Por Daniela Medina y Daniela Barragán

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Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo).– El Gobierno de México, que abogó ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) en contra de las etiquetas de Ecuador (que alertan explícitamente al consumidor sobre el contenido de refrescos y productos chatarra), ya tiene camino andado en la defensa de los intereses de los grandes corporativos transnacionales, de acuerdo con documentos en poder de SinEmbargo.

México envió al representante de Ecuador del Punto de Contacto y Centro de Información Nacional sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, en junio de 2014, un alegato que busca que las etiquetas en los refrescos y otros alimentos que utilizan transgénicos, altas dosis de azúcar y colorantes, no sean tan específicas a la hora de alertar al consumidor. La defensa de las autoridades mexicanas (contraria al discurso del Presidente Enrique Peña Nieto del pasado 31 de octubre de 2013, cuando presentó la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes) busca conservar el actual etiquetado que, denuncian las organizaciones de salud, son confusas, son promovidas por las propias empresas y no alertan sobre los riesgos.

Pero antes, Juan Antonio Dorantes Sánchez, director general de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE), participó en la defensa de la industria del tabaco en páneles internacionales. Utilizó argumentos que favorecen a la industria y abandonan al consumidor final.

En México, los problemas de salud relacionados con la ingesta de estos alimentos que defiende su gobierno, provocan pérdidas cercanas a los 85 mil millones de pesos, sólo en una de las principales enfermedades, que es la diabetes mellitus 2. La industria de los refrescos y azúcares es de este tamaño y tiene uno de los lobbys más poderosos económicamente en el mundo, que participa activamente en las cúpulas tomadoras de decisión de los gobiernos en todo el planeta.

Igualmente, el consumo de tabaco provoca cerca de 90 mil muertos en México cada año.

Defensor del etiquetado laxo

Defensor del tabaco:

A FAVOR DEL TABACO

En 2011, México emprendió una defensa similar a la que después haría por el etiquetado laxo. En aquella ocasión fue con la industria tabacalera. El funcionario encargado fue el mismo, aunque con distinto Presidente: entonces era Felipe Calderón Hinojosa el Jefe del Ejecutivo.

En aquel año, a través de la Secretaría de Economía, Juan Antonio Sánchez Dorantes, mismo personaje que firmó el documento de defensa de las empresas de azúcares, expresó en un documento la “preocupación” del Estado mexicano por las medidas emprendidas por Australia para implementar el empaque genérico en las cajetillas de cigarros.

En el documento que va dirigido al Secretario del Comité de la Comisión Permanente de Salud y Geriatría y a la Cámara de Representantes del Parlamento australiano, México criticó que tan sólo por la búsqueda de “objetivos legítimos” de aquel país, se crearan obstáculos innecesarios al comercio internacional, y en consecuencia, una restricción más “que resulta poco necesaria”.

La propuesta de Australia fue la de implementar un empaque genérico, en el que ya no pudieran verse ningún tipo de símbolos, logos o detalles de diseño; el color de todas las cajetillas de cualquier marca sería el mismo, al igual que el estilo de fuente y el tamaño de la información, es decir, ya no contempla ninguna publicidad o promoción dentro o adjunto al empaque.

La decisión fue tomada a partir del impacto de la publicidad en las personas. En el caso de los cigarros, de acuerdo con los estudios científicos que se realizaron en aquel país, las personas suelen desarrollar fidelidades de marca, adoptan elementos de éstas a su personalidad, características y hábitos, con logotipos, slogans, y con la idea de que necesitan consumir determinado producto; todo eso a través de un paquete. Esta medida busca generar un mayor impacto en la población menor de edad.

Esto le costó demandas internacionales por parte de la industria tabacalera y de países como Ucrania, Indonesia, Honduras, Cuba y República Dominicana.

En el mismo documento, México fue claro. Señaló que estaba de acuerdo con el interés de las autoridades sanitarias de Australia para emitir todos los reglamentos necesarios para proteger sus objetivos y, fundamentalmente, la salud humana, sin embargo, consideró que la medida podría ser innecesariamente restrictiva, ya que hay otras maneras de satisfacer el objetivo legítimo de protección de salud de una manera “onerosa”, “sin la necesidad de restringir la publicidad o promoción de los paquetes de tabaco”.

Y añade:

“El gobierno de México agradecería si Australia podría compartir la información científica en la que basó sus conclusiones […] en vista de que México hasta la fecha no tiene evidencia científica ni técnica de las influencias del embalaje en el comportamiento del consumidor. Por lo tanto, la imposición de este nuevo reglamento técnico restringiría el comercio sin hacer otra cosa más que alcanzar los objetivos legítimos perseguidos por las autoridades australianas.

