Un “comité de bioética” sesionó en Xalapa, Veracruz, y decidió el destino de una niña de 13 años que había sido violada y necesitaba abortar de manera segura. Los profesionales que deliberaron tenían la Ley General de Víctimas y la Norma 046 en la mano, donde se establece que esa menor se merecía por ley la atención que les pidió. Pero ellos decidieron que los Servicios de Salud de ese estado no la podían atender, porque el Código Penal de Veracruz les daba la opción de negarse.

Prefirieron adherirse al Código Penal de Veracruz en el cual se especifica que, después de 14 semanas de embarazo, un doctor no puede estar obligado a practicar una interupción segura.

En la Ciudad de México, donde no existe un código penal como el de Veracruz, el doctor gineco-obstetra Alfonso Gerardo Carrera Riva Palacio, que sí atiende ese tipo de casos, dijo que según su experiencia los comités de ética “son una barrera” para niñas y adolescentes que llegan desde los estados en condiciones precarias, para recibir una atención segura.

“Ningún código penal en ningún momento dice que estos casos deben de pasar por un comité de bioética, esa es una dilación para la atención de las niñas”, señaló el doctor en entrevista con Animal Político, y explicó también que casos como el de Veracruz se dan porque tampoco están prohibidos los comités.

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Carrera Riva Palacio contó que uno de cada cuatro casos que recibe se trata de alguna persona proveniente de algún estado. “Nosotros atendemos muchísimas pacientes, son muchas, es un problema de salud pública”, contó el doctor.

Dos personas que han estado en comités de bioética, en donde se decidió el futuro de dos menores que fueron violadas, contaron que fue una experiencia ríspida donde doctoras y doctores pasaron por alto el contenido de la Norma 046, donde se obliga al Estado a dar la atención que niñas violentadas piden, sin necesidad de la intervención del Ministerio Público.

El de Veracruz fue el caso de una niña de 13 años que solicitó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a través de una denuncia por violación, que interpuso en la Fiscalía General de Justicia de ese estado, a pesar de que según la Norma 046 no estaba obligada.

La organización Equifonía asumió la defensa legal de la niña y la abogada Adriana Fuentes participó en un “comité de bioética” en el Centro de Alta Especialidad de Veracruz (CAEV), en donde se discutió si se debía o no practicar la ILE en ese hospital. La decisión fue no realizar el procedimiento pero sí facilitar que la niña pudiera hacerlo en otro lado.

“En lugar de hacer la canalización por la causal del riesgo de muerte, lo que hicieron fue sesionar. Expresaron que no la podían atender, pero que atendiendo el principio de salud era conveniente que la familia la lleve a revaloración donde sí se permitiera, ósea en la Ciudad de México”.

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Existe un documento que da constancia de esa sesión. Es una contestación a la Fiscalía donde se explica por qué no se practicó la Interrupción Segura del Embarazo a la niña:

“Se informa a esta autoridad que derivado de la sesión médica del día de hoy, en la que constituidos en colegio médico, con la participación de especialistas de este nosocomio, así como de expertos en la Nom-046-SSA2-2005 de la jurisdicción sanitaria, personal de Trabajo Social y Unidad de Género; previo estudio del caso y escuchadas las opiniones técnicas y en apego a la normatividad aplicable al caso, específicamente en lo tocante a que la paciente cursa 15 semanas de embarazo, con fundamento en las fracciones II y III del artículo 154 del Código Penal para el Estado de Veracruz, NO A LUGAR A LA PRÁCTICA DE LA I.L.E. a la paciente de identidad resguardada”.

Después el documento también comunicó que “por respeto al derecho a la salud de la paciente” mantendría consultas abiertas si es que la niña las requiriera, y “adicionalmente se hace refregamiento a quien corresponda para que a través de otra institución de la salud pueda ser re valorada la paciente”. Es decir, la enviaron a otra parte. A cualquier parte donde ella pudiera ir.

El director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Veracruz, Salvador Beristain, dijo a Animal Político que esa institución aún tiene “el reto” de tener la capacidad de “respetar todos los derechos”, aunque a veces ello “crea resistencias que deben desaparecer”. Según el servidor público, hay actualmente “un proceso de tránsito hacia la equidad y cuesta trabajo y hay resistencia”.

Mientras tanto, la Fiscalía de Veracruz y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) se coordinaron para no perder la cadena de custodia, y Equifonía gestionó la atención médica a la niña con médicos gineco-obstetras en una clínica especializada de la Ciudad de México que determinaron el riesgo de muerte, contó la directora de esa organización, Araceli González.

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“El proceso de la atención en la Norma 046 indica que es una emergencia que se debe atender como tal. No se requieren testigos o comités de ética que deberían estar para garantizar que se cumplan los derechos en la atención de las mujeres, que no exista violencia obstétrica, que solo exista la atención a la que ellas tienen derecho, derecho a la vida, a ser lo que ellas quieren ser”, dijo Carrera Riva Palacio .

El caso de Veracruz es un ejemplo de lo que pasa en todo el país. Otra persona que presenció un comité de ética habló con Animal Político bajo condición de anonimato. Fue similar al de Veracruz, pues trataron el caso de una niña de 12 años que fue violada. Ella describió cómo fue la sesión:

“Llegamos, nos sentamos, nos presentaron a todos los doctores, el de anestesia, cirugía, los de diferentes áreas médicas. Te dan galletas y café. Uno explicó la importancia de la Norma 046, después alguien se preguntó que como médicos cómo iban a comprobar que fue violada. Yo les dije que ellos no son Ministerio Público. Alguien preguntó que cómo se podía saber si la relación no fue consensuada, yo le dije que eso no le incumbe. Después esa persona dijo que podría ser objetora de conciencia. Fueron dos horas arduas de estar en estire y afloje”.

Al final de la sesión se determinó no dar la atención a la niña. Dos enfermeras que estuvieron presentes se le acercaron y le dijeron que deberían haberla atendido. La niña fue llevada a una clínica privada y la fuente que habló con Animal Político nunca volvió a ser invitada a la sesión de un comité de bioética.

Desde su experiencia como activista, los comités de bioética tienen una fuerte presencia de objetores de consciencia, y eso ha dado como consecuencia que se tomen decisiones que están por encima de una ley federal, que es la Ley General de Víctimas.

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“No puedo creer que un comité interno de cualquier institución pueda estar por encima de una ley federal”, dijo la fuente.

Animal Político buscó a la Secretaría de Salud Federal para tener su versión sobre la función de los comités de bioética en los casos de niñas y mujeres violadas que necesitan interrumpir su embarazo, pero no obtuvo respuesta.

El doctor Carrera Riva Palacio, que asume la atención de mujeres que no consiguen atención en el Sistema de Salud Pública, cree que “la objeción de conciencia no puede estar por encima del peligro de muerte de una mujer. Los médicos que objetan, que se dediquen a otra cosa, no deberían estar trabajando en el área reproductiva para poder ayudar a la calidad de las mujeres y a salvar su vida”.