Cristina Kirchner cuando llegaba a declarar a los tribunales de Comodoro Py (Adrián Escandar)

Es oficial. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, firmó en las últimas horas la resolución mediante la cual intima a Cristina Kirchner a que opte por una de las dos pensiones que cobra, una de ellas por su condición de viuda del ex presidente Néstor Kirchner, y que entre ambas suman unos 330.000 pesos sin los descuentos, según informaron a Infobae fuentes oficiales.

La resolución firmada por Stanley, en línea con el dictamen no vinculante presentado hace unos días por el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, insta además a la ex presidenta a que devuelva el monto de lo percibido este año por la pensión no contributiva que comenzó a cobrar en diciembre, cuando dejó el poder. Cristina Kirchner, al igual que el resto de los ex presidentes, ex vicepresidentes y de los ex integrantes de la Corte Suprema, goza del beneficio de la Asignación Mensual Vitalicia, previsto en la ley 24.018.

Hasta que la ex mandataria defina con cuál de las dos jubilaciones se queda, el Estado, de acuerdo con la resolución oficial, le retiene una de ellas. En este caso la última que empezó a percibir. O sea, la correspondiente a ella.

En noviembre del año pasado, la ex ministra Alicia Kirchner le otorgó dicho beneficio a su cuñada, que sumó la jubilación a la que ya cobraba en su condición de viuda del fallecido ex presidente. Los trámites de Cristina ante la actual gobernadora de Santa Cruz habían sido presentados por Romina Mercado, justamente una de las hijas de la ex funcionaria de Desarrollo Social.

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La incompatibilidad en el cobro de ambas pensiones surgió a mediados de año tras una presentación de Margarita Stolbizer. "La percepción de la asignación es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal, sin perjuicio del derecho de los interesados a optar por aquélla por estos últimos beneficios", estipula el artículo 5 de la ley 24.018 del que se hizo eco la diputada.

Una eventual negación de la ex presidenta a aceptar la resolución habilitaría al Gobierno a iniciar acciones legales. El martes, la ex jefa de Estado fue indagada por presunta corrupción por el juez Julián Ercolini, que investiga si favoreció al empresario Lázaro Báez con la cesión de obra pública en Santa Cruz. Tras su comparecencia ante el magistrado, Cristina aseguró que es víctima de un plan para proscribirla políticamente.