La policía desalojó a los manteros, muchos de ellos extranjeros, de la avenida Avellaneda. Ahora algunos hacen venta ambulante, pero no les alcanza. Otros, se trasladaron al predio de Once como habilita el gobierno de la ciudad, y donde la marea de clientes todavía no llega. Florencia Halfon Laksman habló con los perseguidos que se manifiestan al grito “queremos trabajar”, con los comerciantes de la zona, con la policía y con quienes regulan la legalidad o no de los trabajadores. Ciertos comerciantes celebran que ya no estén, otros, dicen que en realidad no eran competencia.

“Yo quiero morir”. A Tupac Dione cada vez le cuesta menos el castellano. Quizás por la juventud de sus 24 años, habla bastante mejor que sus colegas, que prefieren el francés o el silencio cuando se dan cuenta de que no se hacen entender. “Yo quiero morir”, insiste Tupac, serio. No parece estar tratando de imitar un modismo argento: está contando su falta de recursos e ideas para conseguir pagar los 1.000 pesos del alquiler para costear la que, hasta hoy, es su habitación en un hotel familiar. Dice que no puede dormir bien desde que la policía les prohibió instalarse en las veredas de la avenida Avellaneda y que todas las noches piensa cómo juntar plata para mandarles a su papá, mamá y dos hermanos menores, porque en definitiva para eso viajó desde Senegal. Pero ahora no le alcanza para eso y mucho menos para los 25.000 pesos que costaría su pasaje de regreso.

Avanzar una tarde de mayo de 2016 por las veredas de Avellaneda se volvió posible. Todos los compradores por mayor que hasta el día 11 del mes pasado tenían obstaculizado el paso por las filas de manteros que ocupaban hasta la calle, hoy transitan con sus changos. Cualquiera que recorra la avenida a partir de Nazca, en el sentido en que sube la numeración, se encuentra con un territorio ya no sitiado por vendedores sino por fuerzas policiales.

En esa primera cuadra, en esa calle que los manteros tuvieron que despejar, el espacio está ocupado por 7 camionetas y un camión hidrante, todo parte del cuerpo de Infantería de la Policía Federal. Son 500 los uniformados destinados a la ocasión, 250 por turno, incluidos agentes de la Metropolitana, y están repartidos en las 21 cuadras del centro comercial: siete de ellas en línea recta, hasta la calle San Nicolás, y las dos paralelas a ambos lados de la avenida, Aranguren y Bogotá.

Un federal cabecea de sueño dentro de uno de esos vehículos armados, mientras el resto se reparte en las esquinas. Una señora pregunta por la parada del 99 y el oficial de azul contesta: “Es que nosotros venimos de Lugano, tamos pateando a los manteros. Pere que consulto”.

En Avellaneda la gente avanza con valijas de rueditas para comprar en cantidad y vender en sus propios locales. Hay quienes viajan desde provincias cercanas y se abastecen por la quincena o el mes porque encuentran en el barrio porteño de Flores mucha variedad y buenos precios. Junto a un maniquí abrigado, un cartel indica que se consiguen “buzos y camperas a partir de $250”, y el público se amontona porque sabe que ese material puede venderse en locales palermitanos colocando otro cero al final. “Los comerciantes son, sobre todo, chinos o judíos”, dice Juan José Merino Vega, de 30 años de vida y siete de experiencia en la venta callejera de la zona.

Al 3200 de la avenida, el escenario se vuelve a modificar. También es 500 el número de personas que la policía calcula entre quienes cortan un par de carriles para manifestarse al grito de “queremos trabajar”. Usan un bombo prestado, y lo golpean con una manguera rota.

Tupac no es tan alto como el resto de los senegaleses con los que se juntaba a vender. Ahora también se reúne con ellos: los acompaña a las movilizaciones, esas pequeñas caminatas en conjunto que hacen los desalojados todos los días, de una cuadra a la otra, con intervalos en los que se sientan en medio de la calle, sin obtener la respuesta que esperan de parte del gobierno de la Ciudad. No deja claro si sonríe de nervios o por simpatía, hasta que habla de fútbol. Ahí la pasión deja ver el contraste entre sus dientes y su color de piel. No es la pasión de un hincha, es la de un habilidoso, el que sabe de su propia capacidad para hacer bailar la pelota.

