La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha repasado todos los casos de corrupción en los que se ha visto envuelto el PP durante su intervención en el debate de la moción de censura a Mariano Rajoy. Estos son los casos a los que se ha referido Montero. Algunos ya sentenciados y otros aún en fase de investigación, pero todos tienen un denominador común: el PP se ha visto implicado en todos ellos.

Caso Gürtel: Es el mayor caso de corrupción del PP, por el que está acusado como partícipe a título lucrativo y por el que Mariano Rajoy se sentará como testigo en el banquillo de la Audiencia Nacional el próximo 26 de julio. Este caso también ha sentado en la silla de los testigos a Esperanza Aguirre, quien dijo haberla destapado. Decenas de excargos del Partido Popular están siendo juzgados en las distintas piezas separadas.

Caso Púnica: investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid. Pagos de empresarios en B, restaurantes de la Asamblea de Madrid, una fundación conectada con Gürtel, parquímetros en el municipio de Valdemoro, publicidad de los hospitales privatizados durante la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid, las numerosas vías de ingresos opacos del PP madrileño. Tiene varias piezas separadas con Francisco Granados como protagonista.

Caso Lezo: es el último caso de corrupción que ha afectado al PP. Investiga los posibles delitos de Ignacio González en su etapa como presidente de la Comunidad de Madrid a través del Canal Isabel II y por el que se investiga a más de 60 personas entre empresarios y políticos.

Caso Acuamed: Más de 20 millones de euros de fondos públicos desviados en el fraude de las desaladoras. La trama ilegal descubierta alrededor de la empresa pública Agua de la Cuenca del Mediterráneo (Acuamed), ha salpicado también a Miguel Arias Cañete, exministro de Rajoy y actual comisario europeo.

Caso Nóos: La trama de corrupción que salpicó a la Casa Real. Iñaki Urdangarín ha sido condenado a 6 años y tres meses de cárcel; su socio, Diego Torres, a 8 años y seis meses, y el expresidente balear del PP Jaume Matas a 3 años y 8 meses de cárcel. La sentencia está recurrida ante el Supremo.

Caso Andratx: se trata de la primera gran causa de corrupción urbanística en Mallorca que salpicó al PP. En 2009 el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de Mallorca contra Eugenio Hidalgo, Jaume Massot e Ignacio Mir. Los dos primeros ingresaron en prisión.

Caso Auditorio: Por este caso de corrupción, el expresidente de Murcia del PP, Pedro Antonio Sánchez está imputado por prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación. Pedro Antonio Sánchez como alcalde de Puerto Lumbreras impulsó en 2006 un complejo cultural de 10.000 metros cuadrados con un coste de 6 millones de euros a pagar con una subvención.

Caso Baltar: el presidente de la diputación de Ourense, José Manuel Baltar, fue imputado por acoso sexual y cohecho tras ofrecer trabajo a cambio de sexo. La causa fue archivada. Los audios de Baltar ofreciendo trabajo fueron publicados en exclusiva por eldiario.es.

Caso Bárcenas: investiga la caja B del PP y los papeles del extesorero del partido, Luis Bárcenas, en los que aparecen pagos en negro a dirigentes del Partido Popular.

Caso Biblioteca: Trama de corrupción en el municipio de Librilla en Murcia, por la adjudicación a dedo de contratos de ese Ayuntamiento. Están imputadas 15 personas, entre ellos el alcalde de la localidad del PP, José Martínez García y dos de sus concejales Pedro Martínez Muñoz y Francisco Navarro.

Caso Bitel: otro caso de corrupción del Gobierno balear de Jaume Matas (2003-2007). Damià Vidal Rodríguez, el exdirector general de la empresa pública Bitel nombrado por Matas, fue condenado a cinco años de cárcel por espiar los correos electrónicos de un cargo socialista, y desviar casi 700.000 euros de fondos públicos.

Caso Bon Sec: La construcción de un cementerio de lujo en una localidad de Palma de Mallorca con dinero del Gobierno de Baleares.

Caso Bomsai: Una presunta trama de corrupción en torno a la construcción de las sedes del Parque de Bomberos de Palma y la conselleria de Sanidad. La causa se archivó en el mes de marzo.

