Roberto Montoya

Periodista y escritor

El pasado 23 de julio el Comité por los Derechos Humanos de la ONU dio a conocer desde su sede en Ginebra algunos de sus periódicos balances sobre la situación de los derechos civiles y políticos en distintos países, siete en esta ocasión, y entre ellos estaban los de España y Venezuela.

A pesar de que en los dos casos los gobiernos recibieron un duro varapalo -el Gobierno Rajoy el que más-, el tema no ha tenido mayor trascendencia mediática ni política en el Estado español.

El Gobierno y el Partido Popular no se han dignado siquiera a comentar las graves acusaciones y las más de veinte severas exigencias hechas por el Comité de la ONU.

Sin embargo, en los mismos días en que se conocían esos informes, el PP arreciaba en su tradicional campaña de acoso y derribo contra el proceso bolivariano. Es año electoral en los dos países y el PP está empeñado en conseguir cuantos más pronunciamientos pueda sobre la libertad y la democracia... en Venezuela, claro.

¿Qué dicen esos informes?

En el caso de Venezuela, tras reconocer sus avances en los últimos años en un sinfín de aspectos relacionados con los derechos civiles y políticos, que detalla, le reclama medidas más firmes para garantizar la independencia de la Justicia; para evitar detenciones arbitrarias y no abusar de la detención preventiva; para mejorar las condiciones de los presos, o para "ofrecer protección efectiva a los periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas sociales y abogados que sean objeto de actos de intimidación, amenazas y/o ataques".

Igualmente, el informe de la ONU muestra preocupación por una serie de informes "que dan cuenta de una serie de disposiciones y prácticas que podrían tener el efecto de desalentar la expresión y publicación de información crítica en los medios de comunicación y redes sociales sobre asuntos de interés público y que podrían afectar negativamente al ejercicio del derecho a la libertad de expresión".

En otros apartados, los expertos reconocen los avances hechos en la legislación contra la violencia de género y contra las discriminaciones sexuales, aunque urgen al Gobierno venezolano a aumentar los controles sobre su implementación. Igualmente le reclaman completar y aplicar las medidas relacionadas con la defensa de los pueblos indígenas y de sus tierras.

En el informe sobre España, los reconocimientos por los avances hechos en derechos civiles y políticos con respecto al informe anterior son menos, y las acusaciones, críticas y deberes impuestos muchos más.

En sus Conclusiones Finales, el Comité muestra su preocupación por la persistencia de "controles policiales basados en perfiles raciales y étnicos, en particular los romaníes" (gitanos); como le preocupa que "sigan siendo objeto de discriminación en el acceso a la vivienda, educación, el empleo y la atención de la salud". Dedica también un apartado específico por las denuncias de malos tratos en los CIE y las "expulsiones en caliente". Cuestiona también el método para definir la edad de los niños extranjeros "sin papeles".

En el informe se lamenta que "las mujeres sigan estando insuficientemente representadas en los sectores público y privado, en particular en los puestos decisorios", como también señala las diferencias salariales entre hombres y mujeres. También en el caso de España la ONU se siente alarmada "por la persistencia de la violencia contra la mujer".

Igualmente muestra su rechazo a la ley -en el momento del informe todavía proyecto de ley- que prohíbe el derecho al aborto de las menores de edad si no tienen el consentimiento de sus padres, advirtiendo que esa reforma podría "aumentar los abortos ilegales y poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres".

Los expertos denuncian igualmente los "malos tratos y uso excesivo de la fuerza por agentes de policía", y "en particular en el marco de protestas ciudadanas", pidiendo que se establezcan "órganos de denuncia independientes para atender las quejas de los malos tratos policiales".

Recomienda, nuevamente, "que se tomen las medidas legislativas necesarias para eliminar la detención en condiciones de incomunicación" y reclama que se reconozca el derecho a médico y a la presencia de un letrado durante los interrogatorios.

También protesta por la concesión de indultos a policías condenados por torturas al entender que "contribuyen a dar una sensación de impunidad".

La relación de críticas no acaba ahí. Al Comité le preocupa especialmente la nueva Ley de Seguridad Privada "que podría permitir que agentes de seguridad privada ejerzan actividades llevadas a cabo por agentes del Estado", y sostiene que se debe "asegurar la subordinación de la seguridad privada a la pública".

