Luego que la Legislatura de Chubut aprobará por unanimidad la prohibición para la fabricación, comercialización y uso del glifosato en todas sus variantes, y pese a que el gobernador Mario Arcioni señalará que vetaría la medida, el mandatario terminó promulgando la iniciativa dejando un precedente a nivel nacional.

La iniciativa -que fue llevada adelante por el diputado del Frente Para la Victoria, José Grazzini- establece en su artículo 5 que cualquier persona podrá "denunciar" las "aplicaciones" que produzcan "daños al ambiente o a la salud" a la vez que impone multas.

La prohibición del agroquímico se da en un contexto de alto contenido político: el domingo son las elecciones a gobernador. En ese contexto se termina entendiendo lo que sucedió. Arcioni no tiene en la Legislatura los votos necesarios para aprobar leyes dado que la mayoría es liderada por el Frente Para la Victoria ( FPV), es decir que si la vetaba la iniciativa era de nuevo reconocida por el Poder Legislativo.

Y más aún, los legisladores que representan a Arcioni ( Chubut al Frente) no fueron incluidos en las listas de cara a los sufragios, con lo cual se daba por entendido que perdería con mayor contundencia en un nuevo tratamiento de la ley.

Desde la Federación Rural de Chubut, su presidente Javier Trucco, señaló a BAE Negocios que "la única opción que queda es hacer una nueva ley, pero se depende de lo que pase el próximo domingo".

En su momento, el ministro de la Producción de Chubut, Hernán Alonso, le había adelantado a este diario que el gobernador Arcioni "vetaría la ley, dado que no es una ley que busca el bienestar de los chubuteses". Sin embargo esto no pasó y hoy ya está vigente. Al cierre de esta edición, el funcionario no contestó las llamadas de este medio.

Por su parte, el titular de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), Federico Landgraf, argumentó que el "glifosato está asegurado por los mas de 160 países donde tiene registro y recientemente la EPA emitió un trabajo sobre su seguridad, con lo cual lo que faltó acá es la discusión con los legisladores que no la hubo".

Landgraf dijo que la ley "debilita la credibilidad del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( Senasa) y las provincias no pueden tomarse atribuciones del organismo".

Desde el Senasa aclararon "que la Nación no puede entrometerse en la autoridad y la soberanía provincial, dado que aprueba los productos que se usan a nivel país, pero luego cada uno tiene el control sobre la aplicación y uso del mismo".

Por otro lado, fuentes de Agroindustria subrayaron desconocer hasta el momento si en Chubut existen pruebas científicas que determinen la afectaciones que se plantean. Aunque dejaron entrever que la ínfima incidencia de la aplicación de glifosato es puramente una acción electoralista".

En declaraciones a medios locales, el diputado Grazzini señaló que "hay estudios médicos en la provincia que indican que presuntamente hay malformaciones debido a la utilización de agrotóxicos". "Son estudios en proceso, pero vemos con un paso fundamental la prohibición del glifosato en toda la provincia", sostuvo.

En su momento, tanto la industria semillera como de agroquímicos decidieron trabajar en forma conjunta para buscar soluciones y de alguna forma frenar no sólo las distintas disposiciones que se aprobaron en varias localidades prohibiendo o restringiendo los fitosantarios sino también las instancias judiciales, pero nada de eso pasó ni la Red de Buenas Prácticas Agrícolas avanzó.

El problema es serio. La irresponsabilidad de algunos productores tiene en parte la culpa. El Estado también. Si funcionara el poder de policía se evitarían los riesgos en el uso de los fitosanitarios. Los grupos ambientalistas entienden que hay contaminación. Hace falta un serio debate a nivel nacional para despejar dudas y atender reclamos, y para eso está el Congreso.