Para Miguel Riera, viejo y

joven topo, amigo siempre.

Nuestro maestro Alfonso Ortiz lo ha repetido insistentemente desde hace más de 40 años. La historia de España de los siglos XIX y XX es una sucesión de golpes de Estado, de guerras civiles y de restauraciones. En el centro, nuestra progresiva colocación como país semidesarrollado en una Europa que nos condena a ser periféricos y subalternos. Pensar históricamente es hoy más importante que nunca y significa ir contra corriente. La posmodernidad “licuada” que nos domina nos roba la historia y nos condena a la insignificancia, a la banalidad de lo noticiable y a la normalización de lo existente.

¿Cuál sigue siendo hoy el problema real de nuestro país? El de sus clases dirigentes, el de sus élites económicas, financieras y empresariales, caracterizadas desde siempre por la ausencia de un proyecto autónomo de Nación capaz de integrar a las clases subalternas y a los pueblos del territorio, dependiente siempre de las grandes potencias y lucrándose siempre del Estado, de un Estado instrumento de dominación y de control de las poblaciones. El fundamento, el mismo desde siempre: un nacional-catolicismo extremadamente reaccionario, antimoderno y ferozmente antidemocrático. Guerras civiles, golpes de Estado y restauraciones convertidas en costumbre nacional de los grupos de poder asociados a la casa de los Borbones. Cada vez que aparecía la posibilidad de una democracia verdadera, es decir, de la República, pronunciamientos, golpes de Estado y restauración. El objetivo, el de siempre: garantizar sus privilegios, incrementar radicalmente sus beneficios, asegurarse la impunidad y el control del sistema político.

El capitalismo español vive una “crisis orgánica”, como otras veces. Es estructural y sobreestructural a la vez; afecta al modo de insertarse España en la Unión Europea, a las relaciones de producción básicas, a la correlación de fuerzas entre las clases y al régimen político en su conjunto. Desde que comenzó la crisis, las clases económicamente dominantes impulsan una reestructuración radical económico-social y una recomposición a fondo del sistema político. Es tan claro, tan obvio, que casi nunca lo tenemos en cuenta. Reestructuración económica significa aquí y ahora lo siguiente: adaptarse sumisamente a la nueva división del trabajo que nos impone la UE en proceso de redefinición. Lo que eso significa lo tenemos delante de nuestros ojos, un país especializado en el turismo y en la construcción, con un gigantesco sector servicios, con una industria extremadamente dependiente y con un sector primario bloqueado. En un país así configurado no habrá nunca trabajo digno y con derechos, se incrementarán las desigualdades y veremos cómo el paro y la precariedad se convierten en permanentes. Los escasos derechos sociales irán desapareciendo y el sistema de pensiones estará amenazado. ¿Dónde está la clave? En un modelo productivo basado en una devaluación permanente de la fuerza de trabajo, es decir, un modelo que exige la desaparición de los derechos laborales, sindicales y la precariedad de nuestra vida. Este es —llevo años señalándolo— el debate que sistemáticamente se oculta y se silencia.

Para consolidar este modelo productivo se necesita un nuevo modelo de poder, un nuevo sistema político y de partidos. La dificultad es extrema, ¿cómo conseguir que los ciudadanos y ciudadanas acepten democráticamente vivir peor, perder derechos y renunciar a libertades históricamente conquistadas? Este es el problema central. Ya en el 2013 el Banco JP Morgan, en un conocido informe, advertía de que las reformas estructurales impuestas a las poblaciones necesitaban ir más allá hasta conseguir cambios en las constituciones para hacerlas más adecuadas al capitalismo financiero dominante. En concreto, denunciaban unos sistemas constitucionales que dotaban de demasiados derechos a los trabajadores, que garantizaban excesivo peso a los sindicatos y sobreprotegían a las clases trabajadoras. Hay que insistir y repetirlo de nuevo: la orientación prevalente en esta fase es que las poblaciones acepten una gigantesca redistribución de renta, riqueza y poder en favor de los grupos financieros y empresariales dominantes. Hay que entenderlo: el dato específico, singular, del capitalismo realmente existente hoy es su radical incompatibilidad con la democracia constitucional y con la soberanía popular.

