La libertad de expresión en España, amenazada

Hoy me quito la mordaza para gritar (mientras me dejen) que la libertad de expresión está gravemente amenazada en España.

A todos esos que, convenientemente adoctrinados por el incesante bombardeo mediático, se solidarizan con los presos políticos de otros países, les convendría mirar primero en su propia casa.

Más que un artículo, por extensión me ha salido un ensayo, y eso que he tenido que dejar fuera multitud de casos: tal es el grado de represión.





Condenas internacionales a España

Amnistía Internacional, que ya ha reprochado en numerosas ocasiones el uso arbitrario y excesivo de la fuerza contra manifestantes en nuestro país, ha vuelto a alertar en su último informe de la persecución de la protesta en España.

Persistió el uso del delito de «enaltecimiento del terrorismo» para procesar a personas que ejercían de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión.

También menciona el caso de Juan Antonio Martínez González (abril de 2015), que murió a causa de los golpes que cuatro policías le dieron en la cabeza al detenerle.

Se archivó por la Fiscalía.

Imposible no acordarse de la muerte de Juan Andrés Benítez. Los mossos, que se declararon culpables de homicidio «imprudente», tampoco entraron en la cárcel ni fueron expulsados del Cuerpo, únicamente suspendidos de empleo y sueldo dos años.

España ha sido condenada siete veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar las denuncias de torturas policiales.

Y eso sólo desde 2010: vamos a condena por año.

El último caso, el de Xabier Beortigi Martínez, de mayo de 2016, se saldó con una multa al Estado de 23.500 euros.

No pasa nada, no hay responsabilidades políticas ni policiales, y por descontado, ninguno de ellos tendrá que rascarse el bolsillo. Pagas tú.

AI, Human Rights Watch y medios de comunicación internacionales han alertado de que la ley mordaza trae al presente lo peor del franquismo.





Legalizar la persecución ideológica

Ley mordaza y modificación del Código Penal

Desde que gobierna el PP de Rajoy, en España se está llevando a cabo una persecución ideológica y una dura criminalización de la protesta, intensificada tras la entrada en vigor de la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana en julio de 2015.

Si os paráis a pensarlo, es hasta lógico, aunque no por ello menos condenable. Aprovecharon la coyuntura económica para imponer su ideología, para atacar los tres pilares fundamentales del estado del bienestar: Sanidad, Educación y derechos laborales.

Recortaron criminalmente y la gente se echó a la calle. Para continuar con la sangría, tenían que acallar el ruido de fondo. Dicho y hecho: férrea represión, temple de porras y durísimas sanciones para el que grabe cómo un policía le abre la cabeza a alguien por sentarse a intentar parar un desahucio ejerciendo la resistencia pasiva. Si Gandhi viviera en España hoy, necesitaría casco.

Por si la ley mordaza se quedaba corta, el PP endureció el Código Penal.

Aunque ha sido la reforma más profunda desde su aprobación, se olvidaron de derogar el artículo 315, que restringe el derecho de huelga, y se opusieron a incluir en el nuevo CP la apología del franquismo.

Antes, en una perfecta estrategia, se habían hecho con el control de los grandes medios de comunicación (ya habéis visto el volantazo a la derecha que ha dado El País). Despidieron a los periodistas y directores de periódicos que había que despedir, destrozaron RTVE y siguió la fiesta de la lobotomía.

Este control absoluto fue determinante para que no hubiera un estallido social cuando el PSOE le regaló el gobierno al PP. Los medios habían allanado el terreno, golpeando los cerebros como si fueran masa repostera, plaf, es por estabilidad, plaf, la traicionera mentira del PSOE es responsabilidad, plaf, que siga gobernando un partido imputado por corrupción, que se ha financiado ilegalmente desde su fundación y maneja dinero negro a espuertas, es lo menos malo que le podía pasar al país, plaf, plaf, plaf.

Así, la ciudadanía fue cediendo terreno. Una vez despejadas las calles y con una amigable y unánime voz predicando a través de los televisores, llegó el momento de acallar los únicos reductos de protesta que quedaban: las redes sociales.

Amparándose en el chute de esteroides que con tal fin le habían metido al Código Penal, empezaron a hostigar a quienes escriben con la zurda. El contenido es lo de menos, pues no hay barbaridad que no se diga igual desde la derecha, con la diferencia de que entonces queda impune. Se persigue a las personas, se persiguen sus ideas.

Sólo como resultado de la operación Araña, más de 70 personas han sido detenidas por escribir. Un tercio de los casos juzgados en la Audiencia Nacional son comentarios de Twitter. Un tercio.

Tal vez, de tanto relacionarse nuestros dirigentes y monarcas con sangrientos dictadores, a este Gobierno se le haya terminado pegando la vena autoritaria. En Arabia Saudí encarcelan a ciudadanos por escribir; aquí también.

César Strawberry, cantante de Def Con Dos, fue absuelto por la Audiencia Nacional, pero la Fiscalía recurrió al Supremo, en un cerril empeño en juzgarlo y condenarlo por «humillación a las víctimas» por unos tuits como los que ha escrito media España.

Le cayó un año.

Se juzgan tuits, es decir, frases, sean estas más o menos desafortunadas. Incluso chistes (!) Aparte de los gastos y las molestias, puedes terminar con antecedentes penales por contar un chiste en Twitter. Es de locos.

En los 90, en un pueblo de Murcia, no de la maligna Euskal Herria, entre los chavales del instituto circulaba un chiste que yo por aquel entonces no entendía, porque ni veía los telediarios ni tenía la menor idea de política.

Decía así: «¿Cuál es la única planta que vive bajo tierra y sin luz? Respuesta: La ortiga lara».

¿Qué pasa, que esos chavales (menores de edad) eran todos terroristas? ¿Merecían que los detuvieran? ¿Estaban cometiendo delitos, enalteciendo el terrorismo? ¿Murcia en los 90 era un bastión de ETA? ¿Ardían las calles por el zarangollo borroka?

