referencias en masculino singular ya «no abarcan a los dos sexos». ¡Como si alguna vez sí lo hubiesen hecho! En fin, todo un despropósito que viene a decir que, en última instancia, el lenguaje no sexista (y quizás también el inclusivo) es malo para las mujeres.

9. Sugiere la RAE: el masculino genérico posee importancia lingüística. [Respondemos: ¡y vaya si la tiene! Por una vez, estamos de acuerdo].

El resumen del informe de la RAE anuncia, en su último apartado, que a la vicepresidenta primera del Gobierno se le entregan además «tres documentos relativos al sexismo lingüístico, femeninos de profesión y masculino genérico» con algunas de las «modificaciones que se están llevando a cabo en el DLE para eliminar expresiones sexistas» y en los que se recogen «cientos de cambios y soluciones lingüísticas». Todavía un poco incrédulas, abrimos un espacio para el optimismo y la esperanza, pero ya en la primera línea encontramos lo siguiente: «La explicación sistemática de las posiciones de la RAE contiene también una larga exposición sobre el significado e importancia lingüística del masculino genérico». Así que era eso. Pues miren, sí, por una vez estamos de acuerdo: el uso del masculino con esa supuesta función genérica, que en realidad no tiene, es sumamente importante. Lo es porque nos crea y recrea, a las mujeres y a las personas no binarias, como seres invisibles que no cuentan.

El propio documento de la RAE ofrece un ejemplo muy esclarecedor, y plagado de faltas ortotipográficas, que reproducimos de manera literal para evitar llenarlo de [sic]: «El sintagma el alcalde designa un varón particular en la oración ayer me entrevisté con el alcalde (lectura no inclusiva). En cambio, se refiere a la persona que ocupa el puesto de alcalde la frase En España el alcalde está siempre sometido al control de los partidos de la oposición». ¿Y por qué no usar alcaldesa para la persona al frente de un gobierno municipal? Efectivamente, el llamado masculino genérico tiene gran importancia para torpedear los avances sociales conseguidos en las últimas décadas, en este caso invisibilizando la mayor presencia de alcaldesas. Ahora ellas existen, pero el lenguaje las oculta.

También el masculino genérico es sumamente importante porque nos ningunea y recuerda lo difícil que lo tenemos desde niñas para aprender nuestra doble identidad sexolingüística. En nuestra infancia, cuando nos decían ―¡niños, al recreo!― debíamos sentirnos incluidas, pero cuando nos decían ―¡niños, al campo de fútbol!― nos vetaban el acceso. Tampoco podíamos acceder a los baños en los que decía niños, pero las profesoras sí accedían a los que ponían profesores cuando había un baño reservado para todo el profesorado. Y ya no digamos si esta reflexión la hacemos desde el punto de vista de una criatura que no se ajuste al binarismo del sistema sexo-género. ¡Con lo fácil que es ser niño y saberse incluido siempre!

Y, en definitiva, es sumamente importante porque el llamado masculino genérico ejerce una violencia simbólica que se materializa en el plano de lo real. No debemos olvidar, como ya hemos argumentado, que, por un lado, el lenguaje refleja la realidad y por lo tanto debe evolucionar para reflejar en la lengua los cambios que se van produciendo en las sociedades; y que por otro lado, el lenguaje construye la realidad y moldea nuestra visión del mundo y por lo tanto usar un masculino cuando el sujeto no lo forman exclusivamente hombres, contribuye a perpetuar los privilegios patriarcales. Lo que se presenta como algo puramente lingüístico tiene consecuencias a nivel identitario y social.

10. Y finaliza la RAE dando su «posición». [Respondemos: si es cuestión de posición, ¿quiere esto decir que la RAE ya no es portadora de la verdad absoluta?].

