Concentración en Barcelona contra el encarcelamiento de los Jordis, en el 2018. / CARLOS MONTAÑÉS

Amnistía Internacional (AI) anunció que haría público su informe con las conclusiones sobre la sentencia del 'procés', fallo que condena por sedición a entre 9 y 13 años de prisión a nueve procesados, el próximo martes día 19, pero la versión francesa de la web de Amnistía Internacional en Suiza ya las ha adelantado, aunque posteriormente ha retirado el informe. En el análisis, AI denuncia que los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica están amenazados y crítica la condena a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Amnistía considera que la condena "pisa sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica" y pide la liberación "inmediata". Critica que la sentencia se basa en una definición "vaga" del delito de sedición del Código Penal español y en una interpretación "demasiada general y peligrosa", como ha adelantado Vilaweb.

La "imprecisión del delito de sedición"

Sobre los líderes políticos independentistas condenados, Los seis 'exconsellers' y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, Daniel Joloy, consejero principal de Administración, Derecho y Política de Amnistía Internacional,comenta que la "imprecisión de la definición del delito de sedición y su interpretación amplia también ponen en duda las convicciones para la sedición". El organismo alerta que la desobediencia civil "pacífica" está "protegida por la legislación internacional sobre derechos humanos" y que una acusación "excesiva por hechos de desobediencia civil restringe indebidamente el derecho a reunión pacífica y viola el derecho internacional".

Además, añade que se abre el camino porque las autoridades establezcan un "techo ilegal" en el número de personas que pueden ejercer su derecho de manifestarse pacíficamente a la vez. "Una manifestación no pierde su carácter pacífico porque se cometen actos ilegales o algunos manifestantes utilicen la violencia", concluye.

El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltran, considera que "el Congreso tiene que modificar la definición de sedición sin demora, para no criminalizar los actos pacíficos de desobediencia civil ni restringir indebidamente la libertad de reunión y expresión pacíficas".

La coordinadora en Catalunya, Adriana Ribas, indica que "si los líderes políticos catalanes han podido cometer un delito que legítimamente habría sido procesado a causa de sus posiciones oficiales, su condena por sedición, un delito definido demasiado vagamente, incumple el principio de legalidad. Las autoridades tienen que poner remedio a esta situación sin demora".