El organismo que vigila la competencia en Cataluña apenas ha tardado una semana en desacreditar el decreto ley de la Generalitat para regular las VTC. "El decreto del Govern es negativo para el usuario y para el ciudadano en general: crea artificialmente ineficiencias en el servicio, es incoherente con los objetivos medioambientales y además discrimina operadores", expone a EL MUNDO Marcel Coderch, presidente de Autoritat Catalana de la Competència (ACCO).

Así, el organismo "recomienda la no convalidación parlamentaria" del decreto ley, un llamamiento a los grupos poríticos para que frenen en la Cámara la regulación auspiciada por la Generalitat, para la que se han tenido muy en cuenta las reclamaciones de los taxistas.

Aunque el Parlament dispone del plazo de un mes para la convalidación, ese plazo está actualmente interrumpido, puesto que Ciudadanos ha trasladado el mencionado decreto al Consell de Garanties Estatutàries, con el objetivo de que éste se pronuncie sobre si encaja en la normativa vigente, incluida la Constitución Española.

En opinión de ACCO, los servicios entre VTC y taxi son "equivalentes" y, por consiguiente, "la regulación no tendría que crear entornos diferenciados entre los operadores". Por eso, Competéncia demanda "un marco regulatorio común", como se viene pidiendo en el sector empresarial en torno a las VTC, si bien el Ministerio de Fomento ha insistido en que las competencias centrales ya están transferidas. En esa misma línea ya se ha manifestado la CNMC, comisión atenta a la comptetencia

"Sugerimos la no convalidación del referido Decreto Ley y nos ponemos a disposición de los diferentes grupos parlamentarios para atender sus requerimientos de información", expresa el organismo.

15 minutos y más allá

La nueva regulación catalana introduce un tiempo mínimo de precontratación de 15 minutos para los vehículos de transporte con conductor (VTC) -en la línea de lo solicitado por el sector del taxi durante sus huelgas en Madrid y Barcelona-, prohíbe el estacionamiento en la calle -para poner en valor las paradas establecidas para los taxis- y prohíbe el uso de la geolocalización -sin ésta se desincentiva solicitud de un viaje en función de la cercanía-. "Es un contrasentido restringir la actividad de VTC cuando es el modelo de actividad más eficiente en términos económicos y medioambientales", argumenta además el organismo catalán.

El informe de regulación emitido, no obstante, carece de fuerza para impugnar la nueva norma liderada por el conseller de Territori Damià Calvet, que ha provocado el adiós de plataformas de movilidad que trabajan con los poseedores y gestores de licencias VTC. Así, Uber y Cabify ya han suspendido su servicio en Barcelona.

Sin embargo, ACCO da un aviso al respecto de futuros pronunciamientos cualquier reglamento derivado del decreto ley. Una norma del ámbito local, incluida cualquiera del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), sí puede ser tumbada por el organismo supervisor. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, así como el entorno de la regidora, han manifestado ya su predisposición de aumentar hasta una hora el período de precontratación. El decreto de la Generalitat lo ha posibilitado de manera explícita, al especificar que "los entes locales" pueden "aumentar" la extensión de tiempo.

"Se podrá llevar a los tribunales"

"Cuando llegue a nivel local, esto se podrá llevar a los tribunales", advierte Coderch sobre una regulación que amenaza con llegar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La mención en el decreto ley al respecto del incremento de ese lapso puede obstaculizar los recursos de la Competencia catalana.

"La dirección a la que se debe encaminar la movilidad no es la que marca este decreto ley, sino la del mercado", advierte el presidente de ACCO en conversación con este periódico: "Han ido en contra de la competencia".

A finales de enero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) entróde lleno en el conflicto con un informe contundente en el que tachaba como "injustificada" la obligación de establecer una precontratación. "Estas nuevas restricciones sobre la competencia incidirán negativamente sobre el servicio prestado a los usuarios finales, elevando los precios del transporte urbano e interurbano, reduciendo su disponibilidad y aumentando los tiempos de espera para los usuarios, reduciendo la calidad del servicio prestado y desincentivando la innovación de taxis y VTC", lamentó entonces la CNMC.