La excarcelación de José Daniel Ferrer se habría concretado tras presiones de la Unión Europea Informaciones obtenidas por DIARIO DE CUBA indican que el equipo de Josep Borrell realizó gestiones ante un sector del régimen que no incluiría a Raúl Castro ni a Machado Ventura.

La excarcelación del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, y de los otros tres miembros del movimiento, confinados desde el pasado 1 de octubre en prisiones de Santiago de Cuba, se habría concretado tras presiones de la Unión Europea, según informaciones obtenidas por DIARIO DE CUBA.

Ferrer fue encarcelado el 1 de octubre, y posteriormente juzgado, el 26 de febrero, en un proceso plagado de irregularidades.

Previamente al juicio, el Grupo Socialista Europeo se trasladó a la Isla, e intentó asistir al proceso en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba, pero el acceso le fue negado por las autoridades cubanas.

Tras la negación, varios miembros del Grupo Socialista, entre ellos su presidenta, la española Iratxe García, su vice-presidenta Kati Piri, y el Presidente de la EUROLAT, el eurodiputado Javi López, tres pesos pesados de la izquierda europea, asistieron a más de una reunión con altos dirigentes del régimen, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

En dichas reuniones habría quedado patente el aislamiento ideológico al que se vería abocado el régimen en caso de no progresar de manera rápida en el respeto de los derechos humanos. Las demandas europeas se centraron en las detenciones arbitrarias, los encarcelamientos a la espera de juicio, la merma de la libertad de expresión y las restricciones al movimiento y, en particular —impulsado directamente por Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad—, el caso de José Daniel Ferrer.

De hecho, un día antes de las reuniones, Josep Borrell reclamó un juicio justo para Ferrer y puso en duda las garantías procesales en Cuba.

Con posterioridad, el equipo del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad realizó gestiones más profundas ante un sector del régimen "susceptible al diálogo", que no incluiría a Raúl Castro ni a José Ramón Machado Ventura.

A su salida, Ferrer declaró que antes de su excarcelación fue llevado al Tribunal Provincial de Santiago de Cuba. Allí, los jueces le dieron a conocer la sentencia de culpabilidad y una condena a cuatro años y medio de prisión para él, cinco para José Pupo Chaveco y cuatro para Fernando González y Roilán Zárraga.

Sin embargo, les anunciaron que esas sanciones habían sido substituidas por medidas de prisión domiciliar.

"Les dije que no aceptaba esa sanción por algo que no habíamos hecho, que me dejaran en prisión, porque no voy a cumplir ninguna de las disposiciones que regulan la prisión domiciliar", refirió Ferrer.

A pesar de ello, le devolvieron su ropa de civil y lo trasladaron a su hogar en un auto patrulla.

Ferrer comentó que para él "tumbar la tiranía es una cuestión sagrada". Reconoció que, "sin la solidaridad de muchos hermanos dentro de Cuba y del exterior no estuviera vivo, porque la intención [del régimen] era salir de mi y de otros luchadores dentro de Cuba."

El régimen, aseguró, "estaba buscando cómo salir de las presiones internacionales" debido a su encarcelamiento.

La detención de Ferrer y de otros tres activistas, a los que el régimen acusó de delitos comunes bajo cargos por supuestas lesiones, privación de libertad y atentado contra un ciudadano, ha provocado fuertes reacciones en el exterior. Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) e instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA) habían solicitado su liberación.

Autoridades como la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, habían advertido que estaban dando seguimiento a la situación de los detenidos, y llamaron a su liberación inmediata.

En su más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado de EEUU condenó la existencia de "presos políticos" en Cuba y puso de ejemplo el caso de Ferrer.

"El nombre de José Daniel Ferrer aparece 17 veces en este informe. Él es uno de los miles de presos políticos que durante años han sido arrastrados, encadenados y golpeados a manos del régimen. Mañana será sentenciado por una corte cubana", dijo Pompeo, quien consideró que los cargos en su contra son "falsos".