40,000 millones de pesos son los compromisos presupuestales de las leyes derivadas del nuevo Sistema de Justicia. Ilustración: Daniel Rey

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CIUDAD DE MÉXICO.

Está en veremos la aplicación de las leyes derivadas del nuevo sistema de justicia, debido a los requerimientos de austeridad del gobierno.

Excélsior publicó ayer que, desde finales del año pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó al Congreso evitar o postergar la aprobación de las leyes que en su puesta en marcha impliquen un gasto extraordinario al presupuesto y que no sean prioritarias para el país.

Echar a andar la legislación derivada del nuevo sistema de justicia, cuya mayoría ya está en vigor, implica un gasto de al menos 40 mil millones

de pesos.

Por ejemplo, sólo la Ley Nacional de Ejecución Penal representa compromisos por dos años por 20 mil millones de pesos, el mando policial diseñado en el Senado, y que está atorado en la Cámara de Diputados, implica otros 20 mil millones de pesos.

En el menor de los casos, el Sistema Nacional Anticorrupción representa una erogación de por lo menos 100 millones de pesos.

Información obtenida de senadores y diputados federales establece que la restricción presupuestal comenzó a vivirse desde 2016, lo que causó que la Ley Nacional de Ejecución Penal tenga un sistema de aplicación escalonada a lo largo de dos años.

Una disposición que se verá afectada es la relativa al mejoramiento de las cárceles del país.

Falta de dinero atora las leyes Compromisos presupuestales de legislaciones vigentes encendieron alertas en la SHCP e hizo el exhorto ante el Congreso de la Unión para evitar las iniciativas cuyo gasto no sea prioritario.

La decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de limitar al máximo los costos futuros de las reformas y nuevas leyes en el Congreso de la Unión tiene su origen en los compromisos presupuestales que implican las leyes derivadas del nuevo Sistema de Justicia, estimados en 40 mil millones de pesos y cuya mayoría ya está en vigor.

Tan sólo la Ley Nacional de Ejecución Penal representa compromisos por dos años de al menos 20 mil millones de pesos. Además, la operación plena del Sistema Nacional Anticorrupción representa una erogación de al menos 100 millones de pesos y, de acuerdo con las estimaciones presupuestales, el mando policial diseñado en el Senado y que está atorado en la Cámara de Diputados implica otros 20 mil millones de pesos.

Ayer, Excélsior reveló que el ajuste presupuestal de 43 mil 800 millones de pesos para 2018 afectó el trabajo legislativo porque diputados y senadores congelaron la aprobación de leyes o modificaron propuestas de reforma para no causar un impacto negativo en el gasto federal.

De acuerdo con legisladores, la SHCP les solicitó, a finales del año pasado, aplazar la aprobación de todas las iniciativas que impliquen un gasto extra en el presupuesto y no sean prioridad.

En la Cámara de Diputados no se aprobaron iniciativas de ley o minutas de reformas cuyo costo de implementación sea mayor a un millón de pesos. Entre los temas frenados destacan el derecho universal y gratuito a la reconstrucción mamaria de mujeres afectadas por cáncer o el que los trabajadores, sin distinción de género ni estado civil, tengan derecho a llevar a sus hijos a guarderías del IMSS.

Los senadores, por ejemplo, hicieron modificaciones que dejaron fuera la obligatoriedad policial de portar geolocalizadores y retiraron el capítulo presupuestal en la Ley de Cultura; además, aprobaron cambios a la ley que rige la participación de las organizaciones civiles, pero, a petición de Hacienda se retiró lo relacionado con el financiamiento a más organizaciones sociales.

Información proporcionada a Excélsior por senadores y diputados federales establece que esta restricción comenzó a vivirse desde 2016, pues fueron precisamente las limitaciones presupuestales de esa fecha las que originaron que la Ley Nacional de Ejecución Penal tenga un sistema de aplicación escalonada a lo largo de dos años.

El régimen transitorio de esta Ley Nacional, vigente en lo general desde el 16 de noviembre del año pasado, cuando entró de lleno el nuevo Sistema de Justicia Penal, establece que los centros de reclusión a nivel estatal y federal tendrán un máximo de dos años para contar con las condiciones físicas y humanas para erradicar los autogobiernos, los motines y las fugas, tratar con dignidad a las personas privadas de la libertad y proteger a los menores que nazcan en sus instalaciones.

