Una Casa Amarilla roja rojita. Un decreto presidencial publicado en la Gaceta Oficial N° 41.069 del viernes 6 de enero, abre las puertas a la definitiva “depuración” del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), para garantizar que todos los empleados de la institución estén alineados con el proyecto chavista.

El presidente Nicolás Maduro ordenó un régimen “excepcional” de jubilaciones para los trabajadores de la Cancillería, que se aplicará “previa solicitud del interesado o aún de oficio” si cumplen estos requisitos: 1) Que haya prestado más de 12 años de servicio en la Administración Pública; y 2) Que posea una edad igual o mayor a 45 años en caso de ser mujer o una edad igual o mayor a 50 años en caso de ser hombre.

La clave de la disposición ejecutiva que tiene en sus manos la ministra Delcy Rodríguez se encuentra en su cuarto considerando. Allí establece lo siguiente: “Es necesario impulsar nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras en todos los ámbitos del servicio exterior, comprometidos con la función pública, el país y la Revolución Bolivariana”.

“Esas jubilaciones parecen dirigidas al grupo de funcionarios que ellos identifican como parte de la llamada cuarta república. En mi opinión, buscan terminar de una vez por todas con la carrera”, critica un diplomático del MRE, que prefiere resguardar su identidad mientras termina de recoger los papeles de su escritorio para marcharse.

El chavismo lleva, al menos, 12 años tratando de colonizar todos los espacios de la Cancillería. En junio de 2005, la prensa local reseñó la existencia de un curso de formación “exprés”, dictado en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, que en cuestión de semanas preparaba a profesionales para asumir tareas en el servicio exterior.

“Cada uno de los nuevos funcionarios viene con formación política e ideológica”, declaró en aquella oportunidad William Izarra, para entonces viceministro de Asia, Medio Oriente y Oceanía. Por esos días, ante el temor de que la reforma de la Ley Orgánica de Servicio Exterior que discutía la Asamblea Nacional desembocara en una razia interna, la viceministra para Europa del momento, Delcy Rodríguez, indicó: “No se trata de posicionamientos políticos, se trata de que existen cargos de confianza y eso está establecido perfectamente en las leyes administrativas que rigen la función pública, señalando la existencia de nombramientos de libre remoción y de confianza”.

La última modificación a la Ley de Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.217 del martes 30 de julio de 2013, estipulaba que en un máximo de 90 días la AN tenía que presentar la Ley Especial del Estatuto del Personal del Servicio Exterior. Tres años y medio después, aún ese instrumento no ha sido aprobado.

“El servicio exterior se ha convertido en un mecanismo de pago de favores políticos o, peor aún, una herramienta para ubicar a familiares en embajadas y consulados”, fustiga un diplomático que denuncia los retrasos en ascensos y traslados del personal de Cancillería. Parientes de altos jerarcas del régimen chavistas están desperdigados en las legaciones venezolanas por el mundo. La extensa lista la encabeza la hija del finado comandante Hugo Chávez, María Gabriela Chávez, representante alterna ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.