CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día después del asesinato en el Estado de México de Adolfo Lagos, director de Izzi, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió a los diferentes órdenes de gobierno que se haga un rediseño de las estrategias actuales ante la ola de inseguridad que flagela al país.

Al dar a conocer su mensaje semanal, el organismo presidido por Gustavo de Hoyos Walther señaló:

“Urge frenar la incidencia de los delitos, pues se afecta el crecimiento y las inversiones y las empresas dejan de invertir en proyectos productivos para destinar cantidades millonarias y crecientes en la prevención y atención de la inseguridad, además de la carga impositiva que deben pagar para que el Estado teóricamente les garantice su integridad física y de sus patrimonios”.

De hecho, la Coparmex emplazó al gobierno de Peña Nieto a que revise el diseño institucional del combate a la inseguridad del país, porque “la crisis de seguridad exige una estrategia integral con nuevas líneas de acción”.

“Un enfoque sistémico que incluya a jueces, a fiscales y a policías, con metas de corto, mediano y largo plazos y acciones contundentes inmediatas enfocadas a reducir efectivamente las tasas de robo y la inseguridad que hoy nos afectan, especialmente en el transporte”, precisó de Hoyos Walther.

Y no es para menos, pues según la Coparmex, sus socios han sido objeto de actos delictivos en diferentes entidades del país, tanto en sus instalaciones como en el transporte, y durante el traslado de mercancías y de personal.

Según el líder empresarial, “esta situación ha sido recurrente y, desafortunadamente, ha crecido de forma importante en los últimos meses”.

Las cifras

Enseguida expuso datos:

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre la Seguridad Pública (ENVIPE 2017), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el tema que más inquieta a la población es la inseguridad, por encima de problemas como el aumento de los precios, el desempleo e incluso la corrupción.

Además, datos del mismo Inegi arrojaron que en 2016 en México ocurrieron 31.1 millones de delitos, lo que representó un costo del 1.1% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a 229 mil millones de pesos.

Los principales ilícitos fueron hurtos y asaltos en hogares o en calle y transporte público; fraudes, y extorsión y robo de vehículos. Sin embargo, sólo fueron denunciados 3 millones de casos, es decir, apenas 9.7%.

En cuanto el golpe de la inseguridad a las empresas, las cifras son alarmantes: La más reciente Encuesta Nacional de Victimización de Empresas dio cuenta de que, en 2015, cerca de 35.5% de las unidades económicas fueron víctimas de algún delito. En este rubro la cifra negra de delitos no denunciados alcanza 90.3%.

Aún peor, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el periodo enero-septiembre de 2017 registró 2 mil 41 robos con violencia a camiones de carga en carreteras, lo que significa un incremento de 99% en comparación con el mismo lapso de 2016.

En este contexto, la Coparmex hizo un llamado “enérgico” a las autoridades municipales, estatales y al gobierno federal con el fin de que impulsen planes emergentes de seguridad, que incluyan diagnósticos y metas basados en indicadores públicos encaminados a detener esta ola de inseguridad que “aqueja a los hogares y que también alcanza cada vez más a las empresas de nuestro país”, enfatizó.