Segundo gran fracaso parlamentario del PSOE-A

"Han jugado sucio", reprocha Ciudadanos para romper la alianza con el PSOE

La Junta afronta el problema de los 'enchufados' con otro decretazo

CARMEN TORRES

Sevilla

@CarmenTorrres

El PP y Podemos han tumbado por segunda vez en esta legislatura un decreto-ley de Susana Díaz. En este caso, también ha votado en contra IU. La abstención de Ciudadanos, aliado del PSOE desde la investidura de la presidenta, ha permitido a la oposición rechazar en el Parlamento la norma elaborada por el Ejecutivo.

El partido de Albert Rivera ha optado por no apoyar al PSOE al entender que había practicado un «juego sucio» al no informarle de la disposición adicional que acompañaba el decreto, y que daba funciones de dudosa legalidad a unos 1.500 trabajadores subrogados por la Junta, pero que cobran sin tener tareas asignadas.

Ciudadanos, como Podemos y el PP, entendió que el PSOE intentaba «colar de tapadillo» esta medida, que resuelve un problema de gestión propio, dentro de un decreto cuyo objetivo fue consensuado el 25 de diciembre en la Cámara. Entonces, se habló de la necesidad de exonerar a los ayuntamientos de varias obligaciones legales para que se pudieran acoger a los planes de empleo convocados un año y medio antes por la Junta. Tras su fracaso, ya que no se han podido poner en marcha, los partidos acordaron flexibilizar las condiciones para recibir esas subvenciones.

Lo que nadie había planteado era incluir el problema de los trabajadores de la extinta Faffe en ese decreto. Esa disposición adicional apareció de forma sorpresiva en su publicación en el Boletín Oficial de la Junta el Martes Santo. «Chantaje», «juego sucio», «falta de respeto a esta Cámara» y «mangoneo» han sido los términos utilizados por la oposición para rechazar esa maniobra. Por este motivo, todos los grupos salvo el PSOE han rechazado esta fórmula para otorgar funciones a unos 1.500 trabajadores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que carecen de tareas asignadas. ¿Por qué no las tienen? Porque fueron integrados en la Administración procedentes de la antigua Fundación Andaluza Formación y Empleo (Faffe), ya extinguida y cuya gestión forma parte de una pieza separada en el caso del fraude de la formación. En ella había contratados numerosos familiares y allegados de altos cargos socialistas.

Estos empleados forman parte de los 20.000 trabajadores del conglomerado de empresas públicas y fundaciones de la Junta, que no había accedido a través de oposiciones, y que se integraron en la Administración a través del polémico 'decreto del enchufismo' de 2010.

Ahora, la Consejería de Empleo tiene un problema con ese personal del SAE. Al no ser funcionario, no tiene atribuidas tareas administrativas. Por tanto, se da la paradoja de que cobran sin tener asignadas funciones concretas, mientras que algunas oficinas de este organismo malviven sin apenas personal. Ciudadanos coincidía con el PSOE en la necesidad de otorgar funciones a esos trabajadores. Pero no de esta manera, como ha aclarado el diputado Carlos Hernández White.

«El problema es que ustedes no han sido transparentes y han jugado sucio. Hablamos de algo tan importante como el SAE, que debería funcionar a la perfección con el personal más adecuado, en una comunidad con un millón de parados. Pero parece que les importan muy poco los desempleados andaluces. Su objetivo no es que el SAE dé el mejor servicio posible a los andaluces. Para Ciudadanos sí lo es. En este decreto no han contado con las organizaciones sindicales ni han respetado los derechos de igualdad, mérito y capacidad de todos los andaluces para acceder a la Administración. Ustedes quieren solucionar ese problema con personal que les sobra de una fundación que ustedes crearon y cuya gestión está en los tribunales de Justicia», ha reprochado.

El rechazo de la oposición al decreto se produce motivos de fondo y de forma. Como explicó el portavoz de IU José Antonio Castro, los propios letrados de la Junta dejan claro que la primera función atribuida a ese personal laboral corresponde al funcionariado porque es una potestad administrativa, ya que utilizarían programas informáticos públicos como el de la Seguridad Social con datos confidenciales.

En cuanto a las formas, todos los grupos han reprochado que la Junta haya ocultado esa disposición adicional hasta que el decreto se publicó en el BOJA el pasado día 22. Esa medida ni se ha presentado ni se ha discutido con los grupos parlamentarios ni con los sindicatos. En este sentido, como explicó Castro, su inclusión en el decreto que pretendía facilitar el acceso de los ayuntamientos a los programas de empleo suponía un "chantaje": "ayuntamientos y paro frente a los laborales del SAE", ha denunciado. Además, los letrados aseguran que no se considera acreditada la urgente necesidad que justifique el uso de la figura excepcional del decreto ley, que se salta varios pasos del trámite parlamentario ordinario, como la participación de los colectivos afectados.

"¿Por qué han querido cargarse ese decreto?" "¿De verdad todavía no son conscientes de que no tienen mayoría absoluta? ¿De verdad creen que pueden seguir faltándole el respeto a esta Cámara? Entérense ya, esa forma de mandar y mangonear se ha acabado ya", ha afirmado el diputado del PP Miguel Ángel Torrico.

Es la segunda vez que la oposición tumba un decreto de ley a este Gobierno andaluz. El 23 de septiembre, la abstención de Ciudadanos y de IU hizo que los votos en contra del PP y de Podemos rechazara la norma elaborada por el Ejecutivo para facilitar la promoción de los funcionarios.