Llorar a los inocentes es fácil. Lo que nos define como individuos y como sociedad es nuestra capacidad de exigir dignidad y legalidad en el tratamiento de los culpables. El compromiso con el proceso civilizatorio es largo y exige lo mejor de nosotros: respetar la vida de todos. Todo lo que no sea eso es demagogia.

—Eliane Brum

En el centro del sistema de procuración e impartición de justicia mexicano se encuentran el abuso y la arbitrariedad. La inmensa mayoría de los internos que hoy se encuentran recluidos en algún penal padecieron distintas dosis de abuso por parte de policías, ministerios públicos, jueces, secretarios de juzgado, defensores y custodios. Desde la detención hasta la sentencia es frecuente que alguno o varios funcionarios del sistema mientan al imputado, le imposibiliten el acceso a un abogado, le modifiquen o manipulen sus declaraciones, le fabriquen evidencia, le insulten, le humillen, le amenacen y un largo etcétera. Así funcionan nuestras instituciones. Y llevan funcionando de esta manera por mucho tiempo. Un trato digno y legal a los que han cometido un delito no es todavía una aspiración social colectiva, ni mucho menos forma parte de la brújula axiológica para reformar las instituciones de seguridad y de justicia en México.

Ilustraciones: Fabricio Vanden Broeck

En ese contexto institucional, en donde los funcionarios encargados de perseguir y castigar a quienes delinquen rebasan frecuentemente los límites que establecen a su actuación la Constitución y las leyes, están dadas las condiciones para que en el interrogatorio policíaco del detenido se utilice el maltrato físico y psicológico para extraerle información o la confesión del delito que se le pretende imputar. Ello es lo que entendemos por tortura. Hay que distinguir entre el maltrato al momento de la detención —patadas, cachetadas o golpes— de la práctica de torturar al detenido al momento de interrogarlo.

La tortura es un método de investigación criminal. Se utiliza para que policías y ministerios públicos puedan contar con la información que requieren para que proceda una acusación penal en contra del detenido o para dar con el paradero de otros presuntos responsables. La utilización de la tortura revela, por un lado, la falta de un sistema robusto de investigación de los delitos, así como la debilidad del sistema penal mexicano en su conjunto para generar una mediana certeza de que quienes están en la cárcel compurgando una pena son realmente quienes cometieron la conducta delictiva por la que fueron sentenciados. Más aún, la tortura es violatoria de los derechos fundamentales que son la base de toda sociedad civilizada y moderna. Por otro lado, la tortura, al ser un delito, convierte en delincuentes a los encargados de investigar y acusar a quienes delinquen (policías y ministerios públicos), lo cual destruye cualquier basamento de legitimidad y fortaleza de las propias instituciones de seguridad y persecución criminal.

Durante la administración de Felipe Calderón, Amnistía Internacional y Human Rights Watch hicieron pública su preocupación por el aumento significativo de la tortura en México.1 No obstante, las autoridades descalificaron dichos informes. En la administración de Enrique Peña Nieto, de nuevo, el relator especial sobre la tortura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Juan Méndez, señaló en su informe que la tortura en México era una “práctica generalizada”.2 En este caso, el gobierno federal cuestionó, entre otros aspectos, la falta de rigor metodológico de dicho informe, argumentando que no era sólido en términos estadísticos derivar una conclusión de este calibre a partir de algunas entrevistas y de visitas breves en cinco entidades del país.3

Es llamativo que la pregunta relevante para atender el problema de tortura sea qué tan generalizable es esta práctica y no cuáles deben ser los controles y supervisión de los interrogatorios policíacos para que ésta no ocurra. Esto último debería ser el eje de la discusión si de verdad queremos erradicar esta práctica autoritaria. Todo parece indicar que, antes de discutir este tema, tenemos que intentar cuantificar qué tan frecuente es que se torture a un detenido en nuestro país.

Es difícil generar información estadística confiable que permita dimensionar la frecuencia con la que se interroga violentamente a los detenidos. El único dato oficial es el número de denuncias y consignaciones por tortura. Sin embargo, éste no es un indicador confiable para medir el fenómeno. Los imputados que fueron torturados están en la cárcel enfrentando un proceso penal en su contra. Por tanto, no están en condiciones de presentar una denuncia por tortura, menos aún cuando todos sabemos que el defensor de oficio con dificultad se presenta a las audiencias del juicio. Y aun suponiendo que los imputados presentasen denuncias por tortura, ¿cómo asegurar que el ministerio público las investigue e integre adecuadamente y no proteja a quienes colaboran con él en la persecución de los delitos? La tortura es un delito difícil de detectar y sancionar, pues las autoridades que lo cometen son las mismas que lo tienen que perseguir.

