La decisión de Rodolfo Suarez de no reglamentar la ley 9209 que modifica a la norma 7722 fue tomada como una buena noticia por sectores de la sociedad que se oponían a la reforma. Sin embargo, para el diputado provincial Mario Vadillo el anuncio esconde una trampa porque es de imposible cumplimiento. "El artículo 219 del Código Procesal Civil posibilita que cualquiera pueda pedir la reglamentación de la ley y el Ejecutivo tiene la obligación de hacerlo", expresó Vadillo.

Suarez aseguró en conferencia de prensa que no avanzará en la reglamentación de la nueva normativa hasta que no se realice una mesa de diálogo para obtener licencia social. Sin embargo, para Vadillo eso es falso porque de hacerlo el propio gobierno estaría violando el artículo 219 del CPC.

#AHORA El gobernador está desconociendo el artículo 219 y las mineras lo van a usar para instalarse ????



En el hilo el art uD83DuDC47 Difundí pic.twitter.com/yuXg5VzHCI — Mario Vadillo uD83DuDCE2 (@mnvadillo) December 26, 2019

En concreto, ese artículo establece que "podrá interponerse acción de amparo en contra de todo hecho, acción u omisión emanado de órganos o agentes de la Administración Pública Provincial (...) cuando de cualquier modo impida el normal ejercicio de los derechos expresa o implícitamente reconocidos por las Constituciones Nacional o Provincial". Y en el segundo inciso se refiere específicamente a la reglamentación de las leyes.

"Será igualmente procedente la acción de amparo contra la omisión del Poder Ejecutivo Provincial en reglamentar las leyes dentro de los plazos que éstas determinen" sostiene respecto al amparo por ausencia de reglamentación. Para Vadillo, eso derribaría el discurso del jefe del Ejecutivo provincial y para garantizar que no se modifique la 7722 pidió el veto de la ley 9209.

Al respecto, el ministro de Gobierno Víctor Ibañez aclaró en MDZ Radio que Vadillo no agrega que ese amparo puede iniciarse luego de pasados seis meses desde la promulgación de la ley y en caso de que genere daño a un sector particular. "Una ley que no tiene reglamentación no genera daño", sostuvo el constitucionalista.

Vadillo, diputado de Protectora, se opone a las modificaciones que se realizaron a la ley 7722. "No nos sirve que suspenda la reglamentación. Hemos pedido hoy día en la Legislatura la derogación de la norma. Si quiere paz social vuelva a la ley 7722 para cuidar el ambiente de Mendoza", subrayó el legislador.