La Fiscalía de Sevilla ha denunciado ante el juzgado que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía cometió malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude de subvenciones al conceder en 2012 una subvención de 5,8 millones sin soporte legal que lo permitiera para pagar indemnizaciones de trabajadores despedidos. La denuncia se llevó a cabo el viernes pasado.

La Fiscalía llega a esta conclusión tras la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía respecto a cuatro Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT) de Sevilla, cuya extinción acordó el Consejo de Gobierno el 27 de julio de 2010, y después de una investigación de la Fiscalía Superior de Andalucía.

El diputado socialista Antonio Ávila era entonces el exconsejero de Economía que ordenó los pagos de las indemnizaciones a los asesores de empleo. La paradoja es que en 2015 la Junta deberá readmitirles tras decenas de sentencias del Supremo que anulan sus despidos. «No se ha acreditado suficientemente que las UTEDLT que recibieron las subvenciones reunieran todos los requisitos de la orden 21.01.04», recoge el escrito de denuncia. El resto de fiscalías provincias estudian los pagos a los diferentes consorcios después de que el fiscal superior, Jesús García Calderón, remitiera todas las actuaciones a las ocho fiscalías provinciales por un pago global de 45 millones.

Mientras, fuentes de la Junta han respondido que el Tribunal de Cuentas archivó las actuaciones tras remitir la fiscalía un oficio a la Cámara de Cuentas sobre la gestión de las UTEDLT de 2010 a 2012. Estas fuentes resaltan que la subvención de 5,8 millones fue para indemnizaciones pero también salarios, y que fue pagada no solo por la Junta, sino que también contribuyeron los Ayuntamientos y Diputaciones presentes en los consorcios.

La Cámara de Cuentas constató que los organismos distribuidos por las provincias andaluzas para promocionar el empleo no habían justificado de forma correcta las subvenciones recibidas para pagar a sus empleados, ni el trabajo realizado por estos. Esto sucedió porque desde 2009 «no se suscribieron los contratos programas de las UTEDLT, donde se fijaban los objetivos a cumplir», y a pesar de ello cobraron unas subvenciones por incentivos que suponía que se habrían superado unos objetivos que nunca se fijaron con anterioridad.

La subvención fue con carácter excepcional y se concedió mediante una resolución de la dirección general de los servicios y programas para el empleo sin un soporte legal que lo permitiera, precisa la Fiscalía. Esa decisión, sin perjuicio de una calificación más ajustada, es constitutiva de un delito de prevaricación y de malversación de caudales públicos, según la Fiscalía.

Las UTEDLT, recuerda la Fiscalía, son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia participadas por el SAE y las corporaciones municipales y supramunicipales. Sus funciones eran promover la creación de empleo y facilitar a los ciudadanos su comunicación con la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico para crear empleo, y sus gastos se sufragaban con las subvenciones del SAE tras una orden aprobada en 2004.

Esas unidades, que se financiaban con subvenciones del SAE, las componían su director, el personal técnico y administrativo y los agentes locales de promoción y empleo, añade la denuncia. A partir de 2009, el personal técnico y administrativo pasó a depender, a efectos de retribución, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y las subvenciones que se concedían a esas unidades eran fundamentalmente para los salarios de los directores y los agentes de empleo así como para sus incentivos.

Prensa