Aunque Colombia tiene un Producto Interno Bruto de 456 000 millones de dólares y enormes riquezas minerales, más de 22 millones de los 45.5 millones de sus habitantes viven en la pobreza, lo cual se ha agudizado con las políticas neoliberales establecidas en los últimos años. Análisis de Villavicencio.

Por: Emilio García Gutiérrez

1. Algo de la desigualdad social

Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Piketty advirtió que sus acercamientos sobre las causas de la desigualdad en el país son escasos por las limitaciones de acceso a la información. De acuerdo con Thomas Piketty, el 20% del ingreso de Colombia está en manos del 1% de la población, mientras la mitad de esos ingresos pertenece al 10%. Esta concentración es mucho mayor a la que existe en Estados Unidos.

Pese a que la desigualdad se ha tratado de explicar a partir de la teoría económica, lo cierto es que los determinantes políticos son muchos más importantes. El acceso a la educación y a plazas laborales es una responsabilidad que el Estado debe garantizar; sin embargo, las condiciones de acceso y la calidad tienen un impacto en el aumento de la desigualdad (conferencia en la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, enero de 2016).

Para el investigador, la “meritocracia” sigue siendo un discurso que utilizan las élites para justificar la desigualdad. De acuerdo con datos de su estudio, la posibilidad de ir a una universidad para un hijo de padres pobres es cercana a cero; entre tanto, uno de padres ricos su probabilidad es prácticamente del 100%. Y los que pueden hacerlo lo hacen en casas de estudio de cuestionable calidad académica (“La desigualdad en Colombia es una de las más altas del mundo”: Piketty, El Espectador, enero de 2016. Redacción Negocios y Economía).

3. Análisis de las cifras en Colombia

Colombia se clasifica como una de las naciones más desiguales del mundo y la segunda de América Latina, según datos del Banco Mundial, donde la mayoritaria población desfavorecida debe hacer diariamente lo indecible para poder alcanzar un magro sustento… El desempleo en Colombia se sitúa en 10,3 %, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en mayo del 2019. Durante los largos años de guerra contra las guerrillas de las FARC y el ELN, resultaron desplazados cientos de miles de campesinos que debieron irse para lugares lejanos o hacia ciudades y poblados donde les era difícil encontrar trabajo y algún local para sus familias.

Como consecuencia de ese conflicto, unido a la entrega indiscriminada de territorios cultivable por parte de las diferentes administraciones colombianas, en la actualidad el 1 % de la población más rica del país, junto con las compañías transnacionales, son dueñas del 81 % de las tierras. El 62 % de los jóvenes colombianos que viven en el ámbito rural no se inscriben en la educación secundaria y solo un 2 % accede a la universidad.

Aunque Colombia tiene un Producto Interno Bruto de 456 000 millones de dólares y enormes riquezas minerales, más de 22 millones de los 45.5 millones de sus habitantes viven en la pobreza, lo cual se ha agudizado con las políticas neoliberales establecidas en los últimos años.

Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en Colombia 5 000 niños mueren cada año por causas relacionadas con desnutrición. Un documento suscrito por la Iglesia Católica denunció que “no solo el 52 % de los colombianos vive en la pobreza, sino que el 20 % se encuentra en la indigencia, mientras 5 000 000 se van a dormir, diariamente, sin comer”.

Con la entrada en vigor el 15 de mayo de 2012 del Tratado de Libre Comercio TLC), se aceleró la fuga de capitales, la destrucción ambiental; aumentó la privatización de servicios esenciales como educación, agua, electricidad y salud; se incrementó la desigualdad y el trabajo precario; se redujo la producción alimentaria con la entrada de mercancías subsidiadas procedentes de Estados Unidos, y sobre todo, se perdió la soberanía económica y política de la nación. En territorio colombiano están enclavadas siete bases militares norteamericanas

Para que congresistas norteamericanos aceptaran aprobar el TLC, se incrementaron las concesiones: se impulsaron las ventas de empresas de producción y servicios como las compañías eléctricas de Boyacá, Pereira, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Meta y Termocandelaria; grandes extensiones de terreno para la extracción de minerales y la agricultura extensiva; construcción de hidroeléctricas con las consecuentes afectaciones a los pobladores originales y al medio ambiente.

