No concibo mayor terror que sentir la fragilidad de las estructuras que nos sostienen. Una sensación de inseguridad nos acompaña subrepticiamente después de presenciar que los lugares en los que vivimos y realizamos nuestras actividades pueden derrumbarse. Después del sismo del 19 de septiembre del 2017, un amigo me enseñó fotos de algunos edificios que habían colapsado en la Ciudad de México. Las fotos de Google Maps mostraban grietas que tan sólo habían sido resanadas y pintadas. Algunos de los edificios que colapsaron tenían daños estructurales que no fueron reparados y que no resistieron otro temblor. Hace un par de meses pasé frente a otro edificio en la colonia Del Valle que había permanecido acordonado durante meses después del 19S. Ahora, repintado y sin cordón, mostraba un anuncio de venta de uno de sus departamentos. ¿Había recibido el edificio la reparación necesaria para ser rehabitado, o el comprador adquiriría un inmueble incierto y un futuro problema con el resto de los condominios?

De acuerdo al censo de la Comisión para la Reconstrucción de la CDMX, 12,253 inmuebles resultaron dañados después de los sismos de septiembre del 2017. De acuerdo a los dictámenes de Protección Civil y de seguridad estructural, los edificios se pueden clasificar en “riesgo alto de colapso”, “riesgo alto”, y “riesgo medio”. Dependiendo del dictamen, los inmuebles deben ser demolidos, reforzados o rehabilitados para reparar los daños. Antes podía acceder uno a estos dictámenes, sin embargo, hoy ya no son públicos. Esta información es de interés público y debería estar a disposición de la ciudadanía para dar seguimiento a los procesos de reconstrucción y rehabilitación en la ciudad.

Como resultado de un análisis de los inmuebles registrados en el censo, en Impunidad Cero y Expansión Política, identificamos 45 inmuebles con riesgo alto y medio que estaban a la venta en distintos portales de bienes raíces. Podría parecer que uno es libre de hacer con su propiedad lo que le plazca, sin embargo, hay varios temas a considerar. El primero es que de acuerdo a la ley de reconstrucción de la CDMX, los inmuebles que recibieron dinero público para su rehabilitación no pueden venderse en un periodo de 5 años. Este no fue el caso de varios de los inmuebles que identificamos como vendidos o a la venta y que recibieron dinero público.

Otro asunto indispensable es el tema de los Directores Responsables de Obra y los corresponsables de seguridad estructural. Después del sismo del 19S quedó al descubierto la informalidad con la que operan algunos de estos auxiliares de la construcción poniendo en riesgo la vida de todos al autorizar construcciones irregulares. Se debe dar seguimiento a las sanciones para los DROs y corresponsables que avalaron construcciones o remodelaciones irregulares y se deben publicar los dictámenes que den seguimiento a las labores de rehabilitación y reforzamiento. Porque más allá de estos casos de venta de inmuebles registrados con daños en el sismo, el asunto central es este: si no se da un seguimiento puntual a las labores de demolición, reforzamiento y rehabilitación de todos los inmuebles que resultaron con daños del 19S, todos estamos en riesgo en el próximo sismo. Puede ser que uno viva, trabaje, estudie o camine por un inmueble que tuvo daños estructurales y que no fueron reparados adecuadamente y que no resista otro temblor.

Los sismos del 19S dejaron una cantidad de daños a su paso, algunos irreparables, pero muchos otros que pueden ser subsanados. La mejor manera de honrar la memoria de las personas que perdieron la vida en los sismos del 19S es asegurarnos que tragedias evitables como el colapso de edificios con estructuras endebles vuelva a ocurrir.



Directora Ejecutiva de Impunidad Cero