Hasta febrero funcionó en Temuco una segunda sucursal de la unidad de inteligencia de Carabineros. Su funcionamiento era secreto y en su interior estaban los equipos que permitían a la policía interceptar llamados telefónicos. Allí también se escondían los servidores que contenían la información de esas escuchas. Miembros de Inteligencia reconocieron a CIPER que esas escuchas muchas veces eran ilegales. En paralelo, Álex Smith y Leonardo Osses utilizaban una cuenta de Facebook falsa para intentar hackear las redes sociales de dirigentes mapuche. CIPER descubrió esa casa y aquí cuenta su historia (Actualizada).

El 12 de septiembre de 2017 el capitán Leonardo Osses sintetizó en un documento la información que personal de Inteligencia de Carabineros capturó desde el exterior del domicilio del actor Daniel Alcaíno. En ese momento el intérprete del famoso personaje “Yerko Puchento” era uno de los blancos predilectos de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de La Araucanía. A través de Alcaíno buscaban mostrar una ruta de financiamiento desde figuras del espectáculo a la causa mapuche. Con ese nuevo ingrediente la UIOE pensaba darle un barniz de espectacularidad a la “Operación Huracán”, la que entraría en escena pocos días después.

Lo que el equipo al mando del capitán Osses capturó afuera de la casa de Alcaíno, fueron las redes wifi disponibles en el sector. Los datos recopilados (que incluían dos números celulares y dos correos electrónicos del actor) fueron sintetizados por Osses y enviados ese mismo 12 de septiembre al mail de Álex Smith, el civil que contrató la UIOE y que dice haber creado herramientas para capturar todo tipo de información electrónica. En el equipo de Osses, las recetas impartidas por Smith les decían que, para interceptar un celular bastaba con conocer su número telefónico, el correo electrónico asociado y las redes wifi activas a su alrededor. Así se podría obtener información de ese equipo, como chats de whatsapp y fotografías internas. Una fantasía tecnológica.

Hace menos de un mes, a mediados de marzo, cuando la “Operación Huracán” y la imagen pública de Inteligencia de Carabineros terminaban de desbarrancarse, se filtró en internet un audio del actor Daniel Alcaíno conversando con su pareja, la también actriz Berta Lasala. El diálogo es del 7 de diciembre del año pasado, y en él la pareja celebra la libertad de Alfredo Canales, un ex mirista que ese día salió de prisión en Brasil y que fue compañero de Alcaíno en el Liceo de Aplicación. Decir que esa grabación “se filtró” es poco preciso. La entregaron quienes tenían acceso a esos audios: los funcionarios que estaban a cargo en la UIOE de las escuchas telefónicas, y que no operaban en la misma casa que el resto de la unidad de inteligencia en Temuco.

La investigación de CIPER descubrió que, con el soporte de equipos especiales con los que cuenta Carabineros, como es la información sistematizada y accesible de todas las antenas instaladas a lo largo del país, un equipo de esa unidad de inteligencia de La Araucanía pinchaba celulares y fonos fijos de centenares de personas que eran monitoreadas en todos sus pasos. La gran mayoría no tenía relación con el conflicto mapuche. Esas interceptaciones telefónicas ilegales se hacían en otra sede de la UIOE, cuyo funcionamiento era secreto.

CIPER encontró esa casa en Temuco, un inmueble cuya función era solo esa: interceptaciones telefónicas de Inteligencia. Con o sin autorización de un juez o de un ministro de corte si se trataba de una investigación de inteligencia.

LA CASA DE HOCHSTETTER

A pocas cuadras de la Avenida Alemania, una de las principales arterias comerciales del centro de Temuco, a la altura del 220 de la calle Hochstetter, se encuentra la casa donde operó desde 2016 y hasta febrero pasado el centro de escuchas telefónicas de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros. El inmueble tenía escaso movimiento, aunque las antenas que se asomaban sobre el techo alimentaban el comidillo del barrio. Había un punto común entre los vecinos: en ese recinto funcionaba alguna oficina o dependencia de Carabineros. Cuando estalló el escándalo por el montaje de la “Operación Huracán” ni siquiera imaginaron que en esa casa ocurrió parte importante de esa trama.

