"Es una ley que está hecha con una ignorancia absoluta de lo que es internet: nosotros estamos alucinados”. Son las palabras de Carlos Martínez Gorriarán, el número dos de UPyD en el Congreso, quien citó a periodistas para explicar cómo ven ellos la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) recientemente aprobada, las consecuencias que puede tener y su situación jurídica.

España ocultó a Europa su decisión de imponer la tasa Google

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Después de que se conociera que el proyecto de LPI presentado por el Gobierno en la Comisión Europea iba sin el artículo que hablaba de la tasa AEDE (el 32.2), UPyD preguntó a la Comisión qué medidas iba a tomar al respecto. Esta pregunta, según Martínez Gorriarán, a día de hoy no ha sido contestada, a pesar de que la Comisión tenía tres semanas de plazo, lo que se cumplió alrededor del 17 de octubre. "Probablemente no la han pasado porque esté sometida a una cuestión prejudicial en Luxemburgo, porque la tasa AEDE, además de otras cuestiones que pueden surgir, va en contra de la libre competencia, contra las directivas europeas, por lo menos así lo interpretamos nosotros y mucha gente”, comentó Gorriarán.

En este sentido, UPyD va a hacer propuestas en el Pleno Europeo. Gorriarán explica que el Parlamento Europeo tiene una competencia legislativa muy limitada, pero tiene la capacidad de iniciativa legislativa, así que puede proponer a la Comisión que haga determinadas cosas.

"Se puede proponer que el Parlamento Europeo pida a la Comisión una directiva mucho más explícita y que de alguna manera derogue o prohíba normas de los Estados miembros que vayan contra el derecho a la información, que establezca privilegios para determinados modelos de negocio. Ahí hay mucho recorrido, porque normalmente las directivas son muy genéricas y luego se van desarrollando a través de la litigiosidad”.

La reforma de la LPI, tal como fue aprobada en España, "crea una desigualdad flagrante entre los grandes medios y otros digitales, y más que los medios son las empresas. Cuando hablamos de la tasa Google parece que es un problema de los medios de comunicación como tales, y no lo es. Es de empresas”, señala Gorriarán. "No es lo mismo los grupos de comunicación que se han visto afectados por la crisis y han tenido que buscar cómo adaptarse, que el trabajo que hacen los medios como tales. Los grupos empresariales han buscado la protección de los gobiernos, para blindar su modelo de negocio, entonces se les ocurrió la brillante idea de cobrar la tasa dichosa”.

Una serie de tasas exóticas

Eso no es todo según el diputado de UPyD, que considera que en España, esto se encuentra agravado por una "serie de tasas exóticas que se han inventado, que son escandalosas, como la del derecho a cita, que os recuerdo, es que las universidades y las bibliotecas públicas se van a tener que poner de acuerdo con CEDRO, para pagarles una tasa por citar autores y usar libros. Aunque "no tienen por qué ser cantidades significativas, pero el hecho mismo nos parece alucinante, porque cuando estás hablando del desarrollo de la sociedad del conocimiento, se supone que es favorecer la circulación de la información”, dijo.

Estas tasas tienen su origen en la presión de las entidades de gestión de derecho de autor, según Gorriarán. "Las sociedades de usufructo de gestión en España están intervenidas por el Gobierno. Después del escándalo de la SGAE con Teddy Bautista y compañía y su enorme descrédito, han decidido, a través de la LPI, que las sociedades de gestión de derecho de autor tienen determinados monopolios, que también son atípicos, porque los monopolios sólo los puede tener un Estado, limitados por las leyes de competencia. Entonces han concedido a entidades privadas un determinado monopolio de cobrar tasas, pero supervisado por el Estado. Para compensarles económicamente por esta intervención de sus cuentas, porque al final es el Estado el que decide lo que pueden cobrar, no ellos como hasta ahora, lo que han hecho ha sido ampliar el círculo de cobro: dicen también vamos a cobrar a las universidades y a las bibliotecas públicas".

Gorriarán se asombra: "Es algo tan delirante que yo entiendo que la gente no lo crea, hasta que ve que es verdad". Y en cuanto a los autores de esos derechos, agrega que "no tiene nada que ver con pagar al autor, porque para acabar con el círculo del absurdo: el autor de eso no ve nada”, se lamentó. "Leo muchos libros de muchos profesores, soy autor de muchos libros, no voy a ver un duro de eso. Lo que queremos los autores es que nuestros libros circulen, que sean conocidos y que sean citados, sobre todo los autores universitarios. En la universidad, que te citen o no, es muy importante para muchas cosas, sobre todo cosas económicas, sexenios y cosas así".

