Tras abandonar su puesto como Delegada de Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes encara una nueva etapa como candidata a Presidencia de la Comunidad con el, supuestamente, inapelable buen balance de su anterior etapa como principal valor.

En los últimos tres años hemos sido testigos privilegiados de las prácticas y metodologías dirigidas desde la Delegación, por lo que no podemos permanecer impasibles ante el lavado de cara constante al que se está sometiendo para ganar las próximas elecciones. Por ello, no queremos despedirnos de Cristina Cifuentes como Delegada de Gobierno sin hacer balance de los datos en este tiempo recabados que muestran su cara más sincera con respecto a una de las principales funciones del cargo que ostenta: “Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana […]” (art. 23.3 Ley 6/1997). Así, pasamos a desarrollar a continuación las principales caracterísiticas que definen su administarción:

Abusos de impunidad:

“La actuación policial ha sido siempre profesional y proporcional” (marzo, 2015)

A los pocos meses de asumir la Delegación del Gobierno se celebró el primer aniversario del 15M (conocido como 12-15M). Durante el desalojo de la concentracion en Sol, sin que hubiera mediado altercado alguno, comenzaron unas cargas que culminaron con la detención de varias personas, incluyendo algunas que salían de su trabajo o de la discoteca. La mayoría de las detenidas denunciaron ante el Juez que fueron obligados a permanecer varias horas de pie contra la pared y que incluso una mujer fue abofeteada delante del resto detenidos. La decisión de Cifuentes entonces fue clara, concisa y meditada: negar y obviar la documentación audiovisual que demostraban los graves abusos durante esa protesta y que dieron lugar a la campaña #OigaCifuentes.

El siguiente gran momento, o al menos uno de los más mediáticos, se vivió tras la convocatoria “Rodea el Congreso” del 25 de septiembre de 2012. En directo, multitud de reporteros, incluida la prensa extranjera, grabaron imágenes que evidenciaban la brutalidad y arbitrariedad policial hacia los manifestantes y los propios periodistas que cubrían el acto, incluso hacia personas ajenas a la manifestación que fueron golpeadas indiscriminadamente en calles y bares aledaños llegando incluso a la estacion de Atocha, donde se vivieron momentos de gran tensión. De los 35 detenidos ese día 26 denunciaron a funcionarios de policía por malos tratos en comisaría. Se repetía además el mismo modus operandi: personas detenidas obligadas a permanecer, incluso con brechas abiertas, durante horas de pie frente a la pared, negación de asistencia médica y agua; traslados en “lecheras” esposados y sin cinturón de seguridad, a merced de los frenazos y cambios bruscos de los conductores; cambios de luz y temperatura en celda; prohibición de ir al servicio, de alimentos adecuados a personas vegetarianas y medicamentos a aquellas diabéticas, …

Inumerables veces hemos denunciado este tipo de prácticas abusivas que se dan tanto en las cargas como en las posteriores detenciones. Ejemplo de esto fue lo denunciado en el procedimiento contra cuatro detenidos en la acción #YoNoPago del 1 de febrero de 2012 y el informe que emitió el Fiscal en respuesta a las pruebas por nosotros presentadas. El resultado fue demoledor: el Fiscal ponía de manifiesto “notorias extralimitaciones y violencias innecesarias” así como “las cargas policiales y en general la actuación policial resultó abusiva, desproporcionada y carente de cualquier fundamento”. Ninguna responsabilidad se derivó de esta denuncia. Y aún estamos esperando a que la ex delegada se pronuncie al respecto.

Estos tres ejemplos pincelan las prácticas u ordenadas, o permitidas por Delegación de Gobierno. Cargas injustificadas, brutalidad en la disolución de concentraciones y manifestaciones, detenciones aleatorias y tratos vejatorios en comisaria han sido denunciados una y otra vez por esta Comisión y por otros tantos colectivos mientras la opinión pública exigía responsabilidades. Y la respuesta por parte de la Delegada de Gobierno siempre ha sido la misma: anunciar investigaciones internas que nunca, ni en los casos más escandalosos han supuesto sanciones, llegando la impunidad policial incluso a los órganos judiciales.

