TOLUCA, Edomex. (apro).- El 5 de noviembre de 2013, dos familias vivieron uno de los momentos más terribles de sus vidas: frente a un juez intercambiaron a los que durante un año y diez meses creyeron que eran sus hijos, pero que en realidad fueron cambiados –con total impunidad– en el Hospital Materno Infantil del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) del Estado de México, antes de ser entregados a sus madres biológicas.

Aquel día, en el Juzgado Octavo de lo Familiar, los dos hijos mayores de la familia Anaya lloraron y gritaron tras los barrotes de la sala, mientras sus padres entregaban a su hermanito a la señora Estrada, quien a su vez se desprendió del pequeño a quien crió sola con la ayuda de sus padres, pues su pareja la abandonó.

Tan sólo al recordar aquel día, las lágrimas vienen a los ojos de las dos madres:

-¿Y mi hijo?, pregunta Estrada.

-Creciendo, está bien, responde la otra mujer, que pide guardar su identidad.

-¿Crees que me extraña?

-Es tan inteligente que sabe hacer sus manifestaciones en el momento preciso.

Hay evasivas, silencio. Ambas lloran. “Es un tema que nos mata”, coinciden.

Los niños –cuya identidad es resguardada a petición de sus padres– nacieron el 26 de enero de 2012, con 59 minutos de diferencia en el ISSEMYM, dependiente del gobierno de Eruviel Ávila, donde atiende a los empleados de su administración.

Ambos llegaron al mundo vía cesárea; fueron dos de las cinco operaciones que se realizaron aquel jueves. Dos días después, cada madre fue dada de alta y salió del hospital cargando al bebé que entonces creía suyo, pero que meses después se enterarían que fue cambiado por el personal médico del Instituto.

Tres años después –pese a denuncias penales y supuestas investigaciones internas sin resultados— los responsables continúan laborando en la dependencia y atendiendo a las mujeres en el parto y el cuidado de los recién nacidos.

Ante la impunidad en el ISSEMIM, dirigido por Delfino Reyes Paredes, la Contraloría Interna de esta dependencia, representada por Miguel Ángel Pérez Lugo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a cargo de Alejandro Jaime Gómez Sánchez y los tribunales Superior de Justicia y de lo Contencioso Administrativo, el pasado 30 de marzo, una de las familias envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto –cuya copia tiene Apro— en la que le explica todo lo ocurrido.

En ella le pide instruir a quien corresponda para que se haga justicia en su caso, se inhabilite al personal médico responsable y se evite la repetición de esta negligencia con otros bebés que a diario nacen en el hospital de la entidad que él mismo gobernó.

No obstante, su esfuerzo fue en vano:

“Su asunto es de injerencia y competencia del Gobierno del Estado de México, por lo que se le recomienda comunicarse a la Coordinación de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado de México”, le contestó el pasado 6 de abril el director general de Atención Ciudadana de la Secretaría Particular del presidente, Carlos Eduardo Romero Castro.

Y remató: “Al reiterarle el firme compromiso del Gobierno de la República con la construcción de un México próspero e incluyente, le envío un cordial saludo”.

Tres años después del hecho no hay ninguna consignación ni sanción a nadie.

La sospecha

Meses después de que nació su hijo, la señora Estrada comenzó a tener problemas con su pareja. Él le recriminaba que el bebé no se parecía a él, que no simpatizaban. “No es mi hijo, me engañaste”, la acusaba continuamente.

Aquella sospecha terminó con la separación de la pareja. Pero, convencida de que sí era su hijo, ella lo demandó ante un juez de lo familiar para obtener el reconocimiento de paternidad y la pensión alimenticia. Su pareja se negó y pidió la realización de dos pruebas de ADN; una de ellas se envió a un laboratorio de Estados Unidos.

El 23 de enero de 2013 –prácticamente a un año del nacimiento del niño– los resultados arrojaron lo inesperado: “el

señor no es el papá… ni ella es la mamá”.

Sin el apoyo de su pareja, el mundo de la señora Estrada se vino abajo. “Desde entonces no vivo, caí en una depresión muy fuerte. Es estar como muerta en vida”, dice en entrevista.

