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El Ministerio del Interior ha vaciado este miércoles la cárcel de Archidona, que había reconvertido en un CIE provisional donde llegó a encerrar a casi 600 migrantes argelinos recién llegados en patera a las costas españolas el pasado noviembre.

Según informa El País , la mañana de este miércoles quedaban aún 67 personas internadas en este centro penitenciario que no llegó a estrenarse como cárcel. Estos migrantes habrían sido trasladados a otros centros de Madrid y Barcelona, de acuerdo con este diario, que cita a fuentes de Ministerio. El resto han sido o están siendo deportados a su país de origen y otros fueron llevados a centros de Algeciras y Tarifa los días previos.

El departamento de Juan Ignacio Zoido trata de dar así carpetazo a una medida plaga de irregularidades y opacidad que no ha dejado de generar polémica y críticas de la oposición y de numerosas ONG desde que se puso en marcha el pasado noviembre. Las deportaciones comenzaron a mediados de diciembre pero se han acelerado durante toda las últimas semanas, sobre todo después de que uno de los migrantes apareciera ahorcado con una sábana en una de las celdas el pasado 29 de diciembre.

La sombra de un suicidio

El suicido de Mohamed Bouderbala, de 36 años, es el más trágico de los incidentes que han tenido lugar en el penal en sólo dos meses de actividad. Fue archivado por el juez seis días después del hallazgo del cuerpo, sin esperar al informe definitivo de la autopsia y sin tomar declaración ni a los agentes de policía que lo encontraron muerto ni a los que lo dejaron en su celda ni a los compañeros del interno. Nadie entiende por qué una persona que se juega la vida en una travesía en patera acaba queriendo morir apenas un mes después de ser internado en Archidona, y mucho menos lo entiende la familia del fallecido.

Los abogados consideran que la muerte de Bouderbala no se investigó lo suficiente

El hermano de Bouderbala, a través de su abogada, ha recurrido el archivo de la causa. También lo ha hecho Andalucía Acoge, organización que se personó como acusación popular. Creen que la investigación ha sido precipitada e insuficiente y denuncian que se base tan sólo en un amplio atestado policial y en las grabaciones de las cámaras de seguridad. Por eso piden que se reabre la causa y se tome declaración en sede judicial a los agentes de policía, al médico forense que practicó la autopsia, a los servicios médicos del centro y, sobre todo, a los compañeros del fallecido.

Los letrados de ambas acusaciones insisten en que, aunque esté certificado que se trata de un suicidio, no exime de responsabilidades penales a quien custodia a los internos. La familia de Bouderbala y los abogados quieren saber por qué ningún agente se preocupó por el fallecido, que pasó 18 horas aislado en una celda individual. Exigen saber si el director del centro autorizó esa incomunicación y si se comunicó al juez de control del centro. Y, sobre todo, quieren que otros internos testifiquen sobre los incidentes que se registraron entre internos y agentes antes de que el fallecido fuera incomunicado. Una tarea que, en caso de reapertura, se complica con las deportaciones y traslados.

Piden que se investigue en el Congreso

Izquierda Unida también anunció que recurriría el archivo de la causa, pero la formación quiere ir más allá y pedirá una comisión de investigación en el Congreso para esclarecer y, en su caso, depurar responsabilidades políticas, no sólo por la muerte de un interno, sino por una abultada lista de irregularidades que comenzaron desde el minuto uno.

En primer lugar se criticó que cientos de personas fueran encarceladas en un centro sin agua potable, una de las razones por las que aún no se había estrenado como prisión. También se llevó ante el juez el propio uso de la cárcel para encerrar a inmigrantes indocumentados, ya que la Ley de Extranjería exige que, en caso de ser privados de libertad, ha de hacerse en centros de carácter no penitenciario.

Además, Interior encerró allí al menos a nueve menores de edad que actualmente están en centros de acogida bajo tutela de la Junta de Andalucía. Una circunstancia que se conoció pese a que Interior lo negó en repetidas ocasiones.

El internamiento de los más de 500 migrantes en Archidona también fue criticada por el Defensor del Pueblo, que realizó una visita sorpresa a la cárcel y enumeró una larga lista de carencias, desde el servicio médico hasta la ausencia de ropa limpia para los internos.

Prácticamente toda la oposición política ha solicitado la comparecencia de Zoido por esta medida que, directamente ha tachado de «ilegal». Sin embargo, las vacaciones de Navidad y la ausencia de plenos hasta febrero han permitido al ministro evitar responder a todos estos interrogantes.