Durante el mundial de Sudáfrica, en 2010, Tupac se hizo amigo de Martín González, un peruano que vivía en Madrid. El senegalés era estudiante secundario y ya por entonces estaba preocupado por la inestabilidad de la economía familiar. Cuando González lo vio jugar de 9 en un partido amateur, le dijo: “Venite a Madrid y te consigo lugar para que entres en algún club”. La familia entera se esperanzó. Su madre decidió vender el poco oro que tenía y así consiguió comprarle el pasaje a España.

Tupac soñaba con hacerse la Europa, mover el balón cerca de Messi, ser aclamado por el público y sobre todo darles tranquilidad a los suyos, pero al llegar a España se encontró con la crisis económica de ese país y Martín, con mucha vergüenza, le dijo que no iba a poder ayudarlo como le había prometido. Y le sugirió una alternativa: viajar a Buenos Aires, adonde había escuchado que cada vez más africanos conseguían vivir de la venta de bijouterie.

Volvió a hacerle caso a su amigo y, desde su llegada a Argentina, el joven senegalés compra mercadería en Once. Hasta hace unos días, cuando tenía trabajo, sacaba 4.000 pesos de ganancia mensuales. De ese total, descontaba los 1.200 que enviaba a su familia, 190 que le cobra AFIP para ser vendedor ambulante, y lo que vale el alquiler de la pieza. Dice que sí, que con poco más de 1.500 le alcanza para vivir, pero ahora está preocupado porque no tiene ni a quién pedirle prestado. “Todos mis amigos tener problemas”. Dice que robar no es una opción: la religión musulmana no se lo permite.

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Un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba) calculó en 1.021 la cantidad de manteros que había en marzo de 2016 sobre la avenida Avellaneda. Los sábados la cifra podía ascender a tres mil. El mismo estudio, que se hace desde 2011, asegura que el total de puestos de venta ilegal en toda la ciudad era de 4.421 en marzo y llegó a su pico en diciembre de 2015, con 6.599, de los cuales 1.694 se ubicaban en Avellaneda y el resto se repartía casi todo entre Liniers, Once y las avenidas más transitadas. En el período estudiado, la venta callejera en territorio porteño aumentó un 154 por ciento. Comerciantes confirman que “el fenómeno se amplió de manera contundente” y que “antes lo que había eran vendedores aislados”. En marzo, además, la CAME abrió un sitio web (argentinailegal.com) para hacer denuncias anónimas de venta callejera y trabajo esclavo, que en unos meses derivará en los primeros resultados.

La Ciudad de Buenos Aires permite la venta ambulante, que no es la que practican los manteros. En 2011, la Legislatura porteña votó la ley 25.764: determina que “no se podrá ejercer la venta en la vía pública” y aplica sanciones de hasta 30.000 pesos a quien lo haga. Las multas pueden llegar a 60.000 si se lucra en “volúmenes y modalidades similares a las de un comercio establecido”. La misma ley aclara que “no constituye una contravención la venta ambulatoria en la vía pública o en transportes públicos de baratijas o artesanías, y en general la venta que no implique una competencia desleal con el comercio establecido”. Ese tipo de venta requiere un permiso y el pago mensual del mínimo en AFIP. Eso es lo que paga Tupac, pero estos días la policía en Avellaneda ni siquiera le permite vender caminando.

“Los manteros no pagan nada: ni luz, ni impuestos, ni personal, nada. Y el máximo problema es que salieron a vender lo mismo que nosotros. A ellos les sale un peso y lo venden a dos, pero a mí no me sale un peso porque la carga impositiva es muy grande”. Aunque Carlitos no quiere dar su apellido, en Flores lo conoce el barrio entero. Es el dueño de uno de los locales más vistosos de la zona, en Avellaneda al 3000, y nació ahí adentro. Literal. 63 años atrás, ese local era la casa de su tía, y los papás de Carlos le pagaban para ocupar una de las habitaciones.

