Doce detenidos en Cuba por exigir el fin de la «ley de Peligrosidad»

EnglishDoce activistas cubanos fueron arrestados el jueves 5 de febrero tras protestar frente a la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento) en La Habana para pedir por el fin de la Ley de Peligrosidad Predelictiva, la reivindicación de los pactos internacionales de derechos humanos, la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres.

Entre las organizaciones que se manifestaron ayer se encuentran el Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil Orlando Zapata Tamayo, organización que promueve la resistencia cívica para el cambio político en Cuba.

«La protesta solo se pudo realizar durante veinte minutos, porque fueron detenidos y conducidos a diferentes estaciones policiales», le informó a Martí Noticias el expreso político Ángel Moya Acosta.

Acosta publicó en Twitter que el coordinador general del Frente, Hugo Damiam Prieto, se encuentra desaparecido y que su casa se encontraba sitiada por agentes del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y por miembros de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

Casa d Hugo Damian y sede FACOZT sitiada por DSE-PNR — Angel Juan Moya (@jangelmoya) February 5, 2015

Los doce arrestados se manifestaban públicamente frente a la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el municipio habanero de Playa.

Fuera d servicio telefono d esposa d H.Danian Prieto — Angel Juan Moya (@jangelmoya) February 5, 2015

Por su parte, el activista Antonio Rodiles publicó en Twitter los nombres de varios de los detenidos por la Policía Nacional Revolucionaria. Algunos de ellos son Leudis Reyes, Lázaro Mendoza, José Pompa, Luis Domínguez y Ernesto Fonseca, entre otros.

Cubanos en EE.UU.

Mientras tanto, ese mismo día en Washington DC, Estados Unidos, tres cubanos opositores al regimen castrista se expresaron en el Congreso de ese país para hablar de la situación en relación a la violación de los derechos humanos en la isla.

Los representantes frente a la subcomisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja del Congreso fueron la líder del grupo opositor pacifico Damas de Blanco, Berta Soler; el líder del Movimiento de Resistencia Cívica en Cuba, Jorge Luis García Pérez, alias «Antúnez»; y Sara Marta Fonseca, activista y refugiada política en Estados Unidos.

«En estos momentos son reprimidos varios opositores en la isla que se manifestaban por la Libertad y la Democracia», indicó Antúnez en su ponencia, quien también rechazó cualquier acuerdo del presidente Obama con el castrismo. Para él, eso abriría las puertas al “continuismo o neocastrismo».

¿Qué es la ley de peligrosidad?

El Código Penal de Cuba establece varios artículos que detallan cuándo un sujeto puede ser detenido.

Según el artículo 73, una persona puede ser considerada peligrosa cuando concurre en “embriaguez y dipsomanía, en narcomanía o en conducta antisocial”.

“Se considera en estado peligroso por conducta antisocial al que quebranta habitualmente las reglas de convivencia social mediante actos de violencia, o por otros actos provocadores, viola derechos de los demás o por su comportamiento en general daña las reglas de convivencia o perturba el orden de la comunidad o vive, como un parásito social, del trabajo ajeno o explota o practica vicios socialmente reprobables”, cita el mismo artículo.

Una vez que la autoridad competente declara al sujeto en estado peligroso, se le impone la medida de seguridad predelictiva: esta puede ser terapéutica, reeducativa o de vigilancia por los órganos de la Policía Nacional Revolucionaria.

La detención y la vigilancia por una medida predelictiva —explica el artículo 81— por parte de la PNR puede ser como mínimo de un año y como máximo de cuatro, dependiendo de la “gravedad del estado peligroso y las posibilidades de su reeducación”.

Ernesto Oliva, un joven de Santiago de Cuba miembro del frente juvenil de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), le comentó a PanAm Post los peligros que pueden sufrir los opositores y disidentes políticos con esta ley.

“La Ley de Peligrosidad se basa en la suposición, sin prueba alguna, de que una persona es proclive a delinquir, y solicita una pena de hasta cuatro años de reclusión, según cita el Código Penal vigente”, expresó el activista.