María José Carrasco, en su casa en octubre pasado. En vídeo, la grabación en la que Carrasco confirmó que quería suicidarse. CARLOS ROSILLO

María José Carrasco, la mujer con esclerosis múltiple en fase terminal que se suicidó el miércoles ingiriendo unos medicamentos que le había preparado su marido, Ángel Hernández, estuvo ocho años en lista de espera para ingresar en una residencia, según la Consejería de Políticas Sociales y Familia de Madrid —de 2009 a 2011, cuando renunció a una plaza, y desde 2013 hasta su muerte—. Finalmente, murió sin haber llegado a obtener una plaza, ni siquiera de forma temporal, como solicitaron para que él pudiera operarse de una hernia, según los documentos que presentaron a la Comunidad de Madrid el año pasado.

La "atención residencial", el nombre burocrático para definir una plaza en una residencia asistida, le fue concedida el 15 de septiembre de 2009 por Miguel Ángel García Martín, entonces director general de Coordinación de Dependencia de la Comunidad de Madrid. En la resolución, se le reconoce a Carrasco un grado de dependencia III, nivel 1, de los más altos de la escala y que, en teoría, deben recibir atención prioritaria. Pero la plaza de residencia nunca se hizo efectiva así que la mujer continuó en su casa.

Hasta entonces, según la documentación que la pareja facilitó a EL PAÍS, la habían cuidado su madre (fallecida en 2009 después de padecer párkinson) y Hernández. El marido, técnico de imagen, solicitó en 2010 la jubilación anticipada con 61 años para poder cuidarla, después de haber estado una larga temporada con reducción de jornada y un permiso extraordinario por el mismo motivo. Coincidiendo con la enfermedad de la madre, en 2007 la pareja pidió una plaza para Carrasco, que tenía reconocida la gran invalidez desde 1996, en el Centro para Esclerosis Múltiple Alicia Koplowitz de Madrid, que le fue denegada.

La situación empeoró el año pasado. Entonces Hernández tenía 69 años y su espalda se resintió ("esponditolistesis discopatía degenerativa") y tuvo una hernia umbilical. Los documentos médicos que posee, lo achacan a "los esfuerzos físicos de esa ayuda [que presta a su mujer], unidos a su edad avanzada". Diagnosticaron que la espalda tenía que ser operada, así que la pareja pidió una residencia temporal para Carrasco mientras él se sometía a la intervención y se recuperaba, ya que no tienen "familiar alguno para su sustitución". Enviaron la solicitud el 2 de febrero de 2018, un día después de que él reciba las indicaciones médicas en la Fundación Jiménez Díaz. Esta se registró en la oficina de Moncloa-Aravaca el 6 de febrero.

El 20 del mismo mes, el hospital comunicó a Hernández que la fecha de su operación sería el día 27. Como la pareja aún no había recibido respuesta de la Comunidad de Madrid sobre el ingreso de ella, pidieron que se retrasase la intervención, que se pospuso un mes, para el 20 de marzo.

Tres días después, el 23 de febrero, llegó la respuesta oficial para Carrasco: "No podrá disfrutarse de un nuevo ingreso temporal hasta transcurrido un año desde la finalización del anterior, salvo en circunstancias excepcionales que así lo exijan". El Gobierno regional considera en ese documento que ya disponen de la plaza concedida en 2009, aunque esa plaza nunca se hizo efectiva.

El matrimonio aún manifestaba su indignación e incredulidad en octubre del año pasado, cuando recibieron a EL PAÍS. "Después de 10 años en lista de espera [que la Consejería indica que son ocho], nos niegan la ayuda porque dicen que ya la hemos recibido", contaba Hernández. "Tampoco consideraron que esta era una circunstancia excepcional".

Culebrón burocrático

A partir de esa fecha, el culebrón burocrático se enreda. El matrimonio presenta un recurso de alzada y la Administración reconoce el error y ofrece una plaza, pero solo si retiran el recurso. Mientras tanto, la segunda fecha para la operación de él, el 20 de marzo, ya ha pasado. Ellos deciden mantener el recurso, confiando en que les sea concedida la plaza permanente a la que tienen derecho desde hace ocho años.

En mayo pasado parece que se acerca la solución. El 11 reciben una llamada de la Comunidad. El 14 compran una silla de ruedas que esperan que le sirva a Carrasco para estar mejor en la residencia a la que creen que va a ir, con un "gasto cercano a 1.000 euros". Y el 17 llega la decepción: para tener acceso a la residencia temporal, tienen que renunciar a pedir la permanente, y esperar a que acabe una prestación para solicitar la otra. Se niegan.

El 24 de mayo, la Fundación Jiménez Díaz notifica a Hernández que no puede seguir postergando la operación. Pasados tres meses desde que le ofrecieron la cita, deben sacarle de la lista de espera. El 10 de junio, sin haber recibido respuesta de la Comunidad, el recurso decae por silencio administrativo. Queda en vigor la negativa de conceder la atención por el supuesto disfrute de una plaza anterior.

Olatz Alberdi, la abogada de Hernández, afirma que el proceso acabó ahí porque a la pareja le ofrecieron cuidados paliativos. Ellos lo confirman, pero en su día dijeron a EL PAÍS que renunciaron a ello —y de esto no hay base documental— porque les negaron la sedación que ella quería, y que a cambio les ofrecían más calmantes o incluso intubarla para alimentarla. Fue cuando Carrasco dijo: "Yo no quiero dormirme, quiero morirme". Tampoco tuvieron atención paliativa a domicilio.

En aquella entrevista de octubre, negaron que la decisión de que ella se suicidara con la ayuda de Hernández estuviera motivada por la falta de paliativos. Ya tenían los productos que iban a usar, contaron. "Como ateos, no creemos que haya algo después. Esto se acaba cuando se acaba. Lo que ella quiere es decidir cuándo", dijo él.

La decisión llegó el miércoles. Carrasco tomó la medicina que le había preparado su marido. Él quedó libre la noche del jueves. Ahora podrá volver a pedir que le operen.