No. Era humor negro. Sin más.

Uno de los artículos del Código Penal que modificó el PP fue el 510, que castiga los llamados delitos «de odio» con penas de uno a tres años de prisión.

Odiar, los sentimientos, no pueden nunca ser delitos, y menos estar castigados con tanta dureza.

La redacción de la ley es deliberadamente ambigua, y en la práctica se está utilizando para coartar la libertad de expresión. Tuiteros, cantantes, artistas… Ellos son el objetivo.





Multados por su forma de vestir. El ACABose

En esta deriva represora en la que andamos inmersos en España, están multando a ciudadanos hasta por su forma de vestir.

Agentes de policía han retenido y multado con 600 euros a chicos que iban paseando tranquilamente con una camiseta, una sudadera o un bolso con las siglas ACAB.

ACAB es el acrónimo de «All Cops Are Bastards», que traducido significa: «Todos los Policías Son unos Bastardos». Esas camisetas ya estaban en las calles antes de la llegada al poder de Rajoy y su ley mordaza, y a nadie multaban por eso.

Lo primero que me viene siempre a la cabeza al enterarme de estas cosas es que los agentes están demasiado ociosos si tienen tiempo para estas gilipolleces.

Después, entro en el fondo del asunto. No es mi caso, pero si alguien piensa que todos los policías son unos bastardos (término que, como insulto, no es de los más graves. Bastardo: «que degenera de su origen o naturaleza»), ¿no puede decirlo? ¿No puede opinar libremente? ¿No se le permite llevar una camiseta con lo que le dé la real gana? Y con lo de real no hablo de la monarquía, ya sabemos que en España aún condenan a vasallos por «injurias a la Corona», y que por dibujar a los borbones el Estado te puede secuestrar una revista. Je suis Charlie, menos los jueves.

Venerables señores con altavoces mediáticos afirman desde sus púlpitos que todos los sindicalistas son unos vividores a los que les huele el aliento a gamba, y no veo que les multen por ello. Ni deben hacerlo. Pero a otros, tampoco.

Volviendo a lo de ACAB, en el colmo del cinismo, la cuenta Foro Guardias Civiles se permite publicar en las redes así:

La imagen de la polémica que la CUP pide investigar. #APAB pic.twitter.com/Qq3mELguv8 — Foro GuardiasCiviles 🇪🇸 (@forogc) January 17, 2017





Esta bonita imagen la difundió originalmente un sindicato de los mossos, que llamaba de este modo a participar en la manifestación convocada para esa tarde en Barcelona. No parece el mejor espíritu.

Para la realización artística se han valido de una fotografía icónica ya entre los más ceporros de las fuerzas de seguridad, en la que se ve a un antidisturbios descargando con brío su porra contra un manifestante. Les ponen estas cosas.





Esta cuenta no soporta cinco minutos de lectura aleatoria de sus tuits o publicaciones en Facebook. Insultan a diputados, se alegran de muertes y llegan a amenazar con la violencia física a otros internautas, actitudes estas que, para cualquiera que no vista de verde, pueden ser constitutivas de delito.

Si el #23F hubiera triunfado Tejero, ¿estaríamos peor que hoy?. Independentismo, paro, corrupción, "justicia"… No sé, pero yo lo dudo… — Foro GuardiasCiviles 🇪🇸 (@forogc) February 23, 2017





Da gracias a Dios de ser español porque en cualquier otro país ya estarías encarcelado. Y eso te libra, desgraciado… — Foro GuardiasCiviles 🇪🇸 (@forogc) February 15, 2017





Apúntate tu eso mismo, no sea que sobren pelotas de goma y todavía te toque a ti también. Hala, con Dios majo… — Foro GuardiasCiviles 🇪🇸 (@forogc) February 17, 2017





Como esas burradas y un posicionamiento ideológico tan descarado, hablando siempre mal de la izquierda, acusando de terroristas a los miembros de Podemos o la CUP, burlándose de manifestaciones sindicales, quedarían feas en una cuenta oficial, por cobardía escriben en su biografía que son una cuenta «ajena al carácter oficial de la Guardia Civil». Pero no hay duda de que detrás de la cuenta hay guardias civiles (ellos mismos —o igual es sólo una persona— indican que pertenecen a la 98º Promoción, de 1992), y que debe de reflejar el sentir general del Cuerpo. Si no, ya les habrían obligado a cerrarla.

Sin llegar a esos extremos, algo parecido ocurre con otras cuentas «no oficiales» de las FCSE.

Que esta gente ostente el monopolio de la violencia, asusta. Y explica muchas cosas.





¿Por qué han prohibido que se grabe a los policías?

No creo que todos los policías sean unos bastardos, pero estoy convencido de que la mayoría de las denuncias policiales por agresiones de manifestantes o activistas son mentira. Denuncias falsas que suelen pasar por verdaderas porque su palabra es la ley y porque el poder mima a sus chicos.

Tras cualquier protesta donde carguen los antidisturbios, los medios propagan la versión policial sin cuestionarla siquiera: dos manifestantes y catorce policías heridos. ¿Qué heridas? ¿Qué les pasó a esos agentes? ¿Cómo les hirieron? Contrasten e informen de verdad, o sienten en la mesa del telediario al portavoz de la Policía, que visto lo visto, tanto nos daría.

Agentes blindados, entrenados, agredidos por chavales o personas mayores. Ahí tenéis a Verstrynge que, agarrado y zarandeado entre varios policías, empujó y lesionó a uno él solo, con la fuerza de sus setenta años.

Es imposible. Y más increíble todavía, que estas agresiones se den con la insólita frecuencia que denuncian los agentes supuestamente afectados.

