Discutían cuál era la organización criminal más violenta del mundo. Eran un consultor internacional en reforma policial inglés, dos jóvenes académicas norteamericanas, una veterana constructora de paz de Irlanda del Norte y un agente de inteligencia de Libia. Yo escuchaba atentamente. “No tengo duda de que el crimen organizado mexicano es el más violento del mudo. La diferencia entre las peores organizaciones terroristas como ISIS y los grupos mexicanos es que éstos mandan a matar a tu familia por hacer tu trabajo y aquéllas no”, afirmó el agente. La discusión quedó más o menos saldada en ese momento.

He leído material de investigación académica sobre el crimen organizado y asistido a eventos internacionales especializados en el tema por muchos años. Las historias en pasillos en voz de los policías y fiscales siempre me han parecido la narrativa más cercana a la realidad, regularmente salpicada de anécdotas sobre experiencias personales, no pocas veces difíciles de asimilar para un ciudadano promedio. Creo haber aprendido a distinguir entre la verdad y el decorado fantasioso también recurrente en el discurso de estos operadores.

Lo que afirmó el policía del norte de África lo vengo escuchando hace más o menos una década. Antes las organizaciones criminales más violentas se supone que eran las italianas, las colombianas, las rusas o las asiáticas, según la fuente. No puedo saber con certeza –no se si alguien pueda- si hoy la delincuencia organizada mexicana supera a todas en el extremo violento, lo que me interesa destacar es la consistencia del relato que he encontrado por parte de operadores policiales y del sistema de justicia penal de varias regiones del mundo. Lo asumo entonces como una hipótesis válida y desde ahí propongo una simple pregunta: ¿alguien adentro o afuera de México entiende el fenómeno? ¿Alguien en verdad tiene un análisis riguroso actualizado sobre la delincuencia organizada mexicana?

Ciertamente la tarea de investigación académica sobre esto puede parecer inalcanzable, dados la clandestinidad del fenómeno y los riesgos implicados en la construcción de modelos de interpretación que exhiban en su real dimensión a los actores e intereses involucrados. Recibo información regular en torno a personas que deben salir del país justamente porque desnudan o intentan desnudar algún engrane de las redes de complicidad. Puedo confirmar que en ocasiones las amenazas son creíbles y los riesgos inminentes para quienes intentan develar información precisa sobre estas empresas criminales.

Bajo tal contexto, tal vez la pregunta debe ser esta otra: ¿es siquiera posible emprender este esfuerzo de interpretación? Supongamos que no. De ser el caso, estaríamos hablando de que el Estado mexicano no cuenta con referencias de análisis soportadas en estándares técnicos válidos y disponibles para nutrir la elaboración e implementación de políticas públicas idóneas. Ahora supongamos lo contrario y pensemos que el análisis está disponible. En este caso el problema es que no hay discurso de autoridad alguna que incluya recursos analíticos de este tipo. De hecho, la comunicación política en torno al crimen organizado mexicano es precaria en extremo en el plano argumentativo. El poder público más bien reproduce mensajes superficiales que etiquetan a los grupos delictivos como los principales enemigos del Estado, al punto de llevarlos, paradójicamente, a una especie de condición sobrehumana que tal vez termina produciendo más admiración que condena, como parece suceder con Joaquín Guzmán Loera (El Chapo).

No sabemos entonces qué sabe el Estado mexicano sobre eso que califica como su principal enemigo. Lo que podemos decir es que debería saber a profundidad y así demostrarlo. Y la reserva legal de información asociada a la seguridad y la justicia penal, desde esta perspectiva, en nada ayuda. Por el contrario, más bien puede ser usada como estrategia de distracción para evitar exhibir que las burocracias de la seguridad y la justicia en los hechos no saben con precisión de qué está hecho el fenómeno referido. Y no me refiero desde luego sólo a un plano de demostración de conductas sancionadas por la ley penal, de suyo complejísimo, sino a un espectro mucho más amplio de indagación que devele también las implicaciones políticas, económicas, sociales y culturales del crimen organizado en México. Estamos hablando de un diagnóstico amplio e integral, a su vez soporte de una política amplia e integral. Recuerdo bien los largos recuentos del entonces presidente Felipe Calderón, quien hablaba con detalle de la estructura orgánica y de operación de algunas organizaciones delictivas y a la vez jamás publicó documento alguno que al menos intentara entender las causas profundas de su existencia.

Si un agente de inteligencia desde el otro lado del mundo me dice que por experiencia propia puede afirmar que el crimen organizado de mi país es más violento que las organizaciones terroristas de su región, mismas que en ocasiones asesinan de manera masiva, estoy ante una alerta que al menos merece respuestas especializadas y profesionales desde el Estado mexicano. ¿Dónde está, por ejemplo, la interpretación oficial sólida respecto a la expresión masiva de reconocimiento a Guzmán Loera? ¿Dónde están los reportes oficiales que descifran la deconstrucción histórica de los mecanismos informales de contención a la violencia, al parecer asociados a la construcción de la base social de apoyo a las empresas criminales? ¿Dónde están las radiografías de la influencia política, financiera y económica del crimen organizado? ¿Dónde los diagnósticos multifactoriales y regionales? Y regresando al punto central de este texto, ¿dónde están los esfuerzos oficiales para descifrar esa violencia que, según algunos, es la peor en el mundo criminal?

En los noventa propusimos primero crear el Centro Nacional de Investigación en Seguridad Pública en el ámbito federal y luego el Centro de Estudios para la Prevención del Delito en el Distrito Federal. Ni uno ni otro. De habarse puesto en marcha, hace dos décadas habrían comenzado algunos de los esfuerzos de vinculación con la academia que ahora apenas se asoman en el programa Nacional de Prevención del delito. La inversión en la investigación se habría anticipado a la crisis de violencia. La aversión del poder público en México a la complejidad es de proporciones inabarcables y así la estamos pagando. Sea cual sea el trasfondo de la superficialidad y maniqueísmo en el discurso publico sobre el crimen organizado, la noticia no podría ser peor: tal vez México tiene el crimen organizado más violento del mundo.

@ErnestoLPV