Un día, Ana entró en la cafetería de la facultad en la que estudiaba en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y se hizo el silencio. Había denunciado a un profesor por el acoso que había sufrido en años anteriores y, de repente, se sintió otra vez víctima. “Tuve que dejar la facultad un tiempo, no sabía si la gente que me iba a puntuar me conocía o no, y era muy pequeña para que me diera igual. Ha habido gente que, para intentar tirar abajo mi denuncia, ha contactado con mis exparejas para ver si yo tengo por costumbre ir denunciando a la gente”, recuerda Ana.

Es en su primer curso, y después de intercambiar móviles, cuando Ana explica que, por problemas personales, no podrá asistir a todas las clases, y empieza el intercambio de mensajes en los que el profesor va aumentando la intensidad del contenido, cada vez más sexual. Después de eso, en diferentes situaciones, “hubo forcejeos, hubo muchos tocamientos, me quitó la ropa”, enumera.

Después de lograr poner palabras a lo que había pasado y entender que en su caso había jugado el “prevalimiento” —o abuso de poder—, dos cursos después decidió denunciar ante la Unidad de Igualdad de la UCM, que ha conocido hasta 30 testimonios de alumnas que han relatado situaciones que comprometen a este profesor. Cuando lo hizo, su tiempo dejó de ser suyo y su vida privada dejó de ser privada. “El trato fue penoso, mi caso es el reflejo de todo lo mal que se puede actuar ante un caso de acoso”, explica.

La situación dio un giro cuando un grupo de compañeras y un compañero deciden crear un “punto violeta”, una agrupación que se crea con la idea de trabajar por hacer de la facultad un espacio libre de acoso y a través de la cual deciden apoyar a Ana en el proceso. Las personas de este colectivo empezaron a acompañar a Ana cuando ella sentía que lo necesitaba, a recibir llamadas en su nombre o a recabar información para el caso si era necesario. Ana hizo colectiva su vivencia individual.

“Lo fundamental es que a partir de ahí acordamos que la persona a la que se acompañaba ponía los tiempos, y eso es fundamental. Porque durante un tiempo desde que puse la denuncia me llamaban constantemente, a las 9 de la mañana o a las 10 de la noche, y te hacen organizar tu vida en torno a los plazos que exige la institución”, dice Ana.



un horizonte

En este artículo van a hablar cinco expertas y ninguna da una definición de “justicia feminista” cuando se les pregunta. Todas mencionan, eso sí, algunos conceptos que enlazan sus planteamientos con el caso de Ana: colectivo, comunidad, víctima agente. Tampoco responden a la pregunta sobre cómo se hace justicia feminista, pero sí guardan en su caja de argumentos algunas prácticas que, nombrándose o no “justicia feminista”, dan la pista sobre cómo se hace algo que, para la investigadora en derechos humanos Violeta Asiego, es “un horizonte”. Pese a situar esa justicia en un lugar distante, Asiego afirma que, de alguna manera, ya se está haciendo justicia feminista en algunos espacios vecinales o educativos. “Tiene que ver con una mirada de lo que son las relaciones de poder y cómo equilibrarlas”, explica a El Salto esta activista.

Otra clave que dan todas las entrevistadas es esta: la justicia feminista trasciende el Código Penal y la administración formal de la justicia, porque va mucho más lejos al procurar —no solo señalar— una responsabilidad individual, y al buscar sus causas. “La justicia feminista, a mi juicio, no es la justicia penal sino que es la justicia en la que se busca la verdad, la justicia, la reparación y la recuperación de las víctimas desde una lógica de Derechos Humanos, lo que supone la necesidad de un cambio cultural a la hora de afrontar las diferencias entre los conflictos”, cuenta Asiego. Ella evoca una imagen: el 25 de noviembre de 2019, durante una manifestación contra las violencias machistas en Granada, varias mujeres pararon a un hombre que se abalanzó sobre ellas con un cuchillo. El hombre fue neutralizado en el suelo y después arrastrado hasta una acera por varios agentes de Policía, a quienes las mujeres y varios transeúntes pedían que le trataran sin violencia. “Con todas las cautelas, porque no estaba allí, me parece una metáfora a partir de la cual poder reflexionar”, explica.



