Gabriel Arrieta dijo que en el gobierno están "nerviosos" porque un simple ciudadano "dejó en rídiculo" al presidente Vázquez.

Gabriel Arrieta, el colono de Paysandú que el lunes trató de "mentiroso" y mantuvo un fuerte entredicho con el presidente Tabaré Vázquez en la puerta del Ministerio de Ganadería, prepara una demanda contra el Estado.El detonante fue la decisión de Presidencia de publicar, en su página web, que el productor es un "ocupante de tierras" del Instituto Nacional de Colonización en la zona de Kiyú, en San José. Arrieta, según afirmó la publicación oficial, mantiene un litigio con ese organismo, que por estas horas dispuso la ejecución de un desalojo iniciado en 2013 del predio que ocupaba.El comunicado afirmó que el colono mantiene deudas desde el año 2008 y que nunca pagó por el uso de la tierra del Estado siendo "denunciado por productores", se dejó en claro."No soy abogado, pero evidentemente están violentando la ley", dijo Arrieta a ECOS. "Están desesperados por un simple ciudadano, un ocupante de tierras". Están nerviosos", sostuvo. Para el colono, "dejar en ridículo al presidente es algo que la Masonería te cobra".Arrieta pasó a ser representado a partir de este miércoles por el abogado Gustavo Salle. Hasta ahora era patrocinado en su litigio con Colonización por Óscar López Goldaracena, que renunció molesto porque el colono "le faltó el respeto a la investidura presidencial", según precisó el productor.Rechazó lo afirmado en el comunicado de Presidencia, aunque reconoció que mantiene una deuda con Colonización por US$ 250, por concepto de una garantía que la institución le extendió para la compra de una fracción de campo.Para el penalista Juan Fagúndez, la acción de Presidencia podría constuir un delito al violar la Ley de Protección de Datos Personales."Lo publicado por Presidencia ya lo están repitiendo varios ministros. Hay una campaña clara para someter al escarnio público y al odio a esta persona. Y eso el gobierno no lo puede hacer", afirmó en diálogo con ECOS.En su artículo 11, la normativa expresa que "aquellas personas físicas o jurídicas que obtuvieren legítimamente información proveniente de una base de datos que les brinde tratamiento, están obligadas a utilizarla en forma reservada y exclusivamente para las operaciones habituales de su giro o actividad, estando prohibida toda difusión de la misma a terceros".El mismo artículo señala que las personas que tengan acceso a esos datos "están obligadas a guardar estricto secreto profesional". La ley también dispone que "el responsable de la base de datos es responsable de la violación de las disposiciones de la presente ley".