Con rabia, incredulidad y dolor, acudió al ISSEMYM para reclamar la búsqueda y entrega de su hijo biológico. El calvario se agudizó: “Me acusaron de loca, me daban evasivas, se negaban a aceptar la responsabilidad. Me negaron acceso al expediente. Todos hablaban como si se hubieran intercambiado perritos y no bebés”.

Luego interpuso una denuncia penal en la Fiscalía Especial para Combatir los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) con el expediente número 192820360006713.

En ella señaló como responsables al Instituto y al personal médico que la atendió: cirujanos, ginecólogos, pediatras, neonatólogos, enfermeras y todos los que atendieron su parto.

Pero en vez de atenderla con profesionalismo, los policías ministeriales comentaban: “A lo mejor se fue a una fiesta y le cambiaron la ropa al niño”, “No es cierto, lo que quieren es lana”.

El 17 de mayo del 2013, cinco personas de la Fiscalía acudieron al domicilio de la madre de Jesús Anaya. Los “pseudo-agentes” llegaron intimidantes en cuatro vehículos y con jalones y atropellos, sin identificarse y provocando un escándalo con los vecinos, le exigieron decirles dónde estaba su hijo.

“Tiene un pedote con la ley” y debe presentarse ante el Ministerio Público, le advirtieron.

Sin temor de haber cometido delito alguno, el matrimonio Anaya se presentó ante la Mesa de Responsabilidades número 7, con la ministerio público Sandra López Sánchez. Ahí, “nos dieron un trato déspota, negligente, falto de todo respeto, profesionalismo y sensibilidad… Nos trataron como delincuentes, como si nosotros nos hubiéramos robado o secuestrado a nuestro hijo”, cuenta Anaya.

Por el acoso y maltrato que recibieron del personal de la Fiscalía, el matrimonio exigió hablar en privado con el fiscal. Sin una pisca de tacto ni sensibilidad, les informaron que había una demanda para entregar a su hijo a su madre biológica. Peor aún, les dijeron que mientras se investigaba el asunto, debían entregar al niño al DIF estatal (DIFEM).

La esposa de Jesús se desmayó por el impacto de la noticia. Durante tres días se encerró en su cuarto sin querer saber nada. Por su mente pasaron una y otra vez los recuerdos: su bautizo, sus primeros pasos, el no dormir hasta estar abrazado de su papá, su apego por una guitarra y por su hermano mayor, las canciones que ella le cantaba. Todo lo que un bebé podía iluminar en una familia.

Al principio el matrimonio se negó a someterse a pruebas genéticas pues estaban seguros que todo era un error, pero las autoridades les dijeron que era una orden legal y les dieron el citatorio.

Totalmente indignados por el maltrato que sufrieron en la PGJEM y desconfiados de todo procedimiento que hiciera su personal, el matrimonio pidió realizar una prueba en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Mientras esperaban el resultado, padecieron incertidumbre, temor, falta de apetito, insomnio, irritabilidad y hasta hablaron del divorcio. Al final, la ciencia les confirmó el hecho: no eran padres biológicos del bebé al que hasta ese momento habían visto crecer.

La PGJEM también llamó a los padres de los otros tres niños que nacieron por cesárea aquel 26 de enero del 2012. Dos fueron gemelas y el otro niño se comprobó que sí vivía con la familia correcta.

Sin ninguna duda de por medio, el juez de lo familiar ordenó el intercambio de los menores y pidió que ambas familias convivieran para que el impacto en los niños no fuera tan severo.

Así lo hicieron algunas veces, pero pronto concluyeron que el dolor de las despedidas y el llanto de los pequeños al separarlos de sus “otros” papás, no era sano para nadie. Decidieron no verse más.

La familia Anaya también interpuso una demanda penal que se anexó al mismo expediente y juzgado que el de la señora Estrada. Sin embargo, la PGJEM resolvió que “no había delito qué perseguir”.

El 12 de junio de 2013 las familias afectadas interpusieron una queja en la Contraloría Interna del ISSEMYM con el número CI/ISSEMYM/IP/059/2013. Sin embargo, el resultado les dio otra bofetada:

El contralor Miguel Ángel Pérez Lugo exoneró al personal médico que hizo el cambio, pues el 3 de diciembre de 2014 resolvió: “No hay lugar a iniciar un procedimiento Administrativo Disciplinario en contra los Servidores Públicos adscritos al hospital Materno Infantil de este Instituto”, con motivo de dichas denuncias.

