¡Atención! Este artículo tiene más de un año y puede contener datos desactualizados 10 Abril, 2016 00:04 am | Tiempo de lectura: 11 minutos Atención! Este artículo tiene más de un año y puede contener datos desactualizados 10 Abril, 2016 00:04 am | Tiempo de lectura: 11 minutos

¡Atención! Este artículo tiene más de un año y puede contener datos desactualizados 10 Abril, 2016 00:04 am | Tiempo de lectura: 11 minutos Atención! Este artículo tiene más de un año y puede contener datos desactualizados 10 Abril, 2016 00:04 am | Tiempo de lectura: 11 minutos

La ley de financiamiento prohíbe que empresas concesionarias de gobiernos aporten a candidatos. Sin embargo, el Presidente recibió donaciones de integrantes de compañías, muchos de ellos con altos cargos jerárquicos, operatoria que según la Cámara Nacional Electoral busca evadir las prohibiciones legales. Si se suman los aportes de gerentes de empresas sin vínculos actuales con el Estado, la cifra alcanza los $ 5 millones. Al menos dos personas negaron haber hecho los aportes.

Si hay algo en lo que coinciden todos los especialistas en financiamiento político es en que el dinero que mueven las campañas “en negro” en la Argentina es mucho mayor a lo declarado oficialmente. Sin embargo, las elecciones de 2015 revelan un fenómeno aún más llamativo: que ni siquiera cierran las cuentas “en blanco” que los partidos dicen haber gastado.

Casi tres millones de pesos que el presidente, Mauricio Macri, recibió de aportes privados para financiar su campaña para las elecciones primarias y las generales provienen de gerentes y empleados de empresas contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y gobiernos provinciales, algo que entra en conflicto con la ley que prohíbe este tipo de donaciones incluso fuera del período de campaña.

Al menos 33 integrantes de agencias de publicidad; 20 miembros de empresas de seguridad privada; siete empleados ligados con una constructora y cuatro gerentes de una empresa de higiene urbana, todas ellas con vínculos con la gestión porteña o contratos con provincias, como la de Córdoba, aportaron $2,7 millones para que Macri llegara a la Casa Rosada. Dos de las personas consultadas negaron haber hecho el aporte a título personal, y se lo adjudican a la empresa para la cual trabajan.

El artículo 15 de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos es muy categórico y restrictivo: prohíbe que las alianzas políticas reciban “contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires”. Dentro del período electoral, además, el artículo 44 bis de la misma norma extiende dicha prohibición a todo tipo de empresas.

En este sentido, cuando se incluyen los aportes de personas con altos cargos directivos vinculados con empresas que actualmente no son concesionarias de gobiernos, como la portuaria Marítima Heinlein SA, el holding dedicado a realizar inversiones financieras vinculado con el Grupo Román Puerto Asís Argentina SA o la petrolera china Sinopec Inc., el monto recibido por la fórmula Mauricio Macri-Gabriela Michetti alcanza al menos los cinco millones de pesos. La campaña “negra” o de fondos no declarados tiene montos mucho más grandes y es una historia aparte (ver Recuadro I).

De acuerdo con la jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y los expertos en la materia, estas maniobras chocan con los límites de la ley, que prohíbe que las personas jurídicas -en especial las concesionarias o contratistas- aporten dinero para la campaña de un candidato. Si bien las compañías mencionadas no figuran directamente como aportantes (algo prohibido desde 2009, cuando se reformó la ley electoral), la CNE advirtió en un fallo de 2014 que es probable que este tipo de donaciones de directivos de una misma empresa escondan un aporte empresarial encubierto.

Hasta el momento, y a pesar de las pruebas aportadas por el Cuerpo de Auditores de la Nación en diferentes casos, ningún juez o fiscal federal avanzó en forma significativa en la investigación de partidos o candidatos por este tipo de irregularidades. Las sanciones tomaron casi siempre la forma de multas, ya que otro tipo de castigo, como la prohibición de presentarse como candidato a una nueva elección establecida en el artículos 63 de la ley, fue luego rechazada por la Justicia por la manera en la que el juez de primera instancia llevó a cabo la investigación (fallo “Sobisch”).

