A bordo de una aeronave ejecutiva, propiedad de un empresario que recibió del gobierno de Nuevo León mil 579 millones de pesos para remodelar un terreno tras una licitación irregular, la familia del exgobernador Rodrigo Medina viajó 33 ocasiones a los Estados Unidos entre 2010 y 2015, y lo hizo gratis.

La Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León cuenta con las bitácoras de vuelo de un avión modelo Learjet que acreditan que los familiares de Medina utilizaron dicho aparato para sus vacaciones y fines particulares. Se trata de la misma aeronave que el exmandatario también usó para vuelos de trabajo desde el 2010.

El titular de la subprocuraduría Ernesto Canales confirmó en entrevista con Animal Político, que los documentos que acreditan estos viajes forman parte del material probatorio que será entregado a un juez para sostener la acusación en contra del exgobernador por ejercicio ilegal del servicio público y peculado, entre otros delitos.

Fue a través de una denuncia que se hizo a la fiscalía anticorrupción como se descubrió y acreditó estos viajes que se realizaron en los últimos cinco años.

“Nosotros tenemos una denuncia dentro de las varias que hemos recibido y bueno, evidentemente cada vuelo que se hace tiene una bitácora no solo del destino sino de quienes son todos los pasajeros del mismo. Es ahí cuando descubrimos esta situación y pues es evidente que es irregular. La aeronave es de un contratista del gobierno” dijo el subprocurador.

De acuerdo con la investigación los vuelos no fueron pagados con dinero público; de hecho no fueron pagados con nada porque la empresa involucrada no los cobró. Sin embargo, la aeronave es propiedad de una empresario al que la que la administración de Medina le dio un contrato por mil 579 millones de pesos para remodelar un terreno en el municipio de Pesquería donde se construyó la planta de la automotriz KIA.

El subprocurador Canales dijo que como autoridad no pueden dar a conocer el nombre de la empresa contratista vinculada con la aeronave ni la identidad de sus dueños, pues se violentaría el principio de presunción de inocencia que privilegia el sistema penal acusatorio, pero señaló que toda la información estará dentro de la carpeta de investigación que será entregada al juez.

Lo que sí dijo, es que los vuelos gratis para la familia de Medina no son la única irregularidad detrás de estos contratos.

Licitación a modo y compadrazgos

Las irregularidades en torno al caso de la planta de la automotriz KIA empezaron desde la selección de los terrenos en el municipio de Pesquería.

Canales explicó que las investigaciones de la fiscalía permitieron identificar que dichos terrenos fueron seleccionados a través de un despacho de consultoría que, en teoría, fue contratada vía licitación para buscar el sitio más adecuado.

Sin embargo, se descubrió que los accionistas de dicha consultora están relacionados con los dueños de los terrenos que además fueron comprados al triple de su costo real.

“La selección de los terrenos se realizó a través de una empresa consultora que tiene vínculos con los dueños de los terrenos adquiridos… es un elemento claramente irregular que estamos verificando” dijo el subprocurador

Aunque las autoridades de Nuevo León evitaron dar a conocer los nombres, desde el año pasado medios revelaron que los terrenos seleccionados en Pesquería para la planta de KIA pertenecían a Bernardo Castillón Gómez, compadre del exgobernador Rodrigo Medina, y a Juan Manuel García Cañamar, amigo también del exmandatario estatal.

Fue en 2013 cuando Castillón Gómez y García Cañamar adquirieron por 55 millones de pesos estos terrenos de poco más de 120 hectáreas. Luego, apenas 15 meses después, fueron considerados los “más adecuados” por la consultora contratada por Nuevo León y los vendieron en 186 millones de pesos, es decir, 238 por ciento por encima de lo que se pagó inicialmente.

Luego de adquiridos los terrenos, Nuevo León los entregó a la constructora Profrezac que ganó una licitación por un contrato de mil 579 millones de pesos, con la finalidad de realizar la sobras correspondientes para que la planta pudiera ponerse en marcha.

