La denuncia, presentada por Claudio Lozano (Unidad Popular) y Jonatan Baldiviezo (Observatorio del Derecho a la Ciudad), hace foco en el oneroso acuerdo firmado por el gobierno de Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 a cargo del juez Sebastián Roberto Ramos.

En su presentación los denunciantes advirtieron que el acuerdo con el FMI es inconstitucional porque debió necesariamente ser tratado en el Congreso.

En la denuncia se demuestra además "la irracionalidad y el daño que el acuerdo con el FMI (violatorio de la institucionalidad de nuestro país y de los propios Estatutos del organismo) ha producido sobre la economía y la sociedad argentina dónde se desprende con claridad la Administración Fraudulenta en la que ha incurrido el Presidente Mauricio Macri y sus funcionarios".

Y detallan: "Desde el 22 de Junio del 2018 al 16 de Julio del 2019, ingresaron a la Argentina en ese período U$S 44.490 millones. Solo se utilizaron para pagos de deuda por U$S 28.594 millones. En el mismo período, salieron del país U$S 36.380 millones. Es obvio que si el FMI prestó U$S 44.490 millones y en la Argentina se fugaron en el mismo período más de U$S 36.000 millones y se pagaron solo U$S 28.000 millones, el país tenía dólares propios para afrontar sus pagos y por lo tanto, el endeudamiento con el FMI carecía de sentido".

Los denunciantes advierten además que el FMI fue cómplice "de la orgía espaculativa que caracterizó a la adminsitración Macri al instituir un régimen de política económica que combinó el endeudamiento con la valorización financiera y la fuga de capitales".

Este régimen entró en crisis a comienzos de 2018 y el FMI permitió sostenerlo gracias al financiamiento que aportó.

A lo largo de la gestión Macri se fugaron más de 83 mil millones de dólares al tiempo que la intervención del FMI de dio en paralelo con la aceleración de la fuga de capitales.

Y advirtió que la acumulación de vencimientos con el FMI por más de 51 mil millones de dólares en los próximos años "define la inviabilidad financiera de la Argentina".

La denuncia recordó además que el 1° de septiembre se estableció un cepo para personas físicas y empresas y los plazos para la liquidación de los dólares de exportación. Cepo que al día siguiente de las elecciones presidenciales se endureció estableciendo un nuevo límite de 200 dólares mensuales a la compra a la compra de dólares para personas físicas. "A todas luces surge la conciencia de los funcionarios de la necesidad de estas medidas para evitar la fuga de capitales pero por cuestiones de intereses electorales del presidente no se adoptaron en detrimento de la población argentina y de su economía", advierte la denuncia penal.