Cristina Cifuentes (PP) tendrá que afrontar los efectos de la operación Púnica entre sus filas. David Marjaliza, pieza central en el entramado de corrupción que investiga la Audiencia Nacional, ha involucrado a Jaime González Taboada, Bartolomé González y Eva Borox. El primero es consejero de Administración Local, el segundo es diputado popular y la tercera es parlamentaria de Ciudadanos, el partido que aupó a Cifuentes al poder.

David Marjaliza, que permanece en prisión desde que salió a la luz la operación Púnica el pasado octubre, ha relatado al juez instructor Eloy Velasco el modo de actuar y las personas supuestamente implicadas en una red de corrupción extendida por numerosos municipios madrileños y en la propia Comunidad, dedicada a lucrarse con actuaciones urbanísticas y contratos públicos amañados.

La decisión de confesar los hechos y colaborar con la Justicia tomada por Marjaliza ha supuesto una ampliación de la ‘nómina’ de políticos del Gobierno regional involucrados en la trama. A los nombres de los ex consejeros de Esperanza Aguirre Francisco Granados -también en prisión desde hace casi nueve meses- , Salvador Victoria y Lucía Figar se une ahora el de Jaime González Taboada, ex director general de Cooperación con la Administración Local, número 3 de la lista de Cifuentes en las elecciones del pasado junio y nombrado por la nueva presidenta de Madrid consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.

Junto a González Taboada, Marjaliza ha mencionado a dos actuales diputados autonómicos: Bartolomé González, número 11 de la candidatura del PP, y Eva Borox, número 3 de la lista de Ciudadanos, la formación que prestó sus 17 escaños a Cifuentes para lograr el Gobierno regional.

Aforados

Los tres nuevos afectados por la operación Púnica tienen fuero ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, único competente para imputarles. Fuentes de la investigación señalan que las manifestaciones de Marjaliza se están comprobando porque “no podemos enviar las actuaciones al TSJM con la sola declaración de un coimputado”.

Cristina Cifuentes afirmó el 10 de junio que “hay un compromiso de todos los diputados del PP” de dejar el acta si son imputados por corrupción. “No va a haber diputados imputados pertenecientes al Grupo Popular”, aseveró. De confirmarse, la implicación de González Taboada en la operación Púnica puede tener, por tanto, consecuencias en la composición del Gobierno regional y del grupo del PP en la Asamblea. Pero si Jaime González Taboada o Bartolomé González decidieran conservar el acta y pasar el grupo mixto, Cifuentes perdería la mayoría absoluta, que tiene por un solo escaño.

La confesión de Marjaliza puede ser una bomba política de efecto retardado. Los investigadores aseguran que el empresario, muy afectado por su situación de encarcelamiento, “no se dedicó a especular” ante el juez de la Audiencia Nacional sino que realizó una declaración “muy trabajada, muy reflexionada”. A cambio ha pactado con la Fiscalía Anticorrupción una sustancial rebaja de la pena que fuentes jurídicas sitúan en torno a los 5 años de prisión. Una disminución muy cualificada si se tiene en cuenta el catálogo de imputaciones provisionales que pesan sobre él: delitos fiscales, blanqueo de capitales, falsedad documental, tráfico de influencias, organización criminal, cohecho, malversación, prevaricación, fraude.

Las fuentes citadas indicaron que Marjaliza ha implicado a González Taboada en un “reparto” de las obras de infraestructura financiadas por la empresa pública madrileña Arpegio dentro del Plan Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma). Este proyecto, dotado con cientos de millones para la realización de infraestructuras en municipios madrileños, era planificado por Taboada como director general de Cooperación con la Administración Local. Granados, consejero de Presidencia desde 2004, ostentaba la presidencia de Arpegio.

Según David Marjaliza, las obras programadas se repartían en tres lotes y sus adjudicaciones eran amañadas para obtener comisiones ilícitas. Un lote iba para determinados funcionarios, otro para Taboada y el tercero para él y Granados. El ‘modus operandi’ consistía en la apertura irregular de las plicas para conocer el orden de valoración de las empresas que acudían a la licitación. La empresa que, tras ser contactada, aceptaba pagar comisiones era situada en primer lugar aunque su oferta no fuera la más ventajosa para la Administración y a ella se adjudicaba la obra en cuestión.

Confesión de la secretaria

El diputado Bartolomé González, ex alcalde de Alcalá de Henares, ha sido mencionado por Marjaliza en sus declaraciones judiciales en relación a la supuesta actividad ilegal de la mercantil Cofely España de pago de comisiones a alcaldes y concejales a cambio de la adjudicación de contratos de eficiencia energética.

A través de David Marjaliza, que actuaba de intermediario entre Cofely y los Ayuntamientos, la primera ofrecía a los municipios un plan de ahorro de energía eléctrica. Los regidores que accedían eran retribuidos con un soborno que el propio Marjaliza adelantaba en ocasiones utilizando el dinero B que generaban sus empresas de construcción. Esas cantidades le eran devueltas posteriormente ‘inflando’ facturas que emitían sociedades conchabadas con Marjaliza con las que Cofely subcontrataba la obra civil del plan de eficiencia energética.

Según manifesto Marjaliza al juez Velasco, Bartolomé González recibió -supuestamente- 60.000 euros de Cofely por adjudicarle un contrato de esas características. El dinero se habría pagado en metálico por Ana María Ramírez, secretaria y mano derecha de Marjaliza. Esta imputada acaba de salir de la cárcel después de que Velasco haya modificado su situación de prisión incondicional por prisión bajo fianza de 40.000 euros.

Previamente, Ramírez había prestado declaración judicial confirmando las manifestaciones de Marjaliza. La secretaria admitió que un documento que le fue intervenido en un registro, en el que aparecen unas iniciales y unas cantidades, refleja los nombres de los Ayuntamientos sobornados y las comisiones pagadas.

Según fuentes de la investigación, la excarcelación de Ramírez forma parte del pacto con la Fiscalía Anticorrupción. La secretaria ha seguido los pasos de su ex jefe.

En su larga comparecencia ante Eloy Velasco, Marjaliza también implicó a la ex concejal del PSOE de Valdemoro y actual diputada autonómica por Ciudadanos Eva Borox y a su marido, Raúl del Olmo, también integrado en el partido de Albert Rivera.

El empresario manifestó que entregó a Borox 30.000 euros como parte de una estrategia clientelista, para tenerla a favor de Francisco Granados.

También dijo que compró al marido de Borox un décimo de la Lotería propiedad de Olmo y que había resultado premiado con 100.000 euros. Marjaliza afirmó que le dio por él 120.000 euros que quería ‘blanquear’.

Cuando estalló la operación Púnica en octubre de 2014, la web de Ciudadanos Valdemoro se hizo eco de unas declaraciones de Eva Borox en las que mostraba su “indignación y repulsa por la trama de corrupción política del Ayuntamiento” y celebraba que “haya salido a la luz una trama que llevamos muchos años sufriendo y denunciando”.

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