El Gobierno en funciones mantiene ocultas las declaraciones de patrimonio de decenas de altos cargos que no han visto la luz por un vacío legal que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha cuidado de no subsanar. El año pasado, el Gobierno se ahorró la publicación, antes del 30 de septiembre, del patrimonio de los altos cargos cesados o nombrados entre el 1 de julio de 2014 y el pasado 30 de junio. La excusa fue la entrada en vigor en abril de la Ley 3/2015 de altos cargos de la Administración General del Estado, que dejó sin efecto la normativa anterior. Esta obligaba a publicar esas declaraciones antes del 30 de septiembre de cada año. Así se hizo en 2012, 2013 y 2014.

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El año pasado no fue así. La cuestión había quedado pendiente del desarrollo reglamentario de la nueva ley de Altos Cargos, que, según dijo en febrero de 2014 la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, venía a "cubrir un vacío legal" y completar el programa de "regeneración democrática" del Ejecutivo. El Gobierno de Rajoy ha preferido no aprobar ese Real Decreto pese a que el borrador recibió el visto bueno del Consejo de Estado el 8 de octubre. Con el Ejecutivo ya en funciones, se ha quedado en un cajón y a expensas de lo que decida el próximo Gobierno. El plazo para aprobar ese reglamento expira en abril.

En octubre pasado, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, responsable de elevar la normativa al Consejo de Ministros, aseguraba que la norma estaría en vigor antes de las elecciones generales de diciembre. Dos semanas después, el 23 de octubre, la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría insistía en esa idea: a falta de "dos observaciones" por parte de algún ministerio, "probablemente el Real Decreto lo aprobemos la semana que viene", aseguró, preguntada por este asunto tras un Consejo de Ministros.

Información "absolutamente completa"

"Lo que haremos a partir de ahora es que esa obligación se tenga que cumplir todos los principios de año, que es lo lógico, con lo que, fíjense ustedes, tendrán los de los actuales, los de los que puedan incorporarse después de las elecciones y lo que sobre todo me parece más importante, una información absolutamente completa", dijo entonces la vicepresidenta.

Pero no ha sido así y permanecen en el limbo los datos sobre el patrimonio de decenas de ex altos cargos que cesaron el año pasado, como los exministros Alberto Ruiz-Gallardón (Justicia), Ana Mato (Sanidad) o José Ignacio Wert (Educación) o el ex subsecretario de Presidencia Jaime Pérez Renovales, actualmente en el Santander; y otros que tomaron posesión, como el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso; Justicia, Rafael Catalá; y Educación, Íñigo Méndez de Vigo.

Esas declaraciones se venían publicando desde 2012 y permitían cifrar en 151,3 millones de euros el patrimonio de 172 altos cargos de la Administración General del Estado, entre inmuebles y otro tipo de bienes, incluyendo los heredados. Pero es sólo una pequeña parte del total. La mayoría de esas declaraciones todavía no se ha publicado, por los plazos que fijaba la Ley de Transparencia de diciembre de 2013 y la legislación anterior a esta norma, más laxa en esta materia.

Hasta 2013, sólo se hacían públicas las declaraciones de los ministros y los secretarios de Estado nombrados o cesados en el año en curso. Pero, tras la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, esa exigencia se extendió al resto de altos cargos de la Administración General del Estado: subsecretarios, directores generales embajadores, jefes de gabinete de los ministros o ejecutivos de las empresas públicas, entre otros.

Según datos del Ministerio de Hacienda, a 30 de junio de 2015 había en activo 649 altos cargos obligados a formular declaración. Sólo en el primer semestre de este año se presentaron 72 declaraciones de bienes a la toma de posesión y 52 al cese.