El recurso fue presentado por la Asociación Civil Xumex, el procurador de las personas privadas de su liberad en Mendoza, Fabricio Imparado, la integrante del comité provincial para la prevención de la tortura María Mercedes Duverti y el abogado Diego Lavado. Pidieron poner fin al hacinamiento y que se cumpla con el Código Procesal Penal, que establece que los fiscales tienen 10 días para pedir una prisión preventiva y los jueces, 24 horas para concederla. "Nadie cumplía, ya que se estiraban en promedio unos 4 meses, e incluso un año", explicaron desde la ONG sobre los fiscales. Y agregaron que los magistrados "se tomaban hasta dos semanas".