Josep Borrell, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en el Gobierno de Pedro Sánchez, desde el pasado 7 de junio de 2018 pretende, por enésima vez en apenas cinco meses, hacernos comulgar con ruedas de molino. Así, en una vuelta de tuerca más, y con el claro objetivo de lavarse las manos ante lo que acontece en el Sáhara Occidental, el señor ministro nos acaba de agraciar con la siguiente perla jurídico política:

“España no es potencia administradora, España no es considerada potencia administradora en las Resoluciones anuales de la Asamblea General que se refieren a la descolonización del Sáhara Occidental, ni aparece como potencia administradora en la lista de Territorios No Autónomos de Naciones Unidas, eso es importante saberlo para saber cuáles son nuestras responsabilidades con respecto a ese territorio”, para a continuación señalar: “Yo me he entrevistado con argelinos, con marroquíes, y estamos apoyando los esfuerzos del Secretario General que es prácticamente lo mejor, por no decir lo único que podemos hacer”.

No parece, sin embargo, ser esta una posición unánime dentro de su propio Gobierno. Su actual compañero a cargo del Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Auto de la Audiencia Nacional -Sala de lo Penal, Nº 40/2014-, en el que ejercía como presidente, señaló al respecto: “En definitiva, de acuerdo con lo manifestado hasta el momento, las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y los informes de su Secretario General, la potencia administradora del Sáhara Occidental sigue siendo España, aunque lo sea de “iure” pero no “de facto”.

Han pasado casi 43 años desde que el último Gobierno del dictador Francisco Franco abriese las puertas a la invasión marroquí, de la que entonces era la provincia española número 53 y, todavía, la narración de los hechos sigue sin dar cuenta de que aquella entrega fue ilegal, ignorando que, tanto para la ONU, el derecho internacional y el derecho interno español, España sigue siendo la potencia administradora de un territorio pendiente de descolonizar.

Dicho de otro modo, a pesar de que España ha pretendido siempre desvincularse de sus responsabilidades jurídicas a partir de los nulos Acuerdos de Madrid, es evidente, para quien quiera ver más allá de presuntas sumisiones a otros intereses, que, aunque España comunicara el cese de sus responsabilidades como potencia administradora del Sáhara Occidental, tal decisión no supuso modificación ninguna en su status jurídico como responsable del territorio, ni acarreó efecto jurídico ninguno, como lo demuestra el hecho cierto de que el territorio continúa en la lista de los territorios pendientes de descolonización, y, como lo demuestra igualmente la participación de España, junto a cuatro de los países permanentes en el Consejo de Seguridad, en el llamado “Grupo de Amigos del Secretario General” creado al efecto para el Sáhara Occidental.

Señor ministro, dice el refrán que obras son amores y no buenas razones. ¿Qué hace el Gobierno de España más allá de reunirse con argelinos y marroquíes? El Estado Español, gobernado tanto por el PSOE como por el PP, no solo se ha desvinculado de sus responsabilidades que aún mantiene sino que ha actuado abiertamente en contra de ellas amparando, siempre y en todo lugar, la ocupación del territorio y el expolio de sus recursos naturales.

Como usted sobradamente conoce, pese a que en su comparecencia no hiciera mención alguna al respecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reafirmado con rotundidad que la potencia ocupante, el Reino de Marruecos, no puede permitir la explotación de los recursos naturales del territorio al no haber expresado su consentimiento el pueblo del Sáhara Occidental, único sujeto habilitado para ello. Ya sabe usted entonces con quien debe reunirse.

En definitiva, señor ministro, España sigue siendo la potencia administradora del territorio y mantiene una deuda moral, política, jurídica e histórica con el pueblo saharaui, por lo que lejos de allanar con su actuación el camino de la ocupación, lejos de allanar con su actuación el camino de las violaciones constantes a los derechos humanos, lejos de allanar con su actuación el camino del expolio a los ingentes recursos naturales del territorio, el Estado debe abandonar esa falsa neutralidad activa y habilitar todas las medidas jurídicas y políticas para exigir el cumplimiento de la legalidad internacional que ampara el derecho de este pueblo hermano a ejercer un referéndum de autodeterminación para decidir libremente su futuro.

Eso y nada más que eso. Todo lo demás, señor ministro, es seguir blanqueando y legitimando lo que no constituye sino una pura ocupación militar del territorio del Sáhara Occidental, dividido por un muro de más de 2.500 km, plagado de minas, que divide a las familias y blinda el expolio de los recursos naturales.

Señor ministro, cuanto más se aleja una persona de la verdad, más aborrece a quienes les hablan de ella.

Pepe Taboada, presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara)