El primero de junio, Salamanca, Guanajuato, vivió una tragedia. En un puesto de revisión vehicular ubicado a una cuadra de una escuela primaria, unos pistoleros abrieron fuego desde una camioneta y acribillaron a seis policías de tránsito. Cinco murieron en el acto y otro más en el hospital.

Ese hecho salvaje se llevó una nota de interiores en la prensa nacional. En las campañas presidenciales casi no ameritó comentario (Andrés Manuel López Obrador mandó condolencias a las familias de las víctimas). En Guanajuato, los candidatos a gobernador usaron el hecho como garrote para golpear a los rivales, pero no consideraron pertinente detener sus campañas. En el municipio, hubo un homenaje para los agentes caídos y luego cada quien a lo suyo. Hasta donde se sabe, no hay en marcha ningún esfuerzo excepcional para detener a los asesinos.

Esa indiferencia probablemente explique por qué se repiten sin parar las agresiones en contra de los policías. En el mismo Salamanca, tres policías municipales fueron asesinados en agosto pasado. Hace dos meses, dos policías de Irapuato corrieron la misma suerte. En total, 34 integrantes de corporaciones policiales han sido ejecutados en Guanajuato en lo que va 2018. De mantenerse esa tendencia, uno de cada 300 policías de esa entidad será asesinado este año.

Guanajuato no es un caso único. En abril, seis policías estatales de Guerrero murieron en un enfrentamiento con presuntos sicarios en Zihuatanejo. Hace un par de semanas, en Tecámac, Estado de México, dos policías municipales que resguardaban a una candidata a alcalde fueron secuestrados y asesinados. A principios de la semana pasada, un jefe regional de la policía de investigación del Estado de México fue acribillado en Cuautitlán Izcalli.

Estos casos pasan y pasan a lo largo de la geografía nacional. Y, por lo regular, no pasa nada. La clase política dice poco sobre los incidentes. Las autoridades intentan criminalizar a las víctimas, sugiriendo que tal vez estaban “metidos en algo” o “trabajaban para ellos”. Los medios no dan mucha cobertura al tema. No hay esfuerzos extraordinarios para dar con los asesinos. Y, salvo excepciones, no dan con ellos.

Esto es un asunto grave. Si un policía no siente que va a ser cobijado y protegido por su corporación y su comunidad, ¿qué motivación puede tener para defender a la sociedad? Está en un empleo mal remunerado, sin seguridad laboral, con pocas prestaciones, con horarios de esclavo, laborando jornadas de 24 horas, con equipo pobre o inexistente. Si a todo lo anterior se le añade el riesgo de ser víctima de homicidio y la indiferencia social ante la muerte de un elemento policial, sorprende que aún haya quien quiera ser policía.

Todos los candidatos hablan de dignificar la labor policial, de mejorar sueldos y prestaciones, de aumentar la capacitación y el equipo, de establecer una carrera policial. Todo eso está muy bien y debe hacerse. Pero todo eso toma tiempo y toma dinero. Y mientras pasa el tiempo y se encuentra el dinero, los policías van a seguir muriendo por montones.

Entonces hay que hacer algo desde ya. ¿Qué? Dedicar recursos extraordinarios a la investigación de asesinatos de policías. Garantizar que en esos casos la impunidad sea la excepción y no la norma. Y no porque la vida de los policías sea más importante que la de otros ciudadanos, sino porque necesitamos que haya algunos dispuestos a arriesgar su vida para proteger la nuestra. Esos algunos merecen como mínimo la seguridad de que no vamos a tratar con indiferencia su posible muerte.

Nos tienen que empezar a importar la vida de los policías. Desde hoy. Desde ya.



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@ahope71