La violencia en Michoacán ha vuelto a ocupar los titulares de los medios electrónicos e impresos del país; inclusive, noticieros internacionales le han dedicado notas y reportajes. Se habla de ingobernabilidad, de ausencia de gobierno, de regiones enteras controladas por el crimen organizado, de repetición de una estrategia policíaco-militar que en el sexenio anterior resultó fallida. Las emboscadas a las fuerzas federales sugieren un cambio táctico de los grupos delincuenciales: ya no sólo se ocultan ante el despliegue de contingentes militares, sino contraatacan para elevar al gobierno federal el costo de su intervención. Las fuerzas federales no pueden replegarse, pero no se aprecian todavía logros concretos para debilitar a las organizaciones criminales.

Sin embargo, la violencia desatada por el cártel de Los Caballeros Templarios no es el mayor de los problemas que azota al Michoacán de hoy. Es tan sólo la manifestación más dramática de una crisis sistémica que desde hace varios años afecta al gobierno y a la sociedad. Son muchos los síntomas de esa crisis. Entre los que se han observado en el último año se cuentan: un grupo de feligreses de la Nueva Jerusalén demoliendo a la luz del día una escuela primaria pública porque allí se anidaba el demonio; varios autobuses incendiados por estudiantes normalistas, detenidos en flagrancia pero liberados enseguida por falta de pruebas; un grupo de estudiantes universitarios que robaron y quemaron vehículos oficiales en pleno centro de Morelia, detenidos por la policía y enseguida exonerados por el gobernador; grupos de pobladores armados, decididos a defenderse por sí mismos en varios municipios sitiados por la delincuencia; 60 camiones y autobuses retenidos, y cinco policías estatales secuestrados por alumnos de escuelas normales rurales que exigen plazas docentes automáticas; la ciudad de Morelia bloqueada durante ocho horas en todas sus salidas por pequeños grupos de personas de las más diversas ocupaciones; miles de escuelas públicas en paro por 55 días. El común denominador de todos esos hechos es que las autoridades no hicieron nada o casi nada para evitar los daños a la población, y mucho menos para perseguir legalmente los delitos o faltas cometidos.

Hay otro común denominador en esos hechos: no son excepcionales, ni sus causas son coyunturales ni son atribuibles en exclusiva a los gobernantes en turno; más bien, son habituales y se derivan de un sistema de reglas informales muy arraigadas en la sociedad y en el gobierno local. En Michoacán opera un arreglo institucional escasamente regido por las leyes, con un sistema de incentivos perversos que impulsa a los grupos de interés a buscar sus objetivos por medio de la fuerza y compele al gobierno a someterse a las presiones o negociar al margen de la ley.1 Es en ese ambiente de desorden y muy precaria legalidad que medra el crimen organizado, aprisionando a la sociedad con su red de extorsiones, narcotráfico, secuestros, lavado de dinero, homicidios y captura de autoridades.

Los problemas que hoy enfrenta Michoacán se gestaron a lo largo de mucho tiempo, pero en los últimos 10 o 12 años se conjugaron de tal manera que formaron un entramado de reglas informales e incentivos que han pervertido el comportamiento de los actores sociales y políticos hasta volver disfuncional todo el sistema político. Esquemáticamente, los problemas que aquejan más agudamente al Michoacán de hoy son cuatro: delincuencia, degradación educativa, conflictividad social y quiebra de las finanzas públicas.

Inseguridad y delincuencia

Desde hace muchos años Michoacán había sido una de las zonas preferidas para el narcotráfico. Pero era solamente eso: tierras de cultivo de marihuana y amapola, y ruta de traslado, actividades discretas que afectaban sólo esporádicamente a la población. Pero en el último decenio la delincuencia cambió sustancialmente su modo de operar. La rivalidad entre bandas criminales desató la violencia y sus actividades se extendieron a otros delitos como el secuestro. El gobierno de Lázaro Cárdenas Batel (2002-2008) fue testigo muy poco activo del incremento de la delincuencia. En 2005 fue asesinado el secretario de Seguridad Pública del estado.2 En 2006 apareció públicamente La Familia Michoacana, singular grupo de delincuentes que prometía defender a los michoacanos de otros delincuentes (Los Zetas). Para demostrarlo, sicarios de ese grupo arrojaron cinco cabezas humanas en un cabaret de Uruapan.3 El gobierno del estado apenas reaccionaba. La violencia entre grupos criminales entró en una espiral sangrienta que llevó al gobernador Cárdenas a pedir el auxilio del presidente entrante, Felipe Calderón.4 Así empezó en Michoacán la Operación Conjunta y la “guerra contra el narcotráfico” en todo el país, con la participación directa de las fuerzas armadas en tareas policíacas.

