A Albert Rivera se le acumulan los casos de cargos y dirigentes del partido que se ven salpicados por la corrupción u otro tipo de escándalos. Tantos ha ido acumulando que el mensaje que se empeñan en transmitir de que Ciudadanos ha llegado a la política para “regenerar” a las demás formaciones empieza a hacer agua. Las prisas por rellenar huecos para las sucesivas elecciones celebradas en nuestro país en estos últimos años han provocado que fallaran los controles dentro del partido.

La número tres de Ciudadanos en Madrid dimite aunque reitera que Marjaliza no le ha pagado "ningún viaje"

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El último episodio de un caso de presunta corrupción ha sido la dimisión de la diputada en la Asamblea de Madrid Eva Borox, que acaba de entregar su acta parlamentaria tras muchas presiones, después de haber sido acusada por el presunto cerebro del caso Púnica, David Marjaliza, de recibir 30.000 euros de la trama.

Aunque la decisión de Borox ha sido trasladada a la opinión pública como una "decisión personal” para "no interferir ni perjudicar al partido", lo cierto es que a la exdiputada le llegaron muchas presiones de la dirección para que dejara el acta, a pesar de que no estaba “ni investigada ni imputada”, como ella misma se encargó de recalcar en su comparecencia ante los medios de comunicación.

Pero es que el caso de Borox le ha explotado definitivamente a Ciudadanos justo cuando los de Rivera están inmersos en los trabajos de la comisión de investigación contra la corrupción del PP que hay abierta en la Asamblea de Madrid. Y cuando el partido redobla sus mensajes contra Mariano Rajoy y su incapacidad para abanderar cualquier acuerdo o pacto por la "regeneración democrática" de cara a la formación de un nuevo Gobierno para España.

Su marido, Raúl del Olmo, ha presentado este viernes su renuncia al acta de concejal del Ayuntamiento de Valdemoro, donde desde las pasadas elecciones era edil de gobierno del grupo municipal de Ciudadanos.

Del Olmo además ha dimitido de sus cargos en el consistorio, donde hasta ahora era primer teniente de alcalde y concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Deportes.

El hasta ahora edil aparecía en varias fotografías junto a su esposa y el presunto líder de la trama Púnica, el empresario valdemoreño David Marjaliza, si bien Del Olmo ha negado "rotundamente" la veracidad de las acusaciones de Marjaliza, ya que "nunca me ha pagado ningún viaje ni me ha comprado ningún boleto de lotería", al tiempo que ha negado haber cobrado comisiones de algún tipo.

En un comunicado leído en el Ayuntamiento y repartido a los medios de comunicación, Del Olmo ha opinado que tanto su mujer como él han sido "víctimas de una campaña de acoso y derribo implacable, sensacionalista y sin escrúpulos", por lo que ha anunciado que se reserva las acciones legales pertinentes para defender su honor.

Un código ético que prohíbe mentir

Un código ético que prohíbe mentirEl partido de Rivera aprobó un código ético muy estricto por el que queda claro que todo aquel militante, cargo público o miembro del partido que esté imputado, debe renunciar a su cargo y, en último extremo, abandonar la formación voluntariamente o arriesgarse a ser expulsado. Mentir en el currículum también es causa de la máxima sanción.

Sin embargo, no siempre ha sido así. Como publicó el diario.es, César Zafra, brazo derecho en la Asamblea de Madrid de Ignacio Aguado, falseó su currículum, pero el partido le disculpó.

Zafra, número dos de Ciudadanos en Madrid, se hizo pasar por abogado sin poseer la habilitación para ejercer como tal. El diputado autonómico trabajó durante meses en el despacho Martínez-Aybar, con sede en Alcobendas. En declaraciones a eldiario.es el diputado reconoció que su "misión" era "redactar demandas, recibir clientes y asesorarles". Sin embargo, Zafra no podía ejercer como abogado.

Casos, si no de falsedad si de inexactitud de datos, salpicaron también a un importante cargo de Rivera, Miguel Gutiérrez, diputado por Madrid.

Con todo, uno de los primeros episodios que enturbió la aparente inmaculada imagen de Ciudadanos fue el caso del que fuera su portavoz en la Eurocámara, Jordi Cañas, tras ser imputado en 2014 por fraude fiscal acusado de haber defraudado 429.000 euros a Hacienda como gestor de una sociedad. Cañas, que había sido el azote de las fuerzas políticas en Cataluña por la corrupción y el "nacionalismo cleptómano", dimitió, pero unos meses más tarde fue fichado como asesor de uno de los eurodiputados en el Parlamento Europeo. Albert Rivera siempre le ha apoyado, separando los delitos de corrupción de los “administrativos”.

Ahora, también han destacado el "gesto de valentía" de Eva Borox pese a saber que la exdiputada y exconcejala del PSOE mintió sobre su relación con Marjaliza, como ha demostrado La Sexta.

Menos énfasis demostró el partido de Rivera cuando en las primeras elecciones catalanas, el número 22 de esa lista, Antonio Sánchez, que fue alcalde independiente de la localidad madrileña de Serranillos del Valle, fue detenido en la operación Púnica. El regidor decidió dimitir después de que la Guardia Civil le sorprendiera sacando documentación del Consistorio. Ciudadanos salió al paso con un comunicado en el que aseguraba que Sánchez no era afiliado ni tiene relación con el partido.

Según ha publicado ya el diario.es, en Valencia, Ciudadanos tuvo que expulsar al coordinador, Fernando Mut, al ser imputado por el caso Innova. Arquitecto de profesión y exmiembro del PP y posteriormente de Plataforma de Gandia, se encuentra procesado por el supuesto desvío de seis millones de euros que concedió el Gobierno destinados a un centro de innovación en Gandia.

En las elecciones municipales, el partido tuvo que apartar al candidato de la localidad madrileña de Móstoles y montar una gestora a nivel local por considerar que Pedro Benayas no era un aspirante idóneo al puesto ya que colocó en la lista para el Ayuntamiento a amigos y familiares.

La falta de experiencia política también ha jugado malas pasadas a alguno de los miembros de Ciudadanos. Es el caso de Francisco Gambarte, que tuvo que renunciar a ser el cabeza de lista en el Principado de Asturias cuando se difundieron sus tuits en los que insultaba a los catalanes. Gambarte, abogado de profesión y alejado de la política hasta entonces, escribió en la red: "Sabes lo que haremos con la estrellada, limpiarnos el culo. Putacataluña". Tuvo que pedir disculpas y renunciar a ser candidato.

Otro de los episodios que han enturbiado la imagen del partido de Rivera han sido los mensajes de WhatsApp o en Twitter de algunos cargos. Dos ejemplos. Juan Cuesta, portavoz de Ciudadanos en Avilés, fue expulsado por llamar "puta vaga" a su compañera de formación en dicho Ayuntamiento Carmen Pérez Soberón. Se equivocó de chat.

O Carlos López Martín, miembro del departamento de jóvenes del partido en Madrid, que había vertido comentarios racistas y xenófobos en Twitter contra catalanes y latinos. "Solo hay algo peor que un catalán y no es un gabacho, es otro catalán", tuiteó en 2012 desde su cuenta personal, tuits que se apremió ahora en borrar de su cuenta.