La Secretaría de Hacienda lanzará un concurso para elegir a las empresas que se encargarán de la distribución de los medicamentos durante el segundo semestre del año.

Raquel Buenrostro, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, informó, en conferencia de prensa, que habrá “un proceso competitivo en el que participarán solo empresas que tengan todos los permisos otorgados por Cofepris para el manejo de medicamentos”.

La funcionaria detalló que la distribución de medicamentos va a ser un proceso separado de la compra. “Se hará un concurso, mediante el esquema de subasta”.

Antes, precisó Buenrostro, el sistema de abasto de medicamentos funcionaba con un intermediario: el distribuidor, que coordinaba toda la parte de los sistemas de control de medicamentos, la trazabilidad, la parte de la logística y la parte de los laboratorios. “Eso generaba un incremento en los precios. La política ahora es cero intermediarios”, aseguró.

Pensando en esto es que se separaron las líneas de negocio: fabricación y distribución. “Por lo tanto se hizo el proceso en dos partes. La primera es lo que está ya en trámite, en curso, que es la licitación de los medicamentos, y cuyo fallo será posiblemente el 28 de junio”.

En mayo pasado, Hacienda encargó al IMSS crear una nueva estrategia de distribución de medicinas y materiales de curación en todos sus hospitales. Esto luego de que el gobierno federal cambió el modelo de compras de medicamentos, y acusara a las empresas distribuidoras de actos de corrupción para encarecer los precios de los insumos sanitarios.

Sin embargo, el instituto tendría que distribuir miles de medicamentos contra el cáncer, la diabetes, la hipertensión, el VIH-Sida, y otros padecimientos, sin contar con una partida presupuestaria específica para ello, y sin disponer de una infraestructura de transporte especializado, ni de logística, para llevar los fármacos a toda la República.

Pero este lunes, la Oficial Mayor señaló que este plan cambió.

En el caso de la distribución, “se va a hacer un proceso competitivo para asignarla, solo con empresas que tengan todos los permisos requeridos, de acuerdo con Cofepris, para un manejo adecuado de los medicamentos”.

El proceso, explicó la oficial mayor de Hacienda, “se va a dividir en cinco regiones, para que no haya oligopolios. Las fechas se están sincronizando para que quede junto con las entregas de los fármacos”.

Sobre el posible desabasto de insumos para la salud, Buenrostro aseguró que el 28 de noviembre se firmó un contrato para todo el abasto de medicamentos consolidado de la federación. “Hay un contrato que está consolidado en el IMSS para todo el abasto hasta el 31 de diciembre de 2019. Este ejercicio intermedio (la compra que está en curso) es de apoyo a las entidades federativas”.

Algunas entidades, “durante seis años no hicieron pagos de los medicamentos, le deben muchísimo dinero a los laboratorios y algunos ya no les quieren surtir. Este proceso intermedio se hizo justo para apoyarlas, para que sea el propio gobierno (federal) el que adquiera los medicamentos y se los entregue a los estados. Eso le da confianza a la industria porque se transfiere en especie, el dinero se queda en la Secretaría de Salud y es el Seguro Popular el que paga”.

No hay tormenta

Hugo López-Gatell, subsecretario de Planeación y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud, aseguró que (en el nuevo esquema de compra y distribución de medicamentos) no hay ninguna tormenta. “Todo lo contrario, hay un refrescante y muy productivo florecimiento de las capacidades del gobierno de defender el interés público”.

Antes, sobre todo en el sexenio pasado, las compañías distribuidores, explicó, “formaban parte de un mercado oligopólico, concentrado y controlado por sus propias prácticas. Eran un intermediario, que si bien agregaba un servicio, también agregaba un costo y un esquema de facto de encarecimiento de los productos”.

Las compañías distribuidoras, señaló, cuyo giro de negocio es el almacenamiento y transporte, inventario y entrega de productos, quedaban insertas a la mitad del camino entre el titular de registro (los laboratorios) y la entidad compradora.

“El problema de que este mercado se haya vuelto oligopólico llevó a que estas compañías distribuidoras establecieran una alianza estrecha, formalizada legalmente con los productores, al grado que el control del mercado de los insumos para la salud lo tenían ellos. Generalmente, se considera un sobre precio de 5 a 7% en los servicios de distribución, en este caso llegaba a ser de 30 o 35%”, aseguró López-Gatell.

Para rematar, el funcionario subrayó que al ser un oligopolio ejecutaban prácticas inconsistentes con las disposiciones constitucionales, en particular con las del artículo 28 y 134, que prohíben las prácticas monopólicas. “Manipulaban el mercado y hacían arreglos internos para tener predominancia en los concursos y los procesos de adquisición”.

“Hacían abastos insuficientes para que se acabaran las existencias a mitad del año y forzar a una compra de emergencia. También fragmentaban la negociación, acudían de forma directa a los 32 sistemas estatales de salud, a las instituciones de la seguridad social, y dentro de ellas, incluso, a las delegaciones de las instituciones de la seguridad social, y quienes tenían el control eran ellos (los distribuidores)”.