CIUDAD DE MÉXICO, 5 de noviembre.- “La peor forma de gobierno…” La frase clásica de Winston Churchill que dice: “La democracia es el peor régimen de gobierno… con excepción de todos los demás” parece escrita para nuestro país en estos días.

Los mexicanos no sólo estamos de acuerdo, también estamos desencantados con la democracia. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Valores de la Fundación Este País y Banamex, el 78% de los entrevistados considera que la democracia es una buena forma de gobierno, pero apenas un 20% quiere como objetivo nacional a diez años contar con “Una democracia en la que los ciudadanos participen, ejerzan sus derechos y libertades, y los gobernantes rindan cuentas”, mientras que, en contraste, casi el doble quiere una economía fuerte que ofrezca empleos y buenos salarios o alguno de los otros tres objetivos considerados. La misma fuente señala que lo que más divide al país son los partidos políticos (41%), por encima de las religiones, las ideologías o las clases sociales. Total, que la democracia sí nos gusta pero no con los partidos que tenemos.

Por si fuera poco lo anterior, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental realizada por el INEGI señala que los partidos políticos se consideran corruptos por parte del 88.9% de los entrevistados, apenas dos puntos abajo que los policías, pero por encima de los ministerios públicos. En contraste, las fuerzas armadas, sean Ejército o Marina y las iglesias tienen un rechazo de menos del 20% de la población.

Buena parte de este rechazo a la política y los políticos se origina en el Congreso de la Unión. Mientras que el Presidente goza de una aprobación superior al 65%, los diputados ocupan la última posición con el 59%, y con más del 30% de rechazo absoluto (los senadores logran 60%), esto según la encuesta de Confianza en las Instituciones de Consulta Mitofsky.

HISTORIA DE DOS CÁMARAS

“Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos” son las primeras frases de la clásica novela de Charles Dickens, Historia de dos ciudades. Y para el Congreso de la Unión y sus dos cámaras, la de diputados y la de senadores, la situación es semejante. Hoy que su importancia en el proceso político es capital, hoy que la definición de políticas públicas, leyes e instituciones pasa por ellas con una importancia que no tenían, hoy que las deliberaciones en estos órganos son plurales y libres… hoy padecen el desprestigio más alto entre las instituciones nacionales.

Se supone que el Congreso es la tribuna privilegiada para el debate sobre el futuro de la nación. En principio, debería ser así porque es la sede del Poder Legislativo, y por tanto la representación popular para efectos de modificar leyes y de verificar el gasto que hace el Ejecutivo. Pero ahora con la discusión en torno a la reforma laboral en sus distintas aristas, este órgano se ha exhibido ante la opinión pública como un sitio en el que “se realizan regateos entre grupos de mendigos”, en palabras de Ken Follet.

Los diputados y senadores han aprovechado esta oportunidad para exhibirse aún más: por ejemplo, un grupo de diputados de izquierda afines a Morena se retiraron del salón de sesiones alegando que no iban a validar una reforma que lesionara a los trabajadores. No consideraron que sus votos eran necesarios para impedir que elementos de la reforma, como la transparencia sindical o la democracia mediante voto directo y secreto se mantuvieran en ella. El diputado Orive, del PT, votó en comisiones a favor de eliminar esos temas, para aclarar en un desplegado y en varias entrevistas posteriores que en realidad él y su partido apoyan lo contrario a lo que votó, y que aduce que no se le entendió por qué hizo lo que hizo.

Los líderes de la CTM señalaron que “en caso de aprobarse esos temas, convocarían a una huelga general”, y expresaron su rechazo a abordar esas propuestas voces como la del diputado Carlos Aceves del Olmo, presidente de la Comisión del Trabajo en la Cámara de Diputados y líder de la Confederación de Trabajadores de México, en tanto que el senador Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado comentó que “de presionar la oposición en esos temas, nosotros pugnaremos por elevar el salario mínimo a seis mil pesos mensuales”. Llama la atención que no presionarían por una elevación del salario a menos que se trate de obligar a los sindicatos a rendir cuentas transparentes a sus afiliados y a elegir a sus líderes mediante voto directo y secreto. Destaca que ni las reformas para regular el outsourcing, los contratos a prueba o el pago por hora causaron tanta polémica durante las discusiones como los temas sindicales y que antes de que se apruebe la reforma, los líderes sindicales de maestros y petroleros se reeligieron por seis años más al frente de sus respectivas agrupaciones.

EL PRESIDENTE DEL EMPLEO… O DE LA REFORMA LABORAL

La reforma laboral ha sido un tema explosivo por diversas razones. La primera es que de 2009 a la fecha se recibieron 156 iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo, algunas para agregar diversos términos a un artículo, otras para reescribir casi todo el ordenamiento. Dichas iniciativas fueron planteadas por prácticamente todos los grupos políticos. Desde 1997 hasta ese año se acumularon casi 300 propuestas de cambios, pocos de los cuales se incorporaron efectivamente a la Ley.

