Efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están registrando las oficinas de OHL , de la empresa tecnológica Indra , Licuas y Saerco en el marco de las investigaciones sobre financiación del Partido Popular. Ya por la tarde, los efectivos de la Guardia Civil han comenzado también a registrar PricewaterhouseCoopers (PwC) y se han llevado los contratos de esta compañía con la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid. ICM está investigada en el marco de la operación Lezo en la que se detuvo ayer al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco trata de obtener más pruebas que corroboren los indicios de que ICM (en la actualidad Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid) y otras empresas públicas, principalmente el Canal de Isabel II, fueron utilizadas para desviar fondos para financiar al PP de Madrid y para el supuesto lucro personal de Ignacio González.

Por este motivo se ha ordenado el registro de Licuas, una constructora de obra civil especializada en conducciones hidráulicas para abastecimiento de aguas y que es una de las principales contratistas del Canal de Isabel II.

Las pesquisas están relacionadas con la agenda intervenida a Francisco Granados en la que aparecieron referencias a pagos desde OHL al PP de Madrid.

La Guardia Civil pretendía interrogar al consejero de OHL Javier López Madrid en presencia de sus abogados. No obstante, éste se encuentra en Londres. Los agentes han contactado con López Madrid para que se traslade a la capital de España en los próximos días.

Un portavoz de OHL ha confirmado a EL MUNDO el registro de su sede, pero asegura: "OHL no ha pagado comisiones a ningún partido político". Esta constructora, una de las principales del país, añade que va a prestar "la máxima colaboración con la Justicia".

Según explicaron fuentes de la investigación, la actuación policial y judicial trata de esclarecer una operación de OHL con el proyecto del frustrado tren a Navalcarnero. En concreto, se investiga si desde OHL se realizó un pago de 1,4 millones de euros en los que estaría una parte destinada a financiar al PP de Madrid y otra, como comisión para el ex presidente madrileño Ignacio González, detenido ayer en el marco de la operación Lezo. Los agentes siguen la pista de esta operación que se habría llevado a cabo a través de una filial en México desde donde se habrían hecho ingresos en una cuenta en Suiza.

En cuanto a Indra, un portavoz de la empresa tecnológica ha confirmado a EL MUNDO que se han personado los agentes "requiriendo información y se les está facilitando acceso a los sistemas con la máxima colaboración". El principal accionista de Indra actualmente es el Estado a través de la Sepi.

El portavoz declina hacer más comentarios, pero según ha podido saber este diario, los agentes no han practicado hasta ahora detenciones ni han pedido acceder al despacho del consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, que se encuentra investigado -anteriormente imputado- desde hace tiempo en el caso Púnica por los presuntos pagos de la empresa a la trama.

Según explicaron a este periódico fuentes del caso, se investiga un posible pago de 700.000 euros de esta empresa que acabarían en la financiación de los populares de Madrid.

Otra empresa a la que se ha reclamado información es Saerco, compañía madrileña especializada en servicios de navegación aérea que fue creada por Ildefonso de Miguel, ex gerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009 y uno de los empresarios investigados en la operación Lezo.

Agentes de la UCO también realizan en Burgos un registro de las oficinas de la constructora Arranz Acinas en relación con la financiación del PP.

La actuación iniciada esta mañana está pilotada por el juez de la Audiencia nacional Eloy Velasco, quien ya en febrero de 2016, ordenó registrar el despacho que el ex gerente del PP Beltrán Gutiérrez tenía en la sede del PP, en la madrileña calle Génova, y en su domicilio particular. Ese mismo día, el magistrado instructor ordenó también registrar el despacho de Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir, dueño del grupo OHL.

La agenda de Granados, clave

Como ya adelantó EL MUNDO, la agenda de Francisco Granados, el que fuera número dos de Esperanza Aguirre en el partido y en el Gobierno madrileño, también ha sido clave en esta investigación y en el hallazgo de los nuevos documentos.

Granados está en prisión provisional desde octubre de 2014 por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros, dentro del caso Púnica, que investiga una trama de pagos de empresarios a políticos a cambio de favores.

Tras los documentos aportados al juez, Velasco ordenó registros en organismos oficiales de la Comunidad de Madrid, tales como las consejerías de Sanidad y Transportes, así como la Fundación Arpegio, para requerir información y poder analizar contratos.

No es la primera vez que agentes de la Guardia Civil visitan el Grupo Villar Mir. Ya a principios de este año, en el marco de las investigaciones del juez Velasco sobre la presunta financiación ilegal del PP, los agentes de la UCO requisaron los expedientes sobre una treintena de contratos que la empresa OHL del Grupo Villar Mir ganó en adjudicaciones licitadas por la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2013.

Entre las obras investigadas, destacan el metro ligero a Pozuelo de Alarcón, que costó 92 millones de euros, y el fallido tren de Cercanías a Navalcarnero, un proyecto de 362 millones que finalmente no se materializó.

Enriquecimiento de altos cargos Los agentes de la UCO tratan de buscar, por orden del juez Eloy Velasco y de la Fiscalía Anticorrupción, indicios sobre el presunto enriquecimiento particular de un entramado en el que figuran Ignacio González y otros de los detenidos ayer, entre ellos su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero. Además de los tres parientes, también han pasado la noche en dependencias de la Comandancia de Tres Cantos (Madrid) el ex presidente ejecutivo de la Empresa Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) Edmundo Rodríguez Sobrino, su secretaria, Clarisa Guerra, la ex directora financiera del Canal de Isabel II Maria Fernanda Richmond y el ex director general del Canal Adrián Martín.