Por lo menos desde 2004 la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha insistido en el mejoramiento de las condiciones en las cárceles municipales.

24-10-2017 17:41 Por : Arena Pública

La pena que se paga en una cárcel municipal va más allá de la privación de la libertad.

De entre todos los tipos de reclusorio en los que un ciudadano podría pagar una pena en México: federal, militar, estatal, los municipales son los peores.

Así lo reveló el diagnóstico elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) correspondiente a 2016 pero publicado en junio de 2017.

Las cárceles municipales obtuvieron una calificación de 3.9 puntos de 10 posibles al promediar cinco indicadores de bienestar para los reclusos: integridad del interno, estancia digna, gobernabilidad, reinserción y atención a grupos con requerimientos específicos.

La comisión midió el cumplimiento de cada uno de estos indicadores con un semáforo, en el caso de las cárceles municipales prevaleció el foco rojo para los cinco.

En contraste, los reclusorios mejor calificados fueron las prisiones militares con un 8, seguidas de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) con 7.2.

Las cárceles municipales ganaron su calificación a pulso: no tienen las instalaciones necesarias para su funcionamiento o bien son insuficientes, tampoco cuentan con suficientes actividades laborales y de capacitación para el trabajo.

Sus espacios se caracterizan por tener deficientes condiciones de higiene, no separan a quienes están en proceso de recibir sentencia de quienes ya lo hicieron.

Además, no existen manuales que regulen como debería procederse en caso de ingreso de un recluso, traslado, motín, uso de la fuerza, visitas familiares, visita íntima, entre otras actividades.

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Estas características prevalecen en 90% de las cárceles municipales que se tomaron como muestra para el diagnóstico de la CNDH, es decir, en 38 de 42 las personas en reclusión viven en ocio, instalaciones sucias, reducidas y en desorden respecto de actividades básicas, pues no hay una forma clara de llevar cada proceso.

Las cárceles municipales de Nayarit son las que guardan las peores condiciones para sus reclusos, con una calificación promedio de 1.4 puntos sobre 10.

En el municipio de San Blas es donde los reclusos viven en las condiciones más indignas a nivel nacional. La cárcel registra una sobrepoblación que vive en hacinamiento, no hay siquiera separación entre hombres y mujeres, hay actividades ilícitas, cobros y extorsiones, entre muchas otras deficiencias.

Cárcel municipal en Bahía de Banderas Nayarit, una de las peores a nivel nacional.

Actualmente hay 91 cárceles municipales identificadas en operación con una población de 4 mil 027 internos, 94% hombres y el resto mujeres.

La reclusión de personas sentenciadas o sujetas de algún proceso judicial en cárceles municipales es irregular, ya que esos espacios fueron concebidos únicamente para retener a infractores de reglamentos gubernativos, es decir, aquellos que podrían salir en libertad pagando una multa, no para quienes deben sufrir la pena de prisión, así lo establece el artículo 21 y 115 de la Constitución.

Además, el artículo 18 no prevé que los ayuntamientos sean responsables del sistema penitenciario por lo tanto, son los gobiernos estatales los que deben hacerse cargo de la prisión preventiva y la readaptación social de estas personas, asegura la CNDH.

Municipios desoyen a CNDH, desde hace 13 años

Por el trato indigno que se da a los reclusos en las cárceles municipales la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación general a las autoridades municipales y estatales para que, en conjunto, gestionaran recursos para trasladar a los reclusos a centros estatales.

O bien, para que las cárceles municipales se adecuaran y convirtieran en estatales, esto fue en septiembre de 2016. A poco más de un año solo San Luis Potosí y Tabasco acataron la recomendación.

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Hace tan solo un mes el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la misma comisión emitió una recomendación a Roberto Sandoval, gobernador de Nayarit, para que mejorara las instalaciones, alimentación y erradicara el autogobierno en las 18 cárceles municipales que existen.

La recomendación aclaró que “los municipios no están facultados para realizar tareas del sistema penitenciario”.

En la cárcel de Tizayuca se realizan actividades ilícitas de acuerdo con la CNDH.

Las recomendaciones no son nuevas, por lo menos desde 2004 la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha puesto el dedo en el renglón e insistido en el tema.

“En más de la tercera parte de las entidades federativas existen establecimientos que albergan internos procesados y sentenciados […] y que generalmente no tienen instalaciones constitucionalmente adecuadas para garantizar la seguridad y llevar a cabo las actividades propias de un centro de reclusión”, mencionaba aquel informe de hace 13 años.

MÁS INFORMACIÓN: Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, CNDH, México.

MÁS INFORMACIÓN: Recomendación M- 3/2017 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) al gobernador del estado de Nayarit, CNDH, 8 de septiembre de 2017.

MÁS INFORMACIÓN: Recomendación general número 28 sobre la reclusión irregular en las cárceles municipales y distritales de la República Mexicana, CNDH, 13 de septiembre de 2016.