¡DEVASTADOR! Pradavinci: Consecuencias de las medidas económicas cubanas anunciadas por Maduro

El 7 de septiembre, luego de un mes de haberse instalado la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Presidente Maduro acudió al Palacio Legislativo para anunciar al país diversas medidas económicas y presentar un conjunto de ocho proyectos de Ley, que espera sean aprobados por la ANC.

Por Anabella Abadi y Carlos García Soto / Pradavinci

Proyectos de Ley no plantean soluciones

En líneas generales, las medidas anunciadas no lograrán resolver o atenuar la crisis económica. Por el contrario, reconocen la profundidad de la crisis y la agravará.

Se profundizará la pérdida del poder de compra del bolívar. En vez de atender el problema de inflación desmedida que atraviesa el país, el Ejecutivo Nacional decide seguir impulsando un conjunto de medidas que han resultado completamente ineficaces para proteger la capacidad de compra del bolívar: aumentos salariales, aumento de asignaciones directas y controles de precios.

Por décimo séptima vez en su gestión, Maduro aprueba un aumento de salario mínimo, acumulando un aumento de más de 6.500% desde que asumió la presidencia en abril de 2013. El bono de alimentación ‒conocido como Cestaticket‒ acumula un aumento de casi 16.000%.

Maduro también anunció un aumento de 40% de la Tarjeta hogares de la Patria y un nuevo bono de Bs. 250.000 que 3 millones de familias podrán usar para la compra de útiles escolares.

Todo esto impulsará aún más el crecimiento de la liquidez monetaria, lo que en el actual contexto recesivo se traducirá en una mayor inflación, pues habrá cada vez más bolívares persiguiendo menos bienes y servicios.

Por su parte, aunque Maduro reconoce que “los sistemas de control de precios que hemos usado en el pasado se han agotado, no son efectivos, no son eficientes, no han sido eficaces”, propone la Ley de Abastecimiento Soberano y Precios Acordados, que pretende crear “un nuevo sistema de fijación de los precios máximos de venta al público”.

No podemos sino inferir que el objetivo de la “nueva” Ley es seguir promoviendo el control del Ejecutivo sobre la economía y no será más que la continuación de un fallido sistema de fijación de precios que en Venezuela cumple 78 años el 9 de septiembre de 2017.

No se atenderá el problema de escasez de billetes. La llegada de billetes de mayor denominación al país resultó insuficiente para atender la creciente pérdida del poder de compra del bolívar. Los billetes, que se supone deberían facilitar las transacciones, son cada vez más escasos y los sistemas electrónicos de pago no logran responder de manera eficaz su creciente demanda.

Para atender el problema, Maduro anunció que todos los servicios públicos serán pagados por medios electrónicos. Además, a partir del 11 de septiembre estará vigente nuevamente la reducción del IVA ‒en hasta cinco puntos‒ a las transacciones que se realicen mediante pagos electrónicos. También se aplicará una rebaja del ISLR a aquellas transacciones que se realicen por medios electrónicos.

Las medidas buscan incentivar el uso de medios electrónicos de pago, cuando en realidad el problema es la baja calidad de los mismos. La falta de divisas para la compra y mantenimiento de cajeros automáticos y puntos de venta, así como la mala calidad de los servicios de Internet y las fallas del servicio eléctrico, hace que el uso de medios electrónicos sea más una complicación que una solución ante el problema de escasez de billetes.

No se plantea una solución efectiva para la escasez de dólares. Sabiendo que los precios de la cesta venezolana no se han recuperado a los niveles deseados de entre US$ 70 y 100, y que la producción del crudo sigue cayendo, el ingreso de dólares al país sigue mermando. No sorprende pues que las reservas internacionales se ubiquen en niveles cercanos a los de 1995.

La inversión extranjera directa permitiría generar una entrada alternativa de divisas y de ahí la propuesta de una Ley para la Promoción y Protección de la Inversión Extranjera en Venezuela. Vale recordar que en 2014, en el marco de la Ley Habilitante, el Presidente aprobó una Ley de Inversiones Extranjeras para supuestamente impulsar la entrada de nuevos capitales, pero la norma se tradujo en mayores controles, restricciones y desincentivos para los actuales y potenciales inversionistas.

