De acuerdo con al menos tres fuentes consultadas por este diario que asistieron a su primera versión voluntaria, el excomandante del Ejército dijo este jueves que esta era la realidad porque en la institución hasta les enseñaban a “usar los cubiertos e ir al baño”. Las víctimas afirmaron que la diligencia fue una pérdida de tiempo y una falta de respeto.

"Indolente". Así describieron algunos asistentes la actitud del general en retiro Mario Montoya, quien comandó el Ejército hasta 2008, cuando estalló el escándalo de los falsos positivos durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Montoya adelanta desde ayer su primera versión voluntaria en la Jurisdicción Especial para la (JEP), para esclarecer su responsabilidad en el caso 03 de los "falsos positivos", es decir, los civiles reclutados, asesinados y presentados ilegítimamente como bajas en combate.

Aunque la diligencia judicial sería hasta mañana, los magistrados decidieron cerrarla hoy con el argumento de que se agotaron las preguntas y por eso terminó este jueves. Desde el comienzo de la versión, Montoya dejó claro que acudiría su derecho al silencio y que no se referiría a los casos de falsos positivos que informes de la Fiscalía y otros 11 uniformados le endilgan.

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Para las víctimas, el encuentro no sólo fue una pérdida de tiempo sino también una falta de respeto. Una de ellas comentó que cuando le preguntaron por qué hubo un incremento de este fenómeno criminal durante su mando, el alto oficial respondió que se debía a que los soldados eran de estratos bajos.

“Dijo que la verdad, aunque fuera dolorosa, es que los soldados que prestaban servicio militar eran de estrato 1 y 2, pues 'esos muchachos ni siquiera sabían cómo coger cubiertos ni cómo ir al baño', haciendo una referencia a que eran ignorantes que no tenían valores, que no entendieron la diferencia entre resultados y bajas, y por eso cometieron estos hechos”, reveló una asistente.

De inmediato, Raúl Carvajal, víctima de este caso, se puso de pie y le gritó "hijueputa". Los magistrados decidieron suspender la audiencia unos minutos. Luego se retomó, pero por normas de la JEP tuvieron que expulsarlo.

Los demás familiares reaccionaron al finalizar la versión voluntaria. “Es que ese argumento es ofensivo. ¿Entonces por ser pobres no tienen valores? Mi hijo quería entrar al Ejército, quería prestar el servicio y yo le inculqué los mejores valores. Jamás hubiera hecho algo así ¿cómo se le ocurre decir algo así?”, agregó Soraida Isabel Muñoz, miembro de los Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo).

Muñoz, madre de Jony Duván Soto Muñoz, asesinado el 12 de septiembre de 2008, se sintió ofendida porque, a parte de ese comentario, Montoya se negó a hablar de los casos: “Sus respuestas eran: ‘no conozco’, ‘no sé, no estaba ahí’, ‘pregúntele a esa persona’, ‘no me acuerdo’. No dijo una sola verdad. Nosotras nos fuimos al silencio porque desde el principio él dijo que no iba a decir nada. Sólo lo escuchamos hablar mentiras. Dígame: ¿qué hacemos nosotras? No se justifica que nos hagan venir hasta acá para esto. Merecemos respeto”.

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A pesar de salir de salir decepcionadas, las integrantes de Mafapo aseguraron que seguirán luchando para conocer la verdad de lo que sucedió con sus hijos, de indagar en quiénes dieron las órdenes de asesinarlos y fueron los máximos responsables. Aunque no tuvieron intervención en la versión voluntaria, esperan que los magistrados de la JEP les abran un espacio en los próximos meses para contar su verdad.

Sebastián Bojacá, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), catalogó la versión como una afrenta directa de las víctimas: “Realmente, la misma sala de reconocimiento tiene un criterio para aportar verdad. Y es plena, detallada, exhaustiva. En este caso no se cumplieron los criterios. El sentir de las víctimas es que no pasó nada. Ellas se van decepcionadas”.

Otra fuente que asistió a la diligencia contó que en sus intervenciones se dedicó solo a hablar sobre la estructura del Ejército, su relación con sus subalternos, cómo se daban las órdenes. Pero, aclaró, la gran mayoría de las respuestas era evasivas. “Le respondía a los magistrados que buscaran a los autores materiales porque él no sabía”, dijo el asistente.

A partir de esta versión, las organizaciones de derechos humanos y de víctimas, en un comunicado le pidieron a la JEP tomar decisiones de fondo en contra del militar pues, para ellas, el derecho a guardar silencio es contrario al compromiso de aportar a la verdad: "Solicitamos a la JEP que tome decisiones frente a la estrategia de dilación y a la negativa de hacer aportes reales a la verdad por parte del Gr. (r) Montoya Uribe, teniendo en cuenta que este es el requisito de acceso a la JEP y de cumplimiento del régimen de condicionalidad impuesto cuando se sometió voluntariamente a la JEP, es decir, debe analizar el cumplimiento de los requisitos de permanencia en la JEP, y avanzar hacia la investigación, acusación y juzgamiento de este compareciente, e incluso valorando su posible exclusión de la JEP".

Por su parte, Montoya siempre ha dicho que es inocente. Hace dos años, cuando firmó su sometimiento a la JEP, Montoya no reconoció los delitos que se le endilgan. De hecho, en esa primera audiencia, las víctimas de falsos positivos abandonaron el recinto porque creían que se les estaban vulnerando sus derechos.

Para llamar a comparecer a Montoya, la JEP tuvo en cuenta hechos como la Operación Orión, registrada el 16 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín. Tras esta actuación, en la que participaron uniformados de la IV Brigada, se denunciaron homicidios, desapariciones forzadas y heridos. En ese momento el general en retiro fungía como comandante de esa unidad militar. También se incluyen los denominados "falsos positivos" de Soacha y Bogotá, decenas de jóvenes asesinados en indefensión y presentados como bajas en combate.

Este encuentro es apenas la primera etapa de contribución a la verdad de las personas señaladas de haber cometido delitos graves. Luego se pasa a la etapa de la audiencia. Quienes no contribuyan con la verdad plena, deben ir a un juicio adversarial en el Tribunal de la JEP. Si se les encuentra responsables de graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, podrán ser condenados hasta con 20 años de cárcel.