Por los casi 75.000 juicios de jubilados con sentencia firme pendientes de pago, la ANSeS tiene una deuda de más de $ 105.000 millones. Y si se suman los juicios ingresados en las distintas instancias de la Justicia de la Seguridad Social –más de 200.000-, que se descuenta que en su mayoría serán confirmados por la Justicia, la cifra total – “pasivo eventual” – a valores de hoy, ronda los $ 420.000 millones. Unos 7.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial.

Este cálculo fue hecho por Miguel Fernández Pastor, ex directivo de la ANSeS, en relación a los juicios totales del sistema acumulados al final de la gestión de Mauricio Macri.

El año pasado, incluyendo las transacciones por Reparación Histórica, ANSeS canceló sentencias por unos $ 40.000 millones. Este año, con el Presupuesto de 2019 prorrogado, la partida asciende a $ 49.313,3 millones para "el pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa y aquellas deudas previsionales establecidas en los acuerdos transaccionales celebrados en el marco de la ley 27.260” (Reparación Histórica).

De ese total, para el mes de enero, ANSeS puso al pago 5.561 sentencias.

Se estima que todos los meses desde la Justicia ingresan a la ANSeS unas 5.000 sentencias firmes, según dijo Fernández Pastor.

De acuerdo a la ley previsional, las sentencias firmes deben ser canceladas dentro de los 120 días hábiles. Eso incluye el pago de la retroactividad desde dos años anteriores al inicio del juicio y el reajuste de los haberes corrientes.

La mayoría de los juicios son reclamos por “reajuste de haberes” y también se fueron agregando otros por el incumplimiento “en tiempo y forma” de los pagos de las sentencias firmes.

Es que, vencido el plazo de 120 hábiles, si la ANSeS no cumple con el pago de la sentencia, los jubilados “se ven forzados a solicitar a los juzgados intervinientes la ejecución de la sentencia presentando una liquidación y solicitud de embargo. Eso significa el cumplimiento forzado del pago”, le dijo a Clarín la abogada Silvia Arce. Y detalló: “Desde la solicitud de ejecución de sentencia y embargo hasta el efectivo cobro transcurren entre 12 y 18 meses -ese plazo varía según el juzgado interviniente- y en muchos casos vuelve el expediente a la Cámara extendiendo el plazo de cumplimiento. De manera tal que, cuando el jubilado cobra el monto de la liquidación aprobada, se encuentra desactualizada, por lo que se debe solicitar una nueva liquidación actualizada por los periodos ya devengados”.

Esa nueva liquidación, por el tiempo transcurrido entre el reclamo y el pago, lleva a que el monto del embargo quede nuevamente desactualizado y se reclame una nueva liquidación por el nuevo período devengado.

En consecuencia, por el atraso en el pago de una sentencia firme, el jubilado puede recibir varios pagos: el primero por el embargo y luego por los períodos devengados entre los siguientes pagos y las fechas de los reclamos.

Además, muchas veces, explica Arce, “si bien se acreditan las sumas embargadas en la cuenta de los jubilados, ANSeS no reajusta el haber corriente, lo que origina nuevos reclamos”.

Ahora con la suspensión de la fórmula de movilidad, y la decisión del Gobierno de otorgar los próximos aumentos por decreto achatando la pirámide previsional (mayores aumentos a los que menos cobran en detrimento de los haberes medios y altos), luego de la pérdida punta a punta del 20% que sufrieron todos los jubilados durante la gestión de Macri, se descuenta que habrá un nuevo incremento de la litigiosidad.

El fundamento es que se afectan derechos adquiridos (el aumento de marzo del 11,56% para todos los jubilados corresponde al periodo julio-septiembre de 2019) y porque la jurisprudencia de la Corte Suprema cuestiona el achatamiento de los haberes.

NE