Víctor Hugo Michel

Una y otra vez la Secretaría de Gobernación ha cedido ante los maestros disidentes. Y una y otra vez, éstos vuelven para exigir más. Durante los últimos dos años, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha obtenido grandes éxitos en sus tratos con el gobierno federal: le ha ganado recurrentemente en la mesa de negociaciones, obteniendo concesiones de todo tipo. Incluso ha conseguido que se viole la reforma educativa de forma abierta.

Documentos de la Secretaría de Gobernación en poder de MILENIO revelan que el gobierno federal ha concedido a la CNTE pagos de aguinaldos y quincenas caídas, garantías de plazas intocables y hasta ha prometido no sancionar de forma alguna a los maestros que reprueben las evaluaciones indicadas dentro de la reforma educativa, además de comprometerse a pagar tiempos extras e "incentivos de carácter económico" por el "buen desempeño" de profesores de la coordinadora. Todo ello sin obtener una sola modificación al discurso belicista y la abierta hostilidad de la disidencia magisterial.

Una decena de minutas de las reuniones sostenidas por la Subsecretaría de Gobernación y la CNTE a lo largo de los últimos dos años dan cuenta de que el gobierno federal le ha concedido muchas de sus demandas al magisterio disidente sin obtener a cambio el cese de las movilizaciones, la desocupación de plazas tomadas o el fin a actos radicales, tanto en la Ciudad de México como en Guerrero, Michoacán y Oaxaca, entre otros estados. En muchas ocasiones, los acuerdos alcanzados en Bucareli solo presagian más manifestaciones callejeras seguidas por una nueva ronda de exigencias que deben ser zanjadas con más concesiones.

Manga ancha a docentes

Las minutas gubernamentales, obtenidas por MILENIO vía la Ley Federal de Transparencia, trazan una línea de tiempo del conflicto magisterial que ha corrido en el presente sexenio, un periodo que arranca el 8 de mayo de 2013, con la primera negociación de la que se tiene registro en Gobernación, hasta el 11 de febrero de 2015, fecha del último documento desclasificado y en el que se abordan las discusiones con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg). En total contienen detalles de 10 rondas de negociaciones encabezadas por la subsecretaría de Gobernación, a cargo de Luis Miranda, en las que la coordinadora suele salir airosa.

La primera minuta está fechada el 8 de mayo de 2013 y registra una reunión encabezada por el subsecretario Miranda y los subsecretarios de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán, y de Educación Básica, Alba Martínez. Como interlocutores tenían una comisión de maestros disidentes de las secciones 3 de Baja California, 7 de Chiapas, 9, 10 y 11 del Distrito Federal, 13 de Guanajuato, 14 de Guerrero, 15 de Hidalgo, 17 del Valle de Toluca y 18 de Michoacán, entre otras.

"Ambas partes se comprometen a privilegiar el diálogo como una vía de construcción de propuestas orientadas al mejoramiento de la educación", se acordó ese día. Pero horas después y como lo haría de forma reiterada, la CNTE dio reversa a lo acordado. Se plantó en el Zócalo de la Ciudad de México por más de cuatro meses.

La siguiente minuta está fechada el 2 de octubre de 2013, solo tres semanas después de que la coordinadora y sus aliados de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca fueran desalojados por fuerzas federales de la Plaza de la Constitución. Registra el encuentro sostenido por los líderes de la sección 22, Rubén Núñez, y 18, Juan José Ortega, con el subsecretario Miranda.

"En la Ciudad de México se reunieron los representantes de la Secretaría de Gobernación con miembros de la Comisión Nacional Única Negociadora", inicia el documento. En éste se detallan las tres exigencias con las que la coordinadora arribó a la reunión: 1. revisión de la reforma educativa; 2. exigir al gobierno federal que los trabajadores de la educación participen de manera directa en la creación de un nuevo modelo educativo nacional, y 3. demanda del cese a la represión física, administrativa y laboral de todos los trabajadores de la educación.

A esas demandas el gobierno federal respondió con la promesa de organizar mesas de diálogo y actuar como "interlocutor" con todos los gobiernos de los estados que los maestros pidieran. Incluso concedió a la Comisión Nacional Única Negociadora la posibilidad de participar como representante legal y formal de la CNTE en entidades en las que no tuviera presencia organizada el magisterio disidente, lo que le confirió un estatus verdaderamente nacional: de ser una organización limitada a algunos estados, se le dio la oportunidad de negociar en todo el país.

