Hoy, como era esperado, la Corte Constitucional le dio vía libre al plebiscito para refrendar un Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc. Al hacerlo, aclaró varias preguntas que muestran que el Gobierno obtuvo casi todo lo que quería.

La decisión la tomó la Corte en una sala extraordinaria, justo dos días antes de que Juan Manuel Santos instale una nueva legislatura en el Congreso. Siete magistrados votaron a favor de la ponencia de Luis Ernesto Vargas que, como contaron varios medios hace un mes, proponía aprobar el plebiscito con un par de limitaciones.

Solo se opusieron los dos magistrados más conservadores, Gabriel Eduardo Mendoza y Jorge Pretelt.

El argumento principal para aceptar la constitucionalidad del proyecto de la ley estatutaria que permitirá que haya un procedimiento especial para convocar un plebiscito para que los colombianos refrenden o no el Acuerdo Final con las Farc es que los cambios que le hace a la ley de mecanismos de participación para esa única vez son razonables y democráticos.

Con esta decisión, la Corte dejó listo el camino para que arranquen las campañas a favor o en contra del plebiscito o por la abstención. Estas son las principales dudas que aclaró, según el comunicado que leyó su presidente, María Victoria Calle:

1 Sí será plebiscito Aunque la ley habla de “plebiscito”, varias voces habían indicado que en el fondo no era tal. Por ejemplo, en enero el ex magistrado auxiliar Rodrigo Uprimny explicó en su columna en El Espectador que en realidad se trataba de una consulta popular pues mientras el plebiscito busca saber si la gente apoya una decisión de un Presidente, la consulta es una pregunta que puede no tener nada que ver con decisiones del Gobierno. Algunas intervenciones de expertos ante la Corte argumentaron que el proyecto de ley era exequible pero que no era un plebiscito. Por ejemplo, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo le pidió “modular su fallo y cambiar la expresión “plebiscito” por la de “mecanismo especial de refrendación para la paz”, figura más acorde con la finalidad constitucional que se busca”. Sin embargo, para la Corte es un plebiscito: declaró exequible el título del proyecto con la condición de que se entendiera que el Acuerdo no es una norma sino una decisión política, y por lo tanto solo es obligatorio para Juan Manuel Santos. De ahí en adelante, él deberá implementar esa decisión por otros mecanismos, como decretos o el fast track en el Congreso que creó el Acto Legislativo para la Paz. Aunque la respuesta a esta pregunta podría parecer menor, podría tener grandes consecuencias para el futuro, pues la Corte sentó una jurisprudencia que permite una figura que mezcla elementos de consulta y plebiscito a pesar de las diferencias políticas y legales entre ellos dos. Por ejemplo, en un plebiscito la decisión popular solo obliga al gobernante actual (es decir, a Santos), mientras que por definición una consulta o un referendo es obligatoria para todas las autoridades. Y si se trata de un plebiscito, la campaña está directamente vinculada al Gobierno porque busca el apoyo de los votantes a una decisión política específica, mientras que si es una consulta o un referendo puede no reflejar una decisión concreta del Gobierno.

2 Será una sola pregunta La refrendación se hará con una sola pregunta. Esto es una gran ganancia para el Gobierno puesto que tanto el uribismo como intervinientes en la audiencia pública que no son opositores al proceso de La Habana, como el Contralor General, habían pedido que se sometiera a consideración cada uno de los puntos del Acuerdo Final. El Gobierno ha defendido la tesis de que un acuerdo de paz es integral y por eso tocaba votarlo en bloque. La Corte le dio la razón al Gobierno, bajo el entendido de que se trata de un plebsicito, que por definición tiene una sola pregunta, que debe ser respondida SI o NO, y que según la ley que bendijo la Corte debe ser sobre la aprobación o no del Acuerdo Final de La Habana.

3 Se necesitarán unos 4,5 millones de votos para refrendar el Acuerdo Final La Corte decidió que es constitucional el umbral definido en el proyecto del gobierno que decía que debía obtener “una cantidad de votos mayor al 13% del censo electoral vigente y superar los votos depositados por el no”. Como ese umbral de votos es diferente al de todos los demás mecanismos de participación, en la Corte se debatía si se debía aplicar o cambiar. Al final decidió mantenerlo, argumentando que la Constitución no prevé un umbral para el plebiscito, por lo que la ley puede definirlo, y que la cifra es razonable. En conclusión, si un poco menos de 5 millones de colombianos votan por el SI se entenderá que el Acuerdo con las Farc es refrendado.

4 Si gana el SI pero no pasa el umbral, no se refrenda Aunque en principio el plebiscito solo tiene efectos si gana el SÍ y pasa el umbral, en la Corte se discutió una fórmula para que también aplicara si era mayoritario pero no pasaba el umbral. Como contó Semana, por lo menos un magistrado en la Corte presentó la posición del constitucionalista fracés Jean-Marie Denquin para argumentar que si el plebiscito no pasa el umbral pero gana el SI habría que entender que sí hay que aplicar los acuerdos porque hubo un plebiscito consultivo. Pero finalmente, la Corte no aprobó esa posibilidad. Tiene que ganar el SI con el 13 por ciento para que se entienda refrendado.

