Así lo establecen dos leyes publicadas ayer en el Boletín Oficial. Este año, cada diputado le costará $26 millones a la Provincia y $42 millones cada senador. Cajas oscuras del financiamiento de la política y el caso de la hija de Hebe de Bonafini

Los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires gozan de un extraño privilegio. A diferencia de los docentes, auxiliares y demás empleados públicos de la Provincia, no tienen que esperar hasta que haya acuerdo en las paritarias para recibir más dinero. Ayer, en un anexo del Boletín Oficial de la Provincia, se publicaron dos leyes mediante las cuales se dispone un fuerte incremento presupuestario destinado a financiar los gastos salariales, operativos y administrativos de las dos cámaras que conforman la Legislatura.



Concretamente, según lo estipulado en las dos normativas que ayer fueron promulgadas, el presupuesto del Senado bonaerense ascenderá a $1.960 millones, mientras que la Cámara de Diputados recibirá más de $ 2.457 millones. Es decir, el incremento otorgado, teniendo en cuenta lo contemplado en las leyes que fijaron el presupuesto de ambas cámaras en 2015, asciende al 47,8%. Se trata de un porcentaje que está muy por encima de lo que hoy se discutirá en paritarias y de la inflación real.



A su vez, si se tiene en cuenta que en la Provincia hay 92 diputados y 46 senadores, este año cada integrante de la cámara alta demandará una erogación $42 millones, mientras que cada diputado costará aproximadamente $26 millones. Las partidas presupuestarias, a su vez, podrían aumentar en el trascurso del año, luego de que se selle el acuerdo paritario, como sucede todos los años.



La magnitud de los fondos que recibe la Legislatura llevó a que, hace algunos años, se denominara al parlamento provincial -especialmente durante la gobernación de Eduardo Duhalde- como “la cajita feliz” que no sólo alimentaba al oficialismo de turno, sino también a distintos partidos de la oposición con representación parlamentaria.



Ante una consulta de Hoy, desde la presidencia del Senado de la Provincia, que es ejercida por el vicegobernador Daniel Salvador, reconocieron el aumento presupuestario y lo justificaron en el hecho de que “la normativa vigente establece que ambas cámaras de la Legislatura deben recibir el 1,6% del presupuesto provincial. Por ende, si el presupuesto provincial aumenta, como finalmente sucedió, los fondos que recibe el parlamento también. Si el presupuesto llegara a bajar, lo mismo sucedería en la Legislatura”. No existen antecedentes, en la historia bonaerense, de que un presupuesto aprobado por el parlamento haya sido inferior al del año anterior.



Ahora bien, desde distintos sectores políticos consideran que resulta “obsceno” que, en una provincia quebrada como lo es Buenos Aires, algo que fue reconocido por la propia gobernadora María Eugenia Vidal, se mantenga este sistema de asignación de recursos cuando la mayoría de las escuelas y los hospitales se caen a pedazos.



Un dato llamativo es que, durante el año pasado, los gastos salariales del Senado fueron muy superiores a los registrados en la Cámara de Diputados, que tiene el doble de legisladores. Los números hablan por sí solos: según consta en la Contaduría General de la Provincia, a los $982 millones contemplado originalmente en el presupuesto 2015 para el pago de sueldos en Cámara alta, se le agregaron $379 millones, totalizando $1361 millones. Para Diputados se estipuló, en igual rubro, $1175 millones. Es decir, se registró una diferencia de 186 millones a favor de la Cámara alta que, hasta el último 10 de diciembre estuvo conducida por Gabriel Mariotto.



Polémicos nombramientos



“Nos encontramos con verdaderos desastres por la gran cantidad de designaciones de personal que se produjo en los últimos meses del año pasado y el pase a planta permanente de funcionarios político, con cargos de directores y altísimo salario”, dijeron las fuentes cercanas a Salvador.

Uno de los casos más llamativos es que, entre los pases a planta permanente, figura el de la hija de Hebe Bonafini, Alejandra. Estuvo involucrada, junto al hijo putativo de Bonafini, el parricida Sergio Schoklender, en el monumental desfalco cometido a las arcas públicas que significó el programa Sueños Compartidos, que supuestamente apuntaba a construir casas para sectores socialmente postergados y que terminó en los bolsillos de sus principales ejecutores. La estafa habría involucrado más de $1.200 millones, que salieron de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos.



