En momentos de aumentos de tarifas y precios que agravan la situación de millones de argentinos, el Presidente decide quitarles retenciones a las mineras, uno de los sectores económicos que más se han enriquecido desde el Gobierno de Carlos Menem en adelante.

Los fundamentos expuestos en el decreto 349/2016 que regula la medida reiteran los argumentos de quienes gobernaron los últimos 30 años y mantuvieron los privilegios del sector: la pérdida de competitividad de Argentina en relación con el resto de países de la región, los grandes costos operativos, la necesidad de promover la actividad como “vector de potenciación del federalismo” y, sobre todo, la necesidad de “implementar medidas tendientes a revertir el estado actual de la economía, generando condiciones que permitan la reactivación y una mayor competitividad para los distintos sectores productivos del país, el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo, llevando así a mayor prosperidad general al país”.

Años atrás, desde la Vicepresidencia de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación tuve la oportunidad de viajar a La Rioja, Catamarca y San Juan, debido a denuncias presentadas por pobladores de zonas cercanas a emprendimientos mineros en marcha o en carpeta. Les puedo asegurar que, a pesar de años de incentivos fiscales de todo tipo, la minería ha provocado el achicamiento o la desaparición de muchos productores locales, con quienes compite por el uso del suelo o el agua; aumenta el desempleo, la pobreza y la contaminación. Y lo que es peor, encontré una marcada debilidad de las instituciones democráticas del lugar, a partir de Gobiernos cuasifeudales, que no toleran las voces críticas, que amedrentan a quienes deciden defender una tierra mejor para sus hijos.

La reactivación económica y la creación de puestos de trabajo siempre fueron la excusa para ampliar las ventajas del sector. El kirchnerismo prometía para el 2025 unos 380 mil empleos directos y 800 mil indirectos. Pero, según datos oficiales, en el 2010 hubo un promedio de 19.400 trabajadores registrados en explotación de minerales no energéticos (sin considerar petróleo, gas, carbón y uranio), 7.100 en minerales metalíferos y 12.200 en otras minas y canteras. Minera La Alumbrera, en Catamarca, prometía en 1993 unos diez mil puestos de trabajo directo; la propia empresa reconoce que actualmente trabajan 1.800 empleados: 800 permanentes y cerca de mil contratistas.

Pocos sectores económicos locales cuentan con los incentivos de esta actividad: no son alcanzadas por ningún aumento de impuesto nacional, provincial ni municipal durante 30 años; están eximidas de todo gravamen y tasa municipal y los Gobiernos deben facilitarles la infraestructura (caminos, servicios de agua y luz). No pagan más del 3% de regalías, según manifiesten en una declaración jurada, pudiendo descontar los gastos de traslado desde que el mineral es extraído hasta su comercialización. No pagan el impuesto al cheque; les reintegran el IVA de lo que invierten en inmuebles y maquinarias y descuentan del impuesto a las ganancias los gastos de exploración y toda la previa al inicio de funcionamiento.

A pesar de estas enormes ventajas, la megaminería no puede ser considerada motor de desarrollo: la tecnología y los principales insumos, maquinarias y recursos humanos son importados desde su país de origen. Casi no existen articulaciones con el aparato productivo nacional, ni en la fase previa de exploración ni en la final, ya que prácticamente todo lo que se extrae se exporta en bruto.

En cuanto al aporte a la prosperidad de la población, aún con cifras del cuestionado Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el 2010 había en Argentina un 12% de personas bajo la línea de pobreza. Sin embargo, en el Gran San Juan representaba un 14,4%. En el Gran Catamarca, con 13 años de funcionamiento de la minera más grande del país, la cifra ascendía al 20,9%, nivel superior a la media del noroeste argentino. En esa provincia, los indicadores sociales siguen siendo alarmantes: 25% de su población económicamente activa trabaja en el Estado; 56% de los menores de 18 años reciben la asignación universal por hijo; 75% de las escuelas públicas alimenta a sus alumnos; 87 mil niños comen en comedores infantiles o escolares. La tasa de suicidios supera un 58% la media nacional: 13,5 casos cada cien mil habitantes.

Todos estos datos, muy bien señalados por Maristella Svampa y otros, en su libro Quince mitos y realidades de la minería trasnacional en la Argentina (El Colectivo, 2011), refutan los sustentos falaces de quienes pretenden continuar con la entrega de nuestros recursos naturales a costa del futuro de nuestra gente.

Por otro lado, al hablar de potenciar el federalismo, el Gobierno debería recordar que nueve legislaturas provinciales sancionaron leyes que prohíben o restringen en alguna medida la megaminería metalífera a cielo abierto: Chubut (2003), Río Negro (2005); Tucumán, La Rioja, La Pampa y Mendoza (2007); Córdoba y San Luis (2008); Tierra del Fuego (2011). Leyes logradas a partir de la movilización de distintos sectores de la sociedad, incluso de importantes actores económicos en clara contradicción de intereses. En el caso de La Rioja, Río Negro y Chubut, los Gobiernos sucesivos violaron la voluntad popular al vetar o modificar la norma, desvirtuarla.

Argentina merece un cambio de 180 grados en materia minera, necesitamos modificar sus ventajas económicas y ponerlas en sintonía con nuestras necesidades más urgentes; fomentar los organismos de control, las auditorías permanentes y los monitoreos de obras con participación de las comunidades involucradas, respetar a los distritos que soberanamente decidieron decirle “no” a esta actividad contaminante; promover una amplia normativa legal de presupuestos mínimos de control ambiental, entre otras medidas. En eso estamos trabajando. En lo que sería un verdadero cambio para bien, muy lejos de la medida tomada recientemente por el actual Gobierno.