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Lluís Rabell (Barcelona, 1954) vivió desde muy cerca, como diputado de la formación izquierdista Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP), el convulso otoño de 2017, cuando los partidos independentistas del Parlament de Cataluña aprobaron las denominadas "leyes de desconexión", llevaron a cabo el referéndum ilegal del 1-O y la DUI del 27-O. Casi dos años después, una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desautorizó la semana pasada una demanda presentada por los 76 diputados secesionistas contra la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender un pleno ese 9 de octubre en el que, presumiblemente, se iba a declarar la independencia. En esta entrevista Rabell valora, entre otras, todas estas cuestiones.

¿Qué le ha parecido la resolución del TEDH?

Es una resolución muy buena y digna de ser leída. Nos conforta a quienes en aquellos momentos fuimos machacados por la mayoría parlamentaria independentista. Está muy argumentada, muy trabajada. Me da la impresión de que es un aviso para navegantes, que desborda y trata algunos temas que no necesitaba desarrollar. Se pronuncia también sobre el 1-O, sobre su carácter ilegal y contrario a los principios de la Comisión de Venecia. Y que todo lo que sea poner en cuestión o intentar sacar mandatos y conclusiones de un acto ilegal como este entra en contradicción con la tradición democrática y la legislación europea. También aborda los plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017. Es como si la resolución no se pronunciara sólo sobre la suspensión del pleno del 9 de octubre. De alguna manera, advierte al mundo independentista: id con cuidado, porque si queréis hacer muchos recursos que tengan que ver sobre la gestión que ha hecho el TC de vuestras rupturas del marco jurídico, podéis salir escaldados.

¿Desautoriza entoces esta resolución el 1-O y los plenos del 6 y 7 de septiembre?

Sí. Da una visión muy bien documentada sobre las resoluciones del Parlament, de los momentos políticos y los contextos, y tiene una lectura que hasta un neófito entendería. Es muy rigurosa y severa para las pretensiones del mundo independentista. Les desmonta la barraca y les advierte de que por este camino no insistan. El TEDH se sitúa en el reconocimiento de España como una democracia, para empezar. Y que, a partir de aquí, discutimos. Y que todo lo que sea romper unilateralmente el marco jurídico lo leen a priori como un atentado a la democracia. Otra cosa son hechos puntuales. Lo que no admiten es que una demanda se cuestione saltarse la legalidad porque “es la legalidad de un Estado opresor”. Eso lo desmontan. Al contrario. Dan a entender que los derechos democráticos de la ciudadanía de Cataluña estaban defendidos por el Tribunal Constitucional, y no por la mayoría parlamentaria de ese momento. Eso es muy serio.

¿Cómo vivió usted, como diputado, los plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017, en los que se aprobaron las denominadas 'leyes de desconexión'?

Ha tenido que pasar tiempo, y todavía no ha pasado suficiente, para ver en toda su dimensión aquellas jornadas. Porque en la retina de mucha gente está más presente el 1-O, y el 6 y 7 de septiembre se recuerda más como una pelea parlamentaria. Cuando en realidad, esos días fueron determinantes. Allí, una mayoría exigua del Parlament, sin legalidad ni legitimidad, rompió el ordenamiento jurídico del país, lo cual es de una gravedad excepcional. Y para hacerlo, pisoteó los derechos de representación de la mayoría social. Eso es un acto antidemocrático.

¿Cómo hubiera sido el nuevo Estado catalán surgido de esas leyes?

También fue muy grave el proyecto de país presentado. Por primera vez, el independentismo tuvo que definir su proyecto, de una forma sintética, con la Ley de Transitoriedad. Era una especie de protoconstitución, de cómo se imaginaban esa república que querían constituir. Y esa república era un Estado menos democrático que el Estado autonómico. Era un Estado, no sólo presidencialista, sino sin separación de poderes. Y eso no fue un error de diseño, yo creo que en su fuero interno el independentismo sabía que sólo así podía instaurar una república comprimiendo la diversidad y la complejidad social del país. Y que necesitaría un Estado de características autoritarias para existir.

¿Por qué?

Porque saben que no son la mayoría del país. Esta idea que nadie expresa y todos niegan, en el fondo está en ese diseño. Y paralelamente, lo que se estaba pensando era transformar Cataluña en una especie de Andorra con vistas al mar, que sería la viabilidad de un pequeño Estado que nace endeudado, debilitado y aislado. Transformarse en una marioneta de los grandes poderes financieros a nivel internacional y cambiar de amo. No sería un Estado más soberano ni con más potencial de desarrollo. Todo eso se reveló en esas jornadas, y ha quedado tapado por los hechos del 1-O, cuando el Gobierno español gestionó violentamente y horriblemente aquella jornada. Pero el problema político de fondo fue esta ruptura, y ese diseño de lo que significaba la independencia. Una proyección mágica y mítica, vinculada a un deseo y a un sentimiento y que se convierte prácticamente en una religión, que a la vez es su debilidad y su fuerza. Pese a los fracasos y mentiras. Difícilmente es imaginable un movimiento político que haya engañado tanto a la gente de una forma tan evidente como el procés, y que siga arrastrando a la misma gente. Tiene un componente emocional muy fuerte. Es una cosa imposible que nos lleva al pedregar [expresión equivalente “al precipicio”, en catalán], y que pese a todo se intenta.

