Dos jóvenes miran los anuncios de una inmobiliaria de Madrid (Álvaro Minguito)

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“Mi abuela y mi abuelo eran muy humildes, vivían de lo que les daba la tierra en una casa de campo. Trabajaron mucho y se fueron a la ciudad, donde se construyeron una casita con su pozo, su aljibe –porque no había agua corriente– y su limonero. Yo solía pensar la suerte que teníamos sus nietos: habíamos pasado en dos generaciones de criar cabras a estudiar una licenciatura, máxime siendo mujeres. Pero ahora veo que no tenemos opción a nada: hemos tenido una formación maravillosa, pero no podemos tener una casa o formar una familia. Mis abuelos, pese a su escasez, sí”.

Laura prefiere preservar su identidad, como la mayoría de las personas entrevistadas para este reportaje. Son plenamente conscientes de que no son responsables de su situación, de que no es un problema individual, sino social. Y aun así hay momentos en los que no pueden evitar sentirse culpables, estafadas.

No sienten la necesidad de denunciar públicamente cómo les está afectando la crisis de la vivienda en alquiler porque llevan la última década, su primera etapa como personas adultas, siendo testigos de la demolición: tasas de desempleo que alcanzaron el 26,9% en 2013, el espanto de los desahucios, la exclusión de las clases bajas y el empobrecimiento y achicamiento de la clase media. No quieren poner el foco sobre sus rostros y nombres porque tienen trabajo, más o menos precarios, casas familiares a las que volver cuando no queda otra alternativa, habitaciones en pisos compartidos en los que retrotraerse a una adolescencia de las que no les permiten despedirse en su treintena y barrios alejados de sus redes de afecto y centros de trabajo en los que, quizás, encontrar un piso asequible y resetear su vida cotidiana. Pero la bola emocional cada vez se hace más grande porque, como sostiene la Organización Mundial de la Salud en sus informes, cuando no se garantiza el derecho a una vivienda digna y estable, se está violando “el derecho a la salud física, psicológica y el bienestar social-relacional de las personas”. Tienen entre 23 y 45 años, la pulpa de la vida adulta, y ni siquiera pueden permitirse un lugar donde vivir de manera estable y digna desde el que construir un proyecto vital propio.

“Estudié arquitectura y a mis 38 años no puedo ni construirme ni alquilar una. No quiero un chalet, sino un hogar”. Laura no ha parado de trabajar desde que se graduó hace nueve años, pero aún no tiene un contrato indefinido. Y las inmobiliarias ahora subcontratan aseguradoras que puntúan el historial de los candidatos interesados en una vivienda como si fuese una puja por un cuadro en Christie’s. Los –bien– asalariados con un contrato indefinido son sus Picasso. Para el resto, fin de la subasta.

Laura vivía en un piso compartido en Málaga, una de las ciudades donde más se han incrementado los precios de alquileres por la irrupción de la vivienda turística: 4.700 registradas oficialmente, más de 9.000 según la Asociación de Vecinos del Centro. Aunque sufría los ruidos y la suciedad que suele llevar aparejado que en tu edificio la mitad de las viviendas estén destinadas al turismo, pagaban menos de 500 euros y estaba cerca del centro, un supuesto chollo en el contexto actual. Cuando llevaba en él dos años y le quedaba uno para que se extinguiese el contrato, sus propietarios les comunicaron que no se lo renovarían porque lo iban a vender.

Ese ha sido el calendario que ha determinado la vida de decenas de miles de personas en los últimos años: 24, 26, 28 meses de relativa tranquilidad antes de que se cumpliese el plazo de tres años de contrato y, como lo define Laura, volver a la “caza diaria en Idealista”. Una reforma legislativa aprobada este año les da una tregua al ampliarlo a cinco años.

