Debe reconocerse: fue sensata y oportuna la reciente orden presidencial de entregar a las instituciones de salud pública parte de lo que se les había retenido por instrucciones del propio Ejecutivo.

Aunque sea parcial e insuficiente esa entrega, resulta encomiable la rectificación, porque procede de un sujeto que hace alarde de TERCO, que nunca se equivoca y que cuando toma un mal camino, simplemente acelera.

Y digo que fue sensata y oportuna la reacción del Presidente por dos razones:

1) Evitó el estallido social inminente, que parecía inevitable. Entendió que con la salud y la vida de millones de mexicanos no debe jugar. Los reclamos de partidos (incluido Morena), de instituciones, médicos y demás personal de salud crecían en todas partes. La dureza con que los sindicatos (principalmente el del Issste) encararon al Presidente no tiene precedentes cercanos. Todo ello y la difusión mediática de la impaciencia de los pacientes, sin medicinas ni atención, doblegaron a la Divina Terquedad.

2) Tal vez alguien hizo ver al Presidente que los RECORTES al gasto en salud entran en el campo del Derecho Penal, porque son conductas típicas y punibles, es decir, constitutivas de delito. Pues no se requiere dolo al ordenar los RECORTES, basta que sean previsibles sus nefastas consecuencias y, una vez producidos sus efectos antisociales, se deben fincar responsabilidades penales. El que hoy por hoy el Presidente sea inmune es otro asunto.

Estamos ante delitos que la Ciencia Penal denomina preterintencionales, es decir, aquellos en los que el sujeto activo no buscó la lesión del bien jurídico que su acción produjo, pero cuyo resultado era previsible.

Los que con frecuencia visitamos a enfermos en hospitales del gobierno, así como más de 80 millones de derechohabientes, damos testimonio del desamparo y crueldad que éstos padecen por las pésimas condiciones en que esas instituciones operan, en donde frecuentemente faltan medicinas, equipo, personal y … hasta papel sanitario.

Si este gobierno recibió un sistema de salud pública que requiere “terapia intensiva”, incluidos más dinero y personal, no hay duda que los recientes recortes constituyen delito grave. Porque la corrupción no debe combatirse matando a las instituciones.

Cuando el Presidente dice que para la salud y la educación habrá fondos públicos “ilimitados”, estamos, por lo pronto, ante el bla, bla, bla de quien todos los días miente a mandíbula batiente. Ningún gobierno tiene recursos ilimitados para las necesidades sociales.

Mientras la autoridad no asuma políticas responsables ante la dura crítica que Germán Martínez hizo en su renuncia al IMSS, todo será aumento de dolor y de muertes evitables a los más pobres. Si Germán denunció al súbdito, y no al rey que ordenó los recortes, algún día se sabrá por qué.