El noruego Petter Titland, líder de Attac, una organización internacional crítica de la globalización Twitter

WASHINGTON.- La decisión del gobierno de Mauricio Macri de negar el acceso a activistas a la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desató reclamos de gobiernos europeos, y críticas de funcionarios de la Unión Europea, las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidieron respetar la pluralidad de voces.

El conflicto se desató luego de que la Cancillería revocó las acreditaciones a 60 miembros de 18 organizaciones civiles que, según el equipo de seguridad a cargo de la reunión, estaban asociadas a “propuestas disruptivas” y podían provocar protestas violentas, como la que ocurrió en Hamburgo durante la cumbre del G20.

Tras la decisión, la Cancillería notificó a las embajadas. Varios países europeos intervinieron a favor de las organizaciones, y Cecilia Malmström, la jefa de comercio del bloque, envió una carta al canciller Jorge Faurie para expresar su “preocupación” y dejar en claro que para el bloque era muy importante que “todas las voces se escucharan” en la cumbre.

El Gobierno revió revocaciones de activistas de Holanda y Finlandia, según fuentes oficiales. Y un reclamo del gobierno de Noruega confirmado a LA NACION por la cancillería noruega llevó a revisar también el caso de Petter Titland, líder de Attac, una organización internacional crítica de la globalización. Titland fue deportado a Brasil luego de que se le negó el ingreso al país.

Fuentes del Palacio San Martín indicaron que Attac fue una de las organizaciones detrás de las protestas violentas de Hamburgo, pero Titland dijo a LA NACION que sólo participaron de la manifestación pacífica, y, además, él no estuvo.

“No participé de las protestas en Hamburgo, estaba de vacaciones en Noruega, así que es extraño. Deberían haber elegido otra cosa porque no estaba ahí físicamente. Attac en Alemania sólo organizó la protesta pacífica”, afirmó Titland, quien aguarda una decisión final en Florianópolis, Brasil. Titland dijo que, durante la cumbre, Attac dijo explícitamente que no respaldaban las protestas violentas.

Los máximos funcionarios a cargo de la defensa de la libertad de expresión en las Naciones Unidas y la CIDH, David Kaye y Edison Lanza, dejaron su reclamo en Twitter. Lanza se contactó con el gobierno argentino por la deportación de una periodista, Sally Burch, quien, según Cancillería no estaba acreditada como periodista, sino a través de la organización Derechos Digitales, una de las que fue vetadas.

“Sería grave impedirle cubrir cumbre OMC por su línea editorial o sus opiniones críticas hacia la organización del comercio mundial”, indicó Lanza, antenoche.

Kaye dijo el jueves que la decisión oficial de vetar organizaciones civiles era una “preocupación real”, y que normalmente hubiera presentado un reclamo formal, pero dado que la cumbre comienza hoy, quería dejar un registro del reclamo e “instar al Gobierno a revocar su decisión”.

“Cualquier inquietud sobre disrupciones puede abordarse en el contexto de la reunión”, afirmó Kaye.