El documento en el que la Secretaría de Economía presenta sus inconformidades marca copia para distintos funcionarios, entre ellos Mikel Arriola, presidente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); Fernando de Mateo, representante permanente de México en la Organización Mundial de Comercio (OMC), y José Rodrigo Roque Díaz, director general del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI).

De acuerdo con Javier Zúñiga, asesor legal de la asociación civil El Poder del Consumidor, esta postura viola claramente el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, que fija la adhesión de México a las estrategias mundiales que buscan erradicar todas las formas de comercio ilícito de productos de tabaco y obliga a todas las partes a tomar medidas para lograr un control efectivo del suministro de éstos y a “cooperar a nivel internacional en una amplia gama de asuntos” como lo son la seguridad y medidas preventivas de consumo.

Este convenio se aprobó en 2003 como “respuesta a la globalización de la epidemia de tabaco y es un instrumento basado en pruebas científicas que reafirma el derecho de todas las personas al goce del grado máximo de salud. El Convenio representa un hito para la promoción de la salud pública y proporciona nuevas perspectivas jurídicas de cooperación internacional en materia de salud”, dice la OMS en su portal de Internet.

El legista añade, que en materia de tabaco, el conflicto de interés ha sido evidenciado públicamente desde el llamado “convenio Frenk” de 2009. Julio Frenk Mora, Secretario de Salud en el gobierno de Vicente Fox Quesada, firmó un tratado con las tabacaleras para evitar un incremento de impuesto al producto. De acuerdo con notas de prensa, el funcionario negó cualquier tipo de cabildeo o relación con las empresas involucradas y recalcó que en el gobierno del panista se avanzó en materia de prevención del tabaquismo.

“Ha habido conflicto de interés con la industria tabacalera, que ha sido evidenciado públicamente, pero que no ha tenido ninguna repercusión legal. Está lo obvio que es el ‘Convenio Frenk’ hasta las declaraciones del SAT [Servicio de Administración Tributaria], que dice que ha hablado con la industria tabacalera para regular los nuevos códigos de seguridad para prevenir el contrabando de cigarrillos. Esa no es una relación necesaria. El gobierno tiene nada que hablar con las tabacaleras para hacer una buena regulación sobre contrabando de cigarrillos. Nada”, agregó Zúñiga.

En México, y en el mundo, hay tres grandes empresas de tabaco: Philip Morris, British American Tobacco y Japan Tobacco.

Philip Morris tiene 53 centros de fabricación en todo el mundo y su principal línea de cigarros es Marlboro. En 2013 tuvo ingresos netos por más de 80 mil millones de dólares y un beneficio bruto de 20 mil millones de dólares.

British American Tobacco, por su parte, tiene en México el 35 por ciento del mercado y produce 28 millones de cigarros al año, que distribuye en más de 220 mil puntos de venta a través de 12 marcas.

Finalmente, Japan Tobacco, que ocupa el tercer lugar en este mercado, registró en 2013 ventas netas por más de mil millones de dólares.

Más recientemente, la Cofepris también salió en defensa de estas industrias. Fue en 2010 cuando en los empaques de cigarros, por disposición de la Secretaría de Salud (SSa), se comenzaron a utilizar pictogramas con los riesgos que provoca fumar.

Las ocho imágenes cubrieron de entrada una cuarta parte del empaque y fueron seleccionadas por la SSa. Están en la parte superior de la cara frontal y en el 100 por ciento de la parte posterior es un fondo negro con las advertencias en letras color amarillo.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley General para el Control del Tabaco estableció que se utilizarían dos imágenes por cada trimestre.

En opinión del abogado, esta disposición colocó a México en la vanguardia de políticas públicas anti tabaco. Sin embargo, el avance del proyecto se frenó, ya que no hubo un seguimiento adecuado y no se trabajó en más pictogramas, por lo que los existentes se siguieron utilizando.

Mikel Andoni Arriola Peñalosa, que fue designado Comisionado presidente de la Cofepris en 2011, ha optado por la protección y condescendencia a las empresas.

Para el acuerdo de las nuevas leyendas, imágenes, pictogramas, mensajes sanitarios e información de los empaques de tabaco para 2015, de acuerdo con el folio 02/1316/210115, se presentó a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), presidida aún por el actual titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) Virgilio Andrade Martínez, un documento con fecha de recibido del pasado 27 de enero, una solicitud del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera A. C. (CONAINTA), para hacer pública la opinión del gremio respecto al nuevo etiquetado, en el que solicitan 16 semanas para la impresión de los nuevos pictogramas. De acuerdo con el legista consultado, en el proceso anterior, los empaques estuvieron listos en cinco semanas.

La respuesta de la Cofemer, con el folio COFEME/15/0189, fue dirigida a Arriola Peñalosa y a la Secretaría de Salud: “Con fundamento en los artículos […] de la Ley federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), esta Comisión exime a la SSA de presentar la manifestación de impacto regulatorio correspondiente”.