En rigor, la casa de Hochstetter fue la primera sede de la UIOE de Temuco desde que el general Bruno Villalobos decidiera crear ese equipo de inteligencia especializada en enero de 2014. CIPER recogió varios testimonios de efectivos que conocieron ese inmueble desde los inicios de la UIOE o bien que formaron parte del pequeño grupo que fue autorizado más tarde a ingresar a la casa. Todos coinciden en que a mediados de 2016 el recinto “les quedó chico” y debieron buscar otra sede. Fue así que se trasladaron a la casa de calle Pablo Neruda 02431, la sede oficial donde operó la UIOE hasta ahora.

Los testimonios que recogió CIPER difieren en la cuantía de las personas que fueron sometidas a interceptaciones ilegales, pero hay un piso mínimo: sumaron desde más de 200 teléfonos a más de mil. Entre los blancos había dirigentes mapuche, pero mayoritariamente dirigentes políticos y jueces además de fiscales, los que no tenían relación con el conflicto mapuche. La nómina también incluyó actores y periodistas. Un atisbo del grupo de periodistas que era espiado por el equipo de Inteligencia de Carabineros fue ya publicado por CIPER (vea aquí esa investigación).

Cuando la sede oficial de la UIOE (en calle Pablo Neruda) fue allanada en enero por la Fiscalía y la PDI, encontraron una hoja cuadriculada de la Universidad Santo Tomás, con información manuscrita y más de 200 números telefónicos celulares, fechas, horas y duración de llamadas. CIPER tuvo a la vista nóminas con números de teléfonos monitoreados y bajo escucha. Pero en esos listados no había más información.

¿DÓNDE ESTÁN LOS SERVIDORES?

El inmueble de Pablo Neruda fue el que concentró la atención de las autoridades del gobierno de Bachelet el 26 de enero pasado, cuando la Fiscalía decidió allanar esas dependencias dando inicio a la investigación del montaje de Carabineros contra comuneros mapuche, fiscales y abogados del Ministerio Público. En un acto inédito, personal de Fuerzas Especiales de Carabineros rodeó la casa desplegando una fuerza como si fueran a la guerra. Y todo ello con un solo objetivo: impedir el allanamiento. Fue un momento de tensión máxima que solo se superó con la intervención de La Moneda. Finalmente, los fiscales y los efectivos de la PDI pudieron ingresar a la casa y descubrieron con sorpresa que faltaba un disco duro de un servidor (vea reportaje de CIPER).

Pero no solo ese equipos que contenían información sensible y clave sobre los montajes de los que hoy se acusa al equipo de Inteligencia de Carabineros lograron ser ocultados. La investigación de CIPER descubrió que la segunda sede de Inteligencia de Carabineros en Temuco, la casa de Hochstetter 220, nunca fue allanada. El recinto, al que solo ingresaba un reducido grupo de efectivos, logró permanecer fuera del radar de la atención pública y de los fiscales. Y ello, a pesar de que en esa casa estaban instalados y funcionando en perfectas condiciones los servidores y almacenados los respaldos de las escuchas telefónicas que hacía el equipo de Inteligencia. “Pinchazos” a celulares -en muchos casos ilegales- y que comprometen gravemente a sus autores.

Desde que en 2016 los miembros de la UIOE se mudaron a su nueva sede oficial, en calle Pablo Neruda, la indagación de CIPER indica que al menos cuatro efectivos de Carabineros debieron quedarse allí trabajando, aparte de los funcionarios que sabían bien lo que allí se hacía y que entraban y salían. Lo más importante eran los servidores que guardaban la información obtenida de los teléfonos interceptados. Nada de eso fue requisado por la Fiscalía.

La información que busca ocultarse es sensible. En esos servidores está también el listado de los blancos investigados. Hasta ahora, además de todos los imputados en distintas aristas de la “Operación Huracán” a los que se puso bajo escucha con autorización judicial, han ido apareciendo otros personajes que también estaban siendo monitoreados en sus comunicaciones electrónicas, como el actor Daniel Alcaíno (investigado desde agosto de 2017) y la abogada asistente de la Fiscalía, Mónica Palma.Junto al material que se le grabó a la abogada aparecen muchos otros que corresponden a fiscales y abogados de Temuco y cuyas conversaciones versan casi exclusivamente sobre la vida privada y amorosa (o sexual) de los interlocutores y nada relativo al conflicto mapuche.

