Esperaba sola, ya maquillada, tras el decorado. La legisladora había sido invitada para debatir con el entonces presidente del bloque kichnerista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi. "Todavía no vas a salir al aire", le anticipó nervioso esa tarde de 2011 uno de los productores del ciclo Con Sentido Público, que entonces conducía Federica Pais en la TV Pública. Aguardó otros 15 minutos en un rincón hasta que se acercó otro productor. "Desde la dirección me dicen que vos no podés participar". Silvana Giudici, entonces presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión en el Congreso, debió retirarse sin más explicaciones.

El episodio de silenciamiento –relatado por la ex diputada radical– engruesa la lista de denuncias de censura, entre las que aparecen las que tomaron estado público la semana pasada gracias a la comisión interna de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba). Según ellos, la TV Pública ocultó información sobre los despidos en Lear, Gestamp y Donnelley, y la represión de los qom en Chaco, entre otras.

El explosivo comunicado de la Utpba actualizó el debate sobre cómo se trabaja en el canal del Estado, hoy tomado por La Cámpora en puestos clave. Además, los cuestionamientos relanzaron una guerra por el poder entre los integrantes de la agrupación de Máximo Kirchner y la vieja guardia sindical de tiempos de ATC.

En medio de ese contexto, marcado a fuego por la política interna y externa al canal, está el trabajador. Pero lo que reluce son los salarios. De acuerdo con información oficial de la TV Pública a fines de septiembre, en el canal trabajan 1083 personas. Ganan en promedio, unos $ 23.997 netos (o $ 37.694 brutos). El salario neto privado promedio de la economía argentina es de 10.380 pesos.

No obstante, existe cierta tercerización. Muchos trabajadores generan materiales que ocupan buena parte de la grilla del canal, pero lo hacen a través de productoras que pagan sueldos menores y que dependen de Jefatura de Gabinete (Fútbol para Todos) o del Ministerio de Planificación (algunas ficciones).

Claro que entre los que trabajan directamente para el canal existe un importante diferencia: están los puestos gerenciales (ganan entre $ 50.000 y $ 75.000, según el caso) y, por otro lado, puestos como los de un archivista del noticiero ($ 16.000). Este año, los trabajadores recibieron un 30% de aumento salarial en dos pagos. A eso se suman pagos no remunerativos.

"La presencia de La Cámpora se da en las principales gerencias", cuenta un trabajador que pidió estricto off the record. Por ejemplo, la de Noticias la ocupa Carlos Figueroa, ex notero de Duro de Domar y hombre de la agrupación K.

Su segundo, Víctor Taricco (también hombre de La Cámpora), fue denunciado por los trabajadores de la Utpba como un "acosador de compañeras y buchón de periodistas".

"La gerencia de Figueroa y Taricco se ha caracterizado desde su llegada por el silenciamiento sistemático de voces de la política, del ámbito sindical o de los movimientos sociales a los que consideran opositores por no coincidir con los lineamientos del Gobierno", afirmó la Utpba.

En ese sentido, vale recordar el enfrentamiento público que mantuvo el periodista Juan Miceli con Andrés "el Cuervo" Larroque por la utilización de pecheras durante la entrega de alimentos a los damnificados porlas inundaciones en La Plata. Finalmente, el periodista dejó el canal.

"Ante las versiones sobre censura y manipulación política en el noticiero Visión 7, reflejados en diversos medios de comunicación, la TV Pública expresa que dichas afirmaciones son falsas e infundadas", fue la respuesta oficial. Agregaron al comunicado los links de las coberturas cuestionadas.

"Hay denuncias de persecución muy graves. No se protegen las garantías de los trabajadores", cuestiona Giudici, presidenta de la fundación LED. "Los primeros en incumplir la ley de medios están en este mismo Gobierno", aclara. En su artículo 121 inciso b, esa norma exige a los servicios de radiodifusión del Estado nacional "respetar y promover el pluralismo político, religioso, social, cultural, lingüístico y étnico".

