El Constitucional ha avalado subvencionar con dinero público a colegios que siguen una educación diferenciada o segregada por sexos, fallando así en contra del recurso presentado por el PSOE, el cual ha pedido reflexionar sobre reformar la Constitución y su artículo 27.

El pleno del Tribunal Constitucional ha fallado por mayoría de ocho votos contra cuatro y ha desestimado en su totalidad el recurso que presentó el grupo parlamentario socialista en marzo de 2014.

El recurso iba contra varios puntos de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), y no solo contra la financiación pública de la educación separada por sexos, sino también contra la segregación de los alumnos en itinerarios académicos o que la asignatura de Religión sea una alternativa obligatoria. Al ser el recurso desestimado en su totalidad, también se confirman estos otros aspectos de la norma.

La portavoz socialista de Educación en el Congreso, Luz Martínez Seijo, ha dicho que este asunto es muy "preocupante" y ha apuntado que existe un modelo educativo más centrado en una ideología de la derecha que permite "esa segregación y, al mismo tiempo, lo contrario".

La Constitución es un modelo muy amplio que, al admitir "una cosa y la otra", en relación con los colegios que segregan por sexo, no ofrece "la seguridad" que debería proporcionar" al sistema educativo, según Martínez. Por este motivo, ha insistido en una reflexión sobre cambiar la Constitución.

"Un ejercicio más de la libertad"

Tras conocer la sentencia, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha defendido la educación diferenciada como "un ejercicio más de la libertad", ya que, ha dicho, nadie está obligado a llevar a sus hijos a un colegio que segrega por sexos.

A su juicio, el Constitucional se ha limitado a "reafirmar" con su sentencia una situación que está "tutelada" y "en línea" con la Convención de la Unesco y que existe en otros países de nuestro entorno. Por su parte, desde el Ministerio de Educación han señalado que "respetan y acatan" la decisión del Constitucional, de la misma manera que piden que "todas las instituciones respeten y acaten las sentencias".

Para el portavoz de Educación de Podemos, Javier Sánchez, el fallo del Tribunal Constitucional es "una malísima noticia para la educación de nuestro país". A pesar de la sentencia, su formación "está convencida de que la educación que separa a niños y niñas es contraria a los valores democráticos y los derechos humanos".

Además, Sánchez ha opinado que la interpretación del Constitucional "está influida" por el texto de la Lomce y hubiera tenido "otra interpretación con otra ley". La portavoz de Educación de Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín, ha destacado que los colegios sostenidos con fondos públicos y que segregan por sexo no son inconstitucionales, como ha fallado el TC, pero ha recordado al mismo tiempo que tampoco son "obligatorios".

Martín ha especificado que la educación diferenciada "nunca" ha sido el modelo de su grupo, pero que respetan las sentencias judiciales. Desde la Conferencia Episcopal, se ha aplaudido la decisión del Constitucional, al considerar que "es una buena noticia, sobre todo para los padres" porque garantiza su derecho "para elegir el modelo de educación que quieren para sus hijos".

Opiniones de la comunidad educativa

La comunidad educativa también ha expresado diferentes opiniones respecto a esta sentencia. Francisco García (CC.OO.) ha considerado que se trata de una "sentencia política que refuerza la Lomce y las políticas segregadoras del PP, que no son del siglo XXI".

A su juicio, esta decisión, junto al fracaso de la Subcomisión para el Pacto Educativo, "nos colocan en una implantación descarnada de la Lomce" y ha anunciado que en los próximos se informará sobre movilizaciones de la Plataforma por la Escuela Pública.

María Isabel Loranca (UGT) ha expresado su respeto al derecho de los padres a elegir el modelo educativo que quieran, pero se ha mostrado "totalmente en contra de que ese tipo de educación sea pagada con dinero público".

Por el contrario, USO estima que la "enseñanza diferenciada es una opción pedagógica más que fomenta la pluralidad y la libertad" y señala que, si los centros que segregan por sexo "cuentan con la correspondiente autorización administrativa y con la demanda necesaria, tienen los mismos derechos que el resto a acceder a una financiación pública".

Una opinión que comparte Pedro José Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), que ha calificado la decisión del Constitucional como "muy positiva, porque avala la libertad de los padres para poder elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos".

"Afecta y mucho a la educación"

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) ha rechazado el aval del Constitucional, ya que su presidenta, Leticia Cardenal, cree que "afecta y mucho a la educación" en España.

En este sentido se ha pronunciado Ana García, del Sindicato de Estudiantes, la cual ha apuntado que, "si las cosas siguen así, habrá que volver a tomar las calles". En la actualidad, cerca de cien colegios siguen en España el modelo de educación diferenciada o segregada por sexos y 67 de ellos mantienen conciertos con las administraciones.

La mayoría de ellos son de inspiración cristiana o directamente pertenecientes a entidades vinculadas a la Iglesia Católica, especialmente el Opus Dei. Los defensores de la educación diferenciada esgrimen que el modelo está ampliamente extendido en países como Estados Unidos o Reino Unido y aseguran que educar a niños y niñas por separado permite mejores resultados académicos.