La desaparición de todo estos equipos y las huellas de que se puso bajo escucha ilegal a muchas personas, resulta una arista especialmente delicada para el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Aner Padilla, quien el 9 de agosto de 2017 autorizó a la Dirección Nacional de Inteligencia de Carabineros para intervenir 33 celulares. 11 de esos teléfonos pertenecían a dirigentes mapuche investigados en la “Operación Huracán”. Se desconoce a quién pertenecían los otros 22. El 7 de septiembre el ministro Padilla renovó ese permiso, ahora para 23 teléfonos. El 25 de octubre pasado hubo una nueva autorización: Carabineros podía pinchar el celular de la abogada Mónica Palma y de otros cinco equipos telefónicos.

Todas esas peticiones para interceptar legalmente teléfonos de personas bajo sospecha en una investigación del ámbito de “inteligencia”, fueron firmadas por el general Gonzalo Blu.

Según declaró ante la Fiscalía el mayor Patricio Marín Lazo –imputado en la causa y uno de los jefes de la UIOE que fue llamado a retiro en febrero por su responsabilidad en el montaje-, los encargados de las escuchas telefónicas en la unidad de inteligencia eran Leonardo Osses y Álex Smith: “Esta unidad cuenta con las oficinas de análisis, de oficiales de caso (que obtienen información de fuentes cerradas) e informática, siendo esta última la que lleva a cabo las interceptaciones telefónicas, análisis forenses, movimientos de redes sociales, entre otras funciones del área”.

La oficina informática fue creada en enero de 2017 por Leonardo Osses, quien era el jefe a cargo. A su equipo sumó a Álex Smith y luego al cabo Héctor Olave. Ellos funcionaban en una oficina en el segundo piso de la casa de Pablo Neruda, la sede oficial de la UIOE.

CIPER conversó con integrantes de la unidad de inteligencia sobre cómo operaba el sistema de pinchazos telefónicos. Ellos señalaron que el encargado de las escuchas no era ni Osses ni Smith, sino que un oficial de inteligencia que tenía a cargo a los cuatro carabineros que estaban destinados a la casa de Hochstetter. Esa información se enviaba a la sede de Pablo Neruda y allí era analizada y se decidían cursos de acción. Los mismos funcionarios reconocieron que se hacían escuchas ilegales a decenas de personas.

Los testimonios que recogió CIPER entre los funcionarios de Inteligencia dan cuenta de que el equipo de la UIOE utilizaba distintos medios y herramientas para poner bajo escucha -legal o ilegal- a las personas que identificaban como blancos. Eso lo grafica bien el periplo que hicieron juntos Osses y Smith a Iquique para poner a disposición de la fiscalía la herramienta “Antorcha” e interceptar comunicaciones electrónicas de los carabineros acusados de robar armas. Al final, la herramienta que se usó fue el famoso y tradicional maletín con el que se puede poner bajo escucha a una persona en un determinado radio donde se encuentra.

Además de las escuchas telefónicas -legales e ilegales- que realizaba Carabineros en la casa de Hochstetter, también tenía acceso a la información que entrega el software “Vigía“, que es utilizado por todas las compañías telefónicas y que guarda, hasta por un año, los datos de llamadas recibidas, realizadas, la duración de estas y la antena que se utilizó para concretarlas. También conserva los mensajes de texto de un número telefónico.

Si el sistema se ocupa legalmente, un juez debe autorizar el acceso a esta información. Pero ​distintas personas que han integrado o integran equipos de inteligencia relataron a CIPER ​la existencia de una vía paralela. Como en casi todas las compañías telefónicas los encargados de la seguridad y de dar acceso a las interceptaciones son oficiales de Carabineros en retiro, se posibilitan los tratos ​privados ​entre ​efectivos de inteligencia y ejecutivos de las compañías telefónicas para acceder a información ​absolutamente privada de ciudadanos ​sin ​autorización

