El detonante de la ola de protestas en Venezuela fue una decisión inconstitucional del Tribunal Supremo —órgano controlado por el chavismo— para anular el Parlamento con mayoría opositora. Ante la fuerte reacción nacional e internacional, el Gobierno se vio obligado a retroceder. Pero el hecho atizó el descontento de una población ya hastiada del creciente autoritarismo y la incompetencia de un régimen que ha hundido al país en la peor crisis económica y social de su historia.

No está claro qué va a ocurrir. Pero el temor del Gobierno no es infundado. Un temor que se deja traslucir en los videos y fotografías de la mortal represión a la protestas que pululan en las redes sociales. Aunque los manifestantes no pueden provocar un cambio por la fuerza, las protestas crean escenarios volátiles donde es más factible un resquebrajamiento interno de la dictadura que lleve a una transición. Y en esta ocasión se han juntado un grupo de condiciones que hacen este escenario más fácil de imaginar.

¿Cuáles son estas condiciones? En primer lugar la gravedad de la crisis. Una debacle económica que ha llevado a una emergencia humanitaria sin precedentes, con gente hambrienta escarbando basura en busca de restos de alimentos. Esta crisis ha provocado un profundo descontento: tres de cada cuatro venezolanos quieren que Nicolás Maduro abandone la presidencia. Y afecta a toda la población, incluyendo a los soldados y policías que el Gobierno utiliza para reprimir y que no deben estar contentos defendiendo a una elite corrupta que tiene a sus hijos pasando hambre.

A esta presión interna se suma la externa. Nunca antes el chavismo había se había enfrentado a un panorama internacional tan desfavorable. Ya son pocos los países de la región que no condenan los excesos autoritarios del Gobierno. A principios de mes, 19 miembros de la OEA y todos los países del Mercosur firmaron resoluciones y emitieron declaraciones reprobando la disolución del Parlamento.

Tampoco ayuda a Maduro que la oposición esté unida detrás de una sola estrategia: presionar al Gobierno en la calle hasta que ceda con varios puntos importantes, incluyendo la convocatoria de elecciones y el restablecimiento pleno de los poderes del Parlamento.

En parte este consenso se debe a que la oposición ha aprendido de sus errores. Pero también a que rechazar ahora la estrategia de calle tiene un costo. El pasado octubre el gobierno suspendió ilegalmente el proceso de convocatoria de un referendo revocatorio presidencial. La coalición opositora, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), reaccionó con un llamamiento a tomar las calles pero poco después lo abandonó para iniciar un “diálogo” con el Gobierno.

Maduro no cedió en nada sino más bien aprovechó las negociaciones para seguir atropellando a sus adversarios

Esta decisión fue ampliamente criticada, incluso por algunos partidos de la coalición que se negaron a participar en las negociaciones. Muchos pensaban que el gobierno no tenía la más mínima intención de hacer concesiones y el “diálogo” era una mera estrategia dilatoria. Este argumento no era una suposición basada en el instinto sino en la experiencia. El gobierno ya había utilizado varias el diálogo para distender tensiones en momentos álgidos para luego seguir reduciendo rápidamente los espacios de acción democrática.

Los escépticos no se equivocaron. Maduro no cedió en nada sino más bien aprovechó las negociaciones para seguir atropellando a sus adversarios. Como muchos anticiparon esto, la MUD pagó un precio en la opinión pública y por eso ahora es poco probable que una facción de la coalición proponga dejar la calle conociendo el costo político de asumir esta posición.

Maduro, pues, tiene razones para estar nervioso. Hace frente a una población exhausta por una crisis cada vez más grave, consciente del altísimo riesgo que implica protestar pero también convencida de que el saldo de no hacer nada es mayor porque implica una prolongación de la emergencia humanitaria; una presión internacional que, aunque todavía podría ser más fuerte, ha aislado al chavismo como nunca antes; y una oposición blindada temporalmente de divisiones por la experiencia de sus pasados errores y las potenciales consecuencias de volver a cometerlos.

¿Tiene Maduro los días contados? No necesariamente. Si no hay fractura dentro del régimen, la oposición no tiene el poder de imponer su voluntad. Y, si no se vislumbra ninguna posibilidad de cambio, la gente podría cansarse de protestar. Por eso es importante no solo aumentar la presión externa sino promover la ruptura interna; acercarse a piezas importantes del andamiaje que sostiene a la dictadura y explotar los focos de descontento y el creciente temor a una repentina transición para estimular deserciones.

Pero no cabe duda de que en pocas semanas la realidad política venezolana se ha transformado. Un Gobierno que se sentía seguro ahora está contra la pared, reaccionando a los pasos decididos de una oposición rejuvenecida y cientos de miles de venezolanos que están dispuestos a darlo todo para alcanzar la libertad.

Alejandro Tarre es escritor y periodista. Twitter: @alejandrotarre

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