En febrero de 2008 asumió la gubernatura el perredista Leonel Godoy, quien se afanaba en soslayar el problema de la inseguridad. Tal vez por eso nombró como titular de Seguridad Pública a una jovencita sin experiencia ni conocimiento en la materia. A todo mundo sorprendió tal nombramiento, como sorprendería la designación de la segunda secretaria de Seguridad, con un perfil semejante.5 En 2008, durante el festejo del 15 de septiembre en Morelia, fueron arrojadas dos granadas en medio de la multitud, causando ocho muertes y un centenar de heridos. La colaboración del gobierno local con el federal era escasa, mientras la delincuencia medraba a sus anchas. En mayo de 2009 el gobierno federal efectuó un operativo policíaco-militar en contra de 30 funcionarios públicos estatales y municipales (de partidos diferentes), presuntamente implicados con La Familia. Al cabo de varios meses de reclusión, uno a uno los acusados fueron puestos en libertad “por falta de pruebas”. La PGR no apeló las resoluciones del juez. Más tarde, la PGR investigó al juez de la causa por lavado de dinero y el Consejo de la Judicatura Federal lo destituyó por presunta corrupción de la justicia.6 La relación entre los gobiernos local y federal se tornó ríspida y llena de desconfianza, y empeoró cuando se hicieron públicas pruebas de involucramiento directo del medio hermano del gobernador con el cártel de La Familia.7 Aunque no hubo pruebas que incriminaran a Leonel Godoy, su credibilidad quedó muy dañada. Godoy recibió un nuevo golpe a fines de 2011, cuando en una conversación telefónica entre capos de La Familia, grabada y filtrada por la Policía Federal, el todavía gobernador fue aludido con sospechosa familiaridad.

La Familia logró expulsar a Los Zetas y se quedó con el monopolio de la plaza. Además, diversificó con holgura sus actividades delictivas: producción de drogas sintéticas, secuestro, extorsión, control de piratería, cobro de cuotas a agricultores, comerciantes y autoridades municipales. Inclusive, se daba el lujo de organizar manifestaciones populares en su apoyo y de repudio a la Policía Federal, todo eso ante la indiferencia del gobierno estatal. A finales de 2010 La Familia sufrió duros golpes por parte de las fuerzas federales, inclusive la muerte de su líder máximo.8 Al poco tiempo las rivalidades internas escindieron a la organización y surgió el grupo de Los Caballeros Templarios. Éstos ya no tienen todo el poderío que tuvo La Familia en años anteriores, pero su arraigo en algunas regiones les permite controlar poblados enteros y hacer presa de extorsión y cobro de “impuestos” a productores de aguacate, limón, melón, madera, así como a ganaderos, comerciantes y presidentes municipales.

La Familia Michoacana y, después, Los Caballeros Templarios, son mucho más que bandas de delincuentes. Dotados de un discurso religioso y populista, son también puntos de referencia para pueblos enteros, motivo de temor pero también de simpatía y apoyo; no sólo cobran cuotas bajo amenaza, sino también brindan protección, organizan manifestaciones políticas, patrocinan fiestas, ponen a las policías municipales a su servicio y a menudo también a los alcaldes. La débil cultura de legalidad que se observa en todo el país, alcanza en algunas zonas de Michoacán el rango de instituciones alternativas.

Las cosas no variaron mucho con el cambio de poderes del estado en 2012, aun cuando el gobierno estatal pasó al PRI. La política de seguridad del nuevo gobierno ha sido, ante todo, de abstención. Los cambios en las instituciones de seguridad y justicia impulsados por la Federación —profesionalización de las policías, mecanismos de control de confianza, nuevo sistema de justicia penal—, que habían caminado muy lentamente en el período de Godoy, con la nueva administración siguen casi al mismo ritmo, aunque ahora se aduce una justificación por falta de dinero.9

La pasividad de los gobiernos locales ante la inseguridad ha incitado reacciones de autodefensa al margen de las leyes. Primero fue Cherán, un municipio de población indígena donde desde 2010 campeaba la tala ilegal de bosques presuntamente patrocinada por La Familia. La disputa por la madera dio lugar a enfrentamientos con saldo de varios pobladores muertos. Mientras el gobierno del estado miraba impasible, la comunidad de Cherán decidió tomar la defensa en sus propias manos: formó guardias armadas, instaló retenes para controlar entradas y salidas del poblado, y desconoció a la autoridad municipal. La espiral de violencia obligó al gobierno federal a intervenir con fuerzas policiales y militares, y una instancia de conciliación política que culminaría con la elección de un nuevo gobierno municipal por un procedimiento de “usos y costumbres”, dotado de un aparato de seguridad propio. Una solución salomónica que reconoció la impotencia del gobierno formal y condescendió con la decisión comunitaria de autogobierno en los linderos de la ley. Los resultados en términos de seguridad, hasta ahora, han sido buenos para Cherán, pero su ejemplo esparció a otras latitudes la semilla de autodefensa, cuyas consecuencias aún son impredecibles.

