La Comisión Europea ha aplazado hasta principios de julio la decisión que debe tomar para certificar la "falta de acción efectiva" de España para cumplir con el objetivo de déficit de 2015, que iniciaría el proceso para imponer una multa a España del 0,2% del PIB, unos 2.000 millones de euros.

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El colegio de comisarios del Ejecutivo comunitario se ha reunido este miércoles para debatir si España y Portugal tomaron acciones efectivas para cumplir con el objetivo de déficit de 2015. Sin embargo, Bruselas ha decidido aplazar la decisión final sobre esta cuestión en ambos casos.

"En línea con su deber de supervisar la implementación del procedimiento por déficit excesivo bajo el artículo 126 del Tratado, la Comisión volverá a la situación de estos dos Estados miembros a principios de julio", reza el comunicado.

De esta forma, el proceso que desencadenaría en una sanción se iniciaría después de las elecciones generales, que tendrán lugar el 26 de junio. España cerró 2015 con un déficit de las administraciones públicas del 5% del PIB, ocho décimas por encima del compromiso con Bruselas, que era del 4,2%.

España lleva negociando con Bruselas desde hace varias semanas el que no se le imponga la multa. Sin embargo, y pese a los avisos previos de Bruselas, anoche mismo el presidente en funciones, Mariano Rajoy, aseguraba a Financial Times que en su programa de Gobierno si gana las elecciones estaría el volver a bajar los impuestos.

Según diversos servicios de estudios, la rebaja electoralista del IRPF en mitad de 2015 fue, precisamente, la que ha terminado costando gran parte de la desviación del déficit. Algo que el Ejecutivo descarta ya que asguran que bajar los impuestos dinamiza la economía y genera indirectamente más ingresos a las arcas del Estado.

Bruselas se ha encontrado entre la espada y la pared con el caso de España. Por un lado, el Gobierno de Rajoy ha desatendido, recurrentemente todas las llamadas de la Comisión Europea para enmedar las cuentas de 2015 que, tal y como se les advirtió, conducían a no cumplir los objetivos de déficit. Por otro, temen alimentar la contestación política interna por la carga simbólica que tiene multar al país que se suponía era un alumno aventajado en el programa de austeridad auspiciado por la Comisión Europea. La primera multa por déficit excesivo de la Comisión sería impuesta al país que se puso como ejemplo del éxito de los recortes a escasas semanas de las elecciones.

A esta disyuntiva se suma que al estar el Gobierno en funciones, su margen de maniobra para ajustar las cuentas públicas es muy reducido. Y que se ha tenido que llegar a un acuerdo tácito con el objetivo de déficit para 2016, ya que no hay un Gobierno que pueda negociar con Bruselas una decisión así.

En este sentido, el próximo Ejecutivo que salga de las urnas el 26-J será el encargado de lidiar tanto con la multa como con el nuevo objetivo de déficit.

Para cumplir el nuevo objetivo de déficit (cerrar 2016 por debajo del 3%), la Comisión cree que España debe realizar un ajuste de unos 7.500 millones de euros, al exigirle una mejora en el balance estructural del 0,25 % del PIB en 2016 y del 0,5 % en 2017 para situar el déficit en el 2,5 % del PIB el año próximo, según la recomendación remitida hoy al Consejo de la UE.