Una semana más de gobierno de coalición, y otro sapo más engullido por los ministros de Podemos e IU. En esta ocasión le ha tocado al pueblo saharaui, que ha visto como quienes hasta la entrada en el gobierno llevaban en su programa la defensa de sus reivindicaciones democráticas, asumen ahora la política de Estado de todos los gobiernos de la democracia que las niegan.

Una política de Estado que avala en los hecho la ocupación del Sáhara Occidental

¿Cuales son las líneas maestras de esta política de Estado? Formalmente el Estado español sería partidario de la celebración de un referéndum de autodeterminación que permitiera al pueblo saharaui recuperar sus tierras y el retorno de los todavía más de 175.000 refugiados que malviven en los campos de Tindouf (Argelia). Pero en los hechos, el Estado español lleva décadas aceptando la ocupación de facto de parte de Marruecos, las constantes violaciones de derechos humanos y la negación del prometido referéndum desde el final de la guerra entre el Frente Polisario y Marruecos en 1991.

Este consenso lo han mantenido intacto todos los gobiernos de la democracia, ya fuesen de la UCD, el PSOE o el PP. Y el actual gobierno de coalición promete hacer lo mismo. Así lo aclaraba la ministra de Exteriores, Arancha González, esta semana. Ante la noticia de una reunión entre el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, con la ministra saharaui de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer, Suilma Hay Enhamed Salem, González reiteró que su gobierno no reconoce a la RASD y que se subordina a la hoja de ruta definida por la ONU que lleva avalando pasivamente la ocupación marroquí las últimas tres décadas.

Llamada de mi homólogo marroquí sobre entrevista del Secretario de Estado de Asts Sociales con representante de Frente Polisario. He aclarado que

- artículos publica2 no reflejan la posición del gobierno

- posición de ?￰ﾟﾇﾸ sobre #SaharaOccidental no ha cambiado, es políca de Estado — Arancha González (@AranchaGlezLaya) February 23, 2020

Unidas Podemos da la espalda al pueblo saharaui

Que el PSOE mantenga esta política de Estado era de esperar. La novedad que ha indignado a buena parte del movimiento de apoyo al pueblo saharaui ha sido la reacción de sus nuevos socios de gobierno. Unidas Podemos llevaba en su programa el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y la defensa del derecho de autodeterminación para su pueblo. Sin embargo, la primera reacción de Pablo Iglesias ante la polémica fue asumir que “como no puede ser de otra manera, la posición de España respecto al Sáhara Occidental viene determinada por el ministerio de Exteriores”.

Horas antes, Nacho Álvarez, había borrado todo rastro de su encuentro con la ministra saharaui de sus redes, a pesar de que simplemente había sido una reunión a petición de la ONCE para tratar un programa de cooperación para personas invidentes. Otro antecedente de la asunción de esta “política de Estado” fue el silencio cómplice del grupo parlamentario de Unidas Podemos y sus ministros cuando el diputado de EH-Bildu, Jon Iñarritu, cuestionó el 2 de febrero la concesión por parte del gobierno español de la máxima distinción de la Guardia Civil a Abdellatif Hammouchi, un oficial de la policía marroquí acusado de torturas y asesinatos en el Sahara Occidental y el Rif.

En el expolio de los recursos del Sáhara Occidental participan empresas y multinacionales estadounidenses, francesas y también españolas. De los 126 buques que faenaban en aguas saharauis hasta 2018, 100 eran de bandera española. O empresas como la canaria Graninta que ha sido denunciada por importar toneladas de arena proveniente de los territorios ocupados.

El imperialismo español es parte del expolio del Sáhara Occidental

La separación entre discurso y hechos se ha ido reduciendo en los últimos años. El gobierno de Pedro Sánchez y sus ministros ya no hablan en ningún momento, aunque sea de forma retórica como otros predecesores en el cargo, de derecho de autodeterminación. Recientemente retiraban a la Casa España -la entidad que gestiona los bienes del Estado español en su excolonia- las atribuciones para poder realizar actos administrativos. Esto obligará a la población saharaui con nacionalidad española a tener que trasladarse a Rabat. Un posible prolegómeno para acabar abriendo un consulado en los territorios ocupados como quiere la dictadura marroquí.

Estas posiciones más abiertamente pro-ocupación tienen que ver con los acuerdos, especialmente en materia pesquera pero no solo, que el Estado español y la UE han alcanzado con la dictadura marroquí sobre los caladeros y recursos del Sáhara Occidental. El primer protocolo pesquero que incluyó las aguas saharauis se aprobó en 2013. A pesar de que se emitieron dos sentencias del Tribunal de Justicia de la UE contra estos acuerdos por incluir recursos de un territorio ocupado militarmente, el pasado 2019 el Parlamento Europeo aprobó uno nuevo que volvía a incluirlos.

En este negocio de expolio participan empresas y multinacionales estadounidenses, francesas y también españolas. De los 126 buques que faenaban en aguas saharauis hasta 2018, 100 eran de bandera española. O empresas como la canaria Graninta que ha sido denunciada por importar toneladas de arena proveniente de los territorios ocupados.

Cuestionar la política de Estado sobre el Sáhara Occidental es cuestionar nada menos que una de las políticas personales de Juan Carlos I y su dinastía. Algo que, ningún gobierno de los partidos del régimen ha hecho ni se lo propone.

