La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha aceptado en parte tres recursos de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y ha ordenado al Gobierno a pagar al sindicato anarquista 2,2 millones de euros. La suma corresponde a la compensación económica que el Estado debe pagar a esta central por los bienes que se le incautaron durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco. La CNT también reclamaba la restitución física de algunos inmuebles expropiados con la insurrección franquista, pero el alto tribunal lo ha rechazado.

La reclamación se basa en la Ley de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, el texto de 1986 con el que se trató de articular la dotación de los sindicatos legalizados tras la muerte del dictador, así como la devolución o compensación a las dos centrales históricas de la Segunda República, la socialista Unión General de Trabajadores (UGT) y la anarcosindicalista CNT, por los bienes y fondos que se les secuestraron gracias al Decreto 108 de 16 de septiembre de 1936 de la Junta de Defensa Nacional, el organismo que crearon los golpistas para gobernar el territorio que controlaban, y que fue ratificado tras la victoria franquista en 1939.

La devolución de esos fondos más de 80 años después se ha logrado gracias a tres sentencias por recursos presentados contra acuerdos del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en los que ya se devolvió al sindicato parte de su patrimonio. Así, en el Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2007, por poner un ejemplo, se devolvió a la CNT un inmueble incautado en Lebrija (Sevilla) y se le compensó con 3,2 millones con otros dos en A Coruña y Benaguacil (Valencia). Al mismo tiempo se abonaron otros 2,5 millones por la maquinaria y el mobiliario que les quitó el régimen franquista.

La sentencia del Supremo por el recurso contra ese acuerdo del Gobierno Zapatero considera que el total de 5,7 millones que recibió entonces la CNT no fue suficiente. A esa cantidad, según los magistrados, hay que sumar 1,4 millones más. Esa cifra se desglosa en nuevas compensaciones por inmuebles confiscados (algunos erróneamente atribuidos a UGT) por 629.855 euros, 24.391 correspondientes a mobiliario y efectos que estaban en los edificios requisados y 806.025 euros procedentes de los saldos bancarios secuestrados (actualizados conforme a la ley).

CNT también recurrió el acuerdo del Gobierno de 24 de noviembre de 2006 en el que se le compensó por este mismo concepto, pero también de forma insuficiente, según el Supremo. El tribunal le denegó el reintegro de cuatro fincas que solicitaba el sindicato pero, al mismo tiempo, los magistrados concluyeron que el Ejecutivo debía indemnizarle con 523.246 euros más de lo que había recibido.

La Sala también ha revisado el último de los acuerdos de restitución a los sindicatos, aprobado también por el Ejecutivo de Zapatero el 29 de febrero de 2008. Se trataba de los últimos ocho expedientes relacionados con bienes de la CNT. El Consejo de Ministros abonó 1,4 millones más la central, pero ahora, más de una década después, el Supremo ha obligado al Estado a incrementar esa cantidad en 264.066 euros. En total, la cantidad obtenida por el histórico sindicato gracias a los tres pleitos ganados asciende a 2.247.585,2 euros.

La razón por la que este proceso se ha dilatado durante tanto tiempo -empezó en 1986 con la aprobación de la ley que lo puso en marcha- es que la prueba de que los edificios y demás efectos en cuestión pertenecían a los sindicatos afectados por la incautación franquista correspondía a estos últimos, una labor de gran dificultad debido al tiempo transcurrido. Para facilitarla, el Gobierno socialista aprobó un decreto-ley en octubre de 2005 por el que incrementó el plazo para presentar estas solicitudesde devolución o compensación hasta el 31 de enero de 2006.

CNT llegó a contar con más de un millón de afiliados durante la Segunda República

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