En otro apartado, el Comité reitera su preocupación "por la posición del Estado parte de mantener en vigor la Ley de Amnistía de 1977, que impide la investigación de las violaciones de los derechos humanos del pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias".

El informe hace una especial mención a la Ley de Seguridad Ciudadana, a la Ley Mordaza, criticando "el uso excesivo de sanciones administrativas contenidas en la Ley, las cuales excluyen la aplicación de ciertas garantías judiciales", y toma nota de que "dicha Ley ha sido ampliamente cuestionada por diversos sectores de la sociedad".

Pide a España que revise la ley "y las subsecuentes reformas del Código Penal, en consulta con todos los actores involucrados".

Este último informe de Naciones Unidas sobre España se suma a numerosos otros anteriores específicos sobre desigualdad de la mujer, sobre torturas a los presos, sobre los crímenes del franquismo no juzgados, y un largo etcétera. Pero a Rajoy no le preocupan este tipo de informes. Si el presidente dijera algo sobre el tema seguramente repetiría su mantra: "A mí solo me preocupan los españoles, resolver los problemas de los españoles. Y para el líder del PP, claro, ninguno de esos son problemas de la sociedad española.

Para Rajoy y el PP aparentemente lo que más preocupa a los españoles es... lo que sucede en Venezuela, si se respetan o no los derechos de esos líderes de la oposición que desbordando por la derecha a Henrique Capriles -máximo líder de la MUD, la coalición opositora- lanzaron violentas protestas callejeras en 2014 con la consigna: "tomar la calle hasta que caiga Maduro". Y aquellas violentas jornadas se saldaron con 43 muertos.

El PP marca la agenda

Solo un día antes de que se conociera ese informe de la ONU, el Grupo Municipal del PP logró marcar la agenda al mismísimo Ayuntamiento de Madrid gobernado por Manuela Carmena.

Mientras Esperanza Aguirre se fotografiaba en los pasillos con miembros del Movimiento Español Venezolano AntiPodemos (MEVA), estrechamente ligado al PP y a FAES, el PP presentaba una moción de condena al Gobierno de Nicolás Maduro y por la libertad de esos líderes opositores.

Rita Maestre, viendo la encerrona, llegó a decir: "el PP parece hoy un grupo municipal de Caracas". La portavoz del Ayuntamiento dejó en evidencia en ese momento que era paradójico que lo único que tenía que proponer el PP en ese pleno en el que se intentaban resolver problemas de los madrileños y madrileñas, era un pronunciamiento sobre algo que sucedía en Venezuela.

A pesar de que la moción recibió una enmienda a la totalidad, el PP logró marcar la agenda, como lo hizo antes en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo.

En un año electoral como el actual tanto en Venezuela como en España, la derecha política y mediática española se erige más que nunca en la punta de lanza de la campaña de acoso y derribo contra el proceso bolivariano, como lo viene haciendo desde 1998 y como fue evidente con su postura pro golpista en 2002, con Aznar a la cabeza, que continuaría el Gobierno de Rajoy.

Son muchos los intereses en juego, son más de 100 las empresas españolas y bancos que invierten en ese país, son muchos los que se verían beneficiados con un cambio de rumbo, con una reprivatización de empresas públicas; con un levantamiento de todas las limitaciones a la repatriación de beneficios de las multinacionales españolas; con una anulación de los controles a los precios arbitrarios aplicados a los usuarios venezolanos.

Para el PP es vital estrechar aún más sus relaciones con aquellos sectores de la oposición venezolana más ligados a la gran oligarquía, con aquellos que no solo tuvieron sino que siguen teniendo gran poder ahora, porque el proceso bolivariano no ha llegado aún a cambiar la estructura del sistema y a quitarles se poder.

Esos sectores no se contentan con preservar esa importante cuota del poder; quieren recuperar todo el poder para que todo vuelva a ser como antes. Y cuentan para ello con el respaldo pleno de España, EEUU y otros, interesados también en que Venezuela deje de ser el impulsor y referente principal de las fuerzas progresistas y de la integración regional de América Latina y el Caribe.