A través de leyes y anuncios, el Poder Ejecutivo congeló por 180 días los aumentos en las tarifas de servicios públicos, como luz y gas. También manifestó que no habrá incrementos en el transporte urbano en colectivos y trenes de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. De aplicarse, esta política tendrá un costo económico que no bajará de los US$ 1.200 millones ($ 75.000 millones), según estimaciones del sector energético, de economistas y de especialistas en cuentas públicas.

De mantenerse los congelamientos durante el primer semestre de este año, los subsidios podrían trepar a $ 190.000 millones (US$ 3.166 millones, 0,8 puntos del PBI), sumando los que ya se vienen arrastrando del año pasado y los que se agregan por este nuevo congelamiento. Ese es el costo por pisar las tarifas, según calculan en el sector privado.

Para balancear, el Poder Ejecutivo dispuso modificaciones en las jubilaciones, alzas de retenciones a las exportaciones agropecuarias y tributos para las compras de dólares y operaciones en divisa. Eso le permitirá compensar, parcialmente, una parte del gasto en subsidios a las tarifas. Aunque dependerá de cuánto realmente ingrese al fisco por estas vías.

Durante el primer semestre de 2019, la administración macrista destinó cerca de $ 114.000 millones a subsidios: la mayor parte (más de $ 83.000 millones) fue para energía, mientras que el resto se destinó a Transporte. En febrero se había dispuesto un incremento de tarifas de luz, que fue el último que se aplicó en Buenos Aires y el conurbano. Desde allí, los valores no se actualizan y eso tampoco sucederá hasta mediados de año, según se sancionó en la ley de Emergencia Económica.

En febrero de 2019, con el aumento en las facturas, la tarifa cubría casi dos terceras partes del costo del sistema eléctrico, que es de alrededor de US$ 10.000 millones. Pero, tras las devaluaciones y el primer congelamiento tarifario, hoy las boletas de los consumidores no llegan a explicar un 45% de lo que cuesta el sistema eléctrico. El costo monómico medio (por pesos, en kilovatio, que se utiliza como referencia) era de $ 3.728 en noviembre. Y ese número va en aumento. Por eso, cuando la anterior administración dejó el poder, el gasto de la mayorista Cammesa -la administradora del sistema eléctrico- escalaba a $ 140.000 millones.

Dos empresas eléctricas calculan que, cada trimestre de retraso implicará una erogación de US$ 500 millones (más de $ 30.000 millones cada uno). Eso es porque las generadoras -las proveedoras de electricidad- le seguirán cobrando a las distribuidoras, que son las que llevan el servicio eléctrico a domicilio.

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Las distribuidoras pueden incumplir con sus compromisos o que el Estado nacional las auxilie para estar al día y no interrumpir el suministro. En cualquiera de los casos, habrá un costo adicional que no es menor a los US$ 1.000 millones. Es el dinero que antes destinaban los consumidores finales para la electricidad y ahora se hará cargo el Estado o las empresas, según se decida. "De no haber mediado el congelamiento, el precio (de la distribución eléctrica) debería haberse incrementado en mayo de 2019 en un 5% y en agosto un 10,2% adicional. En total, 15,8% desde abril (de 2019)", dice un trabajo específico de la consultora LCG.

En octubre de 2019, estaba prevista la revisión semestral, pero se suspendió por una resolución que postergó todo para el 30 de abril de 2020. "Esto implicó suspender los incrementos que correspondían a los trimestres noviembre 2019/enero 2020 y febrero 2020/ abril 2020. De haber levantado el congelamiento, el incremento del precio estacional en octubre rondaría en 53% (que es semejante a volver al porcentaje de subsidio -sobre el total del costo- previo al congelamiento)", puntualiza la consultora.

Para volver a que la tarifa cubra dos tercios del costo, se requería una corrección del 58% en mayo -por el atraso- y otra de 35% en los meses siguientes, calcula LCG. Eso implicaba una suba de 115% para todo el 2020.

"Dada la magnitud de la corrección podría pensarse que el nuevo gobierno decida moderar la suba", advertía LCG en su estudio, anterior a las medidas definitivas. "En ese caso podría continuar subsidiando el 60% del costo de la energía a lo largo de todo el año, como viene sucediendo hasta noviembre del 2019. Implicaría a diciembre 2020 un incremento acumulado de 43,7% en el precio estacional de las tarifas eléctricas. La contracara sería el costo fiscal adicional de 0,12% del PBI", destaca LCG.

"El número de electricidad está bien, pero contempla un ajuste que todavía no sabemos si se va a dar", grafica un técnico que trabajo en la administración anterior. "Y además, le falta el gas, que entre abril y junio es muy consumido y más caro", añade. En su cuenta, hay otros US$ 500 millones para subsidios energéticos, lo que da un total de US$ 1.000 millones, sin contar transporte.

Pero también están las subvenciones al transporte. Con tarifas congeladas por 120 días, las empresas se tendrán que hacer cargo de pagar mayores sueldos. En el caso de los trenes, el Estado subsidia el 90% de los costos. El principal costo: los sueldos.

El Estado destinó $ 80.000 millones a las subvenciones a colectivos y trenes en 2019. Se calcula US$ 1.800 millones sólo para Buenos Aires y el conurbano.