Luego de la incautación en Hamburgo de 4.500 kilos de cocaína proveniente de un barco que partió del Puerto de Montevideo, la crisis se desarrolló al interior del gobierno frenteamplista y generó la renuncia del Director Nacional de Aduanas, Enrique Canon. Antes, habían sido 603 kilos de cocaína descubiertos en Francia provenientes de un avión que partió del Aeropuerto de Carrasco. Casi en la misma semana se encontraron 854 kilos de cocaína en Parque del Plata. Y en abril pasado, la aduana alemana descubrió unos 440 kilos de cocaína escondidos en un contenedor que transportaba arroz de nuestro país.



El narcotráfico internacional opera en Uruguay, aunque el gobierno no quiera reconocerlo

Más allá de que en algún caso se constató que la droga no habría llegado desde Uruguay, lo que es incontrastable es que nuestro país viene siendo utilizado como canal de circulación y transporte de grandes contingentes de drogas ilegales cuyo destino es centralmente, el continente europeo.

Evidentemente las organizaciones de narcotráfico a nivel internacional utilizan al Uruguay país como lugar de tránsito, basándose en una supuesta “credibilidad” por la estabilidad y seguridad del país frente a otros, un “prestigio” que habría dejado de tener.

Desde hace muchos años, los funcionarios del Puerto de Montevideo vienen denunciando la falta de financiamiento y de inversión tecnológica que impide un control del cargamento que se traslada desde el Puerto de Montevideo, a la vez que denuncian que los criterios de control de la mercadería que sale son por demás permisivos.

A raíz de estos hechos, algunos analistas internacionales ya hablan de Uruguay como un “nuevo centro mundial del narcotráfico” y en paralelo, la Embajada estadounidense dio una advertencia contra Uruguay por el aumento de la criminalidad. El imperialismo utiliza el discurso reaccionario contra el narcotráfico y la inseguridad para impulsar políticas represivas contra los países de la periferia, justificar su injerencia económica y política, el espionaje y el control territorial, habilitar la instalación de bases militares y reforzar su posición geo-política en la región sudamericana. Mientras, son uno de los países con mayores índices de consumo de drogas ilegales, a la vez que centro de producción y distribución, es decir, son el centro del narcotráfico a nivel internacional.

Las repercusiones, por su parte, en la derecha local, en medio de la carrera a octubre, motivó al inimputable Guido Manini Ríos, a hacer leña del árbol caído agitando “una lucha sin cuartel contra el narcotráfico” y la opción de políticas de mano dura. Mientras que Luis Lacalle Pou propone una especie de la Ley Derribo argentina, que sacó Mauricio Macri por decreto - copiada del programa de Sergio Massa de 2015 - y que ya fue implementada en otros países con consecuencias nefastas.

El Frente Amplio esconde el problema: dice pero no hace

En declaraciones, el ministro del interior Eduardo Bonomi comentó que “Ahora salió que (Uruguay) es el nuevo hub de la droga. Eso es un disparate. El centro mundial es donde se produce la droga y en Uruguay no se produce. Y se distribuye sobre todo desde donde se produce". Lo que no puede esconder Bonomi es que nuestro país es utilizado como plataforma para el envío de grandes contingentes de droga a otras latitudes.

El problema del narcotráfico es internacional, y tiene como protagonistas a los países imperialistas en primer lugar, y el resto de los países como socios menores. La ilegalidad de este negocio – considerado uno de los que mueven más dinero a nivel mundial, junto con el tráfico de armas y la trata de personas con diferentes fines de explotación – está basada en una profunda complicidad entre los poderes judiciales, policiales, aduaneros y políticos. Estos son los delincuentes “de guante blanco”, los que se benefician con que el negocio se mantenga en la ilegalidad, y lucran con la salud y la vida de miles de personas que consumen porquerías adulteradas y a un precio elevado.

La “ruta de la droga” que une políticos, jueces, policías y empresarios, llega hasta las más importantes organizaciones imperialistas que supuestamente combaten el narcotráfico, como la DEA y las agencias de espionaje internacional.

