Tres funcionarios de Pemex que firmaron seis convenios con universidades públicas del sureste del país, por 348 millones de pesos que terminaron en 17 empresas irregulares como parte de La Estafa Maestra, ocupan cargos directivos de Petróleos Mexicanos en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien fue nombrado director de Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP); Héctor Salvador Salgado Castro, actual subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP; y Luis Galván Arcos, gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística.

Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP) es una de las seis Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), es decir, la parte medular de la empresa. Dicho nombramiento es propuesto por el director de Pemex, en este caso Octavio Romero Oropeza, quien ha sido un colaborador cercano al presidente López Obrador desde 2000 cuando fue Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, y luego como candidato de Morena a la alcaldía de Centro, Tabasco en 2016. Al perder la elección, el Presidente le designó la dirección de Pemex.

Este lunes, la revista Proceso publicó que Miguel Ángel Lozada Aguilar se integró a la nueva estructura de Petróleos Mexicanos, para encargarse de la exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos en México y en el extranjero. Este es el puesto más alto que ha obtenido desde que comenzó a trabajar en Pemex en 2002 como ingeniero técnico especialista B, de acuerdo con su historial en Declaranet.

Sin embargo, en 2014 como administrador del Activo de Producción Cantarell, adscrito a la Subdirección de Producción Región Marina Noreste de Pemex-PEP, firmó un convenio por más de 82 millones de pesos que acabaron, prácticamente en su totalidad, en siete empresas fraudulentas.

Se trata del convenio 422082806, del que Animal Político tiene copia, a partir del cual Pemex-PEP le entregó 82 millones 863 mil pesos a la Universidad Popular de la Chontalpa, para que ésta le diera servicios de asistencia técnica en materia de perforación y producción de pozos petrolíferos.

A través de una violación a la ley federal de adquisiciones, la universidad entregó más de 80 millones de pesos a siete empresas que tampoco cumplieron con los trabajos, y se quedó con una ‘comisión’ de un millón 982 mil pesos tan solo por hacer de ‘intermediaria’ en el fraude.

Entre las empresas beneficiadas con dinero público de este convenio figura Maheca SA de CV, que Animal Político documentó en el reportaje periodístico La Estafa Maestra que fue desmantelada después de recibir el dinero público y que sus socios accionistas son, en realidad, prestanombres.

Uno de los ‘dueños’ de Maheca, Francisco N., labora como conserje limpiando el suelo de una escuela ubicada en una ranchería pobre de Tabasco, a pesar de ser, al menos en el papel, el dueño de una compañía millonaria. La otra persona supuesta dueña en el acta constitutiva de Maheca, Ofelia del Rosario Arce, no fue localizada en su presunto domicilio ubicado en el fraccionamiento Bosques de Villahermosa. Y tampoco se localizó a Alejandra Pinete, otra de las accionistas; el que se reportó como su domicilio es un modesto departamento ubicado en una unidad habitacional, donde la mujer que vive dijo no conocerla.

Las otra seis empresas beneficiadas ya fueron catalogadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como ‘fantasma’, debido que se comprobó que son compañías sin infraestructura real, activos, ni personal trabajando, que simularon operaciones comerciales. Se trata de Logistic Peninsular SA de CV; Apa Investments SA de CV; Construcción, Suministros y Arrendadora Lomax; Pacific Asistence SA de CV; Pen Comerce SA de CV; y Global Baker Oil SA de CV.

El segundo funcionario involucrado en el esquema de desvío de recursos es Héctor Salvador Salgado Castro, quien es subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex Exploración y Producción, es decir, su puesto depende de Lozada Aguilar, y está encargado del manejo y comercialización de hidrocarburos, según se informa en el directorio del Consejo de Administración de Pemex.

Él era gerente de proyecto de Desarrollo Aytsil-Tekel, en la subdirección de Desarrollo de Campos de Pemex-PEP, cuando firmó el convenio 428813823 por 90 millones 213 mil pesos que, a través del Instituto Superior de Comalcalco, desaparecieron en la empresa Integrated Reservoird Management de México SA de CV; una compañía que no hizo los servicios, que fue desmantelada poco tiempo después de recibir el dinero público, y que tenía entre sus socios accionistas a prestanombres que vivían en zonas pobres de Villahermosa, Tabasco.

El Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco violó la ley de adquisiciones para entregarle 83 millones 898 mil pesos a Integrated Reservoird Management de México SA de CV, y además se quedó con una ‘comisión’ de 6 millones 315 mil pesos solo por hacer de intermediaria en la subcontratación.

Salgado Castro tiene 32 años de trabajo en Pemex, pero su nuevo puesto es el de mayor rango. Empezó en 1987 como “analista” cuya función era realizar estudios de reservas de los yacimientos. Ocupó otros cargos como la “subdirección región marina suroeste” en 1992, y en 2017 llegó a la Gerencia de Administración de Proyectos, de acuerdo con información en Declaranet.

El tercer funcionario es Luis Galván Arcos, que según el directorio del Consejo de Administración de Pemex es gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística, dependiente de la Dirección Corporativa de Finanzas, a cargo de Alberto Velázquez García.

En 1997 tuvo su primer cargo en Pemex, coordinador de Administración y Finanzas Activo de Producción Poza Rica, luego fue subgerente de Administración de Bienes y Servicios Región Norte en 1999 y ocupó diferentes cargos en los siguientes años hasta que en 2015 fue nombrado Gerente de Recursos Financieros de Pemex Producción y Exploración.

Cuando era gerente de Suministros y Servicios Administrativos de Regiones Marinas en Pemex-PEP, firmó cuatro convenios, todos en poder de este medio, por hasta 176 millones de pesos que, a través de la Universidad Autónoma del Carmen de Campeche (Unacar), la Universidad de la Chontalpa, y el Instituto Tecnológico de Comalcalco, acabaron en las cuentas de nueve empresas fantasma o irregulares, que tampoco cumplieron con los servicios.

Entre las compañías beneficiadas por este convenio están, por ejemplo, MC Tecnologies SA de CV, y Ruvari SA de CV, ambas catalogadas ya oficialmente por el SAT como empresas fantasma. La empresa Maheca SA de CV, que tienen prestanombres entre sus socios, y la compañía Global Baker Oil, catalogada como fantasma por la autoridad, también fueron beneficiadas gracias a estos convenios firmados por Luis Galván Arcos.