En lo que va del año ingresaron desde Estados Unidos y Canadá más de 40 mil reportes vinculados con el consumo, facilitación o distribución de pornografía infantil en nuestro país para que la Justicia argentina investigue a los sospechosos: en estos 6 meses ya se superó el total de 2018.

En este marco, se presentó en el Senado un proyecto de ley para que las condenas por ese delito sean de cumplimiento efectivo en todos los casos. Además, la propuesta del senador catamarqueño Dalmacio Mera plantea que el vínculo familiar del pedófilo con la víctima debe constituir un agravante del monto de la pena, al igual que si el abuso es cometido por médicos, docentes, religiosos o cuidadores o si el material pornográfico represente violencia contra el menor.

El año pasado, el mismo legislador había impulsado que la mera tenencia de pornografía infantil fuera delito, lo que finalmente quedó plasmado en la redacción del nuevo Código Penal. En ese momento, Mera sostuvo entre sus fundamentos para tipificar esa conducta que “los que tienen pornografía infantil también la difunden y en muchos casos también la producen y ellos mismos son abusadores”.

Ahora, Mera pide que todas las penas previstas en el artículo 128 del Código Penal para el que produzca, difunda, comercie, publique o tenga pornografía infantil, y para el que organice espectáculos sexuales con menores o les facilite pornografía, sean elevadas un tercio en su mínimo y máximo, a los efectos de combatir el flagelo creciente en la Argentina y también de adecuar la escala punitiva a las de otros países de la región, como Uruguay, Colombia, Ecuador y México, que prevén más años de cárcel para los culpables.

Junto con el senador, el proyecto es impulsado por la ONG Mamá en Línea, que trabaja en la prevención de delitos sexuales a través de Internet. Además tienen un proyecto propio que, por ejemplo, pide que toda aquella persona que "desempeñe un cargo, función o actividad en la que se encuentre en contacto con niños, niñas o adolescentes deberá ser sometida, en forma previa al ingreso a la organización pública o privada, a un examen psicodiagnóstico específicamente orientado a la prevención de situaciones que pudieran vulnerar derechos de los niños, niñas y adolescentes". Y también requiere que el examen se repita cada cinco años.

La presidenta de la ONG Mamá en Línea, Roxana Domínguez, avisó a través de la página de Facebook de la entidad que el lunes se encadenarán al Congreso para que se trate el proyecto.

Cómo quedarían las penas

Para el productor, distribuidor, divulgador, comerciante o financista de pornografía infantil de un menor de 18 años, cárcel de 3 a 10 años. Si el autor actuare con fines de lucro, mínimo de 6 años.

Para el tenedor de pornografía infantil para consumo personal, cárcel de 3 a 6 años.