Sólo en 2016, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) entregó vía adjudicación directa 37 millones de pesos a cinco empresas que dieron domicilios falsos o fueron desmanteladas, y que supuestamente realizaron servicios como “análisis de la Constitución Política”, “análisis sociopolítico de la Ciudad de México”, “inventario de almacén” o la venta de un “kit de maquillaje”.

Además, entregó 21 millones de pesos más a otras tres empresas, también sin licitar los contratos, que están instaladas en casas particulares o en oficinas sin empleados ni infraestructura, pero cuyos supuestos representantes legales dicen haber cumplido con los servicios.

En total fueron 27 adjudicaciones directas por montos mayores a 340 mil pesos, lo que rebasa el tope establecido en el reglamento de adquisiciones para este tipo de contratos.

Todos los contratos fueron firmados por el Oficial Mayor, Guillermo Sánchez, quien por reglamento de la Asamblea es el funcionario responsable de avalar las adjudicaciones directas que hacen los funcionarios que dependen de él.

Uno de los convenios, entregado sin licitación, fue por 4 millones 988 mil pesos a una empresa que tiene una dirección inexistente y fue firmado por Leonel Luna, coordinador de la bancada del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno, máximo órgano de dirección en la Asamblea.

El diputado del PRD, Leonel Luna, dijo en entrevista que no firmó un contrato, sino “un convenio” por esa cantidad con esa empresa.

Todos los pagos fueron autorizados y realizados por el tesorero de la Asamblea, Pablo Trejo Pérez, quien ha sido asambleísta local y diputado federal por el PRD y quien actualmente busca un lugar en el Congreso local en los próximos comicios.

Leonel Luna y Guillermo Sánchez también son integrantes del PRD y en 2015 abandonaron la corriente Izquierda Democrática Nacional, liderada por René Bejarano, para formar un “grupo neutral” al interior del partido. Como asambleístas en la V Legislatura, de 2009 a 2012, compitieron con la corriente bejaranista para liderar comisiones y consiguieron la de Desarrollo e Infraestructura Urbana, donde Sánchez fue presidente y Luna integrante.

Leonel Luna, junto con el panista Jorge Romero, aprobó la asignación de más de 5 mil millones de pesos del fideicomiso para la reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre para comprar tabletas electrónicas, juguetes y regalos para día de las madres para los gobiernos delegacionales.

Animal Político revisó las adjudicaciones directas a 15 empresas en 2016, aunque el universo ascendió 127 contratos por un total de 89 millones de pesos. De hecho, en 2016 hubo un repunte en este tipo de contrataciones, justo al iniciar la actual legislatura. En 2015 hubo 52 asignaciones directas por poco más de 16 millones de pesos; y en 2017 se realizaron 27 contratos por 61 millones de pesos.

Al exponer las irregularidades de las empresas a los funcionarios de la ALDF que firmaron los contratos y pagaron a las compañías, éstos argumentaron que la ley no los obliga a revisar la existencia física de las empresas y, en todo caso, responsabilizaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por validar a esas sociedades al entregarles el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

¿Por qué contratar a estas empresas por adjudicación directa y no otras? Ni el Oficial Mayor de la ALDF, Guillermo Sánchez, ni el tesorero, Pablo Trejo, pudieron dar una respuesta a esta pregunta. En una hora de entrevista no atinaron a explicar quién decide contratar a empresas irregulares y entregarles dinero público.

La empresa millonaria de Ecatepec

Servicios Publicitarios Graicy S.A. de C.V. lo mismo hace análisis político para la Asamblea legislativa, que tazas y tortilleros promocionales para el Fondo de Cultura Económica, o un taller de “ficción” para el Centro de Capacitación Cinematográfica.

La Asamblea dio a esa empresa una adjudicación directa cada año, en 2016, 2017 y 2018, que suman 24 millones 824 mil pesos, y la ubica como la principal beneficiaria de este esquema de contrataciones.