Los ciudadanos acusados lo único que han hecho, por regla general, es recibir palos. No puede ser que, como a los llamados 8 de Yesa, después de aguantar sentado el chaparrón de golpes de una carga de la Guardia Civil, encima te pidan cuatro años de cárcel por agresiones inexistentes.

Sólo a veces, cuando la denuncia es esperpéntica, se pone en duda la versión oficial. Una octogenaria con osteoporosis multada por golpear a los agentes tras saltar limpiamente dos vallas de protección, o casos que están claramente registrados en vídeo. Por eso se tipificó en la ley mordaza que fuera delito grabarles trabajando. Porque ya todo el mundo lleva móvil encima y los policías empezaban a quedar en evidencia.

Por la misma razón, demasiado a menudo se pasan por el forro del uniforme la ley que les obliga a ir identificados. Y si alguien, en el ejercicio de su derecho como ciudadano, les pide su Número de Identificación Personal, se niegan.

Con el tiempo, he llegado a la conclusión de que golpear a los detenidos es una práctica habitual, y no sólo a los que cumplen condena en la cárcel, también a los arrestados temporalmente en comisaría. Tampoco me cabe duda de que se producen torturas y violaciones de los derechos humanos en los CIE… ¿No puedo decirlo? ¿Tengo que callarme? ¿Fingir que todas las pruebas y testimonios no existen? ¿Y a esto le llaman democracia?





Tan culpables son los cobardes agresores como sus compañeros cómplices. El corporativismo mal entendido de siempre.





Niños mimados de uniforme

A las fuerzas policiales se les ha dotado de un poder casi omnímodo. A su ya injusta presunción de veracidad, contra la que un ciudadano no tiene nada que hacer, se ha sumado la prohibición de grabarles, de fotografiarles, de nombrarles siquiera. Son una especie de nuevos dioses, vacas sagradas conduciendo lecheras.

Como en un Estado policial, ellos mismos, sin pasar por la casilla del juzgado, pueden personarse en casa de cualquiera si algo de lo que esa persona ha escrito ha podido ofenderles. Y ahí entramos de nuevo en el resbaladizo terreno de la subjetividad. ¿Qué es ofensivo? Pues, según estamos viendo en la práctica y como temíamos antes de la aprobación de la ley mordaza, lo que a ellos les parezca.

Han llegado a multar con 800 euros a una mujer que difundió la fotografía de un coche de policía aparcado en una plaza de minusválidos. Y no ha sido la primera vez.

Actúan como esos niños mimados hiperprotegidos, hijos de, que se envalentonan con otros porque saben que nadie va a tocarles o se lo dicen a su papá.

En las denuncias por «ofensa al honor» se puede comprobar, con sonrojo, cómo la Policía ha perdido el tiempo recopilando tuits de chavales de 16 años. Y en esto se va nuestro dinero.

¿De verdad no tienen nada mejor que hacer que meterse a Internet a espiar a quienes les critican para correr a chivarse a papá Estado? Los juzgados están colapsados, van a paso de tortuga, los casos de corrupción prescriben o se archivan, los verdaderos delincuentes se gastan el dinero de nuestros impuestos en comilonas, prostitutas y champán, y la Policía y la Justicia emplean horas y horas en estos cotilleos de colegio.





Prohibido escribir, cantar, bromear…

No se salva el humor, ni siquiera el profesional. Facu Díaz tuvo que ir a declarar a la Audiencia Nacional por un sketch.

Cualquier día vemos declarando a José Mota o David Broncano.

Ni el teatro. Acordaos de la que liaron con los titiriteros porque en la trama de una obra, una marioneta que representa a un policía muestra el cartel con el que va a incriminar falsamente a la bruja.

Luego los medios manipulan, sacan el cartel de contexto como prueba de la apología del terrorismo (así, La vida es bella ensalzaría al nazismo), se escandalizan de una supuesta violación de una monja de trapo que nunca existió (y aunque hubiera existido, pero es que encima no) y los lectores, radioyentes y televidentes, a los que se les ha privado del pensamiento crítico desde la escuela, ni siquiera se molestan en contrastar la información. Se tragan lo que les echen. Ñam. Mmm. Más.

El cartel fue la excusa, lo que les molestó es el fondo de la obra, que alguien pueda poner en duda que la Policía es perfecta, inmaculada, digna de todo elogio. Benemérita.

Y de paso, en su afán por desestabilizar el Ayuntamiento de Madrid, dan otro golpe contra los perroflautas de Carmena. Dos por uno, señora.

Ahora Madrid no estuvo a la altura de las circunstancias, pero habría que verse diariamente bajo esa presión, un gobierno hostigado mediática y judicialmente como ninguno antes. Madrid será la tumba del podemismo, cantan los mercenarios del teclado.

Aunque los titiriteros han sido absueltos, el calvario lo han pasado. Estuvieron cinco días en prisión, después tenían que ir a firmar a diario, les retiraron el pasaporte… Pero lo peor es que los medios ya los habían condenado y, por ende, la sociedad. Han quedado marcados, señalados. Y las noticias de los archivos de estos procesos nunca merecen, ni remotamente, la atención que suscitaron las aperturas de los mismos.

Se están cebando con los cantantes. Por sus letras. Por escribir, en definitiva.

Rapear en España es casi una garantía de pasar por el banquillo. Ya os hablé aquí de Pablo Hasel, pero es que desde entonces ha ocurrido lo mismo con Cíniko, Volk GZ, Valtonyc, Ayax y Prok («injurias» a la Policía), Adam, La Insurgencia…

A estos últimos, además de los recurrentes comodines de enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio, les imputan ¡asociación ilícita! Os recuerdo que hablamos de un grupo de música, sin la más mínima relación con ningún atentado ni banda armada.

Estamos como en el franquismo, cuando era delito juntarse varias personas sin autorización del régimen. Pero ¿esto qué es? ¡Pero ¿esto qué es?!

