Municipio de Monterrey, Nuevo León utiliza el presupuesto municipal en la persecución de defensores de derechos humanos y en atentar contra la independencia judicial

*Se solicita apoyo a los y las ciudadanas interesadas y a los medios de comunicación en general para la cobertura y difusión de la persecución orquestada por Fernando Larrazábal Bretón y financiada por el área legal del Municipio de Monterrey, Nuevo León en contra de los ciudadanos que le exigieron cumplir con la obligación de permanecer en su cargo de elección popular así como la persecución en contra de los magistrados que en uso de sus facultades concedieron las suspensiones provisionales y definitivas a favor de los mencionados quejosos.

I. Persecución a defensores de derechos humanos

El día 19 de octubre el jurídico del Ayuntamiento de Monterrey, a cargo del erario, interpuso el incidente de falsedad de firmas en contra de Eduardo Montemayor[1] en el juicio de amparo mediante el cual se la separación definitiva del alcalde electo popularmente, Fernando Larrazábal Bretón.El ayuntamiento argumenta la supuesta firma falsa de Eduardo en un escrito presentado el 6 de marzo, mismo que ratificó ante el juez el 8 de marzo. Es decir, a más de 7 meses después, el jurídico del municipio argumenta la falsedad de una firma con fin de sobreseer el juicio y buscar la responsabilidad penal del quejoso y su abogado.El incidente de falsedad de firmas se resuelve mediante prueba pericial y a pesar de que quejoso haya ratificado su firma el perito puede determinar lo contrario. Como ya se mencionó esto provocaría que se actualice la causal XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo y en consecuencia se sobresea el juicio y además que tanto el quejoso como su abogado puedan ser acusados de cometer el delito de falsificación de firma contemplado en el Código Penal Federal en el artículo 243 que impone un castigo de 6 meses a 5 años de prisión.Lo anterior es una conducta clásica de un Estado represor que sin fundamentos de prueba busca hostigar a los defensores de derechos humanos, quienes tendrán que asumir la carga psicológica y económica de afrontar la acusación penal.[2] Como es de conocimiento común, tanto el amparo, como el quejoso y su defensa en todo momento han mantenido firme la postura y la exigencia del respeto a sus derechos humanos garantizados por la Constitución y los tratados internacionales. El incidente entonces no tiene otro objetivo que ser utilizado como una estrategia legal para amedrentar a las y los ciudadanos que busquen cuestionar las actuaciones de la autoridad.Resulta necesario reiterar que la labor de defensoras y defensores es fundamental para la protección de los derechos humanos, la existencia plena de la democracia y el resguardo del Estado de Derecho[3]. Las y los defensores son pilar esencial en el fortalecimiento de las democracias, ya que la labor que desempeñan incumbe a la sociedad en general, y busca el beneficio de ésta. Por lo tanto, cuando se impide a una persona la defensa de los derechos humanos, se afecta directamente al resto de la sociedad[4].

Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “los Estados tienen el deber de facilitar los medios necesarios para que los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad”[5].

II. Atentado contra la independencia judicial

En el mismo tenor de ideas, el Ayuntamiento de Monterrey, también a cuenta del erario, interpuso quejas en contra de los magistrados en contra de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito Judicial, Sergio Javier Coss, Sergio Eduardo Alvarado y Eduardo López por solicitar acción penal en contra del desacato reiterado por parte de los miembros de dicho Ayuntamiento[6].

Lo anterior a pesar que desde el 25 de marzo de 2012 y hasta la fecha los mismos síndicos y regidores del Ayuntamiento expresaron de manera reiterada su preocupación, y al mismo tiempo aceptaron la conducta, de estar incurriendo en desacato a una orden judicial.[7]

Tal situación también es la típica conducta de un Estado represor donde es clara la injerencia de los titulares de los poderes ejecutivos sobre el poder judicial. Como lo estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este tipo de conductas afectan al principio de división de poderes, consustancial a los sistemas democráticos y también perjudican a las víctimas cuyas causas son sustanciadas por las y los jueces y magistrados que están sujetos a remociones o despidos discrecionales.[8]

