David Bravo es abogado especialista en propiedad intelectual y derecho informático. En 2009 la revista Capital lo,incluyó en el Top 100 de "líderes del futuro". En 2010, 2011, 2012 y 2013 fui elegido por el diario El Mundo como uno de los 500 españoles más influyentes. También en 2011 los lectores de El Economista decidieron que era el personaje más relevante de internet y en 2013 fue designado el abogado más influyente de las redes sociales según Expansión. Muy conocido por su activismo en defensa del acceso libre a la cultura y conocimiento por Internet y por promover el derecho a la copia privada, al copyleft y las redes de pares (P2P), entre otras herramientas

Ex diputado de Podemos

Impulsor de la campaña No Les Votes que influyó en el movimento 15-M. Resultó elegido diputado de Podemos por Almería en las elecciones del 20 de diciembre de 2015. Renunció a presentarse de nuevo en las siguientes elecciones generales por razones personales. Estar con su hijo y no abandonar Sevilla tuvieron que ver mucho con la decisión, algo que define el carácter muy humano del personaje. Tras la defensa como abogado que ejerció del portavoz de Facua, Rubén Sánchez, el juzgado ordenó al presidente de Ausbank, Luis Pineda, que tuitee durante 30 días desde la cárcel su condena por difamación. Por último, cabe destacar la accesibilidad y amabilidad que este sevillano de 39 años, ha tenido con ELPLURAl.COM para realizar esta entrevista que hoy ofrecemos a nuestros lectores.





Como destacado activista y defensor del acceso libre a la cultura y al conocimiento a través de Internet ¿Cuál es el estado legal de este importante asunto actualmente en España? ¿Hay conflicto con la labor de los autores? Cómo sería la comparativa con otros países europeos?

La Ley de Propiedad Intelectual y los artículos que definen los delitos contra la propiedad intelectual en el Código Penal llevan años retocándose para adaptarse a los deseos de la industria de los contenidos y en perjuicio del acceso a la cultura. Para entender hasta qué punto estos cambios en las reglas del juego tienen una relación directa con los malos resultados en los partidos disputados por la industria en los tribunales, basta con hacer un pequeño repaso a lo que ha sido la batalla legal en España en la última década.

Hace ya 11 años de la “redada más importante contra la piratería en Europa” que se saldó con 15 administradores de páginas de enlaces detenidos y que terminó poco después con una cascada de esos mismos asuntos sobreseídos porque los hechos denunciados sencillamente no eran delictivos. Apenas nos dio tiempo a celebrarlo a los abogados que estábamos personados en aquellas causas cuando salió la noticia de que se estaba promoviendo una reforma, la conocida como Ley Sinde, que creaba una vía administrativa en la que ya no serían los jueces que nos daban la razón los que estudiarían esos asuntos sino un órgano del Ministerio de Cultura, que había aplaudido aquellas detenciones. Es decir, después de que la industria perdiera los partidos, cambiaron al árbitro, que además empezó a pitar de forma opuesta a como los jueces lo venían haciendo hasta la fecha. Un par de años después de cambiar al árbitro, cambiaron también las reglas del juego y ahora los enlaces tienen una regulación expresa tanto en la Ley de Propiedad Intelectual como en el Código Penal.

Ocurrió lo mismo con el caso Pablo Soto, un informático (hoy concejal) que fue demandado por las principales compañías discográficas por crear un sistema de intercambio de archivos que podría utilizarse también para intercambiar los productos de las demandantes. Con esta lógica que pondría en la picota al inventor de la imprenta o al de la fotocopiadora, se llevó a los juzgados a un autor, que es lo que son los creadores de programas informáticos, aunque a veces lo olvide la industria que dice luchar para proteger a los autores.

La demanda, que apenas se podía sostener al peso por una sola persona, pedía a Pablo Soto el cese de su actividad supuestamente infractora y una indemnización de 13.060.000 euros. Tanto en primera instancia como en segunda se nos dio la razón y se desestimaron las pretensiones de las demandantes porque en nuestra legislación no existe la figura de creación jurisprudencial estadounidense a la que apelaban las demandantes: la responsabilidad por contribución a la infracción.

Pues bien, poco después de que la industria perdiera ese caso, se reformó la Ley de Propiedad Intelectual y ahora se incluye en su artículo 138 la figura de la responsabilidad por contribución a la infracción.

Aunque WikiLeaks ya nos advirtió y todos sospechábamos algo, Pedro Farré, ex-directivo de SGAE que llamaba pirata a media España y que está actualmente en prisión, nos cuenta en su libro cómo se hacen las leyes de propiedad intelectual en este país, con EEUU diciendo por donde deben ir los tiros y con mandados como el propio Farré en dependencias del Congreso dando retoques a enmiendas para que se aprueben.

