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Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro // El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP) se asienta en un modelo de sociedad y de economía indiscutido e indiscutible: el capitalismo como el único sistema posible y el mejor. A partir de ahí, los argumentos para promoverlo se transforman en “verdades objetivas”: nos aseguran que con el TTIP se generará crecimiento económico, empleo y desarrollo; las pymes aumentarán sus oportunidades de negocio y el acuerdo entre los dos mayores bloques económicos del mundo ofrecerá, además, la posibilidad de crear estándares y reglas que luego se adoptarán a nivel global, lo que beneficiará a terceros países.

Sus impulsores sostienen que el TTIP puede contribuir a un mejor aprovechamiento de la liberalización económica y a paliar lo que hasta ahora habría sido una “globalización sin reglas”. Todo en base a una idea fuerza: considerar que el comercio internacional tiene como objetivo el libre intercambio de servicios y mercancías, profundizando la competencia entre economías y favoreciendo, por tanto, la disminución de los precios y la creación de empleo.

La realidad, sin embargo, es muy diferente. La UE, que tiene como dogma la libre circulación de capitales y el “libre comercio”, ha sustentado su política económica en el crecimiento económico por el lado de la oferta, el predominio de los intereses del sector financiero, las privatizaciones de los servicios públicos y las políticas fiscales regresivas. Así, el TTIP se vincula con la idea de estimular la economía con el aumento de las exportaciones, el comercio exterior y la competitividad; es decir, a través de la desregulación de los derechos sociales, la bajada de los salarios y la contención de todas las políticas públicas.

Asociar el incremento de los flujos comerciales y el crecimiento económico al bienestar del conjunto de la ciudadanía no es una verdad inmutable. En realidad, en un contexto económico marcado por la caída de las tasas de ganancia y la reducción del consumo, el TTIP responde —al contrario de lo que dicen los propagandistas del acuerdo transatlántico— a la necesidad intrínseca del capitalismo de ampliar las esferas de comercialización, la acumulación ilimitada de la riqueza y la mercantilización de la vida.

Pero los tratados de comercio e inversiones —a los que habitualmente se llama “tratados de libre comercio”, a pesar de que tienen muy poco de intercambios entre libres e iguales— no tienen por qué ser útiles por sí mismos, y sus normas y contenidos no pueden ser ajenos a las realidades internas de los países y a las necesidades del conjunto de la población. De hecho, los contenidos del acuerdo deberían ser fruto del equilibrio entre variables económicas y resultados sociales.

La evaluación de los impactos de estos tratados sobre la vida de las personas tendría que ser el verdadero indicador a tener en cuenta. Porque las cifras macroeconómicas, el incremento de las exportaciones y el crecimiento del PIB no pueden ocultar el hecho de que, por una parte, una minoría continúa con su lógica de crecimiento y acumulación mientras, por otra, aumentan la pobreza y las desigualdades para las mayorías sociales.

El TTIP sirve para apuntalar el modelo económico que está destruyendo la vida en el planeta, dando prioridad a las energías más contaminantes y abriendo la puerta al fracking. Como afirma Noam Chomsky, “la humanidad está en una carrera hacia su propia destrucción: se subsidia a las industrias letales, se incentiva la extracción de la última gota de petróleo aunque la evidencia científica dice que debemos dejar esos combustibles fósiles donde están”. Y es que el crecimiento ilimitado y la competitividad a ultranza, que son el telón de fondo que está detrás de todos los acuerdos comerciales impulsados en el marco de la nueva lex mercatoria, nada tienen que ver con las necesidades reales de la población y con el respeto a la naturaleza.

Desde esta perspectiva, el comercio y las inversiones no pueden ser fines en sí mismos. La distribución de la riqueza, el crecimiento económico y la cuantificación de los indicadores macroeconómicos deben adecuarse, como mínimo, a los principios del desarrollo humano y sostenible, cuando no al planteamiento de otro modelo económico radicalmente distinto que parta de asumir, para empezar, los límites físicos del planeta.

En este contexto, existe una multitud de movimientos sociales que pretenden superar la economía capitalista y el Estado como pilares inmutables de la organización social, buscando alternativas radicales basadas en la solidaridad, la proximidad y la participación. De este modo, la democracia radical y las necesidades humanas aparecen como factores clave para una nueva organización social, en la que se subordinen las dimensiones productiva y financiera de la economía a las personas, a los trabajos de cuidados y a las responsabilidades domésticas.

Eso sí, yendo a lo concreto, ¿cómo articular alternativas reales y viables que sirvan para ir diseñando otra manera de entender la economía? Tratando de avanzar en esta dirección, el nuevo mandato de comercio alternativo establece algunas pautas en esta dirección, siempre en base a una premisa central: “Los derechos humanos, la democracia y la transparencia deben priorizase por encima de los intereses empresariales y privados, al igual que el acceso universal a los servicios públicos de calidad, la protección social, las normas laborales y ambientales”.

A partir de esta idea, apostando “por una nueva perspectiva frente al comercio”, pueden irse concretando diferentes propuestas alternativas de regulación que tengan en cuenta, entre otros factores, que:

La política comercial europea respete el derecho de los países y las regiones a desarrollar —y a darle prioridad— el comercio local y regional por encima del global; por ejemplo, en el sector de la alimentación.

Los bienes comunes y los servicios públicos queden excluidos de las negociaciones de la UE en materia de comercio e inversiones.

Los gobiernos y los parlamentos europeos han de exigir a las corporaciones transnacionales que rindan cuentas en sus países por las consecuencias sociales y ambientales de sus operaciones en todo el mundo.

Los gobiernos deben regular las importaciones, exportaciones e inversiones de forma que estas sirvan a sus propias estrategias de desarrollo sostenible.

Los países, las regiones y las comunidades tienen que controlar la producción, la distribución y el consumo de sus propios bienes y servicios.

Los gobiernos, los parlamentos y las autoridades públicas deben tener plenos derechos para regular los mercados financieros, con el fin de proteger los derechos sociales, salvaguardar el control democrático y garantizar la sostenibilidad socioambiental.

Junto a ello, estas propuestas sobre comercio alternativo —y otras complementarias que vayan en el mismo sentido— pueden completarse con opciones como el Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales: “Un tratado del presente y del futuro, basado en la responsabilidad y ética de las generaciones presentes y futuras, y en la obligación de proteger la Tierra y sus habitantes”.

* Juan Hernández Zubizarreta es profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Pedro Ramiro (@pramiro_) es coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)