El Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza Fabián Marelli - Archivo

La caja estaba literalmente vacía. El viernes previo a la asunción de María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, su ministro de Economía, Hernán Lacunza, comprobó que sólo había $ 180 millones. Menos del 1% de lo necesario para los pagos de salarios y aguinaldos de los siguientes 20 días. Había hasta un año de atraso en el pago a proveedores de bienes críticos, como comida para comedores escolares e insumos médicos. La situación era tal que hasta el Correo Oficial se resistía a repartir las boletas del impuesto inmobiliario porque se le debía un año de pagos. De ahí que en los primeros 250 días de gobierno se apostó a un plan económico "bombero" que se aplicó para apagar los incendios de cortísimo plazo. O como dicen en La Plata: "Para sacar la cabeza de abajo del agua".

En enero se presentó el programa financiero, que prevé unos $ 60.000 millones para todo el ejercicio. Y en febrero se emitió el "bono proveedores", que buscó unos $ 8000 millones para regularizar deudas. En marzo llegó el primer bono internacional por unos US$ 1250 millones a siete años de plazo promedio, con un cupón de 9,12%, y en junio se apostó a un segundo bono por US$ 1000 millones.

Del total, US$ 500 millones implican una financiación a tres años a una tasa del 5,75% y los otros US$ 500 millones serán a diez años, con un rendimiento de 7,87 por ciento. “Superada la emergencia inicial trabajamos en asegurar el financiamiento del año y estirar el horizonte de toma de decisiones”, dice Lacunza.

LA NACION

Los resultados a agosto plantearon un cambio de tendencia. A partir del financiamiento se garantizaron los pagos de los compromisos salariales y también a los proveedores y municipios para el segundo semestre. Se obtuvieron unos $ 1200 millones de rendimiento por colocaciones financieras de lo que se denominan herramientas de liquidez transitoria (letras del Banco Central, plazo fijo y moneda extranjera).

Con la mira en reactivar la obra pública se dispuso de fondos para infraestructura. Se licitaron este año unas 600 obras en municipios por unos $ 20.000 millones y se prevén otras por unos $ 30.000 millones a partir de 2017, según el proyecto de presupuesto que se elevará a la Legislatura. Según afirmó Lacunza, de los $ 20.000 millones la provincia ejecutará en forma directa $ 13.000 millones, y $ 7000 millones se canalizarán a través de los municipios.

Para el funcionario, el rol de la obra pública será fundamental para que el año termine con mejores indicadores económicos a los registrados en la primera mitad.

“Por la ejecución de la obra pública, el cierre de las paritarias privadas, el tipo de cambio estable y el blanqueo, el panorama luce mejor para esta segunda mitad del año”, sostuvo en una charla con LA NACION el ministro. Admitió también que hay una gran divergencia entre el buen panorama que presenta el interior de la provincia por el agro, y la compleja situación del conurbano debido al parate local y al de Brasil. Dentro de las obras hidráulicas se destacan las del Salado, Reconquista, Luján, Areco y ciudad capital. También, obras viales y de agua y cloacas que estarán a cargo del estado nacional.

Los próximos pasos están en línea con lo hecho en los primeros 250 días. El equipo de Lacunza buscará en los próximos tres meses emitir un bono local en pesos y avanzar con el programa financiero de 2017 que se encuadra en la ley de presupuesto provincial. Además se enviará un proyecto de ley de participación público-privada en el financiamiento de la infraestructura.

Una de las principales fuentes de financiamiento para la obra pública serán los US$ 1000 millones que aportarán el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento, entre este año y el próximo.

En la gestión de Daniel Scioli, la ejecución de créditos internacionales fue muy baja, además de que en general las cuentas no estaban ordenadas: el presupuesto 2015 estuvo lejos de cumplirse. Se preveía un equilibrio, pero hubo un rojo fiscal de unos $ 21.500 millones. A pesar de no haberse hecho obras de infraestructura en cuatro años, las cuentas no cerraban. Hay un dato elocuente: sólo 3% del presupuesto iba a inversión y se llegaron a pagar unos $ 200.000 anuales al Banco Nación por la custodia de patacones.

