Juan José, de un año y seis meses de edad, tiene una pluma entre las manos, le quita el tapón para llevárselo a la boca mientras su madre lo sostiene en los brazos. Ella, Rocío Gil, se hace cargo de un local de dulces al mayoreo, y durante ocho horas al día acomoda la mercancía y atiende a los clientes con su hijo en el costado. Cada vez que intenta soltarlo, el pequeño llora y grita.

Su primera hija, que ahora tiene 5 años y cursa el preescolar, no creció en el local porque desde el primer año la inscribió en la única estancia que había en Ahuacatlán, en la sierra de Puebla, donde viven. Era parte del programa de Estancias infantiles para madres trabajadoras sin seguridad social que operaba la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) desde 2007.

El gobierno sostenía su funcionamiento entregando 950 pesos mensuales por cada niño inscrito de 1 año y hasta antes de cumplir 4 años y, según establecían las reglas de operación, las tutoras debían dar una cuota de corresponsabilidad acorde a su nivel de ingresos.

En este municipio en la sierra norte de Puebla, 8 de cada 10 personas vive en pobreza moderada o extrema, según las mediciones de ingreso. Por eso, aquí las mamás sólo podían dar 10 pesos diarios, o sea, Rocío entregaba 200 pesos al mes de los 2 mil 400 pesos que gana.

Pero el 15 de febrero, justo cuando el pequeño Juan José ya tenía un año de edad para poder entrar a la estancia, a 300 kilómetros de su pueblo en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina que su gobierno detectó actos de corrupción en las estancias infantiles.

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“Hubo muchas irregularidades. De cada tres estancias infantiles hay dos irregulares, (por ejemplo) falta de permisos para funcionar. Tenemos un millón 500 mil casos de pruebas documentadas, en su momento les vamos a presentar y se le va a entregar a la Fiscalía General los padrones de cómo se destinaban recursos para la gente y no llegaba el dinero”, expuso el Presidente.

A partir de entonces, el gobierno dejo de entregar dinero a las estancias infantiles y, en cambio, los padres de familia recibirían directamente mil 600 pesos bimestrales para el cuidado de los niños y con eso los tutores decidirían llevar a sus hijos a estancias o quedarse el dinero, y que alguien más los cuidara.

El 3 de abril, en otra conferencia de prensa, la subsecretaria de Bienestar, antes Sedesol, Ariadna Montiel, dijo que en la revisión que hicieron “no localizamos” a 97 mil niños porque los domicilios son inexistentes o las personas no son localizadas en el domicilio que está registrado.

Por eso, en el nuevo padrón sólo incorporaron a 203 mil mamás y 213 mil niños. Las tutoras, incluso, “todos aceptaron por escrito, con su firma, que el modelo que se les está planteando del programa es correcto y lo aceptan”, aseguró Montiel.

Sin embargo, nunca se entregó un informe detallado sobre las supuestas irregularidades, ni siquiera ubicación geográfica de los domicilios registrados e ilocalizables. Y tampoco existe un padrón público de las beneficiarias.

La titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores prometió que no dejarían sin apoyo “a ningún niño que lo necesite y que esté dentro de la validación”. Aunque aclaró que el funcionamiento o cierre de las estancias “no nos implica a nosotros. Lo que nosotros haremos es que le llegue el recurso a la madre o al padre para que esa niña y ese niño tengan los cuidados”.

Rocío no supo en ese momento que esa decisión de gobierno le impactaría directamente. Lo comprobó dos meses después, cuando no pudo inscribir a su hijo porque la única estancia de su pueblo cerró y en los nueve meses siguientes, el apoyo prometido nunca llegó.

Para esta investigación, Animal Político realizó primero entrevistas telefónicas con encargadas de 10 estancias infantiles en la Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, y Puebla, registradas en el padrón público que la Sedesol mantuvo hasta 2017.

