El Ministerio de Industria y Energía no quiere dejar el más mínimo resquicio para que el autoconsumo se siga desarrollando en España, pese a que aún es un fenómeno incipiente en muchas zonas. Aunque había ciertas esperanzas en el sector renovable de que el borrador de Real Decreto de autoconsumo, con el que Industria quiere acabar esta legislatura, suavizara las medidas más perversas y desproporcionadas incluidas en la Ley del Sector Eléctrico contra las viviendas que no tengan legalizadas sus placas solares, nada de esto ha ocurrido; más bien al contrario.

Según ha podido saber Vozpópuli, el Departamento que dirige José Manuel Soriano va a dulcificar en el borrador sacado ahora a consulta pública ninguna de estas medidas, entre las que se encuentran la posibilidad de que los inspectores de Industria puedan entrar en viviendas solares sin autorización judicial para comprobar si todo está en regla y que en el caso de encontrar irregularidades o faltas "muy graves" las multas puedan llegar hasta los 60 millones de euros (sí sí, de euros).

El nuevo Real Decreto es tan estricto en el detalle que convertirá en ilegales a muchas instalaciones. Dado su cariz retroactivo, "todas las instalaciones ya legalizadas que ahora no se ajusten a la norma pasarán a ser ilegales. Se incluyen todas las realizadas bajo las especificaciones del REBT y todas las del 1955/2000 (la normativa que se aplica ahora para instalaciones de más de 100 kilovatios)", señalan fuentes de la patronal fotovoltaica UNEF.

El RD de autoconsumo es retroactivo y dejará al margen de la legalidad a muchas instalaciones (viviendas, hospitales, gasolineras...) ya puestas en marcha

Además, el artículo 28 del borrador de RD determina que "todo lo que no esté incluido en esta normativa estará prohibido", con lo que muchas instalaciones en viviendas particulares, pequeños negocios y edificios como hospitales, universidades y gasolineras, entre otros muchos, quedarán al margen de la ley cuando a la vuelta del verano, Industria lleve la norma al BOE, según ha dicho el propio Ministerio. Para perseguir a todas estas instalaciones con ilegalidad sobrevenida y a las nuevas que se desarrollen, Industria dispondrá de un equipo de inspectores a los que la nueva Ley del Sector Eléctrico, aprobada a finales de 2013, les habilita para entrar en las viviendas sin orden judicial.

“El personal habilitado a tal fin tendrá las siguientes facultades de inspección: a) Acceder a cualquier local, instalación, terreno y medio de transporte de las empresas, asociaciones de empresas y personas físicas que desempeñen alguna actividad de las previstas en esta ley, así como al domicilio particular de los empresarios, administradores y otros miembros del personal de las empresas”, reza el polémico texto de la Ley, que recupera los modos de actuación de la Ley Corcuera y su temida "patada en la puerta". "Una nueva versión del allanamiento de morada, pero aplicado a hogares con placas solares", señala una fuente fotovoltaica.

Dado que el RD de autoconsumo no incluye modificación alguna a este respecto, bastará con una simple autorización administrativa de Industria para que el inspector pueda entrar en las viviendas e instalaciones. Si el afectado se opone, entonces ahí sí que será obligatoria una orden judicial. Pero lo más espectacular es que tampoco se tocarán las desproporcionadas multas que podrán imponerse a los que no tengan la instalación completamente legalizada. Según la Ley del Sector Eléctrico, las "infracciones muy graves", entre las que se encontrarían algunos casos de autoconsumo, serán multadas con un máximo de 60 millones de euros.

El sector renovable confiaba en que el Real Decreto ahora en consulta pública iba a suavizar las medidas más extremas de la Ley del Sector Eléctrico contra el autoconsumo energético

En un caso extremo, "que imagino que ningún juez en su sano juicio aplicaría", en palabras de José Donoso (UNEF), un hogar con placas solares que haya cometido esta infracción muy grave podría recibir una multa de una cantidad que es el doble de lo que la Ley establece, por ejemplo, para un delito de "abandono o liberación (escape en una central nuclear) de materiales radiactivos".

La multa de 60 millones es 260 veces superior a la que se podría imponer por una accidente de avión provocado por una negligencia, señalan desde UNEF o 100 veces superior a la sanción por un delito alimentario (utilización de ingredientes adulterados o contaminados). El sector confiaba en que el Gobierno aprovecharía para corregir "esta barbaridad fuera de toda lógica" a través del nuevo texto de RD de autoconsumo, pero es no va a ocurrir.

Industria no cederá un ápice en esta norma que va destinada a colocar tantas barreras económicas (impuestos y cargos que sustituyen al impuesto al sol), administrativas (todo tipo de licencias y autorizaciones de Industria, ayuntamientos y el permiso de la compañía eléctrica) y legales (normativa tan estricta y detallada que complica tener toda la instalación en regla) que desincentiven a ciudadanos, empresas e instituciones a montar instalaciones solares para autoproducir su propia electricidad.

Además, la norma 'invita' a los que ya las tienen a desmantelarlas por el alto coste que tendría para ellos adaptarlas a la nueva norma y por el lastre que supone pagar el peaje de respaldo, denuncian fuentes del sector renovable.