La ministra de Fomento, Ana Pastor; el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; y la alcaldesa de la capital, Ana Botella (todos ellos, del Partido Popular), han anunciado hoy el desbloqueo de la operación urbanística diseñada por estas tres Administraciones junto con el banco BBVA para soterrar las vías de la estación de tren de Chamartín, prolongar el paseo de la Castellana y construir 17.000 viviendas, con cuya venta se sufragarían las obras. “No hay ningún proyecto de este nivel en todo el mundo”, ha señalado el presidente de la entidad financiera, Francisco González, que ha añadido: “No sé si va a ser rentable para el banco, pero sí para Madrid”.

Las tres Administraciones han suscrito un acuerdo con la empresa Distrito Castellana Norte Madrid (participada en un 75,5% por el BBVA y el 24,5% restante por la constructora San José) para desarrollar durante los próximos 20 años un ámbito de 320 hectáreas al norte de la capital conocido popularmente como Operación Chamartín.

La inversión total asciende a 5.974 millones de euros, de los que 4.800 serán aportados por la empresa (3.500 para las edificaciones y 1.300 para infraestructuras). El resto corresponderá a los propietarios del suelo: Adif (dos millones de metros cuadrados), Fomento (104.000), la Comunidad (51.600), el Ayuntamiento (166.000), el Canal de Isabel II (118.000), la EMT (153.000) y particulares (557.000). Las Administraciones esperan obtener un beneficio de 3.300 millones de euros de la operación, según fuentes municipales.

La empresa ha señalado que tiene toda la financiación asegurada, aunque se ha negado a desvelar cuánto provendrá de fondos propios (una cantidad “importante") y cuánto de deuda; no ha descartado tampoco salir a Bolsa. La constructora San José estuvo hace semanas al borde de la suspensión de pagos.

Distrito Castellana Norte Madrid confía en empezar las obras a finales de año, aunque no ha desvelado plazos ni las fases en las que se dividirá la operación. Fuentes municipales indican que los trámites administrativos (la aprobación del nuevo plan parcial urbanístico por el Ayuntamiento y su refrendo por el Gobierno regional) estarán concluidos antes de las elecciones locales y autonómicas de mayo.

La Castellana crecerá en 3,7 kilómetros y se harán 17.000 pisos

El candidato socialista, Antonio Miguel Carmona, ha mostrado su enfado por el “oscurantismo” del proyecto (las negociaciones se han llevado en el más absoluto secreto). “Si la operación es para beneficio de los promotores y en perjuicio de los madrileños, que vayan perdiendo toda esperanza”, ha añadido. El líder municipal de UPyD, David Ortega, ha señalado: “La ciudad necesita cerrar esa brecha para mejorar la vida de los barrios de Begoña, Las Tablas y Tres Olivos. Siempre apoyaremos las medidas que vayan por ese camino. Pero queremos medidas serias, no anuncios electoralistas". Ortega también se ha preguntado por el coste para las arcas públicas.

La Operación Chamartín se ideó en 1993, pero la falta de consenso entre las tres Administraciones mantuvo bloqueado el proyecto hasta diciembre de 2008. El plan parcial urbanístico aprobado en marzo de 2011 por el Ayuntamiento de Madrid (gobernado entonces por Alberto Ruiz-Gallardón) y refrendando posteriormente por el Gobierno regional (comandado por Esperanza Aguirre) preveía liberar (mediante el soterramiento de las vías) 3,1 millones de metros cuadrados para hacer 17.000 viviendas (4.000 de ellas, protegidas) y crear un barrio con 50.000 habitantes. La inversión prevista era 11.000 millones, sufragada íntegramente por la operación inmobiliaria.

El plan urbanístico de 2011 fue recurrido y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo anuló en junio de 2013. El nuevo proyecto anunciado ayer soslaya los obstáculos legales, según aseguran tanto la empresa como fuentes municipales. Está previsto construir 17.000 viviendas, como en el plan anterior, aunque sólo un 10% serán protegidas. La inversión se ha reducido casi a la mitad porque las plusvalías previstas por la venta de los pisos son muy inferiores, según admite la empresa.

