FONDOS ESTATALES

La Contraloría General de la República culminó la auditoría de las partidas circuitales del deporte sin revisar documentación obtenida por la Fiscalía Anticorrupción del allanamiento al Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), a pesar de que esta se la ofreció en tres ocasiones.

Precisamente, la mayor limitante de la auditoría fue la renuencia de Pandeportes a entregar la información solicitada, cita el informe. La Prensa le preguntó al contralor Federico Humbert por qué cerró la auditoría sin valorar este insumo, pero no respondió. Ayer se informó que está fuera del país.

La auditoría –pieza fundamental para el Ministerio Público– concluye que se cometieron “incorrecciones”, pero no estimó lesión alguna al Estado. Además, no menciona los miles de implementos pagados para el béisbol y el baloncesto, que eran para comunidades pobres y que no llegaron a estas, corroboró La Prensa, y luego el Ministerio Público en visitas in situ a esas comunidades.

La Fiscalía Séptima Anticorrupción, tras este resultado, pidió una segunda auditoría a la Contraloría.

Incompleta, auditoría del caso Pandeportes

El exdirector de Pandeportes de la pasada administración Mario Pérez prometió mantener una política de “puertas abiertas” para que la Contraloría General de la República (CGR) investigara con su personal los fondos estatales destinados al uso de federaciones, ligas y organizaciones deportivas vinculadas a políticos.

Pero fue lo contrario. La falta de colaboración de Pandeportes –en especial en la entrega de documentos– ha sido el principal obstáculo, tanto para la CGR como para el Ministerio Público (MP), para adelantar sus investigaciones, luego de que este medio reveló el año pasado serias irregularidades en la administración de millones de dólares entregados a organismos deportivos presididos por diputados, principalmente.

El informe de Contraloría refleja como limitante de su pesquisa la obtención de documentos de Pandeportes. El MP se los ofreció, pero no fueron recibidos.







La Fiscalía Séptima Anticorrupción intentó obtener información de Pandeportes sobre el dinero que recibieron las organizaciones vinculadas a diputados de todos los partidos, pero fue inútil. Debió recurrir a allanamientos en la institución, ahora a cargo de Eduardo Cerda, quien en 2015 fue elegido vicepresidente de la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba), que presidió Jair Peralta, uno de los involucrados en este escándalo.

El Ministerio Público consiguió información “sensitiva”, rescatada –incluso– de un basurero. Pero la Contraloría culminó su auditoría sin hacer uso de esta documentación recuperada por el MP el pasado 4 de junio.

Tres cartas

La Fiscal Séptima Anticorrupción, Leyda Sáenz, envió al contralor, Federico Humbert, tres cartas en las que puso a su disposición el material obtenido en las diligencias de allanamiento.

La respuesta de la Contraloría, transcurridos dos meses desde el primer ofrecimiento, fue que la auditoría había concluido.

La primera de esas cartas, fechada el 13 de junio y recibida el 14 de junio pasado, según sello de la Contraloría, comunicó que la Fiscalía investigaba la posible comisión del delito contra la administración pública y que se le requirió a Pandeportes información que no entregó, lo que motivó el allanamiento.

Tras esto se obtuvo cheques, solicitudes de aportes económicos de diversas federaciones y resoluciones de personerías jurídicas entre otras, cita la misiva.

“Como quiera que Pandeportes mantenía información pendiente para autenticar y entregar a la Contraloría General de la República, este despacho pone a su disposición la información documental recopilada para lo que estime pertinente y así poder culminar la auditoría”, señala la carta firmada por la fiscal Sáenz

No hubo respuesta. La fiscal volvió a enviar otra carta al Contralor –fechada el 4 de julio pasado– en la que reiteró el contenido de la nota anterior, con la única diferencia de que resalta que la investigación procede tras una publicación periodística que alertó que el 90% de las organizaciones que recibieron fondos eran lideradas por diputados, y que pone a disposición de la Contraloría lo recuperado.

La tercera nota es del 13 de agosto pasado. Sáenz le insiste a Humbert en recibir las pruebas recabadas: “...este despacho pone a su disposición la información documental recopilada...”, y adjunta los oficios anteriores.

La respuesta de la Contraloría se dió el 5 de agosto, firmada por el secretario general de la institución, Carlos García, y recibida el 13 de agosto en el MP. El documento hace mención de las dos primeras cartas: “... le informamos que esta auditoría culminó y se encuentra en los trámites administrativos de aprobación, una vez se concluya con este proceso, procederemos a remitirle copia autenticada del informe”, cita la nota.

Auditoría a ciegas

La Prensa intentó desde el pasado miércoles consultar a Humbert y a García por correo electrónico o a través de una entrevista sobre cómo, pese a la poca colaboración de Pandeportes para entregar la información, se efectuó la auditoría, y por qué no se consideraron los hallazgos del allanamiento. La institución informó ayer que el Contralor está fuera del país.

Resultado inconcluso

La Prensa tuvo acceso al informe de auditoría, que abarca el período del 1 de julio de 2014 al 31 de julio de 2018. Menciona que se entregaron $39 millones a 137 organizaciones deportivas y de estos, $5 millones carecían de informes de gastos.

De ese total, la CGR seleccionó 17 organizaciones a las que Pandeportes les asignó $29 millones, de los cuales $13 millones tenían “incorrecciones” e “informes pendientes de entrega”.

Las 11 organizaciones mencionadas en la investigación periodística quedaron incluidas en las 17 organizaciones que investigó la Contraloría.

