La Unión Europea considera que la investigación que el Ministerio de Fomento realizó del accidente del tren Alvia ocurrido el 24 de julio de 2013 en Santiago, en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas y del que culpó en exclusiva al maquinista, no fue realizada “de manera independiente”. Así lo dice la Agencia Ferroviaria Europea en un informe que ha entregado este jueves con la mediación del BNG a las víctimas del siniestro y cuya divulgación estaba prevista antes de las elecciones generales pero que fue retrasado por petición del Gobierno español. La importancia de la opinión de Bruselas, sin embargo, es relativa ya que hace un mes y medio la Audiencia Provincial de A Coruña ya determinó, en el auto con el que reabrió la instrucción judicial del siniestro para averiguar posibles responsables más allá del conductor, que la investigación de Fomento no puede ser considerada independiente.

El Gobierno frena que la UE divulgue antes de las elecciones su informe sobre el accidente del Alvia

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El informe de la Agencia Ferroviaria Europea concluye que la composición de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), nombrada por el Ministerio de Fomento con miembros de Adif y Renfe, “no asegura la independencia de la investigación”. La agencia europea también critica que la CIAF hizo énfasis en la causa directa del siniestro, el error humano del maquinista, y no averiguó sus “causas fundamentales”. Por eso, la agencia concluye que el accidente de Angrois “aún no ha sido estudiado de manera independiente” como requiere la normativa europea y pide que se haga.

El informe de la agencia europea está firmado por el jefe de su unidad de Seguridad, Christopher Carr, con fecha de 26 de enero, lo que evidencia la demora que sufrió su divulgación como consecuencia de las presiones del Gobierno español. En él se critica que en la investigación de la CIAF participara también Ineco, la empresa pública que validó la seguridad de la línea Ourense-Santiago para Adif y que le propuso que los riesgos que existían, como el de un posible exceso de velocidad, se "exportasen" al maquinista, que quedaba así como único responsable. El análisis y gestión de esos riesgos existentes en Angrois por parte de Adif es una de las cuestiones que deberá aclarar ahora la instrucción judicial del caso.

El informe europeo enumera los defectos de todo tipo que presenta la investigación realizada por la CIAF, tanto en su análisis del accidente como de otras circunstancias paralelas, como el dispositivo de emergencias desplegado o la nula posibilidad de que las víctimas contribuyeran a la investigación.

A las tres horas de que se conociera el informe de la agencia europea, y demostrando la dependencia de la CIAF con respecto a Fomento, el ministerio remitió a los medios un comunicado de respuesta a la UE supuestamente elaborado por la propia CIAF pero sin ninguna firma ni encabezamiento oficial. En él se insiste en la independencia de la propia CIAF y se critica que la agencia europea tardara dos años en emitir el actual informe después de dar por válida previamente la investigación española. También se insiste en que la CIAF no tiene entre sus objetivos aclarar las responsabilidades penales de los siniestros.

Tres años de instrucción, ahora reabierta

En el accidente de la curva de Angrois, en la línea de AVE Ourense-Santiago, el maquinista del Alvia, Francisco José Garzón, no frenó a tiempo y descarriló tras recibir una llamada del interventor del tren sin que existiera ningún sistema de seguridad que evitara o paliara su despiste. El primer juez instructor de la causa imputó por ello hasta 27 cargos de Adif pero la Audiencia de A Coruña revocó su decisión y un segundo instructor propuso el pasado octubre juzgar sólo al maquinista como único responsable. Ante esa situación, y a la espera de que la Audiencia de A Coruña se pronunciara sobre la propuesta del instructor, las víctimas del siniestro acudieron a Bruselas el pasado noviembre para pedir amparo de las instituciones comunitarias, tanto de la Agencia Ferroviaria Europea como del Parlamento Europeo. La primera se comprometió a analizar el accidente y tenerlo en cuenta en el marco de una investigación abierta contra España ya antes del siniestro por la lentitud del Gobierno en la adaptación de la normativa estatal a la europea, entre otras cuestiones en lo referente a la independencia de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

Fue esa CIAF la que en junio de 2014 concluyó que el accidente de Angrois se debía exclusivamente al despiste del maquinista, en un informe que sirvió de base a su vez para varios de los peritajes en los que se amparó el instructor para pedir que se juzgara sólo al conductor. Sin embargo, a finales del pasado mayo la Audiencia de A Coruña rectificó al juez. Por un lado, restó validez al informe de la CIAF por considerarlo no independiente. Por otro, obligó al instructor a tener en cuenta también otros peritajes que acusan a ADIF de no haber analizado el riesgo que existía en la curva de Angrois cuando en 2010 decidió no instalar allí el control constante de velocidad propio del AVE, el ERTMS que habría evitado el accidente, y cuando en 2012 permitió que Renfe lo desactivara también a bordo de los Alvia. Detrás de ambas decisiones está la figura del entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, imputado y desimputado en dos ocasiones y que tres años después del siniestro nunca ha declarado en el juzgado. La reapertura de la causa por la Audiencia de A Coruña hace mes y medio deja el caso nuevamente en manos del juez instructor, que aún no ha adoptado ninguna decisión.