El pasado 22 de diciembre, mientras la parte crédula de España estaba pendiente de la lotería de Navidad, Pedro Guadalupe Rivas y sus hermanos recibieron el otro premio gordo. El Tribunal Supremo les notificó que acababa de confirmar la sentencia por la que la parcela de 860 metros cuadrados que la autopista de peaje R-3 les expropió pasaba de valer de 26.456 euros a 2,768 millones. El precio, inicialmente fijado en 28,3 euros por metro cuadrado, subía a 3.161, más de 100 veces más. El terreno, declarado urbano, fue expropiado para una glorieta sobre la autopista casi a la entrada de Madrid, en el popular barrio de San Blas.

Como ellos, cientos de familias han sido beneficiarias de un sistema mal diseñado por el Estado y las concesionarias. Las radiales han sido un fiasco y su deuda, de unos 2.000 millones solo en expropiaciones, será previsiblemente del Estado. Entre ellos hay agricultores, herederos que no sabían nada del terreno, pero también latifundistas, constructoras y apellidos notables como Franco, Serrano Suñer o Abelló.

Se calculó que los terrenos costarían 387 millones, pero hay que pagar 2.190 millones

Por la R-2, junto al aeropuerto apenas circula nadie. Solo algún despistado se para ante el peaje. Abajo, el río Jarama; a la derecha, la T-4 de Barajas; y a la izquierda, la pedanía de Belvís del Jarama, famosa porque sus vecinos sufren a diario el ruido de los aviones. Allí la familia De Jove, terratenientes de Sevilla, tiene desde hace décadas lo que llaman el Cortijo de Belvís. El alcalde pedáneo, Rafael Fariñas, rebota los ecos: “Se dice que se llevaron un buen pellizco”. El abogado que llevó el caso, Joaquín Moya, precisa que “les expropiaron más de 600.000 metros cuadrados” para unos 2.500 metros de autopista, más un ramal y salidas en terreno no urbanizable. Por eso, los De Jove recibirán unos 40 millones.

Los tribunales decidieron que como la circunvalación M-50 estaba diseñada para descongestionar el tráfico de Madrid, todo lo que hubiera dentro de ella debía ser valorado como urbanizable.

Las radiales calcularon hace 15 años que tendrían que pagar 387 millones por el terreno. Solo la R-2 ha salido por 470, de los que ya ha abonado 350, según fuentes de la empresa. En esa autopista, los principales pagos pendientes son uno a la familia De Jove y otro a la familia del financiero Juan Abelló. Por unas 20 hectáreas de las 180 de una finca que el padre de este último compró hace 50 años, debe recibir otros 40 millones contando intereses (los retrasos en el pago elevan el coste por los intereses). El abogado de la familia, Fausto Sánchez Cano, señala que el caso es distinto: “No tiene nada que ver porque esta ya era urbanizable, no es que los tribunales la equipararan”.

Con las radiales al borde de la liquidación el problema es para el erario público, ya que la justicia ha fallado que las expropiaciones las debe pagar el Estado, que es el titular de las infraestructuras. Julián Núñez, presidente de la patronal Seopan, da idea del agujero: Las autopistas calcularon un gasto de expropiación de 387 millones. El coste total para las ocho concesionarias será de 2.190 millones. Falta pagar 1.199 que saldrán del contribuyente.

Los consultados, de las empresas y abogados de expropiados, aluden a una cascada de errores de Fomento y las concesionarias que a finales de los años 90 idearon un ruinoso sistema de autopistas de peaje. El tráfico no ha sido el previsto (un 82% menos de lo estimado en la Madrid-Toledo) y el sistema en el que las mismas constructoras entraban en las concesionarias permitía asumir riesgos sin temer grandes pérdidas porque respaldaba el Estado.

