*La organización de derechos humanos también lamenta que no se condene a las autoridades que han obstruido la justicia. El gobierno “ha hecho poco para sanar las heridas”, insiste.



Ciudad de México, 23 de septiembre de 2016. A dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no existen sentencias condenatorias, el avance en las investigaciones es sumamente lento y existen pruebas convincentes sobre la obstrucción a la justicia en el caso, denunció ayer la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) .

En uno de los peores casos de violaciones a derechos humanos en la historia reciente de México, “el gobierno mexicano ha hecho poco para ayudar a sanar las heridas que el caso ha provocado. Resulta increíble que a pesar de haber destinado recursos significativos, el gobierno mexicano no haya encontrado a los estudiantes, y que sus propios funcionarios hayan obstruido la investigación”, consideró Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México en WOLA. “Por si eso fuera poco, unos días antes del segundo aniversario de la desaparición de los estudiantes, el presidente Peña Nieto promovió a Tomás Zerón quien, como Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal, llevó a cabo acciones no autorizadas en la investigación. Con ello, el gobierno envía el mensaje de que no está comprometido con la sanción de graves irregularidades en las que incurrieron los funcionarios involucrados en la fabricación de la ‘verdad histórica’”.

La organización no gubernamental recordó que aunque el gobierno afirma que esta es la investigación penal más exhaustiva de la historia de la procuración de justicia en México, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para supervisar el caso, desmontó con elementos científicos la teoría oficial del gobierno mexicano y reveló graves irregularidades en la forma en que se investigó el caso.

Por ello, consideró WOLA, es urgente que el mecanismo de seguimiento que continuará con las labores de supervisión del caso comience a funcionar en México y que los asesores de la CIDH tengan total acceso a los expedientes y cualquier otra información. Destacó que a medida que el gobierno mexicano inicia el tercer año de la investigación del caso no sólo debe priorizar la búsqueda continua de los estudiantes y sancionar a los responsables, sino que también debe investigar y sancionar a los funcionarios públicos que obstruyeron la justicia en el caso.

“Sólo una investigación completa para determinar el paradero de los estudiantes y sancionar a los responsables de estos delitos representará una auténtica justicia para las familias de los estudiantes y los sobrevivientes”, finalizó Meyer. “Y eso también implica investigar la fuerte evidencia que indica que las autoridades mexicanas torturaron a sospechosos para obtener confesiones forzadas, alteraron escenas del crimen fundamentales en el caso, impidieron el acceso a testigos y obstruyeron la justicia en el caso”.