El empresario Cristóbal López no sólo retuvo $ 8000 millones del impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC) y otros 250 millones de pesos del cobro de peajes como concesionario de autopistas, más otros 520 millones de pesos en multas.

Durante años, junto con su socio Fabián de Sousa, también se quedó con aportes previsionales de sus propios empleados, por al menos otros $ 300 millones. Usó esos fondos para comprar nuevos activos y financiar operaciones, según surge de registros oficiales, expedientes administrativos y judiciales, y los relatos de afectados que recabó LA NACION.

La retención de los aportes se extiende por múltiples empresas del Grupo Indalo, el holding de López y De Sousa, que ahora quedó en la mira de la AFIP. Sólo por los medios de comunicación que controlan, esa deuda supera ya los $ 60 millones, entre capital, intereses y multas.

La acumulación de la deuda previsional, sin embargo, no respondió a problemas financieros del Grupo Indalo, que ante la consulta de LA NACION fijó esa cifra en "unos 140 millones" de pesos.

Por el contrario, se debe a una decisión estratégica de López y De Sousa, que optaron por destinar lo "ahorrado" en sus empresas a comprar nuevas firmas o financiar operaciones de las que ya tenían.

¿En qué empresas no pagaron los aportes a la Seguridad Social? La lista es larga. Entre otras, en Inversora M&S, la constructora CPC, Oil MS, Alcalis de la Patagonia, Paraná Metal, Olivares del Sol, Promet, La Salamandra, Ideas del Sur -la productora que creó Marcelo Tinelli- y varios medios de comunicación, según los registros que cotejó LA NACION.

Las fechas en que comenzaron los incumplimientos varía en cada empresa. En algunas empezó hace al menos un año; en otras, a partir de diciembre pasado, en coincidencia con el fin de ciclo kirchnerista. Y en algunas sólo adeudan los aportes jubilatorios; en otras, también los aportes a las obras sociales y las contribuciones patronales a la obra social.

La retención de los aportes jubilatorios de sus propios empleados implicó así, en la práctica, otra fuente de financiamiento o "apalancamiento", a la que recurrieron López y De Sousa para expandir al Grupo Indalo junto a los impuestos del Estado nacional.

A cargo de la administración diaria del Grupo Indalo, De Sousa expuso esa estrategia en al menos dos desayunos de trabajo que mantuvo con gerentes y empleados de sus empresas en Puerto Madero, según dos relatos coincidentes que LA NACION escuchó por separado. Sostuvo que no pagaban los aportes porque "preferían" destinar esos fondos a otros fines.

Ante la consulta de LA NACION, sin embargo, dos ejecutivos del Grupo Indalo de la más íntima confianza de De Sousa reconocieron que las empresas del holding adeudan aportes previsionales por "unos 140 millones de pesos", aunque se negaron a confirmar o desmentir que ese dinero se haya canalizado a nuevas inversiones.

Tanto López como De Sousa consideran además "injusto" que se los señale por prácticas que, afirman, también utilizan otros empresarios de los medios y que apelaron al "canje" de esa deuda previsional por espacios de publicidad oficial que habilitó, para todos los medios, el decreto 852/14 de la entonces presidenta Cristina Kirchner (LA NACION nunca adhirió a ese régimen durante un reclamo del Estado con decenas de publicaciones, que nada tuvo que ver con el pago siempre a término de los aportes patronales. Dos fallos judiciales avalaron la posición de esos medios finalmente).

Desde el Grupo Indalo también explican que parte de la deuda previsional que acumulan con sus empleados la heredaron de los anteriores dueños de las empresas que compraron. Por ejemplo, los medios de comunicación de Daniel Hadad, como Radio 10 y la señal de cable C5N, o Sergio Szpolsky, con CN23.

Así, según datos oficiales de la ex Afsca, Telepiu (C5N) registra una deuda exigible por $ 33,1 millones, Votionis (Radio 10 y Mega), por $ 11,8 millones, DH Com (Pop) por $ 8,2 millones, y Soluciones Logísticas (CN23) por $ 3,7 millones, a las que se suman multas y otros montos menores en otras firmas controlantes de medios.

En Indalo le adjudican a Hadad la responsabilidad por la génesis de esa deuda, ya que mantenía "al 75 por ciento" de sus empleados como "factureros", mientras que López y De Sousa los blanquearon y colocaron en relación de dependencia.

Al límite del reglamento

Ese argumento defensivo es válido, pero sólo de manera parcial, según verificó LA NACION, porque al vender sus medios, Hadad traspasó la deuda previsional a López y De Sousa que a su vez multiplicaron ese pasivo y derivó en la apertura de una causa penal que tramita en el Juzgado en lo Penal Económico de Javier López Biscayart, tras una denuncia del abogado Gonzalo Espinosa Paz.

La investigación se centra en la apropiación ilegal de recursos de la Seguridad Social de algunos empleados -no todos- de Telepiú por al menos $ 35,7 millones de capital -monto al que deben sumarse intereses- entre mayo de 2012 -cuando ya había pasado a manos del "zar del juego"- y julio de 2014.

El cuadro es muy distinto en Ideas del Sur. Tinelli cedió el control de la productora sin deudas previsionales, pero hoy acumula reclamos de sus empleados. Adeuda aportes a Seguridad Social y a la obra social al menos desde febrero de 2015

En rigor, la misma política de quedarse con cientos de millones de pesos que correspondían a los aportes jubilatorios de sus empleados se repiten incluso dentro de Inversora M&S, la firma que durante los últimos años recibió $3400 millones de los impuestos que retuvo la petrolera Oil Combustibles.

Pero también en el portal Minuto Uno y en el diario Buenos Aires Herald, que junto a los aportes previsionales acumula deudas en la obra social. Según López y De Sousa, sin embargo, las deudas que acumulan con el Estado y sus empleados son una "pantalla" de un conflicto más profundo. Consideran que el presidente Mauricio Macri les declaró una "guerra" y que sufren una "persecución política" por sus vínculos con la familia Kirchner. En ese contexto enmarcan las últimas decisiones de AFIP y Vialidad Nacional.

Los dueños del Grupo Indalo defienden además la decisión de haber financiado con impuestos y aportes previsionales su expansión durante la última década.

"Lo que hicimos podrá no ser ético, pero fue legal", planteó un ejecutivo que expresa el sentir y el pensar de De Sousa a LA NACION. "Nosotros no violamos ningún ley; como máximo jugamos al límite del reglamento -abundó-. Y si algo se hizo mal, habrá sido responsabilidad de quienes estaban en la AFIP."

Ayudas a empresas amigas

Cristóbal López

Empresario

El plan de facilidades de la AFIP benefició a la empresa de Cristóbal López, que adeudaba $ 13,5 millones en aportes a la seguridad social

El facsímil muestra el plan de facilidades de pago que la AFIP concedió a Votionis SA, la empresa controlante de Radio 10