La ofensiva de Andrés Manuel López Obrador contra la mafia que saquea combustibles propiedad de la nación, cuyas ramificaciones están identificadas por el Ejército y la Marina, será un fracaso si la ley no se aplica a los huachicoleros de cuello blanco solapados por los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Con vaguedades de que no cederá a presiones y que no jugará “a las vencidas”, López Obrador no desmantelará esta actividad criminal que tomó auge tras el contubernio PRI-PAN que, en 2003, dejó impunes a los implicados en el Pemexgate, en particular a Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, secretario general y tesorero del sindicato petrolero. Con el pacto de Fox, Santiago Creel y Felipe Calderón, entonces secretarios de Gobernación y Energía, con Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo, Aldana no fue desaforado por la Cámara de Diputados y el huachicoleo proliferó pese a los planes sexenales para combatirlo, como el que ahora está en curso. En marzo de 2004, Fox implementó un plan contra el robo de combustibles a cargo del secretario de Seguridad, Alejandro Gertz, que terminó con su “jubilación”, en agosto de ese año, y quien ahora, al frente de la PGR, puede culminar lo pendiente.

En ese entonces, el director de Pemex Refinación, Juan Bueno Torio, aseguró que de 1998, cuando era presidente Zedillo, a 2002, dejaron de ingresar a Pemex por robo y adulteración de combustibles 64 mil millones de pesos, 16 mil millones por año.

Más que combatir el huachicoleo, Fox lo usó para negocios: Su primo Ignacio Quesada obtuvo un contrato de Pemex, de Bueno Torio, para monitorear el poliducto Salamanca-Aguascalientes, con el plan de invertir en toda la red 110 millones de dólares, según documentos oficiales.

Calderón lanzó también su plan contra el robo de combustible, pero fracasó y las tomas clandestinas se multiplicaron: Fox finalizó 2006 con 70, pero en 2007 eran 324; en 2008, 392; en 2009, 462; en 2010, 691, y en 2011 sumaban mil 324. Un comunicado de Pemex del 14 de enero de 2012, en el que admitía el aumento de 52% de tomas clandestinas en un año, resumía la derrota y las complicidades: “El robo de hidrocarburos continuó presentándose en la Red Nacional de Ductos, debido a que los sistemas están tomados, prácticamente, por bandas del crimen organizado, asociadas a grupos armados”.

Peña tuvo también su plan contra el huachicoleo, pero éste creció exponencialmente: ¡Diez mil 363 tomas clandestinas en 2017! López Obrador ha emprendido un camino sin retorno y está obligado no sólo a restablecer el suministro de gasolinas, que fascina a sus críticos, sino a castigar las complicidades al más alto nivel del saqueo que se concentra en Guanajuato, Puebla y Tamaulipas, gobernados por el PAN. Debe capturar, por ejemplo, al líder huachicolero José Antonio Yépez, El Marro, cuya protección se le atribuye a Carlos Zamarripa, quien lleva 9 años como procurador y que el gobernador panista Diego Sinhué lo quiere por otros 9 como fiscal transexenal…

@alvaro_delgado

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