El juez Sergio Torres había procesado a los militantes del Partido Obrero César Arakaki y Dimas Ponce por haber participado de los incidentes del 18 de diciembre pasado en el Congreso en la marcha contra la Reforma Previsional.

Primero los detuvo y luego, con el procesamiento los liberó. El juez consideró que, según las imágenes, no fueron ellos quienes hirieron de gravedad al policía de la Ciudad Brian Escobar. Ese policía aparece tirado y Arakaki y Ponce se le acercaron y le pegaron pero no fueron los que le produjeron las heridas en la cabeza.

Torres los había procesado por los delitos de "lesiones en agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad, agravado por haber sido cometido a mano armada y por una reunión de más de tres personas" y dispuso la libertad.

Manifestantes atacan a las fuerzas de seguridad (Nicolás Stulberg)

El fiscal Carlos Rívolo apeló la decisión de Torres de liberar a Arakaki y Ponce. Y esa apelación fue respaldada ahora por el fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes, quien pidió que los militantes del PO vuelvan a ser detenidos.

Moldes, en un escrito al que accedió Infobae, sostuvo que "sobran los indicios que demuestran que Arakaki y Ponce revistan como cuadros o tropa de una disciplinada y belicosa milicia dotada de estructura y organización semi-militarizada y que, en tal carácter, participaron de las acciones del 18 de diciembre en la Plaza de los Dos Congresos, cuando se alzaron contra uno de los poderes del Estado para impedir que cumpla su función".

Y siguió: "De ese modo y teniendo en consideración los medios y dispositivos ofensivos con los que concurrieron a lo que se suponía no sería otra cosa que una 'manifestación pacífica' entiendo, con el Fiscal apelante, que tal como lo exige el código represivo nos hallamos frente al supuesto de quienes 'se alzaren en armas contra alguno de los poderes públicos del Gobierno nacional …' o procuren '… impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales'".

Nueva calificación

Pidió que se cambie la calificación legal del caso y pase a ser considerado como un alzamiento contra uno de los poderes del Estado, algo previsto en el artículo 226 del Código Penal donde se contempla una pena de cinco a quince años de prisión.

Moldes explicó:"es que esa agresiva caterva –de la que los imputados forman parte- no actúa de manera inconexa ni desordenada. Por el contrario despliega una aceitada gimnasia apta para eludir el accionar policial echando mano a todo un rimero de elementos de camuflaje y disfraz con el fin de evadir la acción de las fuerzas del orden y una parafernalia de asistencia anterior, concomitante y posterior al desarrollo de su actividad criminal. Me refiero al auxilio y la participación orgánica de socorristas, profesionales, comunicadores y supuestas 'organizaciones sociales' prevenidas al efecto".

El fiscal eligió no comparar lo sucedido en el Congreso con otros casos del pasado reciente:"Alguien podría verse tentado a jugar con la coincidencia de una especie de maldición del mes de diciembre y comparar lo ocurrido el día 18 de ese mes con aquellas fatídicas jornadas del año 2001 o la seguidilla de conmociones decembrinas que tantas veces han producido saqueos, desórdenes, motines carcelarios o represión indiscriminada en la breve historia de nuestra joven democracia".

Dimas Ponce, uno de los militantes del Partido Obrero que, según Moldes, debe volver a la cárcel

En cambio Moldes prefirió comparar aquella marcha con otros episodios: "Yo prefiero -dijo el fiscal- narrar una historia, si se quiere, más cortita; me basta para relacionar las desoladoras imágenes de este último 18 de diciembre con lo que, en el centro de la ciudad, ocurrió el primer día de setiembre pasado en ocasión de una manifestación convocada a raíz de las alternativas del caso de Santiago Maldonado o las que, en el mismo escenario en que sucedieron los hechos que aquí analizamos, alarmaron a la ciudadanía apenas cuatro días antes del de autos. Cada una de esas situaciones, tan similares y tan próximas en el tiempo, dejó ver una hueste que fue superando en capacidad organizativa, recursos elusivos del accionar policial, armamento, auxilio externo, brutalidad y violencia a las anteriores, como si esta facción de agitadores contumaces fuera acumulando aprendizaje y experiencia de cada uno de sus ataques, aumentando su abierto desafío a la Ley y provocando cada vez mayores estragos y depredaciones. La buena noticia es que ahora nos consta que Dios está atento y alerta, ya que solo a la providencial intervención de Su mano milagrosa puede atribuirse que hasta la fecha no hayamos tenido que lamentar consecuencias letales".

