La fugada Clara Ponsatí, exconsejera del Govern golpista de Carles Puigdemont, ha realizado una jugada maestra abriendo a los fans del independentismo una cuestación para sufragar la minuta del abogado británico que le defenderá de la euroorden del juez Llarena. Comenzó pidiendo 40.000 euros y lleva ya recaudados 222.000, como puede comprobarse en la web crowdjustice. Alegó que no podía afrontar este gasto ella sola, pero lo cierto es que Ponsatí es propietaria de tres casas, una de ellas tasada en una cantidad superior a la que a esta hora lleva recaudada.

Ponsatí llegó al Govern en el último tramo del procés independentista, cuando Puigdemont, tras la dimisión de Jordi Baiget, decidió purgar a su equipo y echó mano de los más determinados a realizar por las bravas el referéndum ilegal del 1-O. Su misión como consejera de Educación era clara: conseguir que abrieran los colegios.

La fugada nunca legó a realizar declaración de bienes al Parlament. De ahí que su patrimonio conocido sea sólo el que puede verificarse en el Registro de la Propiedad. Según esta información, Ponsatí tiene recursos suficientes para haber comenzado por sí misma su defensa legal. Es propietaria de tres viviendas en la provincia de Barcelona. Su piso en la Ciudad Condal, de 126 metros cuadrados, está tasado en 237.675 euros, una cantidad superior a la que lleva recaudada apelando a la solidaridad de los independentistas.

Además, Ponsatí tiene en propiedad la mitad de una vivienda en San Cugat del Vallés de 150 metros comprada en 1992 y otra en Arenys de Mar de 118 metros que posee al 12 por ciento en herencia desde 2013. A estas tres viviendas hay que sumar la doceava parte de un párking en San Cugat.

La prófuga nunca realizó declaración de bienes en el Parlament, por lo que es imposible conocer su patrimonio en cuentas bancarias. También se desconoce si tiene algún coche en propiedad.

La exconsejera sabía dónde se escondía cuando decidió recuperar su carrera docente en la Universidad de St. Andrews, en Glasgow (Escocia). Su rector es Aamer Anwar, un letrado izquierdista que inmediatamente se puso a su disposición como letrado en cuanto el juez Llarena dictó la euroorden de detención contra ella.

No será la primera vez que Anwar se coloque enfrente de intereses españoles: fue el abogado del etarra Beñat Atorrasagasti, capturado en Edimburgo en 2012, y para quien logró que no fuera extraditado a España. Anwar defenderá a Ponsatí con el mismo argumento que utilizó para proteger al etarra: «En España no se respetan los derechos humanos».

Ponsatí ha asegurado que «cualquier fondo sobrante irá a apoyar a otros en la misma situación».