¿Ve paralelismos con el Brexit?

Es el caso más flagrante, sí. La desconexión de la economía británica con la europea y mundial es imposible. Es imposible acercarse a una autarquía, a un aislamiento aduanero. Pero pese a ello, un sector importante de la sociedad británica lo quiere intentar, locamente. Hay una parte nihilista en esta reacción de las clases medias que tiene que ver con el debilitamiento de las soberanías nacionales y del papel tradicional de las élites. En Cataluña, las élites tradicionales burguesas han cambiado su registro y el ámbito de gestión de sus intereses. Ya no están tan territorializados como antes. Ahora, las grandes familias, las de siempre, han abandonado, o dejado en segundo plano, las instituciones tradicionales de la sociedad civil. Eso explica que cuatro frikis se puedan apropiar de la Cámara de Comercio. Y que se suban a las barbas de las grandes familias de toda la vida, que se preguntan qué ha pasado. Las élites se han retirado de su papel tradicional, están en otros registros de la política y la economía internacionalizada y las clases medias y la pequeña burguesía están en ebullición. Y de ahí esos fenómenos de enloquecimiento, como en Inglaterra. Se les ha ido de las manos.

¿Aquí también se les ha ido de las manos?

Aquí, en Cataluña, la antigua dirigencia de Convergència cabalgó el tigre de un invento que ahora tiene vida propia y una dinámica que les ha sumergido. Y ha hecho que tengan que jugar a la radicalidad, y entren en una dinámica de la cual ya no son amos. Han jugado un poco a aprendices de brujo. Y lo tenemos también porque la izquierda no ha estado a la altura. Esto no hubiera sido posible si la izquierda no hubiera sufrido la crisis que ha tenido. Los socialistas antes y los comuns ahora. Hasta que la izquierda no reencuentre su horizonte y tenga capacidad de liderazgo político con un proyecto claro, como el federalismo, que puede ser un denominador común, no podrá reconducir la situación. Una situación dominada por esta agitación febril de las clases medias que no tiene salida, pero pueden mantener el cirio montado.

Sin embargo, Puigdemont, Torra y los dirigentes del procés, en general, insisten en seguir hablando del “mandato democrático” del 1-O, como si el resultado tuviera que cumplirse.

No hay ningún mandato. Es el marco mental del independentismo. No han reculado. Pero tampoco pueden. Porque cuando no tienes un proyecto y sólo tienes la épica… La fuerza del 1-O es la épica emocional. El momento en que una parte del pueblo salió a la calle para decir que quería votar. Perdiendo de vista una cosa muy seria: que la otra mitad del pueblo salió unos días después cogiendo por primera vez banderas españolas, gente del área metropolitana y de los barrios pobres de Barcelona, cosa que nunca había pasado. Y muchos eran nuestros votantes, socialistas y de los comuns, que nos preguntaban: “¿por qué no estáis aquí?”. La épica independentista no ve a la otra mitad, la que se siente catalana y también española. Pasqual Maragall decía que España forma parte de Cataluña, no que Cataluña forma parte de España. Y eso es una realidad de la complejidad de la sociedad catalana. Y querer forzar una identidad pura es una ruptura de la realidad nacional del país. El independentismo es un proyecto antinacional, contrario a la realidad compleja de esta sociedad diversa.

¿Por qué lo ven irrenunciable?

Es su momento fundacional. No les descabalgarás. Lo que sí tendríamos que descabalgar son algunos sectores de la izquierda que han dado legitimidad y credibilidad a este discurso. El 1-O fue una movilización de la parte independentista de la sociedad, a la que se añadió incluso gente indignada por los golpes (de la policía). Pero no tenía ninguna legitimidad democrática. Hubo una parte de la sociedad catalana que se sintió amenazada por este referéndum. Y hay una parte de esa sociedad, no de derechas ni reaccionaria, que se sintió protegida y amparada por el discurso del Rey. Una parte de la sociedad tuvo un miedo fundado. Y eso explica también el voto airado de las autonómicas del 21-D, el éxito de Ciudadanos fue porque hizo el discurso más de “leña al mono”, y se llevaron muchos votos socialistas. La sensación de mucha gente fue que nos llevaban al precipicio, de que nos llevarán a una aventura, arruinarán el país y nos hundirán en la miseria. Este sentimiento ha calado mucho. Y el independentismo eso no lo ve, o no lo quieren ver, o se piensa que esto no es Cataluña. Es difícil de reconducir una situación que se ha polarizado así.

