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En la agenda política española desde que apareció Podemos es recurrente la aparición de la actualidad venezolana con mucha más fuerza que cualquier otro tema internacional. Los problemas que sufren los venezolanos se utilizan de manera burda como arma arrojadiza en nuestro país. La instrumentalización de la información internacional para influir en la política interna es habitual, ocurrió también con Grecia: la propaganda como recurso de presión. La derecha mediática española acude de manera interesada a Venezuela como si fuera un burdel propagandístico del que sacar beneficio internamente para luego abandonarla a su suerte cuando preste el servicio.

Esta semana una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha sido la que ha provocado la vuelta a la omnipresencia venezolana en la agenda pública. La oposición calificó la sentencia de golpe de Estado. El hecho de que solo 48 horas después y por la intercesión del ejecutivo de Nicolás Maduro se haya revertido la decisión ya muestra lo irregular de esta. Pocas dudas pueden quedar sobre la escasa calidad democrática que se vive en el país sudamericano, unas circunstancias en las que operan tanto los que ocupan el poder como los que aspiran a ocuparlo.

El “golpe de Estado”

Llamar a un suceso golpe de Estado no es algo inocuo. La carga de profundidad del término al recibir la información es muy importante. Los golpes de Estado pueden ser evidentes, con militares entrando en el Congreso o tomando el poder de forma sangrienta. O más quirúrgicos, con tomas de decisiones de gobiernos elegidos democráticamente y que convierten un Estado democrático en otro autoritario o tiránico. Así pues, el hecho de que Nicolás Maduro haya sido elegido en las urnas no le exonera de poder dar un golpe de Estado para dotarse de mayor poder. Que en esta ocasión haya sido así es algo interpretable. El hecho de que se revirtiera la sentencia constata sin duda que la decisión fue antidemocrática. Pero el uso torticero del término “golpe de Estado” por parte de la oposición en Venezuela y los medios en España no ayuda a la comprensión de la realidad.

La periodista Rosa María Calaf ha comentado, en referencia a la calidad informativa en nuestro país, que se informa de sucesos y no sobre procesos. Un problema que es extensible a casi cualquier realidad del ámbito internacional, por ejemplo la victoria de Donald Trump. Esta situación en Venezuela se torna dramática debido a los intereses empresariales de los medios que marcan la agenda en España, además de por los réditos electorales que otorga asociar a Podemos al gobierno de Nicolás Maduro. Intentar comprender la realidad venezolana con los sucesos sueltos y deslabazados con los que se informa aquí del país latinoamericano es lo mismo que intentar comprender la realidad de España sin conocer el proceso de la transición de 1978.

Transmitir lo ocurrido en Venezuela como un golpe de Estado supone esconder en información lo que es una interpretación de un proceso complejo. Se utiliza una parte para simplificar el todo privando al lector del contexto. El suceso por el proceso. La opinión por la información.

La denominación de golpe de Estado en todos los medios españoles nació de la interpretación que la oposición hizo de la decisión del tribunal venezolano. Henrique Capriles, gobernador del Estado de Miranda, fue uno de los que así llamó al hecho. Algo que no es novedad, porque también el pasado mes de octubre llamó golpe de Estado a la no aceptación por parte del gobierno del proceso revocatorio. Llego a pedir al ejército que interviniera para “defender” la constitución. Si tomamos como referencia a la oposición venezolana, hubo un golpe de Estado en octubre y otro más hace 48 horas. En términos periodísticos su opinión no debería ser determinante a la hora de calificar uno de los sucesos habituales en el campo de disputa de la política venezolana. No es fiable ni riguroso.

El País calificó lo sucedido como golpe de Estado. El hecho de hacerlo en su editorial sí puede ser correcto porque entra en el campo de la opinión. “Es un auténtico golpe de Estado para el que no cabe la más mínima matización”, decía el diario de Cebrián. Las propias páginas del periódico sí realizaron matices ante el golpe militar que en 2002 desalojó del poder a Hugo Chávez.

En el año 2002 un editorial titulado Golpe a un caudillo defendía la asonada militar de Efraín Vásquez que puso a Pedro Carmona como presidente de Venezuela en lugar del elegido democráticamente: “En Venezuela el ejército sigue siendo el árbitro de última instancia. A la luz de los hechos, hay que elogiar al menos la decisión de la cúpula militar de ceder el poder a un civil, aunque resulte singular que el elegido sea el presidente de la patronal”.

Creado el marco del debate propicio para unos determinados intereses, llega la ofensiva. El País titula: Podemos evita condenar la anulación del Parlamento en Venezuela. En España, quienes llevan considerando una dictadura a Venezuela desde que apareció Hugo Chávez en escena, y con más fruición cuando Podemos llegó al panorama nacional, han denunciado el “golpe de Estado” e inmediatamente lo han utilizado para sus propios intereses. Esperanza Aguirre ha sido una de las primeras en hacerlo contra el gobierno del Ayuntamiento de Madrid al asegurar que apoya a Nicolás Maduro. A pesar de las declaraciones de Aguirre, Manuela Carmena y Ahora Madrid votaron a favor de la moción que pedía la liberación de Leopoldo López y Antonio Ledezma. La posverdad de Aguirre que ha sido su mentira de siempre.

El modo en el que el PP instrumentaliza la situación en Venezuela contra Podemos siempre ha adquirido tintes grotescos. Teodoro García Egea, diputado del PP por Murcia, ha comparado lo sucedido estos días en el país latinoamericano con la situación de Murcia declarado: “Cómo no va a estar PODEMOS de acuerdo con el golpe de Estado en Venezuela? Si quieren hacer algo parecido en Murcia…” .

Si una moción de censura con el apoyo de todos los grupos de la oposición para desalojar del poder a un presidente de una comunidad autónoma imputado por corrupción es un golpe de Estado como el de Venezuela, es muy difícil tomarse en serio a los que así analizan la actualidad de lo que ocurre allende los mares.

Uno de los gobiernos que ha denunciado lo que sucede en Venezuela ha sido el de Paraguay. En un comunicado conjunto junto al de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, y Uruguay ha condenado la situación creada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Al mismo tiempo, el presidente conservador de este país, Horacio Cartes, ha reformado la constitución, que actualmente no permite la reeleción, para poder volver a presentarse a los comicios más allá de 2018. La reforma ha provocado unas protestas muy importantes en el Congreso y graves disturbios. La policía entró a la fuerza en la sede del partido de la oposición y asesinó a un joven militante del Partido Liberal Radical Auténtico, el principal opositor de Horacio Cartes, que se encontraba dentro. La respuesta a la diferencia de tratamiento en España de lo que sucede en Venezuela y Paraguay se llama Pablo Iglesias.