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Luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial hiciera lugar a un recurso interpuesto por la fiscal general Gabriela Boquín y ordenara la realización de un peritaje a los libros contables de Socma Argentina SA y Sideco Sudamericana SA. en el marco de la causa arrastrada por la familia Macri desde hace 18 años por una deuda original de 300 millones de pesos con el Estado Nacional, la fiscalía emitió un dictamen en el que se detectaron irregularidades en pagos por casi 35 millones de pesos desde el Correo hacia consultoras y estudios jurídicos propiedad de funcionarios de Cambiemos.

Mientras la familia Macri continua dilatando el pago de la millonaria deuda en favor del Estado, el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) finalmente pudo acceder a los libros de Socma y Sideco, y de acuerdo al dictámen dado a conocer por Emilia Delfino, el Correo Argentino SA realizó pagos por casi $35 millones a consultoras, estudios jurídicos y ejecutivos a pesar de no tener actividad comercial.

Varias de las empresas beneficiadas están vinculadas directamente a miembros del directorio de Correo, a sus abogados y a actuales funcionarios y referentes de Cambiemos. De acuerdo a Boquín, se trata de un “vaciamiento progresivo” con desvíos millonarios a un reducido grupo de personas y empresas vinculadas a ellos mismos. Esos fondos deberían haberse destinado al pago de la deuda al Estado, sostiene la fiscal. Boquin incluso advirtió cobros a firmas de publicidad que recibieron dinero mientras la compañía ya no tenía actividad comercial.

“Existieron pérdidas de activos líquidos inexplicables y sin justificación apropiada considerando que desde el 19 de noviembre de 2003 ésta no registra actividad”.

Un reducido grupo de estudios jurídicos recibió $14,8 millones, entre ellos el estudio Tonelli, dirigido por el hermano del diputado cambiemita Pablo Tonelli, quien era socio al momento de recibir los $4.437.984 en concepto de honorarios profesionales por el concurso de acreedores, entre 2004 y 2007.

Entre 2004 y 2007 el estudio de Kleidermacher recibió cheques por $9.661.585 pero desde las empresas que posee junto a la consultora Doris Capurro, Consultora Capurro SA, Supergol SA, Be Good SA y Optimedia Internacional SA, cobró otros $1.121.373

Otro estudio jurídico beneficiado fue el del actual Secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas. Romero Zapiola & Clusellas cobró $ 120.082 entre julio 2004 y junio 2005, y $ 130.855 entre agosto 2005 y marzo 2007 por asesoramiento en recursos humanos.

Trayectoria Consultores SA, sociedad que a la fecha componía el subsecretario de Relaciones Laborales de Modernización, Carlos Alberto Lelio, recibió depósitos por $ 786.651 de entre agosto 2004 y mayo 2013.

La empresa Logística de Avanzada SA cobró $4.145.756 entre noviembre de 2003 y febrero de 2004. Su directorio estaba compuesto por directores de Correo Argentino SA.

Ante esta situación, Boquín solicitó se investigue la injerencia de los funcionarios relacionados a estos desvíos, en la negociación que tuvo lugar entre el Estado y el Correo Argentino SA, y específicamente que se analice el rol que tuvo Andrés Ibarra, actual Secretario de Modernización, y quien designó a los abogados que representan al Estado en las demandas que Correo le inició al propio Estado por sumas millonarias.

De acuerdo a la fiscal, “Es inaceptable que en un trámite en el que el Estado Nacional sea parte, se desnaturalice el proceso concursal por la existencia de conflictos de intereses”. “Ningún ciudadano o persona jurídica se ha visto beneficiada con tantas oportunidades para lograr la conformidad del Estado Nacional”.

La lucha de la Fiscal Boquin

En la última acordada de 2018, el máximo tribunal rechazó el recurso de queja presentado por el Correo Argentino y avaló a la fiscal de la Cámara Comercial Gabriela Boquín en la causa. En esa oportunidad, desde El Disenso te mostramos la investigación que demostró la fuga de millones desde el Correo a empresas del Grupo Macri.



Los cinco integrantes de la Corte Suprema de Justicia firmaron el rechazo al recurso interpuesto por el abogado Jaime L. Kleidermacher, quien representa los intereses de la familia Macri en la causa por la deuda que el Correo Argentino mantiene con el Estado Nacional.

La fiscal fue quien se opuso al arreglo llevado a cabo entre el gobierno actual y los representantes de la familia del presidente, donde se acordó una quita del 98,2% de la deuda original, lo que implicaba una condonación de 4.227 millones de pesos, algo que Boquín encontró abusivo y perjudicial para el Estado Nacional.

En mayo de este mismo año, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial ya había rechazado el pedido del Correo Argentino para desplazar a la fiscal del expediente luego de que desde la fiscalía se solicitaran medidas de prueba que buscaban comprobar maniobras de vaciamiento que tuvieron lugar en la empresa concursada, beneficiando a Socma y Sideco, del Grupo Macri.

El trabajo de investigación realizado por Boquín que tanto preocupó a los dueños del entonces Correo Argentino, fue volcado en un detallado dictamen donde demostró a lo largo de 80 paginas como se fugaron millones del Correo Argentino hacia empresas del Grupo Macri, con la complicidad del aparato judicial.

Desde El Disenso explicamos los items mas escandalosos que llamaron la atención de la fiscalía.

