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Si el país grita, que vocifere en las urnas. Si el presidente Enrique Peña Nieto no los quiso oír durante tres años y medio, menos ahora, que se ha pintado de guerra para ir por todo contra todos. El líder de la nación, que a dos años y medio de dejar el poder enfrenta retos y rebeliones más propias de fin de sexenio que de la mitad de su gestión, desafió a todos dentro y fuera de su partido al imponer a Enrique Ochoa, uno de los suyos, que representa todo por lo cual la mayoría de los ciudadanos crecientemente lo rechazan en las urnas como líder del PRI. Quizás no se vea claramente ahora, pero conforme se acerque la campaña presidencial, este ajuste le permitirá saber a Peña Nieto si su candidato tiene posibilidades reales de ganar la elección en 2018, o mejor negocia la entrega del poder.



Es imposible ver en este momento a Peña Nieto en una introspección o en conversación con quienes sí tienen acceso, planear que Ochoa conduzca la retirada del PRI de Los Pinos. Pero no es difícil imaginar que Peña Nieto carezca de la capacidad analítica para estudiar objetivamente lo que ha sucedido con el PRI y su gobierno. Como partido, el PRI empezó su declive –tendencia que no ha cambiado– entre 2010 y 2011, y desde las elecciones federales de 2015, los electores lo abandonaron por millones en las urnas. El famoso voto duro del PRI se colapsó en las elecciones para gobernador en junio pasado, porque claramente en algunos estados el acarreo priista el día de la elección sirvió para abultar la votación de otros. Sólo en Veracruz, 400 mil de los 600 mil priistas movilizados, votaron por candidatos de otros partidos, según estudios internos en el PRI.



La decisión de llevar a Ochoa a dirigir el partido sugiere que los análisis de Peña Nieto, si bien parten de la misma numeralia, son distintos en valoración. Por lo tanto, la consideración estratégica que tendría que formular a nivel escenario, la entrega del poder a un partido de oposición, debe estar fuera de su radar. “Es algo que debiera hacer”, dijo un priista que ha colaborado con los mejores de su clase. “Tendría que hacer un análisis frío ante una probable derrota en 2018”. Los datos ahí están: desde octubre de 2013 su aprobación cae y oscila entre lo más alto, donde sólo cuatro de cada 10 respaldan su conducción, a lo más bajo que ha registrado, menos de dos de cada 10 lo apoyan. Peña Nieto perdió el consenso nacional para gobernar y no hay fórmula en el horizonte que le permita revertir la tendencia de forma permanente.



Es decir, si está mal, en la medida que se acerque la conclusión de su gobierno y con el desgaste y debilitamiento en el cargo, las cosas se pondrán peor. Pero podría ser, otorgándole el beneficio de la duda, que sí observe sus rendimientos y llegue incluso a admitir en su interior que un componente importante de la derrota de junio obedece a su mala imagen como gobernante y a sus muy poco populares reformas. En este hipotético caso, la estrategia que siguen es dispersar el voto de la oposición, aunque este método probó su vulnerabilidad en las elecciones para gobernador en Veracruz y Chihuahua –donde perdió el PRI–, o en Oaxaca –donde apenas ganó–. “La reflexión sobre la entrega negociada del poder, tendría que ser considerada”, insistió el priista.



¿Por qué negociar la entrega del poder? La reflexión no es sobre el mecanismo institucional ya probado de la alternancia. En términos procedimentales, las dos alternancias en la Presidencia (Ernesto Zedillo a Vicente Fox, y Felipe Calderón a Peña Nieto) han sido tersas e institucionales. La negociación es para salvaguardar el futuro de Peña Nieto. Dos aspectos son centrales para esta reflexión: la rampante corrupción registrada en términos de percepción, métricas y denuncias todavía a nivel privado, y las pruebas documentales de haber utilizado bandas criminales para eliminar criminales –claramente en Michoacán–, entre cuyas consecuencias se encuentra la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que podrían perseguirlo con acusaciones de genocidio en cortes internacionales.



Peña Nieto no es insensible a esto. La discusión sobre su futuro jurídico después de la Presidencia, ha sido un tema en Los Pinos, así como la consideración de contratar un abogado que empiece a preparar su vida al dejar el gobierno. Pero su tranquilidad no será suficiente si no maneja dentro de sus escenarios para 2018 una entrega negociada del poder, que significa la utilización de los recursos de su Presidencia para respaldar al candidato o candidata de oposición con quien arregle su postpresidencia. Su candidato o candidata no sería priista, sino quien le garantice que su fama pública no terminará como la de José López Portillo, que no se volverá un paria como Carlos Salinas, y que cuando sea necesario, lo respaldarán como a Zedillo.



Esta sería una decisión muy difícil para Peña Nieto, sobre todo, si como apunta la designación de Ochoa, está convencido que puede lograr una victoria en 2018 con su candidato y consolidar su proyecto de nación. Pero llegará el momento en que quiera o no, el escenario de la negociación pactada para la entrega del poder, sea algo que deba poner a discusión, a menos que crea en el milagro del resurgimiento del PRI a través de un acto de fe.







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