Por ello, una forma de medir el fenómeno es a través de encuestas a los propios internos. Si bien es cierto que los internos pueden tener sesgos al responder estas encuestas, la experiencia internacional ha demostrado que estos instrumentos son útiles para conocer las tendencias y patrones de las prácticas de las instituciones de seguridad y justicia. Este ensayo utiliza los datos de la Encuesta a Población en Reclusión del Sistema Penitenciario Federal que en 2012 levantó el CIDE bajo la dirección de Catalina Pérez Correa y Elena Azaola.4 Nuestro objetivo es intentar dimensionar con los datos de esta encuesta qué tan generalizada fue la práctica de maltratar y torturar durante la detención a los internos que se encontraban compurgando una sentencia por un delito federal en 2012 en los ocho Centros Federales de Readaptación Social estudiados. También queremos analizar si esta práctica cambió o no durante la administración de Felipe Calderón, momento en el que México vivió una profunda transformación en la política de seguridad producida por la declaración de guerra contra los cárteles de las drogas y el involucramiento generalizado del Ejército en la detención y persecución de delitos contra la salud.5

Nuestro análisis se va a centrar en la fase de detención, ya que esta fase es particularmente delicada en términos de la seguridad e integridad física del detenido. En ese momento se pude decir que el detenido se encuentra en una especie de limbo, pues no hay un registro oficial que pueda indicar su paradero, ni tampoco se sabe a qué hora sucede la detención ni en cuánto tiempo lo llevan sus captores a la agencia del Ministerio Público (MP) correspondiente. Esta información se integra a la averiguación previa una vez que el policía pone al detenido a disposición del MP. Este limbo abre espacios para los golpes, la corrupción y la intimidación. En el viejo régimen, gracias a que los jueces nunca fiscalizaron el tiempo de traslado del detenido a la agencia del MP ni la legalidad de la detención, la policía tuvo un enorme espacio de discrecionalidad para extraer la confesión al detenido a base de golpes, intimidación y coacción. Lamentablemente, el cambio democrático no terminó con esta práctica autoritaria. Como veremos, la tortura nunca desapareció del sistema de persecución criminal federal y, durante el sexenio de Calderón, aumentó ligeramente su frecuencia, pero sobre todo cambiaron dos cosas: la propensión a torturar a los detenidos por delitos contra la salud y la frecuencia con que los militares infligieron violencia a quienes detuvieron.

Lo primero que hay que destacar es que, según los datos de la encuesta, la mayoría de los internos encuestados fueron detenidos en flagrancia. Sólo 10% de ellos fueron detenidos con una orden de aprehensión, lo que significa que el 90% restante fue detenido, se supone, al momento de cometer el delito que se le imputó. Ello es muy parecido a lo que sucede en los sistemas de persecución criminal locales y sólo nos habla de la baja capacidad investigadora de los policías y ministerios públicos en México. Las detenciones en flagrancia no exigen un proceso de investigación previo para averiguar qué pasó y quién es el presunto responsable de la conducta delictiva. Al contrario, en una detención en flagrancia primero se captura al presunto responsable y después se arma la acusación. ¿Cómo se recaban las pruebas para consignar al presunto responsable? ¿En cuántos casos se tortura al detenido para extraerle información relevante o una confesión?

En la encuesta se les preguntó a los internos si fueron golpeados durante la detención. 62% afirma que sufrió algún tipo de maltrato. Sin embargo, como señalamos, hay que distinguir el abuso en el uso de la fuerza en la detención (patadas, puñetazos o cachetadas) de la tortura propiamente. Para ello se les preguntó a los internos en qué consistió dicho maltrato (ver gráfica 1).

Cabe destacar que un mismo interno puede sufrir uno o varios tipos de maltrato. La gráfica muestra la recurrencia del tipo de maltrato, no el porcentaje de internos que lo padecieron. Dejando a un lado las patadas, los puñetazos y las cachetadas, agresiones como asfixia, inmersión en el agua, toques eléctricos, quemaduras, por mencionar algunas, son un tipo de violencia policial que cualquier organismo internacional de defensa de derechos humanos clasificaría como tortura. Si bien las patadas y las cachetadas pueden ocurrir en el proceso de captura o traslado del detenido a la agencia del MP, la asfixia, los toques eléctricos o la inmersión en el agua, en cambio, son agresiones prototípicas de un interrogatorio policíaco violento. Su propósito, como señalamos, es infligir dolor y miedo al detenido con el fin de extraerle información o su confesión. Además, este tipo de agresiones sólo existen cuando lo permite o propicia la propia institución, pues para llevarlas a cabo se necesita, al menos, tener un espacio de interrogatorio con las condiciones y los instrumentos que permitan llevar a cabo el tipo agresiones antes descritas. En otras palabras, los actos de tortura no suceden de modo casual o espontáneo. Por el contrario, suceden cuando existen espacios institucionales que los avalan y los propician.

