CHILPANCINGO. Gro. (proceso.com.mx).- La investigación del caso Ayotzinapa determinó que previo a esta tragedia que marcó el sexenio pasado, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, la clase política perredista y autoridades de los tres niveles y el Ejército tenían conocimiento pleno de los nexos del exalcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez con el narco.

Incluso, el propio Abarca afirmó que Aguirre Rivero, así como el exdirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano y el exdiputado local perredista, Sebastián de la Rosa Peláez fueron los encargados de negociar y pactar su candidatura a la alcaldía de Iguala en 2012, revelan documentos oficiales.

Ello a pesar de que el exfiscal estatal, Iñaky Cabrera Blanco había presentado informes que vinculaban a Abarca con la organización delictiva Guerreros Unidos en las reuniones privadas del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), el órgano superior de Seguridad en la entidad que preside el gobernador en turno y conformado por autoridades de los tres niveles de gobierno, el Ejercito y la Marina.

No obstante, la información conocida por Ángel Aguirre en 2012, fue desestimada por el exmandatario, así como por autoridades y la dirigencia perredista, quienes no actuaron en su momento para prevenir y evitar la tragedia de Ayotzinapa registrada dos años después, indican declaraciones de los involucrados.

Estos reportes fueron publicados en el reciente informe del caso Ayotzinapa emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el apartado denominado Candidatura a la presidencia municipal de iguala en el periodo electoral anterior a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

A continuación se reproduce la historia documentada por la CNDH sobre la incursión en la política de José Luis Abarca Velázquez en 2011, la cual involucra a priistas como el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer y Héctor Vicario Castrejón, así como a perredistas, entre ellos el exmandatario Ángel Aguirre Rivero por ser de interés publico ante la nueva jornada de protesta de padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

La candidatura

Entrevistado por visitadores adjuntos de la CNDH, en el penal federal donde actualmente se encuentra recluido, José Luis Abarca expresó textual:

“Yo nunca me dediqué a la política, ya que yo siempre me he dedicado al comercio”, dijo tras recordar que desde 1993 comenzó a vender joyería y posteriormente se desempeñó como administrador del Centro Joyero de Iguala durante cinco años, refiere el informe oficial.

Fue en 2011 cuando el exdiputado local perredista Sebastián de la Rosa Peláez, lo invitó a contender por la alcaldía de Iguala por el PRD, argumentando que el resultado de una encuesta lo colocaba con buena aceptación, aseguró Abarca.

Luego, comenzó a recorrer colonias de Iguala “para darse a conocer sin afiliarse” al PRD y fue contactado por el exdiputado local priista, Héctor Vicario Castrejón, quien lo invitó a participar en la elección de 2012 bajo las siglas del tricolor, afirmó Abarca.

Narró que junto a Vicario Castrejón, un personaje al que dijo que conoce porque es “político de toda su vida”, viajaron a la Ciudad de México donde se reunió con el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, quien formalizó la invitación y le dijo que en el PRI, “lo veían políticamente bien posicionado”.

En respuesta, Abarca dijo que rechazó la propuesta de Figueroa, argumentando que “ya le había dado su palabra” a Sebastián de la Rosa para ser el candidato del PRD.

Luego del encuentro con Figueroa, dijo que la dirigencia perredista organizó el procedimiento interno para seleccionar a sus candidatos a presidentes municipales y diputaciones locales del proceso electoral intermedio de 2012 y que de acuerdo a los testimonios de los involucrados se caracterizó por la negociación política.

Las acusaciones

Abarca dijo que junto a él se registraron Oscar Díaz Bello, Justino Carbajal Salgado, Antonio Jaimes Herrera, Soledad Mastache Hernández, Mario Castrejón Mota y Arturo Hernández Cardona para buscar la candidatura a la alcaldía de Iguala por el PRD.

No obstante, los seis contendientes expresaron su molestia porque la encuesta presentada por la dirigencia perredista benefició a Abarca y Oscar Díaz protagonizó una confrontación directa contra José Luis Abarca, a quién acusó de estar vinculados a organizaciones delictivas y lavar dinero al narco, refiere el informe de la CNDH.

