El caso más evidente de las medidas que avanzaron en sentido contrario a las promesas electorales es la aplicación, el año pasado, de retenciones a las exportaciones. Hasta entonces, las ventas externas no estaban castigada por ese gravamen que representa una quita de alrededor del 7% sobre el valor de cada vehículo. También con esa medida se había decidido bajar de 6,5% a 2% los reembolsos, algo que fue corregido hace un par de semanas para volver a la situación anterior por la caída de las exportaciones. Las automotrices, antes de la baja del 2018, venían reclamando lo contrario: subirlos a 12%. Esta medida buscaba compensar la cantidad de impuestos que se exportan en cada auto.

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Algunos cálculos señalan que alrededor de 14% del valor del 0km que cruza la frontera, se los queda el Estado, lo que agrava la falta de competitividad de la industria argentina. Si bien el Gobierno implementó una reforma impositiva para disminuir la carga fiscal, por ejemplo con la reducción escalonada de Ingresos Brutos, como se va haciendo de manera lenta y en forma gradual, no llega a compensar la suba de otros tributos. “Entre lo que nos dieron y nos sacaron, salimos perdiendo”, dijo un ejecutivo de una automotriz.

Esto es en cuanto a las exportaciones pero tampoco es mejor el panorama para la producción. Con la suba reciente de la tasa de estadísticas de 0,5% a 2,5% para las importaciones, se encarecieron todas las compras de autopartes que llegan del exterior que tienen destino final la fabricación de un 0km para el mercado local.

En el segmento de los importados también se siente la mayor presión fiscal, no sólo por el aumento de la tasa de estadísticas, sino por el impacto de los Impuestos Internos. Durante la campaña del 2015, desde Cambiemos se había prometido eliminarlos, pero no fue así. En la primera mitad de la gestión, avanzó en una reducción al bajar la alícuota por la que se calcula el tributo y quitar una de las dos escalas que había dispuesto el kirchnerismo, la más baja. Eso fue hasta diciembre del 2017. Sin embargo, desde entonces, la situación tributaria de los modelos de mayor precio del mercado, empeoró. En enero del 2018, sólo los 0km de más de u$s 67.100 estaban alcanzado por el impuesto “al lujo” mientras que, a partir del 1 de junio próximo, este gravamen afectará a vehículos de u$s 44.900 en adelante.

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Si se toma la escala equivalente que había dejado el kirchnerismo, sólo los modelos de más de u$s 83.600 tendrían que estar alcanzados. Todos los modelos que pasen de ese precio pagarán un impuesto del 20% que –por la forma de cálculo– implica una suba de 25% del valor al público. Este salto de precio hace que muchos modelos queden descolocados y dejen de venderse.

Esto se suma al arancel externo que es de 35%, más el IVA de 21%, Ingresos brutos de 4% e impuesto a los créditos y débitos y tasas municipales o provinciales. Al precio resultante, hay que sumarle los gastos de patentamiento y demás que paga el comprador. Los importadores, con cierta razón, explican que al castigar de esa forma a ese segmento de vehículos de alta gama y dejarse de comercializar, el Estado sale perdiendo porque recauda menos. Esta es una pelea que vienen manteniendo los importadores con funcionarios de este gobierno y el anterior pero que, por el momento, gana la banca, es decir el Estado.