Durante el año 2016, la jueza Marta Cirulli autorizó a los Macri a sacar $1.645.923 pesos y u$s 185.213 ($2.963.417,44) del Correo Argentino. Estos fondos “habrían tenido como beneficiario final las arcas de las controlantes de la concursada (SOCMA-SIDECO)” explica la fiscal. Los Macri solicitaron U$s 18,000/mes para alquiler. El contrato de alquiler era entre Correo Argentino y Sideco Americana (Grupo Macri). Las oficinas supuestamente alquiladas al Correo Argentino por Sideco se encuentran en Avenida Libertador 498, sede de Chery Argentina, Chery-Socma, MacAir, Sideco. La fiscal encontró facturas de alquiler mensual por $308,768 en lugar de los U$s 18,000 solicitados, pero lo que más llamó su atención para tamaño alquiler es que Correo Argentino contaba con solo 3 empleados y no poseía actividad comercial. Otro de los pedidos fue por $61,834 para sueldos y cargas sociales. Los 3 empleados que figuran en la nómina del Correo Argentino son: Marcela Liliana Conti, contadora de 58 años y persona de confianza de Franco Macri que fue Directora Suplente de SHIMA SA (Grupo Macri), Antonio Álvarez, jubilado de 80 años, histórico empleado del grupo cuyas contribuciones patronales se encuentran adeudadas a la fecha, y Eduardo Diego Lamaison, diseñador gráfico y administrador de empresas de 41 años, que además de figurar como Gerente administrativo financiero de Correo Argentino S.A. es a su vez Administrador tesorero de Socma Americana S.A. y Sideco Americana S.A. Para la fiscal resulta “dudoso” que los empleados le sean propios ya que la empresa se Encuentra en el Registro de Entidades Inactivas de la IGJ y no posee actividad comercial de ningún tipo. Otro de los empleados denunciado por los Macri y que no figura listado en el formulario 931 de AFIP es Pablo Martín Della Saravia, denunciado como personal del Correo y actual empleado de MacAir Jet SA según explica Boquin. Los Macri solicitaron realizar un retiro para abonar honorarios de 5 directores, en una empresa que posee 3 empleados. A este gasto se sumó el pedido de pago de OSDE en el que se incluyó un “subsidio por maternidad” para Raúl Casa, jubilado de 75 años, quien dejó de ser empleado del Correo Argentino en el año 2011. La fiscal encontró gastos declarados correspondientes a la fiesta de fin de año para los 3 empleados y los supuestos 5 directores por $15,000 por la conducción y animación que consistió en “magia con canciones”. Dentro de los gastos que los Macri denunciaron para estos 3 empleados se encuentran $113,000 por gastos informáticos entre los que se incluye por ejemplo la compra de una computadora Toshiba que al ser rastreada se detalla en su factura una dirección de Sideco. Bono anual por $110,750 es otro de los gastos que llamo la atención de la fiscal, dado que la factura no menciona quien sería el receptor de dicho bono. La fiscal rastreo desde 2007 complejas maniobras de compra-veta de acciones entre Correo Argentino y diferentes empresas del Grupo Macri en las que detectó “un posible acto de vaciamiento de la concursada en favor de otra empresa del grupo, su controlante, Socma Americana SA”.

El minucioso trabajo de la fiscal Boquín consideró los retiros autorizados por la Jueza Cirulli como “improcedentes e injustificados” y solicitó la separación de Jorge Irigoin, quien administra actualmente Correo Argentino, por haber proporcionado información falsa y ocultar datos relevantes a la causa lo que refuerza las declaraciones del diputado Amadeo, quien aseguró que Macri instruyó resolver la deuda de Correo Argentino con el Estado para evitar la quiebra de su familia.

Luego de que el procurador Carlos Balbín solicitara un sumario administrativo y la realización de una auditoría a fin de investigar a fondo la trama del acuerdo entre el Correo Argentino y el Ministerio de Comunicaciones por la escandalosa condonación de deuda por un valor que supera los 70 mil millones de pesos, el presidente Macri decidió reemplazar al Procurador del Tesoro por Bernardo Saravia Frias, un abogado del Grupo Macri y persona de su confianza que será el encargado de decidir sobre los conflictos de interés que involucren a su jefe directo y cliente, Mauricio Macri. Esa misma semana Guillermo García, el Director de la “Dirección Nacional de Auditoría y Registro” y quién a pedido del Procurador Balbín se encontraba auditando a todos los funcionarios que intervinieron en la causa del Correo Argentino del año 2001 a la fecha, presentó la renuncia indeclinable a su cargo.

Al tiempo que solicitaba el apartamiento de la fiscal Boquin, la familia Macri urdió la causa judicial que le permitirá hacerse con $2.300.000.000 del Estado Argentino. El 12 de agosto de 2016, a mes y medio de cerrar el acuerdo con el gobierno, el Correo amplió su presentación ante el Juez Cayssals reclamando al Estado la suma de $1.794.929.993 correspondiente a las inversiones realizadas en las instalaciones de la empresa y otros $ 570 millones en concepto de “daños contractuales”, “canon pagado en exceso”, “bienes no inventariados”, y “servicios impagos”, entre otros. A estos montos siderales, la empresa solicita adicionarle los intereses ya que alega que el Estado se enriqueció a su costa y que dicha acción provocó “el empobrecimiento” de Correo Argentino SA. La última propuesta recibida desde el Correo Argentino fue en julio de 2018 y fue una copia de la presentada en 2016 que expuso la estafa que buscaba perpetrarse en contra de los intereses del Estado Argentino. Como siempre, el Estado Nacional es una fuente inagotable de recursos para la familia Macri.

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