Todos estos grupos a los que van señalando, juzgando, multando, amedrentando, no tienen nada en sus letras que no cantaran ya, ellos u otros, durante los gobiernos de Aznar y Zapatero. La diferencia es que entonces a nadie se le hubiera ocurrido acusarles de terroristas. Se atrevieron con Soziedad Alkohólika, y fueron absueltos. Con la ley en la mano era difícil condenarles, les amparaba la libertad de expresión.

Pues se cambia la ley. En España últimamente le hemos cogido el gustillo a legislar ad hoc.





Del macartismo al marianismo

Después de que el gobierno estadounidense primero, y tantos otros después, aprovecharan los atentados del 11S para recortar libertades, David D. Cole escribió en la revista de Derechos Humanos de Harvard que la Patrioct Act de George Bush resucitaba la filosofía del macartismo, sustituyendo la palabra «comunista» por «terrorista».

El macartismo, o caza de brujas, fue un lamentable episodio (uno de tantos: que se lo digan a Martin Luther King o a los que protestaron contra la invasión de Vietnam) de la historia reciente norteamericana, la legalización de la persecución de la disidencia en un país al que llaman, paradójicamente, «de la libertad».

En los cincuenta, al que protestaba, al que pensaba distinto, al molesto, se le acusaba de prorruso. Ahora, de colaborar con el terrorismo islámico. Siempre habrá una excusa.

En la España de Rajoy llevamos el mismo camino. Todo es terrorismo. Los escraches son terrorismo, las acciones de la PAH (sin las que no os devolverían el dinero de las cláusulas suelo) son terrorismo, una pelea con guardias civiles de paisano es terrorismo. Terroristas, terroristas everywhere.

No es que estos últimos años se haya incrementado el número de «enaltecedores», como podría parecer: es que endurecieron la ley para imponer «restricciones injustificadas a la libertad de información, de expresión y de reunión» (Amnistía Internacional).

ETA nunca había estado tanto tiempo sin matar, pero algunos se empeñan en mantenerla con vida artificialmente.

Da igual que las supuestas víctimas, como Irene Villa o la nieta de Carrero Blanco, hayan afirmado que es un disparate que encarcelen a alguien por escribir, por más repugnantes que puedan ser sus ideas. Da lo mismo, qué sabrán estas dos, son unas blandas.

Cuando ETA cometía asesinatos, llegaban a la Audiencia Nacional unos tres casos al año por enaltecimiento del terrorismo. Ahora, que hace años que ETA ha dejado de matar, llegan más de 30 (Joaquim Bosch, magistrado)

Además de la represión pura y dura, hay otras teorías sobre las motivaciones del Estado y los cuerpos policiales. Uno de los detenidos en la operación Araña, Arkaitz Terrón, abogado, dice:

Después de que desapareciera el terrorismo doméstico [de ETA], la división antiterrorista de la Guardia Civil está mano sobre mano. Tienen que justificar su existencia (Vice News).

Eso explicaría la aparición del nuevo coco: el terrorismo anarquista, los «Grupos Anarquistas Coordinados».

¡Bu!





Represión bipartidista

Estas despóticas prerrogativas legales debemos agradecérselas también al PSOE de Pedro Sánchez. Tras los atentados de París firmó con el PP, en caliente y sin reflexión alguna, como Bush y su Patriot Act, un pacto «contra el yihadismo» que modificó la definición de terrorismo para meter en ese saco a todo el que les molestara.

Ya entonces, febrero de 2015, muchas voces se levantaron avisando de la inconstitucionalidad del acuerdo, y alertaron de que gracias a él se podrían considerar terroristas a los participantes en escraches, en protestas como la de Gamonal, a los activistas de Greenpeace, los que tratan de parar desahucios… El PSOE hizo oídos sordos. Sabían muy bien lo que firmaban.

Este mismo pacto es el que resucitó la prisión permanente revisable, la cadena perpetua encubierta. Tomándonos una vez más por idiotas, el PSOE firmó prometiendo que esa parte la derogaría cuando gobernara.

Seguro. Como el Concordato.

Mientras llega ese momento, Ángel Ros, alcalde socialista de Lérida, empuñó el nuevo y supervitaminado Código Penal para denunciar a Pablo Hasel por citarle en una de sus canciones.





Caso Alfon, 14N

Una palabra tuya bastará para condenarme

A este muchacho, Alfonso Fernández Ortega, Alfon, le pararon unos policías por la calle a primera hora de la mañana el día de la huelga general de 2012. La versión oficial, nunca cuestionada por los medios, como hemos dicho que es costumbre, es que al registrarle (sin motivo, según las propias declaraciones de los policías) le encontraron una mochila, o bolsa, con «explosivos». En realidad, de lo que se ha hablado en los sumarios judiciales es de dos botellines de agua de medio litro con gasolina, dos botes de espray de camping gas y un petardo.

El análisis del contenido de las botellas no apareció hasta dos años después de la detención de Alfon, poco antes del juicio.

Los policías reconocieron en la vista que efectúan un seguimiento «alegal» de algunos ciudadanos. Admitieron la existencia de un informe en el que venían registrando los movimientos de Alfon y otras personas desde 2009: tres años antes del incidente de la mochila.

No había razón alguna para esta intromisión en su privacidad, excepto su militancia de izquierdas. Que todavía, que sepamos, no es delito.

Por esto ha sido condenado a cuatro años de cárcel. Quizá sea exagerado, cuatro años por unos supuestos explosivos que nunca detonó.

Pero es que Alfon niega que la mochila fuera suya, y no existen pruebas de lo contrario. No hay huellas en la bolsa, ni se encontró ningún indicio en los exhaustivos registros efectuados tanto en su casa como en casa de su novia. Pero en España, lo de in dubio pro reo sólo vale para los de siempre.

