El dueño de Fripur, Alberto Fernández, fue procesado con prisión por ofrecer garantías al Banco República (BROU) y al BPS por US$ 10,3 millones sin tener luego la mercancía para ejecutarla. Hasta el momento, el imputado no fue detenido porque cuando la policía lo fue a buscar a la casa, no lo encontraron.

Fuentes allegadas al empresario aseguraron que el imputado se entregará a las autoridades el próximo lunes.

El juez Nelson dos Santos decidió procesarlo este viernes, cuando estaba prevista una audiencia ratificatoria en la cual el imputado iba a tener que confirmar sus declaraciones en presencia de un abogado, sostuvo en diálogo con El Observador. Sin embargo, puesto que volvió a faltar a la cita alegando motivos de salud, el magistrado interpretó que no era obligatoria esa instancia, y lo procesó por los delitos previstos en la ley de prendas en el grado de muy especialmente agravado "por el monto del perjuicio económico" en reiteración real, dijo el juez.

Esa norma establece en su artículo 9 que "el dador que de cualquier manera ocultare los bienes prendados o los trasladare con el fin de eludir la ejecución de los mismos será castigado con pena de tres meses a cuatro años de penitenciaría". En este caso, la fiscal del caso, Gabriela Fossati, consideró que los bienes fueron vendidos sin consentimiento de los acreedores y que por eso se configura el delito, y lo mismo entendió el magistrado.

El juez Dos Santos estableció en su sentencia –a la que accedió El Observador–, que en "calidad de vicepresidente del directorio de Fripur S.A", Fernández tenía una activa participación "en la gestión de la empresa y consiguientemente tenía bajo su control la totalidad de la mercadería".

La investigación judicial empezó en 2016, luego de que el banco presentara la denuncia penal contra Fernández, así como también contra otras dos mujeres que firmaron las garantías –aunque por el momento no han sido procesadas.

En los documentos adjuntados por la fiscal, se señala que el empresario ofreció como garantía una cantidad de pescados valuada US$ 7,3 millones, y una segunda garantía por US$ 3 millones por la misma mercadería. En total, eran 1.383 toneladas de pescado.

Al no cumplir con sus obligaciones, el BROU empezó un juicio de ejecución prendaria e hipotecaria y, cuando las autoridades fueron a buscar la garantía, se encontraron con que la mercadería no estaba.

Si bien es un delito excarcelable, Fossati había pedido procesarlo con prisión porque consideró una agravante el monto del perjuicio causado al acreedor.

Por otra parte, en junio la Justicia Civil determinó que Alberto Fernández compró una mansión a través de la sociedad Metaxa para evitar que fuera rematada por el BROU. La jueza civil Estela Jubette dispuso que la casa sea ejecutada para pagar parte de la deuda del banco.

Sin comparecer

Respecto a la audiencia que iba a tener lugar este viernes, Dos Santos dijo que entendía que "no era preceptiva" debido a que "no se tenía que ratificar nada porque era legal la declaración" que había realizado Fernández durante el proceso.

Además, el magistrado afirmó que por excusas de Fernández la audiencia se había postergado en "reiteradas oportunidades" por "distintos artilugios" de parte del ahora procesado.

En efecto, en su sentencia, determinó que el imputado "no se ha justificado en legal forma la incomparecencia a la audiencia (...) al no haberse alegado causa de fuerza mayor o similar".

Y más adelante agregó: "Asimismo cabe precisar que no puede tildarse sin más de sorpresiva la convocatoria a audiencia realizada en la víspera si se analiza el discurrir de estas actuaciones en los últimos sesenta días".

Consultado Dos Santos acerca del estado de salud del empresario –quien alegó todas las veces problemas psiquiátricos– y si era un impedimento para que fuera enviado a la cárcel, el juez respondió a El Observador que tenía "un informe, de hace un día o dos" que indicaba que Fernández no presentaba problemas para cumplir con la pena.

La defensa

Según consignó el magistrado en el dictamen, Fernández alegó en su defensa que la gestión del negocio de Fripur le era ajena. Declaró "que era vendedor, que solamente firmaba lo que se le indicaba, siendo su hermano, sobrina y su familia quienes tomaban las decisiones empresariales", anotó Dos Santos.

"Si bien admitió su calidad de vicepresidente del Directorio, expresó desconocer sobre las prendas en ejecución así como el destino del dinero obtenido en los préstamos respectivos", agregó el juez.

Fernández también aseguró durante los interrogatorios que algunas de sus firmas que figuraban en "documentos de adeudo" con el BPS o el BROU, estaban falsificadas, un extremo que no fue probado.

Reducción de la deuda

Según comunicó el BROU en un comunicado, a partir de setiembre de 2014 el caso de Fripur pasó a ser gestionado por el Área Recuperación de la institución bancaria. Entonces, la deuda que tenía el empresario con el banco era de "US$ 37:000.000 por capital y US$ 2:800.000 por intereses".

Desde entonces fueron cobrados US$ 21.770.000, gracias a "diversas acciones de recupero", como el cobro a "fiadores" de la empresa, "la venta en bloque de los activos dentro del expediente concursal; la venta de (parte del) pescado (mercadería prendada), la ejecución de garantías ajenas al giro de la empresa (como una propiedad en Punta Carretas de uno de los exdirectores) y la obtención de sentencia judicial favorable respecto del cobro de cesiones de exportaciones", según sostiene el comunicado

Por último el BROU anunció que prevé "incrementar el monto recuperado mediante otras acciones ya iniciadas", como es el caso de una casa ubicada en Carrasco, propiedad de uno de los exdirectores de Fripur, que vale US$ 1.500.000.