En julio del año pasado, a Eleazar Cruz Santos se le murieron dos vacas lecheras holandesas por ingerir el agua del arroyo El Sesenta, que cruza la comunidad ganadera de Tolosita, contaminado entonces por un derrame de gasolina derivado del robo de combustible por los huachicoleros; por ello, movilizó a sus más de 100 animales a potreros más seguros y gastó 350 mil pesos por la renta de pastizales durante la prolongada emergencia.

Los funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) le pidieron a Eleazar que comprobara los gastos por el traslado de sus vacas y la renta de los potreros. Le aseguraron que le pagarían. “En este mes estamos cumpliendo un año de ese derrame y, hasta ahora, la empresa petrolera se niega a cubrir las indemnizaciones”, acusa.

En esa ocasión, en Tolosita, que pertenece al municipio de Matías Romero, resultaron afectados 22 ganaderos que aún esperan el pago de la petrolera.

De acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública 2018, las empresas productivas subsidiarias de Pemex, como Exploración y Producción (PEP) y Transformación Industrial (PTRI), han incumplido con los trabajos de remediación en los sitios contaminados por derrames y fugas.

En las conclusiones del órgano fiscalizador, se detectó que en 2017 Pemex Logística (Plog) “determinó no realizar la remediación de 4 mil 509 sitios contaminados, con una provisión de gastos de 7 mil 482 millones de pesos a diciembre de 2017”, al considerar que la contaminación se produjo por derrames ocasionados por actos ilícitos.

Al respecto, existe una sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que excluye a esa subsidiaria de la obligación de llevar a cabo la remediación. Sin embargo, para la ASF “dicho resolutivo sólo acredita un caso derivado de actos ilícitos y, por lo tanto, Plog tiene la responsabilidad de remediar los restantes 4 mil 508 sitios contaminados”.

No reconoce daños

La semana pasada, Eleazar Cruz Santos contrató a un abogado para demandar a Pemex porque, sin su permiso, en 2014 la petrolera instaló una cama anódica en su potrero, que sirve para proteger el ducto por donde transporta gasolina de Veracruz a la refinería de Salina Cruz. “Tampoco quiere pagar Pemex”, lamentó.

No es el único caso. Hasta diciembre del año pasado, PTRI no reconocía ni había determinado “el costo estimado requerido para la remediación del sitio contaminado en la refinería de Salina Cruz, originado por los siniestros de inundación e incendio de junio de 2017, así como del sismo de septiembre del mismo año”.

Como informó EL UNIVERSAL el 13 de junio de 2017, las lluvias provocadas por la tormenta tropical Calvin inundaron la refinería Antonio Dovalí Jaime, de Salina Cruz, la sacaron de operación y, al día siguiente, cuando se dio la orden de reanudar las plantas del complejo petrolero, sobrevino la explosión y el incendio en el área donde se localizan decenas de tanques con capacidad de almacenamiento de 500 mil barriles cada uno. La inundación y el incendio contaminaron pozos, arroyos, así como áreas de pesca y pastoreo.

En el sismo del 7 de septiembre, recordó el representante de la cooperativa de salineros de Salinas del Marqués, Raúl Antonio Gallego, se rompió el cuello de una manguera de la monoboya tres, donde cargan los buques petroleros y el derrame de crudo contaminó cuatro vasos salineros donde se producían unas 20 mil toneladas de sal.

Según el inventario de sitios contaminados de 1994 al 31 de diciembre de 2018, revisado por la ASF, en esos años son 645 hectáreas dañadas por PEP, en 708 puntos del país, lo que obliga a esa subsidiaria a desembolsar mil 671 millones de pesos. Asimismo, la ASF detectó que PTRI contaminó 285 hectáreas en siete puntos del país y, para remediarlo, debe cubrir 3 mil 152 millones de pesos.

Demandan pago

El 26 de junio, Antonio Gallego, dirigente de los salineros, dijo que se llevaría a cabo una audiencia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en el puerto de Salina Cruz, pero ningún funcionario de Pemex compareció. Los 163 socios de la cooperativa demandan un pago de 22 millones de pesos a la petrolera.

En diciembre del año pasado, pobladores de las comunidades de Estación Sarabia, Boca del Monte, Paso Real y Mogoñé —que pertenecen al municipio de San Juan Guichicovi— y las poblaciones de Palomares, Progreso y Tolosita —de Matías Romero— bloquearon la carretera Transístmica en la zona norte del Istmo para exigirle a Pemex remediar la contaminación de arroyos y áreas de pastizales a causa de un derrame de gasolina en 2017.

Pemex, dijeron autoridades, se deslindó de afectaciones y dijo que los derrames eran provocados por los ladrones de gasolina que saquean los ductos.

La ASF concluyó que las empresas productivas subsidiarias, como PEP, PTRI y PLOG, “no han cumplido, de forma cabal, con sus obligaciones de remediar los sitios contaminados por fugas y derrames de hidrocarburos, así como de realizar el manejo y disposición de los residuos peligrosos especiales, conforme a lo previsto en la normativa, lo que provoca riesgos de efectos adversos en la salud humana, la flora, la fauna y el medio ambiente”.