El largo feriado de Semana Santa postergó las definiciones pero no atenuó el conflicto entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fernando Rosenkrantz, y sus cuatro colegas.

En el único acuerdo de la semana todos fingieron cordialidad. “Es un buen muchacho”, dijo el obispo de Rafaela, mientras afilaba la hoja del puñal.

En la inauguración del año judicial, en cuanto Rosenkrantz concluyó la oda a la burocracia y el minimalismo, que incluyó críticas a la grandilocuencia y las ambiciones políticas de su predecesor, recibió un inmediato abrazo del propio Ricardo Lorenzetti. El discípulo de los hermanos maristas era el único de los cinco que sonreía, acaso porque ese contacto le sirvió para tomar las medidas exactas de la espalda del filósofo de Yale.

El caso de Petrolera Esso, hoy Axion, contra la municipalidad de Quilmes, sobre el monto de la tasa por inspección de higiene y salubridad que puede cobrarle, ya es causa suficiente de juicio político. Pero no es el único: hay al menos otros cuatro casos de clientes del estudio del presidente de la Corte (tres de YPF S.A. y uno de Claro) en los que Rosenkrantz intervino, y uno en el que sus colegas lo acusan de traficar información confidencial hacia la minera Barrick Gold.

Desde que lo sorprendieron informando a Mario Quintana (era su abogado en Farmacity) y Gustavo Lopetegui después de cada acuerdo, lo llaman Buby, por Julio Salvador Nazareno, quien antes de presidir la Corte había sido socio del bufete jurídico del presidente Carlos Menem y su Hermano Eduardo, con quienes se mantenía en constante contacto.

Tuvieron un choque fuerte en diciembre, cuando el Poder Ejecutivo conoció antes de que se firmara el voto que dio la razón en su reclamo de ajuste al jubilado Luciano Blanco y eso le permitió emitir una disposición administrativa tendiente a atenuar el efecto de ese fallo adverso. Pero la filtración de borradores de la Corte, ya no a los socios políticos del gobierno, sino a una gran corporación transnacional que pretende eliminar cualquier obstáculo a sus prácticas predatorias conocidas en todo el mundo, excedió todo lo tolerable y presagia un final estrepitoso de la relación.

Los casos

Estos son los casos, en detalle:

1. Petrolera Esso (hoy Axion) con Municipalidad de Quilmes

La circulación de expedientes en la Corte y los estudios de abogados intervinientes son públicos desde la presidencia de Enrique Petracchi. Esta medida en pro de la transparencia, que Petracchi adoptó sin hacer bulla, permite saber que Rosenkrantz, intervino en el caso desde su vocalía N° 4 por primera vez el 1° de noviembre de 2017, momento en que dejó de lado el rechazo que había preparado la Secretaría. El texto de la Secretaría sólo consignaba que “el recurso extraordinario cuya denegación motiva la presente queja es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello se desestima la queja”. Esto dejaba firme la decisión del tribunal superior de la causa, que era la Suprema Corte bonaerense.

En su lugar, Rosenkrantz dispuso que se solicitara el expediente a la Suprema Corte Bonaerense (que había fallado a favor de Quilmes) y que fuera remitido a la Procuración General. Allí la Procuradora Fiscal Laura Monti se pronunció en favor de la multinacional petrolera. Cuando esto trascendió, tres docenas de intendentes se fueron al humo de la Corte, y específicamente de Rosenkrantz, que era quien operaba para Axion, dado que corría peligro un tercio del presupuesto de cada municipio. El presidente de la Corte los recibió en audiencia, cosa que también está debidamente registrada, y acordaron que presentarían un amicus curiae. Dada la trascendencia del caso, se resolvió convocar a audiencia pública donde las partes expusieran su posición, como se hizo en el caso del Grupo Clarín y la Ley Audiovisual (cuando el estudio de Rosenkrantz argumentó en favor de la concentración ilimitada del multimedio).

Recién allí y gracias a que le hicieron notar que la audiencia dejaría a la vista el conflicto de intereses, Rosenkrantz se excusó. Lo hizo invocando razones de delicadeza y decoro. Pero al aceptar la excusación, Lorenzetti, Horacio Rosatti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda dejaron constancia de que lo hacían no sólo por las razones invocadas por su presidente sino también por los motivos contenidos en los artículos 17 y 30 del Código Procesal Civil y Comercial.

