El mundo judicial está en llamas. Con un telón de fondo caracterizado por la polémica en torno a la independencia de la justicia, el sector vive una etapa de gran agitación por lo que jueces y fiscales consideran una falta de respuesta a sus justas reivindicaciones. Todo ello derivó en la huelga del pasado día 19, la segunda de este año, tras la realizada el pasado 22 de mayo. En aquella ocasión fue con un gobierno del PP, y esta vez, con uno del PSOE.

Los males de la organización judicial

Independencia judicial

En esta última huelga, la palabra independencia aparecía en muchas s pancartas. El paro coincidía con los días del watsap del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, vinculando el pacto entre los populares y el PSOE con la satisfacción de los intereses de su propio partido. El presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, renunció a presidir el Supremo tras la difusión de ese mensaje, y desde las asociaciones todo son ahora elogios para su decisión. Celso Rodríguez Padrón, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), habla de “lección de dignidad”. Raimundo Pardo, portavoz de Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), cree que “un presidente de la Sala Penal no necesita inaugurar su cargo con máculas”.

Como colofón del episodio, el PP quiere volver ahora a la elección de los vocales judiciales por los propios jueces. Todas las asociaciones están de acuerdo, pero el comentario generalizado es más bien irónico, subrayando que el PP no hizo en su etapa de gobierno la reforma que ahora propone en el Senado.

Todos a una

En el ámbito de los jueces existen hasta cuatro organizaciones representativas de distinto sesgo, y en la carrera fiscal hay tres. Y las siete han coincidido en la convocatoria de dicha jornada de huelga con una misma plataforma reivindicativa que incluye demandas profesionales y retributivas. Entre ellas, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios –recortados en 2010, como en toda la función pública–, el estudio y fijación de cargas de trabajo racionales o la equiparación de los permisos de paternidad –en su caso, de dos semanas– con el resto de los trabajadores. Todo ello, junto a reivindicaciones históricas como el incremento de las plantillas o la dotación de sistemas informáticos eficaces y bien coordinados.

Jueces y fiscales sostienen que la última huelga volvió a ser un éxito –ya que paró, como en la de mayo, prácticamente la mitad de los componentes de ambas carreras–, pero consideran que hay mucha incertidumbre sobre la posible evolución del conflicto. Celso Rodriguez Padrón, de la asociación mayoritaria, cree que el conflicto con el Ministerio de Justicia “se encuentra en punto muerto”. Raimundo Pardo estima que “la situación permanece en el mismo punto de inicio o incluso peor”, por lo que “la esperanza se desvanece”.

A la espera de la ministra

La izquierda judicial, a su vez, quiere creer que se podrá retomar el diálogo. Ignacio González Vega, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), afirma estar “a la espera” de que “la ministra Dolores Delgado y su equipo nos convoquen a nuevos contactos” y que “el equipo gubernamental esté dispuesto a alcanzar acuerdos”. Concepción Rodríguez, presidenta del Foro Judicial Independiente (FJI) afirma, en cambio, que es la ministra quien “ha dado por concluidas las negociaciones”, pese a que “conocía a la perfección nuestras reivindicaciones y participó hace seis meses en nuestras movilizaciones y en la huelga”.

Los fiscales también

Entre los fiscales, las quejas no son menores. Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en su ámbito, dice que fue Delgado quien “en la última reunión nos advirtió que si hacíamos huelga rompería las negociaciones”. Ahora –añade– “estamos decidiendo cómo continuar” porque “es evidente que debemos seguir adelante”.

Emilio Fernández, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) –la asociación de Dolores Delgado–, dice, en cambio, que “esperamos que pronto se reanuden las conversaciones con el ministerio”. Y abre el abanico de las críticas, al afirmar que “también aspiramos a que termine el bloqueo del PP y Cs a la derogación del artículo 324” de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Este artículo es el que da seis meses para terminar la instrucción de los procesos penales ordinarios. La reivindicación de esta supresión es compartida por muchas asociaciones.

En el reparto de culpas, hay mucho fuego concentrado sobre la ministra. Celso Rodríguez Padrón subraya que la situación con Delgado ha llegado a un “punto muerto”, porque si bien ella misma “había venido participando en las movilizaciones”, ahora no hay “avances” con respecto al equipo anterior, el encabezado por Rafael Catalá (PP). Raimundo Pardo estima a su vez “significativo” que “el día de la huelga la ministra estuviera en Francia haciéndose fotos con Luz Casal” –Delgado fue a Estrasburgo para participar en el Foro Mundial para la Democracia, y allí tuvo un encuentro con la cantante–, y añade que “da la sensación que se trata de un ministerio atado de pies y manos que nada ofrece y, lo peor, que nada puede ofrecer”.

Los salarios

En medios del Gobierno, en cambio, se piensa que la reivindicación retributiva es, de hecho, la principal, y que no habría habido huelga si pudiera satisfacerse de inmediato. Pero las asociaciones aseguran que su movilización es para lograr la dignificación del aparato judicial en su conjunto, lo cual incluye sus salarios, pero va mucho más allá. Un fiscal recién ingresado en la carrera percibe líquidos unos 2.000 euros al mes. Son los llamados fiscales de tercera categoría. Subir a segunda lleva años. Entonces el salario será de unos 3.000. Más o menos lo mismo que un juez de instrucción de una capital de provincia, aunque en su caso podrá ser algo más en función de las guardias. Un fiscal de los de nueva incorporación puede obtener, en un juzgado de cabecera de comarca, unos 54 euros por guardia semanal.

Una plantilla deficiente

Otra crítica al sistema se basa en la anticuada planta judicial. En España hay unos 5.500 jueces y unos 2.470 fiscales para algo menos de 47 millones de habitantes. Ignacio González y Concepción Rodríguez subrayan que hay, por tanto, 12,2 jueces y cinco fiscales por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 21. Todos los portavoces destacan, además, que la planta judicial –el mapa de los juzgados– está anticuada. Data de 1988. El ministerio ha anunciado la creación de 300 plazas entre las carreras judicial y fiscal. Celso Rodríguez, que ha estudiado a fondo el problema, pone el acento en que “cada creación de plazas tiene efectividad a los cuatro años”.

Raimundo Pardo aporta otro dato, al decir que “las plazas que se convocan en realidad vienen a suplir en parte las bajas que se producen por diversas circunstancias”. Cristina Dexeus, a su vez, sostiene que “desde el 2015, en que se aumentó por última vez la plantilla de la carrera fiscal, no ha habido nuevas ampliaciones”. Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), subraya que “en materia penal, una vez que se produzca la asignación de la instrucción al fiscal se deberá proceder a la unificación de ambas carreras, judicial y fiscal, para que los jueces de instrucción sobrantes pudieran incorporarse a las fiscalías”. Esta reforma para que instruyan los fiscales lleva años esperando. Hay dos proyectos elaborados hasta el último detalle, pero ningún gobierno se ha atrevido a enviarlos al Parlamento. Las constantes polémicas sobre la autonomía efectiva de la Fiscalía, y sobre la independencia judicial, ayudan a explicar que no se encuentre el momento oportuno para dar luz verde a esta nueva organización del trabajo.