La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Fundación Renovables, con el asesoramiento jurídico del bufete Holtrop, han terminado de redactar la denuncia que presentarán en los próximos días ante la Fiscalía Anticorrupción, en la que acusan al ministro de Industria, José Manuel Soria, y a su equipo de incurrir en los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Según los denunciantes, el ministro dictó una Orden Ministerial para recortar la retribución que perciben las instalaciones de energías renovables a sabiendas de que era una norma injusta porque se basó en unos parámetros de inversión y rentabilidad que no se correspondían con la realidad.

Industria dictó una Orden Ministerial a sabiendas de que la metodología que la sustentaba no se correspondía con la realidad: el objetivo era recortar 3.000 millones

“Industria hizo ingeniería inversa: le dijo a las consultoras contratadas que había que recortar sí o sí 3.000 millones de euros en la retribución a las renovables para acabar con el déficit de tarifa y les exigió unos informes que justificaran este ajuste”, señalan las fuentes jurídicas consultadas.

El ministro Soria, al constatar que ni Roland Berger (aceptó cambiar los informes) ni Boston Consulting (se negó a maquillar los informes y fue expulsada del proceso) presentaron los estándares de inversión y rentabilidad que dieran carta de realidad al hachazo renovable, optó por sacar adelante la Orden Ministerial con los propios datos del Ministerio y de su ‘brazo armado’ energético, el IDAE.

“El ministro sabía que los datos analizados en centenares de instalaciones renovables de todo tipo arrojaban unas conclusiones que en nada se parecían a las que defendía el Ministerio para poder recortar los 3.000 millones de euros y aún así aprobó la norma”, añaden estas fuentes.

De ahí que tanto la Plataforma como la Fundación creen que hay suficientes indicios de un presunto delito de prevaricación cometido por el ministro y su equipo. Así lo recoge el escrito de denuncia redactado por Holtrop.

Soria y Nadal han aplicado la ingeniería inversa: establecieron una cantidad a recortar para eliminar el déficit de tarifa y después fijaron la metodología para llegar a ella

De hecho, de las actas de recepción de los informes de Roland aportadas por el IDAE al Tribunal Supremo, recogidas por Vozpópuli, se desprende que el ministro desechó los dos primeros borradores, por no adecuarse a lo que necesitaba el Ministerio para poder recortar los 3.000 millones de euros.

La consultora tuvo que presentar un tercer informe a la carta, que tras ser convenientemente manipulado, según las fuentes del sector consultadas, se acercó por fin a lo que pedía Industria.

Pero ya era tarde, porque el informe entró en el IDAE el 31 de octubre de 2014, cuatro meses y medio después de la entrada en vigor de la Orden Ministerial, del 16 de junio.

Y es aquí donde los denunciantes encuentran, además, un posible delito de malversación de fondos públicos, porque el IDAE, por orden de Industria, pagó 300.000 euros más IVA a Roland por unos informes que nunca usó.

Además, Industria eligió a las consultoras a dedo, sin concurso público.

Industria sabía que Roland estaba adaptando el borrador a las necesidades del Ministerio, pero aun así no esperó a sus conclusiones, que llegaron meses después de la aprobación de la norma.

La denuncia considera que hubo malversación de fondos públicos porque Industria pagó 300.000 euros más IVA por unos informes que fueron manipulados y que además sabía que no iba a utilizar

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, tuvo que salir al paso de las críticas de todo el sector por las sospechas de manipulación de unos informes que finalmente fueron desechados, y defendió que éstos no eran ni preceptivos ni vinculantes y sólo se encargaron para “contrastar datos y metodología”.

Pero el sector renovable denuncia que la metodología aplicada por Industria deja a muchas instalaciones al borde de la quiebra, con rentabilidades que no superan el 4%, frente a la “rentabilidad razonable del 7,39%” que defiende el Departamento de Soria.

Así las cosas, el escrito de denuncia ya está redactado y sólo falta el sí definitivo de sus promotores para presentarlo ante la Fiscalía Anticorrupción en los primeros días de mayo.