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Cinco años después de la intervención de Bankia, el Congreso de los Diputados se siente al fin interpelado por una operación que ha costado al tesoro público más de 22.000 millones de euros y se dispone a crear una comisión de investigación. Es uno de los efectos higiénicos de la ruptura del bipartidismo. Rajoy ya no tiene votos suficientes para vetarla ni así contara con el apoyo del PSOE, que se ha sumado a la iniciativa arrastrando los pies por las muchas vergüenzas que tiene que tapar debido a sus complicidades en la crisis bancaria.

Bankia es solo una parte (la más suculenta) de este desastre financiero al que contribuyeron políticos de los dos partidos mayoritarios

Este tipo de comisiones ha sido casi siempre un fracaso en España, porque la mayoría de turno ha solido utilizarlas para entorpecer cualquier indagación franca y blindarse frente a eventuales responsabilidades. Así ha sido desde la ya olvidada comisión Flick, en la que a mediados de los 80 un Felipe González en lo más alto de su gloria se desembarazó sin rubor (“Ni Flick ni Flock”) de la acusación de haber recibido financiación ilegal de los socialdemócratas alemanes. El precedente más inmediato data de 2004 y versó sobre los atentados del 11-M, que pese a proclamar de forma inequívoca la autoría del terrorismo islámico no impidió al PP blandir durante años –con Aznar a la cabeza— el fantasma de ETA, que los más recalcitrantes aún sacan de paseo ocasionalmente.

Por desalentadores que sean la mayoría de los precedentes, esta comisión sobre Bankia corrige la anomalía democrática de que nuestros diputados no hayan dedicado nunca un pleno monográfico a abordar una crisis bancaria que, según el Tribunal de Cuentas, ha tenido ya un coste no recuperable de 62.000 millones para el tesoro público. La Constitución establece en su artículo 76 que el Congreso podrá crear comisiones de investigación “sobre cualquier asunto de interés público”. Nadie en su sano juicio podrá rebatir que sea de gran interés público la bancarrota de nuestro sistema de cajas, cuyo salvamento exigió un rescate europeo cuyas condiciones aún estamos pagando en forma de recortes presupuestarios.

Bankia es solo una parte (la más suculenta) de este desastre financiero al que contribuyeron políticos de los dos partidos mayoritarios: singularmente Rodrigo Rato, pero también el exvicepresidente socialista Narcís Serra en Caixa Catalunya. Solo la complicidad y el encubrimiento mutuo pueden explicar que la mayor crisis bancaria de nuestro país no haya merecido una investigación en profundidad del Congreso hasta que una sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha decidido que se llame a declarar en calidad de investigados (antes imputados) al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y al expresidente de la Comisión del Mercado de Valores Julio Segura, junto a seis altos funcionarios de ambos organismos.

La caja madrileña salió a bolsa en 2011 y declaró unos beneficios de 309 millones de euros cuando en realidad tenía un agujero cercano a los 3.000 millones de euros. Los pequeños compradores de acciones se fiaron de esta información falsa respaldada oficialmente por el Banco de España y autorizada por la CNMV. Estos compradores vieron como el valor de sus acciones se desplomaba una vez los mercados repararon en el valor real del Banco, y en consecuencia las pérdidas de los accionistas fueron ingentes.

Aunque tarde, los jueces (europeos o nacionales) han hecho una impagable contribución a la democracia despojando de algunos blindajes políticos a los causantes de nuestra mayor crisis bancaria

A la luz de los correos electrónicos emitidos en 2011 por el jefe del equipo que inspeccionaba a Bankia en su propia sede (“es una máquina de perder dinero”, “el grupo no es viable”, “acabará en pocos meses en la nacionalización”), resulta del todo imprescindible que, al margen de sus eventuales responsabilidades penales, los máximos ejecutivos del Banco de España y la Comisión del Mercado de Valores expliquen en sede parlamentaria por qué autorizaron una salida a Bolsa que sus expertos vaticinaban ruinosa y que produjo enormes daños a miles de pequeños ahorradores, que recién empiezan a recuperar sus pérdidas gracias a las resoluciones dictadas por tribunales de la UE.

Aunque tarde, los jueces (europeos o nacionales) han hecho una impagable contribución a la democracia despojando de algunos blindajes políticos a los causantes de nuestra mayor crisis bancaria. Ahora corresponde a los diputados profundizar en sus causas y alcanzar conclusiones que no alimenten nuevas frustraciones, por mucho que el portavoz del PP, Rafael Hernando, augure lo peor con su despectiva frase del “fervorín investigador”.