CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El presidente se ve exultante, montado sobre la camioneta de las Fuerzas Armadas mientras recorre la base militar de Santa Lucía. A su lado, acompañándolo, están los titulares de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Función Pública. Sonríe, saluda, y anuncia que en unos días se colocará la primera piedra del nuevo aeropuerto ahí. La fotografía que consagra el momento para la posteridad también refleja todo lo que está mal con el proyecto y por qué preocupa tanto su realización. Santa Lucía tiene serias deficiencias que no han sido lo suficientemente discutidas, analizadas y tomadas en cuenta por un gobierno que presume el aeropuerto como una magna creación. Ejemplifica errores que ya se cometieron y fueron costosos. Engloba la mala manera de planear y ejecutar la obra pública. Evidencia cómo el gobierno se equivoca y acaba pasándoles la factura a los ciudadanos.

Desde el momento en que se propuso como alternativa, los problemas eran evidentes y fueron señalados una y otra vez. Lo hizo el centro de investigación Mitre, que asesora a diversos organismos y autoridades de aviación. Lo hicieron las aerolíneas nacionales y extranjeras que utilizan el aeropuerto actual. Lo subrayó la Asociación de Pilotos Aviadores de México. Generaría una innecesaria complejidad en cuanto a operación y podría resultar en el “embotellamiento” del tráfico aéreo, sin resolver la saturación del actual sistema aeroportuario. La viabilidad de operación simultánea con el aeropuerto actual no ha sido probada y se ha quedado en un simple plan conceptual. La orografía de la capital mexicana no se presta a dos aeropuertos y la comparación con ciudades como Nueva York ni es válida. Y ese sólo es el principio.

La propia Sedena acaba de reconocer –en una Manifestación de Impacto Ambiental hecha al vapor– que la construcción de Santa Lucía entrañará afectaciones en el suministro de agua potable, ya que se asienta sobre un manto acuífero sobreexplotado. Un documento elaborado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM señala que por el incremento en la actividad aérea se emitirán más contaminantes en la atmósfera. Y de última hora, también se informa que la existencia del Cerro de Santa Paula aumentará el costo final y obligará a contemplar modificaciones en la construcción prevista.

La respuesta del presidente ante lo expuesto resulta sorprendente y preocupante. Confía más en la palabra de Riobóo que en los estudios de autoridades competentes. Confía más en lo que le susurra al oído Jiménez Espriú que en los datos, las cifras, y la realidad. Confía más en su instinto que en la evidencia que existe y la que falta aún por obtener. Porque la obra arranca sin un proyecto ejecutivo definitivo. Arranca sin estudios de factibilidad técnica y autosustentabilidad financiera. Comienza sin estudios de impacto ambiental o ecológico.

Santa Lucía no es un proyecto de ingeniería sino un acto de fe. No será resultado de la planeación sino producto de la improvisación. No existirá para mejorar la vida de los ciudadanos; se construirá para satisfacer las necesidades del presidente, la necesidad de diferenciarse de sus predecesores demostrando su capacidad de ejecución, la rapidez con la cual se mueve la Cuarta Transformación. Y en función de esa prisa justifica colocar la primera piedra de una obra que no ha sido planeada ni evaluada adecuadamente. Defiende la entrega de la obra a la Sedena, que por razones de “seguridad nacional” no se verá obligada a licitar o airear o transparentar lo que haga. Permite que se reproduzcan las peores prácticas detrás de la corrupción en el país. Los miles de millones de pesos en contrataciones públicas que son –como lo ha probado la Comisión Federal de Competencia– el principal frente donde hay que combatir la transa de sexenios pasados. Años de licitaciones opacas o inexistentes; años de adjudicaciones directas y sobrecostos exorbitantes; años de deficiencias sistemáticas en la preparación de proyectos de infraestructura; años de procesos de construcción precipitados, que se llevaron a cabo sin el desarrollo suficiente del diseño. Con resultados como los que vimos y padecimos. Obras caras e inconclusas como el Tren México-Toluca. Obras caras y mortíferas como el Paso Express. Obras que llevaron a despilfarrar el dinero, como con la barda perimetral del NAIM, construida por la Sedena vía una adjudicación directa. Las Fuerzas Armadas comenzaron la edificación sin Plan Maestro, y los documentos de planeación y supervisión se completaron seis meses después de iniciados los trabajos. Costó 89% más de lo presupuestado y el precio lo pagamos usted y yo.

Insólito entonces que después de estas experiencias y las lecciones derivadas de ellas se insista en hacer lo mismo. Inaudito que después de la debacle de la barda perimetral se crea que las Fuerzas Armadas sean buenas desarrolladoras de obra pública. Alarmante que el presidente repita, ahonde y perpetúe los errores con el aval de la Secretaría de la Función Pública. Porque la falta de planeación también es otra forma de corrupción. La omisión de factores como la existencia de un cerro que afectará costos y diseño es otra forma de corrupción. La ausencia de un proyecto ejecutivo definitivo es otra forma de corrupción. La falta de estudios que determinarán la viabilidad técnica y el impacto ambiental son otra forma de corrupción. Los yerros de Santa Lucía son errores reiterados y errores exponenciales, ya que producirán sobrecostos e ineficiencias facturadas después a los ciudadanos. Y sí, el presidente busca evadir las advertencias argumentando que “estamos acostumbrados a enfrentar obstáculos”. Pero en este caso, los obstáculos los está colocando la propia administración. El Cerro de Santa Paula es un obstáculo natural, pero los errores de Santa Lucía son hechura del gobierno.

Este análisis se publicó el 28 de abril de 2019 en la edición 2217 de la revista Proceso