El cómputo de 7010 desaparecidos en la violenta década de 1973 a 1983, revelado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj y que dio lugar a una fuerte polémica, surge de un relevamiento que realizó el organismo entre 2013 y 2015, durante la presidencia de Cristina Kirchner .

"La cifra no fue obra de esta administración. Fue contabilizada en 2013 y ratificada por Martín Fresneda -ex secretario de Derechos Humanos durante el kirchnerismo-. Los datos que damos están en la web y fueron subidos por la gestión anterior", afirmó ayer Avruj en declaraciones radiales, tras la reacción de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto.

El cómputo oficial indica que, de esos 7010 desaparecidos, 6348 casos corresponden a la dictadura militar. "Es una provocación y una persecución desagradable", dijo Carlotto, al quejarse por una cifra que se aleja de los 30.000 desaparecidos denunciados históricamente por las organizaciones de derechos humanos. "Es vergonzoso. Las Naciones Unidas registran más de 15.000. ¿Por qué no les preguntan a ellos?", reaccionó la dirigente.

La ex presidenta de la Nación, Cristina Kirchner Fernando Massobrio - Archivo

El propio Avruj habló ayer por teléfono a Carlotto para explicarle que el número de desaparecidos surge de un relevamiento ordenado por el gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner. El informe reactivó la polémica que derivó en la renuncia del ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, quien en enero último puso en duda el número de 30.000 desaparecidos.

Los datos que reveló Avruj fueron en respuesta a un pedido de acceso a la información pública que planteó la asociación civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, que requirió conocer "la cantidad de personas que se encuentren en situación de desaparición forzada o que hayan sido luego halladas sin vida, entre 1973 y 1983".

La Secretaría de Derechos Humanos respondió que el Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado (Ruvte), creado en el gobierno de Cristina Kirchner, computó 7010 desapariciones forzadas y 1561 asesinatos, lo que suma 8571 víctimas de terrorismo de Estado en ese período. De ese total, el 14,83% (1271 casos) corresponden al gobierno peronista de 1973/76. Las otras 7300 víctimas, entre desaparecidos y víctimas, corresponden al proceso militar. La última edición del Nunca Más -el informe de la Conadep- reeditado en 2006, en pleno gobierno kirchnerista, registra 6415 desaparecidos y 743 víctimas de "ejecución sumaria".

En la respuesta se indicó que el listado de víctimas comprende todas las denuncias formalizadas ante la Secretaría de Derechos Humanos. El propio informe indica que deben añadirse los casos denunciados ante la Justicia y otros organismos no refrendados ante dicha secretaría.

Inscripta en la IGJ en 2010, la asociación civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional es presidida por el abogado José Lucas Magioncalda y llevó varios reclamos al Estado. En el último año presentó un amparo para exigir a las escuelas porteñas la instalación de vidrios de seguridad para evitar daños en los alumnos y pidió un arresto al teniente general César Milani por "falta disciplinaria" a raíz de recientes declaraciones.