El Comisionado de Juan Guaidó para los Derechos Humanos, Humberto Prado, envió información sobre el ataque ocurrido el 22 de noviembre, a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y a la CIDH, entre otros organismos internacionales

Cristóbal Ruiz Barrios y Cristian Ruiz Barrios son los nombres de los dos nuevos fallecidos encontrados en la mina de La Sabanita, tras la masacre ocurrida este fin de semana en la población de Ikabarú, una zona minera de la Gran Sabana, al sur del estado Bolívar.

Dichos hermanos se suman a las muertes del sargento de la Guardia Nacional Antonio Perera (46), Máximo Jeremy Muñóz Solano (17), Luis Alejandro Fernández Gómez (28), Richard Antonio Rodríguez Galvis (30), Eslie Ezequiel Basanta (33) y Edison Ramón Soto Suárez (46), este último indígena pemón.

Según los mismos Caciques pemones exiliados, insisten en que los sujetos armados pertenecen al Sebin y la Dgcim; quienes realizan una simulación de enfrentamientos entre bandas para tomar el control absoluto de los territorios ricos en minerales y entregarlos al gobierno de Nicolás Maduro.

De acuerdo con información publicada por el portal web El Pitazo, los hermanos Ruiz al parecer controlaban la extracción de oro en las minas además de mantener en resguardo a pobladores.

Se pudo conocer que entre los pobladores del pueblito minero, se comenzó a difundir fotografías de los dos asesinados.

“Seguimos esperando por un pronunciamiento de las autoridades competentes. Exigimos que se tomen las acciones para una investigación imparcial que de justicia a familiares y contundencia en soluciones para que no vuelvan a ocurrir estas masacres”, expresó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, a través de su cuenta oficial de Twitter; ante el silencio del gobierno de Nicolás Maduro.

Seguimos esperando por un pronunciamiento de las autoridades competentes. Exigimos que se tomen las acciones para una investigación imparcial que de justicia a familiares y contundencia en soluciones para que no vuelvan a ocurrir estas masacres — PROVEA (@_Provea) 25 de noviembre de 2019

Abandonan la zona

Habitantes de Ikabarú abandonan la zona por temor a represalias por parte de dichos grupos armados. “Nosotros los habitantes de Ikabarú quienes fuimos amedrentandos este viernes, estamos viviendo la peor de zozobra que se conoce en la historia de nuestro pueblo. La mayoría de los habitantes en este momento se encuentra abandonando el lugar donde nacimos donde nos criamos, donde por muchos años pasamos buenos y malos momentos”, expresó un residente del lugar, en el cual habitan cerca de unas 2.500 personas.

Muchos de sus habitantes cerraron sus viviendas y se dirigieron hacia Brasil y Santa Elena de Uairén, donde tienen parientes.

“Dónde está la gente que quiere a este pueblo, la luchadora de Ikabarú, la solución no es huir, cuando el pueblo necesita más a su gente unida es más fácil abandonar, así no es la lucha busquemos a quienes tengamos que buscar, este pueblo quedó desolado, no hay un comercio abierto, qué haremos el resto de los que quedamos, nos dejaron a la buena de Dios”, declaró a El Pitazo otra moradora.

Fiscalía registra seis muertos en masacre de pemones en Ikabarú

El Ministro Público confirmó la muerte de seis personas en la masacre de Ikabarú. Este domingo 24 de noviembre se conoció que el ataque a los pemones ocurrió a las 9:00 pm del viernes 22 de noviembre. Las víctimas son Antonio José Perera Flores, de 46 años y sargento retirado de la Guardia Nacional (GN), Máximo Jeremy Muñoz Solano,de 17 años, alias Coquito; Luis Alejandro Fernández Gómez, de 28 años, Richard Antonio Rodríguez Galvis, de 30 años y quien se desempeñaba como vigilante; Eslie Ezequiel Basanta, de 33 años, y Edison Ramón Soto Suárez,de 46 años, alías el Vaquiro.

De acuerdo con la periodista Pableysa Ostos, Muñoz Solano y Soto Súárez tenían registro policial por hurto y droga, respectivamente. En la masacre además resultó herido el minero Johnny López, de 25 años.

“Según lo relatado por los testigos a las autoridades unos 12 sujetos, armados y encapuchados llegaron al sector para desplazar a un sujeto apodado el Cristóbal, señalado de liderar la extracción de material aurífero en la mina Puerto Caribe”, refirió Ostos.

⤵️4. Según lo relatado por los testigos a las autoridades unos 12 sujetos, armados y encapuchados llegaron al sector para "desplazar" a un sujeto apodado el Cristóbal-este es señalado de liderar la extracción de material aurífero en la mina Puerto Caribe-.#Bolívar — Pableysa Ostos (@PableOstos) November 24, 2019

La periodista del estado Bolívar refirió que, fuentes ligadas a la investigación, refirieron que la banda del Cristóbal robaba a los pobladores y explotaba el oro. El caso lo investiga la Fiscalía 6ta del Ministerio Público.

Por su parte, el activista pemón Ricardo Delgado denunció, este domingo 24 de noviembre, que el indígena Edison Soto cumplió 48 horas sin que se haya producido traslado del cuerpo a Santa Elena. “Régimen juega a que se descompongan los cuerpos para eludir autopsias de ley y enterrarlos en Ikabarú”, aseveró.

CASO MASACRE IKABARU| Edison Soto, indígena asesinado 22Nov en la noche cumple 48 horas sin que se haya producido traslado del cuerpo a Santa Elena. Régimen juega a que se descompongan los cuerpos para eludir autopsias de ley y enterrarlos en Ikabaru. @jguaido @Watcher_Ven pic.twitter.com/q4WUGdeaeL — Ricardo Delgado PEMON (@ThinKarawak) November 24, 2019

Asimismo, el Centro Nacional de Comunicación informó que el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos, Humberto Prado, envió información sobre la masacre de la comunidad Pemón, en Ikabarú, a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, así como al Secretario Ejecutivo Pablo Abrao de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Además Prado remitió el informe del caso a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, y a la Comisionada Antonia Urrejola Noguera Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la CIDH.