El informe de la Dirección Nacional de Auditoría General (Dinag) de la Contraloría –pieza fundamental en la investigación del MP– no calculó la posible lesión patrimonial, como sí lo ha hecho en otros casos.

La auditoría expone que se revisaron informes económicos entregados por las 17 organizaciones: “Es importante señalar que el alcance de la auditoría no incluyó la evaluación de los procesos realizados por las federaciones y agrupaciones deportivas que recibieron aportes económicos de Pandeportes”.

El informe no menciona si se verificó la entrega de insumos deportivos valorados en millones de dólares, pagados por las federaciones, y supuestamente destinados a comunidades empobrecidas.

La Prensa pudo evidenciar que en la mayoría de los casos no llegaron a su destino, hecho que fue posteriormente verificado por el MP en múltiples diligencias efectuadas in situ en San Miguelito y la comarca Ngäbe-Buglé, entre otros.

El “alcance” de la auditoría consistió en comparar los registros de control de los aportes económicos entregados a las organizaciones –que estaban en manos de la oficina de auditoría interna de Pandeportes– contra la documentación suministrada por la entidad, cita el informe.

Se verificaron los trámites, solicitudes, aprobación, retiros de los cheques y los informes económicos entregados a Pandeportes, con sus documentos sustentadores, y la existencia jurídica de las organizaciones.

No obstante, como se dijo, la entrega de información por Pandeportes fue una importante limitante en esta auditoría (ver facsímil).

“...Pandeportes no suministró la documentación autenticada, requerida en reiteradas ocasiones, condición que motivó [...] Sin que a la fecha se obtenga la totalidad de lo efectuado”, indica el informe de la CGR.

“Descontrol” de fondos

La auditoría advierte de la ausencia de una revisión minuciosa por parte de Pandeportes de los informes entregados por las organizaciones deportivas, lo que ocasionó el “descontrol” en los desembolsos del dinero.

Pandeportes entregó dinero sin contar con el informe anterior que están obligadas a presentar las organizaciones deportivas cuando solicitan nuevos fondos. También se encontró sustentos de gastos (facturas) carentes de detalle o correspondientes a un período distinto al detallado.

Destaca la compra de artículos personales con fondos públicos; el pago a empresas que se dedican a actividades que no guardan relación con el deporte, y compra de implementos deportivos destinados a circuitos electorales.

Además, que Pandeportes presentó facturas y documentos ilegibles y cheques sin sustento.

Licor y viajes

La auditoría refleja irregularidades en el uso de unos miles de dólares. Este medio, en cambio, contabilizó cientos de miles de dólares pagados en implementos deportivos que se desconoce quién los recibió y que las organizaciones deportivas tampoco detallaron.

Mediante análisis de la data del portal de la Contraloría, La Prensa calculó que Pandeportes entregó más de$14 millones en subsidios deportivos. De estos, las dos más favorecidas serían la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), con $7 millones, y la de Baloncesto (Fepaba), con otros $5 millones.

Fedebeis la preside el diputado del PRD, Benicio Robinson, y la de baloncesto, Jair Peralta, amigo del exdiputado panameñista Adolfo Valderrama, quien dijo que él solo gestionaba los fondos con el exdirector de Pandeportes, Roberto Arango.

Pero los cálculos de La Prensa fueron conservadores. La auditoría indica que entre 2014 y 2018, la Fedebeis recibió $10.6 millones, de los cuales no presentó informes por $457 mil, y tuvo gastos en rubros no autorizados por casi $500 mil; desembolsos sin descripción de la actividad ni fecha, por casi $2 millones; pagos que no correspondían al evento; facturas que incumplían el Código Fiscal y planillas sin información, que suman $4.5 millones en incorrecciones.

Se destaca la compra de pasajes aéreos para Mirza Gutiérrez de Robinson y Mirbenis Robinson Gutiérrez, esposa e hija del diputado Robinson. “En el expediente no existe evidencia del destino ni documentación que demuestre que formaron parte de la delegación que asistiría al evento...”, indica el informe. También la compra de bebidas alcohólicas y medicamentos de uso personal.

Otra “inconsistencia” es la contratación de la empresa Bocas Electric Company –ubicada en Changuinola, Bocas del Toro– para trabajos contratados en el estadio capitalino Rod Carew.

El agente residente de esa empresa es Alexander Valencia, abogado personal de Robinson que, entre otros trámites, gestionó la fundación privada del diputado para proteger sus bienes.

El informe no menciona los bates “BBCorth”, pagados a Nikys Corp. –empresa dedicada a la serigrafía– que no fueron importatos. Tampoco los miles de implementos pagados a Dutary Sports, para la comarca Ngäbe-Buglé y San Miguelito que tampoco pudieron ser encontrados por la Fiscalía.

A su vez, la Fepaba recibió unos $4 millones, entre 2014 a 2018. Sus “incorrecciones” suman poco más de $500 mil; dineros utilizados en rubros no autorizados; facturas con fecha fuera del evento, gastos no contemplados en la normativa, desembolsos sin sustentos, cita el informe.

Añade que la Fepaba incumplió en 13 ocasiones con la entrega de informes económicos y Pandeportes le pagó una decena de desembolsos sin contar con el informe de gastos previos, y cita los $153 mil pagados a una fumigadora que supuestamente eran para pagar uniformes deportivos, y que, luego, la Fepaba entregó otras facturas que reemplazaban las de la fumigadora.

El informe no cita los $80 mil en implementos para San Miguelito que ningún entrenador recibió según las entrevistas efectuadas por este diario, ni los aros, tableros e insumos que no se importaron y que tampoco el Ministerio Público encontró en sus diligencias.