La sola cancelación del aeropuerto de Texcoco obliga a GACM – empresa estatal concesionaria del AICM y del NAIM– a reembolsar 120 mil millones de pesos a los tenedores de los bonos emitidos para financiar la construcción de este último. Esta suma es además de los pagos a proveedores y las penas de cancelación de contratos, los cuales se pretenden trasladar a la nueva obra de forma no tan legal.

En 2016 y 2017, el fideicomiso para el desarrollo del NAIM, cuyo titular es GACM, emitió 4 paquetes de bonos por un total de 6 mil millones de dólares, 120 mil millones de pesos al TC actual.

Estos bonos, emitidos para financiar la construcción del NAICM, estaban respaldados por el cobro de la TUA, la tarifa que se cobra en el precio del boleto a cada pasajero. Los bonos fueron colocados en Singapur y hoy los tienen inversionistas de todo el mundo, mayoritariamente fondos de pensiones. De acuerdo con los contratos, cualquier cambio al título de concesión o la cancelación de la obra constituye un Evento de Incumplimiento, ante el cual toda la deuda se considera vencida y pagadera. Es decir, hay que reembolsarla. El fideicomiso no tiene el dinero para cumplir esta obligación. No lo tiene porque estos bonos se iban a pagar con el cobro de la TUA de AICM –5 años– y NAIM –25 años– durante los próximos 30 años. Ante este escenario, al nuevo gobierno se le abren dos opciones.

Puede usar el presupuesto de 2019 para reembolsar los bonos, o declarar insolvente al fideicomiso y no pagarlos. El contrato de los bonos le permite esto, ya que técnicamente no están respaldados por el Estado mexicano.

La primera opción traería un gran costo político para el nuevo gobierno. Bajo el supuesto de que éste no emitirá más deuda, implicaría apretar el presupuesto el primer año de gobierno, dedicando una quinta parte de los 500 mil millones de pesos ahorrados, al pago de bonos. Así se limitaría el margen de maniobra para otros proyectos de infraestructura, las iniciativas sociales o reducir el IVA en la frontera. Básicamente, haría incumplibles las promesas de campaña. La segunda alternativa permitiría al gobierno entrante, desde el primer año, destinar recursos a sus promesas de campaña, como becas a jóvenes y adultos mayores. Sin embargo, esta vía tendría mayores costos a mediano plazo. A pesar de no estar respaldados por el Estado mexicano, omitir la obligación de los bonos sienta un mal precedente: México no paga sus deudas. Los dos proyectos insignia de la 4T, el Tren Maya y la refinería, requerirán financiamiento y tendrán que pagar una mayor tasa.

La rentabilidad de ambos proyectos es de por sí incierta, siendo generosos; con mayores costos de capital serían inviables. Esta opción también tendría un impacto sobre el precio que paga el gobierno mexicano para fondearse, como ya lo muestra la baja en el precio de los bonos mexicanos los últimos días.

Eventualmente esto conduciría a más deuda, menor crecimiento, presiones sobre el tipo de cambio y un alto costo político.

Parece que el nuevo gobierno está en una encrucijada creada por él mismo. Ante este escenario ¿qué prefiere el Presidente electo? ¿Pagar los costos de esta decisión a corto o largo plazo?