Los grupos ecologistas denunciarán al Gobierno español ante la Unión Europea.

El Partido Popular se opuso el pasado jueves en el Senado a aprobar una enmienda presentada por la oposición (PSOE, IU y Entesa) para eliminar las trabas al acceso a la justicia en materia medioambiental.

Esta enmienda, que defiende el acceso a la justicia gratuita para las ONG ambientales –como garantes de la protección ambiental en los tribunales–, no sólo tenía por objeto cumplir con la directiva europea de acceso a la justicia, sino también eliminar las trabas que puso el propio PP con la Ley de tasas.

Según Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, “nos ha sorprendido el bloqueo por parte del Partido Popular en el Senado, ya que tanto el ministro Arias Cañete como la actual ministra se comprometieron a actuar y a reconocer este derecho de las ONG ambientales; el propio ministro Gallardón anunció la justicia gratuita en materia medioambiental en el Congreso, y así lo recogen las actas”.

Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, destacó que esta negativa del Partido Popular va “en contra de la legislación europea”; y Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra, anunció que “esta decisión del Partido Popular nos obliga a llevar este caso ante la UE”.

Por su parte, Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife, señaló que “en su momento aplaudimos la decisión de Gallardón de asegurar la justicia gratuita a las ONG ambientales, pero ahora comprobamos que, lamentablemente, el Gobierno incumplirá este importante compromiso. Esto nos desarmará en la defensa del bien común y en el del derecho de todos los españoles a un medio ambiente adecuado, recogido en el artículo 45 de nuestra Constitución”.

El acceso a la justicia en materia ambiental es un derecho consolidado desde la ratificación del Convenio de Aarhus por parte de España y de la Unión Europea que se ve vulnerado por la Ley de Tasas y la reforma de la Ley de jurisdicción contencioso administrativa.

Conviene recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya condenó a Reino Unido por ser la justicia en materia ambiental demasiado onerosa para los recurrentes y demasiado imprevisible.

Fuente:

Ecologistas en Acción