Mientras los diputados renunciaron a privilegios como viajes internacionales, vales de gasolina y telefonía celular como parte de las medidas de austeridad, otros trabajadores del Estado no sólo ahorrarán, sino que tendrán condiciones laborales más precarias.

Se trata de los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que hasta 2016 firmaban contratos por tres o seis meses, pero a partir de este año sólo serán prestadores de servicios, cobrarán con recibos de honorarios y no tendrán seguro social ni vacaciones como medida de “racionalidad del gasto público”.

La semana pasada, los coordinadores nacionales, directores de los centros INAH, titulares de unidades administrativas, administradores y jefes de departamento recibieron esta notificación a través de dos circulares firmadas por el secretario administrativo, Alejandro Ordoño; el coordinador nacional de Recursos humanos, Francisco García, y el director de Análisis y seguimiento de proyectos, Pedro Vázquez.

Los documentos se difundieron en redes sociales, y fue así como los trabajadores se enteraron. Esto orilló a que sus jefes realizaran reuniones para explicarles la nueva relación laboral que tendrán.

Los trabajadores que ahora serán prestadores de servicio no tenían plaza en el Instituto; laboraban con contratos temporales o por proyecto, pero tenían derecho a aguinaldo, seguridad social y vacaciones. Por tanto, no existe registro del número de empleados de este tipo en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Animal Político solicitó una entrevista con funcionarios del INAH desde el miércoles pasado, para conocer el número preciso de trabajadores que serán afectados por esta medida, pero no hubo respuesta.

La incertidumbre

El lunes pasado, Liliana Giorguli, directora de Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, encabezó una reunión con más de un centenar de empleados y reconoció que esta nueva modalidad fue una decisión “intempestiva” que significa “un cambio importante, no sólo en la forma de contratación, sino en la forma de operación (del Instituto)”.

En una grabación de la reunión, entregada a Animal Político, Giorguli leyó las dos circulares que fueron publicadas en redes sociales y reconoció que los mandos de dirección no tienen certeza de cómo funcionará el nuevo esquema.

Después de varias preguntas de los trabajadores durante más de una hora, la funcionaria admitió que “las reglas del juego del presupuesto Federal están cambiando. Es una realidad, no es algo que nos agrade porque habrá complicaciones en la forma de operar”.

La circular, con fecha del 11 de enero de 2017, informa sobre la situación financiera por la que atraviesa el Instituto, y recomienda “priorizar proyectos para efectos de la disponibilidad presupuestal”.

También informa que para la integración del personal en los proyectos “no habrá disponibilidad de recursos con cargo al capítulo 1000, por lo que la contratación de personal deberá hacerse con cargo al capítulo 3000”. Es decir, cobrar por honorarios.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, el capítulo 1000 se refiere a “servicios personales” (empleados) y contempla 819 millones 524 mil pesos para remuneraciones al personal de carácter permanente y 30 millones 958 mil pesos para personal de carácter transitorio.

En ese rubro también está considerado las remuneraciones especiales (451 millones 305 mil pesos), seguridad social (219 millones 851 mil pesos) y otras prestaciones sociales y económicas (554 millones 869 mil pesos).

Mientras que el capítulo 3000 se refiere a “servicios generales”, entre ellos se incluye “servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios”, con un presupuesto de 536 millones 750 mil pesos para 2017.

Este rubro creció 56% en el último año, toda vez que en 2016 tuvo un presupuesto de 336 millones 966 mil pesos y es aquí donde entrarán las nuevas “contrataciones”.

Sin embargo, el presupuesto que disminuyó fue “remuneraciones al personal de carácter transitorio” (quienes hasta 2016 trabajaban con contratos por periodo). Pasó de 63 millones 118 mil pesos en 2016 a 30 millones 958 millones de pesos para 2017, lo que significa 50% menos.

En tanto, las remuneraciones al personal de carácter permanente también disminuyó 3.5% para este año. Esto explica la petición expuesta en una de las circulares a cada uno de los centros de trabajo: “hacer una revisión exhaustiva de la plantilla a efecto de eliminar aquellas plazas ‘no sustantivas’ para la operación y buen funcionamiento del INAH”.

Durante la reunión, trabajadores externaron su descontento con la medida al considerar “indigno” el trato laboral para quienes aportan a la cultura del país.

“No es posible que las prestaciones laborales por las que se ha peleado se tiren por la borda con el pretexto de la austeridad. El INAH debe buscar el bienestar de la gente que trabaja ahí. Esto no está bien”, dijo una de las trabajadoras.

Empleados entrevistados aseguran que las condiciones de trabajo siempre han sido precarias en cuestión de prestaciones, pero confiaban en que este año conseguirían contrato por un año.

En la reunión les dijeron que tendrán asesoría para registrarse en la Secretaría de Hacienda como prestador de servicios profesionales para emitir recibos de honorarios o facturas, pero eso implicará renunciar a los pocos logros que habían tenido como las vacaciones y seguridad social. “Ahora hasta tendremos que pagar contador y nos van a descontar más impuestos”, asegura en entrevista una empleada que prefirió omitir su nombre.

¿Por qué es importante la labor del INAH?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia es dirigido por Diego Prieto y depende de la Secretaría de Cultura, creada el año pasado. El organismo es responsable de más de 110 mil monumentos históricos y 29 mil zonas arqueológicas registradas en todo el país.

El INAH tiene plena facultad en la protección y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, y “se encuentra a la vanguardia gracias a su nivel de excelencia en investigación y en la formación de profesionales en el ámbito de su competencia”, según se explica en su página de internet.

Fue fundado en 1939 para garantizar la investigación, definiciones técnicas , protección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México.

Funciona con una estructura compuesta por una Secretaría Técnica, responsable de supervisar la realización de sus labores sustantivas, cuyas tareas se llevan a cabo por medio de las siete coordinaciones nacionales y los 31 centros regionales distribuidos en los estados del país.