La Cadena SER ha tenido acceso a decenas de facturas y documentos oficiales que prueban que el Gobierno de la Generalitat Valenciana presidido por Francisco Camps, junto a la Diputación de Castellón de Carlos Fabra, pagaron 10 millones de euros de dinero público a la empresa Match Golf Consulting, dirigida por la testaferro de Francisco Granados, María José Marijuán, entre los años 2008 y 2010. El contrato también tuvo lugar en 2011, pero no constan los documentos sobre los pagos por esa anualidad, que según fuentes del caso ascienden a otros tres millones de euros.

Addenda al convenio para incrementar en un millón de euros los dos millones acordados en principio, firmada por la consejera de Cultura, Trinidad Miró, la testaferro de Granados, María José Marijuán, y Carlos Fabra. / CADENA SER

Los pagos de las dos instituciones del PP dirigidas por Camps y Fabra a la empresa, considerada por los investigadores como parte del entramado criminal de la Operación Púnica, se produjeron para organizar el torneo de golf Castellón Masters Costa Azahar, que se disputó entre 2008 y 2011 en el campo de golf que precisamente gestionaba y dirigía el propio Carlos Fabra en la localidad de Borriol.

Adjudicación a dedo a la Púnica pese al informe del interventor

Convenio de 2008 por el que se adjudica a la empresa de la Púnica el torneo de golf, firmado por la testaferro de Granados, María José Marijuán, la consejera de Cultura de Camps, Trinidad Miró, y Carlos Fabra como presidente de la Diputación de Castellón. / CADENA SER

Francisco Camps y Carlos Fabra utilizaron una fórmula para eludir el concurso público y poder adjudicar a dedo a la empresa de la Púnica la millonaria concesión: emplearon el convenio en lugar del contrato público para emplear a Match Golf Consulting. “Conveniar se puede conveniar con cualquiera”, recuerdan expertos consultados por la SER, mientras que “para sacar un contrato público hay que publicar el concurso en el boletín oficial y escuchar ofertas”.

Algunas de las facturas giradas por Match Golf Consulting, la empresa de la Púnica, a la Generalitat valenciana por la organización del torneo de golf en Castellón. / CADENA SER

Y Camps y Fabra eligieron el procedimiento a dedo, a pesar del informe contrario tanto de la Abogacía de la Generalitat como del interventor de la misma institución. Este último advirtió, además, de que “no se han emitido los informes preceptivos” exigidos por la ley, “previos a la aprobación por parte del Gobierno valenciano del convenio de referencia”, según los documentos que constan en la Consejería de Educación que hoy gestiona el miembro de Compromís Vicent Marzà.

Se da la circunstancia de que el convenio firmado inicialmente en 2008 por la consejera de Cultura, Trinidad Miró; el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra; y la testaferro de Granados, María José Marijuán, establecía que la Generalitat y la Diputación aportarían dos millones de euros al año en concepto de patrocinio, pero ante la ausencia de benefactores privados, y pese a los proclamados réditos económicos del torneo, al año siguiente incrementaron en un millón de euros más su aportación de forma anual.

Reparo de la Intervención de la Generalitat valenciana que advierte de que la fórmula del "Convenio" para contratar a la empresa de la Púnica no es la idónea, ni se han emitido los informes preceptivos que exige la ley para la adjudicación. / CADENA SER

La administradora de Match Golf Consulting, María José Marijuán —esposa del jefe de Gabinete de Francisco Granados, Ignacio Palacios—, está imputada por el juez que instruye la Operación Púnica, Eloy Velasco, por haber ejercido desde 1999 como testaferro habitual del exsecretario general del PP en Madrid en diversas empresas. Tanto en Obras y Vías como en Ayjopen, en la sociedad Circuito de Prácticas Pista Sur, en Sega Integrales y supuestamente, también en la referida Match Golf Consulting, que obtuvo la discutida adjudicación de Castellón. De hecho, el juez Velasco ha ordenado el bloqueo de todas las cuentas y activos de esta sociedad.