Algunos lo hemos venido señalando desde el comienzo de la crisis. El factor que aparecía con más fuerza era una contradicción muy significativa entre los grupos de poder dominantes y la clase política, es decir, el PP y el PSOE. Al fondo, Podemos, que se había convertido en una fuerza capaz, no solo de bloqueo, sino también de alternativa y —hay que decirlo— a contracorriente de lo que estaba ocurriendo en los países de la Unión Europea; no era la primera vez que esto ocurría en nuestra historia reciente. Este era el “gran juego político” que se inició en diciembre de 2015. La propuesta que impulsaban los poderes fácticos era clara, rotunda, imperativa: gobierno de gran coalición en torno al PP, PSOE y Ciudadanos. El objetivo —ya lo dije antes— era la reestructuración económica y la recomposición del sistema político. Lo fundamental, derrotar a Podemos, es decir, dividirlo, romperlo y cuestionar sus liderazgos básicos. Estaba escrito en las estrellas desde hacía siglos: aceptación de la restauración en proceso o destrucción de un adversario convertido en enemigo. Es la historia de Podemos desde que nació.

Ni Rajoy ni Sánchez estaban por la labor, y Rivera, a lo suyo: correveidile de los que mandan y no se presentan a las elecciones. El secretario general del PP sabía que apartarse del poder y ceder era poner fin al PP que habíamos conocido e iniciar un camino que terminaría entronizando a Rivera como el hombre de la situación, sin garantías ni base social propia. Hizo lo que mejor sabe hacer: aguantar el tipo, medir los tiempos y esperar que el contrario se equivoque. Pedro Sánchez seguía un guión singular y —hay que reconocerlo— audaz. Se podría explicar así: puesto que el problema es Podemos, gobernar con el PP es dejarle el espacio libre al partido de Pablo Iglesias; luego hay que polarizarse con el PP y disputarle la hegemonía a Podemos. De ahí surge la propuesta PSOE-Ciudadanos. Cada uno buscaba dirimir y crear espacio: uno a su izquierda y el otro por su derecha.

Pablo Iglesias —porque fue él quien tomó la responsabilidad y decidió la táctica— se la jugó y empezó a maniobrar sabiendo que el objetivo real era golpear a Podemos, erosionarlo electoralmente y dividirlo, sobre todo en el Congreso de los Diputados. Nunca fue en serio Sánchez en su ofrecimiento de gobernar a Podemos. Nunca. Al final, el asunto llegó donde estuvo desde el primer momento: o aceptar un gobierno PSOE-Ciudadanos o elecciones generales, culpabilizando de ellas a Pablo Iglesias. Él, solo él, sería el culpable de nuevas elecciones. Personalizar todo el mal en él fue parte esencial de esta estrategia que marcó una etapa y que se quedaba como guión del futuro: el problema de Podemos es Pablo Iglesias.

Los resultados del 26 de junio sirvieron para clarificar el mapa político. Los poderes reconocieron que Mariano Rajoy tendría que conducir la recomposición del sistema político, es decir, de la restauración. Pedro Sánchez volvió a tener unos malos resultados electorales. Con terquedad volvió a su discurso de siempre: se pierden votos y diputados, pero seguimos siendo la segunda fuerza política del país y, además, Unidos Podemos tiene un resultado peor de lo esperado, luego a polarizarse con el PP —"no es no"— y revertir la tendencia. Podemos, Unidos Podemos, consiguió —era lo fundamental— unir todo lo que estaba a la izquierda del PSOE y organizar un bloque complejo y denso, territorialmente y socialmente arraigado. Los resultados no acompañaron a las expectativas, pero se tenía un grupo parlamentario de 71 diputadas y diputados y 21 senadoras y senadores. Unidos Podemos no solo era la única fuerza democrática y de izquierdas que crecía en Europa, sino que seguía siendo verosímilmente alternativa de gobierno y de poder.

Lo que vimos después fue algo solo comparable a la liquidación política de Adolfo Suárez: la intervención por los poderes fácticos del Partido Socialista hasta conseguir la dimisión de su secretario general. Sánchez no se dio cuenta de que el juego se había terminado y de que los poderes reales exigían el cumplimiento de lo ordenado desde hacía más de un año: reestructuración económica y restauración política. La línea de demarcación fue de nuevo señalada, el nacional-constitucionalismo. A un lado, los partidarios de la monarquía borbónica y su régimen. Al otro, el antisistema, el caos, la anarquía. Pedro Sánchez no aceptó sin más estas condiciones y fue defenestrado por una alianza entre los medios de comunicación y una parte de su dirección política. Hay que cualificar esta alianza. Estamos hablando de medios cada vez más controlados por los poderes financieros y de la dirección de un partido anclado en los poderes y dependiente de ellos. Esto tampoco debería asombrarnos demasiado. Es una característica de la UE: el enorme poder del capital financiero y su creciente control sobre una clase política corrupta, sin raíces ni ideología. Los resultados están ahí: desmantelamiento del Estado social, devaluación de la democracia, pérdida de soberanía, crisis de la forma-partido y, más allá, de la política en sentido estricto entendida como autogobierno de las poblaciones.

