Los inspectores educativos están «perplejos», «dolidos» y «sorprendidos» por las palabras de la ministra Isabel Celaá, que anteayer cuestionó la validez del informe sobre adoctrinamiento en los libros de texto que el pasado año encargó el propio Ministerio de Educación -entonces del PP- a los miembros de la Alta Inspección del Estado.

Después de dar a entender que no lo tenía porque Íñigo Méndez de Vigo no se lo había entregado, Celaá reniega ahora del trabajo que lleva el membrete oficial de su departamento. Considera que no tiene «rigor científico» porque la muestra es pequeña (125 manuales analizados), no consta la metodología o no se especifica quiénes fueron los autores ni cuántas personas participaron en él. Manuel Blanco, ex director de la Alta Inspección en Baleares y uno de los autores de este estudio, el primero de este tipo que realiza una Administración central, defiende la «profesionalidad» de su trabajo frente a estas afirmaciones.

El tamaño de la muestra no es relevante para el presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), Jesús Marrodán, que recuerda que la «obligación» de la Alta Inspección es «denunciar» al Ministerio cada una de las actuaciones que incumplen la normativa básica, mientras que «el Ministerio debe requerir a las comunidades autónomas y a las editoriales para que actúen» porque «está obligado a ello».

«Con que haya un solo libro en el que se distorsione la Historia y se presenten los hechos como un relato de buenos y malos, hay que actuar», considera Marrodán, que habla en nombre del único sindicato de inspectores educativos que hay en España, aunque los 1.500 miembros que integran este cuerpo forman parte también de otras asociaciones.

Los miembros de la Alta Inspección del Estado (hay un responsable por cada comunidad autónoma) no son inspectores de carrera, sino profesores u otros profesionales de la enseñanza designados por el Ministerio de Educación en comisión de servicios. Son, por tanto, personas de la máxima confianza del departamento. Por eso ha causado entre ellos mucho malestar que Celaá no sólo se desentienda del informe que han ignorado ambos gobiernos, sino que siembre dudas sobre él.

«El estudio existe, la Administración lo ha escondido, ahora la Administración dice que no es válido. Es como si Ford hiciese un plan de ventas y luego saliera diciendo que es una chapuza. Si le parece que no es riguroso, debe revisarlo, completarlo, mejorarlo y comprometerse en unas fechas a hacerlo público. Lo que no puede hacer es decir que es flojo y no tomar medidas, porque las denuncias están ahí. Se han hecho por el personal del Ministerio, que son profesionales cualificados, y esa gente ahora se siente fatal», les defiende Marrodán, que recuerda que ese informe «se ha pagado con dinero público» y se elaboró a instancias de colectivos como Sociedad Civil Catalana o la asociación de profesores AMES.

AMES advirtió ayer en un comunicado que «el curso escolar ha comenzado en Cataluña con los mismos libros de texto debido a la voluntaria decisión del Ministerio de ignorar dicho informe». Recordó que Méndez de Vigo tampoco tomó «ninguna medida» para garantizar la preinscripción escolar en castellano en los colegios de Cataluña, en plena aplicación del artículo 155, y reclamó que el ex ministro abandone su cargo de presidente de la Comisión de Educación del Congreso. También dijo que «no se entiende que Celaá haya estado dos meses sin decir nada sobre el informe y, cuando por fin lo hace, sea para rechazarlo».

El ex alto inspector de Baleares Manuel Blanco cree que la ministra no ha medido sus palabras y «se ha pasado de frenada».

«Que diga que un informe de un funcionario es de poco rigor es tirarse piedras sobre su tejado. Primero, porque es la responsable de estos inspectores y, segundo, porque está cuestionando la profesionalidad de un funcionario público experto en educación», argumenta el docente, que estuvo seis años en el cargo y fue destituido este verano, tras el cambio del Gobierno.

«Poco rigor habría sido no haber hecho el informe o haber escrito otras cosas», responde a las palabras de la portavoz del Gobierno, y detalla que él mismo hizo una selección de manuales de Primaria y Secundaria de diversas editoriales y las revisó «página por página». Una tarea que llevó entre dos y tres meses.

Tras el análisis, Blanco concluyó que los libros para Baleares analizados no contravenían la ley estatal ni los principios constitucionales, aunque admite que no hay forma de saber si «algún profesor ha repartido algún comentario de texto que contravenga la ley». Defiende al resto de altos inspectores repartidos por otras comunidades autónomas: «Siempre hemos intentado velar por el cumplimiento de la legalidad y hemos intentado trabajar para mejorar el sistema educativo».