Los ingresos que el fisco deja de percibir por la exención que libra a los jueces de pagar el impuesto a las ganancias permitirían financiar totalmente el Plan Progresar, aquel que desde hace dos años permite a jóvenes de 18 a 24 años acceder a un ingreso mensual para facilitarle que siga sus estudios en cualquier establecimiento educativo público del país.

A esa conclusión arribó el Centro de Economía Regional y Experimental (CERX) que dirigen los economistas Victoria Giarrizo y Dardo Ferrer tras abrevar en estimaciones que realizó el propio Palacio de Hacienda respecto de los ingresos que se pierde de percibir la Administración Federal de ingresos Públicos (AFIP) por este privilegio concedido a los magistrados y otros miembros de la comunidad judicial.

El informe calcula el perjuicio en torno a los 5151 millones de pesos pero arriesga que la cifra se queda muy corta dado que, en la mayoría de las provincias y en la propia Ciudad de Buenos Aires, el beneficio se extendió "a buena parte de los empleados administrativos del Poder Judicial, que tampoco pagan ganancias y hacen suponer que lo que realmente deja de recaudar el Estado sea bastante superior a los $5.151 millones".

El Cerx recuerda que la partida presupuestaria destinado al Plan Progresar, que permite a los jóvenes que estén completando estudios percibir hoy unos $ 900 al mes para cubrir parte de sus gastos, fue de $4700 millones en 2015. Es decir, podría cubrirse largamente con lo que tributen los jueces por ganancias.

También estima que al poner un tope de 400% en el aumento aplicado a las tarifas residenciales de gas el fisco aumenta su gasto en $ 2.250 millones, pero podría suplirlo largamente con este ingreso.

El informa recuerda que el privilegio de eximir de ganancias a los magistrados es inusual en el mundo pero aquí existió desde 1936. Sin embargo en 1996, mediante la ley 24.631 se lo derogó. "Sin embargo automáticamente la Corte intervino y declaró esa ley inaplicable", aclara, con lo que siguió rigiendo.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, se declaró a comienzos de este mes favorable a que "todos los miembros del Poder Judicial tributen el impuesto a las Ganancias". Incluso incluyó en esa afirmación, realizada tras regresar al país luego de participar en un coloquio internacional de jueces y fiscales convocado por el Papa Francisco a la voluntad de sus pares de cuerpo. Pero a la vez advirtió que el problema para una reforma al respecto no está "tanto a nivel de los jueces sino con los empleados" del Poder Judicial. Aludía a los acuerdos salariales que fueron sellando en los últimos años y que les extendieron ese privilegio.

Para los economistas del CERX "más allá de la inequidad del beneficio frente a todos los asalariados y a los contribuyentes en general que radica en que los jueces no tengan el mismo tratamiento impositivo que todo ciudadano" se trata de una grave inconsistencia en la política de ingresos del Estado "en momentos en que el gobierno enfrenta serios problemas fiscales y la presión tributaria ha subido para todos los sectores económicos".