Una gota le espanta el sueño a Nurys Arana. Le recuerda los tres años, diez meses y diez días que pasó refugiada en Fuerte Tiuna, después de quedar damnificada en la carretera vieja Caracas-La Guaira. La gota no es solo una gota. Ha enmohecido la pared de su nuevo baño hasta abrir un agujero en el techo y manchar las paredes blancas de marrón. Su baño es nuevo porque todavía no cumple cuatro años residiendo en el Desarrollo Habitacional Playa Grande, de la Misión Vivienda, conocido por todos como el urbanismo Comandante Hugo Chávez.

Hace un año era mucho más que una pizca lo que se filtraba por el baño y su sala-comedor. El edificio M-15, que forma parte de la segunda etapa del complejo de viviendas, poco a poco se inclina y se agrieta. Una inspección realizada en 2014 confirma “la presencia de grietas en la edificación y la formación de oquedades o socavaciones entre la losa base del edificio y el terreno en la fachada sur”. La solución que la empresa constructora Summa –de origen turco– halló para el problema fue la inyección de cemento bajo la losa del inmueble. “Lo hicieron por primera vez hace tres años y dijeron que el problema quedaba resuelto, pero después lo han tenido que repetir tres veces más. La última vez, el 15 de noviembre de 2016. Eso causó que se taparan las tuberías. El pupú salía por el piso de la cocina”, recuerda Arana. También acabó con la cerámica del piso en otro de los apartamentos de la planta baja.

En la casa de Arana hay grietas que se abren camino alrededor de los marcos de las puertas, los marcos de las ventanas se parten debido al peso del vidrio, y la pared de atrás del apartamento luce cuarteada desde afuera. “Cuando llegamos a vivir aquí estábamos muy emocionados –el 10 de enero de 2018 se cumplirán cuatro años–. El sitio es bellísimo y muy tranquilo. Nos dimos cuenta de que algo raro pasaba el 24 de junio de 2014. Ese día llovió durante horas y afuera corría un río de agua. Cuando escampó, salimos a ver y toda esa agua ya no estaba, se había percolado por el suelo”.

Las filtraciones no son un problema solo del M-15. En total hay 193 edificios –16 familias en cada uno– de tres pisos más la planta baja, en los que viven alrededor de 17.000 personas. Dolores “Lola” Villegas, del consejo comunal Hugo Chávez, asegura que 90% de los apartamentos sufre filtraciones debido a daños estructurales. “Si el de arriba orina o defeca, le cae al de abajo en la espalda”, resume.

Este urbanismo es resultado de un convenio bilateral entre Turquía y Venezuela. En 2014, la embajadora de ese país Sule Öztunç declaró al diario El Mundo: “La construcción de viviendas en La Guaira se hace a cambio de petróleo”, y mencionaba que la participación más destacada de su nación en Venezuela era precisamente en el sector de la construcción.

Espejitos por oro

El 17 de octubre de 2016 el presidente Nicolás Maduro se subió al podio de la Conferencia Hábitat III de la Organización de Naciones Unidas (ONU), realizada en Quito para hablar de los avances sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible. Allí enarboló como un logro la construcción de 1.160.000 viviendas, con una inversión de 95.000 millones de dólares, más 603.000 millones de bolívares. “La inversión más importante que se haya hecho en la historia de nuestro país”, dijo. Para ese entonces, los 95.000 millones de dólares representaban, según lo asegurado por el mandatario, cuatro veces las reservas internacionales de Venezuela.

La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) comenzó a echar números. Lo primero que encontró fue que en mayo de 2016 (cinco meses antes de que el Presidente declarara en Hábitat III), Manuel Quevedo, ahora ministro de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y que hasta hace una semana ocupaba la cartera de Vivienda y Hábitat, aseguró en el programa José Vicente Hoy, que la inversión en la misión era de 73.000 millones de dólares, en la construcción de 1.022.829 casas en todo el país: una diferencia de 22.000 millones de verdes.

Por otro lado, si se toman los números ofrecidos por Maduro en octubre de 2016 y se hace una división simple, da como resultado que cada una de esas viviendas le costó al Estado 81.896 dólares. Cuando una vivienda de interés social, de alrededor de 60 metros cuadrados, en cualquier país latinoamericano ronda los 45.000 dólares.

