70 de los 657 abogados del Estado que tenían una plaza en ese cuerpo de funcionarios de élite en marzo de 2012 (último dato disponible) trabajan como asesores, altos directivos o consejeros de empresas del Ibex 35. El 10,6% de estos trabajadores públicos, que conocen al dedillo las tripas (y debilidades) de la Administración tras superar una de las oposiciones más duras que existen en España se han pasado a la excedencia para ponerse al servicio de compañías del índice bursátil que aglutina a la élite empresarial española.

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Lo hacen con retribuciones que multiplican con creces los sueldos que tenían en el sector público (como máximo, unos 100.000 euros brutos anuales, contando complementos) cuando se ocupaban de defender al Estado en pleitos de todo tipo, incluyendo litigios contra grandes empresas.

El cálculo es conservador, porque hay abogados del Estado que ya no están en el cuerpo al haberse jubilado hace años. Está basado en el análisis de la última relación circunstanciada de abogados del Estado publicada por el Ministerio de Justicia en marzo de 2012, que lleva sin actualizarse desde entonces. Ese listado reflejaba que, de los 657 abogados del Estado con plaza, poco más de la mitad (338) estaban en activo. Del resto, 252 (el 38%) estaban en excedencia voluntaria y 70 en situación de servicios especiales en el Gobierno central o autonómico o empresas públicas.

Desde entonces se ha producido un importante trasvase de efectivos al sector privado (los abogados del Estado no están sujetos al régimen de incompatibilidades de los altos cargos, por lo que pueden estar un día en el sector público y al siguiente en el privado), y hay al menos quince miembros del cuerpo que han fallecido o se han jubilado desde 2012, sin que Justicia haya cubierto nuevas plazas.

En el departamento que dirige Rafael Catalá no responden a la pregunta de cuántos funcionarios del cuerpo han pedido la excedencia voluntaria desde 2012, cuántos han vuelto y cuántos están en activo actualmente. Tampoco explican la tardanza en actualizar ese listado, que se ha quedado viejo. Justicia, en definitiva, no comenta este asunto.

La llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa dio nuevo brillo a este cuerpo, con un importante trasvase de abogados del Estado (encabezados por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría) a los despachos del poder político y empresarial. El Ibex 35 es, junto a otras grandes multinacionales, consultoras y grandes bufetes de abogados, uno de los destinos más habituales entre los que deciden pasarse al lado oscuro, por utilizar el argot del sector.

Actualmente, 25 de las empresas del Ibex 35 cuentan con al menos un abogado del Estado en sus filas. Las que más tienen son Iberdrola y Santander, con ocho cada una, seguidas por Telefónica, con siete, BBVA y Caixabank, con cinco, y ACS, Bankinter, Gas Natural e Inditex, con cuatro cada una. A continuación figuran Bankia, Enagás y Repsol (tres); Gamesa, Red Eléctrica y Acciona (dos cada una) y Acerinox, Abertis, Aena, Banco Popular, Ferrovial, Indra, FCC, Mapfre, Sabadell y Sacyr, con uno. Además, hay tres abogados del Estado que trabajan en tres patronales íntimamente vinculadas a algunas de estas empresas: la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal eléctrica, Unesa, y la del gas, Sedigas.

Varios de esos altos funcionarios se han incorporado a compañías del selectivo en el último año. Es el caso de Eva Chamizo (que en noviembre pasado fichó por Iberdrola); Ignacio Grangel, exjefe de gabinete del todavía secretario de Energía, Alberto Nadal, para el que Red Eléctrica se inventó un nuevo puesto en septiembre pasado (vicesecretario del consejo); la exabogada del Estado en el Ministerio de Economía Gloria Calvo, que en abril de 2015 fichó como secretaria general de Bankinter; o el de Antonio Botella García, nombrado consejero de ACS en abril de 2015, cuando todavía era abogado del Estado en el Tribunal Supremo, donde la constructora se juega miles de millones de euros por litigios como los relacionados con el rescate de las autopistas de peaje.

Las compañías del Ibex con más abogados del Estado son estas:

Iberdrola

El abogado del Estado más poderoso en Iberdrola es Julián Martínez-Simancas, que aunque se acaba de jubilar como empleado de la eléctrica sigue como secretario del consejo de administración. También es abogado del Estado Santiago Martínez Garrido, recientemente ascendido como director de los Servicios Jurídicos de la compañía, en la que lleva desde 2004; Rafael Mateu, letrado asesor del consejo y secretario de la Comisión de Retribuciones de Iberdrola; José Miguel Alcolea, director de los Servicios Jurídicos de los Negocios de Iberdrola, consejero de su participada Gamesa y de su filial Scottish Power; Rafael Gil Nievas (representante legal en América); Félix Sobrino (director de los servicios jurídicos de Iberdrola España) y Gerardo Codes.

La última en incorporarse ha sido Eva Chamizo Llatas, número uno de su promoción en 2001 y que fichó en noviembre pasado por la eléctrica como directora de su oficina en Bruselas. Hasta entonces, era la representante de la Abogacía del Estado en la Representación Permanente de España ante la Comisión Europea (Reper).