La dirección que registró en los contratos estaba en la delegación Coyoacán, pero se fue de ahí el año pasado. El local enclavado en un callejón es ocupado en la actualidad por un negocio de reparación de computadoras desde octubre de 2017.

En esa dirección, además de Graicy, están registradas otras siete compañías más, también proveedoras de la Asamblea.

Según datos del padrón de proveedores de la propia Asamblea: Maquila Textil del Sur; Grupo Fraort; Constructora Sello; Logistics y Planificación Empresarial; Consultoría Express del Sur; Servicios y Asesorías Profesionales Ying Yang; y Constructora y Remodeladora Metro Cuadrado.

Éstas últimas dos, incluso, son requeridas por la Tesorería de la Ciudad de México para pagar el adeudo de ISR, según confirmaron fuentes de la Secretaría de Finanzas.

Servicios y Asesorías Profesionales Ying Yang, además, fue incluida el 1 de abril de 2018 por el SAT en su lista negra de empresas ‘presuntas fantasma’, por lo que está siendo investigada como una sociedad que no tiene personal, infraestructura, ni productos, y que se dedica a simular operaciones comerciales.

Esta compañía también tiene relación en el esquema de desvío de recursos de La Estafa Maestra. En 2015 la Sedesol y la Sedatu hicieron convenios con el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, para hacer sondeos y evaluación de impacto de programas sociales, respectivamente.

Ambos organismos subcontrataron a esta empresa por 20 millones 903 mil pesos y por 9 millones 860 mil pesos, respectivamente, según informó la Auditoría Superior de la Federación en las revisiones a los organismos y en las cuales concluyó que la empresa no cumplió con los servicios y los recursos públicos fueron desviados.

La nueva sede de Servicios Publicitarios Graicy S.A. de C.V. es un local de apenas cinco metros cuadrados, con un escritorio viejo y un toldo con un rótulo que anuncia “servicios publicitarios” e “impreciones” (sic), ubicado en la modesta colonia Xochicuac en Ecatepec, Estado de México.

El único “empleado” es un joven que se negó a proporcionar información por temor a que lo corrieran e insistió a los reporteros que pasaría el recado. En un pedazo de papel escribió una dirección de correo electrónico para solicitar la entrevista con la representante legal, María Luisa Pérez Reséndiz, quien ha firmado los contratos con la Asamblea del DF. Un día antes, un supuesto encargado había dicho vía telefónica que “no recordaba” la dirección de la compañía, y que la representante se encontraba de viaje. Nunca hubo respuesta a los correos ni llamadas posteriores.

La Asamblea contrató a esta empresa en dos ocasiones para realizar “el perfil sociopolítico de la Ciudad de México que pueda servir como un instrumento de apoyo para el desarrollo de las actividades Legislativas”. Y una tercera para la “elaboración de agenda de riesgos, información sobre carencias, opiniones, riesgos de alto, mediano y bajo impacto de la Ciudad de México”. La comprobación de los servicios por los que esta empresa recibió más de 24 millones de pesos son documentos en Word, y presentaciones de power point con fotografías de encuestadores y metodología en documentos PDF de copias fotostáticas.

Servicios Publicitarios Graicy también fue utilizada por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA), dependiente del Fondo de Cultura Económica en 2015, a través de la asignación directa de cinco contratos por un total de 92 millones de pesos para supuestamente hacer tazas, termos promocionales, playeras, tortilleros, loncheras de plástico, cubetas y mandiles.

Y en 2018 el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. de la Cineteca nacional le otorgó un contrato también por adjudicación directa para realizar un taller de ficción por 18 mil pesos, según información de Compranet contenida en la herramienta Contratobook. http://contratobook.org/#/contratos.

Las adjudicaciones directas

De acuerdo con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, es legal que los contratos sean directos. Están contemplados como excepción a las licitaciones públicas, es decir, poner a competir a empresas para escoger a la que ofrezca mejores condiciones.

Sin embargo, la adjudicación directa sólo puede hacerse para contratos de hasta 340 mil pesos. Para una cifra superior y hasta 5 millones 820 mil pesos se debe hacer una licitación restringida y licitaciones públicas para montos por arriba de ésta última cifra. En los casos de estas empresas, los montos superan lo establecido para ser adjudicación directa.

Animal Político mostró las evidencias encontradas sobre las empresas al oficial mayor Guillermo Sánchez, el tesorero, Pablo Trejo, el director jurídico, Félix Martínez, y la directora de Adquisiciones, Ana Laura Alvarado, pero argumentaron que las empresas sí cumplieron los servicios porque tienen actas de entrega-recepción y existen los supuestos entregables.

Ninguno supo responder quién escogió a las empresas para recibir recursos públicos.

Por ejemplo, sobre el análisis de la constitución que costó más de 4 millones de pesos, el “entregable” es un libro en PDF de 28 capítulos, pero la “empresa” Servicios y Administraciones JRS, S.A. de C.V. registró una dirección inexistente.

¿Cómo una empresa así pudo haber cumplido?

– Tengo las actas, respondió el tesorero.

¿Por qué esa empresa y no otra? ¿Quién en específico dice hay que contratar a una empresa como JRS?

– Son empresas especializadas que se dedican a este tipo de trabajos, hacen una presentación a los diputados y los diputados deciden si o si no, para que vean”, respondió Alejandro Zepeda Rodríguez, ex director de adquisiciones de la ALDF.

No existe físicamente, no hay rastro de ella en internet, el teléfono tampoco existe… si es especializada, debería de tener al menos una página en internet.

– La dirección es calle avenida José López Portillo, edificio F, departamento 102 colonia san Rafael, es Coacalco, Arcos de Berriozabal, aquí la factura dice departamento 102, (aunque no tiene número exterior), que esto es lo que yo verifico en el SAT, y tal como está la factura así aparece ahí evidentemente. Pero entonces ahí hasta el SAT está metido en líos, aseguró el tesorero, Pablo Trejo.

Pero el SAT no las está contratando.

-Pero el SAT es responsable de que las empresas estén, estoy de acuerdo, pero si el domicilio fiscal me lo ponen así y en su registro federal de contribuyentes viene así, y su factura viene así, yo qué, o sea, yo no tengo ninguna obligación de ir a checar una empresa en dónde está”, agregó Trejo Pérez.

¿Quién escoge a esta empresa y no otra, por ejemplo?

– Eso sí está medio complicado, porque como les estoy diciendo, si esta empresa viene a firmar el contrato y da una dirección, pues no lo sé, necesitaría tener el expediente completo. Sí, tienes razón, si no aparece en Google pues es un problema. El problema es, imagínate nosotros la relación que tenemos con enemil empresas, te digo, yo no sé, a mí se me haría muy complicado ir a checar, dijo el Tesorero.

Trejo insistió en que la Asamblea no tiene ninguna observación de irregularidad sobre estas contrataciones en la revisión de 2016. Mientras que el Oficial Mayor, Guillermo Sánchez, dijo que “de buena fe” firma los contratos que realizan los funcionarios que dependen de él de las distintas áreas que requieren los servicios.

Más empresas

El diputado Leonel Luna firmó un convenio con el Centro de Investigación Socioeconómica Global Hernández y Asociados, S.C, por 4 millones 988 mil pesos para el “levantamiento de información para la evaluación de las políticas y programas sociales implementados por el Gobierno del Distrito Federal” en 2016.

La dirección de la compañía registrada en el convenio está en la colonia Residencial Coacalco, en el Estado de México, pero se trata de una casa particular con decenas de volantes arrumbados en el patio, polvo acumulado en las ventanas y el servicio de luz cortado.

