MADRID.- La empresa farmacéutica alemana que comercializó la talidomida y causó malformaciones físicas a miles de recién nacidos en la década de los años 60 nunca ha sido condenada a indemnizar a sus víctimas en toda su historia.



Todos los intentos por reclamar daños a Grünenthal Pharma en distintos países han sido tumbados, la mayoría de ellos por prescripción.



Los 300 españoles afectados y que aún viven interpusieron su demanda en 2012, tras un acto de conciliación presentado en junio de 2011. Este miércoles, el Supremo falló en su contra porque el plazo para reclamar había prescrito, que en este caso sería de un año a partir de la mayoría de edad de cada perjudicado.



El Supremo confirma en su fallo la sentencia de la Audiencia de Madrid que sostiene que los afectados pudieron demandar mucho tiempo antes a la farmacéutica por los daños sufridos. Pero no lo hicieron.



La Fiscalía se sumó a las demandas de los afectados, al entender que el plazo de prescripción había que contarlo a partir del decreto de ayudas a las víctimas del año 2010. O a partir del reconocimiento de culpa que hizo público la empresa en 2012. También consideró un contrasentido que, en un mundo globalizado, las víctimas de Australia reciban una indemnización, pero no las de España.



El Pleno de la Sala de lo Civil del Supremo acordó por ocho votos a favor y uno en contra que la demanda había prescrito. El magistrado Francisco Arroyo Fiestas anunció un voto particular, que será conocido cuando se difunda la sentencia, y en el que apoya los argumentos de los perjudicados. Defiende que no se ha cumplido dicha prescripción porque los talidomídicos fueron reconocidos en el decreto de 2010 y presentaron su demanda de conciliación en 2011.



Los magistrados no podían mirar para otro lado, si aplicaban una visión restrictiva, debido a que se deben a un principio que rige en todo Estado de Derecho: la seguridad jurídica.



Las críticas se ciñen sobre el Supremo, pero el escándalo ha crecido durante 50 años gracias a la pasividad política.



Las víctimas de la talidomida han visto pasar gobiernos y parlamentos sin que ningún partido político haya adoptado una reforma legal sencilla: suprimir los plazos de prescripción del Código Civil para que se puedan reclamar daños en catástrofes extraordinarias. En este caso, sí que hubieran conseguido una sentencia favorable a sus pretensiones.

Los políticos llaman a la puerta



Ahora, tras el fallo del Supremo, los partidos políticos han comenzado a llamar a los perjudicados para recibirlos con urgencia y abordar soluciones en vísperas electorales.



La talidomida era un fármaco que se vendió masivamente como inocuo y destinado a prevenir las náuseas matinales de las mujeres gestantes a partir de 1957. En España continuó comercializándose incluso en 1965, cuando se había sido retirado del mercado alemán en 1961 porque se demostró que producía graves deformaciones en los bebés, como la ausencia de extremidades.



Los afectados calculan que unos 5.000 niños nacieron en nuestro país con deformidades, sordera e invalidez total a causa de este fármaco. Nacieron, crecieron y murieron en su mayoría sufriendo dolores crónicos y sin ayuda.



Los talidomídicos comenzaron a organizarse en 2008, en demanda de un reconocimiento social y de ayudas del Estado, así como para denunciar a los laboratorios. Ese año crearon la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite).



Su presión política se vio recompensada en 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dictó un Real Decreto (1006/2010) de ayudas solidarias del Estado a los afectados, que abarca hasta los nacidos en 1965. Las ayudas consisten en un pago único que oscila de 30.000 a 100.000 euros, en función de la discapacidad. Sanidad sólo reconoce 23 casos oficialmente y Avite rechaza los criterios restrictivos para acceder a dichas ayudas. El sistema para calificarlos es a través del descarte de otras enfermedades.



En Avite hay asociados unas 300 personas, que se aprestan ahora a acudir al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Mientras, activan la presión política en demanda de que el laboratorio alemán afronte los daños causados.



Ya lo intentaron con anterioridad. La respuesta de Grünenthal Pharma fue ofrecer a los perjudicados 120.000 euros en total que, dividido, suponía 400 euros para cada afectado, según cálculos de Avite que tiene grabada dicha negociación.



Exigen la receta y el frasco



La farmacéutica consiguió el archivo de una querella presentada en Alemania en 1968. El 'caso Contergan' -nombre comercial de la talidomida allí-, fue archivado en 1970 con la aquiescencia de la Fiscalía.



A cambio del archivo, en Alemania se creó una fundación para ayudar a las víctimas de este medicamento, que aparentemente no discrimina entre nacionalidades. "Pero las cifras son muy claras: la Fundación Contergan tiene reconocidas ayudas a 3.000 alemanes y sólo a un español", destaca Ignacio Martínez, abogado de los afectados. La sentencia de la Audiencia de Madrid refiere que cinco españoles reciben ayudas.



La farmacéutica exige una prueba fehaciente, además del informe médico: "Para acceder a las ayudas, las víctimas deben aportar la receta prescrita a sus madres, hace 50 años, o el frasco que tomaron", agregan.



Tampoco se conoce que los sucesivos gobiernos españoles hayan realizado intensas gestiones diplomáticas como para lograr la mediación de las autoridades alemanas en esta tragedia y que se subsanen estos 50 años de falta de apoyo.



Casi la mitad del dinero de la Fundación Contergan fue aportado por el propio Gobierno federal alemán (100 millones de marcos, unos 51 millones de euros). En el año 2012, el Ejecutivo federal aumentó en 7.000 euros mensuales las ayudas públicas a los afectados más graves a través de la Fundación.



El archivo en Alemania creó un paraguas jurídico que protege a Grünenthal Pharma frente a ulteriores demandas. Todos los intentos por reabrir el caso han fracasado.



Las indemnizaciones de la farmacéutica se han centrado en Alemania y, recientemente, en Australia. Los perjudicados de otros países han recibido ayudas de sus respectivos gobiernos, pero no de las empresas causantes de estos daños.



El Gobierno federal multiplicó la indemnización para los perjudicados alemanes en el año 2012 al detectar nuevos efectos de la talidomida sobre su salud. Dicho documento es conocido como Informe Heidelberg, que esgrime la asociación de víctimas Avite como otra prueba de que la prescripción no se ha cumplido.



El laboratorio Grünenthal Pharma es una empresa familiar, propiedad en su mayoría de Hermann y Michael Wirtz, que figuran en la lista de los 500 alemanes más ricos.



La familia Wirtz es originaria de Stolberg (Renania) y son también accionistas de la industria de cosméticos de Maurer & Wirtz ( 4711, Tosca, Sir Irish Moos, Extase, Tabac, Baldessarini...)

