Carles Puigdemont durante una rueda de prensa en Berlín el 15 de mayo. AFP (TOBIAS SCHWARZ) | VÍDEO: ATLAS

El expresidente catalán Carles Puigdemont podrá ser entregado a España pero solo por el delito de malversación y no por el de rebelión, la más grave de las acusaciones que pesaban sobre él. El tribunal superior del Estado alemán de Schleswig-Holstein, que debía decidir sobre su entrega, ha emitido su decisión esta mañana y ha dejado libre a Puigdemont del cargo de rebelión, que pesa sobre el resto de dirigentes independentistas catalanes presos en España. La extradición solo se hará efectiva cuando la apruebe la fiscalía alemana. Fuentes del Tribunal Supremo español, instancia que reclama la entrega del expresidente, han señalado que no tienen todavía conocimiento oficial de la decisión y que no van a tomar ninguna medida hasta analizar su "contenido jurídico". Dichas fuentes han admitido que esperaban la medida de Alemania.

María José Segarra, fiscal general del Estado español, ha ahondado en que "habrá que estudiarlo y analizarlo". "Lo único que podemos decir es insistir en la importante colaboración con la fiscalía alemana y reivindicar los mecanismos de cooperación y confianza mutua". La decisión de Alemania no es recurrible, pero los abogados de Puigdemont pueden apelar al Tribunal Constitucional de ese país, como planean, según han confirmado a este diario.

Tampoco la fiscalía de Schleswig-Holstein ni las autoridades españolas pueden recurrir, según confirman por teléfono en el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein. Existiría sin embargo un resquicio legal en el artículo 33 de la ley de extradición alemana que prevé la posibilidad de que el tribunal emitiera una nueva decisión en caso de que se produjeran nuevas circunstancias a tener en cuenta. “De momento no las hay”, matizan en el tribunal. Esto implica que Puigdemont no podrá ser juzgado en España por el delito de rebelión, castigado con penas de hasta 30 años de cárcel. Si solo se le juzga por malversación, Puigdemont se enfrentaría a una petición máxima de pena de 12 años de prisión.

La defensa del expresidente catalán se ha referido a la decisión de Alemania como "muy positiva". "Hemos derrotado la principal mentira sostenida por el Estado. La justicia alemana niega que el referéndum del 1 de octubre fuera rebelión. Cada minuto que pasan nuestros compañeros en prisión es un minuto de vergüenza e injusticia. ¡Lucharemos hasta el final, y ganaremos!", ha escrito Puigdemont en Twitter. El presidente catalán, Quim Torra, ha considerado que es "una gran noticia". "Demuestra una vez más los engaños y mentiras de una causa judicial que nunca debería haberse iniciado. Será en Europa donde ganaremos", ha tuiteado el president.

El tribunal no ve riesgo de fuga

“La acusación de malversación de fondos públicos es aceptable, la extradición por la acusación de rebelión no es aceptable”, indica en un comunicado el tribunal que lleva el caso, el del Estado federal de Schleswig Holstein, donde fue detenido el pasado 25 de marzo cuando entró en territorio alemán procedente de Dinamarca. En contra del criterio de la fiscalía regional alemana, el tribunal considera que Puigdemont no debe ingresar en prisión, ya que no existe riesgo de fuga. La Fiscalía de Schleswig Holstein es ahora la encargada de ejecutar la decisión del tribunal. De momento, no hay fechas previstas para dicha ejecución porque los abogados tienen un mes para recurrir la decisión adoptada este jueves.

El tribunal alemán no ha aceptado las argumentaciones del juez del Tribunal Supremo español, Pablo Llarena, que insistía en extraditar al líder independentista por el delito de rebelión. Ese delito es similar al definido en la legislación alemana como alta traición. “Las acusaciones contra Puigdemont no son equivalentes al delito de alta traición y la perturbación del orden público según la ley alemana”, alega la nota del tribunal del norte de Alemania. “La magnitud de la violencia necesaria para la alta traición no fue alcanzado durante los altercados”, añade, en abierta discrepancia con los argumentos del Supremo español. Y añade: “Puigdemont aspiraba solo a la celebración del referéndum […] tampoco ha sido el "autor intelectual" de la violencia”.

