Los Departamentos de Justicia y Defensa y el Congreso de Estados Unidos han pedido al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que no investigue las torturas que se habrían producido en la prisión norteamericana de Guantánamo (Cuba) porque sus tribunales son los competentes para perseguir estos hechos y ya han abierto varios procedimientos al respecto.

Así lo han indicado fuentes jurídicas que han señalado que las autoridades estadounidenses sostienen en un escrito que llegó la semana pasada a la Audiencia Nacional que hechos como los descritos en la querella que una asociación interpuso en 2009 contra los creadores de la prisión de Guantánamo y otros similares se están investigando en procedimientos judiciales que ya han finalizado y en otros que todavía se encuentran en fase de instrucción.

La contestación de Estados Unidos se produce en respuesta a una comisión rogatoria que el juez Velasco cursó el 4 de mayo de 2009 antes de decidir si admitía o no a trámite la querella que la Asociación Dignidad de los Presos y Presas de España dirigió contra seis altos cargos de la Administración de George W. Bush que pusieron las bases legales para la creación del centro de detención.

Falta de respuesta de EEUU

Tras ordenar la traducción del escrito del inglés al español, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha dado traslado a la Fiscalía y a los querellantes para que soliciten la admisión a trámite de la querella o pidan la inhibición del procedimiento en favor de la Justicia norteamericana.

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades de este país, el magistrado reiteró su petición en abril de 2010 y volvió a hacerlo en octubre de ese año. Además, el juez ampliaba su solicitud de información y preguntaba si Estados Unidos ha designado algún fiscal especial para investigar estos hechos. Pedía, además, a la asociación que presentó la querella que aporte pruebas de la nacionalidad española de tres antiguos presos de Guantánamo citados en la demanda.

Velasco defendía en un auto dictado en mayo de 2009 que los hechos relatados en la querella podrían ser investigados por la Audiencia Nacional en el caso de constituir "crímenes de guerra" o de "lesa humanidad", ya que, a pesar de ser "un delito cometido en el extranjero por extranjeros", serían de "persecución universal".

No obstante, matizaba que, al estar el proceso "en una fase prematura", parecía "más acorde" al "complejo" sistema de persecución universal de los crímenes contra la humanidad solicitar a Estados Unidos, a través de una comisión rogatoria, "información sobre si en la actualidad los hechos a los que se refiere la presente querella están siendo o no investigados o perseguidos ante sus autoridades o si, en su caso, se va a hacer".

Sin embargo, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se manifestó el pasado 24 de febrero partidario de investigar las supuestas torturas que el preso marroquí Lahcen Ikassrien sufrió en la base militar estadounidense de Guantánamo entre 2002 y 2005, al considerar que actualmente dispone de residencia y arraigo en España.

Los magistrados avalaron de esta forma, en contra del criterio del fiscal, un auto dictado en octubre de 2009 por el juez Baltasar Garzón en el que admitía a trámite una querella presentada por la defensa de Ikassrien para que se investigaran estos hechos.

Torturas e impunidad

En la querella presentada ante el juez Velasco se acusaba a los creadores de la prisión de privar de derechos fundamentales a los prisioneros, estructurar técnicas de interrogatorio que abarcan la tortura y "establecer la más absoluta impunidad para todos los funcionarios, militares, médicos y demás personal que han participado en lo sucedido en el Centro de Detención de Guantánamo".

En concreto, la acción penal estaría dirigida contra el consejero general del vicepresidente Dick Cheney, David Addington; el asistente del fiscal general Jay S. Bybee; el subsecretario de Defensa para Asuntos Legales, Douglas Feith, el consejero general de la Oficina del secretariado de Defensa William J. Haynes; el segundo asistente del fiscal general John Yoo y el consejero de Bush Alberto R. Gonzáles.

Según la denuncia, los hechos se remontan a los ataques contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, que provocaron que "el anterior Gobierno norteamericano diera inicio a lo que en esa administración se entendió como una guerra sin pausa contra el terrorismo".