Ciudad de México. A pesar de que entre 2012 y 2017 el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) detectó casos de irregularidades financieras en cuanto a los ingresos reportados por jueces y magistrados federales y que algunas investigaciones internas llegan a establecer que los impartidores de justicia han ingresado cantidades millonarias a sus cuentas, las sanciones que ese órgano del Poder Judicial ha impuesto concluyen en la gran mayoría con inhabilitaciones temporales.

Un recuento de los jueces y magistrados sancionados por irregularidades que van desde inconsistencias en su evolución patrimonial, probables conductas delictivas –como ocurrió en el caso deLos Porkys donde un juez concedió irregularmente protección de la justicia federal a un inculpado de cometer actos de pederastia–, así como situaciones de falta de profesionalismo, únicamente un caso es recordado en esos niveles como una situación que se llevó al ámbito penal, el del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, quien otorgó la libertad a Iván Archivaldo Guzmán Loera, hijo de El Chapo Guzmán, y se le imputó haber realizado transacciones financieras por más de tres millones de pesos que no correspondían con sus ingresos.

De acuerdo con el Listado de Servidores Públicos con Sanciones Administrativas Definitivas del CJF, en el periodo de 2012 a 2017 un total de mil 204 casos fueron sancionados con amonestaciones, inhabilitaciones o destituciones de los cargos; de estos, el número de jueces y magistrados que recibieron algún castigo se reporta en 122 casos.

Fuentes del CJF señalaron que dentro de este organismo, aunque esté encabezado por el presidente del Poder Judicial de la Federación, que es también el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante las deliberaciones de pleno no se toman decisiones de manera unilateral.