A mediados del mes de mayo pasado, se dio a conocer un video donde un grupo de niños menores de 10 años, originarios de Rincón de Chautla, en Chilapa, Guerrero, anunciaron su integración a grupos de autodefensa.

Las imágenes son impactantes: niños y niñas haciendo ejercicios militares, portando palos que simulan ser armas, leen un comunicado en el que aseguran que están listos para combatir a los criminales que intenten ingresar a sus comunidades. En dicho video, los menores afirman ser sobrevivientes de la masacre ocurrida el 27 de enero pasado en Chautla, tras el ataque armado en manos del grupo criminal los Ardillos, que dejó un saldo de 12 personas asesinadas y cuatro heridos.

Tras la difusión del video, el gobierno de Guerrero, condenó la incorporación de menores de edad a la policía comunitaria y prometieron lo que siempre prometen: que velarían por los derechos humanos de los niños.

El subsecretario de Gobierno para Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, el ombudsman Ramón Navarrete Magdaleno, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), entre otros funcionarios estatales, se reunieron con pobladores y los consejeros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), en dicha reunión, el gobierno de Héctor Astudillo se comprometió a “fortalecer las oportunidades educativas”, para garantizar el acceso a la educación de los niños indígenas y “desalentar que sean involucrados en actividades ilícitas”.

Promesas y acciones insuficientes ante el grave abandono por parte del Estado que sufren los menores en la entidad y en el resto del país. Niños que no solo son sobrevivientes de masacres, niños que han perdido a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos, en manos de los grupos criminales que tienen sitiadas sus comunidades, criminales que, en la gran mayoría de los casos, actúan bajo el cobijo de las propias autoridades; niños que sobreviven entre altos niveles de marginación y pobreza, entre el hambre, la muerte y la violencia. Entre el desprecio de gobernantes que lejos de garantizarles sus derechos y el de sus padres, a una vivienda digna, al libre tránsito, a la salud, a la educación, a la vida, siguen destinando miles de millones de pesos a lo accesorio en sus gestiones, en lugar de asumir su responsabilidad y comenzar a pagar la deuda histórica que tienen con uno de los sectores más desprotegidos de México: la niñez.

Los niños indígenas de nuestro país están siendo expulsados junto a sus padres de sus comunidades. Están siendo asesinados, secuestrados, reclutados por el narco. Mientras los gobernadores, en lugar de dar un golpe de timón ante sus políticas públicas fallidas, en lugar de fortalecer a sus cuerpos policiacos, esperan que la Guardia Nacional les resuelva la crisis de inseguridad y violencia que priva en las entidades que gobiernan.

En nuestro país, lamentablemente, no se aprende del pasado. De la misma forma que autoridades estatales y municipales durante los sexenios de Calderón y Peña, dejaron en manos de militares la labor que le correspondía hacer a la policía, hoy, gobernadores y alcaldes esperan con ansias que la Guardia Nacional inicie operaciones oficialmente. Que dicho sea de paso, inicia sin reglamento, con mando militar en servicio activo, con reclutas que no fueron debidamente capacitados para las tareas que les serán asignadas, una guardia nacional que contraviene el mandato constitucional, pero que tanto para el presidente como para autoridades cómodas y cobardes, la consideran la panacea que resolverá los uno y mil problemas que se susciten a lo largo y ancho del territorio nacional.

El abandono por parte del Estado a la niñez de nuestro país, no se resolverá con soldados portando un brazalete con las iniciales GN. Las autodefensas son la respuesta al vacío de la autoridad, los niños autodefensas son una vergüenza nacional.

Mientras gobernadores y presidentes municipales delegan su responsabilidad de garantizar seguridad y paz a sus gobernados a las Fuerzas Armadas de México, un niño indígena de 12 años de edad fue localizado decapitado en el poblado de Paso Cuahulote, en el municipio de Ometepec, en Guerrero. No lejos de ahí, en Chilapa, policías estatales detuvieron a cinco menores de entre 15 y 17 años de edad, con armas de alto poder y equipo táctico.

Mientras nuestros jóvenes y nuestros niños siguen siendo engullidos por la espiral de violencia y sangre en la que vivimos, el gobierno federal rechaza la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por los cambios al programa de las estancias infantiles y la acusa de exceder sus facultades.

Un gobierno que se niega a reconocer los derechos conquistados de las madres que trabajan y que sus hijos tengan acceso a una educación de calidad temprana, no está ni cerca de comenzar a pagar la deuda histórica que tiene el Estado para con la niñez en nuestro país.

Los niños autodefensas, son el reflejo más doloroso, más vergonzoso, de la incompetencia del Estado. Y este nuevo gobierno, hace caso omiso, al tiempo que guardan silencio los que ayer exigían atención urgente a los niños indígenas de nuestro país. Lo que tanto criticaron como oposición, lo hacen, sin pudor alguno, como gobierno.