Con la bendición de un sacerdote a las casillas y la celebración de una misa en el lugar, se siguió consolidando ayer el asentamiento en el viejo cementerio de autos de Villa Lugano, al que los usurpadores comenzaron a denominar Barrio Papa Francisco.

Mientras la Justicia todavía no definió la concreción o la suspensión de las dos órdenes existentes para desalojar el predio, los ocupantes no sólo participaron ayer de los servicios religiosos -celebrados por el párroco de la villa 20, Franco Punturo- sino que también realizaron un festival de música para festejar la permanencia en el terreno, que fue tomado hace 16 días en reclamo de viviendas.

El predio fue usado hasta hace un año como depósito de vehículos por la Policía Federal. Por eso, la tierra y las napas de agua están contaminadas con sustancias como cadmio, cinc, cobre, cromo, manganeso, níquel, plomo, selenio e hidrocarburos. Una ley local y un fallo de la jueza Elena Liberatori obligan a sanear el terreno, tareas que demandarían un año, y luego construir allí viviendas sociales para los habitantes de la villa 20.

Por las demoras existentes en cumplir con esos mandatos y, en muchos casos, según investiga la Justicia, engañados por punteros y líderes barriales que comercializaron los lotes, vecinos de esa villa ocuparon el lunes 24 de febrero el abandonado lugar.

Pocas horas después, empezaron a instalar casillas precarias y a ingresar cables para el abastecimiento eléctrico. Ayer, la instalaciones fueron bendecidas por el padre Franco y los moradores festejaron la "inauguración" de un nuevo barrio, al que llaman Papa Francisco.

"Elegimos ese nombre porque nos sentimos representados por el Papa. No lo conocimos personalmente, pero él recorrió las villas de la ciudad y sabe nuestras necesidades", explicó a LA NACION Emanuel Ríos, uno de los líderes de la toma, respecto de Jorge Bergoglio, que, durante su obispado en Buenos Aires, efectivamente estuvo muy cerca de los más pobres.

Son unas 300 familias las que permanecen asentadas en el viejo cementerio de autos, situado en Pola y Fernández de la Cruz. El nacimiento del barrio de emergencia tiene similitudes con lo ocurrido en la Costanera sur durante el gobierno de Aníbal Ibarra, cuando, pese a resoluciones judiciales que ordenaron el desalojo, la villa Rodrigo Bueno se arraigó para siempre en tierras aledañas a la reserva ecológica.

"Todo el tiempo bendecimos casas. Cuando un vecino lo solicita, el sacerdote se acerca y da la bendición. Es un procedimiento muy habitual. Además, es gente con la que venimos trabajando y conocemos. El 90% son vecinos de la villa 20", detalló ayer a LA NACION el padre Franco, párroco de María Madre de la Esperanza, la iglesia que funciona en la villa 20.

El sacerdote recordó además que ya el martes de la semana pasada había celebrado misa en el asentamiento y que había acordado con los habitantes repetir la ceremonia todos los martes.

Respecto del nombre elegido por los habitantes del barrio para bautizarlo, fue escueto. "Es el nombre que ellos le pusieron, desde los primeros días", señaló, en referencia a que, si bien menciona al Papa, la denominación no cuenta con una ratificación eclesiástica, pero tampoco la exige.

Los avances registrados en el asentamiento, no sólo a nivel estructural sino en cuanto a la vida en comunidad que ya se aprecia, sugieren que el núcleo habitacional se fortalece cada vez más sobre tierras de dominio público y será más difícil de erradicar.

El crecimiento se concreta pese a la alta contaminación presente y sus posibles consecuencias sobre la salud de las familias, y pese a las órdenes de allanamiento libradas por dos jueces porteños en lo penal.

El trámite judicial sufre dilaciones. La orden de desalojo emitida por el juez subrogante Gabriel Vega fue apelada y, desde hace una semana, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal debe decidir si confirma la resolución de primera instancia o si la revoca.

La resolución viene demorada porque uno de los camaristas, Marcelo Vázquez, fue recusado por la Defensoría General de la ciudad, que representa los intereses de los usurpadores. Se estima que, entre mañana y pasado, la Sala III definiriá si hace lugar o no a la recusación. Sólo una vez que la integración del tribunal esté confirmada emitirá opinión sobre el desalojo.

Una segunda orden para liberar y restituir el terreno de Villa Lugano al Estado porteño, dictada por la jueza Gabriela López Iñíguez, también está sujeta a lo que resuelva la Cámara de Apelaciones.

Según los fiscales que investigan la toma, la misma fue fomentada por un grupo de personas que viene comercializando lotes en distintos asentamientos y, en este caso, los ofreció por entre $ 8000 y 20.000. Los sospechosos son Néstor Rivas, Darío Varela, Marcelo Chancalay -ex líder de la villa 20 que trabajó para UNEN y es dueño de una empresa constructora ligada a la Fundación Sueños Compartidos-, Emanuel y Alejandro Ríos, Marcelo Urquiza y Roberto Giménez o Jiménez.

Protesta vecinal en contra de la toma

Anoche, vecinos de Villa Lugano se movilizaron en contra de la toma del predio donde funcionó el cementerio de autos. Delegados de los ocupantes advirtieron que "un grupo de 100 personas", con pancartas con consignas del tipo "Fuera okupas" habían llegado hasta la puerta del asentamiento y los habían amenazado. Denunciaron, además, que los manifestantes habían podido llegar hasta la puerta del predio por la inacción policial.

Por su parte, voceros de la Policía Metropolitana detallaron que la movilización vecinal partió de la comisaría 52a. de la Policía Federal, situada a 10 cuadras de la toma. Además, aclararon que no llegó a haber contacto directo entre los manifestantes y las familias asentadas porque se interpuso "un cordón de la Gendarmería Nacional".

Luego de unos 40 minutos de protesta, la movilización se desactivó.