El gobierno de Enrique Peña Nieto apostó por lograr la construcción del Nuevo Aeropuerto en Texcoco, el llamado NAIM que a la postre cancelaría Andrés Manuel López Obrador, así que antes de dejar el poder la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) fue la dependencia que aumentó más su gasto, y que rebasó con la mayor cantidad el presupuesto que le habían asignado los legisladores.

Al mismo tiempo, la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) fue la instancia que dejó más recursos sin utilizar, respecto a lo aprobado por los diputados, un subejercicio que se centró en programas como el de construcción de infraestructura indígena, y el de inclusión social Prospera.

Los rezagos en el gasto se registraron en “programas sociales importantes”, mientras que, por el contrario, los sobreejercicios se observaron en programas administrativos o de apoyo, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

Según dicho estudio, enviado a los legisladores federales, en 2018 -último año de Peña Nieto- para el programa “Proyectos de construcción de aeropuertos” de la SCT se aprobaron 5 mil 550 millones de pesos, y a fin de cuentas el gasto fue de 59 mil 690.7 millones de pesos.

Es una diferencia de 54 mil 140.7 millones de pesos, 975% más, respecto a lo aprobado originalmente. El año previo, 2017, el sobreejercicio de esa misma asignación había sido de 12 mil 518.9 mdp, 225%; en 2016, de 31 mil 394,7 mdp, de 551%, y en 2015 de 14 mil 053 mdp, una diferencia de 200% más respecto a lo aprobado.

Como se observa, 2018 fue, por mucho, el año con el sobreejercicio más alto del rubro K005 para construcción de aeropuertos.

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El monto de 2018 para el aeropuerto contribuyó a que la SCT fuera la dependencia con la variación más alta, entre lo ejercido y lo aprobado (un sobre-ejercicio de 57,695.9 millones de pesos), seguida de la Secretaría de Educación Pública (rebasó su presupuesto con 34,497.3 millones de pesos), y la Secretaría de Gobernación (20,792.1 mdp).

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda, Comunicaciones y Transportes en 2018 aumentó su gasto 33.4% respecto al año previo, convirtiéndose en la dependencia con la mayor alza.

En su primera entrega sobre la fiscalización de la cuenta pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló un monto por aclarar o un presunto gasto irregular de 44 millones 128 mil 446 pesos, en obras relacionadas con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).

Sedesol ‘guardó’ presupuesto

La otra cara de la moneda, según refiere el estudio, son Sedesol y las Entidades No Sectorizadas, que dejaron de ejercer en 2018 seis mil 774.5 millones de pesos, respecto a lo aprobado por el Congreso.

Es decir, eran recursos disponibles, presupuesto social que no se utilizó.

En el Ramo 20 de la Secretaría de Desarrollo Social, detalló el Centro de estudios, se dejaron de ejercer 5 mil 941 millones de pesos, 5.6% menos que lo aprobado.

Ese menor gasto se registró principalmente en la partida S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social, “en el cual de un presupuesto anual de 46 mil 396.0 mdp, al cierre del año sólo se ejercieron 39 mil 811.4 mdp, esto es que se dejaron de ejercer 6 mil 584.6 millones de pesos”.

En una revisión a las cuentas públicas, cada año la Secretaría de Desarrollo Social terminó gastando menos de lo que le aprobaron para el programa S072 PROSPERA.

En 2014, le aprobaron 38 mil 551.8 mdp, y gastó 34 mil 294.2 mdp, un subejercicio de 4 mil 257 millones de pesos.

En 2015, le aprobaron 39 mil 862.5 mdp, y el gasto fue de 37,911.3 mdp, una diferencia de 1,951.2 mdp.

En 2016, le aprobaron 46 mil 327.5 mdp, y el gasto fue de 44 mil 274 mdp, una diferencia de 2 mil 053.4 mdp.

En 2017, le aprobaron 46 mil 184.3 mdp, y el gasto ejercido fue de 41 mil 212,9 mdp, un subejercicio de 4,971.4 mdp.

Los subejercicios más altos se dieron en 2017 y 2018, en el cierre del gobierno de Peña Nieto.

De vuelta al análisis del gasto social en 2018, en el programa S176 “Pensión para Adultos Mayores” se dejaron de ejercer tres mil 853.4 mdp, aunque el Centro de Estudios también explicó que “dichas variaciones se compensaron, parcialmente, con los mayores gastos en otros programas, tales como el M001 ‘Actividades de Apoyo Administrativo’, en el cual se erogaron mil 268.2 mdp más que lo autorizado”.

En cuanto al Ramo 47 “Entidades No Sectorizadas” se registraron erogaciones inferiores en 833.5 mdp al aprobado, lo que en términos relativos significó una reducción de 9%.

“Esta contracción del gasto se registró básicamente en dos programas: E033 ‘Atención a Víctimas’ en el que se dejaron de ejercer 476.8 mdp, lo que significó 55.9% por debajo de su presupuesto anual; y S179 ‘Programa de Infraestructura Indígena’ en el que se dejaron sin erogar 291.7 mdp”, apuntó el Centro de Estudios.

“Es de llamar la atención que los rezagos en el gasto se hayan registrado en programas sociales importantes, mientras que los sobreejercicios, en la mayoría de los casos analizados, se observaron en programas administrativos o de apoyo”, agregó.

En cuanto al sobreejercicio de la SEP, el Centro señaló que el rubro “Apoyos a centros y organizaciones de educación” se ejercieron 23 mil 579.5 millones de pesos por arriba de lo aprobado, lo que implicó una variación o sobreejercicio de 763.2%.

“Al respecto, debe señalarse que, desde 2014 de manera recurrente el mayor gasto del Ramo 11, lo ha determinado, en gran parte, el Pp U080 ‘Apoyos a centros y organizaciones de educación’, por lo que convendría conocer cuáles son las causas de que año con año se ejerzan en este, recursos muy superiores a los que se le aprueban” en el Presupuesto, indicó el CEFP.

“De hecho, la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública 2016, respecto a este programa observó, entre otras cosas, falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto, pagos superiores a los establecidos en el tabulador, personal que no fue localizado en los centros de trabajo, incumplimiento del sistema contable y presupuestal con base en lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, además de diferencias en los informes trimestrales, entre el monto ministrado y lo reportado como pagado a la SHCP”, agregó.

En el análisis funcional del gasto programable, se observa que el gasto en Desarrollo Social, con todo y subejercicios, aumentó 1.4% anual en 2018. Si bien hubo un alza, esta fue antecedida por un reducción de 7.7% en 2017, el año en que el gobierno de Peña Nieto contrajo más el gasto social.

El incremento de 2018 tuvo como principales elementos Protección Social, Educación y Salud.

Durante toda la administración anterior, Desarrollo Social fue la función a la que se destinó más gasto programable, 57.4% del total; para Desarrollo Económico fue 31.5%, y para Gobierno 6.9%. Y de hecho fue la única que, en promedio, tuvo un crecimiento anual, de 1.1%; el gasto de Gobierno (que incluye Justicia, Seguridad Interior y Seguridad Nacional) tuvo un promedio anual de crecimiento de 0%, y el de Desarrollo Económico fue de -1.5%. En el primer trimestre de 2019, el gobierno de López Obrador destinó 62% del gasto programable a Desarrollo Social, casi 5% más en comparación con el promedio observado en todo el gobierno de Peña Nieto; por otro lado, a Desarrollo Económico ha destinado 3% menos, aunque dentro de ese rubro le da preponderancia al gasto energético. De enero a mayo, con López Obrador como presidente, la Secretaría de Energía gastó 457% más, respecto al mismo periodo del año pasado.