Un informe del ex embajador de Chile en Caracas, Pedro Felipe Ramírez, revela que más de 450.000 venezolanos han solicitado la certificación de antecedenes al MRI para residencirse en la nación austral

El gobierno de Chile está en alerta ante el temor de que no menos de 500.000 venezolanos intenten residenciarse en el país austral, durante los próximos meses.

La situación obedece a un informe que presentó el ex embajador de Chile en Venezuela, Pedro Felipe Ramírez, al canciller Roberto Ampuero, según el cual cifras del Ministerio de Relaciones Interiores de Venezuela, conocidas extraoficialmente, indican que más de 450.000 ciudadanos han solicitado su certificación de no poseer antecendentes penales ante ese despacho, con la intención manifiesta de emigrar al país suramericano.

De acuerdo con reportaje publicado en el diario chileno La Tercera, después de los resultados de las cuestionadas elecciones del pasado 20 de mayo, la afluencia en el consulado chileno en Caracas se ha triplicado, con el fin de postular a la visa especial de «Responsabilidad Democrática».

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Hasta ahora, se han aprobado 3.896 visas, de un total de 27.910 peticiones procesadas; es decir solo 14% de las solicitudes han pasado la prueba. 3.244 visas se han rechazado por falta de antecedentes y otras 219 fueron negadas por no cumplir los requisitos mínimos.

De acuerdo con la información de La Tercera, en el palacio de La Moneda, sede del gobierno austral, se vigila «de cerca» la situación venezolana, porque la administración de Sebastián Piñera tiene como prioridad controlar y ordenar el flujo migratorio a la nación.

Cifras extraoficiales, conocidas en Caracas, apuntan que más de 10.000 médicos venezolanos han aplicado para trabajar en el sistema de salud chileno, tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas.

Además, las autoridades regionales de Santiago han estimado que más de 15.000 venezolanos están trabajando informalmente en la capital chileña y otras grandes ciudades. Después de los haitianos y Colombianos -que, incluso, han montado comunidades cerradas en algunas provincias chilenas-, la inmigración venezolana se ha convertido en otro gran problema.

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Esa podría ser la razón práctica que explica el endurecimiento de la posición chilena contra la administración de Nicolás Maduro, al extremo de solicitar que el informe de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre presuntas violaciones de Derechos Humanos en Venezuela sea llevado, sin más trámites, ante la Corte Penal Internacional.

Presiones políticas

Según el censo de 2010, Chile es un país con 17,1 millones de habitantes, con severas deficiencias estructurales en generación de energía y provisión de agua potable.

A pesar del crecimiento de la economía, el país austral presenta problemas con los servicios de salud y educación. Por ejemplo, en los hospitales públicos se utiliza un sistema de listas de espera para la atención de consultas electivas, que puede derivar en meses de espera, especialmente en las provincias del norte y sur extremos del país.

Ante estos problemas, el gobierno chileno, formado por una coalición de centro derecha denominada «Chile Vamos», prometió una política más restrictiva con la migración, pero carece de mayoría parlamentaria para imponerla.

De hecho, lo que queda de la coalición de partidos que apoyó a la ex presidenta Michelle Bachelet, que integra a los partidos Socialista, Comunista y Demócrata Cristiano, como fuerzas mayoritarias, exige menos restricciones al ingreso de venezolanos en el Congreso.

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Según la nota de La Tercera, Matías Walker, jefe parlamentario de la Democracia Cristiana, exigió al ministro de Exteriores, Roberto Ampuero, que simplificara urgentemente los requisitos para la obtención de visas, por parte de venezolanos.

En la misma línea se ubican los parlamentarios del llamado «Frente Amplio», una heterogénea coalición de agrupaciones de extrema izquierda, ecologistas y socialdemócratas que obtuvo una histórica votación en las elecciones parlamentarias de 2017, que se realizaron junto con la primera vuelta de las presidenciales.

La cuestión migratoria se ha convertido en uno de los dolores de cabeza para el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que ha mantenido una posición de solidaridad con el movimiento democrático venezolano, pero que debe lidiar con los sectores no expresamente xenófobos, pero sí más reticentes a la migración, dentro de su coalición de soporte.