La Agencia Tributaria ha acreditado finalmente, gracias al cruce de datos en sus bases, la financiación irregular del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV), varios de cuyos gastos de campaña de 2007 fueron abonados por empresas privadas que le pagaron directamente a la mercantil de publicidad Crespo Gomar, la firma de comunicación de cabecera del socialismo valenciano.

Lo que habían declarado trabajadores de la firma, que aseguraron haber realizado facturas falsas a empresas financiadoras del PSPV entre las cuales se hallaban por ejemplo Metrovacesa o Burguer King, está ya contrastado con datos tributarios, tal y como ha certificado la Policía en un informe que consta en uno de los sumarios de la causa, a los que ha tenido acceso EL MUNDO.

Tras la apertura de varios procedimientos por financiación irregular al PSOE valenciano, la Agencia Tributaria ha comprobado las facturaciones tanto de Crespo Gomar como de las principales empresas que presuntamente financiaban a la rama valenciana del partido.

El resultado, que ha encajado incluso en los céntimos, ha arrojado coincidencias con los correos electrónicos que dieron comienzo a la investigación de este caso en el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, así como con las declaraciones de los antiguos empleados de la agencia de comunicación Crespo Gomar.

Ésta es una pequeña firma de Gandía que duró un decenio, entre 2001 y 2011, que estuvo presidida por el hijo de un teniente de alcalde del PSOE en la localidad y que, aun siendo una modesta firma de provincia consiguió contratos de los ministerios de Vivienda y Sanidad en la época de José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno central.

Los peritos de la Agencia Tributaria han comprobado la información fiscal de Hospimar 2000 S.L., Construcciones Blau Verd S.L., Quick Meals Ibérica S.L. (que es en realidad Burger King Spain), Centro Comercial y de Ocio La Vital y la constructora Metrovacesa, además de la propia Crespo Gomar, que es el punto en común de todas las partes de esta investigación.

El modelo 347 de la AEAT, el de operaciones de empresas con terceros, corrobora que Crespo Gomar cobró de las presuntas financiadoras y declaró dichos cobros, y estas otras empresas, por su parte, hicieron lo propio.

En el caso concreto de Hospimar 2000, por ejemplo, se han encontrado operaciones por valor de unos 12.000 euros que coinciden con la cifra de los trabajos electorales reflejados en los correos entre Crespo Gomar y el PSPV.

Eso mismo ocurre con Quick Meals en el caso del PSPV, pero hay otros ejemplos que también afectan al Bloc-Compromís: la Empresa General Valenciana del Agua (Egevasa), Construcciones Blau Verd o Luis Batalla (Lubasa).

De ese cruce de datos y el estudio de los modelos 347 salieron las operaciones que actualmente se investigan precisamente en dos juzgados de Madrid y afectan a los ministerios de Sanidad y de Vivienda.

La labor de la Agencia Tributaria es clave porque aporta pruebas al punto de partida de las causas por financiación ilegal del PSPV: los correos dirigidos al partido por empleados de Crespo Gomar, que reclamaban al PSPV el cobro de facturas impagadas por las empresas donantes.

Así, una factura a nombre de Hospimar 2000 por valor de 11.478,20 euros coincide hasta en los céntimos con un documento de gastos electorales del PSPV de Benidorm en 2007, coincidiendo además absolutamente la fecha en ambos documentos, el 19 de febrero. Lo mismo sucede con una factura de Quick Meals SL de 6.960 euros del 17 de abril. En la investigación se incluyen, desde el principio, los correos que demuestran que la directriz con que operaban tanto los trabajadores de Crespo Gomar como los de las firmas pagadoras provenían del PSPV Benidorm, en concreto de Anabel Hallado, entonces secretaria de Organización local.