Podemos ha llevado al Pleno del Parlamento autonómico una nueva Ley de Vivienda que reconoce el derecho a una vivienda digna como un derecho subjetivo, lo que acabará con los desahucios sin alternativa habitacional en la comunidad autónoma. La tramitación de la proposición de ley ha salido adelante hoy lunes con los votos a favor de PRC, PSOE, Podemos y los tránsfugas José Ramón Blanco y Alberto Bolado, mientras que Cs y Carrancio han votado en contra y el PP se ha abstenido.

“Defender el derecho a la vivienda es el verdadero patriotismo que merece nuestro país”

La formación morada considera que “un desalojo forzoso sin alternativa habitacional constituye una agresión directa a los derechos fundamentales de la persona, ya que privar por la fuerza a una persona que no tiene la capacidad de pagar el coste de mantener una vivienda es en sí mismo un trato inhumano y degradante”. En este sentido, la portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, ha considerado que “defender el derecho a la vivienda, que viene reflejado en el artículo 47 de la Constitución española, es el verdadero patriotismo que merece nuestro país”, en referencia a “otros partidos se dedican a enarbolar la bandera de España mientras venden su patria a fondos buitre”.

La aprobación de esta ley, que fue redactada por Podemos y entregada a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca –uno de los colectivos que más tiempo lleva trabajando sobre el terreno– para que llevara a cabo con ella una iniciativa legislativa popular que el Gobierno autonómico vetó, fue una de las condiciones que Podemos puso para investir a Miguel Ángel Revilla (PRC) como presidente autonómico. Por último, Podemos ha agradecido tanto a la PAH como a Stop-Desahucios “su gran trabajo demostrando lo que es la solidaridad al evitar que otras personas sean desahuciadas”.

Los principales partidos han mostrado su compromiso de trabajar para “mejorar” la proposición de ley y depurar los numerosos aspectos en los que no están de acuerdo

Los principales partidos han mostrado su compromiso de trabajar para “mejorar” la proposición de ley y depurar los numerosos aspectos en los que no están de acuerdo, aunque tendrá que ser en la próxima legislatura. El texto, que fue registrado el pasado mes de octubre por Podemos en forma de proposición de ley y con el apoyo del PSOE, es similar a la iniciativa legislativa popular de la PAH, de la que el Gobierno PRC/PSOE informó en contra de su tramitación por su repercusión sobre el presupuesto, y cuya toma en consideración decayó en el Pleno por el voto en contra del PRC, que dirige la Consejería de Vivienda, así como de PP, Cs y Carrancio.

El portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha explicado que su grupo se opuso entonces porque la iniciativa de la PAH no se correspondía con los compromisos en materia de vivienda que firmaron al principio de legislatura con Podemos en el acuerdo que permitió la investidura de Revilla como presidente autonómico. Ha reconocido que Cantabria necesita una ley autonómica de vivienda, y ha señalado que el Gobierno no la ha hecho porque “era fundamental empezar primero por desarrollar el plan de vivienda y después el decreto que regula las ayudas”, porque es lo que verdaderamente repercute en los ciudadanos. Hernando ha admitido que es “tarde” pero ha opinado que eso no es “excusa” para no tramitar la proposición de ley de la PAH y empezar a trabajar en ella para que Cantabria pueda tener una ley de vivienda al comienzo de la próxima legislatura. “Los regionalistas no nos ponemos de perfil, asumimos el reto”, ha dicho Hernando, que ha advertido de que la ley “requiere un periodo de reflexión, trabajo y mejora” porque hay cuestiones “discutibles” que es necesario depurar. Entre ellas ha citado el equilibrio entre la función social de la propiedad y el derecho a la vivienda; los conceptos de infravivienda, vivienda vacía o segunda residencia; el interés social para la expropiación de viviendas desocupadas y el concepto de gran tenedor de vivienda; el canon sobre las viviendas ocupadas y el impuesto sobre la vivienda vía, o la conveniencia de introducir la eficacia energética en la ley.