El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, siguiendo las directrices del Tribunal Constitucional, encomendó a Josep Lluís Trapero que, como Mayor de los Mossos, involucrase a la Policía autonómica en el desmontaje de la votación ilegal del 1 de octubre. Más allá del dictado de cualquier jurista, se trataba de cumplir su deber establecido en las leyes; y Trapero desobedeció. Los Mossos no se implicaron en el cierre de los centros electorales y en la incautación de urnas y papeletas, una labor que quedó íntegramente en manos de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplazadas a Cataluña. Es la misma situación que se había reproducido en las semanas previas.

La Audiencia Nacional observa indicios de sedición. La juez Carmen Lamela ha citado este viernes como investigados en la causa que instruye por ese delito al propio Josep Lluís Trapero, a la intendente de los Mossos Teresa Laplana y a los presidentes de Omnium Cultural y ANC Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. La imputación está relacionada con las manifestaciones de los días 20 y 21 de septiembre en Cataluña "para impedir por la fuerza la actuación de las autoridades y sus agentes en el ejercicio de sus funciones".

La magistrada admitió el 27 de septiembre la denuncia interpuesta por la Fiscalía en relación con estos hechos. Lamela explicó en su auto que esas conductas de los manifestantes podían encajar en el artículo 544 del Código Penal que sanciona el alzamiento tumultuario "dirigido a impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o a cualquiera de las personas que el mismo se relacionan en el ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de resoluciones administrativas o judiciales".

Según han avanzado los Mossos en su cuenta oficial de Twitter, Trapero aportará en la comparecencia judicial la información sobre las actuaciones que la Policía autonómica llevó a cabo en el dispositivo del 20 de septiembre. Pese a la evidente dejación de funciones por la que están imputados, alegará también que en todas las intervenciones de los últimos días han cumplido "estrictamente" las órdenes judiciales y de la Fiscalía.

La jefatura de los Mossos ha remitido un escrito a todos los agentes donde muestra su "plena confianza" en la labor desplegada por el cuerpo en relación con el referéndum y les insta a seguir trabajando en la misma línea. La Policía catalana ha pedido que se les deje al margen de los actos de apoyo que se puedan convocar para arropar a los líderes de la ANC y de Òmnium tras su imputación, "para dejar claro que no mantienen ninguna vinculación política con los responsables del proceso separatista".

ANC y Omnium, irresponsables

Los días 20 y 21 de septiembre se produjo el cerco a la Consejería de Economía en oposición a las detenciones acordadas por el Juzgado de Instrucción nº13 de Barcelona. Unas 40.000 personas protagonizaron los altercados contra la Operación Anubis, que se saldó con el arresto de 14 altos cargos de la Generalidad por preparar el referéndum. De acuerdo con la denuncia de la Fiscalía, "pincharon las ruedas de diversos coches patrulla de la Guardia Civil aparcados frente a la Conselleria, a fin de impedir su legítima actuación" y "voluntarios de la ANC, conscientes de que dificultarían la intervención policial", establecieron un cordón ante la puerta de Economía, "para evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos". "Los manifestantes amenazaron a los agentes al grito de no sortireu (no saldréis)".

Los citados Jordi Sánchez y Jordi Cuixart distribuyeron consignas para que la gente acudiera a las protestas. Pese a que el Juzgado ordenó a Trapero que activara "el dispositivo de seguridad para permitir la salida de la Comisión Judicial, formada por los agentes y la Letrada de la Administración de Justicia", tuvieron que "salir ya de madrugada a través de la azotea del edificio, al impedir los manifestantes su salida por la puerta".

Delito de sedición. De acuerdo con el artículo 548 del Código Penal, se dirige hacia quienes se alcen públicamente para impedir la aplicación de las leyes. Si es una autoridad política quien comete la sedición o sublevación, como en este caso, se enfrentaría a una pena de 10 a 15 años de cárcel e inhabilitación. Consideran los expertos de la Fiscalía que la justicia sancionaría este delito en caso de que se produzca un alzamiento de un sector de la población a cargo de los responsables políticos. En un peldaño inferior se encuentra el delito de conspiración, castigado con, al menos, dos años y medio de cárcel. En cualquier caso no eludirían el ingreso en prisión.