La violencia extrema en la zona serrana de Chihuahua ha obligado a más de 26 mil personas a dejar sus lugares de origen, señala un reporte de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi).

Entre 2009 y 2014 hubo 88 mil desplazados en el estado. El desplazamiento tiene múltiples causas, la mayoría vinculadas a la búsqueda de mejores condiciones de vida en el aspecto económico. Pero el reporte es contundente al referir que, del total señalado, una tercera parte -26 mil personas- dejaron su lugar de residencia huyendo de la violencia extrema.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Baborigame, en el municipio de Guadalupe y Calvo, a 900 kilómetros de Ciudad Juárez.

En octubre de 2017 el equipo de NORTE acompañó a organizaciones no gubernamentales (ONG) defensoras de derechos humanos, quienes realizaron una visita de seguimiento en la localidad, con la participación de una misión especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Las ONG invitaron a la misión de la ONU, aprovechando que la relatora especial sobre Derechos de Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, realizaría un diagnóstico sobre la situación de comunidades indígenas desplazadas, en distintas partes de la república.

En las semanas previas, la Red por la Defensa del Territorio de la Sierra Tarahumara había alertado públicamente sobre el caso específico de Baborigame, donde comunidades indígenas ódami o tepehuanas denunciaron ser víctimas de un intento de despojo, hostigamiento y amenazas por parte de caciques que asolaban la región.

“La situación de Baborigame es el claro ejemplo de la constante que hemos estado observando en la Sierra durante todo este tiempo; lamentablemente la Sierra es el símbolo del abandono por parte de la autoridad política y por parte de la autoridad policiaca durante muchos años, muchos años”, explicó en una entrevista posterior el fiscal del Estado César Peniche. “Y en el tema de seguridad pública, que es el que nos interesa, pues en efecto, tenemos carencias allá, no hay policías municipales, las pocas policías municipales están infiltradas y eso pues va dando pie a que surjan poderes de facto, como pueden ser delincuencia organizada o como pueden ser los caciques”, añadió.

Saliendo de Guachochi en avioneta, el viaje a Baborigame dura quince minutos. Solo es cuestión de “brincar” el cerro Milpillas y el lugar conocido como el Echadero del Conejo y ya está.

El pequeño poblado está ubicado sobre una margen de la imponente Sierra Madre Occidental. Para llegar por tierra desde Guachochi, el trayecto duraría al menos tres horas y media de intrincado camino.

Desde el aire, todo lo que alcanza la vista es tierra ódami, etnia bautizada como tepehuana por el conquistador español. Ellos son los pobladores originarios, pero hoy se enfrentan a un enemigo cruel.

Narcotraficantes y caciques que operan en la zona con total impunidad provocan que algunos habitantes quieran huir.

Lo que pasa en esa parte de la geografía chihuahuense es apenas una muestra de una realidad que ha permeado toda la zona, desde Cuauhtémoc y Guachochi, hasta Buenaventura, Ignacio Zaragoza, Nuevo Casas Grandes y la misma Ciudad Juárez.

Es la narcosiembra y sus actividades derivadas que han carcomido la dinámica económica y social del estado, sin que ninguna autoridad estatal, federal o municipal les haya hecho frente en serio para contenerlas.

LUCHAR CONTRA EL DESTIERRO

A pesar del riesgo, apoyados por organizaciones sociales, integrantes de etnias indígenas luchan como pueden para evitar el destierro.

“En los últimos cinco años se ha acentuado el desplazamiento forzado por causas de violencia (…). Las asociaciones civiles que han dado acompañamiento a familias desplazadas por la violencia cuentan con los testimonios de primera mano, y han documentado estos y otros desplazamientos para presentarlos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ha otorgado medidas cautelares a algunas personas y comunidades”, afirma un reporte oficial de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi) compartido con NORTE.

Para el fiscal César Peniche el problema es mucho más grave de lo que se ha admitido en sexenios anteriores.

“Tenemos un problema de desplazamiento en el estado; nadie habla de ello, pero es una realidad (…). El inmenso daño que se ha provocado a esa región (serrana) con esos desplazamientos”. “¿Qué es lo que pasa? pues que esa población viene a engrosar la población urbana en condiciones adversas, y lamentablemente (se ocasiona) un problema de planeación, de desarrollo, y seguimos abandonando la Sierra, y ¿quiénes van quedando como dueños de la Sierra? pues precisamente los caciques y la delincuencia”, señaló en una entrevista realizada a principios de noviembre del año pasado.

De acuerdo con Peniche, en la Sierra de Chihuahua la figura del cacique está estrechamente vinculada con la operación de los cárteles del narco, que alquilan la tierra para sembrar amapola, pagando al campesino el precio que ellos mismos imponen. Así de grave es la impunidad rampante.

Para 2018 la Fiscalía General del Estado contempló la construcción de comandancias en las zonas más conflictivas, con el despliegue de manera permanente de elementos policiacos entrenados y certificados en controles de confianza.

Lo anterior –aclaró Peniche– debido a que las policías municipales están infiltradas por la delincuencia, tal como lo confirman evaluaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública compartidas con NORTE.

La dinámica impuesta por narcos, caciques y policías coludidos ha provocado que decenas de familias opten por el autoexilio y busquen asentarse en centros urbanos como Guachochi, Parral, Cuauhtémoc, Chihuahua o Ciudad Juárez.

A pesar de que la situación es crítica, al cierre de este reporte solo el cuartel de Creel estaba listo para empezar a operar como comandancia de la Policía Estatal, y el de Madera apenas estaba en construcción.

Para los cuarteles de Guadalupe y Calvo, Guachochi, San Juanito y Valle de Juárez todavía se está en trámites para conseguir terrenos y recursos. Ante una realidad incontenible, la respuesta del Gobierno estatal parece lenta, insuficiente.

Activistas, pobladores, sacerdotes y maestros que fueron consultados para este trabajo dijeron que lo más delicado del asunto es que en los otros dos niveles de gobierno no hay nada que esperar. El municipio es cómplice y el Gobierno federal no participa, a pesar de que todos los delitos que se cometen son de su ámbito de competencia.

