Eric Jalain participa en uno de los dos huertos urbanos que existen en Vicálvaro (Madrid). Hace unos días fue apercibido por una patrulla de la Policía Municipal por ir al huerto a comprobar si había sufrido daños por una granizada caída durante la noche. El Ayuntamiento de Madrid, propietario de los terrenos, prohíbe ir este tipo de espacios —salvo emergencias— aunque haya lamentado, a través de un comunicado, la posible pérdida de semilleros y cosechas a pesar de que el decreto de declaración del estado de alarma contempla el abastecimiento de alimentos y no prohíbe explícitamente el cuidado de los huertos de autoconsujmo.

Algo parecido está sucediendo en Santa Cruz del Valle (Ávila). Según cuenta Nuria Blázquez, vecina de ese pueblo, “todo el vecindario se pregunta cuándo van a poder plantar las cebollas” porque para la población rural la huerta es “una parte fundamental de la vida y es muy difícil de entender que algo que no entraña peligro no esté permitido”. Esta incomprensión se acrecienta sabiendo que otras comunidades como Galicia, Catalunya, Baleares y, más recientemente, Extremadura están permitiendo este tipo de tareas, aunque con limitaciones.

Desde otros puntos de la geografía peninsular llegan casos como el de un vecino de Sagunto (València), al que se le han secado los frutales plantados recientemente por no poder ir a regarlos, o el acaecido en Ponferrada (León), donde la Guardia Civil impidió a otro vecino ir a dar de comer a sus gallinas.

Estos casos no son aislados. Desde el principio del confinamiento se han multiplicado las dificultades en las pequeñas explotaciones agrícolas y las de autoconsumo, así como en otras labores propias del medio rural. Esto denota la visión urbanocéntrica de las medidas que provocan situaciones poco razonables en el mundo rural o en algunas zonas insulares del Estado.

Arbitrariedad de las autoridades

“La situación en el campo está siendo bastante caótica y en la práctica responde a la arbitrariedad de las autoridades locales”, indica Elisa Oteros, experta en agroecología de Ecologistas en Acción. En este contexto, hace unas semanas se presentó en el Ministerio de Agricultura un documento firmado por 600 organizaciones sindicales, agrícolas, ecologistas y universitarias. En él se criticaba el cierre de los mercados de productos de cercanía y el impedimento de las actividades agrícolas de autoconsumo.

Ante la respuesta de Agricultura, “con buenas palabras pero sin plantear soluciones concretas y derivando responsabilidades a otros ministerios”, relata Oteros, se dirigieron al Ministerio de Consumo, que se comprometió a llevar estas reivindicaciones al Consejo de Ministros, sin que fueran atendidas desde entonces, al parecer por exceso de cuestiones a tratar.

También se hacía eco de ellas el diputado de Unidas Podemos Juantxo López de Uralde en su intervención parlamentaria del 22 de abril, en la que además señalaba a las grandes corporaciones del sector agroalimentario como las más beneficiadas de este momento de crisis.

Algunas de ellas como Nestlé, PepsiCo o Unilever lanzaban una carta en la que exhortaban a los gobiernos a mantener abiertas las fronteras al comercio con la excusa del fomento de alimentos más sostenibles y la defensa de las personas y comunidades que trabajan en el sector agrícola. Resulta paradójico ver cómo enarbolan la defensa de estos valores, cuando su práctica ha sido la contraria. Mientras tanto, verdaderas prácticas de soberanía alimentaria que se ven relegadas a un limbo legal. Parece que esta diferencia en el trato, más allá de unas motivaciones sanitarias, podría tener un trasfondo económico y estratégico.

Este contraste se hace aún más evidente si se hace un análisis de los riesgos de contagio e impacto de esta crisis en cada uno de estos dos modelos de abastecimiento de alimentos.

Recorrido agroindustrial

Por un lado podríamos imaginar el caso de la persona que se abastece en su propio huerto en el que, sobre todo si se trata del medio rural, las posibilidades de contagio en el proceso de traslado y recogida de su cosecha tienden a cero si se toman ciertas precauciones básicas.

Por otro, sigamos el recorrido de ese mismo producto desde una forma de producción agroindustrial y comercialización en una gran o mediana superficie para constatar que es mucho más largo y complejo.

Como primera parada del viaje nos desplazamos a Almería, que, junto a Murcia y Huelva, es una de las provincias con una agricultura industrial más potente. José Cuevas pertenece al sindicato SOC-SAT en esa provincia y señala cómo el sector agrícola almeriense vive en un “estado de excepción a nivel laboral desde hace tiempo, algo que los sucesivos gobiernos tratan de ocultar”. A este estado de excepción se suma el actual estado de alarma “en el que los empresarios siguen haciéndoles trabajar sin las mínimas garantías sanitarias”, según denuncia. También relata cómo “la inspección de trabajo, ya de por si limitada, no tiene la misma eficacia” en estos días.

