Es una gran disputa por el sentido y los actores de la violencia, por desenmascarar, ponerle nombre a la muerte y obligarlos a salir del anonimato.

Existe un rompecabezas de las muertes. Las más de cien en más de cien días de conflicto. La cuestión se resume en la mediática opositora en que todos fueron asesinados por el gobierno. No importa que no existan pruebas a la hora del titular, tampoco investigación para fundamentar una aseveración como esa. Importa el impacto, el número, el escándalo, el muerto apilado sobre otro muerto que de a poco construye esa idea ya consolidada en muchas partes: es un régimen autoritario, dictatorial, que viola los derechos humanos.



En otros casos no se le atribuye la responsabilidad al gobierno sino a la crisis/conflicto. Un viejo truco, como titular “la crisis causó dos nuevas muertas” cuando fueron asesinados por la policía, bajo órdenes del gobierno argentino, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en el 2002. No fue en aquel entonces “la crisis”, así como tampoco lo es en Venezuela. Si algo queda de periodismo en esta batalla política, debería al menos conservar la investigación como base para construir noticias y opinión. Se trata de un deseo casi ingenuo: la mentira se ha vuelto una forma nodal de comunicar en esos medios.



Por último, existe otro truco más: decir sin nombrar. “Muertos en jornada electoral”, “incendiaron sede de la magistratura”, por ejemplo, cuando es evidente -solo basta seguir los movimientos- que la incendiaron grupos de choque que en cada manifestación de la oposición están en primera línea y reciben ordenes de dirigentes de Voluntad Popular. En este caso no hay autor de la acción. Ni el gobierno, ni la crisis, nadie. Menos aún la oposición.



Estas tres variables son repetidas diariamente por decenas de titulares, portadas, de Venezuela y el mundo. El resultado es que una mayoría está convencida que el gobierno es autor de toda la violencia y las muertes. ¿Cuántas veces es necesario repetir una idea para que se haga verdad? ¿Qué medios de comunicación es necesario tener para que eso suceda? La arquitectura comunicacional en el caso de la oposición venezolana es aplanadora: cuenta, por ejemplo, con los principales medios de cada país del continente, Estados Unidos y Europa, articulados entre sí.





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Los muertos entonces. ¿Quién es responsable? Son más de cien, el número exacto difuso: ¿125, 127? ¿Más, menos? Difícil tener una certeza debido al amplio abanico de causas de las muertes -algunas pueden ser incluidas por algunos análisis y excluidas por otros-, y por las fuentes de información, el cruce de datos entre poderes públicos, fuentes periodísticas. Las causas han sido múltiples: barricadas y bloqueos; saqueos; quemados vivos o linchados; manipulación de explosivos; transito cerca de una manifestación sin participar en la misma; pelea entre manifestantes; disparos de bandas criminales; desde adentro de los manifestantes; por cuerpos de seguridad del Estado; entre otras.



De ese total, unas 11 víctimas fueron por disparos de los cuerpos de seguridad. Ante eso ya existen 39 efectivos procesados, detenidos o solicitados. Es decir que cerca de un 10% fue responsabilidad del Estado. Otro elemento: del total de muertos, más de 7 son de efectivos de algunas de las fuerzas de seguridad. El discurso de que todos los muertos son del gobierno se cae rápidamente.



¿Quiénes son responsables del otro 90%? En el nivel intelectual, los dirigentes de los partidos opositores, en particular Voluntad Popular y Primero Justicia, por ser quienes conducen el plan de escalada violenta en la calle. En el nivel material depende de cada caso: paramilitares, grupos de choque, los mismos jóvenes de las protestas, gente suelta alentada a matar -para una parte de la oposición se ha vuelto legítimo matar chavistas-. La Fiscalía General no ha detenido a nadie de la oposición, ni autor material ni intelectual, aun cuando la evidencia haya quedado grabada en cámaras, como uno de los jóvenes que fue linchado y prendido fuego al pasar por una manifestación en plena Caracas. No es casualidad, su alineamiento con la oposición es declarado. La justicia está ausente y esa ausencia agranda el agujero de la muerte.





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A veces solo bastaría aplicar un razonamiento lógico. Como en el caso de las elecciones del domingo. La oposición anunció que impediría que tuvieran lugar, y actuó en consecuencia. Asesinó a un candidato el sábado por la noche, atacó 206 centros de votación, afectó gravemente la participación en 5 municipios, detonó una bomba sobre la policía, desplegó grupos paramilitares para impedir que la gente votara, disparó sobre votantes, sobre cuerpos de seguridad del Estado. Y sin embargo la noticia mundial fue la misma, desde Clarín hasta el secretario de la OEA: el gobierno fue responsable de la violencia. ¿Por qué el gobierno habría hecho eso el el día de las elecciones claves del domingo? ¿Para qué hubiera lanzado granadas sobre centros electorales y detonado una bomba contra la policía? Las matrices de los medios pueden destruir el sentido común.



