El alcalde mintió a veintitrés mil floridanos: inmobiliarias continúan avanzando en la precordillera

El año 2012, el municipio realizó una consulta pública para ver si protegía o no la precordillera de la Florida y el bosque Panul: el 98% de los votantes votó a favor de proteger los bosques de nuestra comuna. A pesar de ello, en la gestión del actual alcalde se han perdido más de 158,1 hectáreas de vegetación nativa en la precordillera, según se ve en las imágenes A (2011) y B (2019), bajo un cálculo conservador (fuente: Red Precordillera, Google Earth). Solo a los pies de la Quebrada de Macul, en el sector conocido como Alto Macul, se han perdido 110 hectáreas de bosque nativo.

La justificación del alcalde para esta inexcusable pérdida es que los permisos de construcción se encontrarían aprobados antes de que él asumiera. Esto en algunos casos es cierto, pero no le quita facultades para detener proyectos destructivos del medio ambiente, como lo han hecho otros alcaldes y razonablemente han acogido los tribunales. El alcalde miente al decir que ha protegido el Panul y la precordillera, cuando la verdad es que el bosque nativo comunal ha bajado dramáticamente bajo su gestión y la precordillera se encuentra totalmente desprotegida y privatizada. Para protegerla, se debe generar un gran parque público, comprando los predios cordilleranos a precio justo, algo que podría hacer el alcalde Carter, pero ha preferido descartarse de ello, y al contrario, ha generado mejores condiciones para las inmobiliarias.

Y no solo bajo su gestión se ha destruido bosque precordillerano, también la comunidad floridana no olvida la muerte de cientos de árboles nativos, mayoritariamente pimientos, que el alcalde tildó en un medio como “árbol de la pobreza”, en oposición a las palmeras o liquidámbares que cuantiosamente compró. ¿En que otro lugar del mundo, en plena crisis ambiental global, cortan árboles nativos centenarios y los cambian por palmeras?

Más problemas que soluciones: Alcalde y diputado Carter intentan encarcelar a vecinos opositores

Antes que comenzara el despertar de Chile, la Contraloría ya había suspendido un mes de sus funciones a Rodolfo Carter por manejo negligente de los recursos municipales, debido a una profunda crisis financiera que arrastra varios años. Después del estallido social, el cuestionado alcalde solicitó la llegada de militares en un programa de televisión, y en otros apareció con chaleco antibalas. Este show mediático no ocultó la profunda crisis social y política que atraviesa la comuna, agravada por una gestión municipal totalmente de espaldas a la ciudadanía, donde los concejos municipales son privados y las decisiones políticas comunales las toma un edil autoritario que logró apenas el 16% del padrón electoral.

Por si fuera poco, Carter no solo intenta cubrir su deficiente gestión con apariciones en prensa, sino que también, y junto a su hermano diputado, persigue y demanda a vecinos por posteos en facebook e instagram y una funa cerca de su casa. A tal nivel ha llegado su actuar, que un vecino ambientalista fue detenido y su casa allanada por funcionarios del OS9 de carabineros, llevándose su computador y celular, medidas totalmente desproporcionadas y que atentan contra su privacidad y su libertad de pensamiento. Quedó con medidas cautelares, hechos que están siendo investigados. El edil está más preocupado de encarcelar a sus vecin@s que de buscar soluciones colectivas a los problemas que aquejan a nuestra comuna, pero los datos son duros y la crisis ambiental es innegable.

Alcalde, la mejor solución a la crisis es su renuncia

Tal como se lo exigimos hace algunos meses, el alcalde debería dar un paso al costado por su desastroso y violento manejo del municipio, donde será recordado como el peor alcalde que ha tenido nuestra comuna. Es hora de que quien llegue al municipio, lo abra de par en par para resolver entre tod@s esta grave crisis política y ambiental por la que atravesamos, sin persecuciones ni shows mediáticos, buscando soluciones que permitan la paz y terminen con la violencia política que excluye a las comunidades de las decisiones de sus territorios.

Red por la Defensa de la Precordillera, diciembre 2019