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En todos los casos las respuestas coincidieron en que debido al cambio de dinámica las madres dejaron de llevar a sus hijos a las estancias y el número de niños atendidos disminuyó hasta 80%, y también que el apoyo no llegaba a todos pese a haber sido censados.

Se seleccionó visitar Ahuacatlán porque era la única estancia registrada en ese municipio indígena y que, además, está incluido como prioritario en las reglas de operación de la actual administración.

Sin estancia y sin ayuda

En 2007, María de Jesús Díaz Vázquez, quien entonces tenía 28 años, pensó que podría crearse una fuente de empleo y al mismo tiempo cuidar a su propio hijo haciéndose cargo de una estancia de la Sedesol en su comunidad, Ahuacatlán, un municipio de 14 mil habitantes donde 715 hogares son encabezados por una mujer.

El municipio prestó un inmueble al lado del preescolar del pueblo y la Sedesol le entregó 35 mil pesos para adecuar el espacio de acuerdo a las necesidades de atención. En los siguientes cuatro meses utilizó el dinero del gobierno para comprar y habilitarlo, entregó los comprobantes y la dependencia le dio un documento de “liberación” acreditando con facturas el destino de los recursos.

El 28 de abril de 2008 inició operaciones con tres aulas, para lactantes, maternales y preescolares. A partir de entonces firmó un convenio de colaboración con la dependencia para poder operarla cada año.

Ella y las seis personas más que trabajaban ahí recibieron capacitaciones de Sedesol y el DIF para estimulación, educación y tipo de alimentación que cada niño debía recibir de acuerdo a su edad. También recibieron cursos por parte de Cruz Roja sobre primeros auxilios.

Además la Secretaría pagaba la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros, y para los gastos relacionados con la elaboración de un Programa Interno de Protección Civil Protección Civil. Las instalaciones debían cumplir con las normas de seguridad. Recibían supervisiones del DIF y Protección Civil sin previo aviso y en caso de incumplir con alguna obligación de operación, podrían ser suspendidas.

Pero ese no fue el caso de la estancia infantil “Ahuacatlán”, pues operó ininterrumpidamente durante 12 años. Por eso, Chuy, como le llaman de cariño, quien antes había estudiado la licenciatura en preescolar, se ganó la confianza del pueblo por cuidar a decenas de niños todo ese tiempo.

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“No sólo era llevar a los niños a una guardería, sino que las mamás sabían que les enseñábamos hábitos, hacíamos ejercicios de estimulación para control de esfínteres, para caminar, de aprendizaje. Sabían que no se tenían que preocupar porque sus hijos estaban bien cuidados y ellas podían trabajar”, narró Chuy.

El programa nació en el sexenio del panista Felipe Calderón, de hecho fue una promesa de campaña y aunque en 2012 el PRI regresó al poder con Enrique Peña Nieto, las estancias se mantuvieron porque, según las evaluaciones, funcionaban. Sumaron 9 mil 125 estancias en todo el país hasta 2017.

De acuerdo al monitoreo del programa en 2017-2018 realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 93.9% de las personas beneficiarias consideraron que el programa “contribuyó a mejorar su calidad de vida y la de sus hijos, ya que les brindó la posibilidad de contar con empleo, salud mental, salud física e ingresos monetarios”.

Mientras que 96.5% consideró que la atención y cuidado de sus hijos tuvo un impacto positivo en el desarrollo del lenguaje, en el 96% de los casos desarrollaron habilidades sociales y un 97.5% observaron una mejora en el desarrollo motriz de sus hijos.

Sin embargo, tras la acusación de corrupción, el mecanismo de entrega de recursos cambió. Las estancias dejaron de recibir dinero y sólo se daría a las madres que fuesen registradas en el censo que han estado realizando los llamados “servidores de la nación”, a cargo del Coordinador General de Programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández, y que le reporta directamente al Presidente.

