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Echen un ojo a la prensa de estos días. Encontrarán como temas principales de la cobertura la telenovela de los Duarte, el pleito de vecindad por inaugurar el segundo piso a Tlalpan entre Mancera y Ruiz Esparza, los pesares del Chapo (#dicen que el pobre está deprimido), Kramer contra Kramer en el PAN, AMLO en su laberinto de contradicciones, etcétera, etcétera.



Hay, por supuesto, otras informaciones. Como el caso de las trapacerías mediante las cuales el Congreso de la Unión pretende ampliar los plazos para los que fueron designados los nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



Y en las primeras planas está, de última novedad, el nombramiento de un nuevo procurador general de la República, cargo que ocupa desde ayer Raúl Cervantes, exsenador de la República.



Todo muy bien (es un decir), en eso andamos los medios en el país en donde hace diez días el crimen organizado dio uno de sus golpes más contundentes, cuando en Metepec ejecutó a plena luz del día a un juez federal, el primero en diez años, el más grave atentado contra el Poder Judicial en mucho tiempo.



El 17 de octubre, el juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías cayó asesinado a manos de dos sicarios. Un video de la ejecución terminó de sellar el mensaje que los criminales querían enviar: vean el descaro y la frialdad con la que nos atrevemos a desafiar al Estado.



La noticia diez días después es que incluso los medios de comunicación hemos abandonado al juez Bermúdez Zacarías. Revisar los principales diarios ayer era constatar que ese atentado había desaparecido de la atención periodística.



Una de las principales funciones de los medios es ejercer, a nombre de la ciudadanía, la presión para que los órganos del Estado cumplan de la mejor manera sus funciones.



Ante la salvajada cometida por los criminales en la persona del juez Bermúdez Zacarías, lo único que puede y debe hacer una comunidad es responder de la manera más contundente posible. Detener pronto y bien a quienes atentaron en contra de un representante social, como lo es el juzgador. Tramitar de manera expedita la investigación y el juicio que supondrá un castigo ejemplar y un mensaje inequívoco: no puedes matar un juez porque la respuesta del Estado será abrumadora y definitiva. Porque el castigo será ineludible. Porque no te saldrás con la tuya.



Esa es la tarea del Estado. Y la tarea de los medios es que el Estado no abandone casos como el de Bermúdez Zacarías.



El día de ayer, al comparecer al Senado para ser ratificado como nuevo procurador, Raúl Cervantes enlistó sus prioridades como fiscal. Aquí el párrafo con sus palabras:



“Lo primero que debemos hacer es dar continuidad para encontrar la solución más satisfactoria posible a los grandes casos pendientes, entre los que se encuentran los de Ayotzinapa, Tanhuato, gobernadores, Nochixtlán, desaparecidos, Tlatlaya, por citar algunos”.



En tan importante fecha como la cita en que pidió a los senadores ser aprobado como procurador, Cervantes ni mencionó al juez asesinado. Sus palabras llenan 25 cuartillas, y en ellas ni una fue para el juez muerto. Así de presente tenía ayer el nuevo fiscal el caso de Bermúdez Zacarías.



No fue un lapsus de Cervantes. Fue un reflejo. Si la prensa no tiene un contador mediático que chicotee pidiendo diario novedades en torno a ese asesinato, si el Congreso no presiona, si la Judicatura no hace ruido, por qué Cervantes iba a tener en mente al juzgador ejecutado.



Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, el juez al que todos hemos abandonado.



Twitter: @SalCamarena



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