En estos meses estamos viendo en la práctica un gobierno de gran coalición dirigido y organizado por Rajoy y su vicepresidenta política, Soraya Sáenz de Santamaría. No está siendo fácil. El PP es un partido muy de derechas, poco habituado a los pactos, con una tendencia permanente a mandar. Convertirse en partido de régimen será muy difícil para él. En ello andan con la sobreactuación permanente de Ciudadanos y un PSOE que intenta levantar cabeza desde lo que podríamos llamar una oposición útil, que obtiene resultados por pequeños que sean. Las dudas de Pedro Sánchez son comprensibles, su partido está sólidamente ligado a los que mandan y no se presentan a las elecciones y —es el problema real— ya no hay en él, en su interior, fuerzas capaces de regenerarlo y oponerse a un aparato despolitizado y temeroso de perder privilegios y prebendas. Tendrá que escoger entre ser minoría o montar una nueva organización. Cabe otra opción: echarse a un lado y esperar mejores tiempos.

Hay dos tareas inmediatas: la cuestión catalana y la neutralización de Podemos. Lo que más daño le ha hecho al régimen ha sido la tendencial convergencia entre cuestión social y cuestión nacional, en la perspectiva de construir un nuevo país y un nuevo Estado. Este nudo tenía y tiene que ser roto. El ejemplo vasco es paradigmático. Un acuerdo PNV-PSOE para gobernar Euskadi y negociar con Madrid. Es más, la vicepresidenta intenta pactar los presupuestos con el PNV y volver al viejo esquema del bipartidismo imperfecto, es decir, la alianza con las minorías nacionalistas. En Cataluña la cosa es más difícil porque hay que buscar interlocutores y fuerzas políticas susceptibles de construir un escenario que acompañe al proceso restaurador en el resto del Estado. La neutralización de Podemos ha avanzado mucho, muchísimo. Lo ocurrido en estas semanas ha cubierto las expectativas de las fuerzas del régimen y del tripartido convergente: ruptura del equipo dirigente, silencio sobre la política real -la que afecta a las personas y a sus gravísimos problemas- y confrontación por el poder interno. La conclusión que se intenta imponer como marco es que todo está en crisis, incluso la alternativa de renovación y el cambio democrático. Lo que se intenta transmitir: no hay esperanza, solo queda aceptar lo existente; no hay salvación en lo colectivo; la política para los que viven de ella y cada uno a lo suyo.

No hay que dejarse engañar por las apariencias. El debate está donde estaba en estos meses y donde siempre ha estado, en la política de verdad, la que define el futuro. Pero lo que se dice y nunca se verbaliza ni se publica es otra cosa, que los poderes han ganado ya y no hay margen para la ruptura democrática; que hay que dejarse de maximalismo y aceptar que en estas sociedades no son posibles los cambios sustanciales y que siempre hay que acompañar a los poderes, disputándoles sus márgenes para parecer útiles y realistas. Que un partido de masas, sólidamente enraizado en la sociedad y en el conflicto social es cosa del pasado y que ahora mandan las nuevas tecnologías y la sociedad-red. No se puede hacer mucho cuando se gobierna, casi nada. Los límites que impone la Europa alemana del euro son tan grandes que solo cabe la política de las pequeñas cosas, de gestos y de gestión hábil e inteligente de los medios. Se podría continuar. Deberíamos debatirlo en público y que las inscritas e inscritos decidan. Esa es la democracia que defendemos y proponemos.

La grandeza de Podemos y sus gentes es que en su próxima asamblea lo que dirimirá el debate real, el sustancial, será restauración o ruptura democrática; democratizar la sociedad, el Estado y el poder o ser una fuerza política más, subalterna a los que mandan y sumisa a los poderes económicos foráneos y propios; cambiar la sociedad y la política o ser cambiado por ellas. Restauración y ruptura van siempre de la mano, están —por así decirlo— en la realidad de las cosas, en las fuerzas políticas y sociales y en las cabezas de los dirigentes, siempre como posibilidad y tentación. La política de verdad no es solo análisis, propuesta, táctica; es lucidez y coraje moral, definición y decisión, punto de vista y carácter.

La paradoja es muy fuerte, fortísima. Todos son de Pablo Iglesias, desde Íñigo Errejón a Clara Serra, pasando por Eduardo Maura, Moruno y Sergio Pascual. Ternura hasta las lágrimas. En medio, una ofensiva general contra Podemos y su secretario general. Yo, menos poético, titánico y amoroso, que vengo de una tradición que no cree “ni en dioses ni en reyes ni en tribunos” apoyaré a Pablo Iglesias si sigue haciendo la política que hasta ahora ha hecho, si construye una dirección coherente con el proyecto y democratiza realmente la organización.