Audiencia Nacional

El juez imputa estafa, administración desleal y asociación ilícita a una veintena de responsables de la entidad, entre ellos, Blesa y Sánchez Barcoj

Anticorrupción se oponía a la admisión a trámite de la querella al entender que los hechos denunciados eran práctica habitual de todas las entidades

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido a trámite una querella dirigida contra una veintena de los que fueron responsables de Caja Madrid por la concesión sistemática de préstamos hipotecarios con tasaciones sobrevaloradas entre 2003 y 2009.

La querella presentada por dos particulares, socios de Bankia, atribuye a los que eran responsables de Caja Madrid, entre los que se encuentran su presidente, Miguel Blesa, los delitos de estafa, administración desleal, falsedad documental, asociación ilícita y los que puedan aparecer en el transcurso de la investigación.

Una vez admitida a trámite la querella, que no ha sido apoyada por la Fiscalía, el magistrado tomará declaración como investigados (nueva denominación de los imputados) a Blesa, a Ildefonso Sánchez Barcoj (como responsable de la Dirección General Financiera y de Medios); al ex gerente de riesgos, Ramón Martínez Vilchez, y al que era director general de Tasaciones Madrid Ignacio de Navascues.

La querella relata las conductas desarrolladas en Caja Madrid entre 2003 y 2009, en el período anterior al estallido de la crisis y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria, en relación con lo que los querellantes califican de "práctica sistemática de sobrevalorar inmuebles constituidos en garantías de préstamos hipotecarios y la concesión de préstamos que no debieron haberse concedido".

Según la querella, esa práctica consistiría en que Tasaciones Madrid valoraba de forma sistemática los inmuebles hipotecados por encima de su precio, para que no se detectara que se concedían por un valor superior al 100% del bien.

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la admisión de la querella al entender que esa práctica de sobrevalorar las tasaciones fue generalizada en todas las entidades, por lo que los hechos de la querella no tenían relevancia penal.

En cambio, el juez argumenta que procede investigar esas conductas denunciadas en el escrito, independientemente de que estuvieran extendidas incluso en toda Europa. Añade que, de tener relevancia penal, encajarían en delitos competencia de la Audiencia Nacional en tanto que esos hechos habrían ocasionado una grave repercusión en la economía nacional, al haber afectado a miles de clientes y haber producido pérdidas millonarias a la entidad.

El magistrado agrega que "el hecho de que la sobrevaloracion de las tasaciones pudiera haber sido en España y otros países una práctica generalizada en el período anterior al estallido de la crisis de 2008 y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria, no puede justificar cualquier práctica".

Después de incorporar un informe de la Inspección del Banco de España el magistrado concluye que en esta fase inicial se sustenta indiciariamente que la tasadora del grupo, Tasaciones Madrid, valoraba de forma sistemática los inmuebles hipotecados por encima del precio de los mismos.

"Al abrigo de estas sobretasaciones se concedían de forma sistemática préstamos por encima del 100% del precio de compraventa de los inmuebles hipotecados". El juez destaca que eran préstamos de "20 o más años a personas extranjeras con permisos temporales de residencia y trabajos de uno o dos años de validez", lo que derivó "en una cartera hipotecaria de alto riesgo que en ciclos de recesión, como el actual, explicaron la mayor mora comparada con el resto de las entidades del sistema y, subsiguientemente, la acumulación de pérdidas para la entidad".

En relación con las mencionadas pérdidas el juez recuerda la posición destacada de Bankia en el mercado financiero español, que llegó a tener millones de clientes y un negocio crediticio de 186.000 millones de euros, así como el impacto que ha originado en el sistema económico español su situación financiera, "y los miles de millones de caudales públicos que han debido de ser inyectados en la misma para sanearla".

El magistrado ha requerido a Bankia, como sucesora de Caja Madrid, que le certifique quienes integraban entre 2003 y 2009 el consejo de administración de la entidad, así como la comisión ejecutiva, la comisión de control, la dirección general financiera y de medios y la gerencia de riesgos.

También le ha pedido numerosa documentación, entre otras los documentos sobre su política de scoring o sistema de evaluación ante las solicitudes de préstamos en los años cuestionados, así como informes de tasaciones realizados por Tasaciones Madrid.

En el informe de la Inspección del Banco de España recibido en el juzgado se afirma que "la implantación en Caja Madrid del scoring hipotecario minorista en 2003 no fue acompañada de una normativa "clara", lo que impedía que la auditoría interna de oficinas pudiera sancionar las debilidades respecto del tipo de ingresos computados.

También destacaba la agresiva política comercial realizada por entidad entre 2005 y 2007. Hasta ese año el modelo de scoring no contemplaba como factores diferenciadores de riesgo ni el canal de entrada, ni la nacionalidad y la auditoría interna reiteraban una deficiencia en la información sobre la capacidad de pago del acreditado.