Para la investigadora, otra clave de la justicia feminista es la mirada antipunitiva, un aspecto al que prestar atención en un contexto en el que la extrema derecha ha tratado de instrumentalizar las demandas feministas en torno al tratamiento de las agresiones sexuales en el Código Penal. Es significativo que el líder de Vox, Santiago Abascal, hiciera alusión a la violencia sexual desde la tribuna del Congreso de los Diputados en su intervención durante la sesión de investidura del 7 de enero. Lo hizo para soltar, una vez más, un bulo: el de que las violaciones en grupo son cometidas mayoritariamente por extranjeros. “No creo que se pueda responsabilizar al feminismo del auge de los discursos punitivistas”, dice Asiego, sino que, en su opinión, “el feminismo está siendo instrumentalizado y tenemos que estar muy alerta”.

La necesidad de imaginar alternativas tras las sucesivas denuncias en las calles de la “justicia patriarcal” ha llevado hasta el movimiento feminista la preocupación por cómo hacer una “justicia feminista”. Y, pese a que el debate en torno a una alternativa a la justicia patriarcal surge de los movimientos feministas, no: la justicia feminista no es justicia exclusiva para las mujeres.

CASTIGAR MÁS NUNCA ES MEJOR

En 2017, un grupo de mujeres procedentes de diferentes partidos y colectivos en el País Vasco creó un grupo de trabajo desde la perspectiva de género dentro del Foro Social Permanente, que agrupa a sindicatos y asociaciones preocupadas por impulsar el proceso de paz en Euskadi. Recién creado, este grupo lanzó una iniciativa con la que querían reconocer y colocar en el mismo nivel diferentes violencias que se ejercen sobre las mujeres y organizaron “Yo te creo, reconocer la verdad de las mujeres”, un acto celebrado el 8 de octubre de 2017 en Solokoetxe, Bilbao. A raíz de las reflexiones que surgen en este grupo y en este acto, sus impulsoras vieron necesario continuar un trabajo de reflexión y debate, y crearon el Seminario Justicia Feminista en enero de 2019. “Sabemos que existen otros conceptos con los que podemos compartir lazos, como el de ‘justicia no punitivista’, pero nos parecía que ‘justicia’ y ‘feminista’ tenían que ir juntos”, explica Arantza Urkaregi, sindicalista, política y una de las integrantes de este grupo de género.

Byron Maher Sancho R. Somalo



“Queríamos saber qué características debería tener una justicia que sirva como alternativa a la justicia patriarcal” en un contexto en el que “vemos con preocupación que hay una corriente social que lo que exige es cada vez más penas”. Lo primero que menciona Urkaregi cuando trata de describir las peculiaridades de lo que, a entender de este grupo, tendría una justicia feminista, es la víctima: “El centro de la justicia debería ser la víctima, qué necesita y cómo repararla”, explica.

Además, entienden que la administración de justicia debe ser entendida como proceso en el que entre en juego una dimensión colectiva de la justicia que vaya más allá de la atribución individual de responsabilidades. “La idea hoy es que, cuando ha habido delito, hay una persona que tiene que pagar de una manera individual, y creemos que eso hay que cuestionarlo y revisar el Código Penal en vigor”.

La abogada Pastora Filigrana da una idea reveladora sobre este volumen que rige los destinos de las personas. “El Código Penal es un libro lleno de actos que el poder considera que son delito, porque lo que es o no delito es una decisión política que depende de los contextos”, explica a El Salto. Con eso como telón de fondo, “el Código Penal utiliza una mecánica muy sencilla: ante determinados hechos que se consideran delito, se pone un castigo proporcional al daño que ha causado”. Así, se convierte en un lugar privilegiado para mostrar qué bienes son valiosos jurídicamente, dice Filigrana, para quien esta lógica es “puramente vengativa y consiste en castigar con el mismo dolor un daño causado”.

