El Gobierno tiene más funcionarios políticos y menos de carrera que en la era K

El Gobierno parece lejos de su objetivo de "garantizar la idoneidad y meritocracia en el acceso a los cargos públicos", mediante la designación de la mitad de los directores nacionales y generales por concurso público, tal como informó hace poco al Congreso. Entre fines de 2015, cuando asumió Mauricio Macri, y el epílogo de 2017, los funcionarios "de carrera" pasaron de representar el 6% de los nombramientos al 2% del staff de la administración pública.

En su último paso por el Senado, el jefe de gabinete, Marcos Peña, subrayó que el Gobierno se halla impulsando la profesionalización de la carrera pública, con un plan que pretende que "el 50% de la alta dirección pública sean cargos concursados" al final de la gestión. En tono similar, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, reveló en 2016 la intención de concursar "alrededor de 2.800 cargos" 500 de ellos durante este año.

Sin embargo, el reciente "GPS del Estado" elaborado por Cippec advierte que mientras en 2015 el 72% de los directores nacionales y generales eran profesionales, en 2017 solo 66% lo eran, y al final del período, los directivos públicos que cumplían los requisitos para acceder a cargos jerárquicos bajaron del 32% al 18%.

El mismo relevamiento cuenta que el 25% de los directivos públicos que se encontraban en funciones en 2016 fueron reemplazados durante el último año. "Pese a la retórica o la voluntad política, el Gobierno muestra poco músculo para designar profesionales en áreas de gestión", destacó Gonzalo Diéguez, director del programa de Gestión Pública de Cippec y coautor del "GPS del Estado".

Para Cippec, "este deterioro del espacio directivo contrasta con la expansión de la estructura del sector público nacional". Según Diéguez, el tamaño del gabinete y de la administración de Macri "es más grande que la herencia recibida".

A partir de la actual gestión, indica el estudio, "el gabinete alcanzó un máximo histórico y se ubicó entre los más numerosos de América Latina", pasando de 85 a 207 secretarías y subsecretarías, y un alza del 25% en el total de cargos políticos de autoridades superiores (es decir, ministros, secretarios y subsecretarios) entre 2015 y 2017.

El informe de Cippec se conoce cuando el Gobierno evalúa reducir drásticamente la masa de puestos políticos de alto rango, subsumiendo ministerios dentro de otros para achicar el gabinete. Un primer paso se dio a comienzos de año con el decreto 174/18, por el que cayeron 76% los cargos políticos, aunque muchos ex funcionarios fueron recontratados en Unidades de Proyectos Especiales, manteniendo sus haberes mediante el mecanismo de las Unidades Retributivas, tal como advierte el think tank.