La lucha contra los desahucios es uno de los principales ejes de las políticas de Podemos y así quieren demostrarlo sus dirigentes. Según consta en el documento que la cúpula del partido ha remitido a sus más de 372.000 inscritos sobre el nuevo escenario que se abre tras el 24-M, entre las medidas que definirán la identidad de esta formación figura no operar con aquellos bancos que ejecuten desahucios. Esta actuación será planteada por Podemos en las candidaturas de unidad popular donde participa y que han conseguido ayuntamientos (o los conseguirán gracias a pactos con otras formaciones) y en aquellos consistorios donde ejerzan la oposición.

En concreto, el documento Posición de Podemos sobre las negociaciones postelectorales en municipales, consultado por este diario, indica que "hay mucho por hacer y proponer" y cita a continuación "algunos ejemplos" como "vaciar las cuentas públicas de bancos que desahucien familias del municipio, publicar de las bolsas de empleo del Ayuntamiento y los criterios de acceso, priorizar los pagos a las pymes locales frente a dietas y gastos suntuarios y/o de representación y publicidad institucional o democratizar los gobiernos pedáneos".

En aquellos casos en que la candidatura de unidad popular integrada por Podemos se encuentre en la oposición, la formación de Iglesias explica que pondrá sobre la mesa dicha medida para "situar a otros partidos en la tesitura de votar en favor de la gente o de los arriba". De esta forma, prosigue el mismo texto, "apuntarán a los pilares de nuestra propuesta: rescate ciudadano (empleo y servicios públicos) y regeneración democrática (anticorrupción y transparencia)". Además, la dirección de Podemos destaca la importancia de esta actuación por cuanto "produce efectos inmediatos en la vida de la gente y tiene coste cero".

Podemos destaca la importancia de esta actuación por cuanto "produce efectos inmediatos en la vida de la gente y es coste cero"

Se da la circunstancia de que este vaciado de cuentas con entidades financieras que desahucien no figuraba en el programa electoral de Ahora Madrid, partido instrumental con el que concurrió Podemos al Ayuntamiento de Madrid de la mano de miembros de Equo y Convocatoria por Madrid, exmilitantes de IU, independientes y activistas del 15-M. La candidatura liderada por Manuela Carmena, que podrá ser alcaldesa de Madrid gracias al PSOE pese a haber sido segunda fuerza en las urnas, se compromete a "poner en uso las viviendas vacías en manos de grandes bancos", pero no alude a ninguna cancelación de cuentas con aquellas entidades que lleven a cabo desalojos.

En cambio, el programa electoral de Barcelona en Común (agrupación conformada por Podemos, ICV-EUiA, Equo y Procés Constituent) sí recoge este punto. La lista de Ada Colu, que ha ganado en Barcelona y que también se convertirá en alcaldesa, señala que en materia de desahucios "el consistorio denunciará públicamente a las entidades financieras, fondos buitres y grandes propietarios que no se muestren favorables a la negociación y estudiará otras medidas de presión, como dejar de operar con las entidades bancarias en cuestión". Ada Colau ha sido conocida activista y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

"Ley de responsabilidad bancaria" en Andalucía

Podemos mantiene como requisito para permitir la investidura de Susana Díaz (PSOE) en Andalucía que la presidenta electa de la Junta acepte no firmar más contratos con bancos que desahucien. Esta propuesta no tendría carácter retroactivo y se articularía en torno a una "ley de responsabilidad bancaria" por la cual las entidades que colaboran con la Junta se comprometerían a no practicar desahucios sin una alternativa habitacional. El equipo de Teresa Rodríguez-Rubio, portavoz de Podemos en el Parlamento andaluz, rebajó a este nivel su propuesta inicial, consistente en romper con los bancos que practican desalojos, después de que el Gobierno andaluz encargara un informe jurídico a los letrados de la Junta, que calificaba de inviable tal exigencia.

Ese documento esgrimido por Díaz sostiene que la Administración autonómica y sus entes instrumentales "no pueden" excluir a las entidades financieras, ya que ello supondría "infringir" principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos.