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#BurbujaAlquiler #EspeculacionAlquiler

Dos noticias nos llaman especialmente la atención en estos días, por si solas dicen bastante, pero si las juntamos tendremos una visión más completa de la que se nos viene encima…

Por un lado, el FMI advierte del aumento del precio de las viviendas, sobre todo en las grandes ciudades debido a un aumento de demanda y a la falta de oferta inmobiliaria, que se saca intencionadamente al mercado. También en cierta medida influyen los bajos tipos de interés.

La crisis inmobiliaria de la década del 2000 fue debida al exceso de crédito inmobiliario a los particulares, la nueva burbuja (no solo en España) está motivada por los negocios de los grandes grupos de inversores internacionales que, atraídos por el bajo tipo de interés, la opacidad de sus empresas y el poco control de los gobiernos sobre el blanqueo de dinero de los capitales llegados desde el extranjero (muchos de muy dudosos orígenes) que hacen de este un país al que todos le quieren “hincar el diente”. Los beneficios que prevén son enormes y a muy corto plazo, ¿qué más se puede pedir?

En ciudades grandes como Madrid el precio de la vivienda aumentó un 7,8% sólo en el último trimestre, por encima incluso del 6,6% de Barcelona. Sumemos a esto que hay viviendas sin vender, pero en zonas con poca demanda: ahí si bajan los precios, pero como hemos dichos en zonas concretas, escasas y de bajo interés útil.

La segunda noticia que nos inquieta aún más si cabe es el aumento del 8% de los desahucios por impago del alquiler.

Da la casualidad que, en la mayoría de los casos, son comunes las siguientes situaciones:

Vivienda social vendida a fondos “buitre” o de inversión a un precio inferior a mercado donde viven familias desde antes de la venta, la inmensa mayoría por ser adjudicatarias de vivienda social en su momento están en una circunstancias precarias y favorables a la exclusión social.

Alquiler social con contratos renovables a los tres o cinco años, que ahora son del fondo. En este caso hay que tener también en cuenta aquellas daciones en pago con alquiler social que miles de familias firmaron ya hace unos años, y que se acercan a su finalización de contrato.

Subida de precio, de un 30%, como mínimo y en muchos casos subidas aún mayores, cuando finaliza el contrato y pasas a renovar uno nuevo con el fondo de inversión o la entidad bancaria, en los casos en los que estos desean renovar dicho contrato de alquiler a las familias.

Imposibilidad de las familias con problemas de precariedad laboral, menores a su cargo y en riesgo de exclusión social de encontrar una nueva vivienda: ya sea en el mercado libre o vivienda pública. Estos perfiles de familia son los más comunes que se encuentran en las viviendas públicas vendidas a los fondos buitres o en las daciones en pago con alquiler social ya mencionadas, aunque inquietantemente detectamos que este perfil de pobreza se está extendiendo también a familias inquilinas en pisos de particulares e inmobiliarias, que anteriormente no lo sufrían.

Incoación del proceso de desahucio por impago de alquileres a los tres meses de dejar de pagar el alquiler o por fin de contrato en los casos que la entidad no da opción a renovar el contrato de alquiler. Se están efectuando a día de hoy desahucios por deber solo cuatro meses, con menores e incluso bebés abocados a vivir en la calle.

Fuera de estos casos también nos afecta la “gentrificación de las ciudades” con el aumento del número de propietarios (de uno u otro tipo) que quieren rentabilizar al máximo su inversión/propiedad, dejando fuera del centro a ciudadanos que, en bastantes ocasiones, siempre han residido allí y que no pueden pagar los nuevos precios al alza de los alquileres-.

Unos datos a tener en cuenta:

El 65,1% de los desahucios por impago de alquileres se han producido por y gracias a la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). En total 7.517 en los últimos 15 meses.

Lo que sí ha bajado es el número de desahucios hipotecarios, que si bien siguen ocurriendo: 4.030. Esto debido a que diversas cláusulas abusivas se están valorando en el TJUE, como la de vencimiento anticipado, y algunas Audiencias Regionales/Provinciales, porque no todas, han tomado la decisión de no emitir desahucios hipotecarios mientras tanto.

¿Cuántas personas son 11.547 familias en la calle? Puede que unas 50.000 personas, o más. Y solo en los últimos meses, sin disponer ni contar actualmente de los datos de desahucios de familias por okupación y por fin de contrato de alquiler.

¿Hasta cuándo nuestros gobernantes van a seguir ignorado esta realidad? ¿Cuándo se van a dar las condiciones de vivienda digna que nos garantiza la constitución? Más aún cuando no se para de vender el ya mermado parque público de vivienda social, que podría ser una alternativa a esta sangría social y a esta nueva burbuja del alquiler.

PAH LEGANÉS

Plataforma de Afectad@s por la Hipoteca de Leganés

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