Las circunstancias de trabajo bajo los plásticos, donde el 92% de los trabajadores son inmigrantes, son de una total falta de material y la mayoría de los que trabajan con equipos de protección individual (EPI) es porque se los han comprado ellos mismos. En el sector de la manipulación, muy feminizado y con más del 50% de migrantes, la concentración de personas es mayor, lo que aumenta el riesgo de contagio. Aunque se han tomado algunas medidas, estas son insuficientes, según Cuevas, “y lo mismo ocurre en el sector de la producción bio”.

Uno de los lugares donde más patentes se hacen las situaciones límite estos días es en el campo de Níjar. Allí viven cerca de 7.000 personas en asentamientos chabolistas a las que, según el sindicalista del SAT, “no se les está facilitando agua potable ni productos de higiene y limpieza”, servicios básicos a los que por las circunstancias de confinamiento no pueden acceder. La consigna de la guardia Civil en la zona es la misma que en el resto del estado: “No salgáis de las chabolas”.

Carretera al límite

El siguiente eslabón de la cadena es el transporte que generalmente se realiza por carretera. A pesar de su reconocimiento como sector esencial, “la mayor parte está parado y lo que está funcionando está al límite”, comenta Dulsé Díaz, de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM). Esta situación se debe a problemas derivados del aumento de costes, ya que suelen funcionar aprovechando los viajes de retorno con nuevas cargas y estas no se están completando. Por eso hacen “un llamamiento a la solidaridad y responsabilidad a los dueños de las cargas”, porque si no el sector del transporte por carretera no lo podrá soportar.

Unido a estos problemas económicos, desde la CETM señalan otros que tienen que ver con el tema sanitario: “No estamos recibiendo ayudas, conseguir mascarillas es una odisea y guantes y gafas es imposible”, dice Díaz, que además denuncia el incumplimiento de una vieja reivindicación del sector como es “que los conductores no realicen labores de descarga, por motivos de seguridad laboral y vial”, para evitar lesiones y aumento cansancio en sus largas jornadas de conducción. Esta problemática se agrava en este momento, ya que “las exigencias están siendo iguales o mayores” y a los riesgos anteriormente citados se suma el de contagio de la enfermedad por no disponer de la protección suficiente.

Llegamos al penúltimo eslabón de la cadena, los supermercados. Según cuenta Ángeles Balué ,de CC OO, “la aplicación de las medidas de prevención publicadas por el Ministerio de Sanidad en su web está siendo desigual en las empresas“. “Al igual que sucede con los ERTE, las que mejor respuesta están dando son las más sindicalizadas”, señala Balué, que también destaca que “las que mejor están pudiendo hacer frente a la crisis son las de mayor fortaleza económica”, citando a una multinacional francesa y otra valenciana.

La efectividad práctica de estas medidas de protección es puesta en cuestión por Carmen Figueroa, veterinaria experta en seguridad alimentaria y autora del blog Me alimento, luego existo . Esta profesional señala que “el reparto de material de protección no implica que el personal o la clientela sepan utilizarlo” y pone el ejemplo de que hay que desinfectar las manos antes de tocar los guantes. Relata su propia experiencia en una gran superficie comercial de A Coruña, donde se repartían pero los clientes no sabían utilizarlos. Dentro de estas grandes superficies comerciales, según señala, no se cumplen las distancias de seguridad, no se usan masivamente las mascarillas y su propia estructura provoca que los productos sean manipulados constantemente por la clientela.

El trabajador como último responsable

Como cierre de este viaje por la cadena de abastecimiento de alimentos nos acercamos a unas formas de consumo de alimentos elaborados que se venían popularizando hasta ahora y que han crecido notablemente en tiempos de pandemia: las cadenas de distribución de comida a domicilio.

Julio Reyero, del sindicato CNT, señala cómo en el caso de estas cadenas “la obligación del empresario de cumplir con la legislación de riesgos se diluye, ya que el responsable último de su cuidado parece ser el propio trabajador”. Además de estos problemas primarios de salud, Reyero distingue otros “riesgos psicosociales debidos al estrés generado estas semanas” y señala que “la consideración social de héroes puede hacerles olvidar que son trabajadores y necesitan derechos”.

Una vez hecho este largo recorrido, cabe concluir que, desde el punto de vista sanitario, este contexto de pandemia no hace sino agravar los graves prejuicios sociales y ambientales que la cadena de distribución de alimentos produce. Mientras tanto, otras alternativas, por minoritarias que sean, se ven restringidas ante el estupor de las personas que desde tiempos inmemoriales llevan comiendo de ellas. La crisis abierta por la covid-19 y las medidas de confinamiento suponen en la alimentación, como en tantos otros sectores, una enorme batalla en la que las prácticas alternativas deben defenderse si no quieren ser aplastadas por los dominadores del mercado y por lo que parece de parte del imaginario colectivo.