El pasado 15 de diciembre tomo parte en un acuerdo adoptado en el Parlamento por la mayoría de la cámara, que nos da pie a la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos, prestación condicionada de derecho subjetivo existente en Euskadi.

Hace más de 25 años que se iniciaron en Euskadi políticas contra la pobreza que son el germen, del que nace la Renta de Garantía de Ingresos actualmente existente.

Estas políticas, en mi opinión, han sido efectivas en evitar, para muchas personas, las consecuencias más duras de la crisis económica de los últimos años pero no para acabar con el problema.

La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) como derecho subjetivo de la población residente en Euskadi es, “en parte” la responsable de que esta comunidad, esté a la cabeza del estado en gasto en políticas de inclusión social o de rentas mínimas. Pero no es oro todo lo que reluce.

La Renta de Garantía de Ingresos tiene carencias, carencias que no cuento desde el querer sacar rédito político, sino desde la necesidad de justicia.

La gestión que Lanbide ha hecho de la RGI, al menos hasta el momento, desmonta el mito de la “buena gestión” o la generosidad de determinadas opciones políticas en Euskadi y esto, no por una sino, por varias razones:

Lo primero, y más importante, es que estas prestaciones no son patrimonio de un Gobierno. Nacen de la calle, de la lucha social y de la presión de la ciudadanía. Recordemos como en los años 70 hay mucha contestación social en las calles y esa situación acaba con el nacimiento del ingreso mínimo de inserción y, en los años 90, un trabajo de movilización social que culmina con una ILP después de la cual se aprueba la “mal llamada” Renta Básica.

Pero también porque estamos ante una situación en la que la administración pública cierra los ojos ante incumplimientos de la ley sistemáticos y reiterados.

Estos incumplimientos, acompañados de un personal que no siempre está formado para las labores que se les encomiendan, hace que haya muchas personas que sufren indefensión, desinformación y abusos de forma constante. Todo bajo el riesgo y la amenaza constante de perder su sustento.

Pero también porque Lanbide hace una apuesta por políticas públicas de control en lugar de protección, jaleados en parte por un compañero de viaje a los que parece, les une el amor-odio y cuyos “efectos colaterales” sufre siempre quien menos herramientas tiene para defenderse.

Y por último, porque una prestación que podría funcionar de forma efectiva para paliar, al menos, algunos de los efectos de la pobreza, en el día a día, consigue que la mayoría de las personas que están percibiéndola, se encuentre perdida en los procedimientos, con sus vidas privadas permanentemente fiscalizadas y con un miedo sistemático a perder lo único que hoy garantiza su sustento.

Tengo claro que apuesto por la Renta Básica Incondicional y esa apuesta se asienta en años de acompañar a gente a los sistemas de rentas condicionadas, de pelear con ellas y de sufrir de impotencia, también junto a ellas.

Desde ahí, tengo claro que los derechos de los seres humanos no deben condicionarse a nada, y menos aún, a tener o no, un empleo remunerado en un tiempo en que el empleo ya no garantiza nada ni protege a casi nadie.

La lectura que hago del derecho reconocido para la ciudadanía vasca a la garantía de ingresos, es algo que, como cualquier derecho, no ha de condicionarse y mucho menos, utilizar esta herramienta para “cobrar” a las personas “el delito” de encontrarse en situación de pobreza.

Trabajaré en el marco del acuerdo mencionado al principio, porque la reforma que se avecina esté orientada a mejorar estas cuestiones y, a ampliar la capacidad del ejercicio de derecho de la población vasca y mientras tanto, seguiré luchando porque la Renta Básica Incondicional sea el siguiente paso.