Ahora que es inminente un cambio de época, es apropiado hacer un balance de la evolución de las personas que cobran del Estado, las que en este año 2015 se estiman en 18.021.214 cuando en el 2002 eran 8.777.946, o sea que aumentaron en 105 % entre esos años, una cifra escandalosa, dado que ya en 2002 el número era muy alto.

En estas cifras se incluyen empleados públicos formales o contratados, jubilados, pensionados, informales públicos, beneficiarios de pensiones no contributivas, de cajas de las fuerzas armadas y de seguridad, de seguro de desempleo y planes de empleo y asistencia, empleo universitario y demás empleados o pensionados o asistidos, en todas las jurisdicciones (Nación, Provincias, Municipios) incluidos los excombatientes de Malvinas (que ya llegan a más de 23.500 cuando en el 2002 eran 14.500).

Para que alguien cobre del Estado necesariamente otro u otros han tenido que dejar de consumir o invertir y pagar forzadamente impuestos por esa suma al Estado, o el gobierno lo habrá cobrado con el impuesto inflacionario.

Las cifras son tan elocuentes que hablan por sí mismas. Si bien todas las categorías de gasto aumentaron, llama la atención que se haya incrementado en más de un 100 % el número de jubilados y pensionados de todas las categorías, nacionales, provinciales y de las fuerzas armadas y de seguridad, lo que afectará mucho al futuro del sector público:

¿Cómo enfocar la solución de este problema, tanto por el nivel de gasto público consolidado que implica como también por el fuerte déficit fiscal que trae aparejado? Es una cuestión muy difícil de responder, pues esta mochila estatal sobre las espaldas del sector productivo es muy pesada, insostenible ya que lo agobia, lo agota. Tampoco se puede despedir esta gran masa de gente pues no encontrarían trabajo en el sector productivo que es la verdadera solución, a la cual no se abocó el gobierno saliente en estos doce años y medio, a pesar de haber contado con enormes recursos financieros provenientes del gran viento de cola de los precios de las materias primas que exportamos y de una presión tributaria enorme.

Un plan fuerte de desarrollo de infraestructura puede hacer cambiar la tendencia, pero se tardará años en revertir esta situación tan extrema. También el favorecer la creación de empresas mediante el fuerte aumento de la inversión es solución autentica, pero lenta. Finalmente un plan de trabajos simples (arreglar veredas, zanjas, calles del conurbano) puede ayudar mucho en la transición hacia una economía productiva desarrollada.

Lo que sí hay que preguntarse con miedo es qué hubiera sido de la tasa de desempleo si no se hubiera apelado a este aumento tan grande de los empleados públicos y de los planes sociales. La conclusión más evidente es que la administración del país no ha sabido organizar los grandes recursos con los que contó para ocupar formalmente a la población.

Frente a la falta de crecimiento de los últimos cuatro años, en buena parte para limitar la importación de energía, no hubo más remedio que apelar al aumento del empleo público que es un seguro de desempleo caro, pero que tiene para el Gobierno la ventaja de ser un factor clave en la estrategia del clientelismo populista, es decir, obtener votos por medio de la ocupación estatal.

En 2002, en el medio de una crisis muy importante y cuando en aquel año se incorporaron muchos planes y se llegó a pagar a 2.817.871 de personas por distintos planes de asistencia social, el total de gente que cobraba del Estado ya era de 8.777.946 personas, o sea el 24,0 % de la población. Como dijimos, esa cifra aumentó a 18.021.214 personas estimativamente para este año, o sea que llegó al 41,5 % de la población que alcanza ahora a las 43.424.612 personas.

Ahora se inicia una nueva y difícil etapa en el país. Esperemos que produzca un cambio positivo de la Argentina hacia adelante y que logre reordenar adecuadamente las variables de la economía, poniendo el foco en la ocupación formal de toda la población, única solución auténtica para el país.