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Ancap le debe a la Dirección General Impositiva (DGI) US$ 385 millones por el no pago del IVA correspondiente a importaciones de derivados del petróleo desde el año 2007, informaron a El País fuentes de la empresa de los combustibles y políticas. Ambos organismos están negociando cómo cancelar esta deuda, que Ancap argumenta que es mucho menor porque todavía no hizo las deducciones por anticipos de IVA.

Las importaciones de petróleo y sus derivados fue uno de los puntos que se analizó en la comisión investigadora del Senado sobre la gestión de Ancap en los últimos dos períodos. En la comisión, dice el informe del Partido Nacional, surgió que Ancap realizó importaciones de petróleo y derivados "que no fueron registradas oportunamente en el Dirección Nacional de Aduanas".

El petróleo no paga arancel y está exonerado de IVA, pero los derivados en su mayoría sí pagan IVA, y por tanto en el momento de importarlos se debe pagar el anticipo por este impuesto. Los ejemplos más relevantes son las importaciones de gasoil, propano y butano.

Las fuentes dijeron a El País que el anticipo de IVA de las operaciones que presentan atraso, y que Ancap no habría pagado, fue de US$ 385 millones. Agregaron que hay operaciones irregulares desde el año 2007.

Esta cifra, aunque se está negociando, Ancap la compensaría, ya que aunque no pagó el anticipo, luego, en la liquidación final del impuesto tampoco habría hecho la deducción del mismo, explicaron las fuentes. De todas formas, dado que hay un período de tiempo entre el anticipo y la liquidación final del impuesto, la DGI le estaría reclamando por el atraso una cifra en el entorno de los US$ 115 millones.

Las importaciones de Ancap que no fueron registradas oportunamente tienen consecuencias también ante la Dirección Nacional de Aduanas, y por tanto fue parte de la denuncia que los partidos de oposición presentaron ante la Justicia especializada en Crimen Organizado en abril. En particular, en su informe de la comisión investigadora del Senado, el Partido Nacional afirma que el director nacional de Aduana, Enrique Canon, no descartó la eventual existencia de "peligro de pérdida de la renta fiscal" cuando hizo referencia a lo que se recauda por concepto de IVA y anticipo de este impuesto al momento de la importación de algunos productos.

"Allí, expresa de manera muy clara que la situación de peligro de pérdida de renta fiscal se verifica, y que eventualmente, podría llegar a confirmarse en algún momento de acuerdo al saldo negativo o positivo que se dé al respecto sobre lo que denomina la cuenta de IVA compras", dice el informe del Partido Nacional.

En abril los cuatro partidos de oposición con representación parlamentaria presentaron 22 denuncias en un juzgado de Crimen Organizado. El tema quedó en manos del juez Néstor Valetti y la fiscal María de los Ángeles Camiño.

Los partidos de oposición piden citar a varios jerarcas, entre ellos al vicepresidente Raúl Sendic, expresidente de Ancap.

La denuncia sobre un presunto delito de infracción aduanera cometido por Ancap al no regularizar en su momento importaciones, podría ser derivada de la sede de Crimen Organizado a los juzgados de Aduanas.

En enero pasado, solo con los votos del Frente Amplio, el Parlamento aprobó una capitalización de Ancap por US$ 622 millones. La empresa estatal recibió además un préstamo de la Corporación Andina de Fomento por US$ 250 millones.

En el período 2011-2014 Ancap había cerrado con un déficit de US$ 800 millones.

El porqué de este déficit fue objeto de polémica en el gobierno y el Frente Amplio. El Ministerio de Economía y el Frente Líber Sergni (FLS), que lidera el ministro Danilo Astori, responsabilizan del déficit a la gestión de Ancap. En cambio, otros sectores, como el Movimiento de Participación Popular (MPP) del senador y expresidente José Mujica, y la Lista 711 del vicepresidente Raúl Sendic —extitular de Ancap en el período que más investigó el Senado—, culpan al Ministerio de Economía porque no le dejó a la empresa trasladar a tarifas algunos costos de distribución.

El tema debió ser negociado en el Frente Amplio para que la coalición de izquierda presentara un informe único sobre el resultado de la comisión investigadora, consensuado entre los astoristas y los demás sectores del oficialismo.

Denuncia ante la Justicia.

En su informe sobre la comisión investigadora de Ancap, el Partido Nacional concluyó en el capítulo de las importaciones que "no hay duda que existe una irregularidad en la no realización de un trámite debido" ante Aduana. "Si dicha circunstancia tipifica o no una infracción fiscal o un delito, deberá determinarlo el Poder Judicial", indica.

Directorio de Ancap vuelve a estar completo con regreso de oposición.

En una ceremonia cerrada, ayer asumieron sus cargos como nuevos directores de Ancap el abogado Ignacio Berti (Frente Amplio) y el economista Diego Labat (Partido Nacional). De esta forma quedó completo el directorio que ya integraban la presidente Marta Jara, el vicepresidente Juan Carlos Herrera y la directora Laura Saldanha. Labat regresa al directorio después de que estuviera varias semanas ausente, a la espera de que se le renovara la venia parlamentaria. En el acto estuvo la ministra de Industria, Carolina Cosse, y el de Economía, Danilo Astori, y la directora de Energía, Olga Otegui. Con el regreso de Labat en el directorio, se espera que se acelere el proceso de contratación de un nuevo gerente general para Ancap y que se disuelva el Comité de Dirección que asumió esas funciones. Labat dijo que buscará "aportar" y "controlar", como único representante de la oposición en el directorio. A Labat le preocupa especialmente la pérdida en el área de producción de cal y la posibilidad de que se incrementen los combustibles nuevamente. Los resultados de Ancap otra vez arrojan pérdidas. En abril su rojo fue de US$ 18 millones.