Ciudad de México, 26 de agosto de 2015.- Este miércoles, ARTICLE 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, presentan el Informe Libertad de expresión en venta. Acceso a la información y censura indirecta en publicidad oficial. Además de la cuarta edición del Índice de acceso al gasto en publicidad oficial de las entidades federativas, este diagnóstico compila un análisis del gasto federal en la materia y tres estudios de casos locales que detallan abusos de la publicidad oficial.

La cuarta edición del índice de acceso trae conclusiones decepcionantes. La opacidad persiste, la rendición de cuentas es disfuncional y el diseño institucional y legal permite prácticas contrarias al buen ejercicio democrático y la libertad de expresión e información.

Durante 2013, 27 entidades gastaron 5 mil 639 millones de pesos en publicidad oficial. Si se suman los gastos federales de ese año, se documenta un total de 13 mil 640 millones de pesos.

Sólo a nivel federal, en sus dos primeros años de gobierno, el presidente Peña Nieto gastó más de 14 mil 663 millones. Nunca un presidente había gastado tal cantidad en sus primeros años.

Estas cifras se ejercen con un grado significativo de opacidad y discrecionalidad. A nivel estatal, si bien la mayoría de los gobiernos reportaron gastos totales –a excepción de Guerrero, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz–, fue imposible conocer con detalle el destino del 39% del gasto, es decir, ignoramos en qué medios y campañas se gastaron las entidades 2mil 413 millones.

En 2012 y 2013, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua son las entidades con mayor gasto en propaganda gubernamental; cada uno reporta gastos superiores a 500 millones. La mitad de las entidades gastan más recursos de los originalmente presupuestados, sin que haya posibilidad de corrección y sin que se brinden explicaciones de ello a la ciudadanía. El gobierno federal, por su parte, incurrió en excesos en este lapso: en 2013 gastó 48.8% más dinero que el presupuestado y en 2014, 26%.

Estos sobreejercicios se han tornado una constante, lo que refleja ausencia de planeación, deficiencia en el control del gasto y nula fiscalización del mismo. La transparencia por sí misma no es suficiente; debe acompañarse de contrapesos, ejercicios de control y fiscalización funcionales, así como de instituciones capaces de rectificar y sancionar prácticas abusivas.

Existe una preocupación particular por la opacidad en Guerrero y Tamaulipas, entidades que durante cuatro años no han transparentado la información sobre su gasto en publicidad. Por el contrario, para este Informe, por primera vez Coahuila transparentó la información y reveló montos millonarios: 1 113 millones de pesos de gasto en 2013.

A nivel estatal, en 2013, dominó el gasto en medios de comunicación impresos con 37% del gasto total; la televisión concentró 30% y la radio 18%.

A nivel federal, por otra parte, de los 1 767 proveedores que obtuvieron contratos, sólo diez acumularon 45% del gasto total anual. Dentro de este grupo, dos firmas concentran más del 25% de todo el dinero erogado. El año pasado, Televisa, S.A. de C.V. y Estudios Azteca, S.A. de C.V. se beneficiaron con más de 1 779 millones de pesos.

El informe que se presenta comprende también la valiosa colaboración de varios expertos que describen la realidad local en Puebla, Sonora y Ciudad Juárez. Estas aportaciones brindan testimonios útiles para entender los usos y abusos de la publicidad oficial a nivel estatal y municipal. El caso de Ciudad Juárez documenta que seis sitios de internet inexistentes recibieron recursos en publicidad oficial; el de Puebla constata que en 2012 y 2014, el gobernador Rafael Moreno Valle extendió la publicidad de sus informes de labores a 26 estados, violando la Constitución; y el de Sinaloa se enfoca en la discrecionalidad de la asignación de la publicidad oficial, comprobando que los avances en transparencia son insuficientes.

ARTICLE 19 y Fundar refrendan la urgencia de modificar el statu quo, aquel que muchos actores políticos buscan preservar. Más allá de ser un estadio que beneficia económicamente de comunicación y políticamente a los gobiernos, es una situación que propicia la censura indirecta y retarda la democracia sustantiva en México.

Nota para prensa



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26 agosto, 2015.