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Dos millones de españoles, un total de 800.000 hogares, viven con la incertidumbre de quedarse sin vivienda, que se ha convertido en el principal factor de exclusión social, por encima del desempleo.

Así lo constata el VIII Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España presentado este miércoles por esta fundación, según el cual 8,5 millones de personas, el 18,4 % de la población, se encuentran en exclusión, lo que supone 1,2 millones más que en 2007.

Para la mitad, 4,1 millones, esa exclusión es severa; dentro de ellos se encuentran los «expulsados» de la sociedad, que hoy son 1,8 millones de ciudadanos, el triple que los 600.000 que lo estaban antes de la crisis.

Sin embargo, según ha explicado el secretario técnico de Foessa, Raúl Flores, la tasa de exclusión se sitúa ya muy cerca de la del 16% previa al estallido de la crisis -durante la cual se superó incluso el 25 %- pero ello no significa que «hayamos vuelto a la casilla de salida porque las condiciones de vida son peores que hace diez años».

«Es la sociedad estancada , para los que el ascensor de la movilidad social no funciona y no es capaz de subir ni siquiera a la primera planta», ha añadido Guillermo Fernández, coordinador de esta investigación.

En la creciente desigualdad, la vivienda se ha erigido, más que el desempleo, como el principal factor de exclusión social: el alquiler se ha encarecido un 30 % en dos años, el 11 % de la población vive bajo el umbral de la pobreza una vez ha sufragado los gastos derivados de la casa y el 4 %, dos millones de personas que viven en 800.000 hogares, lo hacen con la incertidumbre de quedarse sin un techo.

Sobre el empleo, éste ha pasado de ser un derecho a ser un privilegio, aunque no exime del riesgo de caer en la pobreza: el 14 % de los trabajadores está en exclusión social.

El 37 % de los excluidos en el empleo, además, lo están también en la vivienda.

Las mujeres son las principales afectadas; necesitan trabajar 1,5 horas más al día para ganar lo mismo que un hombre -2 si son inmigrantes- y se ven más obligadas a tener que reducir los gastos de suministro de la casa cuando son ellas las que sustentan el hogar.

Todo ello sin olvidar de los efectos que la exclusión tiene en la salud: el 30 % de las personas con discapacidad sufren esta situación, el 8,8 % de la población ha tenido que dejar de comprar medicamentos y el 15 % no puede acceder a un tratamiento bucodental.

Fuente: Agencias