"Estamos trabajando para encontrar un camino que permita crear una Argentina sustentable. No una Argentina que continúe consumiendo la plata de los plomeros y de los carpinteros norteamericanos que ganan 50 mil dólares por año y se preguntan qué diablos estamos haciendo con su dinero". La frase que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Paul O´ Neill, formuló ante la cadena de noticias CNN el 17 de agosto de 2001 generó terror en el equipo económico argentino que estaba negociando una nueva ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) para evitar el default de la deuda y la devaluación.

El gobierno de Fernando De La Rúa se había convertido en uno de los mejores alumnos de Washington. Desde su llegada al poder, en diciembre de 1999, este líder conservador aplicó todos los recortes que le pedían, pero nada era suficiente porque el ajuste fiscal no hacía más que profundizar la recesión. Entonces, otro paquete de ayuda se había vuelto indispensable para salir adelante. Pese a la falta de resultados, la administración de George W. Bush nunca puso en duda la efectividad de las recetas que el FMI le recomendaba a la Argentina para alcanzar la “sustentabilidad”, pero cuando quedó claro que el país no podía cumplir las metas acordadas hizo valer su poder de veto en el organismo multilateral para imponer la doctrina del riesgo moral, cuyo postulado central consistía en afirmar que no era justo seguir utilizando el dinero de los contribuyentes para rescatar bancos y empresas que habían hecho apuestas en países de alto riesgo para obtener una rentabilidad mayor. La decisión entonces fue cerrar el grifo y la cuenta regresiva empezó a correr.

El desenlace que llevó al estallido argentino había comenzado un mes antes de la declaración de Paul O´Neill. El 9 de julio de 2001, en la celebración del Día de la Independencia, el presidente De La Rúa había exhortado a los argentinos a ajustarse un poco más el cinturón para tratar de dejar atrás una crisis económica que venía desde 1998 y parecía no tener fin. “Nuestra responsabilidad como gobernantes es terminar con el déficit y no deberle nada a nadie para poder decidir cómo queremos que sea nuestra patria”, sostuvo. Al día siguiente, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, comunicó el envío de un proyecto al Congreso para alcanzar el “déficit cero” de manera inmediata, lo que supuso un recorte del 13 por ciento en los salarios estatales y las jubilaciones. Esa novedad, combinada con una propuesta de canje de deuda anunciada en junio, era el plan para “crear una Argentina sustentable” al que se había referido Paul O´Neill, pero al poco tiempo quedó claro que la jugada era inviable.

El propio Cavallo se los reconoció al alemán Horst Köhler, por entonces director ejecutivo del FMI, y a su número dos, Anne Krueger, en un desayuno que mantuvieron el 18 de noviembre en el primer piso del coqueto hotel Chateau Laurier de Ottawa, donde se estaba llevando adelante la asamblea del organismo. El ministro argentino había viajado para pedir que el FMI desbloqueara el desembolso de 1260 millones de dólares para afrontar los pagos de deuda. Allí tuvo que reconocer que, pese a las políticas de ajuste, en octubre el déficit había sido de 676 millones de dólares, pero igual solicitó el dinero.

“No tenemos tiempo. Necesitamos que se muevan rápido”, rogó Cavallo; pero la respuesta fue negativa. "No podemos desembolsar sin enviar una misión a la Argentina”, respondió Krueger, que de esa manera pateó la pelota para adelante. Cavallo buscó disimular el traspié diciendo que el acuerdo estaba en camino, pero los inversores no le creyeron y al día siguiente el riesgo país argentino, que mide la sobretasa que pagan los bonos de ese país con respecto a los títulos del tesoro estadounidense, llegó a los 3000 puntos. En aquella época, ese indicador estaba en las pantallas de la televisión junto a la temperatura y la hora, y aunque la gente no terminara de entender bien cómo se calcula sabía que si subía algo malo estaba por pasar.

El gobierno argentino reaccionó anunciando un nuevo recorte de 3.800 millones de dólares para el presupuesto 2002 y la puesta en marcha del canje de deuda definido en junio, que no contemplaba quita de capital sino sólo de intereses. La última esperanza era que el FMI desbloqueara finalmente los 1260 millones de dólares para hacer frente a los vencimientos de diciembre, pero el jueves 29 de noviembre desde Washington dejaron trascender que Argentina había entrado en una espiral de difícil retorno, que combinaba salida de depósitos, caída de reservas, ruptura de la cadena de pagos y, por ende, mayor recesión. En ese contexto, tomaron la decisión de esperar para ver si la oposición política respaldaba el presupuesto 2002 o le restaba apoyo al gobierno.

