Pedro Sánchez quiere poner en marcha una agenda social con un "Ingreso Mínimo Vital". Para ello necesitará elevar el IRPF, el Impuesto de Sociedades, la tributación de la banca, la del ahorro y la de los hidrocarburos.

A diferencia de la fallida investidura hace dos años, Pedro Sánchez no cuenta con un pacto de gobierno con los distintos partidos que lo apoyen y no está claro el margen de actuación que tendrá con el Presupuesto actual ya elaborado y la debilidad parlamentaria.

Sin embargo, su Presupuesto alternativo, elaborado el pasado mes de abril, dan buena cuenta de su hoja de ruta económica de cara a los próximos meses en Moncloa, y anticiparían una suba de impuestos por valor de 6500 millones de euros para financiar un fuerte incremento del gasto social, de hasta 10.000 millones de euros. Con todo ello, el PSOE se fijó el objetivo de que el peso del Estado (y la recaudación) alcance el 42% del PBI en el largo plazo, en lugar del 38% que se había marcado como referencia el anterior Gobierno. Además, Sánchez defiende recentralizar la negociación colectiva para presionar los salarios al alza y ampliar la estructura ministerial.

Hace dos meses, el nuevo presidente del Gobierno habló de realizar una modifcación del Impuesto de la Renta, a partir de los 150.000 euros de ingresos anuales. Todo el dinero que exceda de esta cantidad empezará a tributar al 26,5% en el tramo estatal, cuatro puntos más que en la actualidad. Con ello, el tipo máximo del IRPF volvería a alcanzar el 52% en Asturias, Andalucía y Cataluña.

El PSOE también pretende elevar los tipos del ahorro, que ahora se sitúan en el 19-23%, hasta el 30%, pero sólo para aquellos contribuyentes que obtienen más de 50.000 euros por este tipo de rentas y gozan de unos ingresos anuales superiores a los 150.000 euros. Con ello, prevé ingresar 1.500 millones de euros al año.

El grueso del aumento de la recaudación se concentrará sobre las empresas, a las que Sánchez pretende gravar con 4000 millones de euros más. Una suba de la presión fiscal media del 17,3% en el Impuesto de Sociedades. Para ello, proponen un tipo mínimo del 15% sobre el resultado contable de las multinacionales y un impuesto sobre beneficios desviados a terceros países.

Los socialistas pretenden aprobar también un gravámen extra a la banca por valor del 8% de la base imputable del Impuesto de Sociedades de la banca, es decir sin posibilidad de aplicar deducciones. Con estos ingresos, se podría financiar parte del déficit de la Seguridad Social, de 18.800 millones de euros.

Además pretende equiparar la tributación del gas oil a la de la nafta, lo que implicaría la recaudación de 600 millones de euros más al año. Sin embargo, esto también supondría un castigo para la amplia mayoría de los conductores, que acabarían pagando 9,55 centavos más por cada litro de diésel. Y esto sería además más complicado de realizar en un momento en el que el precio de los carburantes ya acumulan una escalada de otros 10 centavos en lo que va de año.

Cambios en la reforma laboral

El líder del PSOE descartó derogar la reforma laboral, ya que eso podría provocar una fuerte suba de los costos salariales e, incluso, un aluvión de despidos antes de la retirada de la norma. Sin embargo, Sánchez y algunos de sus aliados sí que pretenden recentralizar la negociación colectiva, para que el convenio de empresa deje de tener primacía sobre el de sector. De esta forma, se evitan los descuelgues que muchas empresas utilizan para rebajar los salarios y se presiona al alza sobre los sueldos. No obstante, esto también puede provocar la quiebra de las empresas que no sean viables con el salario del convenio de sector.

Sánchez también fue muy insistente con la necesidad de actualizar las pensiones con el IPC. Si su Gobierno se mantiene en los próximos años, es probable que mantenga esta política, aunque la suba de los precios del petróleo elevaría el costo.

El nuevo presidente apuesta por reunir otros 1.500 millones de euros a través de la lucha contra el fraude fiscal y el cumplimiento voluntario. En esto, se incluye también la obligación de las grandes empresas de revelar los mecanismos de planificación fiscal agresiva.

Por otro lado, la brecha entre los nuevos gastos y los ingresos se cubrirá con un ahorro público por valor de 2.500 millones de euros. Aunque el plan de Sánchez no detalla cómo se producirán estos ahorros, deja la puerta abierta a una central de compras y a limitar las desgravaciones en los planes de pensiones. Si el tope máximo a la desgravación se redujera de 8.000 a 4.000 euros anuales, el Estado se ahorraría 1.500 millones de euros.

El ingreso mínimo vital supone una renta complementaria de entre 600 euros y 1800 euros al año para aquellas familias que ingresan menos de 17.238 euros al año. Con este plan, que costaría 2400 millones de euros, se trataría de proteger a los 2,3 millones de menores en riesgo de pobreza.

El programa de protección al empleo, que costaría 1.200 millones de euros, estará concentrado en los mayores de 52 años y los parados de larga duración. Esto es, "dos millones de personas que no tienen ningún recurso". Sin embargo, esta cifra repartida entre un número tan grande de beneficiarios, apenas proporcionaría 600 euros al año a cada desempleado.

Además, Sánchez también prevé pasar de las cuatro semanas voluntarias en el permiso de paternidad a seis semanas obligatorias. Esto, junto con la ampliación de la prestación no contributiva hasta las seis semanas para la maternidad, costaría 595 millones de euros al año. En materia social, también reclama 715 millones de euros adicionales para dependencia, 251 millones para sanidad y 344 millones para vivienda.

En el rubro producción, el nuevo presidente prepara una batería de partidas para modernizar la estructura productiva. Entre ellas, se incluyen una mayor dotación para las políticas activas de empleo (1100 millones de euros), educación (986,4 millones), el fomento de la industria, el turismo y la agenda digital (832 millones), el apoyo a la I+D (801 millones) y la transición ecológica (500 millones). Con ello, Sánchez espera poner en marcha nuevos motores de crecimiento cuando la economía se empiece a apagar.

Además, hay previstos 774,7 millones de euros para fines tan diversos como la cooperación al desarrollo, la cultura (especialmente, el cine), la memoria histórica y el apoyo pequeños municipios.