El sector minero tuvo un recorrido errático con el kirch-nerismo. Comenzó como una de las grandes promesas de la economía para los años siguientes, pero terminó el período sumido en una crisis de difícil salida. Un poco por errores propios, otro por la coyuntura internacional de precios y otro por las políticas de Néstor y Cristina Kirchner hacia la actividad. Alcanza una muestra: el ex secretario de Minería Jorge Mayoral, uno de los funcionarios de mayor permanencia en su cargo, casi no tenía diálogo con las grandes empresas del sector.

La apuesta del presidente Mauricio Macri es distinta y comienza a dar algunos frutos. Ohjoon Kwon, CEO de la compañía coreana Posco, intentará verlo la semana próxima. Le anunciará una inversión de US$ 700 millones en litio en Salta. Es una decisión estratégica: el litio se usa para hacer baterías que ocuparán un rol central cuando los autos eléctricos se masifiquen. Posco es dueña de la automotriz Daewoo, entre otras empresas.

El Presidente busca hablarles a los empresarios en el lenguaje que mejor entienden, donde sobresalen términos como libre comercio (para importar, pero también para exportar) y seguridad jurídica. Para eso puso a Daniel Meilán como secretario de Minería. El funcionario, que está en el ministerio que maneja Juan José Aranguren, ocupó ese lugar en la presidencia de Carlos Menem, y tuvo un retorno fugaz a esa silla durante apenas tres días en el interregno de Adolfo Rodríguez Saá, en diciembre de 2001. En su primera gestión promovió la sanción de la ley de estabilidad fiscal para el sector minero, una norma que los empresarios asumen como los 10 mandamientos de la administración pública para con la actividad. Su letra resumida es sencilla: bendice a ciertos proyectos mineros con 30 años de impuestos sin cambios.

Los hombres de negocios sostienen que el espíritu emanado de esa norma motorizó el sector. A fines de los 90 se puso en marcha el yacimiento de cobre y oro Bajo La Alumbrera, el más grande del país. Luego llegaron otros, como Veladero y Pascua Lama, ambos de Barrick y en San Juan, y Potasio Río Colorado.

El kirchnerismo no tuvo en cuenta la ley de estabilidad fiscal. En 2007 una nota conjunta de Minería y Comercio Interior, cuando estaba bajo la conducción de Guillermo Moreno, llegó a la Aduana. Indicaba que las exportaciones mineras debían pagar hasta 10% de retenciones. Así, un papel simple en apariencia desdibujó al sector.

Macri acaba de enviar una señal. Las retenciones les quitaban 5% a los que exportaban con mayor valor agregado y 10% a los que lo hacían con menor valor agregado.

Los derechos de exportación sumaron en el año 2015 un total de US$ 233 millones, de los cuales aproximadamente el 10% pertenecen a 115 pequeñas y medianas empresas exportadoras no metálicas y el otro 90% a pequeñas, medianas y grandes empresas metalíferas.

Luego sobrevinieron otros problemas. El cepo al dólar les impidió a las empresas importar lo que necesitaban y distribuir utilidades en sus casas matrices. Se sumó la caída internacional en los precios de las commodities. Todas esas cuestiones llevaron a la paralización de Pascua Lama y Potasio Río Colorado. En el primero trabajaban unas 5000 personas. Hoy sólo hay un puñado de empleados dedicados a hacer mantenimiento para que no se desgaste parte de los US$ 8500 millones de la inversión que ya se realizó. Desde Veladero, la mina contigua, la imagen es elocuente: a más de 4000 metros de altura yace la construcción frenada.

Potasio Río Colorado fue más elocuente. La brasileña Vale frenó la inversión. El gobierno de Cristina Kirchner intentó hacerle replantear la decisión a fuerza de amenazas que no cumplió. El resultado: un proyecto de US$ 6400 millones está frenado.

El anuncio que Macri hizo ayer es el primer paso para que el sector recupere protagonismo. Deberá lidiar con los precios internacionales y la escasa popularidad de la actividad, que recrudeció tras el derrame de líquido con cianuro que ocurrió el año pasado en San Juan.

Solanas criticó la decisión del Presidente