Bonafini no se presentará a declarar en la causa que investiga la desaparición de $46 millones

Hebe de Bonafini deberá volver a Tribunales como acusada y podría sumar su segundo procesamiento vinculado al programa "Sueños Compartidos". La Justicia ordenó indagarla por la presunta apropiación -y desaparición- de al menos $ 46,1 millones en aportes jubilatorios de los empleados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que fueron retenidos a esos trabajadores, pero que nunca se giraron a las arcas previsionales.

El juez en lo Penal Económico, Diego García Berro, la citó a indagatoria para el 25 de octubre, en línea con lo que ordenaron sus superiores de la Cámara de Apelaciones, quienes consideraron "que existen elementos suficientes" para llamarla a declarar.

Con la firma de Roberto Hornos y Marcos Grabivker, la Sala B de la Cámara confirmó además el procesamiento de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por la desaparición de esos $ 46,1 millones, que retuvieron pero no giraron a la Anses, entre abril de 2008 y abril de 2011, su salida de la Fundación.

Durante esos años, la Fundación de las Madres acumuló ingresos por $ 1207 millones; en su mayoría, para desarrollar el programa "Sueños Compartidos" de construcción de viviendas sociales, que terminó en un escándalo, cruces de acusaciones entre Bonafini y los Schoklender y la apertura de investigaciones penales.

Según constató la Justicia, también durante esos mismos años la Fundación Madres de Plaza de Mayo registró gastos por $ 1203 millones, destinó fortunas a "gastos superfluos" y retuvo el dinero correspondiente a los aportes jubilatorios de sus empleados, pero desvió esos fondos.

No sólo eso, según surge de cuatro auditorías, informes y peritajes -de la Corte Suprema, del Banco Central (BCRA), de la Policía Federal y de la Auditoría General de la Nación (AGN)-, mientras los empleados acumulaban meses sin sus aportes, los Schoklender se giraron decenas de millones de pesos, a sus empresas y a otras sociedades vinculadas.

Así, según verificó la Justicia, Sergio Schoklender cobró $ 23,1 millones de fondos públicos girados a las Madres de Plaza de Mayo; su hermano Pablo embolsó $ 13,3 millones; la firma Meldorek (en la que Sergio Schoklender controlaba el 90% de las acciones), otros $ 4 millones; y la firma Antártica Argentina (con la que Schoklender compró inmuebles), $ 3,7 millones más. En total: $ 44,1 millones.

Bonafini, de 88 años, podrá dar ahora su versión ante el juez García Berro sobre esos movimientos de dinero, como así también sobre otros $ 121 millones que, según verificó la Justicia, salieron de la Fundación Madres de Plaza de Mayo con cheques al portador, es decir, sin identificar a sus beneficiarios. Todo, mientras que los empleados seguían sin sus aportes.

La titular de las Madres siempre negó cualquier responsabilidad penal, civil o administrativa sobre esos fondos, que atribuyó a Sergio Schoklender. Bonafini supo definirlo como "hijo leal" y supo agradecerle su "empeño, tesón, fidelidad y encomio". Pero terminó por caracterizarlo como un "chorro" y un "estafador, traidor y basura".

Para la Justicia, sin embargo, Bonafini también sería responsable por lo que ocurrió en "Sueños Compartidos". En mayo de este año, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a la titular de las Madres y a los hermanos Schoklender por el presunto desvío de al menos $ 200 millones, junto al ex secretario de Obras Públicas, José López, y su subsecretario, Abel Fatala.

"¿Por qué yo estoy procesada, que no robé ni diez centavos? Al contrario, he puesto para la patria la sangre de mis hijos", se defendió Bonafini, en la primera marcha de los jueves de las Madres posterior a su procesamiento. Mientras, Schoklender decía lo contrario: "El manejo discrecional de los fondos lo tenía Hebe. Ella disponía de esos fondos".

La investigación que instruye García Berro en el fuero Penal Económico, en tanto, se centra en las decenas de millones de pesos de aportes previsionales que la Fundación retuvo de los salarios de sus empleados, pero que no giró a la Anses.

Con la asistencia de defensores oficiales, los Schoklender negaron su responsabilidad sobre esos aportes, pero tanto el juez -en diciembre pasado- como la Cámara concluyeron lo contrario. "Tuvieron la posibilidad real de efectuar los depósitos de los aportes previsionales retenidos a los empleados en relación de dependencia de aquella fundación (pero) habrían decidido efectuar otras erogaciones con el dinero que administraban", remarcaron los camaristas Hornos y Grabivker.

En su resolución, fechada el 15 de este mes, los camaristas fueron más lejos.

También asentaron "la sospecha sobre la existencia real de las contraprestaciones respecto de algunos de los proveedores de la Fundación". Es decir, el posible dibujo de millonarios gastos.

Y consignaron también la existencia de "gastos superfluos" durante los mismos años en que millones en aportes previsionales no llegaban a destino.

Al procesar a los Schoklender, García Berro también ordenó embargarlos por $ 140 millones a cada uno, pero optó primero por rechazar el planteo de la AFIP, que, como querellante en la causa, también había pedido citar a indagatoria a Bonafini.

Al llegar a la Cámara, sin embargo, Hornos y Grabivker dieron la orden. "Por la lectura de los autos principales se advierte que existen elementos suficientes que ameritan la convocatoria de la presidenta de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sra. Hebe María Pastor de Bonafini, a fin de que pueda ejercer su defensa".

Historia de una Fundación bajo sospecha

Mayo de 2011.

Estallaron las disputas entre los hermanos Schoklender y luego con Hebe de Bonafini por los fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que construía viviendas con el programa Sueños Compartidos.

Mayo de 2012.

El ex juez Norberto Oyarbide procesó a los Schockelnder y ordenó su detención. Los acusó de liderar una asociación ilícita.

Agosto de 2013.

La Cámara anuló la medida de Oyarbide y el caso pasó a manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi que investigaba a intendentes y gobernadores que habían contratado los programas de viviendas. En la lista había dirigentes kirchneristas, de Pro, el socialismo y el Frente Renovador.

Mayo de 2017.

De Giorgi procesó a Bonafini y a los hermanos Schoklender. Concluyó que de los $ 749 millones que recibieron las Madres para las obras se habían desviado $ 206 millones, según escribió en una resolución de 500 páginas.