Se le ha condenado exclusivamente por las declaraciones de tres policías. Y esto es muy peligroso.

Desde la izquierda se habla de otro montaje policial. No sé si es el caso de Alfon, pero los montajes policiales existen (os recomiendo el documental Ciutat Morta).

Por denunciarlos acabaron en prisión los titiriteros. Se ve que la verdad escoció.

Estos montajes son consecuencia del excesivo crédito dado a la palabra de los agentes, y las nulas consecuencias para ellos cuando se demuestra que han mentido.

Si un policía te para por la calle y te multa por llevar una pieza de hachís que se saca él del bolsillo, ¿cómo demuestras que no era tuya? Y eso sucede en España, está en las grabaciones ocultas que la juez ordenó para investigar el asesinato de Cala Cortina.

Y hay muchos otros ejemplos, pero los medios suelen pasar de puntillas por estas noticias para evitar que la gente tenga una mala opinión de las fuerzas del orden.

Cinco meses antes del lance de la mochila, Alfon fue acusado de causar lesiones a uno de los agentes que les dieron el alto, a sus tíos y a él, en un control de tráfico. Un chaval de veinte años, de constitución normalita, se enfrenta a unos policías armados y les causa lesiones. Esto no se lo puede creer nadie que razone unos minutos desapasionadamente. Ni la juez se lo creyó. Pero ellos se prueban, podía haber tocado otro juez. Total: mentir les sale gratis.

La versión de Alfon de lo que sucedió ese día lo podéis leer en esta entrevista. Para mí es mucho más creíble que la historia policial:

19 de junio de 2012, en Vallecas. En este barrio se vive un estado policial las 24 horas del día, el acoso es constante. Estamos acostumbrados, la juventud sobre todo, a los cacheos y a los malos tratos por su parte. Aquel día tuve que soportar que a mi tía le pegasen una paliza entre doce policías, que la llevasen a un callejón y le pisasen la cabeza, le partiesen costillas, dedos de los pies, moratones por todo el cuerpo, hay fotos de todo esto. Era un día normal, nos pidieron de forma arbitraria la identificación, aquí en Vallecas es así, son policías jóvenes que están empezando y están muy crecidos, son muy chulos, muy prepotentes. Estuvieron desde el primer momento con insultos y amenazas. Como les exigimos otro trato, sacaron ya las porras extensibles, que son de acero, y se liaron allí a golpes, y mi tía fue la peor parada porque fue la que menos se dejó maltratar y se la llevaron a una calle y a mi tío y a mí nos llevaron a otro lado.

Esto va de la siguiente manera: si un policía se excede y te da un bofetón, o lo que le dé la gana darte, te tienes que aguantar. Si no, corres el riesgo de terminar como la tía de Alfon.

Si a Óscar del Castillo, el antitaurino insultado, amenazado y golpeado reiteradamente y sin motivo por un guardia civil en Valdemorillo, se le hubiera ocurrido por un momento, por un acto reflejo, defenderse, darle al guardia civil un bofetón o un empujón, tanto el exaltado como sus compañeros le hubieran propinado una paliza de muerte.





Este guardia civil sigue en la calle, armado.

A Alfon lo detuvieron la mañana de la huelga general del 14N. Ese mismo día, los mossos le reventaron un ojo a Ester Quintana por el único delito de sumarse a la huelga.

El de Quintana es otro ejemplo evidente de mentiras de policías y sus superiores políticos. Felipe Puig afirmó que ese día y en aquel lugar los mossos no dispararon proyectil alguno; por suerte, aparecieron vídeos desenmascarándoles. ¿Veis por qué no quieren que les graben?

A pesar de todo y para variar, ningún agente fue condenado. Sólo era un ojo.

Luego hay quien se sorprende de que no haya más manifestaciones y protestas a pesar de los recortes y la corrupción que nos rodea allá donde dirijamos la vista. ¿De verdad os sorprende?





Cantabria, «Preguntar no es delito»

Un caso especialmente sangrante es el de los chavales de Cantabria. Por un breve escrache de un reducido grupo de estudiantes, apenas una decena, con motivo de la visita del entonces presidente de la Comunidad, Ignacio Diego (PP), a la universidad pública de Cantabria, les piden a tres de ellos hasta tres años de cárcel, más multas, y a otros cuatro, ¡hasta nueve años!

Y todo basado en mentiras. Los escoltas, algunos de los cuales resultaron ser policías de paisano, y Arsenio de la Vega, jefe de gabinete de Ignacio Diego, mintieron descaradamente. Incluso aportaron facturas falsas de supuestas reparaciones del vehículo oficial en el que se marcharon de allí.

Esto lo hemos sabido gracias a vídeos de aquel día.







Se ve perfectamente que no hubo agresiones, ni golpes a los vehículos, ni nada de lo que indica la acusación.

¿Qué hubiera pasado de no existir esos vídeos? Pues lo de siempre, la palabra de los agentes y las autoridades contra la de unos estudiantes. Lo hubieran tenido muy jodido (el juez ni siquiera ha admitido como prueba las declaraciones de tres periodistas presentes en el escrache, que les dan la razón a los chicos).

Por eso es tan injusta la ley mordaza, deja al acusado en una situación de total indefensión.

No sé qué edad tienen los chavales, pero sólo tenéis que ver las imágenes. Son muy jóvenes. No hay derecho a que les hagan pasar por esto por ejercer su legítimo derecho a la protesta. Es una puta locura, una vergüenza, una barbaridad.

En comparación, recordemos el caso de la buena gente de ultraderecha que entró en la librería Blanquerna en 2013 para reventar la celebración de la Diada catalana:





«Gloria eterna a los patriotas de Blanquerna»

Estos eran hombres hechos y derechos en su mayoría. Una manada de 15 ultras de Falange, Alianza Nacional, Democracia Nacional… Ya sabéis, esos simpáticos grupos nostálgicos de otros tiempos, Yo fui a OJE.