El 17 expone las causales de recusación, entre ellas “haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado” o “haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes”. El 30 afirma que esas mismas son las causales para la excusación del juez. Además la combinación de los artículos 14 y 18 establece que la excusación debe presentarse en la primera oportunidad en que el juez intervenga. Y el 32 señala que no hacerlo es causal de mal desempeño, que da lugar al juicio político.

Rosenkrantz dejó pasar un año, cuatro meses y nueve días antes de excusarse.

2,3,4. Tres casos de YPF S.A.

El caso YPF S.A. c/Municipalidad de La Matanza, s/demanda contencioso administrativa es sustancialmente idéntico al anterior, pero más reciente. YPF S.A. figura en la lista de clientes que Rosenkrantz entregó al Ministerio de Justicia cuando fue designado juez de la Corte Suprema. Y además está documentada su relación social con el presidente de la empresa, Miguel Ángel Gutiérrez.

En otros dos casos de YPF S.A., Rosenkrantz participó como uno más. Uno de ellos era contra la Aduana. La mayoría lo rechazó, pero el presidente hizo un voto propio. En el otro, contra Uruguaiana, YPF desistió de la queja, acaso advertida de algo.

Se repite en este caso la causal de mal desempeño que habilita el juicio político.

5. AMX Argentina S.A. c/Municipalidad de La Matanza s/pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley

El caso es idéntico a los anteriores. AMX Argentina SA es la denominación societaria de la firma de telefonía celular Claro, y no debe confundirse con la tarjeta de crédito American Express, o AMEX. Claro encabeza la lista de clientes declarados por Rosenkrantz al Ministerio de Justicia.

También en este caso Rosenkrantz pidió el expediente, que pasó por su vocalía el 3 de diciembre de 2018, luego de lo cual se pidieron los autos a la Corte bonaerense y se remitieron para que dictaminara a la Procuración General de la Nación.

Varios de estos casos versan sobre la interpretación del tercer párrafo del artículo 35 del Convenio Multilateral firmado en agosto de 1977 por la dictadura cívico-militar, y su interpretación está a cargo de una comisión arbitral. Pocas veces esas disputas llegaron a la Corte, lo cual hace presumir que alguien estimuló esas presentaciones, con alguna promesa que luego no pudo cumplir.

No menos llamativo es que el 9 de septiembre de 2015 la Suprema Corte Bonaerense haya dictado sentencia definitiva en la causa A. 71.396, «Y.P.F. S.A. contra Municipalidad de Vicente López sobre pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley», en la que rechazó la pretensión de la empresa. Y en abril y en junio de 2016, la Corte Federal planchó con sendos 280 la queja de YPF en esa causa y otra similar de Axion, ambas contra el municipio de Vicente López, que gobierna Jorge Macrì. Firmaron ese rechazo Lorenzetti, Highton y Maqueda, quienes seguían una larga tradición y el consejo de la Secretaría de Impuestos y Aduana de la Corte.

Al asumir en el tribunal, Rosenkrantz pidió ser el primer voto en asuntos tributarios y bancarios, propició el nombramiento del actual secretario de impuestos y se propuso cambiar esa jurisprudencia, en beneficio de sus clientes. Esa es la única explicación comprensible sobre la decisión de YPF y de ESSO de insistir en 2017 con recursos análogos, cuyo previsible rechazo les generará costos. Además, cambiaron de abogado.

6. Barrick Exploraciones Argentinas SA y Otro c/Estado Nacional sobre Acción declarativa de inconstitucionalidad

Además de Barrick Exploraciones Argentinas SA, también lítiga Exploraciones Mineras Argentinas SA, ambas concesionarias del lado argentino del emprendimiento binacional con Chile, Pascua Lama. El Otro de la carátula es la provincia de San Juan, que durante la gobernación de José Luis Gioja también pidió la inconstitucionalidad de la ley protectora. Por eso es un caso federal y la Corte declaró su competencia originaria en junio de 2011, como una acción declarativa de inconstitucionalidad.

Esta empresa es una subsidiaria argentina de la minera Barrick Gold y cuestiona la constitucionalidad de la ley de glaciares que impone restricciones a la explotación minera en defensa del medio ambiente.

El 12 de marzo de este año, la causa estuvo en la vocalía de Rosenkrantz, quien en este caso no se excusó. Poco después, la Barrick presentó una ampliación de fundamentos (cosa que no sería admisible en un recurso extraordinario o de queja). En ese escrito refuta los argumentos del voto mayoritario opuesto a su pretensión, que sólo conocían los ministros de la Corte y sus colaboradores más próximos.