"Fieras antisociales"

Moldes describió lo acontecido el 18 de diciembre pasado y se refirió no solo a la agresión que padeció el policía de la Ciudad, Escobar. También hizo referencia al policía federal Dante Barisone quien con su moto pisó a un cartonero y fue procesado y detenido.

Moldes dijo que: "El día de esta última salvajada estas fieras antisociales, enarbolando supuestas banderas que no eran más que la excusa que coronaba agudos palos utilizados a modo de lanza, sobrepasaron su propio record y poco les faltó para cubrir la luz del día con una lluvia de proyectiles obtenidos a fuerza de destruir a mazazo limpio cuanto bien del mobiliario urbano o del patrimonio cultural de la Nación se cruzaba en su camino. Así, con un fondo sonoro de intimidantes bombas de estruendo, provistos de elementos cortantes, arremetieron contra los vallados de contención y se abalanzaron como una furiosa jauría sobre los agentes del orden, (uno de los cuales al menos –todo hay que decirlo- también reaccionó con una respuesta de violencia tan injusta y desproporcionada que le valió el procesamiento y la prisión preventiva). El calvario que atravesó el oficial Escobar y el vergonzoso episodio de la motocicleta policial son escenas que quedarán en la memoria de todos durante mucho tiempo".

Sebastián Romero continúa prófugo desde los incidentes del 18 de diciembre.

El fiscal agregó: "Pero no puedo pronunciarme sobre acontecimientos que están fuera de la materia de este recurso y lo que hoy y aquí nos toca examinar son las excarcelaciones concedidas a Arakaki y Ponce, integrantes de la turba atacante y yo creo que tales beneficios deben ser revocados. A medida que van tomando estado público las filmaciones de los acontecimientos la indignación y la perplejidad crecen porque crueldad y sadismo no parecen tener límites. Se respira el odio y el resentimiento como poderoso motor de tanta ferocidad".

Lo que hoy y aquí nos toca examinar son las excarcelaciones concedidas a Arakaki y Ponce, integrantes de la turba atacante y yo creo que tales beneficios deben ser revocados

Moldes calificó el hecho como grave y por eso pidió que Arakaki y Ponce sean detenidos nuevamente: "Lo he dicho ya unas cuantas veces y seguramente lo repetiré otras tantas más abajo: nunca será ocioso insistir en que las maniobras criminales analizadas resultan de extrema gravedad. El desprecio y desinterés por la coexistencia pacífica, las autoridades constituidas, los bienes de la sociedad y la integridad física del personal uniformado denotan, por parte de los encausados, una aberrante forma de desenvolverse dentro de la comunidad. Es éste un punto de notable interés porque nos permite arribar a una primera afirmación: en caso de recuperar sus libertades, las personas aquí referidas podrían, objetiva y razonablemente, abstraerse físicamente al accionar de la justicia y no sólo en razón de la gravedad de los hechos".

Y continuó: "Los delitos por los que deben responder y especialmente el grado de violencia que registran las imágenes fílmicas captadas en ocasión de su aprehensión implican algo más que un desconocimiento de la autoridad del Estado; significan un reto a toda forma de regulación social o comunitaria; la provocación jactanciosa y amenazante de aquel que repudia y desprecia la totalidad del marco normativo que contiene y regula nuestra convivencia. Me resulta difícil confiar en que alguien de esas características, conservando su libertad, se someterá voluntariamente a las reglas del proceso".

Moldes sostuvo no solo que los militantes podrían escaparse sino también que podrían interferir en lo que resta determinar en la causa: "Como puede verse, lo complejo de la investigación, sus múltiples aristas respecto de posibles nuevos imputados y hechos, así como la posible frustración de diligencias y canales de investigación resultan valorativamente tangibles en esta ocasión. Todo ello denota la existencia de riesgos procesales que no son pasibles de enervar por otros medios cuando se investiga el accionar criminal de estas personas que bajo el ropaje de ideales y/o consignas partidarias tienen un claro designio delictivo. Estos sujetos en libertad no pueden sino entorpecer el esclarecimiento definitivo de los acontecimientos pesquisados, amedrentando testigos o colaborando con sus consortes de causa".