Lo más notable es que el PRI promovió una reforma integral a la Ley Federal del Trabajo a finales de 2011, y ya casi lista para ser aprobada en sus términos, el propio PRI pidió que se frenara. Su alegato es que podría ser inconveniente que se conociera antes de las elecciones y que sus opositores hicieran campaña atacando la iniciativa. Consideraron que era prudente esperar hasta después de las elecciones.

El presidente Felipe Calderón, como líder nacional del PAN entre 1996 y 1999 y posteriormente como coordinador de los diputados de su partido en el período 2000 a 2003 había trabajado el tema de la flexibilización de la Ley Federal del Trabajo, obviamente sin resultados. Incluso en su campaña por la Presidencia de la República en el 2006 llegó a proponerse como el “presidente del empleo”.

Algunas de las acciones de gobierno buscaron construir ese resultado, como la de Primer Empleo, con la que las empresas que contrataran jóvenes para su primer empleo formal gozarían de exenciones de impuestos y algunos estímulos adicionales. Al final, este programa logró apoyar a casi 95 mil empleados nuevos en más de 26 mil empresas, lo que, aunque es positivo, no bastó para crear el millón de empleos que se requieren sólo para absorber el crecimiento de la Población Económicamente Activa (PEA) que llega a la edad de trabajar anualmente.

Tal vez por ello aprovechó la oportunidad de la creación de la Iniciativa Preferente, mecanismo que permite que en cada periodo de sesiones dos iniciativas presidenciales sean dictaminadas en 30 días, para presentar reformas sobre Transparencia y Contabilidad Gubernamental y una Reforma Laboral. La primera transitó sin problemas y con un respaldo prácticamente unánime; la segunda agotará el tiempo para discutirse en ambas cámaras, y corre el riesgo de regresar a la cámara de origen –en su caso, la de diputados– e incluso de que se dude de su legalidad, al haberse procesado como iniciativa preferente sin que esa figura se refleje aún en una ley reglamentaria o en las normas internas del Congreso de la Unión.

EL CONGRESO: HISTORIA DE SUS CHOQUES DE PLURALIDAD

El Congreso de la Unión cuenta ya con 62 legislaturas (periodo de tres años) desde su conformación a partir de la Constitución de 1917, pero es apenas en las últimas seis en las que carga con buena parte del descrédito público hacia su trabajo.

Esta circunstancia tiene un motivo claro: la percepción de que es un órgano de gobierno sumamente caro, poco útil, integrado por algunos de los peores personajes dedicados a la política, ex gobernadores, familiares de políticos encumbrados, personajes que han saltado de una cámara a otra y de un partido a otro sin mayor problema. Pese a que, de sus 500 diputados y 128 senadores, apenas una treintena son previamente conocidos e invitados recurrentes en los medios de comunicación, y que entre los demás hay frecuentes escándalos sobre su desempeño público y su vida privada.

Esta imagen pública paradójicamente va asociada al ascenso de la democracia en nuestro país. Sin duda, un importante punto de partida fue la reforma electoral de 1977 que permitió incorporar a diputados plurinominales a partir de partidos opositores, lo que amplió la presencia de la oposición. Hasta entonces la pluralidad camaral era relativamente pequeña con algún diputado emanado de distritos con fuerte presencia de partidos como Acción Nacional, Popular Socialista o del Auténtico de la Revolución Mexicana. Apenas unos cuantos valientes que ganaban en algunos distritos disidentes. Pero la llegada de los diputados plurinominales representando partidos y no distritos cambió el panorama.

Incluso se vio reflejado en el abandono de la Cámara de Diputados de la era porfirista en Donceles y Allende (hoy Asamblea Legislativa del Distrito Federal) y la construcción del edificio de la Cámara de Diputados a principios de la década de 1980 y el proyecto para construir ahí mismo, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el espacio correspondiente a la Cámara de Senadores, proyecto que se abandonó por la crisis económica de 1982 y por la decisión de los senadores de no trabajar en el mismo edificio en que se encuentran sus pares. Será hasta 2012 que se inaugura el edificio de Insurgentes y Reforma que abandonan su sede tradicional del Palacio de Xicoténcatl a un costado de la Plaza Tolsá en pleno Centro Histórico.

La mala imagen del Congreso se fortalece desde que a partir de 1997 desapareció la mayoría del partido en el poder, haciendo que en el segundo trienio de Ernesto Zedillo y los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón, las grandes reformas no pudieran concretarse con facilidad, aunque el trabajo de los legisladores haya sido abundante y, en general, positivo.

