Ricardo Costa tira de la manta y pide "perdón". El exsecretario general del PP de la Comunitat Valenciana ha reconocido que "el PP se financiaba con dinero negro y con empresarios. No hice nada por impedirlo. Pido perdón por saber cómo se estaba financiando el partido y no denunciarlo".

Además, el exdirigente popular ha señalado directamente al exjefe del Consell Francisco Camps al afirmar que era él quien "tomaba las decisiones". "Era una persona un poco especial", ha precisado.

Según Costa, fue Camps el que decidió contratar con la empresa vinculada a la trama Gürtel Orange Market para organizar los actos de campaña de la elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.

Además, ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia que fue él, junto con el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, los que ordenaron que el PP se financiase "con dinero en negro" para poder sufragar esos comicios.

"Orange Market eran buenos en lo que hacía, pero caros", ha indicado Costa, quien también ha añadido que él en 2005 planteó que se contratara a otra empresa, "pero Camps quería que todos los actos los hiciera el grupo de Correa. Y tal y como era el presidente...".

Costa también ha implicado a más empresarios y dice que Orange Market le regaló un reloj de oro que asegura que devolvió.

El exdirigente popular ha explicado que había dos modelos de financiación: "subvención electoral y mediante dinero negro que era aportado en efectivo por los empresarios que posteriormente obtenían en concursos públicos la explotación de servicios públicos y la realización de obras públicas en la Comunidad Valenciana".

A continuación, Costa ha dicho que Camps propuso y llevó a cabo un tercer sistema "basado en la emisión de facturas por servicios no prestados a través de la empresa Orange Market". Estas facturas las debían pagar los empresarios adjudicatarios a la firma propiedad de Francisco Correa.

En este punto, el que fuera mano derecha de Camps ha declarado que se opuso "radicalmente" a este sistema y se reunió en Génova con el extesorero del partido, Luis Bárcenas para exponerle la situación, algo que el entonces gerente le indicó que era "una práctica prohibida en el PP" y que calificó como "Filesa II".



Un sistema de financiación ilegal instaurado

Costa ha puesto diferentes ejemplos de la mecánica de financiación ilegal según él ordenada por Camps y respaldada por Adela Pedrosa, actualmente secretaria segunda de la Mesa del Senado, Víctor Campos, Vicente Rambla y Juan Cotino, entre otros.

Costa se ha remontado a julio de 2007, cuando recibió una llamada de Vicente Rambla, en la que le dice que "ya ha hablado con Álvaro Pérez y que éste le ha indicado que tiene que hacer varias facturas a diferentes empresas para pagar una parte de la campaña, concretamente a Hormigones Martínez y Padelsa".

Él, asegura, le respondió "personalmente que no quería saber nada de las facturas". Por otro lado, Rambla le indicó que "alguien debía recoger unas cantidades en efectivo, y durante el mes de agosto de ese mismo año, David Serra y otra persona se encargaron de recoger ese dinero de varias empresas: "El mecanismo de las facturas ya se había iniciado. Yo acepté a mandar a gente a recoger el dinero, David Serra y una segunda persona". Las empresas eran Secopsa (15.000 euros), Enrique Ortiz (350.000 euros) y Rover Alcisa (150.000 euros).

Costa prosigue: "Ese dinero se le hace entrega a la gerente, Cristina Ibáñez, que dependía directamente del Gerente Nacional, quien lo cuenta con otra persona presente ("No queríamos pensar que nadie de la sede cogía un solo euro") y que posteriormente es entregado a Pablo Crespo. Esto no ocurrió una sola vez, y fue de este modo como se liquidó, por parte del PPCV, la deuda contraída por los servicios prestados para la realización de la campaña".



Elecciones municipales y generales

Respecto a las elecciones municipales, el imputado ha explicado que el PPCV no participa ni en la organización de los actos ni en los pagos, tal y como se refleja en los estatutos del propio Partido Popular.

