Verónica Vilches se presenta como una campesina “superviviente”. Oriunda de San José, un pequeño núcleo rural de la provincia de Petorca, unos 200 kilómetros al norte de Santiago de Chile, tiene 48 años y trabaja las ocho hectáreas de tierra que su padre ya no puede cuidar.

Criada entre vacas, caballos y huertos, echa de menos los tiempos en que su familia se autoabastecía con lo que recibía de la naturaleza. Tenían carne, leche, huevos, mantequilla…Todo natural y casero. Hace seis años, la familia Vilches Olivares tuvo que cambiar su modo de subsistencia. Sin elección. “No teníamos agua para los animales y tuvimos que dejarlos partir. Fue una pena muy dolorosa. Tampoco teníamos agua en el canal y la tierra se nos secó”, relata.

Hace más de una década que esta zona de Chile sufre una grave sequía por los efectos del cambio climático y la actividad de las agroexportadoras dedicadas al cultivo de aguacate, o palta, como se conoce esta fruta en Chile. Atraídas por las condiciones climáticas, a partir del año 2000 grandes compañías aterrizaron en la zona para dedicarse a este cultivo. Cada kilo de producto necesita unos 2.000 litros de agua, según The Water Footprint Network. Los empresarios eliminaron el bosque nativo e instalaron sus plantaciones, que riegan con agua extraída de las napas subterráneas de los dos ríos que riegan la provincia: el Petorca y La Ligua. Ambos se han convertido en un lecho de piedras, hierbas y animales vagabundos. El primero ya se declaró agotado en 1997 y en 2004 se restringió la explotación de sus aguas subterráneas. Desde 2012 se ha decretado que la cuenca es “zona de escasez hídrica”. La Ligua se agotó en 2004.

Las plantaciones de aguacate dedicadas a la exportación ocupan los cerros de Petorca y han secado el llano de la cuenca del río. M. F.

La falta de recursos ha provocado una competencia entre vecinos, un David contra Goliat. Por un lado, los pequeños agricultores, lugareños y activistas en defensa del agua; por el otro, los grandes productores agrícolas. Según la oficina de Estudios y Políticas agrarias, la provincia de Petorca es la segunda con mayor cultivo de paltas del país, que se exportan principalmente a Europa, Estados Unidos, China y Argentina.

Agua privatizada

Chile es, según algunos autores, el país con el mercado del agua menos regulado del planeta. Carl Bauer, profesor de la Universidad de Arizona, lo describe como un “ejemplo paradigmático” de reforma del libre mercado, estableciendo la protección al derecho de propiedad privada más fuerte en el mundo, sin ninguna interferencia de mecanismos regulatorios gubernamentales. "El modelo chileno de aguas [...] excluyó la función esencial de la Administración de intervenir efectivamente en el mercado, en virtud de su rol tutelar de un bien público y además, vital y escaso", describe. Esta realidad se remonta a la Constitución de 1980, elaborada durante la dictadura de Pinochet, que abrió las puertas a vender, arrendar o especular con el recurso. La legalidad chilena contraviene la resolución de Naciones Unidas de 2010, ratificada por Santiago, que reconoce el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano.

Chile es el único país del mundo que tiene sus aguas legalmente privatizadas. La Constitución de 1980, elaborada durante la dictadura de Pinochet así lo establece

La Dirección General de Aguas (DGA) entrega de forma gratuita derechos de uso de agua (establecidos en litros/segundo) a las personas que los solicitan. Esos derechos certifican que una persona es propietaria del agua (superficial o subterránea) de una parte concreta de la cuenca de un río y quedan registrados en un catastro y en el registro de la propiedad. Cuando la DGA deniega las solicitudes, hay opción de adquirir los derechos en el mercado privado del agua, donde un litro de agua por segundo oscila entre los 13.000 y los 20.000 euros. Si bien la legislación limita la entrega en situaciones de escasez o restricción, el organismo no ha frenado del todo esta práctica, aunque ha disminuido mucho. Según cifras de la propia DGA, en los últimos cuatro años entregaron 54 nuevos derechos de agua, 49 de ellos en 2015. Sin embargo, la mayoría de los permisos otorgados por el organismo –más de un centenar– corresponden a cambios de puntos de captación de agua de derechos ya concedidos. Unas regularizaciones que son cuestionadas por los campesinos.

