El presidente de la Asociación de Magistrados y ministro del Tribunal de Apelaciones, Alberto Reyes, aseguró que los jueces están disconformes con las penas que muchos fiscales han acordado con los delincuentes en los últimos meses y proponen cambios para que puedan tener voz en esos pactos, algo que la ley actual no permite. "Es algo en lo que tenemos que trabajar (...) porque a veces dejan la sensación de que no hay verdaderamente justicia", dijo Reyes en entrevista con Telenoche este fin de semana.

Desde noviembre de 2017, cuando comenzó a regir el nuevo Código del Proceso Penal, los fiscales –quienes a partir de entonces lideran las investigaciones y son quienes acusan en los juicios– tienen a su disposición dos figuras jurídicas las que han recurrido con frecuencia –en el 97% de los casos– para resolver los conflictos: la suspensión condicional del proceso y los acuerdos abreviados.

Cuando se opta por la primera vía, que solo se aplica cuando los delincuentes cometen delitos menores, como el hurto, los imputados aceptan cumplir con determinaras medidas –como pedir disculpas y devolver a la víctima lo robado– a cambio de que no se los juzgue.

La segunda opción, la de los procesos abreviados, consiste en un pacto en el que, en una sola audiencia, los delincuentes aceptan la culpabilidad de lo que se les acusa y los fiscales acuerdan penas menores, de modo de ahorrar tiempo y recursos. Este camino –que recibió modificaciones en agosto tras varios casos polémicos en que se vieron beneficiados delincuentes sexuales– es la forma más frecuente de resolución de contiendas, y los fiscales han denunciado que eso es así porque se trata de una solución sencilla contra la sobrecarga de trabajo.

De este modo, las penas arregladas entre las partes fueron cuestionadas por la sociedad. Sucedió en varios juicios en donde se condenó a violadores o abusadores sexuales con penas de prisión en el entorno de dos años –pese al ajuste de meses atrás– o cuando, por ejemplo, el fiscal Fernando Romano permitió que un joven que había participado en los actos vandálicos en la marcha del G20 pudiera irse de vacaciones a Valizas en enero, cuando debería cumplir la medida acordada: firmar todas las semanas en la comisaría más cercana.

En todos esos casos, los jueces solo velaron por que se cumplieran las formalidades legales para poder validar los acuerdos –corroborar que los imputados estuvieran aceptando en forma consciente lo pactado, por ejemplo–, pero la ley no permite que los magistrados opinen o intervengan en las condiciones pactadas.

"Queremos establecer con mayor profundidad el rigor y el alcance que tenemos tanto en los acuerdos como en cuanto a las medidas que se aplican", dijo Reyes, en diálogo con El Observador. "En la práctica, los acuerdos ya vienen cerrados y se los comunica al juez, y eso no funciona así en otras partes" del mundo, agregó el magistrado.

Reyes recordó, para ilustrar el planteo, lo que dispuso la fiscal Gabriela Peraza a un delincuente que intentó robar un cajero automático de Pocitos el 16 de diciembre: que no pueda acercarse al dispositivo. "No tiene mucho sentido que el juez no pueda cambiar absolutamente nada en estos acuerdos", insistió el presidente del gremio de magistrados.

"Lo que planteamos es que cuando advirtamos que las medidas son absurdas o inconducentes, tengamos la posibilidad de proponer otras más acordes a la situación del imputado: que el juez pueda hacer alguna bajada de línea", afirmó.

De todos modos, Reyes dijo que aún no hay elaborado un "proyecto" de reforma al sistema penal, pero que sí se trata de un "tema de preocupación" que se ha transmitido en varias reuniones con el resto de los operadores judiciales. "Estamos interesados en avanzar", concluyó.