El presidente Sebastián Piñera presentó la mañana de este jueves un proyecto de ley que busca terminar con la corrupción y las malas prácticas en el sistema público, el cual se enmarca en la denominada Agenda de Probidad que anunció el Ejecutivo.

En ese contexto, el jefe de Estado reconoció que se debe trabajar por la calidad de las instituciones y políticas públicas, pero que, lamentablemente, “el abuso y la incompetencia de funcionarios públicos producen daños gigantescos en los países”.

Por ello, Piñera destacó la importancia de este tipo de iniciativas y aseguró que “estamos absolutamente comprometidos con enfrentar el tema”.

Tres ejes fundamentales

El mandatario afirmó que el proyecto consta de tres pilares: ley de transparencia 2.0, agenda antiabuso y corrupción, y agenda política de datos abiertos.

En ese sentido, manifestó que la idea es buscar la integridad pública. “Lo que queremos son funcionarios públicos honestos, comprometidos y capaces”, dijo, añadiendo que el principio rector debe ser la transparencia.

“Los ciudadanos tienen derecho a saber qué hacen los funcionarios”, advirtió.

Asimismo, manifestó que este es sólo el primer paso de la agenda, la cual tendrá un grupo técnico conformado por la Secretaría General de la Presidencia, Ministerio de Justicia, Contraloría, Consejo de Defensa del Estado y Consejo para la Transparencia.

Junto con ello, recordó que ya se está discutiendo el proyecto que aumenta las penas al soborno y al cohecho. “Se generaba una señal equívoca y un llamado a la tentación”, señaló, precisando que “la idea es que esta actitud llegue a los gobiernos regionales y comunales”.

Controlar el ingreso

Uno de los puntos abordados por Piñera fue el ingreso al sector público, advirtiendo que también se debe regular la permanencia y la salida.

En concreto, indicó que todo se debería “hacer en base al principio del concurso público, el mérito, el esfuerzo y no el pituto o amiguismos”.

En ese orden de ideas, advirtió sobre las familias de autoridades. “Cuando está relacionada con un pariente, de tercer grado consanguíneo o segundo de afinidad, deberá pasar por un filtro de idoneidad, que garantice que sea por su capacidad”, explicó.

Esas decisiones, detalló, estarán regidas por la Alta Dirección Pública.