“Un día la tía dice que se va a vivir a Rosario y le vende la casa a un señor, entonces nos tuvimos que ir a otra parte”, cuenta el comerciante, que a los 25 años empezó a fabricar y vender ropa en el barrio. Arrancó en plena dictadura militar, la última, en un local alquilado a pocas cuadras del actual, en una calle lateral, porque no alcanzaba para estar en la avenida. Carlitos recuerda dos cosas de comienzos de los 80. Las cuenta a la vez, sin asociarlas: “Me casé y fui estafado. En esa época, la Argentina dejaba mucho que desear. No había seguridad jurídica de cobro de cheques o de facturas adeudadas. Pagaba el que quería. Me han embromado muchísima plata”.

Uno de esos días alguien pasó por el local y, al verlo adentro, volvió sobre sus pasos.

-¡Carlitos! ¿Te acordás de mí?

-…

-¡El que compró la casa de tu tía! ¡Ahí, donde vos naciste!

-Uh, claro. Sí… Disculpá. Es que estoy con muchas preocupaciones.

Y le contó de sus problemas financieros y cómo lo angustiaba no saber si podría mantener a su flamante esposa. El dueño de casa reaccionó: “Venite, que tengo una pieza a la calle y podés vender ahí”. La propuesta le provocó un entusiasmo similar al de Tupac con el viaje a España. El caso de Carlitos tuvo mejor final. Alquiló esa habitación durante seis años y le fue muy bien. Terminó comprando la casa y la transformó en un local gigante, de los más antiguos de la avenida. Y compró otro, a una cuadra. Y también compró el de al lado. Llegó a tener 13 empleados pero ahora no son más de cuatro, algo que asocia a que “hoy la gente compra poco”. Dice que tiene precios accesibles porque no paga alquiler. “Entonces, para competirme, los otros tienen que evadir todo”. Consultado sobre la entrega de tickets en sus locales, suspende un rato la enumeración de su carga impositiva y reconoce: “Ninguno factura todo. No te voy a decir que soy un santo. Pero facturo bastante”.

Frente a ese negocio, Ana María Fernández espera un remís junto a su hija, para trasladar a Ranchos, provincia de Buenos Aires, la mercadería que compraron en Capital. Cuando los manteros no las dejaban transitar, pagaban más de mil pesos el viaje porque el conductor tenía que esperarlas el doble de tiempo. Ahora terminan el trámite en tres horas y festejan haberle avisado enseguida al chofer. “Desde el momento en que le aviso, ya no me corre el reloj con la espera. Estoy chocha que los manteros ya no estén. Yo pago, pago, pago impuestos. Me cobran de todo. Y ellos no pagan y venden al mismo precio. Encima se ponen a hacer comida y te llevás la ropa con olor. No los puedo ni ver”, dice. A su lado, otro comprador, Oscar Lugo, que viaja desde Colón, también en territorio bonaerense, dice que los manteros no le molestan y que no es cierto que vendan lo mismo que en los locales: “Es otra ropa, de otra calidad. Nadie que viene a comprar a un negocio se va a llevar lo que vende el mantero”.

Carlos dice que en la puerta de su local nunca permitió que se instalara ningún mantero, “porque si vas dejando lugar, esto crece como crecieron las villas”. A diferencia de la idea de que “son mafiosos” –que surge de otras zonas y también de mitos mediáticos-, el comerciante no los trata de delincuentes: “¿Son gente de trabajo? Sí, son gente de trabajo”, dice Carlos.

“La idea de mafias es un poquito agrandada. Es cierto que hay punteros: gente que tiene diez puestos, pero hay de todo. La gran mayoría son buenitos”, despeja Ricardo Martínez, presidente de la Asociación de Comerciantes de la avenida Avellaneda, y amplía: “También es verdad que venden cosas de menor calidad que la de los locales y que lo hacen más barato. Es el centro comercial más importante de la República Argentina. ¡Quieren estar en la Quinta Avenida sin pagar! Desde que sacaron a los manteros, estoy seguro de que todos los negocios incrementaron sus ventas en más del 20 por ciento”.