Accedieron al centro cultural rompiendo la puerta de cristal de la entrada. Irrumpieron gritando, uno de ellos con la cara tapada («encapuchado», diríamos si hubiera sido de izquierdas).

Insultaron y empujaron a diputados (a Sánchez Llibre lo tiraron violentamente al suelo), volcaron la bandera catalana, arrancaron el micrófono y derribaron el atril, mostraron banderas franquistas y falangistas, se encararon amenazadoramente con algunos presentes (a uno se le ve poner, macarra, la cara a un centímetro del orador al que interrumpieron).

Patearon, escupieron y abofetearon a otros. Agredieron a periodistas.

Al irse echaron gas lacrimógeno, motivo por el cual hubo de suspenderse definitivamente el acto, todo el mundo salió de allí con signos de asfixia y la mano en la nariz.

Todo premeditado y planeado, organizado a través de las redes sociales.







Por esto, la Audiencia Provincial de Madrid les impuso condenas de seis a ocho meses de prisión. Hablamos del mismo país donde han condenado a un año de cárcel a César Strawberry por unos tuits, y a dos años a Pablo Hasel por las letras de sus canciones.

Y eso que son reincidentes: uno de ellos, Víctor Diego Villalba, tiene antecedentes por robo, y otro, Íñigo Pérez de Herrasti y Urquijo, de 56 tacos (fascistas maduritos con apellidos nobles en tu zona), fue condenado a 14 años de prisión en el 2000 por posesión de armas y explosivos.

Pero los franquistas de Blanquerna tuvieron la mala suerte de encontrarse con la Generalitat, que recurrió la sentencia. Y el Supremo ha aumentado las penas: a unos cuantos los ha condenado a un año, y a otros a dos años y diez meses de cárcel. Sólo dos de los quince implicados en el asalto han recibido penas de cuatro años.

A los chavales de Cantabria, que no han hecho nada ni remotamente parecido a esto, les piden hasta nueve años. ¿Qué les pedirían si hubieran empujado y tirado al suelo al presidente? ¿Pena de muerte?

La ultraderecha mediática anda muy irritada con este tema. Parecía que sus muchachos iban a librarse, como habitualmente, con un tirón de orejas y una multa que les trae sin cuidado, será por dinero (hasta 2003, el Estado le entregó 150.000 euros de nuestros impuestos a la Fundación Francisco Franco). Pero ahora algunos pueden entrar en la cárcel.

Aunque fueron condenados en firme el 11 de enero de 2017, a día de hoy, 8 de marzo, siguen libres. Supongo que no tendrá nada que ver que uno de ellos, el tal Herrasti, sea primo de Pedro Morenés, ministro de Defensa antes de que le sucediera en el cargo Cospedal, y cuñado de Íñigo Méndez de Vigo, actual ministro de Educación.

Su madre fue tesorera de Alianza Popular.

Por si las moscas, la derecha ha puesto su maquinaria mediática a trabajar. Se quejan de la doble vara de medir de la Justicia, que es como cuando el Real Madrid o el Barsa se quejan de los árbitros.





Rita Maestre absuelta

¿Trato de favor?

Ponen como ejemplo a Rita Maestre. Ella ha sido absuelta y nuestros muchachos pueden ir a la cárcel por defender a España. No lo permitamos, España una, grande, y los de Blanquerna libres.

La comparación no se sostiene. Para empezar, el simple hecho de que Rita Maestre fuera juzgada se enmarca en la batida de caza contra Podemos y Ahora Madrid. Como en el caso de Guillermo Zapata, si no hubiera sido portavoz del Ayuntamiento de Manuela Carmena, jamás se le hubiese dado a su protesta la relevancia que tuvo. Ninguna de las sesenta compañeras que participaron con ella en la acción de 2011, cuatro años antes de ser investida, ha sido juzgada, y tengo el escroto demasiado negro ya para creer en ciertas casualidades.

Pero la comparación de los franquistas no se sostiene por otras razones: Rita Maestre entró con otras alumnas en una de las ocho capillas que profanan la universidad pública Complutense (¡ocho capillas sólo en esa universidad!), gritaron cuatro consignas, se marcaron un Femen (Rita se quedó en sujetador), y se fueron.

Si hubieran hecho como los de Blanquerna: roto la puerta, tumbado el altar y la Biblia, derribado al cura, pateado a alguno de los presentes y se hubiesen marchado arrojando gas lacrimógeno, ¿qué creéis que hubiera ocurrido? Pues que Rita Maestre ni siquiera podría haberse presentado a las elecciones en Madrid, porque estaría presa desde 2011. Eso hubiera ocurrido.

Así que menos lloros, patriotas.





La Iglesia y el artículo 525

Delito contra los sentimientos religiosos

Desde mucho antes de las reformas legales del Partido Popular, desde siempre, en realidad, la Iglesia católica y sus múltiples satélites se vienen empeñando a fondo en silenciar a todo el que piense distinto a ellos.

Ya no tienen las armas de la Inquisición, pero tampoco son mancos. Su fe mueve montañas de dinero, acumulado gracias a los privilegios económicos de los que siguen gozando, tanto la Iglesia católica como otros grupos de presión religiosos.

Hablamos de fundamentalistas como el Centro Jurídico Tomás Moro, Hazte Oír o la Asociación Española de Abogados Cristianos.

Consiguieron que se encausara a Leo Bassi por imitar al papa, y como al cómico italiano han martirizado a multitud de artistas, directores de museos, propietarios de teatros, dramaturgos, doctores y clínicas que practican abortos…

Esperpéntico fue el caso de Javier Krahe, juzgado en 2012 por un vídeo satírico grabado 35 años antes. Sí, sí, en 1977. Las «blasfemias» no prescriben.

Recientemente han emprendido su cruzada contra el drag queen ganador del carnaval de Las Palmas.

