Hay noticias que cobran nuevas y curiosas perspectivas cuando se colocan juntas: del mismo modo que al guiñar un ojo, con la cabeza recostada sobre la cama, la lámpara se aleja o se agiganta, la visión suele mejorar cuando uno mira en estéreo. Con un ojo leo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dice que no va a tomarse vacaciones este año porque así va adelantando trabajo. Con el otro ojo me entero que una enorme cantidad de documentación relacionada con el caso Púnica, los expedientes relativos a la adjudicación del mantenimiento del parque Polvoranca, ha sido destruida. Leídas al unísono, ambas noticias me facilitan un titular a toda página: Cifuentes necesita urgentemente unas vacaciones.

Sucede, no obstante, que la presidenta considera que las vacaciones son voluntarias, más o menos lo mismo que piensa la CEOE de muchos otros derechos de los trabajadores. Esta curiosa interpretación de la legislación laboral (en la que las jornadas de descanso, las pagas extraordinarias, los aumentos de sueldo y las horas extra dependen del capricho del empresario) es lo que ha dado como resultado el prodigioso crecimiento económico del que presumen nuestros líderes.

Sin ir más lejos, el pasado jueves me encontré con que la compañía aérea Norwegian Airlines canceló mi vuelo de regreso de Gran Canaria a Madrid. El problema no era que nos tuvieran más de cinco horas dando vueltas por el aeropuerto consultando las pantallas, ni que los pasajeros nos encontrásemos por completo desamparados, ni que, finalmente, tuviéramos que volver a pasar el control para informarnos en el mostrador de la compañía, que no se dignó en enviar a un solo representante. El problema fue que, al día siguiente, a las ocho y pico de la mañana, me encontré a la misma señorita que había atendido nuestras reclamaciones en el mostrador facturando de nuevo mi equipaje. Le pregunté cómo es que no le tocaba un turno de descanso, si el día anterior había estado trabajando hasta la medianoche, y me respondió que eso no era lo peor, que también le tocaba seguir currando por la tarde.

A lo mejor, al igual que Cifuentes, aquella mujer consideraba que el período de descanso recogido en el estatuto de los trabajadores era opcional. Probablemente todo dependiera de la curiosa reglamentación laboral que rige el negocio de las compañías aéreas, un área comercial donde se permite impunemente vender el mismo asiento varias veces o extenuar a un operario hasta que reviente.

Gracias a este ejercicio de estajanovismo desatado, el boquete documental abierto en el caso Púnica, referente a la financiación irregular del PP madrileño, va adquiriendo las dimensiones de un agujero negro. Esa gente no para de trabajar. El 14 de marzo los agentes de la UCO enviados a la sede de la empresa pública Campus de la Justicia (nombre profético donde los haya), se encontraron con que los contratos requeridos no aparecían por ningún sitio, una desaparición mágica que ya había ocurrido anteriormente con las carpetas vacías correspondientes a Arpegio, la empresa pública del suelo de Madrid, y a un contrato de publicidad del Instituto Madrileño de Desarrollo por dos millones de euros. Es evidente, ante tanto desbarajuste, que Cifuentes y todo su equipo están pidiendo a gritos unas vacaciones. De ser posible, indefinidas.