Peor aún, ordenó: “Archívese el presente asunto como tal y definitivamente concluido, hágase las anotaciones en los registros correspondientes”.

Secuelas e impunidad

Después de que cada familia “recuperó” a su hijo biológico, comenzó su duelo. “Recuperamos a un hijo, pero perdimos a otro. De cualquier forma, es un daño irreparable”, coinciden ambas madres. Saben que sus hijos buscan en su rostro “a su otra mamá”.

Por lo que consideran como “un infierno”, dejaron de ir a fiestas y reuniones familiares para evitar el morbo y los comentarios: “¿Este es el hijo de verdad o el falso?”, “Éste si se parece a ti, el otro no”, sólo por mencionar algunos.

“No hay palabras para expresar el vacío de un hijo que sin ser de nuestra sangre, lo amamos”, dice Jesús Anaya.

Ambas madres fueron a tratamiento psicológico y hasta se acercaron a la religión para superar la depresión y saber cómo llevar las secuelas que manifiestan sus hijos.

“Mi hijo me dice: ‘no, tu mamá no’, se enoja, me rechaza, llora mucho”, cuenta la señora Estrada.

De menores ingresos económicos que la familia Anaya, dejó la terapia porque cada sesión le costaba 800 pesos, cantidad que no pudo solventar pues es el sostén de su casa donde vive con su hijo y sus padres.

Con los Anaya, el hijo de en medio aún conserva la fotografía de “su otro hermanito” en la pantalla del celular y por las noches despierta buscándolo, llorando.

Y es que, el ISSEMYM no ha asumido ninguna responsabilidad por el intercambio de los niños y, en consecuencia, tampoco ha brindado ninguna ayuda a las familias afectadas.

Ni siquiera porque el 5 de septiembre de 2014, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) emitió la Recomendación 23/2014, basada en el expediente CODHEM/TOL/342/2013, cuya copia tiene Apro y que, por cierto, está inhabilitada para consultarse en la página de internet https://www.codhem.org.mx.

La investigación del organismo concluyó que “existen elementos que comprueban violación a derechos humanos de los entonces recién nacidos y sus familiares”.

Por ello, recomendó aplicar “un procedimiento administrativo disciplinario y en su caso, las sanciones que se impongan” a los responsables del cambio de bebés. También le pide elaborar un “manual o protocolo de identificación de recién nacidos” para implementar en cada uno de sus establecimientos y, “de manera metódica y sistematizada” en el ISSEMYM, así como girar un “instrumento general” para prevenir su “estricto cumplimiento” por parte del personal médico.

Además sugirió establecer un mecanismo para capacitar y al personal médico del ISSEMYM sobre la atención a la mujer durante el embarazo, parto y pauperio, así como al recién nacido, así como de los derechos humanos en general.

Las familias aseguran que el instituto no ha hecho nada de lo que recomendó la CODHEM. Tampoco se les ha acercado para tratar de resarcir el daño.

Sin ninguna noticia positiva de justicia sobre el caso y aunque llevan un año y cinco meses viviendo con sus hijos biológicos, ninguna de las dos familias ha dimitido en su intención de castigar a los culpables.

Y a pesar de que ya comenzaron a recibir represalias en sus trabajos y temen ser despedidos o allanados en sus negocios y domicilios por denunciar el caso, coinciden en que no cederán hasta que haya una sanción a los responsables.

De hecho, consideran la posibilidad de enviar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Como derechohabientes debemos ser estandarte de las denuncias y malos tratos… El personal médico debería ser castigado porque ese día no tenían exceso de trabajo como para no poner atención a los niños. El delito está comprobado, no se cumplió con el protocolo de seguridad y quién sabe a cuántas madres les han hecho lo mismo y no lo saben”, alerta la esposa de Jesús Anaya.

La señora Estrada es contundente: “Me sigue doliendo, tengo mucha rabia contra las autoridades, pero el coraje y la impotencia me impulsa a seguir con la demanda. Son tres años de injusticia y ya estoy cansada, pero esto es una forma de decir: ya basta de impunidad, quiero aprender a vivir otra vez”.