Casi de manera impulsiva, el diputado nacional del Partido Popular Joaquín Albaladejo ha venido tuiteando y compartiendo mensajes en su perfil de Twitter con la petición de dimisión de Màxim Huerta. Finalmente, el escritor ha terminado dejando su puesto como ministro de Cultura por haber defraudado a Hacienda 256.778 euros, algo que Albaladejo ha celebrado sin recordar que él también estuvo en el punto de mira como concejal de Torrevieja por unos hechos de los que, como Huerta, también se lucró. La diferencia es que el político alicantino se negó a dejar el cargo.

En 2014, el Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Elche declaró nulo el acuerdo del pleno del consistorio alicantino de 2007 en el que se acordó la compatibilidad que reclamó Joaquín Albaladejo para seguir ostentando el cargo de concejal de Hacienda –en régimen de dedicación exclusiva- a la vez que ejercía sus actividades privadas como agente de la propiedad inmobiliaria, administrador de fincas y letrado, ya que, entendía el magistrado, estas no podían considerarse profesiones “marginales”.

O en otras palabras, el actual secretario general del PP de Torrevieja había estado durante cuatro años cobrando dinero público de manera irregular. La cuantía varía según a quien le preguntes. Regidores consultados, entonces en la oposición, estiman que percibía un sueldo como concejal de 46.200 euros anuales, lo que le generó un ingreso de 145.200 euros en los 3 años y 8 meses que estuvo vigente el acuerdo plenario. El ahora diputado nacional rebajó entonces ese salario a 2.200 euros netos mensuales, que dan un jornal total en todo ese tiempo de 96.800 euros, sin contar los ingresos que tenía por asistencia a pleno y otras representaciones como diputado provincial en la Diputación de Alicante. Fuentes municipales también calculan que su dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de Torrevieja le generó un coste añadido de 80.000 euros en costes a la Seguridad Social durante los años 2007 a 2011.

El alcalde que propició esa compatibilidad de trabajos posteriormente declarada ilegal, fue el popular Pedro Hernández Mateo, condenado poco tiempo después a tres años de prisión y nueve de inhabilitación por falsedad documental y prevaricación en la adjudicación del servicio municipal de basuras. Joaquín Albaladejo fue el primero que, folio en mano y en redes sociales, promovió una recogida de firmas para solicitar el indulto del ya exalcalde condenado, quien accedió al poder local gracias a una moción de censura contra el PSOE en 1988.

En el siguiente mandato, el actual vicepresidente de la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón, tomó la vara de mando y recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la sentencia del juzgado de Elche, recurso que aún está pendiente de resolución y que le permite a Albaladejo dilatar la devolución del dinero público. En el primer auto no se especificaba si debía reponer las retribuciones percibidas de manera irregular, algo que deberá dictaminar el TSJCV aunque desde PSOE o Los Verdes se ha insistido durante todo este tiempo que debería de haberlo hecho motu proprio.

Más polémicas

El apellido de Albaladejo ha estado constantemente pegado a la polémica. En 2012, siendo concejal de Hacienda se comunicó vía mail con su compañero edil José Antonio Sánchez y por error enviaron la conversación a otros contactos donde se podía leer del segundo la intención de convocar una Junta de Portavoces “para hacer caja”.

Con un verbo fácil para el exabrupto, recientemente pidió a “los padres de la Vega Baja” a salir a proteger a sus hijos del “procés Catalán” que a su juicio “está imponiendo” el gobierno valenciano con respecto a la política lingüística. “El socialismo –añadió- pretende demoler la libertad y el sentimiento español”.

Anteriormente, también ha difundido desde sus redes sociales tuits falsos sobre Podemos y ha acusado de “fascista” al actual alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, de Los Verdes, por la contratación de un asesor.