Impulsada por el Movimiento contra el Paro y la Precariedad, en Enero de este año llegó al Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular que pide una Renta Básica Universal. Ahora, sus promotores esperan que esta ILP consiga reunir las 500.000 firmas necesarias para que la misma sea sometida a debate parlamentario. Tienen nueve meses por delante para lograrlo.

Contexto en el que se enmarca la propuesta

Hablar de la Renta Básica nos obliga a hablar del contexto social, político y económico actual en el que dicha medida se enmarca. Estamos refiriéndonos a un contexto caracterizado por tres rasgos principales, que podríamos denominar como “las tres P”: paro, precariedad y pobreza.

El paso de un modelo económico basado en la producción y la mano de obra a otro modelo basado en la actividad financiera y en la especulación ha tenido como efecto que el desempleo haya dejado de ser un fenómeno coyuntural para convertirse en un fenómeno estructural, superando ya el 26% de la población activa en nuestro país. El trabajo ya no está ligado a la productividad, porque es posible aumentar ésta sin aumentar el número de trabajadores gracias al uso masivo de las tecnologías, las cuales han ido sustituyendo progresivamente a la mano de obra. Si la productividad no genera empleo, entonces tampoco genera salario.

El sistema actual excluye directamente a aquellos que, por las razones que sea, no tienen la capacidad o la suerte de encontrar un empleo con el que poder sobrevivir. Dicha exclusión es prevista como una necesidad intrínseca del sistema: esa masa enorme de desempleados (el ejército industrial de reserva, como lo denominó Marx) condenados a vagar por las inmediaciones de un mercado laboral inhóspito, es la que permite que los dueños de las empresas puedan presionar con más fuerza todavía a la hora de imponer sus intereses. El miedo a perder su empleo (por parte de los que lo tienen) y la esperanza de encontrarlo (por parte de los que no) en las penosas circunstancias del presente, fuerza a los trabajadores a aceptar condiciones laborales draconianas: contratos temporales encadenados, salarios cada vez más bajos, jornadas de trabajo interminables, reducción de los períodos vacacionales, todo tipo de trabas para la conciliación de la vida laboral y familiar, etc.

La desigualdad es cada vez mayor (el índice Gini, que mide la diferencia entre las rentas más altas y las más bajas, ha aumentado en España, según datos de Eurostat, más de tres puntos en los últimos cuatro años y más de cuatro desde 2004). Nuestro país registró en 2012 un 28,2% de la población en situación de riesgo de pobreza, alrededor de 13 millones de personas. El riesgo de pobreza afecta al 29,9% de los menores de 18 años, situando a España como el segundo país de la Unión Europea con mayor índice de pobreza infantil, según Cáritas.

Las economías desarrolladas que han transitado hacia el modelo de producción post-fordista (caracterizado por una alta productividad y una baja necesidad de mano de obra) disponen hoy de recursos suficientes para que la totalidad de la población pueda cubrir sus necesidades elementales de alimento, cobijo, vestido, educación y salud, entre otras. Sin embargo, cada día son más quienes no pueden disfrutar de ninguna de estas cosas, quedándose fuera del juego democrático. Es decir, la humanidad ha solucionado el problema de la producción pero no ha solucionado el problema de la distribución.

Es en este contexto en el que surge la necesidad de proponer un nuevo mecanismo que sirva para fomentar la inclusión social para aquellos que no pueden acceder al mercado laboral o lo hacen en condiciones de extrema precariedad. En una sociedad que ya no puede garantizar el pleno empleo, es necesario repensar las formas de inclusión social y plantear mecanismos alternativos al tradicional salario percibido a cambio de un trabajo. La sociedad ha de procurar un arreglo institucional adecuado para el reparto del excedente que nuestra economía actualmente es capaz de generar, a fin de que todos los ciudadanos cuenten con los medios para satisfacer sus necesidades básicas.

Una medida para garantizar la libertad real

Una condición imprescindible para que una democracia sea robusta y sólida es que garantice no solamente la protección de las libertades individuales, sino el desarrollo de los derechos sociales, económicos y culturales que dotan de contenido a dichas libertades y permiten un real “empoderamiento” de las personas. La actual democracia lo es de forma puramente procedimental, pero no lo es en términos sustantivos. Un gran número de excluidos sociales que, o bien no pueden acceder a un trabajo, o bien lo tienen en unas condiciones laborales lamentables, no pueden disfrutar de los derechos civiles y políticos que se les presupone formalmente (en las declaraciones de las Constituciones) a todos los miembros de la comunidad. En este escenario, los diferentes miembros del pueblo “son iguales en el cielo de su mundo político y desiguales en la existencia terrestre de la sociedad” como dijo Karl Marx en su Crítica de la filosofía del Estado y del derecho de Hegel.

La libertad es algo más que la simple ausencia de impedimentos físicos. La ausencia de interferencia no garantiza que podamos realizar aquello que queremos. Que nadie interfiera en mi decisión de acudir al mercado a comprar, no implica que pueda hacerlo si ni siquiera tengo dinero para pagar una barra de pan. En tal caso, la libertad de elección no pasa de ser una mera formalidad que no vale para nada.

