¿Cuántos asentamientos hay en la Argentina? ¿Cuándo nacieron y cómo fue su desarrollo en el tiempo? ¿Cuál es la situación de los millones de personas que viven en ellos? Un relevamiento que realizó el gobierno nacional junto a diferentes ONG y movimientos barriales entre agosto de 2016 y mayo de 2017 busca abordar esta problemática.

Los primeros resultados de este informe, que reveló ayer Infobae, componen el decreto 358/2017, firmado por el presidente Mauricio Macri; por el jefe de Gabinete, Marcos Peña; por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; y por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

La norma, entre otros puntos, establece la creación del Registro Nacional de Barrios Populares y su incorporación dentro del ámbito de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Se trata de 4.100 villas relevadas en todo el país, donde la mayor concentración tiene lugar en la provincia de Buenos Aires (1.612) y que, si se agruparan todas en un mismo territorio, conformarían un área más grande que la ciudad de Buenos Aires.

Más de la mitad de las villas (2.275) nacieron antes del 2000, mientras que 749, casi un cuarto del total, son posteriores a 2010. En tanto, de 1.340.272 personas relevadas, el 38% son niños o jóvenes de hasta 20 años, y el 3% son mayores de 65 años.

Se denomina "barrio popular" a los barrios donde viven al menos ocho familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos o más de los servicios básicos: agua corriente, energía eléctrica o cloacas.

Según se establece en el decreto, la función principal de este registro será "asentar los 'barrios populares', las construcciones existentes en dichos barrios y datos de las personas que las habitan a efectos de desarrollar políticas públicas habitacionales inclusivas". Y será, además, la base de datos para iniciar políticas tendientes a la regularización dominial.

"La precariedad en la tenencia del suelo incide negativamente en la calidad de vida de las personas, limitando el acceso a la infraestructura y a los servicios públicos, lo que contribuye a la generación de situaciones de pobreza, marginación y fragmentación social", expresa entre los argumentos la norma.

Por otro lado, las familias que forman parte de este registro recibirán un Certificado de Vivienda Familiar, instrumentado por la ANSES, que será requisito suficiente para "acreditar la existencia y veracidad del domicilio, a los efectos de solicitar la conexión de servicios tal como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas; solicitar CUIT y CUIL, realizar peticiones ante los organismos públicos; solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas".

"Es esencial reconocer los importantes esfuerzos que han realizado durante años los habitantes de las villas y asentamientos, denominados Barrios Populares, al construir sus viviendas y su barrio, a pesar de las enormes dificultades, inequidades y reglas de un mercado que los excluye. Se hace indispensable apoyar a los habitantes de los barrios populares otorgándoles seguridad respecto de la tierra que habitan, del acceso a los distintos servicios básicos y de la integración urbana y social", agrega el texto.

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La villa 1-11-14, desde el drone de Infobae