Al partido de Albert Rivera, exmilitante del PP, se están sumando miembros rebotados de otras formaciones, fundamentalmente de UPyD. Ciudadanos tiene imputados en sus filas y, entre sus cargos, hay quien ya ha tocado poder con otras siglas.

Ciudadanos se presenta a las municipales y autonómicas del 24 de mayo con un ojo puesto en las generales y tras haber triunfado en Andalucía al conseguir nueve diputados que no pronosticaban la mayoría de las encuestas. El partido de Albert Rivera usa como bazas la regeneración y la ruptura con la ‘vieja política’ al ser una fuerza nueva aunque ya con nueve años de vida. El éxito y los buenos pronósticos han provocado un gran crecimiento a la formación, que se está nutriendo fundamentalmente de la fuga de UPyD. A Ciudadanos le preocupa que se le cuelen miembros indeseables, como ya le ha ocurrido con algunos de sus representantes.

Rivera, diputado en el Parlamento catalán desde 2006, preside C’s, pero sus primeros pasos en política fueron en el PP, cuando militó en la agrupación juvenil Nuevas Generaciones. Ese pasado le costó una crítica de uno de los impulsores de la plataforma, Arcadi Espada, que reconoció que, si lo hubiera revelado en el proceso de creación de Ciutadans, «no habría llegado a ser el líder que es».

El grupo parlamentario que lidera sufrió la baja de su portavoz Jordi Cañas hace un año tras ser imputado tres meses antes por fraude fiscal por la acusación de haber defraudado 429.000 euros a Hacienda como gestor de una sociedad. La dimisión de Cañas, que había sido el azote de las fuerzas políticas en Cataluña por la corrupción y el «nacionalismo cleptómano», se contrarrestó unos meses más tarde con su fichaje como asesor de uno de los eurodiputados en el Parlamento Europeo.

Otra de las primeras polémicas fue la revelación de que su candidato a las europeas tuvo una cuenta en Suiza. Javier Nart justificó que se trataba de un dinero heredado de su padre que lo guardaba en el paraíso fiscal para ponerlo a salvo de ETA, que le exigía el pago del impuesto revolucionario. En esa misma cuenta recibió 31.000 euros de Félix Millet, implicado en el caso del Palau de la Música. Según Nart, se trató de un error de la entidad bancaria.

En el número 22 de esa misma lista fue Antonio Sánchez, alcalde independiente de la localidad madrileña de Serranillos del Valle, que fue detenido en la operación Púnica. El regidor decidió dimitir después de que la Guardia Civil le sorprendiera sacando documentación del Consistorio. Ciudadanos salió al paso con un comunicado en el que aseguraba que Sánchez no es afiliado ni tiene relación con el partido. Justificaba su presencia en la lista como parte de la «relación de colaboración en el ámbito de partidos independientes de la sierra de Madrid».

En Valencia tuvo que expulsar al coordinador Fernando Mut al ser imputado por el caso Innova. Arquitecto de profesión y exmiembro del PP y posteriormente de Plataforma de Gandia, se encuentra procesado por el supuesto desvío de seis millones de euros que concedió el Gobierno destinados a un centro de innovación en Gandia.

Recientemente ha decidido apartar al candidato en Móstoles (la segunda ciudad más grande de la Comunidad de Madrid) y montar una gestora en el partido a nivel local. La dirección regional considera que Pedro Benayas no es un aspirante idóneo después de que pasara el proceso interno, ya que colocó en la lista para el Ayuntamiento a amigos y familiares. Además, está imputado por un delito de daños que se investiga en un juzgado de la localidad.

El recién nombrado secretario general en Cádiz, Manuel Erdozain Vega, que es concejal de Urbanismo en la localidad de Arcos de la Frontera, gobernada por el PP, está imputado, junto al alcalde y otro edil, por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en los que habrían incurrido tras la supuesta contratación irregular de 25 familiares y personas afines en el Ayuntamiento.

No era el único con cargo público en Andalucía antes del 22 de marzo. El cabeza de lista Juan Marín cogobernaba en la localidad de Sanlúcar de Barrameda, en manos del PSOE desde hace siete años. Marín lideraba una formación local que fue absorbida por la de Rivera y encabezó la lista con la que el partido obtuvo nueve escaños el pasado 22 de marzo. En estos años de gobierno, la gestión de esa coalición ha privatizado la gestión del agua y la oposición ha denunciado que el Ayuntamiento contrataba los servicios informáticos de su concuñado, Manuel Buzón, que también forma parte de Ciudadanos en Cádiz, tal y como publicó Diagonal.

