La Seguridad Social ha emitido un nuevo criterio que considera a los trabajadores que estén en aislamiento preventivo por el coronavirus, que ya suma al menos 31 casos en nuestro país, en "situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común".

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Durante ese tiempo, ha expuesto el organismo, "los trabajadores no están afectados, en sentido estricto, por un accidente o por una enfermedad", pero "deben estar vigilados y recibir la correspondiente asistencia sanitaria" para diagnosticar su estado, por lo que "están impedidos para el trabajo por obvias razones".

Desde la Seguridad Social han añadido, además, que se trata del mismo criterio que se aplicó en la Gripe A y que se fija para "garantizar la protección de los trabajadores durante tales periodos de aislamiento" y para "disipar las dudas" que se han planteado.

La baja por enfermedad común se cobra a partir del cuarto día, a no ser que el convenio al que se acoja el trabajador mejore esta cobertura. Entre el cuarto y el decimoquinto de baja, ambos incluidos, el abono de la prestación por incapacidad temporal corresponde al empresario para pasar después a pagarse desde la Seguridad Social.

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Otras alternativas Aunque la medida corrige la desigualdad existente entre ambos colectivos -los positivos por coronavirus y los que se encuentran en cuarentena-, la doctora en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad Camilo José Cela, Laura Sanz, ha considerado que se podría haber ido un poco más allá para "evitar que esta situación sea tan gravosa para el empresario", ya que, durante esos 14 días que dura la cuarentena, "prácticamente el coste lo va a llevar el empleador". Tal como ha explicado la doctora en Las mañanas de RNE, hubiera sido preferible haber determinado "la incapacidad laboral por enfermedad profesional, en el que el coste ya no es para el empresario, incluso el propio trabajador tiene un plus de protección". Asimismo, y en el caso de los empleados del hotel Tenerife o de trabajadores de aerolíneas que no quieran acudir a su puesto de trabajo por temor a contraer la enfermedad, Sanz ha explicado que "existe una situación de fuerza mayor" y, en estos casos, nuestra legislación ofrece una serie de alternativas que se podrían adaptar, por ejemplo, la suspensión de la relación laboral por fuerza mayor. “Hubiera sido preferible haber determinado la incapacidad laboral por enfermedad profesional“ "En este caso, el empresario no estaría obligado a abonar los salarios por esta prestación de servicios y el trabajador tendría una posibilidad de acceder a una prestación por desempleo", ha señalado. Para otros sectores en los que también exista riesgo de contagio, una de las opciones que recoge la legislación laboral es realizar el teletrabajo. "Esto debería ser visto por cada una de las empresas con los trabajadores", ha concluido.