En mi último artículo hablaba de la paradójica “excepción vasca” para explicar la sorprendente irrupción de Podemos –y la relevancia simbólica de la candidatura de Pili Zabala– en un marco en apariencia blindado o petrificado. Lo cierto es que si en algún sitio ha habido cambios –una verdadera recomposición del marco cultural– ése ha sido el País Vasco. En Euskadi, en efecto, todo ha cambiado en los últimos diez años: ha cambiado el escenario de confrontación y violencia, ha cambiado la relación de fuerzas, ha cambiado la izquierda aberztale y ha cambiado, sobre todo, la gente. Todo ha cambiado salvo una cosa: la política “vasca” del gobierno español que es, por desgracia, una política de Estado. “España” no ha cambiado lo suficiente en relación consigo misma y no ha cambiado nada en relación con el País Vasco, donde sigue comportándose como si los deseos de paz, diálogo, convivencia y democracia fueran otra forma o una forma light de “terrorismo”, o como si, contra ese deseo colectivo de paz, diálogo, convivencia y democracia, su deseo –el del gobierno de “España”– fuese el retorno de la confrontación y, en consecuencia, de la violencia y el terrorismo.

No tiene otra explicación la negativa institucional a aceptar la democrática candidatura de Arnaldo Otegi para las próximas elecciones vascas. Es verdad que la interpretación (del código penal) que pretende su “inhabilitación” se inscribe en toda una serie de leyes de excepción que fueron previamente interpretadas en su contra a fin de mantenerlo en la cárcel durante seis años, y ello a pesar de las protestas de tres premios Nobel, tres expresidentes latinoamericanos y un exfiscal general de los Estados Unidos, figuras de reconocido prestigio nada sospechosas de izquierdismo radical y aún menos de independentismo anti-español. Nada tiene de extraño, pues, que el ministro de justicia, Rafael Catalá, que hace un año se expresó contra “las penas genéricas”, como lo es la de “inhabilitación” recogida en la sentencia del caso Otegi, ahora se pronuncie de manera tajante en sentido inverso a fin de negar al líder abertzale su derecho a ser votado por los vascos el próximo mes de septiembre.

Nada tiene de raro, pero sí de inquietante y amenazador. Hay que aceptar que, en el contexto de la excepción vasca, todo fue y sigue siendo político, incluidas las doctrinas jurídicas y su aplicación concreta. Cualquier interpretación de la sentencia de Otegi –así como la propia sentencia– es el resultado de una decisión política. Si se aceptase la candidatura del dirigente de Bildu conforme a derecho, esa conformidad también sería una decisión política, y no exclusivamente jurídica o democrática. Eso es justamente lo que debería preocuparnos: el hecho de que, pudiendo escoger entre dos políticas, el gobierno y la fiscalía sigan escogiendo aquélla que los ciudadanos vascos y la propia izquierda abertzale han dejado atrás y quieren a toda costa olvidar. Esta politización del Derecho –y de los derechos–, que impide la democratización del País Vasco y del conjunto de España, es una apuesta al mismo tiempo ideológica y electoralista. Al PP no le importa quedar fuera de juego en Euskadi, y menos aún resucitar polarizaciones y alimentar radicalizaciones, si con ello apuntala una “España” parcialmente muerta que, en cualquier caso, sigue reportando beneficios electorales a escala estatal. Aún más: mientras la población vasca, incluidos los sectores abertzales, han cambiado ya y quieren pasar la página del conflicto, el gobierno del PP –y sus políticas de Estado– siguen apostando por la radicalidad y la excepcionalidad. La negativa a aceptar la candidatura de Otegi revela una vez más hasta qué punto es necesario cambiar el gobierno central para pacificar y democratizar definitivamente Euskadi y cómo –a la inversa– sin la democratización política de Euskadi, que es ya un hecho cultural incontestable, jamás habrá un verdadero cambio democrático en España.

En Euskadi todo es –todo ha sido siempre– política. Aquí nunca empezó realmente la transición y, para poder empezar la segunda, habrá que completar antes la primera. Los periodistas de los grandes medios tienen derecho a pensar lo que quieran de Otegi, a juzgarlo “moralmente abyecto” o “siniestro” o indigno de “todo aprecio” o “reconocimiento personal”. No están obligados a tenerle ninguna simpatía y, si son vascos, aún menos a votar en su favor en las elecciones de septiembre. Pero no deja de resultar censurable, por hipócrita e ideológico, ese doble rasero en virtud del cual tantos de nuestros periodistas y políticos no paran de elogiar la “conversión democrática” de Suárez o Fraga, surgidos de las entrañas de la dictadura más sangrienta de la segunda mitad del siglo XX (según la ONU) para liderar desde dentro la “transición”, y se niegan a reconocer un papel equivalente a Otegi en relación con ETA. Esta falta de honestidad política tiene una raíz claramente ideológica y sus efectos, desde hace 40 años, son terriblemente destructivos. Si aún no se ha solucionado la “cuestión nacional” (me refiero a la española) es en buena parte por esta intervención ideológica y radical de nuestros medios de comunicación, empeñados todavía hoy, cuando la sociedad vasca va muy por delante, en reproducir esquemas superados de confrontación que, además de muertos, han provocado un debilitamiento general de las instituciones democráticas.

Se piense lo que se piense de Otegi, la verdad es ésta: nunca debió entrar en la cárcel, una vez en ella debió salir enseguida y hoy debería poder presentarse libremente a las elecciones para que sean los ciudadanos vascos, y no una decisión política de la fiscalía o del gobierno español, los que se pronuncien sobre su gestión del pasado y su proyecto de futuro. En una Euskadi en la que todo ha cambiado es probable que Otegi saque un resultado electoral por debajo de sus méritos de pacificador; lo que es seguro es que los que quieren negarle su derecho a la candidatura y siguen apostando por la polarización, el conflicto y la violencia, van a obtener muchos menos votos que él. En Euskadi “España” es ya una fuerza zombi, una cultura residual, la resistencia muerta de una ideología injusta y autoritaria que ojalá se vuelva muy pronto marginal también en la propia España.

(*) Santiago Alba Rico es filósofo y columnista.