El Banco de España (BCE) ha confirmado un alza de hasta el 50% en el precio de los alquileres en el último lustro, mientras los salarios de los jóvenes se mantienen en niveles de 2007. Entre la población en general, el más habitual es de 17.482 euros brutos al año, doce pagas de unos 1.200 euros netos mensuales. En la práctica, una pérdida de un 7,1% del poder adquisitivo en la última década, según el Instituto Nacional de Estadística. Para constatar lo que cualquiera de nuestros entrevistados sabía, el BCE ha tenido que recurrir a webs como Idealista ante la falta de datos oficiales. Según un informe de 2019 de esta misma plataforma, las ciudades más afectadas por este incremento en los últimos cuatro años han sido Palma de Mallorca (46,2%), Málaga (42%), Valencia (37,9%), Castellón (37,3%), Madrid (36,7%), Barcelona (34,2%), Tenerife (29,2%), Las Palmas de Gran Canaria (28,6%,), Lugo (28,5%,), Orense (28,45), Sevilla (28,2%) y Alicante (28%). Las mismas, aunque en distinto orden, que han vivido una mayor irrupción de los pisos turísticos en el mismo periodo.

Construcción de viviendas en barrio Teatinos de Málaga (Patricia Simón)

Miguel es un músico de 34 años que también da clases de música. Hace dos años alquiló una habitación en un piso compartido en Madrid con otras tres personas por 290 euros mensuales. “Estaba relativamente bien de precio porque estaba hecho una mierda y mis compañeros lo arreglaron. La administradora tenía casi todas las casas del edificio, quince, y el resto de los inquilinos se fueron marchando porque no soportaban la convivencia con los pisos turísticos”. En febrero, les comunicaron que subían el alquiler a 1.700 euros, 900 más que cuando sus amigos lo alquilaron seis años atrás. Una sutil forma de no renovar el contrato. Dos de sus compañeros tuvieron que volver a casa de sus padres, otro encontró una habitación por 300 euros y a Miguel le alquiló una habitación a precio de amigo uno que se acababa de comprar una casa.

“El problema no es que vivir en La Latina esté imposible, sino que cuando nos pusimos a buscar en Carabanchel, Vallecas, Numancia, no había una habitación por menos de 350 euros”. Es el efecto piedra en el estanque de los pisos turísticos: las personas expulsadas del centro de las ciudades van moviéndose a la periferia hasta recalar en las poblaciones vecinas, que se encarecen a su vez, expulsando a sus inquilinos más pobres.

En el caso de Miguel, mudarse a la periferia supone también perder buena parte de sus ingresos: su alumnado y su relación con los locales en los que suele tocar. “Es inevitable compararse con amigos a los que sus padres les han podido ayudar a comprarse un piso, o a los que les ha ido mejor. Tienes cierta sensación de fracaso, culpabilidad por no haber cumplido con las expectativas familiares, una generación que tuvo que trabajar mucho pero que lo tuvo más fácil profesionalmente”. Miguel resume así un sentimiento generalizado entre las personas entrevistadas. Saber que no es tu culpa no te libra de sentirla.

Lo sabe bien Elena López, psicóloga y psicoterapeuta familiar. Aunque puntualiza que el impacto en términos de salud de la falta de vivienda depende de más factores –como las características personales, el apoyo social y familiar o la presencia de otras problemáticas–, sostiene que “depender económicamente o convivir con la familia de origen no solo genera emociones de frustración y desánimo, sino que impide regular, en muchas ocasiones, los límites y normas que deseas establecer en tu propio proyecto personal y familiar.

A menudo todo ello desemboca en conflictos, preocupaciones, tristeza, pérdida de sueño, indefensión… «No solo en la persona adulta que busca emanciparse, sino en la familia que ve imposibilitado este deseo en sus hijos e hijas. Todo ello, en última instancia, podría desembocar en trastornos de ansiedad o del estado de ánimo, como depresión”, añade. De hecho, una de las razones por las que muchas de las personas entrevistadas tardaron mucho tiempo en pedir ayudas a sus familias fue para evitar preocuparles.

