Política

Beatriz Argimón y Azucena Arbeleche dieron una conferencia de prensa en el marco del Día Internacional de la Mujer en la que anunciaron diversas medidas.

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La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, aseguró este lunes que será una prioridad de su gobierno combatir la violencia de género y por este motivo anunció que habrá una partida de 4 millones de dólares para comprar tobilleras electrónicas.

Así lo anunció en una conferencia de prensa en el marco del Día Internacional de la Mujer en la que fue acompañada por la vicepresidenta, Beatriz Argimón, en la que también se señalaron otras medidas a aplicar por el nuevo gobierno.

Este anuncio va en concordancia con el estado de emergencia nacional por violencia de género declarado por Tabaré Vázquez en diciembre de 2019, cuando, entre otras medidas, anunció la ampliación del programa de tobilleras electrónicas mediante la adquisición de 200 unidades más, lo que incrementa el stock a 1.200 tobilleras para todo el país.

El nuevo gobierno, en voz de Arbeleche, anunció que durante 2020 se intentará comprar un 50 % más de tobilleras y llegar a 1.500 dispositivos al finalizar el año.

"Nos escucharon hablar en forma reiterada de la necesidad de tener más pulseras electrónicas para las víctimas, ya que había lista de espera. Se han ido comprando, pero siempre resultaron insuficientes. Para nosotros esta es la única herramienta que hasta ahora ha funcionando en términos de prevención", señaló Argimón.

Más temprano, en el Centro de Formación de la Cooperación Española, en un evento que también contó con la participación de Argimón, las Naciones Unidas, Fiscalía General de la Nación y el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay presentaron dos guías para jueces y fiscales con el objetivo de tener una Justicia con perspectiva de género y así romper con los estereotipos que provocan la "violencia institucional".

En dicha conferencia, Argimón consideró fundamentales estas guías ya que la mujer más vulnerable tiene que poder recurrir a la Justicia y tener las garantías necesarias de que se defenderán sus derechos.

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