En el caso de Playa Grande, los edificios no están hechos de cabilla, bloque y cemento, sino de drywall. En la primera etapa del urbanismo el sistema que recoge el agua de lluvia no llega al alcantarillado y se empoza. Al tiempo que a los muros exteriores de las plantas baja se los está comiendo la humedad. A los vecinos también les dijeron que los marcos de las puertas eran de madera de pino, pero están hundidos, así que infieren que se trata de algún tipo de plástico.

Millardos de diferencia

Juan Andrés Sosa, presidente de la CVC, explica que el costo de la unidad de una vivienda social para un privado debe considerar los terrenos, impuestos (municipales, de industria y patente, derecho de frente, permiso de construcción e inspección de la alcaldía, habitabilidad), financiamiento, utilidad del promotor, promoción-venta, urbanismo y costos de construcción. Sin embargo, en el caso de la Misión Vivienda, el Estado de una forma u otra –uso de tierras de propiedad pública, confiscaciones y demás– se libera del pago por los terrenos, impuestos, financiamiento, utilidad del promotor, promoción-venta y urbanismo; con lo que el costo se le reduce a la mitad.

“No han pagado por los terrenos que expropiaron y la mitad de esos ya estaban urbanizados. Los predios ya tenían acueducto, cloacas y servicios”, subraya Sosa. De este modo, si el precio de venta internacional para una vivienda de interés social es de 45.000 dólares y al Estado venezolano le cuesta solo 48,5% de eso, la CVC infiere que el Estado tan solo debió pagar 21.825 dólares por vivienda. “Suponiendo que ese 1.160.000 viviendas fuesen nuevas, la inversión total debió ser de 25.317 millones de dólares”. La diferencia con respecto a los 95.000 millones de dólares declarados por Maduro es de 69.683 millones de dólares.

Un año más tarde, el 23 de noviembre de 2017, Quevedo aseguró que la Misión Vivienda ha construido 1.853.070 viviendas durante los seis años que lleva operando. De ser cierta esta cifra, y si se considera que en un hogar venezolano viven 3,9 personas, eso significaría que el programa habría beneficiado a 7.226.973 venezolanos. Ese número es dos veces la población del estado Zulia, ocho veces la de Ciudad Guayana o Barquisimeto, y un poco más de la población total de todo el Distrito Metropolitano de Caracas. Pero si existen, no se ven.

La investigación de la Cámara de la Construcción fue un poco más allá. Encargó un estudio a la encuestadora Datanálisis y preguntó: ¿Ha sido usted beneficiado con una vivienda nueva de algún programa del Gobierno en los últimos 17 años? 94,6% de los encuestados respondió que no.

De nuevo se aplica la regla de tres: si en el país hay 31 millones de habitantes; 4,8% de ellos (1.489.375 personas) ha recibido vivienda nueva; y se considera que en cada uno de esos hogares viven 3,9 personas; la operación da como resultado que solo se han fabricado 381.891 viviendas. El gremio les da el compás de la duda y dice que la diferencia puede corresponder a viviendas remodeladas.

Fernando Castro, quien por cinco años presidió la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Fedecámaras, sostiene que entre 1999 y 2005 el gobierno de Hugo Chávez, comparado con el de los Presidentes que lo precedieron (desde Rómulo Betancourt), es el que ha tenido peor desempeño en la construcción de viviendas. Es por eso que la brecha del déficit habitacional se amplió de 2.000.000 de viviendas, a 2.450.000.

“El Estado viola el artículo 301 de la Constitución, al no garantizar que las empresas venezolanas, tengan las mismas oportunidades que las extranjeras y eliminar los procesos de licitación. Una empresa venezolana con esa cantidad de recursos habría podido hacer el doble o el triple de viviendas del mismo tamaño y de calidad”, dice Castro. Agrega que la política del Estado se ha enfocado en la unidad habitacional y no en construir ciudad, además de ser altamente dependiente de la renta petrolera. ¿Será por eso que Quevedo se mantiene a cargo de la coordinación general de la Fundación Gran Misión Vivienda Venezuela?

“Las condiciones son absurdas para el sector privado venezolano. A una constructora rusa o china el Estado le paga a 1.600 dólares el metro cuadrado, en cambio a un venezolano le obliga a cobrarlo a 55.000 bolívares. Cuándo les preguntamos cuál es el precio real o por qué quieren quebrar al nacional, evaden la respuesta”, denuncia Sosa.

