A fines de marzo la ministra de Energía hizo un anuncio en un encuentro en Nueva York que tomó por sorpresa a los pequeños y medianos productores de energías renovables chilenos. Susana Jiménez afirmó que el gobierno hará modificaciones al llamado precio estabilizado para proyectos de Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD).

Sus palabras tuvieron efectos inmediatos en la industria de los pequeños y medianos productores de energía solar y eólica, que en los últimos años han irrumpido con fuerza en el mercado energético chileno. En efecto, el anuncio de calcular nuevos precios -cuyo mecanismo se desconoce aún- provocó que los bancos e inversionistas que estaban respaldando a los nuevos jugadores se volvieran más cautelosos. Tanto así, que algunos han detenido o rescindido el financiamiento de nuevos proyectos energéticos de estos productores.

Se trata de un capítulo más en la convulsionada agenda del sector eléctrico, que incluye la polémica sobre los medidores inteligentes, el traslado de municipios en su régimen tarifario de clientes regulados a libres, las alzas en las cuentas eléctricas y las trabas para la finalización de la línea de transmisión Polpaico Cardones. La noticia de la modificación del precio estabilizado parece ser otro anuncio del gobierno que está generando una serie de errores no forzados que, nuevamente, terminan favoreciendo a los grandes grupos energéticos en desmedro de los nuevos actores del sector.

Freno a una industria incipiente

Los PMGD son centrales que generan hasta 9 megawatts que aparecieron en la matriz chilena en 2016 y que tuvieron un crecimiento relevante en 2017, aprovechando que el ministerio de Energía había fijado precios estables.

El llamado precio estabilizado es un monto promedio, que considera el precio nudo de corto plazo, calculado por la Comisión Nacional de Energía, y el precio promedio de los contratos libres de suministro existentes al momento de efectuarse el cálculo. Ha sido esta medida, que refleja la tendencia y evolución del precio de la energía en el mercado spot (es decir, el que responde a la oferta y demanda), lo que ha permitido financiar gran parte de este tipo de proyectos existentes hasta hoy.

Aunque en la actualidad los pequeños generadores suman cerca de 1.000 MW, es decir un 4% de la capacidad instalada en el sistema, menos de la mitad (436 MW) han tomado la opción de vender su energía a un precio estabilizado. Las centrales solares fotovoltaicas representan 74% de esta capacidad; 21% corresponde a pequeñas hidroeléctricas, y el restante 6% proviene de centrales eólicas y térmicas. De esta capacidad, más del 60% se ha sumado al sistema a partir de enero de 2017, las cuales en su mayoría corresponden a centrales solares fotovoltaicas.

En ese escenario, los nuevos productores se quejan de que la modificación del precio estabilizado atenta en contra del aumento de competencia en el sector y el ingreso de nuevos actores. Esto, pues los pequeños generadores no cuentan con el respaldo financiero necesario para ingresar al mercado energético de no ser por la inversión o apoyo de un banco, fondo de inversión o financista privado. El problema, alegan, es que ante la incertidumbre generada por el anuncio de la ministra Jiménez, estas fuentes de financiamiento ya no están dispuestas a financiar proyectos energéticos alternativos si no cuentan con un precio de venta garantizado.

“No hubo ningún diagnóstico para decir qué se debía cambiar o mantener. No hubo cálculo ni justificación. Para cambiar una fórmula de precios en una industria de este tipo, la forma fue la peor posible, sin advertencia ni estudio de impacto”, afirma Manoel Beyris, representante del Grupo Pequeña Generación Solar y Eólica que agrupa a unos 50 productores pequeños de energías renovables.

Pese a que la asociación se mostró favorable a algunas modificaciones, Beyris asegura que la modificación del precio regulador finalmente favorece a los grandes actores de esta industria. “Existe una cultura oligopólica en este mercado, por muchas décadas lo fue y lo sigue siendo hasta hoy”, asegura. “La mayor parte de los activos de generación están en manos de cuatro empresas y no están a favor del ingreso de nuevos actores”.

“Si hay una modificación que va a afectar el desarrollo de estos medios de generación que vienen a desafiar la estructura de la propiedad tradicional del sector, nos gustaría que esa discusión de cómo van a ser esas modificaciones se informe, se diagnostique y se debata, y no sólo con los especialistas contratados por el Ministerio o por la Comisión Nacional de Energía, sino también con quienes son los desarrolladores de los proyectos en la actualidad”, afirmó. Actualmente, los generadores de energías renovables -pequeños o grandes- tienen plazo hasta el 17 de junio para hacer observaciones a la propuesta de modificación oficial frente a las autoridades.

El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), José Venegas, explicó la propuesta en conversación con la sección de Negocios del diario La Tercera, Pulso. “Yo creo que las empresas no han valorizado bien la propuesta. La invitación es a que ellos hagan propuestas a esto mismo. Se planteó una idea preliminar y que la industria haga una propuesta al respecto y la vamos a escuchar”, aseguró.

Una política pública difusa

Ex funcionarios del Ministerio de Energía y la CNE coinciden en que “al estar sin agenda, el ministerio ha cometido una serie de errores no forzados y fallas en los procedimientos. Les pasó con los medidores inteligentes y ahora con este anuncio del cambio en el precio estabilizado, que terminó debilitando a los más pequeños y beneficiando a las grandes empresas”.

En la misma línea, varios ex funcionarios contactados por este medio señalan sobre esta medida que “el problema es quién paga el precio estabilizado, no el precio en sí mismo. No tenía sentido hacer una discusión tan liviana, porque el fomento a este tipo de centrales tenía su justificación y las condiciones cambiaron. La masividad con la que se pueden hacer estos proyectos es distinta, pero esto se tiene que analizar en profundidad. Cuál es la política pública detrás de esta decisión y qué es lo que se espera lograr”.