Hasta que se instaló la policía, Nelly Blanco manejaba puestos y mantas en Avellaneda junto a la mamá, el hermano y el marido. Tenía carrito de panchos, de garrapiñadas, vendía remeras y ofrecía probador para zapatos, entre otros rebusques. Tal vez forme parte de la categoría a la que Martínez llama “punteros” pero ella se enoja cuando escucha hablar de “mafias”. Asegura que ahí trabajan muchas familias y que puede pasar días sin llevarse un peso de ganancia, sólo por pagarles a los empleados. Nelly ronda los 40 años y anda de acá para allá para no recaer en la depresión que hace unos años la dejó de cama. Fuma un Philip Morris atrás de otro y es la encargada de repartir el mate entre sus colegas durante las marchas por la avenida, mientras todos juntos entonan el cantito “Conelham-breno-sejuega, Conelham-breno-sejuega”.

Pasó la mitad de su vida con VIH y se enteró cuando ya había contagiado a Priscila, su primogénita, en la última etapa del embarazo. Limpió casas y cuidó personas mayores, e incluso vendió ropa en uno de los locales de Avellaneda –“me tenían trabajando en negro y, cuando caía la inspección, me hacían salir a dar una vuelta”-. Después vino su depresión y ahora está convencida de que nadie le va a dar trabajo. Tiene pendiente llamar a su psiquiatra para contarle lo mal que le dieron los últimos análisis pero le preocupa más andar tomando frío con las defensas bajas. Y dice que dejó de lado la idea de terminar la secundaria porque prefiere concentrarse en que puedan hacerlo sus tres hijos.

Según el titular de la asociación de comerciantes, el alquiler de cualquier local en esas cuadras no cuesta menos de 25.000 pesos por mes. Los empleados de comercio cobran cerca de 12.000 y a eso se suman las cargas sociales que deben pagar sus empleadores, que son el 50 por ciento del sueldo, además de servicios e impuestos.

Como Carlitos y Tupac, Nelly y Ricardo también tienen algo en común. En los primeros diez años que se dedicó al comercio, Martínez fue feriante en el Mercado Central y en La Salada, donde alquilaba sus puestos y donde Nelly hace tiempo que compra mercadería. Ricardo corrió mejor suerte: en 2002 llegó a Flores a vender ropa de hombre y hoy alquila tres locales dedicados a eso. Cuatro años atrás, reunido con otros comerciantes y las cámaras que los agrupan, decidió crear la asociación, con el único fin de terminar con la venta ilegal en las calles del barrio. Estuvo dos años conversando con todos los espacios políticos para conseguir su objetivo hasta que, en 2014, la diputada Elisa Carrió lo acompañó con una denuncia (la 9038/14), que este año derivó en la decisión judicial de desalojar a los manteros de la zona.

“Al principio, Sergio Berni (entonces secretario de Seguridad del Gobierno Nacional) nos decía que no era un asunto de la Policía Federal, y desde la Ciudad nos decían que no alcanzaba con los agentes de la Metropolitana. El compromiso del PRO fue que si ganaban la Presidencia, juntaban la policía para limpiar… No es la palabra justa… Digamos ‘despejar’ toda la Ciudad, no sólo la calle Avellaneda. Empezaron este verano con el procedimiento en Acoyte y Rivadavia. Siguió hasta la Plaza Flores y ahora nos tocó a nosotros”, celebra el titular de la asociación de comerciantes. Sobre la evasión fiscal dentro de los comercios, prefiere no opinar: “No puedo hablar por los demás. No es mi tarea. Mi tarea es terminar con la venta ilegal. Es una obligación pagar los impuestos. No me consta que no se paguen”.

