Tras asumir el caso del 3% y tomar declaración a una veintena de imputados, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dado un paso trascendental en la investigación de la financiación irregular de Convergència, mediante donaciones a sus fundaciones Catdem, Fòrum Barcelona y Nous Catalans a cambio de obra pública o, al menos, de un trato preferente. En un auto ha imputado este viernes tanto a CDC, como al PDECat, que considera un "mero cambio de apariencia" de Convergència, como personas jurídicas, por los delitos de tráfico de influencia, cohecho y blanqueo de capitales, que habrían cometido durante al menos 11 años.

El magistrado emplaza a ambos partidos a que designen abogado y procurador para que puedan defenderse en el procedimiento demostrando que disponen de los mecanismos de prevención de la corrupción, a través del control de sus fondos, que el Tribunal de Cuentas les ha reprochado no tener en varios informes. Desde la cúpula del partido posconvergente insisten en lamentar que les impute "por unos hechos muy antiguos" y sostienen que demostrarán que son "dos estructuras diferentes", informa Fidel Masreal.

Además, en un comunicado el PDECat ha mostrado su "absoluta disconformidad e incredulidad por la decisión", porque se constituyó en el 2016, con "la transparencia y las buenas prácticas" como "señas de identidad". Y atribuye su imputación a la "intención de extender una sombra de duda con objetivos que no tienen nada que ver con la lucha contra la corrupción".

Eludir responsabilidades penales

Pero para librarse de esa imputación los posconvergentes tendrán que dar muchas más explicaciones, porque, según el auto, el nacimiento del Partit Demòcrata solo "tenía la finalidad de desconectarse de las responsabilidades penales en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente, CDC". Para llegar a esa conclusión el magistrado hace un amplio repaso de ambas formaciones y comprueba que "la composición de los órganos de dirección del PDECat mantienen una identidad sustancial con la de dos años antes", de CDC; que buena parte de los 45 trabajadores de este partido permanecen en su sucesor, incluso después del ERE que sufrió, y que las Joventuts Nacionalistes de Catalunya mantienen con él la misma relación que tenían con Convergència.

Según el auto, el PDECat no solo mandó cartas a los grupos municipales de CiU para que pasaran a llamarse Partit Demòcrata, sino que aún mantiene 21 líneas de teléfono a nombre de CDC. Además, 123 de 172 perfiles de Facebook comprobados pasaron de una a otra formación sin mayor problema, al igual que la cuenta de Twitter de CDC (@ConvergenciaCAT) , que pasó a llamarse @Pdemocratcat, tras limitarse a borrar los tuits anteriores.

Práctica normalizada a pesar de relevos

En el 'caso 3%' ya se investigaba a altos cargos de CDC, porque "en relación con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Catalunya, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido político, en forma encubierta mediante donaciones" a sus fundaciones, "como contraprestación por la adjudicación de contratos de obra pública o de servicios, con vulneración de los principios de legalidad, igualdad y transparencia" o "simplemente para conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios de tales contratos”.

Y así, como acreditó la sentencia del 'caso Palau', que el juez cita, se habría mantenido "una operativa sistemática y sistémica" que "permanece inalterable", con independencia de los relevos que se produjeron en las personas integrantes de las estructuras del partido. El auto las repasa para afirmar que con independencia del cese de Oriol Pujol como secretario general de CDC, el nombramiento de Artur Mas como presidente, y de Josep Rull como coordinador general del partido, "los cambios en la estructura no supusieron en ningún caso un cese en la comisión de los hechos objeto de investigación, suponiendo únicamente una modificación en la identidad de las personas partícipes en los mismos".

El cómputo

El magistrado considera que la financiación irregular de Convergència se mantuvo al menos durante 11 años y que el monto total de licitaciones comprometidas ascendieron, según el cómputo realizado de momento, a 218.759.664 euros. Las adjudicaciones definitivas supusieron 168.706.262, a los que hay que añadir las modificaciones de proyectos (1.777.626) y las prórrogas (4.539.755), lo que supone unos 175.000.000 más. Las donaciones irregulares a fundaciones convergentes ligadas a estas adjudicaciones se calculan en más de un millón de euros.