De repente es como si informar fuese un delito. Y hay muchos periodistas que escriben con más miedo que el que teníamos, en tiempos de Franco, los que ejercíamos este oficio. Un oficio que, en muchas ocasiones y por el simple hecho de ejercerlo, te conducía inexorablemente al Tribunal de Orden Público (TOP). Eran, cómo no, tiempos en los que el verdadero periodismo, alejado de las vías oficiales de comunicación, te convertían en un desafecto al régimen de Franco, Caudillo de España por la Gracia de Dios. Más de cuarenta años después de su muerte en la cama, las tesis de Franco Bahamonde (Vaamonde) siguen ganando, cual Cid Campeador, batallas y más batallas.

La UNESCO requiere "mentes críticas para tiempos críticos" y busca, cual nuevo Diógenes, con un farol, el avance de sociedades más pacíficas, justas e inclusivas a través de los medios de comunicación. Unos medios que se dejan querer y que requieren profesionales que permitan la doma y castración, las ruedas de prensa sin preguntas, los plasmas que evitan las presencias ante los periodistas. Profesionales que admitan la pérdida de independencia, ahora que en teoría ya no es necesario escribir entre líneas ni se precisa de un Gila o una cárcel de papel para enseñar al lector más inteligente a andar los caminos de la libertad.

Ejercer la libertad de prensa ni siquiera debiera ser un objetivo en 2017 para los miles de periodistas que en España hay. Y no debiera serlo, porque se supone que esa libertad es algo inherente al individuo, sea este o no periodista: nada hay más sagrado que el poder expresarte en libertad. Con más garantía, por derecho, para aquel que tiene como misión crear opinión, informar: porque la prensa, o es libre o es escribir al dictado de quien ordena, que no es nunca el pueblo, para convertirse en muchos casos en un puro libelo.

Para regular el sacrosanto derecho a opinar o a informar –diferenciando lo primero de lo segundo– no se necesita en España –ni en ningún otro país– aplicar leyes ajenas a las que ya existen y que encaminan para regular en tal derecho lo que se quiere decir. Nunca la conocida como "ley mordaza" puede sustituir las normas y códigos deontológicos que los periodistas nos hemos otorgado para ejercer con dignidad un oficio que la ciudadanía entiende como necesario, porque la libertad de prensa les garantiza a ellos mismos, a los ciudadanos, la veracidad de una información cada día más difícil. Cada día, también, más cuestionada por aquellos que debieran cuidarla como la niña de sus ojos.

Cuando hablar de los pueblos de España era un delito, cuando demostrar con pruebas que un alcalde se beneficia de su cargo para el ejercicio fraudulento de su profesión, cuando señalar –por evidente– los cambios introducidos en China por Mao –abolición de la poligamia y la gratuidad de la enseñanza hasta los 14 años– eran ataques directos a la dictadura franquista, o cuando tener en tu agenda de trabajo el teléfono de un presunto miembro del GRAPO te convertía ante la entonces represiva policía en un contacto con aquella organización terrorista, no pueden volver a ser realidad cotidiana. Las mordazas no encajan ni deben servir de cortina de humo para aquellos que ejercen un poder gracias a que una parte mayoritaria del pueblo se lo ha otorgado para que lo ejerza con moderación y dando la cara.

El 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Desgraciadamente, es necesario celebrarlo. Aunque solo sea para que la consciencia de su existencia no se pierda. El ejercicio de esta libertad por los periodistas es tan necesario hoy como innecesario sería si la misma libertad fuese de libre circulación.