Elba Mónica Bravo

El vocero de los padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz, dijo que necesitan pruebas científicas de la muerte de los jóvenes, porque no pueden creer nada más en la “palabra de un delincuente”.

Al conocer las declaraciones de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo o El Terco, lugarteniente del grupo criminal Guerreros unidos, quien confesó haber asesinado, junto con cuatro cómplices, “a unos 15” normalistas, el vocero de los padres de familia respondió: “No creemos en nada que salga de la PGR, porque para nosotros todo está montado”.

De la Cruz expresó que durante las marchas que se realizarán mañana, al cumplirse cuatro meses de la desaparición de los jóvenes, exigirán justicia y la presentación con vida de los estudiantes.

El Cepillo admitió en las declaraciones integradas al expediente de la PGR sobre la desaparición de los normalistas, a las que MILENIO tuvo acceso, que jefes policiales de Iguala y de Cocula le entregaron con vida a “unos 15” estudiantes, a quienes mataron a balazos y que al menos 25 jóvenes ya habían muerto “por asfixia”.

El sicario de Guerreros unidos declaró que supo que todas las víctimas eran estudiantes y no delincuentes.

En entrevista con MILENIO, el vocero de los padres de familia consideró que de parte de la Procuraduría General de la República “sigue la insistencia en que nosotros tengamos que aceptar la teoría de que están muertos los chamacos y para nosotros eso no es posible aún”.

El también maestro de una escuela primaria de Guerrero abundó en que para ellos es como “un teatro, algo preparado para que la sociedad y nosotros creamos que es cierto lo que nos dicen”.

En sus declaraciones, El Cepillo reveló que la noche del 26 de septiembre recibió una llamada a su celular de Gildardo López, El Cabo Gil, para que se trasladara a la entrada de Iguala y lo apoyara porque mantenía un enfrentamiento con sus rivales, Los Rojos.

Al llegar a Loma de Coyotes, ya lo esperaban El Cabo Gil y los mandos de las policías municipales de Iguala y Cocula en cinco patrullas y una camioneta blanca de redilas de tres toneladas, donde tenían al grupo de estudiantes.

De ahí se dirigieron al basurero de Cocula, pero alrededor de “unos 25 ya iban muertos por asfixia” y quedaban “unos 15 vivos” a los que él su “gente” asesinaron a balazos y calcinaron.

Las declaraciones de El Cepillo corroboran todos los testimonios grabados en video y presentados por el procurador Jesús Murillo Karam, en la conferencia del pasado 7 de noviembre.

Adicionalmente, el testimonio de El Cepillo no vincula en ningún momento a elementos del Ejército.

El vocero dijo que no creen en la veracidad de la investigación de la PGR porque “hay la sospecha para nosotros, la duda siempre va a existir, porque hay cosas que no coinciden”, tras insistir en que existen “muchas inconsistencias”, como la omisión de las declaraciones de jóvenes testigos en Iguala.

Reiteró que a partir del próximo martes, después de las marchas y ya de regreso en Guerrero, definirán la agenda para visitar los cuarteles del Ejército y un encuentro con las autoridades de la PGR, aunque aclaró que no aceptarán que solo se visiten las instalaciones del 27 batallón de Iguala.

De la Cruz refrendó que mantienen la esperanza de que estén con vida los estudiantes, luego de que en el encuentro con los peritos argentinos, del jueves pasado, fueron informados de que no se encontraron coincidencias de ADN.

:CLAVES

ENCARCELAMIENTO

La PGR encarceló a Magaly Ortega Jiménez, asesora jurídica del director de Seguridad Pública de Cocula, Guerrero, César Nava, por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El Ministerio Público de la Federación obtuvo una orden de aprehensión contra la funcionaria por los delitos de secuestro en agravio de los estudiantes de Ayotzinapa y delincuencia organizada, ya que se tienen pruebas de sus vínculos con la organización criminal Guerreros unidos.

Ortega Jiménez había sido detenida y trasladada a la Seido; sin embargo, autoridades de la PGR informaron que la asesora jurídica ya fue internada en el penal federal de Tepic, Nayarit.