La deuda tenía varias contingencias aún mayores a los $ 120.000 millones registrados. Se sumaron unos $ 60.000 millones de pasivos con el Banco Provincia, el IOMA, la caja previsional de la policía y los municipios, entre otros entes. Además había un plan financiero que tenía de manera permanente facilidades de pago de deudas impositivas.

Si bien la ley exige que el proyecto de presupuesto provincial sea presentado antes del 31 de agosto del año previo, el gobierno de Scioli no lo había hecho. Así fue como en enero se elaboró y aprobó en el Congreso provincial el presupuesto 2016 y la ley impositiva. Las partidas se reasignaron. Se redujo un 30% la planta política y se recortó un 50% la propaganda. Los programas sociales se incrementaron en un 70% desde una base baja; las partidas para infraestructura se elevaron un 100%, y las de salud, un 51 por ciento.

En julio se envió al Congreso un proyecto de ley sobre el fondo del conurbano y en agosto se encaró la demanda ante la Corte Suprema por ese mismo tema. Ese mes sonaron buenos acordes para las huestes provinciales, con la devolución del 15% de la coparticipación que hasta ahora recibía el sistema previsional nacional, algo que significó unos $ 3100 millones, y con un préstamo de la Anses por $ 6200 millones que entraron a la caja el jueves pasado. También terminó el plan de facilidades de pagos para el evasor que había encarado ARBA.

Y reaparecieron los informes fiscales, que muestran un superávit de unos $ 1900 millones para el período de enero a marzo contra los $ 200 millones de igual período de 2015, de acuerdo con los datos de la Contaduría General de la provincia. Aunque el déficit seguirá primando en el balance anual, según descuentan los analistas. Los próximos pasos giran en torno de cuatro ejes: proyecto de ley de blanqueo, presupuesto 2017 y ley tributaria 2017 y la revisión del régimen de promoción industrial.

Un punto conflictivo es la relación con los municipios. A diciembre de 2015, unos 109 distritos tenían cuentas deficitarias por $ 3400 millones. Había cuatro meses de atraso en el envío de fondos regulares de la coparticipación y reinaba la cultura de “el que no llora, no mama”. Hasta ahora se canceló el 50% de la deuda (el resto se pagará antes de fin de año).

En cuanto a las finanzas de toda la provincia, el panorama luce alentador tras las mencionadas colocaciones de bonos. “Ya no hay estrés financiero, aunque no descartamos alguna colocación más este año, local o en el exterior, y la posibilidad de desarrollar algún canje de títulos”, indicó el economista. Y aclaró que el panorama fiscal es tranquilizador, porque la recaudación creció el 36% en promedio en los primeros siete meses del año. Pero no quiso adelantar un resultado fiscal para el año. “El nivel de gasto es muy rígido, porque el 90% va destinado a salarios, jubilaciones y coparticipación automática, pero lo que estamos enfatizando es el control sobre la ejecución de las partidas, en particular en casos como las escuelas y las cárceles”, afirmó.

Una importante fuente de ingresos podría llegar a través de la adhesión provincial al blanqueo de capitales lanzado por el Gobierno. En su capítulo bonaerense tendrá una alícuota del 0% para adherirse y eso incluirá todas las tasas, como Sellos e Ingresos Brutos. Además, habrá un plan de facilidades de pagos. Y mientras sigue de cerca la causa judicial por el fondo del conurbano, el gobierno provincial también observa que las transferencias por coparticipación crecieron 28% desde enero.

Por último, no se le quita atención a una negociación no menor que se viene: la salarial. El 30% de la planta cerró acuerdos semestrales, por lo que se volverá a negociar con los empleados de salud y judiciales. Eso, en el marco de la situación de los docentes, que piden reabrir su paritaria.

Todo esto en el mayor distrito de la Argentina, que concentra el 40% de los habitantes y genera el 36% del producto bruto interno del país.