Mazatlán, Sin.- Cuando Sandra aceptó rentar su vientre por más de 150 mil pesos pensó que el dinero no le caería mal, podría dejar su trabajo como cajera de un supermercado y así pasaría más tiempo con su hija de seis años. El nombre real de Sandra fue modificado a petición de ella y por su seguridad.

Era una tarde de junio y la mujer de 22 años estaba en la banqueta de su casa, en la colonia Azteca, en la periferia de Mazatlán, cuando su mejor amiga le platicó a ella y a otras mujeres que la dueña de una joyería en una zona exclusiva estaba en busca de alguien que “se dejara meter un bebé por 150 mil pesos”. Sandra levantó la mano.

Un par de semanas después, sin haberse practicado ninguna prueba médica, la joven le envió documentos oficiales por WhatsApp a alguien que se identificó como la amiga de la pareja que buscaba un vientre en alquiler.

A los tres días, una mujer de 26 años se bajó de una camioneta negra último modelo y tocó la puerta de la casa de la mamá de Sandra.

“Era muy bonita, se veía que era una persona que sí... no como yo. Aquí las personas somos muy parecidas o tenemos vidas similares de trabajar, ella se veía una muchacha bien, sencilla”, cuenta del día que conoció a la mujer que le pagó por tener a sus hijas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta práctica es parte de las técnicas de reproducción asistida (TRA).

A las mujeres que rentan su vientre a terceros, en este caso Sandra, se les conoce como madres gestantes.

En el argot coloquial de quienes se dedican a promover esta práctica, la mujer que alquila un vientre se le llama “madre de intención” o “solicitante”. No obstante, especialistas que han analizado este ejercicio han renombrado el proceso como explotación de mujeres con fines reproductivos.

“Mi mamá le empezó a hacer preguntas: ‘Oye, ¿y por qué quieres hacerlo?’, y ella dijo: ‘Lo que pasa es que no tengo matriz, no tengo un ovario. Y mi mamá le preguntó si no tenía primas o un familiar que le hiciera el favor, ‘para que no pagues’, y ella contestó: ‘Sí tengo, pero son más chicas que yo y están haciendo su vida y no puedo’”.

Sandra no leyó el documento que firmó, sólo supo que por todo el procedimiento le darían 180 mil pesos, 30 mil más de lo que le habían ofrecido al inicio. Ese día, su esposo le preguntó quién era esa persona, y ella respondió que era una nueva amiga, pero él le señaló que ella no tenía amistades con “esas camionetotas”.

La solicitante, una mujer de 26 años residente de una privilegiada colonia en Mazatlán, le pidió que comenzara a tomar estrógenos y a inyectarse hormonas en el vientre.

A pesar de que ya había comenzado a alterar su cuerpo, hasta ese momento no había recibido ningún pago.

Sinaloa y Tabasco son los únicos estados en México que cuentan con la figura legal de la gestación subrogada. San Luis Potosí y Querétaro prohíben expresamente esta práctica.



La mujer aún guarda algunos recuerdos de cuando rentó su vientre.



En 2013, el exgobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, modificó el Código Familiar para permitir el alquiler de vientres, como se detalla en los artículos 282 al 297.

No obstante, sólo se permite cuando una mujer padece contraindicaciones físicas o médicas para embarazarse.

De acuerdo con información obtenida vía transparencia, Sinaloa registró apenas 26 notificaciones de contratos de reproducción humana asistida y la gestación subrogada emitidos por notario público desde 2013 a la fecha.

Del total, 13 parejas solicitantes fueron mexicanas; tres, de origen ucraniano y mexicano, y se registró una en la que uno de los dos era colombiano. Del resto no se especificó nacionalidad.

En Tabasco, aunque la gestación subrogada se legisló desde 1997, fue hasta una reforma al artículo 380 Bis del Código Civil en 2016 que se obligó a los notarios públicos a informar sobre los contratos de los procedimientos de gestación al Registro Civil.

Desde esa modificación a la fecha se han registrado únicamente 25 nacimientos por esa vía.

Nacimientos que no se cuentan

En el caso de Sandra no se siguieron todos los procesos legales. De entrada, ella tenía 22 años cuando firmó el contrato y la edad mínima, de acuerdo con la legislación estatal, es de 25.

Además, debido a que la familia de la solicitante tenía relación con otros médicos, llevaron a Sandra a Guadalajara a realizarle la transferencia de óvulos fecundados en una clínica privada. La práctica no está regulada en Jalisco.

Una vez que concluyó el procedimiento médico, mientras Sandra, la solicitante y su madre platicaban en una cafetería, escuchó que existía la posibilidad de que fuera un embarazo doble, ya que le habían colocado dos embriones, aunque a Sandra jamás le preguntaron si estaba de acuerdo.

