El gobierno de Mauricio Macri analiza una reestructuración de la administración tras las elecciones del 22 de octubre. El objetivo es reducir el gasto público, lograr un recorte del déficit fiscal significativo en 2018, dar señales convincentes de lucha contra la inflación y poder avanzar en una reforma tributaria.

Este año, el desequilibrio fiscal superará los 420.000 millones de pesos, lo que enciende alarmas en la Casa Rosada. Si bien cumpliría con la meta fiscal del 4,2% del PBI del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, algunos economistas dicen que llegará a 8%. Y en 2018 la meta es menor: 3,2%.

Si bien cerca del jefe del Gabinete, Marcos Peña , niegan un ajuste, varias fuentes oficiales confiaron por lo bajo a LA NACION que luego de octubre se intentará un fuerte recorte de gastos sin impacto social.

"Hasta las elecciones no se toca nada para evitar ruidos, pero luego de octubre se reducirán gastos", aseguró un funcionario cercano al Presidente. Macri necesita dar señales fuertes de freno a la inflación para acelerar inversiones. Los empresarios aquí, en Estados Unidos y en otros países le preguntan por la grave situación fiscal que impide bajar la presión tributaria, que eleva las tasas, retrasa el tipo de cambio y enfría la economía.

Para bajar el gasto, el Gobierno prepara una reestructuración del Estado después de octubre Archivo

La primera premisa será que no habrá despidos de empleados públicos. "Al contrario, queremos jerarquizar la carrera administrativa", repiten funcionarios.

Macri comenzó este año con la intención de fusionar programas, organismos y secretarías de Estado para ahorrar gastos y eficientizar la gestión. Pero luego advirtió que la prioridad para 2017 era ganar las elecciones sin tensiones.

En el Gobierno vislumbran que alguna corrección será inevitable. Tal como adelantó LA NACION el 17 de abril, la estructura del Estado aumentó un 25% y alcanzó a 21 ministerios, 87 secretarías de Estado, 207 subsecretarías y 687 direcciones nacionales y generales.

Se analizan nuevos sistemas de contratación; reducción de secretarías; subsecretarías, direcciones y coordinaciones; congelamiento de incorporaciones a todo el sector público nacional; no reemplazar a los que se jubilen o renuncien naturalmente, e incentivar traslados al sector privado.

"Si logramos no reemplazar a los que se retiran bajamos un 6% por año la masa salarial", dijo un ladero de Macri a LA NACION.

Según el último relevamiento del Ministerio de Trabajo, el sector público nacional tiene hoy 740.611 empleados públicos. Sólo redujeron 1436 puestos desde 2016. El Gobierno informó que había desafectado a 15.000 agentes en la administración central (Poder Ejecutivo, ministerios y organismos descentralizados) y que ahorró 7000 millones de pesos.

Pero si se toma todo el sector público nacional (se suman empresas públicas, universidades, Justicia y Congreso) la masa salarial creció un 34% entre 2015, último año de Cristina Kirchner, y 2016. En 2015 se pagaron 199.066 millones de pesos en salarios. En 2016 se gastaron 266.831 millones, y en 2017 se abonarán 319.341 millones, un 19,7% más.

La suba salarial de 2015 por las paritarias estatales fue de 27,4%, y la de 2016 de 31%. Es decir, la masa salarial debió haber crecido un promedio de 29,2%, pero creció 34%.

Como informó LA NACION hace dos semanas, se reducirán gastos operativos improductivos en 114.000 millones de pesos. Eran de 301.000 millones de pesos en el presupuesto 2017, pero quedarán en 187.000 millones. Pero ello será neutro, porque se reasignarán a partidas sociales en aumentos de jubilaciones, pensiones, AUH y planes sociales.

Por ello, Macri pondrá la mira en la estructura administrativa. Muchos ministros y funcionarios serán candidatos en las elecciones de octubre y al dejar el cargo se reducirían casilleros en el organigrama. O "ravioles", en la jerga administrativa.

Muchas coordinaciones, direcciones y subsecretarías fueron creadas por el macrismo porque cuando ofrecía nombramientos en categoría A (la más alta) en planta transitoria (cargos políticos) los salarios eran de hasta 25.000 pesos y no podían convencer a profesionales para sumarse al Gobierno. Para sueldos más altos debían crear coordinaciones y direcciones.

Por ello, la Casa Rosada estudia cambios en los sistemas de contratos para evitar tantas direcciones y cargos jerárquicos. Se analizará además la eliminación de "ravioles" (direcciones, secretarías y subsecretarías de Estado) y se prohibirá el ingreso de "ñoquis".

Está en estudio una norma para congelar ingresos en todo el sector público. "Todo está en análisis pero hasta octubre no se define nada para evitar ruido. La prioridad hoy es ganar las elecciones. Luego de octubre habrá otro gobierno", señaló a LA NACION un funcionario cercano a Macri.

Una corrección que consideran inevitable

Nicolás Dujovne habló sobre las metas fiscales Fernando Massobrio - Archivo

Nicolás Dujovne

Ministro de Hacienda

Reducción de gastos

Para evitar cortocircuitos políticos en plena campaña electoral, el gobierno de Mauricio Macri esperará hasta después de los comicios de octubre para impulsar una reducción del gasto público

Reclamo local y externo

Empresarios argentinos y de otros países del mundo se muestran preocupados por la situación fiscal, la presión tributaria, el atraso cambiario, la suba de las tasas y el enfriamiento de la economía

420.000

millones de pesos

Es el déficit fiscal previsto para 2017, lo que encendió alarmas en el macrismo. Creen que es inevitable una corrección del gasto. La Casa Rosada apuntará a la estructura administrativa y las posibilidades de reducir los organigramas gracias a que muchos funcionarios serán candidatos

3,2%

El déficit fiscal para 2018

La meta será llegar a ese número el año que viene. Por lo pronto, la meta del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, de cerrar 2017 con un 4,2% sigue en pie, aunque algunos economistas afirman que el rojo será de hasta 8%

34%

De aumento en la masa salarial estatal

Es lo que aumentó el gasto en sueldos entre 2015, el último año de Cristina Kirchner en el poder, y 2016. Hoy, según los registros del Gobierno, hay 740.611 empleados en el sector público