El fiscal federal Federico Delgado impulsó una investigación contra el titular de la ANSeS, Diego Bossio, el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, y el de Finanzas, Adrián Cosentino, por el posible desvío de fondos, y presuntos pagos irregulares a la petrolera venezolana PDVSA y el uso de recursos del organismo previsional previo a la publicación oficial de las normas correspondientes.



Delgado dio curso a una denuncia de las dirigentes de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Fernanda Reyes por el posible desvío de dinero perteneciente a la ANSES a través de cuatro resoluciones dictadas en forma conjunta, las cuales habrían sido publicadas después de ocho meses en el Boletín Oficial. En el escrito se apuntó contra Bossio y los subsecretarios Cosentino y Pezoa.



Se trata de la suscripción de Letras del Tesoro por $ 835 millones, tomados del sistema previsional, y de u$s 1.400 millones de Cammesa y Enarsa con el objeto de cancelar las obligaciones con PDVSA. Esa suma de dinero se distingue en: 1.378.357.753 a favor de Cammesa y 21.642.247 para Enarsa.



Cammesa es el organismo más beneficiado con los subsidios otorgados por el Estado nacional y su gerente de Finanzas, Paula Español, escolta a Daniel Filmus como precandidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires del Frente para la Victoria para las próximas elecciones legislativas del 11 de agosto. En la requisitoria del fiscal se advirtió que la denuncia pone foco en las dos resoluciones del Boletín Oficial, debido a que la norma que habilita la creación de esa deuda pública data del día 18 de octubre de 2012, pero recién fue publicada el 28 de junio de 2013, ocho meses después.



Carrió y Reyes acusaron a los funcionarios porque sin ley que los habilite, sin parámetros que expliquen las condiciones, montos, plazos, intereses, etcétera, se habrían emitido Letras nueve meses antes que la norma lo establezca, vulnerando así el imperativo legal de publicidad en los actos de gobierno. En ese contexto, Delgado entendió que podría existir una posible hipótesis delictiva, por lo que solicitó formalmente la instrucción de la presente causa y reclamó que se obtengan los expedientes administrativos de las resoluciones.



Delgado, responsable de la fiscalía número 6 planteó que la Auditoría General de la Nación que encabeza Leandro Despouy podría designar un grupo de expertos que brinden su opinión técnica sobre el procedimiento denunciado. Además, resaltó que según la reseña institucional del Boletín Oficial, la publicación de una norma es un paso necesario y obligatorio para que la misma pueda entrar en vigencia. En ese sentido, se recordó que si bien es habitual que las normas se publiquen algunos días después de la fecha de su sanción, en el caso de las dos resoluciones conjuntas hay una demora excesiva.