Que el grupo de expertos independientes que ha investigado el caso Ayotzinapa continúe su trabajo más allá del 31 de octubre es algo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) todavía tiene que decidir, advirtió este jueves. Y lo hará dependiendo, en buena parte, del grado de cumplimiento por parte del Gobierno mexicano de las recomendaciones que ha hecho para que se produzcan cambios sustanciales en la línea y forma de la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes a manos de narcotraficantes en colaboración con policías locales, hace ya más de un año en Iguala, en el estado de Guerrero.

“Ya hay un informe (del grupo de expertos), se tendrá que ver cuáles son las garantías de cumplimiento de esas recomendaciones”, explicó el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, en la sede del organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.

La CIDH también realizó una visita in loco a México entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre. En sus “observaciones preliminares” —el informe final no estará listo antes de finales de año—, manifiesta explícitamente su respaldo al trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y “urge” al Estado mexicano a “reorientar el curso de la investigación para esclarecer la verdad de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes”.

Son cuatro las “medidas fundamentales e indispensables” que la Comisión considera, sobre la base del informe del GIEI, que México debe implementar de forma “urgente”. Está por un lado la designación de un nuevo fiscal especial a cargo de la investigación. La CIDH pide también renovar “por completo” a todo el equipo que investiga el caso y “reorientar” las líneas de investigación de la versión oficial a las hipótesis que apuntan los expertos en su informe. Asimismo, reclama el cambio de la unidad que tiene a su cargo la investigación, para que sea la Subprocuraduría de Derechos Humanos (SDHPDSC) la que lleve el caso y no, como hasta ahora, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Una audiencia para escuchar a todas las partes

La fecha clave es el 20 de octubre, día en que se celebrará una audiencia de la CIDH para presentar el informe “investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa” del GIEI, que desde finales del año pasado evalúa el caso de Iguala. En ese informe, presentado hace un mes en México, los expertos ya advertían de que hay fuertes dudas y contradicciones con la versión oficial de los hechos, según la cual los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, próximo a Iguala.

En el encuentro en Washington, al que acudirán tanto los expertos como el Estado mexicano y los representantes de las víctimas, los comisionados tomarán nota entre otros del compromiso oficial para cumplir los requisitos de los expertos, antes de decidir si extiende o no su misión y por cuánto tiempo.

“La Comisión nos ha instruido hacer esa audiencia a término de conocer más esos detalles y, con base a esa información, se determinará la extensión” de la misión, señaló Álvarez Icaza.

“El Gobierno ha expresado su voluntad de que se extienda seis meses. Los padres han expresado su voluntad de que sea indefinidamente y la Comisión tendrá que tomar la decisión de por cuánto tiempo se extiende”, agregó.

Los militares testigos de Iguala, una de las claves

En el informe preliminar tras su visita, la CIDH destacó otro punto que podría poner en juego la misión del GIEI: que los expertos puedan entrevistar a todos los testigos, “incluyendo los integrantes del 27 Batallón de Infantería que estuvieron presentes en Iguala” durante la desaparición de los normalistas. El secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, rechazó en los últimos días esta posibilidad, algo que podría complicar la extensión del mandato por la Comisión.

"Preocupa que el secretario de la Defensa diga que no va a haber acceso" a los militares, dijo Álvarez Icaza en rueda de prensa. El jefe de la CIDH aseguró que el organismo que dirige “va a seguir insistiendo” en este punto que es, subrayó, “un tema básico de normalidad democrática, de rendición de cuentas”.

Las Fuerzas Armadas, recordó el jefe de la CIDH, que es mexicano, “forman parte de las instituciones de la democracia y no tienen un régimen especial o de excepción”.

“Hasta donde yo entiendo, la Constitución dice que las autoridades civiles son las que toman las últimas decisiones, y esperaríamos, en congruencia con lo que se ha anunciado, que el grupo de expertos tenga acceso”, insistió Álvarez Icaza. “Entiendo que quienes mandan son las autoridades civiles en México, en su caso tendría que ser el presidente de la República quien tome la última decisión. De no ser el caso, que nos notifiquen que no son las autoridades civiles las que mandan, y entenderíamos entonces que las palabras del secretario de Defensa son las últimas”, añadió.