En la cosa ésta de la unidad constitucional y la España indivisible, me da que estamos transitando un camino parecido al existente entre el sexto y el noveno mandamiento. Me explico. El sexto dice: “No cometerás actos impuros”, que ya de por sí da lo suyo, y apuntilla el noveno: “No consentirás pensamientos ni deseos impuros”. O sea, no es solo el hacer, sino el mero hecho de pensar en hacer lo que te puede condenar al fuego eterno, que ya es.

Pero volvamos al tema que nos ocupa. La semana pasada se debatió y votó en el Congreso una moción presentada por el PDECat (antigua CDC) a fin de crear una Comisión parlamentaria destinada a estudiar un nuevo marco de relaciones entre el Estado español y Catalunya y encontrar una fórmula que permitiera realizar un referéndum legal en 2017. La propuesta fue rechazada por 244 votos en contra (73%: PP, PSOE, C”s, UPN, Foro Asturias, CC) frente a 91 a favor (27%: PDECat, ERC, Podemos, PNV, Compromis, EH Bildu). Es decir, se trataba de algo parecido a lo de los pensamientos y deseos impuros: tan solo debatir de la mera posibilidad de hacer un referéndum es ya delito de lesa patria. Tres cuartas partes del Congreso así lo creen al menos.

La cosa viene de atrás. El año 2008, el Tribunal Constitucional (TS) declaró insconstitucional, por unanimidad, la ley sobre consultas populares aprobada por el Parlamento Vasco. La misma suerte corrió otra similar sobre consultas no referendarias aprobada en 2004 por el Parlament de Catalunya con los votos de CiU, ERC, PSC, ICV y CUP. Lo intentó de otra manera el Parlament llevando al Congreso una propuesta reclamando la cesión de la competencia estatal para “convocar un referéndum sobre el futuro político de Catalunya”, que fue rechazada por 299 votos (PP, PSOE, UPyD, UPN,…) y 47 a favor.

A la vista de ello, la Generalitat acordó realizar un proceso participativo, a celebrar el 9 de noviembre de 2014, que sería recurrido por el Gobierno del PP y suspendido por el TC. A pesar de ello, éste se realizó y participaron en el mismo 2,3 millones de personas. Como consecuencia de ello, el President y dos Consellers fueron procesados por desobediencia y prevaricación. También lo ha sido Carme Forcadell, President del Parlament, por permitir siquiera que ése órgano apruebe una Declaración política sobre el tema que nos ocupa.

En resumen, ni derecho de autodeterminación, ni referéndum, ni consulta, ni proceso participativo, ni Comisión que estudie siquiera su mera posibilidad. Tal como se ha señalado, el PP, PSOE, C”s, UPN, FA y CC (73% del Congreso) no están dispuestos a aceptar nada que pueda oler al reconocimiento del derecho a decidir. Pues bien, siendo esto así, ¿cómo pueden seguir existiendo fuerzas políticas que afirmen que la solución al “problema territorial” debe discurrir por vías pactadas y acuerdos bilaterales?

Mientras todo esto sucede, mientras los Presidentes de la Generalitat, el Parlament y dos Consellers son procesados por el mero hecho de adoptar acuerdos tendentes a posibilitar que el pueblo catalán se exprese sobre su futuro político, en el ámbito estatal y el de la CAV el PP y el PNV cubren los distintos escarceos de lo que es todo un rito clásico de apareamiento político.

El primer paso se dio con motivo de la elección de la vicepresidencia del Congreso. Surgieron entonces diez votos a favor del PP-C”s que nadie sabía de dónde habían salido. Todo apuntaba al PNV (y a CDC), si bien éste lo negó de plano mientras le crecía la nariz. Después, al cabo de pocos días, la mayoría absoluta del PP en la Cámara regaló al PNV (6 escaños) el poder tener grupo propio y un puesto en la Mesa. A pesar de no contar con los diez senadores exigidos para ello y disponer incluso de menos representantes que CDC (8 escaños) y ERC (12), el PNV vio multiplicado su peso político en el Senado. ¿Por qué? El PP, habló de “cortesía parlamentaria”. ¡Cortesía, tú!

Después, los ritos de apareamiento han proseguido. Consumadas las fases iniciales de gestos, ojitos, bailes y cacareos hemos pasado a la de arrumakos. Tras la reunión entre el ministro Montoro y el consejero Azpiazu –más de dos horas de palique-, éstos afirmaron la existencia de un nuevo y positivo clima de diálogo y entendimiento. Después vino el voto favorable del PNV a los objetivos del déficit y techo de gasto y se anuncian ahora nuevas reuniones para tratar de cuatro leyes autonómicas recurridas y -¡cómo no!- del tren de alta velocidad (TAV). Los Presupuestos Generales del Estado serán ahora algo así como el lecho nupcial. ¿Habrá bodorrio y se consumará el noviazgo o la dote aportada por cada cual no será lo suficientemente satisfactoria y éste se romperá? Yo estoy en que sucederá lo primero, pero vaya vd. a saber.

Mientas tanto el PP saca provecho del tema. Frente al nacionalismo catalán, ahora “malo y unilateral”, está el bueno, el del PNV, el que acuerda y concierta. Y ello sirve a su vez para justificar la política intransigente del PP que niega la grande, la mediana y la pequeña al proceso catalán. Que niega referéndum, consulta, participación y hasta el mero estudio compartido de soluciones y acompaña además todo ello de recursos, suspensiones y procesamientos. El PNV sabe que esto es así, pero sigue con lo suyo, con lo de siempre, con amagar de vez en cuanto y no dar nunca, con esa política del sí pero no y no pero sí que tan bien maneja. Con ventas, en definitiva, de primogenituras soberanistas por platos lentejas de déficit y kilómetros de TAV.

Durante la Transición, Miquel Roca (CiU) fue uno de los siete padres de la Constitución. Entonces, el nacionalismo de este partido fue el “bueno”, frente al vasco, que fue el “malo”. CiU fue siempre el aliado razonable –razones de Estado- de los gobiernos de Suárez, F. González y Aznar. Y hoy, cuando tanto se habla de una segunda transición y de reformas constitucionales, el PNV parece querer ocupar un espacio similar al de aquella CiU. Su apuesta cada vez mayor por pactar con el PP y el PSOE, lo es, en definitiva, por apoyar políticas de derecha y centralistas. En Gasteiz y en Madrid. Así de claro.

19/12/2016.

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