El Pacto Verde Europeo aprobado el 13 de diciembre por el Consejo Europeo y presentado en la COP 25, que pretende conseguir la descarbonización en 2050, es la relación de una decena de planes que aún no se han concretado.

El acuerdo del Consejo Europeo dejó pendiente una parte fundamental por aprobar, que es la taxonomía para identificar qué inversiones son sostenibles, y por lo tanto subvencionables, y cuáles no lo son.

El Pacto Verde aprobado no dice nada al respecto de la taxonomía, pero cuatro días después de su aprobación, los Estados miembro alcanzaron un preacuerdo sobre los criterios para clasificar qué inversiones se consideran verdes. En este preacuerdo se deja la puerta abierta para que la energía nuclear y el gas natural puedan catalogarse como sostenibles, lo que supone que podrán acceder a fondos europeos y del BEI (Banco europeo de inversiones) y a fondos nacionales, en detrimento de las inversiones en renovables y eficiencia energética.



Esta decisión entra en contradicción con los objetivos que planteó la ONU en la COP 25 de eliminar las ayudas a los combustibles fósiles. También es contraria a lo que plantea el panel de investigadores del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), pues considera que, para evitar la subida de temperatura del planeta por encima de 1,5ºC, habrá que reducir el uso de gas en un 15% en 2030 y un 43% en 2050. También es incompatible con el propio anuncio del BEI en la COP 25 de no financiar proyectos de combustibles fósiles y con las directivas europeas del “paquete de invierno” que en ningún caso citan a la nuclear o el gas como fuentes de respaldo a las renovables.

Los fondos europeos no se deben destinar a ninguna energía fósil, y menos importada del exterior, sino a proyectos de energías renovables distribuidas y de eficiencia energética en la edificación, la industria, el transporte y la agricultura

El hecho de que en el listado de Proyectos de Interés Común (PCI) se mantengan 32 proyectos de infraestructuras gasistas, con una inversión de 29.000 millones de euros, no tiene ningún sentido por ser inversiones contaminantes e innecesarias para el objetivo de descarbonizar la economía europea. Los fondos europeos no se deben destinar a ninguna energía fósil, y menos importada del exterior, sino a proyectos de energías renovables distribuidas y de eficiencia energética en la edificación, la industria, el transporte y la agricultura, siguiendo la hoja de ruta que establecen las directivas europeas. El Parlamento Europeo debe rechazar estas inversiones por coherencia con la declaración de emergencia climática que aprobó en noviembre.

Es incongruente con los discursos de la nueva presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y con la prometida lucha contra el Cambio Climático y transición justa a energías renovables, el incluir la nuclear y el gas natural como energías sostenibles en un Pacto Verde.

El gas natural que es fundamentalmente metano (uno de los principales gases de efecto invernadero), produce CO2 al quemarse, y la energía nuclear provoca contaminación radioactiva y genera riesgos inasumibles para la población como ya se ha demostrado en los accidentes ocurridos hasta la fecha (Three Mile Island, Chernobil, Fukushima…). Ambas fuentes energéticas se basan en el uso de recursos extraídos de la corteza terrestre que al no ser renovables se agotarán a lo largo del siglo XXI. Por lo tanto es evidente que no son energías verdes, ni descarbonizadas, ni limpias.

Sospechamos que detrás de esta sorprendente y preocupante taxonomía del Pacto Verde Europeo se encuentran los intereses de Francia y Alemania. Se da la circunstancia de que Francia se enfrenta a la ruina de su industria nuclear, sin recursos para afrontar el mantenimiento de sus 58 centrales y el encarecimiento de las nuevas plantas de Flamanville y Reino Unido. Alemania ha impulsado el segundo gasoducto del Báltico, Nord Stream II, para duplicar el bombeo del gas de Gazprom a Europa, aumentando la dependencia del gas ruso.

