El pasado 14 de noviembre, día de la última huelga general, la familia Fernández Ortega se disponía a pasar una jornada manifestándose en contra de los recortes sociales del Gobierno. Alfonso, el hijo mayor, salió de su vivienda en el madrileño barrio de Vallecas muy temprano hacia la vecina casa de su tío antes de unirse a los grupos de piquetes. Apenas dos minutos después de alejarse de su portal, fue detenido por agentes de la policía nacional. Le acompañaba su novia Daira, también detenida.

Los agentes le acusaron de portar una bolsa con material para hacer explosivos, fue conducido a la comisaría de Moratalaz y, tras 48 horas de arresto, el auto de la jueza de guardia dictaminó prisión preventiva contra él. Daira quedó en libertad y Alfonso fue ingresado en Soto del Real, donde continúa a día de hoy con el régimen de aislamiento FIES 5 (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento), el mismo que se aplica a internos vinculados a la delincuencia internacional o a condenados por terrorismo islamista, ente otros, y que limita las comunicaciones escritas y habladas con el exterior.

A partir de aquí, dos hechos han provocado la indignación del barrio de Alfonso, donde su familia es conocida por su compromiso social, y por los que Elena Ortega, la madre, ya ha recabado el apoyo de partidos políticos y sindicatos. El primero de ellos es la acusación: la bolsa con material explosivo que supuestamente llevaba Alfonso "no tiene huellas dactilares que le incriminen" y, según los informes policiales, "tampoco consta que el detenido llevara guantes", señala su abogado, Erlantz Ibarrondo.

El segundo hecho ha sido calificado por el propio abogado defensor de "aberración jurídica": Alfonso, de 21 años, ha pasado 20 días cumpliendo prisión preventiva por "alarma social", un precepto que no está incluido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM). "Lo singular del procedimiento es que cuando se celebra la comparecencia para ver si se aplica la medida cautelar de la prisión preventiva, la jueza de guardia la acepta por entender que se trata de un caso de alarma social; pero la ley legisla cuándo se puede internar a alguien en preventiva y la alarma social no está contemplada", aclara Ibarrondo. "No se puede motivar de este modo un auto para meter a alguien en prisión preventiva", recalca el abogado.

La defensa de Alfonso recurrió el auto poniendo de manifiesto esta circunstancia, y en la respuesta, obtenida el pasado martes, se ha cambiado el criterio de "alarma social" por otro sí legislado como es el riesgo de fuga. Es decir, la Audiencia Provincial, consciente de que no puede dictar prisión preventiva por "alarma social", cambia la motivación del auto pero insiste en que Alfonso permanezca en prisión.

"Él trabaja de autónomo como operario de una compañía de seguros, ¿qué riesgo de fuga o desarraigo podría tener?", se pregunta Elena, su madre. Ahora la defensa ha presentado pruebas del arraigo laboral y social para que Alfonso pueda permanecer en libertad hasta la celebración del juicio, en el que podría enfrentarse a una pena de entre cuatro y ocho años de cárcel.

La acusación que afronta Alfonso es la de tenencia de materiales explosivos. Según su defensa, la única prueba que habrá será la palabra del agente que asegura haber visto a Alfonso con la bolsa que contenía ese material. "Estaríamos ante dos versiones diferentes pero, dentro de la jurisdicción penal, tiene la misma validez la palabra de un policía que la de un acusado", aclara Ibarrondo. "No tienen nada más; sus huellas no están ni por dentro ni por fuera de la bolsa, y tampoco se incautaron guantes; aún así, mantenemos la cautela".

Durante las horas que Alfonso permaneció arrestado en la comisaría de Moratalaz, la policía practicó tres registros domiciliarios: en su casa, en el domicilio de Daira y en la sede de Bukaneros, el club de hinchas del Rayo Vallecano. "Se presentaron cinco policías con la cara tapada con pasamontañas y sólo se llevaron el móvil de Alfonso, que se lo había dejado en casa porque sólo iba a pasear el perro con su tío, pero tenía pensado volver", relata la madre del detenido. "A veces me resulta increíble lo que estoy contando; me pregunto que en qué país vivimos y me asusto mucho".

"En mi casa tenemos banderas republicanas, camisetas a favor de la escuela pública, etc. Somos gente de izquierdas, pero no somos terroristas", apunta Elena, que considera desmesuradas las medidas contra su hijo.

La familia de Alfonso ha recabado apoyos ciudadanos con los que ha organizado ya varias concentraciones en Vallecas pidiendo la libertad del único detenido en la jornada europea de huelga general que aún permanece en prisión. El próximo viernes 14 está convocada una rueda de prensa para explicar las nuevas movilizaciones en las que se incluye una concentración frente a la delegación de Gobierno, el sábado 15, y una marcha a pie hasta la prisión de Soto del Real, el domingo 16 de diciembre.