Los “grupos de autodefensa” que se conocieron este año en varios municipios michoacanos —Buenavista, Tepalcatepec, Coalcomán, Chinicuila, Aquila, entre otros— son una manifestación entre muchas del escasísimo aprecio de la ley y de la ausencia casi absoluta de los gobiernos locales. Cansados de las extorsiones y la violencia de Los Caballeros Templarios, ante la impotencia de las autoridades municipales y la pasividad del gobierno del estado, grupos de pobladores se armaron por su cuenta para hacer frente a los criminales. No está claro cómo obtuvieron las armas (tal vez con ayuda de un cártel rival), pero el móvil de autodefensa es auténtico. Ante la incapacidad del gobierno del estado y el escándalo nacional que causaron las imágenes de grupos armados a punto de una guerra civil, en mayo de 2013 el gobierno federal se hizo cargo del asunto: nombró a un militar como secretario de Seguridad Pública del estado y mandó tropas a restablecer el orden. Fue una intervención centralista poco discreta para suplir la ausencia de facto del gobierno estatal. Una inestable calma volvió a los municipios asediados, pero la violencia se recrudeció en otras zonas de la entidad: el 21 de julio, en Los Reyes, una multitud que se manifestaba contra las extorsiones fue ametrallada; en los días siguientes, en varios sitios de la autopista Siglo XXI patrullas de la Policía Federal fueron emboscadas, causándoles cinco muertes; el 28 de julio, en sitios distantes se registraron bloqueos simultáneos de carreteras por supuestos transportistas que protestaban contra la Policía Federal, con un discurso que sugiere influencia de Los Caballeros Templarios; el mismo día, en el Bajío, un vicealmirante de la Marina fue atacado y muerto por sicarios, precisamente después de haberse desviado a un camino vecinal para rodear un bloqueo de la autopista de Occidente.

La presencia de las fuerzas federales no ha logrado restablecer la seguridad. No se han hecho detenciones importantes ni hay señales de desmantelamiento de las redes de protección oficial de la delincuencia. Y, sin embargo, parece indispensable que el Ejército, la Armada y la Policía Federal permanezcan patrullando la entidad. Si las fuerzas militares se retirasen, muy probablemente volverían Los Caballeros Templarios a cobrar sus cuotas y tomar venganza.

La prolongada falta de aplicación de la ley ha producido en Michoacán una subcultura de resignación, aceptación y a veces hasta de colaboración ante la delincuencia. Los gobiernos locales rara vez actúan contra ella, sea por incapacidad operativa o por complicidad. La población termina por habituarse a ver pasar a los delincuentes y guardar silencio…. hasta que la acción de los mafiosos no atente directamente contra su propiedad e integridad. Por lo demás, la mayoría sabe que no contará con la protección del gobierno. La regla de impunidad está bien asentada.



Degradación de las instituciones educativas

La mala calidad educativa, los vicios burocráticos y el corporativismo sindical que se observan en todo el país, adquieren en Michoacán grados y formas difíciles de imaginar. Únicamente Oaxaca se le equipara. Desde 1989 surgió en Michoacán un poderoso movimiento de oposición a la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). A fuerza de organización y movilizaciones, unos años después esa corriente, denominada “Magisterio Democrático”, ganó la mayoría y la representación del Comité Seccional 18 del SNTE. Así controló el comité seccional por tres periodos consecutivos. Cuando perdió la representación oficial,10 esa corriente sindical estableció un comité paralelo, informal pero eficaz. Desde hace 10 años en Michoacán hay de hecho dos sindicatos: la Sección 18, reconocida oficialmente por el Comité Nacional del SNTE (aunque al parecer minoritaria), y la Sección XVIII, autodenominada “democrática”, que al margen del SNTE pero afiliada a la CNTE agrupa a cerca de la mitad de los profesores de la entidad. (Una porción de profesores difícil de cuantificar ya no participa en ninguna de las dos facciones.) El gobierno estatal tiene que tratar con los dos sindicatos, aunque en los hechos recibe más presiones y otorga más beneficios a la sección disidente.