Chequeado consultó a los responsables económicos de los informes financieros de Cambiemos para las elecciones PASO y las generales, quienes según la ley deben responder ante la Justicia por irregularidades en los informes presentados. En el primer caso, se trata de dos jubiladas, Stella Maris Sandoval y María Armanda Inza. Inza también figura como segunda responsable económica del informe de las elecciones generales. Este sitio informó que quería conocer su versión sobre el material a publicar, pero familiares de ambas dijeron que no iban a hablar por encontrarse “con problemas de salud” o “estar de viaje”.

Marcos Agustín Chiappe, primer responsable económico del PRO en las PASO y empleado del Instituto de Juego de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires, no atendió los llamados de este sitio.

Quien sí contestó fue la flamante interventora del PRO en la provincia de Buenos Aires, María Luisa Fernanda Inza, familiar de María Inza y subsecretaria técnica de la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la Nación, bajo la órbita del secretario Pablo Clusellas. “Son aportes de todo tipo de donantes, personas físicas, donde seguramente habrá empleados públicos, empleados del sector privado, profesionales liberales, gerentes, etcétera, en las condiciones que habilita la ley, y sin superar los límites establecidos por la misma”, sostuvo.

“Todo lo que se hizo es legal, y lo hicimos en blanco. Esto es mucho más transparente que hacer aportes en negro o mentirosos”, explicó a Chequeado José Torello, apoderado nacional del PRO y amigo personal de Macri, quien insistió además en que todas las personas llamadas por la Justicia en las elecciones anteriores ratificaron haber puesto la plata que dicen haber donado.

El apoderado del PRO dijo que hicieron una cena de recaudación de fondos en la que recibieron aportes de miles de personas. “Reconozco que es un proceso engorroso, pero es la única manera de no ser truchos, y nosotros tratamos de ser lo menos trucho posible”, aseguró.

Respecto de las personas que negaron ante este sitio haber puesto plata de su bolsillo y sobre la posibilidad de que muchos otros aportes que figuran como individuales sean realmente de fondos de empresas contratistas, Torello agregó: “La ley es muy trucha. Nosotros hicimos todo bien. Si a mí me pasan los nombres, CUIT y demás datos de personas diciéndome cuánto había aportado cada una y eso no era cierto sino que eran aportes de empresas, yo no tenía forma de detectarlo. Dentro de las limitaciones de la ley hicimos lo mejor que pudimos”.

Precisiones de los aportes

Según reconstruyó este sitio tras analizar uno por uno los 849 nombres de los donantes que figuran en el informe financiero que hoy estudia el Cuerpo de Auditores de la Cámara Nacional Electoral, en las PASO Macri declaró haber recibido más de dos millones de pesos en efectivo de integrantes de empresas de los siguientes rubros:

Seguridad privada: la fórmula Macri-Michetti declara $875.000 de personas vinculadas con Briefing Security-Impes UTE (unión transitoria de empresas), Murata SA, Verini Security SA y Yusion SRL, empresas de seguridad que desde 2011 se reparten el negocio de la custodia de los edificios públicos porteños. De los veinte empleados que figuran como aportantes, se destacan ocho de Briefing Security-Impes, todos ellos con altos cargos directivos, que aportaron $320.000. Allí están Alejandro Pablo Starzenski (gerente comercial, $50.000), Mónica Mabel González (administradora, $50.000), Juan Manuel Butler (director técnico, $50.000), Sebastián Eduardo Pérez (administrador, $50.000), Eduardo Manuel Butler (socio director y padre de Juan Manuel, $30.000), Valeriano Horacio Huerta (gerente, $30.000), Carlos Enrique Elicetche (socio director, $30.000) y Graciela Beatriz Ezquerro (administradora habilitada, $30.000). Consultado por Chequeado, Carlos Elicetche confirmó que efectivamente hizo el aporte y que la acción fue coordinada con otros directores de la empresa.

