El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha rechazado la pretensión de los primeros abogados de Francisco Correa en el caso Gürtel, Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal, quienes pretendían el archivo de su imputación y su exculpación en la causa.

En su auto, el juez sostiene que existen sólidos indicios en la causa que revelan que la actuación desplegada por ambos letrados "no se limitó a simples funciones de asesoramiento y defensa", sino que se encaminó "a ayudar a ocultar o encubrir el origen ilícito y el titular de los fondos de Francisco Correa, así como a colaborar en la elusión de las consecuencias legales de la adquisición o transmisión de bienes con origen en una actividad delictiva".

Delgado Solís y López Rubal no se comportaron como abogados, sino que "evaluaron el empleo de tácticas de deslocalización personal o de testaferrato societario" para conseguir "el objetivo de excluir u ocultar la responsabilidad" de Francisco Correa.

En este sentido, el juez detalla las numerosas pruebas existentes en el sumario contra ambos letrados, en forma de pinchazos telefónicos, documentación y declaraciones de testigos que revelan "el amplio conocimiento" que tenían estos abogados "de la estructura societaria" opaca de Correa y de sus "actividades ilícitas de carácter fiscal y contra la administración pública". También los viajes a Panamá de Manuel Delgado Solís en fechas previas al intento de Correa de escapar a ese país, lo que precipitó el estallido de la operación por el entonces instructor de la causa, Baltasar Garzón.

Es la tercera vez que la justicia rechaza archivar la imputación contra Delgado Solís y López Rubal. Anteriormente desestimaron su petición el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El juez Garzón, que ya tenía los indicios de la actuación ilícita de estos letrados por los pinchazos telefónicos practicados entre verano de 2008 y febrero de 2009, ordenó con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción que fueran intervenidas las conversaciones entre ambos y su cliente, Francisco Correa, en la prisión de Soto del Real, donde fue ingresado el líder de la trama después de su detención. En una polémica sentencia, el Tribunal Supremo expulsó al juez Garzón de la carrera judicial por ampliar las escuchas a los letrados que le sustituyeron en el procedimiento.