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MADRID// Con el cuadro El abrazo, de Juan Genovés detrás, Pedro Sánchez y Albert Rivera han comparecido este miércoles tras el acuerdo de gobierno alcanzado, cuyo documento, de 66 páginas, han firmado en el Congreso con solemnidad. Los candidatos del PSOE y Ciudadanos han anunciado ante los periodistas numerosas medidas que suponen un rechazo claro a las medidas adoptadas por el PP durante la legislatura. Pero muchas de esas medidas, incluidas en el texto, no son exactamente como los dirigentes las han anunciado.

Pedro Sánchez ha asegurado que derogará la reforma laboral y la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, dos de las legislaciones más regresivas aprobadas por el Gobierno del PP. Sin embargo, el acuerdo firmado ni hace referencia a la reforma laboral ni incluye la derogación como tal de la ley mordaza, sino una reforma. La razón de que no se pueda derogar es que se trata de una reforma de una ley anterior.

El texto acordado sobre la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana dice lo siguiente: “Se reformará la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para revisar los preceptos que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional y aquellos otros que reconocen facultades excesivas de intervención por las fuerzas de seguridad, sustituyen el criterio de legalidad por el de oportunidad o eficacia para tales intervenciones o los que atribuyen a las fuerzas de seguridad poderes de decisión y de represión fundados en meros indicios y sospechas, que desplazan las garantías judiciales: restricciones del tránsito y controles en las vías públicas y comprobaciones y registros en lugares públicos”.

El líder del PSOE también ha anunciado la eliminación de los copagos farmacéuticos como uno de los éxitos del acuerdo de gobierno. Pero tampoco la eliminación de estos complementos existe en lo reflejado en el escrito: “Garantizar que el copago farmacéutico no sea una barrera de acceso, en especial para personas en situación de especial vulnerabilidad”, se puede leer. Lo que supone una regulación de los copagos existentes pero no una eliminación.

Las relaciones laborales como gran cesión del PSOE

El contrato único al que aspiraba Ciudadanos no ha sido incluido en su totalidad. Pero casi. Se respetan los grandes principios de la propuesta estrella de Luis Garicano, que incluye tres contratos, el de prácticas, un indefinido y el «estable y progresivo”, que tendrá una «indemnización creciente por despido por causas económicas, organizativas, productivas, técnicas y de finalización del trabajo que tendrá un coste de 12 días el primer año, que se transforman en 16 días el segundo año y confluya con los 20 existentes para los contratos indefinidos, reduciendo los saltos en la cuantía. En caso de despido improcedente, la indemnización será de 20 el primer año y 25 en el segundo hasta confluir con los actuales 33 días por año”.

Esto supone una reducción de la indemnización por despido de los contratos temporales, que de acuerdo a la propuesta redactada en el texto serán la inmensa mayoría. En la actualidad si el despido es improcedente, un eventual cobra 33 días por año trabajado. Con la propuesta del PSOE y C’s pasará a cobrar 20 y 25 días por año si se realiza en los dos primeros años. De igual modo, el despido procedente se ve rebajado: en la actualidad se cobran 20 días por año trabajado, con la reforma del PSOE-C’s serán 12 o 16 si el despido se produce en los dos primeros años del contrato.

Desahucios y salario mínimo

El acuerdo del PSOE y Ciudadanos no hace referencia alguna a la dación en pago, ni retroactiva ni de ningún otro tipo. Su propuesta se reduce a facilitar un alquiler social a las personas que por “pobreza sobrevenida” se vean abocadas a un desahucio. Incluyen también una reforma de la ley hipotecaria para eliminar las cláusulas abusivas.

El programa de vivienda contrasta con el que presentó Podemos, mucho más ambicioso en lo social. El Salario Mínimo Inteprofesional (SMI) tendrá una subida del 1%, según consta en el acuerdo firmado. Muy lejos de las propuestas del PSOE en su programa electoral, que establecía un aumento del 5% en el primer año de legislatura.