Los partidos políticos mexicanos velan armas para una batalla decisiva para el futuro del país: la reforma energética. El debate, que tiene una fuerte carga emocional por ser Pemex un símbolo de la identidad nacional desde la expropiación del petróleo por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938, se anuncia bronco en el Congreso y en la calle. Su resultado, que está indisolublemente unido a la posterior reforma fiscal, será clave para poder vislumbrar un México más moderno y más equitativo.

En las próximas semanas, el Gobierno del PRI deberá concretar su propuesta de modernización de la petrolera más allá de su voluntad de abrirla a la inversión privada y de ambiguas declaraciones sobre la necesidad de modificar la Constitución para que la reforma sea real y no cosmética. Para esto último, el PRI, al no tener mayoría en el Congreso, necesitará los votos del Partido Acción Nacional (PAN, centro derecha) que, de momento, se deja querer y no opone serios obstáculos a la iniciativa.

No es el caso de la izquierda, que interpreta las manifestaciones del Gobierno como una clara intención de privatizar Pemex. Los principales líderes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se han manifestado a favor de la modernización de la petrolera, destacando la necesidad de acabar con la corrupción de su sindicato y, sobre todo, dotándola de una autonomía fiscal que ponga fin a su ordeñe por la Secretaría de Hacienda –el 67% de los beneficios de Pemex van al fisco-, pero rechazan de plano tanto su privatización como cualquier modificación de los artículos de la Constitución que garantizan la propiedad pública de los hidrocarburos.

El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, ya ha advertido al PRI y al PAN que una reforma energética sin el consenso de todas las fuerzas políticas “despertará al México bronco”, es decir, una desestabilizadora explosión de manifestaciones y protestas callejeras. Un escenario que preocupa al Gobierno de Enrique Peña Nieto pero que también teme la actual dirección del PRD, muy consciente de la capacidad para encender pasiones políticas de su antiguo candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, y su Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Que la reforma energética y la fiscal lleguen a buen puerto es esencial para supervivencia del Pacto por México

El PRD ha anunciado la convocatoria de una consulta popular sobre la reforma energética los próximos 25 de agosto y 1 de septiembre. Instalarán 3.400 mesas en todo el país y esperan que participen 1,5 millones de mexicanos. “Queremos que se movilicen conciencias en las próximas consultas que tendremos acerca del tema energético, que sea la gente la que nos diga. No nos van a ver separados, el PRD no tiene diferencias en la defensa de la soberanía nacional”, ha asegurado Zambrano, tratando de conjurar el asalto a la presidencia del partido lanzado por Marcelo Ebrard, el antiguo jefe de Gobierno del DF, que ha visto en la reforma energética un oportuno trampolín político.

El PAN, que presentará su propia propuesta de reforma energética el miércoles, se ha movido hasta ahora en el terreno de la ambigüedad calculada, a favor de la apertura a Pemex a la iniciativa privada y de la reforma de la Constitución, pero en contra de su privatización. “El modelo energético de México”, ha dicho su líder nacional, Gustavo Madero, “es un modelo agotado; se llama de paraestatal monopólica”.

Tanto la reforma energética como la fiscal están contempladas en el Pacto por México firmado por los tres partidos en diciembre y que lleguen a buen puerto es considerado esencial para la supervivencia de éste. El pacto declara explícitamente que “los hidrocarburos seguirán siendo propiedad del Estado” (compromiso 54) al tiempo que se dice que se introducirá “la competencia en los procesos de refinación, petroquímica y transporte”. En el apartado hacendario, se anuncia que “se incrementará la base de contribuyentes y se combatirá la evasión fiscal” (compromiso 69) y se “eliminarán los privilegios fiscales” (compromiso 72).

Pero una cosa es la letra y otra muy distinta la percepción de la opinión pública y el juego político. Así como hay consenso en la necesidad de reformar Pemex –sin recursos para invertir asfixiada por el fisco, con una producción decreciente y exceso de burocracia y corrupción- no lo hay de momento sobre su contenido exacto.

El Gobierno ha anunciado que subirá los impuestos a los más ricos y ha manifestado su intención de imponer por primera vez el IVA a medicinas y alimentos

La izquierda recela del supuesto beneficio que resulte de la entrada en el negocio de Pemex de empresas privadas extranjeras, a partir de las experiencias de otros países latinoamericanos y de la propia privatización de la banca mexicana en los años noventa, y ven su modernización íntimamente ligada a una verdadera reforma fiscal en la que paguen más los que más tienen. La presión fiscal en México es actualmente la más baja de los países de la OCDE y existen diferentes mecanismos que favorecen a las grandes compañías y grandes fortunas.

El Gobierno, por su parte, ha anunciado que subirá los impuestos a los más ricos, pero ha sido mucho más concreto sobre su intención de imponer por primera vez el IVA a medicinas y alimentos, si bien dejando exentos algunos productos básicos como el frijol, la tortilla, los huevos o los medicamentos de uso más frecuente. El pasado 3 de marzo, el PRI eliminó de su plan de acción su histórica negativa a aplicar el IVA a esos dos rubros.

El presidente Peña Nieto prometió al tomar posesión transformar el país, logrando un crecimiento económico superior al 5% para el final del sexenio y creando una sociedad más justa. Cuando la previsión oficial de crecimiento para este año es de tan solo el 3,1%, que los expertos la rebajan a poco más del 2%, la recaudación del Estado es escasa y México corre el riesgo de perder el tren de la revolución energética que se apunta en Norteamérica, el éxito de las reformas que se anuncian para el final del verano son cruciales para el destino del país. La batalla está por empezar.