De acuerdo con Francisca Jiménez, derechohumanista desde hace 30 años, lo que ha marcado la realidad en la Sierra es el contubernio entre las fuerzas de seguridad y los delincuentes, y la complacencia del Gobierno.

“La ausencia del estado de derecho es lo que hace posible que se genere tanta injusticia, tanta impunidad, tanto desdén de las autoridades para cumplir con lo que el artículo primero constitucional dice, en hacer valer la protección a las personas, principalmente a los que están más vulnerables, los niños, las niñas, mujeres, pueblos indígenas”, reclamó.

Jiménez aceptó una entrevista el 28 de octubre de 2017 a bordo de una “rápida” (autobús de transporte foráneo) en el trayecto de Guachochi a Chihuahua, unos 300 kilómetros de carretera.

Lo anterior, después de haber acudido a la reunión del Consejo Ciudadano para el Buen Gobierno de Baborigame, organismo social que se formó apenas a mediados de ese año en respuesta a la violencia vivida ahí, que provocó que cientos de personas emigraran.

Dijo que la situación en esa zona alejada llegó a extremos de crisis humanitaria y muchos pobladores tuvieron que salirse para preservar su vida.

“Hubo enfrentamientos del mismo pueblo, llegaron a extremos de un pueblo sin ley”, relató.

Refirió que el caso Baborigame puede convertirse en un ejemplo nacional, ya que después de haber vivido una crisis de seguridad, por la que muchos de sus habitantes prefirieron irse, la comunidad se organizó y salió a la calle a exigir paz.

“En medio de toda esta tragedia, cómo la gente hace por salir adelante, los que tienen ahí su patrimonio y su familia, se arman de valor (…); un pueblo valiente que decide ponerse de pie con dignidad y decir: ‘tenemos derecho a vivir en paz’”.

Francisca hacía referencia a la marcha por la paz que las siete iglesias de Baborigame –una católica y seis cristianas– realizaron el 7 de junio de 2017, en protesta por la violencia desbordada de los meses previos.

Un año después, el 7 de junio de 2018, el pueblo realizó una segunda marcha, reivindicando las causas que dieron origen a la primera manifestación.

NORTE buscó a Jiménez antes del cierre de este trabajo, para pedirle una evaluación sobre lo que se había alcanzado a raíz de que se instaló el consejo.

Se logró presencia y trabajo de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y la Fiscalía General del Estado inició carpetas de investigación sobre abusos denunciados.

Sin embargo, la ausencia del Gobierno federal sigue dando al traste con las buenas intenciones de las organizaciones sociales.

“Allá ni siquiera hay presencia de una autoridad itinerante de la Policía Federal, del Ministerio Público Federal, a pesar de que los delitos a perseguir son de su ámbito de competencia, como el uso de armas, tráfico de droga, sobrexplotación del bosque, contaminación de las minas, son problemas de competencia federal y su presencia es nula o muy escasa”, reclamó.

Dijo también que el 7 de agosto de 2018, en el Foro escucha para la Pacificación y Reconciliación Nacional realizado en Ciudad Juárez, entregó al futuro secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo un informe-diagnóstico del trabajo que las organizaciones sociales han realizado en veinte municipios de la Sierra.

En pocas palabras Jiménez dijo a Durazo que las organizaciones son las que han acompañado a las comunidades, teniendo que hacer a un lado su propio miedo, con tal de lograr que la situación cambie.

Baborigame: Agricultura peligrosa

Baborigame es una de las localidades cuyos pobladores indígenas y mestizos tuvieron que dejarlo todo, huyendo de la violencia de los narcos y los caciques.

No hay un número oficial, pero testimonios de pobladores refieren que en los últimos dos años por lo menos 200 familias decidieron salir del lugar.

Detrás de la escapatoria está la renta de tierras para la cosecha de amapola.

Los tratos entre quienes la producen y quienes la compran se hacen siempre en condiciones de explotación, abuso, intimidación y violencia extrema.

Organizaciones defensoras de derechos indígenas estiman que actualmente en Baborigame la narcosiembra ocupa a 9 de cada 10 personas.

Muchos agricultores aceptan voluntariamente, porque no hay alternativas de empleo en la zona, y los que oponen alguna resistencia terminan cediendo por las amenazas de muerte.

Para resguardar plantíos o cargamentos hace falta contratar pistoleros y eso deriva inevitablemente en la formación de grupos armados.

Cuando no es tiempo de cosecha se dedican a matar, extorsionar, asaltar y abusar de mujeres y niños.

La espiral de violencia es incontrolable y es por eso que las personas prefieren emigrar.

Las camionetas de los sicarios en Baborigame son fácilmente identificables.

Además de vidrios polarizados, usan poderosas antenas satelitales y casi siempre son custodiadas por patrullas de la policía municipal de Guadalupe y Calvo. No es ningún secreto que están coludidos.

El coordinador de la asociación civil Sierra Madre, José Ángel Rivas Vega, dedicado durante la última década al fomento de proyectos productivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), calculó que el 90 por ciento de los empleos que existen en Baborigame están directamente relacionados con la siembra y cosecha de amapola y la recolección de goma de opio.

Entrevistado en sus oficinas de la ciudad de Chihuahua el 12 de diciembre de 2017, Rivas Vega dijo que en Baborigame, entre los pocos comercios, instituciones educativas, de salud y el aserradero, se emplearán cuando mucho cien personas.

Los demás están atrapados por el narco y no les queda de otra, porque no hay alternativas de trabajo.

Por eso los caciques se han adueñado de las tierras, y sin importar el cultivo que se haga, frijol, maíz o amapola, el trato con el campesino, mayoritariamente indígena ódami, es que le cobran el 40 por ciento de lo que produce para cubrir un falso impuesto predial en terrenos que ni siquiera están registrados en el catastro de Guadalupe y Calvo.

Los narcotraficantes hacen tratos con los caciques que dominan el territorio, se coluden con los presidentes municipales, compran a los jefes de policía y de esa manera imponen condiciones para poder realizar su actividad ilegal.

Testimonios de personas que se dedican al narcocultivo, recabados para este trabajo a finales de 2017, señalaron bajo condición de anonimato que para el campesino, mestizo o indígena, la oferta del narco es imposible de rechazar.

