Sin ninguna grieta interna y por unanimidad, como acostumbra el pleno del Tribunal Constitucional en todas sus resoluciones relativas al procés, los magistrados respaldaron este martes la intervención de la autonomía catalana en octubre de 2017 y rechazaron casi todos los argumentos esgrimidos en los dos recursos presentados por 50 diputados de Unidos Podemos y por el Parlamento de Cataluña. Esos recursos acusaban al Ejecutivo de vulnerar la Constitución al destituir en bloque al Govern liderado por Carles Puigdemont.

"El 155 permite enviar instrucciones directas de cumplimiento a las comunidades autónomas e incluso asumir algunas acciones ejecutivas, pero seguro que no permite disolver el Parlament ni el Govern de la Generalitat. Eso no es el 155, sino la modificación de facto del Estatut y del autogobierno de Cataluña", opinó entonces Xavier Domènech (Unidos Podemos), que encabezó la presentación del primer recurso en enero de 2018. Una iniciativa a la que se sumó posteriormente el Parlament, que consideró inconstitucional la destitución de Puigdemont y su Gabinete por no respetar "los principios de gradualidad y proporcionalidad" —en línea con un informe del Consejo de Garantías Estatutarias catalán—.

Pero el alto tribunal rechaza todas esas alegaciones y "únicamente" tumba un párrafo del acuerdo de aplicación del 155: aquel que establecía que cualquier disposición publicada en el boletín oficial de la Generalitat que no hubiese sido visada por el Gobierno central quedaba automáticamente anulada. Es decir, un aspecto muy específico y de carácter técnico que no afecta al grueso de la cuestión de fondo, que se abordaba por primera vez y que se saldó con el aval del Constitucional a la aplicación del 155.

El tribunal solo adelantó este martes la decisión tomada. Ahora tiene que acabar de plasmarla y explicarla en dos sentencias que se harán públicas en los próximos días. Y, según fuentes jurídicas, los magistrados aprovecharán esas dos resoluciones para pronunciarse, por primera vez, sobre la dimensión del artículo 155. Remarcarán el carácter excepcional de este precepto, que solo puede aplicarse como último recurso y que, además, debe tener unas limitaciones "temporales", según estas mismas fuentes.

Estado de Derecho

Este dictamen llegará después de que PP y Ciudadanos hayan defendido durante los últimos meses una nueva aplicación del 155, incluso con carácter indefinido. Una medida que, según cuatro constitucionalistas consultados por EL PAÍS, vulneraría la Ley Fundamental.

Pese a ello y a la espera de conocer el contenido de las dos sentencias, Ciudadanos ya celebró este martes la decisión del tribunal de garantías de avalar la aplicación del 155 en 2017. "Podemos y nacionalistas recurrieron la aplicación de la Constitución en Cataluña. Hoy el Constitucional avala por unanimidad esa actuación, que permitió sofocar el golpe separatista y garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Porque el 155 es libertad", afirmó el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

En esa misma línea se pronunció su socio en la derecha. "Los tribunales españoles y europeos apagan, uno tras otro, las infundadas demandas de los independentistas catalanes. Esta es la grandeza del Estado de Derecho y de los gobernantes que actúan conforme a las leyes", dijo Marta González Vázquez, vicesecretaria general de Comunicación del PP.

Una alegría que contrasta con las críticas de Gerardo Pisarello, diputado de Unidos Podemos. "Habrá que conocer los fundamentos de esta sentencia. Pero teniendo en cuenta la clara desproporción de muchas intervenciones del Gobierno del PP, cuesta imaginar que el Constitucional haya hecho una lectura del 155 suficientemente garantista y respetuosa del principio de autogobierno", apuntó este martes el parlamentario.