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Un litigio que emprendió el Colegio Enrique Rébsamen a principios de este año para operar a pesar de haber exhibido un certificado falso de uso de suelo como escuela provocó una controversia entre el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, lo que derivó en la separación del cargo de quien ostentaba la Subdirección Jurídica del instituto.

Luego de que el colegio colapsara por el sismo del 19 de septiembre pasado, ayer surgió un conflicto porque en una conferencia el consejero presidente del Invea, Meyer Klip, aseguró que en meses anteriores el Tribunal había concedido un amparo a favor de la escuela para que siguiera con sus operaciones, con lo cual se habría dejado de lado una resolución del instituto en la que conminaba al colegio a no seguir operando hasta obtener un certificado válido de uso de suelo para escuela y pagar una multa equivalente a 107 mil 448 pesos.

“Normativamente no puede seguir operando, pero como se fue a juicio de lo contencioso y el Tribunal de lo Contencioso le dio la nulidad [de los actos reclamados], [la escuela] podía seguir operando”, reiteró el presidente del Invea ante los cuestionamientos de la prensa.

Incluso agregó que debido a la sentencia, supuestamente contraria a la resolución del Invea, este organismo “no pudo avanzar” para sancionar a la escuela, por lo que desde marzo pasado el instituto presentó un recurso legal para impugnar el ordenamiento del órgano judicial, en ese entonces llamado Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

Meyer Klip recordó que en septiembre de 2016 se inició el procedimiento de verificación, a partir de una denuncia ciudadana, y tras cotejar con la Secretaría de Desarrollo urbano y Vivienda (Seduvi), ésta confirmó que la escuela había exhibido un certificado de uso de suelo por derechos adquiridos que no existía en sus archivos, por lo que el Invea presentó una denuncia por uso de documentos falsos ante la Procuraduría General de Justicia capitalina.

Horas más tarde, Yasmín Esquivel Mossa, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa aclaró que si bien hubo un juicio de nulidad presentado por la escuela, la Primera Sala Ordinaria emitió una sentencia a favor del Invea, en la cual “se reconoce la legalidad y validez de la multa” que forma parte del resolutivo del instituto, así que no era una sentencia contraria al instituto, como planteó Meyer Klip.

“El Invea pudo continuar con su procedimiento en virtud de que no hay suspensión que favoreciera al colegio”, sostuvo la magistrada.

“Esta sentencia es contraria a la secundaria Enrique Rébsamen. Por lo anterior, lo que declaró el ingeniero Meyer Klip no cuenta con la información correcta”, aclaró Esquivel, y afirmó que el titular del Invea “miente con relación al juicio sobre la escuela”.

La sentencia de la Primera Sala se emitió el 30 de mayo y se notificó al organismo verificador el 26 de junio pasado, de acuerdo con documentos en poder de EL UNIVERSAL, pero el colegio impugnó esta decisión ante la Sala Superior y este mes se definirá este recurso.

La constancia de derechos adquiridos apócrifa data de 1993, con supuesto número CAD-1659-93, pero no corresponde al predio de Rancho Tamboreo 19, sino a otro en Iztapalapa, aclaró la Seduvi en un oficio del 16 de diciembre pasado.

Anoche, cerca de las 20:30 horas, el Invea tuvo que reconocer que la sentencia del Tribunal fue a favor del propio instituto y que la escuela apeló el 1 de agosto pasado dicha sentencia.

A través de una tarjeta informativa dijo que era importante la precisión para evitar “una percepción distinta de la realidad de los hechos jurídicos”. Sin embargo, “tras esa confusión fue sancionado y separado de su cargo el subdirector Jurídico del Invea”, informó.

El cargo de subdirector Jurídico no aparece en el directorio del Invea; el puesto que se asemeja es el de subdirector de Servicios Legales, que ostenta Carmen Asbeth Ramírez Osnaya. Sin embargo, el instituto no precisó si se trata de esta servidora pública o no.