Fuente: LA NACION - Crédito: Alfredo Sabat

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de febrero de 2020 • 21:48

Alberto Fernández se parece más de lo que desearía a Mauricio Macri, pero a la vez padece un agravante incómodo. Como su antecesor, el Presidente es el resultado de una alianza electoral; a diferencia de Macri, Fernández no es el líder, sino el delegado del espacio en el que peronistas y kirchneristas reconstruyeron su unidad.

Macri debió luchar contra una herencia socioeconómica y fue víctima de sus propios errores para resolverla. Pudo y puede quejarse de sus socios minoritarios (los radicales y Elisa Carrió), pero no podrá culparlos de haberle impedido ninguna medida. El presidente de Cambiemos tenía suficiente poder propio como para licuar las críticas hechas desde el interior de la coalición. En todo caso, tal como ocurre cada vez que hay un gobierno no peronista, Macri sí sufrió una oposición dura y cerril.

Fernández es, por lo tanto, presidente porque Macri no resolvió los problemas. A partir de ahí empiezan las diferencias del presente con su pasado más inmediato. Si la gestión es demasiado nueva como para mensurar la dimensión de sus aciertos y errores, ya alcanza para ver que la principal oposición que tendrá Fernández será el kirchnerismo.

El conflicto nació en el origen. El grupo que comanda Cristina Kirchner cree que Fernández está en ese lugar para hacerle caso y atender, en primer lugar, su sed de reivindicación social. Es con esa creencia que los seguidores de la jefa de la coalición le pelean a Fernández hasta la definición de la situación de los detenidos en causas de corrupción. Cuando dicen "presos políticos" le están demandando una decisión a Fernández equivalente a esa supuesta condición: no puede haberlos en democracia y deben ser liberados rápido y, además, reivindicados.

Hay en el kirchnerismo una vocación por el manejo del poder que convierte en formalidades innecesarias los reparos en los que se escuda el Presidente, un abogado que a cada momento recuerda su condición de profesor de Derecho Penal.

Por la misma razón que el núcleo duro de la vicepresidenta cree que Fernández debe ser solo una versión premium del jefe de Gabinete que fue, es que le están exigiendo que anule en forma sumaria las investigaciones por corrupción. Esa presión es hija de una idea de impunidad basada en el voto y que puede resumirse en forma sencilla: el que gana las elecciones no solo gana el derecho a gobernar, sino a acomodar la realidad a su conveniencia. Por doloroso que resulte, esa convicción anida en una vasta porción de la cultura política del país.

Detrás de la pelea por la velocidad con la que el oficialismo logre sacarse las causas de encima se oculta la cuestión de fondo: el kirchnerismo necesita invalidar cuanto antes la posibilidad de que Fernández sea algo más que una solución transitoria. El proyecto de un "albertismo" que supere a su mentora es insoportable para quienes a su vez dependen del Presidente para consumar su pleno regreso al poder. Es el propio Presidente el que está obligado a establecer el límite de sus ambiciones. Otros ya empezaron a tratar de ponérselos.

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