Ante una marcada escasez de dólares y usando las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos como excusa, Maduro anunció la implementación de una canasta de monedas para la ejecución de transacciones internacionales en monedas como la rupia, el rublo, el yuan y el euro, para así evitar la realización de transacciones con el dólar. Un día después, el vicepresidente Tareck El Aissami agregó: “no vamos a subastar más en dólares, ya se acabó la subasta en dólares”.

Maduro incluso convocó una serie de reuniones con los tenedores de bonos por las próximas dos semanas.

Todo parece reflejar que el Gobierno central no tiene expectativas, al menos en el corto plazo, de lograr aumentar la entrada de dólares al país. Esto, por supuesto, genera particular preocupación entre los tenedores de deuda soberana y de Pdvsa, y los productores nacionales y sus proveedores internacionales a quienes se les adeudan miles de millones.

La ANC ante los anuncios económicos

El Ejecutivo Nacional presentó a la ANC un conjunto de ocho proyectos de leyes económicas. Sin embargo, no corresponde a la ANC legislar en materia económica. Por el contrario, tal competencia corresponde a la Asamblea Nacional, conforme a la Constitución vigente.

Es preciso recordar una y otra vez que si bien la ANC fue convocada y electa al margen de la Constitución, aun si hubiera sido convocada conforme a la Constitución de 1999, su única misión es la de redactar una nueva Carta Magna. Por ello, toda “legislación” que dicte la ANC debe ser considerada como un acto dictado por un órgano que ha sido convocado y nombrado en contra de lo dispuesto en la Constitución venezolana vigente. Toda decisión que dicte la ANC tendrá un problema de legitimidad fundamental.

Lo que parece se pretende desde el Ejecutivo es que con la “aprobación” de esas leyes en materia económica las autoridades estatales comiencen a aplicar sus contenidos. Y por esa vía “legitimar” políticamente a la ANC. En ese sentido, igualmente, el Ejecutivo Nacional intenta apalancar el costo de tales medidas en la propia ANC.

Vale decir, el conjunto de medidas anunciadas distan mucho de los llamados al diálogo realizados a través del Decreto Constituyente mediante el cual se instaura un gran diálogo Nacional Constituyente para el perfeccionamiento del modelo de economía productiva y diversificada que requiere la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial Nº 41.226 del 31 de agosto de 2017).

Por otra parte, la ANC usurparía la función legislativa de la Asamblea Nacional si pretendiera dictar unas leyes que, conforme a la Constitución de 1999, sólo la Asamblea Nacional puede dictar.

Un balance general

Las medidas económicas y los ocho proyectos de Ley presentados por el Ejecutivo a la ANC parten de un mismo supuesto: la creencia de que a través de más controles se superará la crisis económica. Por el contrario, la valoración que cabe hacer de lo señalado por el Ejecutivo acerca de esos ocho proyectos es que agravarán la crisis venezolana, al restringir, criminalizar y hacer más onerosa la actividad económica.

A su vez, el conjunto de anuncios deben ser valorados no sólo desde la perspectiva económica o jurídica. Los anuncios vienen a ser una respuesta a la crisis política que atraviesa al país, y constituyen, además, un instrumento más para el control político de los ciudadanos, precisamente a través de un control aún más arbitrario de la economía.

De hecho, en la misma alocución en la cual fueron realizados los anuncios, el Presidente llegaría a afirmar que “lo quiero hacer por las buenas, pero si tengo que hacerlo por las malas y convertirme en un dictador para garantizarle los precios al pueblo, lo voy a hacer por las malas”.

La aplicación de estas medidas no ofrecerán los mismos pésimos resultados de las casi dos décadas de políticas económicas fallidas. En realidad, ofrecerán peores resultados.

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Anabella Abadi y Carlos García Soto Anabella Abadi M. Economista egresada de la UCAB y Especialista en Gobierno y Gestión Pública Territoriales (PUJ, 2011). Profesora en la UCAB, y Analista de la Unidad de Investigación y Análisis de ODH Grupo Consultor. /// Carlos García Soto es abogado de la Universidad Monteávila, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la Universidad Monteávila. Puede seguir en twitter a través de @cgarciasoto.

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