Los informes secretos de los ministerios contra el desafío independentista

Interior informa a Rajoy de que, si es necesario recuperar las competencias, sólo 300 de los 17.000 'mossos' son independentistas

La Fiscalía y la Abogacía del Estado recurrirán a la vía penal contra los responsables directos de la desobediencia

«Están contemplados todos los escenarios», confiesa un miembro del Gobierno a la pregunta que el presidente, Mariano Rajoy, rehúsa responder en público: «¿Qué va a ocurrir si la Generalitat y el Parlament desobedecen las resoluciones del Tribunal Constitucional?»

Hoy comienza, con la aprobación por el Parlamento de Cataluña de una resolución pactada entre Junts pel Sí y la CUP, que contempla la puesta en marcha de instituciones propias de un Estado independiente, un periodo crítico en la historia de España [lea la resolución en PDF]. De cómo se conduzca, dependerá si se rompe la unidad territorial y política que ha perdurado durante cinco siglos y si estamos irremediablemente abocados a la creación efectiva de un nuevo Estado. A cortísimo plazo, la gestión del problema catalán determinará en gran medida quién va a gobernar el país a partir del 20 de diciembre.

El presidente del Gobierno es consciente del reto al que va a enfrentarse a partir de hoy. Y, por ello, no ha dejado nada a la improvisación. «Rajoy lo tiene muy claro», asegura una de las personas que ha participado en las reuniones secretas que se han mantenido a lo largo de la última semana para contemplar las medidas a adoptar en los distintos escenarios.

Aunque, formalmente, no se pueda decir que se haya establecido un «gabinete de crisis», en la práctica, se han creado grupos de trabajo en los ministerios implicados que han sido coordinados por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y, en última instancia, por el propio Rajoy, para establecer las prioridades y la gradualidad de la respuesta en función de los pasos que se den desde las instituciones de Cataluña.

Los departamentos afectados en la elaboración de los «dosieres sobre Cataluña» han sido: Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas, Economía, Interior, Exteriores y, por supuesto, Presidencia del Gobierno.

El calendario está claro: hoy lunes, se aprobará la resolución de ruptura con España; inmediatamente se producirá la reunión urgente del Consejo de Estado para dar luz verde a su preceptivo informe al Gobierno (ya prácticamente redactado) para justificar el recurso de inconstitucionalidad; el martes o, a más tardar, el miércoles, se reunirá el Consejo de Ministros para aprobar la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional. El jueves, el TC ordenará la suspensión de los acuerdos que contempla la resolución que se aprueba hoy.

El Gobierno juega con una primera hipótesis (que sería la más factible, sobre todo, si se confirma que la CUP no apoya la investidura de Artur Mas): el Parlament no dará pasos efectivos, como la creación de organismos para poner en marcha una Hacienda o una Seguridad Social propias, hasta después de las elecciones generales. Incluso, los actos de desobediencia efectiva, podrían retrasarse hasta la convocatoria de unas eventuales elecciones anticipadas en Cataluña, que se celebrarían en marzo.

Pero, ¿qué ocurrirá si se da la hipótesis de la investidura de Mas y la CUP, como contraprestación, impone un calendario acelerado de desenganche con España? En ese caso, los pasos a dar que contempla el Gobierno serían los siguientes:

Medidas económicas, como la suspensión de nuevas remesas del Fondo de Liquidez. La situación de ahogo financiero de la Generalitat es tal que, en unas semanas, dejaría de pagar a algunos proveedores e incluso tendría problemas para abonar las nóminas de sus funcionarios. En esa fase, destacados representantes de la burguesía catalana alzarían sus voces ante los perjuicios evidentes que acarrea la deriva independentista. Posterior a la primera fase o en paralelo, la Abogacía del Estado y la Fiscalía recurrirían por la vía penal contra los responsables de la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Artur Mas, o la persona que asuma la Presidencia de la Generalitat, y Carme Forcadell, presidenta del Parlament, están en el punto de mira de las querellas por posibles delitos de desobediencia e incluso rebelión. En caso de que persistieran los actos de ruptura de la legalidad, el Gobierno pondría en marcha la aplicación gradual del artículo 155 de la Constitución. El primer paso en esa tercera fase sería el de retirar a la Generalitat la competencia sobre la actuación como Policía de Seguridad Ciudadana de los Mossos d'Esquadra, que pasarían a depender directamente del Ministerio del Interior. En estos momentos, las labores de Policía Judicial en Cataluña siguen en manos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.



En el informe realizado sobre los Mossos se ha detectado que una gran mayoría de sus efectivos -a excepción de unos 300 miembros catalogados de convencidos independentistas-, se mantendría fiel al ordenamiento constitucional.

En este último y crítico escenario, no se contemplan grandes desórdenes públicos que, en todo caso, estarían protagonizados por movimientos radicales y antisistema.

Mariano Rajoy personalmente consultará con los líderes de la oposición -PSOE y Ciudadanos, básicamente-, los pasos a adoptar para que cuenten con el respaldo de un elevado y explícito consenso.

Por otro lado, el Gobierno se ha asegurado ya el apoyo de la Comisión Europea y de los principales líderes europeos -que también serán informados en cada momento- a las medidas que haya que adoptar para mantener la legalidad constitucional.

Sin duda, España enfrenta el mayor reto político de su historia reciente. La apertura de esta nueva etapa llena de incertidumbre coincide en el tiempo con el 40 aniversario de la muerte de Franco. Ahora, como entonces, el futuro dependerá de que los máximos responsables acierten y no den ningún paso en falso. Es decir, de que encuentren una solución política que esté sustentada por un amplio consenso democrático.