NdeR: [Frente a la resistencia de las entidades públicas y los muros legales, el navegante de los portales de acceso a la información se parece a Moisés, el hombre bíblico que en cuarenta años de búsqueda jamás pisó la tierra prometida. El marco jurídico de la Transparencia nacional permite que la información sea negada con uno de estos argumentos: los datos solicitados están bajo reserva, son inexistentes o confidenciales. Así, la Administración de Enrique Peña Nieto mantiene más de 12 millones de expedientes bajo llave. Se ha negado a mostrar el acta de nacimiento del Presidente, el decreto que avala la pensión vitalicia a exPresidentes y sus viudas, los resultados de sus encuestas, los fundamentos para crear la Gendarmería o los gastos de las fiestas dentro de Los Pinos. #DatosCerrados es un ejercicio de la Unidad de Datos de SinEmbargo que identifica lo que el Gobierno y otras instituciones no quieren revelar.]

#DatosCerrados | El 12 de diciembre de hace diez años fue el primer día de la Guerra en contra del Crimen Organizado, la etapa más sangrienta en la Historia reciente de México y que aún no encuentra fin. ¿Había razones fundadas para mantener esta ofensiva? Por lo menos los documentos públicos no pueden ser consultados. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de México de 2006 a 2012 y quien lanzó la ofensiva, dejó clasificada bajo reserva la Agenda Nacional de Riesgos (ANR) de 2011, el año más violento de su sexenio.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).– La Agenda Nacional de Riesgos (ANR) de 2011, el documento elaborado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que indica el grado de vulnerabilidad del Estado, fue reservado hasta 2018 por el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, lo que impide conocer si en verdad había razones para mantener la estrategia en contra del llamado crimen organizado.

Además, los “factores determinantes” para que el Gobierno federal emprendiera la llamada guerra o combate contra el narcotráfico, o de manera general, lucha contra el crimen organizado” fueron declarados “inexistentes” por Los Pinos ese año, cuando a Calderón le faltaban meses para dejar la Presidencia.

Según el CISEN, la ANR es un producto de inteligencia y un instrumento prospectivo que identifica riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional, la probabilidad de su ocurrencia, las vulnerabilidades del Estado frente a fenómenos diversos y las posibles manifestaciones de los mismos. Este documento que debe ser aprobado por el Presidente de la República cada año, permite orientar las acciones, los mecanismos de coordinación y las políticas.

Cuestionado su triunfo en las elecciones de 2006 y apurado para conseguir legitimidad, el Presidente Felipe Calderón inició una estrategia de seguridad el 11 de diciembre de ese año con la Operación Conjunta Michoacán que implicó el despliegue en ese estado de seis mil elementos del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Secretaría de Seguridad Pública.

Los años calderonistas transcurrieron y a pesar de que hubo varias advertencias de que el costo de la ofensiva era una crisis de Derechos Humanos, el Presidente no quiso o no pudo detenerse. En 2008, dio varios discursos triunfalistas. El 11 de junio de 2008 expresó:

“Eso es lo que estamos haciendo, amigas y amigos colaboradores, enfrentando a la delincuencia y derrotándola en una guerra, en una batalla que será de muy largo plazo […] Soy partidario de que las batallas, las guerras se ganan, precisamente, con información, con inteligencia y con estrategia […] Y estamos escalando las potencialidades de inteligencia, particularmente en el nivel federal, porque queremos y sabemos, verdaderamente, cómo vamos a ganar esta guerra”.

Y el 17 de septiembre del mismo año, dijo: “… Es imprescindible que todos los que nos sumamos a ese frente común pasemos de la palabra a los hechos y que declaremos, verdaderamente, la guerra a los enemigos de México y vayamos por la victoria que la Patria reclama y a la que tiene derecho. Estoy convencido que esta guerra la vamos a ganar y la vamos a ganar con el apoyo y la participación de todos”.

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En sus palabras estaba la victoria, pero el entonces Presidente no pudo responder cuáles eran los criterios para indicar que la guerra se estaba ganando o que por lo menos, había una expectativa sustentada para ganarla. A la solicitud de información con el folio 0210000150808 en la que se le requirió cualquier elemento para la elaboración de sus discursos respecto al triunfo, Los Pinos respondió que no contaba con información y el Comité de Información los declaró “inexistentes”.

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Así llegó el 20 de enero de 2011, cuando Felipe Calderón negó haber pronunciado el término “guerra”.

“Yo no he usado el término “guerra”. Y sí puedo invitar a que se revisen todas mis expresiones públicas y privadas. Yo no elegí el concepto de guerra. Yo he usado permanentemente el término de lucha contra el crimen organizado y lo seguiré usando”.

Más allá de si la ofensiva se llamó “guerra” o “lucha” o “batalla”, 2011 fue el año más violento del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, según los conteos de muertos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi). Ese año, se registraron 27 mil 213 muertes violentas, el número más alto en esa categoría desde 1990. En el sexenio, el número de homicidios se incrementó en 150 por ciento.

Mientras en México, el entonces Presidente clasificaba las razones de la guerra, la Corte Penal Internacional de La Haya, Países Bajos, recibía una demanda en su contra interpuesta por un grupo de abogados y 23 mil ciudadanos mexicanos que pedían juicio para el ex Mandatario por responsabilidad individual en crímenes de lesa humanidad. El legajo lo integraron con 50 mil muertos y 10 mil desaparecidos. Además, describieron la brutal forma en que en ese tiempo -como ocurre ahora mismo- se encontraba la hora última en México. Era un panorama de despojo y desolación. Dijeron que era la guerra.