A fines de enero, la Agencia Gubernamental de Control, por orden del fiscal general de la Ciudad Luis Cevasco, comandó 26 allanamientos en los alrededores de la avenida Avellaneda. La Metropolitana secuestró 50 máquinas de coser, 400 bultos con prendas de vestir, calzados y juguetes. El comunicado oficial indicó que las máquinas –un promedio de dos por depósito- “eran utilizadas en los locales clandestinos”. El argumento para los allanamientos fue que “se pudo constatar que dicha organización trasladaba todos los días esos productos en varios vehículos hacia los puestos callejeros, y al finalizar la jornada las camionetas los recogían y los guardaban en los depósitos allanados y clausurados”.

A partir de la denuncia de 2014, la causa de los manteros está en manos de la Unidad de Investigaciones Complejas de la Unidad Fiscal Oeste, cuyo titular es el Fiscal de Cámara Martín Lapadú. “Yo tengo el deber de intervenir al ver semejante manifestación de ilegalidad”, explica el funcionario público, que calcula en 50 el total de allanamientos realizados hasta el momento. Según detalla, “son muy pocos los que se presentaron a reclamar su mercadería decomisada o a declarar”, aunque algunos sí lo hicieron y acordaron saldar su pena con una probation. “La situación de los manteros está plagada de irregularidades. Por supuesto me preocupa la situación laboral de esa gente, como me preocupa la situación de los desocupados de mi país. Pero no puedo consentir esto en base a las necesidades laborales porque no es mi función”.

Un reciente informe del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, que incluye aportes de Fecoba, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) e investigadores del Conicet y la Universidad de Buenos Aires, define a los manteros como “vendedores independientes de mercaderías de consumo masivo (no artesanales), que colocan encima de mantas o sobre puestos prefabricados, que ocupan espacios públicos no habilitados para ello en veredas, plazas o calles de la Ciudad”. El trabajo señala que “los más antiguos llegaron a mediados de los años noventa y sólo una minoría registra 2-3 años de residencia (africanos y peruanos)”.

En los últimos meses, algunos de los manteros desalojados de la avenida Rivadavia se mudaron a las calles de Once, la feria más antigua de las que continúan vigentes. En 2014, hubo un intento del gobierno porteño de vaciar ese barrio de vendedores callejeros. Tras algunos incidentes, las autoridades del Ministerio de Espacio Público de la Ciudad dieron marcha atrás y repensaron la estrategia. Desde entonces, se convirtió en el centro más numeroso de manteros de todo el distrito. En marzo, la CAME contabilizó 1.637 puestos y la cifra iba en ascenso. Once y Liniers son los dos puntos de venta callejera que le quedan pendientes al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta para completar, cuando lo disponga la justicia, el plan que su antecesor Mauricio Macri había iniciado con los artesanos y manteros de la calle Perú.

Después de meses de discusiones e incidentes, 176 manteros fueron trasladados a la plaza Roberto Arlt, en Rivadavia y Esmeralda, y el gobierno de la Ciudad accedió a colocar ahí una parada del bus turístico para que hubiera potenciales clientes en circulación. Los artesanos, a quienes también quisieron desalojar, consiguieron que la jueza Patricia López Vergara hiciera pesar la ley y dictara una medida de no innovar, lo cual les permitió regresar.

En los primeros tres días posteriores a que la policía impidiera la instalación de las mantas en Avellaneda, hubo algunos incidentes con heridos leves y detenciones de pocas horas. Parte de aquello quedó a la vista de las cámaras de televisión, cuando uno de los vendedores senegaleses empujó al suelo al jefe del operativo, Víctor Fabián Medina. “¿Sabés lo que hace la policía? Les pega pataditas en el pie a los negros y los insulta por lo bajo para provocar, como pasa en los partidos de fútbol cuando el árbitro se da vuelta. Claro, después lo que se ve es que el negro se calienta”, revela uno de los manteros que zafó de la detención.

“En general no son violentos. Pero depende el día, tienen sus momentos”, dice Medina, el nuevo comisario de la 50ª. El cambio lo dispuso el jefe de la Federal Román Di Santo en enero, unos meses antes de renunciar, en un conjunto de medidas que alcanzó a 54 seccionales.

