En estos momentos permeados por la aguda crisis sanitaria y económica por la que atraviesan nuestro país y el mundo entero, considero que es necesario, más que nunca, sumar, abonar, contribuir, actuar con sabiduría y, sobre todo, no confrontarnos. El papel de la sociedad es el de aportar ideas y acciones concretas para ayudar al gobierno y quienes lo lideran, pero sobre todo, a nuestros conciudadanos en desgracia, ya sea porque se han enfermado de Covid-19 o porque están sufriendo los terribles efectos económicos de la pandemia que azota a la humanidad en su conjunto.

Dado que los científicos y tecnólogos somos parte integral de esta sociedad, tenemos el deber cívico de aportar lo mejor de nosotros: nuestro conocimiento, nuestra capacidad de análisis profundo, nuestra habilidad para inferir, conceptualizar, modelar y proponer alternativas y soluciones basadas en el conocimiento científico y tecnológico. El papel de nuestros líderes, funcionarios y políticos en general es el de aportar un liderazgo distinguido y una visión de Estado que motive, incentive, guíe, convoque y marque el rumbo por el que todas y todos debemos transitar por el bien del país en beneficio de la colectividad. Es dentro de este marco que me atrevo a analizar algunas de las consecuencias para el sector científico y tecnológico —y para nuestra nación— de la radical decisión de la Administración Pública Federal de extinguir la mayoría de los fideicomisos esparcidos en incontables instituciones académicas y de otra índole, precedidos cada uno de sus propias historias, reglas de operación, y objetivos. Lo hago con el único fin de abonar al tipo de reflexiones oxigenadas y lúcidas que nos urgen en medio de una crisis que no tiene parangón en nuestra historia.

Abordaré dos temas fundamentales. En primer lugar: el quehacer científico no es compatible con esquemas burocráticos rígidos normados por ejercicios de gasto público (y privado) apegados de manera inflexible a reglas y calendarios de gasto acotados en tiempo (un año calendario o año fiscal). Y, en segundo lugar: no todos los fideicomisos, al menos la gran mayoría de aquellos vinculados al sector científico y tecnológico, particularmente algunos de los Centros Públicos de Investigación (CPIs) sectorizados en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), han sido manejados con opacidad y han promovido la corrupción, sino todo lo contrario.

Ilustración: Víctor Solís

1. Multianualidad y flexibilidad de los esquemas de financiamiento al quehacer científico y tecnológico

Prácticamente ningún proyecto científico o tecnológico —particularmente los de gran calado y frontera— puede ser conceptualizado, ejecutado y reportado (tanto técnica como financieramente) en un año calendario o fiscal. Por ello fue que hace algunos años, bajo el liderazgo visionario del economista Carlos Bazdresch Parada, director general del Conacyt entre 1995 y 2000, se promovió la creación de un fideicomiso para poder operar con eficiencia un préstamo del Banco Mundial, cuyo objetivo era fortalecer la infraestructura científica y tecnológica de México.

Posteriormente, y con el mismo criterio de la multianualidad en el ejercicio de los recursos y ejecución de programas, se crearon en el Conacyt diversos fondos, cada uno con objetivos y misiones perfectamente definidas, con el fin último de garantizar la posibilidad de ejercer al menos durante tres años los presupuestos asignados a proyectos aprobados después de estrictos y escrupulosos procesos de revisión por pares, minuciosas revisiones por expertos en el mismo Conacyt de la viabilidad financiera y la solidez del planteamiento presupuestal, y de estrictas auditorias por parte del titular del Órgano Interno de Control de la institución y de auditores externos.

