La crisis de los corresponsales de la Agencia Notimex en el extranjero es un caso emblemático de la pérdida absoluta de derechos laborales. Y demuestra, además, la necesidad de que los trabajadores de prensa en México nos organicemos para defendernos ante los abusos empresariales de medios públicos y privados.

El deterioro en nuestras condiciones de trabajo se aceleró en los últimos seis años y hoy es difícil de entender, incluso para nosotros, el nivel de precarización al que hemos llegado.

Desde hace décadas arrastramos conflictos con la agencia porque les pedimos a los sucesivos directores que nos regularizaran para tener derecho a jubilación, seguro médico y el resto de prestaciones que contempla la ley. Algunos no pudieron promover los cambios. Otros, no quisieron.

A partir de 2013 se aceleró el desmantelamiento de la sección Internacional. Cerraron las oficinas regionales de Centroamérica y Sudamérica y recortaron fuentes de trabajo. Muchos de los compañeros fueron despedidos sin indemnizaciones, lo que motivó decenas de demandas laborales. De los alrededor de 40 corresponsales que había, hoy quedamos 20 en 14 países.

Hasta entonces, a los corresponsales nos enviaban recursos para gastos operativos como teléfonos celulares, televisión por cable e internet. De un día para el otro nos los quitaron y tuvimos que cubrir esos servicios con nuestros propios sueldos. La agencia, bajo la dirección de Alejandro Ramos, nos exigió que compráramos smartphones o cámaras para comenzar a enviar fotos y videos, sin capacitación. En diciembre de 2013, cuando esperábamos el depósito del aguinaldo, nos avisaron que ya no tendríamos esa prestación. En ese momento deberíamos habernos rebelado o hacer una denuncia pública, pero nos quedamos paralizados por la sorpresa. No sabíamos movilizarnos.

La amenaza ante cada nueva pérdida de derechos, que siempre nos comunicaban de urgencia, sin tiempo para procesarla, era el despido inmediato sin indemnización.

Así ocurrió cuando nos avisaron que íbamos a empezar a firmar contratos anuales como “prestadores de servicios”. Nos dijeron que sería sólo un trámite administrativo, que la relación laboral no se modificaría en los hechos. Hoy, esos contratos son el arma que usa la gestión saliente para decir que no éramos trabajadores de la empresa a pesar de que tenemos antigüedades de entre ocho y 35 años como corresponsales, haciendo siempre el mismo trabajo y en las mismas condiciones de dependencia.

La situación se agravó el año pasado, cuando la Agencia nos avisó, nuevamente de manera urgente y sin explicar los motivos, que nos iban a recortar un 25% los salarios. En ese momento ya trabajábamos más por menos ingresos, ya que debíamos cumplir con cuotas de fotografías y videos y pagar todos los gastos operativos de cada corresponsalía.

En diciembre pasado, la situación se tornó surrealista. Se nos dijo que estábamos incumpliendo los contratos que exigían el envío de 90 notas mensuales, es decir, tres notas diarias, lo que equivalía a no descansar ya ningún día de la semana, ningún día del año. Se terminó nuestro derecho a tener vacaciones, ya que no estaban contempladas en los contratos como “prestadores de servicios”.

Mientras tanto, ante el cambio de gobierno, empezamos a preguntar qué iba a pasar con la prórroga de los contratos para 2019. Varias veces nos dijeron que estaban garantizados, así que por esa parte estábamos tranquilos, confiados en que con la nueva dirección que llegara a la agencia ahora sí nos iban a regularizar y a reconocer como trabajadores.

En lugar de eso, el 27 de diciembre por la noche, la directora de Internacionales, Olga Ojeda, nos avisó por correo que no habría prórroga de contratos. Ahí comenzó la incertidumbre laboral que venimos arrastrando desde hace más de tres meses. Nunca pensamos que nos iban a dejar sin trabajo y mucho menos sin ofrecernos una indemnización por las antigüedades que tenemos.

El maltrato se fue incrementando. En enero, en dos ocasiones nos mandaron las licitaciones para recuperar nuestras fuentes de empleo. La oferta de la dirección interina sólo incluyó a 17 de los corresponsales, lo que implicaba que tres de nuestros compañeros quedaban fuera de la agencia por completo, pero no se les dio explicación alguna. Los que supuestamente íbamos a continuar, reanudaríamos nuestro trabajo a partir del 1 de febrero, pero con recortes salariales de hasta el 60%. Luego, la fecha se postergó para el 16 de febrero. Luego, por tiempo indefinido.

Quedamos en un limbo: sin saber si todavía teníamos o no empleo y en qué condiciones. Y así acumulamos tres meses sin tener ingresos y sin que la empresa defina una situación que fue provocada por décadas de desmanejos de las anteriores administraciones y que se alargó por el retraso que hubo en el Senado para ratificar a la nueva directora.

Cuando comenzó esta crisis, los corresponsales ni siquiera nos conocíamos. Estábamos divididos en tres regiones: Estados Unidos, Europa y Sudamérica, pero nunca habíamos entrado en contacto unos con otros. Las distancias, las diferencias horarias y la falta de organización jugaron siempre a favor de la empresa.

Por eso, en enero decidimos romper esa inercia. Por primera vez armamos un grupo de correo electrónico y empezamos a discutir estrategias para enfrentar la injusticia y los maltratos laborales que estábamos padeciendo. Nos parecía inadmisible permitir que la empresa se deshiciera de nosotros sin tomar en cuenta nuestras antigüedades, o los casos de muchos compañeros que fueron enviados por la propia Agencia al extranjero y que ahora quedaban botados en otros países después de décadas de trabajo.

Los 20 corresponsales comenzamos un interminable intercambio de correos en los que, álgidas discusiones mediante, pudimos consensuar decisiones para defender el trabajo profesional que hemos realizado durante tanto tiempo. Juntos, hemos logrado que la Agencia tenga prestigio en los países que cubrimos, a diferencia de lo que ocurre en México, en donde es frecuentemente cuestionada.

Han sido meses de tensión, de conocernos y organizarnos vía mail, de investigar de qué manera nos amparan las leyes laborales y qué derechos tenemos (porque los tenemos), de repartirnos tareas como la redacción de cartas públicas y privadas a funcionarios y políticos, de llamadas telefónicas, de gestiones, de largas y complejas votaciones sobre cada paso a seguir. De denunciar nuestro caso ante la opinión pública, con una inesperada muestra masiva de solidaridad por parte del gremio.

Algo muy importante es que denunciamos el caso específico de Rodolfo Rivera, un periodista mexicano que ha trabajado 28 años en la Agencia, 20 de ellos como corresponsal de Notimex en Venezuela. Rodolfo tiene 75 años, padece un Parkinson avanzado, requiere atención médica urgente que en Caracas no puede conseguir y la Agencia lo dejó abandonado, como a todos nosotros.

Los corresponsales estamos en un proceso de aprendizaje. Ha sido agotador, pero también esperanzador. Nos hemos asumido como trabajadores de prensa, como compañeros en una lucha colectiva por derechos laborales que el Estado debería garantizar para todos. Perdimos el miedo y dejamos de quedarnos callados ante las injusticias, los maltratos y la precarización. Recuperamos la dignidad. No es poco.

Pero hace falta que los periodistas mexicanos nos organicemos de manera masiva para luchar contra los atropellos que se repiten en la mayoría de los medios de comunicación y que suelen ser cobijados por la impunidad del silencio. Es una tarea pendiente.