La detención como castigo:

Escuchábamos atónitas estos días las declaraciones de la Fiscal General del Estado afirmando que los delitos imputados a Rodrigo Rato no hacían necesaria su detención. Parece que la consideración de la detención como algo excepcional y sólo aplicable en casos en donde resulta inevitable, es privilegio de unos pocos.

Si algo ha caracterizado el mandato de Cifuentes ha sido precisamente utilizar la detención como castigo. Poco importa entonces el resultado del procedimiento penal, ya que con la detención el castigo ya ha sido infligido. Prueba de ello es que, de las cientos de detenciones a las que hemos asistido en estos años, a día de hoy, únicamente dos personas han sido condenadas por delito, y en uno de los casos por sentencia no firme.

El mandato de Cifuentes se ha visto plagado de detenciones por faltas (prohibidas expresamente por la legislación) y detenciones con circo incluido en las casas de personas perfectamente identificadas y localizables, que se deberían haber evitado con una simple citación judicial en su domicilio.

Los ejemplos son innumerables, algunos tan escandalosos como la operación PUMA70, las detenidas por los hechos ocurridos en la manifestación del 14D contra la Ley Mordaza, la operación contra activistas del movimiento por la vivienda de febrero del 2014 y, más recientemente, la detención en domicilios y a punta de pistola de 18 personas integrantes de los colectivos Distrito14 y Frente202 por protestar en el pleno de la Junta Municipal en un apoteósico inicio de campaña electoral. Todas estas prácticas orquestada y consentidas por Cristina Cifuentes y el Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, evidencian la utilización de la privación de libertad como un castigo previo y lejos del control de la institución judicial, más allá de los límites y exigencias que la Ley impone, práctica igualmente denunciada por algunos sindicatos de policia como la Sección Sindical de CCOO-Policía Municipal de Madrid.

La instrumentalización de la detención ha servido, ademas, a nuestra ex Delegada a poder legitimar un discurso entorno a la diferenciación entre “manifestantes buenos y radicales antisistemas”.

Además de utilizar la detención en los casos que la ley no prevée, durante el mandato de la ex Delegada nos hemos encontrado sistemáticamente con la prolongación indebida de estas detenciones a manifestantes y activistas y que hemos denunciado en varias ocasiones. Una señal más de que, para Cifuentes, la Ley que tanto apela sólo es válida cuando juega a su favor.

Quién pudiera ser Rato.

Policías encapuchados durante las declaraciones:

Precisamente en la línea de convertir la detención en un castigo anticipado, funcionarios de la Brigada Provincial de Información han realizado interrogatorios a personas detenidas ocultando su rostro con pasamontañas.

Ante nuestra denuncia junto con las compañeras de ALA (Asociación Libre de Abogadas y Abogados), Cifuentes le echó la culpa al anterior Gobierno, para después asegurar que era un hecho puntual y que no se volvería a repetir. Sin embargo, fue una recomendación de la Defensora del Pueblo la que evidenció que la realidad era otra y que no se trataba de un hecho aislado ni justificado. La Dirección General de Policía decidió no aceptar dicha recomendación que pedia no repetir estas prácticas poniendo además en entredicho lo previamente declarado por la Delegada la cual se apartó del conflicto no haciendo ni declaraciones ni tomando cartas en el asunto.

Tuvo que ser una propuesta de ALA, aprobada por el Colegio de Abogados de Madrid, y después por la mayoría de Colegios de Abogados del Estado, la que pusiera coto a esta práctica innecesaria e intimidatoria. Si fuera por Cifuentes, seguiríamos asistiendo atónitos a declaraciones en las que los policías van encapuchados, incluso cuando ya han bajado al detenido y nos quedamos solas con los funcionarios de policía.

A día de hoy seguimos constatando funcionarios de policía encapuchados en comisarías que se desembozan unicamente para la toma de declaración con presencia letrada.

Las/os abogadas/os como enemigas/os:

También hemos podido ser testigos de cómo Cifuentes ha tolerado una ofensiva hacia las profesionales que asumimos la defensa de las personas detenidas.

Aún nos provoca buenos momentos de risas colectivas las afirmaciones de Cifuentes en la entrevista que le realizó Ana Pastor en las que aseguraba que detrás de los abogados del 15M había “grandes despachos” con medios e infraestructura. Es lo que tiene no concebir la solidaridad y promoción desde un compromiso por la Justicia.

Hemos presenciado, al igual que Cifuentes, cómo la Brigada Provincial de Información trataba de criminalizar a un abogado por el mero hecho de haber defendido a una persona o a otra, es decir, por hacer su trabajo. Algo inaceptable.

Hemos tenido que soportar, con la absoluta complicidad de Cifuentes, que funcionarios de Policía monten en cólera porque se ejerza debidamente el derecho de defensa, es decir, por recomendar que no declaren en comisaría. Algo ya reconocido por una Sentencia del Tribunal Constitucional hace 28 años (Sentencia 196/1987). Y esto no acabó aquí, incluso los policías llegaron hasta el punto de emitir una queja por estos hechos al Colegio de Abogados con el titulo “abogados desinformados” con referencias a “cierto colectivo de abogados”.

Como era esperable, el Colegio de Abogados apoyó a los profesionales que ejercieron impecablemente su trabajo, evidenciando que los únicos desinformados son los policías que deben velar por los derechos de las personas detenidas. Estos ataques injustificados en el ejercicio de nuestar profesión, son cuanto menos preocupantes.

Nuevamente, Cifuentes guardó silencio ante este otro atropello.

Número de placa de los agentes.

“Llevan la identificación debajo del chaleco para evitar denuncias falsas” (septiembre, 2012)

Estamos ante la piedra angular de la impunidad de los funcionarios de policía: el número de placa visible que, además de ser una obligación el portarlo (art.18 RD 1484/1987), garantiza que ante cualquier abuso se pueda identificar de manera fácil al funcionario responsable, siendo por ende un derecho ciudadano.

Es algo tan tremendamendamente sencillo y simple, que su incumplimiento no hace otra cosa que evidenciar la nula intención de depurar responsabilidades ante los abusos policiales. Muestra de ello es que Cifuentes, para quitarse “el marrón” de encima, no pare de repetir que es una cuestion de uniformidad (competencia del DGP) y no de respeto de los Derechos Fundamentales.

A lo largo de los último años hemos interpuesto hasta 4 denuncias adjuntando cientos de fotografías de funcionarios de policía de todas las escalas (Inspectores Jefes, Inspectores, Oficiales…) incumpliendo esta obligación. Ninguna sanción o investigación ha sido abierta.

Pero para Delegada es un tema de uniformidad, a pesar de que este incumplimiento ha sido el que ha asegurado el archivo de denuncias (por no poder identificarles) de asuntos como las agresiones y “pasillos” tras sacar a gente de bares, pérdida de testículo por bala de goma, agresiones a reporteros por hacer su trabajo y un largo etcétera. Mientras no parece relevante invertir ínfimos recursos para añadir las identificaciones a los chalecos anti-trauma de los policías con un simple velcro, sorprendentemente sí hay presupuesto para comprar material antidisturbios tan “necesario” como pelotas de goma.

La Burorrepresión: el castigo mediante sanciones administrativas:

No es de extrañar que sea en el plano administrativo, menos visible, más silencioso, donde la ex Delegada decidiera centrar muchas de sus energías. Así, en un ejercicio de innovación represiva, decidió detener menos, que estaba feo y sale en los telediarios, y sancionar a discreción, de manera arbitraria, a las personas por acudir a manifestaciones.

Desde el año 2011 hasta el presente año tenemos constancia de más de 1.179 sancionadas (aunque estamos convencidas de que el cómputo total es mayor) sólo por parte de la Delegación de Gobierno en Madrid de los cuales la Comisión Legal Sol se ha hecho cargo de 491 que supondrían una recaudación de nada menos que 174.257.-€.

