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A estas alturas parece difícil poner en duda que el PP es una «organización criminal«, en el sentido que establece el Código Penal, aprobado por el propio PP que, en el segundo párrafo del primer apartado del art. 570 bis, establece que “A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas”.

Que el PP se ajusta plenamente a esa definición parece evidente hasta para un ciego: ¿o no es una agrupación de más de dos personas (tiene más de 900 imputados, de los cuales algunos ya han sido condenados y, otros como Rita Barberà o los extraños casos relacionados con la Gürtel, fallecidos) con carácter estable o por tiempo indefinido (los casos Gürtel, Lezo, Taula, Bárcenas y un largo etcétera) donde sus integrantes se ha repartido las tareas para cometer delitos (el robo generalizado de dinero público) haciéndolo de manera concertada y coordinada?

Lo sorprendente es que todavía no se haya declarado como tal organización criminal, se haya detenido y se haya sentenciado a sus responsables, que se cuentan por centenares empezando por los actuales dirigentes.

Es difícil explicar por qué no ha ocurrido eso ya. Y parece también evidente que la explicación a ese sinsentido tiene relación con la estructura política surgida del régimen del 78, heredera del franquismo: con la ley de amnistía de entonces se mantuvo en el poder, con nueva imagen, a los continuadores de aquel régimen dictatorial, criminal y corrupto. Es decir, no se pidió responsabilidades ni se depuró el aparato de poder (político, judicial, policial, militar) ni se investigaron y castigaron a los promotores económicos del régimen franquista.

Hoy, el neofranquismo instalado en el poder, con la monarquía nombrada por el dictador como su sucesora a la cabeza, se protege y encubre aprovechando que controla los resortes del poder. El conflicto catalán (y antes de él, casos como los de Bódalo, los chicos de Altsasu, Alfon, huelguistas, tuiteros…) ha puesto todavía más al desnudo esa realidad en que el rey, los partidos del régimen, el aparato judicial y policial, los principales medios de comunicación y tras ellos los grandes poderes económicos, han actuado conjuntamente para hacer realidad una aparente paradoja: mientras se encarcela, se abren causas judiciales o se sanciona a miles de ciudadanos (conselleres, alcaldes, tuiteros, periodistas, manifestantes, huelguistas…) por ejercer sus libertades de asociación, opinión, expresión, reunión, manifestación, prensa o huelga, cientos de implicados en casos de corrupción (no sólo del PP: también del PSOE, la antigua CiU, UGT o CCOO) siguen libres, sin fianza en caso de estar procesados o indultados en último término.

Que la Audiencia de Madrid procese por fin al PP por una de sus fechorías más evidentes no nos debe hacer perder de vista que, por lo general, este sí que es un caso aislado por todo lo anterior. Otra cosa es que se haga difícil entender cómo es posible que un régimen tan podrido como el del 78 siga sobreviviendo y, algunos de sus actores principales, sigan recibiendo apoyo social (el voto al PP, PSOE o Cs o la hegemonía de CCOO y UGT en las elecciones sindicales): es indudable que existe un «franquismo sociológico» que tiene sus raíces en los sectores más conservadores de la sociedad, allí donde el PP y también en gran parte el PSOE tienen un vivero de votos asegurado, favorecido por una ley electoral hecha a su medida, con independencia de las canalladas que lleguen a hacer (los mismos sectores sociales en quienes ha calado el fervor ultraespañolista del «a por ellos» como respuesta al «problema catalán»). Pero también actúa a favor de la continuidad del régimen el papel canallesco de algunas de las formaciones que siguen presentándose como de izquierdas, que actúan como guardaflancos por la izquierda del podrido régimen borbónico, que tanto gusta a las fracciones principales de la burguesía española -y a la Europa del Capital- porque les asegura mantener su sistema de dominación.

Procesamiento del Partido Popular por la destrucción de los ordenadores y discos duros de Bárcenas

La Audiencia de Madrid ha confirmado el procesamiento del Partido Popular (PP) en la causa que instruye por la destrucción de los ordenadores y discos duros de su ex tesorero, Luis Bárcenas.

Junto a la formación política, se sentarán en el banquillo de los acusados su actual tesorera y algunos de sus asesores fiscales. Los magistrados toman la decisión tras rechazar los diferentes recursos presentados. Esta decisión ya no admite nuevos recursos.

Con la imputación de su actual tesorera, Carmen Navarro, se da la situación de que el Partido Popular ha tenido a todos sus tesoreros salvo uno desde su creación (1989) imputados por delitos relacionados con la corrupción. En este caso, daños informáticos y encubrimiento son los delitos que se imputan.

Caso «ordenadores de Bárcenas»

La pieza que se juzga en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid deriva de otra investigación judicial en la que Luis Bárcenas confesó ante el juez Ruz que el Partido Popular llevaba 20 años financiandose ilegalmente.

José Manuel Moreno, responsable de informática del PP, declaró ante el juez que poco después, en julio de 2013, borró hasta 35 veces los discos duros de Bárcenas y que después los rayó, rompió y tiró a la basura, siguiendo las indicaciones de Alberto Durán, asesor jurídico del partido.

Se sospechaba que en esos discos duros se contenía información que acreditaba las declaraciones de Bárcenas, y por ello el juez los requirió, pero finalmente se los encontró destruidos.

Fuente: Agencias