Un acuerdo entre el Gobierno y Podemos para los Presupuestos Generales de 2019, que todavía falta por concretar con el apoyo de los partidos nacionalistas, ha provocado una sangría de las compañías eléctricas en Bolsa.

Si el jueves, cuando se anunció el acuerdo las pérdidas del sector fueron de 3.400 millones de valor en Bolsa, este viernes las compañías han vuelto a sufrir un varapalo de similares magnitudes.

Este viernes, siendo festivo del 12 de Octubre, Día de la Hispanidad, Endesa ha bajado un 4,01 %, el mayor descenso del Ibex; Acciona, una de las principales empresas de energías renovables, lo ha hecho un 3,97 %, la segunda caída más acusada del selectivo; e Iberdrola, la tercera más perjudicada, ha perdido un 3,44 %.

Naturgy ha caído un 1,96 %; Red Eléctrica, un 2,04 %; y Enagás, un 2,93 %.

Podemos ha conseguido meter en el acuerdo de PGE 2019 varias medidas que perjudican directamente los intereses económicos de las compañías eléctricas. Ya lo advirtió días antes tras conocer las medidas urgentes del Gobierno para hacer bajar el precio de la luz en el RDL también conocida como reforma Ribera. Decían desde Unidos Podemos que había que acabar con tantos beneficios de las eléctricas. Y ha sido dar a conocer el texto y los inversores se han echado a temblar. Más de 6.000 millones han huido del sector eléctrico en 48 horas.

La última vez que el sector vivió algo parecido fue cuando el ex secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, se fue a Londres a decirle a los fondos que iba a recortar la retribución a las eléctricas. En ese momento, el daño en el valor de las compañías fue de unos 2.500 millones de euros por lo que estas 48 horas son las jornadas más negras para las eléctricas.

El acuerdo plantea cambios normativos para evitar la sobrerretribución de algunas tecnologías de generación, los llamados «beneficios caídos del cielo».

El documento se refiere a las ganancias que obtienen centrales con costes fijos bajos, como las nucleares o las hidroeléctricas, ya que la energía que producen se retribuye al mismo precio que la planta más cara en entrar en operación.

El acuerdo plantea la posibilidad de establecer un límite en la cuantía que algunas tecnologías pueden cobrar del mercado.

Además, el documento pone sobre la mesa la revisión de los pagos por capacidad que reciben algunas centrales por estar disponibles y la modificación de la factura eléctrica para reducir el porcentaje que representa el término de potencia.

Fuentes del sector eléctrico han indicado que el simple anuncio de algunas de estas medidas retrae el interés de los inversores.

Esas fuentes han asegurado que ni las centrales nucleares ni las hidroeléctricas están amortizadas y que tienen problemas de rentabilidad.

Además, han mostrado su oposición a que se penalicen tecnologías de generación libres de emisiones en un momento en el que es necesario luchar contra el cambio climático.