Cecilia Ousset y su marido, José Gigena, son médicos ginécologos de San Miguel de Tucumán. Ellos fueron los únicos dos que intervinieron en la cesárea que se le practicó anoche a la niña de 11 años que cursaba un embarazo de 23 semanas producto de una violación.

"La verdad estoy mal, estuve llorando", aclaró Cecilia a Infobae antes de relatar lo que vivió junto a su esposo en el quirófano del Hospital Eva Perón. El martes por la tarde ella recibió un llamado del secretario de Salud provincial, Gustavo Vigliocco, quien la convocaba para realizar la interrupción legal del embarazo, -contemplada desde 1921 en Argentina en el artículo 86 del Código Penal para casos de violación, o en caso de peligro de la salud o la vida de la gestante- que se demoraba por la judicialización del caso hacía más de un mes. "Nadie en todo el sistema provincial de salud quería hacer la interrupción".

La doctora Ousset, sin embargo, es objetora de conciencia. "Profeso la fe católica y soy objetora de conciencia porque sencillamente no puedo hacerlo, me supera. Pero no soy obstaculizadora del aborto, al contrario, busco siempre la mejor manera de acompañar. Yo no me hice abortos ni los hago pero no puedo juzgar", explicó la profesional, especialista en tocoginecología.

"Le pasé el número de mi marido, que al igual que yo trabaja en el sistema privado, y fuimos a hacer ese trabajo de manera completamente gratuita", precisó. Cerca de las 10 de la noche los dos entraron al hospital, en el que nunca habían estado, y conocieron a la menor embarazada a raíz de haber sido violada por un hombre de 65 años, pareja de su abuela, con quien vivía.

"Nos encontramos con una nena de cuerpo infantil, para nada desarrollada, con un embarazo de 23 semanas. Entramos y estaba jugando con unas muñecas en la cama. Cuando la vi la verdad se me aflojaron las piernas porque era como mi hija", contó Cecilia con la voz quebrada. "La madre nos presentó y dijo 'estos son los doctores que te van a solucionar el problema'. Yo le prometí que iba a estar con ella en la cabecera y ella nos pidió que pongamos música cristiana".

Sin embargo, cuando ingresaron al quirófano, el panorama cambió. Todo el personal médico era objetor de conciencia: el anestesista, la instrumentadora y la enfermera, se negaban a participar de la intervención. "Quedamos nosotros solos, pero no la podíamos abandonar, no podíamos decirle 'ahora no'. Entonces yo, que fui a acompañarlo, tuve que instrumentarle a mi marido y llamar a una anestesista de otro hospital".

“Entramos y estaba jugando con unas muñecas en la cama. Cuando la vi la verdad se me aflojaron las piernas porque era como mi hija”

Pasada la medianoche empezó la operación que duró aproximadamente una hora. A pesar de que agrupaciones feministas a favor del aborto legal y organizaciones sociales cuestionaron que se le practicara una cesárea y lo calificaron de "tortura", la doctora explicó que no había otra opción: "Se decidió hacer con una microcesárea, porque por vía vaginal era imposible por muchas razones: era una paciente abusada en múltiples oportunidades, con un embarazo ya en el segundo trimestre por las dilaciones a las que la sometió el gobierno, y con 180/120 de presión, ya una pre-eclampsia".

La presión alta en este caso, señaló la especialista, "es una de las complicaciones más frecuentes en embarazadas menores de 13 años porque no tienen el cuerpo preparado para gestar". Y aclaró con crudeza por quienes cuestionan el momento en que se realizó la operación: "Era más riesgoso continuar con el embarazo que hacer la cirugía. Si no interrumpíamos el embarazo esta nena se moría".

Cuando terminó, los médicos se quedaron con la niña hasta que se recuperara y a pesar de que ya no están involucrados en su cuidado, saben que está evolucionando bien. "Estaba muy aliviada y su mamá eternamente agradecida", dijo la doctora Ousset. "Estamos tranquilos por eso y sabemos que hicimos bien. Que cumplimos con el deber ciudadano, médico, de padres, de personas. Ahora esta nena necesita un tratamiento interdisciplinario con psiquiatría infantil, control ginecológico".

Cecilia es ginécologa y es católica. Está a favor del aborto pero es objetora de conciencia

En cuanto a la vida del recién nacido, explicó que el pronostico es "muy negro" y que no alcanza el piso neonatológico. "Con 26 semanas tendría un 50% de sobrevida, 23 semanas es muy bajo, es aleatorio, es de suerte y con muchas secuelas", dijo. "De hecho, lo que se hace en estos casos es darle al recién nacido una asistencia respiratoria mínima con oxígeno y esperar su muerte espontánea, porque lo otro también es invasivo y es tortura".

"Ha sido horrible todo, porque aparte de haber torturado a la nena, también nos torturaron a nosotros", dijo Cecilia, que junto a su marido recibió insultos de grupos anti-aborto por las redes. La doctora también contó que cerca de las dos de la mañana, cuando salieron del hospital, personal del Ministerio Público Fiscal les tomó sus datos.

“Era más riesgoso continuar con el embarazo que hacer la cirugía. Si no interrumpíamos el embarazo esta nena se moría”

Esta misma situación fue alertada en la cuenta de Twitter Abogadas y Abogados del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), que junto al Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM), dependiente de Naciones Unidas, presentaron un amicus curiae pidiendo a la jueza de Valeria Brand que ordene al Estado que respete la voluntad de la niña. También manifestaron su "agradecimiento" a los profesionales.

"Afuera también había una manifestación de pañuelos celestes", contó Cecilia. "Cuando nos sentimos seguros de que no nos iban a agredir nos fuimos a abrazar a nuestros cuatro hijos. Nos quedamos hasta las cuatro de la madrugada con ellos explicándoles lo que había pasado y lo que iba a pasar hoy".

Preocupa la presencia de agentes del Ministerio Público fiscal durante la implementación del procedimiento, solicitando datos personales de quienes lo practicaron. — ANDHES (@ANDHES_org) February 27, 2019

Los hijos de Cecilia y José, cuentan, sufren en su provincia discriminación por la postura de sus padres a favor del aborto: "Al tercero le ha sido prohibido el ingreso en el colegio por nuestro pensamiento a favor del aborto legal. Así que los sacamos a los cuatro y presentamos denuncias en el Inadi y Ministerio".

"Yo creo que todo tiene que ver con todo porque el Estado naturaliza de esta manera en los niños estas prácticas violentas. Avala todo esto que pasa para captar un electorado antiderechos", aseguró. "Lo único que queda es que los adultos respondan ante esto y no abandonen a los niños".

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