A una semana de cumplir 100 días de gobierno, Andrés Manuel López Obrador ya ha dejado claras las principales guías que marcarán su sexenio. Mucho gasto social y una fuerte sacudida al statu quo han marcado el ritmo de arranque de la Administración del Movimiento de Regeneración Nacional. Este inicio también ha sido marcado por varias polémicas. Las más recientes son la eliminación, de tajo, de las estancias infantiles y de los recursos a los refugios para víctimas de maltrato, dos programas que afectan principalmente a las mexicanas. El Gobierno ha recibido por ello diversas críticas, incluida una buena cantidad de fuego amigo.

“En cosas de este tipo no voy a cambiar, no voy a ceder. Tengo que ser estricto y no hacer excepciones”, dijo López Obrador el viernes a los periodistas que lo cuestionaron sobre estos temas. Las palabras del presidente fueron la primera palada de tierra en la sepultura de las estancias infantiles y los refugios para mujeres maltratadas, programas que habían crecido como servicios privados paralelos a la red gubernamental con recursos públicos y al amparo de organizaciones de la sociedad civil.

El mandatario mexicano, un fervoroso creyente en un Estado grande y robusto, ha afirmado que estas tareas las harán ahora las secretarías de su Gobierno en lugar de particulares. “Para eso es el Gobierno. Se fue creando un gobierno paralelo, alternativo, y las dependencias no se ocupaban. El gobierno llegó a convertirse en una oficina de contratación”, agregó el mandatario, quien tiene un a aprobación de 67% en el primer trimestre de su mandato.

El jueves fueron publicadas las nuevas reglas de operación de las estancias infantiles, que estipulan que todas las madres y padres solteros o los tutores recibirán por cada menor de uno a seis años 1.600 pesos al bimestre, unos 83 dólares. El pago será, supuestamente, para cubrir una guardería aunque no obliga a los adultos a ello. Solo se les prohíbe la mala utilización del dinero. El reglamento significa el fin de una red de 43.000 estancias que recibían 950 pesos mensuales (50 dólares) por cada niño inscrito. Se calcula que más de 329.000 menores eran cuidados en estas estancias en todo el país.

Uno de los argumentos que llevaron al Gobierno a acabar con las estancias es que cuatro de cada diez de estas operaban con irregularidades y que el esquema propiciaba tramas de desvíos de recursos y corrupción, una de las obsesiones del mandatario mexicano.

La medida fue considerada por organizaciones feministas como una que “perpetúa la desigualdad de género” y la “discriminación” en un país donde el 70% del trabajo de cuidados lo realizan mujeres, incluidas las abuelas de los niños. “Las irregularidades y el desvío de recursos detectados en el programa de estancias infantiles no se resuelven aumentando la carga de trabajo de las mujeres”, consideraron 17 organizaciones en un comunicado conjunto.

Argumentos similares han sido dados por la Red Nacional de Refugios, una organización nacida en 1999 que agrupa a 41 sitios que ofrecen protección a las mujeres e hijos víctimas de maltrato y violencia familiar. “Refleja una llana concepción asistencialista a una complicada problemática que no puede subsanarse con ayuda económica directa”, afirmó la Red en un pronunciamiento público en respuesta a la intención del Gobierno.

Después de la negativa de López Obrador del viernes, el vocero del Gobierno contradijo al presidente en las redes sociales. Jesús Ramírez Cuevas afirmó en Twitter que el proceso de asignación de subsidios “se encuentra en revisión” y que los recursos para la protección de mujeres y niños víctimas de violencia están asegurados y superan los 346 millones de pesos (17 millones de dólares). Sin embargo, la comunicación afirma que la Secretaría de Salud será quien ofrezca protección a la población vulnerable, lo que confirmaría el desplazamiento de los refugios. Será López Obrador quien dé la última palabra sobre este tema.

La Administración López Obrador ha cerrado el grifo presupuestal a cientos de organizaciones de la sociedad civil, que utilizaban dinero público para emprender programas de diferentes objetivos. Entre ellos la protección de mujeres víctimas de violencia de género en un país con un alto número de homicidios. En 2018, por ejemplo, fueron registrados 861 feminicidios, un aumento de 13% si se compara con 2017.

Estos hechos se enmarcan dentro de la disputa del presidente mexicano con las organizaciones de la sociedad civil. El líder de Morena ha recurrido, de forma reiterada y reciente, a la descalificación de estos grupos. “No sé qué estén pensando. Ya basta de simulación, de estar nada más haciendo análisis de la realidad sin transformarla. Puro experto, puro diagnóstico, estudios y contratación de asesores, pero no se hace nada por cambiar las cosas”, dijo el mandatario el 13 de febrero, mientras criticaba a los colectivos civiles que se oponían a la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad que finalmente fue modificado en el Congreso gracias a la presión de estos grupos y la oposición. Sin embargo, parece que algunas estancias infantiles y refugios para mujeres maltratadas sí estaban transformando la realidad hasta que se toparon con el nuevo Gobierno.