El Gobierno gastó en 2015 un total de 37,7 millones de euros en poner anuncios en medios de comunicación. Por ejemplo, en las campañas contra el maltrato, el IRPF o los anuncios de la DGT. Cómo los repartió y con qué criterio es un secreto que se sigue guardando para sí pese a que los dictámenes del Consejo de Transparencia –organismo estatal independiente– le han reiterado que debe hacer público cómo está invirtiendo en la prensa, web, radio y televisión españolas.

El Gobierno beneficia a La Razón, ABC y la web de Jiménez Losantos en el reparto de anuncios

Saber más

Según la Ley de Publicidad Institucional, el reparto de esos millones debe hacerlo con criterios objetivos y no partidistas, pero no se conoce si verdaderamente sigue estos principios o si algunos medios salen más beneficiados que otros, ya que no se hace público el reparto.

Ahora, ocho de los 13 ministerios (Industria entonces era independiente y Energía no existía) han decidido pleitear por lo contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para seguir ocultando la información, como ha confirmado a eldiario.es el Consejo de Transparencia. Acudir a la justicia ordinaria es el último recurso que les queda para poder seguir guardando estos datos, ya que el dictamen que les insta a darlos es de obligado cumplimiento.

El proceso arrancó en octubre de 2016, cuando eldiario.es inició una batería de preguntas a través del Portal de Transparencia a los 13 ministerios sobre las inversiones en medios desde 2012 a 2015. Ocho meses después, la única respuesta ha sido de Hacienda, que ni siquiera ha respondido sobre sus campañas, sino sobre las de la Agencia Tributaria, un organismo dentro del Ministerio. El resto de departamentos ha denegado la petición de información de manera orquestada, ya que las respuestas son prácticamente calcadas entre ministerios: mismas razones y expresiones.

Los argumentos para denegar

El primer argumento que esgrimen los ministerios es que esa información está colgada online, algo que no es cierto porque el informe anual de publicidad institucional colgado no distingue por medio de comunicación, sino que da una radiografía global. De ella se puede inferir que hay desajustes y que medios como La Razón o la radio de Jiménez Losantos recibieron más cantidad de anuncios de los que les corresponden por audiencia, pero no están los importes totales sino la cantidad de inserciones publicitarias: es un indicador pero no es transparente en cuanto al destino del dinero público.

Otro de los argumentos utilizados por el Gobierno es que dar esa información revelaría las tarifas de los medios y cómo negocian las agencias de publicidad y supondría un "perjuicio para sus intereses económicos y comerciales", que es una excepción de la Ley de Transparencia recogida en el artículo 14, según las respuestas recibidas por eldiario.es.

Este motivo ha quedado desmontado por los informes del Consejo de Transparencia, que han resuelto, interpretando la Ley de Transparencia, que el interés público por conocer si se está invirtiendo con criterios objetivos o se está beneficiando a algún medio está por encima de los intereses comerciales.

El último argumento que esgrimen los ministerios es que el servicio está subcontratado a través de agencias privadas que deciden a dónde va el dinero. Es cierto que son terceros quienes reparten, pero tanto la realidad como el Consejo de Transparencia en sus resoluciones tumba también esta justificación. Por dos motivos. La primera es que la Dirección General de Comunicación (dependiente del Ministerio de Presidencia) es la que revisa cómo se ha hecho el reparto y deja constancia en el expediente de contratación. Tiene también capacidad de enmendar decisiones.

Además, las agencias de medios están obligadas, según el pliego técnico de Hacienda, a presentar una memoria anual que incluya "tarifa y total de inserciones" que repartieron a los medios y a dar un completo informe. De modo que los ministerios sí tienen esos datos y se cae el argumento también de "información en reelaboración", ya que se lo dan hecho y no hay nada que reelaborar, como constata el Consejo.

Tras las respuestas negativas, eldiario.es interpuso 10 reclamaciones ante Transparencia, que dio en marzo de este año la razón a este medio y obligó a esos diez ministerios a facilitar la información sobre sus inversiones en medios. Quedaron fuera Agricultura (la reclamación de eldiario.es se hizo fuera del plazo legal), Justicia, porque no ha hecho ninguna campaña de publicidad institucional propia en este tiempo, y Hacienda, que aportó datos parciales de la Agencia Tributaria.

La orden del Consejo de Transparencia de que se publiquen los datos es vinculante, y la única salida para esquivarla es acudir a la justicia ordinaria, concretamente a la sala contencioso administrativa de la Audiencia Nacional y pleitear contra el Consejo de Transparencia y su resolución.

Es justamente lo que han decidido hacer ocho ministerios –Asuntos Exteriores, Defensa, Fomento, Industria (antes independiente), Interior, Presidencia, Sanidad y Educación– para no tener que dar los datos. Empleo y Economía todavía no han manifestado su intención, pero tampoco han facilitado los datos desde marzo.

Alba Gutiérrez, portavoz de Access Info Europe, organización en defensa de la transparencia, lamenta que "en España hay una clara falta de voluntad política en favor de la transparencia, esta actitud defensiva del Gobierno de judicializar el derecho de acceso a la información consume muchos recursos públicos y esfuerzos que podrían dedicarse a promover e implementar una verdadera cultura de transparencia en nuestro país".

La directora general de Comunicación, Consuelo Sánchez-Vicente, cuyo departamento supervisa el cumplimiento de la normativa en la fase de ejecución de los contratos, ha declinado valorar la judicialización aludiendo a que son los ministerios los competentes de esa decisión.

eldiario.es ha contactado con los 8 ministerios que van a pleitear sin obtener respuesta.