Primera parte Otros indios, otros gendarmes Se cumplen 70 años de la masacre de La Bomba, donde murieron cientos de nativos pilagás. Ocurrió en Formosa durante el primer gobierno de Perón. 10 de octubre de 2017

por José Montero

Seamos honestos: la “cuestión indígena” recobró actualidad porque desapareció un blanco. Un cristiano. Un “huinca”. Un clase media “alternativo”, pero clase media al fin, que participaba de una protesta mapuche en Chubut. En los últimos años han muerto indios qom en extrañas circunstancias, por ejemplo, y no pasó gran cosa. ¿La aguja se mueve distinto si la potencial víctima es un aborigen o un descendiente de la inmigración europea?

Hoy es el 70 aniversario de la que acaso sea la mayor matanza de pobladores originarios en el siglo XX, y lo triste es que el argentino medio nunca oyó hablar de ella. La masacre de La Bomba o Rincón Bomba en Formosa fue el holocausto del pueblo pilagá. Fusilaron y ametrallaron a cientos, quizás a miles, desde tierra y desde un avión. El brazo ejecutor fue la Gendarmería Nacional, la misma fuerza que ahora está en la picota por Santiago Maldonado. ¿Por qué se silenció aquel caso? ¿Por qué La Bomba no explotó? ¿Por qué la desactivaron? ¿Por qué, cuando se conoció la historia, fue a través de una versión distorsionada? Seamos honestos: porque ocurrió en 1947, durante el primer gobierno de Juan Perón, ¿y cómo vamos a criticar a l viejo? ¿Cómo vamos a osar vincularlo, aunque sea lejanamente, con el genocida de Roca?

Si la justicia en la Argentina es lenta para los blancos, ¿qué queda para los indios? La masacre de La Bomba fue llevada a los tribunales federales de Formosa en 2005, y admitida como un caso de “lesa humanidad”. Hubo dos procesados (un ex gendarme que llegó a juez y camarista y un piloto militar retirado), pero ambos murieron en el transcurso de estos doce años, como era de esperar, por su avanzada edad, igual que la mayoría de los sobrevivientes pilagás. Ahora, en el plano penal, solo queda que se haga un “juicio por la verdad”. Y, en el fuero civil, que el Estado Nacional sea eventualmente condenado a pagar una reparación histórica en tierras y dinero.

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Mucho se ha hablado de la “Conquista del desierto”, campaña militar votada por el Congreso que, entre 1878 y 1888, extendió la frontera y aseguró el control argentino sobre la región pampeana, el sur de Cuyo y la Patagonia. Los indígenas fueron corridos, muertos, asimilados a la cultura blanca, deportados a miles de kilómetros, exhibidos en el Museo de La Plata y esclavizados para tareas domésticas y de campo. Julio Argentino Roca y su generación no inventaron nada. Perfeccionaron lo que empezaron los conquistadores españoles y, ya bajo el signo de la Patria, continuaron Martín Rodríguez entre 1820 y 1824, Juan Manuel de Rosas en 1833, y otros. Sí, alumno, Rosas también mató indios. Aparte los compró y dividió con el “negocio pacífico”: entregas de ganado, regalos para los caciques y “vicios” (tabaco, yerba, azúcar, aguardiente, etc.). En el medio había malones, robo de hacienda y secuestro de criollos de un lado, y expediciones punitivas tanto o más salvajes del otro. Asimismo, había diplomacia, pactos, alianzas y acuerdos de paz, al ritmo de las guerras civiles y exteriores que afrontó la República en gestación a lo largo del siglo XIX.

Menos fama, en cambio, tiene la “Conquista del Chaco” o “Conquista del desierto verde”. La inició Sarmiento en 1870, una vez finalizada la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Incluyó múltiples expediciones del Ejército y la Armada y combates con guerreros tobas o qom, wichis, mocovíes, pilagás y vilelas, entre otras etnias que hasta entonces dominaban las actuales provincias de Chaco y Formosa y partes de Salta, Santiago del Estero y Santa Fe. El 31 de diciembre de 1917, el presidente radical Hipólito Yrigoyen declaró terminada esta campaña militar. O sea que, en los papeles, se extendió 47 años.

