Además de dar trabajo a notarios y registradores, que desde el estallido de la burbuja inmobiliaria ya no ataban los perros con longaniza, la ley 15/2015 de 2 de julio, más conocida como Ley de la Jurisdicción Voluntaria, estaba llamada a ser políticamente correcta con las personas discapacitadas. Se pretendía introducir la terminología sugerida por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y abandonar términos como "incapaz" o "incapacitación". Y, ya de paso, suprimir algunas exclusiones sangrantes, como las que sufrían “los ciegos y los totalmente sordos o mudos” a la hora de ser testigos en el otorgamiento de testamentos.

La nueva norma habría sido muy aplaudida por este colectivo de no ser por una colosal chapuza contenida en su disposición final primera con la que se da una nueva redacción al artículo 56 del Código Civil. El artículo en cuestión, que preveía la exigencia de un dictamen médico para aquellos que desearan contraer matrimonio y estuvieran afectados “por deficiencias o anomalías psíquicas”, fue modificado de la siguiente manera para que entrara en vigor el 30 de junio de 2017: “Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento”.

El resultado es que a partir del próximo año ciegos y sordos no podrán darse el sí quiero por voluntad propia si antes no reciben el plácet de un facultativo, una exigencia que bien podría ser inconstitucional, según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), y que ya puestos se pasa por el arco del triunfo la Convención Internacional ratificada en 2008 por España en la que se insta a los firmantes a prohibir “toda discriminación por motivos de discapacidad”.

La citada Convención obliga a los Estados a reconocer “que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida” y a tomar las medidas pertinentes “para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás”, a fin de asegurar, entre otras cuestiones, que se reconozca su derecho “a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges”.

Impulsada por Gallardón, la ley de Jurisdicción Voluntaria adquirió notoriedad porque elevó a 16 años la edad para contraer matrimonio, la misma que se establecía para el consentimiento sexual, y privatizaba algunos asuntos reservados a los juzgados para ponerlos en manos de notarios y registradores. A los primeros se les facultó para oficiar bodas, y a partir del 30 de junio de 2017 para tramitar el expediente matrimonial completo, así como para legalizar separaciones y divorcios siempre que la pareja no tenga hijos menores y se trate de una ruptura de mutuo acuerdo. Los registradores, por su parte, obtenían distintas atribuciones en materia mercantil, desde la convocatoria de juntas generales y de asambleas de obligacionistas hasta reducciones de capital, amortización de acciones o los nombramientos y revocaciones de liquidadores, auditores e interventores. Que el presidente Rajoy sea registrador de la propiedad no era una cuestión menor, dicho en sus propias palabras.

Sobre la discapacidad, el entonces ministro de Justicia mantenía una dualidad de criterio asombrosa. Por un lado, le servía para justificar su intención de suprimir el supuesto de la malformación fetal como causa de interrupción voluntaria del embarazo: "Todos los discapacitados tienen que tener exactamente los mismos derechos que el resto de los españoles; y esto, que lo digo para aquellas personas que han nacido, vale exactamente igual para aquellas que están a punto de nacer", afirmaba. Y por otra, era partidario de mantener la regulación del Código Penal que no consideraba punible "la esterilización de persona incapacitada que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquella, tomándose como criterio rector el del mayor interés del incapaz, haya sido autorizada por el Juez". Pura coherencia.

El CERMI pretende conseguir ahora que los legisladores deshagan el entuerto y hasta han avanzado el siguiente texto alternativo: “Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente en acta o expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, de acuerdo con lo previsto en este Código. Las personas con discapacidad que precisen apoyos para la toma de decisiones no podrán ser excluidas por motivo de su discapacidad del derecho a contraer matrimonio, siendo obligación de las autoridades y funcionarios que intervienen es estos procedimientos proveer de los apoyos necesarios para la formación y emisión de su consentimiento”. Entre tanto, el disparate está servido.