Aunque todavía no se note, gran parte de la presidencia de Mauricio Macri se jugará en los próximos diez días. Esa partida se decide por ahora en los despachos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver sobre quién fija las tarifas de luz y gas, cómo se pagarán y desde cuándo regirán. Una decisión negativa para el Gobierno podría arruinar su plan antiinflacionario, justo cuando la inflación dio los primeros síntomas de una tendencia a la baja.

Ocho meses después de haber asumido, Macri está en el momento potencialmente más frágil de su gestión. El peronismo olfateó esa debilidad y le propinó la primera sesión autoconvocada por los diputados, una maniobra que unió desde el huraño kirchnerismo hasta el oportuno massismo, pasando por el peronismo disidente y la izquierda diversa.

Salvo los que abonan la electricidad mediante débito automático, el resto de los argentinos (la gran mayoría) está viviendo un paraíso artificial en el que no se paga ni la luz ni el gas.

La Cámara Federal de La Plata suspendió los aumentos de gas en todo el país con una sentencia definitiva y le ordenó al Gobierno que convocara a audiencias públicas, según el mandato de la ley. El 70% de los clientes de Edenor no paga la electricidad por una cautelar que beneficia a cuatro grandes municipios del conurbano. Con más de 50 jueces interviniendo en el conflicto, los usuarios de Edesur tampoco pagan, con excepción de los que tienen débito automático. Muchos argentinos (argentinos al fin) están pidiendo salir cuanto antes de ese sistema de débito. El Gobierno les pidió a las empresas de gas que no facturen por el momento.

En mayo y junio, el 75% pagó en la provincia de Buenos Aires las facturas con aumentos. Para peor, el Gobierno tropezó con el febrero más caliente de los últimos años (lo que aumentó el consumo de electricidad) y con el mayo más frío también de los años recientes (lo que elevó la necesidad de gas). La crisis de las tarifas dejó al Gobierno con empresas energéticas desfinanciadas y le impuso al Tesoro la obligación de conservar los subsidios. Los subsidios de luz, gas y agua significan el 75% del enorme déficit fiscal que la actual administración heredó en diciembre. Un 10% más se explica por subsidios a otras empresas. Sólo el 15% restante se aplica al conflicto social. Raro: la ayuda social no se puede extender y mejorar (aunque algo se ha hecho en ese sentido) para que la clase media alta y la alta no paguen la luz y el gas. Esa es la revolución nostálgica que dejó el cristinismo. Revolución o contrarrevolución, se trata de un explosivo a punto de detonar.

Un aspecto poco analizado del problema es que el sistema energético no depende sólo de las tarifas. Tampoco el país tiene posibilidades de importar más energía. Esto es: si la fiesta tarifaria se extendiera mucho más, y los argentinos corrieran a consumir más energía gratis, el sistema colapsaría definitivamente. Bolivia está entregando sólo el 70% de sus exportaciones de gas a la Argentina, porque Brasil es la prioridad de sus ventas gasíferas. Por eso, la Argentina debió importar gas de Chile, que a su vez lo importa de países asiáticos. Carísimo.

El sistema eléctrico está también a un paso de derrumbarse. El Estado debe acudir en auxilio de las eléctricas para que puedan pagar los salarios de sus trabajadores. La inversión es un proyecto del que, en las actuales condiciones, ni se habla. La Argentina es, en efecto, un país extraño: subsidia el consumo de energía cuando importa energía y, encima, subsidia el precio del petróleo crudo que exporta. El Estado se hace cargo de los derroches sociales y de asegurar las ganancias de las petroleras. Macri siguió con este subsidio de Cristina (por el que el petróleo argentino es el más caro del mundo) para no desatar un conflicto laboral en el Sur que podría poner en riesgo el abastecimiento de gas.

Hay, por lo tanto, un problema fiscal y un embrollo con el obsoleto sistema energético. Los jueces de instancias inferiores resolvieron según tres pautas. Algunos lo hicieron convencidos de que decidían de acuerdo a derecho. Otros se dejaron llevar por la ideología, francamente antimacrista. El resto (y no son pocos) actuó según la ley de la demagogia judicial.