No obstante, en 1919 se produjo “el último malón” en Fortín Yunká, Formosa, donde fueron muertos 15 blancos. Las represalias posteriores costaron la vida de cientos de indígenas. En los hechos, la “Conquista del Chaco” continuó hasta mediados del siglo XX con la política de “reducciones”. Hoy los llamaríamos campos de concentración. Los indios tenían que adaptarse. Dejar de ser nómades y cazadores recolectores. Estar todos juntos en un mismo lugar, controlados, fichados, sometidos al poder estatal para servir de mano de obra barata o, si era posible, gratuita.

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Entre septiembre y los primeros días de octubre de 1947, Tonkiet, un sanador pilagá, reunió a cientos de familias en el paraje La Bomba, muy cerca del pueblo de Las Lomitas, sede del escuadrón 18 de Gendarmería, en la región central de Formosa.

“La multitudinaria manifestación religiosa se extendió por varias semanas y no fue tolerada por el poder estatal, que el 10 de octubre inició una sangrienta represión para desalojar a los pilagás e imponer el control sobre sus cuerpos y su fuerza de trabajo”, dice Valeria Mapelman, directora y autora de “Octubre Pilagá”, un documental y un libro hechos en base a documentación, órdenes reservadas y secretas del gobierno de Perón y, fundamentalmente, el testimonio de sobrevivientes, a quienes grabó antes de que fuera demasiado tarde.

En su película, Mapelman registró el momento en que funcionarios judiciales y antropólogos descubrieron una fosa común donde se hallaron restos de 27 personas. Las excavaciones no continuaron. Por diversos testimonios orales se calcula que las víctimas fueron entre 400 y 700, pero Mapelman hace otras cuentas y dice que la cifra puede trepar hasta 3.000.

Formosa, en 1947, todavía no era provincia. Era un territorio nacional y, como tal, dependía políticamente del poder central, que se ocupó de tapar los hechos mediante su progresivo control de la prensa, alegando un “malón” al que luego le restó importancia.

Aquí no ha pasado nada.

Para los porteños, Las Lomitas es apenas uno de los lugares más calurosos del país, con máximas que superan los 50 grados. Un chiste define a la ciudad, que actualmente tiene 13.000 habitantes, como “la capital nacional del horno”.

En 1980, la última dictadura confinó a Carlos Menem en Las Lomitas bajo un régimen de libertad vigilada. Podía moverse por el pueblo. Trabajó en un almacén y tuvo una relación con la docente Martha Meza, hija del caudillo local. De esa unión nació Carlos Nair Menem. En 2003, Meza, entonces diputada nacional, se suicidó cuando se tramitaba el juicio de filiación de Carlos Nair.

Mientras cortaba fiambre o hacía chistes en las guitarreadas y le guiñaba un ojo a Meza, ¿Menem habrá oído la historia de la masacre pilagá en tiempos de Perón? Es muy probable.

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En el último censo (2010), algo más de 5.100 personas se reconocieron como pilagás en todo el país, con una inmensa mayoría radicada en Formosa. La Federación Pilagá tiene su propio censo y dice que son 7.000.

Según los registros del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), existen 22 comunidades pilagás, todas en la provincia de Formosa, concentradas en el departamento de Patiño.

La abogada Paula Alvarado es, desde hace poco más de un año, apoderada de la Federación Pilagá para los juicios de La Bomba, y explica que, de esas 22 entidades, 17 están formalmente constituidas con personería jurídica, dos están en proceso de recuperar ese estatus y hay tres que responden a Gildo Insfrán, peronista que gobierna Formosa desde 1995 y antes fue vicegobernador desde 1987. O sea, está en el poder hace tres décadas.

