MADRID.- Las cuentas de la Seguridad Social, muy deterioradas ya por la persistencia del paro y la precariedad en el empleo, van a sufrir un varapalo adicional en 2016 debido al coste de algunas decisiones anunciadas por Mariano Rajoy en plena campaña previa a las elecciones del 20-D. Eso significa que, salvo un aumento de los ingresos muy superior al previsto, el sistema deberá seguir recurriendo masivamente al Fondo de Reserva, más conocido como hucha de las pensiones, que el Gobierno de Mariano Rajoy dejó a la mitad en la última legislatura.



Una de las promesas de Rajoy que entrará en vigor este año se refiere a la exención del pago de cuotas a la Seguridad Social de los primeros 500 euros de salario. Desde su entrada en vigor en febrero de 2015, esa medida, dirigida en teoría a reducir el altísimo nivel de temporalidad que caracteriza al mercado laboral español, afectaba sólo a los nuevos contratos indefinidos. A partir de ahora, sin embargo, se hará extensiva a la conversión en fijos de los que no lo sean, según anunció el presidente del Gobierno en funciones durante la campaña electoral.

Otra promesa suya, que ha entrado en vigor en enero, fue un complemento de pensión para las madres, con el que se pretende premiar la natalidad, cuya tasa está en nuestro país entre las más bajas del mundo. Se trata de una mejora escalonada: del 5% para las mujeres con dos hijos, del 10% si tienen tres y del 15% para cuatro o más, con independencia de que sean naturales o adoptados. El complemento se aplica indistintamente a las pensiones contributivas de jubilación, a las de viudedad y a las de incapacidad permanente.

Calcular el coste exacto de estas medidas no es fácil, pues en un caso depende del uso que hagan los empresarios de la exención de los 500 euros y en el otro, de las madres que soliciten el complemento. De todas formas, es evidente que supondrán una carga adicional sobre el sistema, que en 2015 incurrió en un déficit del 0,6% y para 2016 se ha propuesto reducirlo a la mitad, aunque en algunas instancias oficiales se considera un objetivo demasiado optimista, a cuyo cumplimiento no van a ayudar precisamente las decisiones electorales del Rajoy.



El grueso del problema, no obstante, radica en la recaudación, que está creciendo muy por debajo del empleo, debido al empeoramiento de las condiciones de trabajo y al aumento de las bonificaciones a los empresarios. Estas circunstancias coinciden, además, con una subida significativa del coste total de las pensiones, no por lo que se han revalorizado (sólo un 0,25% en 2016), sino porque los nuevos perceptores reciben por lo general cantidades mayores, al haber cotizado más durante su vida laboral. A 31 de diciembre, la pensión media de jubilación era de 1.030 euros mensuales, frente a los 924 de hace cuatro años.



Todo ello, previsiblemente, obligará a recurrir de nuevo al Fondo de Reserva a lo largo de 2016, a no ser que se acometan cambios de calado en el modelo de financiación. Cuando Rajoy llegó al poder a finales de 2011, la hucha de las pensiones estaba dotada con casi 67.000 millones de euros y ahora cuenta con poco más de la mitad. Eso significa que, si se continúa esquilmándola al ritmo de la anterior legislatura, el Fondo no dudará más allá de 2018, poco antes de la avalancha de pensionistas que se espera como consecuencia del baby boom de los sesenta y en previsión de la cual fue creado.