El tribunal superior de Schleswig Holstein considera así que no concurre la violencia necesaria para aplicar el artículo 81 del código penal alemán, el correspondiente al delito de alta traición, equiparable a la rebelión del ordenamiento jurídico español. El tribunal Superior indica que “los choques violentos, en particular en centros de votación y contra la Guardia Civil y la Policía Nacional, no adquirieron la dimensión como para amenazar seriamente el orden constitucional español”.

Aunque el tribunal reconoce en su nota que es posible castigar los que planean u organizan actos violentos, sostiene sin embargo que es necesario que la persona que respalde dichos actos los haya conocido y aprobado. Eso no sucedió en este caso, según la justicia alemana. En su decisión preliminar, el tribunal ya interpretó que era aplicable un precedente jurídico de principios de los ochenta en la que se desestimó la rebelión durante unas protestas en contra de la ampliación del aeropuerto de Frankfurt. Explicó entonces el tribunal, que la violencia debe ser suficiente como para doblegar la voluntad del órgano constitucional.

El tribunal, en cambio, sí tiene en cuenta los argumentos presentados por Llarena sobre el uso de fondos públicos para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Es esa actuación la que sustenta el delito de malversación. “En relación a la malversación, las autoridades españoles han visto comprensiblemente una corresponsabilidad en el empleo de recursos financieros a cargo de fondos públicos”. El veredicto final, aclara el tribunal, corresponde a la justicia española.

El dilema del Supremo

Fuentes del Tribunal Supremo han señalado que el juez Pablo Llarena no tiene todavía conocimiento oficial de la resolución de Alemania y que no va a tomar ninguna medida hasta analizar su "contenido jurídico". Una de las posibilidades que ha valorado el tribunal y que no está descartada es plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que este se pronuncie sobre si Alemania ha aplicado bien la orden europea de detención. Esta opción permitiría además ganar tiempo para evitar que Puigdemont sea entregado por malversación mientras los miembros de su Govern que se quedaron en España se enfrentan a un juicio por rebelión.

Si la opción de Luxemburgo no tuviera éxito, Llarena se plantearía aceptar la entrega del expresidente catalán solo por malversación e intentar juzgarle por el tipo agravado de este delito, que prevé penas de hasta 12 años de cárcel. Si es condenado, una vez cumplida la pena, la ley permitiría reactivar la investigación por rebelión cuando hubieran pasado 45 días desde la puesta en libertad definitiva si Puigdemont no sale de España. Una tercera opción que tampoco se ha descartado es rechazar la entrega del expresidente y condenarle a vivir fuera de España por tiempo ilimitado, porque la justicia española mantendría la orden de detención nacional.

Puigdemont fue detenido el pasado 25 de marzo al norte de Alemania, tras cruzar la frontera con Dinamarca. Tras su detención, Puigdemont ingresó en la prisión de Neumünster, de la que salió en libertad bajo fianza el pasado 5 de abril tras descartar el tribunal en una decisión preliminar la acusación de alta traición. La justicia alemana sí aceptó tramitar en cambio la solicitud de extradición por malversación. La Fiscalía General del Estado de Schleswig Holstein ha respaldado sin embargo hasta el final las acusaciones del Supremo español al considerar que Puigdemont debía ser extraditado por ambos delitos.

Hace dos días, ocho meses después de hacerse cargo de la causa abierta contra la cúpula independentista catalana, el juez Llarena dio por concluido el sumario del procés. Llarena dejó a 18 procesados a las puertas del juicio, que previsiblemente se celebrará a finales de 2018 o principios de 2019. Antes de cerrar la investigación, el juez ordenó suspender como diputados a Puigdemont, Junqueras y los otros cuatro parlamentarios procesados por rebelión que están en prisión (Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez).