Para mostrar su apoyo a la iniciativa que busca recortar el presupuesto entregado a los partidos políticos, el presidente López Obrador dijo durante su conferencia de prensa del 6 de noviembre que “en el periodo neoliberal” se crearon organismos “costosísimos” que no sirvieron. Puso de ejemplo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dijo que ésta “nunca vio nada sobre las violaciones graves de los derechos humanos”, pero los registros públicos de las recomendaciones hechas por el organismo muestran que su dicho es Falso.

Desde 2011, la CNDH ha emitido 24 recomendaciones por violaciones graves.

Según la misma CNDH, este Organismo Nacional ha emitido desde 1990 un total de 2,803 Recomendaciones ordinarias; y 24 por violaciones graves a los derechos humanos desde 2011, cuando tras la reforma Constitucional en la materia fue dotada con la facultad para investigar este tipo de actos.

La CNDH emite una Recomendación luego de hacer una investigación, con ellas solicita a la instancia involucrada que repare el daño a la víctima o a sus familiares; y que garantice mediante medidas específicas que las acciones que derivaron en la violación de los derechos humanos no volverán a pasar.

Estas Recomendaciones han dado lugar a la emisión de 16,238 puntos recomendatorios. De los cuales, 95 derivados de violaciones graves siguen sin ser atendidos.

Se consideran violaciones graves a derechos humanos en función del número de personas afectadas o las consecuencias que resulten de los hechos. La Suprema Corte de Justicia dice que esto es medible según el número de afectados, la intensidad de la violación, la amplitud, la generalidad, la frecuencia o cómo se prolongue el hecho en el tiempo.

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos la gravedad reside en la magnitud de las violaciones, los derechos afectados y la participación del Estado.

Por ejemplo, en 2012 se denunció la violación a la que fueron sometidos estudiantes y manifestantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, por parte de Secretaría de Seguridad Pública Federal, durante una protesta en la Autopista del Sol.

En 2013, se expidió una gran recomendación dirigida a la Procuraduría General de la República y al Gobierno Constitucional del Estado de Tamaulipas por a los hechos en los que perdieron la vida 72 personas migrantes, en San Fernando, Tamaulipas.

En 2016, la CNDH realizó una investigación por el enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Procuraduría Federal en el “Rancho del Sol” ubicado en el Municipio de Tanhuato, Michoacán, en el que perdieron la vida 43 personas.

En 2017, la comisión emitió una Recomendación por el uso de la fuerza durante un enfrentamiento entre policías y pobladores en Nochixtlán, Oaxaca.

La CNDH también informa que con motivo de la emisión de las Recomendaciones ha presentado denuncias penales y administrativas encaminadas a que las autoridades competentes apliquen las sanciones que correspondan.

Pero de los 171 procedimientos concluidos, en 123 casos la autoridad ministerial determinó el no ejercicio de la acción penal, a pesar de las violaciones a derechos humanos acreditadas; y solamente en 13 casos se llegó a una sentencia condenatoria emitida por un Juez.

La CNDH dice que la mayoría de las Recomendaciones son aceptadas, pero de eso a que se acaten, es otra cosa. Pues pueden pasar muchos años para que esto suceda.

¿La CNDH impecable?

La Comisión también ha sido cuestionada principalmente por la demora en sus investigaciones. Por ejemplo, los padres del colegio Enrique Rébsamen siguen esperando que se resuelva la queja que interpusieron por las supuestas omisiones de las dependencias federales en el rescate de las víctimas del derrumbe de la escuela por el temblor del 19 de septiembre de 2017.

Un artículo publicado en una revista especializada por un investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), también menciona que el costo de este organismo no es equivalente a su efectividad.

El investigador David Velasco Yáñez concluyó que “Podemos constatar que el sistema ombudsman en México es el más caro del mundo, y con un potencial desaprovechado por atender más a la carrera política y evitar confrontar al Estado”.

En este mismo sentido se han pronunciado Carlos Elizondo Mayer-Serra y Ana Laura Magaloni,quienes aseguran en un texto publicado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), que “el gasto destinado a los funcionarios de la CNDH es excesivo”.

Además, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) considera que, la CNDH se interesa más en fungir como mediadora entre instituciones, que en ejercer su facultad de considerar e investigar violaciones graves a los Derechos Humanos.

Lo anterior, porque en el Artículo 5° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso Público a la Información se estipula que “no podrá clasificarse como reservada aquella información que está relacionada con la investigación de violaciones graves a Derechos Humanos o delitos de lesa humanidad”. Y la CNDH es la única institución facultada para calificar e investigar cuales son graves y cuáles no.

El INAI

El presidente López Obrador también dijo que el Instituto Nacional de Acceso a Información Pública (INAI) “no ha visto casos de corrupción”.

El INAI no es una fiscalía ni persigue ningún delito. Su función y competencia es el cumplimiento de dos derechos fundamentales: el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales. El INAI sí interviene cuando alguno de los sujetos obligados no entrega información solicitada, como ha ocurrido en casos vinculados a hechos de corrupción.

Esta recopilación reúne algunas solicitudes de información y recursos de revisión resueltos por el Instituto vinculados a casos como:

El caso Odebrecht. El INAI pusó a disposición la información pública relacionada con las investigaciones que se siguen en torno a posibles hechos de corrupción, que involucran a la empresa brasileña Odebrecht y autoridades de distintos países de América Latina.

Otro ejemplo, es la información que este instituto hizo pública referente al Paso Express de Cuernavaca, en donde se abrió un socavón de ocho metros de diámetro que causó la muerte de dos personas.

El INAI, también ordenó que se publicara información sobre el ejercicio de recursos públicos vinculados con los sismos suscitados en 2017.

La investigación sobre “La Estafa Maestra” realizada por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que evidenció un esquema para eludir la Ley de Adquisiciones, contó con información de solicitudes y 200 recursos de revisión interpuestos ante el INAI y resueltos por el organismo.