Solo cuatro de los 24 alcaldes gallegos imputados en los tribunales por corrupción ya tienen decidido no repetir como candidatos a su reelección en las elecciones municipales de mayo. Tiran la toalla la regidora de Sanxenxo, Catalina González, bajo sospecha de prevaricación urbanística, cohecho y tráfico de influencias, así como el de Arzúa, Xosé Luis García, el de Tui, Moisés Rodríguez, y el que lleva más de dos décadas al frente del Ayuntamiento coruñés de Mazaricos, José Manuel Santos Maneiro. Es el único que renuncia de los tres alcaldes imputados en la Operación Orquesta, una trama en la Costa da Morte de cobro de sobornos a cambio de obras públicas en la que están implicados 26 políticos, empresarios y funcionarios municipales. Un caso destapado hace justo cuatro años, tres meses antes de los anteriores comicios municipales, pero que lleva desde 2013 pendiente de juicio en la Audiencia de A Coruña.

A diferencia de Santos, su compañero de filas en el PP y alcalde de Fisterra, José Manuel Traba, no ve ningún impedimento para optar a un nuevo mandato en los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho que llevarán a ambos políticos a sentarse en el banquillo de los acusados. Cuando llegue ese momento, ya se verá. El PP, el más afectado por la corrupción al contar con 18 alcaldes imputados, un 8,2% de los 222 que suma en toda Galicia, defiende aplicar criterios distintos a cada caso.

Los socialistas, con cuatro de sus 60 regidores implicados en presuntas corrupciones (el 6,6%), también son partidarios de diferenciar entre imputaciones. Su alcalde en Corcubión, Francisco Javier Lema, acusado igualmente de prevaricación en la Operación Orquesta, aspira a repetir como cartel electoral en los comicios de mayo. Su homólogo en Camariñas, también en la Costa da Morte, Manuel Valeriano Alonso, más conocido como Pichurri, tampoco renuncia a seguir pese a estar bajo investigación judicial las contrataciones del Ayuntamiento con su empresa de seguros. Como tampoco la alcaldesa socialista de Viveiro (Lugo), María Loureiro, que no solo heredó hace unos meses el bastón de mando al fallecer su anterior titular, sino también las acusaciones por unas licencias urbanísticas.

La imputación del alcalde de Lugo, el socialista Xosé López Orozco, por la Operación Pokémon, el mayor sumario por corrupción instruido en Galicia, gana especial relevancia al ser la localidad más importante con un regidor en activo afectado por el caso. Con más de un centenar de imputados, entre ellos varios alcaldes como el de Ourense que se vieron forzados a dimitir por esta causa, la Pokémon implica también al aún regidor de O Carballiño, Argimiro Marnotes, del PP, sospechoso de tráfico de influencias y revelación de secretos, así como al de Arzúa (A Coruña), el nacionalista Xosé Luis García, que no repetirá. Pero el BNG cuenta en sus filas un segundo alcalde imputado, el de Vimianzo, Manuel Antelo, y reivindica diferenciar su caso del resto. Considera que “no tiene nada que ver con situaciones de corrupciones políticas”.

El regidor que "obvió" una sentencia C. H. Entre los alcaldes refrendados por la dirección del PP ourensano para optar a la reelección en las próximas municipales destaca el de Boborás, Cipriano Caamaño. El veterano político encabeza la lista de su municipio imputado por un presunto delito de desobediencia de autoridades o funcionarios. Obligado por sentencia firme a derribar unas obras ilegales que permitió realizar a un vecino en el conjunto histórico de Pazos de Arenteiro, Caamaño no solo desoyó la orden judicial de derribo sino que autorizó posteriormente nuevas obras en el mismo inmueble. La intervención en el edificio no tenía autorización de Patrimonio que presentó varios requerimientos al Ayuntamiento que este desoyó. Tampoco atendió el alcalde del PP a las reclamaciones que durante varios años presentó un particular afectado. Según el escrito de acusación de la fiscalía, el regidor de Boborás adoptó una actitud “de total pasividad ante el incumplimiento de su propia resolución de reposición de legalidad urbanística”. El ministerio público sostiene que pese a que el alcalde tenía conocimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso 1 de Ourense y de los sucesivos requerimientos que le fueron realizados por Patrimonio “obvió su obligación de colaborar con la administración de Justicia”.

Licencias urbanísticas investigadas por ilegales son el motivo de imputación de un buen puñado de alcaldes del PP en la provincia coruñesa, como el de Malpica, Eduardo Parga; Abegondo, José Antonio Santiso; O Pino, Manuel Taboada; y Sada, Ernesto Anido, quien suma cuatro imputaciones, una de la fiscalía por corrupción. Todos estos regidores fueron confirmados por el PP para presentarse a las elecciones. Por una licencia y unas expropiaciones para un polígono industrial inexistente está también investigado por prevaricación y abuso de confianza el alcalde de Coristanco, Antonio Pensado. Tiene pendiente además otra imputación por acoso a la secretaria municipal. En idéntica situación está el alcalde de Palas de Rei (Lugo), Pablo Taboada, también del PP.

Casos de enchufismo predominan entre la media docena de alcaldes del PP imputados en Ourense, como el de Xinzo de Limia, Antonio Pérez. O el de Rairiz de Veiga, Xaquín Rodríguez Ambrosio, que tiene el juicio por prevaricación fijado para el próximo 17 de marzo. Pero el PP no esperó a que haya sentencia para confirmarlo como candidato a su reelección. Como también ratificó a la de la alcaldesa de Melón, Cristina de Francisco, que sucedió en el cargo a su marido, Alberto Pardellas, cuando este fue inhabilitado por prevaricación. De Francisco está pendiente de juicio oral por un supuesto delito de falsificación de documento público. En la provincia de Pontevedra se presentará Nelson Santos, alcalde de O Porriño, investigado por prevaricación y tráfico de influencias.