5 No es claro qué pasa si gana el NO La Corte no se refirió a los efectos de una eventual victoria del NO, algo que tampoco define explícitamente esta ley del plebiscito. Pero si gana el NO, el mensaje político para el Presidente es unívoco: la mayoría de gente no refrenda ese acuerdo. Y en consecuencia, el Acto Legislativo para la Paz, que solo se "activa" con la refrendación de los acuerdos no podría entrar a operar y los cuatro años de negociación se habrían perdido.

6 No habrá voto en blanco A pesar de que en los medios se debatió la posibilidad de que la Corte permitiera el voto en blanco en el plebiscito, como propuso José Manuel Acevedo en Semana y defendió Rodrigo Uprimny en La Silla Vacía, la Corte no abrió esa puerta.

7 El Congreso no está obligado a convocarlo, pero la tiene difícil Una de las diferencias que tiene este plebiscito con los otros mecanismos de consulta ciudadana es que, según el proyecto, tendrá un paso mucho más rápido por el Congreso, en el que éste tiene menos margen para negarse a convocarlo: mientras que normalmente debe aprobarlo explícitamente (como una ley, tiene que aprobarla o se hunde), en este caso tendría que rechazarlo explícitamente (si no vota que no, queda aporbado). Es decir, mientras normalmente el Congreso tiene que tramitar y sacar adelante el proyecto de convocatoria, para este plebiscito una de las dos cámaras tiene que votar explícitamente en contra para que no siga adelante. Si no vota, el Presidente puede convocarlo. Como eso quiere decir que el Congreso tendrá menos margen para hundir el plebiscito, si así lo considera, fue uno de los puntos que resaltó el Procurador General, Alejandro Ordóñez, para decir que el plebiscito era autoritario. La Corte no le dio la razón a Ordóñez.

8 Se puede aplicar muy rápido Además de que el Congreso solo puede vetar la convocatoria y no tiene que aprobarla explícitamente, tiene un tiempo muy corto, de un mes, para hacerlo. Ese mes se cuenta como parte del plazo para hacer el referendo, y que puede ir de uno a cuatro meses desde cuando el Presidente le informe al Congreso la intención de hacer el plebiscito. Eso quiere decir que la campaña será más o menos rápida, según decida Santos, pero no pasará de 4 meses. Este fin de semana, Rafael Pardo, Consejero de Santos para el posconflicto, dijo que esperaban votar el plebiscito en septiembre. Para esto, tendrían que “antefirmar la paz” de aquí al 7 de agosto, que es una idea difícil enredada que el presidente Santos está considerando seriamente como contó La Silla Vacía.

9 Los funcionarios públicos podrán hacer campaña El proyecto permitía a los funcionarios hacer campaña en cualquier sentido, algo que el Procurador pidió a la Corte que se cayera por inconstitucional. El proyecto decía que “los servidores públicos que deseen hacer campaña a favor o en contra podrán debatir, deliberar y expresar pública y libremente sus opiniones o posiciones frente al Plebiscito”, pero para Ordóñez el que los funcionarios participaran debería ser inconstitucional. Sin embargo, la Corte tampoco le dio la razón. Por el contrario, decidió que sí es constitucional permitir que los funcionarios participen de la campaña, con el argumento de que ésta no es partidista. En eso mantuvo la jurisprudencia que había emitido en el pasado, por ejemplo frente al referendo que impulsó en su momento Álvaro Uribe.

10 Los partidos y políticos, sin campaña La Corte aceptó el condicionamiento que traía la ponencia de Luis Ernesto Vargas, de que en las campañas no se pueden incluir promociones a los partidos políticos. Por ejemplo, no se podrá decir "Arriba el SI liberal" ni "Vote NO por el Centro Democrático", o ideas similares. Según parece del comunicado leído hoy, la Corte también prohibió que lo hicieran personas con intereses electorales claros, y así le cerró la puerta a que la hagan quienes buscan hacer campaña criticando la negociación de La Habana (como Alejandro Ordóñez) o defendiéndola. Y también le bota un salvavidas al vicepresidente Germán Vargas, quien ha evitado tomar un partido claro y ahora tiene un motivo claro para no hacerlo.

11 Habrá una gran publicidad para divulgar los acuerdos El proyecto establece que el Gobierno hará una publicidad grande del Acuerdo Final en todo tipo de medios, incluyendo sitios web y redes sociales oficiales, periódicos, radio y televisión (con cinco minutos prime time diario en estos dos últimos, durante mínimo un mes). Aunque el proyecto dice que esos espacios son para asegurar “la publicidad y divulgación del Acuerdo Final” y “generar un debate amplio y suficiente”. La pregunta era si esa campaña era solamente pedagógica, para difundir los acuerdos, y aparentemente la Corte señaló que solo es para eso.