Un taxista bruselense ofrecía anoche sus servicios para hallar a Carles Puigdemont, cuya estancia en la capital belga está rodeada de un denso halo de misterio, cambios de domicilio incluidos. "Por 3.000 euros lo encuentro", decía convencido. Pero mientras para unos la visita puede ser un negocio rentable, para el Gobierno belga se ha convertido en un creciente dolor de cabeza. Según el diario Le Soir, el primer ministro ha suplicado a su gabinete que evite hablar de Cataluña para no desestabilizar al Ejecutivo, una frágil coalición de la que forman parte, entre otros, liberales francófonos y nacionalistas flamencos.

La mera sugerencia por parte del titular de Inmigración, Theo Francken, de otorgar el asilo a Puigdemont, ya provocó un primer roce antes de su aterrizaje en la capital belga, pero la confirmación de que ha buscado refugio en Bruselas ha terminado de enrarecer el ambiente. "Lo trataremos como a un ciudadano europeo más", fue la primera reacción del Gobierno belga. Sin embargo, más allá de su condición legal, los pasos del ciudadano Puigdemont son seguidos desde las altas instancias con mucho mayor interés a los de cualquier turista. Y la prudencia inicial que mantuvieron incluso los dirigentes de la N-VA, tradicionales aliados de Puigdemont, ha tornado en un intercambio abierto de hostilidades. "Encerrar a líderes democráticamente elegidos es ir demasiado lejos”, criticó anoche el presidente de Flandes, Geert Bourgeois. "¿Es competencia del presidente de Flandes intervenir para juzgar públicamente un procedimiento judicial en curso en España?", respondió el líder socialista valón Elio di Rupo.

Flandes y Valonia, las regiones en las que junto a Bruselas está dividida Bélgica administrativamente, mantienen una compleja relación que se traslada a la cohabitación gubernamental. En Bélgica no existen medios de comunicación nacionales porque en Valonia el neerlandés apenas se entiende, lo mismo que sucede con el francés en Flandes. Esa barrera lingüística dificulta la cohesión del país, y la escasa movilidad tampoco ayuda: el número de ciudadanos que se marcha a vivir de una región a otra es muy inferior al de España, donde por ejemplo, existe una amplia población de origen andaluz en Cataluña.

Con los nacionalistas como partido más votado del país y socio fundamental para la continuidad de Gobierno, Michel no quiere que la llegada de Puigdemont provoque una escalada que desate tensiones ahora dormidas pero latentes. "Los separatistas flamencos quieren destruir desde dentro las instituciones con las que no han podido acabar desde fuera", opina la diputada socialista de origen asturiano Julie Fernández, la más activa en pedir una comparecencia del primer ministro para tratar el tema catalán.

Los mensajes desde los partidos que conforman el Gobierno belga son polifónicos. Lejos de asumir una misma voz, mientras el segundo de a bordo, el democristiano flamenco Kris Peeters, mostraba su sorpresa porque Puigdemont abandonara a su pueblo después de haber azuzado la independencia, el presidente de la N-VA, el nacionalista alcalde de Amberes Bart de Wever, le recibía con los brazos abiertos. "Puigdemont es un amigo. Siempre será bienvenido".

Formar gobierno en Bélgica puede ser en ocasiones una tarea titánica, 541 días tardaron en ponerse de acuerdo en 2011 y más de cuatro meses hicieron falta en 2014. Pero los intentos del primer ministro Michel por mantener a Puigdemont como una suerte de elefante en la habitación para preservar la estabilidad y alejar el fantasma de un doble choque: interno con sus socios de gobierno y diplomático con España, parecen estar condenados al fracaso. La relación entre el nacionalismo catalán y el flamenco tiene raíces sólidas que se remontan a la visita de los líderes belgas a las celebraciones de la Diada, y sus cabezas visibles no ocultan la fascinación y envidia que ejerce sobre ellos el vasto tejido de apoyos creado por el independentismo catalán en el mundo asociativo, el deporte o la cultura.