El proyecto de dictamen de reforma constitucional con el que se pretende convertir a la Guardia Nacional en un cuerpo militar con facultades de investigación e intervención en seguridad pública, plantea que una vez creada su despliegue se realice sin necesidad de que el Poder Legislativo lo avale, como lo establece actualmente la Constitución.

El documento elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a partir de la iniciativa presentada por Morena, y que podría ser aprobado hoy mismo en comisiones, además añade una facultad al Presidente para que pueda echar mano de cuerpos de seguridad privada como auxiliares en labores de Seguridad Pública.

Como Animal Político había adelantado en esta nota, la iniciativa presentada por el diputado Mario Delgado modifica la definición de Guardia Nacional en la Constitución, para convertirla en un cuerpo de seguridad que pueda participar en tareas de seguridad pública y también servir como auxiliar del Ministerio Público.

El dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales retoma en su mayoría dicha iniciativa, solo con algunas modificaciones en su redacción y pocos cambios.

A continuación se destacan algunos de los puntos principales de este dictamen que, en total, pretende modificar 13 artículos de la Constitución. Se trata de los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123.

Despliegue sin contrapeso

Aunque nunca se le había utilizado, la Guardia Nacional como una fuerza auxiliar de seguridad ya estaba considerada en la Constitución desde hace varias décadas. No obstante, se contemplaba que para poder desplegarla el Ejecutivo requería del aval del Congreso. La reforma que ahora se plantea elimina dicho contrapeso.

El dictamen plantea la derogación de la fracción IV del artículo 76 que señalaba que era una facultad “exclusiva” del Senado el “Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivas entidades federativas, fijando la fuerza necesaria”.

También se plantea la derogación de la fracción I del artículo 78, que señalaba que la Comisión Permanente del Congreso tenía la facultad de “Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos de que habla el artículo 76 fracción IV”.

Diputados de oposición y organizaciones ciudadanas agrupadas en el colectivo #SeguridadSinGuerra han criticado el que esta reforma, además de ampliar las facultades de la Guardia Nacional, elimine los candados constitucionales que impedían que el Presidente usara de forma unilateral dicho agrupamiento.

Una policía militar

El dictamen, como ya se había adelantado en la iniciativa, justifica la creación de la Guardia Nacional ante lo que denomina una “crisis de violencia, seguridad e impunidad que causa un enorme sufrimiento social”, la cual se ha agravado por una fallida estrategia de combate frontal en los últimos doce años y el deterioro de las corporaciones de policía locales.

“En consecuencia, a lo anterior, se propone que la creación de la Guardia Nacional (conformada por policías militares, navales y federales) tenga disciplina militar en lo relacionado a su organización, pero en cuanto hace a las funciones ligadas al contacto permanente con la ciudadanía se desempañará bajo medidas de autoridad civil”, según indica el documento.

De esta forma el dictamen modifica el artículo 21 constitucional para definir a la Guardia como “una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad, y el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, protegiendo su seguridad, sus bienes, así como preservar el orden, la paz pública, los bienes y recursos de la Nación”. Se menciona expresamente que se coordinará con fuerzas de seguridad pública.

Pero además en el mismo artículo también se le faculta para actuar como un auxiliar del Ministerio Público Federal. Esto, aunque no se detalla, significa que puede actuar como una policía ministerial con facultades para indagar delitos y ejecutar órdenes de aprehensión obtenidas por Ministerio Público entre otros.

Una modificación al artículo 16 constitucional también faculta a la Guardia a realizar detenciones de personas que cometan un delito (aunque no sea federal) en flagrancia, y solo subraya la condicionante de que la persona asegurada quede “sin demora a disposición del Ministerio Público”.

El proyecto de dictamen, como ya se planteaba desde la iniciativa, subraya que si integrantes de la Guardia Nacional cometen un delito quedarán bajo jurisdicción de la justicia civil y no militar.

También, al igual que la iniciativa, el dictamen hace hincapié en que la Guardia Nacional “contará con estructura, disciplina, profesionalización, capacitación en materia de derechos humanos y estándares sobre el uso de la fuerza, los cuales deberán estar debidamente establecidos en su ley orgánica”.

Corte Penal Internacional… ¿fuera?

La iniciativa que presentó Morena a finales de noviembre proponía que se añadiera un enunciado al artículo 21 de la Constitución que expresamente señalaba “El Estado Mexicano reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”. Pero en el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales dicho enunciado fue eliminado.

No obstante, de acuerdo con abogados especializados en derechos humanos consultados por Animal Político, México ha reconocido desde 2002 la jurisdicción de dicha corte internacional por lo que su inclusión a la reforma de la Guardia Nacional era innecesaria en la práctica.

Día clave

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados convocó a una sesión este jueves a las 8 de la mañana para la lectura, discusión y en su caso aprobación de este dictamen en materia de Guardia Nacional.

La convocatoria se da luego de varias mesas de trabajo realizadas desde la semana pasada, en la que funcionarios y expertos de la sociedad civil han manifestado posiciones a favor y en contra de la conformación de esta nueva fuerza de seguridad pública de corte militar.

A la mesa realizada el pasado martes acudió el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Alfonso Durazo, quien insistió en la necesidad de darle un respaldo constitucional a la conformación de la Guardia Nacional, y advirtió que de no aprobarse la reforma los militares tendrían que ser retirados de las calles.

En contraparte legisladores de varios partidos, e incluso de Morena como la diputada Tatiana Clouthier, manifestaron su rechazo a este cuerpo debido a que contará con un mando militar. Y los colectivos ciudadanos acusaron a Durazo de recurrir al “chantaje” para presionar la aprobación de la Guardia.

El miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que necesitan que el Congreso apruebe a la brevedad la creación de la Guardia Nacional, y descartó que vayan a esperar a una consulta pública el próximo año para ponerla en marcha.

Por tratarse de una reforma constitucional el dictamen que se apruebe en la comisión requerirá en el pleno de la Cámara de Diputados el voto a favor de dos terceras partes, es decir, de una mayoría calificada.