



Los escándalos que involucran a la empresa constructora OHL con el gobierno federal y del estado de México, no paran. Desde que comenzaron hace cuatro meses, las acusaciones de conflictos de interés y las muestras de amiguismo, escalaron desde el secretario de Comunicaciones mexiquense hasta el Presidente de la República. Los audios que los exhiben, han abierto una alameda de suspicacia sobre qué tanto le deben los dos gobiernos a OHL y hasta dónde va a llegar todo. Ahora, nueva información sobre el caso sugiere que si las cosas están mal, se pondrán peor.





Tiene como origen, una vez más, la frivolidad con la que los ejecutivos de OHL México manejan información delicada, reflejo de la sensación de impunidad que acicala permanentemente Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, que invariablemente los defiende. La última indiscreción cometida por los ejecutivos fue comentar que la captura el lunes de la semana pasada de Paulo Díez Gargari, abogado de la empresa Infraiber, a la que señalan como autora de los audios y responsable de su distribución mediática, fue pactada en Los Pinos.





Fuentes con acceso a esos niveles de información, dijeron que lo que soltaron los ejecutivos de la empresa constructora, fue que la PGR detendría al abogado Díez Gargari para “asustarlo” e inhibirlo. El abogado es la cara de Infraiber, propiedad del empresario tapatío Luis Topete, y ha sido tenaz en denunciar irregularidades en la relación de OHL con las autoridades en perjuicio de su cliente. El hecho de sugerir una complicidad con funcionarios del gobierno federal capaces de detonar una acción judicial en sí mismo es grave, pero más lo que agregaron en su indiscreción: que el plan lo platicaron con presidente Enrique Peña Nieto, Juan Miguel Villar, presidente de la empresa, y José Andrés de Oteyza, presidente de OHL en México. De haber sido así, tendrían que haber tomado en cuenta, de lo que hablaron es de un delito.





Esta reunión no es la que se reveló hace unos días sobre un encuentro en Los Pinos con el presidente Peña Nieto el 6 de abril, donde hablaron del sistema de verificación de aforos carreteros de Infraiber, cuya cancelación de un contrato otorgado por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Auxiliares durante el gobierno de Peña Nieto en el estado de México, detonó la indignación de la empresa, y la petición de Villar y Oteyza para seguir bloqueándola. La reunión a la que aludieron los ejecutivos de OHL se dio a finales de agosto, días antes del Tercer Informe de Gobierno, al cual fueron invitados por Peña Nieto.





No hay información oficial sobre ese encuentro, pero el acceso y el tono de la reunión, como lo socializaron en su entorno, es consistente con las acciones que ha tomado a su favor Ruiz Esparza, quien lleva meses hablando con los ejecutivos de OHL sobre acciones judiciales contra de Díez Gargari y Topete. El último botón de muestra lo dio el secretario de Comunicaciones y Transportes –mismo cargo que ocupó en el gobierno de Peña Nieto en el estado de México-, que este domingo se defendió de las imputaciones del abogado que lo acusó de mal informar al presidente y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en una carta que publicó el periódico Reforma donde aceptó que haber mantenido el contrato sobre los aforos vehiculares de Infraiber, habría afectado la operación de OHL.





Ruiz Esparza, sin mayor matiz, aceptó que el gobierno donde él trabaja, tomó partido por OHL. “La inquietud de los concesionarios era lógica, en razón de que el cobro de dicha tarifa alteraba el plan financiero, el modelo de negocio y el aforo, con repercusiones en los créditos bancarios otorgados”, escribió. Al no firmar Infraiber los acuerdos con las concesionarias, recordó, se canceló el contrato en un tribunal federal. “A partir de ese momento se (generaron) ataques hacia diferentes instancias a través de desplegados, suscritos algunos de ellos por el señor Díez. Al no obtener respuesta por parte de las autoridades del Estado de México, empezó a generarse filtración de audios ilegales y manipulados”, agregó.





Díez Gargari fue detenido la semana pasada para que declarara en calidad de testigo sobre la investigación de los audios grabados en forma clandestina, pero cuando terminó su diligencia, no recuperó la libertad, porque la PGR lo acusó de portación de una arma de fuego sin tener el permiso para ello. Paradójicamente, mantener detenido al supuesto autor de los audios no impidió para que, mientras estaba en los separos de la PGR, apareciera el audio del 6 de abril. Topete, el dueño de la empresa no está en México; hace semanas se fue al extranjero para evitar abusos de fuerza de la autoridad.





Las precauciones que tome no serán exageradas. La influencia de OHL en el gobierno es tan evidente, que sólo así se explica el cinismo con el cual sus ejecutivos hablan cándidamente sobre sus acciones. ¿Qué hizo OHL para que la protección sea tan grande? Aún no se revela esa bala de plata, en caso de existir. Pero las revelaciones sobre su extraña relación van subiendo de grado y de funcionarios salpicados. Por lo pronto, el presidente tendría que modificar su relación con OHL y aclarar si existió o no la reunión que presumen sus ejecutivos. Ya no se trataría de un conflicto de interés, sino de un acto ilegal.





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