El control de cambios y del comercio exterior impuestos en Uruguay a partir de la década de 1930, durante el gobierno de Gabriel Terra, representó un completo cambio de paradigmas. Pero el presidente no estuvo solo: contó con un amplio respaldo político e intelectual, según se vio en los capítulos anteriores de esta serie.

Por ley de 1932 se reforzaron las limitaciones a la inmigración según antecedentes (enfermos contagiosos, "vagos", "maleantes" y condenados por delitos comunes) y lugar de procedencia, completando la legislación restrictiva de 1890, que ya prohibía el ingreso de africanos, asiáticos y gitanos ("húngaros" y "bohemios").

Debido a la inmigración, "el país se estaba convirtiendo en una cloaca de degenerados procedentes de todas partes del mundo", sostuvo Gabriel Terra

La medida iba en línea con un país que se replegaba sobre sí mismo, en parte porque esas tendencias fueron muy comunes durante la Gran Depresión internacional, y en parte porque esos eran los vientos ideológicos más fuertes, desde el fascismo al comunismo.

En un discurso de 1934, el presidente Gabriel Terra sintetizó su punto de vista sobre el asunto: "Los hombres del viejo régimen proclamaban la obligación de recibir todos los desperdicios humanos, sin pensar que el país se estaba convirtiendo en una cloaca de degenerados procedentes de todas partes del mundo".

Mercado negro e introducción de los tipos múltiples

La fijación de un tipo de cambio artificioso en Uruguay en 1931 gestó de inmediato un mercado paralelo libre o "negro" para la compra-venta de moneda extranjera. Los uruguayos, acostumbrados a los mercados libres, no estaban habituados a lidiar con esos artificios. Pero aprendieron rápido y contaron con el concurso de los avispados porteños, ya habituados a esos disloques. En octubre de 1933 la diferencia entre el tipo de cambio oficial peso-dólar y el paralelo era de 54%, según contó en un libro de memorias el entonces gerente general del Banco de la República, Octavio Morató.

La fijación de un tipo de cambio artificioso en Uruguay en 1931 gestó de inmediato un mercado paralelo libre o "negro" para la compra-venta de moneda extranjera

Si la autoridad monetaria aumenta sustancialmente la emisión de dinero en un régimen cambiario libre, la moneda local se deprecia o devalúa; si se emiten muchos billetes en un régimen de cambio fijo, lo que se pierden son reservas. Si además de cambio fijo hay control de cambios y racionamiento para acceder a las divisas, entonces el mercado "negro" es un hecho. El intervencionismo suele completarse con controles de todo tipo, además de inspectores y policías. La corrupción y la especulación alcanzan niveles de gran arte.

En 1934, admitiendo los hechos, el Banco de la República autorizó un tipo de cambio libre, luego denominado "libre financiero". Ya en 1933 se había creado el tipo de cambio "compensado": un promedio entre el oficial y el "negro", para determinadas exportaciones, que sería sustituido por el "libre financiero". De esa manera comenzaron a utilizarse múltiples tipos de cambio: un Paraíso burocrático que seguiría ampliándose en las décadas siguientes, con controles de casi todos los precios de la economía, desde los alimentos a los alquileres, pasando por los fósforos o las morcillas, y daría lugar a toda suerte de distorsiones e ineficiencias.

"Ahí va el sucio máximo"

Ramón Díaz resumió la larga experiencia histórica en controles de precios en un artículo en Búsqueda del 7 de noviembre de 1984: "La institución del control de precios antedata considerablemente la acuñación de moneda. El código de Hammurabi puso en vigencia numerosas reglas sobre precios y salarios, fijados en términos de granos, y de plata, unos mil quinientos años antes de que las primeras piezas de este metal fueran acuñadas. No sabemos la suerte que cupo al control de precios en Babilonia, pero los fracasos del sistema en el mundo grecorromano son ya bien conocidos. Dentro de ese ámbito histórico, el experimento más ambicioso parece haber sido el de Diocleciano, cuyo edicto, promulgado el año 301 d. C., penaba con la muerte no solo el acaparamiento, y la venta de mercancías a precios no autorizados, sino hasta la mera compra de artículos en infracción. El edicto produjo, efectivamente, un copioso derramamiento de sangre, pero no interrumpió el alza de los precios. A cuatro años de su sanción abdicaba el esforzado y confundido emperador, y el decreto caía en desuso. Hasta que unos años más tarde su sucesor, Julián el Apóstata, volvía a las andadas.