En ese sentido, el Código Penal utiliza el castigo como herramienta de contención social. “Yo planteo que no se criminaliza solo la disidencia política sino también a las comunidades cuyas formas de vida en sí mismas suponen un desafío al statu quo porque se salen de los marcado. Yo mantengo que se castiga igual al disidente político que al disidente vital. Ahora, ¿cómo abordaría una justicia feminista esta cuestión? Resolviendo los conflictos de una forma que no fuera a través de la venganza. Primero con prevención, luego con mediación y luego, en el caso de que esto fallara, con la restitución de la víctima si han fallado las otras”.

Filigrana llama la atención sobre el hecho de que el castigo no garantiza la reparación de la víctima y tampoco tiene efecto disuasorio, como acreditan varios estudios que analizan casos de países que mantienen la pena de muerte en su ordenamiento. Pero, ¿puede haber justicia sin castigo? Filigrana cree que sí, pero no en el contexto actual. “Difícilmente vamos a conseguir una justicia feminista en un mundo patriarcal”, advierte.

MARIPOSAS REVUELTAS

En julio de 2019, diez mujeres llegaron a un acuerdo con el hombre al que habían denunciado un año antes y retiran la denuncia que habían interpuesto. El acusado era Haritz Varela, exmilitante del partido político Sortu y activista vinculado a diferentes colectivos, entre ellos Donostiako Piratak. Se le acusaba de haber obtenido imágenes de mujeres desnudas valiéndose de su posición referencial en determinados ámbitos. El acusado decía que necesitaba fotografías de mujeres desnudas y hombres desnudos para un proyecto, pero en realidad se guardaba las imágenes para él y todas ellas eran de mujeres.

Cuando dos de ellas, en el verano de 2017, compartieron lo que les había pasado y se dieron cuenta de que podían eran muchas más, empezaron a preguntar. “Nos dimos cuenta de que éramos un montón de mujeres, más de 40, y decidimos organizarnos para hacer público lo que había pasado: así empezó el movimiento de la ‘revolución de las mariposas’”, dice Maddi Anne Txoperena, que explica que el nombre hace referencia al proyecto inventado que Varela usaba para engañarlas.

A partir de ese momento, las afectadas siguen en contacto y diez de ellas acuerdan interponer una denuncia. Lo hacen en febrero de 2018. “Pero, por un lado, veíamos que nuestra denuncia no tenía recorrido y, además, nuestra reflexión fue que no creemos en el sistema punitivo ni nos interesaba pedir ni una condena de cárcel ni una multa”, explica Txoperena. Así que en julio de 2019 retiran la denuncia y llegan a un acuerdo por el cual Varela reconoce lo que ha hecho —“eso era para nosotras lo más importante”— y propone una indemnización que ellas rechazan, además de comprometerse a realizar una terapia.

Amaia Zufía es integrante de Bilgune Feminista y también firmante, como Urkaregi, de la ponencia “La justicia feminista a debate” que se presentó en las V Jornadas Feministas de Euskal Herria celebradas en Durango el pasado mes de noviembre. Zufía cree que este caso es un ejemplo “potente” de cómo se puede llegar a la resolución de un conflicto a través de un proceso en el que son las víctimas quienes marcan sus necesidades y deseos.

En la ‘revolución de las mariposas’ “por una parte, se genera un espacio para que las mujeres que han sido agredidas compartan y que ellas marquen qué necesitan, para que de esta manera se conviertan en sujeto activo”, explica. Por otra parte, esto se acompaña de un trabajo público. “La justicia no es algo que se reparta sino que se construye y, por tanto, no nos sirve simplemente en delegar en el sistema judicial y en el Código Penal, sino que tenemos que construir ese modelo desde nuestra propia agencia y desde la intervención comunitaria”, explica Zufía.