Un gran número de excluidos sociales que, o bien no pueden acceder a un trabajo, o bien lo tienen en unas condiciones laborales lamentables, no pueden disfrutar de los derechos civiles y políticos que se les presupone formalmente

Toda libertad presupone, desde luego, un momento negativo (de negación de las limitaciones físicas, de negación de la coacción), pero supera la mera libertad negativa en tanto que a ese momento negativo le añade una determinación que es positiva: la capacidad del sujeto de responder por sus propios medios ante lo que le sucede. El filósofo belga Philippe Van Parijs se refiere a esta idea cuando habla de libertad real: “Se es realmente libre, en oposición precisamente a formalmente libre, en la medida en que se poseen los medios, no solamente el derecho, para hacer cualquier cosa que uno pudiera querer hacer”.

La posesión del propio cuerpo y de la vida implica la posesión, también, de los recursos materiales necesarios para la preservación del cuerpo y de la vida. La libertad va necesariamente unida a las condiciones materiales que hacen posible la existencia social autónoma del sujeto. Sin independencia socioeconómica, la única libertad que existe para muchas personas es la libertad de morirse de hambre.

La igualdad está totalmente ligada a la libertad. Las relaciones económicas determinan relaciones de poder. Sin igualdad socioeconómica no puede haber tampoco igualdad de poder de decisión, y sin esa igualdad habrá dominación de unas personas sobre otras y, por tanto, no habrá libertad (no la habrá, por lo menos, para una enorme masa de gente):

“Las grandes desigualdades sociales son un auténtico impedimento para la libertad de muchos millones de personas (…) Porque la pobreza, en efecto, no es sólo privación y carencia material, diferencia de rentas; es también dependencia del arbitrio o la codicia de otros, quiebra de la autoestima, aislamiento y compartimentación social de quien la padece”, explica Daniel Raventós en Las condiciones materiales de la libertad.

Por consiguiente, para que todos los ciudadanos puedan ser realmente libres, la sociedad debe garantizar un mínimo de igualdad socioeconómica entre todos sus miembros. Es una obligación del Estado garantizar la real igualdad de oportunidades para todos. Pero la igualdad en las oportunidades ha de entenderse como igualdad de recursos y no necesariamente como “igualitarismo”, es decir, igualdad de todos en todos los sentidos. Debemos apreciar la diversidad individual a la vez que la igualdad moral. Nadie tendría por qué competir por conseguir los recursos básicos, pero es legítimo distribuir ciertos bienes y honores de acuerdo al mérito de cada uno, siempre y cuando se respete el primer principio. La justicia social se da cuando todos los ciudadanos viven dignamente independientemente del mérito que tengan.

Si el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud son considerados realmente derechos fundamentales (derechos humanos), es decir, si nos creemos en serio las implicaciones que conlleva el reconocimiento de estos derechos, no poner los medios para que cada ciudadano tenga acceso a los recursos materiales para cubrir sus necesidades básicas, es igual a privar a las personas de esos derechos, lo que en definitiva es contrario al respeto recíproco a la dignidad humana.

Quienes defienden la desigualdad en la distribución de las rentas y las riquezas con el argumento falaz de que quienes no trabajan o no se esfuerzan no merecen lo mismo que quienes sí lo hacen, no pueden justificar, pese a todo, que la privación de recursos para la vida sea un castigo proporcionado, ni siquiera para el caso de que esa carencia pudiera ser presentada como una consecuencia de algún comportamiento errático o irresponsable por parte del individuo que la sufre, puesto que eso sería lo mismo que legitimar la tortura como un método válido de retribución. Simplemente tal “castigo” no es compatible con los principios y valores de una ética humanista, la cual antepone la dignidad humana a cualquier otra consideración, y por tanto exige que el ejercicio de la justicia vaya siempre acompañado de la compasión.

La Renta Básica resulta una herramienta adecuada para distribuir entre todos los miembros de la sociedad ese minimum que constituye el núcleo básico de la dignidad, cifrado en una cantidad monetaria de cuantía suficiente como para que nadie pueda verse expuesto a la pobreza y, con ello, a una privación de su libertad real. Es decir, la Renta Básica se nos aparece, finalmente, como un mecanismo socioeconómico justo que dota a cada persona de las bases materiales que le permiten llevar adelante su propia vida de manera autónoma.

Algunas buenas consecuencias de la Renta Básica

La Renta Básica permitiría la flexibilización del mercado laboral, pero protegiendo al trabajador, al contrario que las reformas laborales que se han venido implementando en las últimas décadas. Socavaría el poder del empresario en la negociación laboral puesto que incrementaría el poder económico de los trabajadores. Además, haría posible la desmercantilización de la fuerza de trabajo, al facilitar que muchos ciudadanos opten por el trabajo no asalariado; por ejemplo, por la autoocupación o por la formación de cooperativas. Gracias a la Renta Básica, las personas ya no se verían abocadas a aceptar condiciones de trabajo denigrantes porque dispondrían de un mayor margen de maniobra a la hora de planificar sus vidas.

