El proyecto de blanqueo de capitales y pago a jubilados comenzará a discutirse en el Senado. Archivo

Impulsado por una abrumadora mayoría en su paso por la Cámara baja y con el acuerdo de buena parte del bloque de senadores del Frente para la Victoria (FPV), que participó de las modificaciones que se le realizaron a la iniciativa, el proyecto de blanqueo de capitales y de pago de deudas previsionales comenzará a ser discutido hoy en el Senado en un plenario de cuatro comisiones.

La cita es a las 17 y se espera la presencia de funcionarios de la Jefatura de Gabinete, que conduce Marcos Peña; del área económica, y de los directores de la AFIP, Alberto Abad, y de la Anses, Emilio Basavilbaso, para brindar detalles sobre el texto, bautizado por la Casa Rosada con el pomposo tÍtulo de proyecto de ley de reparación histórica para jubilados y pensionados.

Todo indica que el debate concluirá mañana con la firma del dictamen luego de concluidas las exposiciones de especialistas invitados por los senadores. Esto dejaría el proyecto en condiciones de ser tratado en el recinto de la Cámara alta el 29 del actual.

Elaborado como una "ley ómnibus", en el texto conviven el cumplimiento de demoradas reivindicaciones previsionales (como el pago de las sentencias por reajuste de haberes que la Nación siempre demora) y un polémico nuevo blanqueo de capitales, aunque con algunas diferencias respecto de los aprobados por el kirchnerismo, y la exención del aguinaldo del pago del impuesto a la ganancias.

Producto de las negociaciones con las provincias gobernadas por el PJ, que le permitieron al Poder Ejecutivo sancionar la ley de pago a los holdouts y aprobar los pliegos de los jueces de la Corte Suprema, al proyecto se le incluyeron en la Cámara baja varias cláusulas que reivindican esos acuerdos, como la devolución en cuotas del 15% de la coparticipación federal que la Nación les retenía a las provincias para financiar a la Anses.

Por eso se espera que el proyecto pase el filtro del Senado sin mayores inconvenientes, ya que el jefe de la bancada del FPV, Miguel Pichetto (Río Negro), tuvo activa participación en las modificaciones que sufrió la iniciativa mientras se discutió en Diputados. Fue un trabajo en tándem con Sergio Massa en el que el rionegrino se convirtió en polea de transmisión de los pedidos de los gobernadores del PJ y que fueron aceptados por la coalición oficialista Cambiemos (Pro-UCR).

Se espera una tenue resistencia numérica, que no impediría la sanción del proyecto, encabezada por el sector kirchnerista del FPV, que impugnará la iniciativa porque abre la posibilidad de liquidar las acciones en empresas privadas que están en manos del Estado y que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que administra la Anses.

La única duda será saber a cuánto quedará reducido ese sector de la principal bancada de oposición de la Cámara alta después del duro golpe que significó para los seguidores de Cristina Kirchner la irrupción en la escena política nacional de la detención de José López, el ex número dos de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación.

También se espera el rechazo de Fernando Solanas (Proyecto Sur), acérrimo crítico de los blanqueos impulsados por las administraciones kirchneristas.

El debate será encabezado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Juan Manuel Abal Medina (FPV-Buenos Aires), y también contará con la participación de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Coparticipación Federal de Impuestos y de Economía Nacional e Inversión.

Llama la atención la cantidad de comisiones a la que fue girado el proyecto, sobre todo cuando esa llave la maneja el oficialismo. Se trata de una variable que podría jugarle en contra al apuro de la Casa Rosada ya que demandará la presencia de muchos senadores para conseguir el quórum y firmar el dictamen.

Además del pago de las sentencias, el proyecto prevé la actualización de haberes jubilatorios y crea la pensión a la vejez para mayores de 65 años. En cuanto al blanqueo, y tras estallar el martes último el caso López, se excluyó de sus beneficios a familiares directos de los funcionarios públicos e integrantes del Parlasur.