La nueva titular del juzgado número 32 de Madrid, María Rosario Freire, ha citado como imputado –ahora bajo la nueva denominación de "investigado"– al Partido Popular y a otra imputada que, según el partido, es la tesorera Carmen Navarro, para el próximo 4 de febrero como posibles autores de los delitos de encubrimiento y daños informáticos al borrar los ordenadores de Luis Bárcenas. El extesorero aseguró que en esos equipos guardaba información relevante sobre la Caja B del PP

El PP estrena así en este país la figura de la imputación a un partido político, posible desde la reforma del Código Penal del entonces ministro, Alberto Ruiz Gallardón.

La citación de Navarro, también imputada en los juzgados ordinarios de Madrid por el despido de Bárcenas, fue adelantada durante la mañana de este viernes por el propio Partido Popular en un comunicado. Sin embargo, el PP obvió en el texto que la formación política también tendría que comparecer como imputado.

El propio Luis Bárcenas está citado a declarar como testigo el día 3 de febrero y anuncia a la Cadena SER que se personará como acusación contra el Partido Popular. Sostiene que ha recabado nuevas pruebas para acusar a la formación conservadora de un delito de apropiación indebida, además de los apuntados por las acusaciones.

La juez también ha convocado como testigos el mismo día que al extesorero, a la antigua secretaria de Bárcenas, Estrella Domínguez, al entonces jefe de seguridad de la sede nacional del PP y excuñado del extesorero, Antonio de la Fuente, y al abogado del Partido Popular.

El Partido Popular comunicó al juez Pablo Ruz que había borrado los ordenadores de Bárcenas cuando el magistrado los pidió en verano de 2013, después de que Cospedal asegurase al juez que permanecían "custodiados" en el Partido. El partido sostuvo que los había borrado en abril para darlos a otro empleado, pero esto resultó ser falso, ya que la Policía demostró que habían sido borrados después de que el extesorero ingresara en prisión a finales de junio, y nadie más los utilizó.

El PP había solicitado al juez que archivara la causa abierta sobre la destrucción de los discos duros de los ordenadores que Bárcenas utilizaba en la sede de Génova pero el pasado 15 de enero, la Audiencia de Madrid decidió reabrir el caso a instancias de UPyD e Izquierda Unida, al descubrir que la antigua juez del 32, Esperanza Collazos, había archivado el proceso sin practicar diligencia alguna.

Una de las acusaciones en la Caja B del PP, integrada entre otros por IU, presentó una querella contra el PP por la “destrucción u ocultación” de pruebas en octubre de 2013 a raíz del borrado del contenido de los ordenadores que el extesorero manejaba en la sede del PP de Génova.