Todas las compañías eléctricas actúan de la misma forma. Cuando un cliente pide la baja voluntaria, la empresa suministradora procede al corte del suministro en un periodo de días, “entre una y dos semanas como mucho”, según las fuentes consultadas.

Esto se da cuando la baja es voluntaria y el cliente no acumula ninguna deuda con su compañía. En el caso del affaire entre la Comunidad de Madrid (CAM) y la expresidenta, Esperanza Aguirre, la situación se retuerce porque es la Administración pública la que pide la baja de un servicio que se presta a un domicilio privado, el de la líder del PP en Madrid y su esposo.

El problema es quién asume la deuda de 5.000 €: GNF tendrá que acudir a la vía contencioso-administrativa para reclamar la deuda a la CAM, titular del recibo

Dado que el equipo de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad, pidió esa baja a principios de noviembre, Aguirre tiene unos días para tratar de evitar que Gas Natural Fenosa (GNF) le corte la luz, tal y como le ha solicitado el pagador de esta factura.

El problema es quién asume la deuda de 5.000 euros que acumula este domicilio (Jesús del Valle 10) con la compañía eléctrica, después de que Ignacio González decidiera, en 2013, suspender el abono de esta factura que se venía cargando a la Comunidad de Madrid desde que Aguirre llegó a la presidencia, en noviembre de 2003.

Desde entonces, la CAM, como titular de la factura particular de Aguirre, ha ido acumulando esta deuda. Al ser una Administración Pública, Gas Natural Fenosa tendrá que reclamar esos 5.000 euros por la vía contencioso-administrativa, según las fuentes consultadas. La CAM se ha negado a pagar esa deuda a la eléctrica.

En paralelo, Aguirre tendrá que negociar con la compañía eléctrica el mantenimiento del servicio para evitar que tanto la garita como su vivienda privada se queden sin electricidad. A partir de entonces, será la expresidenta la que tendrá que asumir el pago de esta factura, que no abona desde que fue investida presidenta.

Aguirre tendrá que negociar con la compañía eléctrica el mantenimiento del servicio para evitar que tanto la garita como su vivienda se queden sin electricidad

Vozpópuli lleva varios días informando de que el recibo de la luz del domicilio de Aguirre llegaba directamente a la Comunidad de Madrid, con su dirección particular, pero sin persona física como titular.

Era el erario público madrileño el que costeaba la factura, si bien desde el entorno de la expresidenta se dice que este recibo corresponde sólo a la garita de seguridad ubicada en el palacete en el que vive.

El consejero de Presidencia de la CAM, Ángel Garrido, confirmó este martes que la comunidad era la que pagaba el recibo de Aguirre y que se ha pedido la baja del servicio "dado que esa dirección no se correspondía con ningún inmueble u organismo de la Comunidad de Madrid".

La factura de la discordia tenía una potencia contratada de 6,6 kilovatios y facturaba mensualmente entre 200 y 300 euros, por lo que tanto la CAM como los expertos energéticos descartan que esa factura, más propia de una gran vivienda completamente equipada con electrodomésticos de consumo intensivo, corresponda a una garita de seguridad.