Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de noviembre de 2018 • 08:53

La pulseada entre la estatal Aerolíneas Argentinas y la alianza de gremios aeronáuticos se extiende mucho más allá de la pelea por un incremento salarial. Para ambas partes, está en juego la redefinición de la política aerocomercial y un cambio de fondo en las condiciones laborales. El conflicto aún no alcanzó su cima de tensión.

El desafío gremial de llamar a un paro sectorial para el lunes próximo inquieta al Gobierno. Surgen posturas disímiles sobre cómo afrontar el conflicto. Hay quienes no están seguros de dictar la conciliación obligatoria porque temen quedarse sin esa bala de plata para cuando el calendario se aproxime a las fiestas de fin de año. Jorge Triaca, antes de su partida de la Secretaría de Trabajo, dio su visión: forzar una negociación. Lo planteó la semana pasada y su consejo fue desechado. Sinsabores del ya no pertenecer.

El sector aeronáutico es particularmente sensible a la conflictividad gremial porque basta con que adhiera una sola rama para que la actividad se detenga. Este rompecabezas le dificulta la estrategia al Gobierno, que intentó dividir a los sindicatos con señales más favorables hacia algunos dirigentes.

La alianza sindical del sector parece inéditamente sólida, con ocho de los diez gremios que pesan en la actividad. Una de las razones de su unión es porque rechazan de manera unánime la política aerocomercial de abrir rutas a las empresas denominadas low-cost, a las que consideran como un desafío a su poder de representación.

Los tentáculos gremiales aún no perforaron en las líneas de bajo costo que operan hasta ahora en el país. Y eso desvela a los sindicalistas. Sucedió algo curioso en el último paro general de la CGT, el 25 de septiembre pasado. Se paralizó por completo la actividad aeronáutica en Aeroparque y Ezeiza, pero desde la base de El Palomar la low-cost Flybondi despachó 18 vuelos. Fueron las únicas aeronaves que surcaron el cielo argentino durante el día de huelga.

Sucedió algo curioso en el último paro general de la CGT: se paralizó por completo la actividad aeronáutica en Aeroparque y Ezeiza, pero desde El Palomar la low-cost Flybondi despachó 18 vuelos

Los gremios reclaman que las low-cost sean reguladas y que se cumplan los convenios colectivos y las escalas salariales acorde a lo que sucede hoy en Aerolíneas Argentinas y Latam. "Queremos pilotos, aviones y convenios argentinos", exigió Pablo Biró, del sindicatos de los pilotos.

Detrás de la pelea de fondo por las low-cost y los convenios colectivos, está la pulseada salarial. Los gremios aeronáuticos y Aerolíneas Argentinas sellaron el año pasado una paritaria casi inédita: la cláusula gatillo por inflación sigue vigente y a medida que el conflicto se extienda los gremios tienen las de ganar porque sus salarios se deberían actualizar automáticamente, como sucedió en 2017 con el de los bancarios. La cláusula gatillo dejará de correr cuando se firme un nuevo acuerdo salarial, el del período 2018-2019. No antes.

Detrás de esta barahúnda, hay un coletazo judicial. Y no es aún por los 376 empleados suspendidos por la empresa. El juez federal Sergio Torres lleva adelante la investigación judicial sobre diferentes aspectos relacionados con la firma Avianca, en un entramado de negocios que vincula a la familia Macri. En ese expediente se cruzan, además, informes sobre la seguridad aeronáutica y surgen dudas del magistrado sobre cómo el Estado piensa garantizar la seguridad aérea si es que aumenta el tráfico de aviones. Los gremios ya se presentaron en el juzgado con documentación: argumentaron que la ANAC, el organismo de control, funciona "al límite de su capacidad". Un dato: en la ANAC manda ATE, el gremio estatal más combativo.

Conforme a los criterios de Más información