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¿Qué tiene en común un constructor suizo con la localidad navarra de Alsasua? Nada, salvo el convencimiento de que los ocho jóvenes del municipio imputados por un delito de terrorismo son inocentes. Desde el pequeño cantón del Tesino, Nicola Foglia lleva tiempo rastreando como un sabueso cualquier noticia sobre este caso y proclama que la instrucción refleja los mismos enquistados prejuicios que han llevado a la cárcel a 10 dirigentes independentistas catalanes. “Todo el mundo sabe y yo sé que si el suceso de Alsasua hubiera ocurrido en Zaragoza o Extremadura, el tratamiento judicial sería distinto”, afirma Foglia en conversación telefónica.

Foglia ya ha trasladado a las familias de los jóvenes su compromiso de hacer todo lo que esté en su mano para que el caso se conozca en Europa. “Les he propuesto organizar un equipo de la televisión suiza para que documente el proceso y acompañarlas a los parlamentos europeo y suizo para que denuncien la injusticia que están sufriendo ante la total ignorancia del mundo democrático”, dice. Cerca de cumplir 54 años, es padre de dos hijos y simpatiza con causas que saquen los colores a quien abusa del poder. Así lo hizo en Chile, con los herederos de la sangrienta dictadura de Pinochet, y en Argentina, apoyando a las madres y abuelas de la Plaza de Mayo. Cree que en España hay pruebas de arbitrariedades judiciales y ha llegado el momento de denunciarlo. Para Foglia, el tiempo apremia y la próxima semana se trasladará a Alsasua para conocer personalmente a las familias de los ocho imputados. Hablará con ellas y les detallará su margen de maniobra para que el caso adquiera una dimensión internacional. Su iniciativa ha sido bien recibida en el pueblo.

Foglia conoce al detalle lo que sucedió en Alsasua el 15 de octubre de 2016, durante la madrugada de las fiestas patronales, cuando dos guardias civiles de paisano y unos jóvenes se enzarzaron en una trifulca en el interior del bar Koxka, por motivos todavía no esclarecidos, que acabó con uno de los agentes herido de gravedad en un tobillo. Esa misma noche, la Policía Foral detuvo a dos de los implicados que, tras prestar declaración, fueron acusados de “atentado con lesiones contra la autoridad” por la juez de la Audiencia Provincial de Navarra, Mari Paz Benito. Aunque el caso pareció quedar encarrilado con la puesta en libertad de los dos arrestados, la Guardia Civil asumió la investigación elevando las acusaciones a “delito de odio” y días después, tras la querella interpuesta ante la Audiencia Nacional por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), a “un presunto caso de terrorismo”.

La petición de penas para los ocho imputados, todos jóvenes entre 20 y 32 años, asciende a 375 años de cárcel, un castigo que para algunos reputados magistrados como José Antonio Martín Pallín es desorbitado y muestra “una sobreactuación judicial que está fuera de la realidad social”. La instrucción quedó finiquitada por la juez Carmen Lamela. Ni siquiera la petición de la Audiencia Provincial de Navarra planteando al Tribunal Supremo la competencia de su juzgado ha modificado las tornas. El argumento esgrimido por los juzgados de Pamplona sobre el caso es que no se trata “de un delito grave” ni que la agresión sufrida por los agentes y sus parejas buscara “subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas, ni alterar gravemente la paz pública, provocar un estado de terror en la población o una parte de ella”. Sin embargo, la respuesta del TS fue negativa. En junio, declaró que la AN es competente para investigar la trifulca de Alsasua al entender que aquellos hechos encajan en el artículo 573.1 del nuevo Código Penal, el que considera terrorismo “la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física cuando se lleva a cabo con la finalidad de provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella”. Tras concluir Lamela la instrucción del caso, el juicio comenzará el próximo 16 de abril en la sala de lo penal de la AN presidida por Concepción Espejel.

Para quienes defienden que lo que sucedió en el Bar Koxka es otra excusa del Gobierno para apretar los tornillos al independentismo en Euskadi y mantener así toda la vigencia de la legislación antiterrorista a pesar de que ETA no existe desde hace años, la instrucción realizada por Carmen Lamela ha tenido el efecto de la gasolina en el fuego. El escritor Fernando Aramburu dice a menudo que aquella violencia ha marcado de forma indeleble el alma de los vascos. “Pero también el Estado ha convertido el terrorismo en un arma para criminalizar conflictos que, sin restarles gravedad, no superarían el grado de agresión si ocurrieran en otra parte del país”, afirma Foglia. En el exterior, España sigue trasladando la imagen de un país lleno de heridas, y las del terrorismo pueblan buena parte de sus sueños y pesadillas.

“Está en riesgo el futuro de ocho jóvenes veinteañeros que ahora se enfrentan a un total de 375 años de prisión. Sólo pedimos el esclarecimiento de lo que sucedió. Es decir, quién intervino, qué papel tuvo cada uno de ellos y cuál es la proporcionalidad que requiere esa conducta”, reclama José Luis Galán, letrado de uno de los imputados, quien no duda que la procedencia de los acusados se ha convertido en un factor determinante. De hecho, padres y abogados documentaron el pasado año 9.571 altercados similares al de Alsasua en otras regiones del estado donde agentes de las fuerzas de seguridad terminaron lesionados en peleas callejeras y broncas nocturnas sin que a ninguno de ellos se aplicara el agravante empleado para el caso de Alsasua. El material recabado tiene un gran valor simbólico para ellos. También para el exjuez Baltasar Garzón que considera, tras leer el auto de Lamela, que “se inventa una nueva organización como una especie de resurrección de ETA y esto es muy peligroso”.

La simple equivalencia entre lo que se vivió en el Bar Koxka y la violencia sectaria practicada a instancias de la banda durante décadas ha socavado la precaria confianza de muchos vecinos en la justicia, sobre todo después de comprobar cómo la magistrada vincula a un movimiento como Alde Hemendik con la actividad terrorista de un grupo inexistente, o la manera con la que anuda el Ospa Eguna, el “día de la huida”, con unos hechos ocurridos casi dos meses más tarde. Las defensas de los jóvenes aseguran que esas conexiones judiciales están basadas “exclusivamente” en las pruebas periciales de inteligencia obtenidas por la Guardia Civil y se han brindado a presentar argumentos para revocarlas. Durante este último año propusieron testigos que han participado en ambos movimientos, resoluciones judiciales con sentencias absolutorias sobre estos cargos e incluso una prueba pericial que explica con nitidez cómo la dinámica de estos grupos siempre estuvo al margen de ETA. Sin embargo, “no ha admitido ninguna porque, según la magistrada, son ajenas al proceso. Es decir, acusa de un delito gravísimo a ocho personas pero no nos permite a las defensas presentar pruebas para desarmarlo”, afirma José Luis Galán.

Las dudas ante lo que en Alsasua consideran “una peligrosa arbitrariedad” está presente hasta en el aire que respiran, desde el fondo más profundo del valle de la Sakana hasta el pico más alto de la Sierra de Urbasa que ahora les abriga del gélido invierno. “Leer esas acusaciones es doloroso por muchas motivos, pero sobre todo porque la política jamás ha estado entre mis intereses predilectos”, añade uno de los cuatro jóvenes para el que también se pide 62 años de prisión. Por recomendación de su abogado no quiere que aparezca su nombre pero asegura que llegó al Bar Koxka cuando la policía foral navarra ya elaboraba el primer atestado. Fue detenido cuatro días después en su domicilio y enviado a Soto del Real donde pasó 36 días en un módulo carcelario de régimen FIES 3, el de mayor control y vigilancia, el que se aplica a criminales de la peor ralea. “Mi vida ha cambiado por completo. He dejado el trabajo por ansiedad, he perdido más de 20 kilos y voy al psicólogo. Tengo miedo”, proclama con la mirada varada en otra parte.

El temor tiene sus dosis de realidad y sus cuotas de sospechas que la imaginación popular convierte en sombras gigantescas. Si además hay emisoras, flashes en la oscuridad y periódicos que desempolvan recuerdos turbios en grandes caracteres, el campo se abona para una nueva entrega de los horrendos capítulos que acompañan a la historia de ETA. “¿Cómo se construyen los prejuicios?”, se cuestiona Maite, madre de Oihan Arnanz, de 22 años y preso en Navalcarnero, con los ojos secos y la voz firme de quien se niega a dar esta batalla por perdida. “Pues quizá a fuerza de cebar una idea hasta que arraigue en el cerebro y ya nadie cuestione su veracidad”, le responde un compañero.