Le dan un costal de maíz y uno de frijol para que puedan alimentarse él y su familia, el tiempo que duren la siembra y cosecha de amapola.

Del dinero que obtenga, una mitad será para quien “patrocinó” la producción y la otra para él.

El día que reciba el dinero por la venta del enervante empezará un laberinto de alcoholismo irrefrenable. Al año siguiente el ciclo infame comenzará de nuevo.

En Baborigame, igual que en la mayoría de los municipios serranos de Chihuahua, se utiliza el hambre de los pobladores como moneda de cambio y, en el colmo de la descomposición social, si el campesino se niega lo más probable es que lo pague con su vida y su familia termine accediendo a cumplir el trato.

Como acompañante del Consejo Ciudadano para el Buen Gobierno de Baborigame, Diana Villalobos, directora de la asociación derecho humanista Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), criticó que en el citado Consejo Ciudadano no se hablara abiertamente del tema de la violencia.

“Se tiene que pensar cómo entrarle a ese tema, que es un grave problema que está afectando a maestros, a alumnos, a los de Salud; está afectando a los niños, a los indígenas, o sea, está afectando a la población en general”, planteó Villalobos en la reunión del 28 de octubre de 2017.

Fustigó el hecho de que, a pesar de ser una iniciativa positiva, el Consejo Ciudadano no haya logrado integrar a la comunidad indígena a sus reuniones.

Atiende la ONU llamado de auxilio en la Tarahumara

Esa mañana los tepehuanos no quisieron participar en la reunión del consejo que se realizó en un salón de la escuela Manuel Bernardo Aguirre, y en lugar de ello se juntaron en el convento aledaño a la iglesia con los representantes del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. NORTE fue el único medio de comunicación invitado.

“Lo que estamos aquí haciendo hoy es ponernos a su disposición para escuchar de ustedes cuál es su situación, cuáles son sus principales preocupaciones, para que, como explicaba la compañera Paquita, la comunidad internacional pueda saber qué esta pasando aquí en Baborigame y las diferentes comunidades de donde vienen ustedes”. “Con esa información nosotros realizamos varias actividades que pueden apoyar a –digamos– una mejora de su situación de derechos humanos”, explicó el agente de la ONU frente a un grupo de unos cincuenta indígenas que lo escuchaban callados, casi sin verlo a los ojos.

En el mismo encuentro, la activista fundadora de la asociación civil Sierra Madre, Francisca Jiménez, explicó a los pobladores indígenas por qué la ONU había asignado una misión de observadores.

“Para tratar de ayudar a que se respeten sus derechos, su territorio, su derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, y quieren escuchar de viva voz sus problemáticas, conocer la situación que tienen aquí, en esta región”, expresó.

Veinte días después, el 17 de noviembre, la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, dio un informe preliminar sobre lo que encontraron los enviados del organismo internacional en los estados que visitaron, incluido Chihuahua.

Denunció que en su visita recibió el reporte de muchos casos de violaciones a derechos humanos, la mayoría de los cuales permanecen sin resolver.

“Estos incluyen denuncias de masacres, homicidios, desapariciones forzadas, violaciones, torturas y desplazamientos forzados que han sido atribuidas a acciones de personas, crimen organizado, grupos paramilitares, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y militares, a menudo en el contexto de proyectos de desarrollo que afectan sus tierras y recursos”, señaló.

Tauli-Corpuz dijo que la información recibida en todos los estados que visitó confirmó que la presencia del crimen organizado, los “caciques” u otros grupos armados, ha provocado un clima de violencia, impunidad y desintegración social y cultural.

En última instancia, agregó, estos factores han provocado un gran número de desplazamientos de familias y comunidades indígenas enteras.

“En diferentes estados visitados recibí quejas relacionadas con la inscripción forzada de niños y jóvenes por parte del crimen organizado (…). La opción que se les deja a los jóvenes es unirse a estos grupos o ser torturados, desaparecidos o asesinados”, alertó.

Despojo en la Barranca

En el expediente 19 2016 0031544 –al que NORTE tuvo acceso– hay por lo menos cinco testimonios que señalan a Cornelio y Aurelio Alderete Arciniega por los presuntos delitos de despojo, robo de ganado y amenazas.

Fueron presentados formalmente ante el Ministerio Público el 24 de octubre de 2016 por José Ángel y José Vicente Rivas Vega, dos hermanos que encabezan la asociación civil Sierra Madre, que junto con Contec y Tierra Nativa, integran la Red en Defensa de Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) confirmó que desde 2013 los Alderete iniciaron una pelea legal para comprar un predio de 548 hectáreas, localizado en medio de cuatro comunidades indígenas.

Son tierras ubicadas en lo intrincado de la Sierra, ideales para el narcocultivo, rodeadas de laderas y barrancas.

Unas 150 personas de las comunidades indígenas Mesa Colorada, El Tepozán, Tuáripa y Cordón de la Cruz, que se ubican en la sección municipal de Baborigame, Guadalupe y Calvo, estarían siendo afectadas directamente por el despojo de sus territorios, robo de ganado y amenazas.

En un documento fechado el 7 de febrero de 2017 los habitantes de las localidades señaladas se opusieron al trámite de enajenación que inició en 2013 la familia Alderete Arciniega, acusándola de que desde julio de 2016 “cercó los parajes antes mencionados y el mes de septiembre de 2016 sacó todo el ganado que ahí teníamos”.

En mayo de 2017 los afectados denunciaron los hechos ante la Profepa, alegando que los Alderete ya habían empezado a cercar los terrenos y les estaban robando ganado.

El 24 de octubre de ese año las organizaciones Sierra Madre, Contec y Tierra Nativa iniciaron la difusión de comunicados en los que exhibían públicamente a Cornelio y su hermano Aurelio.

“Decenas de familias indígenas tepehuanas (ódami) de comunidades de Guadalupe y Calvo han visto sus derechos humanos y comunales violados por apenas dos personajes: Cornelio y Aurelio Alderete, quienes han movilizado a sus familias, trabajadores y pistoleros, y actúan bajo el cobijo de las autoridades locales, despojando de territorio, ganado, desplazando familias enteras y agrediendo a menores de edad en represalia por denunciar sus crímenes”, acusaron.

