“…la realidad indica que si cerraran las fotocopiadoras de nuestro país y se limpiaran de la red todos los pdf la educación argentina terminaría por sucumbir sin remedio a la noche de todos los tiempos.” Filosa observación de Dardo Papalia, que parece que conoce el paño….

Todos sabemos que existe un acto aún más ruin y miserable que fotocopiar un libro: donarlo a una biblioteca. Si el fotocopiado otorga a los lectores la posibilidad de acceder a un libro eludiendo las rentas que sostienen a nuestra benemérita industria editorial, la biblioteca es todavía peor: permite que un libro pueda ser leído impunemente por miles de lectores a través de los años sin la necesidad de ingresar un centavo a la cuenta de ningún editor o autor. Pero sobre la peligrosidad de las bibliotecas volveremos al final.

Luego de décadas de fotocopiado universitario (y con esta maravilla de la electroestática y la fotoconducción inventada hace ya 80 años a punto de sucumbir ante la irrupción de la distribución digital algunos entes “retrográficos” han fijado nuevamente sus ansias recaudatorias en la universidad pública más grande de la Argentina.

Dádivas o derechos

En 2009, el “Centro de Administración de Derechos Reprográficos” –CADRA– firmó un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires, que comprometió a esta última a abonarle una cifra cercana a los cuatro millones de pesos “per annum” en concepto de “compesación” por la desvergonzada actitud de sus más de 300.000 estudiantes, quienes cada año reinciden en el osado hábito de darse acceso a la bibliografía que sus docentes les arrojan inevitablemente en cada cursada… aunque resistiéndose a dejar un sueldo completo comprando libros en la librería. Es decir, hacen uso de esa algo-más-económica-y-práctica tecnología conocida como “fotocopiado”, que permite, entre otras cosas, disponer del capítulo de un libro, sin la necesidad de comprar el libro entero, incluso de ediciones agotadas.

Pero esta capacidad autoabastecerse de textos, lamentablemte, desafía el monopolio rentístico que las editoriales guardan sobre los libros, que se sostiene precisamente en la copia. Y aunque la foto-copia funcione en el contexto educativo como una simple extensión de la biblioteca para los estudiantes (al utilizarse la copia como instrumento de acceso) nuestra anticuada ley de la propiedad intelectual tiene una excusa perfecta como para caerle implacablemente a cada fotocopiante con todo el peso del código penal y transformar esta práctica cotidiana y benéfica del copiado, en un delito grave.

Piratas o bibliotecarios

En estos días es inminente la renovación del acuerdo con CADRA firmado en 2009 y que vence este año. Al igual que la vez anterior es posible que CADRA conceda nuevamente un “generoso descuento” a la universidad de más 90% del monto fijado, por lo cual el número resultante —algunos cientos de miles de pesos— sea poco menos que un vuelto para una universidad que cuenta con un presupuesto de más de 3000 millones al año. Por otro lado, la práctica arraigada de fotocopiar textos y la infraestructura que la sostiene no está en peligro de desaparecer. ¿Es tan importante entonces oponerse a un acuerdo que en los hechos casi no incidirá sobre la actividad de la universidad?

Entre reconocer y conceder un derecho hay una diferencia semántica no trivial. Reconocer implica la aceptación de la existencia un sujeto con derechos, conceder implica una dádiva, una concesión, que así como se otorga generosamente, se quita arbitrariamente. Entre la concesión práctica o el reconociento formal, existen o no los derechos del futuro. Entre la denominación “pirateria” o “libertad de acceso” reside el centro de la disputa sobre quiénes controlan y controlarán la circulación del conocimiento. Renovar este acuerdo entre CADRA y la UBA, es una claudicación por parte de un actor —la universidad pública— que debería erigirse en garante de la libertad de acceso, y no de las barreras al saber. La biblioteca del nuevo milenio esta hecha de bits y toner, más que de anaqueles y volúmenes. Si queremos que siga habiendo bibliotecas dentro de la impredecible materialidad o inmaterialidad de los libros del mañana, la última palabra no puede estar en manos de los mercaderes, sino de los bibliotecarios. El interés privado de las editoriales comerciales no puede estar por encima del derecho a la educación, o la libertad de acceso al conocimiento.

