Estos comicios nos devuelven la imagen de una sociedad fracturada en dos bloques antagónicos e irreconciliables. La correlación de fuerzas surgida de los comicios parece abocarnos a un bloqueo político e institucional de inciertas perspectivas.

Las elecciones al Parlament de Catalunya celebradas bajo la alargada sombra de la Declaración Unilateral de Independencia, la aplicación del 155, el encarcelamiento de los consellers destituidos y los presidentes de ANC y Òmnium Cultural y la huida a Bélgica de Carles Puigdemont, nos devuelven una imagen de extrema dualidad social y territorial de la sociedad catalana. Mientras la Catalunya interior y los distritos habitados por las clases medias de lengua catalana de las grandes ciudades han votado por candidaturas independentistas, las zonas costeras y los barrios obreros lo han hecho por fuerzas constitucionalistas. Así, la consigna acuñada en la Transición del sol poble ha quedado cuestionada, pues si Catalunya es un solo pueblo está partido en dos. Estas elecciones han contribuido a incrementar aún más esta fractura.

Los resultados en Vic y Cornellà, dos municipios emblemáticos de la Catalunya independentista y constitucionalista, nos servirán para ilustrar esta extrema dicotomía social, cultural e identitaria. La participación fue semejante en ambas localidades, del 82,57% en Vic y del 81,93% en Cornellà, pero si en la primera el aumento de la participación fue del 2,57%, en la segunda subió 5,32 puntos porcentuales. Como ya ocurrió en los comicios “plebiscitarios” del 2015, el proceso soberanista ha roto con la abstención dual y selectiva de la Catalunya pujolista cuando, en los barrios obreros y en las elecciones autonómicas, se registraba un índice de abstención muy superior al de los distritos de voto nacionalista. De este modo, ha saltado por los aires la hipótesis del “abstencionismo de asentimiento” de los hermanos Strubell, según la cual era posible conseguir la independencia en un referéndum de autodeterminación por la abstención de los electores de los barrios no independentistas.

El voto a los partidos nos muestra una imagen invertida como el positivo y negativo de una fotografía. En Vic, las tres fuerzas secesionistas obtuvieron una contundente mayoría del 74% de los sufragios (Junts per Catalunya 44%, ERC 23,786% y CUP 5,85%), mientras que las formaciones constitucionalistas el 21,85% (C’s, 13,21%, PSC 6,5%, PP, 2,14%). Los Comunes, ubicados en un espacio intermedio entre ambos bloques, obtuvieron el 3,31% de los votos, prácticamente el mismo porcentaje (3,09%) que en los anteriores comicios. Por el contrario, en Cornellà los tres partidos constitucionalistas se alzaron con una clara mayoría del 65% (C’s 33,43%, PSC 24,68%, PP 5,24%) y las formaciones independentistas solo lograron un 23% (ERC 14,53%, JxCat 5.97% y CUP, 2,94%). Los Comunes obtuvieron el 11,34% de los votos, perdiendo el 4,79% respecto a las últimas elecciones.

Este comportamiento electoral, observado en ambos municipios, se repite con ligeras modificaciones en el resto del país.

El factor Puigdemont

La cuestión fundamental de estos atípicos comicios radicaba en si las fuerzas independentistas eran capaces de reeditar la mayoría absoluta. Esto dependía, con la desventaja de una ley electoral que sobrerrepresenta al voto nacionalista de la Catalunya profunda, de dos circunstancias. Por un lado, de la movilización del electorado constitucionalista que se ha verificado por la alta participación en los barrios periféricos de las áreas metropolitanas de Barcelona y Tarragona. Por otro, de la eventualidad que sectores del independentismo de aluvión, frente al núcleo duro del movimiento secesionista estimado en torno al 30 y 35% del electorado, se abstuviesen o se inclinasen por otras opciones. El resultado electoral ha demostrado que el movimiento independentista ha conseguido consolidar ese espectro sociológico, lo cual ha resultado determinante para conseguir la mayoría absoluta con dos escaños menos y un porcentaje similar de apoyos (47,49%) al obtenido en las plebiscitarias del 2015, lo cual indica que el movimiento independentista ha tocado techo en torno a los dos millones de votos y que difícilmente podrán incrementar estos apoyos.

