“¿Y cuándo en regiones?” es un usual reclamo en Chile contra el exacerbado centralismo, que concentra casi todo en Santiago en desmedro de las provincias. Ahora es el turno de Valparaíso - el concurrido puerto y centro turístico, capital de la quinta región y patrimonio de la humanidad de Unesco – que tendrá el dudoso honor de ser la primera ciudad del país en instaurar un régimen de vigilancia a través de reconocimiento facial en el transporte público.

Un sistema de 350 cámaras desplegadas en 20 estaciones registrarán el tránsito de los 80 mil pasajeros que diariamente usan el servicio de metro que une Valparaíso y Limache. ¿La justificación? Habría personas que estarían utilizando tarjetas ajenas para acceder a la tarifa rebajada para estudiantes y la tercera edad. No se trata de gente que no esté pagando su pasaje, sino simplemente que están pagando un poco menos de lo que deberían.

¿Es tan grave este problema que merece la implementación de un costoso sistema de vigilancia para ser solucionado? Las informaciones periodísticas no dan cuenta de ningún estudio que esboce la magnitud de la perdida (tampoco está claro como sería posible dimensionar una situación de este tipo) ni cuánto dinero cuesta la implementación y mantención de este sistema de vigilancia.

Pero incluso asumiendo que el problema fuese real, de todas formas la medida parece desproporcional y problemática por varias razones:

1.- La medida busca controlar específicamente a los usuarios de tarjetas con beneficios sociales, estudiantes y personas de la tercera edad. Eso significa que el derecho a la privacidad de grupos a los que se les reconoce en desventaja económica es menoscabada.

2.- No es posible controlar solamente a los grupos en cuestión. Todos los usuarios de la red de metro estarán siendo vigilados por el sistema de reconocimiento facial, lo que significa reducir considerablemente su derecho a la privacidad. Aunque la privacidad es un derecho fundamental, este estaría condicionado, por ejemplo, a la posibilidad de acceder o no al transporte privado. Los servicios públicos no debiesen contribuir activamente a exacerbar esta brecha.

3.- El sistema tiene el potencial no solo de reconocer quienes están utilizando el transporte público “ahora”, sino de generar un historial de usos, que permite establecer patrones de desplazamiento y predecir comportamientos futuros.

4.- Ninguna información se ha dado respecto al tratamiento que se hará de los datos recolectados: ¿Cómo se almacenará? ¿Quién tendrá acceso a esos registros? ¿Cuáles serán los usos que se le dará a esa información? ¿Con quiénes se compartirá? ¿Por cuánto tiempo se almacenarán esos registros?

La absoluta desprotección en la que se encuentran los datos personales de los chilenos es conocida. Mientras se continúa discutiendo una reforma legal que pueda subsanar este grave problema, una medida de este tipo –avalada desde el Ministerio de Transportes – apunta en la dirección contraria, reafirma la idea de que el derecho de las personas a la protección de los datos personales es secundaria frente a otro tipo de consideraciones; más todavía cuando estamos hablando de datos biométricos, altamente sensibles.

En Chile, donde incluso el robo de la base de datos del Registro Civil quedó impune, la implementación de un sistema con estas características debiese poner a la población entera en alerta. Hoy es Valparaíso, mañana podría ser factible que el libre desplazamiento por el país sea totalmente vigilado y registrado.