Al amago de pandillas reclutadas y suficientemente armadas a lo largo de por lo menos siete estados del país, Los Zetas permiten a las organizaciones de traficantes de humanos el traslado y ocultamiento de grupos de extranjeros sin documentos o su estancia legal en el país

[email protected] El cártel de Los Zetas controla las rutas y las bandas del tráfico de indocumentados en el sureste de México y la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos desde al menos hace 10 años, cuando Osiel Cárdenas Guillén, en ese entonces jefe del cártel del Golfo y quien reclutó entre militares a Los Zetas, decidió ampliar sus actividades del narcotráfico hacia el cobro de piso a los grupos de contrabandistas de humanos y mercancías, de acuerdo con los informes de la Procuraduría General de la República (PGR). Al amago de pandillas reclutadas y suficientemente armadas a lo largo de por lo menos siete estados del país, Los Zetas permiten a las organizaciones de traficantes de humanos el traslado y ocultamiento de grupos de extranjeros sin documentos o su estancia legal en el país, quienes pagan sumas de entre 3 y 5 mil dólares en su intento por llegar a Estados Unidos. Sin embargo, al final los indocumentados son extorsionados o asesinados, como en el caso de los 72 migrantes masacrados en San Fernando, Tamaulipas. Su dominio sobre esta actividad se extiende desde Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, y sube por Veracruz hasta llegar a la zona fronteriza de Tamaulipas con Estados Unidos, la misma ruta que siguen los cargamentos de droga. A lo largo de estas entidades cuentan con la complicidad —según documentos oficiales— de agentes de Migración y de la Policía Federal, lo mismo que de autoridades municipales y estatales. En esas entidades, los grupos delictivos disponen de diversos ranchos o casas de seguridad, así como de autobuses, tráileres o camionetas para cruzar las carreteras repletas de indocumentados procedentes de Cuba, Centroamérica, Sudamérica, o bien de Asia o Medio Oriente, de acuerdo con expedientes de investigaciones realizadas por la PGR y a las que tuvo acceso EL UNIVERSAL. El cártel de Los Zetas ha recurrido a los asesinatos, extorsiones o a las amenazas para mantener su poderío frente a las bandas de traficantes de humanos o “polleros”, como se les conoce en el argot criminal a quienes trasladan a la frontera norte a los indocumentados por sumas incluso superiores a los 5 mil dólares. Los “rescates” de migrantes El cúmulo de ganancias que significa para el grupo delictivo esta actividad les ha llevado a “rescatar” de manos de las autoridades a grupos enteros de ciudadanos extranjeros detenidos por introducirse ilegalmente al país, como se documentó en 2008 en Quintana Roo, según las investigaciones contenidas en las averiguaciones previas PGR/SIEDO/UEITMIO/31/2008 y PGR/QROO/CAN/270/2008. Según esos expedientes, el 11 de junio de 2008 un total de 37 indocumentados —33 cubanos, tres guatemaltecos y una salvadoreña— fueron “rescatados” por un grupo de Los Zetas, quienes disfrazados de agentes federales interceptaron el camión donde eran trasladados los ilegales por oficiales de Migración de Chetumal, Quintana Roo, a Tapachula, Chiapas, de donde serían repatriados a sus países. El transporte de los indocumentados fue hecho sin el apoyo de la Policía Federal y los oficiales de Migración fueron sometidos, incluso los adiestraron para dar una versión que confundiera a las autoridades sobre la forma en que fueron liberados los extranjeros y quienes finalmente llegaron a Estados Unidos. Los 33 cubanos posteriormente, ya en el país del norte, darían los pormenores sobre ese rescate hecho por Los Zetas. El hecho llevó a la prisión a oficiales migratorios. Los Zetas tienen una cuota por cada uno de los indocumentados que pretenden pasar los “polleros” a la frontera norte. Su vigilancia y control de los lugares por donde se entra a México y a Estados Unidos a los grupos de gente sin estancia legal en el país les permite conocer quién o quiénes introdujeron ilegales, cómo lo hicieron, cuándo y por cuántos indocumentados deberá pagar la respectiva cuota el “pollero”. Esta práctica quedó en evidencia en la averiguación previa PGR/UEDO/238/2003, donde miembros de esa organización que fueron detenidos y posteriormente reclutados como testigos protegidos dieron a conocer que desde el año 2000 Osiel Cárdenas Guillén, El Mata Amigos, llamó a Tamaulipas “su plaza” y tenía derecho a cobrar cuotas a prostitutas, fayuqueros, “polleros” y todo aquel que decidiera realizar alguna actividad ilícita. Según los testigos protegidos Rafael y Yeraldín, desde el año 2000 —cuando irrumpieron Los Zetas— Cárdenas Guillén ordenó vigilar a quienes desarrollaban actividades criminales para que le pagaran cuotas para seguir “trabajando”. El testimonio de Angélica Lagunas Jaramillo reveló que el capo del cártel del Golfo llegó el 16 de agosto de 2001 a su negocio, que poseía en Matamoros, donde vendían perfumes y vinos de contrabando, y sin más le advirtió que si no pagaba cuota igual que otros ordenaría su muerte.