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Con la complicidad del BCE y del gobierno, la mafia bancaria, en este caso del Santander, ha vuelto a sacar tajada con la compra por un euro del Banco Popular. Por una parte, el BCE, al servicio de las grandes corporaciones y de la gran banca, se lo puso fácil instando al gobierno a intervenir. Y al gobierno de Rajoy, siempre al servicio de sus jefes capitalistas, le ha faltado tiempo para, en medio de la colosal y pestilente montaña de excrementos en que se encuentra enterrado por escándalos de corrupción, autorizar su venta por un euro (lo de venta de bancos por un euro se ha convertido en un hábito) al todopoderoso Santander.

¿Y qué gana el Santander? Pues de momento: ampliar su negocio sobre todo con las PYMES que operaban con el Popular, una fuente inagotable de comisiones e intereses, y 5200 millones en bonificiones fiscales por la operación, es decir, 5200 millones de dinero público (y van…) que se pierden, esos que, por ejemplo, se necesitan para la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, las pensiones… ¿Y quién pierde? Pues, como señala Óscar Reina en su artículo en este mismo portal, los de siempre: en este caso esas decenas de miles de pequeños inversionistas que dedicaron el dinero que tanto les costó ahorrar a planes de pensiones, intentar obtener algún interés por sus ahorros…

Ah! Y no olvidemos: los anteriores gestores del Popular se aseguraron 116 millones entre pensiones e indemnizaciones antes de despedirse (y luego dirán que ellos hicieron una buena gestión, que fue casualidad, que ellos nada sabían de la situación a que se veía abocada la entidad…). Y, por su todo esto fuera poco, nos quieren convencer de que el Santander, como Amancio Ortega, es un banco filántropico: nos va a ahorrar un multimillonario rescate con dinero público….

Como es bien sabido por ser una vieja y elemental reivindicación por razones de eficiencia económica y justicia social: urge la nacionalización de la banca. Nos ahorraríamos: pagar una deuda usurera, mantener una casta parasitaria y, sobre todo, poner al servicio del interés colectivo la ingente cantidad de recursos (de trabajo productivo al fin y al cabo) del que hoy se apropia la mafia bancaria.

Kaos. Laboral y Economía

El Santander se lleva con el Popular un botín de 5.200 millones en deducciones fiscales

El nuevo banco, que supera los 13.000 millones de activos fiscales diferidos, lanzará una ampliación de capital de 7.000 para equilibrar la cartera de más de 17.000 en productos tóxicos que acumula el Popular.

