La Procuraduría General de la República (PGR) inicia miles de averiguaciones previas al año por denuncias de delitos federales especiales como corrupción de servidores o ex servidores públicos, daños en el medio ambiente, piratería, evasión de impuestos o narcomenudeo pero… la mayoría no las investiga.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió que en 2014 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la PGR no le dio ningún seguimiento a 2 de cada 3 casos de ese tipo. Es decir, abrió esas averiguaciones pero luego ya no pasó nada, ni las hojeó.

¿El motivo? La capacidad humana es insuficiente. En teoría a cada fiscal de la referida subprocuraduría le tocan por cabeza 35 averiguaciones en promedio en un solo año. En la realidad, solo puede atender once de ellas.

Y de las que si se atienden, apenas la cuarta parte termina “resuelta” y consignada ante un juez y solo el 3.9 por ciento concluyó con una sentencia condenatoria.

La auditoría también destaca que el cinco por ciento de las averiguaciones que si se atendieron fue nada más para para darlas de baja porque los delitos prescribieron, es decir, pasaron los años de vigencia que da la ley para castigar un delito. En suma, el 73.7 por ciento de las averiguaciones quedaron sin resolver, entre las no trabajadas y las prescritas.

“La contribución de la PGR para lograr una procuración de justicia eficaz, eficiente y abatir la impunidad ha sido limitada debido a que no procuró justicia sobre el 73.7 por ciento de las averiguaciones en trámite que quedaron sin atender en el año y solo logró consignar el 25.4% de las averiguaciones despachadas y de estas, logró sentencias condenatoria para el 3.9 por ciento” señala el dictamen de la Auditoría de Desempeño 14-0-17100-07-0041.

Cabe recordar que en 2014, año correspondiente a la referida auditoría, el titular de la procuraduría era Jesús Murillo Karam.

Los delitos

El dictamen de los auditores detalla que en 2014 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales inició tres mil 916 averiguaciones previas por delitos federales especiales.

De dichas averiguaciones, el 34.8 por ciento correspondió a delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial, es decir “piratería”; el 34.4 por ciento fueron delitos contra el ambiente previstos en leyes especiales; el 18.9 por ciento correspondió a delitos fiscales y financieros como por ejemplo la evasión de impuestos.

El 9.7 por ciento fueron delitos que involucran a servidores públicos, es decir corrupción; mientras que el 1.9 por ciento corresponden a comercio de narcóticos destinados al consumo final (narcomenudeo). Además, un 0.3 por ciento correspondieron a los llamados “delitos del pasado” que también involucran a ex servidores públicos.

A las averiguaciones previas iniciadas se le sumaron 5 mil 542 que ya estaban pendientes de atender de años anteriores, con lo que en total ene se año fue de nueve mil 458 expedientes de investigación en trámite.

Los casos corresponden a la referida subprocuraduría, pues es el área especializada de la PGR en investigar este tipo de delitos contemplados en las leyes federales especiales y son concentrados por dicha área, que cuenta, según la auditoría, con un equipo de 267 fiscales distribuidos en cinco unidades especiales, así como una dirección y una coordinación general.

Los resultados

Del total de averiguaciones previas en trámite en el 2014, la auditoría reporta que seis mil 495 que equivalen al 68.7 por ciento se quedaron simplemente sin atender, es decir no pasó nada con ellas luego de que se recibió la denuncia y se abrió el expediente.

De las dos mil 963 restantes que si se despacharon por los fiscales poco más del 40 por ciento fueron cerradas por incompetencia, es decir, según el análisis de la PGR lo que se denunció no le correspondía indagarlo a dicha subprocuraduría.

De ese mismo grupo de casos atendidos, en 689 averiguaciones (23.2 por ciento) los responsables de la investigación concluyeron el No ejercicio de la acción Penal, es decir, que no procedieron en contra de nadie al considerar que el delito no se cometió o que las pruebas eran insuficientes. Otras 236 averiguaciones quedaron oficialmente en reserva, al considerarse que aunque no existe información suficiente debe mantenerse abierto el expediente, mientras que 74 casos fueron acumulados con otros.

Lo anterior deja 753 averiguaciones que si fueron consignadas, y que representan el 25.4 por ciento de las averiguaciones que se trabajaron. Dicho de otra forma, de cada cuatro expedientes investigados solo uno se envió ante el juez. Es una reducción respecto a 2012 en que se consignaron el 29 por ciento de los expedientes revisados, según la Auditoría.

El problema, es que de los expedientes consignados… 219 fueron devueltos por el juez al considerar que el Ministerio Público violó el debido proceso, mientras que en otros 476 el juicio continúa.

Únicamente 128 casos consignados, el 3.9 por ciento de todos los atendidos, concluyó con una sentencia condenatoria en contra de los responsables de haber cometido el delito.

El dictamen estableció que otro cinco por ciento de los casos despachados en realidad solamente se dieron de baja ya que concluyó el periodo de vigencia de los delitos, es decir, en los años en que estuvieron abiertas la investigación (si es que se hizo) no derivó nunca en una consignación y prescribieron

Pocas manos

La Auditoría informó que uno de los elementos clave que ha provocado que la mayoría de las averiguaciones previas abierta no sean atendidas, de acuerdo con lo reportado por la propia Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, es que existe un “déficit” en cuanto al personal responsable de trabajar los casos.

En total, la subprocuraduría cuenta con 724 servidores públicos trabajando en esa área, pero de ellos, solamente 267 son agentes ministeriales que se desempeñan como fiscales en las unidades especializadas, y son los que tienen las facultades y capacidades para coordinar las investigaciones.

Si se toma en cuenta que en 2014 la carga de trabajo era de nueve mil 458 averiguaciones abiertas, entre iniciadas ese año y las de años atrás, el resultado es que a cada fiscal le tocaba desahogar por lo menos 35 averiguaciones.

La realidad es que cada fiscal consiguió atender en promedio únicamente 11 averiguaciones previas, el 31 por ciento de las que le tocaban.

La PGR informó a los auditores que como medida para abatir rezagos que existen se implementado acciones de verificación y revisión de los casos con el fin de identificar aquellos

En este contexto la Auditoría extendió a la PGR dos recomendaciones de desempeño, la primera para que se analice como abatir de mejor manera el rezago que existe de expedientes y la segunda para que, sobretodo, se elimine el déficit de personal.

“Para que la PGR con base en el análisis de series históricas del número de averiguaciones en trámite por personal sustantivo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, determine el número de fiscales necesarios para asegurar el oportuno trámite y despacho de las averiguaciones previas y se elimine el rezago” señala al recomendación de los auditores.

Gasto desordenado

La Auditoría Superior de la Federación estableció, a partir del presupuesto asignado a la PGR en el rubro específico denominado “Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial”, que el costo promedio de cada averiguación que se inicia en la mencionada subprocuraduría es de aproximadamente 48 mil 700 pesos.

Si el dinero se está usando bien, con economía y eficiencia es un misterio, toda vez que la Dirección General de Programación y Presupuesto de la propia PGR indicó que “no cuenta con criterios para la distribución de los recursos”.

Según la referida dirección, el dinero se reparte a partir de las solicitudes particulares que realizan las diversas unidades de investigación de la institución.

“La PGR no cuenta con criterios adecuados para determinar si la administración de dichos recursos se realizó con base en criterios de economía” indicaron los auditores.

En ese contexto los auditores emitieron otra recomendación a la Procuraduría para que se elabore un análisis que permita identificar las causas por las que no se han establecido los criterios para la distribución de los recursos por cada unidad responsable, y con los resultados que se obtengan se adopte las medidas necesarias para contar con ellos.