Esa opinión está contenida en un proyecto de voto en el que coincidió el triunvirato interventor de la Corte. A raíz de ello Lorenzetti, Rosatti y Maqueda entienden que Rosenkrantz fue el infidente y citan el precedente de diciembre del año pasado.

Se trataba entonces la fórmula para calcular haberes e indemnizaciones de jubilados que hicieron juicio al Estado. La troika se había puesto de acuerdo en una solución favorable al jubilado Luciano Blanco, asignándole el índice de actualización más conveniente que era, al mismo tiempo, el más oneroso para el Estado ajustador. La información llegó al gobierno, que emitió una resolución aclaratoria, previa a la firma de la Corte. Lo mismo ocurrió cuando se discutía la constitucionalidad de la ley de lemas en Santa Cruz: un funcionario del Poder Ejecutivo trató de convencer a un juez que cambiara el voto que recién venía de anunciar a sus pares.

Una cosa es la política, que ningún juez de esa instancia puede ignorar salvo en los discursos autocelebratorios, y otra los negocios.

Después de Barrick y de la fiesta de casamiento de la hija de Fabián Rodríguez Simón, Buby pasó a ser El Soplón, y se ha generalizado un hábito que dificulta el funcionamiento del tribunal pero acota el margen de infidencias: los votos no circulan por las vocalías y recién se firman poco antes de comenzar el acuerdo, cada juez en su despacho.

Quien comunicó su apoyo a Rosenkrantz fue Guillermo Lipera, presidente del Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires, que reúne a los mayores estudios que atienden a las grandes empresas multinacionales. En un denominado Seminario Antimafia, el presidente de la Corte argumentó sobre el rol del juez en términos tan inobjetables como ajenos a su práctica.

Elena

Tampoco son simples las relaciones con la vice presidente del tribunal. Bastará que algún recurrente la recuse por haber excedido la edad constitucional, para que se ponga a prueba la solidez de la amalgama entre los jueces. Bastaría que en un caso el bloque peronista aceptara la recusación, para que Elena dispusiera del tiempo que dice necesitar para mantener el contacto con su hijo que vive en Miami.

Los triunviros tampoco la ayudan a hacerlo a costas del Estado. Allí estaba de vacaciones Highton en enero, cuando se levantó la feria para tratar un amparo presentado por la UCR y el PRO de La Rioja, contra la constitucionalidad de la reforma de la carta provincial que permitiría la reelección del gobernador Sergio Casas. La jueza regresó un día antes de lo planeado para asistir al acuerdo en que por unanimidad se aceptó la presentación y se negó la validez de la reforma procasiana.

Luego solicitó una licencia por 15 días y el pago de los pasajes en primera clase para completar el cumplimiento de sus deberes maternales en Miami. La licencia se la otorgaron, pero los pasajes y los viáticos deberán correr por el orden causado, como dicen los leguleyos.

Lo que vendrá

Rosenkrantz ya hubiera sido apartado de la presidencia de la Corte si hubiera acuerdo sobre quién podría sucederlo.

Tampoco desde la oposición hubo hasta ahora quien impulsara su juicio político.

Lorenzetti firma artículos entre convencionales y obvios, que María Bourdin le hace publicar en Infobae, de donde salió remitida a la Corte por Daniel Hadad como su correveidile personal.

La pugna entre vanidad e inteligencia no impide advertir a Lorenzetti cuánto ha perdido en la consideración pública desde que puso el cargo al servicio de un proyecto personal, que incluyó el desgaste de la presidente CFK. Ya ha estado con ella, aspirando a su perdón, y hasta su consejero Nicolás Tito Fernández ha pedido el indulto de su ex compañera de banca en el senado. El desplome de Macrì obra milagros.

Pero el obispo duda de que sea lo mejor para él regresar a la presidencia tan pronto, en caso de que Horacio Rosatti se lo permitiera. El ex intendente de Santa Fe está en campaña. Luego de la entrevista en la que sostuvo que el fiscal Carlos Stornelli debía presentarse a ensayar su defensa ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, recibió a la esposa y la suegra del precandidato presidencial Sergio Tomás Massa, Malena Galmarini y Marcela Durrieu. Con el tiempo aprenderá a medir la repercusión y conveniencia de sus pasos. Nadie nace sabiendo.

Más sabio y discreto, el Pato Juan Carlos Maqueda sugiere seguir asando a fuego lento a Rosenkrantz y no producir cambios estructurales antes de la ampliación del número de miembros de la Corte, de modo que el nuevo gobierno tenga voz y voto en la designación del sucesor.