Los datos de la encuesta revelan que 40% de los internos reportó haber sufrido al menos una de las siguientes tres agresiones: asfixia, toques eléctricos o inmersión en el agua. En este sentido, se puede afirmar que la tortura sí es una práctica generalizada del sistema de persecución criminal en el ámbito federal.

Según el trabajo de campo que hemos llevado a cabo en agencias del Ministerio Público los detenidos están en espacios aislados, muchas veces en sótanos, cuya entrada y salida están controladas por los policías adscritos a las procuradurías. El acceso a este espacio es muy restringido, inclusive para los abogados. Los policías entrevistados señalan que los abogados “aleccionan” al detenido y que por ello no les permiten el contacto con sus clientes antes de que éstos rindan su declaración. En otras palabras, como en el viejo régimen, las policías incomunican al detenido lo que permite extraerle información a través de la coacción y la intimidación.

Ahora bien, qué sucede con estas prácticas cuando se decide enfrentar la delincuencia con una estrategia centrada principalmente en el uso de la fuerza, como aconteció durante la administración de Felipe Calderón. La gráfica 2 muestra la frecuencia en el tipo de agresión que reportan los encuestados cuya detención fue antes de 2006 o durante el sexenio de Calderón.

De nuevo, esta gráfica muestra la frecuencia con la que se utilizó algún tipo de maltrato, no el porcentaje de internos que lo padecieron. Como se puede observar en la gráfica, consistentemente durante el sexenio de Calderón la detención y el interrogatorio aumentaron ligeramente en violencia. Ello nos dice que la tortura es una práctica inserta en el sistema de persecución criminal y no depende significativamente del cambio de políticas en materia de seguridad. También los datos indican que es una práctica recurrente o generalizada y muy severa en cuanto a la intensidad de la coacción. Recordemos que seis de cada 10 de los internos encuestados padecieron maltrato en la detención y cuatro de cada 10 padecieron asfixia, toques eléctricos o inmersión en el agua durante el interrogatorio policíaco.

Ahora bien, lo anterior no significa que no hubo cambios en las prácticas de maltrato y tortura a los detenidos durante la administración de Felipe Calderón. Dos cosas cambiaron significativamente en ese sexenio. En primer término, el mayor involucramiento del Ejército en labores de persecución criminal incrementó de forma importante las detenciones violentas por parte de los militares. Según los datos de la encuesta, antes de 2006 los militares golpearon o maltrataron a los detenidos en 23% de los casos en donde ellos llevaron a cabo la detención, mientras que durante el sexenio de Calderón el porcentaje de detenidos por el Ejército que reportaron ser violentados aumentó a 78%. Cabe destacar que antes de 2006 era poco frecuente que un militar detuviera a un sospechoso. En cambio, durante la administración de Calderón los militares se involucraron de manera generalizada en labores de seguridad y, lamentablemente, ejercieron su autoridad violentando los procesos legales y los derechos humanos de los detenidos.

El segundo cambio significativo de la administración de Felipe Calderón fue que la tortura se centró principalmente en los detenidos por delitos contra la salud, mientras que antes de 2006 la tortura no dependía del tipo de delito por el cual se detenía a un sospechoso. La tabla 1 muestra el contraste entre algunos tipos de maltrato al detenido antes y durante el sexenio de Calderón según el delito que se les imputó.

Así, los datos de la tabla indican que antes del sexenio de Calderón no había mucha diferencia en cuanto a la frecuencia del maltrato y la tortura a los detenidos por secuestro, homicidio y delitos contra la salud. Por ejemplo, seis de cada 100 detenidos por secuestro u homicidio padecieron toques eléctricos durante el interrogatorio policíaco, mientras ocho de cada 100 detenidos por delitos contra la salud recibieron ese maltrato. En cambio, durante el sexenio de Calderón, la agresividad de las autoridades se centró de manera significativa en los detenidos por delitos relacionados con drogas. Mientras que dos de cada 100 detenidos por secuestro sufrieron toques eléctricos, en el caso de delitos contra la salud fueron casi 45. Dicho en otras palabras, durante el sexenio de Calderón policías y militares se centraron en la persecución de delitos relacionados con droga y, por ello, los interrogatorios a detenidos en esta materia fueron mucho más violentos que los detenidos por otros delitos.

