Los integrantes del grupo de doce raperos «La Insurrección» han sido condenados por la Audiencia Nacional a dos años y un día de prisión, 4.800 euros de multa y 9 años de inhabilitación absoluta cada uno por el contenido de sus canciones.

Este caso se suma al de otros raperos como Pablo Hasel, desde hace años en el punto de mira de la judicatura , los granadinos Ayax y Prok o Valtonyc por sus letras críticas con el Régimen y sus instituciones como la policía.

El caso más aberrante de persecución judicial a artistas lo vivimos el año pasado con la detención de los dos titiriteros en Madrid de la compañía títeres desde abajo, cuando interpretaban una obra satírica sobre la persecución ideológica y los montajes policiales. Un episodio que bien podía recordar a la mítica escena de la gran obra de Bertolucci, Novecento.

El periodismo alternativo también ha sido objeto de esta escalada represiva. Recientemente Boro, periodista de la Haine, se sentó en el banquillo de los acusados por un delito de «enaltecimiento del terrorismo». No es el primero, otros periodistas como Raúl Capin han vivido procesos similares que se han resuelto con penas de multa. Un colaborador de este mismo diario fue denunciado por un artículo crítico con la policía municipal de Zaragoza.

La privación de la libertad de expresión se extiende a las redes sociales, donde una persona puede ser enjuiciada por lo que publica, comparte o retwittea en Facebook o Twitter. El caso de Alfredo, primer tuitero a ingresar a prisión , es el máximo exponente de una serie de juicios y condenas que, en el marco de operaciones jurídico-policiales como la «Operación araña» , tienen como protagonistas nombres propios como el de Cassandra Vera o el cantante de Def con Dos, César Strawbery .

Los casos más dramáticos de esta ofensiva represiva del Régimen del 78, por las elevadas penas de prisión que han supuesto, los encontramos en la condena a activistas sociales como Alfon o los jóvenes de Alsasua encarcelados por la misma jueza que orquestó las detenciones a los líderes del movimiento democrático catalán.

El sistema judicial está actuando como la cara más represiva del Régimen del 78, atacando las libertades democráticas, criminalizando a los activistas sociales y de izquierda y transformando la vigilancia policial en un «gran hermno» para controlar las redes sociales. La reciente propuesta del PP de legislar la prohibición de los perfiles anónimos o con seudónimo en redes sociales, es parte del mismo. Pero la vara de medir en muy diferente cuando se trata de mega causas de corrupción, donde los encausados del PP llevan años sin ser citados, y a ningún fiscal se le ocurre averiguar quién está detrás del «seudónimo» M. Rajoy, recibiendo su parte de dinero en negro en los papeles de Bárcenas. Tampoco resulta de interés para esta justicia para ricos la apología del terrorismo de Estado por parte de organizaciones como la Fundación Francisco Franco que tuitea elogios a un asesino serial en masa en las redes sociales, o el accionar de las organizaciones de extrema derecha que amenazan a periodistas y activistas.