El SEPBLAC apunta a una falta muy grave y siete graves La Comisión que dirige el Servicio anti Blanqueo (Sepblac), a cuyo frente está el secretario de Estado de Economía, Iñigo Fernández de Mesa, considera que, además de la falta grave de diligencia del consejo de administración, se desprenden una infracción muy grave y siete graves cometidas por el propio Banco Madrid como entidad, lo que puede ser sancionado con la revocación definitiva para seguir operando en España. La infracción muy grave descubierta es la referida al artículo 51 1.a de la Ley sobre Prevención de Blanqueo, que castiga el incumplimiento de la obligación de comunicar al Sepblac «cuando algún directivo o empleado [de la entidad financiera] hubiera puesto de manifiesto internamente la existencia de indicios o la certeza de que un hecho u operación estaba relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo». Había operaciones detectadas por empleados que no eran después ni investigadas ni comunicadas al Sepblac. Las siete infracciones graves incluyen la de no haber procedido en algunos casos a «la identificación real del titular». También, la ya mencionada de no someter a examen especial a clientes sospechosos o la de no comunicar indicios de movimientos ilícitos al Sepblac. Además, saltarse la obligación de abstención. Otra es por el incumplimiento de la obligación de aprobar por escrito políticas de procedimientos adecuados de control interno. La sexta, por no establecer órganos adecuados de control interno, y, por último, el incumplimiento de la obligación de aprobar y mantener un manual adecuado de prevención de blanqueo.

El ex director general de la Policía y ex presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, y los hermanos Flores, empresarios conocidos por la organización de la trágica fiesta del Madrid Arena, figuran en la relación de clientes de Banco Madrid investigados por si han incurrido en blanqueo de capitales u otras operaciones ilícitas, según aseguran a EL MUNDO fuentes oficiales conocedoras del informe sobre el caso.

Estos clientes forman parte de la lista de operaciones sospechosas realizadas a través de cuentas en Banco Madrid sin que esta entidad financiera, que entró ayer en concurso de acreedores, ejerciera el control que obliga la ley antiblanqueo.

Así lo critica la investigación del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), y cuyo esclarecimiento corresponde ahora a la Fiscalía, tras haber recibido el informe sobre Banco Madrid. En el caso de Alquería Dolores, administrada por Cotino -que posee el 60% de la empresa-, constan también como apoderados sus sobrinos Vicente y José, implicados presuntamente también en escándalos de financiación ilegal del PP valenciano. Según fuentes policiales, esta empresa recibió en Banco Madrid una transferencia de un millón de euros «de procedencia desconocida».

Los investigadores del Sepblac constataron que, pese a que Banco Madrid tenía obligación de identificar el origen de la transferencia por si tenía relación con, entre otros escándalos, el llamado caso Gürtel, no lo hizo ni examinó el asunto de la manera especial que obliga la legislación antiblanqueo.

En cuanto a los hermanos Flores, ha despertado las sospechas del Sepblac la venta de una parte de su empresa a una sociedad panameña sin titulares conocidos. El temor, según fuentes policiales, es que se haya producido un alzamiento de bienes que disperse sus propiedades tras el escándalo del Madrid Arena. En un informe de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía (Udef) que consta en el sumario del caso Madrid Arena aparecen transferencias desde Panamá por 1,4 millones de dólares, según publicó este diario el 10 de diciembre de 2013.

Fuentes próximas a los Flores aseguraron ayer a este diario que la operación que realizaron fue una ampliación de capital de Diviertt, la empresa organizadora de la fiesta, que tuvo lugar antes de la tragedia. Afirmaron que la operación «está debidamente documentada» y mostraron sorpresa de que puedan estar bajo la lupa del Sepblac.

Revisión a 152 clientes

La investigación iniciada por el Sepblac en abril de 2014 y terminada el pasado febrero sometió a revisión a 152 clientes. Concluye, según las fuentes policiales consultadas, que Banco Madrid crecía captando clientes que podían ser sospechosos de operaciones ilícitas sin someterles a los controles pertinentes. Se ha detectado una veintena de casos de empresarios y políticos, incluidos el mafioso ruso Andrei Petrov y los jerarcas venezolanos próximos a Hugo Chávez, tal como publicó ayer EL MUNDO.

Es el mismo caso, según las fuentes conocedoras del informe del Sepblac, del patrono de la Fundación del Barcelona Club de Fútbol Ramón Palau, que movió fondos procedentes de Andorra a Banco Madrid mediante sicav, según los investigadores.

Este empresario catalán compatibiliza este cargo y sus negocios con ostentar el consulado honorífico de Guinea Bissau en Barcelona. Se da la circunstancia de que el vicepresidente de la Fundación del Barcelona y directivo del club, Ramón Cierco, forma parte de la familia andorrana propietaria de BPA y Banco Madrid. El propio Cierco figuraba en el consejo de administración que tuvo que dimitir el pasado miércoles tras la intervención del Banco de España.

Banco Madrid cometió una «infracción grave» con casos como el de los Flores y la empresa de Cotino al no haberles sometido a examen especial, según la comisión al frente del Sepblac.

La normativa exige «examinar con especial atención cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, que por su naturaleza pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo(...) En particular, los sujetos obligados examinarán con especial atención toda operación o pauta de comportamiento compleja, inusual o sin un propósito económico o lícito aparente, o que presente indicios de simulación o fraude». El Sepblac considera a los mencionados clientes como claramente encuadrados en este artículo de la ley.

Falta de medidas

La investigación no prejuzga si estos clientes incurrieron en delitos de blanqueo, pero sí asegura que Banco Madrid no tomó medidas ni en éstos ni en otros casos para evitar que lo hicieran, incumpliendo sus obligaciones para operar en el sector financiero español.

La filial española tampoco sometió a los controles adecuados a una Sociedad de Inversión en Capital Variable (Sicav) que los investigadores vinculan a la familia Carceller. Se trata de la saga propietaria de la cervecera Damm, entre otras empresas, y que está siendo investigada por presunto fraude fiscal.

La Sicav Renta Insular Canaria es una de las más importantes del país y mueve un patrimonio de 60 millones de euros. Banco Madrid actúa como entidad depositaria y, según los investigadores, no ha vigilado adecuadamente su operativa. Fuentes próximas a los Carceller relativizaron su participación en la Sicav y negaron irregularidades.

Los investigadores reprochan también que Banco Madrid no sólo no sometiera a examen especial, sino que ni siquiera comunicara al Sepblac la llegada hace unos meses de 2,3 millones del matrimonio formado por el ex dirigente del PP canario Paulino Montesdeoca y su esposa, Cristina Viera. Esta última aseguró ayer que desconoce por qué su esposo y ella figuran en la lista de clientes sospechosos y que se trata de su patrimonio familiar «perfectamente legal y documentado», sin que nada tenga que ver con la actividad política que desempeñó su marido en el PP o como director general de Patrimonio del Gobierno de Canarias, cargo del que dimitió en 2008 tras enfrentarse al actual ministro de Industria, José Manuel Soria. La investigación sitúa los fondos del matrimonio como procedentes de una regularización de fondos que poseían en Suiza desde hace más de 10 años. El político canario habría sido, así, cotitular de fondos opacos al Fisco en los años en que estaba en el Gobierno de Canarias. Viera declinó hacer comentarios al respecto.