El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la prohibición generalizada de los cortes de suministros básicos en la vivienda habitual mientras dure el estado de alarma y una ampliación del bono social para las personas que han quedado en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la emergencia sanitaria y social del coronavirus, según ha anunciado en una rueda de prensa telemática el vicepresidente para Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

Mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá cortarse el suministro energético de ningún tipo, ni el agua en la vivienda habitual. Esta medida se extiende "al conjunto de la población" mientras esté en vigor el estado de alarma, ha explicado Iglesias.

Además, se amplían los descuentos del bono social para que las personas que han quedado en situación de vulnerabilidad en esta crisis puedan acogerse a él: "Trabajadores afectados por despidos o autónomos que hayan cesado su actividad o reducido sus ingresos como consecuencia de la COVID-19", ha explicado el vicepresidente.

El Real Decreto Ley que ha aprobado el Gobierno también incluye, según fuentes del Ejecutivo, una "suspensión temporal" en el pago de suministros para autónomos y pymes afectados por esta crisis. Estos podrán adaptar sus contratos a sus nuevas realidades de consumo, sin penalización. Es lo que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha calificado como "medidas de flexibilidad" en el pago de los suministros para los autónomos.

Así, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, para autónomos y pymes será posible suspender las facturas de electricidad y gas y abonarlas durante los seis meses posteriores a la finalización del estado de alarma, en partes iguales. Y el decreto "flexibiliza las condiciones de contratación de electricidad y gas para autónomos y empresas, que podrán modificar o suspender temporalmente sus contratos, incluyendo la posibilidad de reducir la potencia y caudales contratados sin coste".

La ampliación del bono social se concederá si el usuario o su unidad familiar percibe una renta anual total no superior a 18.799€ –2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)–, si no hay menores en el hogar; a 22.559€ (3 veces el IPREM), si en la unidad familiar hay un menor; y a 26.318€ (3,5 veces el IPREM), en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar.

Estos beneficiarios del bono social serán considerados vulnerables en tanto no reanuden su actividad laboral y, en todo caso, por un periodo máximo de 6 meses desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado. La condición de vulnerable descuenta de forma directa un 25% en el recibo de la luz.

Las medidas se adoptan con gran parte de la población obligada a permanecer confinada en sus hogares, lo que ha impulsado la demanda doméstica de electricidad mientras se hunde la de la industria y los servicios. Varias compañías del sector ya habían adoptado medidas en esa línea para mitigar el efecto de la pandemia como facilitar o fraccionar los pagos a empresas y particulares.

El primer decreto de medidas sociales aprobado hace dos semanas ya prohibió a las empresas de suministro de electricidad, gas natural y agua cortar el suministro a los consumidores vulnerables hasta el 18 de abril.

Entonces, se utilizó la definición de consumidor vulnerable que recoge la normativa sobre el bono social: aquellos cuya renta anual sea igual o inferior a 11.279 euros (1,5 veces el IPREM) si en la unidad familiar no hay menores; 15.039 euros si hay un menor y 18.800 si hay dos menores, además de familias numerosas y los hogares en los que todos los miembros perciban la pensión mínima. Ahora, se extiende esa prohibición al conjunto de la población.

El primer decreto también prorrogó la vigencia del bono social eléctrico a los beneficiarios que debían renovar su solicitud. Un día después de aprobarse, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya avanzó que "ningún español que piense que puede estar viviendo o atravesando una situación dificultad va a sufrir ningún tipo de corte de suministro ni de agua ni de electricidad ni de gas en sus hogares".

Ribera señaló entonces que su departamento trabajaba en una ampliación del bono social "para introducir un supuesto adicional para quien se encuentre en una situación de necesidad" y añadió que las empresas suministradoras "son conscientes de que deben ir más allá".