NORTE buscó a los hermanos Alderete para obtener su versión sobre los señalamientos. Ambos aceptaron viajar a Ciudad Juárez para explicar la situación.

Dijeron que dentro del terreno que pretenden comprar tienen dos ranchos que han ocupado desde hace por lo menos dos generaciones: Las Agujas y El Susepe.

En el pueblo corre la voz de que la principal actividad productiva en esos lugares, es la siembra y cosecha de amapola, pero Cornelio, pidiendo ser el único con voz en la entrevista, rechazó que él o su familia se dediquen a esa actividad.

Aclaró que su familia se dedica a sembrar maíz, frijol y avena, a la ganadería, la madera y en un tiempo al comercio en una tienda de abarrotes, que después cerró ‘“por las extorsiones”.

Es conocido que durante algún tiempo fue aficionado a las carreras de caballos, pero en el pueblo dejaron de realizarse los cotejos, porque los caballos de Cornelio siempre ganaban.

La delegada de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el estado de Chihuahua, Lucía Denisse Chavira Acosta, confirmó que Cornelio y su hermano, iniciaron el trámite para comprar los predios, catalogados como terrenos nacionales.

“Actualmente el expediente se encuentra en integración, revisión y análisis, así como en espera de información por parte del Registro Agrario Nacional, a efecto de que cuando se encuentre debidamente integrado se envíe a la Dirección General de la Propiedad Rural en la Ciudad de México, para que determine lo que conforme a derecho corresponda”, señaló la funcionaria a través de una tarjeta informativa dirigida a este medio en diciembre del año pasado.

En el mismo texto incluyó un apartado para explicar el procedimiento que se debe seguir para solicitar “un presunto terreno nacional”.

El punto número 10 de dicho documento establece que “en el supuesto de que la solicitud estuviera empalmada con algún ejido, comunidad, propiedad privada o área natural protegida, se emite acuerdo de improcedencia”.

Al cierre de este trabajo –agosto de 2018– la delegada de Sedatu informó a NORTE que el trámite continuaba en proceso.

SIGUEN LOS PASOS A CORNELIO

Las denuncias de los presuntos abusos cometido por los Alderete fueron confirmadas a NORTE el 30 de octubre de 2017 por el fiscal César Peniche, en una entrevista realizada en el jardín de un hotel de esta frontera.

“Desde luego conozco el caso. Ya sabes que de acuerdo con las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales no podemos nosotros prejuzgar, no obstante estamos viendo con mucha seriedad esas denuncias formuladas y en donde afortunadamente hay el acompañamiento de varias organizaciones, varios colectivos, que son los que de alguna manera están asesorando y tutelando lo que sucede en la integración de estas carpetas”. “Yo creo que próximamente tendremos resultados en esas carpetas de investigación, en efecto no son nada más esas denuncias, hay muchas denuncias en contra de estos sujetos y eso es ya la clara evidencia de que algo está sucediendo allá arriba en la Sierra”, detalló.

Al cierre de este reporte Peniche confirmó que ya se giraron tres órdenes de aprehensión por las denuncias, pero no proporcionó más datos.

A pesar de que existen procedimientos en su contra, Cornelio negó que su familia esté involucrada en acciones ilegales contra las comunidades indígenas.

Entrevistado el 16 de noviembre de 2017, en el jardín del mismo hotel donde se realizó la entrevista con el fiscal, Alderete relató que a raíz de los comunicados de la Red en Defensa de Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara decidió viajar a la ciudad de Chihuahua el 27 de agosto de 2017 para quejarse directamente con el secretario de gobierno César Jáuregui Robles y la comisionada estatal para los Pueblos Indígenas, María Teresa Guerrero.

“Nos acusan que nosotros despojamos a estas familias de estas comunidades, con gente armada o con sicarios, cuando es totalmente mentira. Entonces es lo que más nos afecta en lo personal y con la familia”, refirió.

Dijo también que la situación mediática se manejó de manera injusta, porque no le dieron oportunidad de dar su versión, y pidió que las autoridades competentes realicen las investigaciones que sean necesarias, para que se aclare la situación.

“Me gustaría mucho a mí que todas las instituciones u organizaciones que existen, gubernamentales o no gubernamentales, de repente me gustaría a mí mucho, que antes de hacer una acusación como estas que nos han hecho, que son muy graves, se dieran cuenta que nos están afectando no nada mas a mí”. “Ellos también tienen familia y se darán cuenta de que si alguien los acusara injustamente, de algo como eso que nos están acusando a nosotros, pues no nada más los perjudicarían a ellos, sino que perjudicarían a toda su familia en general”, señaló.

Y continuó:

“Me gustaría a mí pues pedir de favor que se investigara más sobre estas cosas, por decir de los terrenos, que se investigue a donde corresponde; que si dicen que robamos ganado, que se investigue donde corresponde, y pues que no hicieran acusaciones nada más así, sin una prueba, porque sí nos sentimos totalmente afectados a causa de eso”.

Cornelio rechazó el despojo del que lo acusan las comunidades indígenas porque –dijo– el asentamiento ódami o tepehuano se ubica fuera de los terrenos nacionales que él y su familia pretenden comprar.

“Cordón de la Cruz y Tepozán están dentro del ejido de Baborigame, y Mesa Colorada quedaba dentro del terreno nacional, el que nosotros hicimos la solicitud, pero se respetó, es un asentamiento indígena ahí, se respetó al cien por ciento el asentamiento indígena con todo y potreros y tierras de siembra del asentamiento indígena que es Mesa Colorada, entonces nosotros estamos totalmente delimitados, nuestros potreros a los de ellos”, explicó.

Con todo y las acusaciones públicas en su contra, el hombre no ha dejado de asistir a las reuniones del Consejo Ciudadano para el Buen Gobierno de Baborigame, en donde se le tiene catalogado como “representante del sector empresarial”.

Cuestionado acerca de si es posible dedicarse a una actividad productiva que no sea la narcosiembra en la zona, Alderete afirmó que, aunque es difícil, él se ha mantenido al margen y solo se dedica a la ganadería, la agricultura y la madera.

