Agencias de inteligencia que investigan a empresas sin pasar por el sistema judicial, bancos que reciben el dinero que huye de los países y los deja al borde de la quiebra, fondos buitre que operan para desestabilizar la deuda soberana... Estos podrían ser delitos considerados de lesa humanidad y por tanto susceptibles de ser objeto de la justicia universal.

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En un momento de retroceso en muchos países de este principio jurídico -sobre todo en España-, un grupo de juristas internacionales encabezados por el exjuez Baltasar Garzón se reunirá en unas semanas en Buenos Aires para debatir cómo poner a los delitos económicos y medioambientales al nivel de la tortura o el genocidio. "Desarmar económicamente un país también mata", argumenta el también exjuez argentino Raúl Zaffaroni. "Las crisis humanitarias y económicas causan más muertes en el mundo que todos los genocidios que hayamos documentado", refuerza Garzón.

Los dos han presentado este miércoles el Congreso Jurisdicción Universal en el siglo XXI, organizado por la Fundación Baltasar Garzón (Fibgar) que se realizará en Buenos Aires del 8 al 10 de septiembre y en el que 38 ponentes de 12 nacionalidades, entre ellos la premio Nobel Rigoberta Menchú, pondrán en común las conclusiones de los grupos de trabajo que llevan meses reuniéndose en España, Paraguay, Puerto Rico, Holanda o Sudáfrica.

Buitres y fuga de capitales

Los juristas creen que en el plazo de una década el debate que plantean será ineludible: qué papel juega la jurisdicción universal en ciertos crímenes económicos y ambientales que afectan a miles de personas. Y apuntan a la necesidad de analizar desde ahora aquellos ámbitos en los que no hay una buena tipificación de los delitos o falta regulación. Por ejemplo, en el caso de los fondos buitre que especulan con la deuda soberana de los países.

"Mientras los griegos votaban en referéndum se producía una salida masiva de dinero, unos 2.000 millones de euros. Eso dejó al país al borde del colapso y a los ciudadanos pudiendo sacar unos pocos billetes a la semana. Y ese dinero lo recibieron unos bancos a los que no se exige ninguna responsabilidad por que no está regulada", explica Garzón. "Se podría pedir una devolución o un embargo inmediato de ese dinero", sostiene. Por su parte, Zaffaroni apunta que esa responsabilidad podría no ser sólo penal sino civil. "Eso les dolería más", ironiza al referirse a posibles multas.

La cuestión es cuándo los delitos podrían ser considerados de lesa humanidad. Para estos ex magistrados lo importante es no salirse de los límites de la propia definición. Es decir, cuando se trate de una política o acción sistemática que afecte a sectores concretos de la población y genere un deterioro masivo de sus derechos.

Por eso, aunque el foco y los ejemplos que utilizan apuntan a las empresas y corporaciones internacionales, los gobiernos también serían susceptibles de ser acusados de este tipo de crímenes. "El caso del espionaje económico de Estados Unidos es muy evidente: depende del Gobierno", apunta Garzón. Otro caso podría ser el de países que a través de sus normas favorecieran el accionar de poderes privados sin exigencias y sin control. "Actuarían, al igual que las corporaciones, por acción u omisión en contra de los derechos de la humanidad".

Los derechos de la naturaleza

"Vemos cómo el calentamiento global ocasiona desastres naturales y hambrunas. Antes de llegar a un punto de no retorno hay que hacer valer la soberanía judicial universal", defiende Garzón.

"No es posible que se esquilmen impunemente los recursos naturales, poniendo en riesgo y afectando a la vida no sólo de los pueblos originarios sino de toda la humanidad", sostiene Garzón. "El problema no es el imperialismo del siglo XIX. Hoy las corporaciones internacionales ponen coto al poder político y son las que presionan para que se meta dentro de la jurisdicción universal lo que les conviene y que no entre lo que les podría afectar", asegura Zaffaroni.