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Miguel A. nació en Buenos Aires el 2 de diciembre de 1948. El 27 de agosto de 1971, cuando contaba con 22 años, el muchacho que levantaba paredes de edificios y cosechaba en el campo tuvo la mala suerte de trabajar en Córdoba y de encontrar en su camino al entonces juez federal subrogante de Bell Ville, Eudoro Vázquez Cuesta.

Por estas horas, es imposible conocer las circunstancias de su detención, pero lo cierto es que, por lesiones leves (excarcelable), aquel magistrado ordenó su procesamiento y encierro en el hospital psiquiátrico Emilio Vidal Abal, de Oliva.

Hoy resulta imposible saber por qué causa fue detenido, ya que hace dos años hubo una importante quema de expedientes judiciales del Tribunal Federal de Bell Ville. Obviamente de casos que se supone habían prescripto. Sin embargo, Miguel A., más de 47 años después, sigue procesado y encerrado, superando el récord del psicópata y múltiple asesino Carlos Eduardo Robledo Puch, quien está preso desde el 4 de febrero de 1972.

En esa época gobernaba el país un presidente de facto, Alejandro Agustín Lanusse. Fue sucedido por Héctor Cámpora, elegido en elecciones democráticas. Luego vino el tercer mandato de Juan Domingo Perón. Al fallecer el líder peronista asumió su segunda esposa, María Estela Martínez. La débil mujer no resistió el embate militar y resignó su mandato ante la más feroz dictadura de la historia argentina. Vendrían, en el retorno a la democracia, Raúl Ricardo Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Adolfo Rodríguez Saá (sólo una semana como presidente), Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.

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¿Se habrá enterado de todos estos cambios institucionales el ciudadano Miguel A.? Probablemente no. La falta de memoria de un juez federal y de sus colaboradores más el desinterés institucional de un “loquero” convertido en depósito de seres humanos contribuyeron a que el muchacho desapareciera para ser un prisionero, un loco más, sin nombre.

Debieron transcurrir 47 años para que se visualizara un interés humanitario por esa gente depositada en la Colonia Vidal Abal, en especial por Miguel A., el menor de una familia diezmada por el paso de los años que hoy no tiene otro lugar para ir a vivir, pese a ser considerado “una persona normal”.

Una asistente preocupada

La voz de alarma para que “salte” un caso inédito en la historia judicial argentina la dio la asistente social Consuelo Bisconti. La licenciada en Trabajo Social que forma parte del equipo interdisciplinario de la Unidad Asistencial 10, donde están alojados Miguel A. y otros 18 gerontes (estamos hablando de un geriátrico y no de un “loquero”), se mostró interesada y preocupada por un paciente de conducta normal, y al revisar la ficha de ingreso, se dio con la increíble realidad: Miguel A. estaba procesado en una causa penal identificada como 2-A-75.

“Disponer que Miguel A. permanezca internado en la Colonia Vidal Abal de Oliva, en donde actualmente se asiste, de donde no podrá salir sin resolución de este juzgado y previo informe favorito de peritos...”, dispuso Vázquez Cuesta. Ni el juez ni los peritos se acordaron más de este supuesto autor de lesiones leves. Y así le fue. Debió esperar que una trabajadora social leyera su ficha de ingreso y comprobara que Miguel A. estaba a disposición del juzgado de Bell Ville y procesado desde hacía 47 años.

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Mayúscula fue la sorpresa del flamante juez federal de Bell Ville, Gerardo Pinto, al recibir una llamada de la profesional para consultarle por el estado procesal de Miguel A. El magistrado dio participación al defensor público oficial Mauricio Zambiazzo y ambos realizaron diligencias en la institución de salud mental donde hay alojados unos 420 pacientes, en su mayoría por adicciones. Pudieron conocer a Miguel A. Y los informes de los profesionales fueron contundentes.

“Él ingresó en 1971 por un supuesto cuadro de esquizofrenia”, precisó Bisconti. Y se lamentó porque no hay familiar conocido al cual se pueda acudir. “Sacarlo de acá, de este hospital, es dejarlo en absoluta soledad y sin vínculos afectivos que puedan acompañarlo; aquí está completamente estabilizado”, opinó.

Lo sorprendente del informe realizado en las entrevistas del juez y del defensor oficial a los profesionales se puede resumir en lo siguiente: “El estado de salud es estable, no presenta patologías, se maneja solo, puede comer e ir al baño, no tiene fiebre, los signos vitales están dentro de los valores normales. En palabras médicas diuresis y catarsis positiva, camina, deambula, se alimenta por sus propios medios, circunstancias que en un geriátrico son positivas”.

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Miguel A., por antojo de un juzgado y por la indolencia institucional, pasó 47 años procesado y encerrado. Por estas horas, el juez federal de Bell Ville y el defensor oficial están tratando de buscar respuestas a lo inexplicable.

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Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado el 21/10/2018 en nuestra edición impresa.