“Un recuerdo personal: Ocaña me contó que fue Alberto Fernández y no Cristina quien se opuso a que denunciara al superintendente de Servicios de Salud y recaudador de campaña Héctor Capaccioli”. La frase la dijo el periodista Horacio Verbitsky en Página 12 (10/8/2011). Eran momentos en que Alberto se había distanciado del kirchnerismo

Algunos quizá no lo saben, o no lo recuerdan, pero aquella primera campaña presidencial de Cristina todavía sigue envuelta en una polémica. Entre los aportes figuran sumas millonarias de laboratorios y farmacéuticas, algunas de las cuáles tiempo después terminarían involucradas en la causa conocida como “la mafia de los medicamentos”.

Cristina, Cobos y…los laboratorios

En 2007 el kirchnerismo había creado la “Concertación”. Era una alianza con otras fuerzas políticas que se sumaban al gobierno. De allí surgiría la fórmula “Cristina-Cobos”.

Pero parece que también era una alianza con otros sectores. Según surgió de una investigación posterior, de las 100 empresas que aportaron a la fórmula del Frente Para la Victoria, 28 estaban ligadas al sector “Salud”. Aportaron el 36% de los fondos de la campaña.

No era una novedad, es cierto. En 2003, el 35% de los fondos de la campaña de Néstor Kirchner la habían puesto entre laboratorios, droguerías y otras empresas del sector. En las legislativas del 2005, la suma llegó al 32%.

La campaña de 2007, sin embargo, tuvo una particularidad. Los encargados de conseguir la plata eran Héctor Capaccioli, Superintendente de Servicios de Salud, junto a su amigo y jefe Alberto Fernández. O sea: el funcionario que debía controlar a los empresarios de la salud, a quienes fabrican medicamentos, a las obras sociales y prestadores del PAMI, era el mismo que mangueaba plata para la campaña.

Hasta ahí ya suena fuerte. Pero todo se convirtió en una historia mucho más densa. Poco tiempo después, el crimen de tres empresarios en General Rodríguez desataría una investigación que derivaría en la causa llamada “la mafia de los medicamentos”. Funcionarios, empresarios y sindicalistas terminaron procesados por asociación ilícita, adulteración de medicamentos, defraudación, lavado de dinero, fraude en perjuicio del Estado y venta de productos truchos.

La causa tuvo sus conexiones con la campaña 2007 del Frente Para la Victoria. Según la investigación, Capaccioli y Sebastián Gramajo -apoderado del FPV- recibieron entre octubre de 2007 y enero de 2008 900 mil pesos “aportados” por las empresas Multipharma S.A., Global Pharmacy Service S.A. y Seacamp S.A. Esta última pertenecía a uno de los empresarios asesinados, Sebastián Forza.

Las relaciones entre los gobiernos de turno y Comodoro Py atrasaron un poco el juicio oral. Diez años. Durante ese tiempo Norberto Oyarbide sobreseyó a los funcionarios kirchneristas, hasta que cayó en desgracia y otro juez, Ariel Lijo, los imputó para el juicio oral que comenzará en pocas semanas. Los vericuetos de la "judicialización de la política" impiden saber el resultado del juicio. Lo que nadie puede negar es que los empresarios de la salud, involucrados o no en la mafia de los medicamentos, bancaron la campaña del FPV de 2003 a 2007.

Según recuerda Verbitsky, cuando la entonces funcionaria Ocaña quiso denunciar a Capaccioli, fue Alberto quien lo defendió.

A pesar de la polémica, el recaudador había cumplido su tarea con eficacia. Pasar la gorra entre empresarios y “amigos del poder”, a cambio de favores futuros. Es que a esa altura Alberto no era un novato ni un improvisado.

Tesorero de Duhalde y Palito

En la década del 90, Alberto Fernández fue funcionario de la gestión de Carlos Menem. En 1996, con la renuncia de Domingo Cavallo, dejará su cargo en la Superintendencia de Seguros. Lo recibirá Eduardo Duhalde en la Provincia de Buenos Aires. El gobernador le encomendará la creación de un grupo de empresas que se nuclearán en el Grupo Bapro.

Alberto será el presidente de varias de ellas, manejando una caja millonaria. Pero el mayor desafío se lo propuso Duhalde en 1998. Lo puso al frente de la administración financiera de su proyecto presidencial. A través de la Fundación Duhalde Presidente, fue en encargado de manejar los fondos públicos y recaudar entre los empresarios que apoyaron la fórmula del PJ.

Aquella campaña también quedaría atravesada por fuertes polémicas. Una de ellas fue la que relacionó al financista Aldo Ducler con la recaudación de fondos “non sanctos”. Entre ellos del Cartel de Juárez mexicano. Según cuenta Raúl Kollman, “ex funcionarios de Inteprol confirmaron que, a través de testaferros, el Cartel había destinado, al menos, 250 mil dólares a la fórmula presidencial peronista en 1999” (Página 12, 17/02/2004).

De cajero a candidato

En el año 2000, Alberto ayudaría a organizar la campaña de Domingo Cavallo en la Ciudad de Buenos Aires. Pero su olfato político lo llevaría a una empresa mucho más ambiciosa. A fines de 2002, en contacto con Duhalde, se sumaría a trabajar para la campaña de Néstor Kirchner 2003. Fue quien se encargó de organizar la recaudación “para el proyecto”, ya con su amigo Héctor Capaccioli. Luego vendrían las campañas de 2005 y 2007.

Hoy no le toca el lugar de recaudador. Es el candidato. También cambiaron algunas cosas: tras aquel escándalo de 2007, la causa de los cuadernos y los aportantes truchos del macrismo, todos pasan la gorra pero cuidan “las formas”. Hasta el ridículo de que a pocos días de la elección, nadie tiene claro quién pone la plata para la campaña de los partidos tradicionales.

Lo que es seguro es que la fórmula siempre es la misma: dime quién te financia y te diré para quién gobiernas.