Según escribe la investigadora Paola Bolados, en los noventa se generó un sobreotorgamiento de derechos de los ríos Petorca y La Ligua que agotó sus aguas superficiales. Luego, a partir de los 2000, las compañías agroexportadoras iniciaron la “guerra por las fuentes subterráneas”, las sobreexplotaron y acapararon sus derechos de uso.

Desde el final de la dictadura se ha intentado reformar el Código de Aguas en al menos ocho ocasiones. La última en 2011, pero el proyecto se abandonó. Entre los principales opositores a la reforma de la normativa está la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), que agrupa las principales empresas del sector agrícola del país.

Con la administración de Michelle Bachelet (2014-2018), el proyecto de reforma recibió un pequeño impulso y logró superar el primer trámite legislativo. Sin embargo, desde entonces se encuentra bloqueado en el Senado. Entre otras garantías, la propuesta fija el agua como bien público y derecho humano que debe ser garantizado por el Estado, establece usos prioritarios y acaba con las concesiones “a perpetuidad” de derechos (aunque no de forma retroactiva). Ahora el Gobierno de Sebastián Piñera quiere enmendar este último punto y mantener la entrega de derechos permanentes privados.

Sobrevivir con camiones aljibe

Los principales damnificados por esta legislación son, sin duda, los campesinos y pequeños agricultores. Mientras las zonas urbanas de Petorca o Cabildo se abastecen con el suministro de Esval, la empresa sanitaria de Valparaíso, capital de la región, en el campo no cuentan con servicios de la red de agua potable. Hasta hace unos años se abastecían de pozos, pero se secaron y desde entonces muchas familias tienen que ser asistidas por camiones aljibe para el consumo humano.

Es el caso de Zoila Quiroz, una jubilada de 72 años que toda su vida se dedicó a cultivar la tierra. Vive con su hija, su pareja y dos nietas en Quebrada de Castro, a tres kilómetros de la zona urbana de Petorca, y ha presenciado la transformación del paisaje. “Vivo acá desde hace 40 años. Antes había mucha agua en el canal y en la quebrada, teníamos animales y verduras. Yo iba a vender la leche al pueblo, teníamos uvas y hacíamos vino”, recuerda. Hoy solo tiene gallinas y algunas se las comen los zorros sedientos que llegan hasta su parcela. Dejó de cosechar verduras y las tiene que comprar y desde 2011 se abastece con el agua de un estanque de 10.000 litros que comparte con otras ocho familias. Un camión aljibe del ayuntamiento de Petorca se encarga de rellenarlo dos veces por semana.

No podemos gastar más de lo que se establece, estamos siempre atentos a cuánto llevamos consumido. Es como vivir bajo una calculadora

Zoila reutiliza el agua doméstica para regar los pocos árboles que le quedan a través de un sistema de purificación de aguas grises mediante plantas. Ahora estudia la posibilidad de hacer un hoyo en la tierra para no usar el inodoro. “No queda de otra, es demasiado gastador”, exclama. Ve impotente cómo mientras los suyos toman agua del camión aljibe, el vecino, dueño de una de las grandes hortícolas de la zona, riega cientos de hectáreas de paltos y mantiene dos acumuladores de agua que parecen piscinas en medio de un campo seco.

Gestión comunitaria del agua

Zoila y Verónica hacen frente a la crisis hídrica de Petorca gracias a los distintos comités y cooperativas de Agua Potable Rural (APR) a los que pertenecen. Los primeros APR, una suerte de juntas de vecinos, nacieron en Chile en los sesenta para extender la red de saneamiento a las áreas campestres. Fue en los ochenta, sin embargo, cuando estas organizaciones proliferaron.