Lo más significativo de la sección democrática es que actúa casi por entero al margen de las normas legales, administrativas y pedagógicas establecidas. No acepta los libros de texto editados por la SEP, porque los juzga “neoliberales”. En las escuelas controladas por esta corriente sindical se emplean los libros de 1993 o incluso anteriores, aunque para ello el gobierno del estado tenga que gastar cada año más de 30 millones de pesos más en editarlos. Recientemente, el líder sindical declaró que los libros de texto eran del todo prescindibles, y que en adelante cada profesor determinaría cuáles materiales utilizar. En Michoacán no se han podido aplicar las reformas de 2004 y de 2011 a la enseñanza secundaria, porque el sindicato no lo permite. Tampoco se puede aplicar en la mayoría de las escuelas la prueba ENLACE, porque los activistas de la CNTE lo impiden por la fuerza. Este año, según el gobierno, esta prueba alcanzó una cobertura del 33%, insuficiente para ser validada por la SEP. A falta de esa evaluación, Michoacán no figura en el ranking nacional oficial de calidad educativa, aunque la asociación civil “Mexicanos Primero” ubica a Michoacán en el último o penúltimo lugar en algunos indicadores.11 Tampoco se han aplicado las reglas de la Alianza por la Calidad de la Educación, adoptadas en el país desde 2008. El gobierno del estado ni siquiera firmó el convenio correspondiente con la Federación. Los escasos concursos abiertos para ocupar plazas han sido boicoteados por los maestros disidentes. Las plazas docentes se siguen negociando por el sindicato o heredando, y una parte de ellas se otorga automáticamente a los egresados de las escuelas normales. Frente a estas prácticas y reglas de facto, la actitud de los sucesivos gobiernos —sean del PRD o del PRI— ha sido de resignación, cuando no de franca complicidad.

La actuación del magisterio disidente al margen de todas las normas oficiales no significa que no tenga una institucionalidad propia. La organización se rige por asambleas, votaciones mayoritarias y demuestra mucha disciplina en sus acciones, a menudo violentas. Pero la reina de las instituciones del sector educativo en Michoacán es el mecanismo de control político conocido coloquialmente como “marchómetro”, un sistema que mide y premia la participación de los agremiados en asambleas, paros, marchas, plantones, bloqueos de carreteras y cualquier otra acción que el sindicato ordene. Es un sistema de estímulos que se traduce en plazas, promociones, préstamos y otros beneficios gremiales. El marchómetro ha sustituido casi por entero a la carrera magisterial.12 No es difícil imaginar lo que un marco de incentivos como ése produce en la calidad de la enseñanza.

La CNTE en Michoacán mantiene una estrategia que sus líderes denominan “negociación y movilización”. A lo largo de cada año escolar realiza innumerables marchas a la capital del estado o a la ciudad de México, además de realizar otros tantos paros con cualquier motivo. Semanas antes del Día del Maestro, emprende las movilizaciones más grandes y lleva a cabo paros de varias semanas, en demanda de aumento salarial, nuevas prestaciones y compromisos de gasto del gobierno para los más variados fines. En 2013 el paro de labores contra la reforma educativa duró 55 días. Jamás se ha descontado a los paristas un solo día de salario. El calendario escolar, oficialmente de 200 días laborables, en Michoacán difícilmente llega a 150.

Las movilizaciones y paros de labores constituyen siempre el contexto de la negociación de la CNTE con el gobierno del estado. Por lo menos desde 1994 los sucesivos gobiernos estatales se han visto obligados a hacer al sindicato concesiones económicas y políticas fuera de norma, tan sólo para apaciguarlo por un tiempo. Pero esa práctica se ha convertido en un incentivo para nuevas demandas, nuevas movilizaciones y concesiones cada vez más costosas. Durante los gobiernos de Cárdenas Batel y Godoy, quienes establecieron una alianza electoral con esa organización sindical, las concesiones políticas subieron de nivel y las concesiones económicas de precio. En los últimos años cada negociación con el magisterio democrático le ha costado al gobierno del estado, en promedio, 800 millones de pesos, la mayor parte de ellos por conceptos de gasto no presupuestados ni autorizados por la SEP, de manera tal que el gobierno del estado tiene que tomar el dinero de otras partidas. Ahí reside una de las causas del tremendo endeudamiento y desorden financiero que padece el estado de Michoacán.13 El actual gobierno priista recibió una herencia de compromisos impagables y unas reglas de negociación con las que prefiere contemporizar para atenuar presiones, aun al precio de seguir hundiendo a la educación.

