Durante el año 2016, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México fue víctima de un presunto fraude, cometido por dos empresas que habían sido contratadas por separado, para dar dos servicios distintos de mantenimiento a equipos de alertamiento sísmico de la institución.

Ambas empresas se confabularon para hacer el trabajo una sola vez, y cobrarlo por duplicado, tal como deja ver la documentación oficial sobre este caso.

Las dos empresas que realizaron esta presunta operación fraudulenta son, tal como consta en registros gubernamentales, las mismas a las que las autoridades mexicanas contrataron para el desarrollo del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano: la asociación civil “sin fines de lucro” denominada Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), y la firma privada MDreieck SA de CV.

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Tal como informó Israel Soberanis Nogueda, titular de la Oficialía Mayor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por este presunto fraude, cometido a lo largo de 2016 con la participación de funcionarios del mismo organismo, la Contraloría Interna del Tribunal inició una investigación administrativa desde la primera semana de septiembre de 2017, luego de que Animal Político los puso en conocimiento sobre este caso.

“Tomando en consideración estos elementos que se le presentan al Tribunal, se ha dado cuenta de esta situación a la Contraloría Interna, que es el área administrativa responsable de hacer la investigación, de valorar los hechos y, en consecuencia, actuar”, informó en entrevista Soberanis Nogueda.

El esquema con el que operaron estas empresas, y los funcionarios participantes, fue en realidad sencillo: primero se firmaron por separado dos contratos de mantenimiento con estas empresas, y luego, a lo largo de 2016, en cada inmueble del Tribunal se presentó un técnico, que realizó una sola vez el mantenimiento. El truco está en que, al final de cada visita a un inmueble del Tribunal, este técnico entregó dos comprobantes de labores: uno presentándose como representante de CIRES, y luego otro presentándose como empleado de MDreieck.

De esta forma, con la anuencia de distintos funcionarios del organismo, se simuló administrativamente que ambas empresas habían dado los dos servicios pagados por el Tribunal, aunque, en realidad, sólo se dio una vez.

A finales de 2016, CIRES y MDreieck se vieron obligadas (porque así lo establecían sus contratos) a entregar un informe final de las labores que realizó cada una.

Aunque estos informes se presentaron en hojas membretadas con logotipos distintos, ambos incluyen los mismos reportes de servicios.

Peor aún: tanto el informe de CIRES como el de MDreieck incluyen un álbum fotográfico de las labores que supuestamente realizó cada empresa. En ambos casos, las fotos son mismas.

Según la documentación oficial obtenida por Animal Político, esta operación se realizó al menos 32 veces a lo largo de 2016, para simular la realización de 64 servicios de mantenimiento en instalaciones del Tribunal.

Ojos cerrados

En entrevista, el Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México aseguró que, aún cuando ya hay una investigación en marcha por este presunto fraude, “yo podría decir que esta situación tiene explicaciones”.

En primera, señaló, aunque ambas empresas fueron contratadas para dar mantenimiento a equipos de alerta sísmica, a cada una se le requirieron servicios diferentes: a CIRES le tocaba revisar la operación de los aparatos receptores de la señal de alerta, y a MDreieck verificar que las bocinas repartidas en los distintos edificios del organismo funcionaran.

“Entonces, hablamos de dos servicios totalmente diferentes. Se recibió el servicio de mantenimiento de ambas empresas, y funciona el sistema (de alerta sísmica)”, insistió el funcionario.

La documentación oficial relacionada con ambos contratos, sin embargo, desmiente al oficial Mayor.

El 14 de mayo de 2016, por ejemplo, la técnica Rachel Lira Estrada se presentó al “Edificio Fernando de Alva” del Tribunal Superior de Justicia, para realizar labores de mantenimiento.

En el informe del CIRES, se señala que esta empleada realizó “limpieza del equipo del sistema de alerta sísmica: gabinete, equipo aplificador y nobreack. Se desplegó música para verificar el funcionamiento de las trompetas”.

Luego, el informe del MDreieck señala que, el mismo día, la misma persona realizó “mantenimiento preventivo al equipo receptor programado pro contrato, se toman lecturas de voltaje, los cuales son correctos, se lee memoria electrónica y no se encuentra pérdida de mensajes, se piden tonos de prueba y todo funciona correctamente. Se realizan pruebas de audio con el sonido oficial de Alerta Sísmica, se deja operando el equipo”.

Ese 14 de mayo de 2016, la técnica Rachel Lira Estrada firmó dos comprobantes de servicio: uno a nombre de CIRES y otro a nombre MDreieck.

