La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha elaborado una revisión a fondo del gasto farmacéutico no hospitalario, lo que en la jerga se conoce como una spending review. Y en el informe publicado este jueves propone que se tenga en cuenta la renta de los individuos a la hora de establecer los copagos de medicamentos. Aunque los jubilados en general gastan mucho más en medicinas, puede ocurrir que un ciudadano no sea pensionista, gane poco y necesite mucha medicación. La Autoridad Fiscal pone el ejemplo de que se subvenciona lo mismo a una persona con 19.000 euros de renta que a uno con unos ingresos cinco veces superior. De ahí que se sugiera un esquema de financiación de las recetas que incluya a los no pensionistas y sea más progresivo por tramos de renta.

"El esquema de copagos penaliza a la población no pensionista con bajos ingresos y que hace un uso intensivo del sistema sanitario", concluye la Airef. Y defiende que "un límite de gasto anual para este colectivo podría resultar en mayor equidad". El objetivo de esta reorganización del sistema de copagos sería el de hacerlo más justo y eficiente, no el de recortar el gasto, puntualiza el organismo que preside José Luis Escrivá. De hecho, en algunas de las simulaciones de cómo sería la nueva estructura el desembolso aumentaría.

La Autoridad Fiscal elabora hasta seis simulaciones de cómo se podría remodelar el sistema. En ellas se fijan diferentes porcentajes de copago por rentas. Y bajo esas hipótesis, algunos pensionistas con ingresos elevados terminarían pagando más, explican.

En unos de los ejemplos que brinda, las rentas de menos de 30.000 euros solo abonarían un 10% del precio. Subiría al 29% en las rentas hasta 60.000. Hasta 100.000 euros de ingresos se pagaría un 36%. Y por encima de los 100.000 se desembolsaría un 60% del coste.

En ese mismo ejemplo también se contemplan límites al pago en medicamentos recetados según los niveles de ingresos. Una renta inferior a los 12.000 euros anuales abonaría como máximo 114 euros al año. Entre 12.000 y 18.000, 121 euros; de 18.000 a 30.000, 255 euros; para 30.000 a 60.000, 304 euros; para 60.000-100.000, 383 euros, y por encima de 100.000, 843 euros. Ahora mismo solo existen límites mensuales para los pensionistas. Y con este nuevo esquema el tope se extendería también a la población activa. Siguiendo este ejemplo citado, que incluye los límites al pago y el copago por rentas, aumentaría la equidad y el coste se elevaría entre 500 y 650 millones de euros adicionales al año, dice el organismo. Pero ese es solo un modelo. En función de qué simulación de la Airef se adopte, se podría desde elevar el gasto en 1.100 millones hasta recortarlo en 130 millones.

Ganar eficiencia en el gasto en recetas

El gasto en Sanidad lo soportan sobre todo las comunidades y supone unos 70.000 millones de euros, el 15% de todo el presupuesto público. Se trata de la principal partida después de las pensiones. La farmacia no hospitalaria, que es lo que analiza la Airef, representa de esa rúbrica unos 10.000 millones. Según el Indice Lancet, elaborado basándose en la mortalidad de 38 enfermedades, España está por encima de la media en la relación entre gasto y calidad. El gasto per cápita de 2017 ascendió a 2.981 dólares. Aunque Alemania está al mismo nivel de calidad, dedica mucho más dinero por habitante: 4.957 dólares. Estados Unidos destina 9.100.

Sin embargo, en la parte de farmacia que analiza la Airef, España ya no figura tan bien. El gasto público en medicamentos es más elevado que en los países de referencia, lo que sugiere que existen ahorros potenciales, sostiene la Airef. La cifra que calcula de ahorros podría situarse entre los 1.000 y 2.000 millones de euros si registrásemos en esta partida la media de gasto de la UE, señala.

¿Y qué explica estas diferencias? Los precios son similares a la media de la OCDE. Sin embargo, el consumo por habitante es elevado. Y el consumo de genéricos es creciente pero no alcanza las ratios de los mejores países. Es decir, consumimos más y no aprovechamos como deberíamos los genéricos.

Según la Airef, una mejor sanidad no debe identificarse con un mayor consumo sino con que se tome la medicación según lo prescrito. Y da como ejemplo los antibióticos, de los que se toma más que en la media de la UE y cuyo abuso genera resistencias, perdiendo eficacia el tratamiento. Al analizar el número de recetas per cápita por comunidades, la Airef concluye que a mayor renta, menor uso de recetas. Quizás por una mayor utilización del sistema privado. Pero también tiene que ver con la distinta forma en que se prescribe por comunidades. Una mejora de las prácticas de prescripción podría brindar importantes ahorros. Hasta 596 millones en tres años, recalca.

Por otra parte, todo el sistema de provisión de medicamentos está regulado y se articula a través de la comisión interministerial de precios de medicamentos y productos sanitarios. De acuerdo con las conclusiones de la Airef, existe mucho margen para mejorar su funcionamiento. Las comunidades, que son las que pagan, deberían tener más peso. Deberían dotarse de un mayor asesoramiento técnico para decidir los medicamentos que se financian. Y deberían poner en práctica una revisión automática y periódica de los precios establecidos para intentar lograr más ahorros en la negociación con las farmacéuticas.

Entre las prácticas mejorables a la hora de fijar precios, la Autoridad Fiscal destaca que solo se consideran como alternativas otros medicamentos que tengan el mismo principio activo y no aquellos que tienen la misma indicación terapéutica y curan igual aunque no tengan la misma composición. Si estos también se tomasen como referencia a la hora de poner un precio, los ahorros rondarían los 270 millones al año, explica la Airef.

Respecto al uso de genéricos, estos pueden generar sustanciales ahorros. Pero el consumo de genéricos se ha estancado en el 40% de los medicamentos financiados por el sector público. En España, suponen un 22% del gasto, 13 puntos por debajo del promedio de Reino Unido o Alemania.

Además, el sistema de precios también se puede beneficiar de que las farmacéuticas compitan ofertando descuentos. La Airef alaba los resultados de la subasta andaluza a la hora de conseguir ahorros: en total unos 560 millones entre 2012 y 2017 solo en Andalucía. En el conjunto de España podría reportar entre 225 millones y 1.000 millones al año según el modo en que aplique.

Respecto a la críticas realizadas contra este sistema de subastas, la Autoridad Fiscal no detecta ni que haya provocado falta de suministro, ni que haya reducido el margen de las farmacias menos rentables y, por tanto, más proclives al cierre. Al reducir precios en Andalucía solo se ha reducido el margen de las más rentables. En realidad, lo que sucedía es que las que más venden obtenían un descuento al negociar con los distribuidores. Gracias a la subasta, ahora ese descuento se lo apropia el Estado, sugiere la Airef.