Durante la primera semana de junio, el Presidente Sebastián Piñera presentó el nuevo sistema de crédito que buscará reemplazar al Crédito con Aval del Estado (CAE), y al Fondo Solidario de Crédito Universitario, denominado nuevo Sistema de Financiamiento Solidario. Sin embargo, de acuerdo a un análisis de Acción Educar, el proyecto perjudicaría a los sectores de menores ingresos.

El proyecto establece que el crédito será otorgado en Unidades Tributarias Mensuales (UTM) hasta el total del arancel regulado más un porcentaje variable de la brecha entre el arancel regulado y el arancel real, el que variará según nivel socioeconómico del beneficiario del crédito y el nivel de acreditación de la institución donde se matricule. La brecha que no sea cubierta podría ser financiada con una beca de la universidad. Asimismo, las Instituciones de Educación Superior (IES) no pueden cobrar copago a quienes estén en el 60% de menos ingresos.

En Chile, la condición socioeconómica se establece por deciles, los que son divididos según la siguiente categorización:

– 1º decil: desde $0 a $48.750 ingresos por persona

– 2º decil: $48.751 a $74.969 ingresos por persona

– 3º decil: $74.970 a $100.709 ingresos por persona

– 4º decil: $100.710 a $125.558 ingresos por persona

– 5º decil: $125.559 a $154.166 ingresos por persona

– 6º decil: $154.167 a $193.104 ingresos por persona

– 7º decil: $193.105 a $250.663 ingresos por persona

– 8º decil: $250.664 a $352.743 ingresos por persona

– 9º decil: $352.744 a $611.728 ingresos por persona

– 10º decil: $611.729 y más

De esta forma, ante una carrera con un costo de $ 4.180.000 al año, el Estado prestará $3.933.828 a un alumno del primer decil. Y podría acceder a una beca de su universidad por $246.172. En cambio, un estudiante del sexto decil accedería a un préstamo anual de $3.687.657 y la diferencia para cubrir el arancel sería de $ 492.343, que sería financiado con una beca.

“El crédito le dice a la institución ‘yo voy a entregar un crédito de un arancel regulado más una cobertura adicional. La diferencia usted la tiene que o cobrar en un crédito o becar’. Cuando se da una beca y no cobra la diferencia, pasa que como el crédito está diseñado para entregar mayor cobertura al decil más vulnerable, queda más endeudado. Es un error menor. Las distorsiones se originan por tratar de fijar precios. Aquí se hace una modificación con una buena intención, pero cuando uno se pone a fijar precios siempre está la posibilidad de equivocarse“, explica a El Dínamo Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

Agrega además que el proyecto es positivo pero tiene este problema de diseño, por lo que la solución para subsanar la distorsión sería que el crédito pueda ser complementado solo con un préstamo del plantel, que sea cobrado de manera integrada por la entidad estatal que estará a cargo de este sistema.

“El proyecto de ley que crea el nuevo Sistema de Financiamiento Solidario es positivo, pero tiene problemas de diseño que se deben corregir con urgencia. Nuestro sistema necesita contar con un sistema de créditos, dado que no es sustituible por la gratuidad”, indica Rodríguez.

Impacto en las IES privadas

Administrado por el Estado, el nuevo sistema no tendrá intervención de la banca privada y contará con una tasa de interés del 2% anual. En tanto, la Tesorería General de la República será la encargada de cobrar los créditos y parte del sueldo de los trabajadores deudores puede llegar a ser retenido, siendo el empleador el responsable de realizar el pago.

Los estudiantes no pagarán mientras estudian y la cuota a pagar en ningún caso excederá el 10% de sus ingresos. El máximo de cuotas serán 180 y si es que todavía queda por pagar, la deuda se condonará después de 15 años.

El crédito se otorgará año a año y podrá cubrir tres, dos o un semestre académico adicionales a la duración nominal de la carrera, según se trate de carreras conducentes al grado de licenciado, título profesional o técnico de nivel superior, respectivamente.

Este año, 59.428 jóvenes solicitaron el CAE. De ellos, 39.566 son jóvenes de primer año de educación superior y 19.852 ya cursaban un programa. Las universidades que tienen a más estudiantes con el beneficio son las privadas, con 28.275 alumnos, un 47% del total de quienes accedieron al crédito.

“Las universidades privadas no tienen acceso a fondos estatales directos, por lo que todos sus recursos provienen del arancel. Es razonable que usen más el CAE”, indica el director ejecutivo de Acción de Educar, agregando que “lo que este proyecto plantea implica menos recursos a las instituciones”.

Esto se explica, en parte, porque las IES no podrán cobrar a los deciles del 1 al 6 y “después de 7 u 8 años de que el alumno egresó la universidad va a poder a empezar a cobrar, lo que implica dificultades. En la práctica, las IES privadas van a tener menos ingresos y menos inversión, tanto privada -de parte de las familias- y pública, del Estado. Es algo muy parecido a lo que pasa con la gratuidad“, concluye Rodríguez.