Víctor Cardoso

Periódico La Jornada

Jueves 18 de octubre de 2012, p. 3

En la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se escogió el camino más costoso, engorroso y complejo. Esta ley es incompleta, porque incumple diversas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafi), y llama la atención que se haya emitido al final de un gobierno que fue testigo de una expansión exponencial de los grupos criminales.

Lo anterior lo afirma el especialista Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana, investigador de la Universidad de Columbia y profesor invitado de la UNAM.

Sintetiza: Es una simulación, una vacilada . Afirma que el mecanismo de perseguir el lavado de dinero deja fuera de la penalización a cerca de 80 por ciento de los casos, porque es muy difícil probar ese delito. Eso sólo se aplica a los casos obvios, donde la prueba cae de madura y es fácil detectar el producto, pero en la mayoría no es así; tendrían que aplicar figuras más ágiles .

En entrevista, Buscaglia reconoce que la ley antilavado cumple sólo en parte algunas de las 40 recomendaciones sobre blanqueo de dinero propuestas por el Gafi, mecanismo internacional enfocado a combatir las acciones financieras de grupos criminales, el financiamiento al terrorismo y el lavado de recursos ilícitos.

–¿Qué recomendaciones no se cumplen?

–El problema es que el lavado de dinero en México es de tipo penal, que exige que alguien, a sabiendas, lave dinero. Esto hace que la figura penal sea muy difícil de aplicar; es costosísima, porque el material probatorio que exige al Estado tiene un costo muy elevado y en la mayoría de los casos se cae.

“En algunos países de la Unión Europea, en Estados Unidos, no se tipifica el requisito de ‘a sabiendas’. O sea, así como existe el homicidio culposo o el doloso, hay un nivel culposo del comportamiento que se clasifica. Las recomendaciones del Gafi sugieren la necesidad de establecer una coordinación entre las autoridades –la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda–, las tributarias o los auditores fiscales, así como las fiscalías estatales y federales, cosa que en México no se le presta atención.

“Si yo pregunto si los auditores fiscales están realizando auditorías en áreas empresariales de alto riesgo, como casinos, deuda y obra pública, si se está haciendo ese tipo de auditorías, coordinadas con Hacienda, se ríen en mi cara. No se hace absolutamente nada. Esa coordinación interinstitucional no se está implementando y no se está exigiendo a través de la ley de lavado de dinero.