Por Ignacio Labaqui Analista político y profesor en la UCA y UCEMA

La semana pasada, el economista José Luis Espert publicó en el diario La Nación un artículo titulado “Macri en el país de las maravillas”. En el mismo, el mediático consultor económico destaca algunos méritos del Gobierno de Cambiemos, pero luego arremete con furibundas críticas acusando a la actual gestión de practicar lo que él denomina “kirchnerismo de buenos modales”.

Algunas de las apreciaciones de Espert son, sin duda, acertadas. Los desequilibrios que presenta la economía argentina no pueden ser desatendidos. El mundo no estará dispuesto a financiar de manera indefinida el déficit del sector público y el consumo por encima de sus posibilidades de la sociedad argentina. A nadie escapa que la inflación de dos dígitos que Argentina ha venido teniendo desde 2005 es un problema a resolver más temprano que tarde. Y efectivamente la presión tributaria es elevadísima.

Lo positivo –algo que Espert parece ignorar– es que el Gobierno reconoce todos estos problemas. Más aún, apunta a corregirlos, pero de un modo que Espert desprecia: el gradualismo. Y que toma en cuenta un factor que él parece no considerar: la sustentabilidad política. Pero Espert no solo ignora la viabilidad política del ajuste fiscal que propone sino que desconoce la Constitución.

Un rápido repaso a las medidas propuestas por el conocido economista y consultor lo deja bien en claro. Espert propone una contrarreforma estructural que, según su apreciación, permitirá desandar “el camino de nuestra decadencia ya casi secular”. Este catálogo de medidas incluye en primer lugar la privatización de todo aquello que fue estatizado por el kirchnerismo. Aunque no es específico, uno supone que ello abarca, entre otros, a Aerolíneas Argentinas, YPF, el sistema de pensiones, el Correo Argentino, AySA y el espacio radioeléctrico. Luego sugiere eliminar el régimen de coparticipación federal de impuestos, quitarle el manejo de obras sociales a los sindicatos, renegociar los convenios colectivos de trabajo, y firmar acuerdos de libre comercio o de no ser posible realizar una apertura unilateral como la efectuada por Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Una primera consideración es que, incluso si estas medidas fueran deseables y sus efectos fueran benéficos para la sociedad –algo que es debatible–, su implementación requiere de una masa crítica de poder político de la cual el Gobierno no dispone. Las privatizaciones que Espert desea necesitan la aprobación del Congreso o al menos una amplia delegación de facultades como la que el Congreso realizó en 1989 mediante la sanción de las leyes de emergencia económica y de reforma del Estado. Incluso luego del triunfo de octubre del año pasado, el Gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Ciertamente, las mayorías pueden construirse. No obstante, la experiencia de los gobiernos de Raúl Alfonsín, cuyos tímidos intentos de privatización no pudieron sortear la oposición peronista, y Carlos S. Menem, al que solo le faltó privatizar las centrales nucleares, dan cuenta de la diferencia entre tener y no tener mayorías legislativas.

Espert luego propone eliminar la coparticipación federal de impuestos. Modificar el régimen de coparticipación que requiere una ley convenio aprobada por una mayoría agravada tal como lo manda el artículo 75 inciso 2 de la Constitución. Es decir que cualquier modificación del status quo en esta materia no solo precisa de mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de ambas cámaras del Congreso, sino también de la ulterior ratificación por parte de las 23 legislaturas provinciales y la Legislatura porteña.

En tercer lugar, el mediático economista propone sacarle el manejo de las obras sociales a los sindicatos, es decir, modificar la graciosa concesión hecha por el “onganiato” a las organizaciones gremiales. Sin juzgar los méritos o conveniencias de la medida, cabe destacar las dificultades que los gobiernos no peronistas han tenido a la hora promover cambios en la legislación laboral. Sin dudas, avanzar en esta dirección llevaría a una obvia reacción de parte del hoy fracturado movimiento obrero organizado. De hecho, pocas medidas podrían lograr con tanta facilidad la unificación del peronismo en el Congreso y una reacción conjunta del fragmentado universo sindical.

Finalmente, Espert propone la apertura total del comercio ya sea a por medio de acuerdos, como lo hizo Chile luego de la restauración democrática en 1990, o mediante una apertura unilateral como la practicada por la dictadura de Pinochet. Algunas consideraciones al respecto. Todo ello requiere pasar por el Congreso e incluso, aún más, requiere del consentimiento de nuestros socios del Mercosur. Los acuerdos de librecomercio precisan negociaciones conjuntas como las que el Mercosur viene manteniendo desde hace más de dos décadas con la Unión Europea o salirnos del Mercosur. En cualquier caso, inevitablemente, superado el obstáculo que podría representar el bloque regional para las propuestas de Espert, hay que sí o sí pasar por el Congreso.

Pero el recetario de Espert no se limita a la política económica, sino que también abarca la comunicación política. Dado que la sociedad parece desconocer o no comprender la naturaleza de los problemas que enfrentamos, el Presidente debe tomar las cámaras y el micrófono y ponernos al tanto mediante un mensaje en cadena nacional.

Parecería que Espert desconoce que a la opinión pública poco le interesa la política y que la obvia reacción de los televidentes frente a una Cadena Nacional sería cambiar de canal hacia una señal de cable o lisa y llanamente apagar la televisión. En esto convengamos, el economista no goza de originalidad. El círculo rojo reclama desde hace rato al Presidente –sin éxito, por cierto– que explicite la herencia, algo que facilitaría en teoría la corrección de los desequilibrios heredados. Irónicamente, tal vez uno de los grandes logros de la gestión de Cambiemos es haber sorteado con éxito las elecciones de medio término a pesar de los costos asociados la corrección de los desequilibrios dejados por la gestión anterior, a las claras un mérito de la comunicación política del Gobierno.

No hay dudas acerca de la necesidad de sanear las cuentas públicas, reducir la carga tributaria que enfrenta el sector privado, bajar la inflación y aumentar la apertura de nuestra economía. Pero ello debe hacerse en un contexto que el recetario de Espert parece no tomar en cuenta. Un contexto signado entre muchos otros elementos por la división de poderes y por elecciones periódicas en las cuales los gobernantes deben dar cuenta de sus acciones ante la ciudadanía. La política económica no opera en el vacío. El entorno social y político le imponen restricciones muy importantes. Cualquier propuesta que ignore ello es, por ende, un mero ejercicio de voluntarismo puro y duro.