Algunos vecinos de Alsasua ponen de ejemplo de normalidad y convivencia en el municipio a un grupo ciclista del pueblo, formado por gente de todas las ocupaciones e ideologías incluido un guardia civil que siempre ha sido bienvenido. Y lo mismo sucede en el frontón. Uno de los tres chicos que sigue encarcelado jugaba a pelota con otro agente. Y lo hacían sin intermediarios ni figurantes de por medio. Les bastaba escuchar el eco de sus voces contra el frontis para saber cómo respiraba el otro y entonces se ponían a jugar sin dilación. “Aquí vivimos 7.500 personas y nos conocemos todos. A unos les puede gustar más su presencia y a otros menos, como sucede en cualquier otro pueblo de España pero aquí nunca se ha educado en el odio al guardia civil”, añade Igone Goikoetxea, madre de Jokin Unamuno, que desde el 14 de noviembre de 2016 está en Estremera. Su rostro es un campo devastado por los estragos de un larguísimo combate para el que dice que se ha preparado. Las manifestaciones de protesta se suceden cada viernes en Alsasua. Excepto el concejal de UPN, todos los ediles -Geroa Bai, Bildu, Podemos y PSN- del consistorio consideran que los 375 años de prisión que piden para los ocho jóvenes son abusivos. Ninguno de los imputados ha tenido jamás problemas con la ley.

El auto de la juez Lamela recoge que entraron en el Bar Koxka para reprochar a un teniente y a un sargento de la guardia civil, y a sus respectivas parejas, que “no tenían derecho” a estar en el interior de aquel local. Les rodearon y comenzaron a agredirles: “Tenéis lo que os merecéis, iros de aquí, hijos de puta, cabrones fuera de aquí, putos picoletos, txakurrak (perros), alde hemendik! (¡fuera de aquí!), utzi pakean! (¡dejadnos en paz!)”. Ya en el exterior, según la instrucción, continuaron las palizas. La novia de uno de los agentes asegura que “quienes más fuerte golpeaban iban encapuchados”.

Pero para la defensa de los jóvenes encausados, el sumario no refleja la realidad y anuncian que la batalla jurídica que no ha hecho más que comenzar. En la rueda de prensa que realizaron el 14 de noviembre en Madrid, al cumplirse un año de las primeras detenciones, la juez Carmen Lamela se llevó una buena tanda de palos por el empeño mostrado en acogotar su derecho a presentar pruebas que demuestren la inocencia de sus defendidos. “Sólo ha admitido un video del interior y del exterior del bar y unos planos de situación extraídos de Google maps. Sin embargo, ha rechazado una grabación del lugar durante la noche de los hechos con el argumento de que no cuenta con garantías al haber sido realizado extramuros del proceso de instrucción. También ha denegado una prueba pericial que ponía en duda la rueda de reconocimiento realizada a los acusados y a un abogado le han rechazado 18 de los 25 testigos propuestos”, informaba el letrado Jaime Montero. Un criterio de selección escrupuloso que, a su juicio, no ha aplicado a la acusación.

Desde un punto de vista meramente jurídico, José Luis Galán considera “normal” la denegación de pruebas. Unos piden y otros desestiman. Así ocurre en la mayoría de las ocasiones. Lo que ya no le parece tan lógico a este estudioso del derecho con 43 años de experiencia es “una denegación tan masiva de pruebas y una instrucción brevísima para un caso tan grave. Únicamente aparece la declaración de los investigados, la de las cuatro presuntas víctimas y se acabó”, indica. Para él, más allá de que los imputados agredieran o no a los dos agentes aquella madrugada en Alsasua “lo que se está condenando es el tratamiento penal de aquellos hechos”. Y aunque no lo dice expresamente, Galán deja entrever que Lamela ha instruido este caso en base a prejuicios que le hacen creer que los acusados son terroristas “rechazando aquellos documentos que lo contradicen”. Nada parece indicar que algo vaya a cambiar en los próximos meses. Pero las sospechas y la sensación de falta de neutralidad ha llegado hasta la Comisión Europea cuyo vicepresidente, Frans Timmermans acaba de reconocer la creciente preocupación que le suscita este proceso y, especialmente, la desproporción de las penas solicitadas.

Con sus dotes de observador político, el suizo Nicola Foglia comparte la intranquilidad del dirigente holandés y cree que su distancia espacial le aporta una cierta ventaja objetiva sobre aquellos que miran este caso desde la cercanía. “Es instructivo y una buena forma de confrontar el estereotipo que muchas veces se cae con España, que para muchos es paella, sangría y sol”, afirma. Como él dice, “la distancia posible ante lo que me afecta y ante lo que puedo aportar mi experiencia vital para que se conozca la verdad y haya un juicio justo”, concluye. Un juicio cuyo tribunal estará presidido por Concepción Espejel, calificada como una de las tres columnas, “tres colinas” dicen los expertos, del poder judicial, junto a los fiscales anticorrupción y de la AN, sobre las que descansa el control impuesto por el PP.