No es necesario rastrear sociedades y cuentas bancarias alrededor del mundo para comprender la simbiosis entre el empresario Lázaro Báez y el matrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Basta con revisar la contabilidad de sus hoteles en Santa Cruz.

La conclusión es elocuente: siete empresas de Báez firmaron acuerdos retroactivos con Valle Mitre SA, la empresa que gerencia los hoteles de la familia Kirchner, que le garantizaron a la pareja ganancias millonarias durante más de dos años.

Para eso, el 90% de las facturas que emitió esa gerenciadora se destinaron a Austral Construcciones y otras firmas de Báez, que les aseguraron a los Kirchner la supuesta ocupación de un tercio de sus habitaciones durante años. Sin importar que fuera temporada alta o baja.

El dato cobra relevancia si se tiene en cuenta que esta semana fue suspendido el fiscal José María Campagnoli por investigar movimientos de dinero del zar de la obra pública patagónica.

A tal punto llegaron esos convenios, que las empresas de Báez se comprometieron a pagar a Valle Mitre SA una cantidad prefijada de 935 habitaciones por mes en el hotel Alto Calafate, por ejemplo, con una tarifa en dólares más baja, pero que debieron abonarse sí o sí, aunque no usaran las habitaciones, según corroboró LA NACION, al revisar la facturación durante meses junto a seis expertos antilavado y tributarios que prefirieron mantener sus nombres en reserva.

¿Resultado? Todos los meses, el Alto Calafate se garantizó un tercio mínimo de ingresos, ya fuera que esa localidad desbordara de turistas o éstos brillaran por su ausencia. Así, y siempre según esos convenios cuya copia obtuvo LA NACION, las 103 habitaciones de lujo de este hotel debieron ser ocupadas 9 noches por mes por los empleados de Báez, uno de los grandes beneficiarios de la obra pública durante la década kirchnerista. O dicho de otro modo, que a lo largo de cada mes, esos empleados debieron ocupar 1 de cada 3 habitaciones.

Ese tercio garantizado por Báez se combinó, además, con otro tercio diario que cubría Aerolíneas Argentinas, ya en pleno proceso de expropiación, y aún cuando otros hoteles de la misma categoría en El Calafate ofrecían tarifas más bajas, según reveló LA NACION en 2010. Así, de combinarse ambos ingresos, el Alto Calafate se garantizó una ocupación superior al 60 por ciento.

Sin contar los ingresos generados por Aerolíneas -además de convenios y eventos pagados por el gobierno nacional en ese mismo hotel, como el III Congreso Federal de la Industria, en noviembre de 2012-, de todos modos, el flujo que aportó Báez resultó millonario. Sólo durante 5 meses de 2010, por ejemplo, reportó $ 2,8 millones, aún cuando esos convenios comenzaron a tejerse en agosto de 2009 -según consta en la copia del Libro IVA Compras de diciembre de ese año de Austral Construcciones, y se extendieron hasta mediados de 2011.

Con esos documentos a su disposición, los seis expertos consultados por LA NACION arribaron por separado a conclusiones similares: estimaron que surgen conductas que podrían configurar los presuntos delitos de lavado de activos, evasión tributaria agravada y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otras figuras. También, forzar la reapertura por "cosa juzgada írrita" de las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner.

Las sospechas de los expertos -que incluyen referentes del sector privado, de la AFIP y dos ex altos funcionarios de la UIF, la unidad antilavado- se fundaron en un eje: la operatoria podría representar la forma en que parte de los ingresos por la obra pública que recibió Báez durante años habría vuelto al bolsillo de los Kirchner mediante la operatoria hotelera.

El umbral de sospecha se elevó por ciertas características de la operatoria. La primera, que algunos convenios se firmaron en septiembre de 2010, por ejemplo, pero de manera retroactiva al 1° de julio de ese año, según consta en las copias de esos contratos a los que accedió LA NACION.

Por otro lado, que esos convenios son habituales entre, por ejemplo, aerolíneas y cadenas hoteleras internacionales que negocian tarifas preferenciales para hospedar a sus pilotos y azafatas alrededor del mundo, lo cual podría explicar el acuerdo, sin licitación previa, con Aerolíneas. O entre una cadena hotelera y un gran operador turístico. Pero no entre un grupo empresario concentrado en la Patagonia -y con base en Río Gallegos- y un hotel de lujo ABC1 en un destino turístico como El Calafate.

En la misma línea, este tipo de convenios de alojamiento masivo suele darse como un beneficio de la empresa para sus empleados o por razones laborales, así como destinarse a regalos empresariales a clientes y proveedores. En el caso de las empresas de Báez, no surgen evidencias de estas opciones. Durante ese período, además, un contador pudo servir de enlace. Se trata de Daniel Pérez Gadín, quien en su currículum detalló que asesoraba al Alto Calafate al mismo que tiempo que trabajaba para Báez. Ambos son investigados por la justicia federal por presunto lavado y su interacción con el financista Federico Elaskar y el valijero Leonardo Fariña. Y todos ellos eran investigados por el fiscal Campagnoli, hasta que le quitaron el expediente, primero, para después suspenderlo.

