A comienzos del 2018 el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, consideró que había reunido las condiciones para proceder a la privatización de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), una verdadera “joya de la abuela” del Estado provincial, que mueve 29 mil millones de pesos al año. Con un respaldo total del gobierno de Macri, el gobierno provincial se lanzó con un “marco regulatorio” privatista, que incluso llegó a presentarse en la Legislatura. Pero al poco tiempo esas condiciones se modificaron, y una fuerte movilización de los trabajadores de Luz y Fuerza acompañada de la acción política del Frente de Izquierda, terminó por frenar el tratamiento del proyecto.





Una vez que el gobierno fuera derrotado en su intentona privatista, se lanzó a preparar mejores condiciones para llegar al mismo objetivo. Un aspecto central de ese camino, es la contratación de Deloitte S.A. como auditora “independiente” de los estados contables de la empresa. El Ingreso de Deloitte S.A. significa un reaseguro para el capital interesado en intervenir en la privatización, puesto que se trata de la firma más importante en el rubro a nivel internacional.





No obstante que la contratación de Deloitte S.A. se realizara a partir de septiembre de 2018, los estados contables correspondiente al periodo 2018, no se presentaron en tiempo correspondiente. Aparecieron luego de un reclamo de parte de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, recién con fecha 17 de julio de 2019. Los mismos arrojan una “pérdida neta del ejercicio” que alcanza a los $1.209 millones. Pero, para llegar a esa resultante la empresa contabiliza un egreso de de $3.021 millones en el punto “Pasividad Anticipada Voluntaria”, es decir que cuenta en el rojo lo que deberá pagar a los 319 empleados que se acogieron al programa, cuando en realidad no debería contarse porque se trata de salarios futuros puesto que esos trabajadores no se jubilan y siguen dependiendo de la empresa sin realizar trabajo. De no haberse producido el retiro anticipado, la empresa debiera contar con un resultado positivo, de por lo menos unos $1.800 millones. La cuestión se agrava si se considera lo que había ocurrido con la presentación de dos balances para el periodo 2017, uno con una ganancia de $4.559 millones y el otro con una pérdida de $1.166 millones. La conclusión es clara: el gobierno de Schiaretti pretende presentar a la EPEC como una empresa en crisis.





Mientras tanto la empresa sigue pagando religiosamente la pesada deuda en dólares que contrajo en 2011 a una tasa usuraria de 12,5% anual, para beneficiar a Electroingenieria con la construcción de Central Bicentenario Pilar (donde se calcula un sobreprecio del 67%). La deuda dolarizada de EPEC termina en 2020 (U$ 565 millones) y en 2022 (U$ 100 millones); es decir, que en poco tiempo la empresa quedará sin deudas de envergadura, con una potencia instalada de 1600 MW, con el monopolio total de la distribución en la provincia y con uno de los cuadros tarifarios más altos del país. Un verdadero filón de nuevos negociados para el capital. En 2018, Eduardo Salas, legislador del Frente de Izquierda, denunciaba que Schiaretti quería la privatización de la empresa separándola en cuatro segmentos: los tradicionales generación, transporte y distribución, al cual se le agregaba “comercialización”. Cada uno de ellos, con sus correspondientes tarifas.





La preparación del camino hacia la privatización, incluye otro aspecto: el ataque a los trabajadores de Luz y Fuerza. Es condición esencial para ese proceso la derrota del colectivo obrero, la imposición de la reforma laboral reaccionaria vía la liquidación del convenio colectivo, uno de los más importantes de todo el país en cuanto a conquistas laborales se refiere. Los casi 4.000 empleados de la empresa se encuentran representados en tres organizaciones sindicales, siendo Luz y Fuerza Córdoba la mayoritaria. Desde el gobierno se impuso la división ya el año pasado cuando el Sindicato Regional de Luz y Fuerza (agrupa al interior provincial) arregló un acuerdo salarial a cambio de algunas renuncias al CCT. No hay un plan de acción unificado entre los trabajadores por esta división en la cúpula que es operada directamente por Schiaretti con la complicidad de la burocracia sindical.





A la par de ello el gobierno impuso de hecho un régimen despótico dirigido a amedrentar a los trabajadores. Luz y Fuerza Córdoba no tiene paritarias desde el 2017. Durante 2018 se impusieron algunas reformas reaccionarias contra derechos de los trabajadores, vía la aprobación de “leyes” inconstitucionales. Se inicio también de hecho el proceso de privatización, vía la tercerización de las secciones “automotores” y “toma de estado” y cerrando varios Centros de Atención Comercial. Este proceso de regimentación se establece en los excesos de control del personal jerárquico, la fuerte presencia policial en los lugares de trabajo y en la persecución judicial para quitarles los fueros a varios delegados y representantes del sindicato, por haber participado en distintas acciones gremiales.





El ingreso de Deloitte S.A., coincide en el tiempo con el ingreso de otro actor al servicio de la privatización. En los meses de septiembre/octubre 2018 la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) inicia una investigación que termina con la denuncia penal contra la conducción del Sindicato Luz y Fuerza, que llevó a los allanamientos que se realizaron semanas atrás. Las versiones indican que varios dirigentes quedarían imputados por el supuesto de defraudación contra el sindicato y lavado de dinero. La Procelac, controlada totalmente por el macrismo, no busca defender el patrimonio de los trabajadores. Actúa por orden de Macri y Schiaretti para golpear y debilitar al Sindicato Luz y Fuerza y de esa forma allanar mejor el camino a su objetivo.





Cada vez es más importante la tarea de unificar al movimiento obrero y ponerlo en lucha contra el gobierno de Schiaretti. La lucha contra la privatización de EPEC y por las paritarias son dos grandes reclamos que deberían unir en lo inmediato a lucifuercistas con docentes y estatales. En el medio esta la burocracia sindical, que se niega a estas tareas elementales para el movimiento obrero. La mayoría de esa burocracia está alineada con Alberto Fernández que viene con la reforma laboral por convenios colectivos y pacto social para congelar los salarios por seis meses. Ante ello, corresponde una campaña de clarificación de quienes son los socios del gobierno y de los capitalistas hacia el interior del movimiento. Los planteos de asamblea general por sindicato y un congreso provincial de delegados de base, son centrales para definir y defender el plan de lucha. El activismo combativo del Sindicato Luz y Fuerza tiene gran protagonismo en este camino. Hay que trabajar fuerte por su unificación y acción.