PROBLEMAS EN LAS OTRAS CAUSALES

En la madrugada del viernes 6 de abril, Fernanda Sandoval llegó a la urgencia del Hospital de Quilpué (V Región), con casi 15 semanas de un embarazo de alto riesgo. Se había cuidado para que la T de cobre instalada en su útero no afectara al futuro bebé, pero algo iba mal. Los exámenes dibujaron un panorama poco alentador: la placenta se estaba desprendiendo y tenía una infección. Con el pasar de las horas empeoró: se rompió la membrana y una nueva ecografía arrojó que ya no tenía líquido amniótico. “Me dijeron que no había ninguna posibilidad de que mi guagüita viviera”, relata Fernanda en un video que ella misma subió a sus redes sociales semanas después.

La joven de 25 años sabía que la ley que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales ya había entrado en vigencia. Por eso, frente a la idea de que el bebé no podría sobrevivir, ese mismo viernes en la noche solicitó hablar con el doctor de turno para pedir el aborto por inviabilidad fetal.

En el Hospital de Quilpué, 13 de los 21 médicos obstetras son objetores de conciencia en alguna causal, pero solo cinco se niegan a practicar abortos por inviabilidad fetal. Uno de ellos fue el que atendió a Fernanda en el turno de esa noche del 6 de abril. “Me dice que no va a acceder a practicarme el aborto, porque existe un 18% de probabilidades de que la guagüita nazca”, relata Fernanda mirando a la cámara.

Al día siguiente, una matrona examina su ficha clínica y concluye: la causal de inviabilidad fetal sí corresponde. Como Fernanda tiene ante sí dos opiniones médicas contrapuestas, le hacen otra ecografía. Esta vez, la doctora de turno le dice que los latidos del feto son muy bajos y que ha comenzado a envenenarse con la infección que la afecta. “Era mi hijo el que estaba sufriendo, era yo la que estaba sufriendo, y también tengo otra hija que me estaba esperando en mi casa”, dijo luego Fernanda en una entrevista con 24 Horas .

La doctora le explicó los aspectos legales y técnicos del aborto y Fernanda selló con una firma su decisión. Esa tarde le dieron una mifepristona, la primera pastilla del tratamiento, y le dijeron que en 24 horas debían darle la de misoprostol. Pero al día siguiente, la doctora de turno se negó alegando objeción de conciencia. La ginecóloga se justificó explicándole que el tratamiento permitía una ventana de 48 horas entre ambas pastillas, y que debería esperar al siguiente turno para que le suministraran misoprostol.

Fernanda empezó a sentir contracciones esa misma tarde. Mientras esperaba en una camilla en la sala de maternidad junto a su pareja, sentía que el dolor iba aumentando cada vez más. Pidió ayuda. Nadie apareció. Ante sus quejidos, otra de las pacientes apretó la alarma una y otra vez para que Fernanda fuera atendida. Al rato, la joven se enteró de que la respuesta de las enfermeras del Hospital de Quilpué fue que la doctora de turno no estaba y que no habían dejado nada recetado para ella.

“Tuve ahí a mi guagüita, en la pieza del hospital. Nació y quedó dentro de mi ropa interior”, relata Fernanda en el video.

Solo después de que, en esas condiciones, el cuerpo de Fernanda expulsara el feto, apareció personal médico. Decidieron llevarla a pabellón para hacerle un “legrado” y retirar los restos desde su útero. Pero una vez allí -cuenta Fernanda- el equipo médico comenzó a debatir si correspondía o no hacerlo, ya que algunos no estaban de acuerdo por ser objetores de conciencia. Una discusión que se prolongó hasta el post-operatorio.

– En la discusión de la ley lo que más se dijo fue que teníamos que tener equipos de contención y resulta que eso no está todavía. La ley contempla como derecho que la mujer esté acompañada, que le expliquen, que si grita no esté sola y que al momento de la expulsión sea asistida. Las duplas psicosociales están en horario hábil, pero en los hospitales las cosas pasan a cualquier hora. Por eso, esas capacidades hay que instalarlas en los equipos -reflexiona la doctora Elena Sepúlveda Parada, profesora de posgrado de Sexología Médica de la Universidad de Santiago y miembro titular de la Academia Internacional de Sexología Médica.

Una vez que Fernanda fue dada de alta, presentó un reclamo. En su respuesta, el director del Hospital de Quilpué le pidió disculpas por no haber aplicado correctamente el procedimiento: lo que correspondía era haberle asignado otro médico que no fuera objetor de conciencia, en lugar del que la atendió la noche del viernes 6 de abril y que se negó a practicarle el aborto. Si en ese turno no hubiera habido ninguno de ellos, lo correcto era haberla derivado a otro hospital.

El hospital también instruyó una auditoría clínica. No fue posible obtener más detalles de lo que ocurrió con Fernanda Sandoval ni sobre la auditoría. En respuesta a la solicitud de CIPER, la dirección del hospital argumentó que el Consejo de Defensa del Estado está mediando “un proceso en el cual el Hospital de Quilpué y también la reclamante, por normativa legal, deben guardar reserva absoluta y confidencialidad”.

En terreno, lo que se recoge en distintos ámbitos es el desconocimiento de la normativa por parte de los equipos médicos y la poca información de que disponen las mujeres para que puedan exigir su derecho y, al mismo tiempo, saber a qué hospital pueden recurrir. Estos son los principales problemas que han identificado las organizaciones de la sociedad civil que están sirviendo de puente en este año en que la confusión ha primado respecto de cómo se aplica la ley de aborto. Entre éstas destacan la Corporación Humanas, Miles Chile y la Asociación Chilena de Protección de la Familia (Aprofa).

La Ley 21.030 le exige a los obstetras tres pasos claros una vez constituida la causal: informar a la mujer sobre todas las opciones que tiene, respetar y no influir en su decisión, e independiente de cuál sea ésta, ofrecer el programa de acompañamiento.

Frente a los problemas observados, la falta de reacción de las autoridades del Minsal también ha quedado expuesta. En mayo de este año, el Ministerio de la Mujer envió un oficio consultando al Minsal por la cantidad de muertes maternas que han ocurrido desde que se implementó la ley en septiembre del año pasado, y cuántos de esos casos aplicaban para un aborto en la primera causal (riesgo de vida de la madre).

Fuentes internas del Minsal informaron a CIPER que en ese ministerio se revisaron las fichas clínicas de las 25 muertes maternas notificadas hasta ese momento. Se lograron identificar cinco casos en que los diagnósticos aplicaban para la primera causal. “Lo que correspondería ahí es que el ministerio estudie la historia clínica y averigüe si alguien le informó a esa mujer que podía interrumpir su embarazo. Pero eso no se está haciendo. No hay ningún feedback con los recintos hospitalarios que atendieron a esas mujeres para saber qué pasó”, relató a CIPER un funcionario del Minsal que pidió reserva de su identidad.

En el sector privado la implementación ha sido más lenta y la falta de un reglamento que regule la objeción de conciencia institucional deja vacíos que obstaculizan la aplicación de la ley. Es lo que ocurre en algunos hospitales confesionales, como el de la Universidad Católica y el Parroquial de San Bernardo.