Activistas proderechos humanos aseguran a Proceso que los videos del enfrentamiento entre militares y huachicoleros en Palmarito, Puebla, la semana antepasada, sólo evidencian la barbarie con la que actúa el personal castrense. Parece que se apegan a un guion: primero atacan, luego alteran el escenario y difunden su versión oficial. Sólo que en éste, como en los últimos casos, los videos grabados los delatan. ¿Qué falta para que la Corte Penal Internacional voltee los ojos hacia la tragedia humanitaria mexicana?, se pregunta uno de los activistas entrevistados.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Uso indebido de la fuerza, ejecuciones arbitrarias de civiles rendidos o indefensos, alteración de evidencias y ocultamiento de pruebas, todo ello seguido de una estrategia mediática para distorsionar los hechos y criminalizar a las víctimas, pero sobre todo para deslindar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de las graves violaciones a derechos humanos, forman parte del patrón aplicado paso a paso en Palmarito Tochapan, Puebla, la noche del miércoles 3 de mayo.

Consultados por separado, Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL); Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), analizan la videograbaciones sobre la incursión militar en el poblado de Palmarito Tochapan.

También hacen una revisión de los comunicados emitidos por la Sedena con relación al enfrentamiento con los huachicoleros, en el que cayeron cuatro militares y seis civiles, y la forma como fueron evolucionando. La comparación con los casos que han defendido, algunos de los cuales merecieron recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), es inevitable.

La primera reacción castrense fue la del comandante de la Sexta Región Militar, Juan Manuel Rico Gámez, quien durante los funerales de los soldados caídos habló de un “cobarde y vil ataque realizado por miembros de la delincuencia organizada al utilizar mujeres y niños como escudo”.

Cuando se divulgaron los videos en las redes sociales, la Sedena emitió un comunicado en el que cuestionó su autenticidad y emplazó a la Procuraduría General de la República (PGR) a verificarla una vez que intervino en el caso, ocho días después del enfrentamiento.

Hasta el viernes 12, la estrategia oficial consistió en difundir versiones atribuidas a mandos castrenses anónimos en el diario Reforma, según las cuales la ejecución extrajudicial de un civil por parte de un soldado “fue de motu proprio y no derivado de una orden superior”. La justificación fue que las tropas actuaron así porque estaban “bajo estrés”.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2115, ya en circulación