La información reservada que aportó Suiza a la causa de la ruta del dinero K revela un mayor rol de los financistas Santiago Carradori y Roberto Erusalimsky, del ex esposo de Iliana Calabró, Fabián Rossi, y del presidente de Peñarol de Uruguay y dueño de un estudio contable, Pedro Damiani, quienes el viernes resultaron también procesados por lavado de dinero junto a Lázaro Báez y sus hijos, entre otros. Otro de los procesados con un embargo millonario resultó ser el contador histórico de Báez, Claudio Bustos.

Del análisis de cientos de documentos surge que Carradori, quien se presenta como un trabajador autónomo categoría III, tiene -en realidad- ingresos anuales en el exterior por 1,6 millones de dólares y activos por 48 millones, incluyendo un crucero Fairline y una lancha tipo “División Miami”. Pero sobre todo, revela que Carradori quien tras su paso por el Enargas -que dependía del ex ministro de Planificación Julio De Vido- pasó en el 2005 a ser consultor financiero, manejaba otra cuenta en el banco PKB de Lugano, Suiza, en la que se habría realizado una serie de operaciones. Por ejemplo, se acreditaron U$S 499.838 provenientes de la cuenta del Schroeder and Co Bank de Zurich, Suiza, propiedad de Debruk SA de Elaskar. Casi un millón de dólares de la cuenta del Schroeder and Co Bank de Zurich, Suiza, propiedad de Rensen Corportation Sociedad Anónima, cuyo titular es Báez. Luego en 2011 se acreditaron U$S 150.000 provenientes del First Caribbean Interational Bank de Willemstad, Curazao, propiedad de Pribont Corp, firma vinculada a Ricardo Jaime, según una denuncia de la diputada de Cambiemos, Graciela Ocaña. Ante Suiza, Carradori declaró un patrimonio que cuenta con inmuebles por U$S 1.200.000, rodados por U$S 210.000, embarcaciones por U$S 450.000, aeronaves por U$S 700.000, participaciones en empresas por U$S 3.400.000, “cash” por U$S 30.000.000 y otros activos por U$S 12.200.000, datos que obviamente no declaró a la AFIP.

El otro hallazgo es sobre Erusalimsky, quien compró a un precio subvaluado el campo de Mendoza que Fariña había adquirido por 5 millones de dólares en comisión para Báez y es el mismo empresario que según el ex dueño de Tiempo Argentino y Radio América, Mariano Martínez Rojas habría participado del cambio de cheques proveniente de la obra pública de Formosa y Buenos Aires en la época K. Martínez Rojas tiene, desde el viernes un pedido de captura nacional e internacional en la causa por falsificación de declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) por más de 300 millones de dólares. Y, el tercero es que quedó comprobado que Rossi no era un simple asesor de relaciones públicas, sino que constituyó decenas de empresas offshore y cuentas e incluso intentó comprobar un banco en Dominicana, un paraíso fiscal. En el fallo el juez elogió el trabajo del fiscal Guillermo Marijuán

De un análisis realizado por el juez Sebastián Casanello y su equipo -incluído en el fallo de 751 páginas firmado el viernes- se reconstruye gran parte de la ruta del dinero K que confirma ahora en sede judicial y con información oficial cómo Báez sacó por lo menos 60 millones de dólares del país proveniente de fondos públicos pagado por obras a sus constructoras. La información oficial confirma parte de las declaraciones de Fariña y Elaskar al Programa Periodismo para Todos en el 2013 y una serie de primicias de Clarín.

Después de la muerte de Néstor Kirchner en octubre del 2010, Báez primero con Leonardo Fariña y Federico Elaskar y luego con Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco y Néstor Ramos montó una enorme estructura de empresas offshore y cuentas bancarias en Suiza y otros países para “ennegrecer” el dinero que le pagaron el ex presidente y Cristina Kirchner en concepto de obra pública. La diputada Elisa Carrió pidió que los movimientos financieros previos a la muerte de Néstor sean investigados por el juez federal Daniel Rafecas en la figura del ex apoderado de los fondos de Santa Cruz y ex director del Banco Central, Eduardo Cafaro.

La mayoría de esos contratos públicos fueron direccionados hacia Austral Construcciones con sobreprecios e incluso pagados a pesar de que una buena parte de las obras nunca se terminó.

Además, el análisis de Casanello -que aún está incompleto porque falta responder Suiza por algunas cuentas y España por todas las pedidas- ratifica los dichos de la confesión de Fariña en el 2016 cuando reveló que la plata era traída en camiones desde Santa Cruz, depositada en la cueva financiera SGI o “La Rosadita” y llevada a una serie del financieras del microcentro donde Carradori conseguía “cables” -operaciones de compensación con fondos en el exterior- para sacar la plata y depositarla en las cuentas de Suiza. En base, también, a un informe de la Unidad de Información Financiera -que dirige Mariano Federici- se detalla todas las operaciones de Kinsky Fondation, otra offshore a nombre de Báez, constituída en Panamá y con una cuenta en Suiza.

El juez dictó un embargo preventivo de $10.500.000.000 sobre los bienes de Carradori, de 1.000 millones sobre los de Erusalinsky y de sobre los de Rossi de 10.500 millones. Son cifras enormes porque en el delito de lavado de dinero las multas son diez veces más de la plata blanqueada.

Pero Casanello le dejó una brasa ardiente al juez Ercolini, quien ahora concentra las causas Ruta del Dinero K, Hotesur, Los Sauces y direccionamiento de la obra públicas a favor de Báez. “Del análisis acerca de la procedencia de la petición del fiscal Marijuan de indagar a Cristina Fernández de Kirchner sea efectuada por el juez que entenderá en el caso, que es quien posee - en lo sustancial- la jurisdicción y - en lo material- el mayor conocimiento de la evidencia que funda la petición. Encontrándose Ercolini, por ende, en mejores condiciones de determinar el rol que eventualmente pudo haberle cabido a la ex primera mandataria en la integralidad de las maniobras ventiladas”, finalizó Casanello, que ahora incluyen la obra pública, tal como había ordenado la sala II de la Cámara Federal porteña.