En medio del estallido social, el país, en parte, sigue funcionando. Eso, aunque los hechos que han sucedido los últimos 15 días en materia judicial y de sanciones del mercado de valores reflejan, precisamente, lo que se ha clamado deje de suceder: un trato privilegiado o "vista gorda" para cierta elite que implica cometer actos alejados de la ética o que rayan, derechamente, en lo ilícito. Sin que ello tenga ni siquiera sanción moral.

1. Golborne y la salida de los $ 11 millones

Diecinueve de noviembre. Al cumplirse un mes y un día de las movilizaciones, un caso que se arrastraba por cinco años llegaba a su fin. Se trataba de la arista que involucraba al exgerente corporativo de Cencosud y exministro, Laurence Golborne, en el caso Penta.

Con el grupo económico, liderado por los empresarios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, Golborne acordó la emisión de boletas falsas para financiar su carrera de senador en el año 2013.

El exsecretario de Estado encargado de Obras Públicas en Piñera I –y parte del mediático rescate de los 33 mineros, sonando incluso como presidenciable– había sido formalizado en 2016, luego que otro exministro, Pablo Longueira, quedara en ese entonces con arresto domiciliario por el caso.

El connotado ejecutivo del retail se unió a la lista de políticos financiados por Penta a fines de 2012. A través de la empresa de comunicaciones Vox, de la cual fue socio, recibió –de acuerdo al Ministerio Público a la hora de formalizar– $ 120 millones

Justificado con facturas falsas, el dinero fue a su candidatura. Las platas no fueron declaradas al Servel y Golborne tempranamente comenzó a cooperar con la investigación.

Las indagatorias, a cargo del entonces fiscal Carlos Gajardo, sumaban otros millonarios movimientos: $260 millones que el exministro obtuvo de diferentes empresas y que siguieron el mismo modus operandi: las firmas recibían boletas o facturas por trabajos no realizados. El Servicios de Impuestos Internos (SII) se querelló y detalló que entonces Vox Comunicación Estratégica emitió seis facturas falsas, “las que fueron facilitadas luego por Laurence Golborne” al BC, entre varios otros documentos. “Hay casos en que sí puedo vincular el aporte político, que es el caso de dos sociedades: Vox Comunicaciones y VSA. Ambas las vinculo a peticiones que me realizó para la campaña presidencial de don Laurence Golborne, quien me solicitó y facilitó estas facturas”, declaró ante el SII y la Fiscalía Luis Enrique Yarur Rey, presidente del directorio del BCI. El SII argumentó incluso que todos los movimientos le valieron un enriquecimiento patrimonial de $112 millones.

Y ya desde 2016 se señalaba que una de las opciones de la Fiscalía era llegar a un acuerdo. Aunque en ese momento la salida se evitó.

Pero Sanhattan se olvidó rápidamente, incluso con el caso aún abierto. Los directorios de Construmart, el exclusivo club El Golf 50 y SQM (otra firma involucrada en las platas políticas), lo recibieron de brazos abiertos en sus directorios en 2018.

El martes pasado, el Octavo Juzgado de Garantía le dio luz verde a un acuerdo al que el abogado Carlos Cortés, representante de Golborne, arribó con el Ministerio Público: la suspensión condicional del caso.

Antes, el exministro había acordado pagar 20 Unidades Tributarias Anuales (UTA) para quedar fuera del caso, poco más de $ 11 millones. La Fiscalía había pedido cuatro años de presidio o una multa por el doble de lo señalado.

El acuerdo le permitió salir del caso, sin condena y ser sobreseído si está un año sin cometer delitos. “La suspensión del caso contra Golborne tras el pago de 11 millones de pesos es otra señal de impunidad. Los casos Penta y SQM exigían justicia. A cambio hubo una impunidad pactada transversalmente. Esa impunidad explica mucho de lo que está pasando ahora", escribió Gajardo en Twitter.

Gajardo añadió que “Golborne facilitó facturas falsas para financiar su campaña y obtuvo más de 300 millones de pesos a una decena de empresas. El caso fue suspendido pagando 11 millones de pesos. La Fiscalía en temporada de liquidación. ¿Se entiende el por qué del malestar con el sistema de justicia?”.