Si yo hoy en día me pongo a leer las leyes de propiedad intelectual te puedo decir exactamente cuál es el caso, con nombre y apellidos, que dio lugar a este nuevo párrafo o a este otro.

Pues bien, teniendo en cuenta este panorama es fácil deducir por qué nuestras leyes son tan restrictivas, no ya para el acceso a la cultura, sino para la propia creación por parte de los autores, que descubren que infringen la ley que dice protegerles cuando hacen un documental tomando fragmentos de obras ajenas para ilustrar sus tesis incluso cuando lo hacen sin ánimo de lucro, cuando hacen subtítulos para la comunidad por amor al arte e incluso cuando inician un capítulo de su libro ilustrándolo con una cita de la obra de otro autor.

¿Cree que hay un difícil equilibrio entre la libertad de expresión en redes sociales y el derecho al honor, a la no infamia, a la privacidad... ¿cómo conciliar todo ello? ¿Qué legislación aplicaría ante los abusos desde las redes? ¿Alguna nueva o la actual?

Ese debate, el de si hay que hacer alguna puesta a punto a la ley que regula las intromisiones en el derecho al honor, se alimentó especialmente el día de la muerte de Rita Barberá. Ese día, el partido con más casos de corrupción por metro cuadrado del país, nos pidió a los ciudadanos que aguantáramos un poco más sus escándalos judiciales porque no vaya a ser que con tanta crítica le diera un ataque al corazón a alguno de ellos y fuera culpa nuestra. Daba igual que Barberá no hubiera muerto realmente de un ataque al corazón, lo importante era marcar la agenda política aprovechando esa macabra coyuntura para justificar una ley especial para internet.

Cuando Celia Villalobos apareció alrededor del Congreso diciendo que “los tuiters” podrían haber tenido algo que ver con la muerte de su amiga, no se trataba de una señora dando palos de ciego por la confusión que crea el dolor y la rabia sino de un ejemplo perfecto de lo que la doctrina ha llamado la “etapa pre-legislativa”. Es decir, la creación en la opinión pública de un estado de alarma -real o ficticio- para justificar la intervención del legislador en asuntos especialmente delicados. Aunque se refería en ese caso a las leyes penales, Díez Ripollés explicaba este concepto diciendo que “El proceso sociológico desencadenante de una decisión legislativa penal se inicia con el éxito de un agente social en hacer creíble la existencia de una disfunción social necesitada de algún tipo de intervención penal [...] La disfunción social puede ser, en sus presupuestos fácticos, real o aparente, cualidad esta última de la que los agentes sociales activadores del proceso pueden no ser conscientes, serlo o justamente estar movidos por la intención de hacer pasar por real una disfunción aparente. La frecuencia con que en el ámbito político-criminal se trabaja con disfunciones sociales aparentes, esto es, con representaciones de la realidad social desacreditadas por los datos empírico sociales, no debería subestimarse”.

Pues bien, ese “los tuiters” han debilitado su corazón, ese “es bueno que reflexionemos y veamos dónde están los límites”, de Rafael Hernando, y ese argumentario general desplegado por el PP en todos los medios de comunicación no era más que el intento de “hacer creíble la existencia de una disfunción social necesitada de algún tipo de intervención” del legislador para crear una ley que les interesa. En este caso, una que regule un espacio en internet que no controlan y que es especialmente crítico con su gestión. Que las leyes actuales están anticuadas para intervenir cuando existe la vulneración de un derecho al honor en internet, es sencillamente falso y una mera coartada para que el gobierno se ponga a tejer una nueva mordaza. La ley que regula el derecho al honor (la ley 1/82) no hace distinciones al lugar en el que se produce la intromisión y se limita a decir que cuando esta se produce procede la reparación del daño y la rectificación con la misma difusión que la injuria. Se trata de una formulación amplia que es aplicable por los juzgados a internet y que, de hecho, se aplica.

Qué ha significado en la jurisprudencia el que se haya condenado a Luis Pineda a tuitear desde la cárcel por su difamaciones y calumnias al portavoz de Facua? Un caso que usted ha llevado, por cierto.

Ese caso demuestra precisamente lo dicho en la anterior respuesta: nuestra legislación actual es perfectamente aplicable al entorno de las redes sociales.

Cuando llegó ese asunto la cuestión que exigía algo de imaginación, y ni siquiera mucha, era cómo se podría solicitar la publicación de la rectificación para que tuviera la misma difusión que la injuria, que es lo que dice nuestra ley 1/82. Lo que le pedimos al juez, además de una indemnización, es que el demandado publicase que le han condenado y el fallo de la sentencia en su cuenta personal de Twitter, que es donde había publicado las múltiples invenciones injuriosas sobre Rubén Sánchez. Pero como además esas invenciones las hacía de forma insistente y diaria, un solo tuit no da la misma difusión a la injuria que se pretende reparar, por lo que pedimos que se le obligara a publicar un tuit diario durante 30 días. Y como además podría suceder que los publicara a las 5 de la madrugada para que no lo viera nadie y para que rápidamente quedara sepultado por muchos otros de esa misma cuenta de Twitter, solicitamos también que la publicación se hiciera en unos horarios determinados.