Una ley monstruo

Según UPyD, lo que ha quedado es "un monstruo, es una ley que va a acabar tumbando más temprano que tarde la propia Comisión Europea, porque se salta casi todas las directivas habidas y por haber, por lo menos su espíritu". Gorriarán explica: "Por eso mismo esta ley tiene otro exotismo verdaderamente increíble: es un Frankestein de las leyes. Tiene una previsión de caducidad, dice que dentro de un año se revisará, lo dice específicamente". ¿Por qué dice eso? "Porque la han hecho sabiendo que probablemente no va a pasar el filtro jurídico europeo y que habrá que rehacerla”. Gorriarán explica que la han hecho así por la colusión de intereses entre grandes grupos editoriales y partidos políticos.

"Como sabéis hay dos puntos de vista opuestos sobre la tasa AEDE: la propia AEDE que está encantada y el de los medios digitales, que están indignados, justamente por el tipo de competencia desleal que les supone; y por otra razón, porque esto va a tener efectos negativos en internet en general. Por ejemplo, Google ya ha dicho que va a cerrar su delegación en España, a pesar de que acaba de abrirla”. Gorriarán dice que están alucinados porque "es una ley que está hecha con una ignorancia absoluta de lo que es internet”.

La pérdida del PIB español en industria digital y cultural

Gorriarán califica de "desesperante" una situación en la que con 5 millones de parados, se cierran las puertas a la creación de empresas y se frena la industria digital y otros sectores punteros en innovación con este tipo de leyes y trae los datos del PIB de la industria digital en otros países.

"España es el único país de la Eurozona que el porcentaje del PIB que produce la industria digital, sobre todo la industria cultural, en vez de subir, ha bajado. Italia había subido hasta el 5% del PIB de industria digital. Es verdad que Italia tiene mucha industria cultural, pero es que España había partido del 4 % y ahora andamos por el 3 %. Con una diferencia fundamental, Italia tiene un mercado mucho más reducido que España, que tiene el mercado hispanohablante, que es la segunda lengua más usada en Internet, después del inglés”, señala Gorriarán.

"Y además con las economías emergentes latinoamericanas creciendo mucho, con el uso creciente del español en Estados Unidos, es un mercado impresionante. ¿Qué ha sucedido? Que hemos retrocedido, porque hay un marco legal hostil”, según Gorriarán, "entre la ley de protección de datos y toda la legislación de tipo fiscal made in Montoro, y todo el tinglado de las ayudas y subsidios que al final a los que perjudica es a los emprendedores”.

Gorriarán se refirió al silencio sobre el Canon AEDE en algunos medios pertenecientes a AEDE: "Yo entiendo que los que estéis en medios tenéis un problema, que igual aunque estéis de acuerdo con nosotros, no es la política de la empresa”. Advirtió que "esto es muy serio, se está cerrando el camino a un montón de gente joven e innovadora, se está impidiendo el camino al desarrollo de una industria que necesitamos con urgencia, se están creando tasas ridículas, y creando un malestar social impresionante”. También habló de las políticas culturales: "Se han cargado la industria cultural por el IVA. Por cobrar 4 euros han creado un asesinato industrial: han matado la gallina de los huevos de oro. Estás dejando ese campo que tenía España en los países latinoamericanos a México, a Colombia. Si México consiguiera acabar con sus problemas, nos comería la tostada en dos días".

Gorriarán dice que los emprendedores jóvenes españoles acaban creando las empresas en Gran Bretaña. Comenta que "hay una página web del Gobierno británico, que se rellena en 15 minutos y tienes que pagar no sé si 5 libras o así para inscribir tu startup, con una legislación con la que si no tienes beneficios no tienes que pagar impuestos y que te da inmediatamente el acceso al principal mercado del mundo en internet”.

Se pierden oportunidades todos los días, de manera insensata, se lamenta Gorriarán, que apunta que Gran Bretaña ha subido el año pasado el 8 % el porcentaje del PIB de la industria digital, porque muchas startups de Europa, pero sobre todo españoles, se apuntan allí por su legislación.

Esta ley está en contradicción con otras directivas europeas, según UPyD, y por eso llevarán propuestas al Parlamento Europeo en ese sentido. "Creemos que va a dar bastante juego”, dice Gorriarán, "esta ley está hecha con complejo de culpa".