Los lobbies católicos cambiarían la famosa frase así: «Estoy en desacuerdo con lo que dices, e impediré hasta la muerte tu derecho a decirlo».

El problema es que una ley medieval les ampara, el tristemente célebre artículo 525 del Código Penal. Digo medieval por el espíritu, no por la fecha. El Código Penal se aprobó en 1995, cuando le dieron un lavado de cara al delito de blasfemia para que siguiera vigente con otro nombre.

Te pueden denunciar incluso por decir o escribir «me cago en Dios». Hoy, en 2017.

Es imperativo que se elimine de una vez el artículo 525 del CP. Si no, los reaccionarios y los intransigentes lo seguirán empuñando en sus batallas contra la libertad de expresión.

Aunque por una vez, la ley se les ha vuelto en su contra, en este caso el citado delito de odio. Mira que me repugna todo lo que representa Hazte Oír, pero ¿llevar a los juzgados un mensaje de un autobús que dice «Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva»?

Este tipo de cosas no se deben perseguir penalmente, la izquierda no debe caer en esta trampa. Es obvio que actualmente hay un doble rasero, pero debemos centrarnos en levantar la represión sobre la izquierda, no en ampliarla a la derecha. No se trata de que encarcelen también a los salvajes que tuitearon barbaridades tras la muerte de Bimba Bosé, sino de que nadie vaya a la cárcel por escribir.

Como ha dicho Strawberry en relación al revuelo montado con el autobús naranja (lo que le honra, dado su vía crucis judicial): «Hay que aprender a leer y escuchar cosas con las que no estamos de acuerdo».

Eso sí, que los de Hazte Oír apelen ahora a la libertad de expresión, cuando basan su existencia en tratar de impedir la de los demás (que se lo digan a Abel Azcona), es para que hagan circular un autobús rotulado con la frase «Somos unos fariseos» bien grande.





La infame prisión provisional

Nahuel

Un chaval de 25 años que se hace llamar Nahuel, cuyo verdadero nombre es Juan Manuel Bustamante Vergara, lleva un año y cuatro meses en prisión provisional sin fianza por otra de esas absurdas y artificiosas operaciones (Araña, Pandora, Piñata) que nuestra Policía ejecuta y nuestros medios amplifican con el fin de amedrentar a una parte de la población y tranquilizar a otros tantos, que así piensan que se está haciendo algo contra los malos.

A esta en concreto la bautizaron como Operación Ice. Nahuel fue detenido en relación a la quema de dos sucursales bancarias, sin testigos ni grabaciones de las cámaras de los bancos, sólo por indicios tales como que en las sucursales atacadas había pintadas con el nombre del colectivo al que pertenece, Straight Edge Madrid (SXE MAD).

¿Es culpable? No lo sé. No hay pruebas, él lo niega, pero se ve que la presunción de inocencia sólo es aplicable a los que nos roban desde el Congreso.

Lo que sé es que comerte dos años de cárcel (si llevaran la cosa al límite, podrían ser cuatro) en el régimen más duro (ha estado meses en aislamiento, ha pasado por cinco o seis prisiones distintas de Madrid y Sevilla), sin haber sido juzgado, es un atropello intolerable en un país que quiere considerarse democrático. Incluso si hubiera atacado los cajeros, me parecería una barbaridad. Serían sólo daños materiales.

Sospecho que tanto ensañamiento tiene más que ver con mensajes como estos de su colectivo.

Si luego es absuelto, ¿quién le devuelve a Nahuel el tiempo de vida perdido? En la práctica, el abuso de la prisión provisional, que debería decretarse sólo en casos muy concretos y durante el menor tiempo posible, se está convirtiendo en una pena anticipada que esquiva el trámite del juicio, así como una medida de coacción.

Por el contrario, los delincuentes a los que sería más lógico aplicar esta medida, como Rato y Blesa, reciben otro trato bien distinto, que siempre ha habido clases y uno es «cabal» y el otro, «intachable». El vicepresidente de Aznar ha seguido viajando a Suiza durante años, a pesar de estar investigado por tener cuentas allí.

Luego, como a Pujol, los absolverán por falta de pruebas. Hombre, es que si después de todo aún quedaran pruebas, sería para encerrarlos, pero por idiotas.





Andrés Bódalo Pastrana, sindicalista y de Podemos

Otro político del PSOE que se valió de su cargo para quitarse de en medio al disidente fue Juan Ibarra, entonces teniente de alcalde. Su palabra, afirmando haber sido agredido por Andrés Bódalo, líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores, bastó para condenarle a tres años y medio de prisión, aunque la supuesta agresión no se ve en los vídeos de aquella jornada, grabados por Policía y Guardia Civil, ni se menciona en el atestado de esta última.

Ayudó a la condena la sacrosanta declaración de un (sólo uno) policía local. Nadie más vio a Bódalo agredir a Juan Ibarra. ¿Cómo de independiente es un policía local respecto de su teniente alcalde?





Andrés Bódalo es el de la boina negra, situado justo delante de los agentes. Ahí lo que se aprecia es que intenta poner paz. ¿Alguien duda de que si hubiera agredido al concejal del PSOE, esos mismos policías lo habrían detenido inmediatamente?

Aunque la agresión se hubiese dado, de nuevo me parece un disparate que te caigan tres años de cárcel por un golpe que no le causó lesión alguna, aunque los medios hablen de «paliza». Pero ah, amigos, para el truco de convertir una colleja en «atentado contra la autoridad» sólo necesitas un mago concejal, un policía servicial de ayudante y un chivo expiatorio.

Lo que se persigue en este caso, como en el de Diego Cañamero, del que ya hablamos por aquí, es el sindicalismo, la protesta organizada, la defensa de los derechos de los trabajadores.

Dejen a los terratenientes recibir sus subvenciones millonarias en paz, y no molesten.





