Por un cambio burocrático se frenan los beneficios fiscales de la Ley de Economía del Conocimiento

Por un cambio burocrático se frenan los beneficios fiscales de la Ley de Economía del Conocimiento

La resolución 30/2020 publicada en el Boletín Oficial introduce cambios en la Autoridad de Aplicación. Incertidumbre hasta nuevo aviso

Los cambios en el Ministerio de Desarrollo Productivo y la creación de una subsecretaría de Economía del conocimiento le pusieron un freno a la ley del mismo nombre. El cambio burocrático impedirá que, hasta que haya una nueva decisión, las empresas que exportan servicios basados en el conocimiento no accederán a ningún tipo de beneficio.

Esto incluye también a las empresas de software que durante 15 años gozaron de esta promoción y cuya ley finalizó su vigencia el pasado 31 de diciembre.

De acuerdo a la resolución 30 que se publicó en el Boletín Oficial, se dejaron sin efecto las resoluciones 1084 del ex ministerio de Producción y Trabajo y 449 de la ex secretaría de emprendedores y pequeña y mediana empresa de la misma cartera.

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A partir de ahora , el texto sostuvo que se designa como autoridad de aplicación del régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, creada mediante la ley 27.506, "a la secretaría de Industria, Economía del conocimiento y Gestión comercial externa del ministerio de Desarrollo Productivo, quedando facultada para dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para el adecuado funcionamiento del mismo".

Esto implicó, a su vez, que se suspendan también los plazos para analizar y procesar las solicitudes de adhesión a la promoción, lo que provoca que el sector, con chances de generar exportaciones por u$s15.000 millones en 10 años, entre en un período de absoluta incertidumbre.

Lo que se suspendió es su reglamentación, es decir, el modo en que se aplicaría la ley: los requisitos y obligaciones que debían cumplir las empresas para acceder al beneficio. Para que vuelvan a entrar en vigencia se necesita una nueva reglamentación. Hasta el cierre de esta edición no había precisión de parte de Producción sobre cuánto podría emitirse.

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"Hasta que no haya nueva reglamentación no rigen beneficios, como la alícuota del 15% de impuesto a las ganancias (en lugar del 30%), la doble imposición y reducción de aportes patronales, entre otros", dijo la economista Romina Gayá en las redes sociales y una de las principales especialistas del sector.

En diálogo con iProfesional consideró que un mejor camino hubiese sido dictar una nueva reglamentación que derogara la anterior a fin de no llevar incertidumbre al sector.

La continuidad de beneficios impositivos para las empresas dedicadas al desarrollo de conocimiento que, además, se exporta es uno de los principales incentivos de la Argentina para atraer nuevas inversiones en un contexto donde la mayoría de los países de la región aplica beneficios. Sin ir más lejos, Uruguay aplica 0 arancel a estas actividades. Y para las empresas cuyo principal insumo es el talento es muy fácil decidir una nueva inversión en un país o en otro cuando suceden estas cosas.

La ley de economía del conocimiento fue aprobada por todo el arco político en mayo del año pasado, luego de meses de trabajo entre el sector público y el privado. El presidente Alberto Fernández calificó a la norma como una de las cosas positivas que dejó el gobierno anterior. Pese a los consensos y a los acuerdos, a 20 días de su entrada en vigencia la norma no se puede aplicar.

La ley de promoción del software, anterior a esta normativa, permitió que el sector incrementara sus exportaciones anuales de menos de u$s200 millones en 2004/05 a u$s1.800 millones estimados para el cierre de 2019, y más de 100.000 profesionales dedicados a la actividad.