No debería llamar la atención que las autoridades del INAU presentaran renuncia a su cargo. La idea de que nadie asume responsabilidades cuando comete un error grave, y da un paso al costado sin que lo echen ni le pidan el cargo, está bastante generalizada, y comprobada con situaciones absurdas, pero siempre está la posibilidad que haya gente con amor propio, con vergüenza, y que entienda que debe correrse a un costado y dejar ahí a otro en su puesto.





Habrá que esperar una reacción. Alguno de los directores podrá presentar la renuncia, luego de darse cuenta de que se dejó usar feo y que abusó de la función de cargo público para prestarse a una campaña en la que debió quedar ajeno; que se tiró de cabeza en una operación de presión ante la Justicia, que es entendible para abogados de una parte o para militantes de determinada causa, pero no para autoridades del instituto que está para la protección de la infancia y la adolescencia.





Este jueves, la Suprema Corte de Justicia se pronunció por unanimidad contra el recurso de revisión que el 2 de octubre del año pasado había presentado "María", la madre de una niña española que era reclamada desde España por su padre. Las cinco ministros rubricaron la sentencia que establece que "María" debe irse a España para restituir a la niña a su país, y enfrentar el reclamo judicial del padre.





Para los que siguieron el caso con preocupación real por la situación de la niña, y sin entrar en el juego de campañas públicas que desinformaron sobre el trámite, el fallo no generó sorpresa alguna: los jueces que estuvieron vinculados al caso, entendieron siempre que correspondía la restitución.





Nadie sabe cuál de los padres dice la verdad, pero todos entienden que eso debe dirimirse en el país en el que vivían los involucrados, y que además la madre de la niña la trajo a vivir a Uruguay sin consentimiento del padre, que lo que había autorizado era un paseo, pero no una mudanza y desarraigo.





¿Por qué el caso excede a los conflictos de familia que permanecen en la reserva de las partes y no constituyen información de interés público? Porque una de las secretarías de Estado, y el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay se involucraron en aquella bulliciosa campaña de "María no se va".





El caso de "María", nombre de la uruguaya que se fue a vivir a España, se casó con un español con el que tuvo una hija en abril de 2012, no es un asunto de familia puntual, es un hecho político, porque así quisieron los que emprendieron la campaña y en eso la convirtieron el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el INAU.





Los directores del INAU dejaron que ese organismo emitiera una declaración con datos que buscaban conmover, sin importar que no fueran ciertos. Todo valió.





Aquel reclamo de "María no se va", que se identificaba con la imagen de una niña, consistió en buscar apoyo público, en las calles, en redes sociales, en medios de prensa, para que la Justicia uruguaya no cumpliera lo dispuesto por una jueza primero, y por un Tribunal de Apelaciones de Familia después. Tentaba la idea de que "los uruguayos" decidiéramos en una plaza del centro, que la niña no volviera a su país, ni pudiera rearmar su verdadera historia.





La negativa a sumarse a esa campaña no era fácil para los débiles, porque debía superar la presión de lo "políticamente correcto" que muchas veces implica sumarse a una consigna sin tratarse de qué se trata, pero con el riesgo a aparecer como protector de violadores o golpeadores.





Así cayó en la red el instituto que debe proteger a los niños. Pero esta vez, en lugar de hacer eso mismo, en vez de pensar en la niña, los directores del INAU decidieron sumarse a la campaña, de prestar el logo –que no es un mero dibujo sino que representa la institucionalidad de ese organismo- y de meter presión contra la Corte, para evitar una sentencia judicial.





Con la ayuda de los que pegan una calcomanía para quedar bien pero sin saber de qué se trata, la niña debió quedarse más tiempo de lo debido en Uruguay, y su situación empeoró. Podrá estar bien cuidada por madre, abuelos, otros familiares y amigos, podrá tener más "comodidades" que en su propia casa, pero al estirar artificialmente su regreso, todo se hace más difícil para llegar a la verdad.





No se puede olvidar que nadie sabe en Uruguay la verdad del asunto y que varios argumentos para alejar a la niña del padre quedaron expuestos por incorrectos.





En abril de 2016, "María" y su hija habían viajado de vacaciones a Uruguay, con el permiso firmado por el esposo y padre, pero luego de eso, la uruguaya decidió quedarse en Montevideo. El hombre ("Pablo") hizo el reclamo y su esposa dijo que en el vuelo entre España y Uruguay había visto señales que luego le llevaron a entender que la niña era abusada por su padre. Eso no se pudo probar, lo que no significa que se descarta que haya pasado, pero no se pudo probar. Lo que sí se demostró es que no había ni una denuncia en España sobre violencia familiar.





En tres instancias, la Justicia ha dispuesto que madre e hija vuelvan a España, y allá el caso irá a los tribunales de ese país.





Así se resuelven las cosas en una sociedad: en un juzgado y no en una plaza.





Los directores del INAU tienen la sentencia para leer, la posibilidad de hablar con operadores judiciales, la de discutir entre ellos por qué y cómo se dejaron usar para algo que escapa a las potestades de ese organismo estatal, como el de pedir a la Justicia que no cumpla un fallo de un tribunal. También deberán asumir culpa en la operación mediática que dio plazo para un recurso que se sabía estaba destinado a ser rechazado, pero que ganaba tiempo para dilatar una sentencia firme.





Los directores del INAU, Marisa Lindner, Fernando Rodriguez y Dardo Rodríguez, son reconocidos como personas de bien, preocupados por buenos valores y con ánimo de contribuir a la sociedad. Pero después de todo esto, ¿ni uno de los tres presentará su renuncia?