El gobierno de Veracruz informó que la relación comercial que sostuvo con 25 empresas fantasma, investigadas por el SAT, fue finiquitada “desde hace años”, y auditada en su momento por el órgano fiscalizador local, que aprobó la legalidad de los contratos que se firmaron.

“La relación comercial entre las empresas investigadas por el SAT y el Gobierno de Veracruz ha sido finiquitada desde hace años, liquidando éste lo contratado con recursos estatales, mismos que han sido auditados por el Órgano Superior de Fiscalización y aprobada la legalidad de las operaciones en las cuentas públicas de años anteriores, por lo que esta soberanía no tiene ningún interés ni participación en las actuaciones de la dependencia federal”, indicó el gobierno del estado a través de un comunicado emitido este martes 21 de junio.

El gobierno de Veracruz agregó que apoya y respalda “las acciones que el SAT desarrolle a empresas veracruzanas, con la finalidad de dar mayor transparencia y aplicación de la ley”.

En mayo pasado, el gobierno de Veracruz indicó que “cada empresa tiene una cuenta por liquidar, que está cargada en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz y debe cumplir con requisitos como un contrato,una fianza y un proceso licitatorio”.

Este martes, Animal Político publicó que el SAT comprobó que 25 de las 26 compañías investigadas no existen y se presume que sus operaciones son falsas.

Además dio a conocer las primeras sanciones, entre ellas la cancelación del registro fiscal para que estas empresas ya no puedan emitir facturas, su inclusión en la “lista negra” de empresas no localizadas, y el inicio de auditorías para comprobar si hay evasión fiscal. Como medida precautoria, se congelarán incluso cuentas bancarias.

Tras concluir la verificación física de estas 26 empresas, iniciada el 24 de mayo, el resultado es que no hay ni rastro de 25 de ellas en sus domicilios fiscales y no hay evidencia material de que hayan operado ahí. Entre esas compañías está una que reportó operaciones por más de mil millones de pesos y nueve con más de cien millones, todas contratadas por el gobierno de Veracruz.