Balcones en el barrio Maravillas, conocido como Malasaña, epicentro de la burbuja del alquiler madrileño (Álvaro Minguito)

Un sobreendeudamiento que enferma

Eduardo Gutiérrez es trabajador social y subdirector de Provivienda, una asociación dedicaba a acompañar a las personas en situaciones complejas en la búsqueda de casa. En los últimos años, cada vez son más las que llegan a sus oficinas teniendo un trabajo, pero desbordadas por subidas del alquiler de una media de 200 euros, pero también de hasta 400 y 500 euros. “Su primera reacción es buscar otro piso, pero cuando descubren que el encarecimiento es generalizado, terminan aceptando muchas veces las nuevas condiciones. Un sobreendeudamiento que les fuerza a destinar el 35% o 40% de sus ingresos a la vivienda, lo que puede desembocar en una incorrecta alimentación, la imposibilidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada o de hacer frente a un imprevisto, por ejemplo”. España es el tercer país de la Unión Europea que destina un mayor porcentaje de su renta neta al alquiler, un 40%.

Estas precarización generalizada, que empieza en lo laboral y termina empapando todas las facetas de la vida, en experiencia de Gutiérrez, y como recoge su entidad en el informe Cuando la casa nos enferma (2018), les provoca una degradación de la imagen que tienen de sí mismos: “Cuando tienen que volver a casas de sus padres o pedirles sus nóminas o que les avalen, sienten que no tienen control sobre sus vidas. Es una sensación de adolescencia perpetua”.

Esa es exactamente la expresión que emplea Laura para describir su situación actual: “Con la llegada del verano, dejan de alquilar muchos pisos en Málaga para destinarlos a los turistas. Lo mejor que encontré fue un piso de 37 metros cuadrados por 550 euros, así que metí mis cosas en un trastero y me volví con mis padres. Es como si volviese a la adolescencia. Como para pensar en tener hijos. A nivel emocional, todo esto afecta muchísimo”.

María es administrativa, tiene 34 años y en los últimos tiempos ha vivido en varios países. En noviembre de 2018 volvió a su pueblo, Chiclana (Cádiz). Alquiló un piso junto a una amiga hasta mayo, cuando sería destinado al turismo. En la actualidad, tiene un contrato temporal a través de una ETT, por lo que pagar 450 euros más gastos por una casa le resulta impensable. Eso en una ciudad con un 25% de paro, pero que igualmente se ha visto arrastrada por el disparatado encarecimiento de la vivienda en su capital. Así que ahora vive con su padre y su hermana. “Por una parte, tengo suerte de tener a donde volver pero, por otra, parece que se me ha olvidado todo lo que he aprendido durante la última década: vuelves a ser la hija de, la hermana de… Pierdes tu identidad adulta. Te adaptas a normas ajenas porque ya no es tu casa, olvidas quién eres y eso afecta a tu autoestima”, resume.

De su círculo de amigas, solo tres son totalmente independientes. “Se ha normalizado que con más de 30 años vivamos con nuestros padres, cuando no lo es, pero la estructura social no nos permite avanzar”.

Gutiérrez explica que este retroceso en el ciclo vital tiene un impacto negativo para nuestra sociedad en términos de tasas de natalidad, de sostenibilidad de las pensiones… Y que es resultado también del recorte en políticas habitacionales: un 75% en los últimos ocho años, lo que ha llevado a España a tener el parque de vivienda pública más bajo de la UE, solo por detrás de Grecia. Frente al 48% en régimen de alquiler en Alemania o del 35% en Francia y Reino Unido, en España solo hay un 22%.

