Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).– El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, sostuvo un encuentro con los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Tixtla, Guerrero, donde aseguró que ya solicitó un informe a la Secretaría de la Defensa por los hechos del 26 de septiembre en Iguala. Además se comprometió a abrir una investigación al Ejército mexicano por el caso.

El Ombusdman nacional estuvo hoy en las instalaciones de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, donde se reunió con los padres de los normalistas. Tras el encuentro, González Pérez dijo a los medios de comunicación:

“Esto fue una barbarie; son hechos que a todos nos indignan y por lo tanto debe irse a fondo en las investigaciones”.

También se pronunció por que sigan las investigaciones para dar con el paradero de los 42 estudiantes que aún están desaparecidos.

Luis González señaló que la Comisión lleva un expediente, el cual derivará en un a recomendación a las autoridades. Comentó que se abrirá una investigación al Ejército mexicano.

Aseguró que ya se encuentra abierta una investigación en contra del Gobernador con licencia, Ángel Aguirre Rivero, por los hechos. Detalló que se retomará las investigaciones de lo sucedido el 12 de diciembre del 2011, en donde también murieron dos normalistas de Ayotzinapa en la Autopista del Sol luego de un bloqueo.

El pasado 22 de diciembre, la CNDH informó que solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) y al estado de Guerrero medidas precautorias para los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, así como para defensores de los derechos humanos. Además requirió que las autoridades garanticen un trato digno y respetuoso hacia ellos, así como abstenerse de emitir opiniones y expresiones que pudieran revictimizar y poner en riesgo la seguridad e integridad de los involucrados.

SinEmbargo publicó, el pasado 4 de noviembre: A LOS 43 LOS ECHARON A LOS PERROS. Donde documentos oficiales [de los cuales este medio tiene copia] indican que elementos del Ejército, de la Policía Federal y de la Estatal estaban ahí cuando los normalistas fueron atacados. Y antes de que los secuestraran, les negaron ayuda.

Todos estuvieron ahí. El asesinato de seis jóvenes ocurrió mientras Iguala estaba cubierta por soldados, policías federales, estatales y judiciales quienes iban y venían por la pequeña ciudad de Iguala. En ese trajín, en cuestión de horas, ocurrió el secuestro de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El documento fechado el 28 de octubre pasado, un mes y un día después de la masacre y la ausencia de los normalistas y dos días después de la separación oficial de la gubernatura guerrerense de Ángel Aguirre Rivero. En él, de acuerdo con el criterio del actual gobierno estatal, se integran las declaraciones a propósito de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre y las primeras horas del 27 de septiembre:

“Entre las 00.00 y las 00.30 horas del día 27 de septiembre de 2014, de acuerdo a lo señalado por los testigos arribaron al hospital particular elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dichos servidores públicos, les retiraron sus teléfonos celulares y playeras; además, les pidieron sus datos generales y les tomaron fotografías; al observar que había un estudiante herido solicitaron una ambulancia y les ofrecieron una disculpa, bajo el argumento de que los habían confundido; por lo cual, les regresaron sus pertenencias y se retiraron del lugar”.

En dos ocasiones, padres de los normalistas de Ayotzinapa han bloqueado y se han manifestado en la entrada del 27 Batallón de Infantería de Iguala. Los familiares han acusado a las los militares de no haber hecho nada para evitar que sus hijos fueran asesinados y raptados.

“Asesinos, asesinos!”, gritaron afuera de la sede militar.

Asimismo, desde mediados de diciembre, los familiares pidieron al gobierno federal abrir una línea de investigación sobre la presunta participación del Ejército Mexicano en la desaparición de los estudiantes en Iguala la noche del 26 de septiembre, pues de acuerdo con testimonios de normalistas sobrevivientes, hubo militares que los interrogaron y los detuvieron cuando intentaban escapan de la masacre en Iguala.

La entrada del campo militar del 27 Batallón de Infantería del Ejército en Iguala se ubica en la avenida Periférico Oriente, a unas ocho cuadras del centro de la ciudad, dentro de la zona. El sitio donde ocurrió la emboscada de policías municipales contra los estudiantes que viajaban en tres autobuses se ubica en la esquina de Periférico Norte y la calle Juan N. Álvarez, que atraviesa el centro de la ciudad.

Entre ambos puntos hay 3.1 kilómetros de distancia, es decir, unos 5 minutos de trayecto en vehículo desde la entrada de las instalaciones frente a la Comercial Mexicana, utilizando el Periférico Oriente y después girando a la derecha para continuar por el Periférico Norte hasta llegar a la esquina de la calle Juan N. Álvarez.

