Una oficina con vistas a un estanque de patos. La eurodiputada inglesa Anthea McIntyre desarrolla sus actividades para el Parlamento de Bruselas en un idílico paraje de casas de verano del siglo XVI a una hora en coche de Bristol, en el centro-oeste de Inglaterra. A parte de lo anecdótico y lo poco adecuado del lugar para atender a los ciudadanos que la votaron, se trata de una propiedad hotelera que la política conservadora británica comparte con su marido.

Propiedad de A. McIntyre donde se ubica su oficina europarlamentaria.

Allí reciben a viajeros en casitas rurales con encanto. Les costó 800.000 libras —o 1,3 millones de euros— en 2001, según consta en el registro de la propiedad británico. Ahora tiene un valor de dos millones de euros, según la evolución de los precios de mercado de la zona. Así, McIntyre tiene su oficina nacional de representación europarlamentaria en el negocio familiar. En 2016, declaró haber gastado 21.400 euros en el mantenimiento de su despacho.

No es un caso aislado. La picaresca no entiende de nacionalidades ni de color político. Es solo un ejemplo más de los muchos que han salido a la luz a raíz de la investigación de periodistas de 28 países sobre las eurodietas 'black’. Se trata de la dieta para gastos generales (GEA, por sus siglas en inglés) que recibe cada uno de los 751 miembros de la Eurocámara. Esa compensación asciende a 4.342 euros mensuales por diputado, un total de 52.104 anuales, y está destinada a cubrir gastos de oficina en los países de origen: alquiler de locales, compra de equipos informáticos o facturas de luz y teléfono, entre otros.

Esa suma no está auditada por el Parlamento Europeo, sino que se entrega para su libre uso, convirtiéndola en el único gasto comunitario no fiscalizado, lo que en ocasiones da lugar a prácticas irregulares como la financiación ilegal de partidos o que los eurodiputados lo tomen como un sobresueldo. Precisamente, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude denunciaba la semana pasada el incremento de los casos investigados que afectan a los eurodiputados. El pasado 27 de abril, la mayoría de ellos votaron en contra de que esa dieta fuera fiscalizada.

Tras la publicación del trabajo periodístico, el pasado jueves, Antonio Tajani, presidente de la Eurocámara, admitió la necesidad de "cambiar la situación de la GEA para tener un mayor control" de la dieta. Según su previsión, "dentro de tres o cuatro meses, el Parlamento tendrá que aprobar el cambio normativo".

El dinero a disposición de los eurodiputados: las dietas, los controles, los reembolsos... Jesús Escudero Se utilizan para costear el alquiler de las oficinas, teléfono, material de trabajo y otros conceptos, aunque nadie controla que realmente se utilicen ni se devuelva lo que sobra

Oficinas fantasma

Las oficinas nacionales de los eurodiputados están pensadas para acercar a lo ciudadanos a los políticos elegidos que los representan en Bruselas. Sin embargo, a las solicitudes de información pública realizadas por los reporteros, solo dos de cada tres miembros del Europarlamento facilitaron la ubicación de su oficina nacional. En el caso de los españoles, la opacidad fue mayor: únicamente 31 de los 60 representantes proporcionaron la dirección de su oficina de entre aquellos que ocuparon un escaño en el periodo 2015-2016 y que fueron preguntados.

Entre los eurodiputados no españoles, se dan muchos casos curiosos que muestran cómo las oficinas nacionales, a cuyo mantenimiento están destinados los 4.342 euros mensuales, directamente no existen o no están operativas para las actividades que deberían desarrollarse en esos locales.

Lugar donde supuestamente Paul Rübig tiene su oficina nacional.

El diputado conservador Paul Rübig asegura que su oficina está en un polígono industrial de la pequeña ciudad de Wels, al norte de Austria. El local está supuestamente ubicado en las instalaciones de Franz Rübig und Söhne GmbH & Co KG, una empresa familiar que suministra piezas de ingeniería a la industria aeronáutica. Nada indica que albergue una oficina europarlamentaria: ni hay timbre ni cartel alguno para que los ciudadanos traten con su representante. El portavoz de Rübig no ofreció respuestas claras al respecto.

Por su lado, el búlgaro Nikolay Barekov, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, facilitó la dirección de una de sus oficinas en la ciudad de Plovdiv, en el interior del país. Un portavoz de la empresa que compró el edificio donde supuestamente está ubicada y que lo está rehabilitando, Ataro Clima, dijo que cuando lo adquirió en noviembre de 2014 se encontró un despacho en desuso de Barekov. Hoy día, no existe tal oficina.

En el caso de dos diputados lituanos, Rolandas Paksas y Valentinas Mazuronis, los reporteros constataron que los lugares donde ellos indican que están sus despachos nacionales están permanentemente cerrados. Cada europarlamentario cuenta con casi 300.000 euros anuales para pagar salarios de asistentes. Paksas tiene 10 asistentes locales, Mazuronis ocho, según informa la web oficial de la Eurocámara.

Tampoco en Suecia parecen tener muy claro cómo usar estas dietas. Los cinco eurodiputados socialistas destinan los fondos para alquilar una oficina conjunta en Bruselas, cuando el reglamento especifica que el dinero debe ser utilizado en los países de origen. Les cuesta 6.000 euros al mes. En Estocolmo, usan las sedes de su partido y del Parlamento sueco para sus actividades sin invertir dinero de la GEA.

Autoalquiler y alquiler a familiares y amigos

El alquiler de inmuebles propios no es un hecho aislado. De los 494 eurodiputados que proporcionaron la ubicación de sus oficinas, 19 manifestaron que autoalquilaban sus propiedades. La portavoz del Europarlamento, Marjory van den Broeke, manifestó a este diario que este hecho no es un problema mayor, pero “la oficina debe usarse realmente para el ejercicio del mandato europeo”. No dio explicaciones de cómo controla la institución que la norma se cumpla.

Así, Jill Seymour, compatriota de McIntyre, alquila una propiedad de su propio marido, Brian Seymour, en la pequeña localidad de Wellington, a 60 km de Birmingham. El registro de la propiedad británico corrobora este hecho. Esta eurodiputada del partido UKIP, que alentó el Brexit, no facilitó cuánto paga al mes por el alquiler de la oficina.

Uno de los ejemplos más destacados de autoalquiler es el del alemán Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo. Su oficina se encuentra en una propiedad suya a escasos metros de su residencia privada en la pequeña localidad bávara de Wildberg, muy lejos de ser un punto de encuentro para la ciudadanía y su representante en Bruselas. Weber declinó contestar cuánto se autoabonaba al mes.

En cuanto al finlandés Hannu Takkula, paga un alquiler de 980 euros al mes por un espacio que es propiedad de una de sus asistentes nacionales.

Como último ejemplo, el socialista italiano Gianni Pitella informó de que no usa oficina nacional, pero dijo que se gasta la suma íntegra de la dieta GEA en viajes, facturas de teléfono o en la organización de eventos. Señaló que tiene más de 250 actos relacionados con su actividad como europarlamentario. Sin embargo, visitada su agenda digital a comienzos de junio, se lee: “En estos momentos, no hay citas previstas”.