El proceso de conversión de plazas de interinos y temporales en fijos dentro del sector público ha llegado a Bruselas. La Comisión Europea incluye en su último informe de recomendaciones un llamada al Ministerio de Hacienda para que acelere este proceso, fruto del acuerdo alcanzado con los sindicatos de la función pública –CCOO, UGT y CSI-F– en marzo de 2017 para reducir la tasa de temporalidad en la Administración al 8% antes de finalizar el año 2019.

Esta llamada llega en un momento delicado para el departamento que dirige Cristóbal Montoro, puesto que parte del colectivo de interinos ha recurrido el ya bautizado como ‘Acuerdazo’ ante la Audiencia Nacional y celebra actos de protesta por toda España al considerarlo un expediente de regulación de empleo en toda regla.

¿Por qué un ERE? Por la forma elegida para consolidar estas plazas. El Gobierno, con la aceptación de los sindicatos, ha optado por someter las plazas a procesos de concurso-oposición, lo que obliga a los actuales titulares a presentarse a unas pruebas, en igualdad de condiciones que el resto de los candidatos que opten, para revalidar su puesto. Por ello, muchos de ellos podrían acabar perdiendo su actual puesto y eso ha puesto en pie de guerra a interinos que llevan ocupando su plaza durante años.

Hacienda ya se prepara para la batalla

Hasta ahora, el proceso de consolidación de plantillas, como también se le conoce, se ha desarrollado con suma lentitud. Un primer problema ha sido que, mientras que hay un censo más o menos cierto del empleo interino y temporal en la Administración General del Estado (AGE), el número de empleados en esta situación se difumina en el caso de las comunidades autónomas y, sobre todo, en el de los ayuntamientos. Además, la convocatoria de oposiciones supone un proceso lento, por lo que no se puso en marcha de forma inmediata una vez se firmó el acuerdo en marzo.

Sea como fuere, el acuerdo ha empezado ya a moverse y, de acuerdo con los últimos datos disponibles, ya se han convocado oposiciones para 129.000 plazas de las alrededor de 350.000 previstas, sumando las alrededor de 250.000 acordada en marzo de 2017 y la ampliación del ámbito de estabilización recogido en el acuerdo para la mejora del empleo público que se incluye en los Presupuestos de 2018.

Sin embargo, en medio de este proceso, se ha abierto una grieta dentro de la Administración. En primer lugar entre los empleados interinos y el personal funcionario. Los primeros, en muchos casos, llevan desempeñando su puesto desde hace años en lo que consideran un fraude de Ley, puesto que los interinos son en principio empleados que sustituyen a otros compañeros o atienden a picos de trabajo. Es por eso, que quieren convertirse directamente en empleados fijos o, al menos, que se tenga en cuenta su antigüedad en el puesto en el proceso de consolidación.

Esta demanda es especialmente intensa en el sector de la educación, donde miles de profesores creen que no tiene sentido que, tras años disfrutando de una plaza, sean sustituidos por personal nuevo.

Sin embargo, dentro de la Administración también hay personal que entra y sale de las plantillas, a los que beneficiaría un proceso basado en concursos-oposición, y, sobre todo, personal funcionario que ha tenido que superar unas oposiciones y que se niegan ahora a que se ‘regalen’ cientos de miles de plazas.

En medio de esta variedad de opiniones, han surgido plataformas y asociaciones que han capitalizado el enfado de los interinos combativos con el acuerdo entre Hacienda y los sindicatos. La principal es la Asociación de Interinos y Laborales (ANIL), que en los últimos días ha llevado una denuncia contra las partes firmantes ante la Audiencia Nacional (previo rechazo del Tribunal Supremo), alegando que el acuerdo es un ERE en toda regla que podría afectar a unos 700.000 empleados de la Administración, el doble que el contemplado en el acuerdo.

La organización, que cuenta con el apoyo también de la Plataforma de Interinos, temporales y eventuales (PI), ha presentado una demanda contra Hacienda y los sindicatos CCOO, UGT y CSI-F acompañada de una solicitud de medidas cautelarísimas, para que se anulen desde este momento las oposiciones convocadas. Por el momento, la Audiencia Nacional ha rechazado estas medidas, y está a la espera de ver si admite a trámite tanto la demanda en su procedimiento ordinario, como las medidas cautelares, cuestión que podría dilatarse hasta final de año, según fuentes sindicales consultadas.

Por todo ello, la secretaría de Estado de la Función Pública ya se está preparando para una oleada de demandas, tanto por esta vía, como la de los recursos individuales. La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, se mostraba resignada hace unas semanas, tras comparecer en la comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, ante el gran volumen de recursos que se avecina.

Los sindicatos también se preparan

Pero la amenaza se cierne, no sobre Hacienda, sino sobre el acuerdo, en el que también están los sindicatos. Fuentes internas de las centrales admiten que sus gabinetes jurídicos ya se preparan para contraatacar con alegaciones e incluso, algunas de ellas, anticipan que habrá una respuesta coordinada entre Hacienda y las centrales.

Según señalan, no existe un acto administrativo como tal que impugnar, con lo que auguran un escaso recorrido a la demanda. Sin embargo, los interinos sostienen que precisamente los criterios de Bruselas están de su parte.

Por un lado, defienden que el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) reconoce en su artículo 61.6 que el Gobierno puede optar por convertir plazas de interinos en fijas valorando sólo los méritos «con carácter excepcional».

Además, una parte de estos trabajadores se escudan en la interpretación realizada en 2016 por el Tribunal de Justicia de la UE, que equiparaba a los empleados interinos y fijos a efectos de indemnización por despido — siempre que llevaran más de tres años trabajando en el mismo puesto–, cuando hasta ese momento un empleado interino no tenía derecho a compensación alguna.

De acuerdo con esa lectura, los interinos creen que el proceso de consolidación de plazas supone también un atajo para la Administración, para no tener que pagar indemnizaciones a todos los empleados interinos que se vayan a despedir. No obstante, un nuevo pronunciamiento de la Justicia europea de diciembre del pasado año dio marcha atrás y optó por no reconocer el derecho de los interinos a cobrar una indemnización.

Sea como fuere, la pelota está ahora en el tejado de la Audiencia Nacional. Si sigue adelante con la denuncia de ANIF, Hacienda se encontrará en un serio aprieto, no solo ante sus plantillas (tendrá que enfrentarse a los interinos y a los funcionarios), sino también ante Bruselas.