El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada ha llamado a declarar como imputados a cuatro agentes de la Policía Nacional, aunque sin atribuirles ningún delito concreto, por el posible uso de las llamadas «listas negras» de activistas sociales para multar a manifestantes del movimiento 15M. La declaración se producirá el próximo 15 de abril tras ser pospuesta en varias ocasiones porque la abogada del denunciante, cuando sólo se había imputado a dos agentes, pidió que compareciesen los dos restantes. En paralelo, el Juzgado de Instrucción número 5 de Granada ha llamado a declarar como testigos a dos policías más, también en una investigación por el uso de estas llamados «listas ideológicas».

En ambos casos, tanto el que está en manos del juzgado de Instrucción 1 como en manos de Instrucción 5, se trata de denuncias por partes de activistas recibieron varias multas en enero de 2013 por su participación en los actos del primer aniversario del 15 de mayo en 2012, en concreto por la ocupación y la organización de asambleas en la Plaza del Carmen de Granada, y también por una concentración sin notificar ante la Subdelegación del Gobierno en la ciudad en septiembre del mismo año.

En sus denuncias, a las que ha tenido acceso eldiarioandalucia, la representación legal de los activistas explica que todas las multas fueron interpuesta atribuyéndole la autoría de los hechos «por identificación visual», es decir, sin que ningún agente de la Policía le pidiese sus datos. Ambos manifestantes carecen de antecedentes penales y nunca antes de recibir las multas había sido sancionados, ni identificados por la Policía Nacional, algo que acreditan adjutando su expediente policial.

Afirma por ello uno de los denunciantes que «fui identificado por agentes que no tendrían forma de conocerme sino por la existencia de una base de datos de personas, en la que no hay causa para que yo me encontrara puesto que, como he venido manifestando, en ningún momento he sido identificado por la Policía Nacional ni mis datos registrados en sus archivos por razón alguna».

Las dos denuncias plantean los posibles delitos de los artículos 390.1 y 404 del Código Penal, contra los funcionarios que cometan falsedad atribuyendo a terceros actuaciones que no hayan cometido o contra los funcionarios que dicten una resolución administrativa arbitraria a sabiendas. También añade un delito del 198 por la utilización en perjuicio de un tercero de datos reservados de carácter personal.

El juez de Instrucción del 5 no atribuye estos delitos a ninguna persona en su investigación y sólo llama a los policías que multaron al activista en calidad de testigos. En el caso del juez del 1, aunque la investigación está abierta por posible delito de revelación de secreto por acceder a datos de personas sin antecedentes penales y llama a los policías como imputados para que puedan defenderse, no les atribuye a ellos el delito, sino que investiga si pudo cometerlo otro funcionario. La Jefatura de la Policia Nacional en Granada no ha querido valorar estos hechos.

La abogada de Stop Represión Granada, Sara Donaire, explicó a eldiarioandalucia que estas denuncias son dos de las 23 que interpuso de manera simultánea este colectivo a partir de multas por identificación visual. Tan sólo dos han sido admitidas a trámite, aunque Donaire admite que «en gran parte, el valor de estas denuncias es simbólico». En todos los casos, se trata de denuncias basadas en multas que fueron retiradas tras ser recurridas.

En el caso de los agentes llamados comos testigos, aún no hay fecha para su declaración, dado que el juez de Instrucción 5 debe decidir si les permite declarar como testigos protegidos respecto a la letrada, una tipo de petición que se ha dado en Granada en ocasiones anteriores generando controversia entre los abogados de activistas sociales por no considerarla estos ajustada a derecho.

Luis de los Santos, del Grupo de Juristas 17 de Marzo, que ha presentado numerosas denuncias en Andalucía por estas presuntas prácticas de la Policía Nacional -ante Fiscalía, diferentes juzgados de instrucción e incluso la Agencia Española de Protección de Datos-, sostiene que «estos ficheros existen» porque «se ha admitido en juicios» como el de los detenidos por la huelga contra la LOU en Sevilla en 2007 o el del ‘represaliado de La Velá’ en Córdoba en 2013.

De los Santos define las «listas negras» como «ficheros ideológicos de personas que no han cometido ningún ilícito penal pero a las que la Policía ‘ficha’ tras comprobar que participan en determinado tipo de manifestaciones». Cita como ejemplo casos como el de los abogados de Granada frente a los que los agentes pidieron declarar como testigos protegidos en el caso del ultraje a la bandera: «se afirmaba que participaban en las mismas manifestaciones que sus defendidos, ¿cómo se podía saber?».

En 2013 el Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid llegó a investigar la disolución de una concentracion de ‘Rodea el Congreso’ en 2012 en la que se realizaron una serie de identificaciones que los activistas, mediante una denuncia colectiva, relacionaban con la elaboración de «listas negras», aunque finalmente dicha causa fue archivada.

http://www.eldiario.es/andalucia/juzgado-Granada-investiga-pusieron-ilegales_0_365363810.html