El representante del Gobierno argentino en Repsol-YPF, Roberto Baratta, ha llegado a la sede de la empresa en Buenos Aires con un listado de nombres para expulsarlos inmediatamente de la sede tras el anuncio de su nacionalización. Entre los primeros en salir se encuentra el directivo español Antonio Gomis.

Los enviados del Gobierno han conminado a los directivos españoles a hacer sus cajas de forma inmediata y les han obligado a salir a la calle. La actuación se producía mientras la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunciaba la firma de un decreto por el que interviene temporalmente YPF a la espera de que se tramite la ley que supone la nacionalización de la mayoría del capital.

Durante el discurso en el que ha anunciado la expropiación del 51% de YPF a través de la toma de control de buena parte de las acciones que, hasta hoy, estaban en poder de la empresa española, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha adelantado que el actual ministro de Planificación, Julio de Vido, estará al frente de la petrolera.

Junto a De Vido, quien dijo que nadie le iba a pasar por la izquierda, estará Axel Kicillof, cuya experiencia en la industria petrolera es nula. Sin embargo, el político era el que llevaba la voz cantante en las negociaciones del Gobierno argentino con el presidente de Repsol, Antonio Brufau.

El decreto ha entrado en vigor hoy mismo, en el momento de ser dictado y dispone "la intervención transitoria de YPF por un plazo de 30 días con el fin de asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, el abastecimiento de combustibles y garantizar la cobertura de las necesidades del país".

Además, designa a Julio de Vido como interventor de la empresa con "las facultades que el Estatuto de YPF confiere al Directorio y/o al Presidente de la empresa".

Por su parte, el proyecto de ley que el Gobierno ha remitido al Parlamento indica que el poder ejecutivo será el responsable de "la designación de los directores de YPF que corresponda nominar en representación de las acciones sujetas a expropiación". La selección "se efectuará en proporción a las tenencias del Estado nacional, de los estados provinciales, y uno en representación de los trabajadores de la empresa".

Asimismo, el Gobierno y el interventor de YPF designado por este están autorizados "a adoptar todas las acciones y recaudos que fueran necesarios, hasta tanto asuma el control de YPF, a fin de garantizar la operación de la empresa, la conservación de sus activos, y del abastecimiento de hidrocarburos".