Y esto se repitió otras 31 ocasiones.

–Si se afirma que dos empresas distintas realizaron dos labores distintas, ¿por qué los informes de estas empresas reportan las mismas acciones, los mismos días, llevadas a cabo por el mismo técnico, y lo ilustran con las mismas fotos? –se preguntó al oficial Mayor del Tribunal.

–No me corresponde darle una explicación respecto del técnico, lo que realiza o lo que no realiza. No voy a calificar (el hecho) –respondió Soberanis Nogueda–. Técnicamente, yo no le puedo decir si en esa fotografía… debe haber una conexión. Y ya me está llevando a hacer justificaciones que no debo.

La determinación acerca de si éste es un fraude o no, subrayó, está en manos de la Contraloría Interna del Tribunal.

No obstante, concluyó, “se ha recibido el servicio a satisfacción, toda vez que los equipos funcionan”.

Cabe destacar que, para ocultar la información relacionada con este presunto fraude, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México intentó diversas estrategias: primero negó la existencia del expediente, luego dijo que se trataba de un expediente de 12 mil hojas por el cual había que pagar 6 mil pesos.

Semanas después, aceptó que las 12 mil hojas fueran consultadas directamente por Animal Político, sin que hubiera necesidad de pagar su reproducción pero, llegado el momento, el Tribunal exhibió un expediente de 12 mil hojas no relacionado con este caso.

Finalmente, luego de cuatro meses de pretextos, el Tribunal se vio obligado a proporcionar el expediente verdadero, que consistente en 300 hojas.

El consorcio

Aunque el monto del presunto fraude cometido contra el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México podría considerarse reducido (poco menos de 1 millón de pesos), este caso ilustra el esquema de operación del consorcio que conforman la asociación civil CIRES y la empresa MDreieck SA de CV, mediante el cual han obtenido contratos del gobierno por al menos 475 millones de pesos, sólo en los últimos siete años, para operar y dar mantenimiento a los distintos componentes del Sistema de Alerta Sísmica.

El esquema es el mismo usado en otros casos de triangulación y desvío de recursos públicos, documentados en el pasado reciente: una asociación civil “sin fines de lucro” gestiona fondos gubernamentales, que le son asignados por adjudicación directa, y luego esa asociación civil decide qué proveedor se verá beneficiado con la inversión oficial. Si, de origen, la asociación civil y el proveedor actúan de común acuerdo (o si son el mismo ente, con dos personalidades jurídicas), pueden acceder a grandes cantidades de dinero público, sin pasar por licitaciones ni procesos de verificación o fiscalización.

Tal como consta en documentación oficial, desde el año 1989 el CIRES fue designado por el gobierno mexicano como el organismo que se encargaría de operar el Sistema de Alerta Sísmica, aún cuando no era un órgano gubernamental.

Fue este organismo privado el que, en 2010, determinó que el SAS debía modernizarse, y el nuevo modelo planteado por CIRES se basaba en el reparto masivo de 88 mil radios de alertamiento marca Sarmex, que ofrecen un aviso de hasta 60 segundos de anticipación, previo a que se sientan los efectos de un temblor.

Pero CIRES no sólo decidió cuántos radios de alertamiento se debían comprar, y de qué marca, sino también a quién comprárselos, y su elegida fue la empresa MDreieck SA de CV, que había sido creada tres años antes… por el mismo CIRES.

Según la documentación recabada por Animal Político, MDreieck fue creada en 2007, por dos personas de nombre Rosa María García Guzmán y Fernando Alcántar Arrizón, quienes, en los años posteriores, fungieron también como representantes del CIRES ante órganos gubernamentales y de la iniciativa privada.

En el año 2010, por ejemplo, la Comisión de Ecología y Seguridad Industrial de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) sostuvo una reunión con “representantes” del CIRES, los cuales “dieron una presentación sobre el Centro, las actividades y proyectos que desarrollan, así como las tecnologías disponibles en el tema de alarmas sísmicas”.

Según el informe oficial de labores 2010 de esta comisión interna de la Canifarma, los representantes del CIRES en dicho encuentro fueron precisamente la señora Rosa María García Guzmán, y el ingeniero Alcántar Arrizón, es decir, los dueños de MDreieck.

Luego, en el año 2012, el ingeniero Alcántar Arrizón volvió a aparecer como representante del CIRES, durante cursos impartidos por este organismo privado a funcionarios del gobierno de Guerrero.

