Los Presupuestos de 2019 pueden marcar un giro en la política fiscal e iniciar un camino hacia el fin de la benevolencia con la que el sistema tributario trata a las grandes fortunas, los grupos empresariales y los perceptores de rentas altas. Desde que se conoció el borrador del acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea, las distintas formaciones han sostenido que los nuevos impuestos y el incremento de varios de ellos afectará a los ricos y a los poderosos, no a la clase media. Argumento que no ha sido asumido desde la derecha política y mediática, que ha sostenido que la clase trabajadora se verá perjudicada por las medidas del nuevo pacto.

Sin embargo, los expertos consultados por Público y los datos de la Agencia Tributaria señalan que sólo el incremento del impuesto del diésel afectará a la clase trabajadora. Además, frente a estos impuestos estará la rebaja de Sociedades para pymes al 25% y la rebaja del IVA para servicios veterinarios y para los productos de higiene femenina.

Cabe apuntar que, aunque los términos de clase media y trabajadora se han mezclado, no corresponden al mismo significado. La clase trabajadora, concepto creado por Karl Marx y Friedrich Engels, se refiere a los trabajadores asalariados, mientras que los términos de clase baja, alta y media son clasificaciones según las rentas. Sin embargo, en los últimos años ha crecido el uso del término "clase media trabajadora". Aunque hay analistas que rechazan el símil, para tener una idea de cómo afectarán los impuestos, sí podemos hacer una comparativa del uso de la clase trabajadora con la clase baja y media, frente a la burguesía y a la clase alta. Los impuestos afectarán, principalmente, a estas dos últimos.

El impuesto del diésel, el único que llega a la clase media

Empezando por el impuesto del diésel, este afectará indistintamente de la renta por lo que sí llegará a la clase trabajadora. Aunque, respecto al alcance que pueda tener sobre el total de las medidas, Carlos Cruzado, presidente del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), explica que supondrá un 11% del total de la recaudación global. En efecto, el Gobierno estima en 5.678 millones el impacto de las medidas recaudatorias y la estimación del impuesto del diésel es de 670 millones, lo que corresponde a un 11,8%.



Por parte del Gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cifró la subida del impuesto en un gasto adicional de unos 3,3 euros mensuales para el consumidor que haga unos 15.000 kilómetros anuales y tenga un vehículo con antigüedad media. Es decir, unos 38 euros por cada mil litros de combustible, que no afectará a los profesionales del transporte.

El impuesto del diésel corresponde a un 11% del total de medidas de recaudación

Cruzado apunta que se podría haber optado por otras medidas, como crear un impuesto de matriculación, de forma que las personas que adquieran un transporte diésel a partir de ahora tengan un mayor gravamen. Esto tendría un "efecto menos abrupto" y se evitaría que las personas que adquirieron estos transportes por tener un tratamiento más favorable en el pasado, ahora se vean perjudicadas. Aún así, apunta que es una medida que se "venía planteando desde hace mucho tiempo" y que han reclamado organismos internacionales como la OCDE o el FMI.

Impuesto de sociedades y digitales: a grandes empresas

Pero, más allá de este impuesto, Cruzado rechaza que los impuestos puedan afectar a la clase trabajadora. El impuesto sobre Sociedades afectará a las grandes empresas ya que el tipo mínimo del 15% sobre la base imponible será para los grupos que tributan en régimen de consolidación fiscal y las empresas no integradas en grupos cuyo importe neto sea igual o superior a 20 millones de euros. El impuesto a las digitales tampoco llegará a la clase trabajadora al afectar a las empresas que tengan ingresos anuales totales de más de 750 millones y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.

Sólo un 0,5% de contribuyentes cobra 130.000 al año



Los expertos consultados por Público rechazan que la subida del IRPF a rentas mayores de 130.000 euros pueda afectar a la clase trabajadora, como han sostenido desde analistas económicos hasta políticos como Albert Rivera. El economista José Carlos Díaz niega estas críticas, sosteniendo que lo que se va a llevar a cabo es incluir un tramo "arriba", que fue lo que eliminó el PP en la última reforma que estableció el 45% a partir de los 60.000. Por su parte, Cruzado también apunta que, "evidentemente", no afecta a la clase media, sino a personas con retribuciones muy altas: "No hay nada más que ver las cifras y los tramos".

