“España no es un país corrupto”, afirmaba Mariano Rajoy en el debate a cuatro de la pasada semana. Maticemos. España no es un país que tenga altos niveles de corrupción. Como mínimo, de corrupción pública o administrativa. Los ciudadanos españoles interactuamos con las instituciones del Estado sin tener que entrar en corruptelas o similares. Acceder a servicios básicos, como la sanidad o la educación, no requieren del previo-pago de un soborno. En nuestro día a día son pocos las experiencias directas que tenemos con la corrupción. Así lo muestran tanto las encuestas como las comparativas con nuestro entorno.

España sin embargo aparece siempre en los primeros puestos de los países europeos con una mayor percepción de corrupción. La explicación ya no puede sorprender a nadie. Los medios de comunicación revelan casi diariamente la aparición de nuevas tramas de corrupción política. El cohecho, la prevaricación, o la financiación irregular se han convertido ya en parte de nuestro vocabulario habitual. ¿Podemos afirmar por tanto con tanta tranquilidad que España no es un país corrupto?

Si consideramos el porcentaje de empleados públicos o alcaldes condenados podríamos pensar que la situación no es tan alarmante. Eso sin tener en cuenta el alto número de trabajadores de la Administración o de ayuntamientos que hay en España, o la falta de recursos que tiene el sistema judicial en este tipo de casos. Sin embargo, al calcular los costes totales de la corrupción son varios los aspectos a considerar. La propia CNMC fijaba en 48.000 millones de euros los sobrecostes en la contratación pública relacionados con la falta de competencia y la corrupción en España. Y se estima en otros 40.000 millones su “coste social”, entendiéndolo como el impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos.

Pero existen otros factores que pueden tener un coste mucho mayor en el largo plazo. En primer lugar, los costes de eficiencia. Cada vez que las corruptelas actúan como criterio de contratación, empresas que podrían proveernos de servicios públicos de una forma más eficiente son apartadas del juegos Y, en segundo lugar, la pérdida de confianza. Los escándalos erosionan la percepción de nuestras instituciones públicas, y afectan a su legitimidad. La corrupción genera desconfianza en nuestros los representantes políticos, que conlleva una desafección con el sistema, por no ser capaz de evitar el surgimiento de nuevos casos. Estos dos costes no son sólo de muy difícil cuantificación, sino que representan un reto aún mayor ante cualquier medida que se quiera llevar a cabo para reducir el número de escándalos en España.