La iniciativa, que prevé pasar de 4000 a más de 86 mil puestos de estacionamiento medido y llevarlo a casi todos los barrios, quedó circunstancialmente frenada por una cautelar. El Ejecutivo porteño planea además incrementar 66% el valor de la hora.

Finalmente la audiencia pública por el estacionamiento medido en la Ciudad prevista para el mediodía del viernes quedó suspendida, luego de que el juez Roberto Andrés Gallardo, titular del Juzgado en primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2, hiciera lugar a una medida cautelar planteada por legisladores de la oposición al larretismo.

En consecuencia, el intento del Ejecutivo de aumentar un 66% la tarifa de los parquímetros porteños y ampliar drásticamente su número, de 4000 a 86.768, quedó trunco.

La cautelar fue presentada por las diputadas Myriam Bregman y Alejandrina Barry, del FIT, y fue otorgada por una deficiencia administrativa (la documentación que acompañaba la convocatoria tenía mal la dirección).

En paralelo, 17 legisladores del Frente de Todos habían presentado un proyecto de ley para impedir que prosperara la iniciativa oficialista. La propuesta es que la Ciudad tome a su cargo el servicio de estacionamiento medido y también el acarreo, objeto de un duradero negociado con dos empresas, que hace tiempo operan con la concesión vencida.

El plan de Horacio Rodríguez Larreta, revelado por primera vez en abril de 2018, busca extender la red de parquímetros a 14 de las 15 comunas, llevando el estacionamiento medido al 45% de las calles, incluidas amplios sectores de barrios residenciales como Palermo, Colegiales, Villa Crespo y San Cristóbal.

De acuerdo a lo anunciado a principios de año por el gobierno porteño, el valor de la hora de estacionamiento pasaría de 15 a 25 pesos, un incremento del 66 por ciento.

El proyecto del Frente de Todos propone que la Ciudad gestione directamente el sistema de estacionamiento regulado, porque –según explicaron sus legisladores en un comunicado-, “las concesiones de este servicio público se encuentran vencidas, no estando vigente ninguna prórroga y habiendo concluido el plazo para una nueva adjudicación”, y porque “la licitación en curso está frenada desde 2018, momento en que ya se había prorrogado la primera apertura de sobres unas cuatro veces”.

Este mes el gobierno porteño ya había incrementado la tarifa de acarreo, a favor de las sospechadas empresas STO y SEC, de 1800 a 3000 pesos, monto que se suma al costo de la infracción.