Sras. y Sres. Eurodiputados del Partido Socialista

Me dirijo a ustedes como ciudadana preocupada por las repercusiones que una posible aprobación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión puede tener sobre los derechos de las mayorías sociales de los países implicados.

Dado que el tema me interesa, hace un tiempo que vengo intentando entender la línea política que el grupo parlamentario socialista está siguiendo en la Eurocámara respecto de la política de liberalización del comercio y de la inversión. A estos efectos, les he observado en las votaciones y seguido en los debates, he analizado sus anteriores posicionamientos en temas similares e incluso me he leído sus comunicados y el artículo que fue publicado en El País en junio, titulado Por el crecimiento y el empleo donde ustedes explican su postura afirmando la necesidad de “hacer pedagogía” respecto del contenido del tratado. Pero su pedagogía, lejos de aclararme, ha aumentado mi confusión respecto de su postura. Una de dos, o ustedes no han entendido el texto que votaron el 8 julio a favor o han decidido faltar a la verdad sin contemplaciones.

Para justificar esta apreciación, y siguiendo su afán didáctico, voy a pasar a exponerles una serie de consideraciones respecto de su postura, advirtiendo ex ante que todas ellas se derivan del estudio y la lectura, no solo del texto sino de múltiples análisis y estudios académicos sobre los tratados de libre comercio en general y el TTIP en particular.

Comencemos por su afirmación de partida. Ustedes señalan que el objetivo del TTIP es estimular el comercio y la inversión entre la UE y los Estados Unidos eliminando las barreras innecesarias, tanto arancelarias como no arancelarias. No obstante, saben bien que el objetivo del tratado es mucho más amplio. Por un lado, porque el mismo tiene una finalidad geopolítica clara: con su firma, ambas potencias pretenden configurar un bloque internacional capaz de establecer, e imponer, sus estándares comerciales internacionales a otras potencias emergentes. Por otro lado, porque, como reconocen las mismas partes negociadoras, la tasa media de los aranceles entre la UE y EEUU es ya muy reducida por lo que desde el principio se ha reconocido que los resultados que se esperan del TTIP no van a derivar principalmente de esta medida sino de la cooperación regulatoria y de la protección a los inversores extranjeros, mediante la introducción de mecanismos de solución de controversias como el ISDS.

La cuestión de la cooperación regulatoria la plantean ustedes de nuevo de un modo erróneo al indicar que lo que pretende el TTIP es alcanzar una cooperación regulatoria para estimular el comercio y suprimir barreras administrativas innecesarias. Si conocen el alcance de las previsiones en materia de regulación del TTIP (y del CETA, el tratado UE-Canadá cuya negociación ya ha finalizado y está a la espera de aprobación), saben que esta afirmación es insostenible. Bajo el paraguas del término “regulación” debemos incluir leyes, órdenes formales e informales y reglamentos que emanan de todos los órdenes de gobierno, así como normas procedentes de otros organismos. No se trata únicamente de las normas dirigidas a la reglamentación de la economía sino del conjunto de disposiciones emanadas de cualquier nivel de gobierno y destinadas a la protección del medio ambiente, los consumidores, el trabajo asalariado, etc. Pues bien, el Consejo de Cooperación Reguladora que contempla el TTIP va a orientarse a buscar la compatibilidad entre esas normas, lato sensu, obviando que las mismas son el resultado de procesos de decisión democráticamente establecidos en instituciones elegidas por la ciudadanía, de manera directa o derivada. Más allá del escollo democrático, el problema que va a plantear esta cooperación es que, dadas las enormes diferencias existentes entre los niveles de protección de los derechos en ambos lados del Atlántico, van a poder detectarse un gran número de “barreras innecesarias” que será necesario hacer “converger” hacia el mínimo común denominador. No es esta una apreciación derivada de la especulación sino de la evidencia que aportan otras experiencias de integración regional, como el NAFTA entre México, Estados Unidos y Canadá, que ha tenido resultados nefastos para las grandes mayorías sociales de los países más débiles sin generar la creación de empleo esperada.

Sobre esta errónea concepción del TTIP, en su artículo afirman que el pasado 28 de mayo se aprobó, por una amplia mayoría, una propuesta de Resolución en la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, donde se recogen la mayoría de nuestras exigencias (del grupo socialista) y de la ciudadanía. De nuevo nos ofrecen una versión edulcorada de la realidad. Para demostrarlo veamos en primer lugar qué se votó exactamente en aquella Comisión. Según indica el Tratado de Lisboa, el Parlamento puede elevar un informe en el que detalle su posición sobre el contenido de un tratado que se esté negociando. En ejercicio de esta facultad, y bajo la dirección del eurodiputado socialista Bernd Lange se llevó a votación en la Comisión una resolución que luego debía pasarse al pleno. El punto más conflictivo fue la introducción de una recomendación de incluir en el tratado el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado (ISDS) que se planteó como una enmienda al texto, a la que la eurodiputada del PSOE presente en aquella Comisión votó a favor. Curiosamente, unos meses antes, el 4 de marzo de 2015, el grupo socialista en la Eurocámara hizo pública una nota en la que destacaban el rechazo mayoritario al ISDS y expresaban sus «serias reservas» respecto al mecanismo, incluyendo un listado de medidas que deberían incluirse para conseguir un ISDS que el grupo socialista pudiera apoyar. Entre ellas, por ejemplo, el deber de agotar la vía judicial interna antes de recurrir al arbitraje, la garantía de que el ISDS no va a afectar a la renacionalización de servicios, la exclusión explícita de la legislación laboral, etc. Ninguna de estas propuestas estaba en la «Enmienda-Lange», que votaron a favor, ni en el último texto aprobado finalmente por el Parlamento con el apoyo de los socialistas el 8 de julio, cuyo contenido es calculadamente ambiguo.

