La conferencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, para anunciar que este martes a la tarde se enviará al Congreso el proyecto de ley sobre la renegociación de la deuda no despejó las dudas acerca de cuál será el alcance de la renegociación.

Quedan 70 días para que se cumpla el plazo que se autoimpuso el Gobierno y aún no se habla públicamente de plazos, quitas ni períodos de gracia.

En diez semanas la gestión de Alberto Fernández tiene que lograr la aprobación de esta ley, acordar una nueva ruta de pago con el FMI, armar la propuesta de reestructuración y convencer a los acreedores de que la acepten. La fecha límite es el 31 de marzo. Después de ese día se empieza a agotar el margen para seguir usando las reservas del Banco Central para pagar la deuda.

En el microcine del Palacio de Hacienda, Guzmán no dio detalles sobre el proyecto, más que definir que lo que se busca es que esta nueva ley "permita estructurar y ejecutar operaciones sobre la deuda de ley extranjera". Cuando los periodistas le pidieron precisiones mencionó que se iba a avanzar sobre una "prórroga de jurisdicción", sin detallar de qué se trataba. Para los analistas esto implicaría pedirle autorización al Congreso para emitir nueva deuda y canjearla por la que debería pagar este año, siempre manteniendo la deuda bajo legislación extranjera (en este caso Ley Nueva York).

El ministro ya dijo que el proyecto no incluirá la propuesta a los acreedores: no detallará quitas, sobre capital o intereses, ni períodos de gracia, ni extensión de plazos o canje de cupones.

¿El anuncio del envío del proyecto al Congreso era el motivo central de la conferencia? ¿O lo que buscó Guzmán fue tener un escenario en el que salir a respaldar enfáticamente al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a su pedido de postergar hasta el 1 de mayo el pago de capital del bono de US$ 250 millones que debe enfrentar el 26 de enero?

Kicillof necesita conseguir el aval del 75% de los acreedores para poder avanzar en esa prórroga sin que la provincia entre en default. La tarea parece complicarse con el correr de las horas. Este miércoles vence el plazo para que los bonistas se pronuncien a favor o en contra de este reperfilamiento. Y este martes trascendió que el fondo de inversión Fidelity, el mayor tenedor del bono bonarense BP21, habría informado su rechazo a la propuesta de Kicillof. Sin embargo, desde la gobernación negaron haber recibido comunicación alguna de parte de este fondo. "El proceso continúa abierto por lo que no se puede anticipar ningún resultado", indicaron.

"De nada serviría hacer una salvataje a la provincia", insistió Guzmán para confirmar que la Nación no saldrá al rescate de un distrito que ya manifestó que no cuenta con los fondos para pagar este bono.

El mensaje es que todos estamos en el mismo barco y que las acciones de Kicillof están coordinadas con Alberto Fernández. La puesta en escena de Guzmán pareció estar destinada a los acreedores bonaerenses. "Un default bonaerense claramente generaría ruido" en la negociación incierta que la Nación planea llevar adelante.

El ministro apeló a la buena voluntad de los bonistas, remarcó que no saldrán al rescate de la provincia y remató con que si no hay acuerdo "se van a perjudicar todas las partes".

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