2. Ruiz-Tagle y Mosa: no conocían la Ley de Valores

Los casos no están vinculados, pero los personajes sí. En el año 2014, Radio Cooperativa contaba que Golborne, junto a otro exministro, Gabriel Ruiz-Tagle, se habían acercado al exfutbolista Iván Zamorano para ayudarlo a paliar la deuda de cerca de $2 mil millones que arrastraba.

Cinco años después, Golborne y Ruiz-Tagle hacían noticia la misma semana pero en veredas diferentes. El amigo de Sebastián Piñera, accionista de Blanco y Negro –controladora de Colo-Colo– estará alejado durante un lustro de los directorios de empresas. ¿La razón? Haber vendido acciones de Blanco y Negro con información privilegiada. Esto, pese a que el empresario de larga data dijo –entre los argumentos que implicaron su cooperación en la investigación– que podía vender acciones de la compañía cuando conocía el Estado de Resultados de la misma, a fines de marzo de 2018.

Ruiz-Tagle, junto al otro accionista de la firma y su otrora enemigo, Aníbal Mosa, fueron multados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por infringir la Ley 18.045 de Mercado de Valores. La movida de Ruiz-Tagle hizo eco de los beneficios de la autodenuncia: la multa original de cerca de 420 millones se le rebajó a la mitad.

Los titulares de la multa se refirieron a Mosa y Ruiz-Tagle, los más llamativos del club, pero la CMF incluyó multas a Paul Fontaine (400 UF, por haber aprobado en sesión de directorio una operación con parte relacionada sin haber fundamentado la decisión en los términos exigidos por el artículo 147 de la Ley N° 18.046, y asimismo por haber concurrido a la celebración de otras operaciones de préstamos otorgados a Blanco y Negro S.A. por una entidad relacionada, sin que estas hayan sido sometidas a aprobación del directorio de la sociedad), al abogado Leonardo Battaglia (multa a beneficio fiscal de 100 UF, por haber aprobado en sesión de directorio una operación con partes relacionadas sin haber fundamentado la decisión en los términos exigidos por el artículo 147 de la Ley N° 18.046, y asimismo por haber concurrido a la celebración de otras operaciones con una entidad relacionada a Blanco y Negro S.A. sin que esta haya sido sometida a aprobación del directorio de la sociedad) y al connotado empresario Leonidas Vial Echeverría, sanciones que se sumaron a aquellas contra Alejandro Zúñiga Droguett, Pablo Acchiardi Lagos y Pablo Morales Ahumada, "por haber aprobado en sesión de directorio una operación con partes relacionadas sin haber fundamentado la decisión en los términos exigidos por el artículo 147 de la Ley N° 18.046".

"La resolución sancionatoria consigna la gravedad de las infracciones detectadas por cuanto el procedimiento definido por la Ley de Sociedades Anónimas para la aprobación de operaciones con partes relacionadas es obligatorio para la sociedad, sus directores y ejecutivos".

Para el exministro de Deporte, igual existió beneficio. Un reportaje de Pulso señaló que "pese a que era predecible esta situación, y que estaba impedido de realizar transacciones con acciones de Blanco y Negro, pues contaba con información privilegiada en relación al mercado, un día antes de que se publicaran los estados financieros, Ruiz-Tagle –a través de una sociedad– realizó una serie de operaciones, principalmente de venta de títulos, a precios que superaron los $300. Gracias a ello, obtuvo un beneficio de 12.550 UF ($353 millones)".

Con multa y todo, agregó el matutino, Ruiz-Tagle obtuvo un beneficio de unos $140 millones. El empresario –como se señaló– está inhabilitado por cinco años para participar en directorios.

Antes, también había participado de un caso mediático. Esto porque fue ejecutivo de PISA, una de las empresas involucradas en la colusión del confort. "En esa época, yo participaba en una pequeña empresa que se llamaba PISA que era objeto de una acción que también quedó acreditada en el juicio, en la cual la grande, que era CMPC, era la que obligaba a hacer una serie de cosas a una empresa que era cien veces más pequeña que la otra", dijo en 2018 al respecto.

3. Angelini al estilo Bachelet: "Me enteré por la prensa"

Marta Isasi y Jaime Orpis, dos exsenadores involucrados en uno de los casos de corrupción política más bullados de los últimos años: las platas que corrieron para gestar la Ley de Pesca. Una regulación del todo irregular que involucró, otra vez, a nombres que habían aparecido en otras causas, como el exministro Pablo Longueira –señalado en la emisión de facturas falsas y también en el caso de platas políticas y la Ley de Pesca–.