Con lo que la Delegada de Gobierno no contaba era con la capacidad de organización de la gente para defender sus derechos ante los Tribunales, y el resultado ha sido aplastante.

De las 491 sanciones cuya defensa administrativa y judicial llevamos, 210 las hemos ganado consiguiendo que se anulen, 47 de ellas mediante sentencia y 8 de ellas directamente por vulnerar Derechos Fundamentales (todo nuestro repositorio de Sentencias estimatorias contra sanciones en este enlace ).

Del resto de las 451 sanciones, en 141 casos en sancionado ha abandonado la batalla por anular la sanción, y sólo en 28 casos se le ha dado la razón a la Administración hasta hace poco dirigida por Cifuentes.

En cuanto a tipología de sanciones las más habituales son desobediencia (art.26.h LO 1/92) con 221 sancionados, desórdenes graves (art.23.n LO 1/92) con 100, alteraciones del órden público (art.26.i LO 1/92) con 72 y convocante (art.23.c LO 1/92) con 56.

Esta batalla burocrática no sólo ha supuesto la anulación de decenas de sanciones y la evidencia de la aletoriedad con las que fueron interpuestas sino las numerosas declaraciones por parte de los Juzgados de la existencia de vulneraciones, por parte de Delegación de Gobierno, de derechos fundamentales tales como el de reunión y el de presunción de inocencia.

Este tema bien merecería un examen más exhaustivo, pero nos atreveríamos a afirmar que Cifuentes pueda que sea la Delegada a la que más sanciones a manifestantes ha anulado la Justicia, vulnerando Derechos Fundamentales.

Derecho de Reunión:

“La Ley es demasiado permisiva y amplia” (octubre, 2012)

Paradójicamente, a quien le ha sido encomendado velar por estos derechos, es repetidamente condenada por vulnerarlos.

No es de extrañar si tenemos en cuenta que la hoy ex-Delegada del Gobierno comenzó su mandato haciendo afirmaciones encaminadas a terminar con la voluntad de reivindicación y de movilización. Debido a ello aún hoy en la memoria colectiva replica la falacia tantas veces por ella declarada: “Una concentración no comunicada es una concentración ilegal”.

Consciente de semejante burrada, Cifuentes volvió a la palestra para clamar por el exceso de reivindicaciones que tenían lugar en Madrid insistiendo de modo indirecto en la misma idea “Cualquiera que ha querido manifestarse lo ha hecho, con los dos requisitos que establece la Ley: que se comuniquen y que sen pacíficas”). Quizá no reparó en que la raíz de tanta protesta no era un afán colectivo por saturarla de trabajo, sino la cada día más penosa realidad de quienes la han tenido como Delegada del Gobierno.

Durante meses mantuvimos un debate en torno a la necesidad o no de comunicar las manifestaciones. Finalmente, aleccionada por algún asesor, acudió a los medios para reconocer que la reunión es “un derecho constitucional que no necesita autorización previa” debido a ello propuso modularlo “introducir algún cambio legislativo porque con la legislación actual es casi imposible” y parece que de algún modo ha sido oída: ya tenemos aprobada una Ley de Seguridad Ciudadana aún más restrictiva.

No olvidamos todas y cada cada una de las concentraciones y manifestaciones que han sido disueltas de manera ilegal durante su mandato. Desde el desalojo de Sol el 12-15M, pasando por policías diciendo a la gente según salían del Metro que debían abandonar la concentración (que ni había comenzado) el 27O, asambleas en el Retiro del 25S, hasta la reciente concentración repentinamente reprimida y disuelta en apoyo a las detenidas de la operación Piñata.

Pese a todo, ella ahora postulándose a la Presidencia de la Comunidad sabe que, la ciudadanía no ha dejado, ni dejará de ejercer sus derechos de reunión y manifestación.

“Sólo la lucha hace Justicia”

Comisión Legal Sol