El proyecto de gratuidad universal en la educación superior que ingresará en los próximos meses el Gobierno al Congreso contempla poner un límite a los años de estudio y a los cursos que podrán reprobar los estudiantes.

Según informa este lunes el diario La Tercera -que afirma haber tenido acceso al "documento en el que se trabaja hace varios meses en el Mineduc"- la iniciativa comenzará a implementarse el año 2016, beneficiando inicialmente a los alumnos más vulnerables, llegando en un plazo de cuatro años a la gratuidad total.

Las instituciones tendrán que cumplir ciertos requisitos, entre éstas alcanzar un mínimo de años de acreditación y "adscribir un compromiso público que incluirá, entre otras cosas, aceptar el arancel regulado que propondrá el Gobierno y contar con un alto número de alumnos que sea parte del 70 por ciento más vulnerable del país".

De acuerdo a la publicación, el Gobierno pretende fijar los aranceles para que una carrera "cueste lo mismo, independiente de dónde se ofrezca".

La gratuidad contemplará sólo los años que dure formalmente una carrera, más "un año de gracia", y el alumno beneficiario "tendrá un límite de cursos que podrá reprobar".

Estas exigencias buscan evitar "el tormento que vive hoy Argentina, donde muchos alumnos que estudian gratis pasan hasta 15 años sin terminar la carrera".

Los estudiantes que pertenezcan a los quintiles de ingresos más altos o se hayan retrasado más allá de lo estipulado por el Ejecutivo podrán acceder, en compensación, a un crédito que les permita continuar con los estudios. "En este diseño ya trabaja el Mineduc y busca tener tasas de interés bajas y que sean contingentes al ingreso", en una especia de "mezcla entre el Crédito con Aval del Estado (CAE) y el Fondo Solidario", señala el matutino.

Transición

La gratuidad no será retroactiva, por lo que los compromisos crediticios adquiridos en años anteriores deberán ser respetados.

Como la gratuidad será implementada sólo en aquellas instituciones que acepten los requisitos demandados por el Gobierno, los planteles que queden fuera no recibirán dineros nuevos por parte del Estado. Los alumnos antiguos, que ya cuenten con becas y créditos, mantendrán sus beneficios, pero "no se subsidiará a nuevos estudiantes de esos planteles", dice La Tercera.

El costo para el Estado de implementar la gratuidad universal giraría en torno a los 3 mil millones de dólares al año.

En julio de 2014 el ministro Nicolás Eyzaguirre afrontó una dura polémica al proponer, en una entrevista con el diario El Mercurio, que la gratuidad de la educación superior se limitara a un periodo de cuatro años. En medio de críticas del movimiento estudiantil, el secretario de Estado tuvo que admitir un "error comunicacional", mientras la Presidenta Bachelet salió a reafirmar el compromiso de la "gratuidad en educación superior para todas y todos".