Además, el gobierno estatal regularmente se somete a las reglas de la CNTE porque buena parte de los mandos directivos y medios de la Secretaría de Educación del estado se hallan en manos de líderes sindicales. Inclusive, en el gobierno de Godoy las dos titulares sucesivas de la Secretaría eran destacadas activistas del sindicato. Y, sin embargo, ni ellas pudieron contener las presiones y la voracidad del gremio. En Michoacán la llamada rectoría de la educación está en manos de la CNTE, no del gobierno. En estas circunstancias las posibilidades de aplicar en Michoacán la nueva reforma educativa son muy limitadas, si es que hay alguna.

Conflictividad social

Marchas, plantones, tomas de edificios públicos y bloqueos de calles y carreteras forman parte del paisaje habitual de Michoacán. Un viejo dicho local rezaba que “la principal industria de Michoacán es la política”. Hoy, el dicho se puede actualizar así: “La principal industria de Michoacán es la protesta”. Y lo es no sólo por su magnitud, sino por su rentabilidad. En todo el país hay protestas y movilizaciones, pero en pocos lugares alcanzan la frecuencia, intensidad, impunidad y eficacia que tienen en Michoacán. Prácticamente todos los grupos sociales organizados, y aun los organizados efímeramente, se han formado en la pedagogía del chantaje: profesores, estudiantes, transportistas, campesinos, empleados públicos, pobladores de asentamientos irregulares y un largo etcétera. La experiencia les ha enseñado que hacer una protesta pacífica y sin alterar el orden, tiene muy pocas probabilidades de ser atendida; en cambio, manifestarse tumultuariamente, perturbar el orden, impedir el funcionamiento de servicios públicos, causar molestias graves a la población, tiene de antemano dos garantías: impunidad y la satisfacción de las demandas en algún grado. Inclusive la comisión de delitos flagrantes, a la vista de la autoridad y de los medios de comunicación, goza de una patente de corso que pone en duda la existencia del Estado de derecho. En los raros casos en que la autoridad opta por emplear la fuerza pública, casi nunca hay detenidos, y si los hay, enseguida son liberados por falta de pruebas o por el perdón otorgado por el gobierno.

Comprensiblemente, el efecto del incentivo se desarrolla en espiral. Cuando un medio de protesta repetido parece perder efectividad, se eleva su nivel de daño a la población y así asegura el éxito. Hace algunos años, uno de los medios de presión más fuertes eran los plantones frente al Palacio de Gobierno, en la avenida principal de Morelia. Hoy lo más común es bloquear simultáneamente cuatro o cinco salidas carreteras de la ciudad, tomar casetas de cobro en autopistas, secuestrar autobuses; y si no hay satisfacción pronta a la demanda, las acciones consiguientes son secuestrar funcionarios o quemar vehículos. Las concesiones del gobierno para “resolver” un conflicto varían de un caso a otro, pero la impunidad está asegurada invariablemente.

Tales reglas están profundamente arraigadas en la población y en la manera de operar del gobierno. Conforman ya una verdadera institución. A menudo, el gobierno del estado (el actual o el anterior, no importa el partido) hace alarde de su capacidad de resolver conflictos mediante la negociación, aun cuando lo haga fuera de la ley. Pero el “éxito” es efímero, porque en el siguiente ciclo enfrentará al mismo actor y la misma protesta, pero con métodos más rudos y exigencias más onerosas. Junto con la delincuencia y la corrupción gubernamental, la protesta fuera de la ley se ha convertido en un eficaz mecanismo de extracción de rentas. Sus consecuencias en la gobernabilidad son notables: acciones del gobierno reactivas, no planeadas ni sujetas a la ley; desvío de recursos públicos para apaciguar conflictos; ineficiencia administrativa e irresponsabilidad política. En la economía las consecuencias no son menores: obstrucción del comercio, suspensión de servicios, incertidumbre para la inversión, inhibición del turismo. Algunos líderes empresariales han declarado que a la economía la dañan más las manifestaciones que la inseguridad pública.14 Y hay un efecto social menos visible pero más pernicioso: el arraigo de un sistema de incentivos que premia la ilegalidad, la violencia, el egoísmo gremial, la irresponsabilidad gubernamental, y desalienta la productividad, el mérito profesional y el acatamiento de las normas.