Algo habrán hecho

A la gente le cuesta aceptar estas cosas. Para que su mundo sea más cómodo, se empeñan en creer en la bondad de la Policía, en la imparcialidad de la Justicia, en la honradez de políticos y funcionarios. Si detienen o condenan a alguien, será que se lo merecía, yo estaba en mi casa alelado con Gym Tony y a mí no me ha pasado nada.

Era habitual en la dictadura eso tan humano, pero no por ello menos reprochable, de mirar cobardemente para otro lado. O peor, tranquilizar la conciencia con el «algo habrán hecho». No protestes en la calle, no manifiestes opiniones incómodas y estarás a salvo.

El sistema es garantista, la Justicia funciona y es igual para todos, nos repiten. La realidad es que la Justicia es implacable con los débiles y sumisa con los poderosos. Eso lo ve cualquiera con un mínimo de objetividad, y se han quejado de ello jueces tan dispares ideológicamente como Joachim Bosch, Carlos Lesmes o Mercedes Alaya.

Que el Estado, la Justicia y las fuerzas policiales actúen amparándose en una ley injusta, no suaviza en nada la represión.

En el franquismo también se cubrían de legalidad para perseguir y condenar a los que pensaban distinto. La diferencia es que ellos iban de frente, tenían un tribunal que se llamaba «para la Represión». En cambio, a la ley de 2015, que sigue en vigor a pesar de las promesas del PSOE, la han llamado «de Seguridad Ciudadana».





La libertad de expresión en España, amenazada

No puedo poner todos los casos, literalmente no puedo. Ecologistas acosados; profesores que se enfrentan a cuatro años de cárcel por protestar pacíficamente contra los recortes en Educación; represión del derecho de huelga (más de 300 sindicalistas han sido imputados en los últimos años por la Fiscalía); recientemente han juzgado, otra vez por una oportuna agresión a un agente, a Juan Carlos Asenjo, portavoz de los trabajadores que se enfrentan a la todopoderosa Coca Cola…

Todo esto no puede hacerse sin la colaboración de la Policía, que parece actuar de muy buen grado.

La situación es gravísima, pero en vez de preocuparse de lo que está ocurriendo cada día en su país, muchos obedecen al tirón de riendas de los medios y miran al Caribe.

Es un goteo represor constante, la mayoría ni sale en la tele, y ya sabéis que lo que no sale en la tele, no existe.

Es desolador, derechos que tardaron mucho en conquistarse se están yendo por las cloacas del Estado en cinco años, y todavía queda una legislatura entera para que el PP siga apretando las mordazas.

Y no parece que el PSOE vaya a suponer el más mínimo estorbo (Ciudadanos, ni os cuento), por más que Madina y Rubalcaba digan que están crujiendo a Rajoy, sacándole muelas sin anestesia. Qué poca vergüenza.

Por descontado, no pueden ir a por todos, no habría juzgados ni cárceles suficientes, de modo que optan por algo que ha demostrado ser muy efectivo: cogen a unos cuantos cabezas de turco y les aplican un edificante escarmiento. Así los demás empezamos a pensárnoslo diez veces antes de acudir a parar un desahucio, a una manifestación, incluso antes de escribir algo en Facebook.

Clavar las cabezas de los enemigos en una pica está pasado de moda, ahora somos civilizados.

No hay censura más eficaz que la que se ejerce contra uno mismo.





Se siente el miedo. Autocensura

Desde julio de 2015, se nota el miedo en las redes sociales. Cada vez es menos frecuente que se realicen comentarios que puedan ser molestos para políticos, monarquía y, especialmente, cuerpos de seguridad.

Antes, cuando la cuenta oficial de la Policía afirmaba que están ahí para proteger a la ciudadanía, además de la mitad de respuestas que aplaudían y elogiaban su trabajo, estaban los que contestaban, pongamos por caso, con una foto de antidisturbios partiéndose de risa en un desahucio.

Eso ya ocurre con mucha menos frecuencia. Sólo se lee una opinión: la favorable. Y así con todo.

Es comprensible. Con el tijeretazo que el PP le ha metido a los bolsillos de la clase media, con el futuro de la juventud más negro que un tricornio y los derechos laborales escritos en una servilleta, a ver quién es el valiente que se arriesga a recibir una de esas multas aptas sólo para las carteras de quienes nunca tendrán que pagarlas.

Pero la alternativa a la protesta es resignarse a vivir en un país gris, triste, uniforme, paranoico, en el que sólo vuelen libres las polillas de sacristía; un país sometido a un gobierno reaccionario hasta que las gaviotas críen pelo; un país hipócrita de buenos cristianos en público, pero puteros y cocainómanos en privado.

Yo mismo me sorprendo a veces releyéndome, analizando si tal o cual frase puede ser constitutiva de delito. Cuando me doy cuenta, me reprendo y me fuerzo a decir lo que verdaderamente opino, sin darle más vueltas. El coraje también se entrena, y opinar no debe ser un crimen.

¿Cuánto de demócrata le queda a un país donde necesitas ser un héroe (preferiblemente, un héroe con pasta) o un mártir para manifestarte, escribir, practicar la sátira… para protestar, en suma?

Nunca imaginé, allá por 2013, lo acertado que iba a estar al escoger el nombre de este blog.

No quiero libertad para elegir si en la goma de mis calzoncillos van bordadas las siglas CK o TH, ni para decidir en qué canal escuchar lo mismo que me contarían todos los demás. Quiero libertad de expresión.

Ya tienen el dinero, el poder, los medios. No les demos además la calle y el control de nuestras cabezas.

He empleado mal el verbo: no quiero, exijo libertad de expresión, y actúo en consecuencia en mi pequeña parcela, en mi reducido radio de acción. Aunque me la juegue, aunque me perjudique.

Si molesto, me quedo.

No hay otra manera. Nunca la hubo.







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