Joaquim Nadal, exconseller de la Generalitat con el tripartito y dirigente histórico del PSC, ha sido imputado por presunta estafa urbanística. La imputación se produce después de que el juzgado de Barcelona recibiera un informe que el fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, remitió el mes de junio y en el que se implicaba el exconseller socialista en un presunto caso de estafa millonaria a una promotora inmobiliaria a raíz de una recalificación urbanística de unos terrenos que habrían beneficiado al propietario de Grupo Planeta, José Manuel Lara, al impedir que se desarrollara un polígono industrial en el sector del Molino de Reixach, en Solius (Santa Cristina d'Aro). Junto a Nadal han sido imputados altos cargos del Incasòl, entre ellos el exgerente, Emili Mas, que ya en 2009 tuvo que dimitir tras ser imputado por el juez Garzón en el caso Pretoria.

La recalificación se habría producido cuando Nadal era el conseller de Política Territorial i Obres Públiques en la época del tripartito. Al parecer, el dirigente habría participado en el cambio de usos de los terrenos en cuestión, que había comprado la empresa Varal Real Estate en 2004 para declararlos zona verde. Nadal habría promovido el convenio suscrito entre el Institut Català del Sòl (Incasòl), el Ayuntamiento de Santa Cristina d'Aro -en manos socialitas en ese momento- y Varal real Estate, para propiciar el cambio de usos.

El Incasòl adquirió los terrenos a precio de urbanizable -para proteger la zona y que no se construyera un polígono industrial- y después le dio un uso medioambiental, con un valor mucho menor.

Al parecer, el Incasòl tenía que comprar por 7,5 millones de euros el 50% del terreno que Varal Real Estate quería urbanizar industrialmente y compensaban a la empresa con una permuta de terreno en el sector Bernardes para que desarrollara el proyecto. El problema fue que se trataba de una zona inundable y Varal Real Estate asegura que nadie se lo dijo , lo que impidió que desarrollara su proyecto y perdiera entre 20 y 25 millones.

El exconseller está citado para declarar el próximo 21 de noviembre y ya declaró en el cuartel de Travessera de Gràcia de la Guardia Civil en calidad de imputado policialmente por orden del juzgado de instrucción.



Según sospecha la Fiscalía Anticorrupción, el detonante que llevó a las administraciones a impulsar esta permuta fue la compra por parte de la familia del empresario José Manuel Lara de una finca próxima a la zona del Molí de Reixac, en marzo de 2006.



Joaquim Nadal, que fue alcalde de Girona entre 1979 y 2002 y conseller de Política Territorial entre 2003 y 2010, ya declaró en diciembre del pasado año asistido por un abogado ante la Guardia Civil por esta querella, en un caso en el que sostiene que siempre actuó con la más absoluta legalidad y en defensa del interés público, para evitar un atentado de carácter ambiental.

La querella la presentó la sociedad Varal Real Estate SL, que, en julio de 2005, compró por 6 millones de euros una finca en el sector de Molí de Reixac -que en abril de ese año acababa de ser definido como zona urbanizable industrial- para desarrollar sus planes industriales. Sin embargo, el proyecto del empresario se topó con una fuerte oposición vecinal y ecologista, por el alto valor natural y paisajístico de la zona donde se iba a levantar el complejo industrial.



Finalmente, el 11 de octubre de 2006, el empresario firmó un convenio con el Ayuntamiento de Santa Cristina d'Aro y el Incasòl, tras varias negociaciones promovidas por el conseller Joaquim Nadal, en virtud del cual Varal vendió a la Generalitat el 50 % de la finca de la zona de Reixac por 7,5 millones de euros (más IVA), renunciando al desarrollo industrial de la zona, y adquirió a cambio como permuta derechos urbanísticos en la zona industrial de Bernades, que resultaron ser inundables.



En un escrito, el fiscal anticorrupción Fernando Maldonado sostiene que un hecho que puede "considerarse inicialmente como detonante" del cambio de postura de las administraciones sobre el proyecto industrial en el Molí de Reixac "fue la adquisición por parte de la sociedad Labogar, propiedad de la familia Lara, el 13 de marzo de 2006, de la finca Can Dalmau, próxima a aquella zona".



Según el fiscal, en el convenio suscrito entre el consistorio y la Generalitat con Varal no se detalló ni informó al empresario de que adquiría derechos urbanísticos en una zona del polígono Bernades que eran inundables, lo que fue determinante para que el Incasòl renunciara finalmente en 2010 al proyecto de reparcelación de la zona.



De hecho, los problemas de humedades en estos terrenos obligaban a la promotora a afrontar una inversión mayor a la prevista y el polígono no llegó a desarrollarse, por lo que el empresario se sintió perjudicado y presentó una querella en los juzgados. Para el ministerio público, si Nadal tenía conocimiento de la inundabilidad de los terrenos y lo ocultó al promotor, podría haber cometido un delito de estafa, ya que habría engañado al empresario.



La juez también ha imputado al exgerente del Incasòl Emili Mas, que precisamente tuvo que abandonar su cargo en diciembre de 2009, al ser imputado por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por la trama Pretoria de corrupción urbanística, si bien su causa acabó siendo archivada.



Tras la imputación de Emili Mas por el caso Pretoria, el propio Joaquim Nadal, que todavía estaba al frente del departamento de Política Territorial y Obras Públicas, aseguró que ponía "la mano en el fuego" por su gestión en el Incasòl.