Caso Brugal: delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras en varias localidades gobernadas por el PP en la provincia de Alicante. Está imputada por este caso la exalcaldesa Sonia Castedo junto a tres decenas de personas más.

Caso Caballo de Troya: La operación "Caballo de Troya" deriva de la operación Crucero. Entre los presuntos implicados en esta operación de blanqueo de capitales se encuentra un hijo del expresidente de la CEOE José María Cuevas, y Ángel de Cabo.

Caso Camps: el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, fue absuelto de esta trama separada de Gürtel, que investigó el cobro de 30.000 euros en trajes por parte de Camps.

Caso Campeón: investiga la presunta concesión de subvenciones irregulares a cambio de comisiones a cargos públicos. Por este caso dimitió el exdiputado del PP en Galicia Pablo Cobián, tras ser imputado y para quien el fiscal pide nueve años de cárcel.

Caso Carioca: esta operación destapó una red internacional de tráfico de mujeres y prostitución ilegal con base en Lugo y que operaba en España y Brasil. El caso, que sigue abierto, salpica a la brigada de extranjería de la Policía Nacional de Lugo a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Caso Carmelitas: Luis Fernando Cartagena, exconsejero de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana con Eduardo Zaplana como presidente, fue condenado a cuatro años de prisión por quedarse con 49.000 euros donados por unas religiosas al Ayuntamiento de Orihuela cuando él era alcalde. Las monjas entregaron el donativo al consistorio en 1993.

Caso Castellano: Investiga a Serafín Castellano, exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, por presunto soborno a cambio de las adjudicaciones que habría realizado durante su etapa de conseller.

Caso Catis: Sobre la expedición de diplomas falsos de formación, que implicó a políticos del PP de Canarias.

Caso Ciudad del Golf: El tribunal absolvió a lo implicados de los delitos de prevaricación, arbitrariedad y voluntad de saltarse por, según sostenía la acusación, manipular de forma intencionada una normativa municipal en Castilla y León.

Caso de la Construcción: De principios de los años 90. Fue condenado el alcalde de Burgos y el empresario Antonio Miguel Méndez Pozo.

Caso del Lino: La supuesta estafa de tres millones de euros en el cobro de subvenciones europeas en Castilla y León. El Supremo absolvió a todos los acusados.

Caso El Robledillo: Sobre supuestas irregularidades en un proceso de reclasificación urbanística en Caravaca de la Cruz.

Caso Emarsa: Una macrocausa que investiga el saqueo de 24 millones de euros en la depuradora de Valencia.

Caso Eólico Canarias: Investiga la presunta corrupción en el concurso eólico de 2004 en Las Palmas.

Caso Faycan: Investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio grancanario de Telde que implica a cerca de treinta imputados entre políticos, funcionarios del Ayuntamiento y empresarios.

Caso Fitur: El primero desprendido del caso Gürtel con una condena. Los principales cabecillas de la trama y algunos políticos valencianos fueron condenados por el amaño de contratos de la Generalitat.

Caso Funeraria: El Ayuntamiento de Madrid ha remunicipalizado los servicios funerarios, que fue privatizada en los 90 por el PP. La Audiencia de Madrid condenó a un edil del PP por vender la empresa por 60 céntimos.

Caso Guateque: Visto para sentencia. Una presunta red de cobro de comisiones ilegales en el seno del Ayuntamiento del Madrid a cambio de la concesión de licencias.

Caso Ibatur: Sobre el amaño de contratos y presunto cobro de comisiones utilizando los fondos públicos de la Conselleria de Turismo de Baleares durante el gobierno autonómico controlado por el PP entre los años 2003 y 2007.

Caso Imelsa: El juez, la Fiscalía Anticorrupción y de la Guardia Civil creen que el PP creó una trama de corrupción que pudo servir para enriquecer a muchos de sus cargos y financiar ilegalmente al partido.

Caso Inestur: Sobre la concesión de forma arbitraria de unos 20.000 euros de fondos del Inestur (Instituto de Estrategia Turística) para editar material sobre cicloturismo y "nordic walking" al empresario Antonio Ávila.

Caso Lasarte: El amaño en la concesión en Castilla y León de casi 400 expedientes para la instalación de plantas solares.

Caso Líber: un caso de corrupción urbanística en una localidad Murciana. El fiscal que lo investiga ha sufrido varios robos en su domicilio.