Ahora bien, dado que la población en reclusión sentenciada por delitos relacionados con droga es muy diversa, organizamos la información en dos categorías: los sentenciados que estuvieron involucrados en conductas delictivas de mayor impacto, entendiendo por éstas las que son más importantes para sostener el negocio de la droga a nivel macro (traficar, vender al mayoreo y fomentar el narcotráfico) y los sentenciados que estuvieron involucrados en conductas de menor impacto, es decir, las que llevan a cabo las personas que son los eslabones más débiles y sustituibles en la cadena delictiva del mercado de la droga (transportar, vender al menudeo y poseer droga). A partir de esta clasificación, analizamos quiénes de los detenidos por delitos relacionados con la droga sufrieron más maltrato durante la detención e interrogatorio policíaco. La tabla 2 muestra los resultados.

Es evidente que el sistema de persecución criminal mexicano, como sucede en el resto del mundo, tiende a abusar de los más débiles. Ello se explica por muchas razones, la más importante es que quien tiene capacidad económica puede comprar impunidad y, si no, por lo menos puede pagar un abogado que frene o limite el maltrato y la arbitrariedad. Ello explica, en parte, por qué, como se puede observar en la tabla, antes y durante el sexenio de Calderón los sentenciados por delitos de menor impacto relacionados con el mercado de la droga padecieron de forma más recurrente la asfixia y los toques eléctricos durante el interrogatorio policíaco que los sentenciados por delitos contra la salud de alto impacto. No obstante, durante el sexenio de Calderón esta práctica aumenta significativamente para ambos grupos, pero es muy acentuada la diferencia del maltrato entre los internos de delitos relacionados con droga de mayor impacto y los de menor impacto.

En efecto, como se puede observar en la tabla, en el sexenio de Calderón se pasa de ocho a 30 de cada 100 sentenciados los que padecieron toques eléctricos en el grupo de delitos de menor impacto y de dos a ocho de cada 100 sentenciados en los delitos contra la salud de mayor impacto. Resulta evidente que en ambos grupos aumentó de manera importante el maltrato policial durante el sexenio de Calderón. Sin embargo, el trato es significativamente menos violento en contra de los internos por delitos de mayor impacto relacionados con droga que en contra de los internos de menor impacto: 8.48% y 33.33% es la frecuencia con la que recibieron toques eléctricos cada uno de estos grupos, respectivamente. En pocas palabras, trágicamente el sistema castiga más severamente con maltratos y tortura a los delincuentes que participan en el eslabón más débil en la cadena delictiva vinculado al mercado de la droga: los que venden droga al menudeo o simplemente la poseen. Es probable que en estos casos la violencia del interrogatorio policíaco estuviese más asociado a infligir una especie de castigo o venganza a los detenidos que a extraerles información o una confesión.

Sería importante medir qué tanto las tendencias han cambiado durante la administración de Enrique Peña Nieto. Esta administración no ha llevado a cabo una “guerra contra la droga” como sucedió en el sexenio anterior y sería destacable medir qué tanto el comportamiento del Ejército ha cambiado o no. Es bastante probable que la tortura continúe siendo un comportamiento generalizado de la policía dado que esta práctica ha sido por años una pieza clave del modelo de persecución criminal del sistema político autoritario mexicano. La confesión del imputado constituyó por muchos años la reina de las pruebas en los juicios penales en México y todos sabían que la policía judicial era quien se encargaba de aplicar tormentos al detenido para que firmase dicha confesión, previamente redactada por el ministerio público. Ello era posible porque el interrogatorio policíaco sucedía a puerta cerrada y sin presencia del abogado defensor. Además, los jueces, comenzando por la Suprema Corte, establecieron que la confesión del imputado ante el MP debía tener pleno valor probatorio en cualquier circunstancia.6

Si bien hoy en día esto último ha cambiado y la confesión del imputado ya no es la reina de las pruebas, ni tampoco tiene el valor probatorio que tuvo en el pasado, lo cierto es que no han cambiado sustantivamente las condiciones en las que se llevan a cabo los interrogatorios policíacos en México. Como señalamos, hoy en día los detenidos son incomunicados y estos interrogatorios se llevan a cabo sin presencia del abogado defensor. ¿Por qué habría que esperar que la tortura como método de investigación criminal hubiese desaparecido?

