"No somos mercancías en manos de políticos y banqueros". Este era el lema de las manifestaciones que se convocaron el 15 de mayo de 2011 en más de 40 ciudades de todo el Estado y que en Madrid fue especialmente numerosa, dando lugar al nacimiento del movimiento 15-M. Como reacción a la crisis económica, este movimiento pondría en cuestión el llamado "régimen del 78" y centraría su crítica en dos aspectos fundamentales: la crisis estaba generada por los abusos de la banca, de las grandes empresas financieras y bursátiles, por un lado; la clase política, reflejada especialmente en el bipartidismo del PSOE y PP, con sus apéndices catalán de Convergència y vasco del PNV, no era capaz de representar los intereses de la ciudadanía.

El sentido común salió a las calles, las reclamaciones principales del movimiento 15-M eran apoyadas por un 80% de la sociedad española, según algunas encuestas. Desde entonces, el "régimen del 78" ha sufrido grietas más profundas. A la económica y social que se arrastra desde la crisis y que ha aumentado estrepitosamente la desigualdad económica entre los más ricos y los más pobres, se le sumó la territorial: el engranaje institucional del Estado no era capaz de dar una salida política al anhelo de una amplia mayoría de la población catalana de decidir su futuro político y relación entre Catalunya y España mediante un referéndum.

La monarquía pretendió renovarse cuando los casos polémicos del actual rey emérito ya no podían quedar en secreto tras la caída de Juan Carlos de Borbón en su cacería de Bostwana. La abdicación de este en 2014 y la llegada de su hijo Felipe al trono logró disuadir el foco de crítica sobre la Casa Real un tiempo, pero la revelación de nuevos casos de corrupción vinculados a la familia del rey y otras decisiones polémicas, como el discurso del 3 de octubre del 2017 sobre Catalunya, han hecho que esta institución siga estando en el punto de mira de la crítica de amplios sectores sociales. Las grabaciones de Corinna y la entrada en prisión de Urdangarin han resonado con fuerza en Zarzuela.

Sin embargo, desde hace unos meses, venimos observando cómo son las decisiones judiciales las que están generando un mayor descontento en algunos sectores sociales diferenciados. La sentencia de La Manada la primavera pasada generó un amplio rechazo del movimiento feminista que, pocas semanas después de la huelga feminista del 8-M, salía a las calles de ciudades de todo el Estado para denunciar a una "justicia patriarcal". Por otro lado, la interpretación y decisiones de los tribunales de diferentes casos relacionados con la libertad de expresión: Pablo Hásel, Valtónyc y, posteriormetne, Willy Toledo, encendieron la llama de protestas como las del colectivo No Callarem.

En otro nivel, la situación de los políticos independentistas que marcharon al extranjero y las decisiones de tribunales alemanes y belgas de no extraditarlos a España a peticiones del Supremo evidencian una enorme diferencia en el tratamiento judicial de este caso dentro y fuera de nuestras fronteras. Los que se quedaron en España cumplen un año en prisión preventiva, los que marcharon están en libertad en países como Bélgica, Escocia, Suiza o, antes, Alemania. La diferencia clama al cielo.

En este sentido, las acusaciones presentadas por la Fiscalía, la acusación popular del partido neofascista Vox y de la Abogacía del Estado conocidas la semana pasada contra los presos políticos independentistas han sido otro elemento más de la demostración, para muchos, que nos enfrentamos ante un juicio político, el cual terminará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con toda probabilidad, si las sentencias van en la línea de lo manifestado por el juez instructor, Pablo Llarena, y de la Fiscalía.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, creado en el año 1959, es una instancia internacional que vela por el cumplimiento de los derechos humanos ante posibles abusos o incumplimientos de los estados. En este sentido, y sobre todo por el momento en el que llega, la sentencia sobre que el líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, de que no tuvo un juicio justo en el caso Bateragune no hace más que debilitar la imagen de la justicia ante el panorama internacional y ante la sociedad vasca.

Finalmente, la decisión de ayer de los magistrados del Supremo de que los impuestos de las hipotecas deben ser pagados por los clientes y no por la banca, revocando lo decidido en anteriores sentencias de la misma institución, ha supuesto una sucesión de críticas y de peticiones de dimisión del presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes. La credibilidad de la Justicia está seriamente dañada, la sensación de que la justicia no es igual para todos se extiende, la sensación de que las disidencias políticas son castigadas por una sistema judicial que se supone imparcial y de que los más poderosos son protegidos es un clamor, irreversible.

Un paso más allá, queda al descubierto el mecanismo tan ligado al poder político por el que son elegidos los magistrados y jueces de las más altas instancias judiciales. Más allá de esto, se pone en cuestión cómo los jueces en España son, estadísticamente de ideología conservadora, si hacemos caso a las cifras del número de afiliados que tienen las asociaciones de jueces dependiendo de su ideología.

Los formatos de las oposiciones por las que se entra a la carrera judicial también han sido criticadas en muchas ocasiones, en comparación con cómo son en otros países del entorno. La principal tarea del opositor es memorística, saber de memoria un amplio temario, mientras que en otros países también hay pruebas de cultura general y de comprensión y análisis. El tiempo que un opositor tiene que dedicar, en exclusiva, en España hace que mucha gente con capacidad adquisitiva menor no pueda optar a presentarse a estas pruebas.

Hoy se ha convocado un escrache al Tribunal Supremo por redes sociales. Podemos e IU han convocado una concentración para el próximo sábado. ¿Estamos ante una crisis de credibilidad del régimen, en este caso del judicial, y una reacción como la del 15-M? Cuesta mucho aventurarse.

Dos diferencias de calado ya podemos observar con respecto al 2011. Si en aquel momento, metafóricamente, nos encontrábamos en primavera, en un despertar de la movilización social, en este momento nos encontramos en un otoño de la movilización social, salvo por dos ejemplos durante los últimos meses: movimiento feminista y pensionistas. Con la salvedad, de la movilización constante del soberanismo catalán.

Otra diferencia: en aquel momento fue la ciudadanía, los colectivos y movimientos sociales quienes llevaban la delantera. Ahora vemos cómo ha sido Unidos Podemos quienes convocan la protesta del sábado. En el lado de la derecha, vemos cómo Ciudadanos, a través de su plataforma España Ciudadana, convoca movilizaciones con un claro sesgo nacionalista español. Vox se suma a la estrategia de la calle. Los partidos tienen mucho protagonismo, los movimientos sociales no consiguen las adhesiones de antes, los sindicatos...

La derecha mantiene silencio ante la última y polémica situación del Supremo que ha sumergido al tribunal en una profunda crisis de credibilidad. Vox, que podría haberse posicionado como un outsider al sistema como han hecho otras extremas derechas de Europa, prefiere mostrarse al lado de las instituciones españolas para no aparecer, en ningún momento, al lado de independentistas y las izquierdas. En España, la extrema derecha parece no atreverse a confrontar con las élites, es curioso. Por otro lado, el Gobierno, ante la grave crisis de legitimidad que vive, anuncia rueda de prensa para informar de medidas. Existe un gran temor de que la crisis credibilidad en la Justicia se sume a la crisis de legitimidad generalizado de las instituciones. "Estamos en un momento de excepcionalidad democrática", alertaba Podemos el pasado lunes.

Si el 15-M sirvió para manifestar la falta de confianza en la ciudadanía hacia políticos y el sistema financiero, esta se ha extendido por el resto de instituciones y poderes del Estado y, desde hace unos meses, se focaliza en la Justicia. Las protestas, tímidamente, comienzan a tomar forma. ¿Hasta cuándo? ¿No somos mercancías en manos de jueces y banqueros?.