Todo parece indicar que Chihuahua no fue el único estado que desvió recursos públicos para campañas del PRI.

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que fueron al menos siete entidades las que desviaron alrededor de 650 millones de pesos a 12 empresas fantasmas vinculadas con un presunto esquema de financiamiento ilegal a campañas electorales del tricolor en el año 2016.

Y no solo eso, sino que operaban bajo la anuencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en esa fecha encabezado por Aristóteles Núñez, cercano colaborador del polémico Luis Videgaray.

Del monto total, 250 millones de pesos corresponden a Chihuahua y 400 millones más a desvíos hasta ahora no revelados en otras seis entidades.

Cuando se develó el caso de desvíos en Chihuahua para las campañas del PRI en 2016, con el presunto contubernio del entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y la Secretaría de Hacienda, en ese momento encabezada por Videgaray, se mencionó el uso de cuatro empresas fantasmas.

Ahora, la investigación refiere que esas cuatro empresas y otras ocho vinculadas a ellas recibieron, en 2016, transferencias equivalentes aquel año a 36 millones de dólares de los gobiernos priistas de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de México.

También desviaron recursos el Congreso de Morelos y la Delegación Milpa Alta, en la Ciudad de México, para la “Operación Safiro”, que es el nombre que operadores del PRI asignaron al mecanismo para el desvío de fondos públicos.

Declaraciones de exfuncionarios de Chihuahua confirman que el dinero transferido fue desviado para fines electorales.

Ricardo Yáñez, exsecretario de Educación de Chihuahua y quien fue sentenciado a cuatro años de cárcel por el desvío de recursos, declaró al Ministerio Público que, en una reunión realizada en 2016 en la sede nacional del PRI, dirigentes de ese partido le dijeron que no se preocupara porque las empresas fantasmas utilizadas “estaban blindadas por parte del SAT y que además Chihuahua no era el único estado en que se había manejado el desvío de fondos, que también había ocurrido en otras entidades con una mecánica similar”.

En su declaración, añadió que el entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte, le informó que el dinero para los contratos simulados había sido autorizado expresamente por la Secretaría de Hacienda federal en acuerdo con Manlio Fabio Beltrones para operar campañas electorales del PRI en otros estados.

Según la información recopilada por MCCI, los mayores desvíos realizados aquel año a la red fantasma corresponden a las gestiones de los gobernadores priistas de Chihuahua, César Duarte (246 millones de pesos); Durango, Jorge Herrera Caldera (230 millones) y Sonora, Claudia Pavlovich (140 millones).

Coincidentemente, en ese entonces, las participaciones del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), que la SHCP maneja en forma discrecional, aumentaron en 2016 más de 500% para Chihuahua, 22% para Colima y 12.7% para Durango.

¡Y todavía así, hay quien quiere perdonar corruptos si no tienen procesos judiciales pendientes!

(Con información de Reforma)