El traslado a pie dura unos 35 minutos usando la misma ruta, pero también se puede llegar usando la calle Del Estudiante, la carretera federal a Taxco y el Periférico Norte, lo que reduce el tiempo de llegada en un minuto. En vehículo también hay rutas alternas pero ninguna rebasa siete minutos de traslado.

Aunque el primer ataque ocurrió a las 9 de la noche del viernes 26 de septiembre, el entonces titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Iñaky Blanco Cabrera, afirmó que fue hasta las 2:40 de la madrugada del sábado 27 de septiembre que el personal de 27 Batallón de Infantería de Iguala informó al agente del Ministerio Público sobre dos asesinatos.

12 DE DICIEMBRE DE 2011

El 12 de diciembre de 2011 unos 400 normalistas bloquearon la Autopista del Sol en Chilpancingo frente al hotel Parador del Marqués acompañados de padres y organizaciones civiles para exigir una audiencia con el entonces Gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero donde expondrían los problemas de la Normal, entre los que se encontraban la ampliación de la matrícula y plazas para egresados.

Cuando el bloqueo total de la vía federal llevaba una hora, a las 12 del día policías federales y ministeriales del estado, algunos vestidos de civil y armados con rifles de asalto AR-15 dispararon a los manifestantes, luego se unieron a la represión policías preventivos estatales y más federales.

Los estudiantes se defendieron lanzando las piedras que hallaron cerca y el ataque en su contra duró unos 20 minutos. Hubo cerca de 30 heridos, dos muertos y 24 detenidos.

El primero en caer fue Gabriel por un balazo que recibió en un costado del cuello cuando pretendía lanzar un piedra a los federales, el disparo vino de donde estaban los ministeriales, casi de inmediato cayó Jorge Alexis por un balazo que recibió atrás de la cabeza, desde el punto en donde estaban los federales. Tras el desalojo violento también murió el empleado de una gasolinería, Gonzalo Rivas Cámara, por las quemaduras que sufrió cuando intentaba cerrar una máquina dispensadora de gasolina que ardía.

Ese día el gobierno estatal y el procurador de justicia Alberto López Rosas aseguraron que la acción estuvo a cargo de la Policía Federal, pero también ese día la Secretaría de Gobernación y la Policía Federal negaron su participación y aseguraron que llegaron cuando los hechos ya habían ocurrido.

Ese 12 de diciembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos comenzó una queja de oficio, y después utilizó por primera vez su facultad constitucional de investigación en casos de violaciones graves a los derechos humanos, y atrajo el caso para que nadie pudiera negarle información.

La CNDH también determinó la responsabilidad de 155 servidores públicos, por los que interpondría demandas ante la Procuraduría General de la República (PGR): 99 funcionarios y agentes de la Procuraduría, 73 policías ministeriales y que los policías federales también criminalizaron la protesta social con el “uso excesivo de la fuerza pública”, y señaló que las autoridades ocultaron casquillos y manipularon la escena.

Sus peritos documentaron y comprobaron que en el lugar hubo 68 armas de las autoridades y que 24 fueron disparadas: 22 de la Policía Federal, una de los ministeriales y otra de la Policía Estatal.

DE acuerdo con el diario El Sur, a tres años de la represión y desalojo violento, la impunidad continúa. No hay detenidos, el juicio político contra el ex procurador y el ex secretario de Seguridad Pública sigue estancado en el Congreso local, y ninguna autoridad federal se presentó ante la justicia. López Rosas y Almonte Borja han insistido en que son inocentes y que la CNDH violó sus derechos.

Los dos únicos agentes ministeriales detenidos y acusados de ser los autores materiales de los asesinatos, Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas, salieron de la cárcel de Chilpancingo el 23 de abril del año pasado y fueron absueltos por el Tribunal Superior de Justicia por “falta de elementos para procesar” y se dictaminó el caso como “asunto concluido” para que ninguna otra autoridad los pueda requerir.

En estos tres años, líderes de organizaciones sociales y normalistas han denunciado que la recomendación de la CNDH solo se cumplió de manera parcial. Como ejemplo, el 21 de noviembre de 2012 el gobierno federal y estatal ofrecieron una disculpa pública en Acapulco, pero en un acto al que no se invitó a los familiares de las víctimas y acudieron sólo los familiares del empleado de la gasolinería.