La banca tiende a ganar, y la operación por la que Santander se ha hecho con Banco Popular a cambio de un euro por orden del Gobierno no iba a ser una excepción: suma más de cuatro millones de clientes a los trece que ya tenía, alcanza una posición de claro dominio en el mercado de las pymes y se lleva un paquete de 5.226 millones de euros en activos fiscales diferidos, es decir, en impuestos a descontar en próximos ejercicios. Los activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés) comenzaron a aplicarse en España en 2012, en plena reestructuración bancaria y con cierto rechazo de Bruselas, como un medio para sanear contablemente los balances de los bancos anotando en el activo las expectativas de beneficios fiscales derivados de las pérdidas de años anteriores; es decir, las rebajas de la liquidación del Impuesto de Sociedades que el Estado iba a aplicar en los próximos años. Previsiblemente, claro, porque varias modificaciones legales han obligado a las entidades financieras a recalcular su valor. Según la última actualización de los estados financieros públicos efectuada por la Asociación Española de la Banca y fechada en febrero, Santander desplazará a BBVA como el grupo con más DTA, ya que sumará esos 5.226 procedentes de Banco Popular a los 8.166 que ya poseía para hacer un total de 13.392 (sus filiales Consumer Finance, Securities Services e Investment tienen otros 102). Santander y BBVA, este último con 11.641, pasan a acumular, con 25.033 millones anotados de un total de 32.752, el 76% de los activos financieros diferidos que maneja el sector financiero español. “Ya iba siendo hora” “Santander no había intervenido hasta ahora en la reordenación bancaria, y Economía le ha dicho que ya iba siendo hora”, explican fuentes del sector financiero, que resaltan cómo los dos principales actores de la salida a la crisis de Banco Popular, el Gobierno y el grupo Santander, obtienen beneficios. No obstante, la presidenta del grupo, Ana Patricia Botín, mantiene que “nadie nos ha presionado” para ejecutar la absorción. El primero corta por lo sano el conflicto, evita una situación de pánico con retirada de depósitos y elude un escenario de quiebra que obligara a intervenir al Fondo de Garantía de Depósitos. El banco Santander compra por un euro el banco Popular. REUTERS/Albert Gea Y el segundo, bien conectado con La Moncloa al tener como secretario del consejo desde hace un año al exsubsecretario de Presidencia Jaime Pérez Renovales, mejora notablemente su negocio al hacerse, como consecuencia de la integración, con el 24,8% del negocio de las pymes, uno de los más apetecibles para el sector por su rendimiento en préstamos y comisiones, gestionar casi la cuarta parte del mercado del crédito, superar los 17 millones de clientes y acumular recursos por más de 293.000 millones de euros. Fuentes sindicales comparten ese análisis: “el negocio de Banco Popular, cuyos depósitos nunca han llegado a correr peligro, tiene una parte muy apetecible, que es la que ha hecho decidirse al Santander”. 7.900 millones para un agujero de 17.500 Sin embargo, el banco cántabro también se lleva en el paquete elevadas dosis de conflictividad. “Es la primera vez que quienes pierden en una fusión bancaria son los particulares y los pequeños accionistas”, indican las mismas fuentes, convencidas de que buena parte de esos pequeños inversores que han visto esfumarse sus ahorros reclamarán ese dinero en los tribunales y, probablemente, tratarán de encausar a los últimos consejos de administración de Banco Popular por las ampliaciones de capital. Paralelamente, los nuevos responsables de la entidad deberán seguir haciendo frente a las demandas por cláusulas suelo, para las que Popular mantiene unas provisiones de 229 millones de euros, y también mejorar la gestión de los créditos: según recoge la memoria de 2016, los “intereses acumulados, vencidos y no cobrados, de activos financieros deteriorados” superaron los 1.080 millones en solo dos años. Santander, que plantea “una ampliación de capital de 7.000 millones que cubrirá el capital y las provisiones requeridas para reforzar el balance de Banco Popular”, cifró en 7.900 millones las necesidades de Banco Popular para elevar del 45% al 69% la cobertura de los activos improductivos: 4.700 para activos inmobiliarios, 2.500 para créditos inmobiliarios y 700 para préstamos de otro tipo. Esa estimación sitúa en el entorno de los 17.500 millones el volumen de productos tóxicos de la entidad absorbida. El nuevo dueño, que “espera reducir los activos inmobiliarios de Banco Popular significativamente” y situar en “niveles poco relevantes” el volumen de morosos vinculados al ladrillo en los próximos tres años, estima que la nueva entidad podrá generar a partir de 2020 “sinergias de ingresos” de entre 100 y 200 millones anuales y “sinergias de costes cercanas a los 500 millones” anuales a partir de 2020 mediante la “optimización” de los servicios centrales y de la “red combinada de sucursales”, en lo que parece el primer indicio de próximos cierre de oficinas y recortes del empleo en una plantilla que ya ha perdido más de 80 millones de euros con la operación. http://www.elboletin.com/noticia/150069/economia/cero-euros-para-los-accionistas-del-popular-80-millones-para-la-cupula.html

El FROB y la Junta Única de Resolución han dado luz verde a la amortización de la totalidad de las acciones ordinarias en circulación de Banco Popular, que tenían un valor de mercado de unos 1.500 millones de euros, así como de los instrumentos híbridos de capital –el banco tenía en circulación 1.250 millones de euros en CoCos-. Esto se traduce en que los accionistas y los tenedores de los CoCos pierden el 100% de su inversión tras el proceso exprés desencadenado entre ayer, cuando el BCE declaró la inviabilidad del Popular, y esta mañana. Los temores de las últimas semanas de los inversores de Banco Popular se han confirmado esta misma mañana antes de la apertura, tras la subasta de la entidad, que ha sido adquirida por el precio simbólico de un euro por el Santander. Sin embargo, hace apenas cuatro meses, el Popular desembolsaba 74 millones de euros para relevar su cúpula ante las turbulencias en el rumbo de la entidad. Fue el coste de las pensiones del consejo de administración anterior, con Ángel Ron a la cabeza. El banco, que perdió más de 3.400 millones de euros el año pasado, hizo frente en febrero a una provisión millonaria para asegurar la salida de sus directivos con 74 millones de euros, mientras la entidad se quedaba con un fondo de 24 millones a la marcha de Ron. Tras 13 años al frente del Popular, el expresidente salía de la entidad al final de una crisis en la que se perdió más del 90% del valor de las acciones y con la previsión de que siguieran bajando hasta niveles históricos. Ángel Ron, que cobró cerca de 1,5 millones de euros en 2016, acumula 8,5 millones para su pensión, a lo que la entidad debe sumar otros 15 millones de euros a su marcha, a razón de 1,1 millones anuales. En total, Ron se queda con cerca de 24 millones de euros de pensión tras una gestión que ha acabado con la entidad vendida al precio simbólico de un euro. Atendiendo a la cláusula de no competencia, Ron no podrá trabajar en otro banco a partir de ahora. Además, la política de remuneraciones del banco fijó que el cese como consejero ejecutivo no conlleva indemnizaciones, aunque Ron reclamó ser indemnizado y se le denegó. Pero no sólo la cúpula saliente del expresidente ha ganado: Pedro Larena, consejero delegado que decidió abandonar el Popular a los siete meses de su fichaje, se llevó cinco millones de eurospor tres anualidades y la pensión correspondiente. En su caso, no podrá trabajar en un banco en un periodo de tres años, aunque sí en otras empresas fuera del sector. Al antecesor de Larena, Francisco Gómez, se le reconocieron 20,3 millones de euros como indemnización de salida. Para la marcha del resto de administradores el banco tuvo que sumar otros 29 millones de euros. En total, casi 80 millones de euros por el cambio de cúpula y la posterior salida de Larena a apenas unas semanas de que el banco haya rozado el colapso. En el caso del relevo del hasta hoy presidente, Emilio Saracho, la entidad firmó con él un contrato de cuatro años sujeto a renovación que incluía un plazo de preaviso de tres meses en caso de extinción y sin cláusulas de permanencia. El contrato de Saracho contemplaba el abono una prima de contratación por importe de cuatro millones. De confirmarse su relevo con la operación de hoy, esos cuatro millones deberán sumarse a la millonaria factura con la que la cúpula ha lastrado los números maltrechos del Popular. http://www.elboletin.com/noticia/150069/economia/cero-euros-para-los-accionistas-del-popular-80-millones-para-la-cupula.html

