Durante los últimos días se han sucedido las medidas contra el coronavirus en la Comunidad de Madrid. Primero fue el cierre de los centros escolares. Después la suspensión de actividades colectivas en espacios cerrados de más de 1.000 personas. También se han cerrado museos, teatros y se han cancelado eventos deportivos. La paralización de la actividad empezó afectando a las colectividades, pero cada vez más empresas, en especial las relacionadas con la hostelería y el turismo, empiezan a tramitar sus despidos temporales de personal.

Una “avalancha”. Así describen los sindicatos la llegada de ochenta Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) que recibieron en cuanto se comunicó la cancelación de las clases en los centros educativos el pasado martes. Los ERTEs de colectividades y empresas que suministran servicios a estos centros se efectuaban por la vía rápida al tratarse de un motivo de “fuerza mayor”. La lista sigue aumentando porque se amplía a empresas relacionadas con las residencias, el hospedaje y hostelería. Las estaciones de trenes y el Aeropuerto Madrid-Barajas son lugares especialmente afectados por la falta de clientela.

Los ERTE, despidos temporales que operan por circunstancias especiales, “no suponen un perjuicio a las condiciones laborales del trabajador”, recuerda Sheila Encina, del sector de colectividades y restauración en CCOO Madrid. El importe que recibirá el trabajador como prestación irá en función de la base reguladora -durante los seis primeros meses se ingresa el 70% de la base reguladora y a partir del sexto mes el 50%-. “Estamos intentando transmitir un mensaje de tranquilidad porque muchos trabajadores creen que les despiden y se van al paro”, explica la sindicalista. “El día que finalice el ERTE se reincorporan con sus mismas condiciones, en el mismo horario y con la misma antigüedad”, señala.

No obstante, CCOO Madrid encuentra preocupante el atasco en la tramitación de solicitudes por desempleo en la Comunidad de Madrid y piden al Gobierno que agilice el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). “Está colapsado, así que es posible que la algunos trabajadores empiecen a cobrar la prestación a dos meses vista. La gente en situaciones precarias se verá en una situación complicada al cobrar solo 10 días de este mes”, explica Encina.

Además, la patronal, CCOO y UGT instaron este jueves por la tarde al Gobierno a abordar una nueva regulación de los ERTEs de manera que las empresas puedan justificarlos como "causa de fuerza mayor" si se ven afectados por el cierre de centros y la cancelación de actividades llevados a cabo por las Administraciones. Quieren que se agilice el procedimiento de 15 a 7 días.

Los sindicatos también han pedido que los trabajadores y trabajadores afectados por despidos temporales o suspensiones de contrato "por causa de fuerza mayor" debido al coronavirus reciban una retribución del 100% conforme a su base reguladora. Además solicitan que, aunque no tengan derecho a paro, puedan disfrutar de prestación por desempleo, y que además esta prestación no le compute o les cuente para el futuro.

Sindicatos alternativos como CGT alertan sobre la necesaria protección del trabajador frente a un posible abuso empresarial. “Esto no tiene que costar derechos a las personas trabajadoras. El teletrabajo, pedir vacaciones, reducir las jornadas son medidas aceptables siempre que sean voluntarias. En ningún caso puede ser impuestas por los empresarios”, indica Rodríguez. “Está claro que esta situación afecta a las pequeñas empresas, pero igual que arbitran medidas para ayudarlas con exenciones fiscales o con cuotas de Seguridad Social más reducidas, deberían arbitrarse para que las personas afectadas por estos despidos tengan derecho a paro aunque no hayan cumplido el tiempo mínimo para ello”, explica Tomás Rodríguez, secretario de Acción Sindical de CGT.

Desde CGT piden al Gobierno que no habilite la opción a las empresas para habilitar la vía rápida del ERTE para todos los sectores y apuestan por la negociación colectiva como vía para proteger al trabajador. “Si hay negociación colectiva la empresa puede abonar la diferencia entre el sueldo y la prestación por desempleo”, indica Rodríguez.

Casos polémicos

Mientras tanto, han estallado algunos casos polémicos en la Comunidad de Madrid, donde se ha decidido rescindir los contratos con las empresas que gestionan las escuelas infantiles (de 0 a 3 años). Las miles de trabajadoras afectadas reclaman ser parte de la red educativa y creen que, con estos despidos, la Comunidad ahorra dinero a costa de las trabajadoras del sector.

Por otro lado, CCOO y UGT han convocado movilizaciones contra los 230 despidos en los últimos días en los hoteles Melíá de distintas provincias españolas. Según los sindicatos estos despidos se han llevado a cabo “sin antes buscar soluciones alternativas y menos traumáticas para la plantilla” como sería la figura de los ERTE. La gran cadena hotelera tampoco ha esperado a las medidas que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy, como el fondo de 400 millones de euros destinados a empresas del sector turístico, transporte y hostelería para evitar despidos, entre otras medidas contempladas en el Real Decreto-ley.

Bajas relacionadas con el coronavirus

El Gobierno ha aprobado mediante Decreto-ley que la baja por enfermedad o aislamiento debido al coronavirus, incluidos los autónomos, esté reconocido como Incapacidad Temporal (IT) por lo que percibirán desde el día siguiente al de la baja laboral el 75% de la base reguladora con cargo a la administración pública, en lugar del 60% que les correspondería durante los 15 primeros días si estuvieran de baja por enfermedad común. Además, los funcionarios son excepción y percibirán "el 100% de sus retribuciones” en caso de baja por el Covid-19.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también ha anunciado una prestación para que los progenitores puedan cuidar de sus hijos por el cierre de los colegios y en el caso de que la empresa no pueda habilitar teletrabajo y otras opciones. Todavía se desconoce la cantidad, pero CGT exige, por ejemplo, que sea equivalente al salario que tengan en su trabajo.