La Oficina Anticorrupción (OA), al mando de Laura Alonso, pedirá el lunes la declaración indagatoria en una causa por corrupción para uno de los funcionarios más poderosos del peronismo, sobre todo durante la década K. Aníbal Domingo Fernández.

Fue dos veces secretario general de la Presidencia; ministro del Interior; ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; y también dos veces jefe de Gabinete de Ministros.

Es un hombre de mil batallas políticas que ahora está en el llano. Enfrentó investigaciones como posible nexo gubernamental con bandas narco, aunque jamás estuvo imputado -si mencionado- en casos de estilo, como el de tráfico de la efedrina. Debe dar cuentas aun por un posible enriquecimiento ilícito. Incluso irá a juicio oral acusado de participar de una trama que usó fondos públicos millonarios para comprar de modo irregular cunas para bebés a través del llamado plan Qunita.

Aníbal Fernández en el mundial de Hockey de 2016 en Londres con Las Leonas tras un partido. Era el presidente de la Confederación Argentina de Hockey, pero las jugadoras no lo querían.

Pero la OA pedirá que se lo indague como imputado por haber supuestamente malgastado 56 millones de pesos del Estado para redireccionarlos a la compra de veintitrés canchas de césped sintético para jugar hockey, una operatoria en la que pudo estar implicado en negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación al Estado. Ocurre que Fernández, entre sus múltiples espacios de poder que fue ganando gracias a su sagacidad y su avidez notables, alternó la función pública con las presidencias del club de fútbol Quilmes, y de la Confederación Argentina de Hockey Sobre Césped y Pista (CAHCyP). El 26 de marzo del 2015, la jefatura de Gabinete que él ya comandaba le otorgó a la CAHCyP que también comandaba él, 56 millones a la empresa Commercial Carpets S.A. Las canchas nunca se hicieron. El dinero que había pedido esa firma al Gobierno era menor, 50 millones. Nadie controló que se cumpliera ese convenio singular.

El subsidio era además un contrato directo con esa compañía. Había empezado a tramitarse, en la habitualmente lenta burocracia estatal un día antes de que salga la resolución en favor de la erogación del Gobierno para Commercial Carpets, el 25 de marzo del 2015. Fernández ese día no era jefe de Gabinete. Quien ocupaba el puesto era su antecesor, Jorge Milton Capitanich, que impulsó el pedido de la CAHCyP justo 24 horas antes de que lo reemplace en su puesto gubernamental Aníbal Fernández, presidente en uso de licencia en el hockey. El ex funcionario se terminó “controlando” a sí mismo en el envío y control de esos 56 millones que terminaron mal. Clarín pudo saber que el equipo de Laura Alonso en la OA considera que el juez Julián Ercolini y el fiscal Jorge Taiano ya recolectaron las suficientes pruebas para llamar a indagatoria tanto a Fernández como a Capitanich, entre otros funcionarios.

Mañana presentarán un escrito detallado sobre el tema. Los investigadores del caso, según pudo saber Clarín en base a fuentes de la Justicia, coinciden.

El ex jefe de Gabinete y ex presidente de la CAHCyP negó todas las acusaciones en su contra: "No he firmado (el subsidio de 56 millones) como Jefe de Gabinete porque no había asumido y no firmé como Presidente de la Confederación Argentina de hockey porque estaba de licencia desde el 7 de febrero de 2015”.

Las dos cosas son ciertas. A medias.

La lengua de Fernández es hábil pero los papeles que se recolectaron en su contra le dificultan usar su habitual retórica con efectividad.El subsidio se firmó exactamente un día antes de que él asumiera como Jefe de Gabinete, pero se lo menciona en ese arranque del expediente -según la OA- como el presidente de la CAHCyP que lo firmaría, aunque después lo rubricó uno de los dirigentes de esa Confederación, subalterno suyo.



Es cierto también que antes de asumir en la JGM había tomado la precaución de pedir licencia de la presidencia de la “AFA” del Hockey.

La investigación del juez Julián Ercolini, y del fiscal Eduardo Taiano, a la que se sumó el equipo de la OA aportando información y pruebas, detectó documentación de la CAHCyP que demuestra que fue el propio Fernández el que preparó con tiempo el pedido del subsidio de 56 millones que terminaría otorgándosele a esa Confederación cuando él ya había asumido en la JGM.

Así consta en el acta 140 de la reunión del Consejo Directivo de la CAHCyP del 7 de febrero de 2015. En el texto sobre lo que se trató en esa reunión consta que Aníbal Domingo Fernández, “en su carácter de presidente de la entidad”, le contó a la cúpula del poder del hockey “sobre la posibilidad de proveer una cancha de césped sintético (modalidad arena) en cada una de las provincias, por lo que solicita que, a través del Consejo Federal, se informe a las afiliadas, quienes deberán informar en dónde se colocarán…”.