Lo que otros países es la normalidad, esto es, que las distintas fuerzas políticas negocien las visiones que tienen de los problemas y de las posibles soluciones para corregirlos, en el caso mexicano se ve como algo incorrecto. Desde los años en que Manuel Camacho Solís era uno de los principales operadores del entonces Presidente electo, Carlos Salinas de Gortari, y en que por parte del PAN negociaba El Jefe Diego Fernández de Ceballos, se acuñó el término “concertacesión”, a través del cual se acusaba que se hacían negociaciones tramposas a espaldas del público, ofreciendo lo que no se ganaba en las urnas a cambio de los votos necesarios para realizar reformas constitucionales. Esta idea se ve reforzada cuando Ernesto Ruffo gana en 1989 la elección de gobernador de Baja California y ésta le es reconocida inmediatamente, convirtiéndose así en el primer gobernador de oposición.

El siguiente momento sintomático en el Congreso ocurre cuando Porfirio Muñoz Ledo, entonces diputado del Frente Democrático Nacional, trató de interpelar el último informe del Presidente Miguel de la Madrid. Dado que la norma del Congreso no lo permitía, no se le concedió la palabra. Pero tal hecho marcó lo que se volvería una tendencia los siguientes tres gobiernos: que los informes de los Presidentes ante el Congreso serían interrumpidos no sólo por los aplausos de sus simpatizantes, sino por las críticas de los opositores.

A pregunta expresa, Carlos Salinas de Gortari le dijo a un reportero que las interpelaciones de los diputados de la oposición no le molestaban; "ni los veo ni los oigo", declaró en referencia a que los ignoraba durante los intentos interrupción de sus informes. Sin embargo, esta frase dicha en un sentido inocente se volvió uno de los referentes claros de su política: al Presidente la oposición no le importa y la puede ignorar impunemente.

Otro hecho clave pasa nuevamente por las manos de Porfirio Muñoz Ledo, quien en 1997, como líder de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, intenta junto con el PAN un mecanismo para impedir la toma de protesta de los diputados en el caso de que el PRI intentara forzar una mayoría y con ello evitar la conformación del Congreso. Este intento no avanza, pero se deja muy claro que a partir de entonces, y dado que el partido del Presidente tenía poco menos del 48% de las curules, incluso las negociaciones sobre las leyes más sencillas requerirían el consenso de por lo menos dos fuerzas políticas. Y es a partir de ese año en que casos tan sensibles como la conversión del Fobaproa en Deuda Pública o la conformación del IFE que organizó las elecciones del año 2000, sólo pudieron salir adelante mediante acuerdos entre el PRI y el PAN, lo que la izquierda ha llamado desde entonces el “PRIAN” y que ha sido parte permanente de su queja sobre el sistema.

La llegada de Vicente Fox Quesada a la presidencia no cambió ese esquema: si bien la oposición puede llegar a trabajar junta e incluso, dar la aprobación del Presupuesto de Egresos de manera unánime, también es cierto que no se volvió a los esquemas en que la voluntad del Presidente se acataba rápidamente por el Congreso. Todos los cambios importantes tendrán que ocurrir como fruto de las negociaciones y no sólo por intentos de un partido o del Presidente en lo individual.

Este esquema se repitió bajo la presidencia de Felipe Calderón, con un agravante: el último informe de Vicente Fox no pudo presentarse ante el pleno, porque las fuerzas de izquierda acusaban que había apoyado un fraude electoral en la elección del 2006, y si en sus cinco años previos no habían dejado pasar un informe sin interpelaciones, en el sexto y último año ni siquiera pudo presentar el informe, el cual debió meramente entregar por escrito. Peor caso le sucedió a Felipe Calderón, quien en los seis años de Presidencia no pudo comparecer ante el Congreso ni una sola vez; la recepción de la banda presidencial ocurrió en una breve ceremonia, entró por el salón Tras Banderas y en menos de cinco minutos, sin invitados especiales ni mucho protocolo, dado que las entradas principales del Salón de Plenos estaban tomadas por sus opositores.

EN CONCLUSIÓN

La verdad es que en el Congreso se trabaja y se trabaja mucho, si por trabajo entendemos la realización de las acciones legislativas: crear nuevas leyes, modificar leyes existentes, generar puntos de acuerdo, realizar investigaciones temáticas. El problema es que muchos de los cambios legales que se proponen cuyos resultados son positivos no se asocian con el trabajo legislativo, sino con las acciones del Ejecutivo. Cuando la atención pública va hacia el Congreso es principalmente por sus divisiones y conflictos y no por sus acuerdos y logros.

Tal parece que están ensimismados, ajenos a los temas que nos afectan a los demás. Su imagen pública no es la mejor, aunque su trabajo sea serio y profesional. Los acuerdos que se logran con mayorías y facilidad pasan inadvertidos, pero los conflictos sí son noticia. Por ejemplo, la Ley de Contabilidad Gubernamental pasó sin problemas y mejorará la rendición de cuentas, pero la Reforma Laboral será noticia por casi tres meses, por polémica y conflictiva. Por eso hay que recordar la frase de Otto Von Bismark: “Hay dos cosas que es mejor no ver cómo se hacen: las salchichas y las leyes”.

La ley de derechos de autor prohíbe estrictamente copiar completa o parcialmente los materiales de Excélsior sin haber obtenido previamente permiso por escrito y sin incluir el link al texto original.