Del Consejo de Ministros a la Fiscalía General del Estado. El nuevo destino de Dolores Delgado es, sin lugar a dudas, el cambio más polémico del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. No es muy estético. No tanto por el currículum de Delgado: una fiscal de carrera, con treinta años de experiencia y méritos sobrados para el puesto. Sino por el paso sin estación intermedia del Ejecutivo y las listas electorales del PSOE a uno de los puestos claves de la Justicia.

El nombramiento es perfectamente legal, por mucho que se indigne la derecha, que ya ha amenazado con todo tipo de querellas en los tribunales. Tampoco es la primera vez que algo así pasa: Javier Moscoso fue ministro y después fiscal general, en sendos gobiernos de Felipe González. No hay incompatibilidad alguna para saltar de un puesto al otro.

Es legal, pero no debería bastar con eso. Y es también un nombramiento que casa mal con el discurso de despolitización de la Justicia. O con la apariencia de imparcialidad. O con la autonomía de la Fiscalía respecto al Gobierno, que la propia exministra de Justicia defendía hace no tanto.

Con todo, resulta obsceno ver al PP de "la fiscalía te lo afina" clamar por la separación de poderes. Como explica Iñigo Sáenz de Ugarte en su artículo de hoy, un buen repaso a la historia de la politización de la Fiscalía en España, "hay que preguntarse dónde han estado los últimos 40 años" quienes hoy se escandalizan por este nombramiento. Cuando el fiscal Maza nombraba al frente de Anticorrupción al fiscal preferido por el corrupto Ignacio González. O cuando la dirigía Jesús Cardenal, famoso por sus críticas, en una memoria de la Fiscalía, al "clima de pluralismo que solo beneficia a los extremos viciosos" de leyes que permiten el divorcio, el aborto, los anticonceptivos o "la distribución de pornografía".

Porque el Fiscal General del Estado, no lo olvidemos, lo nombra en España el Gobierno. No es algo nuevo. Lo hace Pedro Sánchez, exactamente igual que antes lo hicieron los anteriores presidentes. Es una potestad que nace de la propia Constitución Española, esa que tanto se cita y tan poco se lee.

Es un modelo muy mejorable y que nos ha costado algunas críticas en Europa. El Consejo de Europa, en su informe GRECO, ha recomendado a España que cambie la duración de los mandatos para que el nombramiento del fiscal general del Estado no coincida con la duración del Gobierno, como hace Portugal, y que se incluya en la decisión la opinión de expertos. Un modelo de independencia a seguir es el italiano, que nombra al equivalente del fiscal general desde un Consejo General de la Magistratura más independiente del poder político, donde los partidos no tienen la última palabra y también están representados los jueces.

Hay mundos mejores, donde la Fiscalía no depende del Gobierno. Pero vivimos en este. En España. Y el nuevo Gobierno de coalición ha decidido responder a la derecha con sus mismas armas. Cumplir con la ley, pero sin asumir una ingenuidad naif que solo lleve a la derrota. No jugar con las reglas del ballet en un campo de rugby.

Pedro Sánchez –y también Pablo Iglesias, que respalda plenamente esta decisión– sabe que va a la guerra judicial. Y ha nombrado una fiscal general para esa batalla.

Sánchez no quiere repetir la experiencia de la anterior fiscal general, María José Segarra, que fue incapaz de imponer su criterio y autoridad jerárquica sobre varios fiscales que se han constituido en un poder independiente e incontrolado. El Gobierno no quiere que vuelva a pasar lo que ocurrió, por poner un ejemplo, con la respuesta de la Fiscalía del Tribunal Supremo a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Oriol Junqueras. Enviaron su escrito de contestación en apenas dos horas para no dar tiempo siquiera a la tentación de que la fiscal general del Estado, su supuesta superior jerárquica, quisiera opinar algo al respecto.

El Gobierno de coalición es plenamente consciente del tipo de oposición que le espera. Y de que esta oposición no se va a desarrollar solo en el Parlamento. También será en los juzgados, donde la derecha ha copado los tribunales más importantes tras años de colonización impúdica. De "controlar la Sala Segunda desde detrás" y "los nombramientos del Supremo y otros juzgados vitales para el PP", como decía el portavoz del Partido Popular, Ignacio Cosidó, en su famoso whatsapp. De saltos como los de Enrique López, del CGPJ al Tribunal Constitucional, del Constitucional a la Audiencia Nacional y de ahí al Gobierno de Díaz Ayuso: siempre en el mismo partido.

El nuevo Gobierno no se va a amilanar, y ha mandado un mensaje bastante claro: van a utilizar todos los recursos legales a su alcance para cumplir con su mandato democrático. También los poco estéticos. Van a gobernar, le pese a quien le pese. También frente a una derecha judicial que aplica como ley fundamental la del embudo: para los amigos el lado ancho, para los enemigos el estrecho.

"Nos van a hostiar hagamos lo que hagamos", dicen desde el Gobierno. Que ha decidido correr el riesgo de jugar al rugby, y no al ballet, contra las tres derechas. Ya veremos cómo acaba.