18 de Enero de 2017

Fox subió el gasto público gracias a los altos precios del petróleo. Calderón hizo lo mismo pero, ya en 2008, empezó a endeudar al país para mantener el ritmo de crecimiento del gasto. Peña, igualito, con una diferencia: le metió más duro a la tarjeta de crédito, sobre todo a partir de 2014 cuando los precios del petróleo se desplomaron. De esta forma, como era previsible, hoy nos encontramos en una crisis de finanzas públicas. El alza de la gasolina está relacionada con ello: ahora, en lugar de subsidiarla, el gobierno cobra un promedio de 36% de impuestos por litro.

El gobierno nos pide más sacrificio a los contribuyentes. Muy bien. Nosotros debemos exigir un mayor sacrificio al gobierno. Estos días hemos visto todo tipo de anuncios de recortes de gastos de diversas instituciones públicas. Bienvenidas todas. Pero no van alcanzar. Están utilizando tijeritas de manicura cuando se requiere unas de jardinería. El sector público necesita ahorros de cientos de miles de millones de pesos equivalente a puntos del PIB. Como en los ochenta del siglo pasado, llegó el momento de achicar el ogro filantrópico que volvió a engordar de más.

Los senadores panistas Roberto Gil, Ernesto Cordero y Jorge Lavalle están proponiendo varias acciones para ahorrar 344 mil millones de pesos: reducir 10% el gasto programable de la administración pública federal, disminuir al 50% el llamado fondo moche, bajar a la mitad el presupuesto a los partidos durante las campañas y eliminar el financiamiento para actividades ordinarias, desaparecer la Sedatu, Capufe, Procuraduría Agraria y Tribunales agrarios, fusionar las secretarías de Economía, Turismo y Energía con un 50% del presupuesto de las tres juntas. Todos los ahorros que se consigan, más los remanentes del Banco de México, los senadores proponen destinarse al pago de la deuda pública. Me gustan estas propuestas, pero creo que se quedan cortas. Añado siete ideas más:

Uno: Redefinir la fórmula de repartición de las participaciones federales a los estados. Es insostenible que, cuando el gobierno federal se está apretando el cinturón, las entidades federativas sigan recibiendo cada vez más dinero. En el Presupuesto de Egresos de 2017, por ejemplo, la partida de las participaciones a los estados se incrementa 5% mientras que el gasto de capital se recorta 27%. El problema es que este dinero está definido de acuerdo a una fórmula diseñada en tiempos de vacas gordas. Los estados y municipios tienen que poner de su parte en épocas de vacas flacas. Máxime cuando una buena parte de los abusos, dispendio y malversaciones del dinero de los contribuyentes se ha dado en las entidades federativas.

Dos: Nacionalizar las autoridades electorales y de transparencia. No tiene sentido, y nos cuesta mucho dinero, seguir manteniendo un absurdo sistema dual donde hay organizaciones electorales y de transparencia gubernamental en los estados cuyas decisiones pueden ser revisadas y revertidas por las federales en la misma materia. Que se cierren todos los organismos estatales, que el INE y el Tribunal Federal Electoral se encarguen de todas las elecciones del país y el INAI del manejo de la transparencia gubernamental.

Tres: Cerrar partidas de gasto social redundantes. A lo largo de varios gobiernos se han abierto diversos programas para dizque ayudar a los más pobres del país. Sin embargo, la pobreza no ha bajado de manera contundente. Hay muchos esquemas —federales, estatales y municipales— que benefician más a los burócratas que los manejan que a la población con menos recursos.

Cuatro: Acabar con todos los subsidios a las empresas productivas del Estado. Pemex y CFE, como se prevé en la Reforma Energética, deben operar negocios que no pierdan dinero. Los contribuyentes ya no podemos seguir subsidiando la mala administración de estos organismos.

Cinco: Contratar consultoras especializadas en recorte de personal para que revisen todas las instituciones públicas. Sólo hay que ir a una oficina pública para darse cuenta que muchos servidores no trabajan. A esos hay que reasignarlos a otros puestos donde sí laboren o de plano despedirlos. Suena duro, pero es insostenible que los contribuyentes sigamos financiando a personal que no agrega valor alguno.

Seis: Eliminar cien diputados manteniendo la proporcionalidad de 60% de uninominales y 40% de plurinominales quedando 240 y 160 respectivamente para un total de 400. Asimismo, prescindir de los 32 senadores plurinominales que no tienen sentido alguno en un órgano legislativo que supuestamente representa los intereses de los estados.

Siete: Eliminar por completo el fondo de moches que sólo sirve para comprar la voluntad de los legisladores.

Twitter: @leozuckermann

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