En tanto, siete representantes de la empresa Murata pusieron $295.000, incluyendo una cifra de $95.000 de Brenda Erika Osso. También dice haber colaborado con $95.000 Miguel Ángel González Re, empleado de Yusion, quien junto con otros seis integrantes de esa compañía de seguridad privada sumaron $185.000 para la campaña del PRO (cuyo nombre electoral fue “El Camino del Cambio), que por entonces competía con la Coalición Cívica y la UCR en la interna de Cambiemos.

Publicidad: Los empresarios mendocinos Adrián Dalla Torre, Jorge Reale y Roberto Fernando Reale aportaron $285.000 para la campaña Macri-Michetti. Son socios en Reale-Dalla Torre Consultores, empresa que creó “la imagen y la marca de la Policía Metropolitana”, según detalla su sitio web; además, distribuyeron parte de la pauta publicitaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El año pasado, una radio de La Pampa, FM del Sol, denunció haber recibido $ 33 mil en diez meses en concepto de pauta por parte de Reale-Dalla Torre Consultores, a pesar de que en la web del Gobierno porteño figuraba con más de $63 mil (ver nota y denuncia). Otros representantes de empresas vinculadas con Reale-Dalla Torre, como RDT Media SRL y La Usina Digital SRL, también declararon haber donado a la campaña.

Entre los aportantes también se destacan varios gerentes de la empresa Publicidad Sarmiento, ganadora de la licitación del mobiliario urbano porteño, incluyendo nombres como el de Oscar Contreras (gerente de Operaciones), Raúl Menéndez (jefe de Locaciones) y Santiago Terranova (socio director), todos ellos con $50.000 cada uno. Consultado por Chequeado, Raúl Menéndez negó haber puesto plata para la campaña. “Yo no aporté nada”, dijo. “Ellos [la empresa] me han puesto a mí, no por mí sino porque soy apoderado de Publicidad Sarmiento”. Otra de las personas empleadas en Publicidad Sarmiento, que pidió el anonimato por miedo a represalias, confirmó que tampoco hizo el aporte que figura en el informe financiero de campaña. “¡Yo no aporté! La que aportó para la campaña, como miles de otras, es la empresa para la que trabajo”, le dijo a este sitio.

María Terranova, socia en la agencia mendocina de publicidad OTI SA, y su hermano Orlando “Orly” Terranova -corredor de rally y ex candidato PRO- también figuran en el listado. Por último, Dardo Lucero, socio gerente de Praxis SRL (empresa que produjo el controversial spot de Darío Giustozzi durante el Mundial 2014, que el entonces intendente intentó hacerle pagar al Municipio de Almirante Brown) aparece con una contribución de $95.000. En total, las agencias de publicidad pusieron más de un millón de pesos para la campaña macrista en las PASO.

Higiene urbana: cuatro empleados de la firma cordobesa Oscar Scorza Equipos y Servicios SRL, más conocida como Econovo, pusieron $180.000 para la fórmula Macri-Michetti. La suma incluye $50.000 de Fabricio Filoni, su gerente general. Econovo fue contratada en su momento por la empresa estatal Córdoba Recicla Sociedad del Estado (CRESE) para la provisión de camiones de recolección de residuos, negocio que continuó con Lusa y Cotreco, las dos empresas que operan el servicio en la ciudad de Córdoba. Econovo es, además, la productora de camiones de residuos de carga lateral para el mercado porteño.

Estos tres grupos de aportantes suman $2.145.000 y representan el 10% del total de las donaciones privadas que Macri recibió en las elecciones primarias.

Ya sin contratos con gobiernos que se hayan podido encontrar, seis integrantes de la empresa de comercio exterior Marítima Heinlein, incluyendo su vicepresidente Pedro Luis Kelly y su director suplente José Alberto Servidio, aportaron $265.000 pesos para la campaña del PRO.

Por otra parte, un análisis de los 132 donantes del informe de las elecciones generales que aportaron más de $50.000, revela que Ivana Karina Román -hija del reconocido empresario portuario y de transporte de grúas Alfredo Alberto Román y presidenta de Puerto Asís Argentina SA, una de las tres principales empresas del Grupo Román (ver Recuadro II)- aportó $1,5 millones para la campaña de la alianza Cambiemos (que incluyó, además del PRO, a la Unión Cívica Radical y a la Coalición Cívica, entre otros partidos). También donaron a la campaña del Presidente altos directivos de la empresa de alimentos Main Process SA (Raúl Fernández de Benedetti, director comercial, $100.000); de servicios inmobiliarios OBRE SA (Roberto Fernández, presidente, $100.000); de depósitos Depos Unos SA (Eduardo Casabal, presidente, $95.000); y de la petrolera china Sinopec (José Esteves, gerente de asuntos corporativos, $90.000).

