Un descuido y la falta de contexto con la que algunos jueces del sistema penal analizan algunos de los casos que les toca dirimir, amenazan a una psicóloga tapatía con pasar hasta 25 años en prisión acusada por delitos contra la salud en su modalidad de transporte.

Laura Carranza Leal, de 58 años, es una doctora en Educación que cuenta con más de dos décadas de experiencia en trabajo con niños con problemas de aprendizaje y que actualmente forma parte del programa Caracol de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), cuyo objetivo es lograr la integración de menores con sordera en escuelas regulares.

Su madre, de nombre Blanca y de 79 años, fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide y desde hace alrededor de 50 años mantiene de forma ininterrumpida un tratamiento psiquiátrico a base de medicamentos controlados.

En 2014, debido a un periodo de crisis de su enfermedad, Laura tuvo viviendo a su mamá en su casa, ubicada en esta ciudad por un periodo de 10 meses. Tras una mejoría, Blanca regresó a lo ciudad texana de Bownsville, donde vive con otra de sus hijas; sin embargo, dejó en Guadalajara parte de sus medicamentos.

Con el fin de hacerlos llegar a su familia, el 16 de enero de 2016 Laura envió un paquete con destino a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, mismo que contenía un frasco de clonazepam gotas de 2.5 mililitros y una caja de 30 tabletas de clonazepam de 2 miligramos, cantidades que cubrirían por menos de un mes las necesidades de la paciente. Laura olvidó incluir en éste las recetas médicas que respaldan la adquisición del medicamento controlado.

Calvario jurídico

El envío, que en el mercado negro tendría un valor aproximado de mil pesos, fue asegurado por autoridades federales y, a partir de ahí, comenzó una travesía legal que, por alrededor de un año, ha robado la tranquilidad de Laura y su familia, además de provocarle afectaciones económicas y laborales.

Mediante sus defensores, Laura presentó ante la Agencia Décimo Primera del Ministerio Público documentos certificados por especialistas que acreditaban la condición médica de su madre, su historial médico y hasta un encefalograma, además de las recetas médicas correspondientes al envío.

El agente del ministerio público Rodrigo Toriz Sangeado consideró insuficiente las pruebas y, en consecuencia, en octubre pasado el juez penal Edgar Israel Flores del Toro dictó una orden de aprehensión en contra de Laura.

Dado que los delitos contra la salud, en este caso bajo la modalidad de transporte, implicarían que la acusada enfrentara su juicio en prisión, los defensores de Laura interpusieron una serie de amparos.

Tras varios pasos en el proceso jurídico, actualmente los magistrados de circuito Adalberto Maldonado Trenado, José Alfredo Gutiérrez Barca y Mario A. Flores García tienen en sus manos la resolución de una inconformidad por una segunda orden de aprehensión que el juez Flores del Toro dictó en junio pasado en contra de la afectada.

Ante la situación, Laura lamenta que el contexto de su caso no haya sido tomado en cuenta por los juzgadores y el proceso se haya llevado partiendo del supuesto de culpabilidad, sin considerar la presunción de inocencia.

“Puedo aceptar que cometí un error al mandar el medicamento sin la receta correspondiente, pero cuando uno tiene 50 años de sufrir la esquizofrenia de una madre, uno le da prioridad a que ella tenga a la mano los medicamentos adquiridos para que mantenga su equilibrio mental, y no pasa por la imaginación en ese momento que un envío con esa cantidad de pastillas y con esa intención va a ser interpretado por las autoridades como un hecho delictivo grave que acarreará una persecución por policías judiciales y jueces federales (...) En la lógica de las autoridades yo me jugué la posibilidad de años de cárcel para traficar psicotrópicos pretendiendo que mi hermana y yo ganáramos poco más de mil pesos”, lamenta la acusada.

No la escuchan

De igual forma, expone que aunque ha habido intentos de que sus familiares se pongan en contacto directo con los jueces para explicar la situación, esto se les ha negado, además de que algunos funcionarios han desestimado el envío de alrededor de 40 cartas de académicos, funcionarios públicos y activistas de México, España y Colombia que han solicitado una revisión del caso.

“Atrapada en el engranaje casi surrealista en el que estoy, no me han dado la posibilidad de defenderme directamente sin llevarme a prisión, todo ha tenido que ser a través de abogados y documentos en los que ni siquiera aparece mi situación personal, sólo artículos e incisos llenos de lenguaje inentendible (...) ¿quién me garantiza de que el juicio no durará meses o años, mientras yo sigo en la cárcel, o que me exijan una cantidad de dinero que no tengo para exculparme o que en un mal día un juez no vea nada más que el envío de 30 pastillas con una sustancia controlada y decida que, sin importar el contexto, eso amerita encerrarme entre 7 y 25 años?”, concluye Laura.

El paquete

En enero de 2016, Laura envió a su madre, quien padece esquizofrenia paranoide, un paquete que contenía un frasco de clonazepam gotas de 2.5 mililitros y una caja de 30 tabletas de clonazepam de 2 miligramos. Al mandarlo sin receta, es perseguida desde entonces por las autoridades

“Atrapada en el engranaje casi surrealista en el que estoy, no me han dado la posibilidad de defenderme directamente sin llevarme a prisión”

Laura Carranza Leal, doctora en Educación

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