La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, instituciones, organismos gubernamentales y no gubernamentales, las violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, expresados en acciones cometidas por miembros del Ejército Nacional contra dos integrantes de la Corporación Cahucopana, el día 24 de mayo de 2014, siendo las 4:30 p.m. en la Vereda Dos Quebradas, jurisdicción del Municipio de Remedios (Antioquia).

Hechos

El día 24 de mayo de 2014 siendo las 4:30 pm el señor Carlos Alfredo Palacio Usuga, integrante del Equipo Regional de la Corporación Cahucopana, se dirigía a la vereda Dos Quebradas, para terminar de coordinar las tareas de logística y convocatoria del Primer Encuentro Regional de Mujeres del Nordeste Antioqueño “Por la defensa del territorio y la dignidad”, el cual se realizará el 30 y 31 de mayo del año en curso en dicha vereda, cuando fue interceptado por un grupo de 15 soldados del Ejército Nacional, quienes no portaban insignias. Uno de ellos llevaba el rostro cubierto “encapuchado” y con una pañoleta.

Estos sujetos lo retuvieron arbitrariamente durante 10 minutos, sin entregarle su cédula de ciudadanía, tiempo que utilizaron para hacerlo arrodillar de manera violenta, forzándole su cabeza hacia abajo, lo que impidió que pudiera ver la identificación de los mismos; sin embargo estos soldados portaban toda la indumentaria utilizada por el ejército nacional.

Posteriormente le hicieron sacar las pertenencias que llevaba Carlos en su bolso; luego el soldado encapuchado sacó una pistola, le quitó el seguro y se la puso en la cabeza, continuando con una serie de preguntas tales como: ¿Quién era él? ¿Para dónde iba? ¿De quién eran las sudaderas que llevaba en el bolso?

Ante estas preguntas el joven defensor de derechos humanos respondió que él era miembro de la Corporación Cahucopana, una organización defensora de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, y que las sudaderas hacen parte del vestuario del Comité de Jóvenes de la vereda Plaza Nueva (jurisdicción del municipio de Remedios, Antioquia), a lo cual los militares le respondieron que esas sudaderas no pertenecían a eso, y que lo iban a asesinar; a la pregunta de para dónde iba, él les contesto que para donde doña Carmen, que es una honorable campesina de la región. De inmediato el soldado lo amenazó diciéndole: “Esperamos sea verdad, si no le va a ir peor”.

Cuando dejaron ir al defensor de derechos humanos, los militares siguieron su camino y a unos cuantos minutos cinco soldados sin identificarse, entre los cuales uno de ellos también estaba encapuchado, retuvo a la joven Noemí Durango Pérez, integrante del Equipo Femenino de Acción Humanitaria de la vereda Dos Quebradas, quien se dirigía a dicha vereda en su caballo.

Momentos después los militares apuntaron sus armas hacia la humanidad de Noemí, haciéndola bajar del animal, obligándola a que se arrodillara, se subiera la blusa, se bajara la sudadera y les mostrara las manos, afirmando por parte de estos soldados que esas no eran manos de una ama de casa, detallando sus hombros y hostigándola por tenerlos marcados y tallados, producto de su trabajo y vida en el campo, por lo que le hicieron quitar las botas mientras le preguntaban por la guerrilla.

Antecedentes

1. La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) es una organización campesina que ha venido trabajando en los municipios de Remedios y Segovia desde el año 2004 en torno a la defensa de los derechos humanos, la exigibilidad de una vida digna y el derecho a la tierra y el territorio.

2. Durante los años del 2004 al 2007, Cahucopana denuncio 16 casos de ejecuciones extrajudiciales cuya responsabilidad, según los casos documentados, recaen en las unidades militares de los batallones Batalla de Calibío de la Décima Cuarta Brigada, cuyo comandante para la época de los hechos, el coronel Wilson Ramírez, es uno de los militares vinculado dentro de los procesos penales y disciplinarios, por la ocurrencia de estos hechos.

3. De igual manera sobre esta zona rural del Nordeste Antioqueño se viene presentado nuevamente el patrullaje de unidades militares acompañadas de personas encapuchadas en el desarrollo de sus operaciones, quienes no portan ningún distintivo que los identifique plenamente como integrantes de la fuerza pública ni la unidad militar a que pertenecen.

4. Desde el mes de abril de 2014 se han desarrollado diferentes operativos militares direccionados en la región, en los cuales se ha hostigado a la población civil de manera permanente.

5. En el periodo comprendido entre el 2013 y lo corrido del año 2014, se han presentado diferentes hechos de bombardeos y ametrallamientos indiscriminados por parte de la Fuerza Aérea Colombiana sobre terrenos pertenecientes a los habitantes y campesinos de la región, ocasionando en muchos de los casos graves daños en bien civil, como lo es la muerte de animales de diferentes especies, daños en los cultivos de pan coger, los cuales han sido arrasados en su totalidad por dichos bombardeos, al igual que daños en las viviendas y pertenencias necesarias para su subsistencia.

Frente a estos hechos, responsabilizamos

Al Estado colombiano en cabeza del señor Juan Manuel Santos Calderón, como jefe supremo de las fuerzas armadas y los cuerpos policiales, por la ausencia de garantías para la protección de la vida, libertad e integridad personal de los pobladores rurales del Nordeste Antioqueño, que ha tenido como consecuencia la detención arbitraria, el abuso de autoridad, el constreñimiento ilegal, además de la violación de las normas del Derecho Internacional Humanitario, al hostigar y torturar física y psicológicamente a civiles, con el agravante de que los mismos son líderes reconocidos en la zona, por su actividad de organización con los sectores campesinos y la legitima labor de defensores de derechos humanos.

Exigimos:

Primero

A las autoridades del orden nacional como el Ministerio del Interior, el Programa para los Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Defensa y la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, actuar de manera inmediata con el fin de que se tomen las medidas necesarias para que se garantice el absoluto respeto de los derechos a la vida, la integridad personal y psicológica, el trabajo, la libertad y la permanencia en el territorio de los pobladores del Nordeste Antioqueño.

Segundo

A las autoridades pertinentes se investigue los hechos que aquí se mencionan.

Al Ministerio de Defensa Nacional aclaren los sucesos presentados y se aplique la sanción correspondiente a quienes dieron las órdenes y las ejecutaron, teniendo en cuenta la infracción al DIH y los derechos humanos de las comunidades.

Tercero

A la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Colombia que realice el monitoreo sobre la crítica situación de derechos humanos en la región, y emita recomendaciones al Estado colombiano en consecuencia.

A la comunidad nacional e internacional

Nos acompañen en el seguimiento y monitoreo permanente a la grave situación de derechos humanos por la que atraviesan las comunidades de la región debido a la violación de los derechos de los miembros de la Corporación Cahucopana y comunidades en general.

Notificación

Favor remitir a la siguiente dirección o correo electrónico los oficios, gestiones e informe de las acciones que adelanten con base en esta información: carrera 10 no. 15-39, Edificio Unión, Oficina 507, (Bogotá D.C.) cahucopana@gmail.com, infocahucopana@gmail.com