La Iglesia experimentó un boom inmobiliario muy particular, sobre todo, a partir del año 2003. Una reforma de la ley Hipotecaria en 1998 durante el Gobierno Aznar permitió a la Iglesia, y solo a la Iglesia, inscribir lugares de culto y otras propiedades que no estuvieran registradas. La consecuencia de esta reforma fue una movilización de los ecónomos de las diócesis, algunos de los cuales llegaron a contratar aparejadores o personal técnico. En este proceso, la Iglesia registró a su nombre 4.500 propiedades, según fuentes fiables cercanas a los registros de la propiedad, algunas tan notables como la mezquita de Córdoba.

El registro se hizo sin necesitar otro requisito que una certificación del Obispo, sin estar obligada a hacerlo público por edicto y sin pagar el impuesto de transmisión patrimonial. Los ciudadanos de Córdoba averiguaron en 2009 que la mezquita había sido registrada a nombre del Obispado tres años antes (el 2 de marzo de 2006), acto que le costó 30 euros.

Si el Gobierno Aznar liberalizó el suelo, también le concedió a la Iglesia católica un resquicio legal que le permitió hacerse con templos, ermitas, casas parroquiales, cementerios y fincas de todo tipo, algunas de las cuales vendió con posterioridad a su registro y le permitió obtener las correspondientes plusvalías, por una cuantía desconocida porque ni siquiera tienen la obligación de rendir cuentas a la Conferencia Episcopal en este asunto. “La inmatriculación [el acto del primer registro de una finca] de una propiedad a través de un notario es un proceso complejo, que exige certificaciones y testigos y que, en este caso, es obviado por una certificación del Obispo”, señala una fuente del Consejo General del Notariado. Esto es así porque en la Ley hipotecaria de 1944 se equipara al eclesiástico (el obispo) con un fedatario público, es decir a un notario, una norma no derogada que, según algunos expertos, es inconstitucional. Alejandro Torres, catedrático de la Universidad Pública de Navarra, ha divulgado numerosos artículos sobre este particular: “Este proceso no es compatible con los principios constitucionales de igualdad religiosa, neutralidad y separación entre Iglesia y Estado”.

Entradas a la mezquita de Córdoba sin pagar IVA Un ciudadano cordobés se preguntó un buen día de quién era la mezquita de Córdoba porque comenzaba a sospechar del comportamiento del obispado. La diócesis, dirigida por el recalcitrante Demetrio Fernández, un hombre de ideas muy conservadoras, había cambiado el nombre de la mezquita y denominado al lugar como Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Había cambiado también los folletos para los turistas. En la denominación oficial, la Iglesia hacía el añadido, entre paréntesis, de “antigua mezquita” posiblemente para que nadie pensara que se trataba de otro lugar. El ciudadano acudió al registro y se encontró con la sorpresa: la mezquita era del obispado desde el 2 de marzo de 2006, que justificó la inscripción con el argumento de que era propiedad suya “desde tiempo inmemorial”. Inscribirla costó 30 euros. Desde entonces hay circunstancias curiosas alrededor de la mezquita y su gestión por la iglesia. Instituciones como Cultura y la Junta de Andalucía que han invertido millones de euros en obras de mejora y mantenimiento, no reaccionaron a este hecho, a pesar de las quejas de colectivos como Europa Laica. La diócesis no se hizo cargo de esas inversiones, pero sí de los ingresos que genera el monumento, que camufla como donativos y por los que no paga impuestos, puesto que en las localidades (al precio de 8 euros para quienes no están domiciliados en Córdoba) no consta la palabra “precio” ni, el desglose del IVA. La diócesis no aclara cuánto ingresa por la mezquita, el lugar más visitado de Córdoba. La confusión es tal que alcanza a la difusión por internet. La página en apariencia oficial (mezquitadecordoba.org) es de agencias de viajes. La oficial es catedraldecordoba.es.

Los privilegios de la Iglesia no acaban en la certificación: también está exenta de hacer pública la adquisición mediante un edicto. Esa ausencia de publicidad ha permitido en casi todos los casos que transcurran los dos años de carencia de que goza una primera inscripción sin que nadie lo advierta y, por tanto, pueda recurrir.

No todas las diócesis han sido igualmente diligentes a la hora de registrar propiedades. Es conocido que Lucio Vallejo, el anterior ecónomo del obispado de Astorga (actual número 2 de las finanzas del Vaticano) hizo que contrataran los servicios de una aparejadora para llevar a cabo el proceso de inmatriculaciones. Menos problemas tuvo su colega de la diócesis de Pamplona y Tudela, Javier Aizpún, por el mero hecho de que es arquitecto.

Precisamente Navarra es la comunidad donde el fenómeno de las inmatriculaciones ha sido más estudiado y ha dado lugar al nacimiento de una Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro a la que se han adherido 117 municipios. Dicha plataforma ha llegado a censar hasta 1.087 propiedades a nombre de las diócesis navarras. “A principios de 2007, de manera casual”, reza un documento de la plataforma, “se descubrió que la Diócesis navarra estaba inmatriculando masivamente todo tipo de edificios religiosos, casas, tierras, arbolados, cementerios… Más de mil escrituraciones desde el año 1998, por unas docenas de euros, al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, más que cuestionado por ser totalmente anticonstitucional”.

La conclusión de la plataforma es que la Iglesia se ha convertido en la mayor inmobiliaria de Navarra. “El procedimiento no exige exposición pública alguna, por lo que los pueblos navarros no se han enterado y se han encontrado de la noche a la mañana con que una parte de su patrimonio público, mantenido siempre con gran esfuerzo, está privatizado”. Alguna poblaciones ha iniciado denuncias ante los juzgados con escasa fortuna.

Esta movilización inmobiliaria se realizó sin una coordinación central a través de la Conferencia Episcopal. “Las diócesis tienen un elevado grado de autonomía”, señala José Manuel Vidal, experto en temas religiosos y director de religiondigital.com, “incluso en temas económicos por lo que no dan cuentas mas que a Roma cada cinco años. Los ecónomos se reúnen una vez al año en unas jornadas, pero no han tratado conjuntamente el asunto de las inmatriculaciones. Las diócesis se han limitado a solicitar informes jurídicos a la Conferencia Episcopal. No creo siquiera que Fernando Giménez Barriocanal, el gerente del Episcopado, tenga una información detallada al respecto”.

Asociaciones como Europa Laica han tratado sin éxito de llamar la atención de la opinión pública sobre este fenómeno que parece irreversible. El asunto se trató en una moción debatida en el Senado el pasado mes de octubre, presentada por el grupo catalán Entesa. Se pedía la supresión de la reforma que hizo el Gobierno Aznar en la Ley Hipotecaria. Pero fracasó por 8 votos contra 12. PP y PNV votaron en contra, a pesar de reconocer la complejidad jurídica del asunto y las dudas de inconstitucionalidad.