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Un grupo de empresas formó un “cártel opaco” para conseguir adjudicaciones de obra pública de la Generalitat entre 2011 y 2015, según recoge un informe de la Guardia Civil. Estas compañías, conocidas como "El Club" o "la hermandad", mantenían contactos con altos cargos de la Generalitat a través de una cuenta de correo electrónico abierta a nombre de Nuria Bofill.

Según publica El Periódico, la Benemérita y la Audiencia Nacional disponen de testimonios que sostienen que ocho compañías obtenían las obras que Infraestructures de Catalunya sacaba a concurso a cambio de entregar dinero en forma de donativos a la fundación de CDC, Catdmen.

Adjudicación de contratos

El informe de la Benemérita, incluido en la investigación abierta sobre la trama del pago del 3% a Convergència para financiar el partido a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública, sostiene que ese “club” de empresas acordaron su estrategia con dos altos funcionarios de Infraestructures; su presidente, Joan Lluís Quer; y su director general, Antoni Rosell.

De los correos de Quer, la Guardia Civil sostiene que “puede deducirse que algunas empresa en el entorno de Asinca --Associació d'Empreses d'Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya-- habrían configurado un cártel colusorio para pactar los precios de los concursos públicos", según publica ese diario.

Contratos beneficiosos

Según el informe de el Instituo Armado, estas empresas "llegaron a pactar las normas o directrices a seguir cuando optasen a licitaciones de ciertas administraciones con el objetivo de evitar competir entre ellos y así obtener un contrato más beneficioso".

La Audiencia Nacional investiga en el caso 3% una trama por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, financiación ilegal de partido político, blanqueo de capitales y malversación. El partido heredero de Convergència, el PDeCAT, está también imputado en el sumario principal del caso.