Sentado al amparo de una sombra junto a un huacal hecho con un puñado de maderas, donde su esposa hierve un par de nopales en una olla, se encuentra Tomás Elizalde, un campesino y agricultor indígena mazahua de 63 años.

Tomás, que vive en una casa de adobe en una ranchería de San Felipe del Progreso, un municipio del Estado de México donde el 80% de la población es pobre, cuenta que fue víctima de una estafa que lo ha dejado en la ruina, pagando una deuda durante cuatro años que absorbió todo su patrimonio.

Es por ello que, según cuenta el campesino, en el corral de su modesta granja, a la que se llega tras recorrer caminos estrechos inundados de lodo por las últimas lluvias, ya no hay ningún caballo. Ni tampoco borregos, reses, ni los cerdos que engordaba para vender.

Te puede interesar: Paramilitares y grupos delictivos acechan a indígenas tzotziles en los Altos de Chiapas

Si acaso, por ahí quedan desperdigadas un par de gallinas y algún pollo que irá a ofrecer al mercado a cambio de unos pesos. Aunque, a su edad, dice Tomás acariciándose el mostacho plateado por los años, lo de ir al mercado ya le cuesta mucho trabajo. Sobre todo, desde que también perdió su camioneta y tiene que caminar a todas partes con los zapatos agrietados, y la suela llena de agujeros.

Pero si no vende los pollos, no hay comida. De hecho, doña Juana Bravo, la esposa de Tomás, asegura que hace tiempo que en la casa no se sirve carne. Aunque, aun así, da gracias a que al menos tienen los nopales, el elote y algunas calabazas que les regala el poco campo de cultivo que les queda. Porque si eso también lo pierden, dice encogiendo los hombros, no sabe cómo podrían sobrevivir.

No obstante, su vida no siempre fue así, matiza Tomás. Si bien nunca vivieron en la abundancia -su casa de paredes de adobe es la que han habitado siempre-, hasta hace unos años su modesta granja les daba el sustento para mantenerse a flote.

Todo empezó a derrumbarse en 2013, cuando pidió un crédito de 150 mil pesos a un prestamista local, del que prefiere no dar mayores señas, para pagar a quien dijo ser un asesor técnico de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), que le prometió cuantiosos apoyos gubernamentales para que pudiera comprar más cabezas de ganado y acceder así a mejores oportunidades de vida.

Pero la promesa nunca se cumplió: el asesor José de Jesús Hernández García, que era una especie de ‘facilitador’ de proyectos, no le entregó nada, se quedó con su dinero, y lo dejó además con una deuda que se disparó hasta los 500 mil pesos por los intereses desorbitados del prestamista, que además lo amenaza con quedarse con el poco patrimonio que le resta.

“Voy a tener que vender mi terreno para terminar de pagar lo que debo. Después de eso, no sé qué voy a hacer”, lamenta Tomás con el ceño fruncido, mirándose las palmas ásperas de las manos vacías.

Y su caso no es el único. De hecho, es uno entre otros 47 más que también denunciaron que fueron víctimas de engaños.

Leer: Indígenas y salud, cuando 8 millones de personas no importan

Por ejemplo, Adán Federico Vázquez, otro campesino mazahua que vive en una casa de madera a punto de desmoronarse por el reblandecimiento de la tierra que trajo la lluvia, también fue estafado y lleva cuatro años pagando la deuda -más intereses- que adquirió con otro prestamista. Él solicitó, a través de José de Jesús, apoyos a Sedatu para cambiar la casa de madera por otra de concreto, con drenaje y servicio sanitario.

Y Catalina Urbina, que vive en una pequeña casa en la localidad mexiquense de San Nicolás Guadalupe, llora porque no sabe cómo se quitará de encima a la señora que, casi a diario, toca su puerta para exigirle las escrituras de la vivienda, por el impago de la deuda que contrajo para pagar al asesor de Sedatu.

En total, son 48 personas indígenas que forman parte de la organización civil Mazahua para la Transformación Integral (MATI AC), las que denunciaron que fueron estafadas.

A todos ellos, el hoy exasesor técnico de Sedatu les sacó presuntamente con engaños y con la falsificación de documentos más de 5 millones de pesos, para luego desaparecer sin que la Fiscalía mexiquense haya sido capaz de localizarlo en los últimos cuatro años, dejando el caso en la impunidad.

