El Estado mexicano tuvo en el siglo XX una vocación por construir instituciones públicas. Vasconcelos miraba más allá de los individuos que se habían batido en los campos de batalla cuando lanzó su cruzada cultural en los veinte. También lo hicieron Manuel Gómez Morin, Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas, hombres clave para la Universidad Nacional, El Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica. Tal vez lo mejor del régimen de la Revolución mexicana fue esa ambición cultural. Durante casi un cuarto de siglo he formado parte de una de esas instituciones públicas que son inconcebibles en cualquier país de América Latina: el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). En las cuatro y media décadas de su existencia el CIDE ha sido una institución volcada al estudio de las ciencias sociales. Su historia es plural: ha experimentado numerosas transfiguraciones, como el país mismo. Sin embargo, durante 44 años existió un firme compromiso por parte de los gobiernos en turno por conservarlo. En los noventa se pensó en disolver la institución por su orientación hacia la economía keynesiana, pero los tecnócratas neoliberales en el poder tuvieron la suficiente visión para preservarla y convertirla en un centro público de excelencia en el modelo de El Colegio de México. La idea era convertirlo en una palanca para la formación y la diversificación de elites y para la generación de conocimiento útil para incidir en la realidad nacional. Así, en 1993 se crearon licenciaturas que buscarían reclutar a los mejores alumnos del país sin importar su condición socioeconómica. El mérito, no el dinero, sería el criterio de selección. A lo largo de 26 años el CIDE ha ofrecido a jóvenes de diversos estratos y lugares geográficos la oportunidad de formarse como politólogos, economistas y, recientemente, abogados con los más altos estándares.

Ilustración: Belén García Monroy

Las instituciones públicas son frágiles. Son arboles sujetos a los azares de los incendios y las sequías, a los vaivenes e inconstancias de la política. Un árbol centenario puede ser talado en minutos. Eso fue precisamente lo que descubrieron los miembros de su comunidad cuando en noviembre de 2018, a resultas de la promulgación de la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, vieron afectados diversos aspectos del funcionamiento de su institución. Jamás, en sus 44 años de vida, había ocurrido algo así. Las prestaciones de prácticamente todos los empleados fueron súbitamente vulneradas en diverso grado: desde las secretarias y empleados de intendencia (que perdieron sus vales de despensa, y otros mecanismos compensatorios de su ingreso), administrativos (que perdieron seguros y primas de antigüedad) hasta los investigadores cuyos sueldos fueron reducidos al recalcular su antigüedad y cancelar las aportaciones al fondo de retiro. Ningún investigador devengaba por su trabajo académico un salario superior al del presidente. No sólo eso, las nuevas normas burocráticas pusieron a las autoridades del CIDE en serios aprietos. La inflexibilidad de las nuevas reglas para mover recursos entre diferentes rubros presupuestales complicó el pago de horas clase y estímulos, así como la contratación de profesores. Otros han dado cuenta ya de las razones por las cuales en el pasado se idearon mecanismos compensatorios del salario en las instituciones de educación superior públicas.1 Prestaciones laborales bien establecidas, como el seguro médico, fueron canceladas.

Desde entonces los miembros de la comunidad viven en la zozobra constante. Cada quincena hay incertidumbre sobre si recibirán el pago de estímulos, horas clase y su salario completo. Muchos han buscado la protección de la justicia. Sin embargo, el proceso de interponer amparos es caro, complicado y muy incierto. No uno, sino varios recursos legales, costosos todos, han sido necesarios para proteger los derechos de los trabajadores. Ante este panorama (aunado al rezago salarial de ocho años), algunos investigadores optaron por aceptar ofertas de universidades privadas mientras que otros simplemente decidieron emigrar. Los trabajadores emplazaron a una huelga que sólo conjuró la buena disposición del sindicato y la habilidad de las autoridades. Los académicos, por su parte, sintiéndose vulnerados y atropellados, decidieron crear un sindicato propio para protegerse de futuras afectaciones laborales. Aunque el presupuesto de la institución sufrió un decremento menor, las nuevas disposiciones del gobierno federal han dificultado de manera extraordinaria su operación normal.

El CIDE logró en dos décadas ponerse en el mapa de la academia internacional, ahí donde sólo figuran algunas grandes universidades públicas e instituciones privadas de países desarrollados. Hasta hace muy poco podía atraer talento de todas partes del mundo. Ello fue el resultado de un esfuerzo colectivo extraordinario. Lo que el CIDE ha aportado a las ciencias sociales es completamente desproporcionado a su minúsculo tamaño. Por años había sido la envidia de propios y extraños, que veían en él una muestra de lo que una institución pública podía ser si contaba con la voluntad del Estado. Es un inusual caso de éxito de lo público. Hay en el CIDE, y en otras instituciones similares, una reivindicación de la universidad pública. Muchos académicos optaron por dedicarle su vida profesional a ese proyecto. Sería una enorme pérdida, no sólo para México sino para las ciencias sociales latinoamericanas, que la coyuntura política lo segara.

José Antonio Aguilar Rivera

Investigador del CIDE. Autor de La geometría y el mito. Un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en México, 1821-1970 y Cartas mexicanas de Alexis de Tocqueville, entre otros títulos.

1 Eugenia Roldón Vera, “Alegato contra la disminución de los sueldos de los académicos”, nexos, febrero, 2019. https://www.nexos.com.mx/?p=40954