Este sábado se emitió una declaración pública firmada por Sebastián Piñera desde Presidencia. En el documenti se aborda lo ocurrido durante los últimos días en materia de políticas migratorias, luego que Chile se restara de firmar el Pacto Migratorio de la ONU.

En el comunicado Piñera culpa al gobierno de Bachelet ya que al asumir su mandato,“la situación migratoria en Chile reflejaba un desorden alarmante”, ya que entraron al país cerca de 700 mil personas como turistas “cientos de miles de ellos con la clara intención de quedarse en forma irregular o engañados por verdaderas mafias de tráfico de personas. Al 11 de marzo de este año había en Chile más de 250 mil migrantes irregulares. A las autoridades migratorias chilenas se le entregaron más de 45 mil documentos falsos; y los trámites migratorios tomaban en promedio 9 horas. Los migrantes debían hacer largas y extenuantes filas de espera para poder realizar sus trámites. Esta situación sin duda fue conocida y tolerada por el Gobierno anterior”, subrayó.

El Presidente fue enfático en despejar cualquier tipo de controversia y sostuvo que el gobierno promueve una migración segura, ordenada y regular. “Esto significa que Chile tiene una política de puertas y brazos abiertos para acoger a aquellos migrantes que vienen a nuestro país a iniciar una nueva y mejor vida, a respetar nuestras leyes, empezando por la ley de Migración, a integrarse a nuestra sociedad y a aportar al desarrollo de Chile”.

“Encontrarán, sin embargo, una política de puertas cerradas aquellos que intenten ingresar a nuestro país para causarnos daño como bandas de delincuentes, crimen organizado, narcotraficantes o trata de personas”, recalcó.

También se dio a conocer, que toda persona tiene derecho a dejar su país en busca de una nueva y mejor vida. Y que todo país tiene derecho a decidir, como explícitamente lo reconoce el Comité de DDHH de Naciones Unidas, qué migrante y bajo qué condiciones puede ingresar a su territorio.

Sin embargo para el Jefe de Estado entre las primeras urgencias que debió enfrentar su Gobierno fue poner orden la casa en materia de migraciones, para lograr una migración segura, ordenada y regular.

“Con este objetivo iniciamos un proceso extraordinario de regularización de migrantes, excluyendo a aquellos con antecedentes penales, al cual ya se han incorporado más de 155 mil migrantes. Derogamos la Visa Temporaria por motivos laborales que había generado 45 mil documentos falsos. Creamos nuevas visas como la Visa de Responsabilidad Democrática para venezolanos, la Visa de Estudio y la Visa Humanitaria para reunificar familias haitianas”.

“Adicionalmente, enviamos indicaciones al Proyecto de Ley de Migración y Extranjería, que habíamos presentado durante nuestro primer Gobierno anterior, para modernizar y perfeccionar nuestra legislación migratoria, que databa de 1975, estableciendo requisitos de ingreso claros y procedimientos administrativos eficaces, con el propósito de lograr una migración segura, ordenada y eficaz, que facilite el ingreso a Chile de aquellos migrantes que contribuyen al bienestar de nuestro país, y evite el ingreso de aquellos que vienen a causar daño a nuestro país. El Proyecto de Ley además crea el Servicio y el Registro Nacional de migrantes y un Consejo de Políticas Migratorias. Este Proyecto ha sido ya aprobado por varias comisiones de la Cámara de Diputados”

En la misiva explica porqué no firmó el Pacto de Migraciones de Marrakech, ya que contradice algunos de los principios antes mencionados y porque no resguarda adecuadamente los legítimos intereses de Chile y los chilenos y marca 3 puntos: Primero, el Pacto de Marrakech incentiva la Inmigración irregular, al fomentar el trabajo informal, al promover el ingreso de los denominados “inmigrantes vulnerables”, al dificultar la detención de migrantes irregulares y otorgarles acceso a pensiones sin reunir los requisitos, al hacer difusa la distinción entre migrantes y refugiados y entre migrantes irregulares y regulares, lo cual perjudica la situación de los refugiados, que sufren persecuciones, y de los migrantes regulares, que respetan nuestras leyes.

Segundo. El Pacto de Marrakech establece nuevos deberes para el Estado, como el de revisar nuestra legislación, políticas públicas y actos administrativos y promover la suscripción de nuevos acuerdos bilaterales y regionales. Adicionalmente, establece el deber del Estado de crear condiciones para el desarrollo económico y social de los migrantes expulsados, después de retornar a su país de origen, fijando deberes específicos para el país del cual fueron expulsados en materia de protección social, asistencia sicológica y oportunidades de empleo en el país de origen.

Tercero, el Pacto de Marrakech limita el derecho soberano de todo Estado a decidir cómo resguardar sus fronteras, quién y bajo qué condiciones ingresa a su territorio y a quiénes otorga beneficios.

Ante las insistentes críticas de que este Pacto sería contrario a una política de Estado en materia de relaciones exteriores, Piñera recalcó que “La Constitución entrega al Presidente de la República la conducción de las relaciones internacionales. Es verdad que, en los temas fundamentales de la política exterior, Chile ha tenido una valiosa y larga tradición de actuar con políticas de Estado. Nuestro gobierno respeta, valora y practica esta tradición. Así lo hemos demostrado en el caso de los juicios ante la Corte Internacional de La Haya, las decisiones relativas a la mantención de la paz, la seguridad internacional y el respeto a la democracia y los Derechos Humanos, el respecto al derecho internacional, nuestro compromiso con el cambio climático y el calentamiento global, y muchas otras instancias”.

Sin embargo, en opinión del gobierno, la forma en que Chile norma o regula su política migratoria es un asunto de carácter interno y no forma parte de una política exterior de Estado. Por ejemplo, nosotros nunca fuimos consultados y siempre discrepamos profundamente de la política de Migración aplicada por el Gobierno anterior, que no impidió o toleró la masiva inmigración ilegal que afectó a Chile.