Ello a pesar del desastroso final de esta fase del proceso soberanista con la fuga de empresas, el nulo reconocimiento internacional, la movilización social constitucionalista o los engaños de los dirigentes independentistas. Aquí debe tenerse en cuenta que los partidos, pero sobre todo los medios de comunicación públicos de la Generalitat y afines, han desarrollado una intensa y hábil campaña en clave victimista centrada en la “represión”, la situación de los “presos políticos” y el “gobierno en el exilio”. Una estrategia que ha contado con la inestimable ayuda de la campaña revanchista del candidato del PP, Xavier García Albiol, la inconveniente autorización del traslado a Aragón de las obras de arte de Sijena o las desafortunadas declaraciones de la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría sobre el “descabezamiento” de los líderes independentistas que han cohesionado al electorado secesionista.

Parafraseando a Leibniz, esta es una razón necesaria pero no suficiente. La candidatura personalista y apartidista de Carles Puigdemont ha sido el factor que ha reventado estas elecciones. En los primeros compases de la campaña, todas las encuestas y analistas daban por seguro el hundimiento electoral de la antigua Convergència (ahora PDeCat) y el amplio sorpasso de ERC en la pugna por la hegemonía del bloque secesionista. Ahora, por solo 1.195 votos (0,26%), JxCat se impone en esta lucha donde fue determinante el resultado en la circunscripción de Girona, donde la lista de Puigdemont obtuvo una clara ventaja sobre ERC de 60.782 votos (15%) que le otorgaron dos escaños de diferencia. Incluso, el discurso maximalista del expresident consiguió atraerse a votantes de la CUP, lo cual es un factor importante para explicar la caída de esta formación que cedió seis de sus diez diputados y la mitad de sus apoyos electorales. ERC no supo responder al envite de Puigdemont en su pretensión de presentarse como el legítimo presidente de Catalunya y confeccionar una candidatura que fue lo más parecido a la lista unitaria deseada por las bases sociales y electorales del movimiento independentista. De hecho, incluso participaron entusiásticamente en la manifestación de Bruselas que, en realidad, fue un acto de la campaña electoral de Puigdemont. La antigua Convergència ha demostrado que, a pesar de todo, continúa conservando el control ideológico y político en las localidades de la Catalunya interior y ha impedido que ERC dejase en segundo plano la opción independentista y apostase por una alternativa de izquierdas.

Doble paradoja

En el bloque constitucionalista se han cumplido los pronósticos que otorgaban la hegemonía a Ciutadans, pero no con la amplitud que se ha verificado. Así, como ya ocurrió en 2015 y ahora de manera aumentada, han concentrado el voto útil constitucionalista y se han alzando como la primera fuerza política, en votos y en escaños, del país. Esto comporta una doble paradoja. Por un lado, el ascenso de las fuerzas independentistas ha alimentado el crecimiento de la formación nacida hace una década como la más radical oposición al nacionalismo. Por otro, no deja de resultar contradictorio que un partido que en el eje social se ubica en el centroderecha, haya conseguido la posición hegemónica en los barrios donde se imponían en el pasado los partidos de izquierda, PSUC y PSC o los Comunes en las legislativas españolas cuando la cuestión nacional no centró el debate político. Una prueba adicional de que, cuando se imponen las pasiones nacionalistas, las derechas siempre ganan.

El PSC ha quedado muy por debajo de sus expectativas. Solo ha experimentado un ligero avance del 1,14% de los votos y de un diputado adicional; además, han perdido la posición de primera fuerza política a favor de C’s en localidades tan emblemáticas del área metropolitana de Barcelona como Cornellà, Santa Coloma de Gramenet o Badia del Vallès. Ni siquiera han conseguido sumar el 2,15% de los votos logrados por Unió en 2015, a despecho de la inclusión de Ramon Espadaler en el número 3 de su candidatura. El partido socialista ha cometido un error estratégico en la orientación de su campaña pues su crecimiento, más que por la derecha catalanista, debió orientarse hacia la izquierda, si tenemos en cuenta la caída de los Comunes que ceden el 1,5% de sus apoyos y tres diputados. Para los Comunes estos comicios bordean el desastre total pues no solo caen en votos y diputados, sino que no logran obtener la llave de gobernabilidad del país que hubiera compensado su previsible caída electoral. Esto a pesar de que en estos comicios, a diferencia de los anteriores, Barcelona en Comú se sumó a la coalición izquierdas, aunque su líder, Ada Colau, estuvo prácticamente desaparecida en la campaña. Unos pobres resultados que contrastan con el 24,74% de los votos obtenido en las generales del 2015 cuando se convirtieron en la primera fuerza del país. De modo que puede afirmarse que muchos electores que entonces votaron por los Comunes ahora lo han hecho por C’s.

