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Levantarse de una mesa de negociación siempre es una decisión difícil que debe explicarse. Especialmente cuando lo que se dilucida en dicha mesa es, ni más ni menos, la posibilidad de alumbrar un gobierno de cambio en beneficio de la mayoría social.

Si Podemos ha dado por terminadas las negociaciones en este punto es porque el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos cercena las expectativas de revertir los efectos más duros de la crisis, y consolida los principales retrocesos sociales de los últimos años. Difícilmente podremos ponernos de acuerdo a partir de ese documento, pues Podemos no nació ni concurrió a las elecciones generales para rubricar y apuntalar las reformas que durante estos últimos años han lesionado los derechos de la ciudadanía.

En materia económica y laboral el acuerdo entre ambas formaciones es inasumible: entre otras cuestiones, no se propone revertir los recortes en los servicios fundamentales de la pasada legislatura, mantiene aspectos medulares –y lesivos– de la reforma laboral, destierra la necesaria reforma tributaria y conserva la reforma de las pensiones del Partido Popular.

La renuncia del PSOE a revertir los recortes en servicios públicos fundamentales –en concreto los 18.000 millones de euros recortados en educación y sanidad– está directamente relacionada con su firme apuesta en el acuerdo alcanzado con el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, y su intención de situar el déficit por debajo del 3% en 2017. Esta senda de reducción del déficit público mantiene una suerte de “austeridad de baja intensidad” que hace que las apelaciones al fortalecimiento del Estado de Bienestar se queden en meras declaraciones de intención.

En materia laboral nuestras diferencias también son profundas. Bienvenida sea la corrección efectuada por el PSOE sobre el abaratamiento del despido en la contratación temporal. No obstante, la puerta a dicho abaratamiento permanece abierta en tanto en cuanto el acuerdo no especifica si el trabajador costeará o no parte del denominado “fondo austriaco” que se propone para financiar el despido, tanto para los temporales como para los indefinidos.

En todo caso, y más allá de ese debate, el documento consolida elementos medulares de la reforma laboral de 2012. Se mantiene la reducción en las indemnizaciones por despido que aquella reforma legisló, así como la unilateralidad del empresario para fijar el salario y las condiciones de trabajo. También se mantiene la ampliación de las causas del despido objetivo, la supresión de la autorización administrativa previa para las regulaciones de empleo, las facilidades para descolgarse unilateralmente de los convenios o la eliminación del control sobre las horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial. La prioridad del convenio de empresa sólo se revierte para el salario base, pero no para los complementos salariales, muy importantes en muchos empleos.

Pero en materia laboral no sólo se consolidan muchos de los retrocesos que se han experimentado durante la legislatura de Rajoy. Asistimos a una vuelta de tuerca adicional con la desaparición del principio de causalidad en la contratación temporal. Con la nueva figura contractual propuesta en el acuerdo, los contratos temporales ya no tendrán que justificar motivación alguna y podrán utilizarse para puestos indefinidos. Se da carta de naturaleza con ello al fraude actualmente existente, y no se elimina –e incluso podría llegar a reforzar– la razón fundamental de la precariedad: la excesiva facilidad que tienen las empresas para acceder a la contratación temporal.

La incorporación al pacto de elementos de corte neoliberal procedentes de la filosofía de Ciudadanos es particularmente acusada en materia tributaria. El pacto mantiene la reforma fiscal aprobada por el Gobierno del PP en 2015, renuncia a reforzar la suficiencia y la progresividad de nuestro sistema impositivo, e incluso afirma que reducirá nuevamente la tributación en el IRPF “cuando la situación presupuestaria lo permita”.

La voluntad de reformar el Impuesto de Sociedades con el objetivo de acercar los tipos efectivos a los tipos nominales es positiva, aunque seguramente se verá muy limitada al haber desaparecido la propuesta inicial del PSOE que fijaba una tributación mínima del 15% para las grandes corporaciones empresariales. Del acuerdo también queda fuera la urgente necesidad de corregir la dualidad del IRPF entre rentas del trabajo y rentas del capital. La posibilidad de un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas, simplemente, “se estudiará”.

Finalmente, el desarrollo del pacto en materia de pensiones también resulta decepcionante. En noviembre de 2013 el PSOE criticó muy duramente la reforma de las pensiones del Partido Popular señalando, y con razón, que era injusta y que empobrecía “desde el minuto uno" a los pensionistas. El pacto firmado con Ciudadanos no modifica aspecto alguno de aquella reforma, que efectivamente ha supuesto pérdida de capacidad adquisitiva de los pensionistas, y que además conllevará pensiones más bajas en el futuro. Así, se mantiene un índice de revalorización desindexado del IPC y el denominado factor de sostenibilidad.

El PSOE tenía dos opciones posibles sobre la mesa. Establecer un pacto de investidura con Ciudadanos para sumar 130 diputados. O apostar por un gobierno en coalición con las fuerzas del cambio sobre la base de un acuerdo nítidamente progresista, que asegurase al menos 161 diputados de partida. El PSOE ha elegido la primera opción y, con ello, defrauda las aspiraciones de cambio profundo de millones de electores progresistas.

Estar a la altura de este momento histórico significa mantener, por encima de otros intereses, la coherencia política entre lo que se promete en campaña y lo que posteriormente se negocia con otras fuerzas políticas. Toda negociación entraña, por definición, renuncias parciales. Pero una cosa es ceder en aspectos puntuales de tu programa electoral, y otra bien distinta es capitular y dar por enterrada la esperanza de un cambio de calado para nuestro país. Podemos nació con la intención de devolverle a la gente lo que le había sido arrebatado por las oligarquías económicas durante la crisis, con la firme voluntad de regenerar nuestra democracia y con el objetivo de profundizar nuestro Estado de Bienestar. En ese camino nos encontraremos con el PSOE.

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Nacho Álvarez es el secretario de Economía de Podemos.



















