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La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid adjudicó sin concurso público el pasado año 698,9 millones de euros para contratos menores, es decir, inferiores a 18.000 euros. Las contrataciones de mayor cuantía, asignadas por concurso público, ascendieron a 703,3 millones de euros. Así, el presupuesto destinado a los contratos menores ‘opacos’ representaron el 49,8% de toda la contratación pública de la Consejería de Sanidad en 2016, según los datos recopilados por la organización madrileña Audita Sanidad basados en información del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y el Portal de Contratación Pública madrileño.

Desde Audita Sanidad se sorprenden de que los contratos menores tengan un importe similar al de los contratos mayores, que por ley sí son asignados a través de concurso, y denuncian que «puede haber indicios de corrupción o de ilegalidad y fraude», entendiendo por ‘corrupción’ la definición que aporta la organización Transparencia Internacional, es decir, aquellas prácticas que «perjudican a todos aquellos cuya vida, sustento o felicidad depende de la honradez de quienes ocupan puestos de responsabilidad». «Pensamos que los contratos menores pueden ser una puerta abierta al despilfarro y la mala gestión de recursos», señaló esta organización, que de momento está auditando los 485.119 contratos menores -la mayoría relativos a la compra de bienes- asignados por la sanidad madrileña durante 2016. Según sus estimaciones, los sobrecostes por «prácticas corruptas» en la sanidad madrileña se situaron entre 140 y 350 millones de euros.

A la opacidad de este tipo de acuerdos menores (solo se pueden consultar los adjudicados a partir de julio de 2015), se suma la pérdida de poder de negociación por parte de la Administración y la dificultad añadida que supone que estos contratos no aparezcan en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid, lo que obliga a las personas voluntarias de Audita Sanidad y a cualquier periodista a tener que solicitar información caso por caso al Portal de Transparencia.

Esta organización sin ánimo de lucro también destaca que «el 35% del importe total de la contratación se concentra en 10 empresas, sobre todo farmacéuticas; sin embargo, las empresas que producen genéricos se llevaron el 3,2% de esa contratación», explicó Cathy Boirac, del Grupo de Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), en la rueda de prensa celebrada este martes en la capital española, en la que detallaron los pormenores del informe ‘Contratación pública de la Consejería de Sanidad en 2016‘, publicado en octubre.

Otro dato revelador es el del número de concursos públicos (1.443, es decir, el 0,3% en total) comparado con el de las asignaciones sin licitación (485.119 contratos menores, el 99,7% del total). Las grandes multinacionales farmacéuticas, la mayoría extranjeras, aparecen como las principales beneficiadas tanto de los contratos menores como de los mayores (85,1% del total de contratos firmados), y ocho de cada 10 contrataciones fueron adjudicadas a grandes compañías presentes en los principales lobbies (grupos de presión) del sector sanitario.

El informe de Audita Sanidad revela que otra práctica habitual por parte de la Consejería de Sanidad de Madrid es el fraccionamiento de contratos, que «está prohibido según la Ley de Contratos del Sector Público actual y la nueva, pero es una práctica habitual en la Administración en general», según la organización, y que permite «trocear» contratos para que no superen los 18.000 euros, a partir de los cuales es obligatorio convocar concurso público. Los contratos mayores (adjudicados mediante concurso) y los menores (sin concurso) sumaron un coste de 1.402 millones de euros para la sanidad madrileña, cuyo presupuesto total en 2016 fue de 7.449 millones de euros. Según los datos más recientes de la Comisión Europea, en 2013 la sanidad pública tuvo sobrecostes de entre el 10% y el 25% debido a prácticas corruptas «que no han sido investigadas» en 15 países europeos.

La publicación de estos datos coincide con varias movilizaciones en Madrid convocadas por los sindicatos CCOO, Satse, CSIT, Amyts y UGT por los «incumplimientos» de la Consejería de Sanidad en materia de precariedad laboral dentro del sector sanitario, tales como impago de guardias, el establecimiento de la jornada de 35 horas (hoy la media es de 37,5 horas) y altos índices de temporalidad (33% en la Comunidad de Madrid), entre otros problemas. Si las autoridades y los sindicatos no alcanzan un acuerdo en los próximos días, convocarán dos días de huelga, el 13 y 14 de diciembre.

Uno de los escándalos de corrupción más destacados de los últimos años en la Sanidad madrileña saltó a los medios tras la confesión de dos funcionarios que aseguraron que el Partido Popular habría recibido el 1% de los contratos para la construcción de ocho hospitales y 57 centros de salud en Madrid (23 millones de euros en total) cuando Esperanza Aguirre presidía la comunidad autónoma.

Desde el estallido de la crisis en 2008, los recortes del presupuesto de sanidad en Madrid han ido aparejados con una creciente privatización de servicios e infraestructuras sanitarias, y un mayor traspaso de competencias al sector privado, en el que es frecuente encontrar puertas giratorias, según denunció el Observatorio Madrileño de la Salud.