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La Voz de Galicia M. Sío Dopeso

Vigo / La Voz 06/08/2019 20:06 h

Buscamos oferta de alquiler en Viana do Castelo, localidad casi fronteriza a Galicia: un piso situado en el centro urbano, de 130 metros cuadrados, tres dormitorios, exterior y con plaza de garaje cuesta 800 euros al mes. Trasladamos la misma búsqueda a Vigo, por ejemplo. Un piso de 135 metros cuadrados, tres dormitorios, exterior y con garaje en la calle Rosalía de Castro cuesta 1.100 euros, y las posibilidades de encontrar algo más barato en el entorno son escasas.

La diferencia es notable a día de hoy, pero será mucho más evidente a partir del 1 de julio, cuando entrará en vigor la nueva normativa de alquiler accesible aprobada en Portugal para poner límite a la inflación que sufre la vivienda arrendada, y ponerla al alcance de la clase media. Ese es el gran objetivo que se ha marcado el Gobierno luso y que, en la práctica, supone un nuevo reto para la competitividad gallega, ya lastrada por los bajos precios de suelo industrial, con los que la mitad norte de Portugal no para de captar inversión extranjera (120 millones en el 2018).

La presión turística y la llegada de trabajadores de decenas de multinacionales han disparado el valor del mercado de alquiler, y la subida de precios está provocando el éxodo de muchos residentes lusos a la periferia.

Con el plan que entrará en vigor dentro de 15 días, Portugal impone topes al precio de los alquileres en función de la zona del país en el que se encuentre el inmueble y de su tamaño.

Según el mapa publicado hace unos días en el Diário da República (equivalente al Boletín Oficial del Estado español) la mayoría de los localidades de Portugal se sitúan en el segundo escalón de precios más bajo, en el que las viviendas de un solo ambiente, tipo estudio, podrán costar hasta 250 euros, las de dos habitaciones hasta 450 y las de cinco hasta 675 euros de máximo. De este modo, un piso de tres dormitorios, como el de la búsqueda realizada en Viana do Castelo no podrá superar los 525 euros al mes, es decir, que costará la mitad que un inmueble de las mismas características situado a menos de una hora de distancia, en Vigo.

Para la clase media

En el extremo más alto de la escala está Lisboa, en donde se registrarán los precios más elevados de la denominada renta accesible. Allí los arrendadores, a cambio de incentivos fiscales, no podrán cobrar más de 600 euros por un estudio, ni más de 1.700 por un piso de 5 habitaciones.

Hay unos requisitos para los beneficiarios de esta renta accesible. Si el inquilino es una única persona, no podrá tener unos ingresos brutos anuales que superen los 35.000 euros, un límite que se sube a los 45.000 euros si el contrato lo firma una pareja, a los que puede sumar 5.000 euros por hijo. Es decir, una familia con dos hijos que quiera acceder al programa no podrá tener ingresos superiores a los 55.000 euros.

Ana Pinho, la secretaria de Estado da Habitação (vivienda), aseguraba ayer en declaraciones a la agencia Lusa que, «con este programa, las familias pueden conservar dos rentas y media por año. Es un ahorro que no resuelve todos los problemas pero, para muchos hogares, será suficiente para no estar en situación de dificultad».

La medida ya se ha ganado el enfado y el rechazo de los inversores inmobiliarios. Según el presidente da Associação Lisbonense de Propietarios (ALP), Luís Menezes «el Gobierno con su idea de establecer restricciones absurdas lo que está consiguiendo es desmotivar a los propietarios para que alquilen sus viviendas», ha denunciado.

Cataluña toma la delantera con el Banco de España en contra

Mientras en España el decreto del alquiler se ha quedado en punto muerto, -a la espera, tal vez, de una hipotética entrada de Podemos en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez-, Cataluña ha tomado la delantera.

El pasado mes de mayo, el Ejecutivo de Torra aprobó un decreto ley de medidas urgentes para contener el precio del alquiler que obligará a que en las denominadas «zonas tensas», como la ciudad de Barcelona, las rentas no superen en más del 10 % el coste medio de la zona, e impedirá a los propietarios que actualicen las rentas durante la vigencia del contrato con el índice de precios de consumo (IPC).

No tiene carácter retroactivo. El decreto ley afectará solo a los nuevos contratos, y obliga a que las rentas se actualicen según el índice de garantía de competitividad (IGC), un indicador que compara la variación de la inflación española respecto de la de la zona euro.

Según explican desde el portal Idealista, el propietario que quiera arrendar su piso en Barcelona podrá averiguar cuál es el precio recomendado por la Generalitat de Cataluña, a través del índice de referencia de precios de alquiler. Una vez dentro de la herramienta, el usuario deberá especificar la calle y el número donde se encuentra la casa, los metros cuadrados, calificación energética, la planta que ocupa el piso, si tiene ascensor o garaje, y si está en muy buenas condiciones, necesita una reforma o está mal conservado.

Y mientras Cataluña se adelanta, el Banco de España se posiciona claramente en contra la posibilidad de imponer topes a este mercado. «No parece adecuado limitar el precio de las viviendas alquiladas, ya que, según la evidencia internacional, este tipo de medidas no solo reducen la oferta, sino que también pueden favorecer un deterioro importante de los inmuebles», dice el regulador en uno de sus últimos informes.