La diputada Beatriz Becerra, presidenta de la subcomisión de derechos humanos del Parlamento Europeo respalda las sanciones adoptadas contra funcionarios del gobierno de Maduro y cree que deben extenderse a sus familiares

Es la primera vez que la Unión Europea (UE) aplica medidas restrictivas a un país latinoamericano. Las sanciones que el Consejo de Ministros de Exteriores de la UE (21.01.2018) impuso contra siete miembros del gobierno de Nicolás Maduro incluyen «todos los grandes estamentos que han sido y son cómplices del dinamitado de la democracia y los derechos humanos en Venezuela», explica a DW Beatriz Becerra, vicepresidenta de la subcomisión de derechos humanos del Parlamento Europeo.

Las medidas restrictivas personalizadas incluyen la congelación de activos en todos los países miembro de la Unión Europea y la imposibilidad de obtener visado para ingresar a suelo comunitario.

¿Quiénes son los afectados?

Los sancionados son: el ministro del Interior, por la represión de manifestaciones políticas; el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), por detenciones arbitrarias y torturas; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, por facilitar el establecimiento de la Asamblea Constituyente violando el principio de la imparcialidad.

También el jefe de la Guardia Nacional Bolivariana, por represión a civiles; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, por facilitar las acciones del gobierno para usurpar poderes a la Asamblea Nacional; al fiscal general y exdefensor del pueblo, por apoyar acciones contra la oposición; al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, por usar los medios para atacar e intimidar a la oposición.

«Aunque esta lista se puede ampliar -y a mí me parecería importante hacerla extensiva no sólo a los jerarcas, sino también a sus familias- sí es importante que esta decisión histórica de la UE empiece con una lista corta con nombres significativos de distintos ámbitos del gobierno donde se han esquilmado y destruido los pilares de la democracia», continúa Becerra. Especialmente su grupo político (liberal) y los conservadores venían presionando desde hace tres años por que se tome este tipo de medidas.

Cabe recordar que en noviembre de 2017, el Consejo aprobó un embargo de exportación de armas a Venezuela. Aparte de las denuncias de violación de los derechos humanos, la grave crisis económica y el encarcelamiento de políticos de oposición, las controvertidas elecciones regionales y el establecimiento de la Asamblea Constituyente -desconociendo a la Asamblea Nacional- fueron la gota que desbordó el vaso europeo. Siguiendo criterios verificados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los 28 ministros comunitarios abrieron en noviembre la posibilidad de este tipo de sanciones personalizadas.

Otros casos

Anteriormente, medidas semejantes se habían tomado contra Rusia (2014, por la crisis de Ucrania), contra Irán (2011, por su programa nuclear), contra República Democrática del Congo (2016, por graves violaciones de los derechos humanos) y contra República Democrática Popular de Corea (2017, por sus ensayos nucleares que amenazan la paz mundial).

En ninguna de las listas de medidas personalizadas, más o menos largas, se encuentran jefes de gobierno. Esto, así fuentes oficiales, se debe a la voluntad de la diplomacia europea de, pese a todo, facilitar el diálogo. Las medidas se revisan periódicamente y se levantan si la situación mejora.

Una posible salida

«Desde noviembre no se ha conseguido nada, más bien la situación empeora; el supuesto proceso de diálogo está basado en unos pilares de barro y en una nueva falacia. Es una estratagema para convocar a elecciones amañadas con Nicolás Maduro como candidato único», sostiene Becerra.

La decisión europea causó inmediato rechazo en Caracas: de «injerencia en asuntos internos» la tilda el gobierno sudamericano acusando a Bruselas de sucumbir al dictado de Washington. «Lo que sucede», así Becerra, «es que el gobierno de Nicolás Maduro cree tener patente de corso para hacer lo que quiera. Y lo que ha conseguido con esa permanente búsqueda de saltarse todas las normas es hundir a Venezuela en la miseria».

En su opinión, dado lo convulso de la situación, la única salida -y la posibilidad de levantar las sanciones- tendría que pasar por fijar fecha de elecciones libres con acceso garantizado a todas las candidaturas, la apertura de un canal humanitario, la liberación de todos los presos políticos y «la restitución del orden constitucional que en este momento está abolido».