Mauricio Macri ya no disimula que le gustaría ser reelegido en 2019 y gobernar el país ocho años. Más que un objetivo personal, es un gesto dirigido a mitigar las dudas de tipo político que, en especial entre operadores económicos y potenciales inversores, son mayores que la incertidumbre en materia económica.

En la Casa Rosada se comprende la actitud de prudencia que caracteriza al empresariado. Se advierte que cualquier inversión productiva tiene un horizonte que va mucho más allá de los próximos tres años y que un cambio en las reglas de juego en 2019, o incluso antes si se produjera una crisis política como las que acostumbra a tener la Argentina, echaría por la borda cualquier esfuerzo. Pese a entender todo eso, Macri no oculta cierto enfado con los empresarios porque no lo habrían ayudado como él esperaba.

Además de reclamarles "romperse el traste", el jueves pasado en el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), Macri hizo una firme exhortación a los más de 500 empresarios que lo escucharon: "El país necesita crecer y rápido". La frase puede ser interpretada como una sutil manera de persuadirlos de que, si no colaboran para que se produzca la ansiada reactivación de la economía, podría volver el kirchnerismo o algo parecido. Una apuesta al miedo.

El regaño presidencial a los líderes del mundo empresarial podría entenderse también como una sobreactuación en quien, desde el inicio de su gestión, es acosado por el mito de que gobierna para los ricos. Los estrategas de la comunicación oficial se desviven para que Macri deje de ser visto como un simple empresario más devenido en gobernante.

La productividad y la competitividad son dos de los objetivos que el Gobierno se propone discutir en la flamante Mesa del Diálogo con sindicalistas y empresarios. Pero se trata de un debate que, por el momento, luce improbable cuando algunos empleadores parecen más preocupados por el costo del bono compensatorio de fin de año y cuando dirigentes de la CGT anuncian que, en la próxima reunión, reflotarán la idea de una ley antidespidos.

Las contradicciones de unos y otros son perceptibles. Tiempo atrás, el propio Macri les reprochaba a algunas empresas los "elevados" aumentos salariales concedidos en negociaciones paritarias y trasladados indefectiblemente a precios; ahora, sus funcionarios adjudican a los empresarios cierta mezquindad por negarse a abonar el bono a sus empleados. Por el lado del sindicalismo, las paradojas no son menores: a principios de año reclamaban "paritarias libres", sin interferencias del Gobierno para moderar las pautas de negociación salarial ni para fijar techos de aumento; últimamente, demandaron que el bono compensatorio para el sector privado fuese obligatorio y determinado por decreto presidencial.

Desde sectores económicos se sugiere que potenciar la creación de nuevas empresas y empleos privados requeriría de revisiones en ciertas regulaciones laborales e impositivas que, bajo el presunto propósito de proteger a los trabajadores, afectan la competitividad y desalientan la inversión, disminuyendo la demanda de empleo formal. En su intimidad, Macri comparte algunos de esos planteos, pero también se ha persuadido de que nada de eso resultaría políticamente correcto en estos tiempos.

Frente a un año electoral, Macri dejará encerrados en un cajón algunos de sus principios económicos y se tentará con más concesiones que las que la disciplina fiscal aconsejaría, en pos de asegurarse mayor gobernabilidad. Con todo, algunos de sus funcionarios, empezando por Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, siguen haciendo malabares para cumplir la meta fiscal de un déficit primario del 4,8% sobre el PBI en 2016. A esta altura del año, no queda por hacer mucho más que prender velas para que el blanqueo sea un éxito y recurrir a diferimientos de pagos. El caso emblemático es el del bono de fin de año propuesto para los trabajadores estatales de menores ingresos: el Gobierno propone abonarlo sólo en enero de 2017 y a cuenta de las paritarias de ese año.

La poca generosidad del Poder Ejecutivo en su proyectada reforma del impuesto a las ganancias es otro indicador de las dificultades fiscales de los gobiernos nacional y provinciales, que se declaran impotentes para contener el gasto público.

La macroeconomía ha dejado de ser la prioridad y ha sido desplazada por las elecciones. Macri está convencido de que la pobreza es hija del desempleo y del empleo de baja calidad. Sabe, como se lo dijo al papa Francisco, que los problemas de falta de trabajo únicamente podrán resolverse con más inversión productiva, fundamentalmente privada, y no con meras medidas asistencialistas, que sólo pueden ser cortoplacistas. Y también piensa que el clientelismo es una enfermedad. Sin embargo, casi no pasa semana sin que su gobierno se comprometa a girar más fondos a los gobiernos provinciales y municipales, a organizaciones sociales y a sindicatos, alentando la pugna distributiva que tiene al Estado nacional como eje central.

En los diez meses de gestión macrista, el número de beneficiarios de planes sociales ha crecido respecto del que existía al concluir la era kirchnerista. La cantidad de gente que vive directa o indirectamente del Estado también aumentó, llegando a casi 20 millones de personas. Y, según datos oficiales, el número de empleados públicos en los niveles nacional, provincial y municipal ronda los 3.512.000, cuando en diciembre último era de 3.459.000 y un año atrás de 3.320.000.

La Argentina ofrece la paradoja de tener uno de los niveles de déficit fiscal más altos junto con una presión impositiva que también es la más elevada de su historia. La única novedad de la gestión de Macri para paliar la hemorragia fiscal heredada del kirchnerismo es que ésta será financiada con cada vez más deuda pública y con menos emisión monetaria. Por el momento, el cambio de Cambiemos sólo pasa por modificar la forma en que se financia el siempre abultado déficit de las cuentas públicas.

Mientras Macri reclama paciencia a la sociedad y "romperse el traste" a los empresarios, sus legisladores, al debatirse la reforma electoral, abogaron hasta último momento por ampliar el número de bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, para llevarlo de 257 a 328; esto es, 71 diputados más. Es cierto que el artículo 45 de la Constitución Nacional dispone que el Congreso fije la representación tras cada censo poblacional, pero en un país con tantas urgencias esa discusión parece inoportuna, innecesaria e inconveniente. La intención de los diputados macristas de colar esta cuestión en la última sesión fue desechada, finalmente, ante la oposición de sus aliados del radicalismo. El mensaje, si se aprobaba, hubiese sido que el ajuste nunca lo hace la política.

Como señala el economista Roberto Cachanosky, si el blanqueo de capitales tiene éxito, la buena noticia para el Gobierno será que tendrá recursos para evitar las reformas del Estado. Y la mala noticia para el contribuyente y para la economía será que no habrá cambios estructurales de fondo para entrar en una senda de crecimiento de largo plazo.

La solución al problema estructural del déficit que el Gobierno ha encontrado pasa por el gradualismo y por crecientes niveles de endeudamiento, pese a que sólo uno de cada tres dólares de deuda va a la inversión. Es una forma de comprar tiempo, aunque nadie tenga claro si ese tiempo servirá para efectuar una progresiva reforma del Estado o para seguir financiando la fiesta de la clase política.