Según los datos de la Agencia Tributaria, el impuesto de la renta para aquellos que ganan más de 130.000 euros afectará a un 0,5% del total de contribuyentes españoles. Es decir, uno de cada 200. De hecho, ya tan sólo en el tramo de IRPF de 60.000 a 150.000 tan sólo hay 645.318 declarantes, mientras que en el tramo en el que más contribuyentes hay es entre las rentas entre 12.000 a 21.000.



El impuesto de Patrimonio tampoco afectará

En Impuesto de Patrimonio se incrementará el 1% a las fortunas de más de 10 millones de euros. Aunque también ha habido argumentos sosteniendo que la clase trabajadora se verá afectada por esto, Gestha da una estimación de 3.000 contribuyentes con fortunas de más de 10 millones. Mientras que los datos de la Agencia Tributaria recogen el tramo de 6.010 a 30.050, que corresponde a 6.053 contribuyentes. "Si esto es clase media, aquí tenemos un problema", ironiza Cruzado.

Díaz comparte este punto de vista. Aunque ambos señalan el mismo problema con la puesta en marcha de esta subida y consideran que la estimación del Gobierno es excesiva: "El impuesto de patrimonio total afecta a una mayoría de madrileños, y la Comunidad Autónoma lo tiene exento, como ocurre en otras comunidades de las que también depende".



El SMI no tiene por qué afectar a los autónomos



Este mismo lunes, Pablo Echenique, el secretario de Organización de Podemos y uno de los principales negociadores con el Gobierno sobre el acuerdo presupuestario ha explicado que la subida del Salario Mínimo Interprofesional no tiene por qué afectar negativamente a los autónomos.



"Los partidos que no quieren que se suba el SMI han puesto en marcha una intoxicación para que la gente se crea que no hay que subir el salario y, uno de ellos, es decir que esto repercute negativamente a los autónomos. Pero es mentira. Hemos acordado que se reduzca la cuota a los autónomos que no ingresan por encima de la base imponible, aproximadamente 12.000 euros al año. Mientras que a los que ingresan por encima, no se les aumentará la cuota", asegura Echenique. Las dudas vienen porque la base imponible está ligada al SMI, de forma que se incrementaría según la cuantía del salario. Sin embargo, en los Presupuestos de 2018 se recoge que puede evitarse este incremento con una "disposición expresa en contrario": "Nosotros trabajaremos para que el SMI no suba la base mínima imponible", afirma el número dos de Podemos.

La 'tasa tobin' y el efecto sobre la compra de las acciones



Hay algunos analistas que están incidiendo en que la denominada 'tasa tobin', el impuesto que gravará un 0.2% la compra-venta de las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones, influye de manera directa en la adquisición de títulos de Banco Santander, Telefónica, Inditex, etc. y que esto "no sólo impacta sobre las personas con mayor nivel de renta". Al igual que ocurriría con los planes de pensiones.

Por un lado, Díaz explica que "un 'brocker' normal por hacer operaciones hace un cargo del 0,01 al 0,03" y que con esta medida podría subir hasta el 0,20, siendo "un impuesto que reduce la rentabilidad" y que afectará de forma "importante" al mercado. Pero Cruzado apunta que en un paquete de acciones de "un pequeño ahorrador el impacto va a ser mínimo" y que los datos de recaudación muestran que no es una actividad habitual en la clase media. De hecho, para llegar a tener acciones se requiere tener unos ahorros que no corresponden con el salario habitual en España, que tiene una media de 16.490 euros al año según los últimos datos del INE. Es decir, unos 1.177 euros al mes. Una retribución con la que difícilmente se pueden hacer inversiones de compra-venta de títulos.

