sábado 13 agosto, 2016

Si el aumento del gas hubiera sido en enero y el del transporte público en julio, lo primero habría sido tolerado y lo último, armado el mismo escándalo actual. Tropiezan con la misma piedra el ministro de Energía y el de Transporte al tratar de explicar racionalmente los aumentos. En su momento, Dietrich, al decir que el encarecimiento del boleto era mucho en porcentaje pero poco en dinero, y ahora Aranguren, al decir que el aumento del gas o la luz puede ser mucho en porcentaje pero que en dinero continúa siendo menos que el abono del cable. Cargando Aranguren con el agravante de la acumulación de los incrementos anteriores.





Además, la matemática nunca sirvió a estos fines porque no tiene en cuenta la muchas veces enorme diferencia entre el precio de costo de un bien y la predisposición a pagarlo de quienes lo consumen. El mejor ejemplo es internet: la misma persona que está dispuesta a pagar 500 pesos por una entrada a un espectáculo, 300 pesos por un libro o 50 pesos por una revista se niega a pagar 9 pesos mensuales para tener acceso ilimitado a los mayores sitios de información de la web. Una vez que algo se recibió gratis, hasta el más adinerado se niega a pagar por eso aunque sea una cifra módica.





El precio en la sociedad de la luz, el gas o el transporte no es el del costo de producir ese bien, sino el que se ha acostumbrado pagar. Aranguren y todos los responsables por encima de él en el Gobierno deberían volver a leer el Curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure para refrescar qué poca relación física existe entre el significante y el significado: el valor de un billete o una moneda no está en el valor de su metal o del papel sino en lo que los demás están dispuestos a entregar a cambio de ese significante de valor.





Hoy se hace fila para criticar a Aranguren, pero lo que verdaderamente se está criticando es la economía de Macri, que hasta ahora no satisface las expectativas que despertó en la mayoría porque sólo ha venido generando ajustes.





Desde la lógica, resulta ridículo importar gas de Bolivia cuando al mismo precio se lo podría producir en Vaca Muerta, en Neuquén. Y cuando además del precio se agrega que Bolivia sólo nos vende ese gas en la medida en que sobre de sus exportaciones a Brasil, porque nuestro vecino mayor tiene firmado un contrato de preferencia, y el día que la economía de Brasil vuelva a crecer además nos quedaremos sin gas de Bolivia, más allá del precio que paguemos.





Pero gran parte de la sociedad le dice al Gobierno: “Mejor que el gas sea de Neuquén que de Bolivia, pero que el Gobierno lo pague; o, si tengo que pagarlo yo, que me aumenten los ingresos para poder hacerlo”, argumento que vale tanto para el dueño de una pyme como para un trabajador en su casa. En la ex Unión Soviética, los sueldos en dinero eran bajísimos pero se les daba un pago en especies regalándoles los servicios públicos y el transporte. El kirchnerismo, consciente de los límites del pensamiento humano, les subsidiaba la energía a las empresas y a los hogares pero luego se la cobraba con inflación, otra forma de impuesto.





Sea vía menores sueldos –porque en el caso de la ex Unión Soviética eran todos empleados del Estado– o vía impuestos con inflación o con tarifas más altas que paguen el costo del servicio, el conjunto de la sociedad siempre paga la cuenta. Lo que al gobierno de Macri ahora se le critica es la homeostasis, el punto de equilibrio del conjunto, sea por sueldo, por menos inflación o por menos tarifa.





Es el poder de consumo de las familias lo que se discute y no las tarifas. En lugar del ministro de Energía, quien debería exponer un plan sería un ministro de Economía, porque el objetivo final de esta medida, como el de todas las que toma el Gobierno, es transformarla en una mejora futura de la capacidad de consumo de la gente.





Cada una de las medidas aisladamente puede ser correcta o incorrecta, y se las puede rebatir o defender con razón. Por eso, el verdadero debate es sobre si la articulación del conjunto de aquéllas creará las condiciones para que una mayoría de la sociedad mejore su calidad de vida y pueda ser a la vez solidaria con los no beneficiados.