“Justicia feminista pasar de pensar en un castigo a ver qué tipo de cambios hay que hacer para que no se repita”

Ella, que también forma parte del Grupo de Género del Foro Social Permanente, puntualiza, cuando se le piden ejemplos de lo que considera prácticas de justicia feminista, que no se trata de privatizar la justicia ni de eximir de responsabilidad al sistema público. “La justicia tiene una dimensión colectiva y tenemos que implicar a la comunidad cercana en ella”, justifica. Porque, en su opinión, se trata de “actuar transformando la comunidad y desde la comunidad, que tampoco es un espacio idílico”.

“Justicia feminista es una invitación a hacerse cargo, a no tener una actitud pasiva, a ser parte activa del proceso y, a la vez, que eso se pueda traducir en un proceso de reparación. También se trata de dar una respuesta compleja, no es cuestión de dar con la persona que ha causado el daño sino qué contexto ha permitido que se dé eso y cómo se interviene en este contexto. Es pasar de pensar en un castigo a ver qué tipo de cambios hay que hacer para que no se repita. Además, abordarlo desde esta perspectiva nos lleva a generar redes de apoyo”, explica.

VENDA MORADA

Ana sufrió la situación de acoso que denuncia en primero de carrera y hoy estudia un máster. En enero supo que la denuncia, reabierta en febrero de 2019, había sido desestimada en junio porque ella no había acudido a una declaración para la que nunca llegó a recibir la citación. Pese a que la historia le ha acompañado en toda su vida universitaria, no se arrepiente de las decisiones que tomó. “No le denuncio porque le odie, es que no quiero que le pase a ninguna chiquilla más”, explica.

Mientras tanto, este profesor, lejos de asumir responsabilidad alguna, se cree víctima de un linchamiento y, recientemente, ha presentado su candidatura para un puesto de catedrático. Una promoción que, por el momento, se ha paralizado porque la convocatoria de la plaza ha recibido un informe desfavorable por parte de la Junta de la Facultad. Pese a que el Punto Violeta ve en esta paralización una pequeña victoria, advierten de que el informe se basa en cuestiones formales —el perfil no cumplía con la regulación de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios que exige que las plazas sean abiertas a concurrencia competitiva y no estén hechas a medida de un candidato—, y no tiene en cuenta los testimonios de las alumnas en su contra.

“No ha asumido ninguna responsabilidad; creo que a muchos hombres lo que les pasa es que les cuesta entender que han sido acusados de algo que en su momento era muy normal”, razona Ana. Tampoco se ha hecho cargo la Universidad, aunque, explica, sí lo han hecho algunas personas a título individual, pese a que Ana dice que es un secreto a voces la actitud de este profesor con sus alumnas. “Han visto día a día esto desde 1992, que es cuando se produce el primer caso que conocemos, y nadie ha hecho nunca nada; la presión que estamos viviendo es posible porque ningún profesor dijo nada antes”.

Ella y sus compañeras del Punto Violeta siguen pensando que hay que cambiar la institución y que este caso “ha marcado un antes y un después”. Se ha abierto un melón, dicen, y el proceso sigue.

Maddi Ane Txoperena no esconde las contradicciones que supone tratar de reparar el daño desde un enfoque no punitivista que propone, entre otras cosas, no crear “monstruos”, esos malos permanentes que van a serlo siempre. “Muchas de nosotras entendemos que no se puede demonizar a esta persona pero nos haría mucho daño verle; entendemos la teoría pero las vivencias son diferentes, eso es lo más difícil para nosotras”. Txoperena recuerda el enfado de muchas cuando, desde la izquierda abertzale que había aplicado el protocolo apartando a Varela, se les propone abrir un proceso para que en unos años él pudiera volver a su entorno. “Lo que te sale de dentro es que no quieres verlo nunca más, eso es lo más difícil”, explica.

