El 5 de marzo de 2013 una parte significativa del país se sumió en llanto tras el anuncio del fallecimiento de Hugo Chávez. Hubo un antes y un después para muchos de sus seguidores. Ese día, la partida del Comandante también se llevó algo de Luisa Ortega Díaz. Desde entonces comenzó su transformación, su mutación, su salida del capullo hasta mostrarse más apegada al librito que guía su cargo que a las lealtades políticas que la revolución exige. Cuatro años después, la Fiscal General de la República se convirtió en la funcionaria de alto nivel que más defiende la Constitución 1999, aún vigente. Lo hace por resguardar “el legado”.



“Era como si la tuviera embrujada, como a muchos, pero una cosa es Chávez y otra es Maduro”, asegura una exfiscal nacional que habla desde el anonimato. La abogada presenció cambios para muchos imperceptibles y poco mediáticos que se gestaron en la era post-chavista dentro del Ministerio Público. “Tuve casos importantes donde el amiguismo y la injusticia y tapar cosas obvias eran el norte de ella. Yo pensé que iba a ser una Iris Varela el resto de su vida. Ahora es un camaleón, casi una escuálida. Desconozco el porqué de la transformación, será que quiere salvar su pellejo, porque lo tiene bien perdido, y está depurando su cara, tratando de sacar a los más radicales del Ministerio y metiendo caras frescas y no corruptas”.

A 3 años de su partida, hoy recordamos al presidente Hugo Chávez, quien se trazó como objetivo la reivindicación social de nuestro pueblo — Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 5 de marzo de 2016

“Yo no he cambiado, siempre he sido la misma. Quienes han cambiado son otros. Revisen mi postura desde que fui designada Fiscal General y verán que siempre he mantenido la misma posición”, juró Ortega a CNN en Español el 2 de agosto pasado cuando remató afirmando que “no tengo que hacer ninguna revisión de mi postura ahora o antes, siempre he sido la misma de hace cinco o diez años”.

Su trayectoria comenzó con la llegada de la revolución bolivariana. En 1999 fue Consultora Jurídica de Venezolana de Televisión durante la presidencia de Mari Pili Hernández y en abril de 2002 ingresó al Ministerio Público como fiscal de procesos, bajo la guía de Isaías Rodríguez. Antes, militó en Ruptura –igual que Tarek William Saab–, aquel partido fundado por Douglas Bravo. Antes de ser nombrada como Fiscal General, estuvo al frente de la Fiscalía sexta con competencia nacional, donde asumió buena parte de los casos emblemáticos que inició el fiscal Danilo Anderson, antes de ser asesinado, incluyendo el de los firmantes del “Decreto Carmona”, la acusación contra Súmate por traición a la patria y los procesos contra Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas y ocho funcionarios de la Policía Metropolitana, finalmente condenados.

Ortega Díaz llegó a ser la Directora de Actuación Procesal del Ministerio Público, y quienes conocen su carrera en la Fiscalía desmienten que siga siendo “la misma”. El abogado penalista y vicepresidente de Fundando Derechos Civiles y Equidad (Fundeci), Joel García, asegura que la Fiscal era una persona sumisa al Poder Ejecutivo antes de que Maduro fue electo para ocupar Miraflores. “Bastaba que el Presidente (Chávez) dijese en cadena ‘hay que meter preso a fulanito’ y la Fiscal solicitaba la orden de aprehensión”. Alejandra Tosta, exfiscal y coordinadora de Actuación Procesal de Fundeci, lo secunda: “Tuvo una postura política que nunca negó, siempre ha actuado coherentemente con ella, muy a pesar de que estemos o no de acuerdo”.

Hoy, a 62 años del natalicio de Hugo Chávez Frías lo recordamos como un ejemplo de lucha por una verdadera justicia social — Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 28 de julio de 2016



Son muchos los que atribuyen el cambio de postura, altamente celebrado por la oposición, al ámbito político. Según García, Ortega Díaz era una ficha chavista de Diosdado Cabello y enemiga “acérrima” de Cilia Flores, “primera combatiente” y esposa de Nicolás Maduro. La polémica incrementó a finales de 2014, cuando se postuló para repetir en el cargo el último día de los permitidos. La candidata predilecta de una facción del PSUV era Miriam Morandy, abogada, magistrada suplente y comadre de Flores que fue captada junto a un acusado de narcotraficante en 2015.

Cabello entonces movió sus hilos: que repita Luisa y sirva como dique. “Pido disculpas a la revolución por haberla designado como Fiscal General, cuando era presidente de la Asamblea Nacional”, dijo el 24 de mayo en VTV. “Yo fui uno de los que la defendí y tuve que convencer a compañeros porque muchos no querían, decían que iba a ocurrir esto que está ocurriendo y yo asumí la responsabilidad”, se explayó.



El analista político Manuel Malaver lo corrobora. La llegada de Maduro a la silla presidencial generó discrepancias, tal como sucedió con Miguel Rodríguez Torres, Clíver Alcalá Cordones y otras figuras del ahora llamado chavismo disidente. “Es una sorpresa política para Venezuela y el mundo. Rectificó, se ha apegado mucho a causas que pueden llevar a esa rectificación, jugando de manera dura con la oposición y hay que celebrarlo”, evalúa a “la china”, como le dicen a la fiscal destituida por la Asamblea Nacional Constituyente.



Tras bambalinas se comenzó a ver el cambio, y dentro de los juzgados. La abogada penalista y directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela, Theresly Malavé, revela que “los fiscales del Ministerio Público con competencia penal comenzaron a principios de este año a no pedir medidas privativas de libertad, cuando en circunstancias similares lo habrían pedido. Nos quedamos asombrados”. Himiob ya ha dejado claro desde hace meses que en las audiencias, los enviados de la Fiscalía se abstenían de imputar delitos y solicitaban libertades plenas a los indiciados. Es más, hace un año, el 8 de agosto de 2016, al Ministerio Público solicitó –y se obtuvo- medidas de libertad para los 14 polichacaos señalados en el asesinato de Ricardo Durán. La boleta de excarcelación se emitió, y el Sebin no lo cumplió, como lo ha recordado Ortega Díaz. Igual pasó en el caso de Yon Goicoechea. Siguen presos.



Pero su salida del closet definitiva vino con la ruptura del orden constitucional. 155 y 156 significaron más que una simple nomenclatura para ella: fue el detonante más visible de su metamorfosis. Con la Carta Magna de 1999, aún vigente, en la mano llamó a la reflexión para que se tomaran caminos democráticos, respetando las diferencias. La decisión de la Sala Constitucional del TSJ -en la que daba poderes plenipotenciarios a Nicolás Maduro y arrebataba competencias propias de la Asamblea Nacional (AN)- generó su pronunciamiento el 31 de marzo, el que marcó su completo despertar.

Desconocer las sentencias 155 y 156 generó, además de controversia, suspicacia. A pesar de que los desacuerdos generaban pequeños cambios progresivos en la Fiscalía, ninguno de tal magnitud. “Mucha gente era escéptica a eso, pero era real que las palabras eran demasiado contundentes, a lo interno y lo externo del país. No se lo esperaban en el Gobierno”, ratifica el vicepresidente de Fundeci.

Presta para las cámaras

Sus alocuciones ahora despuntan en canales internacionales y medios no afectos al gobierno, a través de los que denuncia irregularidades. Ofrece declaraciones directas a la prensa internacional como el Wall Street Journal y sus ruedas de prensa están abiertas a los periodistas que quieran cubrirla, y hasta transmitidas por Periscope en tiempo real. Además, no tiene empacho en dar las cifras de asesinatos en el país ni se guarda para sí las imputaciones por corrupción roja: la esposa y la suegra de Haiman El Troudi, varios gerentes de Pdvsa y hasta el actor “Coco” Sosa dan cuenta de que la mujer se quitó los guantes.

“Hoy en día sí ha variado su discurso. Hace meses hablaba de ruptura y ahora habla directamente de dictadura y totalitarismo, cónsono con las acciones que han emprendido en contra de ella. Es un toma-dame. Además, se siente segura de lo que dice, a los sitios a los que acude, lo que invita a pensar que se mantiene firme y que no reconoce las autoridades impuestas, así como nosotros”, asegura Alejandra Tosta desde Fundeci. Luisa Ortega ha hablado incluso de “Estado de terror”.



Lejos quedaron los tiempos en que censuraba a los periodistas que la contrariaban, como Ismael Cala en CNN en Español. También los tiempos cuando desconocía a los presos políticos, durante el mandato del fallecido expresidente Hugo Chávez y el actual, Nicolás Maduro. “No existen presos políticos en Venezuela (…) Quienes están privados de libertad es por delitos comunes”, afirmó en esa misma intervención en CNN.

Hoy, quienes están tras las rejas por delitos no cometidos son una realidad que reconoce, al igual que la existencia de tribunales como armas de persecución política. “Claro que hay presos políticos en Venezuela, son presos de conciencia”, afirmó la Fiscal en Unión Radio el martes 10 de julio. “Eso corrobora lo que las Organizaciones No Gubernamentales llevamos años denunciando”, apunta Gonzalo Himiob, director de Foro Penal Venezolano. Un pequeño paso para la Fiscal, un gran paso para Venezuela.



Himiob también puntualiza variaciones en los casos de persecución judicial de manifestantes en 2017, algo impensable cuando “La Salida” de 2014: “El Ministerio Público se ha negado a categorizar como ‘terroristas’ a los detenidos e incluso se ha opuesto al juzgamiento de civiles tribunales militares”. Carlos Daniel Moreno, especialista en Derecho Penal y director ONG Activismo Ciudadano, lo corrobora: “Se le escucho hablar de justicia militar cuando era un tema que estaba invisibilizado. Podrá ser la misma persona, pero el perfil institucional es obvio que ha cambiado”.



Mucha sangre ha corrido desde abril a causa de los excesos de las fuerzas de seguridad del Estado, que reprimen a manifestantes que demandan democracia y libertad en las calles del país. Se contabilizan 124 muertes oficiales en más de 120 días de protesta, hecho que se ha denunciado públicamente en el Ministerio Público con Ortega Díaz al frente. La mujer ahora valora las manifestaciones pacíficas, al igual que la legitimidad de la protesta opositora. “No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo con la ley”, dijo Ortega al Wall Street Journal el 3 de mayo. “Es lo que debió haber hecho desde 2007. Son cambios que no deberíamos felicitar porque está cumpliendo con obligaciones”, sentencia Joel García, vicepresidente de la ONG Fundando Derechos Civiles y Equidad (Fundeci).

La evolución ha sido notoria, apoyada y aplaudida. Incluso se celebra sus apariciones inesperadas, como sucedió el 6 de agosto en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) con el foro “Encuentro en Defensa de la Constitución”. Estrechó manos y repartió abrazos y sonrisas a opositores como Julio Borges, Freddy Guevara y Henrique Capriles. Un escenario imposible en tiempos pretéritos.

Estorbo estatal

Ortega Díaz ha resultado tan incómoda que el Tribunal Supremo de Justicia promulgó a finales de julio una sentencia en la que se atribuye a la Defensoría del Pueblo competencias exclusivas del Ministerio Público. Incluso, su “remoción” del cargo fue una de las primeras acciones que tomó la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), instaurada sin consulta popular y en flagrante violación de la Constitución. Tarek William Saab fue designado en su lugar el 5 de agosto. Es defensor y fiscal, una quimera que no molesta al gobierno de turno. Desde entonces, quienes caen en protestas no son nombrados, como lo denunció Ortega Díaz con el caso del joven Eduardo Orozco, fallecido tras represión del Conas en Cabudare.

Nada se dice desde el MP ante este hecho Esa es la nueva línea de los que asaltaron la institución, silenciar y ocultar la violacion de DDHH https://t.co/e24LuYyd2W

— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 8 de agosto de 2017

No es de sorprender que la rubia se ganara el descontento de la cúpula gubernamental. Fue tildada de “traidora” y de “poco objetiva” por revelar que a Juan Pablo Pernalete lo mató un guardia nacional al dispararle una bomba lacrimógena directo al cuerpo. Se le recriminó por prestar atención a las muertes que desde abril de este año van en franco ascenso por el uso excesivo de la fuerza estatal, sin priorizar las muertes oficialistas, como la de Almelina Carrillo. Se le cuestiona no seguir la narrativa oficial del “hecho aislado” en el caso de las detenciones arbitrarias y excesos policiales. Y hasta Delcy Rodríguez llegó a decir el sábado 5 de agosto que en el MP se impuso una “supremacía blanca”. Pero está prohibido olvidar. Theresly Malavé ha denunciado que la Fiscalía no ha corregido sus actuaciones irregulares con respecto a los apresados en 2014, por ejemplo. Y Alejandra Tosta aún no ve un giro institucional de 180 grados. “La línea de imputar ciudadanos que manifiestan está presente, y en el Ministerio Público se quedan de brazos caídos cuando un tribunal se excede e impone medidas cautelares que no son proporcionales”, desliza.

A partir de agosto de 2017, sin oficina y suplantada por el impuesto Tarek William Saab, Luisa Ortega enfrenta nuevos retos, mientras en la oposición, en la prensa y en el recuerdo de no pocos abogados aún quedan deudas por saldar.

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