Los seis documentos (y la carta) del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para aplacar el euroescepticismo británico son una vergüenza. Desde una perspectiva europea y europeísta, contiene infinidad de retrocesos y solo un avance relativo, la simplificación regulatoria.

Podría serlo la consagración de la doble velocidad en la UE, de los más integracionistas y los que no, para lo que Tusk propugna el “respeto mutuo”, sobre todo en asuntos bancarios y monetarios, ay, la City.

Pero es fútil palabrería, porque a los integracionistas no les añade ningún mecanismo y a los reticentes sí, la capacidad de devolver los proyectos normativos al Consejo y la promesa de buscar una “solución satisfactoria” para el quejica: un casi-veto. A eso se le llama engaño y asimetría.

Lo peor del paquete Tusk es el recorte de ciertos beneficios sociales a los emigrantes procedentes de Rumania, Bulgaria... o España. Ese freno de emergencia que logra Londres se aplicará hasta todo un cuatrienio cuando haya un desbordante flujo de trabajadores que pongan en peligro el Estado de bienestar del país de acogida.

La aparente lógica del invento quiebra cuando se constata que la invasión de europeos a Gran Bretaña es un prejuicio, no un problema actual. Pudo serlo en época de Blair, cuando entraron hasta un millón y medio porque Londres los atrajo acortándoles los períodos de transición pactados: claro que el coste social de asumirlos fue inferior a los beneficios económicos que aportaron (The long term economic impact of reducing migration, National Institute of Economic and Social Research, 2013).

Pero es increíble darle ahora la “plena expectativa de obtener” ese embudo para filtrar a otros europeos, cuando la isla recibe menos oleadas que Italia, España o Alemania; el paro es del 5,1%; y los flujos son mucho más discretos. Claro que a David Cameron le servirá de combustible.

Políticamente lo peor es la nueva exención (opt out) a Reino Unido de cumplir el principio de una “unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa” (artículo 1 del Tratado). Y el refuerzo de los Parlamentos nacionales, que hasta ahora podían exhibir la tarjeta amarilla, o sea, devolver un borrador legislativo a la Comisión, que estudiaba la queja y tomaba la última decisión, según el Protocolo 2, artículo 7. Y que ahora podrán suspender, con un quórum más reforzado, el proceso normativo.

Ambos suponen reformas del Tratado por la puerta de servicio, y del peor sesgo intergubernamentalista. Y aunque todo el paquete lo respetase formalmente —habrá que comprobarlo—, supone en el mejor caso su interpretación restrictiva, lesiva a los ciudadanos, a la libre circulación de trabajadores esencial a todo mercado interior... y no digamos ya que como complemento a un área monetaria de inicio no óptima. En suma, un pésimo signo social y político.

Para más inri, tanto premio y tanta prima al free rider, al polizón, no garantizan su alegría, pueden preludiar más cesiones, incentivan a otros desafectos y no se equilibran con nada tangible a cambio.