Victoria Portas

Portavoz de COESPE

Es preciso dar un impulso para que la cobertura en la protección por desempleo aumente en el corto plazo y se les permita a los desempleados de este país salir de los altos niveles de pobreza y exclusión social.

Actualmente, más del 42% de los desempleados no tienen ningún tipo de prestación o subsidio cuando están en el desempleo, esta situación afecta a jóvenes que han entrado en el mercado laboral de la mano de la precariedad y que estaban cobrando prestaciones como el PAE y el Prepara, sustituidos ahora por el SED tras la sentencia del Tribunal Constitucional que atribuía a las Comunidades Autónomas la gestión de las ayudas.

Pero, sin olvidar a los jóvenes, es imperativo aprobar ya la recuperación del subsidio por desempleo para personas mayores de 52 años de edad. Un estado denominado «de bienestar» no puede permitirse dejar en la estacada a un sector de la población cuyo acceso al mercado laboral es cada vez más complicado. La restitución de las condiciones de este subsidio ha sido una exigencia permanente de los sindicatos y las asociaciones en defensa de los pensionistas y parados, como COESPE o la Asociación Víctimas del Paro, ya que afecta a uno de los grupos sociales más golpeados por la crisis, con mayor riesgo de hundimiento de sus condiciones de vida.

Las medidas antisociales que llevó a cabo el Gobierno del Partido Popular, hizo que el subsidio se elevase a 55 años. Además, al derogar las regresivas reformas de 2012 y 2013, logró una ausencia de ingresos para estas personas, la imposibilidad de volver al empleo, la drástica caída de los derechos de pensión y con ello, definitivamente, de sus condiciones de vida.

A través del Real Decreto 5/2013 de 15 de marzo del 2013, el Partido Popular había endurecido las condiciones de acceso y, aunque la TSC 61/2018 declarara nulo el requisito de acreditar el límite de las rentas de la unidad familiar, hay que recordar que la sentencia no tenía efectos retroactivos sobre los expedientes tramitados de manera firme con anterioridad a la publicación de la misma, produciéndose así, un agravio comparativo entre personas con iguales condiciones. Este hecho fue bueno en una cuestión de género, pero no suficiente.

Derecho a una pensión digna

Es importante la extensión de los beneficiarios y la ampliación de la duración de la prestación económica, pero no lo es menos la mejora de los derechos de pensión para los que tengan que acogerse al subsidio para mayores de 52 años.

Existe una necesidad real y acuciante de mantener las prestaciones de los desempleados más desfavorecidos y, sobre todo, impedir que se vean condenados a pensiones mínimas para el resto de su vida.

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