Justamente, tras la aprobación de la ley, Canal 7 pasó a ser la TV Pública. En su estructura depende de Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA), que tiene un directorio con siete miembros, cuyo presidente es el reconocido cineasta Tristán Bauer. Pero ese directorio cuenta además con dos hombres de la oposición. "Muestran muy poca capacidad de acción ante las graves denuncias que existen", afirma Giudici. "Hacen la vista gorda porque ellos también designan gente propia", deslizó la fuente off the record.

Declaración de guerra

Existen cuatro sindicatos en el canal. El más numeroso es el Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid), pero el realmente poderoso es la Utpba, que lidera Jorge "Batata" Rodríguez, un histórico sindicalista con décadas en el edificio de Figueroa Alcorta. Como un ejempo de su poder enquistado, la última elección la ganó con el 97% de los votos.

"Las denuncias de la Utpbasurgen ahora porque hay peleas por espacios de poder político. La Cámpora quiere meter gente al noticiero y nadie entra sin el visto bueno de Batata", cuenta la fuente anónima. A pesar de la afinidad con el kirchnerisimo, en la Utpba afirman que ellos siempre denunciaron censuras en el noticiero. Sin embargo, reconocieron que existen enfrentamientos "puntuales" con La Cámpora.

El 94% de los trabajadores de la TV Pública es planta permanente cuentan autoridades del canal. Sin embargo, existen denuncias de "precarización laboral", como la de la orquesta del canal creada por Néstor Kichner en 2005 y discontinuada por Bauer.

"La creación de la orquesta fue un hecho cultural muy auspicioso", dice Silvia Lanzón, delegada del Sindicato Argentino de Música y quien toca el corno francés en la orquesta. La misma está compuesta de 50 músicos y tocó en los últimos años con los más importantes artistas locales.

La gran masa de la orquesta, violines y cuerdas, ganaba $ 3780 (por un trabajo parcial) hasta que fueron despedidos. "Eran sueldos debajo de la tarifa de convenio y eso es porque no estamos en la planta permanente sino bajo un falso encuadramiento laboral, como si fuéramos empleados eventuales", explica Lanzón.

La "persecución" contra los músicos empezó cuando en 2012 presentaron una denuncia en el Ministerio de Trabajo. En 2013, la dirección del canal continuó manifestando que se trataban de trabajadores eventuales a pesar de las más de 200 quincenas pagas consecutivamente y suspendió los ensayos. Una gran protesta frente al canal devolvió a la gente de Bauer a las negociaciones. Finalmente, luego de presentaciones en la AFIP y en la justicia laboral, en mayo de este año se logró un acuerdo.

"No se cumplió porque ellos intentaron hacernos firmar un formulario del que surgiría una supuesta incompatibilidad para trabajar en la orquesta [algunos de los músicos son empleados en otras dependencias públicas] y nos negamos porque el canal es una empresa del Estado que se rige por el derecho privado, no un ente público. Quisieron dividirnos y nos tuvieron que echar a todos", explica Lanzón. El martes tocarán a las 18.30 frente a la quinta de Olivos para pedir su reincorporación a la presidenta Cristina Kirchner.

Autoridades del canal rescatan que, desde que la ley de medios fue promulgada en 2009, para ingresar es necesario aprobar un concurso, tanto para las búsquedas internas como externas. Sin embargo, en la Utpba afirman que algunos integrantes de La Cámpora no sortearon tal obstáculo y trabajan de "forma irregular".

Además existen sospechas de "discriminación" política en algunos casos, como el del periodista Luis Gasulla, que –relata su abogado Eduardo Vattuono– intentó pasar del área de Relaciones Institucionales al Noticiero. Para eso, Gasulla aplicó a un concurso. El comité, integrado entre otros por su ex jefe, le puso insuficientes cinco puntos. "No cuenta con un concepto satisfactorio en aspectos tales como predisposición, iniciativa, adecuado desempeño en su función, respecto de las directivas emanadas por su superior y comportamiento ante conflictos dentro del equipo de trabajo", argumentaron. Según su abogado, la negativa responde a que Gasulla es autor del libro crítico El negocio de los derechos humanos. Hoy el periodista tiene un nuevo jefe. Nunca lo recibió y ya colgó en su oficina un cuadro de Hebe de Bonafini.