Las privatizaciones alcanzaron a los Banco Popular y Colpatria; a las empresas inmobiliarias, servicios de agua potable, alcantarillado, la educación, salud y seguros.

Economistas y organizaciones políticas aseguran que los documentos del TLC, compuestos por 1 531 páginas, desarticulan la soberanía del país al convertirlo en Ley tutelada por lineamientos internacionales mediante el cual ningún organismo del Estado puede aprobar algo que contradiga ese texto. Solo Washington ostenta el derecho a realizar modificaciones a esas leyes con las consabidas ventajas a su favor.

Para reforzar el cerco neoliberal del TLC, Colombia se comprometió dentro del acápite de la Propiedad Intelectual, a ceñirse por otros cuatro acuerdos internacionales que favorecen la penetración y libre accionar de las transnacionales estadounidenses en el país, sin tener que responder por reclamaciones ambientales, despidos laborales y violaciones de derechos humanos.

“Indiscutiblemente que Santos se anotó un importante punto con la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pero deberá él y su sucesor realizar muchas mejoras sociales, económicas y políticas a favor de la mayoritaria población pobre del país, las que no se alcanzarán mediante políticas neoliberales”, afirmó en su momento Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador, especialista en política internacional.

Las desigualdades en Colombia son monstruosas: los ingresos per cápita del 10% más rico son 24 veces los del 30% más pobre. El caso colombiano es típico de América Latina, la región más desigual del mundo. Tanta desigualdad no se explica porque haya mucha pobreza ni tampoco porque un puñado de familias sean dueñas de todo. Estas dos visiones extremas son una forma de evadir el problema, que en realidad explica poco: la pobreza en América Latina no es más aguda que en otros grupos de países de similar nivel de desarrollo y el puñado de cacaos ni siquiera aparece en las estadísticas.

La explicación más inmediata de la desigualdad se encuentra en la educación. Los jefes de familia del 10% más rico de América Latina tienen tres años más de educación que los del 10% siguiente, y siete años más que los jefes de familia del 30% más pobre. Como la educación promedio de América Latina es tan baja –el trabajador típico tiene apenas 5 años de estudios–, hay grandes retornos para los pocos que han logrado ir a la universidad y muy pocos para la gran masa con baja calificación.

La educación reproduce, en lugar de corregir las desigualdades. No se trata de una confabulación de los ricos con el gobierno para explotar a los pobres. En América Latina, el gasto público en educación primaria no es bajo y la cobertura inicial de la educación es tan alta como en los países del sudeste asiático. (ver).

Pero las familias de escasos recursos encuentran poco atractivo mantener a sus hijos en la escuela. A menos que puedan costearles una carrera universitaria, el esfuerzo no vale la pena. Y cuanto más pobres son las familias, más hijos tienen y menos factible es que puedan hacer el esfuerzo. De esta manera, la familia constituye el canal de transmisión de la desigualdad.

3. La herencia social en el Meta y la política nacional contra la desigualdad

El Coeﬁciente de GINI se basa en encuestas de hogares, lo cual implica que las personas más ricas no son encuestadas; dice Roberto Angulo: “la encuesta no incluye a los millonarios del país, que por lo general no viven en Colombia, rechazan el cuestionario o no son seleccionados por la muestra” (ver). Por tanto, el grado de desigualdad real en ingresos es mucho mayor de lo que presentan las cifras oﬁciales.

Por esto se proponen algunos índices alternativos, como el Índice de Palma o medidas simples como el porcentaje del total de ingresos que recibe el 1% de la población. Según el Índice de Palma, que mide la relación entre el ingreso total que recibe el 10% de la población más rica y el 40% de la población más pobre, tampoco le va bien a Bogotá, cuyo índice tiene un valor de 3,1, es decir el 10% más rico recibe tres veces lo que recibe el 40% más pobre, y se encuentra en un grupo intermedio de ciudades desiguales (ver).