Y ese mismo día, donde el previsor Aníbal formalizó ante la CAHCyP que tomaría “una licencia de algunos meses en la Presidencia, habida cuenta que en el corto plazo cumplirá funciones de Ministro de la Nación”, aclaró, siempre ávido de poder, que estaría “presente en todas las reuniones posibles y también en las Asambleas.” La investigación de los analistas de la OA, entre ellos el subsecretario de investigaciones anticorrupción, Ignacio Irigaray, y los doctores Omar Sosa y Sergio Aleo, considera que Aníbal, el de jefatura de Gabinete, habría cometido posibles delitos de corrupción para beneficiar a Aníbal, el del hockey, y tal vez a la empresa Commercial Carpets.

En el escrito que Laura Alonso presentará el lunes en los tribunales también se le solicita al juez Ercolini que le pida la indagatoria a Capitanich, y a otros ex funcionarios que participaron de esta trama.

Según pudo averiguar Clarín, la OA describe al subsidio de 56 millones de pesos que entregó la Jefatura de Gabinete a la CAHCyP como “arbitrario”.

Ese organismo de control agrega que “estuvo fundado en antecedentes insuficientes (escrito de una carilla) e incompletos, mediante un procedimiento que tramitó en dos días (25 y 26 de febrero del año 2015), en el que no se efectuó ningún tipo de análisis sobre la razonabilidad del pedido o informe técnico del presupuesto aportado”.

Y dice más aún, siempre basándose en pruebas documentales que ya constan en la causa de Ercolini y Taiano: “Ese procedimiento culminó con la entrega de un monto superior al solicitado sin que exista ninguna explicación al respecto”.

Y se destaca que fue “inversión irrazonable” de “fondos públicos” debido a que “durante la ejecución del subsidio se transgredió la resolución que la aprobó y los términos que regían la forma en que debían invertirse…”.

A eso se suma la sospecha de por qué se otorgó un subsidio a una empresa privada para hacer canchas de hockey sobre césped.La OA está convencida que eso pasó para evitar realizar una licitación pública, es decir, para beneficiar directamente a la CAHCyP.



Aníbal Fernández tuvo mil enemigos políticos en su larga carrera política. Pero con la fallida operación de Commercial Carpets en la construcción de canchas de hockey sobre césped, se ganó para siempre la antipatía del seleccionado femenino de ese deporte, el de “Las Leonas”, y también de los mejores hockistas masculinos, “Los Leones”.



Ocurre que cuando se detectó la contratación millonaria de Commercial Carpets, la CAHCyP apuró la construcción de algunas canchas, entre ellas las de la Central Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), justo en los meses previos en los que “Las Leonas” y “Los Leones” debían ejercitarse allí para prepararse para las olimpíadas de Río de Janeiro 2016.

Sin cancha en el CENARD, los seleccionados de Hockey sobre Césped se vieron obligados a conseguir cancha alternativa como sea y cuando sea, perdiendo tiempo y energía en algo vano, según comentaron varios de los integrantes de esos dos equipos a Clarín, en off the record. La cancha del CENARD, para ellos, no tenía por qué ser mejorada ni reemplazada.

Para la CAHCyP, sí.Y para Commercial Carpets, también.



Las irregularidades de Aníbal en la CAHCyP quedaron patentes, además, debido a denuncias de confederaciones de hockey que la integran y representan a sedes de las provincias argentinas.

Eso pasó cuando la CAHCyP presentó ante la Inspección General de Justicia el balance correspondiente al año 2016.

La primera presentación ante ese organismo estatal de control, aseguraba que en una asamblea del 20 de abril del 2016 se había aprobado por “unanimidad” la contabilidad correspondiente al año anterior.

Primero: en ese balance del 2015 no se había consignado nada más ni nada menos que la Confederación había recibido 56 millones de pesos para girarselos a Commercial Carpets para hacer las supuestas canchas de césped en el interior del país.

Según documentación de la IGJ, además, el acta que aceptó “por unanimidad” ese balance trucho tampoco había sido aprobada por todas las confederación de hockey sobre césped y pista que integran la Confederación que presidía Aníbal Fernández.

La IGJ resume así esa falacia, una más en esta historia: “En cuanto al acta de la asamblea del 20 de abril del 2016, manifestó (la CAHCyP al mando de Aníbal aun) que por un ‘error involuntario’” se especificó que había sido aprobado el balance de la polémica por “unanimidad”, cuando en realidad “fue aprobado por DIECIOCHO asociadas presentes, sobre un total de VEINTIOCHO (el total de asociadas que sí integran la CAHCyP).

Las canchas que Commercial Carpets S.A se había comprometido a construir en cada provincia del país nunca se hicieron.

Los 56 millones de pesos que recibió Commercial Carpets para construir canchas de césped nunca hechas son el subsidio más importante que entregó Aníbal Fernández desde la Jefatura de Gabinete de Ministros K supera a todos los subsidios que entregó la ex Secretaría de Deportes del mismo Gobierno si se computan todas los pagos que se hicieron similares desde el año 2013 al 2015.