Es un predio de 15 hectáreas, ubicado en La Matanza. Romina Del Plá presentó un proyecto para su restitución y construcción efectiva de viviendas populares y una multa al clero.

Según informes recientes, en el partido bonaerense de La Matanza unas 150 mil personas viven en asentamientos precarios, y las que están cerca de la cuenca con el Riachuelo sufren inundaciones 70 veces al año (Infobae, 3/7). Se trata del segundo partido bonaerense con más barrios de emergencia de la provincia de Buenos Aires, según el Registro Público de Villas y Asentamientos.





En ese distrito se encuentra un predio de quince hectáreas –delimitado por la Autopista Ricchieri, la Avenida General San Martín y las calles España y Olavarría– con una historia tan indignante como corriente.





En el año 1999, bajo la presidencia de Carlos Menem, el Congreso Nacional aprobó la cesión gratuita de ese terreno al Obispado de San Justo, presuntamente para la construcción de “un complejo de viviendas para la población de limitados y medianos recursos”. La votación fue a principios de enero, y el 10 de febrero el organismo clerical lo estaba escriturando a su nombre. Pero solo una semana después, el obispo a cargo, Jorge Arturo Meinvielle, firmaba un boleto de compra-venta del inmueble con el empresario Alfredo Coto, por 1,6 millones de dólares, y nueve meses más tarde nacía la criatura, con su traspaso definitivo a Gepal S.A., empresa del supermercadista.





El veloz y millonario pase de manos se sumaba así la larga carrera criminal del fallecido Meinvielle, quien como obispo de confianza de Menem se habría hecho –según la denuncia de Horacio Verbitsky– de 5,6 millones de pesos “por debajo de la mesa”, a través de fondos reservados de los Aportes del Tesoro Nacional (La Política Online, 8/7/06).





Los gobiernos y legisladores que siguieron mantuvieron este fraude, acorde a la postración histórica del Estado argentino ante la Iglesia. En el año 2006 la diputada santafecina Alicia Tate presentó un proyecto de ley para revertirlo, que fue cajoneado por la Comisión de Legislación General.





Recogiendo aquel antecedente, la diputada nacional Romina Del Plá, del Partido Obrero-Frente de Izquierda, presentó en estos días –y como parte del creciente reclamo por la separación de la Iglesia del Estado– un proyecto de ley contra este fraude. El proyecto presentado por Del Plá (que conoce bien la aguda crisis social de La Matanza, ya que allí vive, da clases y es secretaria general de la seccional local del Suteba) establece la inmediata restitución de las tierras al Estado, que el Obispado de San Justo pague una multa equivalente al negociado, de 1,6 millones de dólares, y que ese monto se utilice efectivamente para la construcción de viviendas populares.





Los fundamentos del proyecto marcan que “la cesión de tierras públicas y bienes a la Iglesia Católica es un mecanismo habitual de financiamiento millonario a través de las legislaturas de todo el país” –como se ha señalado en varios artículos de Prensa Obrera, y el caso de San Justo vuelve a revelar. Y apunta que “en el entrelazamiento de la Iglesia y el Estado se juega no sólo el problema económico –que involucra sumas extremadamente onerosas– sino también [cuestiones] de orden político y social. La Iglesia es una gran corporación capitalista y su prédica es en defensa del régimen capitalista –muy valiosa para la clase dominante sobre todo en épocas de crisis y fuerte ofensiva contra las mayorías populares y trabajadoras”.





Junto a la continuidad de la batalla por el aborto legal, la marea verde del movimiento de mujeres y la clase obrera tiene planteado acabar con el sostén estatal a una corporación oscurantista, corrupta y reaccionaria, como parte de la pelea por su emancipación definitiva.





Leé el Proyecto de Ley









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