Cada día, miles de personas se acercan a comedores populares, parroquias, plazas y estaciones de Argentina para pedir comida. Otros rebuscan entre la basura algo para llevarse al estómago. Las ayudas económicas estatales que reciben los hogares más pobres son insuficientes para que llenen el carrito de la compra en uno de los países más caros de América Latina. Pero la situación ha empeorado aún más desde el pasado abril, cuando el peso comenzó a depreciarse y volvió a desbocar la inflación, con aumentos de más del 100% en alimentos básicos como la harina. El 27,3% de los argentinos son pobres, lo que equivale a 11 millones de personas. De ese total, 4,9% son indigentes, es decir, que sus ingresos no alcanzan ni siquiera para comprar comida. La cifra, difundida hoy por el organismo oficial de estadísticas (Indec) supone un golpe para Mauricio Macri, quien llegó a la Presidencia argentina con la pobreza cero como una de sus prioridades.

La pobreza aumentó 1,6% puntos en el primer semestre de 2018 respecto a seis meses antes, pero está por debajo del 32,2% que registró la primera medición del gobierno macrista tras la recuperación de las estadísticas oficiales. El dato no ha sido una sorpresa: organizaciones sociales y religiosas advierten desde hace meses del impacto de la inflación, del aumento del desempleo hasta el 9.6% -el peor registro en 12 años- y de la pérdida de poder adquisitivo entre la población con menos recursos. No refleja, sin embargo, lo peor de la crisis, acelerada a partir del derrumbe del peso a finales de agosto.

La dura realidad es visible en las calles de Buenos Aires, donde en los últimos meses ha crecido el número de personas que vive en la calle. Además de hombres solos, que son mayoría entre los sin techo, hay también familias con hijos pequeños que duermen sobre colchones en las aceras. "Nos desalojaron de la pieza porque no podía pagarla", cuenta Jennifer, a cargo de una niña de seis años, en una de las calles del centro. Esta mujer originaria de Salta, en el norte de Argentina, trabaja limpiando casas, pero le redujeron las horas hasta que le fue imposible hacer frente al alquiler. Cuenta que ella y su hija se alimentan de comida que les dan los vecinos o que encuentran en la basura, aunque también se han acercado alguna vez a Plaza de Mayo, donde voluntarios de Red Solidaria ofrecen cenas calientes y abrigo para más de 300 personas.

Macri promete más ayuda social "Es un número que esperábamos que refleja las turbulencias de los últimos meses", dijo el presidente Mauricio Macri minutos después de la difusión del nuevo índice de pobreza. Macri enfrentó la cifra con un corto discurso desde la Casa Rosada, donde lamentó la subida y prometió más presupuesto para la ayuda social. Ratificó, además, el rumbo económico, un día después de acordar con el FMI un aporte extra de 7.000 millones de dólares a los 50.000 millones del blindaje de junio. "Esta es la única vía", dijo Macri, "tenemos meses difíciles por delante, las cosas van a tardar más y tendremos retrocesos, pero nuestra meta es siempre reducir la pobreza".

Según datos del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de Buenos Aires de julio, casi 1.100 personas están en situación de calle en la ciudad, un 26% más que en 2016, cuando eran 866. La cifra es cuestionada por la Defensoría general de la ciudad y organismos sociales, que hace un año cuadruplicaron las cifras oficiales en el primer censo popular de personas en situación de calle. Según el mismo, había también más de 21.000 personas en instituciones y en riesgo de quedarse sin techo.

Argentina fue un país rico que no se familiarizó con la pobreza masiva hasta los años 80. La marginalidad creció en los 90, explotó después de 2001 -cuando la mitad de la población quedó bajo la línea de la pobreza- y siguió por encima del 25% durante el kirchnerismo. A diferencia de otros países latinoamericanos, donde la pobreza está naturalizada, en Argentina estas cifras generan indignación.

"Vivimos un momento de crisis y hay mucha gente en la calle", advierte Andrea Poretti, titular de la organización católica San Egidio, que reparte sándwiches y leche chocolatada por las noches por el barrio de Flores, en el sur de Buenos Aires. "Encontramos situaciones muy variadas. Hay personas que llegan a pagar alojamiento, pero no la comida; otras ninguna de las dos cosas. Algunos tienen dificultades para salir de la situación de calle, otros dándoles un empujoncito pueden volver al sistema", describe Poretti. Esta organización publicó este año la cuarta edición de la guía Dónde dormir, comer, bañarse y curarse, en la que recopila todos los servicios gratuitos en la ciudad para las personas indigentes, con direcciones y horarios de atención.

Voluntarios de San Egidio reparten alimentos y bebida entre personas en situación de calle en Flores. Enrique García Medina

Fuera de la capital, la asistencia a los comedores y merenderos populares lleva también meses en alza y los referentes sociales ven cada vez más similitudes con la última gran crisis del país, la del corralito. "Parece que se repiten los tiempos del 2001. La diferencia es que el pueblo argentino tiene ya esta experiencia de pobreza y lo encuentra con mayor organización para hacer frente a políticas de ajuste", dice el sociólogo Waldemar Cubilla, al frente de una biblioteca popular en la villa de La Cárcova, edificada al lado de uno de los basurales más grandes de Argentina. "En la biblioteca recibo muchas peticiones de trabajo e incluso muchos nos proponen abrir un comedor. Es un desafío porque reconocemos el hambre y la necesidad que hay pero somos una organización educativa", subraya.

Macri decidió mantener los programas sociales del kirchnerismo como red de contención y ha excluido el gasto social de los recortes previstos en 2019. El presupuesto para el año que viene, condicionado por la exigencia de equilibrio fiscal impuesta por el Fondo Monetario Internacional a cambio de un rescate de 57.000 millones de dólares, prevé un aumento del 37% en esa partida, frente a tijeretazos en otras áreas, como la obra pública. Sin embargo, la crisis cambiaria se ha llevado por delante los esfuerzos del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables. Macri repite en sus discursos que quiere ser juzgado por su capacidad para reducir la pobreza en Argentina. Falta casi un año y medio para la evaluación final, pero los últimos datos amenazan con una nota negativa.