Por Jéssica Bahamondes y Rodrigo Espinoza.

Seis años antes que se hiciera en Punta Arenas la primera diligencia por el fraude a Carabineros, el general Eduardo Gordon, entonces General Director, cruzó la Alameda, en Santiago, decidido a intervenir personalmente ante el asomo de una investigación al Departamento de Remuneraciones de la institución. El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, a cargo del "Pacogate", indaga ahora cómo el Contralor de entonces, Ramiro Mendoza, respondió a esa intervención y si eso impidió que se revelara el multimillonario desfalco que se conoció años después.

Esta es una copia del documento que confirma que la Contraloría General de la República notificó a Carabineros de Chile del inicio de un sumario por sospechas relativas al pago indebido de remuneraciones a funcionarios, el 2 de junio del año 2010. Esta pudo ser la hebra para desentrañar el engaño pero como se aprecia, la indagatoria quedó “anulada”.

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Eso ocurrió después del encuentro entre el general Gordon y el contralor Mendoza, interrogado este miércoles por el fiscal Eugenio Campos, precisamente para averiguar detalles de esa reunión. Aunque no ha sido posible acceder a la agenda oficial del ex contralor, fuentes consultadas confirman que la cita entre ambas autoridades sí se llevó a cabo.

El sumario por "pagos en exceso" del 2010 terminó en un limbo: no se sancionó ni se absolvió a ningún funcionario, tampoco se sobreseyó la investigación. No hay registros de eso, el caso simplemente desapareció. Hasta que hace unas semanas se recuperó una copia digitalizada de la notificación original. Lo demás, el expediente y la resolución de término de sumario, no consta en los registros (ver documento de respuesta de CGR). Así, este dato clave tampoco fue revelado el año pasado a la Comisión Investigadora del Congreso y ahora el Contralor Jorge Bermúdez notificó a la Cámara de Diputados de la contingencia sucedida con este sumario y, además, denunció al fiscal Campos la desaparición o el robo del mismo.





La otra arista del fiscal

No sólo esta indagatoria preocupa al fiscal regional de Magallanes. Campos supo el 20 de Agosto pasado que anteriores y actuales autoridades de la Contraloría aparecían involucradas en maniobras para ocultar o encubrir el incumplimiento del ente contralor en el fraude.

Campos llamó a declarar a la ex subcontralora Dorothy Pérez y ese mismo día el titular, Jorge Bermúdez, la despidió por una irreversible pérdida de confianza.

La abogada, que se ha resistido judicialmente a la medida, había revelado en su declaración de intereses y patrimonio que su cónyuge es un oficial de carabineros, piloto de helicópteros retirado el 2016. Ahí dice que “atendida dicha vinculación durante todo mi desempeño como funcionaria de CGR desde el año 2004 y también durante los 2 años siguientes a su retiro (aplicación de ley 19 880) ME ABSTUVE DE APROBAR O FIRMAR AUDITORÍAS, DICTÁMENES U OFICIOS RELATIVOS A DICHA DEPENDENCIA DE CARABINEROS”.

Sin embargo, en documentos de la Contraloría que la Unidad de Investigación y Reportaje de AN consiguió por ley de Transparencia, Dorothy Pérez aparece efectivamente suscribiendo preinformes sobre la policía uniformada, lo que desmiente tanto su propia declaración de intereses como el compromiso personal que adoptó con el contralor Bermúdez de prescindir en los casos en los tuviera participación carabineros.

El 2010 (y hasta el 2014) Dorothy Pérez era subjefa de la División de Auditoría Administrativa de la que dependía la Unidad de Control Disciplinario de las Fuerzas Armadas y de Orden que encabezaba en calidad de subrogante Juan Munieres Villegas, uno de los ex fiscalizadores de la Contraloría cuya relación con el fraude está siendo investigada por la fiscalía.

Munieres también fue despedido por Bermúdez el año pasado en un esfuerzo del Contralor por erradicar a los cómplices y responsables del control negligente.

Según fuentes del caso, cuando Dorothy Pérez se hizo cargo de la División había cuatro auditorías a Carabineros pendientes que no tenían relación con el pago de sobresueldos. Dos de estas investigaciones nunca se realizaron, entre esas una que iba dirigida contra la Prefectura Aeropolicial donde su esposo fue subjefe de la sección helicópteros hasta el 2014.