Los casos de malversación de activos, delitos informáticos, soborno y manipulación de información, entre otros fraudes, en las organizaciones privadas, públicas y autárquicas de la Argentina se duplicaron en los últimos dos años, según un estudio presentado por la consultora PwC. Esas dificultades, según el mismo trabajo, ocasionaron pérdidas de hasta un millón de dólares en cada organización afectada.

"Mientras que en 2016 el 29% de los encuestados informó haber sufrido un caso de fraude, en 2018 este número aumentó al 57%, una proporción incluso mayor que en 2014", informó PwC.

La consultora presentó los resultados de la Encuesta Global sobre Delitos Económicos correspondiente a 2018, que se realiza cada dos años a organizaciones independientes, públicas y privadas, y sostiene que el aumento de los casos de fraude con respecto a 2016 se replica tanto a nivel global -de 36% a 49%- como en Latinoamérica, donde pasó de 28% a 53 por ciento.

La lectura de esos números obliga a realizar algunas salvedades. Entre ellas, que el incremento de los casos puede estar vinculado a la búsqueda de mayor transparencia por parte de las empresas. En otros términos: no se puede descartar que hace dos años existiera un nivel de fraude similar al actual, que no era detectado.

Andrés Sarcuno, director de Forensic Services de PwC Argentina, explicó a LA NACION que la dinámica del fraude, lejos de expresarse como un fenómeno fijo, está en movimiento y requiere coordinación de distintas áreas que deben resolverlo de la forma más rápida. "Hubo un cambio a nivel mundial. Hay mayor demanda de transparencia a nivel de cuentas. Las organizaciones están pensando de forma más proactiva y se trabaja sobre riesgos y amenazas", dijo.

Edgardo Sajón, socio a cargo de la práctica de Forensic en PwC Argentina, contó que el aumento ocurrió en el valor individual en cada fraude, es decir, en cada transacción promedio, y en cantidad, sobre todo en las empresas de mayor estructura. "En la Argentina esto marca una alerta porque, con la aprobación de la Ley Penal Empresaria, combatir la corrupción es una política de cumplimiento de las leyes, más allá de una cuestión ética", dijo.

"No sabemos si es que hay más fraude o ahora se conocen. Porque con la toma de conciencia puede haber mayor detección. También hay fraudes informáticos que abarcan volúmenes grandes de transacciones en forma repetitiva. Por ejemplo, un caso muy común es que si alguien copia tu tarjeta de crédito o débito intenta hacer en poco tiempo la máxima cantidad de transacciones que pueda hacer para no ser detectado", continuó Sajón.

En cuanto a los tipos de delito, el 73% de las organizaciones encuestadas del sector de energía, servicios públicos y minería respondió que su principal problema es la malversación de activos. En el caso de los servicios financieros, como en retail, aparecen estafas cometidas por consumidores y delitos informáticos.

Si bien la malversación de activos se presentó como el fraude mayor detectado, aparecieron también nuevas estafas que disminuyeron su dinámica (de 81% en 2016 a 59% en 2018): los fraudes cometidos por el consumidor (41%) y la conducta de negocios (20%).

En relación al costo del fraude, más de la mitad de los encuestados (51%) aseguró que la pérdida podría alcanzar hasta un millón de dólares; 20% estimó entre uno y cinco millones; y el 3% dijo que habían perdido hasta cien millones. A esto se le agregan costos secundarios vinculados a investigaciones e intervenciones, que elevan el gasto en forma sustancial, de hecho, el 32% de los entrevistados dijo que había gastado en investigación la misma cantidad que había perdido por el fraude ocasionado, y el 19% había gastado de dos a cinco veces más.

"Existe el costo del fraude y el costo de investigarlo. En el costo del fraude sí hubo un incremento. Generalmente, uno está acostumbrado a corrupción en el sector público, pero aquí decimos que puede ser público-privado y privado-privado. El costo es más de un millón de dólares", sostuvo Sarcuno.

La tendencia se incrementó en las empresas de mayor magnitud, sobre todo las que cuentan con más de 5000 empleados. De hecho, el 68% de los delitos económicos registrados fueron reportados por empresas con más de 1.000 empleados, registrándose la mayor incidencia (25%) en aquellas que poseen más de 10.000 empleados.

Esta tendencia se explica por varios factores, principalmente porque los montos y el volumen de venta es mayor, y el contacto con los empleados se reduce. "Resulta clave para las empresas de mayor tamaño implementar controles de detección de fraude en todos los procesos que se identifiquen riesgos. Considerando la industria, las empresas que más delitos económicos reportaron en los últimos dos años pertenecen a energía, servicios públicos y minería, servicios financieros y retail", detalló el informe.

Con relación al perfil de quienes cometen los fraudes que habitualmente se identifican, son hombres de 30 a 40 años, de puesto gerencial y con estudios universitarios. Pueden ser externos e internos, pero PwC distingue los "ami-enemigos", personas que tienen confianza -proveedores o empleados- que trabajan hace mucho tiempo, pero en la práctica terminan siendo desleales.

Sarcuno recomendó, en primer lugar, trabajar de manera coordinada e invertir en predecir los futuros fraudes en las organizaciones para estar mejor preparado. "Hay que aprovechar las nuevas tecnologías, principalmente la inteligencia artificial. Entrenar a las computadoras a identificar patrones de operaciones sospechosas", advirtió.