“Es difícil, pero nosotros no nos involucramos en eso, por nuestra familia. Tratamos de no involucrarnos, porque tenemos la familia ahí de planta en el pueblo, tenemos hijos en la escuela y nos cuidamos nosotros de no involucrarnos”, precisó.

La noche del jueves 26 de abril de 2018 tres hermanos de Cornelio, Guadalupe, de 28; Bernardo, de 30, y uno más de 32 años de edad fueron atacados por hombres armados en el camino de regreso de Guadalupe y Calvo a Baborigame. Los primeros dos fallecieron en el lugar y el tercero sobrevivió.

Los pistoleros fueron identificados pero al cierre de este trabajo (24 de agosto de 2018) la Fiscalía General del Estado aún no los había detenido. Sobre el móvil del doble homicidio tampoco se había informado nada.

Iniciativa ciudadania para encontrar la paz

Los abusos, las vejaciones y la violencia movieron a la comunidad que se organizó en el Consejo Ciudadano para el Buen Gobierno de Baborigame.

VÍCTIMAS INOCENTES

La tarde-noche del domingo 23 de octubre de 2016, en la comunidad Cordón de la Cruz, José Misael Arciniega Ayala, sobrino de Cornelio y Aurelio Alderete, entró con tres cómplices a la casa de José Vicente Rivas Vega, líder de la organización Sierra Madre, dedicada a defender territorios indígenas.

Ya dentro del domicilio, los intrusos golpearon de gravedad a un niño de 12 años y violentaron sexualmente a la hija de 10 años de José Vicente.

Al pequeño lo dejaron amarrado en el patio y a la niña, además de ultrajarla, la hirieron con un cuchillo por tratar de defenderse.

“José Misael, en compañía de dos personas más ataron al menor con un mecate y lo trasladaron a un segundo domicilio donde lo golpearon en repetidas ocasiones y cuando lo llevaron de regreso, el inculpado y uno de sus cómplices agredieron sexualmente a la menor que se escondía debajo de una cama”, informó la Fiscalía en un comunicado oficial.

El padre no estaba en casa porque había viajado a Chihuahua a denunciar el intento de despojo de los Alderete, sobre las tierras donde están las comunidades ódami Mesa Colorada, El Tepozán, Cordón de la Cruz y Tuáripa.

No había más adultos porque en esa fecha eran las fiestas patronales y todas las mujeres habían viajado a Baborigame.

La niña no dijo nada de lo ocurrido porque la amenazaron de muerte. Siguió yendo a la escuela tratando de ocultar el trauma.

Finalmente una revisión médica en una caravana de salud confirmó las lesiones y su padre puso la denuncia ante la Fiscalía Especializada de la Mujer el 5 de noviembre de 2016.

Durante más de un año el delito estuvo impune, hasta que José Misael fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) el 24 de noviembre de 2017, justo cuando este trabajo estaba en proceso de recopilación de información.

Un boletín oficial emitido dos días después informó que José Misael Arciniega Ayala fue detenido por elementos de la Fiscalía Especializada de la Mujer como “probable responsable de los delitos de violación agravada en perjuicio de una niña de 10 años y privación de la libertad contra de un niño de 12 años de edad”.

“Con base en los argumentos expuestos por el Ministerio Público en los cuales se señala la peligrosidad del detenido, el juzgador determinó que el imputado permanezca detenido y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva”, informó el despacho de prensa.

Actualmente Arciniega Ayala está preso en el Cereso estatal número 1 de Aquiles Serdán bajo el proceso penal 2245/2017 como presunto responsable del delito de violación.

En una entrevista realizada el 12 de diciembre de 2017 en las oficinas de la asociación Sierra Madre de la ciudad de Chihuahua, José Ángel Rivas Vega, tío de los niños violentados, denunció que la agresión fue represalia directa por las acciones que él y su hermano habían iniciado.

Rivas Vega aún vive con miedo por lo que puedan hacerle los Alderete.

“Porque lo conocemos yo, de hecho yo… pasó… pasó una etapa de mi vida que yo, que yo tuve mucho miedo, este… ahorita porque he estado, este, en una, en terapia… por eso ahorita este, hablo así con… este.. puedo, puedo manifestar, pues, lo… y puedo decir y acordarme de algunas cosas, porque yo entré en una etapa de… de, este… de, de mucho miedo… este, por esas personas. “Conozco… los conozco desde hace años y sé de las personas que estoy hablando, entonces, yo en ese… pues como digo… sí sentía mucho miedo, pensaba que se me podían cumplir o podían cumplir lo que estaban hablando, porque inmediatamente (…) los primeros de diciembre fueron a la casa, a la casa de mi mamá buscando a mis hermanos, y ahí, dice, hicieron disparos ahí en, en la casa, con armas de un hermano de, de Cornelio”, relató.

Visiblemente nervioso, cortando frases y palabras, continuó:

“Ya sabía pues, o sea, de… de, pues lo que, lo que podían hacer ellos o lo que pueden hacer todavía, porque ahorita estoy en una etapa todavía, yo creo que en un nivel de riesgo más, porque entre la organización y yo somos los que nos hemos encargado de, de… de que no avance tanto esto, porque lo que queremos es que la comunidad ¿no?, o sea, pensando en la comunidad y pues, que verdaderamente pues se haga justicia ¿no? Es lo que queremos nosotros”.

NADIE ESCAPA

Al día siguiente que José Vicente denunció la violación de su hija de 10 años ante la Fiscalía Especializada de la Mujer, el domingo 6 de noviembre de 2016, un grupo armado levantó al que entonces era el párroco en Baborigame, el sacerdote Luis Antonio Salazar de la Torre.

Soldados del 24º Regimiento de Caballería Motorizado del Ejército, perteneciente a la 42 zona militar, se enfrentaron a balazos con los delincuentes y en la refriega, el cura escapó.

En el enfrentamiento fue muerto Cruz Carrillo Ramos de 36 años, presuntamente miembro de un grupo delictivo liderado por Héctor “El Pinto” Román Angulo, vinculado con el Cártel de Sinaloa, estableció el lunes 7 de noviembre la nota de Patricia Mayorga publicada por Proceso.

