Diputados del partido Primero Justicia viajarán a Madrid para reunirse con homólogos españoles. Aportarán contratos para demostrar que la formación de Iglesias ha recibido 14 millones de Venezuela

Editorial: Venezuela, país para no imitar. Artículos de: Francisco Marhuenda, César Vidal y Alfredo Semprún

Tres semanas. Unos 20 días. Ése el plazo que se ha marcado el partido Primero Justicia para traer a España los documentos que acreditan la presunta financiación de Podemos por parte del Gobierno de Nicolás Maduro a través de operaciones fraudulentas. Tras la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República –la segunda en Venezuela después de que el partido de los Dirigentes del Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei) presentara la suya ante la Embajada de España en Venezuela–, los venezolanos están conociendo a través de los medios de comunicación españoles los «negocios» que Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, cofundadores de Podemos, se llevaron de las arcas públicas por proyectos, algunos inconclusos.

Según el diputado y miembro de Primero Justicia, Julio Montoya, «el Gobierno nacional contrató en los últimos años con la Fundación de Estudios Políticos y Sociales del partido Podemos de España, la cantidad de 14 millones de euros, a través de organismos estatales como el Cantv, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el Ministerio de la Secretaría y el Ministerio de la Alimentación». Y de eso se trata ahora. De demostrar si los trabajos por esos contratos llegaron a realizarse. Pero, según el parlamentario, la financiación de Venezuela que logró Podemos no fue sólo con su fundación CEPS –en cuyo consejo consultivo figuran Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Luis Alegre, y está presidida por Alberto Montero–, sino que también habrían intercedido como intermediarios, utilizando sus influencias con los funcionarios chavistas para lograr que empresas españolas lograran contratos de suministros médicos e informáticos.

Montoya asegura que tiene la documentación pertinente que acredita la relación entre el Gobierno venezolano y Podemos y que la entregará en los próximos días. Su idea es viajar a Madrid para contrastar la información y presentarla ante el Congreso. «Sí, viajaremos. Debe ser en el transcurso de 20 días. No pensamos hacer de esta propuesta una lucha electoral. Vamos a plantearlo como una lucha institucional, no nos interesa una relación partido con partido. No queremos meternos en la política interna española. Nuestra idea es reunirnos con diputados del PP, del PSOE e Izquierda Unida. Lo importante es que sea una comisión de diputados», afirma a LA RAZÓN.

Desde Primero Justicia se quiere poner en marcha «una colaboración mutua» entre el Parlamento venezolano y el español e incluso «abrir una comisión formal de investigación en España para comprobar si efectivamente violaron alguna normativa de financiamiento de los partidos políticos». «Estamos haciendo los contactos necesarios en las comisiones respectivas a fin de suministrar la información y solicitar una investigación para llegar a la verdad. Vamos a entregar copias de las contrataciones y documentos de la inteligencia venezolana que vinculan a empresas españolas con Podemos», añade. Pero también el objetivo es denunciar ante el Parlamento la situación de represión que vive Venezuela, donde varios dirigentes opositores han sido detenidos. Concretamente, el diputado Julio Borges, coordinador nacional del partido Primero Justicia, podría perder sus fueros en las próximas semanas y, de esta manera, ser encarcelado.

Los principales dirigentes de Podemos han tratado en los últimos meses de desvincularse de cualquier pasado con el país caribeño, a pesar de que Juan Carlos Monedero fue asesor del comandante Hugo Chávez o que Íñigo Errejón, número dos de la formación firmó un plan de financiación para la CEPS con Venezuela a un mes de crear Podemos. La Fundación CEPS, en un comunicado reciente, no negaba que algunos de sus miembros «hayan pertenecido o pertenezcan a la Fundación», al mismo tiempo que lamentan «la instrumentalización de nuestra entidad como un arma con la que tratar de debilitar a Podemos».

La versión de la oposición venezolana es muy diferente. «Hemos solicitado como marca la ley, una investigación penal porque no se ha podido demostrar la contraprestación alguna de la fundación de Podemos. Hemos solicitado la documentación de esos servicios que supuestamente se han desarrollado. Nosotros creemos que en realidad esos aportes se utilizaron para financiar al partido, algo que es ilegal», agrega Julio Montoya, que asegura que «tenemos los autores materiales, los nombres de las empresas españolas. Lo difícil es encontrar al autor intelectual».

Es más, Primero Justicia desvela que tiene un informe que puede hacer temblar los cimientos de las formación que lidera Pablo Iglesias. «Nuestra otra línea de investigación es a través de un informe que hemos recibido de organismos de inteligencia, cansados de que se despilfarre el dinero público y hemos detectado “empresas de maletín” para conseguir dólares preferenciales que estarían relacionadas con Podemos», explica. En cuestión sigue el desconocido informe que realizó Juan Carlos Monedero para Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela para tratar de implementar una moneda única bolivariana y por el que cobró 425.000 euros en 2013. Sin embargo, Julio Montoya asegura que «lo único que hemos visto hacer al señor Monedero en nuestro país es hablar mal de la oposición. No vino a hablar de políticas públicas ni financieras. En cualquier caso si los consejos de Monedero son los que nos han llevado a tener la primera inflación del mundo, y este desabastecimiento, entonces su asesoramiento fue un desastre».