El Secretario General del Partido Popular Democrático (PPD) Charlie Delgado Altieri, junto al comisionado electoral, Miguel Ríos, advirtieron a los funcionarios de colegio del Partido Nuevo Progresista (PNP) que el vaciado de listas tendrá consecuencias legales, incluyendo cárcel.

En conferencia de prensa desde la sede de la Pava en Puerta de Tierra, en la que también participaron la sub secretaria de la Pava, Ingrid Colberg, y la comisionada alterna Karla Angleró, que a pesar de que más allá del PNP ningún partido va a participar del evento electoral, existen los mecanismos para identificar los colegios en los cuales se realice vaciado de listas, una forma de fraude electoral que implica manipular documentos electorales para colocar a votar a gente que en realidad no votó.

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"Ante esa realidad hacemos una advertencia a los funcionarios del PNP de que contamos con el equipo legal para llevar estos casos hasta las últimas consecuencias", sentenció Delgado Altieri.

Por su parte, Rios recomendó al equipo electoral de la Palma a buscar asistencia legal si algún supervisor le daba instrucciones para cometer fraude electoral vaciando listas.

"Si usted recibe instrucciones de cometer delito, denúncielo porque al final del camino es usted quien enfrentará cargos si comete el acto y nadie va a responder por usted", subrayó.

Ríos Torres puntualizó además que los funcionarios que alteren documentos electorales, vote en mas de una ocasión, manipule o intente manipular o destruir cualquier sistema o equipo de votación o escrutinio electrónico o sus componentes, la programación o el contenido del sistema con la intención de prevenir que una persona emita su voto, puede ser convicto de delito grave y ser sentenciado por el Tribunal.

Asimismo, Delgado Altieri denunció que el proceso según lo establece la propia ley, excluye la posibilidad de contar los votos en blanco, lo que representa una expresión válida de la intención del elector. " Y lo peor, no será de aplicación el cuarto párrafo del artículo 10.009 de la ley electoral. Esto significa que aunque no cuadre el número de votantes con el número de papeletas, no habrá recuento", explicó.

Los líderes de la Pava se reafirmaron en su llamado al boicot señalando la impertinencia con la que el gobierno de Ricardo Rosselló continúa impulsando el gasto de $7 millones para un evento electoral sin ninguna trascendencia.