La aprobación de las leyes de protección de datos personales y de acceso a la información pública en 2008 conformó un cambio de rumbo histórico que consolidó la posición de liderazgo uruguayo en todos los listados de países sobre democracia plena, protección de datos personales, Estado de Derecho y baja corrupción, enfatizó el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo.

Este martes 16 se conmemoraron los 10 años de la aprobación de dos normativas fundamentales para el desarrollo tecnológico centrado en los derechos de las personas, como calificó el prosecretario a las leyes n.º 18331, de Protección de Datos Personales y Acción deHabeas Data, y n.º 18381, sobre Acceso a la Información Pública.

Recordó que estas medidas fueron implementadas a partir de 2005, «bajo una fuerte impronta política encaminada a consolidar el gobierno digital y la sociedad de la información y del conocimiento». Según explicó, antes de la aprobación de estas normas, una persona violentada en su privacidad o con intención de acceder a información no disponía de una herramienta para el ejercicio de esos derechos. Agregó: «Existía una cultura de secretismo estatal profundamente arraigada y estas leyes marcaron un antes y un después en cuanto a la dignidad y la libertad de las personas».

Destacó que «la Comisión Europea considera que Uruguay garantiza un nivel adecuado de protección de datos transferidos desde y hacia la Unión Europea». Resaltó que el país es el primero que no integra el continente europeo que fue invitado a ratificar el convenio 108, sobre tratamiento automatizado de datos de carácter personal. A nivel regional, «Uruguay es un claro referente», subrayó Roballo, lo que permitió que nuestro país encabezara la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales y la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Enfatizó que «Uruguay es el único país con democracia plena en la región, según el índice de la revista The Economist, que mide aspectos relacionados con las libertades civiles, la participación política y el funcionamiento del Gobierno». Asimismo, está en el primer lugar del índice de Estado de Derecho de World Justice Project, que estudia aspectos como la ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales y cumplimiento regulatorio. Paralelamente, es el mejor calificado en la región en el Índice de Transparencia Internacional sobre percepción de la corrupción.