Quiebra financiera e impunidad

Todos esos factores que erosionan la gobernabilidad en Michoacán han llegado a un punto crítico. El arreglo institucional que, con todas sus distorsiones y efectos perversos, al fin y al cabo funcionaba, ha dejado de hacerlo porque le falta un combustible indispensable: dinero público. La fragilidad fiscal estructural de los gobiernos estatales del país, en Michoacán se ha convertido en una auténtica quiebra financiera. El gobierno del priista Fausto Vallejo y de su suplente interino Jesús Reyna, heredó de la administración perredista de Leonel Godoy un volumen de adeudos y un desorden administrativo que lo tienen sumido en la parálisis. La propia dificultad para calcular los pasivos es un indicador del desorden contable. El primer tesorero del gobierno de Vallejo estimó la suma de adeudos bancarios, pasivos a proveedores, obligaciones incumplidas con el gobierno federal y el déficit previsto para 2012, en 39 mil millones de pesos, equivalente al 80% del presupuesto estatal de ese año. (Ese tesorero fue sustituido por otro menos comunicativo.) Otros cálculos del Ejecutivo y el Congreso reportaban, en cifras redondas, 16 mil millones de deuda bancaria y 15 mil millones de pasivos diversos.15 El segundo tesorero bajó la estimación total de adeudos a 25 mil millones de pesos, pero descontando los impuestos no enterados a la Federación. Varios diputados cuestionaron esa cifra. Aun con la estimación más baja, no es poca cosa que la administración anterior haya dejado pagos pendientes por nueve mil millones a proveedores, contratistas y otros acreedores, muchos de los cuales se han declarado en quiebra por falta de pago; numerosas obras públicas quedaron inconclusas por la misma razón.

Cómo se produjo tal endeudamiento y a qué se destinó, todavía no se sabe con certeza. Pero el informe de la auditoría externa encargada por el gobernador Vallejo y realizada por el despacho de Luis Felipe González de Aragón, Bufete de Consultoría Aplicada, reporta una cantidad de irregularidades asombrosa.16

Las irregularidades van desde la adquisición de créditos multimillonarios sin cumplir requisitos de ley, desvíos de recursos federales, manejo anómalo de cuentas bancarias, liquidación de obras inconclusas y falta de pago a acreedores de empleados públicos, hasta contratos con empresas de dudosa existencia. También se han difundido, por fuentes oficiales y oficiosas diversas, muchas otras irregularidades administrativas: sustracción ilegal de 300 millones del Fondo de Pensiones del Estado para gasto corriente; incumplimientos de pagos a municipios para “obra convenida” por más de 300 millones; desvío de fondos del Seguro Popular; crecimiento desmedido del costo de obras públicas aún inconclusas; retención de 19 millones de pesos de fondos federales destinados al Poder Judicial para el nuevo sistema de justicia penal; no entrega de becas del FONCA para creadores artísticos locales; falta de entrega de subsidios complementarios a la Universidad Michoacana, entre otras.

Irregularidades administrativas como ésas no son excepcionales en México. Lo sorprendente es que el gobierno de Fausto Vallejo y su sucesor Jesús Reyna, ambos priistas, no hayan hecho nada efectivo para exigirle cuentas a su antecesor perredista Leonel Godoy, a pesar de que la quiebra financiera los ha limitado muchísimo en su quehacer gubernamental y obligado a adquirir nuevos créditos multimillonarios para pagar a proveedores y reestructurar los créditos heredados. En 2012 el gobierno obtuvo del Congreso autorización para adquirir nueve mil 500 millones de pesos, que no ha podido recibir de los bancos por su baja calificación crediticia. Apenas consiguió de Banobras un crédito de cuatro mil millones, muy condicionado y que recibirá en abonos. En 2013 se presupuestaron para el servicio de la deuda 11 mil 472 millones, 20% del presupuesto total. La escasez de dinero ha obligado al gobierno estatal a restringir muchos programas: el presupuesto de la Secretaría de Política Social pasó de 268 millones en 2012, a 112 millones en 2013, una disminución de 58%; a la Secretaría de Desarrollo Económico se le recortó 56%, a la Secretaría de Turismo 67%, y a la Secretaría de Desarrollo Rural 48%.17 La falta de dinero también ha provocado litigios con ayuntamientos panistas y perredistas por el incumplimiento de aportaciones a obras convenidas entre los dos niveles de gobierno.

La crisis de las finanzas públicas, junto con la inseguridad y el desorden social, empiezan a reflejarse en la economía de la entidad. A lo largo del año de 2012, el ritmo de la actividad económica michoacana registra una desaceleración persistente; inclusive, en el primer trimestre de 2013 se observa un decremento de 1.1% respecto del primer trimestre del año anterior.18 Sin embargo, las cifras a nivel estatal apenas expresan pálidamente el drama de algunas microrregiones más afectadas por la delincuencia.

