MADRID.- El empresario Alejandro Pons Dols ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción en el que reconoce que pagó más de 31.000 euros al Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) para financiar sus campañas electorales.



Pons ha presentado este escrito, adelantado por la Cadena Ser, después de que otros dos empresarios confesaran también pagos irregulares a la formación política. Fue el caso del empresario Enrique Ortiz, dueño de Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, integrado en el Grupo Cívica, y su subordinado José Francisco Beviá.



Ortiz expresó su conformidad con los hechos descritos por Anticorrupción y el PSPV, personado como acusación popular, y reconoció haber abonado 348.115 euros a la formación para la organización de las campañas de las elecciones generales de 2008, las segundas en las que Rajoy se postuló como candidato a la Presidencia del Gobierno. La Fiscalía ha pedido rebajar las penas de Ortiz y Beviá a un año y tres meses de cárcel para cada uno, informaron fuentes jurídicas.



Ahora son los abogados del empresario Alejandro Pons quienes han modificado el escrito de defensa de su cliente en el sentido de admitir los hechos que son objeto de acusación por parte del Ministerio Público y la acusación popular y por los que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata abrió juicio oral el pasado 26 de febrero.



En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado se muestra de acuerdo con que se le imponga un año de prisión por un delito de falsedad en documento mercantil y otros nueve meses de cárcel por tres delitos electorales junto al pago de multas con la aplicación de las circunstancias atenuantes de confesión tardía y dilaciones indebidas.



Una veintena de acusados en el banquillo



Pons solicita el respaldo de las acusaciones para que se le conceda el beneficio de suspender la ejecución de las penas de prisión, al tiempo que explica que ha aportado un aval bancario por importe de 43.600 euros respecto a las responsabilidades pecuniarias.



En concreto, la Fiscalía señalaba que la compañía Piaf S.L. por decisión de sus consejeros Antonio y Alejandro Pons Dols entregó al PPCV en 2007 un total de 26.912 euros y otros 4.400 euros en 2008.



La empresa de la 'Gürtel' Orange Market elaboró diversas facturas para dar cobertura a la entrega bajo conceptos "inveraces" sobre vallas publicitarias y publicidad. "Orange Market elaboró la segunda factura, que no llegó a entregar pese a que sí recibió el pago", añade en su escrito provisional de acusación.



Pons se encuentra entre las 20 personas que se sentarán en el banquillo en los próximos meses por financiar de forma ilegal el PPCV entre 2007 y 2008, en concreto las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.



Entre los acusados se encuentran también el presunto líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa; su 'número dos', Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. Además, se acusa a cinco ex altos cargos de la formación política, entre ellos Ricardo Costa y Vicente Rambla.



El resto de acusados son empresarios radicados en la Comunitat Valenciana sospechosos de financiar de forma irregular el partido a nivel regional, entre los que figuran el ex consejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín y el sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, Vicente Cotino.



La empresa de la trama Orange Market en 2004 con la realización de actos para el PP en la ciudad o la presentación de la America's Cup y la Cámara de Comercio. En 2006, el PPCV empezó a contratar a Orange Market para preparar sus campañas autonómicas y municipales. Por ejemplo, abonó, sin tributar ni contabilizar, unos 1,15 millones en las autonómicas de 2007 y un total de 78.878 euros en las municipales de ese año por actos, entre los que se encontraba uno protagonizado por el presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy en Alicante (16.882 euros).



Según el juez, el sistema de pago de los gastos que realizaba Orange Market para el partido se abonó "presuntamente de forma dual, es decir que al menos una parte relevante se abonó con cantidades económicas ajenas al circuito económico legal, mientras otra se hacía de forma legal mediante la emisión de factura".