Representantes de un total de 11 de las 16 comisiones de garantías autonómicas de Podemos —los órganos disciplinarios— han suscrito una declaración conjunta en la que declaran "nulos de pleno derecho los nuevos estatutos del partido", aprobados este pasado julio, en los que se incluye un nuevo régimen disciplinario que, entre otras cuestiones, castiga férreamente las filtraciones a la prensa de asuntos internos del partido. Tras haberse reunido este jueves en Madrid, las comisiones instan además a la ejecutiva de Pablo Iglesias a revocar el expediente abierto contra la presidenta de la comisión de garantías estatal, apartada de forma urgente después de promover un dictamen que anuló parte de esos estatutos. Se trata de una rebelión sin precedentes en Podemos contra la ejecutiva de Iglesias, por su dimensión y porque no se corresponde con ninguna guerra de familias.

El texto suscrito —en forma de "conclusiones de pleno federal de comisiones de garantías democráticas"— considera nulos los estatutos "al haberse invadido por el consejo de coordinación estatal [la ejecutiva] las competencias y funciones de la asamblea ciudadana estatal [el congreso]". Esto es, porque debían haber sido votados por las bases en el congreso de Vistalegre 2 celebrado el pasado febrero.

La inédita declaración ha sido suscrita por las comisiones de Cataluña, Navarra, La Rioja, Madrid, Valencia, Castilla- La Mancha, País Vasco, Canarias, Castilla y León, Asturias y Andalucía, según han informado los organizadores de la reunión. Al encuentro, convocado por la presidenta expedientada, Olga Jiménez, acudieron representantes de 12 comisiones, pero Cantabria se abstuvo. Solo quedan fuera, por tanto, al no haber acudido, Aragón, Galicia, Extremadura y Murcia (Baleares no tiene).

Las comisiones instan a la ejecutiva de Podemos con claridad "a revocar el acuerdo de aprobación de los nuevos estatutos y a retirarlos del registro del Ministerio del Interior". Se trata de la primera vez que órganos de Podemos tumban una normativa del partido aprobada por la ejecutiva de Pablo Iglesias. Aunque la declaración no es una resolución jurídicamente vinculante, el amplio consenso suscitado obliga en principio a la ejecutiva a tomarlo en consideración.

Los nuevos estatutos, aprobados a finales de julio, modificaron puntos clave de la normativa interna sin pasar por votación de las bases. Además de un nuevo y completo régimen disciplinario para todos los militantes, permitían destituir con más facilidad a una dirección crítica, en pleno conflicto de la ejecutiva de Iglesias con su dirección catalana.

La norma provocó entonces un conflicto en el seno de la comisión de garantías estatal, que se partió en dos después de aprobar un dictamen el 28 de julio que los anuló en parte. 13 días después de que la comisión estatal aprobara ese texto, la presidenta fue expedientada tras la denuncia de otros tres miembros de la comisión. La declaración de este jueves respalda también ese dictamen de la comisión estatal que invalidó los estatutos. Lo considera “directamente aplicable”. La dirección lo desoyó porque después de aprobarse inscribió los estatutos en el Ministerio del Interior a principios de agosto.

Pero además de tumbar los estatutos, la declaración es muy relevante porque supone un espaldarazo a la presidenta de la comisión de garantías estatal expedientada. Toda vez, además, que el procedimiento del expediente de Olga Jiménez, según publicó ayer EL PAÍS, ha presentado muy pocas garantías, ya que ha sido tramitado de urgencia y por los mismos denunciantes, y la apartada no conocía los hechos por los que se le acusaban. Jiménez fue suspendida de funciones y otro miembro de la comisión se declaró el nuevo presidente. La expedientada, dice su entorno, es víctima de una “decisión política” con el objetivo de condicionar la independencia de las comisiones de garantías.

La mayoría de las comisiones regionales instan sin embargo con claridad a la ejecutiva de Iglesias “a revocar la decisión de apertura de expediente disciplinario contra la compañera Olga Jiménez, Presidenta de la CGDE [comisión de garantías democráticas estatal], que seguirá ejerciendo sus funciones legitimada y avalada estatutariamente por la votación de la asamblea ciudadana estatal y su elección para el cargo por la CGDE tras su constitución”. Aún es más, el texto denuncia la “usurpación de funciones” de los miembros de la comisión estatal que tramitaron el expediente contra Jiménez y que se han erigido en nuevos responsables del órgano.

Los órganos disciplinarios de Podemos terminan habilitando a la presidenta, Olga Jiménez, para acudir a los tribunales, "gestionar e introducir cuantas acciones legales correspondan, internas y ante los tribunales de justicia, para encauzar estos asuntos".