El Tribunal de Cuentas ha condenado a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, y siete miembros de su Gobierno a pagar 25,7 millones de euros por vender viviendas públicas a fondos buitre, según el auto que ha hecho público la Cadena Ser.

En el auto se explica que Botella vendió en octubre de 2013, por un importe de 128,5 millones de euros, más de 5.000 inmuebles (1860 viviendas, 1797 plazas de garaje y 1569 trasteros, más otros 89 elementos no vinculados), a las mercantiles a los Fidere Vivienda, S.L.U. y Fidere Gestión, S.L.U., sociedades instrumentales de Magic Real Estate, S.L. Detrás de todas estas empresas se encuentra el fondo norteamericano Blackstone, que se ha convertido en el mayor casero de España con más de 20.000 pisos en alquiler. El equipo de Gobierno entendía que aquella venta supuso un posible perjuicio económico a las arcas municipales.

El Tribunal cifra en casi 26 millones de euros (25.752.103 euros) los perjuicios ocasionados en los fondos públicos de la EMVS y declara responsable contable directo por la totalidad de este perjuicio a Fermín Oslé, que entonces era el máximo responsable de la epresa pública, al tiempo que declara responsables contables directos a la exalcaldesa Ana Botella y y a todos los concejales del equipo de gobierno en aquel entonces que además formaban parte de la Junta de la EMVS: Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González Dolores Navarro y Pedro Corral. Todos ellos deberán asumir el pago solidario de casi 23 millones (22.711.518 euros) para restituir el daño.

Antecedentes

Un informe de la Cámara de Cuentas del Ayuntamiento de Madrid de junio de 2017 concluía que EMVS vendió 1.860 pisos «sin la elaboración de los oportunos pliegos administrativos, sin la preceptiva publicidad y concurrencia y, sobre todo, sin la previa fijación de un precio inicial de referencia basado en una tasación o en un estudio previo adecuado sobre el valor de los inmuebles enajenados».

Además, «el precio de venta de todos estos inmuebles, que estaban sometidos a un régimen de protección pública por razón de su función social, fue inferior al mínimo jurídicamente exigible, que no es otro que el valor máximo posible de venta de las viviendas calificadas como viviendas públicas protegidas (151.211.518 euros), lo que dio lugar a un menoscabo injustificado en el patrimonio público que asciende a 22.711.518 euros».