Además, en la lista se incluyen al menos $505.000 de siete integrantes de EVA SA, una empresa constructora que en noviembre de 2015 ganó una licitación del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño para la operación y el mantenimiento de una planta de tratamiento de restos de poda y de una planta de residuos orgánicos.

“Está clarísimo que hay un conflicto de interés”, dijo a Chequeado Pablo Secchi, director ejecutivo de la ONG Poder Ciudadano. “Son empleados de empresas y seguramente es la empresa la que esté poniendo ese dinero. Por lo tanto, se está violando el espíritu de la normativa”, enfatizó.

En este sentido, la titular del Programa de Instituciones Políticas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), María Page, agregó: “En muchos aspectos, la ley vigente genera incentivos para subdeclarar o encubrir ingresos”.

Qué dice la Cámara Nacional Electoral

El argumento de Secchi es respaldado por los jueces de la Cámara Nacional Electoral, que en la causa “Partido Justicialista – s/presentación informes arts. 54 y 58 ley 26.215 – elecciones legislativas 28-06-09” sentaron jurisprudencia en un caso similar.

Para las elecciones legislativas de 2009, la alianza PJ-Unión por Córdoba liderada por José Manuel de la Sota declaró donaciones por $30.000 de Aldo Benito Roggio (integrante de Benito Roggio e Hijos SA, Aguas Cordobesas SA y Metrovías, entre otras compañías) y aportes por $20.000 de Mario Buttigliengo, titular de la constructora Boetto y Buttigliengo SA, adjudicataria del sistema de concesión por peaje de la ruta nacional 36. También declaró haber recibido $20.000 de Carlos Alberto Bergoglio, director de relaciones institucionales de Electroingeniería SA, la firma del empresario kirchnerista Gerardo Ferreyra, proveedora de herramientas y personal para la construcción de la Central Nuclear Atucha II.

Luego de recibir el informe del auditor, el fiscal federal Enrique Senestrari sostuvo que no sancionar al partido implicaría dar por válido “el simple artilugio de hacer aparecer que integrantes de las distintas empresas, sociedades y asociaciones interesadas declaren hacer las donaciones en carácter personal para que no se configuren las prohibiciones previstas por el art. 15, que expresamente dispone: ‘…los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente…’, evadiendo de esa forma la finalidad que tuvieron los legisladores al dictar normas que buscan la democratización, la transparencia y la equidad electoral”.

Los jueces Alberto Dalla Via y Rodolfo Munné apoyaron el dictamen y pidieron al juez federal de primera instancia con competencia electoral en Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, analizar “las particulares circunstancias de cada caso”, como por ejemplo “la jerarquía y las facultades que [los aportantes] poseían en las empresas o asociaciones al momento de efectuar el aporte”. En otras palabras: no es lo mismo la donación individual, aislada, del empleado de una empresa que el aporte sistemático de gerentes y directivos, “personas con indudable influencia en la toma de decisiones de la organización”.

La Cámara Nacional Electoral concluyó que en casos como estos resulta indispensable que “se evalúe el tipo de vinculación que el donante tiene con la persona jurídica y otros elementos que permitan descartar o tener por configurado un aporte prohibido”.

Falta de apoyo

¿Tiene recursos el Cuerpo de Auditores de la Nación para esta minuciosa lectura de balances de gastos de todos los partidos del país? No. En 2002, la Cámara Nacional Electoral solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) “la provisión de los medios necesarios” para poder contar con “un plantel de al menos 15 contadores públicos nacionales” y tener así un mejor control sobre el origen y destino de los fondos de los partidos políticos (ver Acordada).

