La oposición de los fiscales Anticorrupción el 18 de abril a los límites que su jefe quería imponer a la Operación Lezo se vio acompañada de un segundo enfrentamiento simultáneo. Entre el 18 y el 20 de abril, un total de 21 fiscales Anticorrupción, todos los que se encontraban trabajando en ese periodo, firmaron la petición de amparo de sus compañeros José Grinda, Juan José Rosa y Fernando Bermejo a la Fiscalía General del Estado ante las denuncias contra ellos de unos imputados por corrupción y otros delitos de crimen organizado.

Moix pide investigar a tres fiscales del caso Pujol por coacciones a un imputado

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Moix había reaccionado a esas denuncias de un modo muy distinto, instando al Tribunal Superior de Cataluña a que investigara a los tres fiscales sin requerir antes la versión de sus subordinados.

La petición de amparo de los tres fiscales Anticorrupción será examinada por el Consejo Fiscal que se reúne los próximos miércoles y jueves. En esa misma reunión se analizará también el relevo del caso 3% de dos de los fiscales que piden amparo por las citadas denuncias, José Grinda y Fernando Bermejo.

A pesar de lo avanzado de las pesquisas, el jefe de Anticorrupción ha entregado el caso de la financiación irregular de CDC a dos fiscales de la delegación en Cataluña de acuerdo con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. La decisión ha provocado uno de los focos del incendio que vive Anticorrupción desde prácticamente la llegada de Moix, hace apenas siete semanas.

El escrito de los tres fiscales pidiendo amparo se acompaña de otro en el que se lee: “Habiendo tenido conocimiento del escrito de solicitud de amparo al Excmo. Sr. Fiscal General del Estado de nuestros compañeros Bermejo, Grinda y Rosa, mediante la firma del presente mostramos nuestro apoyo a los mismos y nos sumamos a tal solicitud”. Está firmado en Madrid, a 18 de abril de 2017, y debajo y también en la página siguiente se contabilizan 21 rúbricas de miembros de la Fiscalía Anticorrupción, de entre las que destaca la teniente fiscal y número dos del organismo, Belén Suárez.

Fuentes fiscales precisan que las firmas de adhesión se estamparon entre ese 18 de abril y los dos días siguientes. Eso significa que comenzaron a recogerse el mismo día de la reunión de la Junta de Fiscales en la que Moix se encontró con un solo apoyo, una abstención y 19 votos en contra a su negativa a practicar un registro vinculado a la sociedad a través de la que opera el Canal de Isabel II en Latinoamérica.

La Fiscalía atribuye a “discrepancias técnico-jurídicas” el resultado de la votación, celebrada tras la invocación del artículo 27 del Estatuto Fiscal, algo inédito en los 13 años que Antonio Salinas, antecesor de Moix, estuvo al frente de Anticorrupción.

El denunciante, detenido en la Operación Emperador

Rafael Pallardó es un empresario detenido en el caso Emperador contra el blanqueo de capitales. En su denuncia ante Anticorrupción, Pallardó asegura que el 12 de marzo de 2015 asistió a una reunión en la sede de la Fiscalía de Cataluña, en compañía de su abogado, y que durante la misma los tres fiscales denunciados le coaccionaron para que declarara que las iniciales “JP, JPM y JpMarta”, incluidas en unos correos que se le habían incautado, correspondían a Jordi Pujol y dos de sus hijos. En esos correos se instaba a Pallardó a entregar a las personas tras esas iniciales distintas cantidades de dinero.

Según la versión de Pallardó, los tres fiscales le amenazaron con retirarle las “ventajas procesales” prometidas, vinculadas a la devolución de su patrimonio y retirada de acusaciones contra personas de su entorno. El empresario asegura que el más vehemente fue Bermejo y que Rosa decidió retirarse en un momento de la discusión y seguir la reunión desde un punto alejado de la sala. Añade que él se negó a declarar que esas iniciales correspondían con los Pujol porque no era verdad. “Me sentí francamente coaccionado por cuanto que tenía miedo de perder promesas de favores procesales que me habían hecho”, escribe en su denuncia Pallardó.

En su escrito ante Anticorrupción del 28 de marzo, Pallardó también denuncia una presunta emboscada de los fiscales para que visitara a sus colegas de la Fiscalía andorrana y tuviera una charla informal con ellos. Al terminar dicha charla, asegura, se le obligó a declarar y a continuación se detuvo al consejero delegado de la BPA Joan Pau Miquel.

Grinda y Rosa son los fiscales de los casos Emperador y Banco de Madrid, filial de la Banca Privada de Andorra. Bermejo trabajaba en aquel entonces en la causa contra los Pujol en Barcelona, ahora instruida en la Audiencia Nacional.

Con el contenido de esta denuncia, Moix firmó un decreto que envió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el 5 de abril al apreciar indicios de delito de coacciones y contra la Administración de Justicia en sus tres subordinados. El tribunal destinatario es el TSJC porque los hechos fueron cometidos presuntamente en Cataluña y los tres fiscales están aforados.

Fuentes fiscales aseguran que las denuncias contra fiscales Anticorrupción son frecuentes, como un intento de los abogados por anular las causas contra sus defendidos. En todo caso, añaden, el fiscal jefe debería haber buscado la versión de sus subordinados antes de proponer investigarlos. “Precisamente los fiscales nos dedicamos a la contradicción”, señala una de esas fuentes.

Con la autorización de Torres Dulce y Salinas

La versión de los fiscales está en su escrito de petición de amparo a la Fiscalía General, acompañado por otro con las firmas de sus compañeros. En él, los fiscales aseguran que la reunión referida se celebró a petición del propio Pallardó y que ellos acudieron con el conocimiento y la autorización del fiscal general del Estado y del jefe de Anticorrupción en aquel momento, Eduardo Torres Dulce y Antonio Salinas, respectivamente. Al encuentro también asistieron dos abogados de la defensa de Pallardó.

Los fiscales afirman que Pallardó comenzó exigiéndoles el pago de fondos reservados a cambio de su colaboración. Cuando le trasladaron que la Fiscalía no sigue esa práctica, el empresario les instó a que “hicieran las gestiones necesarias ante El Mundo para que este medio de comunicación le hiciera el pago pretendido”. Los tres fiscales aseguran que ahí concluyó el encuentro.

Los fiscales afirman en su escrito que hay una segunda denuncia contra uno de ellos, José Grinda, formulada por Santiago Roselló, un imputado en la Operación Clotilde, que investiga una trama de corrupción urbanística en Lloret de Mar vinculada a la mafia rusa. Los fiscales relacionan esta segunda denuncia al contenido de su escrito de acusación, en el que se incluye la confesión del líder de la red rusa contra Roselló.

Los tres miembros de Anticorrupción ven detrás de estas dos denuncias la mano de los antiguos dueños de la BPA, Ramón e Higini Cierco, que despliegan una estrategia para anular la causa contra ellos desde el pasado verano. En Andorra han denunciado al antiguo jefe de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín Blas y al jefe de la autoridad fiscal andorrana, Carlos Miñana. Los Cierco y Pallardó comparten abogado, Javier Iglesias, desde hace un mes, según afirman los fiscales en su escrito. El letrado asegura que no ejerce la representación de Pallardó en el caso Emperador ni en ningún otro.