BRUSELAS (apro).- A pesar de que el Senado de la República ha exhortado a la Presidencia a no firmar el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) por los efectos nocivos que tendría sobre los derechos civiles y la libertad en Internet, el gobierno de Felipe Calderón continúa transmitiendo su confianza en que será firmado lo antes posible.

Tras un debate sobre el tema celebrado en la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo este 24 de enero, el director adjunto de la Unidad de Propiedad Intelectual de la Comisión Europea y negociador del ACTA, Pedro Velasco Martins, confirmó a esta agencia que sus informaciones indican que “México continúa con el proceso interno de aprobación” del acuerdo.

El funcionario europeo comentó que las autoridades mexicanas no han expresado, hasta ahora, ningún inconveniente que obstaculice la firma del polémico acuerdo: “No veo por qué no lo firmaría –objetó Velasco–; México es parte del ACTA porque su gobierno decidió participar en las negociaciones”.

Las negociaciones de ACTA –promovidas por Japón y Estados Unidos– comenzaron oficialmente en junio de 2008 en total sigilo. Sólo las intensas presiones de la opinión pública de algunos países desarrollados consiguieron que se divulgara el contenido del acuerdo, que terminó de negociarse en octubre de 2010. La fase de adhesiones se abrió el pasado 1 de mayo y cerrará el 1 de mayo de 2013.

El 1 de octubre pasado, representantes gubernamentales de Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Australia, Japón, Nueva Zelanda, Marruecos y Singapur firmaron el acuerdo en una ceremonia que tuvo lugar en Tokio, donde se estableció que a partir de la sexta ratificación, el ACTA entrará en vigor.

México, Suiza y la Unión Europea (UE) enviaron funcionarios a la capital japonesa, pero no firmaron el documento “por asuntos internos”, según reportó ese mismo día la agencia de noticias japonesa Kyodo.

Sin embargo, en el comunicado conjunto de las partes negociadoras, el gobierno mexicano reiteró “su apoyo continuo y los preparativos para firmar el documento tan pronto como sea posible”.

El 5 de octubre de 2010 el Senado de la República instó al gobierno federal a que se retirara temporalmente de las negociaciones del ACTA mientras un grupo multidisciplinario de expertos estudiaba los términos del acuerdo.

El 22 de junio pasado, la Comisión Permanente del Congreso “exhortó” al presidente Felipe Calderón para que, “en el marco de sus atribuciones, instruya a las secretarías y dependencias involucradas en las negociaciones del ACTA, a no firmar dicho acuerdo”.

Entre otras preocupaciones, el Congreso enfatizó que “resulta peligroso que en dicho acuerdo se considere delito la transmisión por Internet de documentos, fragmentos de libros o de canciones”, con lo que “se estaría criminalizando a los usuarios de la red, para muchos de los cuales es un medio de intercambio, recreación y de aprendizaje”.

El 6 de septiembre, el pleno del Senado mexicano reiteró su negativa a que el país se adhiera al acuerdo antipiratería; y aprobó las conclusiones del Grupo Plural de Trabajo para dar Seguimiento al Proceso de Negociaciones del ACTA, que alertó sobre las amenazas que implica dicho tratado a los derechos humanos y las garantías individuales, así como al libre acceso a la información en Internet.

No obstante, el 16 de enero pasado –cuando la atención internacional se enfocaba en el proyecto de ley SOPA en Estados Unidos–, el Instituto Mexicano de Protección Intelectual (IMPI) –la dependencia de la Secretaría de Economía que negocia el ACTA– entregó al mencionado grupo de seguimiento en el Senado un documento con medidas alineadas al acuerdo y cuya instrumentación, señala el IMPI, le permitiría al mencionado grupo “atender su compromiso de actualizar y mejorar la legislación mexicana para la debida protección de los derechos de propiedad intelectual”.

De acuerdo con una nota de la cadena CNN publicada el 1 de octubre del año pasado, el presidente Felipe Calderón podría estar facultado para suscribir el ACTA si el Poder Judicial determina que, de acuerdo con la Ley de Celebración de Tratados de 1992, se trata de un acuerdo interinstitucional; en caso de sujetarse a otra definición, la de un tratado internacional, éste tendría obligatoriamente que ser sometido a la ratificación del Poder Legislativo.