A palazos, gas pimienta y mazazos en las paredes, el Gobierno porteño desalojó a una vecina de la Villa 31 que durante varias horas se resistió a ser reubicada en una casa de condiciones edilicias más precarias a la suya, que estaba ubicada en un lugar por donde pasará una nueva traza de la Autopista Illia. El desalojo “forzoso e ilegal” fue efectivizado mediante un desproporcionado operativo de la Policía de la Ciudad que amenazó con detener a la propietaria y golpeó a varios vecinos que salieron a su ayuda. Hasta mediados de año están previstas 80 otras relocalizaciones.

Esta mañana, la calma del barrio se vio alterada con la irrupción de unos 40 efectivos que llegaron para desalojar a Valeria Ibarra, la vecina en cuestión, quien vivía allí con su marido, sus cuatro hijos y un hermano. Lo hicieron sin orden judicial y amparándose en una resolución administrativa del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que dispuso que esa vivienda y la de otras dos familias debían ser demolidas.

El hecho ocurrió en el sector de la villa llamado “Cristo Obrero” donde, con el argumento de la nueva traza y de la supuesta urbanización del barrio, el gobierno porteño dispuso la relocalización de varias familias en otro lugar ubicado a metros de allí, denominado “La Containera”. Según denunciaron los vecinos, las viviendas de ese sector son más pequeñas, no fueron escrituradas, fueron construidas con materiales de peor calidad que las que dejaron y, en los alrededores, no hay espacio para las actividades que hacían antes.

Desde hace tiempo Valeria Ibarra se resistió a eso. “La Secretaría nunca quiso llegar a un acuerdo conmigo y dijeron que no hay otra opción, que la autopista se tiene que hacer”, aseguró Ibarra a Urbana Tevé. Su casa era varias veces mejor que la que le ofrecieron, según aseguraron los vecinos e integrantes de distintas organizaciones que respaldaron su reclamo por mejores condiciones de vida. Mientras lo hacían, la policía los golpeó, les arrojó gas pimienta y hasta amenazó a la propietaria con detenerla y enviar a sus hijos a una institución.

Finalmente, después de la resistencia y de las amenazas, por la tarde Ibarra decidió irse. Y “al minuto que se fue le demolieron la casa; es más, la empezaron a demoler mientras estábamos adentro los abogados y de la Mesa Participativa” de urbanización del barrio, contó a Página/12 Luciana Carnero, miembro de la organización El Hormiguero, que integra ese espacio participativo.

“Fue un proceso ilegal por donde se lo mire", afirmó Carnero. No solo no hubo una orden judicial de por medio sino que "en el acto administrativo que se presentó, no se le avisó del desalojo con 24 horas de anticipación ni a Valeria ni a los vecinos ni a los organismos que se tenía que avisar. Es decir que el desalojo no fue en condiciones normales”, concluyó.

El operativo de hoy se dio en el marco de las irregularidades que se denuncian en torno a la ejecución de la ley 3.343 de urbanización, porque no contempló la participación de los habitantes del barrio y no se garantizó mejoras en sus condiciones de vida. Es más, tampoco se les consultó si la construcción de la nueva traza de la Autopista Illia era de su interés o si promovía algún beneficio para el barrio.

Ibarra vivía allí con su marido, cuatro hijos y un hermano. Otras dos familias también fueron desalojadas y, en el marco del operativo de la fuerza de seguridad porteña, no se resistieron. En representación del Ejecutivo de la Ciudad estuvo presente Julieta Williams, mano derecha de Diego Fernández, el secretario de Integración Social y Urbana.

Esas fueron las primera relocalizaciones del “Cristo Obrero” a “La Containera”. No serán las únicas. Se prevé que hasta mitad de año se trasladen a otras 80 familias. El antecedente de hoy fue una suerte de escarmiento para quienes se quieran resistir.