"En los casos en donde no exista representación formal de la SNTE-CNTE, pero sí adherentes a ésta, será la Comisión Nacional Única Negociadora su representante ante las autoridades estatales", aceptó Gobernación, que también se comprometió a emitir "las recomendaciones pertinentes" a los gobiernos estatales para que respetasen los derechos de los trabajadores de la educación. Es decir, para que no cesaran a quienes estaban ausentes de sus plazas por encontrarse movilizados.

Los documentos también revelan que en casi dos años la coordinadora ha obligado a una decena de funcionarios de alto nivel a sentarse a la mesa. Ante el magisterio disidente han desfilado el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y representantes de los gobiernos de Oaxaca y Guerrero —incluido el gobernador oaxaqueño, Gabino Cué,—, así como altos funcionarios de las secretarías de Educación y de Hacienda.

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La siguiente reunión entre Gobernación y el magisterio radical se llevó a cabo el 5 de noviembre de ese año, cuando caravanas motorizadas de la CNTE convergían de todo el país en la Ciudad de México para ejercer presión. Una vez más, vino la muestra de músculo al exterior del Palacio de Covián, donde se congregaron cientos de maestros.

Y la batalla, al menos en el papel, la ganaron. Al calce de un rótulo de la Subsecretaría de Gobierno, el documento enumera una serie de concesiones hechas por el gobierno federal, que se comprometió a que "Ningún maestro en servicio podrá ser despedido como consecuencia de un mal resultado en las evaluaciones practicadas" y a que "los maestros conservarán los derechos adquiridos a lo largo de su carrera magisterial".

También se cedió en uno de los puntos más reclamados por la coordinadora: desdentar las evaluaciones y abrir su confección a la CNTE. "Los maestros participarán de manera activa en el diseño de las evaluaciones, las cuales ayudarán a conocer sus fortalezas y debilidades, tomando en cuenta en todo momento la diversidad entre las diferentes regiones del país", se establece.

A esa reunión la CNTE llegó tras semanas de no mostrar ninguna señal de ceder en sus movilizaciones y con el zócalo de Oaxaca y el Monumento a la Revolución transformados en enormes campamentos. A manera de respuesta, obtuvo de Bucareli el compromiso de que también se evaluaría a las autoridades del magisterio, pagos extras para los maestros que participaran en escuelas de tiempo completo, "incentivos de carácter económico" para los maestros que mostrasen buen desempeño y "promociones". Gobernación renunció a la designación de nuevos maestros y hasta prometió que sólo serían admitidos en el magisterio "aquellos que cuenten con vocación de servicio y preparación académica", una promesa particularmente llamativa que se hizo ante la CNTE pero no ante el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

En torno a la reforma educativa, el subsecretario Miranda accedió a siete demandas, entre las que destacan no permitir que ningún maestro perdiera su plaza por ésta. Más allá, se prometió a todos los educadores que reprobasen sus evaluaciones que no serían ni despedidos ni separados del cargo. Tampoco se les impondrían castigos o sanciones.

Las siguientes minutas muestran más acuerdos y concesiones del gobierno federal. El 13 de enero de 2014 se llevó a cabo otra reunión en Gobernación. De un lado se hallaba la comisión única negociadora. Del otro acudieron el subsecretario Miranda, el gobernador Cué y directivos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Por primera vez también estuvieron presentes oficiales con control presupuestal y capacidad de asignación de millones de pesos: el director general de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, Rodolfo Alor, y la directora general de Política Presupuestaria de Hacienda, María Teresa Castro.

En esa ocasión la Subsecretaría de Gobernación accedió a pagar la segunda parte del aguinaldo de los maestros de la sección 22 que no lo hubieran recibido —los mismos docentes que llevaban ya cinco meses en la Ciudad de México sin trabajar—, además de darles otro pago quincenal.

Pero las negociaciones no se circunscribieron al ámbito oaxaqueño. El 15 de febrero pasado, tras meses de movilizaciones radicales y con integrantes del brazo de la CNTE en Guerrero, la Ceteg logró lo mismo: promesas de pagos de quincenas atrasadas y regularización de plazas.

Todo ello, pese a que la Ceteg cumplía por esas fechas cuatro meses de abierta resistencia contra el gobierno federal, ocupando una veintena de ciudades en apoyo al movimiento de los normalistas de Ayotzinapa.

