Durante una visita a Buenos Aires que hice en noviembre, noté que una sensación de premonición se cernía sobre la ciudad. La economía estancada, la inflación en alza, el capital saliendo del país y los porteños de todos los ámbitos preparados para una tormenta y resignarse a las penurias que llegarían a esta ciudad portuaria.

La infraestructura de la ciudad también parecía abatida. Los amplios bulevares y grandiosos edificios del siglo XIX están cansados y roñosos y las calles huelen mal. Los grafitis enardecidos y los afiches hechos tiras desfiguran las paredes, lo que intensifica una sensación generalizada de decadencia sin ley. Destruir la riqueza de una nación demora un largo tiempo, pero una década de kirchnerismo, de gobiernos encabezados por Néstor Kirchner y su actual viuda Cristina Fernández de Kirchner, parece estar lográndolo.

La situación se ha deteriorado en las últimas semanas. Una salida también parece más difícil. Tres acontecimientos importantes en diciembre elevaron la perspectiva de un descenso a un caos total. El primero se produjo cuando la policía de la capital provincial de Córdoba decidió súbitamente dejar de trabajar en protesta por sus bajos salarios. Los delincuentes interpretaron la ausencia de policías como una invitación para saquear la ciudad. Más de 1.000 negocios fueron saqueados y dos personas murieron.

El gobierno nacional podría haber ayudado al gobernador José Manuel de la Sota, quien no es un aliado de la presidenta Fernández de Kirchner. Pero se limitó a sugerir que la violencia era parte de un complot para desestabilizar a la mandataria. Entre la espada y la pared, el gobernador accedió a otorgar un aumento salarial de 33% a los policías, quienes retomaron sus funciones. Pero los policías de otras 20 provincias aprendieron la lección y se produjeron huelgas en todo el país, tras las cuales vinieron más saqueos y violencia. Es probable que surjan renovadas presiones sobre los salarios del sector público.

Detrás de la dificultad para pagarles a los empleados de las provincias un salario decente radica el mismo problema que doblegó a Argentina en 1989: la inflación. Según los cálculos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), un centro de estudios de Buenos Aires, la inflación alcanzó 3% en diciembre y acumuló un alza de 26,4% en 2013. El aumento en los precios de los alimentos y las bebidas llegó a 28,9%, dijo FIEL, a pesar de los reiterados congelamientos decretados por el gobierno.

El gobierno dice que la inflación anual es de 10,5%. Sin embargo, hay una desconfianza generalizada hacia los números oficiales. Uno de los secuaces de la presidenta despidió en 2011 al director del instituto encargado de medir la fluctuación en los precios porque no le gustaban las cifras. Hasta el Fondo Monetario Internacional tomó nota y en febrero de 2013 criticó a Argentina por no divulgar al público información precisa.

El banco central se ha dedicado a imprimir dinero y ha hecho que los argentinos vendan pesos cada vez que pueden. Los controles de capital que han estado en efecto desde 2011 han hecho que esto sea cada vez más difícil, pero no imposible. También han acelerado la fuga de capitales. La existencia de más vendedores que compradores ha reducido el precio de la moneda local en las instancias en las que se transa libremente. Aunque la tasa oficial de cambio es de 6,6 pesos por dólar, la del mercado negro llega a casi 11 pesos por dólar.

El debilitamiento del peso refleja la caída dramática de las reservas internacionales del banco central, que descendieron casi 30% en 2013. El kirchnerismo, no obstante, también ha destruido el capital al indicar a los inversionistas que los derechos de propiedad y los contratos no son sacrosantos. La industria energética, intensiva en capital, ha sido una de las más golpeadas. La expropiación en 2012 de la participación de la española Repsol en la petrolera argentina YPF es un ejemplo. Chevron CVX -1.85% decidió hace poco hacer una inversión en Argentina, pero muchos otros han optado por quedarse al margen.

El congelamiento de las tarifas ha mermado la inversión de las empresas eléctricas, lo que ha aumentado la frecuencia de los apagones. El mes pasado, cuando se dispararon las temperaturas veraniegas, grandes áreas de Buenos Aires se quedaron sin luz durante días.

Cuando un país sufre disturbios, saqueos, cortes de electricidad y una inflación galopante, lo normal es que las personas libres busquen que sus líderes restauren la calma y el orden. Pero la presidenta ha cultivado un perfil bajo. Tal vez sea porque en diciembre un grupo de periodistas de investigación del diario La Nación publicó una serie de artículos que decían que tanto Cristina como su marido, quien falleció en 2010, se enriquecieron con un programa de obras públicas en su provincia natal de Santa Cruz.

Los reporteros señalan que un testaferro de los Kirchner asumió el control de un puñado de empresas constructoras de Santa Cruz y, posteriormente, consiguió una serie de contratos de obras públicas a precios inflados. La Nación agrega que el mismo contratista le dio a los Kirchner sobornos importantes al lavar dinero a través de hoteles en Santa Cruz que pertenecían a la primera pareja. La presidenta niega todas estas acusaciones y dice que provienen de los fascistas.

Después de 10 años de gobiernos kirchneristas, el poder ejecutivo ahora controla la mayor parte del poder judicial. Es improbable que los llamados para una mayor transparencia lleguen muy lejos. Por otra parte, una espiral inflacionaria agota la paciencia y una población que se siente tan impotente como la de la Argentina actual en algún momento se hará escuchar.

The Wall Street Journal