Precisa que todos los cambios que requieren dinero comenzarán a operarse a partir de 2017, con el mejoramiento de las instalaciones y la creación de las bases de datos de los reclusos, pero hay disposiciones que tendrán que esperar hasta el 30 de noviembre del 2017 para comenzar a operar, y que tienen que ver con cambios de infraestructura, lo que implica la erogación de presupuesto adicional.

Por ejemplo, la disposición de que los centros de reclusión deberán contar con las instalaciones adecuadas y los artículos necesarios para una estancia digna y segura; son prioridad de que cuenten con los artículos para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género; así como contar con las instalaciones adecuadas para que las hijas e hijos de los reclusos reciban la atención médica.

Y hay otro bloque, de 64 artículos, de los 207 que la integran, que entrarán en vigor hasta el 30 de noviembre del 2018, y que además de inversión económica, requieren de un cambio de cultura entre todos los servidores públicos que trabajan en los centros de reclusión, y que buscan evitar fenómenos como el autogobierno y las revueltas internas que se convierten en motines o fugas.

Entre estas disposiciones que tendrán un periodo de dos años están que “la autoridad penitenciaria estará obligada a instrumentar una clasificación de las distintas áreas y espacios en el Centro Penitenciario, en particular, de los dormitorios, obedeciendo a criterios basados en la edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos”.

Pero de acuerdo con los legisladores federales consultados, también el paquete de nuevas leyes y reformas que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción tienen implicaciones presupuestales importantes, de al menos 100 millones de pesos, para operar, tanto a nivel federal como en los estados, porque se requiere de infraestructura física, pero también de mayor personal, todo especializado, así como sistemas electrónicos, pago para el desarrollo de plataformas y la capacitación de personal.

Entre las erogaciones más significativas está la plataforma de consulta pública sobre las declaraciones patrimoniales, de declaración de intereses, que aplica a todos los burócratas federales, estatales y municipales, así como declaraciones fiscales para los casos de la alta burocracia.

Durante la más reciente reunión privada que el secretario de Gobernación sostuvo con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, les informó que el modelo creado por el Senado para el mando policial tiene implicaciones presupuestales que las finanzas públicas no pueden enfrentar, según relataron diputados.

La estimación, solicitada por los propios legisladores a las autoridades federales después de esa reunión, establece que si bien este nuevo modelo policial no genera gastos considerablemente superiores, sí conlleva ajuste de los fondos ya existentes.

Están involucrados 20 mil millones de pesos, provenientes de todos los fondos federales y estatales destinados a la seguridad pública, incluida la prevención del delito, pues dentro de la propuesta está el planteamiento de que todo este dinero se canalice a una sola bolsa y de ahí se distribuya a la Federación, estados y municipios.

De acuerdo con senadores involucrados en la elaboración de esta reforma constitucional, el factor económico fue una constante a considerar durante el proceso de construcción y, efectivamente, la propia Secretaría de Gobernación le ha hecho saber a los senadores que el modelo es presupuestalmente muy costoso y existe la convicción de que no pueden dejar un compromiso presupuestal de 20 mil millones de pesos al próximo gobierno.

Diputado defiende su labor

El diputado del PRI Manuel Vallejo Barragán afirmó que las iniciativas en materia de seguridad social no trascienden por falta de propuestas de financiamiento.

Esto luego de que Excélsior dio a conocer que Vallejo Barragán, también secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), dijo a legisladores que el director del IMSS le pidió apoyo para sanear las finanzas de la institución y no avalar iniciativas con carga presupuestal que no fueran de prioridad.

“Mi trabajo legislativo nadie lo condiciona. Como secretario general del SNTSS y diputado federal debo velar por el cumplimiento de las leyes que deben acompañar cualquier iniciativa”, expuso.

“En el caso concreto de la propuesta de reforma para que los trabajadores asegurados, sin distinción de género ni estado civil, tengan derecho a llevar a sus hijos a las guarderías del IMSS, no ha trascendido porque los proponentes no dicen de dónde se obtendrán los recursos para darle viabilidad a este planteamiento”, añadió.

Agregó que varias iniciativas de sus compañeros no cumplen con los requisitos para ser aprobadas.

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