La cuenta final que Odebrecht deberá pagarle a la Argentina por sus sobornos será multimillonaria. Y podría superar con creces los $ 4500 millones. No sólo eso. También corre riesgos de que le quiten el jugosísimo contrato para soterrar el tren Sarmiento y que la excluyan de futuras licitaciones. En ese diagnóstico coincidieron altos funcionarios nacionales, expertos anticorrupción y abogados administrativistas consultados por LA NACION.

La cifra de $ 4500 millones se basa en los montos que la propia Odebrecht reconoció al admitir su responsabilidad ante la justicia de Estados Unidos. Allí detalló que pagó US$ 35 millones en coimas a funcionarios argentinos, pero también indicó que gracias a esos sobornos obtuvo beneficios por unos US$ 278 millones, que al tipo de cambio vigente equivalen a unos $ 4500 millones: casi ocho veces más que el monto que la empresa brasileña ofreció abonar a las autoridades argentinas y que desde la Procuración del Tesoro consideran el "piso mínimo" de resarcimiento.

Las leyes y decretos nacionales vigentes representan un cerrojo a las pretensiones de Odebrecht, que en Brasil y en Estados Unidos contó con una herramienta legal que aquí aún no existe: la posibilidad de negociar con las autoridades judiciales o administrativas

Por ese motivo, Odebrecht chocó en Buenos Aires con una pared. Planteó que quiere abonar una multa por US$ 35 millones -unos $ 560 millones al tipo de cambio vigente- y retrucó con que si le reclaman más, puede optar por cerrar sus puertas en la Argentina.

"No tenemos activos en el país para afrontar esa cifra", desafiaron desde la compañía. Más aún, también adelantaron que pretenden continuar con el soterramiento del Sarmiento, y competir por nuevas licitaciones.

Sin embargo, la respuesta que Odebrecht cosechó fue magra o nula. Así fue tanto desde la Procuración del Tesoro y la Oficina Anticorrupción, como desde el Ministerio Público Fiscal, donde los fiscales Federico Delgado y Franco Picardi y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, son sus principales interlocutores.

¿Por qué? Porque la legislación argentina reduce al mínimo los márgenes de negociación. Y según todos los expertos consultados por LA NACION, cualquier reforma legal que apruebe el Congreso o decreto que firme el presidente Mauricio Macri no podrá beneficiar a Odebrecht de manera particular ni tampoco de forma retroactiva -salvo en materia penal- o correrá el riesgo inmediato de ser declarada inconstitucional.

Ese cerrojo legal complicó, a su vez, el acceso de los fiscales y jueces argentinos a los datos que aún controla Odebrecht o la Justicia brasileña sobre quiénes embolsaron esas coimas por US$ 35 millones, por lo que expertos dentro y fuera del Gobierno analizan opciones que permitan sortear los obstáculos normativos. Desde firmar algún tipo de "carta de intención" hasta la aprobación de una ley de derecho administrativo que incluya alguna "cláusula transitoria" hasta intentar una convalidación judicial especial.

¿Cómo se conforma ese cerrojo? Por la ley 19.549 de procedimientos administrativos y los decretos 1023/01 y 1030/16 que determinan que un acto administrativo -como el otorgamiento de un contrato de obra pública- debe ser revocado cuando el beneficiario lo obtuvo mediante un proceso viciado de nulidad -como el pago de sobornos- y ese beneficiario quedará, además, inhabilitado para disputar nuevas licitaciones públicas.

Odebrecht, optimistas

Pese a ese complejo contexto legal, sin embargo, los representantes y abogados de Odebrecht en la Argentina afirman que son optimistas.

Consideran que las autoridades se encuentran ante una oportunidad única para revertir el sistema de corrupción e impunidad imperantes. Y para lograrlo, desafían, el Gobierno y la clase política en general necesitan demostrar "decisión" e "inventiva".

Hasta ahora, Odebrecht sólo recibió una propuesta oficial algo más componedora.

La planteó el nuevo procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Mientras que su antecesor, Carlos Balbín, abogó por la revocación del contrato del soterramiento del Sarmiento y, sin más vueltas, reclamarle los US$ 278 millones, Saravia Frías delineó algunas condiciones previas: que depositen esos US$ 35 millones como primer pago -aunque la cuenta final podría superar los $ 4500 millones-, y que abran sus libros contables y colaboren con la Sindicatura General de la Nación (Sigen), abocada a estimar los sobreprecios de cada proyecto que la compañía obtuvo con sobornos.

Sólo así, completaron en la Procuración del Tesoro, acaso Odebrecht continúe con el soterramiento del Sarmiento junto con las constructoras Iecsa -por entonces de Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente Mauricio Macri- y la italiana Ghella.

Eso evitaría, añaden, la pérdida de cientos de puestos de trabajo directos e indirectos y sumar un nuevo retraso en una obra que lleva ya años de demora.

Varias opciones; un riesgo

¿Qué otras opciones barajan desde el Poder Ejecutivo? Impulsar una ley que permita a las empresas corruptas negociar acuerdos con la Justicia como en Estados Unidos y Brasil, donde esa opción legal resultó decisiva para el avance de la investigación Lava Jato.

También, incluir en esa nueva ley una "cláusula transitoria" que de algún modo le permita acogerse a Odebrecht por lo ocurrido en el pasado.

Esa cláusula, sin embargo, resultaría por demás polémica, según los abogados consultados por LA NACION, quienes alertaron que podría ser considerada inconstitucional si no se redacta con precisión y cuidado.

Pero dos de los letrados consultados por LA NACION plantearon otra opción, basados en el pedido de los fiscales brasileños que plantearon que si sus pares argentinos quieren acceder a la información deberán garantizar que respetarán la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, entre otros compromisos internacionales.

"¿Sería posible recurrir al fuero contencioso administrativo federal y pedir una «declaración de certeza» por esa vía, que le abra una senda a Odebrecht?", planteó uno de los abogados, mientras que otro experto sumó al combo posible la convención de la OCDE para combatir el cohecho que la Argentina adoptó en 2001.

Esa opción es, cuanto menos, discutible. Y tanto en el Poder Ejecutivo como los fiscales se muestran por demás cautos. Saben que si estampan una firma en un documento mal delineado, terminarán ellos con una causa penal.

Garavano valoró la ayuda de EE.UU.

Cambiemos

El ministro de Justicia, Germán Garavano, ratificó que la "cooperación de Estados Unidos es completa" para entregar información vinculada al pago de coimas en el caso Odebrecht.

Garavano expresó que hay un "compromiso de luchar contra la corrupción" y entregar toda la información. Destacó la reunión que mantuvo esta semana, en su viaje a Washington, con el fiscal de Estado norteamericano, Jeff Sessions.

En diálogo con Radio Mitre, el titular de Justicia indicó que habrá "reuniones de trabajo" entre jueces y fiscales argentinos con fiscales estadounidenses. "Da la impresión que la información es mucha y muy precisa", señaló Garavano.