El gobierno de Andrés Manuel López Obrador acusó a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de abonar a un “clima de incertidumbre” con su crítica a a la consulta entre comunidades indígenas sobre la construcción del Tren Maya.

Según autoridades federales, la mayoría de los pueblos respaldó la obra en el sur del país.

“Expresamos nuestra preocupación ante las descalificaciones que han vertido diversos actores, en especial la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México), pues prejuzgando sobre hechos futuros relacionados con el proyecto de desarrollo, abonan a un clima de incertidumbre y de falta de respeto a la legítima voluntad que han expresado las comunidades indígenas”, refirió el gobierno federal, en un comunicado.

El pasado 19 de diciembre, ONU-DH México señaló que el proceso de consulta indígena sobre el “Proyecto de desarrollo Tren Maya”, realizado del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2019, hasta el momento no había cumplido con todos los estándares internacionales en la materia.

“La Oficina observó que la convocatoria, el protocolo y la información presentada sólo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar.

“Durante las sesiones observadas, en diversas ocasiones las personas participantes preguntaron sobre dichos impactos sin obtener una respuesta clara y completa. La ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos, dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada. No obstante esta circunstancia, desde las autoridades se avanzó a la etapa consultiva del proceso”, fue una de las críticas de ONU-DH.

“Durante las sesiones informativas y en la etapa consultiva, algunas autoridades manifestaron que la garantía de diversos derechos económicos, sociales y culturales no estaba condicionada a la aceptación del proyecto. Sin embargo, la ONU-DH observó que como consecuencia de la forma en que se presentó el proyecto y se desarrollaron las sesiones, las personas de las comunidades expresaban su conformidad con el proyecto como un medio para recibir atención a necesidades básicas como agua, salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano y cultura, lógica que afecta el carácter libre de la consulta”, agregó.

Otro señalamiento es que la metodología de la consulta no había sido construida y acordada con las comunidades involucradas.

“Esto implicó que la definición de a quién consultar, dónde hacerlo y en qué momento fuera establecida unilateralmente por las autoridades. En este sentido, la Oficina escuchó participaciones que indicaban que los tiempos de consulta fueron muy cortos, que las traducciones, cuando las había, no eran adecuadas, que muchas personas no pudieron desplazarse por falta de recursos económicos y que la mayoría de quienes participaron eran autoridades municipales y ejidales dejando fuera a otros grupos y personas que forman parte de las comunidades”, expresó ONU-DH.

Este fin de semana también se conoció que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) calificó como una “simulación” la consulta del gobierno federal “para imponer” el proyecto del Tren Maya, y entregar los territorios indígenas al gran capital industrial y turístico.

Respecto a esas críticas, el gobierno federal recordó que en la consulta participaron 10 mil 305 personas pertenecientes a 1,078 comunidades indígenas, de cinco entidades federativas.

“Asistieron 3 mil 502 participantes con el carácter de autoridades comunitarias, municipales, agrarias y tradicionales, con quienes se estableció un diálogo abierto, constructivo y horizontal”, aseguró el gobierno.

El proceso, continuó, se realizó “en un marco de respeto, buena fe y sin ningún tipo de simulación o manipulación”.

La consulta indígena tuvo un carácter vinculante, refirió el gobierno de López Obrador. “Así lo anunció el titular del Poder Ejecutivo el 15 de noviembre de 2019, al hacer pública la convocatoria, y ese carácter tuvieron las 15 Asambleas Regionales Consultivas celebradas los días 14 y 15 de diciembre del año en curso.

Es falso que no se haya contemplado obtener el acuerdo o consentimiento de las comunidades consultadas como lo afirma la ONU-DH México”.

En su cuarto punto, la administración federal señaló que “es aventurado afirmar sin fundamento que las comunidades hayan aprobado el proyecto a cambio de recibir atención a sus necesidades básicas como agua, salud y educación.

“En las 30 Asambleas Regionales no hubo una sola manifestación en este sentido, como se podrá observar de las evidencias documentales y videograbaciones de este proceso”, indicó el gobierno.

“La ONU-DH México pierde objetividad y asume la posición de una militancia social opositora, válida y respetable desde luego, cuyo único resultado satisfactorio habría sido el rechazo del proyecto, lo cual no fue el caso. Con esta actitud se aparta de su misión de construir las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos humanos”.

La consulta, abundó, “se sujetó a reglas y principios que privilegiaron la participación de todos. El protocolo y la convocatoria de la consulta, así como el material informativo, se tradujeron en lengua maya, ch’ol, tseltal y tsotsil”.

“Lamentamos que algunas de las voces que hoy se pronuncian en contra del proceso de consulta y del proyecto de desarrollo, no hayan acudido a las asambleas regionales, a fin de poner en manos de los participantes sus opiniones y críticas, así como su propuesta de desarrollo. Respetamos su posición política, pero no compartimos que la descalificación sea el método para posicionar las demandas que dicen abanderar en nombre de sus organizaciones”.

La administración de López Obrador defendió que no existe acuerdo alguno en el que las comunidades y pueblos indígenas autoricen el despojo de sus tierras, la destrucción de su cultura o la devastación del medio ambiente.

“El ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, entre ellos, el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, requiere de un marco normativo adecuado, así como de una crítica constructiva que renueve la confianza de la ciudadanía y propicie condiciones para la construcción colectiva de soluciones a retos complejos. A ello está abierto y comprometido el Gobierno de México. Pero es preciso señalar que no contribuye a este propósito la descalificación ni la crítica simple, sin sustento, ligera y parcializada”, concluyó.