Podemos Canarias ha denunciado este viernes el nombramiento de Lourdes Quesada como Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia por el nuevo Gobierno de Canarias, al entender que se trata de una persona que ha formado parte esencial del proceso de privatización de servicios básicos de la sanidad canaria “plagados de irregularidades y con resultado muy gravoso para las arcas públicas”.

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La secretaria general del partido en el Archipiélago, Meri Pita, recuerda que la nueva directora general de Justicia "ha defendido otorgar concursos de muchos millones de euros a empresas sin experiencia previa ni solvencia económica garantizada de personas que se hallaban en el entorno del poder". Redactando, para ello "cláusulas deliberadamente ambiguas según un informe de la Intervención General del Estado, y dando una escasísima importancia en los criterios de adjudicación al factor del precio de los servicios privatizados, favoreciendo el enriquecimiento de algunos en detrimento del servicio sanitario público".

Para Pita, Quesada "no es ningún ejemplo de buena gestión de lo público, sino de todo lo contrario". "La administración de justicia en Canarias tiene ya suficientes problemas como para ser dirigida por una persona con tales antecedentes”, puntualiza.

Según recuerda la organización, en un comunicado, Quesada estuvo imputada entre los años 2010 y 2012 en dos causas por presunta corrupción relacionadas con dos concursos públicos del Servicio Canario de Salud (SCS) del que fue Secretaria General con el Partido Popular, siendo cesada por el siguiente consejero de sanidad, de Coalición Canaria (CC), Fernando Bañolas.

Ambas investigaciones, conocidas como el concurso de ambulancias y el de hemodiálisis o caso Lifeblood terminaron con sendos autos de sobreseimiento, tras largos periodos de instrucción: el de ambulancias en el Juzgado de Instrucción n° 2 de Las Palmas de Gran Canaria a petición de un fiscal subordinado del Fiscal Jefe Provincial, Guillermo García Panasco, marido de Lourdes Quesada.

El de hemodiálisis -continúa la formación morada- en el Juzgado de Instrucción nº 8 a petición de las defensas con informe favorable del Fiscal Anticorrupción enviado desde Madrid, "precisamente para evitar la intervención de un fiscal subordinado, como en el otro caso", antes de terminar la investigación, que según el propio auto de sobreseimiento provisional -no sobreseimiento libre, ni sentencia absolutoria- no pudo continuar al no existir otras acusaciones.

Para Podemos, el resultado de la instrucción judicial no debe ser el único límite de las responsabilidades políticas.