El Gobierno cometió sus propios errores. No convocó en el momento oportuno a audiencias públicas por los aumentos en el transporte y la distribución de la luz y el gas. Son audiencias informativas, que no tienen efecto vinculante con la decisión final. No sólo no cumplió con una orden expresa de la ley; también ignoró que desde 2001 todas las decisiones políticas controversiales son judicializadas. Es lo que le pasa a la administración. Ahora, ya tarde, está en discusión si las audiencias deben hacerse también por el precio del gas en boca de pozo o el de la electricidad en el instante de su generación.

La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la resolución de la Cámara de La Plata, que impugnó sobre todo la falta de audiencias públicas en el caso del gas. Pero la decisión del máximo tribunal podría establecer también una jurisprudencia sobre las tarifas de electricidad. La Corte dará a conocer su decisión sobre la cuestión de fondo a fines de la semana que comienza o, a más tardar, a principios de la siguiente. No hay dudas en la Corte sobre algunos aspectos básicos en discusión. Primero: la facultad de fijar las tarifas de los servicios públicos es del Poder Ejecutivo. Segundo: la función de los jueces no consiste en determinar el precio de los servicios públicos. Tercero: tampoco el Congreso está facultado para resolver sobre tarifas; su participación es esencial en el caso de los impuestos, pero no en el de las tarifas. Cuarto: los aumentos deben ser razonables, aunque no existe un parámetro para definir la razonabilidad, en esta instancia al menos.

Hay, sin embargo, un aspecto crucial del asunto sobre el que todavía no hay consenso entre los cuatro miembros de la Corte. ¿Las audiencias públicas deben hacerse también sobre el precio del gas en boca de pozo y sobre las de la electricidad en su generación? Una ley de 1991 establece que las audiencias deben realizarse sólo para los precios del traslado y la distribución. La reforma de la Constitución de 1994 amplió el derecho de los usuarios, pero es un artículo genérico sobre el medio ambiente, sometido por lo tanto a diversas interpretaciones. La diferencia entre una interpretación y otra es clave. Si las audiencias debieran hacerse sobre el precio de boca de pozo, las tarifas volverían a los precios que tenían el día en que se fue Cristina Kirchner. Y desalentarían, además, las inversiones petroleras y gasíferas, porque teóricamente se trata de un mercado no regulado, como sí lo son el transporte y la distribución, monopolios naturales.

Si todo regresara al momento del adiós de Cristina, el Gobierno necesitaría de 80.000 millones de pesos adicionales para subsidiar a las empresas. El 75% de la sociedad que pagó aumentos tendría créditos a favor por varios meses, durante los que no pagaría nada. Costaría el valor de la recaudación impositiva de dos blanqueos como el que ofrece Macri, si se tiene en cuenta que el fisco espera recaudar unos 3000 millones de dólares. Podría pedirle al Banco Central una emisión extra de pesos por ese valor, pero tal decisión avivaría el fuego inflacionario. “Eso sería acercarse a la hiperinflación”, pronosticó Macri ante sus ministros. O podría, por último, pedir créditos por 5 o 6000 millones de dólares para pagar la luz y el gas. Si endeudarse para gastos corrientes es ya una decisión difícil de explicar, hacerlo para subsidiar los servicios básicos de la sociedad sería un absurdo político y económico.

La Corte recibe insistentes llamadas hasta de gobernadores peronistas para que resuelva según la gravedad institucional. Algún funcionario también intentó vanamente una mediación. “Esta es la Corte Suprema, no una dependencia del Poder Ejecutivo”, recibió como respuesta.

Sea como sea, lo cierto es que el máximo tribunal busca un atajo, y no sabe si lo encontrará, que signifique dos cosas al mismo tiempo. Puede simplificarse así: que el Gobierno cumpla con la obligación legal de convocar a las audiencias, pero que ese requisito no termine provocando, con la eventual anulación de los aumentos tarifarios, una monumental crisis económica y política. El Presidente vacila, expectante, ante ese final de partida.