Los parlamentarios de Unidad Democrática pueden ser enjuiciados y encarcelados en cualquier momento, acusados de terrorismo o rebelión por jueces militares

DANIEL LOZANO | DIEGO SANTANDER

Caracas

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asestó ayer un nuevo martillazo jurídico en contra del Parlamento y de la oposición horas antes de iniciarse el histórico debate sobre Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA). Un golpe supremo que abre la puerta al enjuiciamiento de los diputados de la Unidad Democrática y que insta a su jefe político, Nicolás Maduro, a tomar decisiones políticas, económicas y militares que van más allá del estado de excepción, vigente en el país en el marco de la emergencia económica.

El alto tribunal arrebata su inmunidad a los parlamentarios, pasando por encima de la Constitución y amparándose en el desacato que él mismo decretó. Los diputados democráticos pueden ser enjuiciados y encarcelados en cualquier momento, acusados de terrorismo o rebelión por jueces militares. El Palacio Legislativo apareció ayer rodeado por la Guardia Nacional, para dificultar, en principio, el acceso de los periodistas. Más tarde se celebró una marcha revolucionaria para "amedrentarnos", denunció Julio Borges, presidente de la Cámara.

El chavismo les acusa de "traidores a la patria" por apoyar a Almagro en su cruzada para aplicar la Carta Democrática, que vivió un nuevo capítulo ayer en Washington. "Los traidores a la patria serán tratados en suelo patrio como enemigos", dejó muy claro Diosdado Cabello, cabecilla militar de los bolivarianos, tras hacerse pública la sentencia.

Desde que la nueva Asamblea tomara posesión en enero del año pasado, la revolución la ha sometido a un acoso constante: se niega a tramitar las leyes que aprueba, la asfixia sin presupuesto, los diputados no cobran sus salarios y la asedia con sus militantes radicales. Incluso uno de los parlamentarios, Gilber Caro, lleva dos meses y medio encarcelado, acusado de terrorismo.

Diez parlamentarios opositores se atrevieron a dirigirse a la tarima instalada por el oficialismo cerca de su sede, durante la marcha antiimperialista, para intentar conversar con el vicepresidente, Tareck El Aissami. "Queremos invitarlos a que demos este debate dentro del parlamento", adelantó González, justo antes de que una docena de militares con equipos antimotines los empujaran de regreso a la Asamblea. "El maltrato a los diputados es cobardía de Maduro", se quejó Jorge Millán, uno de los parlamentarios zarandeados.

Horas más tarde, el Parlamento respondía con un acuerdo en el que rechaza el fallo del Supremo por considerar que "viola la autonomía parlamentaria, pretende erradicar la inmunidad de los diputados y pretende conferir poderes exorbitantes al presidente".

En su respuesta, los diputados bajo amenaza sabían que el Supremo había ido mucho más lejos en su empeño de otorgarle superpoderes al "hijo de Chávez", un cheque en blanco. En primera instancia le insta a tomar las "medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción". El TSJ está presidido por el polémico juez Maikel Moreno, condenado en el pasado por homicidio y uno de los principales protagonistas de las páginas rosas de la revolución. Se trata de un viejo colaborador de Maduro, quien le envió al Consulado de Italia cuando era canciller.

El Supremo se apoya en el estado de excepción vigente desde 2016, para reclamar al jefe de la revolución que garantice la "estabilidad democrática" apoyado en las leyes sobre delincuencia organizada, terrorismo, corrupción y el "código de justicia militar".

Saltando por encima de jurisprudencias, el tribunal empuja a Maduro a evaluar la actitud de organizaciones internacionales como la OEA, pese a que el presidente aseguró tenerlo muy claro: "A mí no me quita el sueño ni me perturban un segundo las estupideces de Almagro, para mí es un payaso, una basura sideral".

Con tal nivel de enfrentamiento comenzó anoche (hora española) la segunda reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA, en la que Venezuela perdió la primera votación de la varias que se asoman en las próximas semanas: 20 países se negaron a suspender el debate frente a 11 que se alinearon con el gobierno bolivariano. El viceministro Samuel Moncada, enviado especial de Caracas, intentó dinamitar el diálogo con una catarata de insultos e improperios, parecidos a los desplegados el lunes por su ministra, Delcy Rodríguez, lo que provocó las censuras de México, Perú, Canadá y Colombia.

Finalmente se levantó la sesión sin que se votara la aplicación de la Carta Democrática, aunque se seguirá discutiendo la crisis venezolana, como adelantó el propio Almagro. "Estamos construyendo una mayoría", añadió el representante mexicano a modo de resumen.