El año que concluye estuvo marcado por el asesinato de figuras públicas que mostraron la amplitud de la victimización que ocurre en el país. Desde el asesinato de la actriz Mónica Spear y su esposo a comienzos del mes de enero, hasta la muerte del diputado Robert Serra a fines de año, la violencia homicida acabó con miles de vidas de venezolanos de todos los sectores sociales y todas las tendencias políticas. El luto embargó a miles de familias que lloraron a sus deudos asesinados sin encontrar protección, indemnización, ni justicia.

La censura oficial a los datos de criminalidad y violencia que por once años ha tenido el país, nos obliga nuevamente a los investigadores de las siete universidades nacionales que integramos el Observatorio Venezolano de Violencia a ofrecerle al país nuestras estimaciones de muertes violentas en el año que está próximo a concluir.

A partir de las informaciones parciales a las cuales tuvimos acceso en distintos lugares del país y del análisis del comportamiento violento y de las políticas públicas en materia de seguridad, procedimos a realizar la estimación de:

(1) las muertes violentas de los casos de homicidios, (2) las averiguaciones de muerte y (3) las víctimas por resistencia a la autoridad, de manera separada. Para conseguirlo consideramos la clase de modelos de pronóstico de series temporales conocidos bajo el nombre genérico de modelos de suavizado exponencial.

Estos modelos resultan adecuados para series como las que ahora estamos manejando, a saber, series con tendencia, pero sin estacionalidad.

Otra característica deseable que tienen estos métodos, es la de otorgar mayor peso en las predicciones a los datos más recientes de la serie y menor peso a los valores más antiguos. Dentro de esta clase de modelos elegimos aquellos de mejor ajuste a los datos de los casos conocidos por el CICPC para las tres series temporales mencionadas. Para el evento de los homicidios el modelo de mejor ajuste resultó ser el modelo de Holt. Para los casos de resistencia a la autoridad, el modelo que mejor explica los datos es el de Brown y para las muertes en averiguación, que se comportan casi sin tendencia, una simple diferenciación permite obtener predicciones con el menor error posible (Ver apéndice técnico anexo).

Los resultados obtenidos nos indican que conservadoramente podemos estimar que el año 2014 concluirá con 24.980 fallecidos y una tasa de 82 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

Esta tasa muestra un leve incremento con relación a la reportada para el año 2013, una vez ajustada la base poblacional del cálculo, lo cual indica que no han existido avances en el control del delito y la violencia en el país, a pesar de los importantes anuncios y planes desarrollados por las autoridades.

Con esta tasa, o con otra todavía más conservadora calculada por la Organización Mundial de la Salud (OMS-WHO, 2014), Venezuela está ubicado como el segundo país con la más alta tasa de homicidios del mundo, sólo superado en su magnitud por Honduras (con una tasa de 104 por 100mil/hab.), quien ocupa el primer lugar.

En Venezuela se cometen muchos más asesinatos que en países considerados tradicionalmente violentos como Jamaica (con una tasa de 45 por 100mil/hab.), El Salvador (con 44 por 100mil/hab. ), Colombia (44 por 100mil/hab. ) y con una tasa mucho más elevada que la de Brasil (32 por 100mil/hab.) o México (22 por 100mil/hab.) En la siguiente tabla presentamos los datos de los 15 países con las tasas más elevadas de homicidios en el mundo recogidas en el informe antes referido de la OMS.

Fuente: Elaboración propia del Observatorio Venezolano de Violencia sobre datos del WHO-UNODC-UNDP Global Status ReportonViolencePrevention, Geneva,2014, los archivos del CICPC y cálculos propios.

* Los estimados de la OMS aunque publicados en diciembre del 2014 fueron calculados con datos de 133 países obtenidos y revisados hasta 0ctubre del 2014 y estimados para el año 2012.

** Los cálculos de la OMS para todos los países incluyen homicidio no intencional y muertes consideradas homicidios por accidentes de tránsito

*** Los datos del Observatorio Venezolano de Violencia incluyen los casos de muertes por resistencia a la autoridad y las averiguaciones de muerte.

