Paula (nombre ficticio) y su marido siguen en tratamiento psicológico y están a la espera de una sentencia con la que puedan "cerrar el capítulo más doloroso de su vida". Tuvieron que recorrer 500 kilómetros en su vehículo particular para poder abortar. En esa intervención ella perdió el útero y la posibilidad de ser madre biológica de nuevo.

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La interrupción del embarazo se produjo en la semana 32, después de un conjunto de "imprudencias médicas" por las que ha demandado al Servicio Gallego de Salud (Sergas). Asegura que durante el seguimiento que le hicieron en el Hospital de Burela (Lugo) le "ocultaron información sobre el diagnóstico", dilatando su gestación hasta llegar a la conclusión en el séptimo mes de que "la viabilidad del feto era incompatible con la vida".

Según explican desde el Sergas, Paula fue derivada desde Lugo a una clínica privada en Madrid para "respetar el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales" de los hospitales de la región. Al comenzar la intervención en la clínica privada de la capital, fue trasladada de urgencia al hospital público de La Paz de Madrid.

"Al introducirle el espéculo y constatar la hemorragia, le pusieron gasas y le explicaron que no podían hacer nada, que tenía el útero vascularizado y haciendo aspavientos y con mucho nerviosismo. Le dijeron a Paula que podía haber muerto por el camino, que tenían que haberla mirado antes de ir a Madrid y haberla internado en Burela", explica su abogada, Francisca Fernández, en la demanda que presentó en mayo del año pasado contra el Sergas.

El Sergas se niega a dar su versión sobre el caso de esta mujer. "No nos pronunciamos sobre temas judiciales", explica una portavoz a eldiario.es. Asimismo, añade que hasta la semana 22 sí que se practican abortos en centros públicos y que a partir de esa fecha se "envían a otros centros respetando, de esta forma, el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales". La portavoz justifica este plazo argumentando que la ley lo recoge, aunque no es así, ya que según esta normativa no existe límite temporal si "se detectan anomalías fetales incompatibles con la vida". La Fiscalía reactivó el mes pasado una investigación por varios casos derivados también a Madrid en diferentes semanas de gestación.

La interrupción del embarazo de Paula se produjo en noviembre del 2012 mediante una cesárea. "La niña falleció al poco de nacer", recuerda la madre, que en aquel momento tenía 33 años y hacía frente a su segundo embarazo. "Me jugué la vida en ese viaje porque se negaban a practicarme un aborto. En las dos últimas semanas de gestación no me revisaron el útero. Tampoco tuvieron en cuenta los seis sangrados que había sufrido durante el embarazo. Durante el camino a Madrid iba manchando un poco y me dolía muchísimo", recuerda esta gallega que tras enterarse de que había perdido el útero reconoce que se le "cayó el mundo". "Nos trastocó la vida saber que no podíamos tener más hijos, estábamos en shock. Parecía que estábamos viendo una película, que todo esto no nos estaba ocurriendo a nosotros. No nos lo acabábamos de creer", apunta.

"No se respetó la ley"

Su defensa recuerda que la sanidad gallega "no le ha ofrecido los recursos adecuados", en referencia a la clínica privada de la capital a la que le derivó la Xunta. Asimismo, su letrada recuerda en la demanda que presentó que la ley que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) recoge que cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida, las intervenciones "se realizarán preferentemente en centros cualificados de la red sanitaria pública".

"Consideramos que estas actuaciones de la Xunta no se deben solo a recortes económicos como consecuencia de la crisis, hay una cuestión ideológica porque no existe un tratamiento integral de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", señala Margarida Corral, portavoz de la Plataforma Gallega por el Derecho al Aborto en A Coruña. Esta organización ya protestó públicamente por las derivaciones de abortos a Madrid, aunque asegura que "la mayor parte de afectadas no sufrieron secuelas físicas", como sí le ha sucedido a Paula.

Quejas desde la semana 20

Paula y su pareja consideran que durante todo el seguimiento de su embarazo han sido víctimas de un conjunto de "negligencias". Éstas comenzaron, siempre según su relato, en la semana 20 de embarazo. En ese momento los profesionales que le atendieron en Burela ya detectaron una "alteración en los hallazgos de la exploración del sistema nervioso central y quistes en los plexos coroideos". Ante este diagnóstico y las preguntas de los padres, la doctora le "restó importancia a este resultado" y les pidió tranquilidad a los padres.

Al día siguiente la pareja acudió a una clínica privada para recibir una segunda opinión. "Me advirtieron de que el bebé no venía nada bien. Me dijeron que había un retraso acusado en el crecimiento de la cabeza", recuerda Paula. "Volví al hospital y les conté este diagnóstico. Me dijeron que era una histérica y que lo único que hacía con este nerviosismo era perjudicar a mi bebé. Les pedí que me revisaran, y me dijeron que esperase al resultado de unas pruebas que se habían encargado", añade.

Cinco semanas después, su abogada asegura que desde el hospital le dieron los resultados de un examen genético, pero no le explicaron qué consecuencias tenían los resultados en el feto. "De nuevo le vuelven a restar importancia. La respuesta de la doctora fue: 'Puede ser que tenga un ojo verde y otro azul, o un mechón de pelo blanco o una cosa así.. No te preocupes'".

Los demandantes continuaron con la búsqueda de segundas opiniones, un profesional de la Clínica Ruber del Madrid y otro del Hospital de Santiago. "Los dos nos dan el mismo diagnóstico", explica Paula, que obtuvo estas respuestas en menos de 24 horas y las compara con la actitud del hospital en el que fue atendida. "En Burela nos dijeron que seguían sin saber qué suponía la delección cromosómica. Y que tenían a todo el equipo de ginecólogos buscando en Google y en bibliosaude información", añade.

Finalmente, de acuerdo al escrito judicial, en la semana 31 de embarazo, tras varias quejas y una petición de cambio de hospital, consiguen que el Sergas les derive a una genetista del Hospital Materno de A Coruña para que examine sus informes. "Me comentó lo mismo que los otros dos profesionales. Me confirma que puedo abortar porque es un caso que contempla la ley porque es una incompatibilidad con la vida", señala Paula.

"De repente les entró la prisa, en una semana me lo gestionaron. Me llamaron de la Consejería de sanidad. Me dijeron que en Galicia no me lo iban a practicar y me avisaron de que me iban a mandar a Madrid", explica.

Tras estos hechos, continúan recibiendo atención psicológica. Y solicitan al Sergas una indemnización cercana a los 270.000 euros por daños físicos, psicológicos y morales ocasionados tanto a Paula como a su marido, así como a la criatura que tuvieron que abortar. "Quiero que se haga justicia y les quede una mancha en su expediente profesional. Y sobre todo que la próxima vez se lo piensen que se den cuenta que no somos unas lloronas, que nos traten con respeto. Que si no saben, que se lo piensen", apunta esta mujer gallega. La vista se celebró este mes de mayo. Si finalmente la justicia le da la razón, destinará ese dinero a intentar ser madre de nuevo mediante gestación subrogada en el extranjero.