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La Voz de Galicia marcela valente

buenos aires / colpisa 23/07/2018 05:00 h

El presidente argentino, Mauricio Macri, vuelve a estar en el ojo del huracán por un escándalo de corrupción, que también afecta a su más que probable sucesora, la hasta ahora impoluta gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Eugenia Vidal. Al menos dos jueces federales investigan cientos de donaciones supuestamente falsas realizadas por particulares para colaborar en las campañas electorales del 2015 y el 2017, dos de los comicios que auparon a los dirigentes conservadores a los puestos que desempeñan hoy.

La primera vez que se escuchó hablar del presunto fraude fue hace poco más de un mes en el programa El Destape. El periodista Juan Amorín denunció que entre los donantes de la alianza Cambiemos registrados en la provincia bonaerense había cientos de beneficiarios de planes de ayuda social. Cuando entrevistó en sus casas a varias personas que constaban con nombres y apellidos como avalistas, resultó que no sabían de qué les hablaban. Los afectados, una gran parte pobres e indigentes, denunciaron entonces la utilización de sus identidades sin permiso.

De momento, el número de falsos donantes supera el millar y no para de crecer según pasan los días. Al no obtener respuesta del Gobierno provincial, el periodista siguió investigando y descubrió que muchos de los donantes falsos también habían estado afiliados al PRO, el partido de Macri y Vidal que integra Cambiemos, sin saberlo. Pero no todos los simpatizantes que aparecen en el listado son ciudadanos sin recursos. También aparecen los nombre de candidatos de Cambiemos a intendencias de provincia y aspirantes a concejales y consejeros escolares. Los políticos afectados también niegan haber realizado aportaciones. Mientras que las donaciones de los beneficiarios sociales son siempre de 1.500 o 3.000 pesos (46 y 93 euros), las de los candidatos son de 12.000 (371 euros), 38.000 (1.176 euros) y 50.000 pesos (1.547 euros).

Fue a partir de una denuncia presentada por la oenegé La Alameda cuando el fiscal con competencia electoral, Jorge Di Lello, y el también fiscal Carlos Stornelli abrieron una investigación, a la que se han sumado nuevos demandantes; dos diputadas opositoras presentaron denuncia y una cuarta fue interpuesta por un funcionario judicial que se encontró en los listados sin haber hecho donaciones. La repercusión del caso en la opinión pública ha subido como la espuma los últimos días y ya no se habla de otra cosa. Al principio, Eugenia Vidal, la dirigente argentina con mejor imagen en las encuestas, restaba importancia a lo publicado y atribuía el escándalo al kirchnerismo. Pero la presión social es tal que ha tenido que recular y asumir que se presentaría ante la Justicia para aclararlo todo.

«Nunca puse nada»

La gobernadora, que sale en todas las quinielas como posible sucesora de Macri, se vio obligada a cesar hace unos días a la tesorera del partido, a la que acababa de designar contadora general de la provincia. Vidal achaca la ocurrido a las «lagunas» de la ley de financiación de las campañas y anuncia que ya preparan una iniciativa para reformarla. En todo este tiempo, Macri se ha mantenido al margen de la polémica. La sospecha es que Cambiemos utilizó cientos de donantes pantalla para camuflar las aportaciones realizadas por empresas a las campañas conservadoras, una práctica prohibida en Argentina. Según se desprende de la investigación, hay 81 municipios de Buenos Aires donde todos los candidatos figuran como donantes. «Aparezco aportando 38.000 pesos y nunca puse nada. Nadie nos explicó nada», denunció un concejal.