Caso De Vido: burda maniobra electoral

¿Sabe usted que Cambiemos quiere expulsar a De Vido como diputado para que no sea juzgado por corrupción?¿Cómo? Tal cual lo está leyendo. Bastaría que algún juez, de los tantos “amigos” que tiene el gobierno lo encuentre culpable y lo condene. Es verso que si tiene fueros no lo pueden condenar. Falso. La actual legislación lo permite. Si en un juicio es condenado (y nosotros proponemos que sea un juicio por jurado popular transmitido por radio y TV a todo el país) seriamos los primeros que pediríamos el desafuero para que cumpla la condena, como ya hicimos cuando le allanaron la casa.

¿Por qué el gobierno no quiere el juicio a De Vido y monta este show? Porque en los hechos de corrupción que estamos seguros se cometieron en su larga trayectoria como superministro están involucrados funcionarios, parientes, empresarios y amigos del actual gobierno, incluso de la familia Macri, que hicieron negocios con el kirchnerismo en general y con De Vido en particular. Macri sigue así una larga tradición familiar de enriquecimiento a manos del Estado, que incluye entre sus páginas más negras el enorme y asombroso crecimiento de su grupo familiar durante la última dictadura militar.

Los gobernadores y grandes grupos empresarios tampoco quieren que De Vido abra la boca y los mande al frente porque ellos coimearon para tener obras o se les adjudicaran contratos millonarios con sobreprecios. Son todos corruptos. Por eso hacen un show para expulsarlo pero que queden todos impunes.

El PTS y el Frente de Izquierda rechazamos este show mediático que quiere garantizar la impunidad. Ya dijimos :“no nos cabe la menor duda de que durante la larga gestión de De Vido a cargo del ministerio de Planificación se mantuvo y se profundizó la trama de corrupción que existe en la obra pública desde hace décadas en la Argentina”. La masacre de Once es la consecuencia más trágica de todo esto, y la izquierda ha exigido que se lo juzgue por su responsabilidad frente a ella.

El show electoral es una maniobra para cambiar la agenda, porque, como les dijo Durán Barba, “no hay que hablar de economía”. Hablan de “corrupción” como eje de la campaña electoral para borrar la problemática social de aumento de la miseria y la desocupación con miles de nuevos despedidos y cierres de empresas como Pepsico, cuyos trabajadores son reprimidos por el gobierno y siguen resistiendo con su carpa frente al mismísimo Congreso.

Lo más grave es que este espectáculo se quiere imponer con la expulsión arbitraria y sumaria de un diputado mediante una mayoría circunstancial. Esto es muy peligroso, porque de efectivizarse este mecanismo, mañana podrían echar a cualquier enemigo político, incluyendo a los diputados de la izquierda que somos parte y estamos en la lucha junto a los trabajadores, las mujeres y la juventud. En Mendoza ya hay un fiscal que acusa a los legisladores del FIT por “el delito” de acompañar a trabajadores en una manifestación durante el último paro nacional.

No confiamos en los jueces que “cajonearon” durante años todas las denuncias de corrupción del anterior gobierno y ahora están prestos a dejar impunes las múltiples denuncias que pesan sobre este gobierno. Por eso nuestro planteo es que todos los jueces, que hoy son vitalicios y elegidos por transas entre los partidos mayoritarios, sean electos por el voto popular, puedan ser revocados por una mayoría simple de sus electores y dejen de tener privilegios increíbles como sueldos de 200.000 pesos exentos del pago de ganancias, para pasar a cobrar el promedio de lo que gana cualquier trabajador.

La corrupción, cuya víctima principal es el pueblo trabajador, no puede quedar impune. Proponemos que se juzguen todos los casos mediante juicios con jurados populares.

* Bancada parlamentaria del PTS en el Frente de Izquierda. Nathalia González Seligra, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Christian Castillo