En México los gobiernos (federal y estatales) espían los teléfonos y computadoras de personas que no son acusadas por ningún delito. Aunque la ley autoriza la intervención de comunicaciones privadas contra posibles delincuentes, en el 90 por ciento de los casos las personas espiadas nunca son acusadas ante un juez.

El informe “El Estado de la Vigilancia: Fuera de Control”, elaborado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), evidencia que en México el espionaje legal no ha probado ser útil en el combate a la delincuencia. En cambio, dicho sistema opera entre la opacidad, con cifras oficiales que se contradicen, y con intervenciones que se realizan sin el aval de un juez.

El documento, al que Animal Político tuvo acceso y que sustenta en respuestas de más de 600 solicitudes de transparencia, revela que entre 2013 y 2015 se hicieron por lo menos 90 mil solicitudes de intervención de comunicaciones, geolocalización u obtención de datos de dispositivos de comunicación (metadatos). Esto como parte de la integración de seis mil 529 averiguaciones previas.

Sin embargo, apenas 572 de esas averiguaciones previas que equivalen a un 8.73 por ciento fueron consignadas ante un juez y se acusó a las personas de algún delito.

“Esto sugiere que aproximadamente el 90%de las personas que podrían haber sido vigiladas con fines de investigación penal no han sido acusadas de ningún delito ante un juez” señala el documento.

El caso de Veracruz es “especialmente dramático” establece el estudio. La Fiscalía de dicho estado reportó dos mil 339 expedientes de investigación en los que se solicitó una medida de vigilancia o espionaje, pero solamente nueve casos fueron consignados. Es decir, en más del 99 por ciento de los casos de espionaje en el estado no hubo delitos.

Hay doce procuradurías y fiscalías del país, además de la PGR, las cuales ni siquiera proporcionaron información de los resultados del espionaje en el combate al delito. De acuerdo con la R3D, esto demuestra que no hay evidencia que sustente el argumento de que intervenir las comunicaciones “mejora la seguridad y combate la impunidad”.

“En una gran cantidad de casos las autoridades investigadoras utilizan herramientas de vigilancia en contra de personas respecto de las cuales no existe evidencia de que hayan participado en la comisión de un delito (…) esto sugiere en gran medida que la vigilancia estatal podría haber sido utilizada de manera ilegítima en contra de personas de manera impune” señala el diagnóstico.

Espionaje ilegal y opaco

De acuerdo con la ley solamente las fiscalías de los estados, la PGR, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) tienen facultades para solicitar la intervención de comunicaciones privadas ante un juez. Además, la Corte concluyó en 2015 que solo estas dependencias, pueden solicitar a una empresa telefónica que entregue toda la información de una línea.

Pero la realidad es distinta, como revela la propia información oficial.

Los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones indican que en el primer semestre de 2016 las compañías telefónicas recibieron 35 mil 778 solicitudes de acceso a los metadatos de una línea, es decir información que va desde el historial de llamadas y mensajes entrantes y salientes de un teléfono, hasta su desplazamiento de acuerdo con las redes del sistema al cual se conecta el teléfono.

Las empresas telefónicas aceptaron en más del 90 por ciento de las solicitudes proporcionar los datos de sus usuarios pero hubo en particular 7 mil 45 casos en donde se dio la información a dependencias que no tenían facultades legales ni constitucionales para acceder a ese tipo de datos.

Entre las autoridades que recibieron datos de comunicaciones privadas de personas sin tener facultades para ello se encuentran desde jueces y funcionarios de gobiernos estatales, hasta instancias como la Policía Cibernética de Querétaro o el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Los datos oficiales respecto al espionaje y vigilancia también arrojan sospechas de acciones que podrían estarse realizando sin la aprobación de los jueces como marca la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Según datos de las propias autoridades, en casi todos los casos el poder judicial autoriza sus solicitudes de intervención de comunicaciones privadas. En 2013, de 872 solicitudes, únicamente 54 fueron negadas por un juez. En 2014, de 1165 solicitudes, únicamente 52 fueron negadas. En 2015, de 1144 solicitudes, fueron negadas 62

Pero lo informado por el Poder Judicial contradice lo anterior. En primera instancia, aunque ocho estados (Colima, Zacatecas, Tabasco, Guerrero, Jalisco, Puebla, Querétaro y Quintana Roo) reportaron que han solicitado y obtenido autorización para intervenir un teléfono o una computadora de una persona, el Consejo de la Judicatura reportó por su parte que no ha recibido ni concedido ninguna autorización de espionaje a los estados, con excepción de Nuevo León.

A esto se suman notables discrepancias en lo reportado por el gobierno federal. Por ejemplo, el CISEN afirma que realizó dos mil dos solicitudes de espionaje ante los jueces, pero el Poder Judicial solo reporta 654.

El diagnóstico también advierte de problemas de opacidad en el tema de la intervención de comunicaciones, pese a que el artículo 70 de la Ley Federal de Transparencia establece que este tema es de interés público y debe informarse por lo menos con fines estadísticos.

Por ejemplo la Fiscalía de Aguascalientes y las procuradurías de la Ciudad de México y de Guanajuato no entregaron información alguna sobre sus actividades de vigilancia y recolección de metadatos, mientras que la propia PGR y el CISEN dieron datos parciales.

En el caso del CISEN en particular este organismo se ha negado a informar el número de personas que son intervenidas y solo ha reportado la cantidad de solicitudes. Un recurso interpuesto por la Red para la Defensa de los Derechos Digitales derivó en que el INAI decretara que la información tenía que entregarse.

“No obstante, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de revisión en materia de seguridad nacional (el primero del año y el segundo en la historia) en contra de la resolución del INAI, argumentando que divulgar la información en solicitada por R3D en riesgo la seguridad nacional” señala el documento.

El caso quedó registrado en la Corte como Recurso de Revisión en Materia de Seguridad Nacional 1/2016 y hasta el momento está pendiente de resolución. La Red subrayó que el querer conocer el número de personas que han sido espiadas (no su identidad) no puede ser considerado como un riesgo a la seguridad nacional.

Veracruz lidera en recolección de datos privados

Entre 2013 y 2015 los estados y el gobierno federal realizaron 41 mil 107 solicitudes de información de datos conservados (metadatos) a las empresas de telefonía del país. Más del 60 por ciento de estas solicitudes provienen de la Procuraduría General de la República (PGR).

Pero a nivel estatal es la Fiscalía de Veracruz la que encabeza las solicitudes de acceso a los metadatos y su tendencia es cada vez más alza. En 2013 realizó 224 solicitudes de este tipo, para 2014 la cifra se disparó a 780 y en 2015 creció a 802.

Por otro lado los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre la primera mitad de 2016 también identifican a la Fiscalía de Veracruz como la dependencia estatal con mayor número de solicitudes entregadas a compañías telefónicas para obtener datos de número de teléfono celular con dos mil 460 peticiones, cifra superior incluso a las solicitudes presentadas por todo el Poder Judicial de la Federación.