Proponemos la modificación del Pacto Verde Europeo a través de 4 puntos:



1. Exigir a los gobiernos la trasposición y el cumplimiento de las directivas europeas incluidas en el “paquete de invierno”. La más alta eficiencia energética con generación renovable distribuida, gestión de la demanda y la participación de los consumidores es el modelo de transición energética y la hoja de ruta hacia la descarbonización de Europa en 2050. La combinación de energías renovables con baterías de almacenamiento harán innecesario el gas y la energía nuclear como energías de respaldo para garantizar el suministro. Las nuevas directivas establecen una serie de derechos a los que se estaría negando el acceso a la ciudadanía, en caso de no incorporarse a la legislación estatal.

2. No aceptar como sostenibles la energía nuclear y el gas porque son contrarias a la protección de los consumidores, consumidoras y del medio ambiente, al ser fuentes que encarecen la energía, contaminan, generan riesgos inasumibles, y elevan las importaciones energéticas. No son energías limpias, baratas ni seguras, todos ellos criterios defendidos por la política energética de la UE en la anterior década. La taxonomía ahora preacordada los incumple al tratar a la energía nuclear y al gas en igualdad de condiciones de mercado con un criterio de neutralidad tecnológica porque contribuye a agravar más los impactos del cambio climático que a combatirlo.

3. La transición justa se tiene que orientar hacia las políticas activas de empleo en las nuevas especializaciones productivas a generar con el paso hacia la transición energética, al cambio del modelo de crecimiento y no limitarse a ayudar a las regiones mineras. Existe un enorme yacimiento de empleo de calidad asociado a la eficiencia energética en la edificación, el transporte y en todo el sistema productivo (industria, agricultura, turismo…), así como al fomento de las energías renovables a través del autoconsumo compartido, con almacenamiento, las comunidades de renovables y las comunidades ciudadanas de energía con un potencial que es urgente desarrollar.

4. Reconocer y defender el derecho de ciudadanía a una vida que asegure una buena calidad del medio ambiente en general y comprometida con la lucha contra el cambio climático en particular, que anteponga los derechos de las personas a los intereses de las políticas y sectores empresariales contaminadores. La reciente sentencia del Tribunal Supremo de Países Bajos ordenando a su gobierno proteger a su ciudadanía del deterioro ambiental ha creado este nuevo derecho que debe incorporarse al Pacto Verde. El metano y la contaminación radioactiva representan una amenaza al derecho a la vida de la ciudadanía europea.

La autosuficiencia energética de Europa debe basarse en liderar en el mundo la transición energética a través de la generación distribuida, la gestión inteligente de la demanda, la movilidad eléctrica, las baterías de almacenamiento y el hidrógeno renovable

El Pacto Verde debe basar la energía barata y limpia en la más alta eficiencia y en la reducción al mínimo de las importaciones energéticas. La taxonomía de las inversiones energéticas debería contemplar estos factores con tanta prioridad como las emisiones de cada fuente de energía. La geopolítica del gas y la energía nuclear no favorece los intereses europeos. La autosuficiencia energética de Europa debe basarse en liderar en el mundo la transición energética a través de la generación distribuida, la gestión inteligente de la demanda, la movilidad eléctrica, las baterías de almacenamiento y el hidrógeno renovable.

Estamos a tiempo de modificar las incoherencias del Pacto Verde porque aún ha de debatirse en las instituciones europeas. Es urgente que la misma sociedad que despertó durante la COP 25 exija un Pacto Verde europeo pensado para proteger a la ciudadanía y al medio ambiente y no a las actividades contaminadoras.

Ante esta situación, desde la Plataforma para una Transición Ecológica Justa exigimos que la taxonomía del Pacto Verde Europeo excluya la energía nuclear y el gas natural como energías verdes. Con la taxonomía preacordada y las inversiones gasistas previstas será imposible conseguir los objetivos de descarbonización. El Pacto Verde Europeo debe servir para financiar la reconversión de nuestro modelo energético hacia uno distribuido, basado en la eficiencia y ahorro energéticos y en la producción con energías renovables en manos de la ciudadanía europea a través del autoconsumo, ya que es el único camino real para cumplir con los objetivos de descarbonización y para llevar a cabo una Transición Ecológica Justa que defienda y proteja los Derechos de toda la Ciudadanía Europea.

