La sentencia del Supremo sobre la carga del impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) amenaza con hacer caer sobre el sistema judicial una oleada de cientos de miles de demandas que se sumarían a las que ya colapsan los juzgados especializados en fallar sobre las cláusulas opacas o abusivas del sector bancario.

Los principales despachos de abogados que a lo largo de los últimos cinco años han dirigido reclamaciones multitudinarias contra las entidades por la comercialización de todo tipo de productos preparaban ayer una nueva oleada de campañas para atraer clientes.

«Vamos a echar el resto», resumía Jesús Arriaga, uno de los que más volumen de litigios acumula y que hizo de la salida a Bolsa de Bankia su gran caso de éxito. Arriaga Asociados, el despacho que dirige, cuenta con 150.000 clientes para cláusulas abusivas que ahora enfocará hacia la recuperación del pago de los AJD. El abogado se mostraba este jueves optimista, señalando que las reclamaciones de los consumidores podrían ser retroactivas, «tal y como establece el derecho europeo».

Otros bufetes y asociaciones de consumidores preparan campañas similares. La estrategia comercial de la banca y de muchas entidades ahora desaparecidas para recapitalizarse en los años de la crisis les ha pasado factura en forma de sonoras derrotas judiciales. No obstante, los servicios jurídicos de los bancos no ponen las cosas fáciles.

Precisamente el pasado martes, el Consejo General del Poder Judicial se reunió con las Comunidades Autónomas para estudiar la marcha de los juzgados especializados en cláusulas abusivas de los bancos puestos en marcha en 2017. En las próximas reuniones tendrán que incorporar al debate el tratamiento de las reclamaciones del impuesto de las hipotecas.

El cómo se aborde este asunto dependerá, en principio, del ámbito en el que se diriman las reclamaciones. Si como pretenden las entidades bancarias se acota todo a un asunto tributario, los conflictos se resolverían en la jurisdicción contencioso-administrativa. No podría, por tanto, ser resuelta en los juzgados especializados que ya existen, que tratan materia Civil. Si las demandas fueran ingentes podrían señalarse nuevos juzgados especiales. Sin embargo, la normativa de lo contencioso permite las llamadas sentencias testigo, que extienden sus efectos automáticamente a la situaciones iguales sin la necesidad de tratamiento individualizado de las causas civiles.

Por contra, si se cumple la previsión de las asociaciones de usuarios de que se resuelva todo en el ámbito civil, sí sería competencia de los juzgados especializados, que podrían necesitar un nuevo refuerzo.

Fuentes del Consejo General del poder Judicial indican que ya está puesta en marcha una estructura que podría asimilar estas causas a medida que van desapareciendo otras como las de las 'cláusulas suelo'. «Este tipo de reclamaciones son algo que no va a parar; si no es en un ámbito es en otro», resumen fuentes del Consejo.