Sin embargo, Vallejo y Reyna han sido muy reservados con la información financiera y respecto de las anomalías de la administración anterior. Fuera de algunas quejas públicas por lo mal que recibieron las finanzas y una denuncia penal vaga “contra quien resulte responsable” por unos cuantos millones, ni la Contraloría ni la Procuraduría de Justicia han hecho gran cosa para deslindar responsabilidades. El aparente encubrimiento por parte del gobierno priista de Michoacán sorprende más por el contraste con el caso de Tabasco, donde un gobernador emanado del PRD acusa y persigue al ex gobernador del PRI. Pero el gobierno de Michoacán no ha dado muestras de querer sancionar a nadie. Se rumorea un pacto subrepticio entre Vallejo y Godoy. Cualesquiera que sean los motivos de esa conducta, la impunidad deliberada es un hecho incontestable.

El Congreso del estado tampoco está haciendo mucho, fuera de algunas denuncias y reclamos por parte de la fracción parlamentaria del PAN y de unos cuantos diputados del PRI. La legislatura anterior dio muestras de obsecuencia escandalosa hacia el Ejecutivo, como aprobarle retroactivamente créditos adquiridos en forma irregular. Se habla de sobornos generosos, disfrazados de partidas para “gestión social”. La Auditoría Superior del Estado parece empeñada en soslayar las irregularidades, tal vez porque el titular de ese órgano es un conocido líder perredista,19 nombrado para un periodo de siete años por los diputados de la legislatura anterior, un mes antes de concluir ésta. El Informe de la Cuenta Pública de 2011 presentado por la Auditoría Superior fue rechazado y devuelto por el pleno del Congreso, pero el desorden administrativo y operativo que impera en la propia Auditoría, no augura que las deficiencias de la revisión se vayan a subsanar. En el problema de las finanzas públicas, como en muchos otros aspectos de la vida pública de Michoacán, la impunidad ha sido el principio rector.

Futuro sombrío

La inseguridad pública, la ineficacia del gobierno, el imperio de la fuerza de los grupos de presión, la ausencia de legalidad, la impunidad y la crisis financiera, son problemas cuyas causas trascienden la coyuntura y se ubican en un arreglo institucional viciado y agotado. Coyunturalmente, la situación de Michoacán se complica aún más por la incertidumbre que provoca la enfermedad del gobernador Fausto Vallejo y sus repetidas licencias del cargo. Desde tiempo atrás se decía que el secretario de Gobierno, Jesús Reyna, era quien gobernaba, pero lo cierto es que como gobernador interino se ha mostrado débil e indeciso. Un factor más para hacer sentir la ausencia de gobierno. Apenas en agosto, Reyna se atrevió a hacer cambios en el gabinete nombrado por Vallejo.

¿Qué tendría que hacerse para detener la descomposición de la vida política y social de Michoacán? Tal vez la única certeza por el momento sea que el estado no podrá salir por sí solo de su postración, porque todos sus protagonistas están prisioneros de un entramado de reglas disfuncionales pero ineludibles. Para cada uno de los actores, tratar de cambiar las reglas del juego es muy costoso, arriesgado y de resultados inciertos; prefieren la inercia y la evasión. Es indispensable una intervención estratégica de largo aliento del gobierno federal, de preferencia con el respaldo de otras fuerzas políticas nacionales. La mediación reciente del secretario de Gobernación parece ir en ese sentido, aunque las medidas concretas se limitan por ahora al problema de la inseguridad.

Las líneas de acción básicas de la estrategia federal-estatal necesaria podrían ser: 1) política de seguridad pública con presencia prolongada de fuerzas federales, mando único, depuración-profesionalización de las policías locales y cambio a fondo de la Procuraduría de Justicia del Estado; 2) cambio gradual pero firme de reglas e incentivos frente a los grupos de presión, que ponga en el centro la aplicación de la ley; 3) política educativa que resista a los chantajes, sancione la violación a las normas y ofrezca incentivos segmentados para aislar y reducir gradualmente a las facciones sindicales más intransigentes; 4) rescate financiero para recuperar la funcionalidad del gobierno y el crecimiento económico, pero condicionado a un estricto control del gasto, rendición de cuentas y sanciones a los responsables del quebranto. De no emprenderse pronto ese esfuerzo de reconstrucción institucional, Michoacán no tendrá futuro. O, dicho con crudeza, su futuro será aún más sombrío que el presente. n

Jaime Rivera Velázquez. Politólogo. Profesor-investigador de la Universidad Michoacana.

1 El presente análisis tiene como marco de referencia la economía institucional, que define a las instituciones como “las reglas del juego de la interacción social”, reglas formales e informales que establecen limitaciones e incentivos a los que responden los actores económicos, sociales y políticos. Véase Douglas North, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, FCE, México, 2006, y Geoffrey Hodgson, Economía institucional y evolutiva contemporánea, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2007.

