El tribunal del caso Gürtel ha aceptado este martes la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Los magistrados se han sumado a la tesis de la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que había pedido sacar al líder del PP de la "urna de cristal" que le protege para que dé explicaciones sobre el mayor caso de corrupción del partido. La Fiscalía se había opuesto por considerar "innecesaria" su declaración.

Correa revela que la gran obra pública de Aznar escondía comisiones del 3% al PP

Saber más

Los tres magistrados que componen el tribunal, el presidente Ángel Hurtado y los jueces Ricardo de Prada y Julio de Diego han tomado la decisión "por mayoría", que no por unanimidad. Hurtado, que siempre se ha opuesto a la declaración de Rajoy, ha comunicado a la sala que fijará próximamente la fecha de la declaración. El tribunal ha necesitado dos recesos para tomar una decisión.

Rajoy no podrá declarar por escrito porque los hechos sobre los que se le preguntará no se refieren a su etapa como presidente del Gobierno. La ley prevé que pueda prestar declaración desde su despacho por razón de su cargo, pero fuentes jurídicas indican que también puede hacerlo presencialmente, acudiendo a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, donde se desarrolla el juicio.

En su condición de testigo, Rajoy tiene obligación de contestar a todas las preguntas que se le hagan y de decir la verdad. Será el primer presidente del Gobierno que declara presencialmente ante un tribunal estando en ejercicio de su cargo. Felipe González lo hizo por escrito en 1991 por los GAL y presencialmente en 1998 en el Tribunal Supremo, ya como expresidente, por el caso Marey.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se habían opuesto a la citación de Rajoy. La fiscal Concepción Nicolás ha asegurado al comienzo de la sesión que su declaración no es "útil, ni necesaria", porque no hay nuevos elementos que la hagan pertinente. Además, ha añadido que Rajoy solo podría aportar nuevos datos sobre la caja B del PP, cuya existencia ya está acreditada, en palabras de la fiscal. Edmundo Bal, abogado del Estado, se ha sumado a esos argumentos y ha afirmado que la declaración sería "inútil y redundante".

El PP se opone: "Su declaración no es pertinente"

Todas las acusaciones que han tomado la palabra también se han opuesto a la citación de Rajoy argumentando que se pretende "imputarle el conocimiento y tolerancia de los hechos que se están imputando al señor Bárcenas". El abogado del PP también ha rechazado que se cite al presidente del partido: "Su declaración ni es pertinente ni es necesaria, y además puede ser absolutamente perturbadora".

El letrado de esta formación, Jesús Santos, envió el lunes un escrito al tribunal donde desarrollaba los argumentos para oponerse a la citación. En el escrito, de 15 páginas, acusa a ADADE de "obcecarse" con esta prueba, de "insistir machaconamente" y de perseguir fines ajenos a los del juicio.

El tribunal se opuso a la citación de Rajoy poco días después de que comenzase el juicio, en octubre del pasado año, tras la petición de varias acusaciones populares. Hurtado dijo entonces que en fase de instrucción también se había rechazado esta petición y dejó abierta la posibilidad de citar a Rajoy más adelante, en función de cómo se desarrollase el juicio.

Es el mismo criterio expresado por la Fiscalía: rechazó que se le llamase a declarar por el momento, "sin perjuicio" de cómo se desarrolle el proceso. La fiscal ha asegurado hoy que no hay nuevos elementos que hayan variado la situación desde el comienzo del juicio.

El magistrado que preside el tribunal dijo también que las declaraciones de tres ex secretarios generales del PP -Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y Ángel Acebes- darían respuesta a las cuestiones que justificaban la petición de que declarase Rajoy. Estos aún no han declarado.

ADADE no se dio por satisfecha con esta explicación y repitió su solicitud a finales del mes de marzo. Aseguraron que separar responsabilidades políticas y las económicas "supondría otorgar patente de corso a los responsables políticos quienes (...) desde su posición de testigos, algo, mucho, tendrían que decir sobre lo sucedido, con independencia de que penalmente puedan no ser responsables".