El uso de tribunales militares para enjuiciar a civiles en Venezuela pone en jaque el estado de derecho en el país, violando su constitución y las leyes internacionales, dijo hoy Amnistía Internacional.

“El uso creciente de tribunales militares para juzgar a civiles demuestra la absoluta determinación de las autoridades venezolanas de asfixiar las crecientes protestas y aterrorizar a cualquier persona que contemple la posibilidad de expresar sus opiniones, dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.”

El uso creciente de tribunales militares para juzgar a civiles demuestra la absoluta determinación de las autoridades venezolanas de asfixiar las crecientes protestas y aterrorizar a cualquier persona que contemple la posibilidad de expresar sus opiniones Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional

“Con esta decisión, el gobierno venezolano se está alejando aún más de la legalidad. El derecho internacional establece claramente la inadmisibilidad de que se trate a civiles como militares, esto atenta totalmente contra el ejercicio de derechos humanos.”

Según datos oficiales, más de 250 personas se encuentran actualmente privadas de su libertad y fueron puestas a la orden de jueces y fiscales militares. Todas fueron procesadas por delitos tales como “asociación para rebelión” y “ataque al centinela”, contemplados en la jurisdicción militar.

Este tipo de delitos tienen como finalidad delinear los códigos de conducta de las fuerzas armadas y no deben de aplicarse a civiles bajo ninguna circunstancia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene vasta jurisprudencia al respecto.

Poner a civiles bajo jurisdicción de tribunales militares es contrario a los estándares del debido proceso, ya que estos no son tribunales independientes, son especiales, puramente funcionales, y destinados a mantener la disciplina de las fuerzas armadas.

“Las autoridades venezolanas deben poner fin a esta práctica inmediatamente y llevar a cualquier persona acusada de un delito a un tribunal ordinario donde se respeten todas las garantías de un proceso justo e imparcial.”