El precio que el Ayuntamiento de Madrid pagó por Bicimad, el servicio de alquiler público de bicicletas eléctricas, 10,5 millones de euros "es acorde y ajustado al contrado celebrado". Es la conclusión a la que ha el perito judicial en su informe tras la querella que el Partido Popular ha interpuesto contra Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad, y Álvaro Heredia, gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Entre 9,49 y 11,13 millones: así calculó el Ayuntamiento de Madrid el precio de BiciMad

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En octubre de 2016, el Ayuntamiento cerró un acuerdo con Bonopark por el que abonaba 10,5 millones de euros para que Bicimad estuviese gestionado por la EMT. "Del trabajo realizado en el presente informe Pericial debemos concluir que el precio pactado, aprobado y abonado a la entidad Bonopark, de diez millones y medio de euros, por la cesión a la EMT de los derechos y obligaciones del Contrato Integral de Movilidad de la Ciudad de Madrid, Lote 5, es acorde y ajustado al contrato celebrado", asegura el perito judicial en su informe al que ha tenido acceso eldiario.es.

En el informe se añade que "el precio fijado entre ambas entidades fue el fruto de la negociación entre partes independientes y consideramos el mismo como razonable en el marco de la citada operación".

El Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid se querelló el pasado mes de enero contra la concejala de Movilidad y Medio Ambiente, Inés Sabanés, y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, al considerar que hubo malversación de caudales públicos y prevaricación en el precio por el que el Consistorio adquirió el servicio. La querella ha sido admitida a trámite y la jueza investiga los contratos aunque solo por malversación.

El PP considera que el servicio de Bicimad se compró "a un precio muy superior al real". Se basa en que, en octubre de 2015, Bonopark anunció al Ayuntamiento de Madrid que estaba al borde de la quiebra, ya que tenía pérdidas mensuales de 300.000 euros. La firma navarra solicitó entonces un reequilibrio económico por 3,6 millones de euros. Los populares defienden que era mejor pagar ese dinero antes que remunicipalizar el servicio.

Tras la denuncia del PP, la jueza ha abierto diligencias previas encaminadas a determinar los hechos y el procedimiento aplicable y ha ordenado diligencias documentales para que los querellados acrediten el modo en que se desenvolvió la operación de BiciMad. La magistrada se ha centrado en el delito de malversación e investiga si, como asegura el PP, 10,5 millones eran demasiado.

Los peritos judiciales dan hoy la razón al Ayuntamiento de Madrid y aseguran, además de avalar el precio de cesión del contrato, que el Consistorio consiguió con la operación "garantizar a través de la gestión de la EMT la continuidad del servicio Bicimad y su mejora, que se antojaba necesaria dado el incremento de la red de BiciMad pretendida como medio de transporte alternativo y necesario dada la problemática actual medioambiental".

“EMT obtiene unos beneficios inherentes a la cesión del citado contrato, además de permitir mejorar el servicio a los ciudadanos de una manera más eficiente y en mejores condiciones para los mismos”, recoge la valoración pericial.

Desde el Consistorio insisten en que la operación fue correcta y celebran el informe pericial. "Hay que esperar a que acabe el proceso judicial, pero el informe del perito deja muy claro que se fijó el precio correctamente y que la decisión de pasar la gestión a EMT ha tenido beneficios para el servicio y la ciudad. Ningún informe técnico ni ningún compareciente en la comisión ha mantenido una postura diferente", defienden. "El Ayuntamiento, como siempre, sigue trabajando en la mejora de los servicios públicos y en poner las bases de una movilidad sostenible. El PP debería dejar de centrar su política en los tribunales y empezar a preocuparse por los verdaderos intereses de los madrileños y madrileñas", critican fuentes del Ayuntamiento.

El Partido Popular también ha valorado el informe. Los populares en el Consistorio de la capital recuerdan que las conclusiones no son definitivas. "Estamos estudiando el informe pericial. En cualquier caso este informe no es definitivo, está pendiente de ratificación". "En el dictamen se realizan valoraciones subjetivas e interpretativas pero sin convicciones ni evidencias que prueben ni valor ni precio. En este sentido el PP recuerda que no ha habido una auditoría previa para valorar el precio de Bicimad", añaden.

La operación también está siendo examinada en una comisión de investigación municipal, aprobada con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos.