Tras treinta meses de dilaciones, el acuerdo entre Correo Argentino SA, empresa de la familia presidencial, y el gobierno de Mauricio Macri es una papa caliente para el mandatario y el patrimonio de sus familiares.

Los representantes de Correo saben que ahora, con el escenario pos-PASO, seguir dilatando el acuerdo no puede favorecerlos. Necesitan que el gobierno de Macri apruebe su última oferta y cierre así la negociación antes de que el macrismo deje el poder, en caso de perder las elecciones presidenciales de octubre. Pero también necesita tiempo si lo que quiere es reducir al mínimo su deuda. Al mínimo mínimo.

En julio de 2018, Correo planteó un plan de pagos para saldar su deuda con el Estado (calculada en 300 millones de pesos/dólares más intereses millonarios). Pero la empresa de los Macri pone una condición: pagará su deuda en la medida en la que el Estado le pague a Correo por supuestos daños y perjuicios. Estos reclamos se basan, en su mayoría, en la estatización del servicio del correo ordenada por Néstor Kirchner en 2003.

La compañía de la familia Macri tiene 11 expedientes iniciados en distintos juzgados del fuero Contencioso Administrativo federal, a cargo de resolver disputas contra el Estado nacional.

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En total, la empresa de los Macri reclama al Estado unos $ 2.300 millones que deben ser actualizados con intereses millonarios. Si lograra compensar las deudas, podría terminar más que beneficiada frente al Estado, de acuerdo a las fuentes judiciales consultadas.

Por eso, no todo depende del Ejecutivo en este caso. Distintos jueces también juegan un rol central y tanto la empresa de la familia Macri como el Gobierno los necesitan para cerrar el caso y eventualmente hacer un “toma y daca” de deudas. Uno de los jueces que cobró importancia en las últimas semanas es Enrique Lavié Pico, magistrado del Fuero Contencioso Administrativo Federal.

El juez. Lavié Pico tiene a su cargo varios de los expedientes iniciados por Correo contra el Estado. Esas causas fueron presentadas por la empresa, entonces de Franco Macri, en 2004, luego de que el gobierno de Kirchner le quitara la concesión. Entonces, desde hacía años, la empresa estaba en disputa con el Estado por reclamos mutuos y hay más expedientes. Uno incluso data del año 2000, antes de la estatización, en otro juzgado del mismo fuero, el 8. Así consta en los registros judiciales a los que accedió PERFIL.

Algunos de estos 11 expedientes avanzaron poco, según explicaron en Correo a PERFIL. Salvo dos que están en instancias similares y listos para una posible resolución: uno está en poder de Lavié Pico y otro de la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre (el del juzgado 8, que se inició en 2000). Así consta en los registros públicos del Poder Judicial.

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Correo dice que un tercer expediente, a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez (subrogante en el juzgado 12, iniciado en 2016), también ha avanzado y está en condiciones similares a los otros dos. Por eso, explicó su abogado a este medio, la empresa se presentó el 17 de julio ante el juez Lavié Pico y pidió que absorba la causa iniciada en 2016 contra el Estado que permanece en el juzgado 12. De esta manera, el juez concentraría un poder de decisión central para la empresa.

La firma, según explicó uno de sus abogados a PERFIL, busca que la Justicia evite dictar “sentencias contradictorias” en expedientes que tratan sobre lo mismo y que por eso piden que se acumulen en el juzgado de Lavié Pico, el magistrado que tiene una de las causas más antiguas (2004). No explicaron por qué no lo hicieron en otros expedientes de ese mismo año o en el del 2000.

Timing. El pedido de Correo a Lavié Pico fue el 17 de julio último. El día anterior, el 16 de julio, la comisión de disciplina del Consejo de la Magistratura (integrada por dos alfiles del macrismo) resolvió desestimar una investigación contra el juez Lavié Pico por supuesto mal desempeño y presuntas irregularidades en su patrimonio.

En 2017, Lavié Pico había sido denunciado ante el Consejo de la Magistratura, el organismo que elige y controla a los jueces, por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió.

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La dirigente sostenía que el juez había realizado una supuesta “maniobra” para acumular dos expedientes relacionados con el negocio del juego y había favorecido con medidas cautelares a tres empresas de Daniel Angelici, presidente de Boca, amigo y operador judicial de Macri, mediante las cuales el magistrado suspendió el aumento del impuesto a las ganancias a los bingos y la aplicación de un impuesto extra a las apuestas.

