La Guardia Nacional no es un proyecto. Es apenas una visión, más difusa incluso que otras iniciativas cuestionadas, como el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya. Esta visión parte de una premisa correcta: los mexicanos no confiamos en la policía, pero sí en las Fuerzas Armadas. Más allá de la intención de arropar a la Guardia Nacional en el prestigio militar, no hay casi nada novedoso en el planteamiento. En los discursos y los documentos que se conocen (la iniciativa de Reforma Constitucional y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública) se mencionan aspiraciones, pero no se propone un modelo policial o un marco de actuación.

Por un lado se dice que la Guardia Nacional se dedicará expresamente a la prevención y combate al delito, e incluso que tendrá un enfoque de proximidad. También se ha dicho que operará en cada una —o al menos en la mayor parte— de las 266 regiones en las que se dividió el territorio nacional. Es decir, se tiene la idea de establecer una fuerza que en teoría desempeñará funciones idénticas a las que corresponden a las policías locales. Sin embargo, también se dice que la Guardia Nacional actuará de forma subsidiaria y con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, en auxilio a las necesidades de las policías estatales y municipales.

Ilustración: Kathia Recio

Dentro del esquema general del nuevo gobierno, la Guardia Nacional trabajará en sincronía con otras dependencias y con los ambiciosos planes de gasto social. Para tal efecto se establecieron “Coordinaciones estatales para la construcción de la paz”. Oficialmente los gobernadores son quienes encabezan estas coordinaciones. Sin embargo, muchos ni siquiera asisten a las sesiones.

Sin un mandato más claro la Guardia Nacional terminará por hacer en la práctica lo mismo que hasta ahora han hecho por separado las Fuerzas Armadas y la Policía Federal: patrullar caminos, montar retenes, realizar capturas, cateos y decomisos. Tal vez la Guardia Nacional se convierta en una oficina que aglutine unidades que antes pertenecieron a Sedena, Semar y la Policía Federal, y se dedique a despachar elementos ahí donde vaya siendo necesario (lo que en tiempos de Calderón se conoció como operativos conjuntos). En este esquema, la Guardia Nacional seguirá siendo un instrumento para administrar la inseguridad, no para construir la paz.

Quienes se oponen a la Guardia Nacional tampoco ofrecen nada nuevo. Rechazan tajantemente la militarización e insisten en el fortalecimiento de policías civiles bajo las mismas directrices que, con honrosas excepciones, han fracasado una y otra vez. La última década les pasó de noche. De esta forma, el debate de la reforma constitucional que dará vida a la Guardia Nacional se dio a partir de posiciones maniqueas. Unos exaltan las supuestas virtudes del Ejército, repitiendo que los soldados son pueblo uniformado, ajeno a ambiciones económicas. Otros buscan demostrar que los militares, si bien son teóricamente honorables, irremediablemente se convierten en máquinas de exterminio cuando hacen labores de seguridad pública.

La realidad es más compleja. No existe tal cosa como un ADN militar o civil. Sólo en un país acostumbrado a que los soldados vivan y hagan carrera en relativo aislamiento puede plantearse algo así. Es absurdo pensar que la disciplina del buen soldado bastará para que los tráileres ya no tengan que pagar mordida en las autopistas.

Por otra parte, sobran ejemplos de cuerpos de policía, formalmente civiles, pero que operan como instituciones cuasimilitares. En la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal los grupos de operaciones especiales parecen y actúan como militares, tanto por el entrenamiento que reciben como por el armamento que portan. Tampoco se puede soslayar que en el siglo XX varias dictaduras dejaron en manos de agencias civiles las formas más brutales de represión, precisamente porque estaban al margen de la institucionalidad castrense.

La inseguridad golpea a casi todo el país. Sin embargo, en algunas regiones, a ratos, podemos sentirnos a salvo. Mal que bien suele haber una fuerza pública que impone ciertos límites a los criminales. Hace falta todo lo demás. Que esa fuerza pública no solape delitos comunes, que los ciudadanos denunciemos y que haya un Ministerio Público que investigue, al menos los delitos graves. Sin embargo, en otras partes del país, sobre todo en algunas zonas rurales, la situación es francamente de emergencia. Ahí la fuerza pública o no existe o está completamente supeditada a los criminales. Sería ahí donde la Guardia Nacional tendría un enorme potencial.

Desafortunadamente, los planes son otros, al menos en lo inmediato. El 1 de febrero el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana anunció un primer envío de elementos a 17 regiones prioritarias. Se trató del primer despliegue en el marco de la estrategia de regionalización que, más adelante, habrá de llevarse a cabo con elementos de la Guardia Nacional. De estas 17 regiones prioritarias casi todas están en zonas metropolitanas, incluyendo Cancún, Monterrey, Tijuana y dos regiones dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de plano intervino y pidió que mejor mandaran elementos a municipios de los Altos de Jalisco.

Mientras los debates siguen en el Congreso, el campo va armando su propia fuerza pública, ésta de carácter paramilitar. En 2018 las llamadas autodefensas tuvieron un renacimiento. Surgieron grupos, no sólo en Guerrero y Michoacán (donde el fenómeno no es nuevo), también en Nayarit, en Puebla y en Veracruz.

El doctor José Manuel Mireles, antiguo líder de los grupos de la Tierra Caliente de Michoacán, reapareció en la escena pública. El pasado 3 de febrero reunió 20 mil personas en un extraño mitin, donde fue aclamado a mano alzada líder nacional de las autodefensas. Al parecer su objetivo es, efectivamente, consolidar una organización nacional. Por lo pronto procura que su movimiento cultive una imagen de organización social, políticamente alineada a Morena. Tal vez el riesgo no sea sólo la militarización de la seguridad pública, sino también el paramilitarismo de izquierda.

Eduardo Guerrero Gutiérrez

Socio de Lantia Consultores.