Sin embargo, las partidas presupuestarias necesarias para concretar el pedido jamás fueron aprobadas, por lo que seis años más tarde, en una nueva Acordada, el tono del reclamo fue otro. “Esta Cámara ha agotado ya todas las vías -formales y oficiosas- para expresarle a las autoridades competentes la necesidad de fortalecer la composición del Cuerpo de Auditores Contadores que de ella depende”, dijeron los jueces Santiago Corcuera, Munné y Dalla Vía.

El Cuerpo de Auditores -que el año pasado recibió 3.727 informes financieros– funciona en el tercer piso de la sede de la Cámara Nacional Electoral, sobre la avenida Leandro Alem, a metros de la Casa Rosada. A la fecha cuenta con apenas siete auditores contadores y un coordinador.

Esta investigación contó con la colaboración de Tomás Pont Vergés.

Además, leé “Hipocresía”, por Laura Zommer.

También mirá: “Lo que hay que saber sobre la investigación de los fondos que recibió Macri para su campaña”.

RECUADRO I: Manual para seguir la campaña “en negro”

Los informes financieros de las alianzas políticas dan cuenta de lo que se ha dado en llamar la parte “en blanco” de las campañas electorales. La contracara de este proceso es otro fenómeno, que jamás llega a los registros públicos y que según los especialistas mueve mucho -muchísimo-, más dinero.

De acuerdo con María Page, de Cippec, los partidos políticos en la Argentina incurren en “una enorme subdeclaración de ingresos y gastos”, ya que que las actividades desplegadas en la campaña no pueden cubrirse con los montos que se declaran oficialmente.

“Sabemos, por ejemplo, que todo lo que se gasta el día de la elección en el operativo de fiscalización se paga en efectivo y que rara vez se declara. También hay causas en las que se detectaron pagos hechos por terceros, como sindicatos, o donaciones en especies no declaradas, como ‘prestar’ un estadio o un teatro para un acto”, sostiene.

Fernando Sánchez, diputado nacional por la Coalición Cívica, que forma parte de la alianza oficialista Cambiemos, sostiene que el gran problema del sistema actual es que los jueces no ordenan investigar ningún ingreso o gasto que no haya sido explícitamente presentado. El ex legislador porteño trae a colación el ejemplo de los carteles en la vía pública.

“Varios jueces federales advirtieron que hay campañas adelantadas un año, un año y medio a la fecha de las elecciones [N. de R.: ver este chequeo], que buscan el ‘posicionamiento’ del candidato. Estos gastos son muy grandes, y ninguna vez alguien se preguntó lo obvio: ¿quién paga por todo eso? Si uno le pregunta al partido político, el partido dice ‘yo no’. Si le pregunta al supuesto candidato, el candidato dice ‘yo no’. Pero si uno le pregunta al dueño del cartel, el dueño del cartel debe estar obligado a decir quién lo pagó”, explicó Sánchez a Chequeado.

Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano, sugiere otro mecanismo para hacerse una idea del real costo de una campaña política: contactar a las consultoras en opinión pública.

“En 2007 llamábamos a las encuestadoras para ver cuánto costaba medir la imagen de un candidato. Tirábamos todo para abajo, calculábamos una encuesta cada 15 días. Hay candidatos que se miden todos los días, lo que sale 100 mil pesos por día. Y lo hicieron durante un año. ¡Ya no te cierran los números solo tomando a las encuestadoras! Es imposible que cierren esos números”, concluye.

RECUADRO II

Awada, Román y Mihura Estrada, los principales financiadores declarados

Según surge del informe financiero de las elecciones generales que presentó la alianza Cambiemos ante la Justicia, Ivana Karina Román y su pareja, Ricardo José Mihura Estrada, son los individuos que más dinero privado declararon haber aportado a la campaña de Mauricio Macri Presidente, con $1.500.000 y $1.481.215 millones, respectivamente.

Sólo los superan el empresario dueño de la empresa Cheeky y cuñado de Macri, Daniel Awada, que declaró un aporte de $2.600.000 para la campaña previa al ballotage, y el propio Jefe de Estado, que se autodonó $2.000.000 para los comicios generales.