La Renta Básica no permitirá a muchas personas acceder a grandes lujos, pero servirá para evitar situaciones de sumisión incompatibles con la libertad. Los individuos que no se esfuercen por dar lo mejor de sí mismos y no muestren interés por contribuir al bien colectivo, deberán saber que no van a recibir, a cambio, más allá de lo necesario para la subsistencia, aunque, eso sí, jamás por debajo de este mínimo, porque eso atentaría contra su dignidad. Es previsible, pese a todo, que pocas personas se conformarán con este mínimo y que serán mayoría las que aspirarán a algo más, por puro amor propio o por afán de algún tipo de bien social, como prestigio o poder.

También evitaría las trampas de la pobreza o el desempleo asociadas a los tradicionales subsidios condicionados. Estas trampas aparecen en los Estados de bienestar actuales porque las cantidades monetarias de los subsidios condicionados no son acumulativas y desaparecen a partir de cierto umbral, lo cual se traduce en la inexistencia de estímulos para aceptar trabajos remunerados. A muchas personas les puede resultar más provechoso percibir un subsidio que tener un trabajo. Un efecto derivado de esta trampa es el fraude. Si una persona beneficiaria de un subsidio puede realizar un trabajo en negro, seguirá percibiendo el subsidio y además aumentará sus ingresos con lo que le reporte dicho trabajo. A esa persona no le interesa legalizar su situación laboral, porque hacerlo supondría para ella una pérdida importante de ingresos.

La Renta Básica, en cambio, al ser una renta incondicionada y universal, no constituye un techo, sino un nivel básico; es compatible con otra fuente de ingresos y, por tanto, no alienta el fraude.

Algunos estudios realizados al respecto demuestran que, con un mecanismo adecuado de financiación, la Renta Básica tendría un indudable efecto redistributivo de la riqueza, pues los más ricos tendrían que pagar más de lo que recibirían a cambio y los más pobres saldrían beneficiados respecto a su situación de partida, porque obtendrían una cantidad neta monetaria adicional.

Si se disfruta de una Renta Básica suficientemente elevada, muchas personas podrán decidir dedicar menos horas de su vida al trabajo remunerado para invertirlo en trabajo voluntario o en trabajo doméstico según sus prioridades o deseos. De este modo, una enorme cantidad de tareas que no son recompensadas con un salario porque no son consideradas productivas por parte del mercado, empezarían a ser socialmente reconocidas y podrían ser llevadas a cabo plenamente.

La causa de que muchas personas sustraigan tiempo de las actividades que les proporcionan mayor satisfacción personal para dedicárselo a las actividades que realizan a cambio de un salario, es que están obligadas a trabajar asalariadamente para vivir: no tienen otra alternativa. Para la mayor parte de la gente, el trabajo ya no es un valor, una fuente de sentido o un fin en sí mismo, sino un medio para ganarse la vida, incluso una necesidad que hay que padecer.

La cuestión central no es que el trabajo sea una parte irrenunciable de la esencia humana, sino que la pérdida de un trabajo asalariado y las consecuencias que de esta pérdida se derivan, en las condiciones actuales de nuestro sistema, repercuten directamente en las posibilidades de desarrollo individual y merman la libertad del sujeto. El problema no es la pérdida del trabajo en sí, sino las consecuencias asociadas a esta circunstancia.

Ahora bien, el hecho de que el sistema económico actual no necesite mucha de la mano de obra disponible no tiene por qué ser visto necesariamente como un mal, sino al contrario, como una oportunidad para el logro de formas más avanzadas de civilización, que reducirán la imperiosa necesidad del trabajo asalariado como medio para la supervivencia y permitirán que el ser humano cada vez disponga de más tiempo y, por tanto, de más libertad para disfrutar de los bienes que la vida pone a su alcance, tal como fue el sueño del socialista Paul Lafargue, quien en lugar de reivindicar un derecho al trabajo, propugnó provocadoramente un derecho a la pereza, el cual se materializaría en una reducción drástica de la jornada laboral.

La Renta Básica coadyuvaría a este objetivo, puesto que aumentaría el poder adquisitivo de la población en general, lo que se traduciría en una necesidad de trabajar menos horas. Al reducirse las jornadas laborales, más personas podrían entrar a formar parte del mercado laboral y, por tanto, más personas podrían disfrutar de un empleo remunerado con un salario digno.

En definitiva, la Renta Básica, aunque no sea una medida suficiente para la superación del sistema económico capitalista, sí puede suponer un avance importante hacia la transformación del capitalismo realmente existente, al permitir que las clases populares (las más perjudicadas por los efectos de la crisis) puedan ver garantizadas las condiciones materiales mínimas para el ejercicio de su libertad, lo que, al menos en el corto plazo, servirá para reequilibrar la relación de fuerzas entre los diferentes grupos sociales, embridar a los poderes financieros que han secuestrado a la democracia y amortiguar las consecuencias perversas de las políticas antisociales que desde hace décadas venimos sufriendo.