La subsecretaria del Departamento del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos (EE.UU.), Sigal Mandelker, afirmó que la represión desatada por el gobierno del designado presidente Daniel Ortega, y el enriquecimiento ilícito de su núcleo, es «inquietante» e «inaceptable».

El gobierno de los Estados Unidos sancionó el jueves, por medio de la Ley Magnitsky, a tres funcionarios nicaragüenses por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Todos ellos forman parte del núcleo de poder de Ortega.

“La violencia perpetrada por el gobierno del presidente Daniel Ortega, contra el pueblo nicaragüense y los esfuerzos de aquellos cercanos al régimen de Ortega para enriquecerse ilícitamente es profundamente inquietante y totalmente inaceptable. El presidente Ortega y su círculo interno continúan violando las libertades básicas de civiles inocentes al tiempo que ignoran las peticiones del pueblo nicaragüense para las reformas democráticas que exigen, así como elecciones libres, justas y transparentes”, afirmó la funcionaria del Tesoro según una nota de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Managua.

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Los sancionados son operadores del régimen de Ortega en distintas instituciones. Desde la Policía Nacional, el consuegro del presidente y comisionado general Francisco Díaz Madriz es señalado de ser director de facto de una institución, a la que denuncian por graves abusos de derechos humanos, pero también en el mismo sentido se ha castigado a Fidel Moreno Briones, secretario político del FSLN y Managua, a quien mencionan como líder de la Juventud Sandinista, que actúa como grupo de choque para reprimir a la población, junto a los paramilitares.

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Moreno Briones es cercano a la vicepresidenta Rosario Murillo. El tercer sancionado es Francisco López Centeno, el financiero del partido de gobierno y el operador de los fondos de la cooperación venezolana, administrada directamente por la familia presidencial, vinculado a casos de corrupción.

Otras reacciones al más alto nivel en EE.UU.

El administrador de la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), Mark Green, dio la bienvenida a la designación de las sanciones Global Magnitsky contra “Francisco Díaz, Fidel Moreno y Francisco «Chico» López por su participación en corrupción y abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”.

Al mismo tiempo Green se pronunció por el fin de la violencia dirigida por el régimen de Ortega contra el pueblo debe terminar ahora.

El senador estadounidense Marco Rubio elogió la medida adoptada por el Departamento del Tesoro.

El primer designado con sanciones fue el expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, en diciembre de 2017. El Departamento de Estado también ha anunciado la revocación de visas a funcionarios del gobierno de Nicaragua, como parte de las sanciones impuestas a raíz de la crisis de violencia y represión que sufre el pueblo de Nicaragua a manos de la Policía Nacional y grupos paramilitares afines al régimen.

«Felicito a la Administración del Presidente Trump por escuchar nuestras recomendaciones bipartidistas de sancionar a las personas responsables de abusos de derechos humanos y por casos de corrupción en Nicaragua. En medio de la creciente crisis del país, Daniel Ortega se está quedando sin tiempo para celebrar elecciones anticipadas, libres y justas», sentenció Rubio a través de una nota de prensa.

La presidente del subcomité para el Medio Oriente y África en el Congreso de Estados Unidos, Ileana Ros-Lehtinen, dijo que las sanciones contra tres funcionarios del gobierno de Nicaragua, envía un fuerte mensaje a Daniel Ortega. “Estados Unidos está poniendo atención a sus tácticas opresivas y asesinatos”.

Human Rights prepara estudio

El director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, tras el anuncio de las sanciones dijo en su cuenta de Twitter: “celebramos estas sanciones contra tres funcionarios del régimen de Ortega que está llevando a cabo un baño de sangre en Nicaragua. En los próximos días presentaremos un estudio sobre otros funcionarios que tienen responsabilidad por los abusos en el país”.

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Vivanco también elogió el pronunciamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, en el que exige al régimen de Ortega desmantele las pandillas armadas afines al gobierno y ponga fin a la represión.

La explicación del Tesoro sobre las sanciones

El Departamento del Tesoro dijo, por medio de una nota de prensa, que Estados Unidos al designar sanciones con la Ley Magnitsky, tiene como fin “imponer consecuencias tangibles y significativas a aquellos que cometen abusos graves contra los derechos humanos o incurren en actos de corrupción, así como a proteger el sistema financiero de los Estados Unidos del abuso por parte de los involucrados”.

Hasta la fecha, el Departamento del Tesoro ha sancionado a 76 individuos y entidades, cuatro nicaragüenses del entorno de Ortega están en esa lista.

Francisco Díaz: Es comisionado y jefe de facto de la Policía Nacional de Nicaragua, que dirige la institución. Bajo el mando de Díaz, la Policía Nacional ha participado en graves abusos contra los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua, incluidas ejecuciones extrajudiciales. En junio, pistoleros enmascarados acompañados de un grupo de personas que han sido identificadas por testigos como Policías, incendiaron una residencia familiar en Managua, matando a seis miembros de la familia, incluidos dos niños pequeños. Cuando los vecinos intentaron ayudar, la Policía supuestamente disparó contra ellos, impidiendo que los socorristas ayudaran a la familia. La Policía se ha acercado a líderes de pandillas en Nicaragua en busca de ayuda para atacar a los manifestantes antigubernamentales, los implicados han sido acusados ​​de disparar indiscriminadamente y matar a manifestantes que protestan contra el gobierno de Nicaragua.

Fidel Antonio Moreno Briones: Es el principal enlace entre los gobiernos municipales y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Ha actuado como líder de la Juventud Sandinista, la organización juvenil del FSLN. La Juventud Sandinista ha sido implicada en numerosos abusos graves contra los derechos humanos relacionados con las protestas en curso contra el gobierno nicaragüense, incluidas golpizas contra manifestantes y su presunta participación en el ataque de junio, que mató (calcinados) a seis miembros de una familia en Managua.

Moreno se ha visto personalmente implicado en ordenar ataques contra manifestantes desde 2013, cuando ancianos y jóvenes que protestaban pacíficamente por la reducción de las pensiones de jubilación fueron desalojados violentamente de un campamento (de protesta) por miembros de la Juventud Sandinista.

En 2013, Moreno también orquestó el uso de motociclistas para atacar violentamente a personas que protestaban por un fallido programa del gobierno nicaragüense. A principios de 2017, reclutó a otros (motorizados) para unirse al grupo de motociclistas y tomar acciones (represivas) contra las marchas antigubernamentales. Moreno ha sido acusado de robo de grandes sumas de dinero de los proyectos municipales de Managua, así como de usar fondos municipales para pagar las actividades del partido de Gobierno, el Frente Sandinista.

Francisco López Centeno: Es el vicepresidente de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), la compañía que importa y vende productos petrolíferos venezolanos. Es presidente de la estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic). López ha tenido acceso a grandes cantidades de fondos recaudados por el gobierno en forma de impuestos y multas que podría explotar, incluso para el uso personal de líderes nicaragüenses.

López es señalado de desviar fondos de proyectos de infraestructura mediante la negociación de tarifas personales, ha colocado a numerosas personas en distintas áreas del gobierno que lo han ayudado a robar millones de dólares anualmente. Ha utilizado su posición en beneficio personal y de su familia mediante la creación y uso de compañías para ganar contratos gubernamentales. Albanisa es propiedad en un 49 por ciento de Petronic y el un 51 por ciento es propiedad de la estatal empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Altos funcionarios del gobierno nicaragüense y del FSLN han utilizado los fondos de Albanisa, para comprar estaciones de televisión y radio, hoteles, ranchos ganaderos, plantas de generación eléctrica y laboratorios farmacéuticos.