El comisario José Manuel Villarejo tuvo al PSOE andaluz entre los objetivos de sus trabajos de espionaje. Informes elaborados por el policía describen presuntos sobornos, con el detalle de bancos, sociedades y cuentas corrientes en la que se habrían producido los mismos. También informó de seguimientos a personas que consideró de interés.

El informe sobre el PSOE andaluz estuvo relacionado con una central eléctrica de Iberdrola. En el año 2004 el policía trabajó para esta compañía, que intentaba neutralizar los ataques a la construcción de una central eléctrica en el municipio de Arcos, en Cádiz.

Villarejo expuso en un informe para su cliente que “sin ningún género de dudas, la raíz de la crisis estaba en el partido que actualmente gobierna en la Junta de Andalucía”. De esta manera, el policía ofreció un diseño de fuentes de información en los comités provinciales del PSOE y los diferentes clanes socialistas en la zona. Igualmente lo hizo respecto al entorno personal del presidente de la Diputación de “las empresas y actividades que mantiene con su hermano Pedro”.

En el aparato del PSOE en la comunidad, Villarejo ofreció información sobre los sectores como “Chaves y el aparato del partido, Zarrías y los controladores y recaudadores, y Pizarro (no confundir con el de Endesa) y los renovadores”.

También ofreció información sobre el “entorno personal del presidente Chaves” incluidas las “relaciones extra-familiares”. Gaspar Zarrías, hombre fuerte del PSOE andaluz, que llegó a ser más tarde vicepresidente de la Junta de Andalucía, también estaba en la diana de la investigación de Villarejo, concretamente lo que llamó “su entramado de recaudación de fondos”. La investigación se ampliaría al entorno personal y de negocios de miembros significativos alrededor de Chaves.

El trabajo de Villarejo se bautizó como informe Arrow (flecha, en inglés, un juego de palabras con Arcos, la localidad en la que se centraba el asunto). En las conclusiones, Villarejo sostiene que hubo “pagos de Endesa a políticos de la Junta” de Andalucía. El documento afirma que “se detectó la desviación de casi 15 millones de euros a principios del 2003 (dato ya aportado) y otro a finales de año por un importe no cuantificado exactamente”.

La información aportada a continuación es muy concreta, y descubre que Villarejo pudo haber tenido acceso directo a información de movimientos de cuentas. El policía relata que “los referidos pagos se canalizaron a través de la Banca Internacional Banca Mora (propiedad al 100% del BBVA)”. A continuación da la numeración completa de la presunta cuenta del beneficiario: AD44 00044 0049 0000 1591 5011. El titular de esta cuenta es la empresa Redesa, que vincula con personas del entorno del PSOE andaluz.

VILLAREJO, ANDORRA Y CUENTAS SECRETAS

La investigación de Villarejo sigue la pista del dinero, donde cita la participación del “jefe de la Policía andorrana y responsable de los servicios de inteligencia del país”. Con la utilización de “códigos de cuentas secretas” el comisario da cuenta de envíos de dinero. Según Villarejo, “el rastreo de alguna de las transferencias desemboca en varias cuentas que testaferros de la Junta mantienen”.

En su trabajo para Iberdrola en julio de 2004 el comisario sostiene que había “cantidades abonadas a consultorías afectas a la Junta, controladas por Viera”, en referencia al consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta, José Antonio Viera. Estas habrían sobrepasado los 1,2 millones de euros. El comisario vincula estas operaciones a dos testaferros.

Las empresas que cita Villarejo son la Sociedad para el Desarrollo de Programas Europeos, e Iniciativas de Estudios Europeos, en la que aparecerían personas que “trabajan para la Junta”.

Los pagos que Villarejo dijo haber detectado habrían sido realizados, según su versión, “de manera regular y durante años”. El informe señala que “estas cuentas, los bancos receptores e incluso en ocasiones los firmantes, son cambiados para borrar todos los rastros posibles” periódicamente.

Villarejo relató en su informe presuntos pagos “atípicos” de Endesa. Estos son descritos con todo lujo de detalles. Entre ellos se encuentra que los pagos se canalizaron “a través de la sociedad Atacama Finance Co.” una sociedad de Islas Cayman que el policía vincula a Endesa. Una cuenta de esta empresa en el banco NatWest de Gibraltar que estaba inactiva habría recibido tres ingresos de por un total aproximado de 4,3 millones de dólares. Desde esta cuenta se habrían realizado a su vez cuatro transferencias de 600.000 dólares cada una a otra de la sociedad EHM 91.

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El comisario ahora en prisión refleja en este documento la coincidencia de esos pagos con unas declaraciones del entonces consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta, José Antonio Viera, en las que señalaba que una eventual paralización de la central de Arcos no tendría un efecto negativo.

El informe añade que “no se ha podido disponer de todos los datos” de presuntas operaciones relacionadas con “sociedades personales de directivos de la Junta que canalizan sus ingresos al margen de los que van a la financiación del partido”.

Villarejo sostiene en su informe que “los habituales pagos de Endesa a políticos de la Junta” se incrementaron a partir de una reunión en la que Sevillana (filial de Endesa) consiguió decisiones políticas que le favorecían.

El comisario, que cumple ahora prisión preventiva, consideró que existía lo que llamó “trama inmobiliaria Blas de Infante”, en referencia a las empresas situadas en el número 6 de esta avenida de Sevilla.