Con una fortuna de US$ 1.500 millones según Forbes, el heredero de Empresas Copec, Roberto Angelini –sobrino del fallecido empresario Anacleto Angelini–, declaró en el juicio oral en materia del caso Corpesca.

Pero el empresario, a la cabeza de un holding que controla y tiene acciones en Copec, Abastible, Arauco, Metrogas, Orizon, Corpesca y Mina Invierno –entre otras–, dio una declaración un tanto desopilante ante el Tercer Tribunal Oral.

El presidente de Corpesca, Roberto Angelini, declaró como testigo en el juicio contra ambos exparlamentarios acusados de delitos tributarios, cohecho y fraude al fisco.

El interrogatorio estuvo enfocado en su conocimiento, como dueño, de las actuaciones que implicaron que el exgerente general de Corpesca, Francisco Mujica, pagara por asesorías que vinculaban una entramada relación entre parlamentarios y la firma.

"Es muy difícil juzgar a una persona que uno conoció muchos años, no soy juez. Él cometió errores y lo reconoció, soy amigo de él y seguiré siendo su amigo con los errores y virtudes que tiene. (...) El error principal fueron estos informes que él pagó para estudiar la futura Ley de Pesca. Antecedentes que no aportaron mucho y que, en definitiva, fueron en forma bastante caros. Un error de administración, así lo considero yo. Y, por lo demás, en absoluto desconocimiento del directorio. (...) El directorio se enteró por los medios", detalló La Segunda.

En enero de 2019, un reportaje de Ciper –que sumó el análisis de varios casos de platas políticas– señaló que el grupo también estuvo involucrado en el financiamiento a campañas políticas. Pero que tras el lobby desplegado, y tal como otros casos, la indagatoria no prosperó. "El primer golpe de ese soterrado lobby fue el bloqueo a la indagatoria de Impuestos Internos sobre el Grupo Angelini. A fines de ese mes de abril, la revisión de los registros contables de SQM abrió ante los ojos de los funcionarios del SII un vaso comunicante con el holding propietario de Copec, Celulosa Arauco y Corpesca, entre otras empresas".

"Lo que alcanzaron a ver encendió todas las alarmas del mundo político: facturas y boletas sin respaldo pagadas por el Grupo Angelini a asesores y cercanos a políticos de todo el espectro, como el ahora ministro de Defensa y entonces senador Alberto Espina (RN) y el senador Felipe Harboe (PPD). Pero más grave, eran las evidencias de que ese grupo económico también había aportado ilegalmente a la precampaña de la entonces presidenta Michelle Bachelet", prosigue la nota.

"El Grupo Angelini, como quedó demostrado en la investigación que inicialmente llevaron los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, puso más dinero que SQM en la precampaña de Bachelet: unos $360 millones. Pero esos antecedentes, a diferencia de lo ocurrido con SQM y Penta, jamás llegaron a un tribunal. El SII rehusó presentar querellas o denuncias, bloqueando la labor de Gajardo y Norambuena, quienes finalmente renunciaron al Ministerio Público en enero de 2018", señaló la investigación de Pedro Ramírez.

4. Lira: si te he visto no me acuerdo

Cercano al Ministerio del Interior, asesor permanente de La Moneda, allegado a Piñera y exsubsecretario de Prevención del Delito, sin contraposiciones, fue electo alcalde en reemplazo de Felipe Guevera en Lo Barnechea, quien fue ungido como intendente de la Región Metropolitana.

Lira, tras conocerse la cercanía del grupo Ditec –del cual es socio– con el procesado excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, realizó un "control" de daños en La Moneda, asegurando que las indagatorias, gestadas por el persecutor José Morales no llegarían a más.

Lo anterior, porque en relación con ciertos "favores" investigados por el Ministerio Público, luego que además El Mostrador revelará vínculos entre Lira, el otro socio de Ditec, Sebastián de Cárcer, y Fuente-Alba, retiró información contable de la empresa, citó a declarar ejecutivos, pero Lira se ocupó de que, ante cualquier imputación. en Palacio supieran que su participación en el caso sería solo como testigo y que cualquier hecho imputable sería en contra el gerente general de la firma, Tomás Etcheverry. Con todo, los vínculos de amiguismo con Fuente-Alba –acusado de utilizar dineros de fondos reservados para gastos personales– no le preocupan a la clase política.