“Venezuela debe garantizar el acceso oportuno y efectivo a la información oficial”. Esta recomendación hecha por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el último Examen Periódico Universal (EPU) dedicado a la República Bolivariana de Venezuela, efectuado en octubre de 2011, fue rechazada por el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez. De hecho, ninguna de las doce recomendaciones relativas a la libertad de expresión fue aprobada por el gobierno venezolano. En julio de 2014 el organismo internacional de promoción del Examen Periódico Universal, EPU Info, pidió a Reporteros sin Fronteras que colaborara con la evaluación de seguimiento de Venezuela, por lo que nuestra organización hizo un balance de la situación de la libertad de información en el país. La próxima sesión del EPU tendrá lugar en octubre de 2016.En el Examen Periódico Universal de 2011 se había pedido al gobierno venezolano que garantizara la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas, pero esta recomendación fue rechazada por el Estado venezolano. El país también se negó a garantizar de manera efectiva el derecho a la vida y la integridad física; asimismo, rechazó comprometerse a que todas las instancias del Estado respeten y protejan el derecho de las personas a la libertad de expresión. Desafortunadamente, estos temas aún son de actualidad y cada vez se vuelven más preocupantes. El movimiento de protesta por la inseguridad y la carestía de productos básicos no ha perdido fuerza desde marzo de 2014. Las manifestaciones han sido el teatro de numerosas agresiones, amenazas, insultos y robos a periodistas locales y extranjeros, quienes también han padecido la destrucción de su equipo y detenciones arbitrarias. Algunos de ellos han sufrido el encarnizamiento de las fuerzas del orden –como la periodista de Diario 2001, detenida arbitrariamente y que sufrió abusos de las fuerzas del orden al menos cuatro veces entre febrero y mayo de 2014–. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, el ejército nacional) es responsable de 62% de estas agresiones. Las prolongadas protestas han sido un terreno fértil para la aparición de grupúsculos civiles violentos, que también han sido responsables de numerosos excesos. No obstante, las agresiones a los profesionales de la información no sólo ocurren durante las manifestaciones: el 22 de julio de 2014 dos sujetos no identificados le dispararon varias veces a, director del grupo de radiodifusoras Circuito Radio y del canal Órbita TV, en el Estado de Anzoátegui. El periodista fue herido a la altura de la clavícula; lo operaron de inmediato y se encuentra fuera de peligro. A pesar de las deplorables consecuencias de estos acontecimientos, Reporteros sin Fronteras no ha observado ningún avance en lo que concierne a las medidas de protección física de periodistas por parte del gobierno. Es de capital importancia que en el país se respete el derecho a la información, empezando con garantizar la integridad física de los periodistas. El país debe renovar su compromiso ante la comunidad internacional en lo relativo a este principio. Desde el inicio del año 2013 Reporteros sin Fronteras ha registrado más de 500 ataques al derecho a la información. Frente a estos hechos, las autoridades venezolanas deben tomar en consideración las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señalan que todos los países del Cono Sur deben contar con un mecanismo que proteja a periodistas y defensores de los derechos humanos. Frente a una situación de tensiones políticas exacerbadas, el Estado venezolano también debe reconocer la importancia del papel de los periodistas en la cobertura de las manifestaciones, como lo subraya la resolución de la ONU firmada el 28 de marzo de 2014. El 13 de abril de 2014 la Fiscalía General de Venezuela anunció que investigaría a 97 miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional por actos de tortura y tratos crueles infligidos a manifestantes y periodistas que cubrían las protestas. El SNTP ha registrado 181 agresiones a periodistas desde el inicio de las manifestaciones. Hasta la fecha no se han dado a conocer los resultados de esta investigación. ¿Qué sucedió con las promesas de las autoridades? ¿Se ha interrogado a estos 97 policías y militares? ¿Se ha escuchado el testimonio de las víctimas? Esta información de interés general debe hacerse pública lo antes posible a fin de que se respete el principio de transparencia. Un fundamento recordado en el EPU de 2011 que Venezuela también rechazó.Más allá de las amenazas concretas que representan los ataques a periodistas existe otra, más insidiosa: la falta de pluralismo que caracteriza a los medios de comunicación en Venezuela, en un contexto político muy polarizado. La prensa está muy dividida, existe un enfrentamiento frontal entre los medios de comunicación progubernamentales y los de