En septiembre de 2010, tras varios meses de conflictos con su vecino, el ingeniero Juan Pedro Baca Ramírez presentó una queja civil ante las autoridades municipales de Hermosillo, Sonora. Las autoridades no hicieron nada al respecto, pero el vecino del ingeniero sí lo hizo.

“A partir de ese momento, cuando me veía en la calle me decía que las cosas no se iban a quedar así. O cuando sabíamos que estábamos en casa, desde su vivienda nos gritaban amenazas”.

El ingeniero Baca y su esposa Bárbara tenían en ese momento 61 y 45 años de edad. Su hija menor tenía cinco años, y su hija mayor 27, aunque debido a una discapacidad intelectual presenta el comportamiento de una niña de cinco.

Un mes después de algunos altercados por el acceso a su vivienda, en noviembre de 2010, el ingeniero Baca decidió presentar una nueva queja civil, pidiendo a las autoridades municipales que “aperciban a estas personas a no seguir con la misma actitud, o que me instruyan a qué dependencia o autoridad debo recurrir para que esto pare de una vez por todas, antes de que los aquí mencionados cumplan sus amenazas”.

Nuevamente, las autoridades municipales de Hermosillo se negaron a intervenir.

Ambos escritos interpuestos por el ingeniero Baca eran simples quejas civiles ante la presidencia municipal, no se trataba de denuncias ante el Ministerio Público o ante ningún Juzgado, y por lo tanto no representaban ninguna amenaza jurídica, pero el que haya presentado esos escritos, narra el ingeniero, “enfureció a mi vecino”.

Cuatro meses después, esa furia se desbordó.

La señora Bárbara narra los hechos: “Eran pasadas las 5 de la tarde del 6 de marzo de 2011. Nosotros veníamos regresando de Caborca, y al llegar a nuestro domicilio nos percatamos que había mucha gente afuera, en la casa del vecino. Estaban teniendo una celebración, estaba el vecino, don Ramón, sus hijos Lalo y Beto, sus nueras, y varios familiares más… estaban tomando.”

“Metimos la camioneta y cerramos la reja con la cadena, y empezamos a bajar a las niñas y a meter a la casa las mochilas que llevábamos, y cuando voy dando la segunda vuelta a la camioneta, para traer una última mochila que faltaba, me percato que se deja venir el montón de gente sobre la reja… El señor Ramón, el vecino, empezó a gritarle a mi esposo que no importaba que lo demandara, que él lo iba a dejar inválido, para que se arrepintiera toda la vida.”

Asustados, narra, “nos encerramos dentro de la casa, y metimos a las niñas a su recámara. Y mientras afuera escuchábamos cómo golpeaban la reja con un metal, siempre gritándonos que saliéramos, con insultos, y desde su casa se brincaron a nuestra azotea, y comenzaron a golpear también en el techo”.

Sin tener en realidad idea de su utilidad, sólo para poder dejar un registro de lo que estaba ocurriendo, la señora Bárbara tomó de un cajón “una grabadora chiquita que tengo, de reportero, y empecé a grabar”.

La grabación en audio captada por la señora Bárbara, y a la que tuvo acceso Animal Político, sustenta su narración.

En este audio, de 22 minutos, puede escucharse que la grabación es realizada desde dentro de un espacio cerrado, y se percibe cómo desde fuera de la estancia una voz masculina lanza de forma reiterada la amenaza “sal, cabrón, te voy a dejar inválido”, así como “aunque me demandes, hijo de la chingada, yo te voy a matar”.

La grabación también registra innumerables gritos de personas adultas, hombres y mujeres, y golpes de objetos metálicos, así como golpes en los muros.

“Poco después escuchamos que rompieron la cadena de la reja y se metieron al porche de la casa, y también nos dimos cuenta que estaban golpeando el aire acondicionado de la azotea, para tumbarlo y meterse por el hueco. Luego rompieron la ventana de la cocina, y luego la del baño, pero no pudieron meterse por ninguna de las dos ventanas, porque una tiene rejas y la otra es muy chiquita… Eran Lalo y Beto, los hijos del vecino, que son ya hombres adultos, y a través de las ventanas rotas, nos gritaban que ya nos había llevado la chingada… estaban muy borrachos.”

Todo esto queda grabado en la grabación realizada por la señora Bárbara.

“Nosotros nos encerramos en el cuarto de las niñas, porque mi hija menor estaba muy asustada y se le fue el aire, se desvaneció, y yo tuve que sacudirla muy fuerte para que reaccionara, mi otra hija, que tiene capacidades especiales, estaba en pánico, porque fuera se escuchaban los gritos, nos gritaban ‘¡salgan, hijos de la chingada, salgan!’, y escuchábamos los golpes en las paredes, en el techo, y yo, no sé por qué, pero no soltaba la grabadora… pero como no tenía mucha pila, salí del cuarto, fui por otras pilas que tenía en el comedor, y fue en ese momento que Beto rompió la puerta interior de la casa y se metió.”

