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La demanda civil que ha presentado en Bélgica Carles Puigdemont y sus exconsejeros contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, el instructor de la causa del referéndum, se basa en una traducción errónea. El documento en el que se alega la presunta falta de imparcialidad del juez, sustituye en su traducción del castellano al francés una frase realizada en condicional por una afirmación rotunda. Cuestión que representaría uno de los pilares de la acusación.

Según avanza El Mundo, los asesores legales belgas de los políticos independentistas traducen el “si es que ha sido así” (et si c’est ce qui s’est produit) que pronunció Llarena cuando hablaba de la comisión de delitos, por un “si, así ha sucedido” (et oui c’est qui s’est produit). Unas declaraciones que se realizaron el pasado 22 de febrero y que motivaron la querella presentada el pasado 5 de junio.

Declaración del magistrado

Ante los medios, Llarena aseguró a principios de año que los políticos independentistas en la cárcel no podrían considerados presos políticos a los acusados de rebelión, sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos por haber organizado el referéndum secesionista del 1-O. Afirmó que los hechos que se les imputan son “comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal”, pero hizo una puntualización: “Con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que ha sido así, deben ser investigados”.

Es decir, que habría respetado la presunción de inocencia de los políticos que participaron en la organización del referéndum y en la proclamación simbólica de la república catalana. Los afectados aseguran que así sucedió, tal y como consta en la denuncia cursada en Bélgica.

Vista sin Llarena

La cuestión se analizará en una vista prevista para el próximo 4 de septiembre. En ella, no estará presente el magistrado del Tribunal Supremo. No es obligatorio al ser una causa civil, ya que sólo se requiere la presencia de sus representantes legales.

El bufete que, finalmente, ha sido contratado por el Gobierno, que considera que la demanda “no es una cuestión privada, sino de Estado”, tal y como ha manifestado la madrugada de este martes el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, desde Santiago de Chile.

Alegación de los independentistas

Puigdemont y los exrepresentantes del Gobierno de la Generalitat describen en esta demanda que España es un lugar en el que “miembros de minorías que persiguen una acción política a favor de la independencia” sufren “violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales”. Basan estas atribuciones en las declaraciones de Llarena que habrían sido traducidas de forma incorrecta.

Los responsables legales de los secesionistas niegan este error capital en la demanda civil que se ha presentado en Bélgica.