La Guardia Civil es, en sus propios términos, “un Cuerpo de Seguridad Pública de naturaleza militar y ámbito nacional”. Fue creado a mediados del siglo XIX, a modo de policía rural, y hoy cumple funciones de seguridad en buena parte de nuestro territorio. Pero su misión de “asegurar el cumplimiento de las leyes llevando ante la justicia a todo el que las incumpla, defender el libre ejercicio de los derechos y las libertades ” tiene un escollo interno. Precisamente por ser un cuerpo militar: se rige por una justicia diferente.

Es una situación única en Europa, un tic de tiempos pasados que aún no hemos superado: dentro de los principales países de la Unión Europea, somos el único que mantiene la jurisdicción penal militar en tiempos de paz. Lo que quiere decir que, si hay algún problema dentro del cuerpo, ningún juez civil se encargará. Un tribunal militar, que en pleno 2016 ni siquiera publica regularmente sus sentencias, decidirá de acuerdo a sus propias leyes y castigos el destino de los funcionarios.

En países como Alemania, si un militar del tipo que sea incumple una ley, será juzgado por un tribunal civil, de acuerdo a la legislación vigente al resto de ciudadanos. Aquí, se le juzga como si estuviésemos en guerra permanente: a manos de un Juzgado Togado Militar, donde la única diferencia entre la guerra y la paz es la magnitud de las penas.

El doble rasero de la Justicia

Con lo que llegamos al caso que nos ocupa, el de una agente de la Guardia Civil destinada en la comarca de Vitigudino (Salamanca) denunciada por “desobediencia” por su superior, un capitán. La desobediencia, uno de los tipos de insubordinación recogidos por el Código Penal Militar, puede llevarte a la cárcel entre tres meses y dos años. Sin que te juzgue ningún miembro de la sociedad civil.

_Artículo 44.

1 El militar que se negare a obedecer o no cumpliere las órdenes legítimas de sus superiores relativas al servicio será castigado con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión. Si se tratare de órdenes relativas al servicio de armas, se impondrá la pena de seis meses a seis años de prisión._

La agente recibió la orden de ponerse el chaleco antibalas reglamentario. Una protección “unisex” que, en un cuerpo que no permitió la entrada de las mujeres hasta 1988, a los 10 años de aprobarse la Constitución, no está pensado para mujeres. La agente, que cuenta con su propio chaleco, adaptado a su condición y, según la Asociación Unificada de Guardias Civiles, valorado en más de 500 euros, decidió ponerse el suyo.

La versión de la AUGC afirma que el chaleco reglamentario es de tal envergadura y tan mal adaptado a su anatomía que le impedía acceder a herramientas indispensables como el arma. Especialmente si tenemos en cuenta que la orden de ponérselo venía por la situación de alerta antiterrorista declarada en nuestro país.

Pilar Villacorta, Secretaria de la Mujer de la AUGC, explicaba a Interviú que “alguien tendrá que recordarle a los generales que las mujeres guardias civiles también tenemos tetas”, aduciendo a los problemas de usar el chaleco unisex en cualquiera de sus tallas. De hecho, ni siquiera es un problema exclusivo de las 5.000 agentes de los cerca de 80.000 efectivos que componen la Benemérita: este mismo año, la Guardia Civil empezó a reprimir el uso de chalecos externos, incluso en casos en los que los agentes carecían de protecciones suministradas por el propio Cuerpo.

La diferencia estriba en la situación de la agente: si se la juzga, se le aplicará una legislación concebida para las guerras, administrada por un sistema que nada tiene ver con el ciudadan o. En el que incluso cambian las penas: cualquier funcionario público español acusado de desobediencia afronta una pena, sí, pero de multa e inhabilitación. Recogida en el artículo 410 del Código Penal:

multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Independientemente de las carencias en el equipamiento o de si procede o no procede la acusación, lo realmente grave es que en España hay dos tipos de ciudadanos a los ojos de la justicia : los que viven bajo el código bélico y los que nos regimos bajo una justicia pública, civil, ajena a una guerra inexistente.

La diferencia entre una multa e ir a la cárcel, sólo por haber escogido otra rama de servicio público. La que no existe en una Europa que, si algo aprendió durante el pasado siglo, es a alejarse en lo posible de la guerra, especialmente en las leyes que gobiernan el día a día de sus ciudadanos.