Los vecinos confirman la imagen: el inmueble fue abandonado desde hace un año aproximadamente. “Creo que ahí trabajaban capturistas”, dijo uno de ellos, pero otros dos testimonios aseguraron que nunca se enteraron que ahí hubiera una empresa. El único rastro en internet de la compañía es una página de Facebook que tuvo sólo 10 meses de actividad entre 2014 y 2015.

El diputado del PRD, Leonel Luna, dijo en entrevista que no firmó un contrato (por 4 millones 988 mil), sino “un convenio”.

“Yo no firmo contratos, lo que firmé fue un convenio de colaboración, como los que he firmado por ser el presidente de la comisión con distintas instituciones, como la UNAM, o el IPN, entre otras”, recalcó.

Luna señaló que la firma del convenio a partir del cual se benefició con casi 5 millones al Centro de Investigación Socioeconómica Global Hernández y Asociados, S.C fue a instrucción de la comisión de gobierno, y a petición de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales de la ALDF, que está presidida por Lourdes Valdéz Cuevas, del PAN.

El legislador de la Ciudad de México dijo que esta empresa que no existe en su domicilio fue recomendada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para hacer un “levantamiento de información para la evaluación de las políticas y programas sociales implementados por el Gobierno del Distrito Federal”.

Servicios y Administraciones JRS, S.A. de C.V. recibió un contrato directo por 4 millones 176 mil pesos para realizar el “análisis de la Constitución Política con motivo del centenario de su promulgación”. Su supuesta dirección está en Calle Edificio F, número exterior 29, colonia San Rafael, Coacalco, Edomex, pero no existe. Tampoco el teléfono, no tiene página de internet y el único rastro internet es el contrato con la Asamblea.

Otro contrato por 2 millones 485 mil pesos fue para Grupo Jimto, S.A. de C.V., para “realizar el Diagnóstico e inventario físico del almacén general y toma física y actualización del activo fijo”.

Su dirección está en la calle Patricio Sanz en la colonia Del Valle pero al acudir ahí, se trata de un edificio que será demolido, aunque no fue a causa del temblor porque, según dijeron vecinos, ya se tenía ese plan antes de septiembre de 2017. Aunque dicen que había una persona trabajando en uno de las oficinas, no saben de la empresa.

Para hacer el mantenimiento correctivo mayor al sistema de detección de humo contra incendio, compra de un kit de maquillaje y una cámara profesional, y para “material solicitado para cubrir los requerimientos durante el 2016 de los diputados”, la Asamblea contrató directamente a Comercializadora y Servicios Alaze, S. A. de C. V. por seis contratos que suman 1 millón 421 mil pesos.

Dos contratos fueron firmados el mismo día: el 1 de marzo de 2016 cada uno por 207 y 257 mil pesos. Esto evitó violar el reglamento de contrataciones al no sobrepasar los 340 mil pesos para hacer una adjudicación directa. El caso se repitió el 4 de mayo, cuando firmó dos contratos y los otros dos fueron del 16 de febrero y el 19 de abril.

La empresa está en una unidad habitacional de Tlalnepantla, pero nadie abrió la puerta. Un vecino entrevistado dijo que en esa casa “sólo trabaja un chavo, parece su oficina”. Y después de varios intentos al teléfono localizado en un directorio de internet, la persona que respondió negó que se tratara de la compañía.

Las casas-empresas

Otro grupo de tres empresas comparten la misma característica: son inmuebles, en algunos casos, casas particulares, sin empleados, pero cuyos representantes legales sí contestaron el teléfono celular de contacto que aparece en internet, e insistieron que cumplieron con los servicios.

Rehesa Consultoría S. C. cobró 10 millones 149 mil pesos por digitalizar el archivo central de la Asamblea, en un contrato firmado el primero de enero de 2017 y con vigencia al 31 de diciembre de ese año. Es decir, cobró 845 mil pesos mensuales por escanear documentos.

