Enchufes por decenas a familiares y cargos del Partido Popular, millones de euros de dinero público en publicidad para engrasar a los medios amigos, pagos por lavar la imagen en Internet de dirigentes del PP. Y ahora una previsible denuncia en la Fiscalía para alertar sobre un caso de corrupción en el que se evaporaron 15 millones de euros y que tiene como protagonista a un exalto cargo vinculado a los papeles de Panamá. El Canal de Isabel II, la empresa con más músculo financiero en manos de la Comunidad de Madrid –este año manejará un presupuesto de 1.050 millones de euros– se ha convertido bajo los mandatos de Esperanza Aguirre e Ignacio González en el paraíso de las mamandurrias.

El Canal de Isabel II intenta lavar la gestión de Ignacio González al frente de la empresa ante sus empleados

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La controvertida gestión que hicieron al frente de la sociedad los distintos lugartenientes colocados por el PP ha desembocado en los juzgados, donde se han abierto varios frentes. En la trama Púnica se investigan los pagos que el Canal de Isabel II hizo, supuestamente por encargo del Gobierno regional que presidía González, al empresario de Internet y presunto conseguidor de la red, Alejandro de Pedro Llorca, a través de su engranaje societario que vendía de todo: desde Trending Topics propagandísticos en Twitter a campañas sucias en la red contra los rivales políticos del PP.

Adrián de Pedro, hermano del multiimputado conseguidor de la trama, contó al juez Eloy Velasco que parte de las facturas por el lavado de imagen de políticos del PP, como Lucía Figar, Salvador Victoria y el propio expresidente Ignacio González, se cargaron al Canal de Isabel II por orden de Victoria. El dinero, de acuerdo con ese relato, salía a su vez de contratos inflados por la sociedad anónima donde tiene mayoría el Gobierno madrileño, y que le permitían sostener una caja alternativa con la que sufragar ciertos encargos del partido.

Limpieza de cargos

En las últimas semanas al Canal ha vuelto el escándalo, atizado esta vez por fuego amigo. A los gestores que llegaron a la sociedad de la mano del Gobierno de Cristina Cifuentes encabezados por el nuevo director general, Rafael Prieto, no les gusta lo que está apareciendo en los cajones. Y tras revolverlos, media docena de altos cargos han salido o están a punto de hacerlo. El anterior jefe de seguridad del Canal, Luis Miguel Garrido, fue destituido cuando se conoció que seguía financiando, con cargo al presupuesto de la empresa, la escolta del expresidente Ignacio González, nueve meses después de que este abandonase el Gobierno.

El presidente ejecutivo de una filial colombiana del grupo, la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa), Edmundo Rodríguez Sobrino, también ha tenido que dejar su despacho tras aparecer su nombre en los papeles de Panamá. Rodríguez Sobrino, hombre de la confianza de González, al que acompañó durante un azaroso viaje a Cartagena de Indias en el que ambos fueron víctimas de un espionaje, figuraba asociado a varias sociedades off shore con sede en Hong Kong.

La propia Cifuentes explicó que su salida guarda relación con “alguna anomalía” en su gestión. Los detalles se remitirán al fiscal tan pronto como los nuevos gestores del Canal lo aprueben en un consejo de administración extraordinario.

La sospecha se centra sobre una ruinosa compra por el Canal de la firma brasileña Emissao Engenharia e Construccoes. Los números de la operación son espeluznantes. La Comunidad de Madrid pagó por la empresa brasileña 21,4 millones de euros en noviembre de 2013. Cuatro meses después, su valor contable era de cinco millones. Para colmo, el nuevo director gerente del Canal se encontró unos extraños pagos vinculados a la compraventa y efectuados a través de bancos suizos.

El 25% del importe del traspaso se tramitó a través de sucursales en Ginebra. En lugar de barrer y esconderlo bajo la alfombra, como se había venido haciendo en los últimos tiempos, la nueva dirección del Canal decidió acudir a la Justicia, tal y como adelantó El Confidencial.