La denuncia en contra del juez quedó a cargo de Juan Bautista Mahiques, representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura. Durante 2018, el expediente avanzó con distintas medidas. El juez hizo su descargo, desmintió las denuncias en su contra y presentó documentación sobre su patrimonio. Se solicitó documentación a organismos oficiales. Así consta en la resolución oficial de la comisión.

Durante 2019, la acusación contra Lavié Pico no tuvo movimientos importantes, hasta el 16 de julio, cuando Mahiques propuso cerrarla en la comisión de disciplina. Lo logró, con los votos del diputado oficialista Pablo Tonelli (ex abogado de Correo); los jueces Juan Manuel Culotta y Alberto Lugones; y el abogado Juan Pablo Mas Vélez, de acuerdo a la resolución.

La última oferta. Entre el 16 y el 17 de julio, el oficialismo dio el primer paso para cerrar la causa contra Lavié Pico y Correo se presentó ante el juez para que se haga cargo de dos de sus principales expedientes contra el Estado. El 18 de julio, la empresa se presentó ante la jueza Marra Giménez y le solicitó que envíe al juzgado de Lavié Pico el expediente que tiene a su cargo sobre uno de los reclamos de Correo contra el Estado.

El 19 de julio, la Justicia comercial otorgó a la Procuración del Tesoro 15 días hábiles para expedirse sobre la última propuesta de Correo (llevaba un año de dilaciones).

El procurador Bernardo Saravia Frías es quien lleva adelante la negociación en nombre del Estado (y el Gobierno). El funcionario había pedido más tiempo para resolver el acuerdo pero justo antes de la feria judicial, a fines de julio, se lo denegaron. Debe analizar la última propuesta de Correo y decidir si acepta o no las condiciones de la empresa para pagarle al Estado, entre ellas, la compensación de “deudas mutuas”.

Tras el término del receso de invierno y un día después de las PASO, el 12 de agosto, la Procuración del Tesoro pidió más tiempo a la Justicia para analizar la propuesta de la empresa. Necesitaba ganar tiempo.

Al día siguiente, Lavié Pico solicitó a su colega Marra Giménez que le remita el expediente de Correo vs. Estado Nacional que tiene la magistrada en su juzgado.

Unas 24 horas después, la jueza Marra Giménez envió a Lavié Pico el expediente.

Al día siguiente, el 15 de agosto, el Consejo de la Magistratura cerró la causa contra el juez Lavié Pico con el voto de la mayoría de los consejeros y la ausencia de otros.

Ahora, el juez debe decidir si acepta el pedido de la empresa de la familia Macri y se convierte en el juez clave del caso Correo.

Los funcionarios que mantienen roles centrales en las negociaciones:

Son varios los funcionarios que cumplen roles centrales en el caso Correo Argentino SA. El procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, debe evaluar la propuesta de la firma para el pago de su deuda y eventualmente defender los intereses del Estado ante los reclamos de Correo. En la comisión de disciplina del Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques representa al Ejecutivo y fue quien instruyó la investigación contra Lavié Pico tras la denuncia de Elisa Carrió. Mahiques llegó a la conclusión de que Lavié Pico había presentado argumentos “razonables” sobre su decisión a favor de los bingos de Daniel Angelici y que no había inconsistencias en su patrimonio. La resolución fue avalada por otros cuatro consejeros, incluido Pablo Tonelli (diputado oficialista), quien declinó hacer declaraciones. Más allá de la valoración de la prueba, las sospechas giran en torno a los tiempos de la decisión del oficialismo para cerrarle la causa a Lavié Pico. Justo cuando la empresa de la familia del Presidente le solicita al juez una medida central en el destino de la compañía.

Mahiques dijo a PERFIL que el expediente contra Lavié Pico que se cerró esta semana estaba listo para desestimarse “desde hacía mucho” y que no tenía conocimiento sobre las presentaciones de la empresa de los Macri ante el juez.

PERFIL intentó comunicarse con Lavié Pico pero en su juzgado informaron que no hará declaraciones sobre el Consejo. Sobre la decisión que debe tomar a pedido se limitaron a aclarar que actúa como subrogante.