72 allanamientos simultáneos en 10 provincias, 25 en Córdoba, permitieron que una red de trata de personas fuera desmembrada y 202 colombianos (hasta ahora) fueran rescatados.

El cabecilla de la organización, “el Contador”, fue detenido. La Afip informó que este hombre, ciudadano colombiano, recorría las 10 provincias y les cobraba a sus compatriotas esclavizados. había otros 22 ciudadanos colombianos detenidos, y dos prófugos, también de esa nacionalidad.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de una víctima de nacionalidad colombiana, quien había llegado a Argentina a través del Aeropuerto Internacional de Córdoba, con la promesa de un trabajo y terminó en una fábrica de canastos artesanales donde era explotada laboralmente.

Ante la presentación, el fiscal federal cordobés Enrique Senestrari inició la investigación.

La Dirección Nacional de Migraciones dio el dato clave: entre 2009 y 2011 habían ingresado al país tres mil colombianos que declararon que su actividad principal era la artesanía. Todos dieron como domicilio en Argentina la misma dirección, llegaban sin dinero y en algunos casos sin ropa.

A los “artesanos” colombianos se los solía ver en los barrios vendiendo muebles con armazones de metal y madera y canastos que transportaban en carretilla o en bicicleta. Ofrecían hasta roperos con espejos, cómodas y aparadores, que incluían planes de pago en cuotas. Luego de la primera cuota, el resto quedaba a cargo de un “cobrador”.

Los “artesanos” vivían en las mismas fábricas y salían a vender la producción. La gran mayoría de las víctimas había llegado al país sin saber qué actividad iban a realizar. A las víctimas, se les decía que eran parte de una red de cooperativas que administraba “el Contador”.

Las pistas. Para desarmar la red, Senestrari siguió una pista: la cinta plástica con la cual se confeccionaban los canastos. Descubrió que era de importada desde Ecuador. Entraba la mayoría de las veces por Chile, y a veces por Bolivia. Una única persona hacía entrar al país esa particular cinta: María Abelida Heano.

Luego, la mujer las distribuía hacia diversos talleres ubicados en el país. Los de Córdoba estaban en distintos barrios humildes de la ciudad, informó Senestrari. “Son alrededor de 25 allanamientos, en barrios humildes de Córdoba, donde estos talleres que pasan desapercibidos”, dijo el fiscal.

Ninguno de los trabajadores explotados estaba registrado ante la Afip. Todos, además, le debían al “Contador” y su familia los pasajes desde Colombia hacia Argentina y el alojamiento. Este es un mecanismo de dominación propio de la trata de personas.

Esclavo. “Estamos ante un caso de trabajo esclavo, pero desde la concepción moderna del término”, aseguró Carlos Sánchez, director de Recursos de la Seguridad Social de la Afip: “No están encadenados, pero sí son sometidos y reducidos psicológicamente para que se integren en la organización en condiciones infrahumanas”, explicó.

Venta ambulante de muebles. Desde hace unos años, caminan las calles de barrios populares ofreciendo muebles y canastos cuotas. Quienes arrastraban el carrito con los muebles también los fabricaban en condiciones de esclavitud.

Hipótesis: células y narco. El funcionario de la Afi Carlos Sánchez aseguró que la red desmantelada tenía “una estructura piramidal, empresarial” y una “logística importante”. “Hay servicios de fletes y además hay una estructura financiera importante con documentación que permite ver la trazabilidad de las operaciones”, agregó.

En ese marco, Sánchez advirtió que la investigación intentará se ampliará ahora para averiguar si esta organización también se dedicaba al narcotráfico. “Puede ser para tráfico de toda mercadería ilícita, incluso narcotráfico”, señaló el funcionario. Afip sospecha que la organización desmembrada ayer también tiene células en Chile, Brasil y Ecuador.

La Ley 26364 establece que los responsables de trata ofrecimiento, captación, traslado, recepción o acogida de personas con fines de explotación) pueden recibir penas de entre 4 y 15 años de prisión efectiva.