La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó para el lunes su resolución sobre la Ley de Geolocalización que permite a la Procuraduría General de la República (PGR), a través de los ministerios públicos, localizar a los usuarios de celulares involucrados en investigaciones de delitos graves como secuestro o tráfico de drogas.

Al menos cuatro de los 11 ministros han mostrado su apoyo para echar adelante la Ley de Geolocalización, cuestionada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Para invalidar los artículos impugados por la CNDH se requiere el voto de al menos 8 de los integrantes del pleno del máximo tribunal, por lo que es probable que la Ley de Geolocalización se valide.

El proyecto de la ministra Margarita Luna Ramos propone desechar el recurso de invalidez promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la reforma a dos artículos que se incluyeron en lo que se conoció como la "Ley de Geolocalización" aprobada por el Congreso en 2012.

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La ministra argumentó que la reforma no viola el derecho humano a la privacidad de una persona, pues la ley sólo faculta a la procuraduría a localizar aparatos, pero no a iniciar una intervención de las llamadas, cateo o detención de una persona.

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"La ley no se refiere a la localización de una persona, sino de un aparato", subrayó Luna Ramos este jueves en su intervención en el Pleno de la SCJN.

La reforma permite que la Procuraduría General de la República (PGR) exija a los operadores de telefonía móvil el rastreo del celular de una persona que se encuentre involucrada en investigaciones de delitos graves como el crimen organizado, contra la salud o secuestro.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dijo que aunque no coincide con todas las consideraciones del proyecto, está a favor de su aprobación, pues consideró que la ley no tiene como fin la localización de una personas sino de los equipos, pues se requiere de la aprobación de un juez para la intervención, cateó o detención de la persona ligada a este equipo.

"Me parece que la medida, que sí puede ser tomada como restrictiva de algunos derechos, pasa el test que deben pasar todas las restricciones a los derechos humanas", dijo el ministro Jorge Pardo Rebolledo, quien se mostró a favor del proyecto.

El ministro enfatizó que la ley otorga a los ministerios públicos la posibilidad de usar la tecnología para realizar de mejor manera las investigaciones y la persecución de delitos graves .

El ministro Alberto Pérez Dayán coincidió en que resulta importante ofrecer al ministerio público la posibilidad de usar la geolocalización para sus tareas de investigación.

En tanto los ministros Ramón Cossío y Sergio Valls votaron en contra del proyecto al entender que las modificaciones a los artículos 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, 16, fracción I, apartado d); y 40 Bis de la ley Federal de Telecomunicaciones, sí ponen en peligro el derecho a la privacidad de las personas.

"Aún siendo sensible a las condiciones actuales de seguridad del país, no puedo justificar la validez de estas normas", expuso Ramón Cossío.