Los exgestores de Banco Popular se llevan más de 116 millones entre pensiones e indemnizaciones

A cierre de 2016, los antiguos administradores de la entidad acumulaban 53,448 millones en pensiones, cifra que incluía los 20,34 millones del exconsejero delegado Francisco Gómez

A Ángel Ron le correspondió una pensión de cerca de 24 millones de euros tras dejar en febrero la entidad después de trece años y con un desplome bursátil del 92%

Tras la quiebra de Banco Popular, los numerosos gestores que ha tenido la entidad en los últimos años han dejado la firma con una importante mochila que, entre pensiones e indemnizaciones, ronda los 116 millones de euros. La cifra corresponde únicamente a antiguos miembros del consejo de administración de la entidad, que este miércoles puso fin a casi 90 años de existencia tras su intervención por parte del Banco Central Europeo y su venta a Banco Santander por el precio simbólico de un euro.

La cifra más abultada corresponde al que fue presidente de Banco Popular durante 13 años y hasta febrero pasado, Ángel Ron. Dejó la entidad sin indemnización, pero con derecho a cobrar cerca de 24 millones de euros de pensión, a razón de 1,1 millones anuales. Durante el mandato de Ron (que en julio cumplirá 55 años), el valor bursátil de Banco Popular se desplomó un 92%.

El que fuera número dos del banco entre enero de 2013 y julio de 2016, Francisco Gómez, abandonó el cargo de consejero delegado en julio pasado con una pensión de 20,34 millones más una indemnización de 1,145 millones. La pensión de Gómez estaba incluida en los 53,448 millones de euros que tenía contabilizados Popular a cierre de 2016 en materia de compromisos con antiguos administradores.

De los que han estado hasta el final, el hasta ahora vicepresidente del banco, José María Arias Mosquera, a cierre de 2016 acumulaba pensiones por importe de 15,678 millones, según el último informe de remuneraciones de los consejeros del Popular. El otro vicepresidente, Roberto Higuera (que fue consejero delegado del banco desde septiembre de 2008 hasta el 26 de junio de 2009) acumulaba a diciembre una pensión de 9,119 millones.

Pedro Larena fue fichado por la entidad como consejero delegado a finales de julio de 2016 y estuvo apenas cinco meses en el cargo. Dejó el Popular con una indemnización de unos 5 millones. Su contrato no incluía “ninguna indemnización en caso de extinción de su contrato”, pero sí “un pacto de no competencia post-contractual” con una duración de tres años desde la fecha de extinción del contrato y una compensación equivalente a “la suma de los componentes fijos anuales de su retribución que hubiera percibido de haber permanecido en el Banco por los años de duración del pacto”. El año pasado, Banco Popular registró unas pérdidas récord de 3.485 millones de euros.

Se desconoce qué indemnización cobrará Emilio Saracho, el último presidente del Popular, que ha fracasado en su intento de evitar la quiebra de la entidad y venderla en las mejores condiciones posibles al mejor postor. Saracho, aterrizó en la entidad en febrero pasado con un bonus inicial de 4 millones de euros para compensarle por su traslado desde Londres, donde era ejecutivo de JP Morgan, cuyas retribuciones son muy superiores a las del banco español.

Su contrato “prevé que, sin perjuicio de la obligación general de no competencia postcontractual de dos años prevista en el Reglamento del Consejo de Administración del Banco, el Presidente está obligado a aceptar un pacto de no competencia post-contractual de un año, teniendo derecho a percibir como compensación un importe equivalente al 100 por 100 de su Retribución Fija”.