Son 17 mil 500 y se les conoce como “Servidores de la Nación”, perciben buenos sueldos, en algunos casos hasta más altos que los del presidente de la República, y forman un verdadero ejército electoral al servicio más bien de Andrés Manuel López Obrador y de Morena. La naturaleza de esta estructura es denunciada por el asesor de la bancada perredista en San Lázaro, Rafael Hernández Estrada, en cuya opinión la labor de esas huestes lopezobradoristas bien pagadas es “inconstitucional”, toda vez que hacen uso electoral de los programas sociales y ensalzan la figura presidencial.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Se les ve por todos lados. Visten chaleco café y portan una credencial con el nombre grabado del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Es el ejército de “Servidores de la Nación” que se encargan de entregar los apoyos del gobierno federal, como las tarjetas de bienestar social.

Lo integran 17 mil 500 personas que todos los días recorren los lugares más ignotos del país. Ellos conforman un aparato político cuyo gasto supera los 2 mil 576 millones de pesos al año, y aun cuando están adscritos a la Secretaría de Bienestar responden a las órdenes de Gabriel García Hernández, quien aparece en la estructura de la Presidencia de la República al frente de la Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo.

De acuerdo con un comunicado oficial, la función de García Hernández –uno de los hombres de mayor confianza de Andrés Manuel López Obrador desde hace años– es “coordinar a los delegados estatales y regionales del gobierno federal y llevar a cabo los programas integrales, desde las comunidades, los pueblos, los municipios, los estados, los programas de desarrollo económico-social”.

Senador de Morena con licencia, García Hernández trabajó en la Secretaría de Finanzas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuando López Obrador fue el jefe de gobierno del Distrito Federal (2000-2005). Luego fue director de Adquisiciones en la Oficialía Mayor, y más tarde la pieza clave para la conformación de la asociación civil Honestidad Valiente, de la que fue apoderado legal y sirvió de plataforma en las campañas presidenciales lopezobradoristas en 2006 y 2012.

En 2012, el PRI lo acusó de recabar donaciones y ser el vínculo entre Austeridad Republicana, un organismo al que ese partido señaló como el conducto para recibir dinero del gobierno capitalino por medio de contratos que tenían como destino final la asociación civil Honestidad Valiente.

En una investigación reciente, Rafael Hernández Estrada, exdiputado federal por el PRD, señaló que la estructura burocrática que maneja García Hernández tiene un fin electoral para el presidente. Cada una de sus acciones, dice, tiene la misión de entregar a nombre del mandatario los recursos y la encabezan los candidatos a gobernadores, diputados, senadores o alcaldes.

(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2226, ya en circulación)