Una política de Estado que es parte de los consensos del 78

Esta política de Estado hunde sus raíces en los orígenes del régimen del 78. Este jueves se cumplirán 44 años desde la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Un acto realizado entonces por el Frente Polisario ante la confirmación un día antes de que la antigua potencia ocupante del Sáhara Occidental, el Estado español, se retiraba del territorio aceptando en los hechos al nuevo ocupante, la monarquía marroquí con Hassan II a la cabeza.

Recientemente se conocían diversos documentos desclasificados de la CIA en los que se recoge el acuerdo alcanzado entre el Departamento de Estado norteamericano y Arabia Saudita en agosto de 1975 para hacerse con el control de la entonces colonia española por medio de la monarquía marroquí. El territorio, rico en fosfatos, hierro, petróleo y gas, no podía quedar en manos de un Estado español en plena crisis de la dictadura y con el antecedente de la revolución de los claveles un año antes.

Cuando Juan Carlos I asume oficialmente la Jefatura del Estado, aún con Franco agonizando, firmará un acuerdo secreto con Henry Kissinger. Entregaría el Sáhara Occidental a Hassan II a cambio del apoyo norteamericano a su consolidación en el trono. Sería además el comienzo de una “larga amistad”, no solo entre la Zarzuela y la embajada yanqui, sino también con la casa alauí y la monarquía saudí, y de la carrera meteórica de los Borbones a la lista Forbes.

Cuestionar la política de Estado sobre el Sáhara Occidental es por tanto cuestionar nada menos que una de las políticas personales de Juan Carlos I y su dinastía. Algo que, ningún gobierno de los partidos del régimen ha hecho ni se lo propone.

Del aplauso a Su Majestad a la aceptación de la política oficial sobre el Sáhara Occidental

Cuando veíamos a los ministros y ministras de Unidas Podemos aplaudir a Felipe VI y a todo su grupo parlamentario en pié en señal de respeto a la Corona, el escritor Isaac Rosa advertía que “tragarse un ratito las convicciones republicanas será el sapo más digerible que se encontrarán en la mesa, así que prepárense para muchas más decepciones, y no todas simbólicas, que en cada momento se nos presentarán invariablemente como “el precio a pagar por sacar adelante políticas de izquierda””.

La lucha del pueblo saharaui merece una salida basada en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación. Algo que no podrán conquistar solos, necesitan del apoyo de la clase trabajadora y los sectores populares de los países imperialistas, así como forjar una alianza con el resto de pueblos oprimidos del mundo árabe para acabar con los regímenes cipayos, expulsar al imperialismo y poder poner en pié repúblicas de los trabajadores y el pueblo

Este sapo no es cualquier sapo. La bandera de la solidaridad y defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui ha sido una de las enseñas históricas de la izquierda del Estado español. El PCE organizó el primer viaje de niños y niñas saharauis en septiembre de 1979 para ser acogidos temporalmente en familias trabajadoras del Estado español. El antecedente del programa “vacaciones en paz” que se sigue realizando verano tras verano, recibiendo miles de niños y niñas y manteniendo presente el conflicto saharaui. El mismo Enrique de Santiago, actual secretario general del PCE, hombre clave en el grupo parlamentario de Unidas Podemos y mano derecha del ministro Garzón, estuvo al frente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado del 2000 al 2006. Por eso la indignación en las redes entre las asociaciones y el movimiento de apoyo al pueblo saharaui por lo que consideran una auténtica “traición” se ha hecho sentir en estos días.

Por un movimiento anti-imperialista y de solidaridad con el pueblo saharaui



Como planteaba en un reciente artículo Jorge Calderón, “la lucha del pueblo saharaui seguirá contando con el apoyo y la simpatía de una parte muy significativa del pueblo del Estado español e innumerables entidades sociales, políticas y culturales. Desde aquí la mejor ayuda a su lucha es denunciar el rol cómplice del imperialismo español en la ocupación, expolio y represión que padecen. Un apoyo internacionalista, sin la más mínima ilusión en los gobiernos de turno que no dejan de defender ante todo los intereses de las grandes empresas españolas”.

Construir esta solidaridad desde el Estado español, la antigua colonia y una de las potencias imperialistas directamente implicada en el actual expolio, es algo fundamental. Un respaldo internacionalista y de pelea a nuestro propio gobierno, que se solidarice también con la resistencia del Rif, la juventud del movimiento 20 de Febrero y el resto de pueblos del mundo árabe que, desde Argelia hasta Iraq, luchan contra sus gobiernos autoritarios y vendidos al imperialismo.

La lucha del pueblo saharaui no puede caer en el olvido, merece una salida basada en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación. Algo que no podrán conquistar solos, necesitan del apoyo de la clase trabajadora y los sectores populares de los países imperialistas, así como forjar una alianza con el resto de pueblos oprimidos, desde el marroquí hasta el resto de pueblos árabes, para acabar con las monarquías y regímenes cipayos, expulsar a las multinacionales y tropas imperialistas de toda la región y poder poner en pié repúblicas de los trabajadores y el pueblo que concluyan las tareas que empezaron a plantear las primaveras árabes.