2 El titular de Seguridad Pública, Rogelio Zarazúa, quien gozaba de buena reputación y de la confianza del gobernador, fue acribillado en un restaurante el 16 de septiembre de 2005.

3 Junto a las cabezas colocaron una cartulina con el mensaje: “La familia no mata por paga. No mata mujeres, no mata inocentes, sólo muere quien debe morir, sépanlo toda la gente, esto es justicia divina” (La Jornada Michoacán, 7 de septiembre de 2006).

4 En ese año se registraron en Michoacán 526 ejecuciones (Eduardo Guerrero, “La estrategia fallida”, nexos núm. 420, diciembre de 2012).

5 La primera secretaria de Seguridad Pública, Citlali Fernández, sería detenida en 2009 por supuestos vínculos con la delincuencia y luego exonerada; la segunda, Minerva Bautista, sufriría en 2010 un atentado del que se salvó milagrosamente.

6 Se trata del juez Efraín Cázares López, en ese entonces radicado en Morelia.

7 Julio César Godoy Toscano era a la sazón diputado federal electo y prófugo de la justicia. El perseguido obtuvo un amparo y se introdujo clandestinamente a la Cámara de Diputados para gozar del fuero; luego se conocieron más pruebas y el diputado fue desaforado en ausencia, porque ya se había fugado.

8 Nazario Moreno, El Chayo, era reconocido como jefe e ideólogo de la organización. Según la Policía Federal, fue abatido en un enfrentamiento en la serranía de Apatzingán, aunque su cadáver nunca fue hallado. Hay gente que afirma que aún vive.

9 En 2013 la Procuraduría General de Justicia del estado informó que había 360 policías reprobados en los exámenes de control de confianza, pero no eran dados de baja por falta de dinero para liquidarlos (Excélsior, 17/02/2013 y El Economista, 22/02/2013).

10 La fracción “democrática” no aceptó el procedimiento estatutario de elección de delegados que propiciaba cierto grado de representación de las minorías; quería para sí la representación entera. No participó en la elección y se marginó de la estructura del SNTE.

11 Mexicanos Primero, Estado de la educación en México 2011. En varios indicadores de Desempeño educativo incluyente, Michoacán disputa con Oaxaca el último lugar nacional.

12 La virtual institucionalización del marchómetro se ilustra con el siguiente párrafo de un informe de la SEE al gobernador Godoy, a propósito de la CNTE: “Es requisito fundamental contar con buena asistencia a marchas, plantones, tomas de escuelas, y en general de apoyo a sus acciones; incluso los nombramientos de los puestos de confianza, tienen que ser negociados previamente con la dirigencia sindical, pues de lo contrario no se les permite ocupar las oficinas, ni desempeñar las funciones correspondientes” (Secretaría de Educación del estado, Desarrollo histórico del presupuesto, Michoacán, 2011).

13 En 2013 los compromisos firmados por el gobierno con la CNTE, según informaron las partes, tienen un costo estimado de 800 millones de pesos, los cuales incluyen unos 250 millones de bono especial “para resarcir la pérdida del poder adquisitivo”, adicional a los aumentos salariales. Un informe interno de la Secretaría de Educación del estado de 2011 estimaba el gasto adicional en plazas no autorizadas por la SEP, y por ende, con cargo al presupuesto del estado, en tres mil 800 millones de pesos, tan sólo entre 2008 y 2010 (Secretaría de Educación del estado, op. cit.).

14 Asociación Nacional de Hoteles y Moteles, y Unión Estatal de Transportistas, Agencia de Noticias Quadratín, 28/05/213, http://www.quadratin.com.mx

15 Es significativa la comparación con administraciones anteriores: la de Víctor Tinoco Rubí (1996-2002) terminó con un total de pasivos (deuda financiera y pasivos diversos) de mil 579 millones de pesos; la de Lázaro Cárdenas Batel (2002-2008), con ocho mil 627 millones de pesos. (Fuente: Gobierno del Estado de Michoacán, Secretaría de Finanzas y Administración, Cuenta Pública de la Hacienda Estatal, 2001 y 2007.)

16 Bufete de Consultoría Aplicada, S.C., Auditoría externa realizada a las finanzas del Gobierno del Estado de Michoacán. Informe, agosto de 2012.

17 Fuente: Presupuestos de Egresos del Estado de Michoacán de 2012 y 2013, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, 30/12/2011 y 31/12/2012.

18 Fuente: INEGI. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, julio de 2013.

19 Se trata de José Luis López Salgado, ex diputado local del PRD.

Ilustraciones de Augusto Mora.