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La masacre de La Bomba empezó a conocerse a partir de la difusión que tuvo otra matanza, la de Napalpí, en Chaco, ocurrida en 1924, bajo la presidencia del radical Marcelo Torcuato de Alvear (acá no se salva nadie).

Napalpí era una Colonia Aborigen. Una reducción. Allí, la policía chaqueña y grupos de estancieros mataron a unos 200 indios qom y mocoví. Les dispararon y también los degollaron con machetes, facones y cualquier cosa que tuviera filo.

El periodista y escritor Mario Vidal nació en 1953 en Paraguay y vive en Resistencia desde los 12 años. O sea, es más argentino que el tereré. En 1998, publicó la primera edición de su libro “Napalpí, la herida abierta”, donde reconstruyó aquellos episodios.

Años después, en 2004, los abogados chaqueños Carlos Díaz y Julio García, vinculados al peronismo (fueron funcionarios del gobierno provincial de Jorge Capitanich), tomaron el libro de Mario Vidal y lo usaron como fuente para entablar una demanda por 116 millones de dólares contra el Estado Nacional en concepto de indemnización para las comunidades aborígenes de Napalpí.

En 2005, los mismos abogados, Díaz y García, se corrieron hasta Formosa e iniciaron acciones penales y civiles, también contra el Estado Nacional, por la masacre de La Bomba, aunque en este caso no estimaron un monto resarcitorio sino que lo dejaron a criterio de los magistrados, según dice Paula Alvarado, la nueva representante de los pilagás.

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Los abogados Díaz y García ahora son cuestionados por los pilagás, por colegas y por académicos. Paula Alvarado dice que sus escritos no estaban bien fundamentados, que no consultaban a sus clientes y que cometieron errores increíbles, como dejar vencer plazos procesales. Aunque ya no tienen parte en la causa La Bomba, ellos siguen presentándose y reclamando medidas que dilatan todo, agrega Alvarado.

Además, a Díaz y García los critican por haber construido un relato de ambos casos, Napalpí y La Bomba, donde a los indios se los coloca en roles de huelguistas y líderes sindicales, primero, y de adherentes a las figuras de Perón y Evita, después. O sea, las víctimas eran peronistas, incluso antes de Perón.

Para Díaz y García, en Napalpí los indios fueron masacrados porque querían ir a trabajar en las cosechas de otras provincias, donde les pagaban mejor, y las autoridades les negaron esa alternativa por presión de los latifundistas algodoneros chaqueños, que los querían para ellos, bien baratitos.

El antropólogo Carlos Salamanca escribió que “la revuelta indígena de Napalpí estuvo motivada por la explotación de la que eran víctimas en la reducción”, pero apuntó otros componentes. Los indios creyeron, a partir de la prédica de sus líderes, que sus muertos iban a volver, que iban a adquirir un poder indestructible y que acabarían con los blancos.

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La Gendarmería Nacional fue creada en 1938 por una ley sancionada bajo la presidencia de Roberto Marcelino Ortiz, político de raíz radical que llegó a la Casa Rosada como producto del “fraude patriótico”.

Nacida como una policía de fronteras con instrucción, armamento y disciplina militares, sus lemas son “Centinela de la Patria” y “Energía y corrección”.

En 1991, el entonces presidente Carlos Menem apareció en la tapa de la revista de Gendarmería, en una fotografía tomada durante el acto oficial por los 53 años de la fuerza. En páginas interiores había un artículo titulado “El último malón indígena”, sobre los hechos de 1947 en La Bomba.

La nota decía que los pilagás portaban “grandes retratos de Perón y Evita”, que hubo un intento indígena de atacar Las Lomitas, que los indios tenían “viejos fusiles y escopetas” y que la culpa fue del segundo jefe del escuadrón local de Gendarmería, José Aliaga Pueyrredón, quien “sin que nadie lo supiera hizo desplegar varias ametralladoras, comenzando el tiroteo”.