Es cierto que la cosa no les salió tan bien como esperaban, el voto de los nueve eurodiputados del grupo socialdemócrata en aquella Comisión causó tal revuelo que la votación en el pleno del Parlamento Europeo tuvo que ser pospuesta, incluyendo el debate de las enmiendas. Pero al final consiguieron su objetivo y fraguaron de nuevo esa Gran Coalición con los populares y los liberales (es decir, con el PP, CIU y PNV) que les ha acompañado en otros momentos importantes, como la aprobación de la Bolkestein, la Constitución Europea o el Tratado de Lisboa. Así, con sus votos y los de la derecha, consiguieron aprobar la Resolución que da luz verde al curso de las negociaciones del TTIP.

Pero no se engañen, esto no es lo que quiere la ciudadanía. Probablemente no sabremos nunca lo que piensan realmente los millones de europeas y europeos que se verán afectadas si se llegan a aprobar el TTIP o el CETA dado que sus negociadores pretenden que su aprobación no pase por los Estados miembros ni se consulte a la ciudadanía mediante referéndums. En cambio, sí que podemos saber, gracias a la Consulta que lanzó la Comisión Europea sobre el capítulo de inversiones y el ISDS, que una mayoría abrumadora (el 97%) de las 149.399 respuestas reflejaban una oposición clara al TTIP en general y al ISDS en particular.

Entrando ya en cuestiones concretas, afirman en su artículo que los eurodiputados socialistas defienden el TTIP para promover los principios y valores que compartimos entre la UE y Estados Unidos y menciona a continuación los estándares sociales y medioambientales. Esta afirmación raya el absurdo, como puede comprobarse con un vistazo rápido a algunas cuestiones sociales, y sin ni siquiera entrar, por ejemplo, en las diferencias en cuanto a la regulación de los OGMs. El desarrollo del Estado del bienestar, la protección social, los derechos laborales o las políticas destinadas a la corrección de desigualdades presentan claras disparidades. La regulación del despido permite ilustrar estas diferencias. La laxa normativa que regula las relaciones individuales de trabajo en EEUU permite al empresario despedir a voluntad y por cualquier razón (justificada o no), exceptuando determinadas situaciones especialmente protegidas (se trata del llamado employment-at-will) ¿es esto un valor compartido que queremos importar? La mención a las normas internacionales de la OIT no arregla la situación: el Estado español ha ratificado 133 Convenios de la OIT sobre derechos del trabajo, Francia 125, Alemania 85, sin embargo Estados Unidos tan solo ha ratificado 14 convenios y ni siquiera están entre ellos todos los ocho fundamentales.

Por último, ustedes afirman que pretenden acabar con el ISDS actual basado en el arbitraje privado, exigiendo un nuevo modelo que pase por el reconocimiento de la competencia de los Tribunales Nacionales para garantizar la protección jurídica de los inversores y que incorpore un sistema de apelación. Es cierto que en la última votación del Pleno del Parlamento introdujeron un ISDS convenientemente maquillado para tranquilizar a la opinión pública, pero esto no pasa de ser un ejercicio de gatopardismo porque ustedes tienen un as en la manga. En efecto, como saben bien, si se mantiene el ISDS ya pactado en el CETA y todos los que están en vigor y en fase de negociaciones entre la UE y el resto del mundo, la modulación que se realice de este mecanismo en el TTIP puede quedar en pura cuestión cosmética. Es más, si no se denuncian los más de 75 tratados bilaterales de inversión (BITs) que tiene firmados el Estados español y que mayoritariamente incluyen mecanismos de ISDS la renuncia al mismo en el TTIP no tendrá el impacto necesario.

Pero ya sabemos que eso es pedirles mucho. La amistad entre el partido socialista y los tratados de libre comercio e inversión está fuera de toda duda, solo hay que echar un vistazo a la cantidad de BITs que firmó el Ministro Moratinos, todos ellos con un ISDS incorporado. Como muestra, les recomiendo la lectura del Acuerdo entre España y Libia para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Madrid el 17 de diciembre de 2007 (BOE de 1 de octubre de 2009).