CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El senador Ricardo Monreal propondrá “reformas para evitar que amparos frenen obras públicas que beneficien a la comunidad”, con ello, elimina la única garantía constitucional de que actualmente goza todo ciudadano como medio de defensa en contra de alguna acción que considere equivocada, como ocurrió en el caso de la construcción del aeropuerto en la base militar de Santa Lucía.

En plena referencia a las obras del aeropuerto en Santa Lucía, el Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena expuso que importantes proyectos impulsados por el gobierno han sido frenados, ocasionando un perjuicio al progreso social y económico.

Según Monreal, la propuesta es acorde con los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación que colocan el interés colectivo por encima del interés particular, precisamente, en obras que por su naturaleza no deben suspenderse ya que eso ocasionaría un grave perjuicio a la sociedad y afectaría al desarrollo económico nacional.

Por ello, en un comunicado emitido este domingo, señala que propondrá al Pleno de la Comisión Permanente reformas a la Constitución y a la Ley Federal de Amparo.

El morenista considera que el actual gobierno federal ha impulsado desde su inicio importantes proyectos, los cuales han sido frenados por suspensiones concedidas a través de amparos, ocasionando un perjuicio en el progreso económico y social.

“La inversión en infraestructura es uno de los cimientos de la prosperidad al reflejarse en beneficios importantes relacionados con los servicios básicos y con la construcción de edificios públicos como hospitales, escuelas, oficinas gubernamentales, centros de readaptación social y parques”, señala.

“Además, la obra pública potencia la actividad productiva al generar un gran número de empleos y promover la inversión privada”.

Monreal explica que, en la primera iniciativa, propone la adición de un párrafo al artículo 25 constitucional para plantear que el desarrollo de obra pública e infraestructura en materias de educación, salud, medio ambiente, seguridad pública, seguridad nacional, penitenciaria, comunicaciones, transportes, hidráulica, energética, turística y cualquier otra rama o servicio público que impacten directamente en el bienestar de las personas, así como en el goce y ejercicio de sus derechos humanos, sea considerado de interés social, protegido”.

En una segunda iniciativa, propone adicionar una fracción XIV al artículo 129 de la Ley de Amparo para establecer como una causal de improcedencia de la suspensión, que se provocan perjuicios al interés social, cuando se impida o interrumpa la ejecución de obra pública e infraestructura en materias de educación, salud, medio ambiente, seguridad pública, seguridad nacional, penitenciaria, comunicaciones, transportes, hidráulica, energética, turística y cualquier otra rama o servicio público que impacte directamente en el bienestar de las personas.