‘Mochadas’ para los patrones

Rosa María Ángeles Aguilar, fundadora de la asociación MATI AC, explica que denunciaron por fraude a José de Jesús Hernández en diciembre de 2015, tras años de promesas incumplidas.

Pero, antes de llegar a ese punto de la denuncia, la mujer de origen mazahua cuenta que todo empezó a finales de 2012, en el inicio del gobierno de Peña Nieto.

En diciembre de ese año fueron a las oficinas de la Sedatu en la Ciudad de México para informarse sobre los apoyos que podían solicitar en beneficio de 48 personas de su organización, que viven en condiciones de pobreza moderada y extrema.

En la Sedatu les informaron que, para ser beneficiarios de los programas sociales, como el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag), debían cumplir con los habituales trámites burocráticos, y contar con un asesor técnico para gestionar los recursos, el cual, a su vez, debía estar inscrito en el padrón de la Dirección General de Coordinación y tener una Clave Única de Habilitación (CUHA).

Rosa María narra que en la misma Sedatu les recomendaron que buscaran al técnico José de Jesús Hernández García, puesto que estaba inscrito en la dependencia, contaba con todos los requisitos, y vivía a escasos kilómetros de la sede de MATI AC, ubicada en Ixtlahuaca, Estado de México.

Al principio, todo marchó bien, subraya Rosa María: “José de Jesús nos mostró sus documentos para que viéramos que podíamos confiar en él. Nos enseñó su carta de antecedentes no penales, su clave CUHA, y hasta nos llevó a su casa para que conociéramos a su familia”.

Convencidos y confiados por las referencias de José de Jesús, quien incluso les aseguró que fue funcionario local en el Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, los 40 integrantes de la asociación enlistaron los proyectos que solicitaron a Sedatu, con los que ya soñaban que accederían a mejores condiciones de vida.

Victoria González, por ejemplo, pidió 450 mil pesos de crédito para abrir un criadero de truchas, y Pedro Antonio Andrés abriría un cibercafé con 180 mil pesos.

Pero los inconvenientes no tardaron en llegar.

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la unidad de robo con violencia y cuantía mayor de la Fiscalía General del Estado de México, la asociación MATI AC expuso que, solo por arrancar los trámites burocráticos ante Sedatu, José de Jesús les pidió 126 mil pesos en efectivo “para mochadas para sus patrones”, sin especificar quiénes eran esos supuestos jefes de “las altas esferas”.

No era la primera vez que trataba de intimidarlos con supuestas influencias políticas. Rosa María asegura que frecuentemente les decía que estaba protegido por “gente pesada” del Gobierno Federal. Incluso, llegó a asegurarles que era hijo de Colosio y que pertenecía a una sociedad masónica secreta.

Además del dinero para sobornos, José de Jesús pidió presuntamente a cada una de las 48 personas indígenas, siempre en efectivo y sin factura, una cantidad de dinero que oscilaba entre los 35 y 45 mil pesos por crédito solicitado, arrojando la suma de un millón 065 mil pesos.

Además, los integrantes le pagaron otros 120 mil pesos en concepto de “papelería, casetas y combustible”, y 720 mil pesos más por la gestión de los proyectos.

Y, por si fuera poco, 11 de los integrantes de la asociación indígena le pagaron otros 440 mil pesos, a cambio de acceder a unas plazas de maestros de educación primaria y secundaria, que José de Jesús dijo haber conseguido para ellos como parte de los apoyos prometidos.

Oficios falsos

Una vez pagada estas cantidades en efectivo, Victoria Cruz, otra de las fundadoras de MATI AC, expone que pasó un año sin que llegara el dinero de los proyectos de Sedatu, ni las plazas de docentes.

La gente comenzó a impacientarse. Pero Victoria narra que el asesor técnico llegaba siempre a las reuniones cargado de palabrería, y de supuestos documentos.

“José de Jesús es de esas personas que sabe convencerte con la palabra”, asegura Victoria.

En una de las reuniones, por ejemplo, el asesor técnico les entregó unos oficios con logos de la Sedatu, en los que les informaba que sus apoyos para abrir tiendas de abarrotes, granjas, papelerías, etcétera, ya habían sido autorizados por una supuesta “coordinación operativa” de la dependencia federal.