En descargo del PSC y los Comunes, puede argüirse que no calcularon bien que, en una campaña tan sumamente polarizada, las propuestas de tender puentes entre los dos bloques antagónicos han sido menospreciadas o castigadas por el electorado de los barrios de las grandes conurbaciones. Sin embargo, en su contra y como cuestión de fondo, debe argumentarse que el ascenso de C’s se explica por la ausencia de firmeza y las ambigüedades de las izquierdas catalanas en su oposición al independentismo a lo largo del proceso soberanista. De hecho, el nacimiento y el ascenso de C’s se explica por esta falta de radicalidad en la crítica al proyecto secesionista en distritos tradicionalmente votantes de opciones de izquierda.

En este sentido, los resultados en el eje derecha/izquierda, prácticamente sepultado en esta campaña por el monotema nacionalista, han otorgado una ajustada ventaja a las fuerzas de centro derecha (JxCat, C’s y PP) que sumaron el 51,26% de los votos. A diferencia de las generales de diciembre del 2015, cuando las formaciones de izquierda, Comunes, PSC y ERC, alcanzaron el 56,42 de los sufragios. De hecho, estos comicios han significado una gran victoria del grupo liberal ALDE del que forman parte JxCat y C’s en el Parlamento Europeo.

Frente jurídico y bloque institucional

El resultado electoral apunta hacia la formación de un ejecutivo independentista no solo porque los 66 escaños de JxCat y ERC superan a los 65 de C’s, PSC, PP y Comunes, sino porque los cuatro diputados de CUP permiten sumar una mayoría absoluta de 70 escaños en caso de votar positivamente la investidura de un candidato secesionista en primera votación o de abstenerse en segunda votación. La CUP, durante la campaña, ha asegurado que únicamente investirían a un candidato comprometido inequívocamente en implementar la República. Sin embargo, la presión de las bases sociales del movimiento secesionista les obligará a no impedir la investidura de un president independentista, especialmente cuando, a diferencia de la pasada legislatura, han perdido la llave de la gobernabilidad.

El problema de la conformación de este ejecutivo se plantea por la situación procesal de Puigdemont y los cuatro exconsellers, todos ellos con el acta de diputado, fugados de la justicia española en Bruselas. Si se presentan en España serían encarcelados y, entonces, su comparecencia en el Parlament dependería de la autorización judicial. Por tanto, no puede descartarse que permanezcan en la capital belga, renuncien al acta de diputado para que corra la lista y asegurarse la mayoría parlamentaria; eso sí, lanzando el mensaje de que existiría un gobierno efectivo en Barcelona y otro “legítimo” en el extranjero. Ello a expensas que la acción de la justicia podría derivar en el encarcelamiento de otros líderes y parlamentarios ahora investigados por el Tribunal Supremo.

En conclusión, la compleja situación política del país parece encaminarse hacia un impasse. Si el bloque independentista se empeña en reactivar la vía unilateral hacia la secesión, se volvería a aplicar el artículo 155, pero ahora no su versión suave, sino en un formato duro que podría comportar la intervención del autogobierno durante un largo período. Tampoco, la perspectiva de los efectos de la acción de la justicia en caso de reemprender la vía unilateral les invita a persistir en esta línea. Sin embargo, la correlación de fuerzas surgida de estas elecciones impide la configuración de una mayoría alternativa para salir del callejón sin salida.

Estos comicios han incrementado la fractura y la división en dos bloques antagónicos de la situación catalana que amenaza con cronificarse y prolongarse durante un largo período. Únicamente una profunda reforma constitucional y de las instituciones del actual sistema político-jurídico en España podría permitir cambios en la enquistada correlación y crispada de fuerzas en el país.

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