MADRID.- Los tribunales continuaron durante 2016 juzgando a algunos de los banqueros que estaban al frente de las antiguas cajas de ahorro ahora nacionalizadas. En los dos fallos más importantes de ese periodo fueron absueltos los exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), mientras que el expresidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Molto, fue condenado a penas mínimas.



Siguiendo la estela de casos anteriores —la primera condena a exdirectivos de entidades fue para la cúpula de Caixa Penedès en 2014— las penas no superan los dos años de prisión por lo que en casos como la cúpula de Caja Castilla La Mancha, Novacaixa Galicia o Caixa Penedès, consiguieron eludir la prisión, según los datos recogidos por Europa Press.

Eso es lo que ocurrió con el expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM), el exdiputado del PSOE Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general Ildefonso Ortega, condenados a comienzos de 2016 a dos años de cárcel y uno de inhabilitación por manipular las cuentas de la entidad.



En su sentencia, el magistrado del Juzgado Central de lo Penal José María Vázquez Honrubia consideró probado que enviaron al Banco de España unos estados financieros individuales que ignoraban los requerimientos del supervisor y no reflejaban la situación financiera real de CCM, por lo que se sirvieron de "artimaña y engaño para maquillar unas cuentas" que arrojaban pérdidas.

Cobro indebido de prejubilaciones millonarias

También de dos años de prisión fue la condena que impuso el tribunal de la Audiencia Nacional a exdirectivos de Novacaixagalicia en octubre de 2015 por el cobro indebido de prejubilaciones millonarias; se adjudicaron indemnizaciones por valor de cerca de 22 millones de euros.



La Sala de Lo Penal recalculó la responsabilidad civil de José Luis Pego y Gregorio Gorriarán a quien les impuso indemnizar con 10,4 millones de euros a la sucesora de esta entidad. De nuevo en este caso los condenados no llegaron a ingresar en prisión al ser su pena menor de 24 de meses y no tener antecedentes penales.



El tribunal no vio delito de apropiación indebida ni administración desleal contra estos dos directivos acusados de favorecer dietas presuntamente irregulares para 19 miembros de la entidad, y que oscilaron entre los 9.000 y 308.700 euros, llegando a alcanzar los 1,37 millones de euros.

Primera condena, en Caixa Penedès

Sin embargo, la primera condena a banqueros por su gestión en plena crisis económica, fue para la cúpula de Caixa Penedès. El magistrado Honrubia impuso dos años de prisión al exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagés y a uno a tres exdirectivos por autoconcederse 31,6 millones de euros en planes de pensiones y pólizas. Los procesados evitaron su ingreso en prisión porque devolvieron un total de 28,6 millones de euros, y reconocieron su culpabilidad ante el tribunal.

Los procesados de Penedès evitaron la cárcel tras reconocer su culpabilidad y devolver 28,6 de los 31,6 millones que se habían autoconcedido en pensiones

Por contra la más reciente es la conocida el mes pasado cuando el Tribunal Supremo confirmó la absolución del exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y del expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés confirmando el fallo de la Audiencia Nacional del año anterior.



Pese a las particularidades de cada caso concreto, los banqueros que han sido juzgados o que forman parte de causas en fase de instrucción en la Audiencia Nacional tienen en común que han gestionado cajas rescatadas con dinero público.



Es el caso de la caja castellano-manchega que fue la primera intervenida por el Banco de España en marzo de 2009 con un rescate de 9.000 millones de euros. La CAM --que fue comprada por el Banco Sabadell en 2011 por un euro-- habría recibido más de 10.500 millones de euros según el propio Sabadell procedentes del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Los banqueros juzgados habían gestionado cajas rescatadas con dinero público

También cerca de 9.000 millones de euros fue la cantidad inyectada por parte del Estado a NovacaixaGalicia que tras su saneamiento fue vendida por poco más de 1.000 millones a Abanca. Por su parte el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) también salió al rescate del Banco Mare Nostrum (BMN), resultante de la fusión de entidades como Caixa Penedès.



Otra peculiaridad común en los procesados es que en su declaración ante el tribunal de la Audiencia Nacional se eximieron en su mayoría de tener alguna responsabilidad penal vinculada a la quiebra de las entidades que dirigían.



Muchos alegaron desconocimiento real de las cuentas de la caja, como hizo Moltó (CCM), que justificó su ignorancia del estado financiero porque su función era de "animador socio-cultural", otros como el exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagès, expuso que la entidad era su vida y que en ningún momento quiso perjudicarla. No obstante, la cúpula de esta caja catalana acabó reconociendo los hechos y por ello se les aplicó la atenuante de reparación del daño.