Este país no recuperará un mínimo nivel de decencia hasta que el Congreso sea capaz de crear una comisión de investigación seria, y todo lo razonablemente rápida que pueda ser, para ofrecer a los ciudadanos una información exacta, comprensible y exhaustiva sobre la crisis de las entidades financieras, la actuación de los responsables del Banco de España, y del Ministerio de Economía de durante ese periodo, y el coste que todo ello supondrá para estas y las próximas generaciones de ciudadanos. Han pasado nueve años desde que empezó la crisis y la vergüenza debería impedirnos mirarnos a la cara.

¿Qué país es este, si no somos capaces de lograr que el Congreso averigüe las razones por las que hemos tenido que comprometer recursos mínimos por valor de 122.000 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas, de los que 60.000 se dan ya por perdidos?

Si esa comisión hubiera existido, quizás ya hubiéramos sabido, nosotros y los inspectores del Banco de España, qué demonios significaron las instrucciones de la dirección general de Supervisión del banco, que reveló extraordinariamente Ernesto Ekaizer en este periódico. Porque de su lectura se desprende que se dieron órdenes de no exigir el cumplimiento de la legalidad vigente y que se prohibió la entrega por escrito a las entidades de las posiciones respecto a la refinanciación de créditos hipotecarios y de consumo. La explicación ofrecida, que se trataba de “pautas acordadas para contribuir a una aplicación homogénea de esas normas”, suena como si la Guardia Civil descubriera que los camiones están circulando a 180 kilómetros por la autopista y los agentes recibieran órdenes de no entregar multas por escrito, sino de advertirles oralmente de que el límite seguía estando en 120, todo ello con el ánimo de “homogeneizar la situación”. ¿Homogenizar qué? Aristóbulo de Juan escribió: “La mala gestión y una supervisión tolerante o ineficaz pueden tener más importancia incluso que los factores macro como causa y como agravante de insolvencia de las entidades”. ¿Es lo que ha pasado en España?

Pocas cosas han quedado aclaradas. Pero sí se puede estar ya seguro de algunas: el coste del rescate del sistema financiero ha sido brutal y la opacidad que rodea todo este proceso se explica únicamente porque se trata de cosas extraordinariamente turbias, que afectan a personas concretas.

El pretexto es que una investigación de ese tipo arrasaría con el prestigio de instituciones imprescindibles para el país, pero si de lo que se trata es del prestigio del Banco de España, por ejemplo, quienes lo han sostenido a pulso han sido sus inspectores y peritos, capaces de mantener su independencia en circunstancias muy difíciles, y no esa extraña cúpula de Supervisión y Regulación para la que la prudencia se confundió con descuido. ¿Cómo es posible que el Banco de España no haya abierto una investigación independiente para aclarar responsabilidades internas?

No se trata de socavar el prestigio del Banco de España, sino de impedir que el socavón por debajo del Parlamento se termine tragando el prestigio de la democracia representativa. Y ese socavón es ya enorme porque, como contó Fernando Garea, PP y PSOE se las arreglan para bloquear las comisiones de investigación, truco tras truco. La prueba: el 17 de septiembre se aprobó una comisión de investigación sobre el ministerio del Interior, a raíz de actuaciones ilícitas en Cataluña, pero estamos en febrero y ni siquiera se ha constituido, porque PP y PSOE alegan que el exministro está enfermo, como si esa circunstancia les impidiera reunirse y solicitar otros testimonios o documentos. Para colmo, la costumbre es que solo funcione una comisión de investigación a la vez, así que mientras Fernández Díaz este enfermo, el Congreso español no investigará nada. Ridículo.

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