Los pagos se organizan y ejecutan por las direcciones provinciales. Sin embargo, Ricardo Costa ha manifestado tener constancia de que "varios actos relativos a las elecciones municipales de 2007 se pagaron con aportaciones y facturas a empresarios", especificando la campaña municipal que se hizo en Elda a Adela Pedrosa. "La secretaria general en aquel momento me citó a una comida en Elda, donde estaba su jefe de campaña y Álvaro Pérez, y la señora Pedrosa me pidió que el PPCV pagara su campaña municipal. Yo le contesté que mis instrucciones a Pérez sobre las campañas las pagaban los candidatos municipales, y que si ella quería que se lo pagará el PP, tenía que hablar com Víctor Campos".

Costa ha asegurado que Pedrosa insistió a Álvaro Pérez que todos los actos municipales que él pudiera organizar los tenía que pagar el PP, local o Provincial.

En cuanto a las elecciones generales de 2008, Costa subraya que la mecánica era "similar a las elecciones municipales". El PP de la Comunidad valenciana no participaba en su organización ni en el pago de estos actos, ha explicado, "ahora bien, en los actos de las municipales de 2007 y en las generales de 2008 en los que participó Mariano Rajoy, Presidente nacional del partido, y que fueron organizados y pagados por el PP Nacional, sí hubo pagos en efectivo adicionales abonados por el PPCV para cubrir gastos extras indicados por Francisco Camps".

Ricardo Costa ha indicado que los sobornos eran una práctica habitual para Álvaro Pérez en las relaciones comerciales, y éste "estaba extrañado de que no le hacíamos ninguna petición a Orange Market a cambio de darles trabajo".

Por otra parte, Costa ha incidido en que él no era responsable de la financiación ilegal del PP: "Serra, Ibáñez y yo no firmábamos un talón sin comprobar que el concepto era verídico".

"A Castedo -exalcaldesa de Alicante- y Pedrosa -exalcaldesa de Elda- se les entregó dinero en efectivo para actos electorales", ha manifestado en su declaración.

Ricardo Costa ha asegurado que la decisión de colaborar con la justicia "no se ha visto en ningún momento afectada ni en su contenido ni en su forma con lo acontecido en este juicio hasta la fecha", sino que es fruto de su "convicción y reflexión durante estos años".

Por esta razón, ha sido explícito en "manifestar mi arrepentimiento y pedir disculpas a la sociedad española y valenciana, y a mi familia". En sus palabras, sólo desea "colaborar con la justicia", porque considera que cometió errores por falta de denuncia y se arrepiente de "no haber actuado como hubiera debido". En ningún momento ha estado con la "soga al cuello", sostiene, ya que toda su declaración es "deseada y fruto de un proceso de reflexión meditado en aras de la transparencia que merece la sociedad española".



Pago de complementos

Ricardo Costa ha afirmado también que Francisco Camps pagó "complementos", como fuegos artificiales o una banda de música, con dinero negro para los actos que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, celebró en la plaza de toros de València en la campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y generales de 2008.

Según ha explicado, el expresidente de la Generalitat Valenciana hizo "peticiones expresas" para contratar una "serie de complementos" para los actos centrales que Rajoy hizo en el coso valenciano.

Se trata concretamente de "fuegos artificiales, alguna pantalla adicional, algún animador, por ejemplo, una banda de música".

Costa ha precisado que los actos de Rajoy -en 2007 fue en calidad de presidente del PP y en 2008 como candidato a presidir el Gobierno-, fueron organizados y pagados directamente por la sede nacional del PP y que fue Camps el que quería añadir estos "complementos".

Ha apuntado que el coste de lo que encargó el expresidente valenciano fueron abonados con "dinero opaco al fisco o como facturación girada a empresarios".

La Fiscalía Anticorrupción solicita para Ricardo Costa siete años y nueve meses de prisión por tres delitos electorales y por uno de falsedad en documento mercantil.



Actos municipales pagados por empresarios

Por otro lado, también ha apostillado que las elecciones municipales de 2007 son "exclusivas" de la dirección general del partido, pues es la que hace las "transferencias de dinero público" -las subvenciones que recibe como partido con representación parlamentaria- a las sedes provinciales para que administren y organicen sus actos. No obstante, ha señalado que eventos electorales en "diversos municipios fueron pagados mediante facturas a empresarios o aportaciones en efectivo".

