El Gobierno implementará a comienzos de 2018 una “ampliación de la lista negra”, como paso previo al bloqueo de los celulares robados o ingresados de contrabando. Este es el esquema central de una resolución que elaboran el Ministerio de la Producción y el Enacom (Ente Nacional de las Comunicaciones), que apunta a frenar el mercado negro de celulares (estimado en 3 millones de unidades), que ya representa el 30% del mercado formal y perjuicios por entre US$800 y US$1.000 millones.

“La decisión está tomada, sólo faltan los detalles técnicos y administrativos. El objetivo es desactivar el uso de las terminales vendidas por fuera del circuito legal”, explicó al Económico una fuente calificada del Enacom, el órgano regulador de las telecomunicaciones. Con el mismo énfasis, la misma fuente aclaró que “la medida no está enfocada al turista que compra un iPhone en el exterior, sino en los comercios y cuevas que ofrecen celulares de media y alta gama a precios muy por debajo del promedio del mercado”.

Desde el punto de vista técnico, el control es relativamente simple, ya que cada teléfono tiene un IMEI (por sus siglas International Mobile Station Equipment Identity), un código único que emite el celular a la red cuando se activa y que informa todo: marca, modelo, origen y lugar de venta, entre otras cosas. La “lista negra enriquecida”, tal como se pretende implementar en el país, implica que los fabricantes y marcas deben remitir al Enacom los IMEI de sus equipos (producidos o importados legalmente), dejando afuera el resto.

“El resto” es el inmenso mercado informal que incluye a los que viajan a Miami y se traen uno o dos smartphones de souvenir (una cifra menor, según dicen en la industria) y también a los cargamentos que pasan por las fronteras ilegalmente. La medida que el Gobierno intenta implementar, dicho de otro modo, es la admisión implícita de la falta de eficacia de la Aduana para frenar el contrabando de celulares.

Fuentes oficiales y de la industria confirmaron al Económico que el tema fue tratado días atrás en una reunión en el Enacom, en la que participaron marcas, fabricantes fueguinos y cadenas comerciales. De lo hablado hasta aquí, “la lista negra” -que ya está en vigencia- se nutre de las personas que denuncian robos o pérdidas para que las telefónicas bloqueen los IMEI. “La idea es agregar los IMEI en uso de los celulares que no fueron producidos o importados legalmente”, explicó un funcionario. “Si un celular se activa y no está registrado, a la telefónica le aparece un cartel y el usuario debe presentar la factura de compra correspondiente”, añadió un alto ejecutivo de una multinacional.

El borrador del proyecto, sujeto a modificaciones, establece que la idea “es combatir el contrabando y no perseguir al turista”. Y que los bloqueos sólo abarcarán a las unidades nuevas, compradas después de la entrada en vigencia de la nueva norma. Hay detalles por definir, que no son menores. Por caso, las compras “legítimas” en el exterior, aunque superen el monto de la franquicia máxima permitida de US$300. “Una propuesta es elevarla a US$500 o US$1.000, para evitar complicaciones”, coinciden fuentes de la industria.

De uno u otro modo, “la lista negra enriquecida” deriva la responsabilidad de bloquear del contrabando al Enacom y las telefónicas, tras la confección del listado de IMEI de la mercadería legítima. El propio funcionamiento de la red, por otro lado, permite conocer la envergadura de la informalidad: cada marca (Samsung, Huawei, Motorola y LG, por ejemplo) conoce al detalle la cantidad de equipos que están en uso, el país de origen y el lugar de compra. Quedan puntos por definir, algunos controvertidos, como el rol determinante de las telefónicas en el bloqueo de las terminales sospechadas.

“Son 3 millones de usuarios potenciales enojados porque no le habilitan el servicio. Y afrontar los costos de ejercer el control, lo que implica mayor personal”, reconoció un ejecutivo de una marca multinacional, aludiendo al malestar de las telefónicas por la medida que se intenta implementar. Movistar, Personal y Claro rechazaron hacer comentarios.

La “lista negra enriquecida” es una variante de las denominadas “listas blancas” implementadas en Perú, México y más recientemente en Chile. En esos lugares sólo se pueden usar los celulares comprados en esos países, todo con el fin de frenar el contrabando. Con las variantes mencionadas, la Argentina intenta complicar la operatoria de comercios irregulares, que afecta a toda la industria, marcas, fabricantes y las propias telefónicas, que concentran el 60% de las ventas de celulares del país.

La medida, que entraría en vigencia “a comienzos del año próximo, es un reclamo crónico de los fabricantes. El contrabando surgió con fuerza a partir de 2014 (1,5 millones) y fue creciendo paulatinamente en 2015 (2 millones) y 2016 (2,5 millones), según estimaciones del consultor especializado Enrique Carrier. “Lista blanca, lista negra o gris, cualquier alternativa es un requisito clave para parar el contrabando”, interpreta Fabio Rozenblum, CEO del grupo Mirgor, que fabrica celulares para varias marcas en Tierra del Fuego.

El ingreso ilegal de celulares afecta a casi todas las marcas, especialmente a Samsung, que lidera el mercado local con casi el 70% del market share. La marca coreana, incluso, inició más de 30 denuncias penales contra comercios y cuevas que ofrecían sus equipos a través de sitios de subastas en Internet, a precios sospechosamente rebajados.

Con respecto a la “lista negra enriquecida”, en la industria reconocen que es un avance sobre un viejo reclamo. De todos modos, creen que todavía quedan por resolver las cuestiones técnicas. “Todos lo quieren hacer, pero la implementación es costosa. Creo que tiene que hacerse en forma paulatina, pero el Gobierno está muy fuerte y decidido”, dijo una fuente calificada del sector.