Agentes de la Policía Estatal Investigadora de Sonora detuvieron a Vladimir Arzate Carbajal, un exfuncionario del DIF estatal señalado por su presunta participación en la venta de niños, sobre quien pesa una acusación de Sustracción y Tráfico de Menores y otros delitos relacionados.

La detención se realizó en las inmediaciones de un rancho que se ubica entre las ciudades de Naco y Agua Prieta, donde Arzate Carbajal fue ubicado por los elementos policiacos, de acuerdo con la Procuraduría General de justicia de Sonora.

Luego de ser detenido, Arzate Carbajal fue trasladado a Hermosillo para ser puesto a disposición del Juez Sexto del Ramo Penal del Fuero Común y que responda por la acusación en su contra por los delitos de: Suposición, Supresión, Ocultación, Substitución de Infantes, Sustracción y Tráfico de Menores e Incumplimiento de un Deber Legal.

Además, “la tarde de este martes 27 de septiembre se realizaron los trámites para que Arzate Carbajal sea internado en el Centro de Readaptación Social 1 de Hermosillo, ya que por ser delito grave no alcanza libertad bajo fianza y deberá llevar el proceso penal en prisión”, indicó la Procuraduría de Justicia de Sonora en un comunicado.

De acuerdo con el procurador de Sonora, Carlos Navarro, al menos dos funcionarios estatales participaron en la venta de unos nueve niños –a través de adopciones que costaron cada una entre 80 mil y 50 mil pesos–, desde 2012.

En ese momento, Navarro dijo que se habían logrado identificar a nueve niños que fueron sustraídos de manera irregular, y que “el primer responsable del tráfico de menores es Vladimir Arzate”.

Arzate era el coordinador de la línea telefónica Protege en Sonora, destinada a recibir denuncias de maltrato infantil.

El otro exfuncionario implicado es José Manuel Hernández López.

Los menores, en varios casos recién nacidos, fueron presuntamente vendidos a ciudadanos de Estados Unidos hasta el 20 mil dólares, luego de ser arrebatados a sus madres, la mayoría con problemas de adicciones.

Al dar a luz en el Centro de Atención Integral a Menores (CAIMS) del Hospital Infantil del Estado de Sonora, en complicidad con empleadas de la institución, Arzate Carbajal sustraía a los recién nacidos, detalló el gobernador.

Los principales implicados en esta red de trata de menores de edad podrían enfrentar tres penalidades que alcanzan hasta 5, 6 y 40 años de prisión.

En septiembre de 2015, las autoridades de Sonora decidieron retirar los cargos en contra de los padres adoptivos que le pagaron a Arzate Carbajal por los bebés, cuya potestad fue retirada a madres pobres o drogadictas.

En ese entonces, el procurador estatal señaló que los tres niños recuperados hasta ahora y colocados en un albergue, volverán a manos de sus padres adoptivos.