“La Cofemer toma en cuenta la opinión de la empresas en los procesos de etiquetado. ¿Cómo un Estado adopta un etiquetado que proponen las empresas? Aunado a esto, Cofepris lo arropó […] ¿Qué podemos esperar los ciudadanos mexicanos de políticas ineficientes, de una carta de un sector de la Secretaría de Economía dirigida a la Organización Mundial de Comercio para decir por qué el empaquetado genérico puede violar derechos de propiedad intelectual? La postura no es en cuanto al derecho a la salud, la evidencia científica está, y más en un caso tan documentado como es el tabaquismo, hay evidencia científica de todo. Más allá de que las demandas procedan, éstas intimidan”, agregó el especialista.

“La industria [tabacalera] persigue consistentemente determinados objetivos generales: primero, evitar la puesta en marcha de distintas políticas públicas orientadas a disminuir o desalentar el consumo de tabaco; segundo, impulsar la adopción de las políticas de control que la misma IT prefiere a otras políticas más eficaces en la disminución del consumo de tabaco […] Su objetivo general consiste en evitar o retrasar la entrada en vigor de cualquier política pública de control de tabaco para que su impacto en el consumo sea el mínimo posible”, se puede leer en un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) realizado en 2010, que identificó las estrategias más comunes de este sector en México.

Actualmente se están disputando las demandas entre Australia y los países y la industria, “ellos están haciendo sus argumentos, están entregando pruebas y se prevé que el caso pueda resolverse en 2015 […] El hecho de que tengas al Estado mexicano emitiendo este tipo de opiniones, que son el mismo discurso de las industrias, refleja la posición que quiere el Estado y a quién o quiénes busca favorecer.

Es peligroso para los consumidores y para la población en general. Si un día México quisiera adoptar las mismas medidas que Australia adoptó con el tabaco, tendrá varios problemas por la postura de las industrias que hacen este tipo de acciones con la finalidad de inhibir a los países que busquen implementar buenas políticas públicas en salud en materia de tabaco”, enfatizó.

UN MÉXICO ENFERMO

Con más de 60 millones de sus habitantes con sobrepeso u obesidad y un gasto a la sociedad de 85 mil millones de pesos al año relacionados únicamente con los enfermos de Diabetes tipo 2, México vive actualmente una epidemia que está mermando su economía, productividad y sobre todo, está discapacitando y matando a su población.

Entonces, ¿por qué mantiene un etiquetado promovido por la industria, que se ha probado poco efectivo, confuso y engañoso en alimentos chatarra?, ¿por qué favorece el ambiente obesogénico que las grandes corporaciones han establecido en el país?, ¿por qué antepone intereses empresariales al derecho a la protección a la salud de sus habitantes, establecido en el artículo 4 Constitucional?

México es el país número uno. En 2013 desfalcó a Estados Unidos como la nación más obesa del mundo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), con 32.8 por ciento de sus adultos obesos.

En el estudio “The State of Food and Agriculture 2013”, la FAO especifica que siete de cada 10 adultos tiene sobrepeso y la obesidad entre los niños se triplicó en la última década, con lo que cerca del 30 por ciento de los adolescentes están gordos.

Al año siguiente, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expuso que 4.1 millones de niños padecen de esta condición, nuevamente, más que en cualquier otro territorio, haciendo de la obesidad y el sobrepeso dos de los principales problemas de salud pública del país, lo que deriva en una gasto del presupuesto para atender estos padecimientos del 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012, elaborada por el INSP, en total 60.6 millones de personas tienen obesidad o sobrepeso; es decir, un 52 por ciento de los mexicanos. De ellos, 12 millones son menores de 20 años. Asimismo, una proyección realizada por la Universidad de Michigan, pronosticó que uno de cada tres niños mexicanos sufrirá diabetes en su vida.

“México está inmerso en un proceso de transición donde la población experimenta un aumento inusitado de IMC excesivo (sobrepeso y obesidad) que afecta a las zonas urbanas y rurales, a todas las edades y a las diferentes regiones”, escribió el Instituto en sus conclusiones, que además arrojaron que uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta alguna de estas dos condiciones.

En consumo, México no se queda atrás, un estudio de la organización civil internacional Oxfam y la mexicana El Poder del Consumidor, dado a conocer en 2014, concluyó que cada año se ingieren 163 litros de refresco per cápita, cantidad que sobrepasa por 40 por ciento la del segundo sitio (EU, con 118 litros). En postres, señalados como pastelillos por la ONG, cada habitante del país puede llevarse a la boca hasta 19 kilos anuales.

