Durante el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos 21 países demandaron del Ejecutivo restaurar la independencia judicial y permitir a los organismos internacionales visitar el país para constatar la situación de las garantías fundamentales.

Ginebra/Suiza. El proceso de desmantelamiento que ha sufrido la Asamblea Nacional (AN), gracias a las más de 30 sentencias que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dictado en los últimos años contra ella, no ha pasado por alto en el mundo, pues varios países le pidieron al Gobierno que “restaure las facultades del Parlamento electo” y que le permita ejercer sus facultades constitucionales.

La demanda la formuló este martes el representante de Francia ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante el II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos (EPU) al que Venezuela se sometió.

Al reclamo galo se sumaron Estados Unidos y Suiza, cuyos voceros instaron a las autoridades a “respetar” a la AN.

La respuesta de las autoridades no se hizo esperar. Así el procurador encargado, Reinaldo Muñoz, acusó al Parlamento de poner “en peligro la vida de la Nación” al desconocer “la institucionalidad democrática” y, por ello, aseveró que al presidente Nicolás Maduro no le quedó más remedio que dictar los distintos decretos de estado de excepción.

“La situación económica que atraviesa Venezuela se ve agravada por el desconocimiento de la institucionalidad democrática por parte de la AN (…) ante esta circunstancia, el Gobierno adoptó medidas extraordinarias en el orden económico [el estado de emergencia económica]”, dijo al tiempo que agregó: “Venezuela no ha hecho uso del estado de excepción para derogar derechos internacionalmente protegidos, sino por el contrario para garantizar el cumplimiento de su acceso”.

La ministra de la Mujer, Blanca Eeckhout, cuestionó por su parte a los diputados, al aseverar que “en el marco del acoso internacional contra nuestra patria, incluido el sabotaje económico, las principales afectadas son las mujeres. Factores políticos antidemocráticos han promovido un discurso de odio y criminalización contra las mujeres que están al frente de los poderes públicos y liderezas del movimiento popular”.

Al banquillo

Como en 2011, las dudas sobre la imparcialidad y autonomía del sistema judicial estuvieron a la orden del día. 21 países abogaron porque en Venezuela haya jueces y fiscales imparciales, es decir, que en su designación o remoción el factor político se reduzca al mínimo.

La magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carmen Zuleta de Merchán, apeló a la Constitución para decir que ella prevé un Poder Judicial “autónomo e independiente” y tras explicar cómo es el proceso de designación de los magistrados reconoció que en la actualidad solamente 34 % de los jueces ingresaron por los concursos que establece la Carta Magna y, por tanto, gozan de estabilidad y no pueden ser removidos de un momento a otro como el restante 66 %.

“En el viejo régimen solamente 3 % de los jueces eran titulares”, apuntó, sin explicar por qué desde 2006 no se ha celebrado un solo concurso para otorgar el cargo de los jueces.

En contraposición, la vice fiscal Alis Boscán informó al Consejo que el compromiso asumido hace un lustro por su superiora, Luisa Ortega Díaz, de iniciar el proceso para regularizar la situación de los fiscales se viene cumpliendo.

En abril de 2002, la jefa del Ministerio Público afirmó: “Para que haya independencia en los órganos del sistema de justicia es necesario que llamemos a esos concursos para darle estabilidad a los fiscales”.

Foto referencial: Miguel González