Todo lo expuesto hasta el momento viene a demostrar que, a pesar de la negativa a reformar el lenguaje de la Constitución española para hacerlo inclusivo, la propia RAE acaba por proponer cambios, incluso si estos son parciales y justificados en base al capricho y los prejuicios machistas y clasistas. A través de sus múltiples incongruencias identificadas en el resumen de su informe para la prensa (lo que nos hace preguntarnos cuántas no habrá en el propio informe completo) queda en evidencia que el rechazo al lenguaje inclusivo no es lingüístico, sino ideológico. Tras mostrar su posición, ideológica y lingüística, a lo largo de todos los puntos, decide titular su último apartado «Sexismo lingüístico, femeninos de profesión y masculino genérico. Posición de la RAE», como si hasta ese momento hubiera hablado con asepsia científica y alejado de cualquier punto de vista personal. En el caso concreto que nos ocupa, el de dar respuesta a la pregunta de la vicepresidenta primera del Gobierno sobre el buen uso del lenguaje inclusivo en la Constitución, la RAE olvida de manera interesada y flagrante que la corrección gramatical no es un bien superior a la igualdad a la que compele el propio texto constitucional, por lo que es posible hacer redacciones inclusivas que cumplan la norma sin entorpecer ni la igualdad, ni la claridad, ni la fluidez de la lectura del texto.

El lenguaje transmite valores y favorece visiones del mundo. Hay un tipo de lenguaje que cuenta hoy en día con la posición hegemónica, y que por tanto contribuye a mantener el statu quo. Queremos otro más plural, que nos represente mucho mejor y que permita avanzar hacia la igualdad entre las personas. Llamar innecesario o absurdo a ese lenguaje que queremos es una forma más de plasmar la soberbia patriarcal de la RAE, para quien la palabra y sus usos son un patrimonio «masculino» y masculinista de unos pocos.

Cuando reivindicamos ser nombradas a través de una perspectiva feminista crítica y emancipadora o exigimos tomar parte expresa en el cambio y empezamos a acuñar usos y propuestas divergentes, recibimos la resistencia de la Academia. Esta considera que nuestros argumentos son o bien innecesarios, porque presupone que no somos quiénes para expresar lo que necesitamos, o bien absurdos, situándonos simbólicamente en el espacio de la irracionalidad, la cháchara y el parloteo sin conocimiento; espacio en el que nos ha situado desde siempre el imaginario patriarcal.

Pero cuando no les queda más remedio que aceptar la evidencia de que en el año 2020 no hablamos como en 1978 y de que las propuestas feministas ―¡quién lo iba a decir!― han avanzado en la solución del problema del sexismo en el lenguaje, la doblez de la RAE le impide reconocerlo. Resume en su documento aquellas propuestas feministas ya hoy en día inevitables, apropiándose de ellas para luego ponerse la medallita. De este modo, la RAE refuerza varias prácticas patriarcales: manda callar a las mujeres, insinúa que nuestras propuestas son caprichosas o incluso innecesarias y nos ridiculiza manipulando nuestros argumentos para, inmediatamente después, fagocitar nuestro trabajo y presentarlo como propio.

Corolario:

Si algo ha demostrado la RAE en su resumen del informe es que el avance es imparable e inevitable. La sociedad pide cambios, el feminismo ha hecho propuestas alternativas al uso del masculino con presunto valor genérico que se han ido incorporando, mientras la Academia torpedeaba las iniciativas y se cerraba en banda. Ahora, una vez comprobada su viabilidad y utilidad, en lugar de sentarse a hablar y aunar esfuerzos, la RAE se ha atrincherado en la gramática. Y con las prisas por hacer el informe (es que solo ha tenido año y medio para hacerlo, desde la petición de la vicepresidenta primera del Gobierno en el verano de 2018), han olvidado atribuir los créditos al feminismo, invisibilizándonos con ello. Es la misma historia de siempre: las feministas necesitamos seguir trabajando para avanzar en nuevas estrategias, para que luego la RAE, que renquea por décadas detrás de la sociedad, las pueda aceptar. Para que se entienda: nosotras proponemos y, años después, la RAE se lleva la medallita.