Hay empresas que tienen el terreno comprado y otras que hasta cerraron los contratos con los futuros usuarios de la energía. Son al menos cinco las compañías que están esperando la señal de largada del Gobierno para invertir en proyectos de energía renovable, ya sea eólica o solar. En la Secretaría de Energía trabajan en los últimos trazos de la reglamentación de la ley de Energías Renovables (o ley Guinle, por el senador del FpV que la presentó), que se votó en septiembre. La norma contó con el asesoramiento de Sebastián Kind, que ahora está al frente de la Subsecretaría de Energías Renovables cerrando los detalles. Cerca del ministro Juan José Aranguren dicen que estará lista antes de fin de mes. La norma ayudará a sustituir la energía generada a partir del gas importado. Además, el sinceramiento de las tarifas hará más aceptable en el mercado los precios de esta energía, que es más cara.

La expectativa por la norma –que reemplazó una ley de 2006 que nunca se llegó a cumplir y el programa GENREN de 2009– tiene su lógica. La ley establece que al 31 de diciembre de 2017 el 8% de la matriz energética debe provenir de energías renovables y obliga a los grandes usuarios (pymes, supermercados e industrias, entre otros) que demandan 300 kW de potencia o más, a cumplir con ese porcentaje o, de lo contrario, pagar fuertes multas. Este punto fue resistido al interior de la UIA, que quería que todos abonaran las sanciones.

Como hoy apenas 1% de la matriz está compuesta por este tipo de energía, para llegar al objetivo habría que instalar entre 2.000 y 3.000 MW (un monto que todos ven materialmente imposible). Ahí entran los proyectos en espera: con la reglamentación de la ley tendrán, además de la demanda asegurada, fuertes beneficios impositivos. La norma también crea un fondo para financiar proyectos, y las empresas esperan que el Gobierno realice subastas de compra de energía.

Para instalar 3.000 MW de energía eólica, se necesitarían US$ 6.000 millones, según la estimación de las empresas del sector: la más grande es Genneia, creada por Alejandro Ivanissevich y ahora en manos de los fondos PontState, LAIG, Fintech y la familia Brito, con una capacidad de 77,4 MW en Rawson.

También están la española Isolux, con 50 MW en Puerto Madryn; y otros 50 MW son aportados al sistema por la riojana Arauco. Hay proyectos más pequeños, como los 10 MW de la firma de energía solar de Ivanissevich, 360energy, en San Juan.

Cada una de estas empresas tiene proyectos de expansión, pendientes de la reglamentación. Genneia llevará a 100 MW el parque de Rawson y prevé levantar otro en Puerto Madryn, que alcanzaría 220 MW en tres años y medio. Inicialmente invertirán US$ 50 millones.

Isolux tiene un proyecto en marcha de 50 MW en Río Negro. "Y, además, tenemos los contratos con compradores privados y estamos buscando financiación para 150 MW más en Puerto Madryn", cuenta Juan Carlos de Goycoechea, presidente de Isolux. Las tarifas de esos contratos rondan US$ 105 el MW hora.

Esos valores están en línea con el techo que establece la ley, de US$ 113, fijado específicamente por Axel Kicillof y que fue muy cuestionado. Es que, si bien es más bajo que los US$ 200 promedio que cuesta generar con gas o fuel oil importado, deja afuera algunos proyectos de energía solar, que tienen costos más altos, de hasta US$ 160 el MW. Hoy, las industrias pagan entre US$ 75 y 90 la generación térmica.

A estos proyectos se suma el de Pampa, dueña de Edenor, que anunció US$ 200 millones para un parque de 100 a 150 MW en Bahía Blanca y el interés de la italiana Enel, dueña de Edesur. Según las cuentas de Ivanissevich, hay unos 1.000 MW en gateras. "Recibo uno o dos interesados por semana en invertir. Yo tengo los terrenos para instalar 800 MW de energía solar", promete.

La ley arranca sin poder cumplirse

Todos en el sector coinciden en que no hay forma de llegar a alcanzar la meta del 8% de la matriz renovable para 2017. Sin embargo, para no seguir demorando el desarrollo dicen que es preferible arrancar con la normativa y después -si no llega a haber oferta de energía para cumplirla- ver cómo se resuelven las penalidades, antes de volver al Congreso a ajustar un número más realista.

Uno de los ajustes que vienen demorando la reglamentación de la norma es la implementación del contenido local que tendrán que tener los proyectos, un pedido especial de la UIA y, en particular de IMPSA, la compañía de Pescarmona que está en crisis y que, junto con NRG e Invap son las únicas productoras de aerogeneradores. Estas firmas formaron un “cluster”, junto a otras 60 que producen componentes. Y le pidieron al Gobierno que no se tome en cuenta ni el transporte ni el montaje para medir el contenido local y que los beneficios para importar de la ley se extiendan a los proveedores de los equipos.