La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha expulsado a cerca de 10.000 inmigrantes sin papeles que han cruzado la frontera de Estados Unidos desde que se puso en marcha el 21 de marzo una medida que le permite a los agentes devolver a los indocumentados sin necesidad de iniciar un proceso en sus centros. Las nuevas reglas, amparadas en atajar la propagación del coronavirus, afectan a los detenidos de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, que son devueltos al país vecino del sur o a Canadá. Actualmente, la agencia tiene bajo custodia a menos de 100 indocumentados, en comparación a los casi 20.000 de hace un año, según ha dicho este jueves el jefe interino de la oficina de la CBP, Mark Morgan, en una rueda de prensa telefónica citada por medios locales.

Los inmigrantes sin papeles “tienen problemas que no quiero saber y en muchos casos, son criminales”, dijo el martes el presidente de EE UU, Donald Trump. Amparado en la crisis sanitaria y la necesidad de evitar contagios, el mandatario aprobó el 20 de marzo una medida de emergencia que acelera la explusión de los indocumentados. Desde la implementación de esta política, avalada por el Centro de Enfermedades y Prevenciones (CDC, por sus siglas en inglés), los cruces ilegales en la frontera han caído un 56%.

Las organizaciones que ayudan a los solicitantes de asilo acusan al presidente de utilizar la pandemia como excusa para cerrar la frontera a los que buscan refugio, “violando los acuerdos internacionales”. Morgan sostuvo que las solicitudes de asilo u otras formas de protección humanitaria aún están disponibles para los migrantes que muestran un “nivel apropiado de miedo”, aunque no está claro cómo lo pueden constatar, ya que también afirmó que “los que están indocumentados o no tienen autorización son rechazados”.

La CBP informó de que la cantidad total de migrantes detenidos en la frontera cayó a 33.937 en marzo, un 7% menos que en febrero. El perfil de los que llegan ha cambiado en el último año. Ahora los adultos solteros mexicanos representan entre el 70 y el 75% de los detenidos, y el resto proviene principalmente del Triángulo Norte de América Central. Los agentes les toman las huellas dactilares donde los encuentran y, si no tienen antecedentes criminales, son enviados a México o Canadá. Si el país vecino no los puede recibir porque no cumplen con los requisitos del acuerdo, son deportados directamente a sus países de origen, según el Departamento de Seguridad Nacional.

“La Administración Trump está llevando a cabo las políticas antimigratorias que ha querido poner en práctica desde el día uno. El Gobierno quiere proteger a los ciudadanos, pero también cerrar la frontera, por lo que este escenario le conviene”, explica la abogada Shana Tabak, directora ejecutiva del Centro de Justicia Tahirih, que ofrece servicios legales a las inmigrantes. Tabak visitó en noviembre los campamentos montados en Ciudad Juárez para los expulsados, donde la situación, según describe, es “deplorable”, con nulas medidas sanitarias. “No puedo ni imaginarme que alguien que solo quiera protegerse del virus lo logre en esas instalaciones”, lamenta.

Los albergues suelen estar por encima de su capacidad, especialmente desde que se implementó en enero de 2019 el programa Quédate en México, que impuso Trump y que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acató, por el que los migrantes que tramitan su asilo en EE UU esperan la resolución en México. Según fuentes del Gobierno mexicano, los centros “funcionan adecuadamente dentro de sus capacidades, sin sobrecupo”, y “en aras de proteger a personas vulnerables”, no están aceptando a menores si no están acompañados ni a personas mayores. Tampoco admiten a ciudadanos de otras nacionalidades distintas a las del Triángulo Norte ni a migrantes que se encuentren previamente bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

En Estados Unidos “están tratando igual a los solicitantes de asilo, con documentación que respalda sus circunstancias, que a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera, lo que viola la Convención sobre refugiados y el derecho a asilo”, explica Eleanor Acer, directora del programa de Protección de Refugiados de Human Rights First. Además de la vulneración de derechos, Human Rights First denuncia que los agentes fronterizos no son los indicados para atender a un infectado. El lunes, la CPB anunció que 160 agentes han dado positivo. Aún no ha informado si algún migrante bajo su custodia está contagiado.

El Departamento de Seguridad Nacional defiende que la CBP cuenta con procedimientos para manejar la situación, pero que con la pandemia el sistema de salud y los profesionales “se necesitan para atender a los ciudadanos estadounidenses y residentes legales”. Trump, consultado por Univisión en una rueda de prensa la semana pasada sobre la situación de los inmigrantes que trabajan sin papeles en Estados Unidos y que, por ende, no van a recibir las ayudas federales, dijo “es una pregunta muy triste, pero ellos vinieron ilegalmente, y tenemos a muchos ciudadanos que no tendrán trabajo”.

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