La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha organizado dos concentraciones de protesta esta mañana: en Madrid se ha ocupado la oficina de la calle de Bárbara de Braganza del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), situada en el barrio de Opañel, para exigir una vivienda social digna; y en Barcelona se ha precintado una sede de Endesa con el fin de denunciar cortes injustificados en el suministro de luz y gas, además del incumplimiento de la ley 24/2015.

Estas protestas están enmarcadas dentro de las denominadas '5 de la PAH', cinco exigencias clave: dación en pago retroactiva, alquiler asequible, fin de los desahucios, vivienda social y suministros garantizados.

Existe un precedente esperanzador, pues el parlamento Catalán aprobó el 24 de julio del año pasado la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y de la pobreza energética, gracias al empuje de la Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios y la pobreza energética (ILP), aunque, según señalan desde la PAH, aún no se ha aplicado en su totalidad.

Endesa no cumple con la ley

“La ley 24/2015 pretende garantizar agua, luz y gas a todas las familias. Entre las obligaciones de las empresas suministradoras está preguntar a los servicios sociales antes de realizar cortes a las familias que no hayan podido pagar, basándose en el principio de precaución”, afirma María Campuzano, impulsora de la ILP y portavoz de la Alianza contra la pobreza energética (APE). Campuzano también asegura que aunque son las empresas suministradoras las que deben hacerse cargo de los impagos, actualmente se están pagando con fondos públicos.



Así pues, la ILP ha pedido hoy junto con la PAH la firma de un convenio entre la Generalitat de Catalunya y las empresas administradoras, mediante el cual se respeten los derechos humanos y obligue a dichas empresas a aplicar el principio de precaución, por lo que se ha precintado de forma simbólica una sede de Endesa por haber vulnerado los derechos humanos y haber incumplido de forma sistemática la ley 24/2015.

“Si las empresas no quieren firmar, pedimos a la Generalitat que haga pública la no intención de firmar este convenio, o bien que las presionen mediante un impuesto que grave el impacto sobre el paisaje de las torres de alta tensión de estas empresas, puesto que no es ético que estén haciendo negocio con los servicios básicos”, sentencia Campuzano.

Una falta alarmante de vivienda social en el sur de Madrid

En el caso de Madrid, la PAH ha acudido a la sucursal de la calle Bárbara de Braganza del IVIMA para detener tres desahucios inminentes en Alcorcón. Después de permanecer unas horas en el local de forma pacífica, el IVIMA ha accedido a negociar con los activistas de la PAH.

“Hemos conseguido que reactiven los casos y que los pongan como prioritarios. Hemos conseguido que la puntuación que tenían para poder acceder a vivienda pública, una vez informados de los casos se agilice, y que al menos una de de las familias pueda tener una solución habitacional en dos meses con el IVIMA”, afirma Manuel San Pastor, activista de la PAH, que ha estado presente en las negociaciones.

San Pastor también denuncia que en Alcorcón, como en muchos otros municipios del sur de Madrid, no hay una sola vivienda de emergencia del IVIMA ni de propiedad municipal, mientras la Comunidad de Madrid no procede a pedir la regresión de la venta de viviendas públicas a los fondos buitre y continúa con la venta de vivienda pública.