El mejor amigo de Macri, Nicolás "Nicky" Caputo, desató un nuevo dolor de cabeza para el Gobierno tras quedar a un paso de ganar la licitación de las únicas dos privatizaciones que está llevando adelante el oficialismo.

A raíz de una denuncia del kirchnerismo, la Justicia Federal imputó al primer mandatario argentino por intentar vender "a precio vil" las centrales termoeléctricas Ensenada Barragán y Brigadier López. De acuerdo a fuentes allegadas, el fiscal Pollicita inició la instrucción y ya pidió medidas de prueba, poniendo la causa en trámite.

Junto a él, quedaron involucrados en la investigación los ex secretarios de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel, el presidente de Ieasa -la ex Enarsa-, Mario Dell Aqua; el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de Ieasa, Alberto Raúl Brusco; el gerente de control de proyectos de Ieasa, Adolfo Marcelo Piccinini; el ex presidente de Enarsa, Hugo Balboa; y el empresario Ángelo Calcaterra, dueño de Iecsa, histórica empresa del Grupo Macri.

Una denuncia del kirchnerismo complica la licitación de las termoeléctricas de Enarsa

La causa, que está a cargo del juez Daniel Rafecas -quien ya había rechazado una cautelar de la oposición para suspender el proceso licitatorio de las usinas, motivo por el cual en el Gobierno piensan que no prosperará-, se origina a partir de una tasación de los bienes que según los diputados opositores le ocasionaría una pérdida de 400 millones de dólares al Estado.

Según la denuncia, la construcción de ambas centrales costó alrededor de 1.000 millones de dólares, y su precio de venta fue establecido casi en la mitad de ese valor, sin que se haya explicado de manera consistente las razones para ello. Además, el contrato con Iecsa e Isolux, encargadas de las obras, fue rescindido a fines de 2016, y el gobierno del presidente Mauricio Macri le entregó a Iecsa (empresa que el primo de Macri Angelo Calcaterra le vendió al empresario Marcelo Midlin) 1.600 millones de pesos en carácter de indemnización, es decir el equivalente en ese momento a 100 millones de dólares.



La denuncia agrega que dos gerentes de Iecsa, Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo Piccinini, que eran los directores técnicos de las plantas durante su construcción, inmediatamente después de la rescisión en 2016 pasaron a trabajar como integrantes del comité directivo de Enarsa, organismo encargado de llevar adelante el proceso de venta de las centrales, con lo que estuvieron "de los dos lados del mostrador", asegurando que el proceso concluya en las manos adecuadas.

Sin embargo, fuentes del sector indicaron a este medio que es muy difícil establecer un criterio de valuación que no genere cuestionamientos en ninguna de las partes. "Se puede contemplar el valor de realización de mercado, pero en general prevalece el criterio de valor económico del activo. Es decir, el flujo de fondos descontados al presente. Cuánto se espera que genere ese activo en un futuro, descontando por una tasa de descuento buscando el valor actual de beneficios netos", explicaron.

A su vez, otro de los interrogantes es el valor de las tarifas que determinarán los ingresos futuros de la compañía, con la posibilidad cada vez más latente de que una próxima administración pesifique los contratos. Esta preocupación está muy presente en las firmas energéticas, que también se vieron perjudicadas por el incremento de las tasas de interés y del riesgo país, que disparan los costos de financiamiento en tamaños proyectos.

Tal es así, que de un escenario con todos los jugadores del sector interesados a fines del 2017, finalmente se terminó en una disputa entre solamente YPF y Central Puerto, la empresa donde Caputo es accionista.

No obstante, en el sector se habla de que parte de esta merma en la participación de las empresas fue inducida. Por ejemplo, el fondo de inversión Lone Star -vinculado al ex vicejefe de gabinete Mario Quintana y al que pertenecen los ex funcionarios del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses Luis María Blaquier y Enrique Bollini- había demostrado una gran voluntad de hacerse con las centrales, pero no recibió el visto bueno de la Casa Rosada, motivo por el cual tuvo que bajarse de la licitación.

"Nicky" Caputo fue nombrado cónsul de Singapur y va por el puerto de Buenos Aires

De esta manera, Caputo quedó a punto de ser beneficiado nuevamente por un contrato en el sector energético que lo consolidaría como el principal jugador en el mercado de generación eléctrica.

Las usinas tienen una potencia instalada de 540 MW y 280 MW respectivamente, pero tienen la desventaja de estar inconclusas desde 2015 por falta de fondos. Para cerrar el ciclo, se debe instalar, en ambos casos, una turbina de vapor que incrementará la potencia y la eficiencia de las plantas, en una obra de complicada ingeniería de 50 millones de dólares.

Según fuentes allegadas, por la Central Térmica Brigadier López, ubicada en la provincia de Santa Fe, Central Puerto ofertó 326,5 millones de dólares, mientras que para la Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán, ubicada en la provincia de Buenos Aires, se ofrecieron 583,5 millones de la misma moneda, 50 millones más que YPF.

Hasta el momento, Central Puerto tiene una participación en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) que en este momento alcanza el 11,4%, mientras que específicamente en la generación térmica se eleva al 15%. La compañía se adjudicó numerosos proyectos durante la administración Macri y desembarcó en el sector eólico con siete parques en ejecución.

A su vez, los intereses de Caputo exceden el mercado energético. Tras su nombramiento como cónsul honorario de Singapur, aprobado en Diputados a principios de diciembre, salió a jugar fuerte para quedarse con el control del Puerto de Buenos Aires y de las principales terminales aeroportuarias que maneja Eurnekian, de la mano del poder financiero de las firmas asiáticas.