El fiscal Modes señaló: "Yo no voy a entrar en el remanido jueguito de medir la gravedad de estos siniestros delitos con la vara de la supuesta "legitimidad de los reclamos". No lo haré porque hace mucho que sostengo que uno de los temas de mayor complejidad en el mundo del Derecho es la colisión de derechos protegidos en su ejercicio por el ordenamiento jurídico. Me refiero a que nuestra legislación consagra, por ejemplo, el derecho de circular o transitar por donde queramos y a la vez el derecho de manifestación que puede impedir u obstaculizar el derecho anterior".

Y agregó: "Consagra el derecho a la salud, a la educación, etc. y a la vez el derecho de huelga en empresas que facilitan tales necesidades. Consagra el derecho al honor y a la intimidad, y a la vez el derecho a la libre información. Pero si estamos de acuerdo en que, frente a ese tan frecuente como inevitable conflicto del sistema, ya no vale pregonar legitimidad de razones para justificar en democracia el empleo de métodos violentos ni coactivos, quemar objetos, impedir la circulación de vehículos y personas, o intimidar a quienes no tienen otra voluntad que la de llegar a sus lugares de trabajo o regresar a sus hogares, piénsese que esta vez la cosa fue mucho más grave que todo eso. Esta vez nos tocó contemplar atónitos como se desplegaba un dispositivo beligerante, vandálico y despiadado dirigido sin mayores recatos ni embozo a bloquear el funcionamiento de uno de los poderes del Estado e impedir que cumpla el papel que la Constitución le encomienda".

El fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, pide que Arakaki y Ponce vuelvan a prisión.

Poco más adelante, Moldes abundó: "La democracia necesita que todos aceptemos los principios democráticos, pues en otro caso el sistema siempre estará en riesgo. Su principio básico es el respeto al orden jurídico, que se integra de la obediencia a las leyes y a las resoluciones judiciales; solo a continuación viene lo demás: las libertades públicas, los derechos humanos, las elecciones libres, el gobierno de la mayoría respetando a las minorías, la división de poderes, la independencia de los jueces; pero la realidad muestra que sin el respeto al orden jurídico todo el sistema se resquebraja. No hay diálogo ni acuerdo posibles si no se respetan las reglas de juego democráticas aprobadas por todos. Así, cuando a alguien una ley, ya sancionada, ya en etapa de proyecto o de debate, le parece injusta o inconveniente, lo único que le queda por hacer es usar de los medios que le ofrece el sistema que a todos nos rige: (libertades de expresión, reunión, manifestación, asociación, voto, etc.) para promover, siempre por medios pacíficos, la modificación de la norma discutida, haciéndolo precisamente por los procedimientos que el propio ordenamiento tiene previstos y renunciando a todo tipo de presión o uso de fuerza. De igual modo, cuando una resolución judicial aparece inicua o arbitraria, habrá que utilizar los remedios procesales ejercitando los recursos correspondientes".

No hay diálogo ni acuerdo posibles si no se respetan las reglas de juego democráticas aprobadas por todos

Moldes concluyó: "Cuando las situaciones de desprecio al derecho se generalizan la democracia y el Estado mismo corren serio peligro, porque se trata de sustituir el principio de respeto al orden jurídico por otros supuestos valores que autorizan a quebrantarlo y cuando las leyes se incumplen y las sentencias resultan estériles, solo hay injusticia, arbitrariedad y caos, que son el cultivo de los totalitarismos. Cuando esa situación llega y se asienta, hasta lo que parecía imposible puede convertirse en probable, por acción o por reacción".

El fiscal eligió un modo poco habitual para cerrar su escrito: "No se enojen pues los Sres. Jueces si termino ésta, mi humilde presentación, con una breve cita de 'La Hora de Todos y la Fortuna con Seso' de Don Francisco de Quevedo y Villegas: "No se queje el cadáver de los gusanos que le comen porque él los cría; cada uno mire que no se corrompa porque será padre de sus gusanos". Y agregó " Todavía estamos a tiempo. Es hora de decir basta".

La palabra la tienen los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, integrantes de la Sala II de la Cámara Federal quienes deben resolver tanto las apelaciones de los imputados –para que sean sobreseídos– como de los fiscales.

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