El «operativo Puf» comenzó a gestarse a finales del año pasado. Lázaro Báez estaba desesperado por la inminente detención de su hijo mayor, Martín. Cristóbal López y Fabián De Sousa veían cómo crecía la causa de los cuadernos, a pesar de los interminables programas televisivos en C5N para machacar el rumbo económico del gobierno de Cambiemos.

El 2019 comenzó de la peor manera para ambos empresarios que se odiaban y peleaban por la herencia de real de la fortuna de los Kirchner. Recordemos que Lázaro Báez, en una entrevista periodística con el autor de la nota, había declarado que, si él hubiese sido el real testaferro de los Kirchner «me hubiesen dado un banco o fichitas», en alusión a la familia Eskenazi y a su enemigo Cristóbal López. Cuando lo dijo, López aún estaba en libertad. Su regreso a prisión generó que Lázaro bajase un cambio en sus declaraciones mediáticas, hasta ese momento, con el periodismo profesional. Lo había hecho a pesar de los expresos pedidos de frenar esas notas de sus abogados vinculados con servicios de inteligencia K como Elizabeth Gasaro y su jefe, Franco Bindi. Víctor Hortel aún no aparecía en los medios.

Pero el 2019 amaneció con una sorpresa mayúscula para los empresarios detenidos. Ambos habían sufrido idas y vueltas con la «Señora» luego de la muerte de su socio y amigo político y de negocios: Néstor Kirchner. La AFIP de Ricardo Echegaray los había mandado a auditar. El ex titular de la AFIP había dicho, ante Nelson Castro, que Báez podría terminar preso. CFK creía que se habían quedado con parte de su fortuna. Rudy Ulloa Igor, ex chofer de Néstor, y Máximo eran los custodios del relato y del patrimonio. Una pieza amenazaba con derrumbar el futuro político de Unidad Ciudadana: El contador.

Víctor Manzanares se sorprendió cuando el abogado de un intendente vinculado con el narcotráfico correntino, lo consoló al romper en llantos. El político caído en desgracia solo confiaba en Roberto Herrera. Manzanares contrastó la frialdad de Carlos Beraldi con el aire campechano de Herrera. Amenazado por la Señora, habló. Herrera conocía a los abogados de Báez pues, a varios de ellos, les había abierto las puertas del estudio legal del ex juez Luis Yrimia. Es más, habría sido protagonista de una reunión en la que decidieron el plan para «entregarle» al imputado colaborar, Leonardo Fariña, al detenido Báez. «Ya no nos sirve, te lo entregamos en bandeja» se dijo en la reunión. Elizabeth Gasaro ya había abandonado la defensa de los hermanos Lanatta -tampoco ya les servían- y, a través de ellos, había llegado a conocer a Báez. Pero Báez aún no compraba el romántico discurso de la persecución, de los guiones fariñescos y las visitas de la AFI a Ezeiza. Fueron meses de «ablande» El autoengaño sería su salvavidas ¿de plomo?

Los autores del relato -dígase opereta- fueron los mismos que diseñaron la estrategia para debilitar al juez Sebastián Casanello en la causa de la ruta del dinero K. Fue en el año 2016, luego de la declaración explosiva de Fariña. Consistía en hacerle creer a la opinión pública que el juez se había reunido con CFK en la quinta de Olivos. El grupo Clarín desconfiaba de «tortuga» y la opereta la compraron algunas de sus destacadas plumas. Llevaron a sus medios a Gabriel Corizzo -empleado de ANSES K- y Carlos Scozzino -chofer de Presidencia de la Nación de los tiempos de Cristina. Los relatos eran contradictorios. El guión sería descubierto por la justicia que terminó procesando, también, al ex abogado de Leandro Báez, Santiago Viola en un discutible fallo. Viola pisó el palito que el círculo de agentes inorgánicos y abogados inescrupulosos le vendieron al entorno del empresario detenido. Era la operación N1 que, tres años después, el periodismo militante K repudió en sus portadas mientras compraba el relato de sus autores en las nuevas operetas.

Operación 2: Apartar a Guillermo Marijuan. Primero fueron por el juez. «Si tenemos un juez propio lo controlamos a Mauricio Macri» decían a viva voz los guionistas de la mentira. En el despacho de Casanello estaban causas que comprometían a CFK como la ruta del dinero K como así también a Macri con la fiesta electrónica Time Warp o las escuchas ilegales de comienzos del siglo XXI. Marijuán cometió el pecado de enviarle un audio de voz a una abogada involucrada en la operación diciendo que en breve se llevaría puesta a Cristina Kirchner. Canchereó. En aquel entonces los «periodistas legalistas» no se preguntaron si era ético, legal o moral difundir ese audio. Lo celebraron y pidieron la destitución del fiscal. Los guionistas habían logrado un segundo cometido: Amedrentar al fiscal.

