El Gobierno ha decidido aumentar su control sobre las cuentas de la Generalitat y verificarlas semanalmente después de detectar un desvío de 6.150 euros que podrían estar destinados a la preparación del referéndum del 1 de octubre, según han confirmado a Efe fuentes del Ejecutivo.

Una partida, con cargo al programa 132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales, sobre la que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha reclamado más explicaciones a la Intervención General de la Generalitat, que, de momento, no se le han facilitado.

Por eso, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha remitido esta semana una carta a la interventora general de la Generalitat de Cataluña, Rosa Vidal Planella, avisando de que, según el Tribunal Constitucional, destinar dinero público a preparar ese referéndum es inconstitucional.

"A finales del mes de junio se han reconocido obligaciones en el programa 132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales por importe de 19.370 euros, y se han registrado autorizaciones y disposiciones de gasto por importe de 25.520 euros (6.150 euros adicionales sobre los datos del mes precedente)", se puede leer en la misiva a la que ha tenido acceso Efe y que ha publicado el diario El Mundo. Esa cantidad extra y sin justificar ha sido lo que ha puesto en alerta a Hacienda para emprender medidas.

Esa carta explica que, a la vista de las circunstancias señaladas, y atendiendo a la finalidad de las líneas de gasto aludidas, se consideraba necesaria la remisión por parte de la comunidad de información y documentación adicional, para lo que se daba un plazo de 48 horas.

Se pedía, así, un informe específico de la Intervención General pronunciándose sobre las actuaciones acometidas por ese órgano en relación a los expedientes de gasto tramitados con cargo al programa 132 de los presupuestos generales de la Comunidad de este año y sobre el eventual incumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional anulando la vigencia de las partidas presupuestarias impugnadas.

También se reclamaban los expedientes completos de gasto tramitados con cargo al citado programa y los que se vayan recibiendo para el ejercicio de la función interventora, y se solicitaba que se enviara información sobre el sentido de la fiscalización y evolución del expediente.

Igualmente, Hacienda exigía que se le remitiesen, en el caso de que los expedientes no estén sujetos a función interventora, los expedientesdesde que se practique su anotación contable en cualquiera de las fases presupuestarias relativas a los mismos, así como en el caso de que se haya procedido a su registro no presupuestario. En este caso, el plazo dado era de tres días hábiles.

Hacienda quería asimismo los expedientes completos de gasto relativos a cualquier otro programa del que se tenga conocimiento que haya podido emplearse de modo directo o indirecto con la finalidad de financiar la organización y/o celebración del proceso refrendario.

Y toda la información de la que se tenga conocimiento en orden al planteamiento de consultas dirigidas a esa Intervención General con el fin de recibir asesoramiento para la definición de procedimientos que permitan la financiación del procedimiento refrendario, indicando la procedencia de la consulta y la respuesta que, en su caso, se haya comunicado.

Control semanal de gastos

Desde finales de 2015, la Generalitat está obligada a presentar certificaciones mensuales de sus gastos para poder acceder al reparto de recursos del Fondo de Financiación y fue precisamente en la última de esas certificaciones, remitida el 13 de julio, cuando se detectó el desvío de 6.150 euros.

Este viernes, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, en una reunión presidida por Mariano Rajoy, ha acordado que se le remitan semanalmente los gastos del gobierno catalán.

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, ha detallado a los periodistas en Sevilla el acuerdo adoptado por dicha comisión, que pretende "reforzar" el control económico y financiero sobre el Presupuesto catalán para hacer cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional y "para que ni un solo euro se destine a un referéndum ilegal".

Este acuerdo, que se publica este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), complementa al de 2015 para garantizar que el Gobierno de Cataluña prestaría servicios en favor del interés general, ya que el Ejecutivo central considera que los acontecimientos que se han producido últimamente necesitaban que se aumentara el control.

Los interventores de las consejerías, los responsables económico-financieros de las entidades donde no haya intervención, el director general de Presupuestos y el de Política Financiera, Seguros y Tesoro, serán quienes deban enviar ese certificado.

El primer certificado, del 17 al 23 de julio, se deberá remitir a Hacienda el 28 de julio, fecha límite también para enviar un listado de los órganos y entidades que conforman el sector público catalán, así como los nombres y máximos responsables de los mismos. Además, el 9 de agosto se deberá remitir una certificación complementaria sobre los gastos del 1 de enero al 16 de julio.

El Ministerio de Hacienda será el encargado de verificar que se cumple esta exigencia, aunque si de la información obtenida se concluyera que se ha procedido a la financiación del referéndum "se dará traslado a las autoridades competentes de la comunidad para la exigencia de las responsabilidades disciplinarias que correspondan", ha explicado Fernández de Moya.

El ministro, Cristóbal Montoro, será el encargado de elevar las conclusiones a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para que se determinaran las medidas a adoptar. El incumplimiento también se produciría si no se enviara la información en los plazos marcados, si no se enviara lo que se está requiriendo o si directamente no se facilita.

El secretario de Estado ha advertido de que se estudiarían las responsabilidades administrativas u otras que se deriven de lo que el Gobierno pudiera poner en conocimiento de la Fiscalía. Ha manifestado que el Gobierno ha tenido en cuenta la "escalada" de declaraciones de los dirigentes públicos catalanes, en lo que se considera un "claro desafío" al Estado de derecho.