En el contrato, la empresa registró como domicilio en la colonia nueva Oxtotitlán, en Toluca, Estado de México. Al visitarla se comprobó que es una casa de tres pisos con tres locales de cuatro metros cuadrados, pero ninguna empresa ha estado ahí. “Hace más de dos años había una licenciada que rentaba el local. Quizá esa señora pudo ser de esa empresa, pero lo desconozco”, dijo un empleado del taller de ventanas de aluminio que ocupa uno de los locales.

Durante la investigación, se pudo contactar a la representante legal de la empresa,

Azucena Reyes Miranda, quien fue regidora en Toluca en el 2000; suplente de Claudia Corichi en el Senado de 2006-2012, por el PRD. También fue asesora parlamentaria del PRD de 2004 a 2005 y hasta abril pasado era directora de Auditoría Fiscal del Centro del estado de Quintana Roo, según su perfil de Linkedin.

Reyes Miranda también fue representante legal de la empresa Ciudadanía Democrática que tenía la franquicia de la Jornada Zacatecas y, junto con Claudia Corichi, hija de la exgobernadora de Zacatecas, enfrentó un juicio laboral por falta de pago a los empleados entre 2006 y 2011, según publicó Proceso.

En una primera llamada telefónica, Reyes Miranda titubeó sobre la ubicación de su empresa, pero al final dijo que se había cambiado a Jardines del Ajusco, en la Ciudad de México; al visitarla se comprobó que es una oficina en remodelación sin ningún empleado.

Reyes Miranda otorgó dos entrevistas vía telefónica porque, según dijo, estaba de viaje. Aseguró que entregó los servicios y que sus empleados iban a trabajar a la Asamblea para escanear los archivos. Al preguntarle cómo es que logró una adjudicación directa explicó que cumplió con la normatividad como entregar una “constancia de cumplimiento de obligaciones y tienen controles de calidad muy específicos pues que es nuestra carta de presentación hemos trabajado en otras instituciones”. Sin embargo, la empresa ni siquiera tienen página de internet ni aparece en lista de proveedores del gobierno.

Samp Agencia Publicista y Medios SA de CV, ubicada en un cubículo de 12 metros cuadrados en un edificio de Naucalpan, Estado de México, sin más empleados que una joven que atiende el teléfono, cobró 6 millones 670 mil pesos por hacer un “barómetro sociopolítico”, para la Asamblea.

Pese a ser una agencia de publicidad, la persona que contesta el teléfono dice no estar autorizada para dar una dirección de correo electrónico o transferir con algún empleado de la empresa. Y pese a reiterados intentos, nunca hubo una respuesta respecto al contrato con la asamblea ni la empresa. Según información de Contratobook, ésta empresa también consiguió en 2016 un contrato por 230 mil pesos del Instituto Mexicano de la Juventud, para dar “impartición de cursos a funcionarios públicos”.

Grupo Oryaze, S. A. de C. V., constituida en 2014 y dedicada a obra pública, está en una casa particular en Tlalnepantla, Estado de México. El teléfono celular que aparece en un directorio de internet, porque no tiene página web, es atendido por el accionista y representante legal, Jorge Ortega Jandette.

Ortega Jandette se negó a otorgar una entrevista “por motivos de seguridad”, pero por teléfono explicó que “toda la información está en transparencia de la Asamblea” y efectivamente se encuentran los seis contratos por servicios de impermeabilización, cambio de tubería barnizado de duela y sustitución de tableros electrónicos. Todos fueron firmados el 21 de octubre de 2016. En un solo día la empresa logró 4 millones 369 mil pesos.

Al preguntarle cómo es que una empresa que cumple con tantos servicios no tiene un dirección donde guarde herramienta, material y acudan empleados, el accionista dijo que “rentan” todo. ¿Cómo logran un contrato directo?, se le pregunta. “Vendiendo el servicio. No hay un método, simplemente llegas y preguntas, no sé cómo explicarte”, dijo.

(Con información de Eduardo Alonso).

Con la colaboración de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad.