Habitantes de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, en el municipio de Lerma, en el Estado de México, acusaron que fueron desalojados por agentes de la Policía Estatal para permitir la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, obra que estará a cargo de una empresa filial de Grupo Higa.

De acuerdo con el Frente Juvenil Xochicuautla, seis camiones de granaderos, varias patrullas de la Policía del Estado de México y maquinaria de Grupo Higa arribaron la mañana de este lunes 11 de abril a la comunidad y se ubicaron en los accesos principales a la población.

“Las máquinas están empezando a trabajar de manera ilegal en dos extremos principales del Bosque Otomí, sobre el cual recientemente se ganó el amparo”, indicaron los pobladores.

Además, los habitantes señalaron que los policías desalojaron la casa de Armando García Salazar, uno de los representantes de la población, y la mantienen bajo resguardo de elementos antimotines.

Denunciaron que Isabel Fernández García, de 64 años de edad, fue golpeada durante el desalojo y agregaron que la maquinaria derribó el Campamento de Paz y Digna Resistencia.

#AlertaXochicuautla destruyen la primera casa tras desalojo en la comunidad otomí pic.twitter.com/TVcP35fDwZ — Cencos (@cencos) 11 de abril de 2016

María Hdz García da testimonio de las agresiones que sufrieron ella y si bisnieta en el desalojo en #Xochicuautla pic.twitter.com/SzPGUVRV6I — Cencos (@cencos) 11 de abril de 2016

A través de un comunicado, los pobladores responsabilizaron a Ángel Valdez Ramírez, representante de bienes comunales de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla y al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, “por cualquier acto de represión que lleguen a cometer, y también por el hostigamiento que están cometiendo sobre esta comunidad indígena”.

“Les suplicamos estar ‪#‎Alerta ya que pretenden continuar con el despojo de las tierras para la construcción de la Autopista Privada Toluca–Naucalpan”, señalaron.

¿Por qué no se pueden realizar las obras de construcción?

El arribo de agentes estatales y de maquinaria a la comunidad de San Francisco Xochicuautla ocurre a pesar de que el Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México concedió una suspensión definitiva a favor de los pobladores los pasado 11 y 18 de febrero.

El fallo del juez contra el proyecto de construcción de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan ocurrió luego de que los miembros de esa comunidad otomí defendieron el territorio comunal por 10 años.

La construcción de la autopista fue impulsada en 2006 por el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. El territorio fue expropiado por decreto presidencial en favor del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios conexos y Auxiliares del Estado de México en 2015.

La autopista Toluca-Naucalpan es construida por Autopistas de Vanguardia S.A. de C. V. empresa perteneciente al Grupo Higa.

La construcción afecta a diferentes comunidades y municipios del Estado de México, incluida la comunidad de San Francisco Xochicuautla, y al menos doce comunidades más, como lo son San Lorenzo Huitizilapan y Santa Cruz Ayotuzco.

“Las suspensiones concedidas por el Poder Judicial de la Federación tienen el objetivo de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, como el derecho al territorio, a la autodeterminación, al agua, la cultura, a la libertad de culto, y a los recursos naturales, entre otros, mientras dure el juicio.

“Lo anterior implica que la comunidad tiene la posesión legal del territorio expropiado y en consecuencia, ni la empresa ni las autoridades del Estado involucradas cuentan con fundamento legal alguno para continuar las obras de construcción de la autopista por dicho periodo”, indicó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

La CMDPDH agregó que la defensa de la vida, el agua, el bosque y el campo continuarán hasta que la autopista sea cancelada de manera definitiva y se respeten plenamente los derechos de las comunidades.

El conflicto en la comunidad de San Francisco Xochicuatla inició en 2007, cuando junto con las comunidades de Huitzizilapan y Ayotuxco, integradas en el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, se opusieron a la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, la cual afectará 138 hectáreas de bosque perteneciente a los tres pueblos.

En 2013, una Asamblea de Comuneros llevada a cabo de manera ilegal aprobó el cambio de uso de suelo en las tierras de Xochicuautla. Sin embargo, ésta se revocó en 2014 mediante un juicio de amparo.

“No obstante esto, los trabajos de construcción continuaron, lo que ha provocado distintos enfrentamientos en la comunidad y la detención de once compañeros en 2013 y de ocho, en 2014. A pesar de que el 9 de julio de 2015 el Ejecutivo federal publicó un decreto de expropiación de tierras para la construcción de la autopista, el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra y la comunidad de San Francisco Xochicuautla continúan en digna resistencia”, indicó el Centro Nacional de Comunicación Social en un comunicado.