Portugal celebra los 40 años de libertad de expresión, pero parece que no cumplirá los 41 años. Con nocturnidad y alevosía, con una celeridad desconocida en este país, los tres partidos mayoritarios, los gobernantes PSD y CDS, y el principal partido de la oposición, el Partido Socialista, se han puesto de acuerdo para un proyecto de ley que pretende establecer el control previo de los medios de comunicación en la próxima campaña electoral.

El texto de la proposición, que ha sido enviado también a los partidos parlamentarios Partido Comunista y al Bloco de Esquerda, obliga a que cada medio de comunicación, público o privado, presente antes del periodo electoral un plan de cobertura de las elecciones, que será controlado por una comisión mixta formada por personas designadas por los partidos políticos. El incumplimiento de ese plan acarreará multas y sanciones de hasta 50.000 euros, aparte de otras amenazas.

El llamado oficialmente "visto previo”, o sea, la censura previa, afectará a cualquier tipo de contenido, ya sean noticias, reportajes, entrevistas o debates, y abarca a todo tipo de medios: escritos, radiofónicos, televisivos, analógicos y digitales; por primera vez, las páginas de internet van a tener que enviar sus planes de cobertura electoral al poder político.

Esos requisitos no afectan solo a los 15 días de la campaña electoral, sino que ya se empezarán a implantar cuando se hagan oficiales las candidaturas; es decir que hay más de un mes de control previo de opiniones, entrevistas y debates o reportajes que se quieran realizar. El actual texto llega al extremo de detallar que las opiniones no pueden "exceder el espacio que es dedicado a la noticia o al reportaje". También dice que el medio o el periodista no podrá criticar siempre al mismo partido.

El objetivo de los tres partidos que, de momento, han aprobado el texto es claro; asegurarse la cobertura mediática con el argumento de la proporcionalidad en el actual parlamento, en detrimento de partidos minoritarios y extraparlamentarios.

El partido extraparlamentario Livre ha sido el único en reaccionar, al calificar la idea como un "inaceptable ataque a la libertad de expresión". “No tiene sentido que los medios tengan que presentar a ningún organismo público un plan de su cobertura de un proceso político que es naturalmente dinámico".

"No cabe al poder político", añade el comunicado de Livre, "tutelar a los medios de comunicación independientes y libres. Tampoco la ley debe determinar si los periodistas hacen o no juicios de valor durante la cobertura informativa. Y aún menos aceptamos que se determina por ley el espacio reservado a las noticias de opinión en cada medio de comunicación”.

"A pesar de considerar que en muchos medios no existe una cobertura electoral justa y equilibrada, la candidatura de Livre condena cualquier tentativa de censura o burocratización del trabajo de los periodistas, mediante la intervención del poder político lo que solo puede ser resuelto por criterios editoriales".