UNA CASA DE LOS TALADRIZ

La casa de Hochstetter 220 tiene unos 200 m2 de superficie y está emplazada en un terreno de más de 450 m2. Actualmente está en arriendo. Durante el verano, en medio del descalabro de la Inteligencia de Carabineros, fue abandonada por los policías. Su avalúo fiscal llega a $102 millones y su arriendo comercial supera el millón de pesos. Carabineros la arrendó en enero de 2014 para instalar allí su nueva unidad de Inteligencia. Su dueño es el empresario de Temuco, Raúl Benito Taladriz, quienvivió allí con su familia hasta 2012, aunque en los registros de Impuestos Internos la casa figura a nombre de la empresa Construcciones Longisur. CIPERconstató en el Conservador de Bienes Raíces de Temuco que el inmueble fue comprado por Benito Taladriz a Construcciones Longisur en 1987 por $700 mil. Y desde Longisur respondieron que van a corregir la información errónea (vea la inscripción de título de la propiedad).

En numerosas ocasiones CIPER intentó comunicarse con el empresario para saber entre otras cosas quién había firmado el contrato de arriendo por Carabineros y el precio, fue imposible. Taladriz no quiso hablar con CIPER.

Raúl Benito Taladriz es un empresario conocido por los mapuche de la Región de La Araucanía. Su familia ha encabezado la lucha contra las aspiraciones territoriales de las comunidades. Su primo, Emilio Taladriz Montesinos, fue presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en Temuco hasta 2012 y vocero y presidente de la Multigremial hasta abril de 2015, la organización que agrupa a los gremios empresariales de la región, los que levantaron la campaña “Paz en La Araucanía” y que han solicitado mayor presencia policial y que se declare estado de excepción en la región para controlar los atentados incendiarios contra fundos y camiones forestales.

Emilio Taladriz y otros dirigentes de la Multigremial defendieron en 2016 el retorno a Temuco del oficial de Carabineros Patricio Marín Lazo, luego de que este efectivo de Inteligencia fuera acusado de infiltrar a grupos mapuche. Al diario El Mercurio declararon que faltaba mejorar la efectividad de la inteligencia policial. El mismo Emilio Taladriz también ha reclamado por qué el Estado no financia el alimento de los carabineros que resguardan los fundos bajo protección policial (incluidos los de su familia) en prevención de ataques de comuneros mapuche.

Lo cierto es que los conflictos de Emilio Taladriz con los dirigentes mapuche son de larga data y han ido escalando en agresividad. En 2009 la machi Francisca Linconao le ganó a él y a su familia un juicio, invocando el convenio 169 de la OIT, por un cerro que se disputaban. Y con ese antecedente, Linconao apuntó directamente a los Taladriz cuando fue imputada por el homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay: “Pienso que aquí existe persecución y que están detrás los Taladriz y todos los ricos de acá. A ellos les dolió cuando gané en la Suprema ese juicio para proteger los lawen (remedios naturales) del huincul (cerro). Yo después reclamé esa tierra en la Conadi y nos dieron la aplicabilidad. Hoy están todos en contra de mi persona”, aseguró a La Tercera.

La familia Taladriz ha sufrido actos de violencia en propiedades inscritas a su nombre. El 19 de julio de 2012 desconocidos quemaron la casa patronal del Fundo Palermo, en Vilcún. En esa ocasión Emilio Taladriz declaró a Radio Agricultura: “Se está llegando a estos extremos peligrosos donde la gente está a punto de tomar las armas ante la nula efectividad del sistema judicial”. Los antecedentes indican que la disputa por las tierras del fundo Palermo sí que son antiguas. Porque un reportaje de El Desconcierto reseñó la investigación “La reforma agraria y las tierras mapuche” (Lom, 2005), que asegura que a la familia Taladriz la reforma le expropió 939 hectáreas del fundo Palermo en 1971 para entregársela a comuneros y a campesinos de la zona.

LA FARSA DE “LAUTARO CAUPOLICAN”

Las intervenciones telefónicas que tenían su centro de operaciones en la casa de Hochstetter 220 no era el único espionaje que realizaba la UIOE. Se sumaba el trabajo que efectivos policiales realizaban con fuentes vivas (informantes) y una desconocida labor a cargo de Leonardo Osses y Álex Smith: la vigilancia e infiltración en cuentas de redes sociales.

