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CIUDAD DE MÉXICO, 26 de mayo.- En el penúltimo año de Andrés Granier Melo, como gobernador de Tabasco, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un faltante por 108 millones de pesos provenientes de las aportaciones federales que debieron canalizarse a desarrollo social.

De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, las autoridades tabasqueñas realizaron depósitos a cuentas bancarias desconocidas con parte de los fondos que el gobierno federal dio al estado para servicios médicos, educativos e infraestructura.

La mayor anomalía ocurrió con el Fondo de Aportaciones Múltiples —cuyos recursos debían ser destinados a infraestructura educativa en zonas del alta marginación— e involucra a José Saiz Pineda, ex titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de Tabasco (SAF), a quien se le atribuye la posesión de los 88.5 millones de pesos en efectivo hallados en cajas de cartón, el miércoles pasado, en un predio del municipio de Nacajuca.

El expediente 11-A-27000-02-0511 refiere que “la Secretaría de Administración y Finanzas del estado de Tabasco transfirió recursos por 98 millones de pesos de la cuenta del Fondo de Aportaciones Múltiples 2011 a una cuenta de gastos de la misma secretaría, de los cuales se desconoce su orientación y destino”.

Al reseñar los efectos de dicho desvío, el organismo fiscalizador apunta: “Se dejó de atender con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples a población en condiciones de pobreza extrema y en desamparo con programas de asistencia social, al ejercer sólo 90.5% de los recursos asignados.

“Por otro lado, no se atendieron con oportunidad las necesidades de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos, al haber transferido recursos por 98 millones de pesos de los componentes de Infraestructura Educativa hacia una cuenta de gastos de la misma secretaría, situación que generó un impacto negativo en la población objetivo del fondo.”

Desorden contable pega a la salud

Otra de las irregularidades detectadas por la ASF y en la que también tuvo participación el ex tesorero de Andrés Granier (ambos implicados en la acusación por desfalco entablada por el gobierno del actual mandatario, Arturo Núñez) ocurrió en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

La auditoría 11-A-27000-02-0719 refiere que las autoridades sanitarias de Tabasco reportaron un importe ejercido por mil 361 millones 648 mil pesos, pero en las bases de datos se registraron mil 357 millones 150 mil pesos, “por lo que se observa una diferencia de cuatro millones 497 mil pesos, de los cuales se desconoce su destino y aplicación”.

La Auditoría Superior de la Federación agrega que el gobierno de Granier Melo incumplió con las disposiciones normativas de fiscalización, debido a que existen “6.3 millones de pesos por rendimientos financieros transferidos por los Servicios de Salud de Tabasco a la Secretaría de Administración y Finanzas y que no los ha reintegrado para su aplicación en acciones del fondo”.

El reporte concluye que el gobierno de Granier Melo, quien será llamado a declarar en los próximos días en calidad de indiciado, por el presunto desfalco a las cuentas estatales, “no cumplió adecuadamente con los objetivos de la política de estado en materia de salud, que de manera coordinada desarrollan el gobierno federal y los gobiernos estatales”.

Agrega que “al 31 de diciembre de 2011 no había ejercido 128 millones 445 mil pesos, que representan 7.6% del total de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, recursos que no se aplicaron para atender una de las necesidades prioritarias de los mexicanos, que es el cuidado de la salud, lo que limitó la atención a la población que no tiene acceso a la seguridad social, al propiciar que los servicios prestados no fueran con mayor calidad”.

El documento de la ASF también reseña el mal manejo de 220 millones de pesos de fondos federales que debieron canalizarse al Seguro Popular, pero que fueron transferidos a cuentas bancarias ajenas, lo que repercutió en la calidad de la asistencia médica.

La auditoría con el folio 11-A-27000-02-0782 revela que “el gobierno del estado de Tabasco no cumplió con las disposiciones normativas aplicables”, pues “la Federación transfirió al estado mil 286 millones 570 mil pesos; sin embargo, la SAF había transferido a los servicios de salud de Tabasco mil 65 millones 851 pesos, y estaban pendientes de transferir 220 millones 718 mil de pesos debido a que transfirió recursos a cuentas bancarias de otros programas”.

Trasladan a Banjercito los 88 mdp asegurados

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco (PGJE) trasladó a la sucursal de Banjército, ubicada en la ciudad capital tabasqueña, los 88.5 millones de pesos asegurados en una refaccionaria, ubicada en la ranchería de Lomitas Nacajuca y que presuntamente están ligados al ex tesorero José Manuel Saiz Pineda, quien fungió durante la administración del ex gobernador Andrés Graniel Melo.

El efectivo fue embalado en nueve cajas de cartón después de haber sido contado por peritos de la dependencia estatal.

El procurador de Justicia tabasqueño, Fernando Valenzuela Pernas, expresó que los recursos económicos serán resguardados por Banjercito hasta que se determine el origen de ése dinero y, de acuerdo con la Ley de Bienes, de no ser reclamados serán parte de los bienes de la entidad.

El operativo causó sorpresa entre los ciudadanos, toda vez que participó personal de la Policía Ministerial y de Operaciones Especiales (Gopes) de la PGJ, así como del Ejército mexicano.

Las cajas con el efectivo fueron trasladadas en una camioneta tipo Suburban de la PGJ, misma que fue escoltada por cinco vehículos de la Ministerial y del Grupo de Reacción Inmediata, además de un camión de soldados.

El convoy partió a las 15:11 horas con destino a la sucursal bancaria, a donde arribó 13 minutos después, y estuvo comandado por el director de Investigaciones de la PGJ, Edgardo Cedillo.

El efectivo, hallado el pasado miércoles, se encontraba en 168 mazos, que sumaron 88.5 millones de pesos y fueron asegurados en un domicilio del municipio de Nacajuca, lugar que opera como departamento y que, además, es una refaccionaria, presunta propiedad de Marlis Cupil López.

Mientras tanto, el gobernador Arturo Núñez dio a conocer que el gobierno del estado aguardará el juicio sobre la procedencia del efectivo asegurado en una propiedad presumiblemente ligada al ex secretario de Finanzas del gobierno de Andrés Granier Melo, José Saiz Pineda, para determinar su posible destino.

Añadió que de confirmarse el origen ilegal del dinero, en principio, la Ley de Bienes Asegurados plantea su aplicación en tareas de Seguridad Pública y PGJE, aunque también podría destinarse a labores sociales.

“Por lo pronto tiene que estar resguardado en tanto se dilucida la situación jurídica del dinero. Todo apunta a que es dinero ilegal, pero tiene que dirimirse el juicio correspondiente; en su oportunidad evaluaremos”, reiteró Núñez. Incluso, el mandatario adelantó que el destino o aplicación de dichos recursos podría ser motivo de una consulta a la sociedad.

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