Desde que se comenzó a implementar la inclusión financiera en el país se han creado 850.000 nuevas cuentas bancarias, el uso de tarjetas de débito se multiplicó por 14 y el empleo de POS (Puntos de venta) se cuadriplicó.





Con estos datos comenzó una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pablo Ferreri, en la cual realizó varios anuncios sobre la inclusión financiera, entre las que se destacó que "después de meses de trabajo" las principales tarjetas que operan en el mercado harán una rebaja de sus aranceles que pagan los comercios. Las ventas con tarjeta de débito pasará de una comisión máxima de 2,2% a 1,5% a partir del 1° de febrero de 2018, al tiempo que el arancel aplicable para las de crédito pasará a ser del 4% (en la actualidad es de 4,5%).





Desde el MEF se estima que con el tiempo existe la posibilidad de extender el acuerdo para llevar los aranceles a 0,85% para los casos de débito y 2,25% para el crédito. Consultado por El Observador, Ferreri dijo que el mayor número de transacciones permite que se pueda acceder a este tipo de beneficios. "Se ha logrado con mucho diálogo y participación de todos los actores en función de la evolución que ha habido de la inclusión financiera y la utilización de los medios electrónicos de pago. Es precio por cantidad", argumentó el jerarca.





Flexibilidad para los jubilados

Otro de los anuncios realizados por el MEF fue que se va flexibilizar el régimen para el pago de pasividades y beneficios sociales. Según comentó Ferreri, se mantendrá el derecho a que los pasivos y beneficiarios de prestaciones puedan acceder a una cuenta bancaria para cobrar su retribución, pero esto no será obligatorio, a diferencia de lo que ocurre con los trabajadores y sus salarios.





Ferreri explicó que la obligatoriedad aplicaba exclusivamente para los pasivos que se convirtieron en tales a partir de noviembre de 2015, pero de todas formas se decidió excluirlos ya que al pagar las prestaciones el Estado, no se verifican las mismas razones que justifican la obligatoriedad para los trabajadores, que en resumidas cuentas busca prevenir la informalidad.





En el caso de los trabajadores, otra de las opciones que se planea instrumentar para 2018 es que las instituciones que ofrecen servicios financieros permitan el retiro de la totalidad del salario en un único movimiento sin costo, permitiendo que aquellos que pretenden hacerse de su sueldo físicamente puedan realizarlo con un solo movimiento.





Se proyectan también un conjunto de modificaciones para el cobro de los tickets de alimentación, disponiendo que no tenga costo para el empleador y que el trabajador pueda elegir la institución por la cual cobrarlos.





Además se anunció que lo que estaba previsto para enero de 2018, que consistía en la obligación de que las empleadas domésticas y los jornaleros cobren por medios electrónicos, tendrá una prorroga para el primer caso hasta el 1° de abril de 2018 y para el segundo a partir de enero de 2019.