La operatoria en sí, en tanto, incluyó varios eslabones, pero todos manejados por el ex empleado del Banco de Santa Cruz o por los Kirchner. Así, las firmas de Báez firmaron sus convenios con la gerenciadora Valle Mitre -también controlada por Báez-, que tenía un acuerdo con la sociedad Hotesur SA -de la pareja presidencial- que a su vez era dueña del Alto Calafate.

En la práctica, algunos de los convenios resultan cuestionables. Con sólo 20 empleados verificados, la firma La Estación SA, que controla una estación Esso en Río Gallegos, se comprometió a pagar por 90 habitaciones en el Alto Calafate, distante a 300 kilómetros. Es decir que cada uno de sus empleados debería hospedarse dos fines de semana por mes en el hotel para honrar el acuerdo preestablecido.

Similares acuerdos firmaron otra estación de servicio controlada por Báez, pero de la marca YPF (Don Francisco SA, con 23 empleados verificados y 90 habitaciones comprometidas por mes), Kank y Costilla (79 empleados y 235 habitaciones por mes), Loscalzo y Del Curto (53 empleados y 180 habitaciones por mes), Alucom Austral (13 empleados y 70 habitaciones por mes), Badial (9 empleados y 180 habitaciones por mes) y la nave insignia del grupo, Austral Construcciones (615 empleados y 90 habitaciones por mes).

A tal punto controla Báez la firma Valle Mitre SA, que el área contable del empresario ultrakirchnerista se encargó de llevar adelante la facturación y contabilidad de la firma gerenciadora de los hoteles, según corroboró LA NACION. Y de allí surge, además, que cerca del 90% de las facturas emitidas por Valle Mitre fueron emitidas, de manera correlativa, a esas mismas empresas y, en particular, a Austral Construcciones. Es decir que 9 de cada diez facturas de la firma que gerenció el Alto Calafate de los Kirchner -y les pagó un abono por ello- se emitió a favor de alguna empresa de Báez.

El control del grupo Báez sobre Valle Mitre -controlada en los papeles por el joven escribano de meteórica carrera junto a Báez, Leandro Albornoz, y su esposa- fue tal que su equipo de colaboradores llegó hasta a supervisar de manera directa los ingresos y gastos mensuales del Alto Calafate.

De allí surge que, por ejemplo, en febrero de 2010, el hotel llegó a registrar supuestos ingresos por 888.851,13 pesos, pero sólo $ 1257,87 en lavandería -es decir, huéspedes que mandan a lavar algo-, o $ 4138,98 en telefonía y otros $ 8301,63 de ingresos por su "Health Club".

Contratos "confidenciales" y con el mismo formato

Todos los contratos que firmaron las empresas de Lázaro Báez con la gerenciadora Valle Mitre repitieron ciertos rasgos, según consta en las copias que obtuvo la nacion. Incluyeron el logo de "Alto Calafate – Hotel Patagónico" en el margen superior izquierdo de cada página, informaban que sus tarifas eran "en dólares americanos" y aclaraban, desde el mismo encabezado, que se trataba de "convenios confidenciales".

Los acuerdos registraban otra coincidencia. Todos se firmaron con validez retroactiva al 1° de julio de 2010, aun cuando varios de ellos se fecharon en septiembre e incluso se firmaron más adelante, según reconstruyó la nacion durante los últimos meses.

Uno de esos convenios lo firmó el propio Lázaro Báez, en nombre de Badial SA; otros, en tanto, los suscribió su hijo Martín Báez. Por ejemplo, por Alucom Austral SRL y por Loscalzo y del Curto Construcciones SRL. Otro dos convenios, en tanto, los firmó un ejecutivo de su máxima confianza, Jorge Ernesto Bringas, quien figura en tres sociedades vinculadas al empresario ultrakirchnerista.

Con fecha del 8 de julio de 2010, por ejemplo, Bringas figuró como el destinatario del convenio que la empresa gerenciadora del Alto Calafate, Valle Mitre SA, firmó con La Estación SA, que controla en Río Gallegos una estación de servicio Esso. Y el 1° de septiembre de 2010 firmó en representación de Don Francisco SA, que controla otra estación en la capital santacruceña, pero de YPF.

Desde Valle Mitre, en tanto, uno de los convenios lo suscribió como director Adrián Eduardo Bourguet, un ejecutivo de la industria hotelera vinculado a uno de los dueños originales de Hotesur SA, antes de que la comprara Néstor Kirchner.

Los convenios restantes, sin embargo, los firmó Adrián Berni, un ex ejecutivo del sector petrolero quien también figuraba como director, pero que en la práctica ya era el máximo responsable de Valle Mitre, al punto de presentarse en Internet como su "CEO".

Todos los convenios detallaban las mismas condiciones: