Venezuela ha ocupado numerosas páginas y minutos en los medios de comunicación locales. Muchos de ellos en España advierten de la terrible situación del país, a la vez que lo emplean como ejemplo de hasta dónde se puede llegar en situaciones extremas. No obstante, se ha de advertir que Venezuela es un caso muy particular, difícil de comparar ya no sólo con otros países de su región, sino incluso con naciones que también presentan fuerte dependencia de la exportación de materias primas, específicamente del petróleo (véase The paradox of plenty). De ahí que la comparación real en el caso venezolano debe ser con ella misma.

En un artículo de 1993, el premio Nobel Robert Lucas acuñó el término ‘milagros de crecimiento’ para referirse a economías como la de Corea del Sur, que en un período relativamente corto de tiempo (30 años) lograron transformar su sociedad e incrementar el nivel de vida de sus ciudadanos hasta equipararlo al de economías desarrolladas. Lucas identifica el continuo crecimiento del PIB per cápita como el factor clave detrás de este fenómeno, y propone tener en cuenta factores como la inversión en capital humano a la hora de elaborar teorías que expliquen patrones como el de Corea. Hoy día, ya casi un cuarto de siglo después del artículo de Lucas, entendemos que factores como el capital humano, la innovación tecnológica, las instituciones y la correcta asignación de recursos en una economía son claves, entre otros, para entender estos milagros.

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También hemos observado ejemplos de desastres de crecimiento. El más citado es Argentina, cuyo PIB per cápita en 1950 era mayor al de Japón, pero en 1990 el del país asiático era casi 10 veces mayor al de 1950, mientras que el de Argentina sólo 1,2 veces. Esto se traduce en que el producto por persona japonés en este último año era tres veces mayor que el argentino.

Hoy día presenciamos en directo otro caso de desastre económico, Venezuela. Una nación que ha pasado de una supuesta abundancia, alimentada por los altos precios del petróleo, a un colapso financiero y social no observado en economías con dependencia similar a los hidrocarburos. No es sólo una cuestión de primas de riesgo (de las más altas del mundo), inflación (la más alta del mundo) y déficit fiscal (el más alto del mundo), sino de que una importante parte de la población no accede a alimentos y otros bienes de primera necesidad, de personas fallecidas por falta de medicamentos, de racionamientos de energía eléctrica y de cinco ciudades del país que se encuentran entre las 20 más peligrosas del mundo.

La mala gestión de la reciente abundancia económica ha sido notable: entre 2005 y 2013, el ingreso fiscal real se incrementó un 14,6%, mientras que el gasto público real lo hizo un 31%. La expansión fiscal benefició a una parte importante de la población, pero el mecanismo de distribución de la renta petrolera se ha basado en una serie de subsidios directos e indirectos, realizados no a través de la construcción de un Estado formal del Bienestar, sino mediante un esquema de controles de precios sobre los productos básicos y otro control de las divisas, que se asignaban de forma discrecional a un precio artificialmente bajo. Igual que en una de las fábulas de Esopo, las buenas intenciones no han sido garantía de éxito. Este esquema de controles no sólo empeoró la condición fiscal, sino que generó una serie de incentivos perversos que contrajo la inversión privada, la producción y estimuló una importante fuga de capitales.

Analizando la historia contemporánea venezolana encontramos episodios similares. Durante el boom de los precios del petróleo de los años 70, se experimentó una expansión fiscal que superó ampliamente los ingresos y disparó el endeudamiento público. La redistribución de ingresos también se realizó mediante un sistema de subsidios basados en controles de precios, divisas y tipos de interés. ¿Qué ocurrió cuando acabó el encarecimiento del precio del crudo? Según cifras del Banco Mundial, el PIB per cápita cayó un 55% entre 1981 y 1989; es decir, se redujo en más de la mitad. Al menos, no se llegó a la crítica situación actual.

Hemos de preguntarnos por qué, con la experiencia anterior y bajo un sistema político distinto, se han cometido errores similares, aunque no idénticos, en cuanto al manejo de la abundancia. La respuesta hay que buscarla en un elemento común: el petróleo.

La explotación comercial del crudo a gran escala desde el final de la segunda década del siglo XX permitió transformar Venezuela de una economía rural a una relativamente moderna, en la que todos los indicadores sociales y económicos presentaron una increíble mejora. Pero la literatura, tanto de la Ciencia Política como la Económica, nos muestra algunos baches en este camino.

Existen trabajos que señalan que el petróleo fue un factor clave a la hora de moldear las instituciones políticas en Venezuela (ver Coronil, de1997; Karl, del mismo año, y Naím y Piñango, de 1984). Específicamente, la creación de un Estado clientelar basado en el reparto de prebendas alimentadas por la renta petrolera. Esto permitió incurrir en comportamientos fiscalmente irresponsables, ya que no existía necesidad de incrementar la presión fiscal y, por ende, no había resistencia social a este comportamiento. Pero asimismo, permitió posponer el establecimiento de instituciones que resolvieran los conflictos políticos, ya que el petróleo actuaba como un bálsamo que permitía conciliar las disputas sociales sin la existencia de perdedores aparentes. Adicionalmente, incentivó la creación de bolsas de renta, a través de la imposición de controles que permitían que unos privilegiados disfrutaran de las oportunidades de arbitraje y del uso de organismos oficiales como intermediarios de extracción de rentas entre el sector público y el privado, lo cual se vio reflejado en una deficiente provisión de servicios públicos.

Desde el punto de vista económico, los ingentes ingresos petroleros en presencia de un débil entorno institucional permitieron que se llevaran a cabo ciertas acciones políticas que, al igual que la fábula citada arriba, no alcanzaron los objetivos deseados a pesar de sus buenas intenciones. Entre ellas encontramos programas de diversificación productiva a través de la creación de grandes empresas públicas, principalmente en el sector de materias primas y el de los procesos inmediatos de transformación; pero sin alcanzar los de alto valor añadido. También, políticas de protección al empresariado local que acabaron generando una serie de intereses creados que culminaron en grupos de presión que, intentando resguardar cuota de renta petrolera, sirvieron de muro de contención a cualquier cambio en esta estrategia.

Se ha cuantificado (Bello, Blyde y Restuccia, de 2011) que el coste en términos de PIB (medido como el porcentaje perdido comparado al de una economía sin estas distorsiones) ha sido de entre el 20% y el 47% por la mala asignación de recursos como consecuencia de las políticas descritas.

Como señala la literatura reciente, el fracaso venezolano pudiera ser consecuencia de una debilidad institucional que ha derivado en una nefasta asignación de recursos económicos, incentivos a adoptar políticas económicas con unos altos costes futuros pero con un gran rédito inmediato, y un comportamiento de las élites económicas y políticas que se resisten a abandonar un modelo clientelar; rasgos que se han reproducido con gobiernos de color político muy distinto.

La principal labor de cualquier estrategia de salida de esta situación crítica es la reconstrucción institucional de un país en el que el Estado no es capaz de proveer adecuadamente servicios básicos como salud y seguridad, no posee la capacidad de seguir reglas básicas de política económica que garanticen la sostenibilidad fiscal necesaria y que debe abandonar, urgentemente, un modelo de reparto de renta no compatible con uno de los principales motores del desarrollo: instituciones impersonales cuyo objetivo último sea el bienestar de todos los ciudadanos.