Pusieron su experiencia profesional salvando vidas al servicio de que niños, mujeres y hombres no murieran ahogados en su desesperada huída de la guerra y la pobreza. Pero ahora se enfrentan a la cárcel. Manuel Blanco, Julio Latorre y Quique Rodríguez, los bomberos sevillanos que fueron detenidos en enero de 2016 en la isla de Lesbos mientras realizaban tareas de rescate de refugiados para la asociación Proemaid (Professional Emergency Aid), ya tienen fecha de juicio en Grecia. El próximo 7 de mayo, y después de que las autoridades griegas equipararan sus labores humanitarias con el tráfico ilegal de personas en grado de tentativa, se celebrará una vista en la que se enfrentan a diez años de prisión. Desde que fueron liberados vienen insistiendo en que su esfuerzo voluntario, el suyo y el de otras personas, no puede ser criminalizado.

No está lejana en el tiempo la citación judicial de Helena Maleno. «Salvar vidas no es un delito», argumentaba recientemente. La misma frase podría firmarla Manuel Blanco, quien comenta a eldiario.es Andalucía que «seguimos sin creérnoslo». Cuando veía las imágenes en televisión, recuerda que pensó que él y otros compañeros «podíamos hacer más» que quedarse sentados en Sevilla, llevando hasta allí su experiencia y conocimientos en las labores de rescate. «Vimos que hacían falta manos y lo decidimos», señala. Recuerda que, al llegar a la isla, entregaron su documentación a los funcionarios griegos y mostraron colaboración con las autoridades. Hubo entendimiento recíproco. Por eso, «cuando nos detuvieron no entendíamos nada».

Llevaban ya unos días en la isla llevando a cabo rescates, unos seis o siete. En turnos de noche y día, el equipo de ProemAid se organizaba de tres en tres (tierra y barco) para enfundarse sus trajes de neopreno y lanzarse al mar cuando recibían algún aviso de que había una embarcación en riesgo de naufragio. Así fue hasta que aquella noche, mientras navegaban en una barcaza prestada por una ONG danesa (la suya se había averiado), una patrulla marítima helena les invitó a acompañarles a puerto cuando regresaban a tierra tras una falsa alarma. Dos voluntarios daneses también están acusados e irán a juicio igual que ellos.

«Aún no sabemos qué pudo pasar aquella noche», dice Manolo, sargento en el cuerpo de bomberos de la Diputación de Sevilla y que gestiona las emergencias en la parte occidental de la provincia. Con el juicio ya a la vista, los sentimientos y los estados anímicos son encontrados y contradictorios según el día y desde la angustia de qué puede pasar. Una «montaña rusa», confiesa.

Fueron 72 horas de inseguridades y miedos dentro de un calabozo de Mitilene, del que pudieron salir tras pagar una fianza de 15.000 euros. «Es la criminalización de la acción humanitaria», dijeron a este periódico al poco de aterrizar en Sevilla tras su liberación. «Vas allí a echar un cable, dedicas tus vacaciones a rescatar a gente y sientes que te lo pagan así», resumía entonces Julio.

Un caso «simbólico»

Según comenta su abogada en España, Paula Schimd, a los tres bomberos se les acusa de intentar transportar a personas que no tenían permiso administrativo de entrar en Grecia. La Fiscalía griega en principio también las imputaba tenencia ilícita de armas, por unos cortacabos utilizados en los equipos de rescate, pero finalmente retiró esa acusación, comenta.

Los bomberos sevillanos llegaron a pedir a la Comisión Europea que no se castigara «a los que defienden la dignidad y derechos de las personas más vulnerables» e instan a «que no se pueda sancionar penalmente a las personas que facilitan la entrada o tránsito no autorizado de refugiados e inmigrantes por razones humanitarias». Su petición lleva recogidas más de 164.000 firmas.

Su abogada resalta que «fuimos la primera organización de la sociedad civil de toda la Unión Europea» que consiguió entrevistarse con el comisario de Inmigración, Asuntos Internos y Ciudadanía de la Comisión Europea, Dimitris Avramopoulos, así como haber participado en varias mesas redondas sobre la materia en el Parlamento Europeo y llevado la mencionada petición «que ha hecho que varios eurodiputados hayan hecho preguntas y ejercido cierta presión a la Comisión Europea». También anuncia la participación el próximo 21 de febrero en un encuentro en el Parlamento Europeo sobre el visado humanitario.

A su juicio, el caso de los bomberos sevillanos es «tan simbólico» que podría servir para hacer presión a nivel europeo, incidiendo en que «la inmigración no es competencia de la UE». «Todo lo referido a asuntos migratorios y al control de fronteras son competencias soberanas que nunca han sido cedidas a las instituciones europeas y son competencias de cada país, que hace sus propias políticas de inmigración», señala.

El objetivo es «cambiar la directiva europea y ejercer presión sobre las instituciones europeas para con los estados, para que no se permita criminalizar a las personas que ayudan a otras a transitar, entrar, por ánimo humanitario». Según detalla, los bomberos no son los únicos. «Hay 30, 40 o 50 casos en diferentes países de Europa que han sido criminalizadas por dar alojamiento a alguien, por ayudar a cruzar una frontera en coche, etc. Ese es realmente el problema», indica.

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