A este encuentro, de hecho, el dueño de MDreieck acudió vistiendo un uniforme del CIRES, tal como evidencia una fotografía difundida por el portal informativo guerrerense Suriana Digital, del colectivo informativo Grupo Cero.

El dueño de la empresa MDreieck, Fernando Alcántar Arrizón (de azul), en representación del CIRES, durante acto público en Guerrero. FOTO: Cortesía del portal Suriana Digital, del colectivo informativo Grupo Cero.

Finalmente, en 2012 fue ingresado a la plataforma Youtube un video en el cual Alcántar Arrizón (a quien se presenta en el video como director general de Mdreieck), explica el funcionamiento del Sistema de Alerta Sísmica, y sus planes de expansión hacia 23 ciudades del país.

En este video, el dueño de MDreieck asegura que “a partir de 2010, el Gobierno del Distrito Federal nos dio recursos para ampliar la red (…) Vamos a tener cobertura en 23 ciudades del país con alertamiento sísmico”.

Lo dicho por el dueño de MDreieck en ese video destaca por un hecho: oficialmente Mdreieck no tiene ninguna ingerencia en la operación del Sistema de Alerta Sísmica; ya que esta empresa nunca ha sido oficialmente contratada para operar ningún elemento del SAS, sino sólo para proveer los radios de alertamiento. Formalmente, el único organismo autorizado para operar el Sistema es CIRES.

Aún así, en el video de 2012, el dueño de MDreieck afirma que el dinero para modernizar el Sistema de Alerta Sísmica terminó en su empresa.

Para saber cuál es la relación entre la empresa MDreieck y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico AC, Animal Político consultó al director y fundador de este último, el ingeniero José Manuel Espinosa, quien explicó que, en 2010, CIRES desarrolló los radios Sarmex, y gestionó su fabricación con una compañía estadounidense, Alerting Solutions Inc.

En 2010, continuó el titular de CIRES, el Gobierno de la Ciudad de México “pidió radio-receptores. Y se les logró abastecer a través de la empresa MDreieck”.

Esta empresa fue creada por CIRES, explicó, porque “nosotros somos asociación civil, y no podíamos ser comercializadores de los radio-receptores. Entonces, se nombró a un grupo de gente, ex investigadores de CIRES.

Ellos, a través de esta empresa, lograron la exclusiva de representación de Alerting Solutions Inc. en México”, lo que los convirtió en los únicos autorizados para distribuir, y vender, esta tecnología en el país.

Y sólo después de esto, finalizó, “el gobierno de la Ciudad de México hizo la compra, fueron 50 mil radios, que patrocinó Marcelo Ebrard. Pero eso ya no lo hicimos nosotros (CIRES), fue a través de esta empresa”.

Desde su creación y hasta la fecha, el Sistema de Alerta Sísmica le ha costado al gobierno mexicano aproximadamente 43.4 millones de dólares (a las cotizaciones vigentes en las fechas en que han sido firmados los distintos contratos entablados).

Según esos mismos registros oficiales, el consorcio CIRES-MDreieck ha acaparado 99% de dicha inversión oficial, realizada en conjunto por los gobiernos federal, de la Ciudad de México y de Oaxaca.

Y, peor aún: toda la infraestructura adquirida con ese dinero público, necesaria para la operación del Sistema de Alerta Sísmica, le ha sido donada a CIRES tan pronto como fue adquirida.

Negocio entre cuates

Además de que toda la infraestructura con la que opera el SAS le ha sido donada al CIRES, esta asociación civil y la empresa MDreieck también se han visto beneficiadas por diversas disposiciones de la autoridad, que les permiten comercializar el servicio de alertamiento, no sólo entre particulares, sino también entre organismos gubernamentales.

Estas disposiciones de la autoridad le permiten a este consorcio cobrar dos, y hasta tres veces, por el mismo servicio: al gobierno le cobra por mantener operando al SAS, a los usuarios que recibieron equipos de alerta les cobra por “renta de la señal de alertamiento”, y a ambos les cobra por mantenimiento.

Según los registros oficiales recabados, de los 360 contratos firmados por instituciones públicas con el consorcio CIRES-MDreieck, al menos 82 son por los conceptos de “alertamiento” y de “renta de la señal de alerta”, entablados con dependencias que ya contaban con un aparato receptor (ya sea porque se los donó el gobierno, o porque lo compraron directamente).

Además de esos 360 contratos entablados con las autoridades, este consorcio ha firmado otras 646 órdenes de venta con el sector privado, por el servicio de alertamiento.

