(CNN Español) — El presidente de Argentina, Mauricio Macri, confirmó que su país y «seguramente» Colombia, Chile y Paraguay, llevarán al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional por «crímenes de lesa humanidad».

Así lo dijo durante una entrevista con Andrés Oppenheimer de CNN en Español emitida este fin de semana. Según afirmó, la decisión «está en proceso» y se llevará a cabo «en unas semanas», aunque no supo afirmar si en septiembre o algo después.

El presidente explicó, textualmente: «Digamos que yo me hago cargo de lo mío. Seguramente Colombia también, y Chile con seguridad, y puede ser Paraguay, el nuevo presidente». Macri dijo que, a su juicio «por ahí estamos casi seguros» de que esos países denunciarían a Venezuela ante La Haya.

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De hecho, en junio Chile ya anunció su deseo de denunciar al ejecutivo venezolano por estos presuntos crímenes. Una intención ratificada este lunes por el canciller Roberto Ampuero a la radio local Cooperativa.

CNN en Español se puso en contacto con los gobiernos de Colombia y Paraguay para confirmar si participarán en esta denuncia, pero no obtuvo respuesta y no ha habido comunicado oficial al respecto.

Estos no son los primeros países que se han planteado la posibilidad de denunciar al Gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Hugo de Zela, vicecanciller de Perú, también dijo este lunes que su nación estudiaba denunciar a Maduro ante La Haya «y pedir que se haga una investigación de todos los crímenes de lesa humanidad». «Esperamos hacerlo en los próximos días», aseguró de Zela.

¿Cómo ayudar a Venezuela?

«Para mí no cabe ninguna duda que en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos, atropellando a la oposición y a todos, a los ciudadanos en general. Se ha perdido el valor de la vida, del cuidado de las personas», aseguró.

Macri dijo que sobre ese tema ya se habló la última vez que se reunió el Grupo de Lima y que «cada vez hay mas consenso de tomar medidas más contundentes en el intento, hasta ahora frustrante, de ayudar a los hermanos venezolanos».

«No sé», respondió el presidente Macri cuando se le preguntó qué más pueden hacer los países latinoamericanos para ayudar a la ciudadanía de Venezuela. «La verdad es que no sé, porque todo ha ido siempre para peor, y Maduro no ha cambiado en nada y ha hecho perder el tiempo a un montón de gente que creyó que podía mediar».

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«Nunca nada evolucionó en la dirección correcta, así que no soy optimista en el corto plazo», reconoció Macri.

El Gobierno de Venezuela no se ha pronunciado sobre estas acusaciones, pero en otras previas han negado la vulneración de derechos humanos en el país.

Denuncias previas ante La Haya

De hacerse efectiva, esta no sería la primera vez que Maduro es denunciado por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. En julio de 2017, más de cien senadores de Chile y Colombia, liderados por el ahora presidente de Colombia, Iván Duque, denunciaron al presidente venezolano ante la Corte Penal Internacional.

También septiembre de 2015, meses después de la crisis en la frontera, el entonces procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez, radicó un informe ante la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, para «denunciar la perpetración de crímenes de lesa humanidad por parte del presidente venezolano Nicolás Maduro y agentes militares y civiles de su gobierno”.

¿Pueden procesar a todo el Gobierno venezolano?

Una vez el caso pase los filtros establecidos en el Artículo 15 del Estatuto de Roma y pase a ser investigado en propiedad por la CPI, el acusado (en este caso el gobierno venezolano) podría enfrentar toda la etapa procesal, si así lo estiman los jueces.

La etapa procesal comprende investigaciones adicionales, fase prejuicio, juicio, apelaciones y sentencia. En la primera instancia, el acusado puede ser absuelto de culpa si el acusador no puede seguir reuniendo más evidencias que lo inculpen de la conducta señalada. También se puede mandar a arrestar o convocar al acusado a que comparezca ante los jueces.

La CPI tiene jurisdicción en casos de genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra hayan sido cometidos a partir del 1 de julio de 2002.