La Audiencia Provincial de A Coruña estima parcialmente el recurso de la Fiscalía y acuerda que los dos altos cargos de la Xunta de Galicia, imputados hasta ahora por un presunto delito de prevaricación por retrasar los nuevos fármacos contra la hepatitis C, declaren como investigados por un supuesto delito de homicidio.

La investigación trata de aclarar si hubo un retraso ilícito en la evaluación de pacientes con este virus, necesaria para que pudieran recibir los tratamientos. La estimación del recurso, al se adhirió la Asociación Plataforma de Afectados por la hepatitis C, acuerda que Félix Rubial, entonces director de Asistencia Sanitaria, y Carolina González-Criado, subdirectora de Farmacia, declaren en calidad de investigados en seis de los ocho casos que incluye la causa.

El juez decidió investigarlos por prevaricación, aunque la Fiscalía les atribuía también un supuesto delito de "homicidio por imprudencia profesional grave" al retrasar la administración de los fármacos "por razones presupuestarias", situación que ahora estima la Audiencia Provincial.

Concretamente, en el auto judicial "se revoca parcialmente" el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, que titula Andrés Lago Louro, y acuerda "que se tenga por dirigido el procedimiento frente a los denunciados por un delito de homicidio imprudente" con respecto a seis pacientes "y se les tome declaración como investigados en relación" a los fallecimientos de los enfermos.

La decisión judicial señala en el auto que la "trascendencia" de la actuación administrativa, supuestamente irregular, "está unida a que la celeridad de la decisión incidía directamente en la posibilidad de curación o de supervivencia de los pacientes de serles administrado el fármaco solicitado".

Así, apunta que resulta "inadecuado" que, por un lado, se estime que la actuación de los dos cargos investigados puede ser delictiva por "supuestamente obstaculizar que los pacientes recibieran un tratamiento" y, al mismo tiempo, considerarlos ajenos a las consecuencias de esa ausencia de tratamiento o el suministro tardío (el fallecimiento en seis de los ocho casos incluidos por la Fiscalía).

"Retraso injustificado"

El pasado mes de junio, el titular del Juzgado número 3 de Santiago de Compostela declaró compleja esta causa. La Fiscalía considera, en su querella, que los cargos citados investigados "tramitaron con retraso injustificado, dilatando la toma de decisiones y la puesta en marcha de los mecanismos de contratación y financiación" la facilitación de nuevos tratamientos contra la hepatitis C a pacientes gallegos, algo que, apunta, se realizó por "criterios presupuestarios".

Además de los cargos del Sergas, fue citada a declarar en calidad de testigo una exdirectora de Procesos Asistenciales del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) el pasado mes de octubre.

Tanto el Sergas, con el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, al frente, como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendieron en su momento que "siempre" se han usado criterios clínicos para la atención de pacientes.

La plataforma denunció, en su día, además de otras cuestiones, se se había producido un "extravío" de expedientes y casos de pacientes a los que se les habría retrasado la medicación, que es uno de los núcleos de la investigación. Uno de los casos que fueron relatos es el de un paciente trasplantado por primera vez en el año 2006 y con dolencias agravadas que habría sufrido varios retrasos.

La oposición exige explicaciones y ceses

A raíz de la estimación judicial, el BNG ha exigido este viernes el cese de los dos cargos del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Además, la viceportavoz segunda del Bloque y encargada del área de Sanidad, Montse Prado, ha defendido la necesidad de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comparezca en sede parlamentaria para dar explicaciones al respecto.

El portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, también ha exigido el cese de los dos imputados. Ha considerado que ambos cargos deben "cesar inmediatamente de sus funciones" dada la "gran alarma social" que puede generar que dos personas "que estén a cargo de la Consellería de Sanidade estén investigadas en relación a unos delitos de tanta gravedad".

Por su parte, el portavoz de Sanidad del Grupo Socialista, Julio Torrado, ha trasladado su respeto al proceso judicial, que el PSdeG espera que transcurra "dentro" de lo previsto y ha incidido en que, al margen de la resolución, es preciso que haya "explicaciones reales" y que Sanidad ponga "los medios necesarios" para "cumplir con el tratamiento que los afectados necesitan".