Fue así como se crearon, por ejemplo: el Fondo Institucional (Foins); los Fondos Sectoriales SEP-Conacyt; el de Investigación y Desarrollo Inmujeres-Conacyt; el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt); diversos Fondos Mixtos (Fomix) con los gobiernos de los estados de la república, y varios otros. Aunados a estos, prácticamente todos los Centros Públicos de Investigación (CPIs) —sectorizados en el Conacyt— crearon, por mandato y al amparo de la Ley de Ciencia y Tecnología vigente en el país, sus fideicomisos. Algunos ejemplos, entre muchos otros, son: el Fondo de Investigación Científica y Tecnológica del Instituto de Ecología, A.C. (Inecol); Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto del Colegio de San Luis, A.C.; Fideicomiso de Ciencia y Tecnología del Colegio de Michoacán, A.C.; o Fideicomiso Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (Cimav). Y algunos ejemplos de fideicomisos en otras instituciones de enseñanza superior o investigación son: el Fondo para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IPN; Fondo para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Cinvestav; Fideicomiso de Apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Colegio de Postgraduados; uno parecido en el caso del Inifap, y otros en la UNAM llamados Fideicomiso SEP-UNAM y Programa de Becas SEP-UNAM Fundación UNAM.

Todos estos instrumentos han facilitado enormemente, desde su creación, el financiamiento de proyectos de investigación multianuales y de largo aliento, permitiendo a grupos de investigación abordar retos complejos que sería imposible resolver en un año calendario o fiscal. Los esquemas de ejercicio fiscal, típicos de los programas de gobierno, aprobados por la cámara de Diputados vía el respectivo Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), supervisados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y ejecutados por las instancias o instituciones especificadas en el mismo PEF, tienen, en el mejor de los casos, temporalidades de un año, pero en la realidad, por los tiempos de la Administración Pública Federal, pueden ser de entre cuatro y ocho meses.

Es decir, se asigna el presupuesto en el Congreso; la SHCP lo distribuye de acuerdo con un calendario, y las instancias ejecutoras lo ejercen. Estas instancias tienen la obligación de apegarse a un programa de gasto (que puede ser excepcionalmente modificado mediante complejos trámites) y de reembolsarle a la Tesorería de la Federación (Tesofe) los remanentes no gastados a final del año calendario o fiscal, con el agravante de que muchas veces se emiten circulares por parte de la SHCP restringiendo el gasto mucho antes del último día del año. Bajo este esquema rígido, prácticamente inflexible y de temporalidad muy corta, es imposible ejecutar investigaciones de gran alcance que, por ejemplo, implican la contratación de personal técnico altamente calificado con contratos multianuales para asegurar su permanencia durante la vigencia del proyecto y la compra de equipo e insumos, entre otros aspectos. Además hay que sortear muchos otros obstáculos burocráticos, como es el caso de los estudios de mercado; obtención de al menos tres cotizaciones; autorización por los comités institucionales de compras; o trámites y pagos de servicios de importación.

Los fideicomisos, como veremos en el siguiente apartado, no fueron creados malévolamente con la intención de “darle la vuelta o torcer la ley”, para “hacer transas”, o para opacar los procesos. Al menos en el sector científico y tecnológico fueron creados para facilitar la labor sustantiva de los centros de investigación, y para poder, por citar algunos casos: garantizar pólizas de mantenimiento multianuales de sofisticados equipos analíticos; financiar proyectos de investigación multianuales; lanzar convocatorias para contratar posdoctorantes y demás personal técnico altamente especializado (garantizando al menos dos años de contrato); llevar a cabo obras de infraestructura que requieren de certeza financiera y jurídica, además de presupuestos multianuales para no detener obras en plena marcha creando “elefantes blancos”. También, en casos excepcionales, para adquirir vehículos necesarios para poder llevar a cabo investigación en lugares remotos y de resguardar recursos remanentes cuando las agencias donantes así lo permiten. Por último, en muchos casos, los fideicomisos protegen los recursos de devaluaciones al depositarse en dólares.