En el caso de Ahuacatlán, Seferina Sosa Pérez, de 59 años y abuela de dos pequeños, dijo en el cuestionario del censo que su nieto Dylan, de dos años, asistía a la guardería del pueblo. “Llevaba a uno a la estancia y al otro al preescolar, que está ahí a lado”, luego regresaba a atender la tienda de abarrotes que tiene en su casa, preparar de comer y limpiar.

La mamá de los pequeños es licenciada en informática y trabaja en el banco del municipio, es madre soltera y debe cumplir con jornadas completas para poder mantener a sus hijos. Sale temprano de su casa y regresa a las 8 de la noche, por eso la abuela se hace cargo de todo.

Los servidores de la nación le dijeron a Seferina que “el apoyo era para los abuelos que cuidaban a los niños. Si nosotros queríamos dar ese dinero a la guardería para que los siguieran cuidando ya era cosa de nosotros. Pero yo sí lo iba a dar, porque Chuy cuida bien a los niños y me ayudaba”.

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Pero “nunca llegó el apoyo, yo le preguntaba a Chuy, ‘¿oye y el apoyo que dijeron que iba a mandar?’ pues nunca llegó.

Rocío Gil, igual que Jazmín Muñoz, también madre soltera que trabaja atendiendo un hotel, fueron censadas porque sus hijos apenas entrarían a la estancia. “Me dijeron que había el programa de apoyo a mamás solteras. Medio pasaron así una visita ‘¿es usted fulana de tal?, va a pasar un compañero’ y de ahí nadie regresó y pues hasta la fecha no hay apoyo”, dijo Jazmín.

Ahuacatlán se quedó sin nada: la estancia dejó de recibir recursos públicos y las mamás, aunque fueron censadas, tampoco tuvieron los mil 600 pesos mensuales prometidos.

Chuy, la directora de la estancia, pensó que el dinero llegaría, por eso durante marzo y abril hizo el esfuerzo de mantenerla. Pidió que, además de la cuota de corresponsabilidad, las madres llevaran también despensa. Sin embargo, se necesitaba dinero para pagar el salario de las seis personas que trabajaban ahí, más los servicios del inmueble como agua y luz.

Esto significaba que las madres tenían que pasar de 200 pesos mensuales a pagar la totalidad del servicio: mil 150 pesos. Esto sería, por ejemplo, 47% del sueldo de Rocío. Era un gasto impagable para ella y las otras 30 mamás.

Chuy tuvo que cerrar la estancia. Se quedó sin empleo, igual que la cocinera y las otras cinco maestras, y las madres trabajadoras domésticas, comerciantes y empleadas con salarios bajos, que utilizaban ese servicio se quedaron sin ayuda. Ahora, contó Rocío, “sí estamos viendo un poquito complicado ahorita con mi niño que lo traigo a trabajar”.

Jazmín, a cargo de un hotel, debe atender a los huéspedes y limpiar las habitaciones. “A veces es un poco complicado el subir y bajar con el bebé, pero cuando se duerme pues me apuro”.

Seferina reconoció que se cansa más ahora porque “aquí cuido la tienda, luego tengo que atender mi casa y cuidar a los niños. A veces al grandecito le digo quédate en la tienda en lo que yo hago esto”.

Paradójicamente, en las nuevas reglas de operación, Ahuacatlán está considerada como una zona de “alta marginación” y, por tanto, es uno de los lugares prioritarios para que el programa llegue.

Cuando Chuy escuchó al presidente acusar corrupción en las estancias le dio “muchísimo coraje. Porque en mi caso, tantos años que trabajé, aquí no tenía niños fantasma, yo estaba dedicada a mi trabajo con todo mi esfuerzo. Si este Presidente hubiera visto cómo trabajábamos, hubiera investigado, hubiera llegado a estos lugares donde estaban las estancias y sí dábamos el servicio. A la mejor sí lo hicieron por algún lado pero pues a nosotros no. Por unos pagamos todos. Pagamos justos por pecadores”.