Operación 3. Se muere Báez. Cuando Lázaro fue internado en Palermo por problemas de arritmia quisieron instalar que el empresario estaba por morir. El objetivo era dividir a la familia. Una familia desunida, al contrario de la de López, generaría debilitarla y usarla en sus propios beneficios. El negocio de los abogados inescrupulosos es que el detenido mantenga esa condición mientras paga millonarios honorarios. Alejado Maximiliano Rusconi -ya representando al ministro que Báez decía que tenía la mayor responsabilidad en el manejo de los fondos públicos (DE VIDO)- las puertas de Franco Bindi se abrirían de par en par.

Bindi había sido abogado de Leonardo Fariña, buscado por Interpol, asesor del gobernador Gerardo Zamora en Santiago del Estero, del ministerio de Planificación de Julio De Vido -donde conoció a la abogada G- y se autoadjudicaba romances con mujeres poderosas e hijas del poder. Tenía aceitados vínculos con servicios de inteligencia y destacados periodistas. Yrimia lo vio por última vez en su estudio, donde Bindi trabajaba, el día que allanaron su estudio.

Operación 4 y 5: Puf es Puf. Manzanares había cantado y, encima, lo representaba el enemigo de los guionistas: Roberto Herrera, uno de los pocos que se había animado a decir que No. Con la excusa del cuentapropista de la extorsión, el falso abogado Marcelo D´alessio, Bindi habría orquestado los distintos capítulos de la última saga Opereta. Ya representaba a la familia de Pedro Etchebest en una causa de servidumbre. Hortel, a Lazaro Báez mientras defendía a Roberto Baratta. Otra abogada de su estudio se acercaba a los hijos de Báez: Gasaro y Giselle Robles. Humberto Próspero hacía lo propio con Pérez Gadín, el contador de Báez. Otra abogada del estudio, Tatiana Terzano, hacía lo propio con el espía detenido en la causa Dolores, Rolando Barreiro, que amagaba arrepentirse ante el fiscal Juan Pablo Curi pero se olvidaba la letra. Antes había defendido a Pérez Gadín.

El inexistente guión de Fariña comenzó a caerse cuando se terminó comprobando que el supuesto mail de agentes de la AFI era de su ex abogado, Franco. El propio Ramos Padilla confirmó que los abogados que decían no tener relación entre sí, se escribían desde el 2014 y todos habían pasado por el Ministerio de Planificación Federal de De Vido. De querellante, Giselle Robles, pasó a imputada. Lo mismo pasó con Bindi. ¿Los procesará el juez Ramos Padilla o quiso despistar a un sector de prensa intentando posicionarse como «imparcial»? Deambularon, todos menos Bindi, por los canales de c5n y medios K: en especial por el ciclo ADN que reprodujo todas y cada una de las operetas de la banda. No tuvieron problemas en difamar colegas. Consultado por este medio, atribuyeron el voraz ataque personal a este periodista ya que: había tuiteado contra Cristóbal López. Entrevistaron a la inverosimil abogada G. Luego callaron. Fue tan burdo el relato que el propio Lázaro Báez tuvo que salir a hablar para mantener el engaño.

Lo que pocos mencionan es que familiares de Marcelo D´alessio tuvieron relaciones comerciales y personales con hijos de los involucrados en la operación Puf Puf. De Valdez a Vaca Narvaja, pasando por pseudo dirigentes vinculados a Fernando Pocino.

El relato de los guionistas de Puf Puf se acomoda según las tapas de los diarios. ¿Alguien recuerda cuando Eduardo Valdez dijo en C5N que las transcripciones de sus escuchas eran falsas y que jamás aparecerían los audios? Cuando se difundió su voz explicó que se trataba de comentarios relacionados con una investigación de Carlos Pagni sobre un secretario personal de CFK al que habían querido apretar. Cuando le pregunté al abogado Víctor Hortel sobre el pasado de Bindi y si le llamaba la atención que su socio antes había representado a Leonardo Fariña, el ex titular del Servicio Penitenciario no se puso colorado. ¿Cuál es el problema? se preguntó. Tal vez se trate de tráfico de influencias, negociar a un cliente, por ejemplo.

Qué mejor manera de convencer a detenidos de ser representados por abogados con dudoso CV que teniendo la llave de la cárcel: Hortel la sigue teniendo. La otra clave son los servicios de inteligencia como los que aparecen en las escuchas de Puf Puf y que aún responden al anterior gobierno.

Por Luis Gasulla