Ya está definitivamente claro: si ganan Cristina y Alberto Fernández habrá una ley para dejar en libertad a ex funcionarios presos por corrupción. O será necesaria una mayoría fuerte para frenar un proyecto que viene cantado.

Esto que parecía y que parece un disparate va tomando cada vez más forma. El ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni acaba de definir cómo se instrumentaría el operativo. Dijo: “Llegado un gobierno de otro signo... se podría hacer una ley de revisión extraordinaria ante una Cámara e ir ante la Corte”.

Será una amnistía hecha y derecha aunque Zaffaroni niega que vaya a tener formato de amnistía o de indulto porque “no borran el delito”. Jueguito para la tribuna: lo importante es sacar de la cárcel entre otros a De Vido, su operador preferido Baratta, Lázaro Báez, Boudou o Cristóbal y José López, todos de esa clase de gente para los que la política es un negocio o que hacen de la política un negocio para que otros hagan negocio.

Obvio, la ley de revisión extraordinaria buscará también o sobre todo evitar que Cristina vaya a la cárcel. Zaffaroni se empeña en hacernos creer que los funcionarios presos son presos políticos. Dice: “Tenemos por primera vez en 30 años presos políticos y habrá que resolver esa situación”. ¿Presos políticos o presos por corrupción?

Ya lo había dicho el candidato Fernández apenas Cristina lo subió a la fórmula presidencial. Dijo: “Vamos a tener que revisar muchas sentencias que se dictaron en los últimos años”. Sólo los jueces revisan las decisiones de los jueces. ¿Qué clases de Derecho da el profesor Fernández en la facultad?

Dijo también que “Ercolini, Bonadio, Irurzun, Hornos y Gemignani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno”. Amenaza para los jueces que llevan o que han llevado causas contra Cristina o que involucran a Cristina. Fernández busca meter miedo.

El arranque más brutal de esta ofensiva había partido en marzo pasado. El intendente de Areco, Francisco Durañona, reclamó una “Corte Suprema compuesta por jueces militantes”. Alcahuetería pura. Y el escritor Mempo Giardinelli, “un nuevo servicio de Justicia” en reemplazo del Poder Judicial. Dos que merecen ser ayudantes de cátedra del profesor Fernández.

La experiencia de amnistías y de indultos en la Argentina es desastrosa: terminaron lejos de resolver los problemas por las que fueron dictadas. A la amnistía del 25 de mayo del 73 le siguieron años de más violencia y el golpe del 76. Encima, las puertas de Devoto se abrieron antes de que se aprobara la ley y salieron presos políticos y presos comunes.

Después de las leyes de obediencia debida del 86 y del 87 se produjeron dos rebeliones: Semana Santa y Villa Martelli. La mayoría de los líderes carapintadas fueron indultados por Menem, que también perdonó a los jefes de las Juntas y a jefes guerrilleros.

El presidente de la Corte salió a poner las cosas en su lugar. Rosenkrantz condenó “las propuestas inconstitucionales y anti republicanas... que también son profundamente irrazonables”. Lo dijo sin decirlo por la ley de revisión que propone Zaffaroni y por la revisión de sentencias que propone Fernández. Esa revisión no puede ser para otra cosa que para voltear los juicios de corrupción, volteando la multitud de pruebas a la vista de quien las quiera ver. Y desafiando la necesidad de justicia que preocupa a mucha, mucha gente.