La limpieza que está propiciando el gabinete de Cifuentes no acaba ahí. En los últimos días ha precipitado la salida de otros dos altos cargos del Canal. La primera es María Fernanda Richmond, directora financiera de la empresa de aguas y por tanto con responsabilidad en la onerosa operación de Brasil. Richmond es la esposa del consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, amigo personal de Ignacio González y otro de los imputados en Púnica, a quien el juez acusa de recibir órdenes del exconsejero Salvador Victoria, también imputado en el caso, para que la subcontrata de la Comunidad abonase una deuda de 10.000 euros sobre trabajos de reputación en Internet para dirigentes del PP.

Fernando de Cevallos Aguarón, director de Recursos Humanos del Canal, también tiene las horas contadas. La oposición en la Asamblea de Madrid lleva meses denunciando que los diferentes Gobiernos del PP han hecho del Canal una agencia de colocación y pago de favores. El propio Cevallos Aguarón está casado con una exconsejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad, Regina Plañiol. De ahí para abajo la lista de familiares y parientes de cargos del PP en nómina del Canal con 2.500 empleados en plantilla es inagotable, tal y como ha denunciado el grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid.

El entrenador de pádel de Aznar, en nómina

El responsable de facturación, Víctor Sánchez Mestre, y la archivera, Almudena Mestre, son familia de Lourdes Cavero, la esposa de Ignacio González. María del Camino Arroyo Prada, exmujer de Gustavo de Arístegui y anterior miembro del equipo de confianza de Aguirre, también encontró acomodo en la sociedad. Igual que un primo de la expresidenta, Francisco Javier Aguirre Pemán, que sigue como subdirector de Marketing. Otro pariente de la exministra Margarita Mariscal de Gante, Manrique Mariscal de Gante, está en el equipo jurídico. Hasta el profesor de pádel del expresidente José María Aznar, Alberto Rodríguez Piñón, se reinventó como coordinador del club deportivo, con un salario de 44.000 euros.

El Canal ha servido incluso para recolocar, y pagar su defensa, a un imputado por corrupción, como Gerardo Díaz, exgerente de Hispanagua en Melilla y de Canal Gestión Lanzarote, donde fue cesado en octubre de 2015 cuando ya estaba imputado en la Operación Tosca que investiga un supuesto amaño de contratos. El Canal le buscó cobijo en la dirección financiera.

Prensa afín regada con millones de euros

Mientras todo esto pasaba en los despachos, de la empresa manaba dinero público hacia los medios afines. En la última década ha gastado en publicidad más de 55 millones de euros, según la documentación remitida por el Gobierno al grupo de Podemos. El grueso de la publicidad fue a parar a la cuenta de resultados de medios ideológicamente afines con el PP. Telemadrid facturó 10,87 millones en una década, ocho veces más que TVE, pese a que su audiencia era infinitamente menor. En prensa escrita, el medio más premiado por el Canal fue el ABC con 2,31 millones. La Razón percibió 1,87; El Mundo, 1,54; y el Grupo Intereconomía, 1,38 millones.

Mucho más abajo, en la pedrea publicitaria, recibieron anuncios medios sin ninguna repercusión y cuya audiencia ni siquiera está auditada, como la web elpulso.es que facturó al Canal 141.031 euros. La televisión por Internet que montó el exportavoz del Gobierno de Aznar Miguel Ángel Rodríguez, hoy empresario y tertuliano, recibió en el mismo periodo medio millón de euros.

Mientras, otros medios con muchos más lectores, como El Confidencial o eldiario.es facturaron 67.240 y 7.260 euros, respectivamente. Cantidades similares en anuncios del Canal llegaron a los lugares más recónditos: la radio Ecuatoriana FM recibió 5.066 euros y Taxi Magazine, 4.053. El plan de negocio de la sociedad anónima incluye otros siete millones de euros de inversión en publicidad hasta 2017.