Por 24 votos (colorados liberales, PDP, Unace y PEN) contra seis (Frente Guasu más el colorado Víctor Bogado), la Cámara Alta aprobó el proyecto de declaración de dos artículos presentado por los senadores Blanca Ovelar y Luis Castiglioni (ANR), Fernando Silva Facetti (PLRA) y Eduardo Petta (PEN), que “manifiesta su solidaridad con el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela ante la situación de amenaza al Estado de derecho que vive el país”.

Seguidamente “exhorta a las organizaciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, a urgir y redoblar sus esfuerzos para el mantenimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela”.

El Senado se dividió ayer en dos a la hora de debatir los proyectos de declaración. El otro documento fue presentado por el Frente Guasu (FG), que ejerce una indisimulada defensa a Maduro. Pero a la hora de debatir, hubo una marcada diferencia de posturas entre los cinco integrantes del FG frente a senadores colorados, liberales y del PDP. Carlos Amarilla (PLRA) dijo que Maduro tiene un proyecto autoritario y dictatorial, que censura a la oposición y a los medios de prensa. Por su parte, Miguel A. Saguier agregó que Maduro “es un bárbaro” y que es un desprestigio para la izquierda. Indicó que la oposición venezolana le pide pan, libertad y papel higiénico y le contesta con represión. Desirée Masi (PDP) dijo que no puede defender a Maduro porque tiene presos políticos, como Leopoldo López, con lo cual respondió a Hugo Richer (FG), quien junto a Carlos Filizzola y Sixto Pereira defendieron el régimen bolivariano. Richer dijo que no le consta que haya presos políticos.

Diputados rechazan los ataques a la libertad

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Tras un intenso debate, la Cámara de Diputados aprobó ayer una declaración que “rechaza de manera rotunda los actos contra la libertad de pensamiento de las personas, así como los actos contra las libertades individuales y colectivas en la República Bolivariana de Venezuela”. Igualmente, insta al Gobierno venezolano a cumplir con su Constitución y convenios internacionales, sobre respeto al debido proceso, DD.HH., la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.