Es por lo mismo que se necesita la completa atención de defensores, activistas y medios de comunicación en la resolución que tenga el Consejo de la Judicatura Federal respecto a este caso, ya que el castigo o remoción de los magistrados involucrados en la resolución del amparo contra el Ayuntamiento de Monterrey y la separación del cargo de Fernando Larrazábal luego de adoptar decisiones contrarias a los intereses de algunos grupos de poder, sería un claro golpe a la independencia judicial y clara evidencia una clara injerencia política en la decisión de su destitución.[9] Las remociones arbitrarias de las y los operadores de justicia y las represalias perpetradas en su contra envían una fuerte señal a la sociedad y al resto de las y los operadores de justicia de que el poder judicial no tiene la libertad de adoptar decisiones[10], pues en algunas ocasiones tras ser removidos de sus cargos, han sido procesados e incluso, sometidos a situaciones contrarias a su dignidad.

III. El recuento de los daños

A continuación se narra de la manera más breve posible un panorama general de las acciones y reacciones de las distintas autoridades involucradas en la causa ciudadana anti#chapulinazo.

Todas ellas desafían la autoridad de la justicia federal y la independencia del Poder Judicial así como perpetúan un mensaje contrario al Estado de Derecho y a la cultura de legalidad. Los hechos no dejan lugar a dudas pues son un claro golpe a la ciudadanía.

A raíz de las siguientes resoluciones:

a. El 22 de marzo de 2012, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en la queja 36/2012 resuelve conceder la suspensión provisional a favor de Eduardo Montemayor y por consiguiente dejar sin efectos la separación definitiva del cargo de presidente municipal de Fernando Larrazábal.

b. El 26 de abril de 2012, mediante la queja 57/2012 el mismo Tribunal concede la suspensión provisional a Eduardo Lee Tang contra el mismo acuerdo del Cabildo que designa a Bazaldúa como Alcalde sustituto y ordena desempeñe el cargo el tercero perjudicado Fernando Larrazábal.

c. El 28 de junio de acuerdo con la resolución del incidente en revisión 182/2012 el Primer Tribual Colegiado concede la suspensión definitiva a favor de Eduardo Montemayor y deja sin efectos la separación definitiva de Fernando Larrazábal del 17 de marzo de 2012.

Se desataron una serie de acciones irregulares, como se desprende de los expedientes de amparo relacionados y de los diversos medios informativos, que tuvieron como fin burlar y evitar el cumplimiento de la obligación de desempeñar el cargo de elección popular. Algunas de ellas fueron:

a. El 24 de marzo de 2012 Adrián González, el director Jurídico municipal aseguró: “Para mí, los efectos (de la sentencia que ordena el regreso de Larrazábal) quedan sin materia” puesto que el Juzgado Tercero de Distrito sobreseyó el juicio principal. Ese mismo día Larrazábal también comentó a las televisoras locales que no había razón para regresar a la alcaldía.

b. El 27 de marzo en entrevista a las 19:47 horas da a conocer que se le negó la suspensión definitiva a Eduardo Montemayor a pesar de que el fallo se hizo público hasta la mañana del siguiente día. Además, este mismo día en una sesión a las 22:00 horas, el municipio de Monterrey rechazó cumplir la suspensión provisional argumentando que dejó de surtir efectos.

c. En sesión ordinaria del 27 de abril de 2012 el ayuntamiento de Monterrey reconoce haber sido notificado de la suspensión provisional a favor de Eugenio Lee Tang sin embargo no fijaron postura al argumentar que la dirección jurídica debía analizar el caso.[11] Por otra parte argumentaron que no podían notificar a Fernando Larrazábal de la resolución puesto que no sabían dónde vive.

d. El 1 de mayo el ayuntamiento de Monterrey vía Camilo Ramírez, Secretario del mismo, argumentó que ya le comunicaron a la Juez Primera que están en vías de cumplimiento y que pronto convocarán a sesión.