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Venezuela es frontera con Colombia, epicentro del paramilitarismo, ha sido infiltrada durante años por grupos paramilitares, que a su vez se enraizaron, en alianza con bandas criminales, y conformaron de fuerza -logística/inteligencia/estructura- propia. Están los testimonios de las poblaciones, las acciones como asaltos a cuarteles militares y policiales con armas de guerra, las zonas controladas por ellos, sus campamentos. No existen, sin embargo, en los grandes medios de comunicación, en las palabras de los dirigentes de la derecha, en algunos análisis de intelectuales.



Existen sí en la vida de la gente: las casas marcadas, los chavistas de los pueblos que deben irse debido a las amenazas, los compañeros asesinados, los comercios que deben cerrar sino son atacados, al igual que los transportes, los toques de queda. Ocurre en municipios de Táchira, Mérida, Lara, Barinas, en los despliegues que realizan durante las semanas de escalada del conflicto en cualquier punto del país.



La fórmula es la siguiente: cada hecho de violencia debe ser negado, y en caso de que la acción sea demasiado evidente, debe ser señalada como un auto-golpe del gobierno. Aunque sea inverosímil, como decir que fue el mismo gobierno quien lanzó las granadas desde un helicóptero sobre el Tribunal Supremo de Justicia. El plan golpista despliega oleadas de violencia, legitima una parte, oculta otra, y construye la idea-fuerza de una oposición “pacífica, legal y masiva” que es víctima de la represión desmesurada. Los medios de comunicación le lavan la cara día tras día a la derecha, y no son los únicos: también lo hacen quienes centran toda la crítica sobre el gobierno y minimizan el accionar golpista hasta invisibilizarlo.



Es una gran disputa por el sentido y los actores de la violencia, por desenmascarar, ponerle nombre a la muerte y obligarlos a salir del anonimato.



No se puede comprender las respuestas del chavismo -con sus aciertos y errores- si no se comprende la estrategia desplegada, o si se opta deliberadamente por esconderla. ¿Qué deber hacer un gobierno y un movimiento popular, con su infinidad de contradicciones, ante una oposición que apuesta por una salida violenta y despliega un brazo armado que realiza acciones militares? ¿Cómo debe actuar? Las respuestas son varias. Desde un esquema de contención para apostar al desgaste, hasta ensayar formas de defensa integral, como lo había planteado Hugo Chávez a través de las Milicias Bolivarianas. Aunque en este último punto existe otro debate: parecería necesario construir formas de resguardo de los territorios dependientes de los mismos territorios, y no solamente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana -como lo es la Milicia Bolivariana- aunque articulado con las mismas -nada por fuera de la unidad.



Se trata de un punto clave: ¿Cómo se defiende un proceso popular? ¿Quiénes lo defienden?

¿Solamente desde el aparato del Estado?





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La violencia se ha normalizado en Venezuela. El primer hombre prendido fuego en la calle conmocionó, el segundo también, el tercero pasó a ser parte de lo posible, el quinto ya entró en la lógica del conflicto -impactó sí, aquel que luego de linchado e incendiado, fue pateado como un perro por sus asesinos-. Esa normalización es parte del objetivo de la violencia opositora, apunta a golpear el tejido social, descomponer, enfrentar a las partes hasta legitimar el linchamiento como práctica social opositora en las clases altas y medias. No se ha visto hasta el momento a nadie linchado en un barrio popular por su postura política.



¿El gobierno no se ha equivocado y cometido violencia que no debía cometer? Sí. Ahí están los números, la gente encarcelada, los órganos de seguridad del Estado que no son los que quisiéramos que fueran, que han intentado ser transformado en este tiempo de revolución y han quedado a medio camino. El chavismo tiene contradicciones, límites, lucha de clases interna, traidores, burócratas, corruptos impunes en puestos de dirección, y una lista larga de problemas. Se los debe debatir, disputar: en la resolución o no de esos puntos se nos va la posibilidad del proyecto.



El problema es invertir los términos y poner al gobierno como autor de la escalada de violencia, y no como quien ejerce una respuesta -con sus errores- ante un intento de Golpe de Estado con participación directa de los Estados Unidos. Mirar Venezuela a través del show mediático, la avalancha estética victimizante y heroica de sus movilizaciones, la producción masiva de contenidos -que cuesta millones de dólares- las páginas opositoras y Aporrea, y algún investigador de una universidad extranjera que “analiza los colectivos”, conduce a comprar el cuento completo del golpismo.



Debatir el chavismo es una necesidad. Pasar del lado del bloque conducido por los Estados Unidos es un error histórico. No sería la primera vez que sucede en la historia de la izquierda en el continente.

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