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En la instrucción del caso del Tribunal Supremo contra el referéndum, el magistrado Pablo Llarena necesita pruebas que avalen la violencia y el delito de rebelión con los que ha procesado a todo el Govern de Catalunya y la expresidenta del Parlament. Lo que parecería lógico —que sin violencia no hay rebelión—, toma una nueva dimensión en el auto de procesamiento de Llarena, que interpreta lo que es la violencia y lo que es un acto violento. Y a pesar de que nunca se haya producido un alzamiento por parte de los procesados, todas las investigaciones giran en torno a lo que pueda demostrar que hubo violencia, de una forma u otra. En este sentido, violencia fueron los desperfectos en los coches de la Guardia Civil el 20 de septiembre durante los registros en el Departament d’Economia, y violencia parece que es la acción de los CDR.

Y bajo este paraguas, la Guardia Civil investiga a los Comitès de Defensa de la República y les dedica todo un nuevo informe, al que ha tenido acceso El Nacional. 140 páginas donde no consta ninguna señal de violencia.

El arma secreta para demostrar la violencia es este informe, basado, sobre todo, en recortes de prensa y crónicas periodísticas que relatan tres reuniones que para la Guardia Civil son claves: Sabadell, 14 de octubre; Igualada, 21 de octubre, y Manlleu, 4 de noviembre.

Pero en todo el informe tampoco se demuestra que se haya producido violencia. De hecho, la propia Guardia Civil admite que «en su estrategia aplican desobediencia civil no violenta y resistencia, tanto activa como pasiva». El documento pretende dar respuesta a Llarena sobre actuaciones concretas de los CDR y «la intervención de estos en el proceso político desplegado para promover la independencia de Catalunya e informar sobre las personas responsables de estos comités». La Guardia Civil reproduce una entrevista al responsable del CDR de Sants donde solo se habla de «respuesta pacífica» y de llegar a la independencia mediante la vía del diálogo: «Tenemos que trabajar juntos». Y añade: «En el parlamento catalán y en el parlamento español. El principal problema es que el estado español no admite como interlocutor al Govern, porque desde el momento en el que admite unas conversaciones, entonces lo reconocería como sujeto político».

Aparte de las reiteradas veces en que sale la «resistencia no violenta» en el informe, también se habla de la clandestinidad. Explica el documento que actúan de forma clandestina, pero todo el informe es una recopilación de tuits de diferentes CDR y de noticias publicadas en los medios de comunicación sobre las convocatorias y los acuerdos a los que se llegan en las reuniones. De hecho, a partir de intervenciones en los medios de comunicación, la Guardia Civil va descubriendo las acciones que llama clandestinas, como la Operació fronteres, donde se explica que se cortarán carreteras con resistencia pasiva; el sistema de comunicaciones vía Telegram, Signal o WhatsApp, con el que se convoca a «gente de todas las edades», o la cuenta de Twitter @CDRCatOficial, desde donde se dan las indicaciones de las acciones por hacer.

De hecho, la Guardia Civil se basa en entrevistas de radio y artículos de periódico para definir toda la estructura organizativa de los CDR, que se basa en el mundo asambleario y que se distribuye a lo largo del territorio. La policía judicial lo compara con el Kurdistan sirio.

Huchas, fiestas y vermús del domingo

El informe recoge cómo se financian los CDR y enumera una lista de actividades, entre las que hay hacer huchas, el vermú de un domingo, actividades culturales festivas para dar a conocer el CDR y cestas con productos de tiendas, aparte de la caja de resistencia.

«Aquí se demuestra la capacidad de financiación del CDR para seguir manteniéndose como organización y desarrollar todas las acciones orientadas a la defensa de la República», dice como conclusión la Guardia Civil en el informe para Llarena.

Los responsables

La presentación de la organización En peu de pau, que promueve la resistencia pacífica, sirve a la Guardia Civil para identificar a los que consideran los responsables de los CDR. De hecho, en el informe sale toda la actividad de En peu de pau, con un amplio reportaje de los talleres que hacen.

La lista es larga y en ella está desde Rubén Wagensberg, David Fernández o Antonio Baños, hasta representantes de entidades como Marcel Mauri y Joan Vallvé, de Òmnium; Jordi Armadans, de Fundipau Eduard Vallory de la Unesco; Ariadna Isem, de la ANC, o representantes de la Federació Catalana d’Escultisme, los estibadores portuarios o la intersindical CSC.

En total, 22 personas, muchas de las cuales han dado entrevistas en medios de comunicación.

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