La jubilación del baby boom, la mayor esperanza de vida y la escasa natalidad harán que la pirámide poblacional tome más bien la forma de una peonza. De aquí a 2050, “parece inevitable que se produzca un fuerte incremento de la población mayor de 66 años”, que pasará de representar el 25% del colectivo entre 16 y 65 años hasta el 51%, apunta. “El envejecimiento poblacional supone un reto de primer orden para la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar social”, asegura en la presentación el gobernador Pablo Hernández de Cos.

“Las reformas aprobadas en 2011 y en 2013 incluyeron algunos elementos de ajuste que permitían contrarrestar de manera significativa el efecto del envejecimiento sobre el gasto público en pensiones”, señala el informe. No obstante, “las últimas medidas aprobadas han retrasado la aplicación del factor de sostenibilidad” —que liga la prestación a la esperanza de vida— “y han reintroducido la revalorización de las pensiones con el IPC”, dice. Si no se hace nada, según las proyecciones que muestra el Banco de España, el gasto podría dispararse hasta en siete puntos de PIB, el equivalente a toda la recaudación por IRPF. Los desembolsos por dependencia y sanidad también podrían elevarse.

Al mismo tiempo el crecimiento económico podría resentirse al contar con menos personas en edad de trabajar y, por tanto, una menor fuerza laboral “incluso si se mantienen los flujos de inmigración en unos niveles elevados”. Aunque se podría fomentar la inversión en tecnología para sustituir la mano de obra, el organismo destaca que una población envejecida tendría más difícil adaptarse e innovar en un contexto de “cambios tecnológicos potencialmente disruptivos”, por lo que la productividad también se vería perjudicada. Por no hablar de la inversión, pues los flujos de capitales se marcharían “hacia países menos envejecidos”. En consecuencia, un menor crecimiento complicaría la financiación del sistema de bienestar. Y España será uno de los países que lo sufra de manera más acusada, subraya el documento.

Por si no fuera suficiente problema, el Banco de España explica que los ingresos tributarios acusarían el impacto de la demografía: se recaudaría menos por cotizaciones al haber menos trabajadores; por renta, al caer los ingresos por la jubilación, y por los impuestos indirectos, al consumir los mayores más productos con tipos reducidos. Solo podrían tributar más por el capital ahorrado, sujeto a unos tipos más bajos. En definitiva, las costuras del sistema tributario se tensarían y habría “una dificultad adicional” para corregir el desfase de las cuentas públicas y el elevado endeudamiento. Por todos estos motivos, considera que hay que hacer reformas cuanto antes, incluso si no existe un consenso absoluto entre todos los partidos políticos.

"Más allá de sus consecuencias económicas, el cambio de la estructura por edades de la población es trascendente para muchas de las decisiones de política económica. Asociado a dicho cambio, se producirá un aumento de la edad media de, al menos, cinco años (de 43 a 48 años) entre 2018 y 2050. Y, de mantenerse constantes los comportamientos de participación electoral por grupos de edad observados en el pasado (mayor participación de la población de edad avanzada que de la población juvenil), se incrementará el apoyo social a políticas financiadas mediante transferencias de renta hacia la población de mayor edad, en contra de otras que reduzcan el peso de la carga de la deuda sobre generaciones futuras, que ya se encuentra en niveles elevados actualmente", reza el informe anual.

Con una mayor proporción de jubilados, la política económica se volverá más complicada de gestionar. Resultará mucho más difícil que en medio de una recesión los estímulos fiscales tengan impacto, ya que los mayores no presentan la misma propensión a consumir e invertir que los jóvenes. Debido al menor crecimiento, quedará menos margen para el impulso de la política monetaria. Y se dedicarán menos recursos públicos a las iniciativas que generan crecimiento futuro, como la educación o las inversiones, vaticina el capítulo dedicado al reto del envejecimiento.

“Si se quisiera mantener un sistema contributivo basado en el nivel actual de cotizaciones sociales, la tasa de beneficio de ese sistema tendría que disminuir”, argumenta el Banco de España. Por culpa de la reciente crisis, el baby boom español llegará a la jubilación con un patrimonio relativamente inferior al de generaciones anteriores. Y no contará con mucho ahorro líquido al haber destinado gran parte a la vivienda, que tiende a protegerse y dejarse en herencia. Además, en situaciones de apuro económico, las pensiones han ejercido “de seguro” para toda la familia. En semejante contexto de falta de rentas adicionales que suplan la caída de la pensión, el organismo defiende que se busquen fórmulas financieras innovadoras para poder extraer ingresos del patrimonio inmobiliario, en una clara referencia a la hipoteca inversa.

En opinión del banco, los cambios deben hacerse con tiempo y transparencia para que los ciudadanos puedan tomar decisiones de forma anticipada. “Será necesario que aumente el empleo a edades avanzadas”, añade el supervisor. Si bien el inconveniente radica en que en España los trabajadores de mayor edad se ocupan más en actividades con tareas físicas como la construcción, el transporte o la hostelería. La formación y la educación resultarán esenciales para paliar estos problemas, recalca el organismo. En general, recomienda que se liguen más las prestaciones a lo que realmente se ha contribuido y a la esperanza de vida.