El mismo día una nota de Milenio, firmada por Juan José García Amaro, agregó que el soldado Martín Altamirano Salmorán de 32 años resultó con un balazo en la muñeca izquierda y que el presunto delincuente Luis Villanueva Sánchez, entonces de 17 años, originario de Parral, resultó con heridas en el tórax.

Varios medios refirieron como fuente a la Fiscalía General del Estado, para agregar que poco después del enfrentamiento fueron localizados dos vehículos calcinados con tres cadáveres en su interior; uno de los automotores era la camioneta del sacerdote.

Una fuente del interior de la Fiscalía confirmó que Villanueva Sánchez fue sentenciado a un año y 5 meses de prisión el 16 de agosto del 2017, en un procedimiento abreviado, en el que solo se le acusó del delito de portación ilegal de arma de fuego. Para noviembre de 2017 Villanueva ya había dejado la cárcel.

Por ser menor de edad, los fiscales no pudieron imputarle la privación de la libertad e intento de homicidio del sacerdote.

RECLAMO POR LA PAZ

La violación de la niña hija del activista y el levantón del cura fueron la gota que derramó el vaso.

El 17 de noviembre de 2016 los pobladores de Baborigame hicieron llegar una larga lista con quejas y necesidades a la recién iniciada administración estatal.

En respuesta, el sábado 21 de enero de 2017 la presidenta del DIF estatal, Cinthya Aidé Chavira, esposa del gobernador Javier Corral Jurado, encabezó una caravana con diversos servicios para atender a la población.

Diez días después, el 31 de enero, se realizó una reunión general en la plaza del pueblo, convocada por las instancias gubernamentales y las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Ahí nació el Consejo Ciudadano para el Buen Gobierno de Baborigame. El nuevo organismo fue la primera iniciativa ciudadana organizada para recuperar la paz desde la acción social.

El 21 de febrero hicieron su primera asamblea, el 7 de marzo la segunda y el 26 de abril realizaron el taller Tejiendo Esperanza. Después realizaron otro taller denominado Primeros Auxilios Emocionales.

Para el 7 de junio el sector religioso, conformado por la representación de la iglesia católica y seis iglesias cristianas, planearon la primera manifestación pública denominada Marcha por la Paz.

Una noche antes de la fecha desconocidos incendiaron una vivienda.

Los organizadores lo interpretaron como un intento de amedrentar y sembrar temor, pero aún así la manifestación se realizó.

Más de 500 personas caminaron por la calle principal hasta la plaza.

Unos meses después la historia volvió a repetirse.

Desconocidos incendiaron otra vivienda, justo en la noche del día en que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos envió una misión de acompañamiento.

VOCES DE ESPERANZA

De acuerdo con Gabriel Parga, recién asignado párroco de Baborigame, el pueblo fue muy castigado por un grupo del narcotráfico (el Cártel de Sinaloa) que se extralimitó en los actos de violencia que ocasionó.

Su antecesor, el sacerdote Luis Antonio Salazar de la Torre, fue levantado por hombres armados el 6 de noviembre de 2016 y pudo salvar la vida gracias a que intervino el Ejército.

A pesar de las condiciones de extrema violencia, Parga tiene esperanzas de que las cosas mejoren.

“Siento que la gente se ha ido uniendo más como pueblo, ha tomado cada vez más conciencia de que las cosas pueden ser distintas si nos unimos, si exigimos respeto”, comentó en una entrevista realizada a espaldas de la iglesia donde cada domingo oficia misa.

Nora Liliana Rubio Urtusuástegui, profesora de educación media e integrante del Consejo Ciudadano para el Buen Gobierno de Baborigame, coincidió en que fueron los grupos del narco los que provocaron la grave inseguridad.

“Nuestra comunidad pasó por una situación difícil en cuanto a la inseguridad, violencia, enfrentamiento de grupos criminales, la cual provocó mucha violencia, mucho temor de la comunidad, que incluso se fueron muchas familias”. “Las escuelas se quedaron sin alumnos, muchos maestros o profesionistas que trabajan aquí, decidieron renunciar pues, para irse a un lugar más seguro”, describió.

Estimó que fueron entre 60 y 70 las familias que decidieron irse, buscando seguridad, enfatizando que el factor más importante para que la gente decidiera emigrar, fue la extrema violencia.

Vivir con miedo

La violencia del narco en la Sierra de Chihuahua ha expulsado a familias, quienes deciden quedarse deben pagar un precio alto para seguir ahí.

AQUÍ HA PASADO DE TODO

Dos ollas de peltre puestas sobre el calentón mantienen la casa a una temperatura agradable. En esta época del año Baborigame amanece debajo de los seis grados centígrados.

Resalta la madera barnizada en su color natural usada en puertas, ventanas, marcos y los gabinetes de la cocina.

Aquí viven Rosy y su esposo.

Ella es integrante del recién formado Consejo Ciudadano para el Buen Gobierno de Baborigame.

Trabaja en las dos empresas que maneja el ejido para la explotación de la madera, una de las pocas actividades productivas que dan sustento económico a la región.

A ella y a su marido les tocó vivir la época más difícil de la violencia en Baborigame, desde los años 2008 y 2009 hasta la actualidad.

¿Qué ha pasado en Baborigame?

De todo, de todo. A nosotros, gracias a Dios, a mi esposo y yo, no nos ha alcanzado nada de esto porque no tenemos nuestros hijos aquí, gracias a Dios que habíamos sacado nuestros hijos y los tres están viviendo en Estados Unidos, pero aquí ha pasado de todo…

¿Qué es ‘de todo’?