Según la narración de la señora Bárbara, su vecino “Beto”, cuyo nombre completo es Manuel Alberto Segura Romero, la empujó y se dirigió a la recámara de sus hijas, en donde se encontraba el ingeniero Baca.

“Beto se fue sobre mi esposo y comenzaron a forcejear, y entonces mi esposo le disparó.”

La grabación registra el momento del disparo, se escucha la detonación, después gritos de dolor del herido, y luego la voz de la señora Bárbara, quien a la vez le reclama y se lamenta: “¿Para qué te metiste… para qué te metiste?”.

Manuel Alberto Segura recibió un disparo de arma calibre .22 en el costado del abdomen, del que se recuperó luego de tres días.

El ingeniero Juan Pablo Baca Ramírez, por el contrario, pasó un año en la cárcel y, hasta la fecha, enfrenta un juicio penal por el delito de homicidio en grado de tentativa, que cursa en libertad bajo fianza, y por el cual se mantiene sobre él la amenaza de volver a prisión, ahora para cumplir una sentencia prolongada.

A pesar de la existencia de la grabación captada en el momento del allanamiento de su morada, el Ministerio Público de Sonora sostiene que el ingeniero de 61 años disparó contra Manuel Alberto Segura en la calle, y que luego, junto con su esposa, que sufre artritis, arrastraron al lesionado dentro de la vivienda.

En la calle frente a la morada allanada, sin embargo, no se encontró ninguna mancha de sangre que probara que el ataque se dio en la vía pública, ni tampoco se encontraron señales de arrastramiento de una persona que se desangrara.

Los únicos rastros de sangre se localizaron dentro de la vivienda, frente a la puerta de la recámara que ocupaban las dos hijas del matrimonio.

Eso, junto con la grabación de los hechos, “bastarían para probar mi inocencia –narra el ingeniero–, pero no ha pasado así: ya son cinco años y medio desde que inició esta pesadilla y no termina: hemos perdimos todo, pasamos como se pasa del día a la noche, antes estábamos en el día y hoy estamos en la total oscuridad, dentro de un túnel que nunca termina. Perdimos la casa, no tenemos trabajo, no pude inscribir a mi hija en la escuela este año y, a veces, no tenemos ni para comer. Y cuando tenemos, apenas nos alcanza para comprar sopas. A veces nos alcanza para comprar tres sopas y eso comemos, y a veces sólo nos alcanza para una sopa… yo soy ingeniero minero, pero desde hace cinco años nadie me da trabajo, quedé estigmatizado, y ahora subsistimos de lo que salga, he vendido ropa de segunda mano en tianguis, y he ido a recoger verduras y fruta de la que tiran en los mercados.”

–¿Por qué tenía usted una pistola? –se pregunta al ingeniero– ¿Contaba con permiso para poseerla?

–No –reconoce el ingeniero–, no estaba registrada el arma. Es una pistola muy vieja, que perteneció a mi padre y que él me dejó, en los años 80, cuando murió.

Es una pistola pequeñita, calibre .22, no se trata de un arma para uso exclusivo de las fuerzas armadas ni nada por el estilo… mi papá era una persona de campo, por eso la tenía. Y yo conservé la pistola porque él me la dejó, y durante estos años estuvo en un cajón, bajo llave. Pero el día que nos atacaron, yo la saqué de ese cajón, porque vi amenazada la vida de mis hijas y de mi esposa. Y cuando los atacantes entraron a la casa, golpeando a mi mujer y avanzando hacia el cuarto de mis hijas, yo actué en legítima defensa, las defendí a ellas y a mí mismo.”

Toda esta situación, se lamenta el ingeniero Baca, es resultado de haber solicitado la intervención de la autoridad ante un conflicto vecinal menor, que fue creciendo, alentado por la omisión de las autoridades interpeladas.

Pero ahora que el conflicto ha desbordado toda proporción, y que ha afectado irremediablemente su vida y la de su familia, el ingeniero no desiste: “Le he presentado cuatro solicitudes de audiencia a la gobernadora Claudia Pablovich, para exponerle las irregularidades de todo esto… e incluso mi hija, que hoy tiene diez años, le escribió una carta al presidente Enrique Peña Nieto, pidiéndole su ayuda para que se haga justicia.”

De ninguno, hasta la fecha, han obtenido una respuesta.