En un día histórico para las víctimas del franquismo, la magistrada María Servini de Cubría ha dictado una resolución por la que dicta orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para cuatro ex funcionarios de seguridad acusados de torturas: el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Giralte González; y ex inspector José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño.

Es decir, que en la causa abierta en Argentina para juzgar los crímenes del franquismo, han pasado a ser imputados estos cuatro ex funcionarios, que deben ser extraditados "a efectos de recibir declaración indagatoria". "Se procede que esta magistratura curse específicamente a las autoridades españolas esta orden de detención", dice textual la resolución de la magistrada. El texto especifica que se debe comunicar "el arresto preventivo de los nombrados con fines de extradición a efectos de recibir declaración indagatoria a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)".

La resolución, entonces, será enviada tanto a INTERPOL como a las autoridades españolas para proceder a la detención de los primeros cuatro procesados de la causa, abierta en abril de 2010, tal y como acaba de confirmar a Público uno de los abogados que ha recibido en mano la resolución de la jueza, el argentino Carlos Slepoy.

Los abogados solicitaron por escrito a la jueza, en marzo de este año, que emitiera órdenes de captura internacional contra nueve responsables del régimen franquista: tres ex ministros, José Utrera Molina (suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón), Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez; y dos ex jueces, además de los cuatro exfuncionarios de seguridad que ahora han pasado a estar procesados en la causa. La magistrada ha decidido proceder, por ahora, contra estos últimos.

La ley procesal argentina prevé que, si existen indicios de criminalidad en una persona, se la llame para que preste declaración indagatoria, cuyo efecto es la orden internacional de detención si el acusado se encuentra fuera del país. Ésta es la victoria más importante que consiguen las víctimas del franquismo en el marco de una causa que comenzó hace más de tres años. El proceso ha sufrido varios escollos que ahora comienzan a disiparse.

La jueza recibirá el próximo 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Francisco Franco, a víctimas de la dictadura y a funcionarios españoles para que presten su testimonio en el marco de la causa. Se espera la llegada de parlamentarios de BNG, IU, Amaiur, y quizás alguno del PSOE. Es probable que se adelante el diputado de ERC Joan Tardà, para interponer en octubre una querella por el asesinato durante la dictadura de Lluis Companys, presidente de la Generalitat durante la II República, y que también lo acompañen varios concejales y alcaldes de su partido.

A ello se le suma el creciente apoyo institucional que en Argentina otorga cada vez más relevancia a la causa. Además de la resolución de apoyo del Congreso Nacional a la causa judicial, el alcalde de de la ciudad de La Plata ha declarado de interés municipal la querella argentina contra los crímenes del franquismo, y lo mismo está estudiando la legislatura provincial de Buenos Aires. La última en mostrar su respaldo ha sido la legislatura porteña (el Parlamento de la ciudad de Buenos Aires), que acaba de aprobar por unanimidad una declaración de apoyo a la querella y de condena al franquismo. Hace unos días, se constituyó la Plataforma Argentina de Apoyo a la Querella contra los Crímenes del Franquismo, a la que se adhirieron casi 100 organizaciones, y uno de sus objetivos es el de sumar el apoyo de más instituciones a la qerella, en sintonía con lo que está sucediendo en España con la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA).

"Este apoyo es fundamental", resalta Slepoy. Los abogados se han reunido con prácticamente todas las fuerzas del Congreso, y con el director de Derechos Humanos de la Cancillería, Federico Villegas Beltrán, para garantizar que las próximas videoconferencias que realice la jueza con víctimas del franquismo no vuelvan suspenderse, como ya sucedió en tres ocasiones. Los querellantes también estuvieron con Mario Fera, presidente de Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la tramitación técnica de las querellas, para dejar asegurado nuevos problemas.

Hasta ahora, la jueza había enviado a España dos comisiones rogatorias. En la primera, solicitaba que le informaran sobre si había investigaciones en curso sobre el franquismo, en qué juzgado estaban, en qué estado se encontraban. También pedía información sobre el plan sistemático de exterminio de la dictadura, y en específico, sobre el plan deliberado, planificado y legalizado del secuestro de niños. Varios meses después, contestó la Fiscalía General de Estado que encabezaba Cándido Conde-Pumpido, cuando por entonces el PSOE estaba en el Gobierno. La Fiscalía alegó que en España estaba investigando el franquismo, y advertía que el principio de jurisdicción universal es subsidiario, es decir, que podía aplicarse cuando no había investigaciones en el país donde se cometió el crimen, por lo se entendía que Argentina no tenía competencia para investigar.

Los abogados de la querella replicaron con un escrito, aclarando que todos los procesos abiertos en distintos juzgados del país a raíz de los testimonios que había enviado el juez Baltasar Garzón, habían sido archivados en su inmensa mayoría, y que sólo quedaban tres abiertos, pero relacionados con la existencia de fosas comunes y exhumación de cuerpos, sin que hubiera una investigación penal. La jueza reaccionó inmediatamente y mandó una segunda comisión rogatoria a España, pidiendo la identificación de muchos responsables. La Fiscalía General volvió a contestar cuando ya estaba el PP en el Gobierno, con Eduardo Torres-Dulce como nuevo fiscal general, en donde reiteraban que Servini de Cubría no tenía competencia para juzgar los crímenes franquistas. Para entonces, Garzón ya había sido condenado en febrero de 2012 por el Tribunal Supremo.

La magistrada decidió entonces viajar a España, pero el viaje fue cancelado porque la Corte limitó el número de funcionarios con los que podía viajar. Para su llegada se había creado un movimiento con una lista de 100 declarantes. La suspensión de su viaje generó una enorme frustración.

Pero con la actual resolución de la jueza, con la que dicta la primera orden internacional de detención contra los primeros representantes del franquismo, la magistrada ha dado un paso que puede marcar un hito en la historia española.

La única causa judicial que hay abierta en el mundo en relación a los crímenes del franquismo es la que se impulsa desde Argentina. La Constitución argentina reconoce desde 1853 el principio de justicia universal, por el que este país tiene jurisdicción para perseguir los crímenes franquistas al haberse negado España a investigar por sí misma los crímenes cometidos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Según los autos de Garzón, la represión franquista dejó al menos113.000 desaparecidos y unos 30.000 niños apropiados por el régimen que fueron sustraídos a las familias republicanas.