[Si quieres recibir las noticias y reportajes de The New York Times en Español en tu correo, suscríbete aquí a El Times]

FILO DE CABALLOS, Guerrero, México — Francisco Barragán murió de un paro cardiaco el 22 marzo casi frente al Palacio Nacional. Barragán, un agricultor de amapola del estado de Guerrero, tenía 56 años y llevaba 39 días acampando frente a la sede del gobierno en Ciudad de México. Como él, cientos de campesinos desplazados reclaman desde hace meses una solución que les permita volver a sus tierras, asoladas por la violencia.

“Sabemos todos que vamos a morir, pero no desplazados. Los compañeros muertos perdieron el apetito, el sueño; les afectó el clima y la tristeza”, dice Crescencio Pacheco, un agricultor de amapola que lidera a las familias desplazadas. “Me duele pensar que seguimos en las mismas”, agrega. Hace casi trescientos días que no pisa su pueblo.

Pacheco —Chencho, para sus amigos— pertenece a una tercera generación de cultivadores de amapola en la sierra Madre del Sur. Se sabe de memoria los ciclos de la flor, desde la semilla hasta la goma de opio: la ha sembrado, regado, cosechado y vendido. Pacheco también sabe de memoria los nombres de los campesinos que murieron esperando la legalización del cultivo para uso medicinal. A sus 36 años ya fue comisario de su comunidad, coordinador de una policía ciudadana y activista a favor de la legalización en la sierra, una promesa que encierra la ilusión de progreso, la posibilidad de contar con el respaldo del Estado y alternativas para vender sus cosechas. Pero ahora también es un agricultor que se ha quedado sin tierra.