“Un momento complejo”. “Un año muy, muy duro”. “El peor de nuestra existencia”. Las editoriales mexicanas independientes están al borde de la asfixia porque su principal balón de oxígeno se ha ido desinflando. El Estado ha asumido históricamente el papel del primer y gran comprador de libros, pero durante los últimos años ha ido pisando el freno. El Gobierno saliente del PRI ha rebajado durante el sexenio la financiación al mundo editorial, arrinconando hasta casi la bancarrota a la red pública de librerías, estrangulando así un canal medular para las editoriales sin colchón multinacional y desnudando el problema estructural: la fragilidad de una industria excesivamente dependiente del dinero público, volcada en los libros educativos subvencionados, sin músculo exportador ni incentivos para la inversión privada.

Para Sexto Piso, la editorial independiente más grande por facturación con 25 millones de pesos (1,2 millones de dólares), este ha sido el año más duro desde que lograron hacer rentable el proyecto, allá por 2005. “Muy, muy duro porque hubo poco ejercicio presupuestal, las librerías perdieron mucho con el terremoto (septiembre 2017), a lo que hay que añadir la dramática tasa de librerías per cápita en el país y que se pararon todos los programas de estímulo al libro”, apunta Diego Rabasa, fundador de la editorial.

Las ventas gubernamentales llevan cayendo progresivamente desde inicio del sexenio priísta. De la frontera de 2012 y hasta 2016, últimos datos disponibles de la patronal editorial mexicana (Caniem), el recorte ha sido del 42%. Pese al desplome, aún supone en el volumen de ventas total casi una tercera parte, por encima de librerías y escuelas. El mapa de librerías, otra de las demandas crónicas de la industria, es escaso y nada proporcional. Son unas 500 en un país de 130 millones y están concentradas en las grandes ciudades: el 94% de los municipios mexicanos no tiene donde comparar libros.

En este paisaje repleto de nubarrones, el caso sangrante es el de Educal, una empresa pública que nació con el objetivo precisamente de compensar el déficit privado y extender la red de librerías por la república. Son actualmente 82 establecimientos, una red de distribución clave para los pequeños editores. Pero esa correa de transmisión está rota. A Sexto Piso le debe 700.000 pesos. La deuda con otras editoriales, que han preferido no dar su nombre, oscila entre 40.000 y los 400.000 pesos. Así hasta sumar una saldo negativo con proveedores acumulado de 33,7 millones, según un documento interno al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La dirección de Educal se plantea, de acuerdo al mismo documento, echar el cierre a la mitad de sus librerías en caso de no conseguir más financiación del nuevo Gobierno. Fuentes de la empresa han declinado hacer declaraciones, aduciendo que están negociando una salida de supervivencia con el nuevo Gobierno, que recientemente ha coqueteado con la idea de fusionar Educal con el portaviones editorial del Fondo de Cultura Económica (FCE), sobre cuya red de librerías también planean críticas por retrasos en los pagos. La situación de Educal es mucho más límite. La deuda con proveedores prácticamente se come el presupuesto entero de este último año, 48 millones, una cifra que ha ido menguando rotundamente desde la entrada del PRI. La última gran partida fue en 2012, con 484 millones. Y aquel balón de oxigeno tenía truco. Estaba inflado con otra de las mangueras de apoyo público al libro: los programas de bibliotecas y escuelas.

Los libros de educación básica son los más vendidos en el país, representa un 43% de los ejemplares, más de la mitad comprados por el Gobierno. Además, la Secretaría de Enseñanza lleva años liderando un proyecto paralelo de compra a las editoriales mediante concursos de libros didácticos no necesariamente de texto. Otra palanca también en retroceso. “Antes entrabas con cinco libros al año y te salvaba el ejercicio. Podía suponer más del 80% de los ingresos”, apunta Deborah Holtz, veterana editora al frente de Trilce, con 16 años de carrera. “Si se paran las compras públicas, no existe nada. No tenemos vías de financiación. Estamos en peligro de extinción, ya casi no editamos. Hemos pasado de hacer 15 a 6 libros al año”.

Almadia, otra de las grandes independientes, recuerda que estos programas educativos les ayudaron a despegar en 2008, cuando les compraron más de 100.000 ejemplares de un solo libro. “Nos ayudó mucho pero es una tendencia a la baja, lo que nos ha hecho separarnos de ese canal y fortalecer la distribución en liberarías privadas. Pese a todo, está siendo en año complejo”, afirma el director Guillermo Quijas.

Las librerías públicas —Educal y FCE— han llegado a representar al menos el 30% de la facturación de las editoriales independientes. Están entre sus cinco clientes principales. Al sumar los programas adicionales, el Estado solía convertirse en el primer comprador. Otra de esas palancas, el proyecto de ediciones de la Secretaría de Cultura, también se ha visto mermado. Las editoriales denuncian que han pasado de tres títulos a uno en los últimos años. Desde el área responsable del programa, la Dirección General de Publicaciones (DGP), su directora Marina Núñez sostiene que “en el 2017 si cayó mucho el presupuesto, como en otros programas, pero este año se trata más bien de que con los mismos recursos se alimentan otros proyectos”.

La DGP es otro de los organismos que están en el aire ante una posible fusión de dependencias por parte del nuevo Gobierno. “El problema que hay que atajar es lo poco profundo que es el mercado al tener tanto peso lo público”, apunta Tomás Granados, director de una nueva editorial Grano de Sal, dedicada esencialmente a libros académicos dirigidos a universidades. Entre los apuntes más repetidos de las editoriales están la implementación de la ley del libro, con sanciones para quien se salte el precio único, impulsos a la inversión privada vía beneficios fiscales como en otras industria como el cine, o el impulso a la exportación que apenas supone el 7% de la facturación total del segundo mercado más grande de Latinoamérica.