Otro virus al que se enfrenta el presidente Pedro Sánchez ante la crisis del Covid-19 es el de atajar la 'infodemia', germen de la desconfianza social y política. Alertan algunas encuestas de un caldo de cultivo de confusión entre la población sobre los datos de la pandemia, la gestión sanitaria y sus consecuencias sobre la economía. No es que una emergencia así no asole a un gobierno del color que sea. Pero el presidente tiene en su mano frenar ciertos relatos —que tiene cerca, en su Consejo de Ministros— y que socavan la confianza de los ciudadanos ante esta crisis.

En primer lugar, porque se ha instaurado estos días un mantra, según el cual existen unas "autoridades sanitarias", unos "expertos", que asesoraron sobre decisiones de calado desde la llegada de la Covid-19 a España, pero que nadie sabe quiénes son en concreto. Apeló a ellos la ministra Irene Montero en una entrevista la semana pasada, al ser preguntada por su asistencia a la manifestación del 8-M, sacudiéndose así de toda crítica.

Pero la línea Montero plantea serias lagunas para la fiscalización que la ciudadanía tiene derecho a hacer a sus representantes en una democracia. Si el político expone que solo acata lo que dicen los expertos —de los que no hay nombre, ni estos comparecen— la responsabilidad, de haberla, se desvanece. Si fue el "experto", entonces nada, por así decirlo. Más preocupante si cabe, porque de una ministra se espera que asuma como propios sus actos y decisiones, recordando que es la última responsable política a ojos del ciudadano, aunque tenga en cuenta a los técnicos especializados.

En cambio, sí ha comprendido el presidente del Gobierno la importancia de poner rostros a la autoridad política. Las comparecencias televisivas de Sánchez en este tiempo han buscado, en esencia, aportar empatía frente al desasosiego ciudadano y que estos vean que hay un mando tras la crisis. Asimismo, refugiarse tras unas "autoridades" se revela injusto para aquellas que sí ponen su prestigio y cara al servicio de la crisis. Fernando Simón, ahora infectado por coronavirus, es ejemplo de ello.

De hecho, en Moncloa han entendido que colocar a técnicos civiles y militares en la línea comunicativa abunda en la confianza de los ciudadanos. A la sazón, los mejores valorados en esta crisis son el personal sanitario y fuerzas de seguridad del Estado, que luchan a pie de virus. Por eso nuestros vecinos les aplauden cada día a las 20:00, conscientes de que se están jugando su salud y su vida.

Sin embargo, el discurso de los "expertos" va echando raíces y ha llegado hasta el Partido Popular, que pide ahora un informe científico sobre el impacto del 8-M en la pandemia. Ese Pablo Casado que criticaba al Ejecutivo por parapetarse "detrás de la ciencia", pero que transigió con la asistencia del PP al 8-M y ahora se enreda en una discusión científica, mientras el principal foco ahora está en la gestión sanitaria y las UCI.

El vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. (EFE)

Todo ello parece ya una alegoría al libro de Miguel de Unamuno, 'Amor y Pedagogía', esa obsesión por el cientificismo que también se instauró en España tras la crisis de 1898. Una reflexión necesaria, cuando pase esta crisis, sobre los límites entre el experto y el político. ¿Acaso es de recibo que nuestros representantes abusen del argumento de las "autoridades" ignotas, como unos otros que suplen su papel?

En segundo lugar, el recelo y la confusión también puede extenderse por el flanco económico, pese a que la ministra Nadia Calviño se esfuerza en sosegar a los mercados. El discurso de Pablo Iglesias estos días también ha contribuido al desasosiego entre algunos ciudadanos, autónomos, pymes... —sin censura visible desde el PSOE— aunque el vicepresidente de Derechos Sociales se parapete detrás de la Constitución para invocar que la "riqueza debe estar al servicio del interés general".

De fondo, existe una intencionalidad de dotar de subterfugio al relato, por cuanto Podemos ve en las medidas sobre el empleo una forma de sacar pecho -no así en alquileres, donde han triunfado las tesis del PSOE-. Lo que no parece de recibo es la estigmatización de ciertos colectivos: las buenas intenciones empresariales de las que parece dudar la ministra Yolanda Díaz, cuando pide no "aprovechar" el Covid-19 para despedir a trabajadores, o la "caridad" de la filantropía a la que se refiere el portavoz Pablo Echenique.

Sobre la confianza en la gestión sanitaria, ya hubo una mención expresa en este artículo de la semana anterior. "Sánchez frente a PP y autonomías: la lucha que viene".

Pero, quizás, un dato sirva para alarmar al presidente sobre las consecuencias del recelo social y político. Vox desplegaba esta semana en Twitter un hilo acusando al Gobierno de ocultar información, sin exponer otra prueba que sus preguntas parlamentarias y peticiones de informes.

Y es que hay ideologías que saben detectar ese clima de confusión, de turbulencias en la esfera pública. Por eso, la desconfianza es el otro gran virus que tardará más en remitir tras la pandemia del Covid-19, tomando como huésped la 'infodemia' –la desinformación, el rumor, el bulo– y el juego político.