Infografía

¿Los argumentos de fondo todavía no te convencen para estar en contra de CADRA? Hay más razones: ¿Querés que te haga un grafiquito?

Diez razones contra el acuerdo CADRA / UBA

El que parte y reparte…: Según señala Federico Reggiani en una investigación para la Universidad de La Plata “para distribuir $ 0.63 por título supuestamente reprografiado, el costo administrativo que se fija CADRA es de $24.000”. En efecto, hasta un 45% del monto recaudado puede quedarse en la burocracia del ente administrador, y no más del 28% termina distribuído entre las editoriales científicas y académicas (en teoría las más afectadas por la “mala práctica” estudiantil). Se vuelve evidente que el objetivo de CADRA es más bien autoalimentarse como institución parásita, que sostener la actividad de los autores o editoriales que dice representar. La UBA no saca fotocopias: Mal puede responsabilizarse a una institución por los perjuicios del fotocopiado cuando la Universidad no dispone de áreas especificas dedicadas a la realización de fotocopias para estudiantes: son los alumnos quienes las realizan, en centros de copiado y centros de estudiantes. Doble pago: Las casas de fotocopiado de las inmediaciones de las universidades, así como los centros de estudiantes, en su mayoría ya pagan un canon a CADRA por cada aparato duplicador. Financiación pública de la producción intelectual: En 2008 el “Grupo de Investigación en Políticas Públicas para el Acceso a la Información” (GPOPAI) de la Universidad de São Paulo, publicó un pormenorizado estudio sobre el mercado de libros técnicos y científicos en Brasil, llegando a la conclusión de que el sector público era el responsable mayoritario de la financiación de la producción de dichos textos. Nada indica que en Argentina, donde el peso del sector público en la producción académica y científica es todavía mayor, la situación sea diferente. Entonces, ¿por qué debe volverse a pagar por aquello que lo público ya ha financiado a través de sueldos y becas?. La industria editorial, además, goza de toda clase de incentivos públicos, desde compras masivas de libros del Estado, hasta amplias exenciones impositivas (subsidios encubiertos). Se socializan los costos de la producción, pero se privatizan los beneficios de lo producido. Daño no comprobado: Hasta el presente no se han expuesto estudios concluyentes que indiquen que el fotocopiado de libros dañe al sector editorial: un libro —o fragmento de libro— fotocopiado no equivale necesariamente a un-libro-menos-vendido. Simplemente, de no existir la fotocopia como vía de acceso, es posible que la compra (por alto precio, oportunidad, etc.) no se produzca. Y también es posible que a través de la fotocopia se promueva una adquisición futura. Ambos efectos, de sustitución y de promoción no han sido debidamente estudiados en este ámbito. Paradójicamente, la industia editorial exhibe cifras record año a año, y como puede advertirse en el siguiente gráfico (extraído del trabajo de Federico Reggiani) los vaivenes de la industria parecen estár más atados a la actividad económica en general, que a los cambios tecnológicos: Mercado cautivo: Tal como indica Daniel Link en este artículo publicado en Perfil —y sugestivamente titulado “Asociación ilícita”— la Universidad es quien crea el mercado para los libros que demanda: “Yo, que soy profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, sé que mis alumnos no eligen leer tal o cual título, sino que son obligados a hacerlo porque esos títulos constituyen la bibliografía obligatoria de la materia que dicto. De modo que hay ahí un mercado cautivo que la CADRA pretende explotar como si se tratara de una banda de salteadores de caminos cuyo objetivo primero es vulnerar los derechos de propiedad intelectual de los autores que mi capricho (y el de los demás profesores) los obligan a frecuentar”. Y llega a una conclusión singular: “La Universidad no debe pagar un centavo a CADRA, sino más bien exigir a esas instituciones malignas el pago de un canon promocional, porque sus docentes hacen de aparato de propaganda cada vez que recomiendan un libro a un público cautivo.” Flojo de papeles: Beatriz Busaniche señala en un artículo de Vía Libre que “CADRA no cuenta con ninguna ley nacional ni decreto que avale tal figura. Las entidades de gestión colectiva reconocidas por ley en Argentina son: SADAIC, AADI-CAPIF, Argentores, SAGAI y DAC, tal como consta en la página oficial de la Dirección Nacional de Derechos de Autor dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Por lo tanto, al no existir ley o decreto que avale ese rol, CADRA no puede arrogarse el título de entidad de gestión colectiva en nuestro país.” Sin garantía: Al no disponer de la representación de autores y editores en su totalidad (por no ser entidad de gestión colectiva reconocida), CADRA no puede garantizar que la universidad no sea de todas formas demandada por editoriales o autores no asociados a la entidad (a pesar de pagar este multimillonario canon). Según estudios realizados en Filosofía y Letras, tan sólo un 5% de los autores leídos en esa facultad, están asociados a CADRA. Sin transparencia ni control: La falta de reconocimiento como gestora, desliga también a CADRA de cualquier obligación de transparencia, o regulación pública de tarifas. Por lo tanto, el acuerdo avala que CADRA se fije en forma arbitraria el monto a recibir, así como la forma de reparto y los criterios de transparencia involucrados en el manejo de lo recaudado, sin ningún tipo de fiscalización pública. Arbitrariedad Por último, si se repiten las cláusulas del acuerdo anterior, CADRA se reserva el “derecho a no autorizar a la Universidad, la reproducción de una o varias obras determinadas del repertorio”. Es decir, la UBA le reconoce a CADRA (un agente no libre de intereses) un poder de árbitro sobre qué textos pueden circular y cuáles no en la Universidad. Por ejemplo, CADRA podría “vetar” un texto de la bibliografía de los cursos de la Universidad, impidiendo su fotocopiado.