A su vez, la fórmula del arrendamiento entre las personas de entre los 30 y los 44 años ha subido diez puntos entre 2010 y 2018, cuando rozó el 30%, según datos del Banco de España. Un aumento generalizado en toda la población: del 8,8% en 2007 al 13,1% en 2018. Pero mientras el precio de los alquileres se duplicaba en el último lustro, el de las viviendas en venta solo lo ha hecho un 6,8%. Así, de nuevo, “los que estamos pagando más por el alquiler de un estudio que amigos por la hipoteca de una casa, nos sentimos idiotas, que fue lo que le pasó a la generación anterior a la nuestra. La diferencia es que nosotros tenemos muy reciente el drama de los desahucios”, sostiene Daniel, un periodista que desde hace un par de años vive pendiente de la construcción de un ascensor en su edificio del barrio madrileño de Malasaña.

De iniciarse finalmente la obra, su casero –”que no es una mala persona, pero lógicamente quiere sacarle el mayor rendimiento a su vivienda”, subraya– le subirá el alquiler a 800 euros, 130 más de lo que paga ahora por su apartamento de 60 metros. “Y aun así, estaría por debajo del precio de mercado”, admite. Daniel casi duplica la media de ingresos anuales más habitual: gana unos 25.000 euros al año por contratos de obras y servicios y, aún así, como la mayoría de sus conocidos, cree que tendrá que mudarse. “¿Pero adónde, si hasta las poblaciones cercanas están igualmente caras? Pero meterme en una hipoteca supondría pensar que me va a ir laboralmente igual de bien en los próximos veinte años. Sería irresponsable”, añade. La solución, en su opinión, es recuperar los contratos de alquiler de diez años y regular los precios, como se hace en ciudades como Berlín o Nueva York, “algo que aquí suena a bolivariano. ¿Por qué es tan sacrosanto esto del libre precio del mercado?”, pregunta.

Una bomba de relojería

Sara Pérez es licenciada en Bellas Artes, tiene 23 años y desde que llegó a Barcelona hace cuatro ha tenido que cambiar de piso seis veces. En el primero, el casero subió el alquiler en 400 euros, la misma cantidad que terminó pagando por una habitación en el siguiente por la desesperación de encontrar un espacio en en el que sentirse cómoda. Tras un periplo por viviendas que siempre terminaban encareciéndose, por fin ha encontrado uno a un precio “razonable, compartido con tres personas: 1.100 euros, sin amueblar, con cañerías averiadas y en un estado bastante chapucero. Pero es el mejor en el que he estado con diferencia”, sostiene. “Y no sabes las condiciones que te piden, como que tengas unos ingresos del triple de lo que te piden por el alquiler: ¿quién tiene un salario de 3.500 euros?”.

“El bloqueo al acceso a la vivienda es uno de los síntomas más inequívocos de la ruptura del pacto social”, sostiene Diego Garrocho, profesor de Ética y Filosofía Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Y sus consecuencias, advierte, son impredecibles: “Una sociedad desesperanzada es insostenible: si nuestros jóvenes sienten desafección y desconfianza por el pacto social muy probablemente se sientan urgidos a depositar sus esperanzas y su fe en otras estrategias, en otros símbolos y en otros relatos en los que algunas conquistas como la democracia, los Derechos Humanos o ciertas conquistas del Estado de Bienestar puedan verse cuestionadas. No sólo por justicia sino por estricta estrategia social, la emergencia habitacional es una bomba de relojería”.

Miguel, el músico madrileño, no sabe aún dónde terminará viviendo. “Siento que no tengo un lugar. Cambiar de vivienda cada dos años, no tener un trabajo estable, no tener nada, ha destruido mi arraigo. Mis padres tienen unos 70 años, si les pasa algo perderé ese colchón. Los países del sur de Europa no han reventado porque están las familias asumiendo todos los marrones. Y luego está el miedo a acabar en la calle: cuando veo a un tío en esa situación y me inquieta la idea de que puede pasarme a mí. Cada vez más”.

Mientras decide dónde volver, Miguel está viajando en bicicleta por Italia tocando en la calle. “Mis cosas las he dejado en casas de mis padres y de una amiga. No tengo mucho”.

