Abogados de Joaquín el Chapo Guzmán comenzaron a partir de este lunes una serie de alegatos para probar que la extradición del líder del Cártel de Sinaloa a Estados Unidos, fue ilegal.

De acuerdo a Vice News, los litigantes Michael K. Schneider, Michelle A. Gelernt y Edward S. Zas, quienes integran una organización civil, pretenden probar que los 17 cargos que enfrenta el capo en una corte de Brooklyn, son la suma de acusaciones de otros estados.

Gelernt, abogada de Guzmán, en entrevista a ese medio, afirmó que en la solicitud formal de la extradición, que presentó Estados Unidos, sólo se sustenta en los delitos de tráfico de drogas.

“Los cargos que el señor Guzmán enfrenta en el Distrito Este de Nueva York no figuraban en la solicitud de extradición presentada ante el gobierno de México” explicó la abogada, ya que la solicitud formal que presentó Estados Unidos estuvo sustentada en los delitos por tráfico de drogas que el capo cometió en San Diego y Texas entre 1995 y 2012″, dijo.

“El Distrito Este de Nueva York nunca presentó una solicitud de extradición a la Secretaría de Relaciones Exteriores en México y a pesar de ello fue enviado a una prisión en la costa oeste donde comenzó su proceso judicial el 19 de enero de este año”.

Señaló que su intención es “desafiar la legalidad de la extradición de Guzmán” a Estados Unidos, donde se pretende imponerle una condena de cadena perpetua.

Según el decreto sobre el tratado de extradición promulgado en 1978 entre México y Estados Unidos en su artículo 17 señala que “una persona extraditada no será detenida, enjuiciada o sancionada por un delito distinto de aquel por el cual se concedió la extradición”. Y en este caso, aunque Nueva York sumaba delitos, no fue pedido a México por ninguno de ellos.

Gelernt denunció que desde la primera semana de febrero de este año, representantes del gobierno mexicano, en contubernio con autoridades de Estados Unidos, intentaron hacer que Guzmán firmara un documento sin la presencia de alguno de los tres abogados: “quieren que renuncie a sus derechos. Creemos que los derechos del señor Guzmán bajo el tratado han sido violados y nuestra intención es desafiar la legalidad de la extradición de Guzmán al Distrito Este de Nueva York”.

En los últimos días el Fiscal, Robert L. Capers, la máxima autoridad que lleva el caso, solicitó al juez Brian M. Cogan, quien decidirá cuantos años pasará Guzmán en prisión, que obligue al narcotraficante a renunciar a los abogados que lo representan; es decir a Gelernt, Schneider y Edward S. Zas.

“Creemos que los derechos del señor Guzmán bajo el tratado han sido violados”.

Desde su extradición, Guzmán solicitó la representación de una organización no gubernamental llamada Public Defenders of New York, con sede en Manhattan, para su defensa; la cual no le ha cobrado un solo dólar. En Estados Unidos para ser representado por un abogado particular debe comprobarse la procedencia legal del dinero con el que será costeado.

Aunque los familiares del narcotraficante no han sido claros sobre las razones por las que no han contratado a un defensor privado, es de suponer que el motivo sería precisamente, que en el año 2001 el capo fue fichado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por actividades relacionadas con narcotráfico, lo que le impide hacer negocios con cualquier empresa estadounidense.

A través de una carta en la que se deja ver la molestia de la parte acusatoria, la Fiscalía de Nueva York condena que tres abogados miembros de una organización civil que reciben recursos gubernamentales defiendan al capo. Rematan: es injusto que sean los ciudadanos de Estados Unidos quienes estén costeando su defensa.

“Guzmán es un hombre multimillonario, con una red de lavado de dinero en todo el mundo, incluso catalogado por la revista Forbes como el narcotraficante más rico del mundo”, alega la Fiscalía.

El Fiscal Robert L. Capers recordó que el capo tiene tanto dinero, que envió a un abogado privado a Estados Unidos a presentar denuncias por posibles violaciones a sus derechos humanos ante organismos internacionales.

Documentos consultados por Vice News revelan que a partir de este lunes comenzó la etapa de negociaciones entre la Fiscalía y la defensa del Chapo, en lo que han catalogado “el juicio del siglo”.

La semana pasada la Fiscalía de Nueva York, solicitó al Juez Federal que restrinjan tanto a la defensa, como al público en general, las pruebas que han comenzado a recabarse contra el sinaloense, para así proteger a sus testigos e investigadores y garantizar que no se genere corrupción o filtraciones en el proceso.

También argumentaron que es muy complicado jerarquizar qué debe ser público y qué debe ser privado, lo que aumentaría el tiempo para enjuiciar a Guzmán además de elevar los costos. Y esto representará, una vez más, un gasto para los ciudadanos estadounidenses.

Otra de las peticiones más polémicas por parte de la Fiscalía es que pretenden vetar la participación de ciudadanos extranjeros durante todo el proceso judicial, y así prohibir que testigos e investigadores mexicanos obtengan información sensible.

El pasado 1 de marzo la defensa de Guzmán respondió a la Fiscalía y se opuso a todas las medidas solicitadas por Robert L. Capers: su propuesta violenta los derechos de su defendido, denunciaron.

Justificaron que estas órdenes de restricción también impondrán una carga administrativa para la defensa y citaron el caso del legendario jefe de la mafia irlandesa, Whitey Bulger, quien controló durante dos décadas el tráfico de drogas en Boston.

“(Las peticiones de la Fiscalía) deben ser rechazadas porque los ciudadanos extranjeros son una parte importante de la defensa, si tuviéramos que contratar personal estadounidense sería muy difícil y costoso”, dicen los defensores.

La decisión final la determinará el Juez, Brian M. Cogan.