The New York Times acaba de publicar una investigación que atribuye buena parte de la fortuna de Donald Trump a prácticas fiscales dudosas o claramente fraudulentas, quizá confirmando lo que decía Honoré de Balzac de que detrás de cada gran fortuna, se encuentra un gran crimen. En este caso, detrás de la fortuna que le alzó a la presidencia de EEUU, estarían los delitos fiscales.

Sin llegar a tanto, aquí en España, según el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda, el 70% del fraude fiscal lo comenten los grandes patrimonios y corporaciones. Periódicamente salta la noticia de políticos o personajes famosos pillados en renuncios en sus obligaciones tributarias, bien sea bajo la forma de fraude, evasión o elusión fiscal. Los últimos políticos en circunstancias comprometidas han sido dos ministros de gobiernos de diferente signo: Pedro Duque y Rafael Catalá; Màxim Huerta, otro ministro de Pedro Sánchez, tuvo que dimitir por esta razón. Recientemente hemos conocido que una veintena de diputados recurre a sociedades para poner inmuebles a su nombre y llegar a pagar hasta la mitad a la Hacienda pública.

Antes aparecieron otros famosos personajes del mundo del deporte, del cine o de las grandes empresas, vinculados a diferentes tramas de evasión fiscal (Papeles de Panamá o los Paradise Papers. Por no hablar de la famosa amnistía fiscal de Montoro, que perdonó los grandes fraudes por módicas aportaciones a las arcas públicas. Estas prácticas reducen los ingresos a la hacienda pública y, sobre todo, suponen un mal ejemplo para la ciudadanía.

Como se viene denunciando, más del 90% de la evasión fiscal anual no se detecta y lo cometen las grandes empresas y fortunas de España. También es conocido que el 40% de los beneficios de las multinacionales acaba en paraísos fiscales. Por ello, las élites que de natural son conservadoras, aparecen siempre en estos escándalos. Y es que la derecha lleva defraudando mucho tiempo. Pero también se descubre que hay profesionales y personas del mundo de la cultura y de la política del espectro progresista. Lo más inquietante es que, aunque en diferente grado, afecta a todas las ideologías y permite generalizar el corrosivo “todos son iguales”. Otro elemento turbador es que muchos de estos delitos son levantados o dados a conocer por los medios de comunicación y no por la administración tributaria.

Estamos, pues, ante un problema muy serio. La cuestión es ¿cómo hacer frente al fraude y a la mentalidad social que lo permite con total impunidad y sin ninguna mala conciencia? Veamos algunas ideas:

1. Lo primero es apostar por un sistema fiscal progresivo y suficiente. La progresividad es la condición necesaria para evitar la falta de equidad impositiva que existe. Es muy injusto que los trabajadores asalariados aporten 3,5 veces más con el IRPF que las empresas con el impuesto de Sociedades. La progresividad es que paguen más quienes más tienen; cuando sucede lo contrario estamos ante una falta de justicia fiscal y social por los privilegios consentidos a las élites. Que por cierto, ponen el grito en el cielo para mantener el statu quo cada vez que se plantean algunas tímidas medidas para corregir la situación como las que están negociando ahora PSOE y Unidos Podemos.

2. La suficiencia fiscal es la otra condición porque permite hacer frente a las inversiones y gastos del Estado, desde las infraestructuras a servicios sociales tan fundamentales como la sanidad, la educación el desempleo, la dependencia o las pensiones. Por cierto, el Gobierno en vez de crear alarma social lanzando la idea de que el sistema de pensiones es insostenible más de una década, debería estar buscando alternativas fiscales a su financiación. Hay mucho margen para mejorar la suficiencia del sistema: España tiene una presión fiscal siete puntos más baja que la media de la Unión Europea que permitiría recaudar 80.000 millones de euros más.

3. La actuación punitiva. Hay leyes y una administración para combatir el fraude fiscal que debe funcionar correctamente. Persiguiendo a los grandes delincuentes fiscales y demostrando que la ley se cumple y es igual para todos los ciudadanos. Ghesta critica que la Agencia Tributaria haya centrado sus investigaciones en los contribuyentes de escasos recursos (pymes, autónomos y trabajadores). Como dice la Plataforma por la Justicia Fiscal, es muy escandaloso que teniendo España el doble de fraude fiscal que Europa, tengamos la mitad de inspectores de Hacienda para combatirlo: un inspector cada 1.000 habitantes, frente a uno por cada 387 habitantes en Alemania, 427 en Francia o 535 en Portugal.

4. También debe de haber la correspondiente sanción social y ciudadana hacia los defraudadores. Ello exige la máxima transparencia. De ahí, que no se entienda que el Gobierno del PSOE no haya hecho público el listado de los acogidos a la amnistía fiscal aplicada por Rajoy y Montoro, cuando además se había comprometido a ello.

5. Por último, es necesaria una remoralización de la sociedad, frente a las ideas neoliberales dominantes que fomentan el individualismo y la consiguiente insolidaridad. Es una tarea ardua, porque las viejas ideas liberales de “cada uno para sí y al último que se lo lleve el diablo” parecen estar de moda desde hace tiempo. Como no basta solo la disuasión represiva, hay que educar en la mentalidad social de que el pago de impuestos es algo sagrado y no una molestia que si puedes te la evitas.

Los impuestos son los que aseguran los recursos necesarios para la protección social y el Estado de Bienestar que nos permite ser solidarios, civilizados y reducir la desigualdad. Hay que educar desde la escuela para ser un buen ciudadano. Más importancia que una asignatura sobre iniciativa emprendedora, tendría otra sobre educación para una ciudadanía responsable donde, entre otras cosas, se aprenda qué es la justicia fiscal, las obligaciones contributivas y la defensa de lo público como pilares fundamentales para construir una sociedad cohesionada y del bien común

Esto último es muy importante, porque de lo contrario, seguiremos de forma interesada echándole la culpa al fontanero, al autónomo…, olvidándonos de quiénes son los grandes defraudadores y manteniendo una ruptura del orden social con unas reglas para las élites y otra para el resto. Pero sobre todo, viviremos en la inmoralidad de pensar que es de tontos ser honrados. Una sociedad moderna se define por el grado de conciencia fiscal y en España Hacienda nunca hemos sido todos.