El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó ayer a Italia por incumplir las normas comunitarias que le obligan a velar que las administraciones públicas paguen a sus proveedores privados en un plazo máximo de 30 días, o 60 en caso excepcional. El fallo, que insta a corregir esta situación y por el que el país se juega una sanción europea, podría ser aplicable en España, donde varias administraciones públicas superan también estos umbrales.

El caso analizado por la Corte de Luxemburgo data de 2014, cuando la Comisión Europea abrió expediente a Italia tras recibir quejas de los agentes económicos del país ante la elevada morosidad de las administraciones, recuerda Efe.

Los informes remitidos por Roma a Bruselas mostraron que en 2016 el plazo medio de pago era de 51 días, con lo que en 2017 la Comisión interpuso un recurso ante el TJUE por considerar que, pese a las advertencias, Italia no había subsanado el problema.

En la sentencia emitida ayer, el Tribunal da la razón a Bruselas y considera que Italia debía velar por que sus administraciones cumplan los plazos que establece la directiva europea de lucha contra la morosidad, que entró en vigor en 2011. Esta obliga a que, en sus operaciones comerciales con empresas privadas, los poderes públicos paguen en un plazo de 30 días, salvo en ciertas excepciones, y en todo caso en un máximo de 60.

El TJUE niega la alegación hecha por Italia de que la directiva solo obliga a los Estados a incluir en la legislación estos plazos, pero no a hacerlos cumplir, y destaca que el objetivo de la directiva era precisamente incrementar la obligación de los Estados dada la dependencia de muchas firmas privadas del sector público.

En España, la regulación de morosidad de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera fija también un periodo máximo de pago de 30 días. Los últimos datos recopilados por Hacienda, de noviembre de 2019, indican, sin embargo, que solo la administración central cumple, con un periodo medio de pago de 26,5 días, mientras que las comunidades autónomas pagan a sus proveedores, de media, a 39,75 días y las locales superan incluso el límite excesivo de 60 días, pagando a los 66. Es cierto, no obstante, que los datos de estas dos últimas administraciones se vieron empeorados el año pasado por el retraso en la actualización de las entregas a cuenta que les inyecta el Estado.