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En su presentación judicial por el caso La Bomba, los abogados Díaz y García tomaron por cierta la versión de la revista de Gendarmería y agregaron, en base a las hipótesis de ciertos antropólogos, que el origen de la gran concentración de indios fue un despido masivo en el ingenio azucarero Tabacal, en la provincia de Salta, propiedad de Robustiano Patrón Costas, ex gobernador y senador nacional cuyo apellido es, aún hoy, sinónimo de oligarquía.

Según redactaron en la querella, las familias pilagás volvieron caminando cientos de kilómetros, famélicas, desde Salta, porque los habían engañado y no querían pagarles lo prometido. Por eso se juntaron en La Bomba. Por un reclamo salarial. Díaz y García ignoraron el componente político-religioso que tuvo la reunión. Y, si bien demandaron al Estado Nacional, no avanzaron en las responsabilidades del Poder Ejecutivo de entonces.

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En la causa penal de La Bomba estuvo procesado Leandro Santos Costa. En 1947 era alférez de Gendarmería y recibió una felicitación con copia a legajo por su acción “valerosa y meritoria” al disparar una ametralladora contra los indios. Luego dejó la fuerza, estudió abogacía, lo designaron juez y llegó a integrar la Cámara Federal de Resistencia, Chaco, hasta su renuncia en 1999. Murió sin recibir condena en 2012.

Meses atrás, a los 97 años, falleció el último procesado, Carlos Smachetti, oficial retirado de la Fuerza Aérea Argentina, copiloto del avión Junkers que fue enviado a Formosa desde la base de El Palomar, en Buenos Aires. La máquina hizo una escala en Resistencia, donde se le retiró una puerta para instalarle una ametralladora Colt. Con esa arma se disparó desde el aire a los indios que se habían desbandado luego de los primeros fusilamientos del 10 de octubre. Las persecuciones en el monte, se estima, duraron hasta el día 30.

Para graficar la lentitud con que se lleva adelante el proceso, Paula Alvarado dice que el certificado de defunción de Smachetti, necesario para clausurar la instancia anterior del juicio (que ya no tiene sentido porque no hay acusados vivos), tardó cinco meses en llegar al juzgado federal de Formosa. Para que el papel apareciera, ella tuvo que peregrinar por tribunales y comisarías de Tigre y San Fernando, donde residía el procesado (estaba en su domicilio por la edad).

Ahora, Alvarado (una joven abogada egresada de la UBA de 32 años, con dos maestrías en Derechos Humanos y Derecho Internacional, estudiante de Ciencias Políticas y nieta de una kolla oriunda de Salta que en su momento fue desarraigada y llevada por la fuerza a Jujuy) apunta a obtener un fallo favorable en el “juicio por la verdad” de La Bomba, el cual todavía no tiene fecha, obvio.





A lo largo de su vida, Perón confirmó en varias ocasiones que tenía sangre tehuelche por vía materna. También dijo: “De mi origen y nacimiento he hablado poco y discretamente porque insólitas disposiciones militares no escritas me hubieran impedido entrar en el Colegio Militar, pues se evitaba el ingreso de hijos naturales o de religión no católica” (puede verse esa cita acá)

¿Habrá sufrido Perón algún tipo de discriminación por su sangre india mientras estudiaba en el Colegio Militar de la Nación entre 1911 y 1913, cuando la oficialidad del Ejército estaba destinada a ser una elite blanca? No hay forma de saberlo. Una cosa sí es segura: para aprobar los cursos, tuvo que aprenderse al dedillo los libros de historia militar que contaban las hazañas de Roca, Nicolás Levalle, Eduardo Racedo, Hilario Lagos, Conrado Villegas, Lorenzo Vintter y otros que doblegaron a araucanos o mapuches, ranqueles y tehuelches, y los textos sobre la Conquista del Chaco que todavía estaba en marcha, donde sobresalieron los nombres de Napoleón Uriburu, Julio de Vedia, Luis Jorge Fontana (perdió un brazo en lucha con los indios), Manuel Obligado, Juan Solá, Benjamín Victorica y Vintter (figurita repetida).