e. El 4 de mayo el ayuntamiento de Monterrey vía Camilo Ramírez, Secretario del mismo, argumentó que estaba imposibilitado a cumplir la suspensión provisional puesto que el Congreso ya había nombrado alcalde sustituto. Incluso, a la pregunta de los medios de comunicación de por qué no cumplió primero con la orden del Tribunal el secretario del Ayuntamiento respondió que “porque no se le ocurrió” y reafirmó diciendo que no hay una disposición legal que determine el orden o la prioridad de los acuerdos, contraponiendo a su juicio el legislativo con el judicial. Este mismo día y desde la noche anterior el Colectivo Anti#Chapulinazo realizó un plantón en los bajos del Ayuntamiento de Monterrey para exigirles un alto a la impunidad y al desacato de la suspensión definitiva. El ayuntamiento ni siquiera se pronunció al respecto.

f. El 30 de junio de 2012 la Dirección Jurídica de Monterrey, área encargada de recibir las notificaciones, cerró sus oficinas justo cuando se les iba a notificar sobre la suspensión definitiva que le ordena a Larrazábal regresar a su cargo. Tal situación llegó al absurdo de que el municipio bloqueara la puerta de acceso al jurídico con escritorios, sillas, sillones y mobiliario de oficina.

g. El 4 de julio de 2012 en sesión extraordinaria realizada a las 22:00 horas el Ayuntamiento de Monterrey vuelve a argumentar que no cumple son la suspensión definitiva en virtud de que el Congreso ya designó un sustituto.

h. El 7 de julio de 2012 el Congreso del Estado deja sin efectos el nombramiento del Alcalde sustituto y hay vacío de poder el Ayuntamiento no convoca a Sesión para cumplir con la orden judicial.

i. El 9 de julio de 2012 en una carrera 5K en el Parque Fundidora, Bazaldúa es presentado como el Alcalde y al ser entrevistado argumentó que a pesar de que su designación quedó sin efectos él asume que sigue de Alcalde y que el departamento jurídico del municipio sigue analizando la suspensión definitiva.[12] Ese mismo día durante la noche, en sesión extraordinaria, dejan sin efectos la separación de Fernando Larrazábal sin embargo éste último argumenta que como ya ganó la diputación ya no puede volver.

j. El 11 de julio de 2012 regidores de Monterrey afirmaron que Fernando Larrazábal no tiene respeto por nadie ni reconoce jerarquías de autoridad pues éste se niega a cumplir con su obligación de desempeñar su cargo de elección popular pese a los mandatos de autoridades judiciales y del Cabildo de Monterrey.

k. El 11 de julio de 2012 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en menos de 24 horas de tener el recurso a la visa y sin tomar en cuenta los derechos de Eduardo Montemayor o que no tiene facultades para de manera directa o indirecta dejar sin efectos la orden de un Tribunal Colegiado, deja sin efectos el acuerdo del Ayuntamiento de Monterrey que le ordena a Larrazábal volver a su alcaldía.

l. El 12 de julio de 2012 tras conocer el fallo del TRIFE, Fernando Larrazábal en conferencia de prensa anunció que presentará una queja contra el juez y los magistrados del Tribunal Colegiado que le ordenaron su regreso y además amenazó con presentar una demanda penal alegando daño personal.

m. El 12 de julio de 2012 se da a conocer la renuncia del Secretario del Ayuntamiento Camilo Ramírez, pues tenía vergüenza de la actuación del jurídico ante el desacato y además no respetaban sus órdenes sino que seguían instrucciones del ex director Adrián González quien asesoraba legalmente a Larrazábal.

n. El 13 de julio de 2012 sin tener Alcalde pues Larrazábal se negaba a volver a pesar de los requerimientos por la vía judicial, sin Alcalde sustituto pues fue revocado por el Congreso y sin encargado de la Alcaldía pues éste renunció por desobediencias de sus subalternos en 30 minutos el Ayuntamiento de Monterrey, en violación a la suspensión definitiva, resolvió nombrar a Jaime Bazaldúa a cargo de la administración pero sin designarlo oficialmente como Alcalde. Es decir, mientras dudaron meses en investigar cómo cumplir con suspensiones provisionales o definitivas, en un día y sin mayor estudio desestimaron el proceso administrativo y se escudaron con una decisión muy cuestionable del TRIFE.

o. El 5 de agosto, el Secretario del Ayuntamiento, Juan José Bujaidar, argumenta que no cumplirán con la suspensión definitiva porque el Primer Tribunal Colegiado no es competente de resolverla y ordenarla.

