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Publicado: 03.10.2019 00:00h.

Desde 2005 a diciembre de 2018 se registran 67.818 nuevos vínculos laborales con el Estado. Pero 6.038 vínculos refieren a formas de contratación previas a 2005, calificadas como abusivas y artificiosas por parte del director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Alberto Scavarelli. El 75 % de los nuevos vínculos son para la educación y 14 % para la salud, mientras los ministerios redujeron personal un 8 %, añadió.

Pie de foto: Alberto Scavarelli

Scavarelli subrayó que “el incremento de funcionarios se generó solamente en los organismos del 221 de la Constitución, tienen que ver con salud y educación”, además de la seguridad, otra área priorizada por los últimos tres gobiernos, según insistió. Sin contabilizar los ingresos a las intendencias, a diciembre de 2018, Servicio Civil registra 50.163 nuevos vínculos, 9.429 en el sector de la salud, 5.314 en seguridad, 5.407 en otros sectores del Estado, 2.348 en las empresas públicas y una reducción de 5.521 funcionarios en el resto de los ministerios.

El jerarca precisó que la regularización de personas que prestaban funciones desde antes de 2005 con formas vinculares desvirtuadas, como régimenes de becarios y contratados a término, suman en total 6.038 funcionarios. Recordó el impedimento legal para el ingreso de funcionarios públicos por una década, que explica la inclusión de trabajadores al Estado para realizar sus cometidos. “Aparecieron figuras inadmisibles, las personas entraban a trabajar y se inscribían en el Banco de Previsión Social y la Dirección General Impositiva como empresa unipersonal y le facturaban al Estado”, explicó.

Afirmó que estas regularizaciones se fundaron en razones de estricta justicia, de buena gestión administrativa y, también, porque “si esas personas reclamaban, seguramente se perderían todos los juicios por el Estado, ya que facturaban a un único empleador que justamente era la Administración Pública”.

Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Social fue facultado a contratar, bajo régimen de provisoriato o contrato de trabajo, a quienes se encontraban desempeñando tareas permanentes en 2015, unas 1.400 personas.

Pero además, sumó el proceso impulsado por Servicio Civil para mejorar el registro de los vínculos laborales, pues algunas formas no se informaban. El sector educativo, por ejemplo, comunicaba cantidad de funcionarios en vez de los vínculos; la modificación incrementó la cifra en la Universidad de la República en 2009 (pasó de 13.319 a 16.698 vínculos), en la educación inicial y primaria desde 2010 (de 60.261 a 68.209 vínculos) y en la educación media técnica desde 2011 (de 11.222 a 13.776 vínculos), así como la incorporación de cuidadores de alternativa y de hospital del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) a los informes desde 2010 (373 vínculos más).

Ahora la Universidad informa sobre los docentes libres y colaboradores honorarios, comenzó a incluirlos en los informes como “otros no funcionarios públicos”, dijo. También mencionó la mejora en los registros de arrendamientos de servicios en la Dirección Nacional de Asuntos Sociales del Ministerio del Interior.

Con este proceso, se incorporó a las planillas a 14.254 vínculos con el Estado.

Uno de los cometidos del Servicio Civil es la redistribución de funcionarios excedentes y la gestión de estructuras y reestructuras del Estado, incluyendo algunas intendencias departamentales. Esta meta institucional se fortaleció con la incorporación de tecnología y la digitalización de procesos que, además, abren nuevos campos de acción y contralor “como nunca antes lo tuvo el país”, indicó.

Reiteró que, si bien siempre se podrá hacer ajustes menores en el número de funcionarios, los concursos se realizan con todas las garantías a través del portal público Uruguay Concursa. Por otra parte, aseguró que “sostener que es factible bajar en un quinquenio 50.000, 70.000 o 100.000 funcionarios públicos solo puede explicarse porque se suprimirán servicios, o por la por la vía de la tercerización o por la privatización de poderosos organismos púbicos que el país ya ha tenido que defender antes de ahora”.

Destacó la incorporación de tecnología en Servicio Civil para controlar el ingreso y registro de funcionarios en un sistema pensado para los 17.000 funcionarios de la administración central pero que superó esta cifra. También se refirió a la inamovilidad de los funcionarios públicos, que solamente alcanza a los presupuestados de la administración central.