Temporariamente la cólera del pueblo se concentra en los demonios de turno: mercaderes y especuladores, con los que el gobierno realiza algunas operaciones represivas, supuestamente ejemplificadoras.

A través de los milenios, el arquetipo es claro: el gobierno envilece el dinero, antaño recortando el contenido metálico de las monedas, hogaño emitiendo billetes sin respaldo. La carestía consiguiente suscita la protesta popular. El gobierno aprovecha la confusión del público sobre las causas profundas del fenómeno para endilgárselo a la codicia de los mercaderes, al irrefrenable apetito de los productores, al agio y a la especulación. Temporariamente la cólera del pueblo se concentra en los demonios de turno, con los que el gobierno realiza algunas operaciones represivas, supuestamente ejemplificadoras. Sin embargo, el alza general de los precios, lejos de amainar, se combina ahora con el desabastecimiento: los consumidores deben hacer colas interminables delante de negocios con estantes vacíos, y toda perspectiva de recuperación económica se cierra. Hasta que la gente, harta ya de padecimientos, está por fin preparada para comprender. Finalmente se cumple la sentencia de Abraham Lincoln: no es posible engañar a todo el mundo todo el tiempo. El control de precios termina por ser dejado sin efecto en medio del general beneplácito. El populacho que grita a Robespierre, camino de la guillotina: «Ahí va el sucio máximo» (juego de palabras en base al nombre del tirano, Maximilien, y al régimen de precios máximos —le maximun— que él había promovido con su tajante estilo), ejemplifica dramáticamente esta etapa. Durante un tiempo el realismo termidoriano es apreciado. Más adelante, sin embargo, en ocasión de que el gobierno redobla el emisionismo y carestía vuelve a hacer estragos en los bolsillos, rebrota, desmemoriada y desorientada, la indignación popular. El gobierno tiene lista la respuesta: es contra la avaricia mercantil que el Estado y la población deben movilizarse..."

Terra y la era de los controles

En 1931, al iniciarse el gobierno de Gabriel Terra, finalizó un siglo de vida independiente de Uruguay que combinó largas etapas de caos político con un enorme desarrollo socio-económico, hasta el punto que la población del país se multiplicó por 25.

A partir de la década de 1930, la pequeña potencia de economía abierta y disciplina fiscal y monetaria dio paso a una larga era de economía cerrada, indisciplina fiscal e incontinencia monetaria; al principio de manera moderada, y luego en un crescendo burocrático incontenible.

A partir de la década de 1930, Uruguay se empecinó en lograr la autarquía, negando su propia esencia y condición



Después de la Segunda Guerra Mundial casi todos los países de mayor desarrollo volvieron a las economías relativamente abiertas y a un enorme comercio exterior. Esa posguerra abrió el período de intercambio y desarrollo humano más intenso y generalizado de la historia. Pero entonces Uruguay estaba empecinado en la autarquía, negando su propia esencia y condición. El país que había iniciado su andadura independiente con un arancel máximo de 25% para las importaciones y un mercado libre de cambios, hacia 1956 tenía once tipos de cambio diferentes y aranceles de hasta 300%, sumados a otras trabas burocráticas. El enano quiso convertirse en continente. El mercado negro y el contrabando formaban parte de la vida cotidiana de casi todas las familias, cada cual con su bagayero de confianza. Uruguay estaba en profunda crisis. Y vendrían tiempos peores.

A mediados de la década de 1930, durante el gobierno de Gabriel Terra, con César Charlone como ministro de Hacienda, comenzaron a establecerse las bases de una inflación crónica que, con algunas correcciones esporádicas, se arrastraría por 60 años. Los gobernantes que vinieron después no se esforzaron durante mucho tiempo por regresar a una moneda sana, salvo algún intervalo más bien efímero, como la "reforma cambiaria y monetaria" que desde 1960 intentó el ministro Juan Eduardo Azzini.

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