Cabe destacar que, al menos en la Ciudad de México, el CIRES es la única institución facultada por ley para certificar el funcionamiento de cualquier sistema que aproveche la alerta sísmica. Y aunque hay muchas marcas de estos radios en el mercado, sólo una marca cuenta con el aval del CIRES, la marca Sarmex.

Dicho de otro modo: el único radio avalado por CIRES es el que ellos mismos venden, a través de la empresa MDreieck.

Así, el consorcio CIRES-MDreieck mantiene bajo su control todo el mercado de radios de alertamiento sísmico, al menos en la Ciudad de México, siempre con la autorización de las autoridades locales.

De hecho, el interés del Gobierno de la Ciudad de México por beneficiar a este consorcio lo ha llevado, incluso, a mentir y simular acciones oficiales, en favor de este consorcio.

El 15 de julio de 2013, la Secretaría de Protección Civil capitalina expidió una certificación oficial en favor de MDreieck, con la cual avala la calidad y funcionalidad de los radios Sarmex.

Dicha certificación oficial señala que “derivado del estudio y análisis efectuado por el área técnica de esta Dirección General de Prevención (de la Secretaría de Protección Civil), se comprobó el funcionamiento del dispositivo receptor de radio diseñado para recibir señales de alerta sísmica, denominado Sarmex”.

Sin embargo, el área técnica de la Dirección General de Prevención de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México en realidad nunca realizó el “estudio y análisis” del que habla la certificación oficial (firmada por el entonces director general de Prevención, Raúl Miliani Sabido).

Cuando Animal Político pidió a este organismo de gobierno la copia de dichas evaluaciones técnicas practicadas a los radios Sarmex, Protección Civil debió admitir, a través del oficio SPC/DJ/OIP/490/2016, que su área técnica jamás revisó los aparatos. Lo único que hicieron fue copiar las opiniones técnicas de un documento que les proporcionó el mismo CIRES.

Aún así, la Secretaría de Protección Civil no sólo avaló en 2013 la calidad de los radios Sarmex, sino que, además, el organismo señala en su certificación que “no tiene inconveniente alguno en que pueda llevarse a cabo la distribución del dispositivo receptor diseñado para recibir señales de alerta sísmica, denominado Sarmex, de la empresa Mdreieck SA de CV, en la circunscripción territorial perteneciente al Distrito Federal”.

Así, a través de este proceso irregular, realizado en contubernio con la Secretaría de Protección Civil, el CIRES pudo obtener un certificado gubernamental en favor de la empresa a través de la cual vende sus radios, la empresa, Mdreieck.

Epílogo: ¿de quién es el Sistema de Alerta Sísmica?

Dado que toda la tecnología adquirida por las autoridades mexicanas ha sido donada al CIRES, y también a que las autoridades le han dado todo el control y comercialización sobre el Sistema de Alerta Sísmica, Animal Político consultó al Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred, del gobierno federal), a quién pertenece este Sistema de alertamiento.

Después del sismo del 85, explicó Carlos Valdés González, director general del Cenapred, la creación del Sistema de Alerta Sísmica no le fue encargada a la UNAM ni al Servicio Sismológico Nacional “porque no eran las funciones de estas instituciones”, y no contaban con las capacidades tecnológicas para asumir el reto.

Sin embargo, aclaró, “la tecnología lo permite ahora, y probablemente lo adecuado sí sería que el gobierno asumiera su control”.

Y remató: “Quien pagó y paga este servicio es el Gobierno de la Ciudad de México, y la pregunta tendría que ir a ellos. Pero si a mí me lo preguntan, yo diría que el Sistema de Alerta Sísmica le debería pertenecer no sólo al Gobierno de la Ciudad de México, sino al gobierno federal, porque no sólo tiembla en la Ciudad de México. El por qué no se hace así, ya no es un área en la que yo pueda meterme (…) Yo lo digo muy claro, le debería pertenecer a todos los ciudadanos de este país, y si esa asociación (el CIRES) es quien lo va a manejar, debería haber alguien encima de ellos, y controlar. Un comité científico, poderoso, que decida qué se hace y qué no se hace, y que no sea todo decisión de una asociación civil”.

Animal Político solicitó desde finales de agosto una entrevista con representantes del Gobierno de la Ciudad de México, sin obtener respuesta favorable.

*Esta investigación se realizó entre junio de 2016 y septiembre de 2017. Se presentaron mil 280 solicitudes de información pública bajo la Ley General de Transparencia, ante los gobiernos federal, de la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.