En los horas siguientes, la corrida se volvió imparable y el lunes 3 de diciembre de 2001 el gobierno de Fernando De La Rúa decretó un corralito bancario por 90 días, con un máximo de extracción en efectivo de 250 dólares por semana, un tope de 1.000 dólares para viajeros y la suspensión de las remesas, una restricción similar a la que ahora implementó Grecia. De ese modo, la fuga de capitales disminuyó a un goteo mínimo diario, pero al mismo tiempo el ingreso de divisas se redujo a la nada, ya que nadie entra a una cárcel por voluntad propia. La confiscación de los ahorros incrementó el malestar social y rompió definitivamente la cadena de pagos.

El FMI también aportó su granito de arena al confirmar que finalmente no giraría los 1.260 millones de dólares por el incumplimiento del déficit cero, dejando a la Argentina al borde del default en medio del proceso de reestructuración de su deuda. “En base a lo informado por la misión que estuvo en Buenos Aires, la gerencia del Fondo no puede encomendar que se complete la revisión del programa”, señaló el organismo multilateral en un comunicado del 5 de diciembre, dando por caído el acuerdo con la Argentina.

En el mismo texto agregó que “el Fondo se mantiene en cercano contacto con las autoridades argentinas y está comprometido a trabajar con ellas en el desarrollo de un programa sustentable”, evidenciando un sentido del humor difícil de empardar. La doctrina del riesgo moral se hacía efectiva con Argentina como conejillo de indias.

Lo que vino después es historia conocida. El 19 de diciembre comenzaron los saqueos a los supermercados y al día siguiente las manifestaciones populares se multiplicaron por todo el país. De la Rúa vio cómo su poder se escurría y ese mismo día se vio forzado a renunciar, cuando el peronismo, principal partido opositor, rechazó la posibilidad de integrar un gobierno de coalición. Argentina declaró el default más grande de la historia el 23 de diciembre y el 2 de enero de 2002 devaluó su moneda, poniendo fin al tipo de cambio fijo que había igualado al peso argentino con el dólar estadounidense durante una década. La consecuencia inmediata fue una profundización de la crisis. En 2002 el Producto Interno Bruto (PIB) retrocedió 10,9 por ciento y el porcentaje de personas por debajo de la línea de la pobreza trepó en octubre de ese año a 54,3 por ciento, casi veinte puntos más que en igual período de 2001.

Quita y recuperación

Luego de tocar fondo, Argentina comenzó a recuperarse. El PIB creció a un promedio anual superior al 8% entre 2003 y 2008, estimulado por los dólares provenientes de la cosecha de soja. Fue la primera vez desde 1900 que la economía se expandió durante seis años consecutivos. Ese contexto posibilitó una fuerte baja de los índices de desocupación y pobreza y una suba del salario real, siempre con relación al piso de 2002. Además, entre 2005 y 2010 Argentina regularizó el pago de la deuda con el 92,4% de sus acreedores privados luego de aplicar una fuerte quita (a los organismos internacionales nunca se les dejó de pagar). Lo interesante es que este proceso de recuperación lo concretó pese a desconocer las recomendaciones del FMI o, mejor dicho, justamente por eso.

La experiencia argentina llevó a algunos prestigiosos economistas como Paul Krugman y Mark Weisbrot a recomendarle a Grecia en el pasado seguir un camino similar a este país sudamericano, lo que en el caso griego sería declarar el default y salir de la zona euro. Sin embargo, fue el propio Yanis Varoufakis, ministro de Finanzas griego hasta la semana pasada, quien en un post escrito en su blog el 16 de mayo de 2012, sostuvo que ambos analistas están equivocados y justificó su postura al destacar tres diferencias entre la situación de Argentina y la de Grecia. La primera es el potencial diferente de sus exportaciones porque, lamentablemente para ellos, los griegos no tienen soja; la segunda diferencia es que Grecia no tiene un régimen de convertibilidad con el euro, como tenía Argentina con el dólar, sino que tiene el euro.

Por lo tanto, si decide salir de la moneda común, Grecia demoraría varios meses en introducir una nueva moneda; por último, la tercera diferencia es que el impacto que le provocó Argentina a sus socios comerciales al salir de la convertibilidad no fue significativo, mientras que si Grecia sale del euro no sólo perdería subsidios a la agricultura y fondos para el desarrollo sino que también impactaría en el ecosistema económico que comparte con sus socios europeos. Además, siempre según Varoufakis, en ese caso debería salir de la Unión Europea, porque si el Estado griego confiscara los euros de sus ciudadanos, estos podrían reclamar con éxito ante las cortes de la Unión.

Pese a todo esto, igual, el caso argentino sirve de referencia sobre lo que se puede lograr si se renegocia la deuda con una quita importante y se toma distancia de las políticas de ajuste permanente que pregona el FMI.