Para evitar la llegada de representantes problemáticos a los que se enfrenta el partido, que ha multiplicado sus afiliados en los últimos meses, ha fichado a una empresa de cazatalentos que se encarga de vigilar el pasado de sus miembros para que no se les cuele ningún indeseable.

Renuncia del candidato que dijo «putacataluña»

Más allá de la gestión de los que formaban parte de otros partidos, la falta de experiencia política también ha jugado malas pasadas a alguno de sus miembros. Es el caso de Francisco Gambarte, que tuvo que renunciar a ser el cabeza de lista en el Principado de Asturias cuando se difundieron sus tuits en los que insultaba a los catalanes. Gambarte, abogado de profesión y alejado de la política hasta entonces, escribió en la red social: «Sabes lo que haremos con la estrellada, limpiarnos el culo. Putacataluña». Tuvo que pedir disculpas y renunciar a ser candidato.

Recientemente el partido echó a su coordinador juvenil en Madrid por comentarios xenófobos: «Solo hay algo peor que un catalán y no es un gabacho, es otro catalán», dijo en Twitter. «Escuchar durante más de 15 minutos una conversación en acento latino es perjudicial para su salud», fue otro de los insultos.

La formación ha recibido críticas, fundamentalmente de UPyD, por aceptar tránsfugas en sus filas. Ciudadanos intenta que los recién llegados lo hagan procedentes de un partido ya disuelto o que renuncien a sus actas si ocupan cargos públicos. En Cantabria, la formación de Rivera nació directamente de la escisión de cerca del 50% de los militantes de la formación magenta hace unos meses. El candidato autonómico y el de la alcaldía de Santander proceden del partido de Rosa Díez, aunque ahora han limitado a seis meses el tiempo mínimo de militancia para poder presentarse. Fue el caso del exárbitro de Primera División de la Liga de fútbol profesional Alfonso Pérez Burrull, que no pudo concurrir a las primarias por haberse afiliado después del 1 de marzo.

Aunque la principal fuente de afiliados es UPyD, también llegan del PP y del PSOE. El número tres de la lista para la Comunidad de Madrid lo ocupa Eva María Borox, que fue portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valdemoro. Tras ganar las primarias, Rafael Simancas decidió disolver la agrupación y montar una gestora, dado que la dirección del PSOE de Madrid apreció que casi la mitad de los afiliados estaban relacionados con el PP liderado por Francisco Granados y con el empresario David Marjaliza, según informó El País.

«No es oro todo lo que reluce»

Al enfado de Rosa Díez por quedarse con gran parte de sus activos, se suma la denuncia realizada por la Confederación Nacional de Agrupaciones Políticas Independientes (CAPI), ahora llamada Tercera Vía, que suscribió un acuerdo con el partido de Rivera ante las elecciones europeas. La colaboración consistió en que la asociación ofreció apoyo «proactivo» para Ciudadanos en esos comicios y pidió el voto para ellos. A cambio, en las municipales no se enfrentarían o abrirían líneas de diálogo.

Ciudadanos rompió el acuerdo. El secretario de Organización, Fran Hervías, lo dio por finiquitado en un correo electrónico en el que aseguró que el «contexto» había cambiado después de que muchos de los miembros de CAPI se hubieran integrado en la formación. En CAPI consideran que se trata de una «deslealtad» y se sienten utilizados.

El cierre de las críticas a la formación de Rivera lo forman un grupo de personas que se sienten afectadas por la vulneración de los derechos de los militantes tras su paso por Ciudadanos. La Plataforma por las Garantías Ciudadanas, montada con el objetivo de denunciar las malas prácticas en el partido, sostiene que se expulsa a afiliados sin darles explicaciones e incluso que se «manipulan» las primarias.

«No es oro todo lo que reluce», dice su presidenta, Inmaculada Sánchez, que sostiene que Rivera ha dado la orden de «saltarse a la torera» la premisa de que los candidatos lleven al menos seis meses en la formación, permitiendo que «se suban al carro trepas de profesión». «Un partido que no defiende por encima de todo a sus bases, ¿cómo va a defender los intereses de los españoles?».

Esta información se ha elaborado con la colaboración de Catalunya Plural y eldiario.es/norte/Cantabria.

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