La investigación por blanqueo, fraude fiscal y alzamiento de bienes al exvicepresidente económico, Rodrigo Rato, llevaba "meses" trabajándose "codo a codo" entre la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria, y en el último momento, de forma "inexplicable y sin previo aviso", según fuentes de Anticorrupción, el departamento dependiente del ministro Montoro decidió ayer transmitir el caso a la Fiscalía provincial de Madrid y acotar unas pesquisas "mucho más ambiciosas" que no solo afectaban al entorno más inmediato de Rato, sino a "decenas" de sociedades vinculadas al también expresidente de Bankia en "España y en paraísos fiscales", como Gibraltar y la isla de Tórtola, en Reino Unido, y a numerosas personas.

El malestar en Anticorrupción es "profundo", según las mismas fuentes, porque fueron múltiples las reuniones y llamadas entre ambas instituciones hasta los primeros días del pasado mes de enero, cuando la Fiscalía acordó con la Agencia Tributaria que la nueva representante de Anticorrupción en el caso sería la fiscal, Elena Lorente.

Estas fuentes afirman que la Agencia Tributaria se comprometió a mantenerla informada de "los pasos" que se fueran dando en la investigación. Sin embargo, no fue comunicada novedad alguna a Anticorrupción, y ayer, la Agencia Tributaria remitió el caso a la Fiscalía de Madrid.

Aquella investigación "más profunda" a Rato tenía que ver con un "complejo entramado societario familiar" por blanqueo y fraude fiscal. Estas fuentes no descartan que el supuesto alzamiento de bienes haya tenido que ver con los movimientos económicos realizados por el exvicepresidente económico como consecuencia de la interposición de la fianza solidaria de 800 millones impuesta por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, por la fusión y salida a Bolsa de Bankia. Una fianza que en cualquier caso ha sido abonada por la propia entidad, pero que se ha comprometido a reclamar en parte al resto de afectados. Entre ellos a Rodrigo Rato.

El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, ya ha solicitado a la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, quedarse con el caso, y ésta ha accedido, con lo que en las próximas horas la investigación cambiará de manos.

La fiscal Elena Lorente se hará cargo de las pesquisas, según ha confirmado Salinas, y una vez analizados los hechos decidirá si la causa debe continuar en los juzgados ordinarios de Madrid o si son de mayor envergadura o existe conexión con las causas que se investigan en la Audiencia Nacional, solicita su inhibición en este órgano jurisdiccional.

La Cadena SER se ha puesto en contacto con la Agencia Tributaria, que de momento, no ha ofrecido su versión de los hechos.