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“Controlaremos la sala segunda desde atrás”. El whatsapp del portavoz de los populares en el Senado español, Ignacio Cosidó, pretendía tranquilizar a los miembros de la Cámara alta después de que se hiciera público el acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar el Poder Judicial en noviembre pasado. Quien iba a permitir “controlar desde atrás” la sala penal del Tribunal Supremo era Manuel Marchena. El pacto de ambas fuerzas políticas implicaba que el magistrado dejara de presidirla y se colocara al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del propio Supremo. Finalmente, a raíz del mensaje filtrado, Marchena renunció y el supuesto “control” se mantiene “desde delante”: el ex fiscal de la aznarato continúa encabezando el tribunal que juzga el 1-O y será el ponente de la sentencia.

Encabezados por Marchena, serán siete los jueces que juzgarán a las doce personas querelladas en el banquillo del majestuoso salón de plenos del Supremo, coronado por la composición pictórica La ley triunfando sobre el mal. De estos, al menos cinco han sido cuestionados por las defensas. Para el jurista José Pérez Royo, la existencia del whatsapp ya “es un caso bastante evidente de pérdida de imparcialidad”, pero a las defensas tampoco les parecen “imparciales” Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez, Luciano Varela Castro ni Antonio del Moral García. Todos ellos han sido recusados ​​porque formaron parte de la sala de admisión que dio luz verde a tramitar la querella criminal. Advirtiendo que hay que examinar cada caso y el grado de intervención, el fiscal y ex magistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín —quien precisamente fue relevado por Marchena cuando se jubiló— explica que esta situación en términos procesales se denomina “contaminación objetiva”. De hecho, hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en casos similares, ha estimado que no había imparcialidad.

Más allá de la contaminación objetiva, sobre el tribunal planean un buen puñado de decisiones polémicas, amistades peligrosas y un nítido sesgo conservador. Solo uno de los componentes, Varela Castro, pertenece a la asociación Jueces para la Democracia. La mayoría están alineados con la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) o con la escindida Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV). Un conservadurismo, recuerda Martín Pallín, que “impera” en el conjunto de la judicatura española.

Hijo de un capitán de la Legión, Marchena —capitaneado el tribunal— encarna este conservadurismo, aunque es reconocido como buen jurista por parte de distintas sensibilidades; “formalmente exquisito”, según la abogada Eva Labarta. Pasó toda su infancia en El Aaiún, en Marruecos, donde habían destinado a su padre, pero ya en España forjó su carrera judicial tras el fiscal general del Estado ultraconservador y miembro del Opus Dei Jesús Cardenal. Como magistrado, acordó las ilegalizaciones de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), y también condenó por desobediencia al presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa y los ex miembros de la Mesa Kontxi Bilbao y Gorka Knorr. En Cataluña, es quien firmó la condena a tres años de prisión para ocho activistas de Aturem el Parlament, que fueron absueltos por la Audiencia Nacional. En relación con el conflicto político, Marchena —en este caso en tándem con Martínez Arrieta—, archivó la querella por violación de secretos, prevaricación y malversación contra el ex ministro español de Interior Jorge Fernández Díaz y el ex director de la Oficina Antifraude Daniel de Alfonso, a raíz de las conversaciones grabadas en el despacho del ministro en las que se conspiraba para atacar a líderes de los principales partidos soberanistas.

Además de una mayoría recusada, “los siete magníficos” —como los llaman en algunos chats del Poder Judicial, según el periodista Ernesto Ekaizer— tienen más rasgos en común. Como Marchena, Antonio del Moral también inauguró su carrera judicial ejerciendo de fiscal en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Y en 2013, como ex fiscales y ya dentro del Supremo, ambos se encontraron para recoger la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, un premio otorgado por el Consejo de Ministros.