A inicios de este año, el Instituto Nacional para la Competitividad (IMCO) presentó su informe “Kilos de más, pesos de menos: Los costos de la obesidad en México” en el que destacó que la sociedad mexicana desembolsa más de 85 mil millones de pesos anuales, sólo en tratamientos, muertes prematuras y ausentismo laboral de las personas con diabetes mellitus tipo 2, uno de los muchos padecimientos asociado con la gordura, el cual deja anualmente 59 mil 83 fallecimientos, sólo por detrás de las enfermedades cardiovasculares y por delante del cáncer, entre las principales causas de mortandad.

Por su parte, el INSP publicó en enero de 2013 el artículo “Obesidad en México: Costos e impactos en la salud” en la revista inglesa Public Health Nutrition, el primero en su tipo en documentar la carga económica que dejaba atender padecimientos relacionadas con el exceso de peso, tales como la diabetes 2, enfermedad coronaria, derrame cerebral y ocho tipos de cáncer, entre ellos, el de seno, colon, riñón, endometrio y esófago.

Las conclusiones del equipo en el que participó el doctor Simón Barquera, director de Investigación en Políticas y Programas de Nutrición y la doctora Luz María Sánchez, de la Unidad de Investigación en Enfermedades Crónicas y Dieta, determinaron que en el año 2010 el gasto en obesidad fue de 806 millones de dólares, y que de seguirse la tendencia, para 2050, año en el que sólo el 12 por ciento de los hombres y el nueve por ciento de las mujeres tengan un peso considerado normal, el gasto será de 1.7 mil millones de dólares.

En un país en el que las personas consumen más bebidas azucaradas que fruta y los 10 millones de mexicanos con menor ingreso invierten el triple de su gasto en refrescos que en leche, según la FAO. No sorprende que investigaciones como la del doctor Dariush Mozaffarian de la Escuela de Salud Pública de Harvard, arrojen datos como que una de cada 10 muertes por diabetes y enfermedades cardiovasculares en el país se debe al alto consumo de bebidas azucaradas, es decir, aproximadamente 15 mil.

Nuria Urquía, representante de este organismo en el país, dijo que en México existe una “doble carga de desnutrición y obesidad”, y explicó que la disponibilidad de calorías en el país es de tres mil 180 por persona, 500 más de las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante un problema de salud público de estas dimensiones, ¿por qué el gobierno mexicano sigue atentando contra sus propios intereses?

Quizá la respuesta está en las cantidades de dinero que las empresas azucareras mueven en el país.

La industria que está defendiendo México es un conglomerado de empresas que tienen presencia en varios países y que por años, sus ingresos netos han registrado no más que ganancias.

No hay documentos que muestren el nombre de las empresas que están detrás o que comprueben el conflicto de interés, sin embargo, los nombres de las empresas que con sus productos han desatado las cifras de obesidad, son conocidos: Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Bimbo, Danone, Kellog´s, McDonald’s, Unilever y Jumex.

En 2003, Nestlé registró un crecimiento orgánico de 4.6 por ciento y de 3.1 por ciento de crecimiento interno real. La empresa tiene presencia en los cinco continentes y en América registra un crecimiento de 5.1 por ciento y ganancias por más de 441 billones de pesos.

De acuerdo con información de la empresa, México está en la posición número cinco, entre los países que más contribuyen a Nestlé.

También en 2013, PepsiCo tuvo ingresos por 4 mil 300 millones de dólares, tan sólo en México, gracias a productos como Sabritas, Gamesa, Pepsi y Sonric’s. A nivel mundial, las ventas le generaron a PepsiCo más de 66 mil millones de dólares en los 200 países en los que tiene presencia.

Coca-Cola, en 2013, reportó ingresos totales por más de 258 mil millones de pesos y activos por 359 mil 192 millones de pesos.

En las cifras de los últimos tres años Coca-Cola, sus ingresos no se han visto alterados, ni a la baja. La empresa goza de alta estabilidad.

Danone tuvo un crecimiento en sus ventas por 5.6 por ciento y sus acciones, en periodos, suben hasta 3.4 por ciento. La ventas anuales varían entre los 7 mil millones de dólares.

Su gran competidor, Unilever, reportó en 2013 una baja de 3 por ciento en el consumo de sus productos a nivel mundial. En 2012, registró ganancias netas por más de 28 mil millones de dólares.

Grupo Bimbo tuvo en México ventas por 73 mil 179 millones de pesos, lo que representó un incremento de 2.8 por ciento respecto de 2012. La utilidad neta de la panificadora se situó en los 92 mil 99 millones de pesos.

McDonald’s reportó ganancias trimestrales por mil 400 millones de dólares; es decir, 5 mil 600 millones de dólares. En México tiene más de 400 establecimientos.

Kellog’s, por su parte, tiene ventas anuales de 12 mil millones de dólares y desde 2010 esa cifra se ha mantenido constante. En México comercializa 20 marcas diferentes.