Y con la designación de Quim Torra como presidente de la Generalitat, todavía parece más difícil, ¿no?

Sí, porque representa eso. Saben que su fuerza es mantener la tensión. Puigdemont, también, y es consciente de que todas sus posibilidades pasan por eso, a la espera de que llegue un momento crítico en que se pueda hacer una nueva tentativa. Y este aventurismo es muy típico de la burguesía. Toman sus exaltaciones por realidad, momentos de euforia y depresión… es muy característico de las clases medias en todas partes. Por eso es muy peligroso dejar la dirección del país en sus manos. Y en Barcelona, también.

¿Qué le parece su gestión?

No hay gobierno. Sólo les preocupa hacer agitación. La Generalitat funciona con la inercia administrativa del funcionariado, y con unos presupuestos prorrogados. Es decir, ahogados financieramente desde el punto de vista de actuación de trabajo. Y pasan cosas sangrantes como la Renta de Garantía de Ciudadanía, que es un escándalo. No constituye el centro de sus preocupaciones. No tienen presupuestos porque no quieren, ni han hecho nada para tenerlos, y se cargaron los del Estado. Porque esa no es su preocupación. Su preocupación es la agitación. Y si a algunos les preocupa más, hay otros que los amenazan de ser tibios. Se vigilan unos a otros, es insostenible. Cuando tienes dos socios que están peleándose continuamente, esa es la metáfora de lo que es el país. Está gobernado por dos que se disputan la hegemonía de su campo y que están peleados, pero no pueden dejar de gobernar juntos. Eso es corrosivo para un país, lleva a la parálisis y la decadencia. Es una competición por el poder. La crisis de las élites ha hecho creer a ERC que era su hora.

¿No le sorprendió la afirmación de Torra durante la pasada campaña electoral, cuando dijo que “Barcelona no ha ejercido” como capital de Cataluña, pero Girona sí?¿Afirmaciones así no son un menosprecio a Barcelona?

Sí, lo es. Y también a Girona (risas). Porque sólo se la imagina como la capital del general Cabrera. Tiene un punto de sinceridad, le sale del alma. La Cataluña que él se imagina es la Cataluña del folklore, la ratafía, y con Girona como capital bonita, tradicional, tradicionalista, católica y de la comunión carlista.

¿Y qué opina del informe del grupo de trabajo de la ONU que dice que el Gobierno debería liberar a los políticos independentistas en prisión preventiva?

Es poco relevante. Esa comisión de trabajo señala lo que muchos señalamos: que la prisión provisional parece abusiva y que no está justificada. Decir eso es una cosa. Pero otra es pretender, como ha intentado inflar mediáticamente el independentismo, que lo dice la ONU, o su Asamblea. Se han pronunciado sobre una situación legítimamente criticable de encarcelamiento excesivo y abusivo. Pero no es que la ONU pida su liberación. El Gobierno español no puede hacerlo. En un Estado democrático hay una separación de poderes. Y esto es así, por mucho que nos duela, para bien y para mal. Otra cosa es que después el Gobierno y la mayoría parlamentaria pueda gestionar políticamente una sentencia. En determinadas circunstancias, una modificación el marco legal que pueda dar una salida. Todo será complicado. Hay que respetar la separación de poderes y no se pueden hacer las cosas de cualquier manera.

¿El problema va para largo?

Sí. Porque, en el mejor de los casos, costará reconducirlo. Las heridas sangrarán durante tiempo. Hay una parte de gente que se sintió maltratada, herida o apalizada incluso, y otra parte que ha tenido miedo y desconfía por el 1-O. Será difícil resolverlo. No hay solución, en los próximos años costará poder discutir sobre nada. Habrá que intentar buscar la desinflamación y generar las condiciones para poder discutir de propuestas con tranquilidad. Ahora cualquier alternativa queda sumergida por el conflicto. Desde el Gobierno central se pueden hacer cosas, supongo que se intentarán seguir haciendo.

¿Qué salidas habría ahora?

Un referéndum no tendría sentido. Cuando sea posible sí que se puede hacer un debate de reforma constitucional. Puede ser más o menos ambiciosa. Pero que tenga como finalidad una reforma de tipo federalizante, que blinde los autogobiernos, como gobiernos de proximidad, con competencias bien definidas y no graciables, compaginadas con las competencias federales. Con un Senado que sea una verdadera Cámara de representación territorial, como en Alemania. Esa sería la salida. Y un referéndum para refrendar esa reforma pactada. Al final, no al principio. El referéndum, en contra de lo que mucha gente piensa, no es la forma más acabada de democracia. A menudo acaban siendo actos plebiscitarios. Y a menudo son regímenes autoritarios los que tienen más querencia por los referéndums. Y a veces agravan los problemas, como el Brexit.