A punto de concluir la instrucción del caso Bankia, que podría sentar de nuevo en el banquillo al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, la Audiencia Nacional se prepara para investigar los desmanes de Catalunya Caixa durante el tiempo en el que estuvo al frente de la entidad Narcís Serra.

Tras dejar la política activa, ambos exvicepresidentes se volcaron en el sector privado, y sus carreras desembocaron en la presidencia de una entidad financiera, Caja Madrid para Rodrigo Rato y Caixa Catalunya para Narcís Serra.

La gestión de Rato al frente de la caja madrileña le ha supuesto una condena de cuatro años y seis meses de cárcel por apropiación indebida en el caso de las tarjetas «black» y puede llevarle de nuevo al banquillo si el juez que investiga la salida a bolsa de Bankia decide abrir juicio oral y acusarle tras cinco años de instrucción.

En el caso Bankia, Rato está siendo investigado junto con varias decenas de exdirectivos de la entidad y de organismos como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por falseamiento de cuentas en la salida a bolsa e irregularidades fiscales.

La instrucción se inició en 2012 y cinco años después el titular del juzgado central de instrucción nº 4, Fernando Andreu, está listo para cerrar el caos o abrir juicio oral.

En cuanto a Narcís Serra, que fue vicepresidente del Gobierno con Felipe González entre 1991 y 1995, llegó a la presidencia de Catalunya Caixa diez años después de dejar la política, tras unos años centrado en el sector privado, como consejero de las filiales de Telefónica en Brasil y Chile.

En 2005 se puso al frente de Catalunya Caixa, fruto de la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona, entidad que recibió un total de 13.221 millones de euros en ayudas públicas y que ahora se ha convertido para él en un quebradero de cabeza por partida doble.

Ante el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), sindicato de las antiguas cajas, ha solicitado la apertura de juicio oral contra Serra y el ex director general de la entidad, Adolf Todó, a los que acusa de administración desleal por los sobresueldos que cobraron a partir de 2010.

La CIC solicita seis años de prisión para Todó, al que atribuye también un delito de apropiación indebida, y cuatro años para Serra; al ex director general le pide que abone 112.015 euros en concepto de responsabilidad civil y otros 696.548 euros de las retribuciones irregularmente recibidas.

Asimismo, Serra, Todó y otros cuarenta exdirectivos de la entidad también acusados deberían abonar de forma solidaria 5,12 millones de euros en concepto de indemnización a la caja por las aportaciones realizadas a planes de pensiones, así como el pago de una fianza de 5,9 millones de euros.

Y en Madrid, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ya investiga a Serra, Todó y otros trece altos cargos por presunta administración desleal en la entidad, que habría originado un agujero de más de 720 millones de euros.

Se trata de una serie de operaciones inmobiliarias efectuadas entre los años 2000 y 2013, en los que la caja entró con una participación de aproximadamente el 50 % junto con otros socios, y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Promotora Catalunya Mediterránea (PROCAM).

En el escrito de acusación, el fiscal Fernando Maldonado distingue dos períodos, el primero entre 2000 y 2007, cuando se tomaron decisiones de inversión y de adquisición de compromisos económicos «relevantes», y entre 2008 y 2013, momento en el que ya se hizo patente la imposibilidad de desarrollar los proyectos.

Lo que el juez quiere aclarar es si los órganos de gobierno de la entidad bancaria aprobaron intervenir en promociones inmobiliarias en España, Polonia y Portugal en las que se adquirían terrenos no urbanizables o calificados de especial interés, lo que suponía «un riesgo en la inversión».

La entidad habría adquirido inmuebles y «compromisos económicos relevantes» y habría concedido créditos «desproporcionados», y habría acometido inversiones cuyos avales eran la mera palabra del socio, sin informes externos independientes, sin valoraciones adecuadas y sin un análisis exhaustivo de los riesgos.