Sin embargo, ninguno de los oficios, a los que Animal Político tuvo acceso, tiene las características típicas de cualquier documento oficial de Gobierno: no incluye el número de folio, la fecha, lugar, ni la firma de algún funcionario responsable.

Por si fuera poco, es un documento plagado de faltas de ortografía. Por ejemplo, aparece “veneficiario” en lugar de beneficiario, y días “aviles” en lugar de días hábiles.

Animal Político entregó varios de estos oficios a la Sedatu para cuestionarle sobre su autenticidad. Tras un análisis, Luis Alberto González Luna, subdirector de la Dirección General de Coordinación de Delegaciones de Sedatu, confirmó en entrevista con este medio que los oficios, efectivamente, son falsos.

Pero no fueron los únicos documentos apócrifos.

Para hacerles creer que las plazas de maestros ya habían sido supuestamente aprobadas, el exasesor técnico les entregó otros escritos con logotipos del gobierno del Estado de México, en el que el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México les daba “la más cordial de las felicitaciones” por su ingreso al magisterio.

Se trata de escritos algo más elaborados -indican lugar y fecha, y un supuesto número de folio-, aunque también están plagados de faltas de ortografía, como escribir “de vera tomar las capacitaciones” en lugar de deberá tomar las capacitaciones.

El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México confirmó a la Policía de Investigación de la Fiscalía mexiquense, en un escrito del 4 de marzo de este año al que este medio tuvo acceso, que estos oficios también son falsos.

Y hay más.

En otra reunión con los integrantes de MATI AC, y ante el reclamo de que a dos años aún no recibían los apoyos prometidos, José de Jesús les dijo que los recursos ya no los entregaría Sedatu, sino que sería Fundación Walmart; una organización no lucrativa creada en 2003 que busca ayudar a pequeños productores en condiciones vulnerables.

De nuevo, José de Jesús entregó otros supuestos oficios -casi con las mismas faltas de ortografía a las de los otros documentos falsos- en los que la Fundación aseguraba a cada integrante de MATI AC que habían sido elegidos beneficiarios del programa ‘abrir o ampliar un negocio’. A cambio, claro, les cobró 35 mil pesos por cabeza por hacer supuestamente el trámite.

Animal Político también buscó a Fundación Walmart para cuestionarle sobre la autenticidad de los oficios, y ésta también corroboró que son documentos “totalmente falsos”.

“La Fundación no tiene conocimiento de haber recibido un oficio con dichas nomenclaturas o, en su defecto, haberlo expedido. No contamos con programas con ese nombre textual. Y no tenemos como beneficiarios directos a personas físicas, sino a organizaciones”, respondió la Fundación, advirtiendo que estudian interponer medidas legales por el uso indebido de su marca.

Además, el Ayuntamiento de San Felipe confirmó otra mentira: José de Jesús Hernández nunca fue funcionario local, tal y como aseguró el municipio en un oficio que remitió el pasado 15 de febrero de este año a la Fiscalía General del Estado de México, al que este medio también tuvo acceso.

Una perito certificada contabilizó en un dictamen pericial que entregó a la Fiscalía mexiquense, y del que este medio guarda copia, que los integrantes de la asociación MATI AC entregaron 5 millones 330 mil pesos a José de Jesús Hernández.

A cambio, no hay evidencia de que el exasesor técnico de Sedatu, que a la fecha se encuentra en paradero desconocido, entregara ninguno de los proyectos comprometidos, agravando aún más si cabe la situación precaria de personas indígenas como el señor Tomás Elizalde, que a cuatro años de que la Fiscalía mexiquense abriera una carpeta de investigación por el caso, aún espera que se haga justicia y le regresen el dinero para no perder su casa de adobe.

Previo a la publicación de este reportaje, Animal Político buscó a José de Jesús Hernández para conocer su versión de los hechos a través del abogado Salomón Valverde. Sin embargo, el letrado respondió a la solicitud de entrevista asegurando que desde hace dos años ya no defiende al señor José de Jesús, y que también desconoce su paradero actual.

“No puedo apoyar en localizarlo, puesto que ignoro dónde se encuentra”, se excusó el abogado en un mensaje de texto.