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MADRID// La ley no es un valor absoluto. Por encima de la legalidad se encuentran valores recogidos en la carta de derechos humanos, así que una norma que incumpla los principios de justicia, igualdad y humanidad no sólo puede ser cuestionada, sino que debe ser cuestionada. Es un deber cívico.

El deber de desobedecer la ley se encuentra en documentos como el preámbulo de la declaración de independencia de los Estados Unidos y legitima actitudes como la insumisión de Rosa Parks en 1955, que fue el germen que acabó con la segregación racial en EE.UU.

Ada Colau declaraba la semana pasada en una entrevista en El País: “Desobedeceremos las leyes que nos parezcan injustas”. La frase de la que puede ser próxima alcaldesa de Barcelona levantó una polémica inmediata entre sus rivales políticos. Colau sigue pensando con su mente de activista y olvidó los matices que existen en el uso de la desobediencia civil desde puestos institucionales.

Sin embargo, la sobrerreacción de los partidos tradicionales ante la afirmación de Colau no se corresponde con sus actuaciones al frente de los diferentes y variados gobiernos de los que han formado parte, donde la desobediencia y el incumplimiento de leyes es constante. Algo que sucede no cuando consideran injustas las leyes, sino cuando no favorecen a sus intereses.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, en una entrevista en Radio Nacional de España, declaró que Colau estuvo desafortunada porque un político no puede decir que desobedecerá leyes injustas. Antonio Hernando, por su parte, declaró que la posición de la candidata de Barcelona en Comú puede llevar a la “ley de la selva”. En este sentido, el portavoz del grupo socialista en el Congreso se preguntaba quién puede decidir que una ley sea justa o injusta.

Los tribunales europeos de justicia en 2013 dictaminaron que la legislación española sobre desahucios vulneraba la normativa comunitaria porque no garantizaba los derechos de los consumidores ante cláusulas hipotecarias abusivas. A pesar de esa sentencia, ayer se supo que en el primer semestre de 2015 se habían realizado más de 8.000 desalojos de primeras viviendas. Sin vivir en la selva.

El PSOE ha sufrido en sus propias filas lo que es la desobediencia a la ley, sin que tomaran medidas contra los concejales antisistema que el pasado septiembre apoyaron abrir el hotel El Algarrobico, en Carboneras (Almería), y pidieron emprender acciones judiciales contra la Junta de Andalucía.

Desobediencia de leyes en el PP

El Partido Popular es la formación que siempre se ha presentado como garante del imperio de la ley y el que más escandalizado se ha mostrado con las declaraciones de Ada Colau. No obstante, es el partido que más incumple la ley cuando no se pliega a sus intereses. El ya exalcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, inhabilitado por desobediencia al no acatar una sentencia que le obligaba a deshacer unas obras en un ático, ya mostró con anterioridad su predisposición a desobedecer las leyes que no le son propicias cuando en el año 2005 el PSOE aprobó la ley del matrimonio homosexual. León de la Riva dijo entonces que se negaría a cumplir ese mandato: «Hoy por hoy no voy a ejercer ese derecho y no voy a delegar en ningún otro concejal».

En el PP, lejos de censurar su actitud, se vio con buenos ojos. Su homólogo en Ávila elogió al edil de Valladolid y declaró que negarse a cumplir la ley en el matrimonio homosexual era un gesto de “buena hombría”. El alcalde de la localidad catalana de Pontons, Lluís Fernando Caldentey, también se negó a acatar la ley: “Yo entiendo que los gays deben tener los mismos derechos, pero para mí un gay es una persona tarada, que nace con una deformación física o psíquica».

Memoria histórica

Belén Hoyo, diputada del PP, criticaba la decisión de Ada Colau de desobedecer la ley porque así “justificaba la anarquía”. Precisamente, la política conservadora fue la encargada de defender la posición del Partido Popular para rechazar una moción de la Izquierda Plural apoyada por toda la oposición que pedía al Gobierno que cumpliera la Ley de memoria histórica.

El PP rechazó cumplir la normativa. La proposición no de ley pedía especificamente el cumplimiento del artículo 15: “[Las administraciones] tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos conmemorativos de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”.

En su intervención, Hoyo rechazó la propuesta, acusando a los ponentes que pedían el cumplimiento de la ley de defender los totalitarismos comunistas. El incumplimiento sistemático de esta norma por parte del PP ha llevado al abogado Eduardo Ranz Alonso a demandar a Ana Botella y a otros 37 alcaldes por no haber retirado los símbolos conmemorativos de la Guerra Civil y el franquismo.

Ejemplos de insumisos de la ley que añoran el franquismo en el PP hay muchos. Uno de ellos es el alcalde de Pelayos de la Presa (Madrid), que ignoraba hasta las peticiones de la Defensora del Pueblo y se molestaba cuando le llamaban delincuente.

El incumplimiento de la Ley de memoria histórica por parte del PP ha llegado incluso a la Comisión Europea, ya que un grupo de eurodiputados ha denunciado al gobierno de Mariano Rajoy por «las continuas exaltaciones y tributos a personajes e instituciones del régimen franquista amparadas por las autoridades nacionales y regionales”.

La legalidad vigente sólo es un valor supremo para el PP y la derecha cuando defiende sus valores. Por eso, los obispos llamaron a desobedecer la ley del aborto y la del matrimonio homosexual. Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo conminó al Gobierno a no acatar la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que anulaba la Doctrina Parot.

Por ahora, Ada Colau sólo ha realizado una declaración de intenciones en lo que respecta a la desobediencia. Sigue muy lejos todavía de Esperanza Aguirre, que huyó de la policía sin obedecer las órdenes de detenerse.