La ambiciosa auditoría de la deuda pública griega que el Gobierno de Syriza pretende acometer ya ha echado a rodar. Un comité internacional presidido por el experto belga y profesor de la Universidad de Lieja Éric Toussaint empezará a trabajar en abril, pero el martes en el Parlamento heleno en Atenas y este miércoles en la Eurocámara en Bruselas dicho comité ha presentado un borrador de siete páginas en francés y trufado de notas a pie de página titulado "Por qué auditar la deuda griega".

Grecia crea una comisión de expertos para auditar la deuda pública

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La auditoría demostrará que una gran parte de la deuda griega contraída antes y durante la intervención de la troika” tiene un carácter “ilegítimo, ilegal, odioso e insostenible”. El alcance del comité, reclamado por la presidenta del Parlamento griego, Zoé Konstantopoulou, no se limita a señalar qué porción de la deuda es tóxica. “También demostraremos igualmente las responsabilidades de aquellos que han sacado provecho de la situación, tanto en Grecia como los círculos financieros a nivel internacional, pasando por las grandes compañías industriales en el corazón de las instituciones europeas”, sigue el texto, al que eldiario.es ha tenido acceso.

Esta última frase es toda una declaración de intenciones porque el borrador, que lleva estampada la firma del politólogo Toussaint, asume que se estudiará la deuda contraída desde la Dictadura de los Coroneles (1967-1974) hasta la actualidad, haciendo hincapié en los acuerdos firmados con la troika (Comisión, FMI, BCE) en los últimos años y tocando a su vez episodios gravosos para el presupuesto griego como la organización de los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004, el maquillaje de las cuentas propiciado por Goldman Sachs o sucesivos escándalos de corrupción en los que estaría envuelto, entre otros, el gigante alemán Siemens.

Recogida en los tratados de la UE

El documento empieza definiendo las diferentes categorías de deuda. Así, una deuda “ilegal o ilegítima” sería aquella que se contrajo contra el interés general de los ciudadanos y violando el orden jurídico existente. La deuda pública “odiosa” es la que se acordó en condiciones de negación de los derechos básicos y que correspondería a la deuda que se cuadruplicó durante la dictadura militar. Finalmente está la deuda “insostenible”, cuyo reembolso “condena a un país al empobrecimiento”.

El comité justifica la razón de ser de la auditoría porque viene recogida en los tratados de la UE, concretamente en el punto 9 del artículo 7 del Reglamento 472/2013 del Parlamento de la UE y del Consejo, según el cual “los Estados bajo ajuste estructural tienen la posibilidad de realizar” una evaluación. “El Gobierno de Samaras [Nueva Democracia] se cuidó mucho de no aplicar esta disposición del reglamento comunitario”, lamenta el texto.

Lo que viene en adelante es una exposición más o menos histórica, con saltos adelante y atrás, de por qué la deuda pública estalló en Grecia, pasando del 113% del PIB en 2009 al 185% al cierre de 2014. En 2009, recuerda Toussaint, la banca francesa y alemana poseía la mitad de los títulos de deuda pública, y entre 2005 y 2009 “las entidades financieras europeas aceleraron la concesión de créditos a Grecia a tipos muy bajos sin comprobar la solvencia del país”.

Pero a partir de 2009 y con Grecia siendo vapuleada por los mercados, “los bancos privados fueron progresivamente desplazados por la troika, convirtiéndose en el principal acreedor a finales de 2010”. “El rescate –insiste el comité– ha permitido a los bancos de algunos países europeos recibir el reembolso del Gobierno heleno y transferir sus riesgos a los Estados miembros a través de la troika”.

El apartado que cuestiona la “legitimidad” y “legalidad” de la deuda pública helena responsabiliza severamente a los acreedores griegos, preguntándose “si las condiciones impuestas por la troika” a cambio de créditos constituyen una “violación sistemática” de los tratados de la UE y las convenciones internacionales. Así, el documento espera que la auditoría examine si el rescate respetó el artículo 125 del Tratado de la UE, “que impide a un Estado miembro responsabilizarse de los compromisos financieros de otro Estado miembro”.

“Los 14 Estados miembros que concedieron bilateralmente un préstamo a Grecia, ¿han respetado acaso las disposiciones legales y constitucionales de su país y de Grecia?”, se interroga el comité. Se esgrime la “violación de una serie de derechos humanos” y se citan un sinfín de tratados, cartas y convenciones de Naciones Unidas apoyándose en estudios académicos sobre la situación financiera helena.

La quita de 2012

Hay un recuerdo para la reestructuración de la deuda de marzo de 2012, presentada en aquel momento como un éxito y acordada tras retirar el entonces primer ministro socialista, Yorgos Papandreu, su promesa de organizar un referéndum sobre dicha quita. “Los grandes medios de comunicación compraron el discurso según el cual la reestructuración reduciría en un 50% la deuda pública. Pero en 2015 esta es más elevada que en 2011, la víspera de la gran quita”. Por eso la auditoría pretende esclarecer la “superchería” de esta reestructuración de 2012.

El FMI, uno de los tres componentes de la troika, también aparece en el punto de mira del estudio encargado por el Parlamento heleno. “Sabemos que, en la dirección del FMI, no pocos países expresaron sus reservas acerca de la imposibilidad griega de devolver los préstamos debido a las políticas que le eran impuestas”, señala el texto citando a Brasil, Suiza, Argentina, India, Irán, China o Egipto. “¿Acaso el Gobierno griego pidió falsear las estadísticas y presentar así, por ejemplo, un balance sanitario peor de lo que en realidad era para acelerar el rescate?”. La sospecha se cierne sobre todos los elementos de la troika, hoy llamados “instituciones” en Atenas.

El documento termina repasando otros factores que condicionaron la insostenible deuda griega. Primero se detiene en la dictadura. Luego, en los Juegos Olímpicos de Atenas, concedidos en 1997 y para los que se pronosticó una inversión de 1.300 millones de euros. “Hoy, de acuerdo con diferentes fuentes, el coste real de los Juegos supera los 20.000 millones”.

A continuación se inspeccionan corruptelas entre los Gobiernos anteriores e inversores extranjeros, subrayando el papel de varias compañías alemanas. El escándalo de los submarinos alemanes defectuosos así como numerosos contratos con la multinacional Siemens aparecen detallados en el texto presentado por el comité. Sin olvidar el falseamiento de las cuentas públicas de 2010: “Hay que demostrar la intervención activa de Goldman Sachs en el maquillaje de las estadísticas griegas y el impacto que esto tuvo sobre la deuda”.