La Fiscalía Anticorrupción está maniobrando para que la causa en la que está imputado el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, por delitos fiscales y blanqueo de capitales recaiga en un juez que apoye la investigación seguida por la Agencia Tributaria, Ministerio Público y Guardia Civil. Entiende que el actual instructor, Antonio Serrano-Arnal, está poniendo cortapisas al proceso y por eso ya ha solicitado que el caso continúe en la Audiencia Nacional. Eso sí, admite que no hay ninguna conexión con el 'caso Bankia' y, por tanto, no tiene por qué ser el juez Fernando Andreu quien lo asuma.

Formalmente, Anticorrupción solicitó la inhibición del asunto porque un nuevo informe de la Agencia Tributaria fortalecía el delito de blanqueo de capitales contra Rato. Sin embargo, fuentes jurídicas reconocen que la realidad del asunto es que el departamento que dirige Antonio Salinas no quiere a Serrano-Arnal. El instructor se ha opuesto a varias peticiones de diligencias de la fiscal encargada del caso, que no está de acuerdo con alguna de las líneas de investigación mantenidas por el juez. Ante la sospecha de que Serrano-Arnal intentara descafeinar el caso y dejarlo únicamente en el delito fiscal, Anticorrupción ha querido sacar el asunto de los juzgados madrileños.

Citada la jefa de la ONIF

Uno de los capítulos que más sorprendió en la Fiscalía es que el magistrado citara a declarar a la inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García-Valdecasas, para que testificara respecto al informe elaborado sobre el patrimonio de Rato y en el que se basó la denuncia de la Fiscalía para que un juez de guardia -antes de que el caso recayera en el Juzgado de Serrano-Arnal- acordara la entrada y registro de domicilio del expresidente de Bankia y su detención durante unas horas.

El juez Fernando Andreu. (EFE)

Varias fuentes jurídicas y fiscales señalan que García-Valdecasas es la persona que firma los informes elaborados por esta unidad de la Agencia Tributaria, pero lo hace como la máxima responsable de ésta, aunque es de sobra conocido que ella no es quien elabora los documentos sino inspectores a su cargo. Por esa misma razón, ella remitió una carta al Juzgado dando la identificación de los autores para que, en su caso, fueran ellos a testificar, ya que eran las personas que realmente habían realizado la investigación y, por tanto, conocían el contenido. Sin embargo, el magistrado no atendió a su petición y ordenó que fuera ella quien diera la cara.

En un auto previo a esta citación, por el que rechazaba la personación de acusaciones populares, el instructor advertía que los únicos indicios existentes en ese momento eran los relativos al delito fiscal y, por tanto, no había razones por las que nadie que no fuera Fiscalía ni Abogacía del Estado, pudiera formar parte del proceso.

El blanqueo como pretexto

Días después de que García-Valdecasas acudiera al Juzgado, la ONIF entregó un nuevo informe en el que daba más datos sobre un posible blanqueo de capitales por parte de Rato. De manera automática, la Fiscalía actuó para quitarle el caso a Serrano-Arnal, quien no mostró ninguna oposición y la acordó.

El Ministerio Público se ha visto forzado a realizar este movimiento aunque inicialmente prefería que el caso se siguiera en Plaza de Castilla y no en la Audiencia Nacional, entre otras cosas para sacarlo del foco mediático que genera este último tribunal. El propio Serrano-Arnal no ha mostrado desde el principio ningún interés especial en investigar el asunto.

Ante la sospecha de que Serrano-Arnal intentara dejar el caso únicamente en el delito fiscal, Anticorrupción ha querido sacar el asunto de los juzgados madrileños

Pocas horas después de que se le asignara el caso ya se inhibió en la Audiencia Nacional. En ese momento, Anticorrupción lo recurrió para evitar que el caso se quedara en manos del juez Fernando Andreu o de alguno de los otros cinco instructores del órgano judicial. Entonces lo justificó alegando que el delito de blanqueo de capitales -competencia de la Audiencia Nacional- no estaba suficientemente aquilatado en la investigación y, por tanto, este órgano judicial no era el competente para investigarlo. Otra de las razones de Serrano-Arnal para pasar la pelota al juez Andreu era que en el informe de la Agencia Tributaria se hablaba de un posible alzamiento de bienes relacionado con el 'caso Bankia' que instruye este último.

Andreu había fijado dos fianzas para Rato. Una de ellas, en el marco de la pieza separada por las 'tarjetas black', era de tres millones de euros, que el expresidente de Bankia pagó con un aval bancario; y la otra, en la pieza principal por la fusión y salida a bolsa del banco, era de 800 millones de euros pero a pagar con carácter solidario junto con la propia entidad y otro cuatro directivos. Esta última fue abonada por Bankia y, por tanto, según la Fiscalía, en ese momento no podía existir un alzamiento de bienes con el objetivo de ocultar su patrimonio para no hacer frente a las fianzas porque éstas ya estaban satisfechas. Con estos argumentos, la Audiencia Provincial de Madrid dio la razón al Ministerio Fiscal y Serrano-Arnal tuvo que quedarse con el caso.

A estas alturas del caso, el presunto delito de alzamiento ya ha quedado descartado y esa será la baza de Anticorrupción para que no tenga por qué quedarse en el Juzgado de Andreu. Fuentes fiscales explican que en este momento la única vinculación entre el 'caso Rato' y el 'caso Bankia' es el propio Rato y, por tanto, no hay razones de conexidad para que sea investigado como una pieza separada.