La Secretaría de Educación Pública (SEP) ejerció la mitad del presupuesto previsto para la capacitación de maestros en 2017, una de las prioridades de la Reforma Educativa. En cambio, tal como reveló este sábado el periódico Reforma, gastó 2,680% más del presupuesto aprobado para comunicación social ese mismo año, durante la administración del extitular de la dependencia, Aurelio Nuño.

En 2017 la capacitación de profesores, a través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, ejerció el presupuesto más bajo en el sexenio. Aunque fueron aprobados mil 654 millones de pesos, sólo gastó 949 millones de pesos, es decir, tuvo un subejercicio de 42%, revelan las investigaciones encabezadas por Marco A. Fernández para México Evalúa, y la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey sobre el gasto educativo en México.

Esto contrasta con el diseño de la Reforma Educativa, según información de la Presidencia de la República, toda vez que la capacitación docente está incluida en dos de los seis principales objetivos, que consistían en “establecer un servicio profesional docente con reglas que respetan los derechos laborales de los maestros” y “propiciar nuevas oportunidades para el desarrollo profesional de docentes y directivos”.

En lo que va del sexenio se han capacitado a 626,637 de maestros, de ellos, 626 se sumaron en 2017. Pero el presupuesto siempre tuvo subejercicio. El más alto se registró en 2016, cuando tuvo un presupuesto aprobado por 2 mil 822 millones de pesos, pero sólo se ejerció mil 25 millones, lo que significó 63% menos, de acuerdo con cálculos del Presupuesto de Egresos y la Cuenta Pública realizada por el equipo del investigador Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación de México Evalúa.

Este sábado, el periódico Reforma publicó que la administración de Aurelio Nuño excedió en 2,680% el gasto en comunicación social; aunque el Congreso sólo había aprobado de 70.6 millones de pesos, gastó mil 963 millones de pesos.

El actual secretario de Educación, Otto Granados, explicó en su cuenta de Twitter que en 2018 se habían invertido mil 384 millones de pesos para capacitación y 850 millones para evaluación, y entre 2016 y 2018 se invirtió 3 mil 307 millones de pesos y 2 mil 325 millones de pesos, respectivamente. Y agregó que “lo de comunicación no es comparable: es gasto no inversión”.

Animal Político solicitó al área de Comunicación Social, información sobre el origen de los datos expuestos por el secretario de Educación, pero no hubo respuesta.

Respecto a la evaluación, no existe un programa específico, según reconoció la SEP a la solicitud de transparencia 0001100362015, sino que forma parte del programa presupuestario P001 “Diseño y aplicación de la política educativa”.

De acuerdo con dicha respuesta, la SEP explicó que como parte de los recursos destinados a la Coordinación del Servicio Profesional Docente, “se consideran recursos para cubrir los gastos inherentes a las evaluaciones educativas, para todo el año 2015, se encuentran etiquetados al programa prespuestario P001”.

El presupuesto de 2017 para el programa “Diseño y aplicación de la política educativa” fue de 306 millones de pesos, en el que se incluyen gastos como alimentos, combustibles, servicios oficiales, seguridad social, servicios profesionales, vesturario y prendas de protección, entre otros.

En el prespuesto también existe el rubro “Evaluaciones de la calidad de la educación”, que en 2017 tuvo 198 millones de pesos. Incluso sumando ambos da un total de 504 millones de pesos, cifra distinta a la que explicó el secretario Otto Granados.

Gastan, pero el programa es deficiente

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Programa para el Desarrollo Profesional Docente en Educación Básica en 2016, y encontró deficiencias.

Ese año, el programa sólo operó en el último trimestre, debido a que dejó de estar a cargo de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) y pasó a ser responsabilidad de la Dirección General de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de Educación Básica, de la SEP, sin que hubiera razones precisas.

Esto tuvo como consecuencia que “sólo se logrará beneficiar al 5.0% de las 1, 013,539 figuras programadas a capacitar” ese año, según la revisión al programa.

Además, la Auditoría señaló que “tampoco se laboró un diagnóstico nacional de las necesidades de formación continua, actualización y desarrollo profesional, y no se dispuso de información, indicadores, ni metas para evaluar en qué medida el programa contribuyó en el fortalecimiento de los conocimientos, capacidades, competencias y habilidades del personal educativo”.

Mientras que la reducción presupuestaria del 95.5% del presupuesto originalmente asignado al programa provocó que no se diera atención a la totalidad de figuras educativas del nivel básico.

Tampoco se precisó la participación del programa en la conformación del sistema de profesionalización docente; ni se estableció una cobertura específica. No fue posible determinar si la oferta académica impartida por medio del programa se enfocó en atender las necesidades de los maestros porque “no se utilizó las informaciones de las evaluaciones internas de las escuelas ni de las evaluaciones externas”.

Para los docentes de educación media superior, el panorama no fue mejor. Aunque en 2016 hubo un presupuesto de 158 millones de pesos para la capacitación de 59,505 docentes, técnicos docentes, con funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnico pedagógico, la SEP “no dispuso de la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo del programa, por lo que no fue posible determinar la cobertura; no acreditó que la oferta educativa de formación, ni tampoco garantizó que los cursos impartidos contribuyeran al fortalecimiento de la profesionalización docente y mejora del aprendizaje de los alumnos”.

En su diseño, la capacitación no precisó las características que las instancias formadoras debían cumplir para impartir los programas de capacitación docente y formación profesional, ni se indicó el proceso por el cual se eligen; no se detallaron los criterios de distribución de los recursos, ni se establecieron los mecanismos para la transferencia de los recursos del programa a las instancias formadoras; no se definió un procedimiento para verificar que dichas instancias contaron con los recursos humanos capacitados y la infraestructura física y tecnológica necesarios para otorgar los cursos, informó la Auditoría.

Además, se registró la participación de 59,505 figuras educativas en los cursos de capacitación, las cuales se inscribieron hasta en 6 cursos; sin embargo, el 40.2% (23,945 figuras educativas) no acreditó ninguno de los cursos en los que participó.