El kirchnerismo no deja de sorprender en su propia tierra. El nuevo intendente de Río Gallegos, el radical Roberto Giubetich, inició un censo en el municipio y las primeras irregularidades que dejó la herencia K comienzan a quedar al descubierto: presos nombrados y cobrando salario municipal cada mes y otra gran cantidad de empleados que ni siquiera viven en la Provincia figuran en la nómina de personal percibiendo sus haberes como si realmente prestaran servicios.

El radicalismo recuperó la capital santacruceña tras una fallida gestión K en Río Gallegos: Raúl Cantín (FPV) no logró finalizar su mandato luego un interminable conflicto municipal, y quedó a cargo el presidente del Concejo Deliberante Pablo Grasso, candidato de Kolina y actual funcionario de Alicia Kirchner.

La realidad financiera y administrativa de la Municipalidad obligó al nuevo intendente a declarar la emergencia económica: destina 105 millones de pesos para el pago de salarios y sólo logra recaudar 65 millones, arrojando un déficit mensual de unos 40 millones. Los números no cierran y Giubetich decidió iniciar un censo para reordenar la planta de personal.

El relevamiento busca arrojar información sobre el área, antigüedad, desempeño, entre otras precisiones de los 4.200 empleados con los que recibió el municipio. La fecha de finalización del censo es el 20 de febrero con posibilidades de prorrogarlo.

Los primeros datos arrojados sorprendieron. No sólo dejaron sin fondos y con deudas a la municipalidad (en caja sólo nueve centavos), sino que la semana que viene presentarán una denuncia por fondos provenientes de YPF para la compra de camiones, maquinaria que llegó pero el dinero no está.

Respecto al censo que lleva recién una semana, las irregularidades detectadas llamaron la atención. “Nos encontramos con una persona que está en prisión hace ocho meses y cobraba el salario como si trabajara, algo que detuvimos y ya no se le paga hasta que no se resuelva su situación”, explicó a Clarín el intendente Giubetich.

Un dato que se reitera entre el personal relevado es que “muchos no viven ni en la ciudad y ni siquiera en la Provincia”, indicó el jefe comunal y calificó el manejo del municipio como un “descontrol”. Entre la planta de personal, el saliente intendente K Pablo Grasso nombró desde el 1° de noviembre al 1° de diciembre 177 personas. Ahora se revirtió la decisión y se está analizando caso por caso.

David Fernández Encierro. Rodeada de una discreta custodia, la ex Presidenta descansa ayer en Río Gallegos. / David Fernández

La casa de Cristina en Río Gallegos. Allí fue a descansar para fin de año.

“A varios les dimos de baja, de los 77 que pasó a planta permanente al 70% los dejamos sin efecto por no cumplir con la antigüedad requerida para ser planta”, señaló el intendente radical. Desde el municipio remarcaron "sabemos cuántos empleados tenemos, no cuántos trabajan y eso queremos resolver".

Con una semana de realización del censo, hubo telegramas de despidos enviados, otros que renunciaron por su cuenta y varios que pidieron licencias sin goce de sueldo. Es sólo el comienzo para el reordenamiento de un municipio que estuvo en manos del kirchnerismo.

Giubetich remarcó que no van a "bancar a aquellas personas que cobran un sueldo y no están en la ciudad o que no cumplen ninguna función. Este es un primer paso, luego deberemos controlar que todos cumplan el horario correspondiente dentro del Municipio, y no que se vayan afectados a otros lugares bajo el ala de un padrino político".

Los desmanejos de fondos también se trasladaron al patrimonio del municipio. Por 180 días el intendente declaró a Río Gallegos en emergencia económica, financiera, adminsitrativa y patrimonial, con posibilidades de extenderla por seis meses más. Se creó una comisión de verificación de deuda y se detectaron varias irregularidades.

“Hay fondos que tenían un destino específico y se usaron para otra cosa, hay obras que Vialidad le estaba pagando a Kank y Costila (empresa del hijo de Lázaro Báez) para pavimentar 100 cuadras y sólo realizaron el 27% y se hizo una ampliación de obra con Austral Construcciones que nunca fue aprobada”, explicó Giubetich. Además, se inició una revisión del patrimonio para denunciar el material faltante: “Faltan, computadores, mobiliarios, expedientes, vehículos -que están retenidos en algún lado-, celulares que les tuvimos que cortar para que devuelvan, se los llevaron directamente”, detallaron a Clarín.

Y como cierre de las irregularidades de la gesitón K, el ex intendente Grasso -que ocupa un cargo en el gabinete de Alicia- “le otorgó a su secretario un importante terreno (manzana 708 parcela 8) en Barrio Parque a una cuadra de la casa de Cristina Kirchner, que escrituró en cuatro días y lo volvimos para atrás”, indicó el intendente.