Alberto Ruiz Gallardón “tiene la consideración de investigado en la causa”, según fuentes jurídicas, desde que lo ordenó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en enero de 2017, por su papel en la adquisición de la filial latinoamericana del Canal Isabel II, Inassa, uno de los instrumentos fundamentales utilizados por la trama para el blanqueo de capitales, según los investigadores.

Dijo la Sala entonces que, de acuerdo con la Fiscalía, procedía declarar como investigados a Gallardón y al resto del consejo de Gobierno que adquirió Inassa en 2001, al existir sospechas de que “tratarían de desviar fondos públicos para otros fines ajenos a los legalmente establecidos”.

La investigación se dirige también contra todo el consejo de administración del Canal Isabel II, Extensia e Inassa en aquella época; y toda autoridad o funcionario público que informase o auditase la compra de Inassa sin poner reparo alguno.

Los delitos atribuidos, prevaricación, malversación o fraude en la contratación entre otros. Fuentes jurídicas admiten a la SER que están a la espera de recibir la petición de la Fiscalía Anticorrupción para señalar la fecha de declaración como imputado de Gallardón.