Mihura Estrada es abogado desde 1988, y se recibió en la Universidad Católica Argentina (UCA). Según el sitio del estudio Leverone y Mihura Estrada, “fue asesor legal de la Subsecretaría de Contrataciones de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, y participó en la elaboración de varias normas que constituyeron el marco legal para las privatizaciones y concesiones que tuvieron lugar durante la década de los ‘90 en la Argentina”.

En 2012, fue candidato para representar a los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación por el Bloque Constitucional, secundado por Victoria Villarruel, presidenta de la ONG Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que fue recibida por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a pocos días de la asunción de Macri. En 2013 Mihura Estrada se presentó como candidato a legislador porteño por el Partido Liberal Libertario (PLL), que obtuvo el 0,37% de los votos. Su hermano, Gabriel Mihura Estrada, fue designado esta semana como auditor general de la Nación por el Frente Renovador que lidera ex candidato presidencial, Sergio Massa, y es miembro de la Junta Electoral del partido con el mismo nombre.

Por su parte, Román se recibió de contadora en 1995 en la Universidad de Buenos Aires (UBA), pero para ese momento ya había trabajado en la consultora Arthur Andersen y, luego, en la empresa Procter & Gamble. Se desempeñó durante doce años en las áreas de planeamiento financiero e impuestos de International Trade Logistics SA, la sociedad holding que su padre, Alfredo Alberto Román -a quien en la industria llaman “el zar de las grúas”-, creó el mismo año y que conforman tres empresas: Exolgan SA (servicios portuarios), Exologística (servicios logísticos) y Logistics Platform Investments SA (desarrollo de infraestructuras y plataformas logísticas). En 2015, Ivana Karina Román integró el Comité Estratégico de la iniciativa Argentina Debate que organizó los dos debates presidenciales, y actualmente es presidenta del holding dedicado a realizar inversiones financieras Puerto Asís Argentina SA, una de las tres principales empresas que integran Organización Román.

En abril de 2011, según consta en el Boletín Oficial, la sociedad “Magna Capital SA” pasó a denominarse “Puerto Asís Argentina SA”. Dos años después, en mayo de 2013, un fondo con el mismo nombre -que en Organización Román aseguran que ya no tiene relación alguna con Karina Román porque ella se retiró del directorio en enero de 2013- y Puerto Asís Argentina compraron, en sociedad con el ex ejecutivo del fondo Pegasus Alejandro Schuvaks, Barugel Azulay & Cía SA, la histórica empresa de pisos y azulejos, por un monto de 30.000.000 de pesos. Karina Román ingresó al directorio de dicha empresa en mayo de 2013 y renunció nueve meses después. Una curiosidad: dicha firma se encuentra construyendo desde el tercer trimestre de 2014 un edificio corporativo de 5.300 m2 en Avenida Figueroa Alcorta 7174 que, según se informó ante la Comisión Nacional de Valores, a septiembre de 2015 se encontraba en un 60% terminado. La empresa que construye la torre de ocho pisos es Caputo S.A.I.C.yF., constructora del empresario y amigo del presidente, Nicolás Caputo, y el monto de la obra es de $33.500.000 más IVA.

Su nombre también figura en el listado de 4.040 individuos y empresas que fueron denunciadas por la AFIP ante la Justicia Penal Tributaria en noviembre de 2014 por tener supuestos depósitos en dólares sin declarar en la sucursal ginebrina del HSBC. Según una nota del periodista Marcelo Zlotogwiazda publicada en la revista Veintitrés, Ivana Karina Román y Alfredo Alberto Román son titulares de una cuenta por US$ 3,9 millones en esa entidad bancaria. Desde la Organización Román, contestaron a Chequeado sobre este punto que “la familia y el grupo no presentan irregularidades y están dando todas las explicaciones que le son requeridas a la AFIP y/o a la Justicia”.

Disclosure: Puerto Asís Argentina SA realizó una donación en 2013, 2014 y 2015 a la Fundación La Voz Pública/Chequeado.

Ver investigación anterior sobre financiamiento electoral:

–Aportantes que no cierran: irregularidades en el listado de donantes del candidato presidencial Daniel Scioli

–Aportantes que no cierran: tres funcionarios de ARBA pidieron a la Justicia salir del listado de donantes de Scioli

Temas