Lorena López

El próximo año los partidos recibirán 6 mil 788 millones de pesos para los gastos de campaña, aprobó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Argumentó que los poderes fácticos intentan influir en el poder político, por lo que debe mantenerse el financiamiento público a fin de evitar sobornos del crimen organizado o grupos económicos y corrupción con recursos de programas sociales o del presupuesto.

El organismo destacó que se trata de la cifra más alta de recursos para un proceso electoral que se haya aprobado en México, a lo que deberán sumarse otros 6 mil millones de pesos para financiar las campañas locales que también tendrán lugar en 2018.

El consejero Ciro Murayama advirtió que “hay poderes fácticos queriendo influir en las decisiones del poder político” y, si se renuncia al financiamiento público, se abre la puerta “a la necesidad de que el dinero opaco, de origen por lo menos desconocido, sea el que esté financiando las campañas”.

Subrayó que el INE ya ha detectado que los partidos utilizan dinero ilegal en las campañas. “Todo dinero que de manera escondida llega a una campaña electoral en México es una suerte de soborno; no hay donación millonaria desinteresada” y eventualmente proviene de arcas públicas, “lo cual también es corrupción”, dijo.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, se manifestó a favor de una discusión nacional del “gran tema que es el dinero y la política”, aunque aclaró que debe prevalecer el financiamiento público para generar autonomía de la política frente a intereses privados, eventualmente ilegales.

El representante del PAN, Eduardo Aguilar, pidió dejar fuera el dinero del narcotráfico y los programas sociales de las campañas electorales vía el financiamiento. El del PRI, Alejandro Muñoz, aprovechó para cuestionar el fondeo de la campaña del PAN en Coahuila, donde, aseguró, se investiga la utilización de empresas fantasma.

“Hoy nos venimos a rasgar las vestiduras a decir que no entre dinero del narcotráfico. ¿Y qué pasó entonces en Coahuila? ¿Y qué pasó con esas empresas fantasmas? ¿Y qué pasó con ese sindicato? Bueno, pues nos va a decir la Procuraduría General de la República qué pasará”, dijo.

En tanto, la representante de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, señaló que nadie puede negar el financiamiento ilegal de las campañas, porque se detectaron recursos no reportados.

“Más de 400 millones de pesos entregados en dádivas, programas sociales, compra y coacción del voto, es evidente, porque eso nadie lo puede negar, excepto el discurso cínico de que eso no existe y viven en otro mundo; todo mundo hemos visto que eso existe en campañas”, acusó.

El perredista Royfid Torres señaló que no se trata de desacreditar a los partidos con declaraciones estridentes, sino que la autoridad electoral debe castigar conductas ilícitas si las conoce y las detecta.

El dictamen del INE propone un presupuesto de 4 mil 296 millones 333 mil 246 pesos para gastos ordinarios de partidos; 2 mil 148 millones 166 mil 603 pesos para gastos campaña; 42 millones 963 mil 332 pesos para candidatos independientes; 128 millones 889 mil 997 pesos por actividades específicas de partidos y 171 millones 853 mil 323 pesos por franquicias postales.

En total entregará 6 mil 788 millones 900 mil 16 pesos, cifra que deben aprobar los diputados una vez que inicie la discusión del Presupuesto 2018.

Asimismo, el Consejo General avaló los lineamientos aplicables a la información noticiosa sobre las precampañas y las campañas del año próximo, con el objetivo de que la contienda sea equitativa, sin descalificación ni discordia.

Llaman a los medios de comunicación a distinguir entre hechos noticiosos y opiniones, al derecho de réplica, el respeto a la vida privada de los candidatos, la promoción de programas de debate, la perspectiva de igualdad y no discriminación y recuerda la prohibición constitucional de transmitir publicidad o propaganda con información periodística.

Los consejeros Marco Antonio Baños y Benito Nacif coincidieron en que se trata de recomendaciones, porque no son normas exigibles mediante amenaza de sanción o coacción y no pretenden tocar la libertad de expresión.

La diputada del Partido Verde Lorena Corona cuestionó la inclusión del artículo 256, que fue modificado en la Cámara de Diputados en materia de libertad de expresión, pero está pendiente de aprobación en el Senado.

La consejera Pamela San Martín apuntó que lo que está en discusión en la acción de inconstitucionalidad es qué autoridad debe regular el derecho de las audiencias, si el Instituto Federal de Telecomunicaciones o el Ejecutivo, por lo que la ley de telecomunicaciones está vigente, aunque haya una reforma pendiente.

LA AUTORIDAD ELECTORAL, “EN SU PEOR MOMENTO”, CONSIDERA UGALDE

El ex consejero presidente Luis Carlos Ugalde consideró que el Instituto Nacional Electoral enfrenta su peor momento en credibilidad, la cual radica en una percepción general hacia todos los entes gubernamentales; también consideró que la legislación electoral no alcanza a resolver los problemas que existen en el sistema partidario.

“El gasto excesivo en campañas es el principal problema de la democracia mexicana y la legislación actual no es capaz de resolverlo. En las encuestas 60 por ciento de la gente no tiene confianza y piensa que las elecciones son fraudulentas. El INE está en su peor momento de confianza ciudadana”, dijo en su visita a la Universidad La Salle Laguna.

Respecto a los comicios de Coahuila, Ugalde expuso que la metodología que utilizó el órgano electoral fue similar a la usada en todo el país y por ello no vio irregularidades. Resaltó que la elección presidencial de 2018 será de las más complicadas de la historia y ve una carrera de tres contendientes que al final terminarán en dos. Concluyó que para 2019 México tiene el reto de crear otra legislación que permita corregir los errores de las de 2007 y 2014.

Con información de Luis Alberto López/Gómez Palacio.



