La información del allanamiento fue ofrecida por los padres de Joselyn Prato, de 24 años de edad, y su hermano Joan Prato, de 30 años de edad, también detenido en Cayo Sal, durante una rueda de prensa que ofrecieron este martes en Valencia, estado Carabobo. Esta familia es de Rubio, población del estado Táchira. Se encontraban en Morrocoy de vacaciones.

«Todos los años vacacionamos en Morrocoy. Este año estuvimos en el lugar y el momento equivocado. Fuimos a pasar unos días en la playa, y jamás imaginamos que ocurriría esto», dijo José Prato, padre de los hermanos detenidos en la Cárcel de Coro.

«Nos están tratando como criminales, como a unos delincuentes de alta peligrosidad», agregó al tiempo en que su esposa Patricia Valencia denunció el allanamiento: «Hoy fueron a allanar mi casa, rompieron las puertas, se llevaron el mercado, el papel higiénico que tenía, la computadora, mi tablet. La casa la destrozaron totalmente. Mire como estamos vestidos, no tenemos ropa porque veníamos era a vacacionar, a estar ocho días en la playa en familia, no veníamos a protestar, sino a disfrutar en familia como lo hacemos desde que mis niños tienen ocho años», expresó.

La información sobre el allanamiento lo informó más temprano el director de la ONG Foro Penal Gonzalo Himiob a través de su cuenta en Twiter. Minutos después, la información también fue divulgada por la Mesa de la Unidad y Espacio Púbico en sus respectivas cuentas de la mencionada red social.

El allanamiento a la residencia de Prato fue en Rubio, población del estado Táchira, aproximadamente a las 10:30 de la mañana de este martes.

#25A 10:30AM En este momento allanan residencia de Joselyn Prato (detenida en Cayo Sal) en Rubio (Táchira). — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) agosto 25, 2015

Allanan residencia de Joselyn Prato,detenida en Cayo Sal durante abucheo a funcionarios del Gob. Acá video abucheo http://t.co/Xd2aRCiXhZ — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) agosto 25, 2015

En Rubio, estado #Táchira, fue allanada la residencia de Joselyn Prato, quien está detenida por caso Cayo Sal http://t.co/jCcKgRJxKV — Espacio Público (@espaciopublico) agosto 25, 2015

Joselyn Prato (24), junto a su hermano, Joan Prato Valencia (30), y otros tres identificados como: Gean Certo (24 años), Carlos Arellano (24), Yolmer Roa (25) fueron detenidos en Cayo Sal por abuchear a la esposa de Diosdado Cabello, la ministra Marleny Contreras, quien se encontraba en compañía de la gobernadora de Falcón, Stella Lugo.

Un testigo que se encontraba en el Centro Clínico Morrocoy, ubicado en Chichiriviche, presenció cuando Joselyn Prato llegó al centro asistencial «a bordo de una camioneta Pick Up con tres Guardias Nacionales uniformados, uno se quedó afuera y los otros dos entraron escoltando a una muchacha que tenía un ojo morado, se estaba agarrando un brazo en señal de dolor y señalaba la pierna como si estuviese algún impacto. Se veía maltratadita. Llegó ella junto a su madre y con otra persona de sexo masculino», relató.

Según el testigo, la madre de Joselyn Prato contó lo ocurrido en pleno centro asistencial. «Ella dijo que fueron a buscar comida cuando la ministra estaba en el Cayo, y el hermano de la joven hizo un comentario, decía algo así como: «Gran vaina con la escasez que hay y están inaugurando obras». La señora dijo que en ese momento un Guardia Nacional empujó por la espalda al hermano de la muchacha que llegó golpeada. Todo el mundo sacó los teléfonos para grabar lo que ocurría y la muchacha se puso a tapar a su hermano para que no lo grabaran, en ese momento en que lo tapaba, el Guardia Nacional comenzó a ofenderla diciendo que la iban a grabar por el culo, porque según contó la mamá la muchacha estaba con un hilo dental, y ella pidiendo que no la insultaran ni que le faltaran el respeto, unas funcionarias procedieron contra ella», contó el testigo.

Además dijo que escuchó cuando la agredida dijo los nombres de los uniformados que al parecer la golpearon. «No recuerdo los nombres que ella dijo, lamentablemente». La joven fue atendida por una doctora que tras examinarla habló con el Guardia Nacional que al parecer estaba a cargo de la operación. «Supongo que le habrá explicado lo que tenía la muchacha», expresó.

Según indicó la madre, su hija recorrió varios centros asistenciales para ser atendida, entre ellos un CDI. Tuvo fractura en el brazo izquierdo, según Valencia al tratar de impedir que un hombre grabara a sus familiares. «El hombre decía: estos son los criminales que agreden a la ministra. Ahí fue cuando mi hija se metió y le pregunta al hombre porqué nos decía criminales. En ese momento uno de los escoltas dijo llamen a las féminas y póngale las esposas. La lanzaron al piso, traté de luchar para que no la agarraran. La lanzaron al piso tres féminas, una de ellas de apellido, Ochoa. Me la golpieraon, le pusieron un pie en el brazo. Eran tres mujeres de la Policía Nacional. Se la llevaron esposada en traje de baño», relató Valencia.

El pasado domingo, el Ministerio Público envió una nota de prensa que decía: “Al culminar la actividad institucional, varias personas profirieron insultos e improperios a la alta funcionaria, al tiempo que le lanzaron arena y piedras este viernes», dijo.

Los cinco detenidos fueron imputados por los delitos de ultraje a funcionario público, intimidación pública, resistencia a la autoridad e intimidación u hostigamiento contra la mujer, según dijo Gonzalo Himiob.

A los hermanos lo asistirá Luis Armando Betancourt, abogado de Foro Penal que estuvo con los padres de los Prato durante la rueda de prensa. Reiteró que este caso es una muestra de la «violación flagrante al debido proceso».

Explicó que los delitos por los que imputaron a los hermanos no exceden de ocho años, por lo tanto deben ser juzgados en libertad.

«Hay hechos que deben investigarse, pero no para privar de libertad sin haber flagrancia», enfatizó el abogado al tiempo en que señaló que en el país hay personas que están siendo investigadas por droga y están en libertad. «Entonces hay que preguntarse, ¿este caso es por estar vinculado a funcionaria del gobierno, es un capricho, se está cumpliendo con lo que establece nuestra Constitución y Código Penal?», concluyó.