Dos fragmentos del proyecto de Constitución para una república catalana que manejaba el exjuez Santiago Vidal. / EL PERIÓDICO

El Govern de Carles Puigdemont planeó para los primeros momentos de una Catalunya independiente captar 4.200 millones de euros en cotizaciones sociales a las empresas, gastar 499 millones de euros en activar un fisco propio y confiscar bienes inmuebles al Estado español por valor de 19.134 millones de euros.

Tales cifras se desprenden del conjunto de informes y otras aportaciones de la Guardia Civil a la investigación del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona por delitos conectados con la preparación de la independencia. Entre los elementos de prueba presentados, un borrador de constitución catalana que preveía importantes limitaciones de derechos políticos para los partidos y los funcionarios que no compartiesen el independentismo.

Por ejemplo, y para restar legitimidad a posibles recursos o protestas desde dentro, el proyecto de constitución catalana incautado a Vidal preveía la limitación de derechos a quienes implícitamente considera enemigos interiores: "No podrán obtener, ni conservar, la ciudadanía catalana aquellas personas que, no siendo catalanes de origen, hayan sido militares profesionales y/o fuerzas de orden público militar o civil del reino de España y/o hayan formado parte de un gobierno extranjero".

Además, la norma básica de la nueva república impondría, según los papeles incautados, a todos los funcionarios la obligación de elegir una sola nacionalidad, y les daría seis meses para decidir si ejercer en Catalunya como ciudadanos catalanes o no serlo, pero tampoco ejercer.

En la república que manejaba el independentismo no todas las ideas podrían ser defendidas. En el boceto de Santi Vidal figura un artículo que preveía permitir "la existencia de todo tipo de participación política siempre y cuando su programa electoral no vaya contra la existencia de Catalunya como Estado ni contra esta Constitución". En materia de seguridad interna, los planes proponían la creación en la policía de esta república de una "unidad especializada en españolismo violento" que pudiera ejercer "presión policial" sobre los desafectos más enconados.

Al letrado del juzgado que intervino en el registro, tanto como a los guardias que lo llevaron a cabo y que analizaron la documentación, les llamó la atención el chocante detalle de que, para los apuntes de la constitución catalana, Vidal utilizó cientos de folios de la Administración de Justicia de España, papel oficial, con el escudo del Estado, proveniente del juzgado en el que ejercía.

La seguridad social, clave

Las pesquisas han puesto de manifiesto la participación de importantes firmas de asesoría, tecnología e informática para preparar las bases de gestión de datos necesarias para crear una seguridad social catalana. No han trascendido hasta el momento pagos realizados a esas empresas, entre ellas Deloitte, IT-Sistems e IBM, pero sí presupuestos de técnicos de la Generalitat.

Con el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) como pivote, bajo la dirección política de la consellera de Trabajo Dolors Bassa y su secretario general Josep Ginesta, y con técnicos del centro expertos en redes informáticas, el Govern diseñó un sistema de captación de recursos sociales para los inicios de una Catalunya separada de España.

Los planes, intervenidos por la Guardia Civil en sus registros llevados del 20 de septiembre de 2017 -Operación Anubis- por orden del Juzgado 13, incluyen preparativos tecnológicos que ya estaban muy avanzados antes de que el Parlament promulgara las leyes de desconexión que luego suspendió el Tribunal Constitucional.

Anotaciones de los papeles intervenidos por la Guardia Civil al técnico del Departament de Treball David Franco el 20 de septiembre de 2017. A la izquierda, un diagrama del sistema de recaudación de una seguridad social de la Catalunya independiente. A la derecha, las cifras de afiliados y jubilados que preveía el Govern Puigdemont. / el periódico

Para la Guardia Civil, era "clave en la desconexión asumir el sistema de la seguridad social", dice en un informe. Los planes apuntaban la necesidad de contar con la adhesión -o el acatamiento- de al menos 100 empresas principales de Catalunya. Con las cotizaciones a la Seguridad Social de esas empresas, más las de 233 entidades del sector público controlado por la Generalitat, los diseñadores del plan preveían reunir una masa crítica de ingresos de 4.200 millones de euros.