Desde perder amigos, pues, que siempre… O sea, usted vive en un pueblo. Cuando usted vive en un pueblo como es Baborigame, o sea, a todas las personas usted las considera parte de usted. Entonces, no es que no me ha afectado a mí. O sea, no directamente a mí y a mi esposo, pero con la muerte de una familia, ya usted siente que pierde todo. Aquí nos ha pasado de todo, mi esposo y yo nos hemos levantado en la noche, nos hemos escondido en el baño, ha sido momentos muy difíciles, pero también han sido momentos muy bonitos, porque hemos aprendido a valorar la vida, hemos aprendido a valorarnos más él y yo, hemos aprendido a… no se cómo describirlo, pero hemos aprendido a que si usted tiene una tortilla y la puede disfrutar en paz, yo creo que eso es lo más hermoso, porque cuando estamos en esto, o sea cuando la violencia ha alcanzado estos niveles como por la Sierra, porque no es exclusivo nomás de este pueblo, nos damos cuenta de la importancia de la vida. Entonces yo doy muchas gracias a Dios porque… porque tengo un grupo en la iglesia donde yo asisto, más o menos de entre 10, 15 jóvenes y cada domingo cuando yo comparto con ellos la clase, es hacer hincapié de veras, de lo importante, de lo valioso, de veras, tener la oportunidad de vivir, en medio de estas circunstancias de veras porque yo pienso que estas circunstancias nos han hecho muy fuertes

¿Cómo describiría usted esas circunstancias?

Yo creo que aquí, lo que más yo he aprendido, y lo que más ha sido importante para mí, en mi persona, es confiar día a día, minuto tras minuto, en Dios. Porque muchas veces hemos vivido en Baborigame como estar usted en un desierto o en medio del mar, donde a su alrededor no tiene a nadie ¿y cómo lucha en medio del desierto? ¿cómo lucha en medio del mar? Es no perdiendo la esperanza, mirando cada día a Dios y sosteniéndonos de él, porque muchas veces confiamos en el hombre y confiamos en nuestras instituciones y confiamos en nuestro gobierno, pero la mayoría de las veces salimos defraudados.

¿Ya la cosa se calmó?

Yo pienso en lo personal que esto no se ha calmado, o sea no. Hemos mejorado, hemos avanzado. Yo puedo salir más libremente a las calles, puedo en la mañana caminar sin necesidad de que mi esposo me acompañe, voy y vengo, gracias a Dios, pero yo sigo pensando en que todavía tenemos mucha violencia a nuestros alrededores. A veces me niego a pensarlo así pero no, tenemos que ser realistas y tenemos que ver todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces sigue habiendo todavía mucha violencia pero para mi es lo más importante, es vivir yo una vida dando un mensaje cada día… -Entonces estamos con el diablo en la cocina o ¿cómo le podríamos decir a eso? O sea, que las mismas personas que mueven ese tipo de actividades también se involucran en la comunidad y aquí andan, pasean, vienen, van… Entre nosotros mismos.

‘SEMBRAR ESA HIERBA MALA’

Visiblemente alterada por los nervios y con un español limitado, una indígena ódami aceptó una entrevista con NORTE, para describir lo que ocurrió en su comunidad y que obligó a algunos de sus habitantes a dejar sus tierras.

“Pues yo crecí ahí y todo, y ahora que nos han amenazado de sacarnos a fuerzas (…), y aparte pues también no nomás a nosotros nos han hecho ese daño pues, sino que todos los habitantes de ahí, los que tienen ganado, todo lo sacaron y ya así, ya no supimos nada”.

Cuestionada respecto a la motivación de quienes los quieren “sacar”, la mujer respondió que lo que esas personas quieren es usar la tierra para “sembrar esa hierba mala”.

“Ahorita ya están trabajando en eso. De ahí, de los habitantes de esa comunidad tenían un manantial o aguaje de donde agarraban agua, y ya le quitaron todo, nomás pa’ eso, pa’ regar todo eso”, agregó.

No quiso dar más detalles sobre la narcosiembra, que muy probablemente se lleva a cabo en los predios hoy en disputa.

Pero sí hizo referencia a un caso reciente en el que dos pobladores fueron atacados por hombres armados, cuando volvían a sus casas para recoger algunas pertenencias, después que habían huido con el resto.

“… Nomás esas dos personas se salieron de ahí, los demás todavía siguen ahí porque no saben a donde ir. Dicen no, pues que, pues ahí crecieron ellos y ya no tienen otro lugar, pues, a donde irse”, comentó.

Otra testigo anónima, pobladora mestiza de Baborigame, confirmó la versión de los dos hombres que fueron torturados.

Desnudos, golpeados, mutilados de labios y orejas, habían escapado de sus captores, relató la pobladora.

Por las denuncias de organismos no gubernamentales que trabajan desde hace décadas en la zona, se supo que el caso de los dos heridos, era solo uno más de desplazamiento forzado.

Sus familiares se encargaron de llevarlos a recibir atención médica y después a un lugar seguro, donde no puedan ser encontrados por los agresores.

‘YA ME MATARON DOS NIETOS’

Todavía no eran las siete de la mañana. Al fondo de la calle de tierra iba caminando Miguel, de 85 años. No tuvo empacho en aceptar una breve entrevista.

¿Cómo está la cosa por acá?

No hay trabajo, no hay nada, no hay ni donde trabajar uno por ahí poquito, y pues no hay más que la agricultura, cualquier cosa, y luego no llueve bien, siembra y no se da nada, pos, por ahí lo que siembran los que pueden, se los echa pa abajo el gobierno (…) antes era agricultor ganadero, tenia yo ganado, pero ya ahora ni eso dejan (…)

¿A usted le han matado algún familiar?

Sí han matado, ya me mataron dos nietos aquí pero pos esos muchachos no eran, no se mantenían de maleantes, no más los mataron ahí pa hacerse a conocer que son muy bravos, dos muchachos, inocentes (…) ahí se matan todos los días por ahí los agarran pues y se los llevan y los tiran como perros pa allá pa las orillas y ahí los dejan muertos, que se los coman las auras, los perros, mientras no los hallan pos ahí están tirados, a veces ni los hallan ya se quedan en el monte. Allá arriba donde se ve el cerro ese ahí se agarraron unos de esos que son unos contra otros, se mataron pues no se sabe cuantos, ahí se veían las auras por los cerros y se fueron como quince heridos a una cueva y por ahí se murieron dicen todos (…) unos se quedaron ahí y otros fueron heridos y se murieron por ahí en una cueva.

¿Hace más o menos cuanto tiempo?

De eso hace como dos meses.

ALLÁ ADELANTE HAY UN AGARRE

En julio de 2015 en la carretera que va de Guadalupe y Calvo a Baborigame, ocurrió un enfrentamiento entre militares y civiles armados, presuntamente pertenecientes a un cartel de la droga.

