Manifestantes en Valparaíso, este sábado. REUTERS / atlas

En casi todo Santiago de Chile se escucha el sonido de las bocinas de los coches en señal de protesta durante el inicio de la segunda noche de toque de queda en la capital chilena. Un decreto del Ejército ha prohibido a los ciudadanos salir hasta las seis de la mañana de este lunes. Los ciudadanos han desafiado a las autoridades militares y políticas mediante protestas pacíficas o violentas, como ocurrió este sábado, en la primera jornada de toque de queda, en la cual fueron detenidas 241 personas por no respetar la orden de no trasladarse por la ciudad. El estallido que explotó el pasado jueves por el alza del precio del metro no se calma. Al menos ocho personas han muerto en los incendios producidos en medio de los saqueos: dos mujeres fallecieron en el municipio de San Bernardo, en el sur de la capital, un hombre murió en el centro de la ciudad y cinco personas perdieron la vida por las llamas en una bodega de ropa de Renca, en el norponiente de Santiago de Chile.

Al menos 716 personas se encuentran detenidas por los disturbios, según informó por la mañana de este domingo el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Durante toda la jornada se han producido saqueos y enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza policial en diferentes ciudades del país. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha informado de al menos 22 personas víctimas de uso abusivo de la fuerza. Los helicópteros sobrevuelan desde anoche Santiago de Chile, controlado por unos 8.000 militares. En este momento, otras cuatro regiones del país -Valparaíso, Biobío, Coquimbo y O'Higgins- se encuentran en estado de emergencia, que implica restricciones a la libertad de traslado y de reunión a los ciudadanos. En todas estas ciudades los militares han decretado toque de queda para esta noche, donde se han registrado incidentes violentos.

En el puerto de Valparaíso hubo ataques a comercios y a estaciones de metro y la sede de El Mercurio de Valparaíso -el periódico de mayor antigüedad en lengua castellana- fue incendiada. En todo el país se vive una situación compleja, aunque este domingo algunos ciudadanos han salido espontáneamente a limpiar las estaciones de metro destruidas. Algunas aerolíneas han cancelado sus vuelos, supermercados y centros comerciales cerraron por razones de seguridad, mientras se registran cortes de luz y la gente busca comercios abiertos para abastecerse de alimentos. La mayoría de las farmacias están cerradas y para este lunes se anunció la suspensión de clases en los establecimientos educacionales de buena parte de Santiago de Chile.

La última vez que se había decretado el toque de queda en Chile fue en 1987, en los últimos años de dictadura de Pinochet (1973-1990). A diferencia de entonces, la ciudadanía parece no tenerle temor a la autoridad militar. Quienes lideran las protestas son menores de 30 años, que no vivieron el régimen militar, señalan los analistas. La noche del sábado, cuando comenzó a regir el toque de queda en la capital, cientos de personas seguían manifestándose en las calles pacíficamente con cacerolazos, incluso en zonas acomodadas de Santiago, como Providencia, La Reina y Las Condes. En paralelo, las protestas desbordaban diferentes lugares del país: saqueos de supermercados y grandes tiendas, donde la gente robaba tanto alimentos como electrodomésticos.

Sebastián Piñera se reunió esta tarde en La Moneda con los otros dos poderes del Estado -el Legislativo y el Judicial- para entregar una señal de unidad. Hicieron un llamamiento al diálogo y a defender la democracia. Pero aunque el presidente anunció anoche que suspendería el aumento del pasaje del metro -de 800 a 830 pesos (1,13 a 1,17 dólares)- y que convocaría una mesa de diálogo "amplia y transversal" para encontrar respuestas a "demandas tan sentidas como el costo de la vida" de la ciudadanía, no parece cercana una solución al conflicto. Mañana, un día laboral, se pondrá a prueba el funcionamiento de una ciudad que luce destrozos importantes: el metro de Santiago, orgullo de los chilenos por su orden y buen funcionamiento, presenta daños que llegan a los 300 millones de dólares, según han informado las autoridades. Cerca de 2,8 millones de usuarios lo utilizan diariamente y todavía resulta impredecible el funcionamiento de una ciudad con enormes dificultades de transporte.

Las protestas han marcado un punto de inflexión para toda la política chilena, que no ha sabido ni interpretar ni canalizar el descontento que ha emergido en forma de manifestaciones desde 2006 en adelante. Diferentes organizaciones de la sociedad civil publicaron una carta pública convocando a un nuevo pacto social. "Como sociedad civil invitamos y emplazamos a todas las autoridades a sumarse a un diálogo, sin simulaciones, con la disposición de alcanzar transformaciones profundas capaces de incluir a esos/esas millones que hoy manifiestan su indignación. Solo de este modo, alcanzaremos la anhelada paz social que Chile requiere", indica el escrito.