Pero eso era en una primera fase. El objetivo en materia de Seguridad Social era recaudar y gestionar las cotizaciones de 3,2 millones de contribuyentes y controlar a 690.000 empresas, incluidos los autónomos, y las pensiones de un millón de jubilados.

Entre la documentación incautada por la Guardia Civil en la sede del Departamento de Trabajo en la tensa jornada del 20 de septiembre, figuran apuntes del técnico David Palanques que prevén que la Generalitat se erige en "la autoridad que exige en Cataluña todos los tributos y todas las cuotas y obligaciones de cualquier tipo del sistema de seguridad social y clases pasivas".

El organismo que los administraría sería una Agencia Catalana de Protección Social. Para el diseño técnico de esa agencia la Generalitat pidió bocetos a la firma Deloitte, según apuntes intervenidos al técnico de Trabajo David Franco. Su participación estaba presupuestada en 197.508 euros, aunque en los apuntes se preveía también un precio "sense IVA": 163.230. En esos apuntes hay también alusiones a la participación en los trabajos de HP; IBM, Itteria y el Cesicat.

Se las necesitaba para implementar un Centro de Procesamiento de Datos (CPD) que iba a tener un presupuesto de 1.471.247 euros en 2017 y de 2.537.561 en 2018. El CPD tendría que ser capaz de gestionar los datos de los mencionados 3,2 millones de contribuyentes y 300.000 afiliaciones al año.

Hacienda catalana

Más allá de la famosa Moleskine de Josep Lluís Salvadó, secretario del Departamento de Economia y Hacienda, la Guardia Civil ha analizado también un pendrive de Salvadó con un solo documento, “Activitats i mesures adreçades a la creació de l’Estat Catalá”, que contiene una cuantificación de los recursos necesarios para el despliegue del fisco de una Catalunya independiente en el mismo día 1 de la ruptura.

Según los cálculos que hizo Salvadó, eso supondría gastar 499.860.737 de euros, e incrementar la plantilla de la Agencia Tributaria catalana en 7.000 personas. Todo ello, aclara la Guardia Civil sin contar con "el importe necesario para el despliegue de las aduanas o de la agencia de la propiedad inmobiliaria", el que sería el catastro catalán.

Y todo ello calculado como presupuesto solo de extensión, sin contar los recursos ya empleados, en fase autonómica, en crear un sistema tributario independiente: "Se infiere que se han invertido alrededor de 17 millones de euros en el despliegue de la administración tributaria como paso intermedio para alcanzar la plena soberanía fiscal del futuro estado catalán", aseguran los invesigadores a la jueza Alejandra Gil, continuadora de la instrucción que inició el fallecido juez Juan Antonio Ramírez Sunyer.

Confiscación de bienes del Estado

La apropiación de otros recursos por parte de un gobierno catalán ya separado de España iba a tener una cobertura legal en el más alto nivel normativo de la nueva república catalana.

Entre los papeles incautados al exjuez Santiago Vidal en su domicilio aquel 20 de septiembre, un remedo de constitución catalana. El último artículo es una "Disposición confiscadora", así titulada y que dice: "Pasan a la propiedad de la República Catalana los bienes existentes el día de la declaración de independencia, dentro del territorio actual de Catalunya, pertenecientes al Reino de España".

El secretario de Hacienda Salvadó tuvo a un equipo de 10 personas, investigado por las Fuerzas de Seguridad, trabajando en elaborar un inventario de bienes inmuebles del Estado y su valor. La cifra que les salió fue 19.134 millones de euros. La confiscación de los bienes del Estado por una Generalitat desconectada había sido objeto de debates abiertos en la Assemblea Nacional Catalana, cuando en conferencias o coloquios se elucubraba sobre los primeros pasos de una Catalunya separada de España.