Una señal que muestra la dirección y la distancia de la base de Alcántara, en el estado del Maranhão, Brasil.

Hace casi dos décadas que EE.UU. intenta conseguir el control de la base aeroespacial de Alcántara. Construida en 1983 en el estado del Maranhão, norte de Brasil, es la estación más estratégica. Esta es la historia.

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En el año 2000, el Parlamento brasileño rechazó una propuesta parecida, negociada por el presidente Fernando Henrique Cardoso. La razón esgrimida en aquel entonces fue que la presencia estadounidense en territorio brasileño limitaría la soberanía de Brasil. 19 años después, los parlamentarios de Brasil han cambiado radicalmente de opinión. El 22 de octubre la Cámara de los Diputados aprobó por 329 votos a favor y 86 en contra el Acuerdo de Salvaguardas Tecnológicas, que permitirá alquilar la base aeroespacial de Alcántara a Estados Unidos.

Con esta decisión histórica se cumplen los deseos del presidente Jair Bolsonaro, que en marzo firmó un convenio con su homólogo Donald Trump para permitir la explotación conjunta de esta base. El acuerdo puede aportar hasta 10.00 millones de dólares a las arcas del Gobierno brasileño a partir del año 2040. Ahora el Senado tiene que ratificar la votación, pero todo apunta a que no se producirán sorpresas y que en breve las Fuerzas Armadas estadounidense podrán desembarcar en esta ciudad colonial, fundada por los franceses en 1648.

A Câmara aprovou (329x86) o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas da base de Alcântara, no Maranhão. Após décadas de atraso e abandono, damos um grande passo para o desenvolvimento tecnológico, social e econômico na região. Medida deve gerar bilhões p/ o Brasil. Seguimos avançando! pic.twitter.com/OW3raF8T5i Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 24, 2019

El acuerdo prevé el lanzamiento de cohetes, naves espaciales y satélites dotados de tecnología estadounidense. El Ejecutivo brasileño argumenta que la explotación conjunta permitirá alcanzar la viabilidad comercial del centro de Alcántara.

“Hay una expectativa de que Brasil sea añadido en el mercado de lanzamiento de satélites, con previsión de ocupación del 1% dos lanzamientos hasta 2030", señala el diputado Marcelo Ramos, del Partido Liberal. Para este político, Brasil no puede "mantener una base de lanzamiento de cohetes que solo tiene el permiso para negociar con el 20% de este mercado, que es lo que acontecería se el acuerdo no fuese aprobado". El centro de Alcántara atraviesa una crisis profunda desde que en 2002 la explosión de un cohete mató a 21 técnicos brasileños.

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El tratado establece que el territorio que alberga la base continuará bajo la jurisdicción del Gobierno brasileño. A cambio, Brasil recibirá recursos para invertir en el desarrollo del Programa Espacial Brasileño. La letra pequeña del contrato establece que Estados Unidos autoriza a Brasil a lanzar solo aquellos cohetes y aeronaves nacionales o extranjeras que tengan partes tecnológicas desarrolladas por los EE UU. Además, existen cláusulas que protegen la tecnología estadounidense y establecen normas para los técnicos brasileños en cuanto al uso de la base y a la circulación en su perímetro.

"El objetivo de EE.UU es impedir que Brasil desarrolle su propio programa espacial"

El diputado de izquierda Glauber Braga (PSOL) denuncia que el llamado Acuerdo de Salvaguardas Tecnológicas "hiere mortalmente la soberanía brasileña". "Representantes de las Fuerzas Armadas o del Gobierno de EE.UU. pueden acceder a todos los espacios. Lo mismo no acontece con Brasil, que tiene espacios restringidos. El objetivo de EE.UU es impedir que Brasil desarrolle su propio programa espacial", critica.

Una parte de la oposición incluso teme que la base de Alcántara pueda convertirse en una especie de Guantánamo. "Me parece muy posible porque hay una ampliación de poder desmedido para las Fuerzas Armadas de los EE.UU en el territorio brasileño. El servilismo de Bolsonaro con el Gobierno de Donald Trump es tal que podría haber aquí en Brasil un espacio no controlado por nuestro Gobierno" señala Braga a France 24.

Este diputado tampoco descarta que la base de Alcántara pueda ser utilizada para lanzar cohetes nucleares. "Brasil ha firmado acuerdos que prohíben este tipo de uso en sus bases. Pero los acuerdos pueden ser modificados y las decisiones en el escenario internacional puede ser incumplidas. Estados Unidos tendrá en breve una base en el país más grande de América Latina que atiende a sus intereses. Por todas estas razones, estamos preocupados de que en el futuro hagan un uso militar de la base para lanzar cohetes con finalidades bélicas contra otros países de la propia América Latina", afirma Braga.

Curiosamente, el Partido Comunista de Brasil, que gobierna el estado del Maranhão, ha votado a favor alegando que el acuerdo conllevará inversiones y empleo para la región más pobre de Brasil. Los defensores del tratado ponen como ejemplo la base de Kourou, en la Guayana Francesa, que genera 15% del PIB de este país, además de 9.000 empleos directos e indirectos, equivalentes al 10% del total.

Los habitantes de Alcántara aguardan la llegada de los técnicos estadounidenses con una mezcla de miedo y esperanza. Los que residen en esta ciudad de 22.000 habitantes, situada a 100 km. de São Luís del Maranhão, ven con buenos ojos el acuerdo porque interpretan puede conllevar desarrollo e incrementar las oportunidades de trabajo.

En cambio, las comunidades quilombolas de la zona rural, donde viven los descendientes de los esclavos africanos, temen una posible ampliación de la base militar y la posterior expulsión de sus tierras. Se trata de 800 familias, integradas por cerca de 2.000 personas. Motivos para preocuparse no les faltan, ya que existen precedentes jurídicos.

Los quilombolas lucharon durante décadas para conseguir la demarcación de sus tierras. Hace 36 años, cuando fue construida la base militar, las viviendas de 312 familias fueron expropiadas y reubicadas en agrovillas, lejos de las playas donde pescaban. A día de hoy, el Gobierno brasileño todavía no ha pagado las indemnizaciones prometidas. Por esta razón, los líderes quilombolas se están movilizando para defender sus casas y sus tierras en los tribunales, en caso de que se produzcan nuevas expropiaciones.

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