Aunque no pudimos observar un crecimiento relevante en el número de los homicidios en el conjunto del país, sí encontramos diferencias en las regiones, pues en unas áreas disminuyó el delito violento, mientras que en otras se incrementó, sin que puedan encontrarse explicaciones consistentes para una u otra tendencia.

La propensión general observada por los distintos equipos de investigación es hacia la expansión del delito violento en todo el territorio nacional. Zonas que hasta hace poco tiempo eran seguras, se han convertido en territorio de las bandas armadas que agreden y extorsionan a sus habitantes.

Los equipos han observado igualmente un incremento del hurto y el robo cometidos por delincuentes no profesionales. Amparados en la impunidad, en la desesperanza de la población que no denuncia a las autoridades los delitos de los cuales ha sido víctima y en la falta de respuesta de las policías, se ha generalizado en una parte de la población un comportamiento delictivo amateur como modo de vida, como un medio aceptado del “rebusque” para completar los ingresos o adquirir un bien de consumo deseado.

Paralelo a esto se ha dado un proceso de mayor estructuración del delito organizado y de mayor ampliación de sus actividades. Venezuela continúa siendo una plataforma privilegiada para el transporte de droga hacia Europa y Estados Unidos y para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. En su paso por el país una parte de la droga se queda en el territorio y debe buscar nuevos compradores. En los centros de salud se ha observado una presencia creciente de consumidores no solo de la cocaína, sino también de la heroína.

El secuestro y la extorsión se han generalizado en los distintos sectores sociales. El secuestro pasó de ser un delito que golpeaba a los grupos de altos ingresos a ser mayoritariamente un delito que afecta a la clase media y los trabajadores. La extorsión de los transportistas, comerciantes y constructores por grupos violentos que exigen un pago regular para poder permitir la actividad se ha generalizado a los medianos y pequeños actores económicos.

El año que concluye ha visto también un incremento en el asesinato de funcionarios policiales. En Caracas durante el 2014 fueron asesinados más de dos policías por semana, en Carabobo poco más de uno, en Aragua poco menos de uno.

Hay una desmoralización cada día mayor en los cuerpos policiales, quienes además de ser victimizados se sienten sin autoridad y sin apoyo. Hay un abandono de la carrera policial por muchos funcionarios honestos quienes opinan que no tienen ni la remuneración ni el respeto que su profesión merece. Al salir muchos se dedican a la seguridad y protección privada.

La respuesta de los funcionarios policiales que han visto fallecer a sus compañeros ha sido igualmente violenta. Muchos policías tampoco creen en la justicia de los tribunales y han decidido tomar justicia por mano propia. Todo lo cual ha redundado en un ambiente de mayor violencia y agresividad en el país.

La presencia de grupos que hacen ostensivo su carácter armado, retando el monopolio de la fuerza y de las armas del Estado, ha tenido durante este año un efecto en la sociedad mucho mayor que el restringido a sus zonas de actividad. Sus amenazas a los funcionarios y la destitución de las autoridades que intentaron aplicarles la ley, enviaron un mensaje profundamente negativo al país y a los propios funcionarios policiales quienes se sintieron una vez más desamparados por quien debía apoyarlos y reforzar su autoridad.

En los estudios de opinión realizados empleando encuestas por muestreo, hemos encontrado que hay un incremento en el miedo de las personas. Estas dejan de realizar actividades, regresan a casa y se encierran más temprano y confían más en la protección de sus vecinos que en la policía. Las personas no se sienten protegidas por las autoridades y perciben que no hay justicia ni castigo. Menos del 10% de la población confía en la capacidad del gobierno para enfrentar eficientemente el delito y restaurar la seguridad.

El país necesita ser pacificado y reconciliado, para ello es necesario devolverle a la norma social y la ley su capacidad de regular las relaciones sociales, solucionar conflictos y propiciar el encuentro de la población.

Caracas, 29 diciembre de 2014