A los juzgados les pareció razonable todo aquello y estimaron las dos demandas, que fueron interpuestas contra Luis Pineda y contra él mismo y AUSBANC. Las sentencias ya son firmes y están en fase de ejecución.

En ocasiones se desdeña el impacto e influencia de las redes sociales en campañas electorales. ¿No piensa que también se cae en la tentación contraria, la de supravalorar la influencia de las RRSS en las campañas políticas? ¿Estamos asistiendo a un cambio en el modo de emitir y transmitir el mensaje político?

Sí, me temo que se dan los dos efectos, el de infravalorar y el de, en ocasiones, sobrevalorar las redes sociales. Los que pasan un tiempo relevante del día publicando o leyendo en redes sociales me temo que terminamos con una percepción distorsionada, llegando a pensar que la opinión que leemos en las redes sociales es el termómetro de la realidad que se vive en la calle. Después nos sorprendemos cuando las opiniones que creemos mayoritarias o unánimes en las redes sociales no se traducen en las decisiones que después los ciudadanos emiten en las urnas. Y es que por un lado las redes sociales no son un reflejo de LA SOCIEDAD y, por otro, apenas percibimos que nosotros mismos (con nuestros follows y nuestros blocks) hemos farbicado dentro de las propias redes sociales el entorno que nos gusta leer y que es más afín a nosotros.

Por otro lado, el ejemplo más paradigmático de infravaloración de la potencia de las redes sociales se dio en las vísperas de una manifestación organizada básicamente a través de internet, cuando varios periodistas se reían del click-activismo y ni siquiera se hicieron eco en sus medios de que en internet se estaba llamando a la gente a dar un paso adelante y salir a la calle. Esa manifestación de la que muchos se burlaron y menospreciaron se conmemora ahora cada 15 de Mayo y fue el mayor revulsivo político en este país en décadas.

¿Qué valor le da a las nuevas formas de comunicación, en especial al periodismo digital. Cuál es , en su opinión, el futuro de la prensa digital y el del papel prensa?

No soy un gran experto en esas cuestiones y además tiendo siempre a evitar pronósticos sobre el futuro, que es habitual en los gurús para fingir que el futuro no es una construcción ni un espacio a conquistar sino que está escrito y que además ellos pueden leerlo.

No tengo idea de cuál es el futuro del periodismo en internet pero sí creo tener bastante claro dónde no está: no está en el cobro de cánones a los que crean buscadores, indexan contenidos dispersos y te dan visitas, ni en el cobro por cada acceso como si se comprara el ejemplar de un periódico, tratando así de trasladar el modelo de la prensa de papel a la prensa digital, error en el que ha insistido la industria discográfica y cinematográfica con sus productos hasta hace muy poco.

De usted se dice que representó una aportación importante al movimiento 15 M con su campaña No Les Votes. Cómo ve el espíritu del 15-M ahora? Quién lo representa en este momento ? Por cierto, usted se presentó a las elecciones del 20 diciembre de 2015 y obtuvo un escaño por la provincia de Almería. Posteriormente renunció a presentarse de nuevo por amor, por estar con su hijo y en Sevilla. ¿Podría volver más adelante a repetir experiencia y de nuevo lo haría con Podemos?

La campaña No Les Votes no era mía realmente, sino de ocho personas, entre las que estaba yo.

El movimiento 15-M no es representado por nadie y eso forma parte de su esencia. Recuerdo que en aquellos tiempos los grandes poderes mediáticos y políticos no hacían más que pedir que alguien se identificara como el creador o líder de ese movimiento tan heterogéneo y difícil de agarrar. Nunca lo consiguieron, porque el 15M no tenía cabeza y porque además nosotros sabíamos que el problema de que el 15M no tuviera cabeza visible no era del movimiento sino del verdugo, que no sabía por donde cortar.

En cuanto a mi paso por la política, ahora estoy centrado en los asuntos profesionales que tengo la obligación de sacar adelante y no sé si volveré. Si lo hiciera desde luego sería con Podemos porque las razones por las que decidí no repetir en las elecciones fueron tan domésticas como las que has contado. Ni siquiera tengo una mala experiencia con algún compañero o un cotilleo de pasillo que pueda contar para dar color a una entrevista y un poco de trascendencia a mi decisión. No tengo reproches para ellos y solo puedo desearles suerte y darles ánimo. Por el bien de todos.