Podríamos englobar las acciones de los gobiernos en dos categorías. Una, la de las medidas políticas firmes. Otra, la de los gestos que intentan mandar un mensaje. Cuando el Gobierno recién llegado a La Moncloa de Pedro Sánchez permitió la entrada del Aquarius, poniéndose por encima de los protocolos protocolos en mitad de una crisis que enfrentaba a Europa con Italia, estaba lanzando el mensaje de que España acoge a los inmigrantes. Todos los últimos movimientos políticos del Ejecutivo apuntan justamente en la otra dirección.

Sé cómplice tú también: es la campaña recién lanzada en redes sociales de la ONG Open Arms, que se vale de rostros como Richard Gere, Javier Bardem o Buenafuente para pedirle al Gobierno que levante el bloqueo burocrático del buque que lleva en el puerto de Barcelona desde principios de enero. También el Aita Maria sigue arribado en el puerto de Pasaia, en Guipúzcoa.

Sois cómplices.

Cómplices de no dejar ninguna vida a la deriva, de proteger a los que quieren hacer invisibles.

Cómplices desobedientes para romper el silencio que nos imponen.

Que nos escuchen alto y claro.

Si salvar vidas es un crimen,todos somos criminales. #FreeOpenArms pic.twitter.com/YZDRktSCee — Open Arms (@openarms_fund) 31 de enero de 2019

Que rescaten otros: durante todo 2018 los barcos han estado fluyendo con normalidad en los puertos españoles, pero la cosa está cambiando desde comienzos de año al no conceder permisos. También Salvamento Marítimo acusa que se le deniegan salidas marítimas de búsqueda y que sus aviones de localización llevan, según cuentan, más de cinco meses con el radar de rescate desactivado, con lo que tienen una capacidad de identificación de naufragios un 90% menor.

Fomento argumenta que se trata de un problema de licencias con Estados Unidos que no depende de ellos y que están haciendo todo lo posible por solucionarlo.

De la proactividad local a la búsqueda de apoyo global: al saberse que el Gobierno quería reducir en un 50% la migración irregular, fuentes del Ministerio del Interior declararon que no es que se estuviesen replegando, sino que “nuestra presión migratoria es enorme y en el Mediterráneo central no se están aplicando las reglas. Necesitamos una solución duradera para todos”. Mientras dicen esto, han intensificado su presión a Bruselas para que se vuelque con los acuerdos con Marruecos para que sean ellos quienes se ocupen de los flujos migratorios. Las ONGs acusan habitualmente a Marruecos por vulnerar los derechos humanos de las poblaciones migrantes.

Por favor, trabajen en secreto: también desde comienzos de este año el Gobierno ha pedido a Salvamento Marítimo que deje de informar sobre los rescates de pateras. El mensaje coincide con la aparición en el espacio político de Vox, y los trabajadores y las ONG de apoyo a los migrantes no dudan en apuntar a que se trata de una estrategia de comunicación para no arengar el voto de la extrema derecha. El miedo a la inmigración se ha convertido, por primera vez, en un eje ideológico esencial y con consecuencias electorales.

No hay desborde, pero sí gran incremento: el sur de España ha visto aumentar las entradas de migrantes un 146% con respecto al año pasado, entre 55.000 y 64.000 personas, y ya entran por esta ruta “nueve veces más” que por la del Mediterráneo oriental después de que Italia bloquease las llegadas. Pero hay que tener en cuenta que muchos de los que entran no se quedan. Por ejemplo, si en 2016 entraron 14.500 "irregulares", fueron repatriados 19.000. Es decir, se quedó en saldo negativo. Si en 2017 entraron 28.000, cerca de 20.000 han sido devueltos. Aunque 12.000 de los 60.000 que han entrado en España en 2018 acabasen en libertad (haciendo un cálculo estimativo comparado con años anteriores), también muchos de ellos viajarían a otros países de Europa.

Tristemente, en 2018 también incrementaron los muertos en el mar, 843 vidas, según Caminando Fronteras, cuadruplicando las cifras de las rutas del sur de España con respecto a 2017.