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En 1946, un año antes de la masacre de La Bomba, se llevó a cabo el “Malón de la paz”. Unos 170 indios kollas de Salta y Jujuy marcharon a pie y a lomo de mula más de 1.500 kilómetros hasta Buenos Aires con la intención de ver a Perón y pedirle una restitución de tierras.

La movilización fue fomentada por funcionarios peronistas y cumplió su objetivo de que los kollas entregaran su petitorio en la Casa Rosada. Pero después los concentraron en el Hotel de Inmigrantes (toda una ironía) y los subieron por la fuerza a un tren para devolverlos a la Puna.

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¿Puede hablarse de genocidio en el caso de los pueblos originarios que habitaban y habitan la actual Argentina?

Según la definición de Naciones Unidas de 1948, el genocidio es un delito de derecho internacional que se configura por “cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: A. Matanza de miembros del grupo; B. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; C. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; D. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; E. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

La antropóloga Diana Lenton dice que la Argentina se constituyó como nación sobre la base del genocidio indígena porque acá se dieron todos los actos definidos por la ONU.

El tema es: ¿puede aplicarse la definición legal de genocidio con retroactividad? El genocidio armenio (1915-1923) ha sido reconocido como tal por cerca de 30 países. El Holodomor (muerte por hambre de millones de ucranianos en la era de Stalin, entre 1932 y 1933) es reconocido como genocidio por quince naciones.

Muchos historiadores suelen asegurar que no puede juzgarse el pasado con categorías del presente. Para ellos, es un anacronismo plantear la “Conquista del desierto” y la “Conquista del Chaco” como un genocidio, sino que fue una guerra entre el Estado nacional y los indios que no se sometían a su autoridad.

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El DNI dice que se llama Cipriana Palomo, pero su nombre pilagá es Noolé. Tiene 48 años y es hija de Qadeite o Rosa Palomo, una de las sobrevivientes de la masacre de La Bomba. Qadeite aparece en el documental “Octubre Pilagá”. Es la que teje en silla de ruedas. Falleció hace ya un par de años.

Noolé es una de las conductoras de la Federación Pilagá y habla por un celular que amenaza con cortarse a cada rato desde Pozo del Tigre, Formosa.

“De chicos, mi mamá jamás nos contó nada. Nosotros no sabíamos esta historia hasta que los ancianos se pusieron a hablar, allá por 2004. Había que contar lo que pasó. Sintieron la necesidad de difundirlo para que los nietos pudieran saber. Callaron por miedo y yo ahí empecé a entender algunas cosas de los viejos. Le tenían terror al gendarme. Mi tía apagaba la radio cuando pasaban la misa”, dice.

Agrega Noolé que ahora quedan cinco o seis sobrevivientes de La Bomba, “pero estamos buscando más, porque hay ancianos que todavía no han hablado”.

“Queremos una justicia real donde podamos participar en organismos del Estado, porque jamás nos preguntan qué queremos los pilagás. Queremos que los ancianos tengan su jubilación y una mínima parte de los territorios que son nuestros. A muchos políticos y punteros no les conviene que esto se sepa. Los que menos nos reciben son los legisladores de la provincia de Formosa. Confiamos en nuestra abogada, seguimos este proceso, pero vemos la justicia muy lejana”, concluye.





José Montero es periodista y escritor. Colaborador permanente de La Nación, escribe en la revista Brando y fue finalista del concurso de crónica de la Revista de Libros de El Mercurio, de Chile. Publicó los libros Hormigas en la mano y El skate del diablo. No tiene Twitter.