Se dijo esta semana, una y otra vez y de maneras que deberían ser alarmantes para cualquier persona que valore la libertad de pensar lo que uno desee sin que eso implique una persecución en su contra, que ser ateo es equivalente a no ser digno de tener un cargo público, ni de opinar en medios de comunicación. Más preocupante aún, esta posición ha sido recibida con beneplácito por un número nada despreciable de personas.

El destituido exprocurador Alejandro Ordóñez emprendió un ataque contra el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, sencillamente porque en una entrevista con el Canal Caracol reflexionó sobre su ateísmo. En su continua campaña política y en el desespero de conseguir apoyo a partir de declaraciones radicales, Ordóñez escribió en su cuenta de Twitter que Gaviria “salió del clóset” y que, por ser ateo, el Gobierno promovía una “cultura de la muerte”; agregó que “Colombia es un país creyente (y) por eso no merece ministros ateos”, y preguntó: “¿Dejaría usted la salud de su familia y la educación de sus hijos en manos de un ateo?”.

En pleno siglo XXI vemos la palabra ateo utilizada como sinónimo de inmoral, como si la religión fuese el único código ético por el que se pueden regir los humanos. ¿Qué tiene que ver el hecho de no creer en Dios con la competencia o incompetencia de un funcionario? Nada, por supuesto. Un médico, un maestro o un funcionario deben ser juzgados por sus competencias, por su preparación, por su desempeño en temas puntuales, no por si creen en un ser celestial.

La separación de Iglesia y Estado fue un logro histórico muy complejo que apunta a la idea de que la sociedad es de todos, no sólo de quienes crean en una religión particular, así sean mayoría. También es una respuesta lógica a la realidad evidente (aunque tanto odio parece indicar lo contrario) de que no porque alguien crea en Jesús, o en Buda, o en Alá, o en la probabilidad de que tal vez no haya un dios, eso significa que esa persona sea superior o inferior, o carente de características que justifiquen su discriminación.

Son demasiado ligeros quienes buscan silenciar y excluir a alguien simplemente por su ateísmo. Parecen no percatarse de la sencillez con que se puede devolver el argumento. ¿Qué dirían los innumerables médicos católicos del país de alguien que pregunte, para invertir el despropósito de Ordóñez, si las personas estarían dispuestas a dejar su salud en manos de un creyente? Lo mismo, por supuesto: ¡que la religión no tiene nada que ver! Quienes son tan prontos para utilizar el argumento de la cristianofobia (deplorable, como cualquier discriminación), ¿no notan el peligro de juzgar a alguien por sus creencias (o ausencia de ellas)?

También es irracional asumir que un ateo está ofendiendo las religiones por expresar sus ideas, a tal punto que amerita ser silenciado. Raúl Tamayo, en El Colombiano, critica a la columnista Ana Cristina Restrepo, de ese diario y también de El Espectador, porque manifestar su experiencia en el ateísmo supuestamente no respeta las creencias de los demás. Suscribe el columnista una carta de un lector que sufría porque Restrepo publicó comentarios “hirientes” contra la fe católica durante la Semana Santa. En otras palabras: libertad de expresión sí, pero sólo cuando no incomode; ah, y sin cuestionar nada “sagrado”. ¿No ven lo dañino de esa posición? ¿No recuerdan la historia de opresión contra la que el periodismo ha tenido que luchar? Tan fácil que es aplastar cuando uno se siente parte de la mayoría.

Es frustrante ver que todas estas formas de autoritarismo sean populares y recibidas con aplausos. Vale recordar cuando, en la campaña de 2010, al hoy presidente Juan Manuel Santos —que se proclama de principios liberales— le preguntaron: “¿Qué tiene Santos que no tiene Mockus?”. Y él contestó: “Yo creo en Dios”. Cambian los apellidos, pero el fondo es el mismo: la discriminación utilizada como estrategia política efectiva.

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