«Tomad las llaves de la ciudad y vamos a gobernar todos juntos». La intención de Manuela Carmena de que los vecinos participen en la toma de decisiones del Ayuntamiento de la capital no es sólo teórica. Su equipo está ya trabajando en el desarrollo de un mecanismo de consulta popular vinculante que entrará en vigor «antes de que acabe el año».

La idea es que cualquier iniciativa de calado municipal que cuente con el respaldo de «entre el 1% o el 2%» del censo municipal [el porcentaje exacto está por definir] se someta a referéndum. En el caso de que obtenga una mayoría simple de votos positivos (sin quórum, es decir, sin un número mínimo de votantes), Ahora Madrid la asumirá como una propuesta vinculante, y la aprobará la Junta de Gobierno en el caso de que tenga potestad para hacerlo. En caso contrario, la trasladará al Pleno del Consistorio, y la aprobará presumiblemente con el apoyo del PSOE, que se comprometió durante la campaña electoral a apoyar consultas ciudadanas.

El ideólogo de este procedimiento es Pablo Soto, responsable del Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. Criado en el seno del movimiento indignado del 15-M -allí montó las redes sociales del colectivo-, el concejal, experto informático, quiere impulsar ahora desde las instituciones el cambio que se reclamaba en la Puerta del Sol en 2011 agitando las manos en alto.

«El propio mecanismo, que es muy sencillo, es una expropiación de poder a los representantes porque entrega las riendas de las decisiones de los ciudadanos», reconoce el recién nombrado edil, que ya tiene preparadas las respuestas para todas las objeciones que se pondrán a su iniciativa que anticipa que no es «nada agresiva». «Lo bueno es que nada de esto es definitivo. Por fin tenemos la posibilidad de equivocarnos y probar nuevas soluciones», asegura Soto, que durante los últimos años ha estudiado este mecanismo en otros lugares del mundo donde funciona, como Suiza o estados de EEUU o Alemania.

Grupo de trabajo

Cuando se presente en el Ayuntamiento de Madrid una propuesta ciudadana y consiga el respaldo necesario para someterla a consulta popular, se creará un grupo de trabajo «con expertos en la materia, asociaciones interesadas en promoverla y colectivos de afectados, si el tema tiene afectados». Según explica Soto, «no se trata de corregirla, sino de arroparla y que genere consenso». De esas reuniones saldrá la pregunta exacta que votarán los vecinos.

En todo caso, si la persona o el organismo impulsor no estuviera de acuerdo con el resultado, «se votarían las dos cosa», la versión original y la modificada. Los referéndums, que se aprobarán en Junta de Gobierno, se realizarán a través de una plataforma informática, en la que ya se ha puesto a trabajar el personal municipal, aunque también habrá la posibilidad de hacerlo con la tradicional papeleta de toda la vida el día en el que se haga la convocatoria oficial.

La previsión es que todo el proceso de consulta pueda realizarse en un plazo de entre uno y seis meses para agilizar la puesta en marcha de las reivindicaciones ciudadanas. «No nos vamos a saltar ninguna ley, pero con voluntad puedes hacer más de lo que la ley te pide», asegura Soto, que añade que «no todo lo que se someta a consulta irá a pleno, porque el Ayuntamiento es una corporación que decide y gobierna», y en los casos en que la Junta de Gobierno tenga legitimidad para aprobar una propuesta lo hará, como en los casos de ordenanzas o de algunas licencias municipales.

Paralelamente, Ahora Madrid impulsará una reforma del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de la capital para oficializar esta «nueva forma de hacer política». «Habrá resistencias al cambio, pero vamos a trabajar para que esto no quede en una experiencia democrática muy bonita de cuatro años», señala Soto.

Tal y como están reguladas ahora, las consultas ciudadanas promovidas por iniciativa popular necesitan estar suscritas «por al menos el 10% de los vecinos del municipio» lo que, padrón en mano, supone reunir 320.000 firmas. Posteriormente, según lo previsto en el artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, precisan del acuerdo de la mayoría absoluta del Pleno local y de la autorización del Gobierno de la nación, que solo autorizará los de «especial relevancia».

Además, tal y como recoge la actual normativa, sólo pueden realizarse consultas sobre «asuntos de competencia municipal, con excepción de los relativos a la Hacienda local», y estos no serán vinculantes.

Reformar el reglamento interno

El objetivo del equipo de Carmena es llegar a un acuerdo con los grupos de la oposición para modificar el reglamento del Ayuntamiento de Madrid y que la flexibilidad de la participación ciudadana no dependa del color del partido que dirija el Gobierno de Cibeles. Su idea es reducir ostensiblemente el listón del número de personas que tienen que apoyar que una iniciativa se someta a referéndum y que los resultados del mismo sean de obligada aplicación para la corporación de turno.

¿Y si el Gobierno de la nación no está por la labor de autorizar la consulta [como cabría suponer si en la Moncloa está una formación contraria a este sistema]? «En esto va a consistir el cambio, en resolver esas tensiones, hay que empujar como sociedad y los que quieran parar la democracia que se retraten», vaticina Soto. «Si el Gobierno central no tiene voluntad política, pues ya veremos, hay que dialogar», asegura el edil, que participó en un inicio en el equipo de Participación de Podemos, un partido del que se ha distanciado en los últimos meses.

Según Soto, la experiencia en otros países demuestra que la gente no va a estar votando todo el tiempo. «Al principio va a haber mucha participación porque hay muchas cosas pendientes, pero cuando se vayan resolviendo los temas se reducirá», señala el edil, que una de las primeras cosas que hizo al llegar a su despacho del Área fue colocar en una pared una fotografía área de la Puerta del Sol repleta de gente en las concentraciones del 15-M.

«Hasta ahora a los ciudadanos no nos han preguntado sobre nada, tenemos muchas cosas sobre las que hablar», precisa Soto, que señala que los referéndums, que estarán dentro de los límites de la Constitución, la defensa de los Derechos Humanos y de las minorías, se podrían agrupar en un mismo día para evitar saturar con muchas consultas.

El edil, que saltó a los medios en 2011, cuando ganó en los tribunales un juicio a las discográficas, que le pedían 13 millones de euros por piratería, señala que hay numerosos estudios que demuestran que en los lugares donde la población vota se genera un 7% menos de deuda nueva -«se proponen gastos menos locos y menos absurdos que cuando lo hacen los representantes, como el aeropuerto peatonal [de Castellón]»-, y añade que se aprueban un 40% menos de leyes que afectan a las minorías con los mecanismos participativos que con los representativos. «Cuando la gente opina sobre su dinero, sobre sus impuestos, opina cosas muy coherentes».

«Vamos a poner las mecanismos a andar cuanto antes, es vital para el grandísimo consenso ciudadano que hay ahora mismo de que necesitamos mejorar la democracia que tenemos, y eso supone más participación y transparencia», concluye el concejal, que vaticina que con este método Madrid será «una ciudad más habitable y con menos pelotazos».