Caso Madeja: Se investiga el pago de más de 4 millones de euros en comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos en Sevilla.

Caso Marchela: Se investigan posibles delitos de prevaricación administrativa, contra la ordenación del territorio, negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho contra los concejales del PP de un ayuntamiento de Granada.

Caso Mercamadrid: Investiga el fraude en una operación de Mercamadrid. El en caso está imputada la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa.

Caso Naseiro: Uno de los primeros casos de corrupción del PP, que implicó a su tesorero Rosendo Naseiro.

Caso Nuevo Cartagho: Implica a la senadora Pilar Barreiro e investiga la presunta corrupción urbanística en una recalificación.

Caso Ópera: Pieza separada del Palma Arena sobre la irregularidades en la contratación del arquitecto Santiago Calatrava para que elaborase un anteproyecto para la construcción de un futuro palacio de la ópera en Baleares.

Caso Orquesta: Sobre el supuesto amaño de concesiones de obra pública en una localidad gallega.

Caso Over Márketing: El amaño de contratos públicos en Baleares en favor del empresario Daniel Mercado, implicado en varios casos de corrupción como financiador del PP.

Caso Palma Arena: Sobre las irregularidades en la construcción de este pabellón deportivo. Jaume Matas es el principal acusado.

Caso Patos: Investiga la trama de presunta corrupción en la adjudicación de contratos públicos, que suma medio centenar de políticos, y en el que está implicado el expresidente de la Diputación Provincial de Pontevedra, Rafael Louzán.

Caso Piscina: Sobre la compra de unos terrenos para la instalación de la piscina municipal en una localidad de El Hierro.

Caso Pokémon: Una trama de sobornos en varios ayuntamientos de Galicia que afecta a políticos de PP y PSOE.

Casi Porto: Una trama de corrupción urbanística bajo el mandato de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.

Caso Rasputin: El pago con fondos públicos del Govern de los servicios del un club de alterne en Moscú. Le costó el cargo al gerente de Ibatur, Juan Carlos Alía.

Caso Scala: Un “saqueo sistemático” de las arcas públicas, según la Fiscalía, a cargo de políticos del PP Balear. El líder del PP de Ibiza fue condenado a 16 años de cárcel.

Caso Taula: Investiga la financiación ilegal del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en una trama que implicaba a Rita Barberá, y la concesión ilegal de contratos públicos a cambio de sobornos.

Caso Terra Natura: La Generalitat valenciana perdonó a la Terra Natura 1,7 millones de euros a cambio de entradas, noches de hotel y derecho a usar el campo de golf.

Caso Torres de Calatrava: El arquitecto valenciano Santiago Calatrava habría cobrado los 15 millones de euros por el diseño de un proyecto que nunca se llegó a realizar.

Caso Torrevieja: El amaño de un contrato de basuras de 100 millones de euros.

Caso Totem: El exalcalde del PP en Totana fue condenado por liderar una trama de corrupción y enriquecerse con las comisiones millonarias que solicitaba por impulsar proyectos urbanísticos.

Caso Troya: El cobro de sobornos por parte de el exalcalde de Alhaurín el Grande.

Caso Túnel de Sóller: El Supremo arhivó el caso por prescripción de los delitos, pero consideró probado que el expresidente balear Gabriel Canellas había cobrado sobornos de un constructor.

Caso Turismo Joven: Sobre la gestión del Consorcio de Turismo Joven de Baleares. La Fiscalía acusó de cobro de sobornos, adjudicaciones de contratos millonarios sin concurso previo y gastos desmesurados en dietas y viajes a los implicados.

Caso Umbra: Investiga la presunta corrupción urbanística. Alberto Guerra, exgerente de Urbanismo de Murcia, habría logrado un beneficio superior a 600.000 euros gracias a la recalificación de unos terrenos.

Caso Uniformes: El exalcalde de Cádiz fue condenado porque el Ayuntamiento compraba los uniformes a la empresa de su mujer.

Caso Zeta: Una supuesta trama de falsos cursos de formación y captación y gestión irregular de fondos públicos en Galicia.

Caso Parques Eólicos: Investiga la concesión de parques eólicos a cambio de comisiones en Castilla y León.