Las acusaciones contra Arias



De acuerdo al persecutor, "yo solicité en varias ocasiones, el pronunciamiento de mi superior jerárquico Emiliano Arias para pedir la formalización de Emilio Elgueta. Esa decisión se fue postergando por algunas semanas. No se me decía que sí ni que no.Yo tomé la decisión de pedir la formalización sin esperar el consentimiento de mi superior jerárquico (…) Fue una lentitud (…) ante lo cual preferí obrar y con el riesgo evidente de una sanción administrativa (…)".





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También hay una denuncia por tráfico de influencias en el Caso Caval. Moya explica que su tramitación "fue sumamente compleja... Hay un evento que es público y que también debe ser analizado a la luz del tiempo que ha pasado, y que dice relación con la única intervención que ha hecho el Fiscal Arias en la causa Caval, que fue el intento de realizarle un procedimiento abreviado a Herman Chadwick Larraín".



Agregó que "lo que se me planteó en su momento es que había que terminar esa arista, porque la presencia de este personaje en la causa y un eventual juicio oral podría traer aparejado consecuencias a la imagen del nuevo gobierno. En esa oportunidad el fiscal Arias intenta realizar un procedimiento abreviado (en diciembre de 2017), pero el defecto que ocurrió ahí es que las penas que se solicitaron por el fiscal regional para el abreviado estaban fuera del marco legal, eran mucho más bajas. Por eso el Tribunal de Garantía de Rancagua rechazó".



También está la denuncia por ocultamiento de información en la investigación contra el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, por malversación de caudales públicos por cerca de 3500 millones en el Teatro Regional de Rancagua.



"Recientemente pedí la formalización del alcalde, recibí una serie de instrucciones; por ejemplo, se me convocó a una reunión donde estaba el abogado del alcalde, Luis Hermosilla, y se me da la instrucción por parte del Fiscal Regional, que debía estar atento a los requerimientos de ese abogado, que es abogado del imputado".



Añade que "me llamó mucho la atención. Y después de esa reunión, que consideré impropia, procedí a solicitar autorizaciones judiciales para incautar los computadores, teléfonos y todos los elementos electrónicos del alcalde. Y cuando eso ocurre se me dio una instrucción directa del Fiscal Regional de hacer devolución de esas especies, orden que representé y no cumplí porque era evidencia incautada en un delito de malversación de caudales públicos, que son cerca de $ 3.500 millones, y de la revisión de aquellos antecedentes surgieron elementos muy delicados que también puse en conocimiento de la Fiscalía Nacional". También hay una denuncia porMoya explica que su tramitación "fue sumamente compleja... Hay un evento que es público y que también debe ser analizado a la luz del tiempo que ha pasado, y que dice relación con la única intervención que ha hecho el Fiscal Arias en la causa Caval, que fue el intento de realizarle un procedimiento abreviado a Herman Chadwick Larraín".Agregó que "lo que se me planteó en su momento es que había que terminar esa arista, porque la presencia de este personaje en la causa y un eventual juicio oral podría traer aparejado consecuencias a la imagen del nuevo gobierno. En esa oportunidad el fiscal Arias intenta realizar un procedimiento abreviado (en diciembre de 2017), pero el defecto que ocurrió ahí es que las penas que se solicitaron por el fiscal regional para el abreviado estaban fuera del marco legal, eran mucho más bajas. Por eso el Tribunal de Garantía de Rancagua rechazó".También está la denuncia por, Eduardo Soto, por malversación de caudales públicos por cerca de 3500 millones en el Teatro Regional de Rancagua."Recientemente pedí la formalización del alcalde, recibí una serie de instrucciones; por ejemplo, se me convocó a una reunión donde estaba el abogado del alcalde, Luis Hermosilla, y se me da la instrucción por parte del Fiscal Regional, que debía estar atento a los requerimientos de ese abogado, que es abogado del imputado".Añade que "me llamó mucho la atención. Y después de esa reunión, que consideré impropia, procedí a solicitar autorizaciones judiciales para incautar los computadores, teléfonos y todos los elementos electrónicos del alcalde. Y cuando eso ocurre se me dio una instrucción directa del Fiscal Regional de hacer devolución de esas especies, orden que representé y no cumplí porque era evidencia incautada en un delito de malversación de caudales públicos, que son cerca de $ 3.500 millones, y de la revisión de aquellos antecedentes surgieron elementos muy delicados que también puse en conocimiento de la Fiscalía Nacional".





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Y finalmente, violación de secreto por sustracción de información desde la Fiscalía. Esto, tras "una denuncia que llegó de Puerto Montt donde Carabineros del OS7 de esa ciudad, pesquisó que desde esta Fiscalía Regional se extrajeron documentos, información de nuestra base de datos que llegaron a parar a manos de un particular. Ese particular se la entregó a Carabineros, y a ellos les llamó la atención que él tuviera esa información".



Según Moya, tras la aprehensión del sujeto "esa denuncia fue trasladada de Puerto Montt para acá, yo realicé las primeras indagaciones y logré establecer que esa información se extrajo por orden del Fiscal Regional Emiliano Arias. Al verse involucrado un fiscal regional lo que corresponde es que esos antecedentes sean puestos en manos del fiscal nacional para que él designe un fiscal regional que investigue".



"Yo entregué esa carpeta investigativa en el gabinete del fiscal regional, y esta semana he tomado conocimiento, de acuerdo a la información que he aportado, que esa carpeta jamás llegó a la Fiscalía Nacional. Por lo tanto, ahí hay otra conducta que debe ser investigada, la violación de secreto en sí de esa documentación obtenida y el por qué esa carpeta no llegó a su destino final y correcto que es el Fiscal Nacional", sentenció. Y finalmente,Esto, tras "una denuncia que llegó de Puerto Montt donde Carabineros del OS7 de esa ciudad, pesquisó que desde esta Fiscalía Regional se extrajeron documentos, información de nuestra base de datos que llegaron a parar a manos de un particular. Ese particular se la entregó a Carabineros, y a ellos les llamó la atención que él tuviera esa información".Según Moya, tras la aprehensión del sujeto "esa denuncia fue trasladada de Puerto Montt para acá, yo realicé las primeras indagaciones y logré establecer que esa información se extrajo por orden del Fiscal Regional Emiliano Arias. Al verse involucrado un fiscal regional lo que corresponde es que esos antecedentes sean puestos en manos del fiscal nacional para que él designe un fiscal regional que investigue"."Yo entregué esa carpeta investigativa en el gabinete del fiscal regional, y esta semana he tomado conocimiento, de acuerdo a la información que he aportado, que esa carpeta jamás llegó a la Fiscalía Nacional. Por lo tanto, ahí hay otra conducta que debe ser investigada, la violación de secreto en sí de esa documentación obtenida y el por qué esa carpeta no llegó a su destino final y correcto que es el Fiscal Nacional", sentenció.

Lainformó este viernes que Jorge Abbott citó a un Consejo Extraordinario de fiscales para el próximo martes 23 de abril. Esto, tras las gravesA través de un breve comunicado, la Fiscalía aclara que esta reunión tiene como "propósito el designar a un Fiscal Regional que investigue la denuncia presentada contra el Fiscal Regional de O'Higgins".Detallan que "de acuerdo al artículo 46, letra b de la Ley Orgánica Constitucional que rige al Ministerio Público, cuando se presenta una denuncia contra un Fiscal Regional por su presunta responsabilidad en un hecho punible, corresponderá dirigir las actuaciones del procedimiento destinado a perseguir la responsabilidad penal a otro Fiscal Regional "que designe el Fiscal Nacional, oyendo previamente al Consejo General de Fiscales".De acuerdo a lo que informó a Radio Bío Bio, la primera causaMoya se refiere a la demora -por parte de Arias- en pedir la formalización del ministro del tribunal de alzada de la Sexta Región, Emilio Elgueta.