El sábado a las 21,30 h. saltaba la noticia de un incendio en el perímetro del Parque Nacional de Doñana, iniciado en Moguer, zona de “preparque” y que se ha ido extendiendo hasta el propio parque, quemando numerosas hectáreas de bosque tanto en el perímetro como en el parque natural, siendo evacuadas dos mil personas y trece linces ibéricos del centro de cría de El Acebuche, de las cuales una ha fallecido, que se han visto afectadas por el incendio. Según los expertos, el incendio, como casi todos los incendios forestales, ha sido provocado.

Casualmente, en la zona quemada está ubicado el proyecto de Gas Natural, relativo al almacenamiento de gas en el subsuelo y la construcción de un gasoducto de 75 km.

Inmediatamente en las redes sociales se ha extendido la sospecha de intencionalidad para favorecer los proyectos de Gas Natural, empresa a la que el PP le concedió en 2013 las licencias para el proyecto gasístico que convertirá el subsuelo del Parque Natural de Doñana en un enorme almacén de gas. Gas Natural tiene al ex-líder socialista Felipe González en su nómina con un sueldo anual de 130,000 €. La respuesta de la Junta a través de la “discípula” de González y del ecologismo del régimen tampoco se han hecho esperar: su argumentación es contundente y no deja lugar a dudas: no se puede recalificar el Parque Nacional de Doñana porque no está sujeto a la Ley de Montes, sino a la ley de Parques Nacionales. Y por otra parte, Gas Natural no se beneficia del incendio porque el proyecto “Marisma” ya ha sido aprobado. Sin embargo, sabemos que el Parque de Doñana cuenta con 112,086 hectáreas, de las cuales 58,251 corresponden a Parque Nacional y 53,835 a Parque Natural. Y que las 53,835 hectáreas de Parque Natural sí están sujetas a la Ley de Montes, así como toda la zona perimetral, por lo que sí pueden ser recalificadas por la Junta de Andalucía. Son las hectáreas que corresponden al Parque Natural las que se han visto afectadas por el incendio, por lo que la Ley de Montes sí podría aplicarse, Y precisamente, Gas Natural necesita la recalificación de los terrenos para un proyecto de ampliación de las instalaciones que está pendiente de aprobación.

Junto a los intereses de Gas Natural se unen los intereses de la patronal agraria que se han saldado con continuas agresiones a Doñana producidas por el uso incontrolado de pesticidas en el entorno del Parque (que en el 1986 provocó la muerte de 30,000 aves acuáticas) y la sobreexplotación del acuífero que mantiene la vida de la flora y fauna del Parque donde hay más de 1,000 pozos ilegales que “roban” el agua que el Parque necesita para su existencia.

También los intereses de las empresas mineras están presentes en este incendio. Intereses que se han saldado con la rotura de la balsa de Aznalcóllar en el año 1998 o a la condena judicial en 2016 a Cobre de las Cruces por contaminación y sobreexplotación de los acuíferos. Proyecto mineros que vinieron atraídos por la actitud complaciente del Estado y la Junta ante los que contaminan y explotan nuestra tierra. Ninguna administración exige que se cumpla la ley, permitiéndose las agresiones continuas al hábitat de miles de animales y Patrimonio Natural de las andaluzas hasta que estas infracciones entran (con suerte) en sede judicial.

No podemos olvidar los intereses de la burguesía relacionados con el negocio inmobiliario que se encuentra necesitado de un nuevo impulso en forma de terrenos que edificar a ser posible en zonas costeras aún no edificadas como la costa onubense. Y si la zona es de alto valor ecológico como en este caso aumentaría aún más el valor de las edificaciones. Intereses que han afectado, también, a la plantilla de agentes forestales, reducida a la mitad en los últimos años, al igual que la del Plan Infoca. O con medidas del gobierno “autonómico” como la de impedir a las agentes de medio ambiente presentar denuncias en el Registro General.

Tampoco olvidamos que en las inmediaciones de la zona incendiada se encuentra el Centro de Experimentación “El Arenosillo” del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (institución adscrita al Ministerio de Defensa español) donde se hacen no sólo ensayos aeroespaciales sino también ensayos militares con aviación en la zona y que se enmarcan en la militarización creciente de Andalucía y todo el Mediterráneo.

Todavía no sabemos a ciencia cierta quiénes son los culpables de este atentado hacia nuestra tierra y quienes la habitamos, hacia el patrimonio natural andaluz. Pero las causas profundas del mismo son la utilización del territorio andaluz por las grandes multinacionales españolas y mundiales sin importarles los daños medioambientales, las vidas de las personas y animales o el sostenimiento de los ecosistemas de los que depende nuestro futuro. Causas son también la colaboración de la UE, del Estado español y su virreinato de la Junta con los negocios de la burguesía que se lleva nuestras riquezas, destruye nuestra tierra y cuando ya no es productiva se marcha a otro lado dejándonos miseria y destrucción.

El problema de Andalucía podemos resumirlo en dos: colonialismo y capitalismo. La economía capitalista es una economía devastadora que necesita de un crecimiento constante para no entrar en crisis, consumiendo constantemente recursos limitados, cuya obtención destruye el patrimonio natural de los pueblos colonizados. La falta de soberanía propicia que se tomen en Madrid y Bruselas decisiones importantes que afectan a nuestra vida y a nuestro futuro, sin que se tengan en cuenta los intereses y necesidades del Pueblo Trabajador Andaluz, ni la vida de los animales que habitan nuestra tierra, robando nuestros recursos naturales y humanos a cambio de unos sueldos de miseria, mientras que el valor añadido de los recursos andaluces se va a Madrid o a los paraísos fiscales. Conseguir la soberanía que nos haga salir de esta situación colonial que padecemos desde hace más de quinientos años, así como organizar la actividad económica y las relaciones laborales conforme a una sociedad socialista, feminista y sostenible es la única manera de que no se repitan “incendios” en nuestra tierra.

Por todo lo anterior, Nación Andaluza hace un llamamiento a las andaluzas y andaluces para movilizarse en torno a la defensa de Doñana, exigiendo el fin de la sobreexplotación de los acuíferos, de la contaminación de las aguas, el cierre de los pozos ilegales, el cierre definitivo de la mina de Aznalcóllar y el NO definitivo al proyecto de Gas Natural, así como la planificación de la actividad agrícola en base al aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos disponibles.

Doñana es hábitat y patrimonio natural de todo el Pueblo Andaluz ¡Salvemos Doñana!

¡Castigo para los culpables y las instituciones colaboracionistas!

¡Andalucía no está en venta!

Comisión Permanente de Nación Andaluza.

Andalucía, 27 de junio de 2017