Santander

El abogado del Estado más destacado en el primer banco español es Rodrigo Echenique, vicepresidente ejecutivo de la entidad, en cuyo consejo se sienta José Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, su secretario general hasta el año pasado, abogado del Estado y sustituido por el ex número dos de Sáenz de Santamaría en Moncloa, Jaime Pérez Renovales, también funcionario de ese cuerpo. La compañera de promoción de éste, Mónica López-Monís, también consejera de Abertis y esposa del expresidente de RTVE Leopoldo González-Echenique, también abogado del Estado, fichó el año pasado por Santander procedente de Bankinter, donde era la secretaria general.

También son abogados del Estado Juan Manuel Cendoya, director de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios del Santander; Mauricio Corral (director de la Asesoría Jurídica Procesal Corporativa); Juan Guitard (director de Auditoría Interna) y Adolfo Díaz-Ambrona Moreno (también en el área jurídica).

Telefónica

El secretario general de Telefónica es desde 2005 otro funcionario del cuerpo en excedencia, Ramiro Sánchez de Lerín García-Ovies; el mismo puesto en Telefónica España ocupa Pablo Antonio de Carvajal, también abogado del Estado; y en su cúpula directiva están los abogados del Estado Carlos López, director de Asuntos Públicos y Regulación desde 2012, miembro del Comité Ejecutivo y exsecretario de Estado de Telecomunicaciones con el PP y Enrique Medina, director de Políticas Públicas. También son abogados del Estado Iván Rosa, marido de Sáenz de Santamaría y fichado para el área jurídica de la compañía en marzo de 2012; y su compañero de promoción Nicolás Oriol. En el consejo de Telefónica se sienta Pablo Isla, presidente de Inditex y abogado del Estado.

BBVA

El banco que preside Francisco González tiene a dos abogados del Estado en su consejo de administración: José Maldonado, exsecretario del consejo, y, desde 2014, Lourdes Maíz Carro, a su vez, secretaria del consejo de Iberia. En la alta dirección de la entidad está el abogado del Estado Eduardo Arbizu, director de los Servicios Jurídicos del banco; otro miembro del cuerpo en excedencia, Rafael García-Valdecasas, es defensor del Cliente de BBVA desde 2011. Y su colega Pablo Manuel Mayor, exabogado del Estado en el Ministerio de Fomento, fichó hace unos meses por la promotora de la Operación Chamartín, controlada por BBVA.

Caixabank

En el consejo del banco se sienta el abogado del Estado Antonio Sainz de Vicuña, fichado en 2014, un año después de su jubilación como abogado general y director general del Servicio Jurídico del Banco Central Europeo (BCE). El secretario del consejo es Alejandro García-Bragado Dalmau, abogado del Estado en excedencia desde 1984; y el secretario general y vicesecretario primero del consejo, su colega Óscar Calderón de Oya. El secretario (no consejero) de Caixaholding, la sociedad de inversiones de La Caixa, es José Antonio Alepuz Sánchez, abogado del Estado, como lo es Ignacio Redondo Andreu, director de Asesora jurídica en La Caixa, cuyo anterior presidente, el fallecido Ricardo Fornesa, también era abogado del Estado.

ACS

El secretario-consejero de la constructora es un histórico de la compañía, José Luis del Valle, compañero de promoción del citado Antonio Botella en la hornada de abogados del Estado de 1975. Este último se ha jubilado recientemente, aunque en su perfil biográfico en la web de ACS, la compañía que preside Florentino Pérez señala que, “como Abogado del Estado, en la actualidad, presta servicios en la Abogacía del Estado del Tribunal Supremo”. En el consejo les acompañan Catalina Miñarro, también fichada hace un año y que se convirtió en vocal de la aseguradora Mapfre en octubre de 2013, cuando todavía estaba en la Audiencia Nacional. El último informe de Gobierno corporativo de Mapfre, de 2015, señala que Miñarro está en "excedencia" en ese puesto, aunque en mayo de 2014, poco después de fichar por el grupo asegurador, afirmó al diario El País que sólo acudía a las reuniones de Mapfre seis veces al año y no se había encontrado con ningún conflicto de interés. El cuarto abogado del Estado al servicio de ACS es Juan Carlos Calvo, asesor legal de la Presidencia en su filial Urbaser desde 1991.

Gas Natural

Varios de los principales responsables del área jurídica de la gasista son abogados del Estado: Manuel García Cobaleda, secretario del consejo; Javier Gallego Piñera, director jurídico de Gas Natural Fenosa; y Víctor Antonio Quesada, director del Servicio Jurídico de Distribución de Gas Natural. Además, en su consejo se sienta otro funcionario del cuerpo en excedencia, Luis Suárez de Lezo, que representa a su accionista Repsol.

Bankinter

El banco tiene en su consejo a los abogados del Estado Pedro Guerrero (ex presidente de la entidad) y a Rafael Mateu (también en Iberdrola). También son miembros de ese cuerpo la secretaria del consejo desde abril de 2015, Gloria Calvo, y el director general de Banca de Inversión, Jaime Guerra Azcona.

Inditex

El mayor grupo textil del mundo, que este miércoles volverá a batir récord de resultados, tiene en sus filas al abogado del Estado más poderoso y mejor pagado del Ibex, Pablo Isla, elegido en 2011 por Amancio Ortega como primer ejecutivo de la compañía, a la que se incorporó en 2005 como consejero delegado. También son abogados del Estado su consejero Rodrigo Echenique (también en Santander), el secretario del consejo, Antonio Abril, y el vicesecretario, Santiago Martínez-Lage Sobredo, fichado en 2012.