Una vez terminado el ciclo de transferencia de embriones, los médicos le advirtieron a Sandra que no podría estar de pie por varios días, así que tuvo que renunciar a su trabajo en el supermercado, donde ganaba 4 mil 200 pesos al mes. De vuelta en Sinaloa, la solicitante le aclaró a Sandra que no le pagaría hasta que la prueba de embarazo resultara positiva.

De acuerdo con un reporte realizado en 2014 por el Centro de Investigación Early Institute sobre la explotación de mujeres, es común que en países como México sean colocados más de tres embriones sobre la madre gestante para elevar las posibilidades de embarazo, “aunque con ello se incrementan también los riesgos de salud tanto para el bebé como para la gestante”.

En México, una pareja solicitante invierte entre 735 mil y 2 millones de pesos por cada proceso de gestación subrogada, según datos del instituto.

Nerviosa por la incertidumbre económica y laboral, Sandra se hizo un examen de sangre que dio positivo, ahí también supo que tendría gemelos. En ese momento, le entregaron la primera de las mensualidades de 15 mil pesos que recibió durante el embarazo, un ingreso 72% más de lo que habría ganado con su empleo anterior.

La solicitante le informó que todos los pagos serían en efectivo y los 45 mil pesos restantes se los daría una vez que nacieran las bebés. Con ese dinero, Sandra liquidó sus deudas.

Prohibir o regular

“No existe como tal el derecho a ser padre [o madre], sino el derecho de un niño a tener padres, para eso existen otros mecanismos. No para satisfacer el deseo legítimo de tener una familia vamos a aprovecharnos de quien está dispuesta a todo con tal de mantener a su familia”, explica Valeria González, coordinadora de Asuntos Públicos de Early Institute. El centro aboga por la prohibición de la maternidad subrogada para evitar poner en riesgo la salud de las mujeres, mantener su derecho a un trabajo digno y el de los niños a no ser comercializados.



Tras la maternidad subrogada, Sandra retomó su empleo como cajera.



En noviembre de 2018, la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud e incluir la figura de la reproducción humana asistida. Ahí se señala que en México se realizan hasta 80 mil procedimientos al año.

Los argumentos de Sánchez Cordero para legislar esta práctica son las tasas de infertilidad y el derecho a formar una familia, a los que dedica seis de las 20 páginas de la propuesta.

Sin embargo, omite que son las mujeres precarizadas de México quienes acceden a estos procedimientos con desconocimiento y debido a su situación de vulnerabilidad económica.

Únicamente en una página se alude a la intención del Estado de evitar que las mujeres sean explotadas con fines de reproducción.

EL UNIVERSAL solicitó la postura de la secretaria de Gobernación para este reportaje, pero hasta el cierre de la edición no se tuvo respuesta.

“Me asusté mucho”

El parto de Sandra se tuvo que adelantar porque comenzaba a desarrollar preeclampsia. Debido a la premura, el médico que la atendería no estaba disponible. Querían que ella entrara al hospital bajo el nombre de la solicitante, así las bebés se registrarían como sus hijas biológicas. Sin embargo, los médicos de guardia y las enfermeras del hospital Sharp se negaron.

Sandra parió a dos niñas por cesárea, pero no la dejaron que las viera. En cambio, le pidieron que se extrajera tanta leche como pudiera durante dos días a cambio de 3 mil pesos más.

A los dos días del parto, Sandra fue requerida por la solicitante en las oficinas de un notario en Mazatlán para que cediera la custodia de las bebés.

Para Valeria González la gestación subrogada en México tiene tintes de delincuencia organizada por “tantas autoridades, personas, hospitales y todo tipo de gente involucrada”.

Por su parte, Wendy Briceño, diputada federal por Morena y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la actual Legislatura aseguró que, a la fecha, no se han presentado iniciativas que busquen abordar el tema, pero sí se han acercado grupos de mujeres preocupadas por la renta de vientres.

“Se atraviesan condiciones de mucha complicación para mujeres que aceptan [rentar su vientre] en condiciones socioeconómicamente difíciles, hay situaciones que [se deben] observar de forma responsable y una discusión amplia de muchas aristas, no queremos poner en condiciones de mayor vulnerabilidad a mujeres ya de por sí en circunstancias precarias”, explicó.

A las semanas de haberse recuperado, Sandra fue a conocer a las bebés, dos niñas rubias de ojos claros, pero como rompió en llanto, la solicitante no dejó que las viera más.

Ahora sólo las observa a través de las historias de Instagram de la solicitante. Ese es el único contacto que tiene con las niñas, a quienes en ocasiones se refiere como sus “hijas”.

“Las veo que crecen y me siento triste, pero no porque las quiera conmigo, porque, de entrada, yo no podría mantenerlas, sino porque al final ellas son mis hijas, postizas, porque no llevan mi sangre, pero vivieron dentro de mí”, mencionó Sandra.