El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes de manera definitiva la directiva europea que renueva los derechos de autor a nivel comunitario. Con 348 votos a favor y 274 en contra, la decisión de los eurodiputados supone el punto final a la negociación de un texto que ha durado más de dos años y que ha estado envuelto en la polémica desde el principio, principalmente a causa de los filtros de contenido que impone a todas las plataformas que permitan a sus usuarios subir archivos a la red, excepto a las más jóvenes.

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Los eurodiputados españoles de PP, PSOE y Ciudadanos han votado a favor de la directiva. Podemos, IU, Equo, PDeCat y Esquerra, en contra. La aplicación de la directiva no será inmediata, puesto que ahora comienza un periodo de dos años en los que cada Estado miembro deberá trasponer las medidas que contempla a su legislación nacional.

Los filtros automáticos de contenido, incluidos en un principio en el Artículo 13 de la directiva, han quedado finalmente ubicados en el Artículo 17 de la redacción final. Su misión será revisar todo lo que se sube a la red y bloquear los contenidos que den positivo por copyright. El problema, denuncian los críticos con la medida, es que aunque grandes plataformas como YouTube ya disponen de mecanismos similares para evitar problemas legales con los propietarios de los derechos de autor, hacerlos obligatorios para todas las plataformas que permiten a los usuarios subir contenidos a la red resulta problemático en varios sentidos.

El primer sentido es técnico. Es una tecnología que no está lo suficientemente desarrollada como para dejar en sus manos decisiones que impactan en derechos fundamentales como la libertad de expresión, afirman muchos expertos. En YouTube, los filtros detectan habitualmente falsos positivos o desactivan por usar contenidos protegidos vídeos con música que ya ha pasado al dominio público. De ello han alertado desde el creador de la web, Tim Berners-Lee, al impulsor de la Wikipedia, Jimmy Wales, en una carta firmada por más de 70 arquitectos de Internet y de las tecnologías que le otorgaron su carácter de red igualitaria y democrática en sus primeras etapas.

La otra queja tiene que ver con su implicación en los derechos digitales, puesto que los filtros estarán basados en un algoritmo automático. Desde organizaciones de referencia mundial en la defensa de los derechos digitales, como la Electronic Frontier Foundation, hasta más de un centenar de asociaciones locales europeas, como la española Plataforma en Defensa de Libertad de Información (PDLI), han criticado de forma unánime el riesgo de que estos sistemas de decisión automática se conviertan en un mecanismo de censura previa. Más de cinco millones de ciudadanos se sumaron a su campaña en su contra.

En el otro extremo se colocó el lobby de los derechos de autor, firme defensor de la directiva y la medida de los filtros. Al igual que Axel Voss, el eurodiputado del PP europeo que ha impulsado el texto desde su borrador, argumentan que este tipo de mecanismos servirán para poner al mismo nivel el poder de las plataformas y el de "los creadores". De este último grupo, no obstante, se han caído creadores como los youtubers, que se sumaron mayoritariamente a la campaña contra la directiva, así como los propietarios de derechos de emisión del fútbol.

YouTube, la principal plataforma de vídeo online a nivel mundial, amenazó con cerrar su servicio a los ciudadanos europeos si los filtros salían adelante. No fue la única que valoró públicamente esa opción. Tras la aprobación de la directiva, un portavoz de Google (propietaria de YouTube) ha avisado de que el texto "ha mejorado pero seguirá provocando inseguridades jurídicas y perjudicará a las economías creativas y digitales en Europa. Los detalles importan, y esperamos poder trabajar con los responsables políticos, editores, creadores y propietarios de derechos, a medida que los Estados miembros de la UE avanzan en la aplicación de estas nuevas normas".

Además de los filtros de contenido, la directiva contenía otra medida que no ha conseguido un consenso por parte de los eurodiputados. Se trata de una tasa que irá a parar a los bolsillos de los editores de prensa, a cobrar a aquellas plataformas que reproduzcan parcialmente sus publicaciones. Era el Artículo 11 en la primera redacción, 15 en la final. Está inspirada en el canon AEDE español, que provocó el cierre de Google News España.

Sprint final que no llegó a empezar

La campaña para impedir la aprobación de la directiva contaba con dar batalla en la votación final. El clavo ardiendo eran las tres enmiendas presentadas por varios grupos independientes de eurodiputados, y que pedían hacer votaciones separadas. Su objetivo era comprobar si había una mayoría del Pleno a favor de aprobar la directiva pero eliminando por completo el Artículo 17 (filtros), el 15 (canon AEDE a nivel europeo) o ambas.

Una de las claves de la votación ha sido que se rechace votar las enmiendas, lo que hubiera permitido sacar los peligrosos artículos 15 y 17 (antes 11 y 13) de la Directiva. #StopCensuraCopyright



Esta votación se ha perdido por sólo cinco votos de diferencia. pic.twitter.com/Ww0J4v2ODE — PDLI (@PDLI_) 26 de marzo de 2019

Una primera votación ha consultado al Pleno sobre si votar o no las enmiendas propuestas. El resultado ha sido negativo por solo 5 votos.