p. La postura se mantiene, tan es así que al 26 de septiembre de 2012 el Ayuntamiento de Monterrey recurrió por octava ocasión a jugarreta legal para burlar la suspensión definitiva y terminan solamente exhortando a Fernando Larrazábal a que regrese a su cargo. En menos de 5 horas Larrazábal contestó que no es su deseo volver a la Alcaldía.

q. El 7 de octubre de 2012 el Ayuntamiento de Monterrey sigue argumentando que no tiene cómo cumplir con el fallo y que no entienden si lo que tendrían que hacer es enviar policías o qué, que como quiera se les hace difícil porque Larrazábal ya está en México.

r. El 19 de octubre de 2012 el Ayuntamiento de Monterrey interpone ante el juez que lleva el amparo de Eduardo Montemayor un incidente de falsedad de firmas en contra de un escrito presentado el 6 de marzo mismo que el quejoso ratificó ante el juez el 8 de marzo.

s. El 24 de octubre de 2012 el Ayuntamiento de Monterrey presentó una queja buscando que sean sancionados los magistrados que solicitaron acción penal en su contra: Sergio Javier Coss, Sergio Eduardo Alvarado y Eduardo López, todos integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

*Otras acciones destacadas por su irregularidad por parte de distintas autoridades fueron: el desechamiento de los recursos interpuestos por ciudadanos en contra del registro y el otorgamiento de mayoría a Fernando Larrazábal. La sala regional del Tribunal Electoral resolvió, sin entrar al fondo, que los ciudadanos no tienen interés para acudir al juicio, negándoles así su derecho a un recurso efectivo. Por su parte, la delegación del Instituto Federal Electoral al ser cuestionada sobre el registro, argumentó que como es suspensión provisional no pueden hacer nada y que habría que esperar la definitiva. Sin embargo, cuando se obtuvo la suspensión definitiva, el argumento fue que como el Ayuntamiento no le ordenó regresar, es decir, desacató la orden judicial, ellos no podían hacer nada, legalizando así el desacato del municipio. Además, un grupo de 29 ciudadanos en uso de sus derechos interpusieron una denuncia penal contra el desacato del municipio por ser este un delito de oficio, sin embargo el Ministerio Público Federal desechó la denuncia al argumentar que no la podía procesar si no se desprende de una resolución de violación a la suspensión por parte del poder judicial federal.

Por último, resulta importante mencionar que además de los gastos operativos y de tiempo que se efectuaron por parte del Municipio en las actuaciones narradas con anterioridad, los quejosos, junto con la comunidad regia a la que pertenecen tuvieron que soportar gastos irresponsables, innecesarios y hasta incluso ilegales, pues no están previstos por la ley, por parte del Ayuntamiento en virtud del deseo personal de Fernando Larrazábal de dejar de cumplir con su encargo de presidente municipal electo. Algunos de estos gastos a los que nos referimos son los siguientes:

a. Costo de la asesoría legal y costo de oportunidad del tiempo que el jurídico del ayuntamiento le dedica a la tramitación de los 30 amparos mencionados para proteger a los miembros del ayuntamiento del desacato en el que incurrieron y a las evasivas con las que el municipio ha dado respuesta desde el 25 de marzo del presente año.

b. Costos futuros que se pudieran generar en asesoría legal y tiempo de trabajadores del jurídico para las nuevas cuestiones legales que se susciten en virtud de las acciones legales emprendidas por las y los ciudadanos preocupados por que se les respete su derecho a ser representados y a que el Alcalde electo cumpla con la obligación de permanecer en el cargo.

c. Gasto doble en seguridad pues, tanto el exalcalde como quien extraoficialmente fungió como su sustituto por seis meses, recibirán protección para ellos y para sus familias por los siguientes tres años a cargo del erario incluyendo escoltas, unidades y armamento.

Lamentablemente se necesita una investigación a profundidad y la publicación en el portal de transparencia del municipio de los gastos por ejemplo de asesores legales externos y de la seguridad extra para poder presentar una cifra estimada de lo que los ciudadanos de Monterrey han tenido que pagar por la irresponsabilidad y capricho de Fernando Larrazábal.