“¡Tito! ¡Nos falta un mejor cantito!”, reclama en verso en una de las marchas Cristofer Da Silva, un argentino de 28 años conocido entre las manteras por su capacidad para piropear sin cansarse. “Cansarse”, con “n”, porque sin “n” anda con Tamara, la mamá de dos de sus tres hijos. Con cifras concretas y sin titubear, Cristofer recorre en su mente el tarifario policial: “Nos pedían 250 pesos por semana para dejarnos estar en la vereda. Si no pagábamos, nos llevaban la mercadería y nunca la devolvían. Algunos poníamos la plata, otros salían corriendo antes, y otros se quedaban sin nada porque estaban distraídos y les decomisaban lo que había. La plata la juntaba un civil, que se quedaba con 25.000 pesos para su bolsillo, y el resto se repartía entre todos, hasta el último. El taquero está desesperado por que no nos desalojen”.

En sus recomendaciones sobre la venta ilegal en la Ciudad, el Consejo Económico y Social cita el caso de los “delegados”, que “tienen la tarea de cobrar un impuesto informal por el derecho a ocupar un espacio en la vía pública (…), incluyendo una coima a las fuerzas de seguridad para que éstas no intervengan afectando el desarrollo de la actividad”, como ocurrió hasta mediados de abril.

El piropero Da Silva no mide más de un metro y medio. Luce un piercing en su ceja derecha y carga en el cuello un collar plateado, imitación de Bvlgari. En los brazos y la espalda lleva tatuado el nombre de sus hijos, y el pecho se lo dedicó a sus padres. “Es que a veces me olvido cómo se llaman”, bromea el mantero, que dice recordar cuál fue su última venta antes de quedar desempleado: “Era una señora bajita, se llevó dos bolsos a 60 pesos cada uno”. Heredó de su familia la habilidad de vender en la calle pero tuvo que mudarse de Morón por un episodio que ahora recuerda arrepentido. Dice que estaba muy borracho cuando entró a un kiosco, amenazó al dueño con un cuchillo, y se llevó los 400 pesos de la recaudación. “Era menos de lo que juntaba con las ventas. No sé por qué bardeé así, pero no lo volvería a hacer”, asegura.

Los manteros miran con desconfianza a cualquier desconocido que se acerca. Protestan porque se sienten demonizados en los medios de comunicación y eso deriva en que cada tanto pase alguien en un auto o una moto y escupa un “¡Vayan a laburar!”. La única persona ajena al grupo que los acompaña en medio de las movilizaciones es la diputada nacional Araceli Ferreyra, del Frente Para la Victoria. Los manifestantes la fueron a ver al Congreso -a ella y a otros diputados-, y Ferreyra se sumó a la protesta. La reciben como a una artista de cine. Se pelean por agarrar el megáfono para anunciarle al resto que cuentan con la presencia y el apoyo de una legisladora de la Nación. Todos quieren la foto con la correntina, todos le piden ayuda. Ferreyra no tiene respuestas. Ofrece iniciativa, ideas, contención. Y para ellos sobra. “Aunque hay cosas que siguen siendo de legislación local, también hay algunas que pueden tratarse por legislación laboral en Cámara de Diputados. Hay que regularizar a los inmigrantes, por ejemplo. Y los vamos a conectar con legisladores porteños”, promete.

Omar Guaraz, referente del movimiento Vendedores Libres, calcula que fueron cerca de 1.200 los trabajadores desalojados desde enero de Belgrano, Caballito y Flores. “No fueron reubicados y no se les dio una solución alternativa”, denuncia. Da Silva tiene la esperanza de que el gobierno porteño vuelva a permitirles trabajar en la avenida a los manteros que siguen manifestándose. Porque dice que son cada vez menos e incluso propone sin pudor que “podrían dar permisos sólo para los argentinos”. Y hasta aclara: “Ojo que tengo amigos peruanos, eh”.

Desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público ya ofrecieron la única alternativa posible: acercarse a las oficinas a empadronarse para entrar a un predio ferial en el barrio de Once. Para conseguir un puesto en ese galpón de la calle Perón al 3000, deben tener documento de identidad, pagar monotributo, presentar facturas que indiquen la procedencia legal de la mercadería y no tener antecedentes delictivos. Los datos de esa cartera porteña indican que los inscriptos son 700 y que hasta ahora se otorgaron 87 permisos. El paseo comercial tiene lugar para 80 stands dentro del tinglado y 220 en el playón exterior. Al igual que varios de sus compañeros, Cristofer considera que en Once no habrá lugar para todos, que es un problema mudarse de zona porque hay muchos que viven cerca de Flores, y que instalarse allá va a provocar problemas con los colegas del nuevo barrio.

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En la avenida Pueyrredón, a metros de la estación de trenes, los manteros no usan mantas sino grandes escritorios que hacen las veces de mostradores de mercadería. Correrse unos pasos de la avenida para caminar hacia este nuevo predio destinado a los feriantes puede ser un alivio para el peatón pero es una preocupación para el que vende. Tres cuadras separan a la flamante feria de las vías del ferrocarril y son tres cuadras que pueden marcar la diferencia entre una venta que se concreta y una que ni siquiera es posible porque no existe comprador. Es tal la tranquilidad de esas veredas que el predio está bordeado por la bicisenda y enfrente de un albergue transitorio.

El gobierno porteño dice que ya se presentaron a trabajar 36 ex manteros. En una breve recorrida, no se ven más de 15 y están inquietos a la espera de clientes. Walter Montalvo está agradecido por ese puesto. Rezó mucho en la iglesia para dejar de depender del clima o de los riesgos de la ilegalidad, sumado a que no siempre lo dejaban desplegar su manta. “Mis propios compañeros peruanos no me hacían lugar”, se lamenta este padre de dos hijos, en breve padre de tres. El documento del Consejo Económico porteño indica que la descripción de Montalvo no es la norma: “Las relaciones entre los puesteros/feriantes no es conflictiva sino de tipo solidario o de ayuda recíproca. En cada feria se van desarrollando códigos no escritos que regulan derechos y obligaciones”.

Walter fue pizzero en Villa Crespo hasta que el dueño cerró el local para irse a Salta y él se fue a probar suerte en Avellaneda. Estos días, sale de noche a hacer delivery de comida con su moto, así no se impacienta por la falta de ingresos en el puesto nuevo y cubre al menos los 3.500 pesos del monoambiente que alquila con su mujer y los chicos en Caballito.

Alejandro Bunge, director de Fiscalización de Espacio Público del ministerio porteño, dice que el predio de Once es una “primera prueba” y por eso no hay lugar para todos. “A medida que vayamos teniendo más gente en esta situación y con los papeles al día, iremos viendo si tenemos que abrir más lugares o lo que sea. Todavía no se completaron los cupos”, avisa.

Confiesa no haber pensado de qué forma podrán mantenerse los manteros que no se empadronaron: “No sé. Estaban incumpliendo la ley y hoy le estamos dando asilo a la gente… Bueno, el término para que se legalicen. Después, Desarrollo Social estuvo en la oficina móvil y hay un montón de baterías de comedores y otras cosas más que también planteamos para que tenga esta gente”.

Entre “esta gente” se cuenta Roxana, de 40 años, llegada de Perú hace 17. Como Walter, es de las pocas feriantes que ya ofrecen su mercadería en el puesto de Once otorgado por el gobierno de la Ciudad. “Yo revendo, no fabrico”, repite con la necesidad de dar explicaciones. Roxana no quiere decir su apellido y aduce “temor a represalias de los de allá”, en referencia a los de Avellaneda. Al mismo tiempo, allá, en Avellaneda, Tupac se acerca a la diputada kirchnerista para pedirle ayuda. Muestra sus dientes con su risa nerviosa para contar que tuvo que hacer un viaje de 30 cuadras y que las hizo caminando porque no puede pagar ni el colectivo. Dice que no se acuerda bien la edad de sus hermanos, pero que los más chicos deben andar por la adolescencia. Que Cumba, el nene, debe tener 11, y Pate, la nena, 18. Y se vuelve a poner serio: “Yo quiero morir”.