Policy issue

La privatización es una de las condiciones que impone la UE/Troika en sus acuerdos con países deudores como Grecia, ¿pero a quién está beneficiando realmente? Este informe revela cómo un pequeño grupo de grandes empresas jurídicas y financieras está obteniendo enormes beneficios con la nueva oleada de privatizaciones.

>> Ver el infográfico que acompaña a este informe

La ciudadanía europea ha sido testigo de cómo una oleada de privatizaciones barría sus países en los últimos años. El informe del Transnational Institute (TNI) Privatizando Europa,1 publicado en 2013, demostraba cómo la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional estaban utilizando la crisis económica como una forma de impulsar programas de privatización en países endeudados de la UE, a pesar de la gran oposición popular que estos suscitaban.

Tres años después, este informe repasa las consecuencias de esas privatizaciones. Sus páginas se centran en el proceso y en los actores empresariales que se han beneficiado, y analiza si la venta de patrimonio estatal ha cumplido con las promesas que se utilizaron para justificar su privatización.

La industria de la privatización en Europa pone al descubierto que:

La lógica que esgrimen los defensores de la privatización no se corresponde con las pruebas. La privatización se ha justificado con el argumento de que genera ingresos para los países endeudados, y que garantiza una mayor eficiencia. Sin embargo, en casi todos los casos, solo se están vendiendo empresas rentables, y a unos precios sistemáticamente infravalorados. Mientras tanto, estudios del FMI y de universidades europeas demuestran que no existen pruebas de que las empresas privatizadas sean más eficientes. Más bien, han reducido los salarios, menoscabado las condiciones laborales y generado una creciente brecha salarial.

Un pequeño círculo de firmas jurídicas y financieras está obteniendo enormes beneficios con la nueva oleada de privatizaciones propiciadas por la crisis. Entre estas, se cuentan asesorías financieras y jurídicas, así como empresas auditoras. Estos actores son promotores activos de las privatizaciones en toda Europa y se han beneficiado de este negocio tan lucrativo, haciéndose con contratos valorados en millones de euros.

Algunos de los actores empresariales clave, como Lazard, se han dedicado a asesorar sobre el proceso de privatización y, después, a beneficiarse de su propio asesoramiento. Por ejemplo, la división de Lazard especializada en asesoría actuó como principal asesora financiera de la privatización de Royal Mail, por lo que influyó directamente en la fijación de los precios de las acciones, y al mismo tiempo, la división dedicada a la gestión de activos fue una de las 16 empresas a las que se les otorgó la condición de inversor preferente. Esto permitió a la empresa embolsarse unos beneficios de ocho millones de libras, comprando y después revendiendo las acciones.

A pesar de la retórica a favor de la gestión privada, muchas de las empresas que obtienen concesiones y compran activos privatizados son empresas de propiedad estatal. Empresas estatales chinas, por ejemplo, se han convertido en actores dominantes que están comprando empresas energéticas europeas, adquiriendo acciones en empresas públicas de servicios portuguesas, griegas e italianas. Empresas estatales de Alemania y Azerbaiyán también han participado en la compra de activos privatizados en otros países europeos.