Vivimos en un mundo de apariencias. La que logra calar en la sociedad como si se tratase de una realidad, aunque no coincida con esta, es lo que se impone. Y no hay nada peor que cuando esa imagen es negativa y además… coincide con la realidad.

Comprendo que muchos periodistas escriban sobre lo acontecido el día anterior. Pero como son tantas noticias lamentables casi en cascada las que en este país suceden, una información u opinión acaba tapando la anterior noticia. Como no soy del gremio, mi enfoque es muchas veces volver y reflexionar algo grave acontecido pero que sigue produciendo efectos y no debemos olvidar.

Me quiero referir a lo que desde hace un tiempo está sucediendo en España con la creciente y alarmante sumisión del Ministerio Fiscal al poder ejecutivo. Lo grave es que no sólo se esté dando ahora una vuelta de tuerca a una concepción totalizadora del poder en el Ejecutivo sino que en este sentido, coincida la opinión del ciudadano medio con la realidad de lo que esta sucediendo.

Si siempre todo gobierno ha tenido pretensión por controlar o, al menos, contrarrestar otras instancias, en los momentos actuales el afán es alarmante en lo que se refiere al Ministerio Fiscal. Este, en sus principios, teóricos, es una de las piezas del funcionamiento de un Estado de Derecho de verdad y no puramente retórico.

Son tiempos convulsos en España por la consolidación de un margen amplio de connivencia y aceptación social (el voto lo demuestra) con la injusticia y corrupción. Una sociedad que dice quejarse de esta pero que en ningún caso, ni con manifestaciones (como es el caso de Rumanía) ni con su voto expresa su rechazo a esas prácticas.

Pero en todo caso, lo que aquí nos interesa es apuntar que lo peor de la corrupción es la impunidad. Para la gran abundancia de casos que suceden, solo una pequeña parte son descubiertos, otra menor juzgados y escasísimos los casos en que habiéndose enjuiciado, son sentenciados con penas privativas de libertad. Le pretenderán echar la culpa a las leyes pero la clave es la actuación de una parte importante de los actores jurídicos intervinientes en la Administración de Justicia. De modo particular la Fiscalía.

Sobre los componentes de esta institución esta cayendo un descrédito enorme. Hay profesionales excelentes pero se dejan hacer y escasísimos héroes hablan. Cierto es que al igual que la magistratura (en esta última aún más), hay una mayoría de pensamiento conservador en el sentido de cercanía o complacencia del poder.

Esto tiene su origen ya inicialmente en un sistema selectivo que favorece y premia solo el conocimiento memorístico más que el talante equilibrado y comprometido. También incide mucho en el régimen de ascensos donde quien osa defender criterios diferentes a los de cúpula (el poder), se ve pronto etiquetado y mermado en sus posibilidades futuras de ascenso. La docilidad es más rentable.

Nunca ha sido fácil mantener un cierto perfil propio del Fiscal General del Estado. Durante los ocho años de Aznar, hubo el relevo de dos de ellos. Y en los algo más de cinco años de Rajoy, otros dos. El pensamiento próximo a las ideas del PP por el primero en 2012 tenía un contrapeso: él creía en el valor de la autonomía del Ministerio Fiscal y, en segundo lugar, porque es un jurista que lleva muy dentro la idea de Estado de Derecho. Aunque fue complaciente con el Gobierno, dio su opinión discreta y discrepante en algunos temas (como, entre otros casos, la utilización de la Fiscalía como arma política contra Cataluña). Tenía criterio propio y no era suficientemente sumiso al Gobierno. No obstante, en lugar de aguantar y hacer forzado su cese, dimitió sin armar apenas ruido. Hay veces en que con cuatreros no se tiene por qué ser muy elegante.

Le siguió una Fiscal General ideológicamente más cercana al gobierno, pero bastante buena persona y con firme vocación de fiscal, aún conservadora. Pero el Ejecutivo estaba pisando varias líneas rojas, alguna de las cuales ella no compartía (y así lo expresó públicamente) como la drástica reducción por el PP de los plazos de instrucción para conseguir el archivo de actuaciones corruptas. Esa reducción sólo sería posible si se dota de medios al Ministerio Fiscal especialmente en causas complejas.

Esto, junto con la intolerable intromisión e interferencias en nombramientos de fiscales por el Gobierno y que sólo a ella correspondían, le valió que fuese revelada y que se buscase a alguien que no sólo sintonizase con el PP (los dos anteriores lo hacían) sino que fuese alguien más que complaciente, absolutamente sumiso. Alguien dio su nombre y acertó. Leal al PP, muy conservador, muy obediente al poder y también y, sobre todo, muy sumiso.

Por último permítanme referirme a algunos equívocos que se hacen del Ministerio Fiscal (llamados por algún brillante penalista como “Brigada Aranzadi”) sobre sus funciones y los principios que lo rigen. A este respecto, una cosa es que el Fiscal General sea nombrado a propuesta del gobierno y oído el Consejo General del Poder Judicial (artículo 124.3 C.E) y otra, que no sea posible introducir en su Estatuto orgánico un debate previo e incluso una conformidad mayoritaria del Congreso.

Hay que recordar las dos conexiones de que “Las Cortes Generales representan al pueblo español” (artículo 66.1) y que “el Presidente del Gobierno es elegido por el Congreso” (artículo 99) y que ”la Justicia emana del pueblo” (artículo 117).

Pues bien, además de la dependencia que tiene el Gobierno y, por ende, del Fiscal General (ojala fuese previo a su nombramiento también) al Parlamento, único titular de una legitimidad democrática directa, lo que interesa destacar es que frente a algunos que ponen el acento casi en exclusiva de jerarquía, hay otros principios y unos fines que atenúan muy mucho a aquel.

Así, el propio Estatuto Fiscal, tras calificarle como un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, y antes de mencionar la dependencia jerárquica, subraya el principio de autonomía funcional y con sujeción, “en todo caso”, a los de legalidad e imparcialidad. Subrayo el “el todo caso”, pues estos dos, “legalidad e imparcialidad” están por encima tanto del de autonomía como, aún más, el de dependencia.

El otro aspecto que quería destacar es el artículo primero de su Estatuto Orgánico en el que se subraya la misión del Ministerio Fiscal de “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley”, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por procurar ante los Tribunales la satisfacción del interés social”.

Estos son las pautas legales de actuación del Ministerio Fiscal que, como puede apreciarse, están muy lejanas de la práctica, cada vez más desviadas y si me permiten, cada vez más corrupta de las leyes, de los principios jurídicos y de las pautas éticas más elementales.

Una última consideración sobre lo que en estos tiempos supone de heroicidad alzar la voz contra los excesos del poder. La inmensísima mayoría de los fiscales se agarran a su perfil de “profesionales” al actuar con gran silencio ante lo que están pasando. Y eso es grave en tiempos de grave erosión democrática.

El Consejo Fiscal, antes órgano de participación libre, está muy controlado a través de la mayoritaria y conservadora asociación. Pero lo que es hoy algo muy excepcional es encontrar voces individuales leales al sistema democrático que expresen una voz libre. En este sentido, es magnífica una muy cualificada por su valía, fiscal del Tribunal Supremo, y por su valentía pues se trata de Salvador Viada que, cumplimiento su deber ético, ha dejado escrito lo que algún otro dice, a lo sumo, en un bar y en voz baja: “Peligro para los fiscales: el gobierno avisa”.