Es muy importante mencionar que, tanto en el Conacyt como en los CPIs que coordina, muchos fondos han generado cuantiosos recursos mediante los intereses que pagan los bancos que fungen como fiduciarios. Es decir: en la mayoría de los casos se trata de situaciones “ganar-ganar”, altamente benéficas para el país y la sociedad en su conjunto.

El Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril del año en curso cancela de tajo todo esto y congela proyectos de investigación y desarrollos tecnológicos en marcha soportados por recursos ya comprometidos en los fideicomisos. Lamentablemente también pone en riesgo la viabilidad de grupos enteros de investigación altamente productivos creados desde hace muchos años que dependen prácticamente al 100 % de los recursos administrados en los mismos. Además, expone a los Centros de Investigación a demandas legales por parte de los donantes en caso de que los recursos donados por asociaciones de productores agrícolas o empresas privadas sean transferidos a la TESOF, ya que antes de donar los mismos se firmaron estrictos convenios y acuerdos sobre cómo y quiénes podrían utilizar los recursos resguardados en los fideicomisos. Para dotar de realismo esta reflexión, compartiré un ejemplo, representado por parte de un oficio emitido el lunes seis de mayo, dirigido a una cercana colaboradora:

“Derivado del Decreto Publicado en el DOF de fecha dos de abril del año en curso, mediante el cual el Ejecutivo Federal ordena la extinción de los fideicomisos Públicos sin estructura orgánica, y que en su artículo 4o a la letra dice:

ARTÍCULO 4.- Los ejecutores de gasto deberán abstenerse de ejercer o comprometer recursos públicos federales con cargo a los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos y análogos de carácter federal, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

El INECOL ha enviado una justificación a la SHCP para el manejo de los recursos del Fideicomiso en la cual el mantenimiento de los climas está considerado como un recurso comprometido, sin embargo, en tanto no se tenga respuesta positiva de dicha Secretaría el contrato [de mantenimiento de los equipos de control de temperatura en los laboratorios y planta piloto de cría de insectos benéficos]1 con la empresa XXX quedará pendiente hasta nuevo aviso”.

Con esto queda muy claro el terrible impacto inmediato que este Decreto ya está teniendo y tendrá en la vida y operación de los institutos/centros de investigación, aclarándose que el fideicomiso del INECOL y muchos otros, sí cuentan con “estructura orgánica” como veremos en el siguiente inciso.

No sólo se está destruyendo de manera abrupta y arbitraria un mecanismo transparente de financiamiento multianual, sino que deja a los institutos/centros en el desamparo; para muchas de estas instituciones van dos años consecutivos que el PEF no les ha asignado recurso alguno para el mantenimiento de instalaciones y equipos de investigación. Además, los recursos que para dicho fin se dispersaban en el pasado mediante convocatorias dentro del Conacyt, se han agotado y, aparentemente, no se han gestionado recursos adicionales en la nueva administración.

Muchos CPIs habían sorteado esta crisis recurriendo a los recursos legal y transparentemente depositados y honestamente manejados en sus fideicomisos. Salvo que el Conacyt defienda, de manera asertiva y efectiva, a los fideicomisos de los CPIs-Conacyt ante la SHCP antes del término fatal que el Decreto establece, y que la propia SHCP —única instancia facultada para resolver excepciones— emita un juicio favorable en un plazo no mayor a 10 días hábiles después de haber recibido una solicitud de excepción por algún CPI (el 16 de abril), esa puerta se habrá cerrado.

2. Honestidad, honorabilidad y transparencia en el manejo de muchos de los fideicomisos de los CPIs

Nadie en su sano juicio podría argumentar que en el pasado no hubo actos de corrupción, opacidad y abuso en el manejo de los recursos públicos. Los hubo y hay un consenso en el sentido de que las y los culpables deben ser castigados sin excepción. Sin embargo, es importante que la sociedad se entere cómo operan los fideicomisos en los CPIs.

