MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha rechazado este martes en la Comisión de Industria del Congreso prohibir a las empresas eléctricas cortar el suministro eléctrico por impago a familias vulnerables, como habían planteado varias formaciones políticas en el Congreso a través de enmiendas parciales al proyecto de ley del Sector Eléctrico.

Los 'populares' han votado en contra de las cinco propuestas que, con este objetivo, habían registrado PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, BNG y ERC, que instaban al Ejecutivo a hacer frente a la pobreza energética que amenaza a miles de españoles en paro o que atraviesan dificultades económicas.

El portavoz de Energía del PP en la Cámara Baja, Antonio Erías, ha explicado que no se puede plantear que la pobreza energética es "el mal que invade" el país, olvidando con ello la razón de esta situación, que no es otra que "el comportamiento de los precios" de la energía, que en los últimos siete años se han incrementado un 67% y que han llevado a un importante déficit de tarifa.

"Por tanto, seamos responsables y veamos por qué se está produciendo este tipo de situación", ha reclamado, rechazando así las propuestas, que iban desde el planteamiento socialista, pidiendo que "en ningún caso" se pudiera suspender el suministro en las instalaciones cuyos servicios se hubieran declarado "esenciales".

PUEDE PROVOCAR ENTRE 3.000 Y 9.000 MUERTES PREMATURAS

No obstante, otras enmiendas, como la de la Izquierda Plural, eran más tajantes, ya que planteaban que los suministros básicos de electricidad, gas natural y butano se regulen por un sistema público de precio social para los hogares con poder adquisitivo reducido o en riesgo de exclusión social, y que se fijen unos "consumos mínimos vitales" mensuales en función del número de miembros del hogar y de la estación del año.

Asimismo, la coalición reclama una "tregua invernal" durante la cual las suministradoras "no podrán interrumpir el servicio de electricidad, gas o agua por impago, siempre y cuando se reúnan las condiciones de renta familia determinadas o cuando vaya acompañado del informe del órgano competente en materia de servicios sociales".

"Los servicios esenciales mantendrán tal condición independientemente de si se abonan las facturas de los suministros o no, y ello no podrá ser motivo de corte en el suministro. Los casos de necesidad vital de suministro eléctrico al hogar se contemplarán también como servicios esenciales", añadía IU-ICV, reclamando al Gobierno un plan contra la pobreza energética para "garantizar" este derecho a los ciudadanos.

A través de otra enmienda, la Izquierda Plural exigía asimismo aplicar el IVA reducido al gas y la electricidad a nivel doméstico, "atendiendo a su carácter de bien básico". "Hay una gran insensibilidad social ante esta dificultad de acceso a la energía, que, según el Observatorio Español de la Sostenibilidad, provoca entre 3.000 y 9.000 muertes prematuras al año en invierno", ha recordado la portavoz del grupo en materia energética, Laia Ortiz.

MÁS SENSIBILIDAD SOCIAL

Por su parte, CiU proponía adoptar medidas para "garantizar una protección adecuada a los consumidores vulnerables, especialmente para evitar la pobreza energética", así como "regular la prohibición de desconexión de la electricidad a dichos clientes en periodos críticos", dando así cumplimiento a la directiva europea sobre Normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

Además, reclamaban introducir en la Ley del Sector Eléctrico una puntualización para impedir que se pueda interrumpir el suministro a los servicios declarados esenciales o a los consumidores vulnerables en periodos críticos. El diputado Josep Sánchez Llibre ha apelado a los 'populares' para que aceptaran su propuesta asegurando que tendría "un coste razonable" y que "valdría la pena tener esa sensibilidad social" ante las familias en situaciones "más difíciles".

También Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) reclamaba al Gobierno la presentación, en un plazo de seis meses, de un proyecto de ley para garantizar que los cortes de suministro sólo puedan realizarse con orden judicial y que las empresas no puedan interrumpir el suministro si el usuario acredita a través de un informe de los servicios sociales una "insuficiencia de ingresos".

La diputada Teresa Jordà ha recordado en este sentido que la electricidad es "un servicio absolutamente esencial" por lo que debe garantizarse que no pueda ser interrumpido "sin mediar la actuación del poder judicial", de tal forma que se "garantice el acceso de los más necesitados al suministro de energía".

Finalmente, el BNG reclamaba que no pueda ser suspendido el suministro a los consumidores acogidos a precios voluntarios o tarifas de último recurso por falta de pago, siempre que "todos los miembros de la unidad familiar estén en paro o tengan ingresos más bajos que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)".