En la provincia de Petorca existen hoy 74 APR. Verónica preside el de San José, que tiene tres pozos. Todos secos. Como solución, acordó recibir el agua de otra comunidad, que procede de una parte más alta de la cuenca. El recurso llega a un estanque, se filtra y se distribuye a unas 200 familias a través de una red: “No podemos gastar más de lo que se establece, estamos siempre atentos a cuánto llevamos consumido. Es como vivir bajo una calculadora”. Para la dirigente, ser presidenta del comité implica un trabajo voluntario de compromiso y disponibilidad absoluta. “Hay que estar pendiente a cualquier hora del día o de la noche, es un sacrificio permanente”, cuenta.

Verónica Vilches (a la derecha) y la operaria del APR San José monitorean la cantidad disponible de agua para los vecinos. M. F.

Carolina Vilches es activista del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima) y encargada de la Oficina de Asuntos Hídricos de la Municipalidad de Petorca. Regularmente visita las personas afectadas por la sequía y está en contacto permanente con los distintos APR de la cuenca del Petorca. “Es como ver un tablero de ajedrez: los que tienen plata, de color verde; y los que no, de marrón”, exclama mientras señala cerros exuberantes junto al lecho seco del río. “Pensamos en el agua para beber, para la emergencia, pero no contemplamos la subsistencia. Esta comunidad era de criaderos y huertos, pero estos saberes se están perdiendo. Estamos quitando a los campesinos la posibilidad de continuar con su modo de vida”, lamenta.

Necesidades urgentes

Los avances legislativos parar mejorar la gestión del agua son muy lentos porque, en el fondo, no se toca la Constitución, que define el agua como un bien privado y no como un derecho humano. Sin embargo, en los últimos años, los activistas y pobladores rurales han conseguido mejoras. En 2017 se aprobó la ley que regula los servicios sanitarios rurales, que aún no se ha podido aplicar porque todavía no dispone de un reglamento que facilite su puesta en práctica.

Como parte del plan Agua Para Petorca, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha iniciado investigación sobre las denuncias por extracciones ilegales en los acuíferos. A partir de 2011 salieron a la luz varios casos de robo que terminaron en sanciones administrativas para figuras de reconocida trayectoria empresarial y política. Entre ellos el exministro Edmundo Pérez Yoma, propietario de Agrícola Cóndor, quien fue sancionado en 2017 por la Corte Suprema, junto a otros propietarios agrícolas; o la compañía Agrícola Pililén, propiedad del exdiputado Eduardo Cerda García y su familia, multado por extraer agua “sobre cerca del 600% de lo autorizado”. Según los últimos datos públicos del MOP, actualmente hay 167 expedientes abiertos por extracción irregular.

Para los territorios afectados la necesidad de agua es urgente. Lugareños y activistas consideran insuficientes las medidas —cuando las hubo— que los sucesivos Gobiernos han intentado para resolver una crisis hídrica que se arrastra desde hace más de una década. “El Gobierno sigue invirtiendo en emergencia, y no en infraestructura. Seguimos pagando camiones aljibe, en vez de instalar redes de agua potable como corresponde”, reclama Carolina Vilches. Subrayan la necesidad de elaborar un balance hídrico nacional que permita conocer de qué agua se dispone en la cuenca y los registros de derechos de agua de cada propietario. Actualmente, la DGA junto con un consorcio universitario están actualizando los datos del último catastro, que data de 1987.

En esta guerra por el agua, Petorca enfrenta un impacto social, cultural y ambiental que tendrá consecuencias irreversibles para su ecosistema. El modelo agroexportador ha arrasado con el paisaje y la forma de subsistencia de los campesinos, que quedaron sin animales, verduras, frutos, y agua. “Nos han despojado de todo”, resume Verónica.

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