Hoy vienen por las fotocopias…

En el cuento “El derecho a leer” —proféticamente escrito hace más de quince años— Richard Stallman imagina un futuro distópico donde el control del acceso a los textos es absoluto. En el presente, internet, las fotocopias o las computadoras de propósito general, empoderan a cada individuo con una inédita capacidad de copiar y distribuir. En contraste con este mundo fáctico donde ejercer el monopolio sobre las copias es un quimera, las leyes persisten en establecer como regla el monopolio, y la libertad como excepción. Pero que la normativa sea de difícil aplicación hoy, no implica que el fenómeno sea irreversible. Si no luchamos para que el derecho a leer quede garantizado en el marco legal y arraigado en las prácticas sociales e institucionales, el futuro distópico del relato de Stallman puede convertirse en certeza. Actualmente las bibliotecas en internet están bajo permanente amenaza de criminalización y los dispositivos digitales de lectura (saturados de DRM le entregan el control total de nuestros libros al fabricante. Si las leyes no garantizan nuestro derecho a acceder, las bibliotecas pueden no existir mañana.

Darle nuevamente la razón a CADRA en sus pretensiones, fija un nefasto precendente que abre la puerta a avances aún peores: hoy vienen por las fotocopias, mañana por las bibliotecas.

El Costa Rica existe el movimiento Fotocopiando para estudiar, que impulsó la “Ley de Fotocopiado”. Llegaron a aprobar la ley en el parlamento, pero el ejecutivo a cargo de la presidenta Laura Chinchilla la vetó por presión de las editoriales y la Cámara Norteamericana de Comercio (AmChan). En La India el mundo académico está en pie de guerra debido a una demanda entablada por Cambridge University Press, Oxford University Press y Taylor & Francis, contra la Universidad de Delhi por apuntes para las cursadas realizados con fotocopias. Más de 300 académicos y un premio Nobel firmaron cartas de protesta. Nivedita Menon, de la Universdad Jawaharlal Nehru observa lúcidamente “el número de académicos que han firmado la carta, deja en claro que los autores no acompañan esta demanda”

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