El proyecto se divide en cuatro zonas. La estación de Chamartín se ampliará (en el plan anterior ganaba 100.000 metros cuadrados, pasando de 21 a 32 vías para recibir las líneas de alta velocidad del norte del país) y sus vías se soterrarán bajo un parque de 24 hectáreas. En su entorno se construirán 6.300 viviendas. A su verá se levantará un área de negocios con 878.000 metros cuadrados de oficinas y una nueva parada de tren de cercanías. Casi en la acera de enfrente de las cuatro torres de la Castellana se podrían construir rascacielos de hasta 320 metros de altura, 70 más que la torre de Cepsa (la más alta de Madrid).

El tercer sector es la prolongación del paseo de la Castellana (3,7 kilómetros, hasta llegar a la M-40), y la construcción de 10.000 viviendas en la zona. Ese nuevo paseo contaría con un sistema de tranvía sobre neumáticos (un autobús de alta capacidad) que, junto a un carril-bici de 12,8 kilómetros, absorbería dos tercios de los desplazamientos. El cuarto sector, en el extremo norte, albergará 180.000 metros cuadrados para empresas y actividades tecnológicas.

En total, el 80% del ámbito se dedicará a infraestructuras públicas (la cuarta parte, de uso exclusivo ferroviario), con 566.000 metros cuadrados de zonas verdes y 25.000 nuevos árboles. Se construirán una nueva estación de cercanías (entre Fuencarral y Chamartín), además de ampliar la de Fuencarral; y tres nuevas estaciones de metro (además de ampliar la de Begoña), cuya ubicación determinará el Consorcio Regional de Transportes. Está previsto además ampliar los nudos de conexión con la M-30 (con accesos soterrados) y la M-40.

El nuevo tranvía sobre neumáticos no sólo circulará por la Castellana, sino que está previsto que se extienda perpendicularmente para cubrir los barrios de Las Tablas y Sanchinarro, y alcanzar a las ciudades financieras del BBVA y Telefónica, y al centro comercial de El Corte Inglés, descongestionando el tráfico en la zona.

Bloqueo judicial El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a instancias de un estudio de arquitectura, anuló en junio de 2013 la Operación Chamartín al dictaminar que, tal y como estaba planteada entonces, vulneraba la Ley del Suelo aprobada en 2007 por la expresidenta regional Esperanza Aguirre (PP), que limitó a cuatro alturas los nuevos desarrollos urbanísticos. El plan preveía entonces levantar una veintena de torres de más de 20 pisos. Ese mismo obstáculo frenó también, a inicios de 2012 y por sentencia del mismo tribunal, la operación para derribar el estadio Vicente Calderón y la aneja fabrica de cerveza de Mahou para construir pisos y, con los beneficios de su venta, pagar la reforma de La Peineta, adonde se trasladará el Atlético de Madrid a partir de 2017. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, pero, además, el Gobierno regional cambió la ley que había bloqueado ambas operaciones. Lo hizo en primavera de 2013, después de que Gonzalez sustituyera a Aguirre en septiembre del año anterior al frente de la Comunidad, puesto que ésta se había negado a alterar la norma. Pero ése no era el único obstáculo de peso para un operación urbanística que llevaba ya más de 20 años varada. El plan estipulaba que, a cambio de levantar los pisos, los propietarios del suelo sufragarían la ampliación de cinco paradas de la línea 10 de metro y construirían un túnel entre la Castellana y el barrio de Las Tablas. Los magistrados estimaron, sin embargo, que no se les podía obligar a pagar las obras, pese a que la propia Ley del Suelo lo permitía. Basándose en la doctrina del Supremo, el tribunal eximió a los propietarios de sufragar la ampliación del metro (valorada en 207 millones de euros) y el túnel de Tres Olivos (37,5 millones). El coste de esas obras recaería así en las Administraciones, que no contaban con fondos para llevarlas a buen puerto. El nuevo plan anunciado hoy descarta la construcción del túnel de Tres Olivos (que enlazaría el barrio de Las Tablas y Fuencarral) por encontrarse fuera del ámbito. Respecto a la ampliación del metro, ahora será costeada no por los propietarios del suelo (entre los que se cuentan desde la empresa estatal Adif hasta los dueños de pisos en la zona) sino por la empresa encargada del desarrollo, Distrito Castellana Norte Madrid (del BBVA y la constructora San Jose). De esta forma, el proyecto “es compatible con la legislación en vigor, puesto que se subsana el plan anterior”, ha indicado la empresa y reiteran fuentes municipales.

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