Los partidos políticos no tienen cinco mil millones de pesos para gastar, en realidad en este 2019 tuvieron disponibles 9 mil 573 millones porque en cada uno de los estados también reciben recursos públicos para actividades ordinarias, de campaña —en caso de haber elecciones locales— y otros gastos.

La discusión sobre la necesidad de ajustar este presupuesto regularmente solo contempla lo que reciben a nivel federal —4 mil 965 millones este año— y que aprueba el Instituto Nacional Electoral (INE) siguiendo lo que establece la Ley General de Partidos Políticos, cuya reforma se aprobó en 2014 en el Congreso por todos los partidos políticos.

Pero la misma fórmula para repartir el gasto de partidos a nivel federal aplica para cada uno de los estados, en donde los partidos con registro recibieron recursos para su operación local que en 2019 sumaron otros 4 mil 609 millones de pesos.

Lo anterior implica que cada ciudadano en edad para votar pague dos veces por los partidos políticos: una vez por los nacionales y otra por los estatales, pues aparece en el padrón federal y en el padrón de votantes de su entidad.

Para calcular el gasto ordinario se debe multiplicar el 65% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) —que desde enero de 2016 sustituyó al salario mínimo— por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

De la totalidad del gasto ordinario, se entrega un 50% adicional si hay elección gubernamental o 30% si se trata de elecciones a diputados locales o presidentes municipales, lo cual representa el gasto de campaña. El rubro de actividades específicas representa 3% del gasto ordinario.

¿Y cómo se reparte entre partidos?

El partido político que recibió más recursos este año fue Morena. Al sumar el gasto federal y el estatal, en 2019 operó con 2 mil 704 millones de pesos.

Le siguió el PAN con 1,719 millones de pesos y el PRI con 1,632 millones.

Otros partidos que tienen registro como partidos nacionales pero también tienen presencia en los estados pudieron gastar este año:

PRD: 710 millones

PVEM: 649 millones

PT: 580 millones

Movimiento Ciudadano: 558 millones

Los partidos políticos que solo tienen registro a nivel local se quedaron con el 3.8% de la bolsa de 9 mil 573 millones de pesos que se entregó este año a los partidos políticos.

Discusión para recortar recursos a partidos no es nueva

En 2014 se aprobó una reforma electoral —que tenía como objetivo reducir los costo electorales—, pero terminó provocando un incremento en las prerrogativas que los partidos políticos reciben cada año.

Los partidos obtuvieron en 2015 un incremento del 56% en su financiamiento, al año siguiente recibieron 30% más.

Desde ese año y a la fecha se han presentado más de 40 propuestas para recortar el financiamiento público a los partidos políticos, explica Hugo Alejandro Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por ejemplo, en 2017 en el Congreso de Jalisco se propuso condicionar el presupuesto que se le asigna a los partidos políticos inscritos en ese estado a partir del número de votos que reciben y no del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, como ocurre actualmente.

La propuesta fue hecha por el entonces diputado independiente Pedro Kumamoto, que argumentó que con esta iniciativa podría reducirse el financiamiento hasta en un 59%.

El Congreso de Jalisco aprobó la iniciativa y luego de que fue impugnada por por diversos partidos, en agosto de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló su constitucionalidad para entrar en vigor este año en lo local.

La discusión sigue vigente y en septiembre de este año, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para modificar el monto del financiamiento a los partidos y a ella se sumó otra más de la diputada Tatiana Clouthier y el diputado Mario Delgado.

Mario Delgado Carrillo y Tatiana Clouthier propusieron inicialmente recortar a la mitad el financiamiento ordinario de los partidos políticos y aumentar el gasto de campaña cuando haya elecciones. La comisión de puntos constitucionales aprobó el 29 de octubre la iniciativa para enviarla al Pleno de la Cámara de Diputados.

La discusión de esta iniciativa no se ha retomado en el Congreso.