El subprocurador Canales dijo que están verificando además de la selección de los terrenos, cada fase de la adjudicación de este contrato, desde el diseño de una licitación a modo hasta el posible incumplimiento de los trabajos realizados. Dijo que se tienen anomalías detectadas pero prefirió no ventilarlas para no afectar el proceso.

Lo que si había denunciado públicamente el actual gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, es que los trabajos de Profrezac no se realizaron de forma adecuada y prueba de ello era que la tierra que se sustrajo para instalar la planta no se depositó en un sitio seguro a 5 kilómetros de distancia, sino que solo fue aventada a un lado, en una cañada.

“”Muchas cosas se obviaron por traer con urgencia a KIA, y por eso hoy tenemos grandes problemas. Esa tierra debió haberse llevado a 5 kilómetros de distancia, y la llevaron 500 metros, y es la falta de supervisión de las cosas (…) de los contratos que se hicieron estamos haciendo ahorita un análisis muy preciso de cuánta tierra se movió y si fue realmente lo que se pagó” dijo el mandatario.

El avión sospechoso

Para no afectar el principio de presunción de inocencia la Subprocuraduria Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León prefirió no identificar con nombre y apellido al contratita relacionado con la aeronave en la que han viajado Medina y sus familiares, y solo confirmó que se trata de la empresa relacionada con el terreno donde se instaló la planta de la armadora automotriz surcoreana.

Pero en 2014 una investigación periodística reveló que José Aguirre Campo, dueño de la empresa Profrezac a la que se había asignado el contrato para remodelar el terreno donde se instaló KIA, era también propietario de un avión ejecutivo que el exgobernador Rodrigo Medina había utilizado prácticamente desde que inició su administración.

Se trata de una aeronave Learjet 45 matrícula XA-UJR de la compañía Universal Jet Rental de México, de la que también es propietario Aguirre Campo.

Lo que ahora revelaron las investigaciones de la Fiscalía, es que la aeronave también fue utilizada por los familiares del exgobernador en más de 30 ocasiones y sin ningún costo

El uso del avión y el contrato con el terreno no fue el único vínculo denunciado desde 2014 entre Profrezac y la administración de Medina. El empresario José Aguirre Campo es según el reportaje, dueño del consorcio Noticias en Tiempo Real (NTR), cuyo director general Enrique Laviada Cicerol se desempeñó como director de comunicación social del gobierno de Nuevo León en 2011 y 2012.

Según la investigación periodística, la licitación que ganó Profrezac para remodelar el terreno donde se instaló la armadora KIA, se realizó “Fast Track” y con supuestos “requisitos inalcanzables” para otras constructoras.

El subprocurador Ernesto Canales confirmó a Animal Político que este contrato se encuentra bajo investigación, desde su concurso hasta su cumplimiento, por las posibles anomalías cometidas por las dependencias estatales involucradas.

Desafuero en puerta

Por la investigación relacionada con el desvío de recursos públicos, Ernesto Canales confirmó que se procederá también en contra de dos diputados federales que fueron servidores públicos en la administración de Rodrigo medina.

Precisó que en el caso de los legisladores se solicitará en los próximos días un juicio de desafuero ante el Congreso estatal, para luego proceder en su contra penalmente. Omitió como en los casos anteriores revelar las identidades hasta que no se puede formular las imputaciones correspondientes ante el juez

Respecto a Medina y once exfuncionarios de su gobierno a los que se les decretó un embargo precautorio de 22 propiedades, confirmó lo publicado por Animal Político, respecto a que será antes del jueves cuando se presente el caso al juez correspondiente y se pida fecha de audiencia inicial.

Cuestionado sobre los señalamientos de Rodrigo Medina, respecto a que el caso en su contra era productos de una “persecución política”, el subprocurador de Nuevo León rechazó lo anterior al sostener que su trabajo obedece a un cumulo de denuncias que se recibieron desde el periodo de transición en 2015, y al nacimiento de la subprocuraduría anticorrupción en diciembre de ese mismo año.

“No nos hubiéramos atrevido a pedir el embargo precautorio sino consideráramos que hay responsabilidad de las personas a la que embargamos los bienes. Lo decimos con base en las denuncias presentadas y las investigaciones realizadas por la subprocuraduría” dijo Canales.