Salvo que una denuncia penal y una solicitud de juicio político acorten los plazos.

Réplicas

Pese a sus desventuras, el gobierno no ha abandonado el combate, como lo indican dos decisiones de la última semana.

La sala M de la Cámara Federal (Leopoldo Bruglia y Cacho Bertuzzi, designados a dedo por el Poder Ejecutivo en la sala donde estaban las causas que más le inquietaban) desprocesó a Paolo Rocca, con el inverosimil argumento de que no estaba al tanto de las coimas que su mano derecha Luis Cayetano Betnaza pagó en Venezuela para que la expropiación de Siderúrgica del Orinoco (Sidor), fuera espléndidamente retribuida por el gobierno de Hugo Chávez. Pero tampoco Betnaza ha perdido el aprecio de los suyos y no falta a ninguno de los acontecimientos sociales en los que los patrones confraternizan con los funcionarios.

El juez federal Marcelo De Giorgi no dio por confirmado que Julio De Vido y una ristra de funcionarios de menor nivel que dependían de él cobraron coimas por dirigir la licitación para soterrar el tren Sarmiento en beneficio del consorcio de empresas que encabezaban los Macrì, pero lo mantuvo como hipótesis y no consideró probado que el primo Angelo Calcaterra y otros 19 empresarios las hayan pagado. Sólo quedó pegado el cajero histórico de Macrì, Javier Sánchez Caballero. Oh casualidad, la próxima semana el Senado tratará el pliego de Madame De Giorgi (née Ana María Juan) para jueza federal de Hurlingham.

El chofer grafómano reapareció con un nuevo cuaderno. Si no lo quema, allí estarán los eslabones que le faltan a la cadena que intenta cerrar el doctor Glock o la que le urge al Presidente, quien cada día siente en forma más aguda el rechazo y el desprecio de los núcleos patronales de los que proviene. El kirchnerismo piensa que el gobierno está detrás de la Operación Lodo para todos. Quienes conocen desde naranjo al Presidente, no le atribuyen intención sino incapacidad para controlar ese juego —que viene con instrucciones en inglés— y es similar a la que muestra en el manejo de la economía.

De este modo intenta tantear si el show judicial goza de alguna credibilidad superior a la de la inflación y el dólar, cuyos anuncios son diseccionados en varios artículos de esta edición.

La reiteración de esas prácticas viciadas realza por contraste la seriedad de la investigación del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien sigue cosechando apoyos impensados: la Corte Suprema le asignó los recursos pedidos, la Cámara de Casación confirmó el rechazo de la Camara Federal de Mar del Plata a la recusación presentada por Stornelli, Rosatti cocinó al fiscal con sus declaraciones. Ramos Padilla prestó gran atención a los dichos del fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone, quien reveló la manipulación de su testimonio ante la fiscal Alejandra Mángano intentada por Stornelli para ocultar la antigüedad de su relación con D’Alessio y la presión oficial para que involucrara a Aníbal Fernández en las causas de la efedrina y del Triple Crimen. En cambio fue más cauto con los aportes de una abogada vinculada con la ex SIDE, cuyo ex cliente y locuaz acusador de los Kirchner hasta ahora no confirma los dichos de la mujer. Como Ramos Padilla dijo ante la comisión bicameral fiscalizadora de los organismos de Inteligencia, hay que tener mucho cuidado con las pruebas contaminadas.

Dia de la Lealtad

Javier Leal de Ibarra niega haberse reunido la semana pasada con Martín Irurzun, su superior en la DaJuDeCo, el organismo de la Corte Suprema encargado de las escuchas telefónicas. «Ni conozco el despacho de Irurzun», me dijo. No tengo motivos para dudar de su palabra.

Es posible que quien lo vio entrar lo haya confundido con otra persona. Lo que no puedo es hacerme cargo de las barbaridades que a partir de un par de líneas en El Cohete, escribieron algunos diarios patagónicos que no lo quieren, ni de las tonterías que él mismo respondió sin haber leído primero el inocente original. Jamás dije que haya compartido la reunión con Tomás Ponte y Ariel Lijo.

El Cohete se puede leer con confianza: si alguna vez hay un error, de inmediato se rectifica, por respeto a las personas mencionadas, a quienes lo hacemos y a quienes lo siguen, en números que crecen de modo asombroso.

La música que escuché mientras escribía