El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea ha propuesto que en materia de derechos humanos, tanto la Carta Magna como los tratados internacionales se interpreten en un bloque que sea más favorable a las personas

El tema de la jerarquía que tienen los tratados internacionales frente a la Constitución, dividió a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que han expresado posturas encontradas respecto de estos acuerdos, en materia de derechos humanos. El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea ha propuesto para resolver una contradicción de criterios entre dos tribunales Colegiados, que en materia de derechos humanos, tanto la Carta Magna como los tratados internacionales se interpreten en un "bloque" que sea más favorable a las personas. Esta interpretación, de acuerdo al ministro ponente, se debe considerar a partir de las reformas constitucionales en la materia de junio de 2011, que además del control constitucional prevé el control de la convencionalidad, es decir, de la jurisprudencia de los acuerdos internacionales. No obstante, al discutir la contradicción de tesis 293/2011, la mitad de los diez ministros presentes en la sesión de hoy, se pronunciaron en contra de la propuesta y consideraron que la Constitución siempre tiene mayor jerarquía que los tratados internacionales sobre derechos humanos. Margarita Luna Ramos expuso que la misma norma fundamental reconoce la validez de los tratados internacionales, pero subrayó que cuando en el marco internacional se afecta a la Constitución, la primera se debe desaplicar, argumento ue con algunas salvedades coincidió Sergio Aguirre Anguiano. Luna Ramos dijo que ahora el Poder Judicial debe hacer control de constitucionalidad, de convencionalidad y de legalidad, pero que cada uno de ellos depende del acto impugnado y frente a qué derecho y a ante qué instrumentos habrá de confrontarse. "Los tratados internacionales están a la par de la Constitución, pero no en derechos humanos", indicó la ministra, pues recalcó que en apego al principio de supremacía constitucional, "si el tratado es inconstitucional", lo que debe prevalecer es la Constitución. Puso como ejemplo el artículo 8 del Pacto de San José, que protege la presunción de inocencia y establece que nadie puede ser privado de su libertad durante el juicio, "lo que está en total pugna con el artículo 16 de la Constitución. ¿Vamos a aplicar el Pacto en vez de la Constitución?", cuestionó. La otra mitad de los integrantes del pleno se sumó a la propuesta de Arturo Zaldívar, en el sentido de que se debe aplicar el principio "pro persona", que implica aplicar el criterio que sea más favorable, "una fluctuación de ambas (tratados internacionales y Constitución), según lo más protector", opinó Olga Sánchez Cordero. En este sentido, la ministra dijo que la Constitución no pierde su supremacía, sino que "se potencializa en mayor medida al proteger los derechos humanos", y que "lo que sí es supremo, son los derechos materializados en las personas", indicó. El presidente de la Corte, Juan Silva Meza consideró que los derechos humanos en el marco del control de constitucionalidad y de convencionalidad, integran un conjunto normativo pro persona. La Corte continuará el próximo jueves con el análisis del asunto, en el que también abordará de nueva cuenta el tema de la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que se estudiará frente a lo que la SCJN ya ha decidido sobre la obligatoriedad de sus sentencias. En este sentido, Luis María Aguilar señaló que a los criterios del organismo internacional se le han querido dar un alcance mayor y la Corte IDH ha impuesto obligaciones a los Estados, más allá de la reparación del daño a la persona del caso que se trate. cg