Hombres, con rezago educativo, provenientes de los barrios más pobres, principalmente de Montevideo y de hogares monoparentales, y que tienen o tuvieron a familiares presos. Así son los adolescentes que se encuentran privados de libertad en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), de acuerdo a un informe elaborado por técnicos de la Facultad de Psicología, el Consejo de Formación en Educación (CFE) y Unicef.

El relevamiento se realizó entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 en todos los centros del Inisa y fue publicado en octubre pasado. En total fueron consultados 265 de los 346 adolescentes privados de libertad, una cifra que representa al 77% del total de los internados.

El informe da cuenta que casi la mitad de los adolescentes relevados (42%) tenía familiares presos, mientras que más de dos de cada tres (67%) los había tenido en el pasado. Entre los familiares que estaban presos en el momento de la entrevista se destacan en primer lugar los tíos, abuelos y primos, seguidos de hermanos y padres.

La edad promedio de los adolescentes privados de libertad es de 17 años para los hombres, que representan el 97% del total, y 17,5 años para las mujeres. Más de la mitad de los internados es de Montevideo, mientras que el 44% vive en el interior. Dentro de la capital, se observa una concentración territorial de quienes vivían en los municipios A (Cerro, Cerro Norte, Casabó), D (Manga, Piedras Blancas, Casavalle) y F (Villa García, Villa Española, Flor de Maroñas), “que son los que presentan mayor porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza”, señala el trabajo.

A su vez, el 45% manifestó que previamente había tenido "algún tipo de contacto con el sistema penal juvenil". Entre estos, 63 habían cumplido medidas de privación de libertad, 30 tuvieron tanto sanciones privativas como no privativas de libertad y 24 tuvieron medidas no privativas de libertad.

Nicolas Garrido

“El análisis muestra que al aumentar la edad crece el porcentaje de adolescentes que han tenido experiencias previas en el sistema penal juvenil. Esto parece mostrar que el cumplimiento de una sanción penal no necesariamente interrumpe las trayectorias delictivas, e incluso podría expresar lo contrario: que haber pasado por privación de libertad aumenta la posibilidad de reincidir. Si bien estos datos son preliminares y merecerían mayor profundización y seguimiento, parecen reafirmar lo que muestra la evidencia internacional: lejos de resocializar, el encierro desde corta edad tiene consecuencias graves para el desarrollo de los adolescentes y aumenta la probabilidad de que vuelvan a cometer infracciones”, agrega el texto.

Rezago educativo y consumo de medicamentos

El trabajo realizado por Mabela Ruiz, Diego Silva, María Gutiérrez y Lucía Vernazza, también indagó acerca de la educación de los internados y llegó a la conclusión de la existencia de “trayectorias educativas truncas”, ya que el 91% tiene dos años o más de retraso educativo. Además, 27 adolescentes manifestaron no haber terminado la escuela, mientras que 3 dijeron no haber ido nunca a Primaria. Al momento del relevamiento, solo el 3% estaba en el nivel educativo esperado para su edad, seguido de un 5% que había culminado el ciclo básico de Secundaria.

Pese al “importante rezago” el informe señala que hay una “mejora” en el nivel educativo alcanzado respecto al 2008, el cual se refleja en un aumento porcentual de los adolescentes que tienen ciclo básico incompleto como máximo nivel educativo, ya que este grupo pasó del 30,1% del total de adolescentes privados de libertad al 57% en 2018.

El consumo de medicamentos es un aspecto de alta relevancia entre los privados de libertad. Un 56% dijo consumir medicación psiquiátrica, mientras que un 82% de ellos dijo que lo hacía para poder dormir.

Los investigadores hallaron un aumento en el consumo a medida que los adolescentes estaban más horas internados. “Entre quienes registraban menos de 12 horas diarias dentro de la celda, consumía medicación un 32%, mientras que entre quienes pasaban en ella entre 12 y 18 horas lo hacía un 52%, y esta cifra crecía a un 67% entre los adolescentes que pasaban dentro de la celda más de 18 horas por día”, señalan los autores.

Composición familiar

Entre los internados también se observan realidades diferentes respecto a la composición familiar. Un tercio de los consultados (34%) dijo que vivía en un hogar monoparental, encabezado principalmente por una mujer. En tanto, un 9% dijo que no vivía con ninguna “figura adulta referente” y el 11% manifestó tener hijos. De estos 29 adolescentes, 28 tenían un hijo y un varón tenía dos. De los 30 niños y niñas, 11 nacieron estando su padre privado de libertad.

Condiciones del encierro

El informe concluyó que existe un “trato cruel e inhumano” ya que ocho de cada diez adolescentes están más de 12 horas diarias dentro de las celdas, y cinco de cada diez pasan más de 18 horas encerrados. En este lugar realizan sus actividades cotidianas de descanso, alimentación, higiene, ocio y recreación.

Dieciséis adolescentes declararon haber tenido que hacer sus necesidades en la celda porque no tenían inodoro, y uno de cada dos dijo que no contaban con agua potable para beber. Los investigadores también indagaron sobre el agua caliente en las duchas, y solamente 155 (58%) dijeron que tenían “siempre”, mientras que 37 afirmaron que no contaban con duchas con agua caliente.

El informe también indica que al menos un día a la semana el número de personas superó al de camas disponibles, y un 17% afirmó que en todo ese lapso hubo más colchones que camas.

“Las malas condiciones de ventilación relevadas, combinadas con los datos recogidos sobre la disponibilidad de agua potable en la celda, así como la situación de hacer allí las necesidades fisiológicas, configuran una situación sanitaria comprometida”, subraya el texto.

Delitos

Por último, el informe señala que el 80,6% de las infracciones cometidas por los adolescentes en 2017 fueron contra la propiedad, el 50,6% se produjo sin ningún tipo de violencia contra las personas (43,7% hurto y 6,9% receptación) y el 30% correspondió a rapiñas desde amenazas, hasta el porte de armas y la agresión física. Las infracciones contra las personas representaron el 6,3%, del cual el 3,6% fueron lesiones personales y el 2,7% homicidios, según datos del Poder Judicial.