Un informe pericial realizado por Podemos ha descubierto una gigantesca red de páginas web, blogs y portales de información creados por el Partido Popular para mejorar la imagen y reputación online de sus dirigentes y desacreditar a los líderes de los principales partidos de la oposición. Según se desprende del documento, al que ha tenido acceso este diario, tanto el PP de Madrid como el de Valencia habrían comprado a empresas implicadas en el caso Púnica al menos 437 dominios desde los meses previos a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011 para tratar de mejorar sus resultados difundiendo masivamente el discurso del partido a través de internet.

Algunas de esas páginas ya fueron desveladas por El Confidencial en noviembre de 2014, sólo un mes después de que estallara la operación de la Guardia Civil contra la presunta trama de corrupción que lideraban el exconsejero de Presidencia Francisco Granados y el constructor David Marjaliza. Se trataba de una red de diarios de noticias que difundían artículos positivos sobre la gestión de cargos populares de toda España para situar esas informaciones en lugares preferentes de los principales buscadores y relegar a posiciones secundarias las noticias más negativas.

Sin embargo, el informe realizado por encargo de Podemos va más allá. El documento atribuye a este red el control de dominios relacionados con la expresidenta de la Comunidad de Madrid y actual presidente del PP regional Esperanza Aguirre; el exconsejero valenciano de Medio Ambiente Juan Cotino; el consejero valenciano de Solidaridad Rafael Blasco; la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá; la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro; el secretario de Estado en funciones de Administraciones Públicas, Antonio Beteta; el presidente del PP de Alicante, José Ciscar, así como numerosos alcaldes del PP de municipios madrileños y de la Comunidad Valenciana.

Contra alcaldes del PSOE

Pero el documento también señala que Génova habría encargado a diferentes agencias de comunicación la creación de páginas web encaminadas únicamente a desacreditar a rivales políticos. Por ejemplo, la trama creó blog que difundían información negativa sobre el exalcalde de Leganés Rafael Gómez Montoya, el exalcalde de Collado Villaba José Pablo González y el exalcalde de Alcorcón Enrique Cascallana.

Además de esos dos grandes grupos de páginas, el informe señala que el Partido Popular también habría creado de portales dirigidos a públicos concretos (elaguaesparatodos.com o afectadoscooperativas.com) y otros encaminados a difundir mensajes aparentemente sectoriales (actualidadempresarial.com o fed-hosteleria.com). Otro gran bloque se corresponde con páginas centradas en torno a las figuras más relevantes del partido, como Esperanza Aguirre o Francisco Granados. Y por último, la red también se habría encargado de montar páginas de Nuevas Generaciones del PP de diferentes municipios para colocar su mensaje entre el público más joven.

Los servidores de Púnica

Según ha podido saber este diario, algunos de esos dominios fueron comprados directamente por las empresas implicadas en Púnica Eico Online Reputation Management y Madiva Editorial y Publicidad, acusadas de haber realizado servicios de imagen y reputación online para el expresidente madrileño Ignacio González que fueron sufragados con fondos públicos. Pero la mayoría de las páginas identificadas por Podemos habrían sido ejecutadas por otras consultoras de reputación online contratadas por el PP aunque éstas acabaron los dominios en los mismos servidores que empleaban Eico y Madiva. El resultado son al menos 437 páginas encargadas por Génova con fines claramente electorales a la trama Púnica.

Datos sobre Cotino

En opinión del autor del informe, el perito Josep Jover, de la investigación se puede concluir “que en el PP había una trama perfectamente organizada para conseguir promover los propios discursos, hacer daño a competidores directos, difundir ideología e informaciones que interesaban a la formación y en definitiva tratar de influir en la ciudadanía”. “No hemos hallado precisamente cuatro webs. Estamos hablando de 437 en sólo dos comunidades autonómas. No sabemos qué ha podido pasar en el resto”, recuerda Jover, que no ha podido calcular el coste de mantenimiento de esta infraestructura digital.