El hueco que deja el diablo es el título de un interesante estudio elaborado por varios profesores de la Universidad de Zaragoza, y publicado por Fedea en 2014. En este documento los autores estiman, a partir de los datos proporcionados por el Panel de Declarantes publicado por el Instituto de Estudios Fiscales, el fraude fiscal de la economía española en el IRPF.

Las conclusiones del estudio son demoledoras. A excepción de las rentas del trabajo, la infradeclaración afecta de forma muy considerable al resto de fuentes de renta, yendo desde el 45% en el caso de los ingresos provenientes de actividades económicas hasta el 60% en las rentas del capital mobiliario. También los rendimientos procedentes del capital inmobiliario resultan ampliamente infradeclarados, hasta en un 55% según el estudio. La dimensión del fraude estimado alcanza, sólo en materia de IRFP, la friolera de 20.000 millones de euros al año.

Si a esos cálculos sobre el IRPF sumamos otras estimaciones de fraude en el resto de figuras impositivas (particularmente IVA, Impuesto de Sociedades y Patrimonio), el fraude fiscal podría triplicar o cuadruplicar esa cifra, alcanzando el 6%-8% del PIB tal y como recurrentemente ha señalado Gestha.

La crisis económica ha hecho cada vez más consciente a la ciudadanía de la importancia que tiene el fraude fiscal. Investigaciones de la prensa como los conocidos Papeles de Panamá, o los Papeles de la Castellana, han ayudado también a desarrollar esta actitud crítica. En un contexto en el que las políticas de ajuste impuestas por Bruselas se han traducido en durísimos recortes sobre los servicios públicos fundamentales y han erosionado intensamente las condiciones de vida de millones de personas en nuestro país, a nadie se le escapa que cada euro de fraude no recaudado no sólo agranda el agujero fiscal de la Hacienda española, sino que además abona el terreno ideológico para exigir recortes futuros.

Obviamente no es lo mismo reducir el déficit público recortando gastos que aumentando ingresos, ni es lo mismo subir impuestos a la mayoría social que hacer que pague quien no paga. Ese es precisamente uno de los grandes desafíos que tiene nuestra economía: garantizar un Estado de Bienestar de calidad, incrementando la presión fiscal de quien no paga y reforzando la progresividad.

Las cuentas son evidentes. Entre 2009 y 2014 los Presupuestos Generales del Estado experimentaron recortes del gasto por valor de 18.500 millones de euros en sanidad y educción, 10.800 millones en materia de inversiones en infraestructuras, 7.200 millones en prestaciones por desempleo, 6.900 en política de vivienda, 2.700 en atención a las familias e infancia, 2.500 millones en atención al medio ambiente y otros tantos en I+D+i. El lector atento ya se habrá dado cuenta; la suma total de los recortes es muy similar al fraude anual estimado. Las conclusiones son evidentes: la infradotación de nuestro maltrecho Estado de Bienestar responde en buena medida a la insolidaridad de quienes defraudan.

Pero al tiempo que nos hemos hecho conscientes de esta situación, también hemos advertido que el hueco que deja el diablo –ese fraude fiscal que al final repercute en un Estado de Bienestar más frágil– tenía nombres y apellidos, y se gestionaba desde lujosos despachos de asesoría fiscal situados a veces en Panamá, y otras en el Paseo de la Castellana. Se confirma así lo que los propios técnicos de Hacienda venían apuntando desde hacía años: de los casi 60.000 millones de euros anuales de fraude fiscal estimados, el 70% corresponde a grandes fortunas, corporaciones y grandes empresas, muy por encima de las cifras relativas a pymes y autónomos.

Aquí encontramos los tres elementos que, superpuestos en el tiempo y en el espacio, han determinado la mayor crisis de desafección política que ha atravesado nuestro país en décadas: las mismas oligarquías económicas y políticas que nos han recetado recortes, austeridad fiscal y rebajas salariales, son las que se han beneficiado de una generalizada corrupción y, además, las que han contribuido a desfiscalizar la Hacienda Pública ocultando su patrimonio e incluso llevándose su dinero a paraísos fiscales.

Más aún, esas mismas oligarquías que se beneficiaron de la corrupción y/o que contribuyeron al fraude fiscal, han sido las que en 2012 se acogieron a la amnistía del gobierno del Partido Popular. Esta “regularización especial”, como la llama el PP, no sólo ha permitido legalizar ante Hacienda el patrimonio oculto de muchas fortunas –con el nocivo mensaje que esto manda al conjunto de los contribuyentes–, sino que además está facilitando que dicho afloramiento se haga a tipos muy inferiores a los inicialmente planteados. En teoría, la amnistía pretendía regularizar los patrimonios ocultos aplicando un tipo impositivo del 10% al importe del capital aflorado. Sin embargo, hoy sabemos que las fortunas que se han acogido a esta “ventana de oportunidad” están beneficiándose de porcentajes de tributación en el entorno del 1-2%.

Como reza la conocida máxima atribuida a Abraham Lincoln, “puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”. Es imprescindible que durante la próxima legislatura se aborden definitivamente medidas para perseguir mucho más intensamente el fraude fiscal en España. Profundizar nuestra democracia así lo exige.

La cuantía para considerar la comisión de un delito fiscal debe rebajarse de los 120.000 euros a los 50.000, tal y como sucede con las defraudaciones a los presupuestos de la Unión Europea. Además, debe ampliarse a diez años del plazo de prescripción de estos delitos. El próximo Congreso tendrá el reto de desarrollar un estatuto básico en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con la finalidad de blindar su autonomía y terminar con el uso partidario de la institución. Debe ser además el propio Congreso quien nombre y controle al director general de la AEAT.

Por cada euro que el Estado invierte en fraude fiscal, se recaudan entre 8 y 10 euros adicionales. Y, sin embargo, nuestro país es de los que menos invierte en esta materia en la UE. Alemania, que gasta cinco veces más en administración fiscal de lo que gasta España, tiene un inspector por cada 700 habitantes, mientras que en nuestro país dicho indicador es de un inspector por cada 2000 habitantes. Si queremos combatir eficazmente el fraude fiscal, la AEAT debería duplicar su plantilla durante la próxima legislatura para ponerse al nivel medio de la UE-28. En materia de fraude, al igual que sucede con otros problemas económicos, decisiones políticas alternativas terminan configurando realidades institucionales muy distintas. Es la hora de que España se parezca más a los países de nuestro entorno.