Protestas ante el Tribunal Supremo, este martes. En vídeo: declaraciones de Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno. KIKE PARA | VÍDEO: atlas

Cuarenta y tres años después de su entierro en el Valle de los Caídos y a seis días de la fecha prevista para su exhumación, un tribunal ha paralizado el traslado de los restos de Francisco Franco del monumento a su victoria en la Guerra Civil en el que se halla desde 1975 a un panteón del cementerio de El Pardo, donde yace su esposa. Cinco magistrados de la sección cuarta del Tribunal Supremo han accedido este martes "por unanimidad" a la petición de la familia para suspender la operación en la que el Gobierno de Pedro Sánchez trabaja desde prácticamente su llegada a La Moncloa.

El Supremo considera que no acceder a la petición de la familia para suspender cautelarmente la exhumación mientras no hay una sentencia firme sobre el fondo del asunto podría ser "extraordinariamente perjudicial no solo para los recurrentes, sino también para el interés público por las singulares y únicas circunstancias que concurren en este caso". A juicio del tribunal, eso provocaría "un grave trastorno para los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, habida cuenta de la significación de don Francisco Franco". Argumentan los magistrados que "el hecho de que fuera jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 [tres meses después del inicio de la Guerra Civil] hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975 atribuye a toda la controversia unos rasgos especiales que no se pueden ignorar y que permiten atribuir un perjuicio irreversible a la ejecución de la decisión del Consejo de Ministros de exhumar sus restos si esta, después, fuere considerada contraria a Derecho".

El catedrático de historia contemporánea Julián Casanova considera un "error de bulto" señalar, como hace el Supremo en su auto, a Franco como "jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936". "El jefe del Estado a la altura de octubre de 1936 es Azaña. Es un error que muestra claramente la propaganda y el tipo de historia que se ha distribuido y que los magistrados difunden ahora", afirma.

Los siete nietos del dictador hablaban de "daño irreparable" si la operación seguía adelante. "Ninguna familia debe ser obligada a pasar por dos exhumaciones y tres entierros de uno de sus seres queridos mientras no se hayan agotado todas las vías jurisdiccionales en las que podría hacer valer sus legítimos derechos", decían en su recurso.

El Supremo, en cualquier caso, señala que "no hay duda" de que en el acuerdo del Consejo de Ministros para proceder a la exhumación de Franco "también está presente el interés general" y añade que no hay motivo para que puedan "resolver el recurso contencioso-administrativo en un plazo razonable".

El Gobierno no tira la toalla

El Ejecutivo se aferra a esas últimas líneas del auto del Supremo y no tira la toalla. "La suspensión cautelar implica que el Gobierno pospondrá la ejecución de la exhumación hasta que en los próximos meses se dicte sentencia sobre el fondo del asunto. No es extraño que el Tribunal Supremo suspenda la ejecución de una decisión cuya legalidad tiene que revisar a instancia de parte. Obviamente, la suspensión cautelar no indica nada sobre el fondo del asunto. De hecho, el Gobierno está convencido de que el Supremo desestimará este recurso, como ha venido haciendo hasta ahora con todos los recursos planteados por la familia Franco", han manifestado en un comunicado. "Alcanzar el objetivo último importa más que todo el camino que tengamos que recorrer", declaró ya el lunes la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ante la previsión de que el tribunal paralizara la exhumación

EL PAÍS avanzó los planes de exhumación el 17 de junio de 2018, pero el proceso se ha complicado mucho más de lo que el Gobierno esperaba. La familia del dictador y la Fundación Nacional Francisco Franco han recusado hasta en 14 ocasiones a los instructores del expediente administrativo y desde que el Ejecutivo confirmó su intención de exhumar los restos del Valle de los Caídos para convertir el monumento en "un lugar de memoria y reconciliación" han puesto todo tipo de obstáculos al proceso, incluido el de pedir honores militares para el nuevo entierro y solicitar que el mismo se hiciera en la catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid.

El Gobierno dio un plazo a la familia para escoger el nuevo lugar de inhumación, pero no previó que los nietos podían señalar la cripta de La Almudena donde yacen los restos de la hija del dictador, fallecida en diciembre de 2017. El Ejecutivo viajó entonces al Vaticano para tratar de recabar el apoyo de la Iglesia y finalmente, alegó razones de orden público — "evidentes riesgos para la seguridad ciudadana y la movilidad"— para vetar la catedral como nuevo lugar de enterramiento. El Valle de los Caídos, en San Lorenzo del Escorial, a 58 kilómetros de Madrid, sigue siendo hoy lo que Franco quiso que fuera, un gran monumento para inmortalizar su victoria en la Guerra Civil, pero llevar sus restos a La Almudena podría trasladar el lugar de exaltación del franquismo a una zona turística en la capital.

La familia ya intentó paralizar el proceso hace meses, pero el alto tribunal rechazó entonces frenar los trámites al no haber concluido el Gobierno el procedimiento administrativo. El Supremo, se reservó, eso sí, la última palabra al dejar la puerta abierta a los nietos de Franco para presentar un recurso cuando el Ejecutivo terminara el expediente, como así fue. El pasado abril pidió al Gobierno una copia del acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de marzo en el que se decidió que la exhumación de los restos del dictador y su posterior inhumación en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, se realizara el 10 de junio. Y este martes ha accedido a la petición de la familia de suspender la operación.

Queja por la imparcialidad del juez Requero

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentó este lunes una queja ante el Poder Judicial al entender que uno de los magistrados, José Luis Requero, no era imparcial por haberse manifestado con anterioridad en contra de la llamada memoria histórica y por su relación de amistad con el abogado Santiago Milans del Bosch, que ha colaborado con la Fundación Franco. Miembros de la plataforma ni Valle ni Almudena,que agrupa a un centenar de asociaciones, han convocado una protesta este mediodía en las inmediaciones del Supremo. "Cada día que Franco pasa en Cuelgamuros constituye un insulto a la sociedad española y a la democracia", afirman.

La propuesta de exhumar los restos del dictador para convertir el Valle de los Caídos —una anomalía internacional, según los relatores de la ONU que lo visitaron— en un lugar de memoria ha sido aprobada dos veces en el Congreso de los diputados. En 2017, por 198 votos a favor y 140 abstenciones y en 2018, por 172 votos a favor, 164 abstenciones (del PP y Ciudadanos) y dos en contra (de diputados populares que aseguraron que había sido un error).

Sepultado por una losa de 1.500 kilos, con flores frescas cada día sobre su tumba, Franco resiste en el monumento a los caídos, la mayor fosa común de España, donde fueron enterrados sin consentimiento familiar cientos de republicanos exhumados de fosas y cunetas repartidas por todo el territorio nacional.