Y luego están las expropiaciones. Fausto Sánchez Cano las conoce bien porque comenzó a trabajar en 1969 en la Sevilla-Cádiz y ha llevado a cientos de clientes. Una de las causas que apunta es que “las concesionarias han expropiado el doble de lo que necesitaban”. Si lo habitual es expropiar una franja de terreno de 75 metros, aquí fueron 150. Los más benévolos lo atribuyen a un exceso de previsión por si crecía el tráfico. Los suspicaces a que las constructoras querían aprovechar las radiales para acaparar enormes bolsas de suelo junto a Madrid.

El Estado también erró. Fomento tramitó las radiales sin someter a exposición pública el proyecto informativo. Ese trámite demora la obra unos cinco meses pero si se omite permite a los expropiados alegar contra ella. Sin la exposición pública, los jueces elevan la expropiación un 25%.

La cadena de errores favorece a herederos, agricultores y constructores

Algunos propietarios no llegaron a pleitear. Acordaron con la concesionaria y el Ayuntamiento correspondiente que les dejasen construir más en otro terreno a cambio del suelo. Eso, en la época del pelotazo, fue un negocio aún mayor. Uno de esos acuerdos lo firmó el 30 de junio de 2000 Arroyomolinos con la firma Valdefuentes. Esta es la empresa que gestionaba la finca del mismo nombre que compró en 1952 el dictador Francisco Franco.

Según la documentación del Ayuntamiento, Valdefuentes tenía 15,8 hectáreas no urbanizables que fueron expropiadas. La concesionaria pagó al Ayuntamiento 887.000 euros a cambio del terreno de un grupo de propietarios entre los que estaban los Franco. Estos no pleiteaban y el consistorio a cambio les daba la edificabilidad equivalente en otro lugar. Francis Franco, nieto mayor del dictador, era gerente de Valdefuentes, propiedad al 50% con el constructor Fidel San Román. Recuerda vagamente el caso y duda que fuera tanto terreno: “Fue poco suelo en el extremo de la finca. Era un tema menor cuando hablábamos en las reuniones”.

Otros nombres de la dictadura también conocen las radiales. Los herederos de Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco, llegaron a un acuerdo con la R-5 por una cantidad no desvelada. Ramona Polo Martínez-Valdés, su esposa, era dueña de la finca Los Pinos, de 337 hectáreas. 14 de ellas fueron expropiadas para la R-5. Parte de la finca fue vendida luego a la promotora Europea de Desarrollos Urbanos (Edusa, hoy en concurso de acreedores) por 31 millones, según el registro.

Un magistrado que participó en estos procesos resume su conclusión: “Alrededor de Madrid hay más latifundio de lo que yo pensaba”. Ahora lo descubrirán los contribuyentes.

Una cuña del sistema José Manuel Serrano Alberca ha sido letrado de las Cortes a la vez que pleiteaba contra el Estado. Le gusta presentarse como padre de unas tesis jurídicas que han hecho que los tribunales diesen a los suelos rústicos valores de tasación casi de terreno urbanizable. “Si haces un aeropuerto al lado de unas zonas urbanas, ¿por qué va a soportar el dueño del terreno en el que va el aeropuerto él solo todo el coste? Los tribunales fijan precios altos porque equiparan beneficios y cargas entre expropiados y no expropiados”, explica. Serrano Alberca se jubiló de las Cortes a finales de enero, pero no ve problema en haber sido durante décadas funcionario y en presentarse ahora como el padre de un sistema jurídico que ha generado tanto quebranto económico al Estado y beneficio a unos particulares: “Puedo ejercer si no voy contra las Cortes”. Solo su despacho tiene pleitos pendientes de cobrar por 68 millones, la mayor parte por retasaciones, un procedimiento que pide el propietario cuando tarda en cobrar. El sistema ha generado un formidable negocio para un grupo de abogados especializados en algo tan poco atractivo como las expropiaciones. La mayoría cobra un porcentaje sobre lo que reciba el dueño de los terrenos, con un tope si la indemnización es muy alta.

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