Leonardo Meirelles, el "cuevero" de las coimas en Brasil, admitió que la matriz de corrupción del caso Lava Jato se aplicó también en la Argentina.

Sergio Rodríguez, el fiscal de Investigaciones Administrativas, lo interrogó: “¿El Lava Jato se reprodujo en la Argentina?”. El coimero afirmó: “No tengo dudas”. Y agregó: “Existía en Brasil y se extendió a todos los países donde operó Odebrecht”.

Federico Delgado, el otro fiscal, repreguntó. Y Meirelles insistió: “Fue igual en todos los países donde operó la empresa”.

Clarín confirmó que la explosiva afirmación se encuentra en la secreta declaración del cambista, que todavía está en proceso de traducción y legalización en la Justicia argentina.

Se trata de otro testimonio clave que ratifica que en nuestro país hubo un proceso de corrupción masiva con la obra pública vinculada a Odebrecht. Los dichos avalan una denuncia del propio ministro Guillermo Dietrich frente a un centenar de hombres de negocios de Asociación Empresaria Argentina (AEA): “En los últimos años la obra pública estaba cartelizada”.

La confesión de Meirelles encendió luces de alarma y movilizó un fuerte lobby de políticos, ex funcionarios y empresarios que buscan frenar la investigación.

En esa lista están Cristina Kirchner, Julio De Vido y Amado Boudou, pero también empresarios vinculados al actual gobierno y algunos de la Cámara de la Construcción. Serían quienes se beneficiaron con las posibles maniobras. En conjunto –y por diferentes motivos– trabajan para evitar algo concreto: que Odebrecht firme un acuerdo confidencial que permita conocer a los que recibieron coimas.

Son –casi- los mismos que operan para "proteger" a De Vido en sus 125 causas de corrupción. El "lobby antitransparencia” hizo que el FBI decidiera demorar la remisión de informes sobre el escándalo.

En febrero hubo una secreta teleconferencia en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Asistieron miembros de la Casa Rosada, del FBI y del Departamento de Justicia. Clarín confirmó que desde Washington los funcionarios dijeron que tenían todos los nombres de argentinos que recibieron sobornos de Odebrecht. Prometieron trasmitir esos datos sólo si existía el compromiso del gobierno de Mauricio Macri para iniciar acciones judiciales.

En la Casa Rosada existe otra información: que se fugó de Buenos Aires un conocido abogado argentino comprometido con el escándalo. Se trataría de otro “valijero” de Odebrecht. En una reciente reunión de ministros se informó que ahora reside en Canadá y viaja con frecuencia a Inglaterra.

El escándalo que sacude hoy a Brasil reaviva la “crisis de corrupción” binacional. Pero existe una diferencia. El juez brasileño Sergio Moro abrió un proceso que va hasta el hueso, mientras en la Argentina ocurre lo contrario: existen fuertes presiones para tapar las maniobras.

Hasta ahora, en Buenos Aires no pasó nada.

La seria denuncia contra el presidente Michel Temer es un pésima noticia para la economía Argentina. En el Gobierno estaban confiados en que una leve recuperación de la economía brasileña iba acelerar este año el crecimiento argentino.

Ahora la crisis política genera incertidumbre financiera y un adicional freno a la economía del Brasil. El desplome de ayer es un adelanto del contagio negativo que llegará a la Argentina.

Es una mala señal externa. Hubo otra pésima noticia local aportada por Federico Sturzenegger, el titular del Banco Central: volvió a aumentar la tasa de interés para cumplir una pauta de inflación que ya ni siquiera creen dentro del propio Gobierno.

Clarín confirmó que durante una reunión reducida del gabinete de coordinación –con la presencia de Macri– se admitió que el 17% es "incumplible" y que la nueva pauta es 20%. Sturzenegger salió esta semana -sólo para defender su prestigio- a torear a los 7 ministros que descreen de sus proyecciones.

El cuestionamiento al BCRA ocurrió antes del viaje de Macri a China. Los anuncios desde Beijing fueron auspiciosos, pero la letra chica se desconoce y eso hace que los acuerdos sean muy similares –casi idénticos -a los polémicos convenios que firmó Cristina Kirchner.

Todas las promesas de inversiones están condicionadas a que:

-la Argentina cumpla con los convenios firmados por Cristina, incluyendo la construcción de las centrales hidroeléctricas Kirchner y Cepernic;

-las centrales nucleares se hagan sin licitación y contemplen una polémica contratación directa;

-el costo financiero total (tasa más seguros) llegue al elevado 8,19 %.

-se acepte la conflictiva cláusula del “cross default”: si no avanza una obra, se caen todos los convenios con China.

Se trata de acuerdos que Cambiemos -en el llano- objetó y denunció por corrupción.

Es llamativo el cambio de discurso de muchos dirigentes y de ex secretarios de Energía como Emilio Apud, Jorge Lapeña y Daniel Montamat. Ahora son todos funcionarios.

La Unión Industrial Argentina (UIA) evalúa de cerca el impacto de los acuerdos. Ocurre justo cuando hay cambio de conducción: ayer se cerró la conformación del comité que lidera el prestigioso Miguel Acevedo, con una clara y fuerte presencia del Grupo Techint.

Copyright Clarín, 2017.