En su alocución en Hábitat III, Maduro mencionaba como una ventaja de la misión el aporte tecnológico y la experiencia arquitectónica de China, Irán, Portugal, España, Rusia, Bielorrusia y China. “Se trata de acuerdos bilaterales que lo que han hecho es permitir que en La Guaira, por ejemplo, no se cumpla con las regulaciones de ventilación, al tener unas ventanas chiquiticas. O haber hecho Ciudad Tiuna al lado de un basurero –Las Mayas–, o viviendas en Maiquetía en la cabecera de la pista de aterrizaje del aeropuerto. Lo que han sido es cómplices en la violación de todas las normas de construcción en Venezuela, y tampoco cumplieron con la dotación de equipamientos urbanos”, acusa el presidente de la CVC.

Leyes como las de Tierras Urbanas, Emergencias para Terrenos y Vivienda, Arrendamientos Urbanos, y Contra la Estafa Inmobiliaria; así como el déficit de materiales e insumos y las dificultades para conseguir financiamientos prácticamente han terminado por anular al sector privado de la construcción: en la actualidad fabrican menos de 1.000 viviendas al año.

Quieren propiedad

“Esto es prácticamente una parroquia”, asegura Lola cuando se refiere a la cantidad de gente que vive en el Urbanismo Hugo Chávez. “Nosotros somos revolucionarios, creemos en el legado de Chávez, pero aquí hay algo que está podrido. Hace un año en un congreso de la patria entregamos toda la documentación con las fallas del edificio a un viceministro, y lo que hicieron fue devolverme la carpeta con todos los informes”.

La vocera de la comunidad asevera que sus prioridades son dos: que se resuelvan las fallas estructurales que causan las filtraciones en los edificios y que les entreguen los títulos de propiedad de los apartamentos.

Con respecto a la primera prioridad de Lola, el representante de Summa, empresa turca a cargo de la obra, les ha dicho que ya él nada tiene que ver con ellos ni está a su cargo ocuparse de los problemas de la infraestructura. Con respecto a la segunda, el Estado no puede entregar títulos de propiedad pues el terreno en el que fue construida la primera etapa del urbanismo aún le pertenece a un privado que, al parecer, no aparece.

“Yo necesito un documento en el que haga constar que esto es mío. De aquí han sacado a alrededor de 200 familias de forma arbitraria. En cambio, los ‘mal vivientes’ de verdad todavía siguen aquí”, se queja Lola. Argumenta que las familias no pueden pasar más de tres días fuera del apartamento porque los acusan de haber abandonado la vivienda. De este modo no pueden tomarse ni siquiera unas vacaciones. “La revolución está haciendo lo que dijeron que iba a hacer la oposición. No es posible que tengamos tantas deficiencias y digan que aquí no hay necesidad”.

En la campaña electoral de 2015, la oposición se comprometió a dictar una norma al respecto. Una vez alcanzada la mayoría parlamentaria, la Mesa de la Unidad aprobó la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela en marzo de 2016. El Ejecutivo nacional no quiso acatarla y, dos meses más tarde, el Tribunal Supremo de Justicia la tildó de inconstitucional.

Actualmente, la Gran Misión Vivienda se rige por el decreto 8.143 dictado por Hugo Chávez el 6 de abril de 2011, que deja en claro que para estas edificaciones no aplican ni la Ley de Propiedad Horizontal ni la de Venta de Parcelas. Anulada por tanto la propiedad individual, el instrumento establece la “propiedad familiar” para el “uso y disfrute” de las viviendas.

A los vecinos del Urbanismo Hugo Chávez también les preocupa que el costo del apartamento, que en principio les habían dicho que rondaba los 400 mil bolívares, aumente mientras se resuelve el problema del terreno.

Mientras ellos penan por eso, con los 80.000 dólares que, en promedio, pagó el Estado por hacer los apartamentos de la Misión Vivienda; en el mercado secundario es posible hallar tan solo una unidad familiar de vieja data en Los Palos Grandes, del municipio Chacao de Caracas, por ejemplo, en donde cada metro cuadrado valga 1.000 dólares. O sería posible comprar dos apartamentos en Caricuao o El Paraíso.