En plena campaña electoral se publica un supuesto informe de la policía que acusa de graves delitos a candidatos que compiten contra el partido del Gobierno que dirige a esas fuerzas de seguridad del Estado de donde parte el documento. El Ejecutivo lo jalea contra su oponente en campaña y cuatro meses después, el ministro responsable acude al Congreso y dice que no tiene ni idea de dónde salió el papel, ni de quién lo hizo y que, además, los datos que contiene no son todos veraces, porque es un corta y pega. Hasta aquí los hechos.

Y muy poco más, porque el ministro del Interior, Jorge Fernández, dio por zanjado este martes el asunto en la Comisión correspondiente del Interior, porque según dijo, la investigación abierta por la Brigada de Asuntos Internos de la policía se ha cerrado sin encontrar el origen del borrador de informe, ni determinar los autores y sin poder acreditar siquiera la veracidad de su contenido.

Ese borrador de informe acusaba a dirigentes de CiU, empezando por Artur Mas, de graves delitos, incluido tener cuentas en paraísos fiscales o en Suiza. Se publicó el 16 de noviembre en El Mundo y fue jaleado por el Gobierno y el PP en campaña electoral. Pero ahora se desvanece. Su contenido conmocionó y condicionó la agenda de la campaña de las autonómicas catalanas del 25 de noviembre.

El ministro compareció este martes, cuatro meses después de los hechos, porque entonces destacados miembros del Gobierno como Cristóbal Montoro se resistieron a hacerlo con el argumento de que “los que tienen cuentas en Suiza son los que tienen que comparecer”, en referencia a CiU.

La principal conclusión del ministro es que el borrador de informe “no se corresponde con ningún documento oficial” de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la policía. El borrador publicado llevaba membrete de la UDEF, pero no tenía firma alguna. Fernández explicó que es habitual que se hagan borradores en esta unidad, pero los jefes solo dan oficialidad y entregan a los jueces los que tienen datos comprobados o con visos de ser ciertos, como para poder judicializar su contenido. En este caso, el borrador no aparece y, por supuesto, no ha sido entregado a ningún juez pese a apuntar a graves delitos, por lo que se colige que carece de veracidad.

De hecho, el ministro aseguró que se ha determinado que el borrador publicado contiene datos dispersos de diferentes sumarios judiciales, como el caso Palau, junto a diferentes testimonios y otras denuncias no comprobables. Fernández explicó que la Brigada de Asuntos Internos ha preguntado uno a uno a los 300 miembros de la UDEF y todos han negado conocer el borrador y, obviamente, el haber participado en su elaboración y, por eso, la investigación se cerrará por falta de autor conocido y por no poder probar siquiera si el documento existe. El único expediente disciplinario será contra el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Forner, por difundir el borrador apócrifo en rueda de prensa y negarse a facilitar el nombre de su fuente.

El portavoz de CiU, Jordi Jané, pidió responsabilidades, pero la petición fue infructuosa. El ministro incluso dijo sentirse molesto cuando el diputado nacionalista le preguntó si conoció el documento antes de que fuera publicado: “Me ofende la pregunta porque decir que si yo sabía o conocía la existencia de ese informe es tanto como decir que yo consentí o propicié su elaboración”. Es decir, que, como dedujo Jané, los policías “van por libre”.

El ministro, además, informó de los siguientes asuntos:

Abiertas 171 investigaciones de corrupción.

Fernández ha dado datos sobre casos de corrupción para concluir que policía y guardia civil investigan 171 casos, poniendo énfasis en que la mayor parte de las investigaciones se han abierto con el PP en el Gobierno.

El número de investigaciones abiertas por la policía es de 59. Por año de inicio, desde 2012 al 6 de marzo se ha abierto el 61%. En 2012 se abrieron 26 y en 2013 10. Estas investigaciones afectan a 1.110 personas, de diversas nacionalidades, con 311 detenidos.

En 2008 fueron detenidos 86; en 2009 15; en 2010 1; en 2011 25; en 2012 148 y en 2013 hasta el 6 de marzo 36.

La Guardia Civil mantiene 112 operaciones activas. Cuatro se abrieron en 2008; 2 en 2009; 8 en 2010; 20 en 2011; 58 en 2012 y 20 en 2013.

La corrupción no está tipificada como tal y, por tanto, el ministro ha explicado que se refiere a diversos delitos como cohecho, corrupción entre particulares, malversación, negociación prohibida a funcionarios, ordenación del territorio, prevaricación y tráfico de influencias.

Control de agencias de detectives.

En plena tormenta política por las actividades de espionaje en Cataluña, con la empresa de detectives Método 3 en el epicentro, el ministro ha anunciado una reforma legal para el control de estas actividades. Según ha explicado, se trata de que estas empresas tengan "la obligación de velar por la legitimidad del encargo de investigación”.

En concreto, Fernández ha asegurado que la futura ley obligará a que haya un contrato por escrito, que se lleve un libro de registro de sus actividades y los encargos realizados y que haya un informe de la investigación a disposición de las fuerzas de seguridad y del juez.

Advertencia a ETA.

El titular de Interior ha respondido en la Comisión de interior a diversos asuntos pendientes. Así, se ha referido a la lucha contra ETA para explicar que las Fuerzas de Seguridad del Estado siguen en guardia y, por eso, ha asegurado que desde que el PP está en el Gobierno han sido detenidos 40 etarras.

Fernández ha dado datos sobre criminalidad para asegurar que 2012 “no ha sido malo para España y sí para los delincuentes, es decir, razonablemente bueno para los ciudadanos”. La tasa está entre las más bajas de la criminalidad europea, con 2.268.000 delitos y faltas, un 0,7% menos que el año anterior.

De todos los delitos, el único que ha subido es el de robo con fuerza en domicilios y, por eso, se han aprobado planes concretos.