Una mujer que viajaba de regreso a Baborigame, describió para NORTE lo que vivió esa noche.

“A medio camino de Guadalupe y Calvo a aquí, se paró la “rápida” (autobús de transporte rural) porque estaba otra troca parada y le dijo no puedes pasar porque esta un agarre ahí adelante entre el Ejército y un grupo delictivo”, recordó. “Cuando yo estaba hablando con mi esposo empezó la balacera…como a las dos horas pasamos…nunca he tenido esa experiencia como la tuve ese día”, agregó.

A pesar de que la entrevista se realizó en una habitación cerrada, la señora hablaba en voz baja.

“Ahí olía a pólvora, ahí olía a muerte, yo pude ver, o sea así, muy reservadamente volteé para, para uno de los camiones de los soldados y vi dos montones (de cuerpos) que estaban arriba del camioncito de los soldados, pero los tenían tapados con una lona, pero abajo había, había pantalones, había calcetines, había zapatos, trusas ¿cuántos murieron? Nunca nadie supo nada. A los ocho días todavía encontraban cuerpos así por los cerros”, relató. “Esos soldados -continuó- estaba lloviznando, no le miento, pero esos soldaditos mismos, estaban temblando así, no se supo cuántos murieron”. “Todas esas experiencias que nos ha tocado vivir, de veras, son experiencias tan tristes y tan dolorosas y yo no puedo pensar con mi mente, cómo es que nos hemos llegado a odiar de esta manera, en que no tenemos respeto por la vida…”, terminó.

Acciones cosméticas para atender el problema

Lo que ocurre en Baborigame es una muestra de la realidad que se vive en toda la Sierra de Chihuahua. Las personas están huyendo como pueden. De acuerdo con cifras oficiales, el estado tiene el sexto lugar nacional en desplazamiento forzado.

La Organización de las Naciones Unidas define al desplazamiento forzado interno como “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual”.

De 2009 a enero de 2017 se calcula que 310 mil 527 personas en México dejaron sus lugares de origen huyendo de distintos tipos de violencia, principalmente la que provoca el narco.

De acuerdo con el Centro Mexicano de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, solo en 2016 Chihuahua tuvo tres eventos de desplazamiento interno masivo a causa de la violencia, que afectó a 4 mil 747 personas.

Entre 2009 y 2014 fueron casi 30 mil las personas en el estado de Chihuahua que tuvieron que buscar otro lugar para vivir, de acuerdo con un documento de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.

Con el desplazamiento forzado no solo se evidencia la violencia extrema que provocan grupos delictivos, sino también la inacción o connivencia de los distintos órdenes de gobierno.

Queda exhibida la falta de políticas públicas y programas sociales, que ofrezcan alternativas de desarrollo a las comunidades que quedan así, a merced del narco.

La visita a Baborigame, a finales del año pasado, tuvo como objetivo observar lo que le pasa a una población, víctima de la violencia, desde la mirada de sus propios habitantes.

Además puso en relieve que las acciones del gobierno han sido cosméticas e insuficientes para atacar el problema de fondo.

El fiscal César Peniche ofreció en entrevista con NORTE a finales de 2017, que durante 2018 se estaría construyendo una comandancia cercana a la sección municipal y se dispondría de unos 50 elementos para reforzar la tarea de seguridad.

Al cierre de este trabajo ninguno de los dos proyectos se ha realizado.

Activistas y pobladores consultados apenas en agosto de este año dijeron que las cosas siguen tensas en la zona.

La ausencia del Gobierno federal es evidente y la respuesta del Gobierno estatal no parece contundente. La infiltración del narco en las policías municipales ya no es noticia.

La situación es similar en toda la zona serrana, desde Guadalupe y Calvo hasta Nuevo Casas Grandes.

Por ejemplo, desde el 18 de febrero del 2017 policías estatales se hicieron cargo de la seguridad en Madera, Temósachic, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc. Pero el relevo no significó una disminución de la violencia.

Apenas el 6 de mayo –en pleno proceso electoral– un comando de 200 pistoleros irrumpió en Ignacio Zaragoza y mató a ocho personas. Dos meses antes sicarios levantaron y privaron de la vida al tesorero municipal Guadalupe Payán Villalobos.

En Madera se siguen reportando personas privadas de la vida, en hechos relacionados con crimen organizado y tala ilegal de bosques, mientras que en Temósachic no paran las noticias de ejecuciones y cuerpos calcinados.

En Gómez Farías, Cuauhtémoc y Témoris la violencia que ocasionan los cárteles del narco, acompañada de una ineficaz acción desde el gobierno, provocó que médicos y enfermeras se negaran a trasladarse a centros de salud.

La situación se puso más crítica después que en noviembre del año pasado fue secuestrado el médico Blas Godínez, de quien hasta la fecha se desconoce el paradero. La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) suspendió el envío de pasantes de medicina a la zona.

Para septiembre de 2018 el Gobierno estatal pretende intervenir en otros seis municipios, con la misma idea de suplir a las policías locales.

La violencia que se genera en la Sierra por el control de los territorios para el narco cultivo, repercute en el resto del estado.

Entre los desplazados que llegan a Parral, Guachochi, Cuauhtémoc, Chihuahua y Juárez están incluidos pistoleros de los grupos vencidos, que solo vienen a engrosar las filas de los grupos delictivos que operan en zonas urbanas.

Ese es uno de los factores que inciden en que los índices de homicidios se hayan duplicado de un año al otro.

En todo el año pasado la Mesa de Seguridad reportó 458 homicidios en Ciudad Juárez, mientras que en 2018 –apenas en julio– ya sumaban 718; es decir, un incremento del 50 por ciento apenas pasando medio año.

La cifra estatal indica que en los últimos dos años el número de homicidios ha ido en aumento, pasando de mil 232 en 2016 a mil 556 en 2017.

Hasta agosto de 2018 el número ya llegó a mil 156, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado.

Detrás de las cifras de homicidios y el desplazamiento forzado subyace la realidad de Chihuahua convertido en un estado dominado por el narco, cuyas autoridades y sociedad en general se ven rebasadas por la negativa influencia del tráfico de enervantes y el dinero fácil.

@comarbarranco