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Nada más socorrido para echar una mano a los amigos que crear una plaza de “asesor transversal”. Gracias a esta fórmula, astutamente ambigua, el Gobierno catalán se ha convertido en un coladero de cargos afines muy bien pagados. La Consejería de Empresa lo ha hecho con Joana Ortega, exvicepresidenta del Govern condenada por la organización de la consulta del 9N. Un cargo, según ha podido saber Crónica Global, por el que han pasado cuatro personas antes que Ortega y que, al tratarse de un puesto eventual, sus titulares no están obligados a rendir cuentas de su agenda o de sus cometidos ante el Parlament.

Artur Mas conversa con su exvicepresidenta Joana Ortega / EFE

La semana pasada, la consejera de Presidencia, la controvertida Meritxell Budó, colocó a otro “asesor transversal” en su departamento. Aunque hay que decir que, en efecto, este sistema de clientelismo político, es absolutamente transversal, pues ICV, cuando formaba parte del Gobierno tripartito, ya lo utilizaba. Curiosamente, CiU lo calificaba entonces de "ejercicio de cinismo".

El fichaje más reciente

El pasado 1 de julio, la Generalitat nombraba a Ramir Lafuente “asesor en proyectos transversales, adscrito al gabinete de la consejera de Presidencia”. Lafuente fue "asesor técnico de Atención a las Personas" en la Diputación de Barcelona. En este ente supramunicipal también trabajaba Carles Segura, que la consejera Budó nombró ese mismo día como "asesor en información y comunicación".

Entre las funciones del "transversal" Lafuente, según la resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), figura “asesorar al / la consejero/a de la Presidencia sobre los proyectos transversales de los diferentes centros directivos en que participa el Departamento en su ámbito de competencias”, “prestar apoyo en relación con los contenidos de proyectos transversales que el Departamento de la Presidencia tramita a otras instancias”, “elaborar los informes estratégicos sobre los resultados de la aplicación de los proyectos transversales de su ámbito de competencias y hacer la evaluación” y “cualquier otra tarea que le sea encomendada relacionada con las anteriores”.

La inconcreción de las tareas encomendadas es manifiesta. No tanto el sueldo de este asesor transversal, unos 55.000 euros anuales.

"No es necesario un informe justificativo previo"

Algo más abultado es el sueldo de Ortega, exdirigente de UDC, unos 70.000 euros, fichada por el departamento de Empresa para “estructurar proyectos transversales” en los centros directivos del departamento para “fomentar la economía productiva”; la “preparación de documentación” que la consejería tramita ante el Consejo Técnico en “materia de proyectos transversales”; y la “elaboración de informes” que avalarían la aplicación de estas iniciativas, según indica el decreto en el que se anuncia su fichaje. Las explicaciones, en este caso, son algo más concretas.

Pero sobre el motivo, alcance y agenda de Joana Ortega nada se sabe. Los diputados de Ciudadanos Martí Pachamé y María Luz Guilarte indagaron en ello mediante una pregunta parlamentaria dirigida a la consejera Àngels Chacón. Pero el departamento lanzó balones fuera, más allá de recordar que se trata de un cargo de “confianza o asesoramiento” que “no requiere de convocatoria pública”. La designación de esos “asesores transversales” es potestad de los consejeros. “La naturaleza de este tipo de nombramientos hace innecesaria legalmente la existencia de un informe justificativo previo”. La exvicepresidenta catalana, explica el Govern, ocupa “transitoriamente” este puesto de trabajo que, desde su creación, “ha sido ocupado por cuatro personas diferentes con anterioridad a la señora Ortega”.

ICV y el caso Olmos

Uno de los precedentes más polémicos de esa “transversalidad” se remonta a la época del Gobierno tripartito. En 2009, el director general de los Mossos d’Esquadra, Rafael Olmos, fue cesado por las cargas policiales contra los estudiantes anti-Bolonia, aunque fue recolocado al poco tiempo como “asesor del consejero en proyectos transversales” del entonces responsable de Interior, Joan Saura (ICV). CiU, que estaba en la oposición, calificó la recolocación como “ejercicio de cinismo” y "tomadura de pelo", según palabras de la exdiputada Elena Ribera.

El ex director de los Mossos d'Esquadra Rafael Olmos

Esta opacidad es común a los altos cargos del Govern. Un ejemplo es el de los asesores de la diplomacia catalana. Tal como publicó este medio, cada vez que la oposición pregunta sobre el quehacer de quienes se dedican a internacionalizar el procés, la respuesta es la siguiente: "El personal eventual no tiene la condición de alto cargo y sus funciones se circunscriben a las de confianza y asesoramiento, quedando excluida de su ámbito funcional la representación institucional. Por ese motivo, el personal eventual no dispone de lo que la Ley 19/2014 (Transparencia) llama 'agenda oficial', que se refiere únicamente a los que tienen la condición de alto cargo o autoridad".

300 asesores y cargos eventuales

Así lo explica Josep Lluís Alay, principal responsable de la actividad internacional de Carles Puigdemont, en respuesta a las preguntas de la diputada de Cs Susana Beltrán. Nombrado jefe de la oficina del expresidente, Alay cobra 101.074 euros anuales. Historiador y exalto cargo de la Diputación de Barcelona, acompañaba a Puigdemont cuando fue detenido en la frontera alemana en marzo de 2018.

El director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno / EFE

Según consta en el portal de la transparencia de la Generalitat, el Gobierno de Torra tiene más de 300 altos cargos y personal eventual. A pesar de que la ley exime a estos asesores de dar explicaciones y al Govern, de elaborar informes justificativos previos, la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) recomienda hacerlo. Lo indica en su estudio La gestión de los conflictos de interés en el sector público de Cataluña, un referente de buenas prácticas en la administración pública.

La OAC, adscrita al Parlament, insta a “someter a un control previo de idoneidad todos aquellos cargos o posiciones de designación política (directivos públicos, eventuales, ciertos altos cargos, etc.) que no accedan a ellos mediante un proceso basado en la igualdad, el mérito, la capacidad y la publicidad, o bien con mandato representativo, lo que permitiría detectar intereses que puedan originar situaciones de conflictos de interés potenciales”.

Las recomendaciones de la OAC

La fórmula que la OAC estima más idónea “es la presentación del candidato mediante una comparecencia de control de idoneidad, sea en sede parlamentaria (hearings), en pleno municipal o en otras sedes que garanticen la misma transparencia y pluralidad”. En el caso de los altos cargos “sería recomendable que una autoridad de control especializada hiciera un escrutinio de la trayectoria profesional previa, con el objetivo de detectar posibles intereses que afecten al cargo a desempeñar y, en su caso, proponer medidas de gestión de aquellos intereses que no puedan ser eliminados”.

La Oficina recomienda “valorar la oportunidad de que los empleados públicos, antes de la toma de posesión, presenten información relativa a su trayectoria profesional previa”.