Facebook no es un lugar seguro. Ya lo demostró el escándalo de Cambridge Analytica. La oficina de análisis informático de la UIOE aprovechó la información que las personas comparten en Facebook y fue más allá, enviando mensajes con phishing (sistema que busca capturar las contraseñas de las redes personales de quien recibe el mensaje) a blancos que estaban investigando.

Utilizando el correo electrónico exatracciondatosinfo@gmail.com (una de las cuentas a las que supuestamente llegaban los chats interceptados por “Antorcha”, el software falso de Álex Smith) crearon la página de Facebook “Lautaro Caupolican” el 27 de marzo de 2017. Ese mismo día publicaron una foto de perfil de la cuenta: una bandera chilena rajada y de fondo la bandera mapuche. En paralelo enviaron frenéticamente solicitudes de amistad. La gran mayoría de sus 802 amigos son comuneros y dirigentes mapuche.

Cuando lograban que las personas aceptaran su solicitud de amistad, les enviaban enlaces con phishing para intentar obtener sus contraseñas. En un inicio se presentaron con el nombre ficticio de Luis Huenchullán. Luego se denominaron José Huenchullán. Entre las personas a las que les enviaron sus enlaces tóxicos está el ex jesuita Luis García Huidobro, quien ahora es un defensor acérrimo de la forma de vida mapuche, y el comunicador Richard Curinao, editor del medio de comunicación Werken.cl. A través de la cuenta de Facebook también le hablaron a Jorge Huenchullán, uno de los imputados en la “Operación Huracán”, pero este jamás les contestó el mensaje ni tampoco aceptó la solicitud de amistad que le enviaron.

El mismo día en que el Facebook fue creado, 27 de marzo de 2017, realizaron pruebas para saber si el phishing funcionaba. Para ello enviaron enlaces contaminados al Facebook de Álex Smith. Es misma operación se repitió varias veces hasta el 11 de junio. También hay archivos enviados a la inversa: desde el Facebook de Smith hacia Lautaro Caupolicán. Otras pruebas se realizaron utilizando la cuenta de Facebook de Leonardo Osses (que se autodenomina “Oso Spartano”). En ese chat se refieren a él como “Mario Parra”, que era uno de los seudónimos que utilizaba Osses y que precisamente usó para comprar el hosting donde se alojó airs.cl., la máscara con la que pretendieron validar “Antorcha” (vea aquí el chat con Smith y aquí el chat con Osses).

Los archivos contaminados con phishing se enviaron hasta el 10 de febrero de este año. Días después, a mediados de febrero, la cuenta de Facebook cambió bruscamente: comenzó a ser utilizada como catalizador de la frustración de los acusados por el montaje. Los descargos emocionales se hacían comentando noticias relacionadas con la “Operación Huracán”, acusando a los fiscales de corruptos y de querer tapar líos amorosos. La última publicación que registra el muro de esa cuenta de Facebook creada por los miembros de la UIOE, data del 2 de octubre de 2017, cuando se compartió un video de la página “Hoy Cañete” el que muestra las reacciones a la muerte de un joven mapuche luego de una pelea en medio de una fiesta. De ahí en adelante en su muro solo aparecen noticias compartidas por otras personas en las que etiqueta a “Lautaro Caupolicán”. En su inmensa mayoría son publicaciones a favor de las reivindicaciones del pueblo mapuche. Con esta página de Facebook la UIOE lograba colarse como un interlocutor más de la red social que defiende los derechos de los comuneros.

Twitter también se habría usado, al igual que Facebook, para las operaciones de la UIOE. CIPER detectó archivos de la unidad de Inteligencia de Carabineros que se han filtrado a esa plataforma, pero no hay claridad sobre quiénes controlan las cuentas que publican información. El 17 de marzo de este año una de esas cuentas publicó, por ejemplo, supuestos chats obtenidos desde “Antorcha” (el software falso de Álex Smith) entre el comunicador mapuche Richard Curinao y el ex ministro comunista del gobierno de Bachelet, Marcos Barraza (Curinao señaló a CIPER que esos chats nunca existieron). El 27 de febrero esa misma cuenta de Twitter publicó más información reservada de Carabineros: imágenes del peritaje realizado al celular del líder de la CAM, Héctor Llaitul.