Si el Frente Amplio quiere verdaderamente combatir el narcotráfico, debería llevar a la práctica la política de la legalización de las drogas, propuesta por algunos de sus dirigentes y personalidades, y así enfrentar las expresiones del narcotráfico internacional en el plano local, y para eso deberá necesariamente avanzar sobre grandes poderes muy asentados en nuestro país y sectores del propio Estado.

El gobierno se quiere pintar nuevamente la cara “de izquierda” y agita la consigna de la legalización, pero no para llevarla a la práctica, sino que habla para la tribuna. Decir algo y no hacerlo es la mejor manera de justificar la actual situación y, de hecho, esconder que todos los Estados nacionales – inclusive el uruguayo – tienen profundas vinculaciones con las redes de narcotráfico.

Inclusive, el FA tiene el antecedente de la regulación del cannabis. Pero su forma de resolverlo nunca ha escapado los marcos del capitalismo, ya que de la producción del cannabis generó todo un negocio capitalista tercerizando esta tarea a empresas privadas de empresarios, como el mismo Juan Sartori, que vienen ganando mucha plata, a la vez que explotan a sus trabajadores y trabajadoras y prohíben sus organizaciones sindicales.

La legalización de las drogas como una necesidad de primer orden

Quienes hacemos La Izquierda Diario estamos comprometidos con las libertades individuales de todas las personas. Defendemos el derecho de cada quien de utilizar cualquier tipo de sustancia tanto sea con fines recreativos como medicinales. Y creemos en que el Estado no debe tener injerencia en las decisiones individuales, aunque debe velar por nuestra salud e integridad física y mental.

Rechazamos la política represiva de los países imperialistas y de todos los gobiernos contra el uso de drogas, que no es más que una forma de control social, de represión a grandes sectores de la población como la juventud. Exigimos el cese de las persecuciones a madres que cultivan para uso medicinal y de personas que hoy se encuentran en prisión en Argentina y otros países. Y nos hacemos eco de las cada vez más masivas movilizaciones a nivel internacional por la legalización de la marihuana y otras drogas.

La ilegalidad favorece la represión en los barrios pobres, justifica los mega operativos donde se violan todos los derechos, y en los que el gobierno quiere aparecer como que combate el narcotráfico cerrando un par de bocas de pasta base, pero niega el problema de la circulación de la droga ilegal en nuestro territorio. En vez de combatir el verdadero narcotráfico, se sacan la foto con una “boca” cerrada en el Marconi o en Casavalle.

Desde La Izquierda Diario entendemos que la legalización de todas las drogas permitiría mejorar la calidad de las sustancias, regular sus efectos más adversos, dar garantías a las y los consumidores, combatir el narcotráfico y atender los casos de uso problemático de las drogas que, como demuestran las estadísticas, son la inmensa minoría de quienes consumen drogas.

Además, se sinceraría el tratamiento contra los efectos más nocivos de todas drogas, incluyendo las que hoy son legales como el alcohol, el tabaco o determinados medicamentos.

Por supuesto que con esto no hacemos una apología del delito, y sabemos del daño que hacen las drogas más duras y dañinas en la subjetividad de la juventud (especialmente cuando están adulteradas o estiradas con productos tóxicos, producto de la propia mercantilización capitalista que intenta maximizar ganancias sin importar la salud) , pero creemos que combatir el narcotráfico con la legalización es una forma de combatir los efectos más perversos de este inefable negocio capitalista. Inclusive, las políticas de “guerra al narco” que se han implementado en países como México y otros en Centroamérica han sido un rotundo fracaso, con sus secuelas de violencia, muertes y asesinatos.

Mientras luchamos por la legalización de las drogas y defendemos el derecho de las personas a fumar y consumir lo que quieran, le exigimos al Estado políticas de acompañamiento a las personas en situación de adicción, y que estos dispositivos no sean compulsivos ni de reclusión, sino que permitan la desintoxicación y reviertan la situación de adicción. Exigimos políticas de reducción de riesgos y daños, campañas de sensibilización masivas y un acompañamiento psico-social integral para estas situaciones.