la oposición. Los primeros se han convertido en defensores del gobierno de Nicolás Maduro ante la amenaza que representan los medios de comunicación privados y sus críticas. El hecho de que el presidente considere cierta información como “ propaganda de guerra ” con frecuencia se ve agravado por la hostilidad de los funcionarios públicos hacia los medios de comunicación. Miembros del gobierno, como Delcy Rodríguez, Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, a menudo hacen declaraciones insultantes contra la prensa, que no hacen sino echar leña al fuego en un paisaje mediático de por sí muy polarizado. El 23 de julio de 2014 la ministra envió una carta a El Universal en la que reprochó al diario “la ofensa gratuita y la infamia cobarde” del periodista, por una columna publicada el 15 de julio en la que el articulista criticó la política del ministerio. Este tipo de declaraciones por parte de las autoridades son aún más graves puesto que sólo los miembros del gobierno pueden emprender un proceso por “desacato”, calumnia e injuria, que pueden implicar penas de prisión. Reporteros sin Fronteras considera que la pena de cárcel es completamente desproporcionada, al igual que las multas exorbitantes que pueden ocasionar la quiebra del medio de comunicación o la bancarrota del periodista acusado. En el EPU la comunidad internacional también había recomendado a Venezuela una reforma a la ley de prensa para que, de acuerdo con los estándares internacionales, se despenalizara el delito de “desacato” (propuesta rechazada). Los medios de comunicación tradicionales, dominados por unos pocos grupos editoriales privados, viven profundos cambios estructurales. Una muestra de ello es la venta en 2013 del grupo mediático Cadena Capriles, al que pertenece uno de los principales periódicos, o la de Últimas Noticias, que fue adquirido por Latam Media Groups, en realidad una sucursal del grupo británico Hanson Group, que también compró el canal de televisión Globovisión. En julio de 2014 el diario El Universal fue adquirido por la firma española Epalisticia, que nombró como presidente del diario a Jesús Abreu Anselmi, amigo de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y ex viceministro de Infraestructura. Recientemente fueron denunciados ante el SNTP algunos casos de censura interna en este diario. El Universal es el diario más antiguo del país y cuenta con uno de los mayores tirajes. Comprobando el éxito de los medios de comunicación de la oposición ante la opinión pública, ¿el gobierno venezolano estaría tentado con adquirir los medios más influyentes a través de sus relaciones con los compradores y sus empresas? Reporteros sin Fronteras deplora la falta de transparencia en la adquisición de estos grupos de medios de comunicación. La dificultad de tener acceso a la información del gobierno fue otro aspecto subrayado en el EPU. En Venezuela la información del Estado es difundida por algunos medios de comunicación nacionales, como la agencia AVN o las cadenas de televisión Ciudad Caracas y VTV. La tensa situación entre los medios de comunicación del gobierno y los no gubernamentales hace que el acceso a la información del Estado sea un asunto muy delicado. El 25 de marzo de 2014 se negó el acceso a varios periodistas a una audiencia del Tribunal Supremo de Justicia, en el marco del proceso del alcalde de San Cristóbal, acusado de desacato. Estos bloqueos al acceso a la información impuestos arbitrariamente por representantes del gobierno son comunes y van en contra de la Constitución venezolana, que garantiza el derecho a ser informado con transparencia sobre temas de interés público. El artículo 57 de la Constitución obliga a los funcionarios a responder a toda solicitud de información sobre sus actividades. Por otra parte, la prensa oficial tampoco escapa a los ataques a la libertad de información. Las oficinas de la cadena VTV en Caracas fueron atacadas por manifestantes en febrero 2014. Una información libre sólo será posible si se acepta la crítica y la existencia de la oposición. Tanto el gobierno como la oposición deben aceptar la idea del pluralismo que, más allá del criterio de las diferentes líneas editoriales, debe ofrecer una información independiente de los intereses políticos o económicos de ambas partes. La libertad de información tampoco será posible si todos los venezolanos no tienen un acceso equitativo a los medios de comunicación. Venezuela se encuentra en el lugar 116, entre 180 países, en la edición 2014 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras. La situación de la libertad de información, muy preocupante en el país, amerita que el gobierno establezca un verdadero compromiso frente a la comunidad internacional. Con el rechazo de las doce recomendaciones relativas a la libertad de expresión, desafortunadamente Venezuela muestra muy poca voluntad para mejorar la situación.