La pregunta relevante en términos políticos y sociales es si queremos o no que existan frenos y controles a la actuación policial y militar. En abstracto, posiblemente todos digan que sí. En concreto, la cosa se pone más difícil, pues la sociedad —ya sea por miedo a la violencia, por ignorancia o por revanchismo— ha tendido a avalar políticas de mano dura en contra del crimen, aun cuando éstas presupongan ignorar controles básicos a la actuación de policías y militares. Estos controles al ejercicio de la fuerza pública, ejercidos por jueces y defensores de verdad (y no de papel), llevarían aparejada la posibilidad de que a algunos sospechosos no se les pudiese enjuiciar o no se les condenase por falta de pruebas. Hasta ahora este costo no lo han querido pagar ni las autoridades ni la sociedad. En el imaginario colectivo prevalece la idea autoritaria de que “frente a los delincuentes vale todo”. Un trato digno y legal a quienes cometieron un delito no es todavía una aspiración colectiva. Mientras que ello siga siendo así, la tortura no va dejar de ser una práctica generalizada en el sistema de persecución criminal y seguiremos padeciendo a nuestras malas, corruptas y débiles instituciones de seguridad y justicia. ¿Hasta cuándo?

Ana Laura Magaloni

Profesora del CIDE.

Beatriz Magaloni

Profesora de la Universidad de Stanford.

1 Véase: Culpables conocidos, víctimas ignoradas: tortura y maltrato en México, Amnistía Internacional, Informe núm. 41/063/2012; México: nuevos informes de violaciones de derechos humanos a mano del Ejército, Amnistía Internacional, Informe núm. 41/058/2009; Ni seguridad, ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico de México, Human Rights Watch, Informe 1-56432-827-9, 2010, entre otros.

2 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, Consejo de Derechos Humanos, ONU, A/ HRC/ 28/ 68/ add 3

3 http://bit.ly/1UuHtsl

4 La encuesta es representativa de ocho Centros Federales de Readaptación Social. Cinco de estos centros (Morelos, Laguna del Toro, Aserradero, Bugambilias y Rehilete) se ubican en el Complejo Penitenciario Islas Marías, en Nayarit. Los otros tres centros fueron el Cefereso 1, Altiplano, en el Estado de México, el Cefereso 2, Occidente, en el estado de Jalisco y el Cefereso 8, Norponiente, en el estado de Sinaloa. Se encuestaron a un total de 821 internos sentenciados: 726 hombres y 95 mujeres.

5 El criterio para seleccionar los casos en la encuesta fue que los individuos fueran representativos dentro de la población sentenciada en ocho Centros Federales de Readaptación Social. Por lo tanto, el muestreo no tuvo como objetivo determinar cuáles fueron sentenciados antes y después del mandato de Felipe Calderón, sino hacer una muestra representativa de la población en estos centros penitenciarios. El cuestionario que se aplicó a los individuos incluyó la pregunta “¿En qué año la/lo detuvieron?”. En consecuencia, es posible hacer una distinción entre reos detenidos antes y durante el sexenio. Cabe destacar que, según este análisis, 41.57% de los encuestados fue detenido antes de 2006, Calderón, y 58.43% después. Por lo tanto, existe información suficiente para contrastar las prácticas institucionales del maltrato y la tortura antes y durante la administración de Felipe Calderón.

6 Algunas tesis aisladas y de jurisprudencia de la Suprema Corte de esos años dan cuenta de ello. Por ejemplo, la Corte determinó que la comprobación por parte del imputado de huellas de maltrato físico provocadas durante la detención no invalidaba la confesión si ésta estaba corroborada por otras pruebas en el expediente (Tesis 139-144, Séptima época, Primera Sala, Seminario Judicial de la Federación, noviembre, 1980, p. 36). También estableció que la confesión del imputado en la agencia del MP, a pesar de comprobar que fue sujeto a una detención prolongada, debería ser válida pues se debía presumir que el detenido, a falta de prueba en contrario, se encontraba “en completa libertad para manifestar todas y cada una de las circunstancias relativas al desarrollo del hecho delictivo” (Tesis 41, Primera Sala, Seminario Judicial de la Federación, mayo 1972, p. 15). Asimismo, si el imputado modificaba su declaración ante el juez, debería tener mayor valor probatorio la rendida ante el MP pues era la “más espontánea” (Tesis XLIII, Sexta Época, Primera Sala, Seminario Judicial de la Federación, enero 1961, p. 37). Por lo que toca a la falta de abogado defensor durante la detención, la Corte destacó que ello no significaba la indefensión del imputado, ya que no podría imputársele al MP que el detenido no haya ejercido dicho derecho (Tesis 63, Séptima Época, Primera Sala, Seminario Judicial de la Federación, marzo, 1974, p. 23).