De entrada, hubo un acuerdo que en su momento aprobó la creación del respectivo fideicomiso por parte del Órgano de Gobierno o Consejo Directivo, presidido por el Conacyty con integrantes de diversas instituciones públicas, secretarias de Estado, sector privado y, de manera relevante para este argumento, de un representante de la SHCP y de la Secretaría de la Función Pública; además del titular del Órgano Interno de Control (OIC) que opera dentro del CPI bajo la supervisión de la SFP, y no del titular del Centro (lo que evita un serio conflicto de interés).

Aunado a lo anterior, cada fideicomiso está estrictamente regulado y opera bajo rigurosas reglas y la supervisión de un “Comité Técnico” integrado por el director o directora del Centro; su oficial mayor; al menos dos (generalmente tres) investigadores elegidos vía voto secreto por los integrantes de la comunidad del centro (y no por su titular); un integrante externo, totalmente ajeno a la institución; y, de manera importante por el titular del Órgano Interno de Control, sin cuya presencia el Comité Técnico no puede sesionar.

Cada solicitud de uso de recursos del fideicomiso debe ser —sin excepción— aprobada por los integrantes del Comité Técnico, que previo a la sesión deben haber recibido una “orden del día” describiendo los acuerdos solicitados y su detallada justificación. Una vez finalizada la sesión, debe elaborarse un acta detallada, con los acuerdos y su justificación, misma que se protocoliza y firma. Sin esta acta, el fiduciario (banco) no puede autorizar ningún movimiento de recursos. Además, los fideicomisos son auditados por un despacho externo nombrado por la SFP, y también por los integrantes del Órgano de Gobierno/Consejo Directivo, mismos que deben autorizar el informe que el director del CPI presenta al menos una vez por año, muchas veces dos.

Con base en lo anterior, es prácticamente imposible que haya existido corrupción, opacidad, manejos cuestionables o ilegales en el caso de los fideicomisos de los CPIs; tendría que haber habido demasiadas personas de diferentes instancias involucradas dolosamente en los supuestos actos ilícitos. Repito, es muy posible que haya habido excepciones donde se obró indebidamente —y si ese fuese el caso— habría que castigar a los culpables. Pero considero que meter a todos los fideicomisos en un mismo costal, bajo la sombra de corrupción, no abona a los acuerdos de concordia y unidad que tanta falta le hacen al país en estos momentos de crisis.

Finalmente, hago votos para que la SHCP y la SFP analicen a fondo las solicitudes de excepción que recibirán o ya han recibido, y que, en el caso de los CPIs, se otorguen sin dilación. En un momento de crisis como la que estamos viviendo, no podemos seguir debilitando aún más al ya de por sí vilipendiado y asfixiado sector científico y tecnológico del país. México necesita de un aparato científico y tecnológico fortalecido, vibrante, e incentivado para apoyar al presidente y a la sociedad en general a salir de esta crisis y muchas otras. Cancelar los fideicomisos representa, al menos en mi opinión, un gravísimo error, con repercusiones insospechadas y de largo alcance.

Retomo lo dicho al inicio de esta reflexión: no es momento de confrontaciones ni de encono. Este artículo es una contribución para motivar un diálogo informado y respetuoso, y ofrecer elementos útiles para la toma de decisiones inteligentes y sabias.

En este momento, todo está en manos del titular de la SHCP. Ojalá dicha dependencia —y todos los actores vinculados, desde el ejecutivo hasta el legislativo— tomen en cuenta algunos de los argumentos aquí esgrimidos para salvaguardar la viabilidad del aparato científico y tecnológico del país y garantizar que los científicos y tecnólogos mexicanos podamos seguir aportando soluciones a los graves problemas que aquejan a la nación, mismas que la sociedad nos demanda.

Martín R. Aluja Schuneman Hofer

Investigador titular del Instituto de Ecología, A.C. (Inecol) y Premio Nacional de Ciencias y Artes.

1 Texto insertado por el autor para fines de claridad y comprensión.