La estructura de financiación de los partidos políticos es un ejemplo de “malversación institucional de fondos públicos” alimentado por las propias formaciones y pasivamente consentido por toda la ciudadanía. De manera silente y gradual hemos ido aceptando que los partidos se financien, prácticamente en su totalidad, con cargo al presupuesto público, como si formasen parte de la estructura del Estado y prestasen un servicio público, cuando claramente no constituyen lo primero ni pueden presumir de lo segundo. Los últimos datos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas correspondientes al año 2013 confirman que la financiación pública de los partidos políticos supone el 82,2% del total, mientras que los donativos ascienden solo al 2,2%. El 15,47% de los fondos privados restantes corresponde a las cuotas de los simpatizantes y afiliados, muchos de los cuales forman parte del aparato del propio partido, por lo que, en realidad, se trata de meros subsidios cruzados.

En cualquier caso, se incluyan o no las cuotas como un ingreso privado, España es el país de Europa que más financiación pública otorga a las organizaciones políticas: un 85%. Esta praxis ha contribuido a transformar paulatinamente a los partidos políticos en simples maquinarias para consolidar el 'statu quo'. Los partidos son un buen ejemplo de ecosistemas cerrados. Se denomina ecosistema cerrado a todo aquel que no intercambia materia con elementos fuera del propio sistema. El ejemplo más representativo lo constituyen los acuarios o los sistemas desarrollados para facilitar la vida en las estaciones espaciales.

Si bien es cierto que la subvención pública es la principal fuente de financiación de los partidos en Europa, con un porcentaje de media del 67% del total de ingresos, ningún país supera los porcentajes de España. A nadie puede sorprender que el Reino Unido, que posee el sistema parlamentario más antiguo y consolidado, sea el país que menos subvenciones políticas concede a los partidos políticos. Durante el periodo que va del 2000 al 2010, la financiación varió del 2% al Partido Laborista (en ese momento en el Gobierno) hasta el 51% al Partido Unionista Democrático. En ese mismo periodo el Partido Conservador, que se encontraba en la oposición, recibió solo un 15% de financiación pública de media (Cfr. 'Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance', International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2014). Resulta ilustrativo que, a diferencia de nuestro país, en el Reino Unido el partido que menor porcentaje de financiación pública recibe es el que detenta el poder en ese momento. Una prudente práctica que limita los riesgos de aprovecharse del control de los fondos públicos en provecho propio.

En algunos países, como Holanda o Alemania, la financiación pública a los partidos se ajusta y condiciona a la base financiera de apoyo que reciban las organizaciones de la sociedad. En Alemania, por ejemplo, la financiación pública se distribuye en función de los últimos resultados electorales y de los donativos privados recibidos que actúan a modo de un fondo de contrapartida. De acuerdo con la legislación alemana solo un determinado porcentaje de los ingresos de los partidos puede estar financiado con fondos públicos y, en ningún caso, las subvenciones públicas pueden ser superiores a los ingresos privados. Esta regulación ha facilitado que Alemania sea el segundo país en Europa occidental con menor financiación pública a los partidos políticos.

Como es natural, la mayoría de los políticos defienden con uñas y dientes la bondad de las subvenciones públicas frente a los donativos privados. Algunos, incluso, las justifican como una vacuna para luchar contra la corrupción. Durante la tramitación de la última reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos se suscitó una discusión sobre la conveniencia de suprimir las donaciones como fuente de ingreso para los partidos, apoyando a la subvención como única vía de financiación por ser más transparente y generar menos conflictos de intereses. Así, por ejemplo, el representante del BNG, Jorquera Caselas, argumentaba que la financiación pública “asegura una mayor transparencia a la hora de conocer las fuentes de ingresos de los distintos partidos políticos y asegura también la independencia de los partidos políticos con respecto a los grandes lobbies”. A esta tesis se sumaron con entusiasmo los representantes de CIU, PSOE y el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, para el que “la sociedad debe saber que financiar a los partidos es contribuir claramente a la democracia”.

Lo cierto es que, pese a los interesados y torpes intentos de defender las intrínsecas bondades de la subvención pública, los riesgos derivados de un grado de dependencia alto de la financiación pública han sido reiteradamente señalados por las autoridades europeas. El propio Comité de Ministros del Consejo de Europa recomendó en el año 2003 que la financiación pública de los partidos políticos se mantuviese siempre en niveles razonables.

La defensa de la subvención pública como principal fuente de ingresos supone aceptar que los partidos políticos forman parte de la estructura del Estado y negar, por el contrario, que son una iniciativa más de la sociedad civil. Lo que está en juego detrás de esta concepción es muy importante, nada más y nada menos que el papel de la sociedad civil y el control de la actividad política. Los partidos políticos ni son entes públicos ni forman parte de la estructura organizativa del Estado; transigir en este tema supone socavar los fundamentos del orden constitucional y no podemos permitir que los partidos políticos dinamiten lo que con tanto esfuerzo hemos conquistado entre todos.

* Javier Martín Cavanna es director de la Fundación Compromiso y Transparencia