El documento oficial indica que Oscar Díaz Bello, quien en los hechos había salido ganador en la encuesta interna, le entregó al expresidente nacional del PRD, Jesús Zambrano copias de una averiguación previa iniciada por el presunto delito de “lavado de dinero” en contra de Abarca y por su relación familiar con Mario y Alberto Pineda Villa, hermanos de su esposa María de los Ángeles Pineda y operadores del extinto capo Arturo Beltrán Leyva.

“El 12 de mayo de 2012, Oscar Díaz Bello entregó a Andrés Manuel López Obrador, en ese momento candidato a presidente de la República postulado por la coalición PRD-PT y MC, un documento en el cual, según refirió el mismo Díaz Bello ante dicha Comisión, se incluían reportes periodísticos sobre los hermanos de María de los Ángeles Pineda Villa, en los que se les ligaba al crimen organizado”, indica el Informe Especial del PRD denominado “Contribuciones al estudio y combate del fenómeno de la captura del Estado por parte de bandas de la delincuencia organizada, a la luz de la tragedia de Iguala”, publicado el 6 de mayo de 2015.

Ante la actitud de Oscar Díaz Bello, el gobernador en ese momento, Ángel Aguirre Rivero y el exdiputado local perredista Sebastián de la Rosa Peláez intervinieron directamente en el proceso interno para negociar espacios y dejar firme la candidatura de Abarca.

Al respecto, Abarca declaró ante la CNDH que Aguirre, Sebastián de la Rosa y “posiblemente” Jesús Zambrano “platicaron con Oscar Díaz Bello y le hicieron ver” que aceptara una diputación local con la promesa que sería el candidato a la alcaldía en el trienio siguiente, es decir en 2015 como sucedió en los hechos pero perdió ante el abanderado del PRI.

También, dijo que derivado de un acuerdo entre partidos políticos a nivel estatal, los dirigentes del PT y Movimiento Ciudadano decidieron respaldar la candidatura de Abarca.

La negociación

Mientras Oscar Díaz aceptó la diputación local, el resto de los aspirantes a la alcaldía decidieron intercambiar su inconformidad por espacios en la administración de Abarca.

Por ejemplo, Justino Carbajal, sobrino del actual senador por Morena, Félix Salgado macedonio y ejecutado durante la administración de Abarca, aceptó la sindicatura.

A Soledad Mastache le dieron una regiduría; Mario Castrejón Mota ocupó la segunda sindicatura y Arturo Hernández Cardona, quien también fue ejecutado, colocó a su esposa en una regiduría todos en el ayuntamiento de Iguala

Mientras Antonio Jaimes Herrera decidió abandonar el PRD y el Partido Verde lo postuló como su candidato en ese entonces pero perdió frente a Abarca, indica el informe oficial.

Actualmente, seis años después, Jaimes Herrera llegó por segunda ocasión a la presidencia municipal de Iguala, ahora postulado por Morena.

Sobre este tema, la CNDH concluyó que José Luis Abarca fue designado candidato del PRD a la presidencia municipal de Iguala el 2 de julio de 2012, ganó la elección con 21 mil 546 votos y tomó posesión del cargo el 30 de septiembre, dos años antes de la tragedia de Iguala.

Ello a pesar de que antes de incursionar en la política, Abarca se había dedicado a la actividad comercial sin acreditar el origen lícito de sus recursos económicos.

No presentó un proyecto político como exigía la convocatoria del PRD, los resultados de la encuesta internas no le favorecieron y fue señalado directamente por sus nexos con la delincuencia.

Esta situación desató graves consecuencias para la sociedad por el hecho de permitir que personajes guiados por intereses ajenos al servicio público, utilicen los institutos políticos para acceder a posiciones de poder y poner al servicio de la delincuencia estructuras institucionales clave, “sin importar que se lesionen o pongan en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos y sin medir su impacto pernicioso, tal como aconteció en Iguala”, remata la CNDH.