Vinculado al Opus Dei, Del Moral consiguió archivar la causa contra la ex alcaldesa de Jerez y diputada del PP María José García-Pelayo, investigada por haber concedido contratos a tres empresas de la trama Gürtel antes de la redacción de las condiciones del concurso. En el mismo hilo de la red de corrupción, Marchena, que despegó su carrera bajo los gobiernos populares —a propuesta de Alberto Ruiz-Gallardón fue nombrado presidente de la comisión parlamentaria que elaboró ​​la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal—, fue sorprendido comiendo con el ex ministro español Ángel Acebes en octubre de 2014, poco antes de que fuera imputado por el juez Ruz; una botella mágnum de vino francés Petrus de 2.000 euros y dos kilos de angulas eran algunos de los detalles de la mesa de los comensales. No es el único vínculo de Marchena con los ex ministros de Aznar: el magistrado formó parte del jurado del galardón La Ley, que otorga Wolters Kluwer. La fundación tenía como presidente de su delegación en España al exministro de Justicia del PP José María Michavila, que hasta 2015 controlaba el 37% de la sociedad.

Marchena y Del Moral también coincidieron —entre cargos de la policía, la abogacía, la fiscalía y en magistratura que impartían clases y conferencias— en la Schola Iuris. El instituto jurídico madrileño se situó en el ojo del huracán porque un grupo de juristas, en 2012, denunció ante el CGPJ que la participación de determinados jueces ponía en duda el cumplimiento de los regímenes de incompatibilidades y prohibiciones. La empresa, propiedad de los socios del comisario Villarejo —cerebro de la operación Cataluña—, hacía confluir jueces como los del Supremo, que decidían sentencias sobre la trama de corrupción Gürtel, con profesionales del derecho que asumían la defensa de las personas imputadas. Como ejemplo, en 2013, el tribunal en el que estaban ambos —así como Juan Ramón Berdugo, también uno de los “siete magníficos”— ratificó la decisión de un jurado popular de absolver al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps en el caso de los trajes de la Gürtel. El CGPJ nunca dijo nada.

No todos los magistrados del tribunal de los siete, sin embargo, han podido disfrutar de los silencios. Hace menos de un año, tanto Martínez Arrieta como Berdugo recibieron un serio revés de Europa: el Tribunal Europeo de Estrasburgo confirmaba que los miembros de ETA Igor Portu —que tuvo que ingresar en la UCI— y Mattin Sarasola fueron víctimas de un “tratamiento inhumano y degradante”, y condenaba al Estado español a indemnizarlos. Ambos magistrados, en 2011, habían anulado la condena contra los cuatro guardias civiles perpetradores de las torturas, dictada por la Audiencia de Gipuzkoa un año antes. Jaume Asens, actual teniente de alcalde de Barcelona y entonces vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados, ya lo calificó de “aberración jurídica”.

Más allá de los nombres —Marchena, Arrieta, del Moral, Berdugo, Ferrer, Varela y Palomo—, para la abogada Labarta, que llevó la defensa de Francesc Homs en el juicio por 9N, hay un problema sistémico: “El CGPJ es quien nombra a los jueces y, a su vez, es mayoritariamente ultraconservador, con importantes influencias del Opus. Los jueces están contaminados formalmente por la sala de admisión y realmente por todo lo demás”. Asimismo, Martín Pallín tiene claro que el sistema de selección de la cúpula judicial es “aberrante y no existe en ningún país de Europa”. Para el ex magistrado del Supremo, hay que volver al sistema inicial, anterior a la reforma de 1985, cuando al menos doce vocales del CGPJ, que eligen a los del Supremo, eran elegidos por integrantes del esqueleto judicial.

Bajo el sistema vigente, a los doce independentistas les toca sentarse ante la mirada de quien constituye hoy en día el núcleo duro del poder judicial en España: Manuel Marchena. Lo hacen después de una investigación que duró doce meses, encabezada por Pablo Llarena, quien un día de 2012 creyó que el conflicto entre Cataluña y el Estado español tenía “una solución esencialmente política”. Finalmente, y en sentido contrario a aquellas palabras, la política está en manos de un tribunal de siete jueces y entre las cuatro paredes de la sala de plenos, donde cada año el rey español preside la ceremonia de apertura del año judicial.