La fiscal federal de Esquel Silvina Avila solicitó al juez federal Guido Otranto que llame a indagatoria a un grupo de referentes mapuches que viven en Cushamen (Chubut) y El Bolsón (Río Negro) por considerarlos “prima face” responsables de los delitos de falso testimonio, asociación ilícita y obstrucción a la Justicia durante la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

Es la primera reacción judicial ante una serie de querellas impulsadas por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, contra las personas que alentaron una inexistente desaparición forzada en la causa del artesano fallecido en el río Chubut el 1 de agosto de 2017 por ahogamiento.

En caso de probarse la culpabilidad de los señalados, los delitos prevén penas de entre 4 y 10 años de prisión. El pedido de indagatoria es para Matías Santana (el mapuche de los binoculares), Claudina Pilquiman, Lucas Naiman Pilquiman, Martiniano Jones Huala, Ariel Garzi, Soraya Guitart, Ailín Co Pilquiman, Fausto Jones Huala, Andrea Millañanco, Nicolás Hernández Huala, Adriana Jones y Adriana Baigorria.

Según pudo averiguar Clarín en el futuro cercano serán convocados a la Justicia Federal los abogados de la APDH, Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana, quienes también podrían ser imputados por falso testimonio, obstrucción a la Justicia y graves faltas a sus deberes profesionales. Los profesionales son los autores de un informe con datos y testimonios falsos que fue elevado a la Comisión Internacional de Derechos Humanos en septiembre de 2017.

En un dictamen de 60 páginas, al que este diario tuvo acceso, la fiscal federal Avila afirma que a lo largo de la investigación del caso Maldonado hubo un extenso número de militantes y profesionales que trabajaron en conjunto y de manera coordinada para entorpecer las labores de la Justicia Federal. La funcionaria recuerda que los militantes mapuches de Cushamen –vinculados a Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)- mintieron en sus declaraciones públicas y judiciales, plantaron pistas en el predio donde murió Maldonado e irrumpieron en la casa del fallecido con el propósito de alimentar la hipótesis de una desaparición forzada e inculpar a los agentes de Gendarmería Nacional.

La funcionaria denomina “farsa” a los intentos por transformar el accidente en una represión violenta por parte de los gendarmes. Asegurá que aunque involuntariamente Sergio Maldonado colaboró a su difusión. Apunta a que el hermano del tatuador no colaboró con la Justicia y ocultó datos relevantes a los investigadores como la dirección en la que vivía su hermano.

“Se puede concluir sin ningún esfuerzo que la boina que 'encontraron' casualmente Claudina Pilquimán, Martiniano Jones Huala y Soraya Guitart, en realidad no la perdió Santiago allí, sino que la pusieron ellos antes de que se realizara el procedimiento”, subraya Avila en relación a una de las prendas en teoría pertenecientes a Maldonado descubiertas al interior de Cushamen en las pesquisas.

La fiscal Avila asevera que este mismo grupo pretendía inculpar al gendarme Emmanuel Echazú al ubicarlo en el punto en el cual presuntamente había sido visto por última vez Maldonado. Las pruebas demostraron, explica Avila, que Maldonado se ahogó 100 metros más arriba de donde decían los mapuches. “Al entorpecimiento demostrado en el lugar de los hechos se sumaron declaraciones testimoniales que directamente faltaron a la verdad y lograron construir una interpretación irreal”, agrega.

“No creemos en la ingenuidad de los testimonios ni en la de los informes de los abogados de APDH. La falsedad fue implementada en el marco de hecho muy grave. Hubo falsificación de pruebas”, explica a Clarín, Fernando Soto, director de Ordenamiento y Adecuación Normativa de las Fuerzas Policiales y de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación.