Lo que era un hecho sabido por las constantes referencias a hallazgos de fosas ajenas al caso Iguala durante el rastreo de los 43 estudiantes desaparecidos, ha sido confirmado ahora con datos por el Gobierno de México: el rastreo de los jóvenes de la escuela de Ayotzinapa ha llevado a dar con 60 fosas en las que había 129 cadáveres, todos sin relación con el caso. Es decir, antes de la tragedia de los estudiantes el municipio de Iguala ya era un campo de fosas comunes.

De acuerdo con las cifras aportadas por la Procuraduría General de la República (PGR) a la agencia Associated Press (AP) a través de una petición de información amparada por la Ley de Transparencia, en el periodo de búsqueda desde octubre de 2014 (días después de la desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre) hasta el 13 de julio de 2015 habían sido encontrados los restos de 92 hombres y 20 mujeres. De otros 17 aún no se han podido determinar el género, y del total de los 129 se ha podido identificar a 16 personas.

Ninguno de esos restos se corresponde con los de los 43 estudiantes, cuyos cuerpos, según la versión oficial, fueron incinerados en un basurero por los narcos que los secuestraron y quedaron reducidos a ceniza y a huesos difíciles de identificar por el grado de combustión que sufrieron. Hasta el momento sólo uno de los 43 ha sido identificado entre esos restos.

La PGR advierte en el informe entregado a AP que el número de fosas en el municipio de Iguala (120.000 habitantes, sur de México, a dos horas en coche de México DF) podría ser mayor al registrado hasta ahora, dado que sus datos sólo incluyen aquellas en cuyo análisis participaron peritos de la Procuraduría. La PGR no indica cuál es el número de fosas del que han tenido noticia y en el que sus peritos no intervinieron.

El municipio de Iguala ha sido en los últimos años zona de lucha entre dos facciones de narcos, un grupo conocido como Guerreros Unidos (supuesto culpable de la tragedia de los estudiantes) y otro llamado Los Rojos. El caso de los alumnos de la escuela de magisterio de Ayotzinapa ha demostrado que incluso las autoridades locales eran parte del ecosistema criminal, pues los 43 fueron retenidos primero por policías municipales y entregados a continuación a sus compinches de Guerreros Unidos.

En un reportaje publicado en este diario se mencionaba el testimonio de un hombre que vio en persona cómo el propio exalcalde de Iguala José Luis Abarca -ahora detenido- ejecutaba a un dirigente campesino, Arturo Hernández Cardona, y lo dejaba en una fosa: "Vi cómo le apuntaba a la cabeza, en la mejilla izquierda, y le disparaba. Una vez caído en la fosa, le volvió a disparar".

En las labores de búsqueda del caso Iguala junto a las autoridades participaron grupos de policías comunitarios (agentes rurales civiles). Ellos, conocedores de la zona, también fueron clave a la hora de dar con fosas clandestinas.

Lo que era un secreto a voces antes del caso de los estudiantes fue aflorando a golpe de pico a cada jornada de trabajo que transcurría, como se describió en aquellos momentos este periódico en otro artículo titulado Un cementerio llamado Iguala: "Un hombre con la camisa empapada de sudor cava un hoyo entre unos matorrales. Otro que observa la escena, con casco y chaleco fluorescente, cree haber visto algo: "Eh, para. Un momento". Agarra un hueso, lo posa en una piedra y explica a los que están arremolinados en torno al agujero: "Esta persona tuvo que ser asesinada hace dos o tres años. Lo trocearon con un machete. Pueden ustedes observar el corte limpio". Los cerros que rodea la ciudad de Iguala (...) están sembrados de cadáveres anónimos".