España quiso dar una lección al mundo al acoger al Aquarius cuando todas las puertas del Mediterráneo se cerraban al barco cargado de migrantes. Pero la falta de un esquema europeo que resuelva esos episodios y el récord de llegadas a las costas españolas han revertido esa apertura inicial. Las autoridades españolas niegan ahora permisos para zarpar a los buques dedicados al rescate de migrantes e intensifican la presión a Bruselas para que se vuelque con Marruecos. El objetivo es claro: evitar la presión de esos desembarcos en un momento en que la migración se ha convertido, por primera vez, en terreno de contienda electoral.

El repliegue español en el Mediterráneo central viene condicionado por un dato rotundo: las costas del sur del país recibieron el año pasado casi 57.000 migrantes, el doble que Italia y casi igual que Grecia, según datos de Frontex, la agencia europea de fronteras. El Ministerio del Interior eleva la cifra por encima de 64.000. Y mientras las autoridades españolas hacen frente a ese desafío sin levantar polvareda, Italia agita a toda la UE al negar sus puertos a barcos que transitan cerca de su territorio. En un principio, el Gobierno de Pedro Sánchez aceptó participar en el reparto de los migrantes que las autoridades italianas aceptaban para que los acogiesen otros Estados. Pero ese capítulo se ha cerrado.

“No se trata de un repliegue. Nuestra presión migratoria es enorme y en el Mediterráneo central [el que desemboca en Italia] no se están aplicando las reglas. Necesitamos una solución duradera para todos”, argumentan fuentes del Ministerio del Interior. Los socios europeos llevan meses tratando de tejer un esquema temporal que evite situaciones críticas como las que se han vivido en los últimos meses en el mar, al rechazar Italia y Malta la llegada de barcos de ONG y de operadores privados. Los titulares de Interior volverán a abordar este contencioso en una reunión informal que celebrarán a principios de febrero en Rumania, según vaticinan fuentes comunitarias. Pero las esperanzas de lograr una solución que contente a la vez a Italia, partidaria de repartir a todo migrante que ponga un pie en su territorio, y a Francia y Alemania, obsesionadas con evitar que esos migrantes transiten por el área Schengen hacia sus fronteras, se antoja remota.

Consciente de ese panorama de confrontación, España ha optado por liquidar la estrategia inicial de abrir los brazos a buques en apuros. Los barcos de rescate de las organizaciones Open Arms y Salvamento Marítimo Humanitario han visto denegadas en las últimas semanas sus solicitudes para zarpar con el ambiguo argumento de que no cumplen los criterios de seguridad exigidos. En el fondo, las autoridades evitan verse en la tesitura de tener que acoger un barco de bandera española repleto de náufragos que no encuentra ningún puerto europeo para atracar.

No es la única señal de ese giro táctico. A principios de enero, el Ejecutivo rehusó, por primera vez, participar en un esquema de reparto orquestado por Malta y que afectaba a 49 personas atrapadas en el mar. “No se puede decir que no hayamos mostrado voluntad desde el caso del Aquarius. Nosotros ya tenemos un problema que nos es propio”, argumentó entonces el ministro de Exteriores, Josep Borrell.

El miedo a quedar atrapado en unas políticas que los partidos de derecha han empezado a utilizar como arma arrojadiza contra el Gobierno se traduce también en pequeños gestos. Salvamento Marítimo, que dedica una parte de sus esfuerzos cada día a auxiliar a las pateras que cruzan el Mediterráneo, ha dejado de informar de los rescates en su cuenta de Twitter. Los mensajes que solían etiquetar como balance de pateras han desaparecido desde principios de diciembre, según puede constatarse en un rápido vistazo a la red social.

Más allá de razones electorales internas, Italia constituye, en buena medida, la razón por la que el Gobierno ha virado en este terreno. Mientras España acomete los desembarcos que le llegan a sus costas sin altavoces, Italia no acepta prácticamente ninguna llegada a sus puertos. Y las pocas a las que se aviene traen una condición previa: que se repartan los migrantes a bordo. Esa cuestión del reparto lleva meses bloqueando una solución europea. Porque mientras el Ejecutivo populista de Salvini exige distribuir por toda la UE a cualquier irregular (demandante de asilo o no), países como Francia y Alemania exigen limitar esa cuota a los refugiados (una parte modesta de quienes arriban ahora a Italia si se aplican los criterios de la UE).

A España, que apenas recibe solicitantes de asilo por vía marítima, le convendría la táctica italiana, pero el Gobierno la rechaza porque considera que provocaría un enorme efecto llamada. El razonamiento es el siguiente: si entre las mafias que trafican con migrantes cunde la idea de que Europa se repartirá a todos los que lleguen, el incentivo para intentarlo será mucho mayor. Fuentes diplomáticas de uno de los grandes Estados de la UE admiten que pactar un marco aceptable para todos constituye “todo un desafío”.

Con la vía del Mediterráneo central relativamente taponada, España intenta a la desesperada limitar las llegadas desde Marruecos, origen del grueso de los flujos hacia las costas del sur. Las cifras no remiten. En la primera quincena de enero llegaron a España algo más de 3.000 personas, prácticamente el triple que en el mismo periodo de 2018, según cifras oficiales españolas. Interior trata de acelerar las expulsiones, que no avanzan al ritmo deseado. En este terreno, la opacidad es enorme. En marzo, Madrid y Rabat volverán a reunirse para hablar de migración, con dos posturas claras: Madrid reclama más control y celeridad en las devoluciones, y Rabat, dinero fresco de Bruselas.