Nueve de cada diez mexicanos que nacieron pobres en el sur del país, morirán pobres, dice el director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY)

05-06-2019 20:47 Por : Arena Pública

Los mexicanos no tienen el control para mejorar su calidad de vida.

Por lo menos no sobre la mitad, o más, de los factores que determinarán su bienestar en el futuro. Esta especie de ‘condena’ se explica en buena medida por circunstancias ajenas a su voluntad, como el lugar en dónde nacieron, el género con el que nacieron, su color de piel, o la situación económica de sus padres al nacer; circunstancias -todas ellas- sobre las que no tienen ningún control.

Un dato, que ejemplifica esta situación, es brutal: nueve de cada diez mexicanos que nacen pobres en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, morirán pobres.

En esos territorios, el 86% de los mexicanos que nacieron pobres están condenados a morir sin cambiar su condición de pobreza. De nada servirá su esfuerzo personal a lo largo de su vida; simplemente morirán pobres por razones ajenas a ellos. La llamada meritocracia es una quimera para millones de mexicanos.

Esa terrible realidad es la que hace voltear la mirada de Roberto Vélez Grajales para lanzar la pregunta al aire: ¿Y el Estado?. “Si tenemos estos resultados desiguales debido a cuestiones que no son justas en ningún sentido, deberíamos tener mecanismos para evitar estas cosas sobre las que las personas no tiene control y que determinan sus opciones de logros en la vida”, apunta Vélez Grajales en una conversación que transcurre en las oficinas del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) que dirige.

Hace unos días, el CEEY publicó el Informe Movilidad Social en México 2019 cuyas 83 páginas inician con estas palabras: “Esforzarse y no progresar; tener talento y no poder explotarlo; estar determinado por el origen y no por el mérito. El que una persona no alcance a cumplir con su potencial por razones externas no es nada menos que una tragedia. La falta de movilidad social no solo es una calamidad individual: la sociedad en su conjunto también sufre al desaprovechar valiosos recursos humanos. ¿Cuántos mexicanos no están alcanzando su potencial? ¿Cuánto talento se está desperdiciando?”.

Las cifras relevantes del Informe se deslizan durante la conversación dejando huellas para una y otra y otra pregunta.

74 de cada 100 mexicanos que nacen en pobreza, no logran superar esa condición; pero la situación empeora en el sur. Allí 86 de cada 100 pobres, mueren pobres. En el norte la cifra no es para enorgullecerse, pero las posibilidades son mucho mejores que en el sur, 54 mexicanos nacidos en pobreza, morirán pobres.

La desigualdad de oportunidades pesa mucho en la desigualdad económica de los mexicanos –al menos 48%- y pesa más si son mujeres o de piel más oscura. Es la condición económica de los hogares de origen la que determina en buena medida el futuro de la siguiente generación.

Solo 3% de los hijos con padres que realizan labores agrícolas lograrán niveles de ocupación elevados, un porcentaje que crece diez veces, al 34%, para aquellos que tienen padres con labores profesionales o directivas.

Los datos reflejan una realidad escalofriante con hondas consecuencias sobre la convivencia social, la conciencia ciudadana y hasta la productividad de la economía. “Este tipo de desigualdad de oportunidades no solo tiene efectos en términos de injusticia social…cuando tienes una sociedad estratificada ¿qué nos une a ti y a mí? Prácticamente nada; entonces ¿cómo construimos acuerdos de hacia dónde queremos llevar al país?. Difícilmente lo vamos a lograr”, dice Vélez Grajales quien ha analizado esta realidad desde hace varios años junto con sus colegas del CEEY.

Si la falta del acuerdo social es preocupante, no son menores las consecuencias negativas sobre el desarrollo del talento de los mexicanos, provocado por la falta de incentivos al esfuerzo. “Tiene efectos en esfuerzos, en productividad y tiene efectos, obviamente, en el crecimiento económico”, apunta el economista por la Universidad de las Américas con una maestría en el Colegio de México.

Reforma hacendaria para la protección social universal

El Estado debe estar en el centro de esta discusión, es el punto toral de Roberto Vélez; porque buena parte de la desigualdad de oportunidades, que causa en buena medida la desigualdad económica entre los mexicanos, tiene que ver principalmente con salud, educación, seguridad social y formalidad en el mercado laboral.

“El piso mínimo para construir un país de igualdad de oportunidades, es la construcción de un sistema de protección social universal, y ése es el sentido que le damos a la necesidad de una reforma hacendaria. Requerimos una reforma hacendaria para construir un sistema de protección social universal”. Una y otra vez Vélez Grajales enfatiza en que la profunda reforma hacendaria que se requiere debe tener un fin y ése es el de la protección social universal, en un gobierno del presidente Lopez Obrador que ha planteado cambios estructurales desde la campaña presidencial.

“Nos conviene a todos. Difícilmente podemos pensar en algún mexicano al cual no le convenga un piso básico de protección social” alienta Roberto Vélez quien cree que es posible negociar y ‘vender’ una reforma hacendaria con este propósito.

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Sin embargo, el rostro del director ejecutivo del CEEY se desdibuja cuando se enfrenta a la realidad política del gobierno de López Obrador que, si bien ha planteado llevar adelante una reforma hacendaria, no ha dicho aún para qué. Lo peor –para Vélez- es que se ha planteado para mitad del gobierno, en tres años más, quien sabe bajo qué condiciones.

Antes de asumir la dirección ejecutiva, Vélez Grajales fue el director del Programa de Movilidad Social del CEEY durante siete años, tiempo suficiente para ver crecer y madurar las investigaciones, encuestas e informes sobre movilidad social que produjo el Centro.

Las preguntas en relación a sus expectativas sobre el nuevo gobierno de cara a la problemática de la pobreza y a una movilidad social estancada en el país, encuentran respuestas poco alentadoras. “No he visto ningún cambio estructural, …hay rompimientos con actores de estructuras anteriores, con los mecanismos de operación, pero la concepción sobre programas no ha cambiado... se atienden las problemáticas a través de programas”.

Y explica: Los programas focalizados son importantes y su efectividad será mayor si se establecen pilares básicos para que funcionen; pilares como los sistemas universales de educación, salud, protección social; que son un primer paso importante. Pero ese cambio de estructura requiere “un estado mexicano con una profundidad financiera mucho mayor a la que tiene actualmente”, en pocas palabras, “cómo hacemos que la hacienda pública sea efectivamente una hacienda”.

¿Hay señales claras en esa dirección? Se le cuestiona. “Hay señales claras en términos de la intención, no hay señales claras en términos de la posibilidad de hacerlo”, dice.