Sonia Castedo, Alberto Fabra y Adela Pedrosa

En este sentido, ha recordado que se hizo una entrega de dinero a la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo para que pagase un acto en esa ciudad organizado por Orange Market; una "facturación" relacionada con la campaña en Castellón, en la que en ese momento era candidato a la Alcaldía el expresidente de la Generalitat Valenciana Alberto Fabra; y, por último, otro abono destinado a la campaña municipal que se hizo en Elda, en la que se presentaba a gobernar el municipio la senadora Adela Pedrosa.

Ha subrayado que él recibía órdenes del vicepresidente del Consell Víctor Campos sobre que estos actos tenían que ser pagados por los candidatos municipales y así informó al responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes'. "Al final se pagó con dinero en efectivo pagado por empresarios", ha concluido.

Nueve empresarios acusados en este juicio han reconocido que financiaron ilegamente al PP valenciano. También, el 'cabecilla' de la Gürtel, Francisco Correa, su 'número dos', Pablo Crespo, y 'El Bigotes' confesaron que la formación política regional, a través de Costa, les indicó que si "quería cobrar" los servicios prestados debían facturar a "determinados empresarios".

Según señala el escrito de acusación de Anticorrupción, el PP pagó a Orange Market un total de 3,4 millones de euros en actos electorales y otro eventos entre 2007 y 2008. En relación con las campañas, indica que la formación política abonó 2,03 millones de euros, de los cuáles 1,2 millones se hicieron cargo los empresarios.



El testigo Camps

Con los testimonios de las exgerentes de la formación conservadora Cristina Ibáñez y Yolanda García concluirá el turno de los acusados y comenzará el de los testigos, entre los que está citado, entre otros, el exjefe del Consell Francisco Camps.

Los tres miembros de la trama corrupta que ya han declarado (el cabecilla Francisco Correa, su número dos Pablo Crespo y con más precisión Álvaro Pérez, «El Bigotes», el hombre del Gürtel en Valencia), han señalado al expresidente como la persona que ideó el modo en que el partido abonaba los gastos de los trabajos que realizaron en las campañas electorales de 2007 y 2008: con dinero negro e instando a empresarios con contratos con la Administración a que los hicieran saldando así la deuda de cerca del millón de euros que la red tenía con el PP. Unos hechos que no le acarrearán a Camps ninguna consecuencia penal al estar prescritos para él.

Los nueve empresarios acusados por la Fiscalía de estos pagos ilegales, entre los que se encuentran los alicantinos Enrique Ortiz y los hermanos Rafael y Tomás Martínez Berna, de Hormigones Martínez, admitieron los hechos mucho antes del inicio de la vista oral a cambio de conmutar sus penas de cárcel (se les pedían entre cuatro y seis años) por multas que sumando los nueve han rondado los dos millones de euros.

Con estas confesiones y las declaraciones de Correa, Crespo y Álvarez, con expectación se esperan las testificales de Costa, Rambla y Serra, de cuya implicación en estos hechos no han dejado lugar a dudas los miembros de la trama corrupta.

La situación más delicada, si cabe, es la de Costa, aunque en la recta final de su declaración, El Bigotes insistió en que los tres exdirigentes populares eran una mera comparsa de lo que ordenaba Camps, su jefa de gabinete Ana Michavila y expresidente de la Cortes y director de la Policía con José María Aznar, Juan Cotino, a quien Pérez señaló como el encargado de contactar con los empresarios para que contribuyeran a la contabilidad del partido.

También está citada como testigo la exalcaldesa de Elda y actual senadora Adela Pedrosa, secretaria general del partido en la Comunidad cuando se produjeron los hechos que se están juzgando y la persona que daba las órdenes a Costa, según El Bigotes. Tanto Camps como Pedrosa han negado cualquier relación con la red de Correa en sendos comunicados difundidos el viernes al término de esa declaración.

Salvo que se renunciara a su testimonio, también están citados en calidad de testigos el alcalde de Crevillent y vicepresidente de la Diputación, César Augusto Asencio, y el exconseller y actual diputado nacional Gerardo Camps.