El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha rechazado llamar a declarar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid y del partido en esta región Esperanza Aguirre, tal y como había solicitado la defensa del presunto 'cerebro' de la trama 'Púnica' y exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados.

Granados señala a Esperanza Aguirre ante el juez de Púnica y pide que la llame a declarar

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En una providencia dada a conocer este martes, el magistrado justifica su decisión señalando que la declaración de Aguirre y de la otra veintena de personas que había reclamado el abogado de Granados "dada la gran cantidad de declaraciones solicitadas", muchas de las cuales considera "innecesarias" en el actual momento del proceso. Añade que podrá hacer la petición durante la fase de juicio oral.

El antiguo hombre fuerte del PP madrileño, en prisión desde hace dos años y medio como presunto cabecilla de la trama Púnica, había solicitado la declaración de Aguirre dejando entrever que era la única persona capaz de ejercer la influencia e impartir las directrices a otros consejeros que la investigación le atribuye a él.

"Que indique (Aguirre) qué influencia pudo ejercer (Granados) sobre la gestión de otros consejeros; si tenía o no la supuesta superioridad jerárquica que se le atribuye en algunos informes de la UCO; que señale qué influencia tuvo el señor Granados en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valdemoro, en los conciertos de colegios y cualesquiera otros asuntos urbanísticos, así como los altos cargos de su Consejería que lo fueron por decisión suya, en calidad de presidenta, por ser de su confianza", decía el escrito.

En el mismo escrito, Granados pedía al juez que llame al exconsejero de Cultura Santiago Fisas, a la antigua responsable de Urbanismo Ana Isabel Mariño; y a la de Ordenación del Territorio Beatriz Elorriaga. También al consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, actual hombre fuerte del Gobierno de Cristina Cifuentes.

La petición de Granados se produjo una semana después de la tormenta desatada por las últimas actuaciones del juez, la Fiscalía y la Guardia Civil en la investigación de la financiación irregular del PP madrileño, también durante la presidencia de Aguirre, y que forma una pieza separada, y todavía secreta, de la causa Púnica.