Mientras los periódicos, los programas de televisión, las redes sociales y las charlas de café o de copa siguen ocupando tiempo y espacio en comentar que la ciudadana reina Letizia se pintó los labios en público (más aún, ante Rajoy, Cospedal y su regio esposo, ¡qué barbaridad!), no hallamos prácticamente rastro de lo más importante del momento en relación a la pareja de la Zarzuela: el próximo 24 de enero, los ciudadanos Jorge Verstringe, Manuel Prada e Iván Torrico serán juzgados en Madrid por ser republicanos. Se les acusa de resistencia a la autoridad durante los fastos que presuntamente celebraban la coronación de Felipe VI, el rey que nos ha dejado en herencia la Constitución del 76, documento donde se aceptó, encarnada en el rey Juan Carlos I, una parte esencial de la herencia que, a vez, nos dejó el dictador Franco.

Mientras muchos se han dedicado a rechazar o a apoyar, a criticar o a alabar por lo del carmín a la ciudadana reina Letizia, hasta que las hemerotecas han rescatado a Isabel de Inglaterra haciendo lo mismo (¡ah, bueno!), la Fiscalía pide para estos republicanos hasta tres años y seis meses de prisión por, en realidad, ejercer su derecho (también, por cierto, constitucional) a manifestar aquel 19 de junio de 2014 su oposición a un régimen injusto por definición y contrario a la concepción más básica de lo que ha de ser una forma de gobierno libre, democrática e igualitaria. Lo que el sistema de intereses que apoya a Felipe VI o contemporiza con su figura (también parloteando sobre la conveniencia o no de que su santa esposa saque un espejito del bolso de cuento) quiere vendernos es que en aquella jornada los republicanos fueron violentos, cuando lo cierto es que entonces fueron víctimas de una violenta represión policial y hoy siguen siendo víctimas de la violencia judicial.

El próximo 24 de enero se ejecutará una vergonzosa puesta en escena de la servidumbre del Estado a una forma y a una familia íntimamente ligadas a la corrupción, bien sea a través de delitos por los que incluso algunos de sus miembros ya están siendo juzgados, bien sea a través de hechos poco ejemplares ocultos por la opacidad, de relaciones personales contradictorias con la moral de la que se declaran adalides, de vinculaciones institucionales contrarias a una ética del bien común y, en definitiva, de todo un andamiaje de privilegios que sostiene su obsoleto poder.

Para llevar a cabo la bufonada que supone el juicio del 24 de enero, el aparato del Estado monárquico ha pretendido identificar con actos violentos la resistencia a una autoridad injusta. Una resistencia, sin embargo, tan pacífica que, en aquella jornada de tintes medievales en la que el ciudadano rey Felipe y la ciudadana reina Letizia recorrieron en Rolls Royce las calles de Madrid, se escenificó portando telas tricolores o vistiendo camisetas de algodón con esa bandera estampada. Los más osados se habían tapado la boca con un esparadrapo en el que podía leerse la palabra “libertad”. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid había prohibido el día antes la concentración que había convocado en Sol la Coordinadora Republicana de Madrid, y los muy desobedientes no se habían sometido a tan independiente órgano. Rafael Flores, representante de la Coordinadora Republicana llegó a ser detenido y conducido a la comisaría de Leganitos, muy cerca de la Gran Vía por la que la pareja no elegida saludaba a los vasallos de las aceras.

“Mientras Felipe VI paseaba su monarquía ilegítima en el Rolls-Royce de Franco por un Madrid en estado de sitio, cientos de personas eran perseguidas, cacheadas, multadas, apaleadas o detenidas por exhibir símbolos republicanos o manifestarse a favor de una república”, resume la Coordinadora 25-S, constituida el 25 de septiembre del 2012 para convocar el primer ‘Rodea el Congreso’. Ante el inminente juicio contra Verstrynge, Prada y Torrico, que podrían ir a prisión al haber sido también acusados de provocar lesiones a esos policías nacionales que tan bien se emplearon en reprimir la libertad, la Coordinadora 25-S ha convocado un acto de apoyo a los tres republicanos, que tendrá lugar el próximo 21 de enero en el Centro Cultural Dotacional Integrado Arganzuela y al que asistirán los encausados Verstrynge y Prada, así como Gabriel Rufián, diputado por ERC, Sol Sánchez, miembro de UP, y Elena Martínez, miembro de la Coordinadora.

Es de suma gravedad que en un Estado que se dice democrático la legítima protesta pueda tener consecuencias propias de un régimen dictatorial. Ser republicano no es un delito (es más, es de sentido común), los encausados no deberían estar pasando por este proceso judicial . Sí deberían, en cualquier caso, recibir ahora todo el apoyo mediático y social. Merecen mucha más atención que la barra de labios de Letizia.