Pero, además, no se publican cifras oﬁciales sobre otros aspectos de la desigualdad como la distribución de la propiedad accionaria, de los depósitos y títulos del Estado, de la renta declarada para impuestos, etc., a pesar de que el gobierno dispone de cifras y análisis. Algunos investigadores analizan estas cifras que están disponibles en diversas entidades públicas, pero los gobiernos no son transparentes ni las utilizan como indicadores en documentos de política. Por ejemplo, Juliana Londoño (ver).

Determina el artículo 32 de la ley 152 de 1994 que “los planes de desarrollo de las entidades territoriales, sin prejuicio de su autonomía, deberán tener en cuenta para su elaboración las políticas y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo para garantizar la coherencia.”.

En el Plan Nacional de Desarrollo la meta de reducción de la desigualdad es pasar de un GINI de 0,508 en 2017 a 0,47 en 2022, una reducción de 0,38 que debería ser como mínimo la meta a adoptar en Bogotá (Bases del Plan Nacional de Desarrollo, página 161). En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el gobierno, mediante documento CONPES 3918 de 2018, se comprometió con algunas metas de reducción de las desigualdades:

Pasar de 0,522 a 0,480 en el GINI en 2030, a incrementar el crecimiento de los ingresos per cápita del 40% más pobre de la población, pasando de 2,7% a 3,5%, a aumentar la participación de los ingresos laborales en el PIB de 34% en 2018 a 35% en 2030 y a reducir la brecha de la pobreza extrema entre zona urbana y rural de 3,7 a 2,6. Es decir, la meta es que la desigualdad siga igual, un propósito poco ambicioso.

4. ¿Es un problema que debe enfrentar la Alcaldía de Villavicencio?

Aunque la desigualdad es considerada como un gran problema por amplios sectores de la sociedad y se repite frecuentemente que somos uno de los países más desiguales del mundo y que la desigualdad es excesiva, intolerable, injusta, desproporcionada, exagerada, etc., es realmente poco lo que se hace para combatirla.

La desigualdad no es un problema para todo el mundo. De hecho, el 1% que concentra el 22% del total de ingresos o el 10% que se queda con el 40% del total, debe pensar que dicha desigualdad es algo muy bueno… para ellos.

Pero los candidatos que consideran que efectivamente es un problema deberían proponer metas concretas y acciones especíﬁcas. Como mínimo, los candidatos deberían comprometerse con alcanzar el grado de desigualdad de 0,4, correspondiente, según el DANE, a Pereira y Bucaramanga.

Adicionalmente, se esperaría que los candidatos no se limitaran solamente a metas en cuanto a distribución de ingresos, sino que dieran el paso a considerar una mejor distribución en activos físicos y ﬁnancieros.

El panorama, sin embargo, no es muy positivo. En la política nacional las metas son precarias y el gobierno de Duque no muestra ningún compromiso serio con la reducción de las desigualdades. Además parecería que hasta el momento no es un asunto que se encuentre dentro de las preocupaciones de los candidatos.

Es necesario además examinar qué se podría hacer realmente y la viabilidad política de ejecutar medidas de fondo contra la desigualdad. Desde una perspectiva marxista las acciones dentro del modelo vigente solo abordan los síntomas, por cuanto no modiﬁcan la desigualdad estructural que hace que millones de bogotanos solo cuenten con su fuerza de trabajo y se vean obligados a venderla a un pequeño grupo de dueños del dinero y de los medios de producción.

Pero aún dentro de los límites del sistema hay diferencias enormes de interpretación y políticas. En reciente artículo en The New York Times, Stiglitz deﬁende la posibilidad de mejorar la distribución del ingreso y hace un conjunto de propuestas sobre lo que denomina un capitalismo progresista. “El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz explica cómo se puede canalizar el poder del mercado y ponerlo al servicio de la sociedad”.