El 16 de junio, Jesús Reyna García – sustituto del gobernador enfermo de un estado que podría ser fácilmente nombrado el gran enfermo del México contemporáneo – declaró resuelto el problema de los grupos de autodefensa: “se encuentran prácticamente desvanecidos con la presencia de las fuerzas armadas” (Agencia Quadratin, 16.06.2013). Sin darse cuenta, ese día, no solo actuó como portavoz de facto de una administración presidencial que busca cambiar la narrativa de un país en guerra hacia la de un nuevo “tigre” económico, sino también de aquellos grupos que para muchos ostentan el poder de facto en Michoacán.

El subtexto de dicho anuncio reveló, una vez más, la existencia de una convergencia pragmática de intereses de quienes llevan la etiqueta de “actores del estado” (autoridades) y los que llevan la etiqueta de ”delincuencia organizada”, distinción superficial que en la realpolitik cotidiana tiene poca relevancia. Concretamente, ambos lados – y esto es clave para entender el fracaso reiterado de las incursiones militares del gobierno federal en Michoacán – tienen en común una fundamental reticencia a permitir una aún más acentuada fragmentación territorial, aunque sea por motivos diferentes.

La inercia del gobierno, es decir, su negativa de actuar de manera distinta al envío ceremonial y cosmético de tropas, se explica a raíz de dos factores principales. Primero, es más que dudoso que – incluso si existiera una correspondiente voluntad política por parte de Peña Nieto y los suyos – los altos mandos militares entraran a una guerra asimétrica. Si ya, en el pasado, la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) ha sido, en las palabras del ex-embajador estadounidense Carlos Pascual,“reacia de actuar con base en buena información de inteligencia”, no parece probable que asuma los costos de tal ofensiva. Los últimos serían, sin duda, considerables, como uno ya ha podido adivinar durante las últimas semanas en forma de las emboscadas que dan prueba de tácticas guerrilleras. El ejército teme, y eso es nada nuevo, la adicional pérdida de legitimidad debida a abusos de derechos humanos, característicos también de la “guerra contra las drogas” en su versión mexicana.

Pero más allá de cualquier consideración táctica, el gobierno incursionó en Michoacán porque no tenía otra opción. Por un lado, en este momento no existen condiciones para que el gobierno pueda atender los problemas más urgentes de la sociedad terracalentana, mismos que sirven de base en el actual conflicto: la marginalización económica generalizada (y agravada desde los años 80 de siglo pasado) y la incapacidad del aparato del estado de ofrecer soluciones a otras patologías persistentes como la de la inseguridad pública.

Por otro lado, es necesario entender que la desarticulación de Los Caballeros Templarios crearía un vacío de poder que dejaría vulnerable a la población ante la inevitable incursión de los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la zona, misma que los grupos de autodefensa no tendrían capacidad de bloquear (asumiendo que ésta fuera su voluntad). Es justamente esta falta de soluciones y cobijo por parte del gobierno lo que Los Caballeros Templarios han sabido traducir en capital para generar, si no el apoyo contundente de la entera población civil, sí un grado de tolerancia considerable por ciertos sectores de la misma.

Para muchos, el grado mínimo de orden social que ofrecen Los Caballeros Templarios a ciertas comunidades que forman parte de su territorio representa – así lo formularon sus líderes en entrevistas con este autor – “de lo peor, lo menos malo”. Parece que, por el momento, ésta es también la postura que el mismo gobierno federal ha asumido hacia el grupo.

En este contexto, el despliegue de tropas para simular proactividad meramente representa el último episodio de la búsqueda de un acomodo entre el poder fáctico y el poder legal más allá del supuesto antagonismo existencial entre ambos bandos. La fineza de la línea que distingue lo legal y lo ilegal se evidencia cuando, por ejemplo, un líder templario se muestra poco preocupado por la presencia de autoridades federales y locales a pocos kilómetros del lugar de encuentro con este autor, mientras que otro explica su razonamiento detrás del apoyo a causas políticas específicas: “Si tienes tres monitos: uno sabes que va a perder, otro sabes que no se puede, y otro sabes que va a ganar… ¿a quién le apuestas?”.

Ante un escenario como éste no queda más que preguntarse por qué entonces, a pesar de todo, se dan estos niveles de violencia y desorden. La respuesta es tan directa como compleja: A pesar de la aparente convergencia de intereses entre ambos lados, una acomodo mutuo y continuo depende de la inercia y del silencio de los que soportan los verdaderos costos de un arreglo tal: las poblaciones y la sociedad civiles. La reciente y rápida difusión de modelos comunitarios de resistencia actúa, en este contexto, como un cambio de juego, ya que confronta al gobierno con un dilema que se le presenta como un callejón sin salida. Si sigue un curso orientado al eventual arreglo con los poderes fácticos y de acción (tácita) en contra de los grupos de autodefensa, verá como se encuentran prácticamente desvanecidos o su tan ansiada imagen progresista se quiebra irreparablemente frente a la cascada de atención mediática negativa a nivel nacional e internacional. Por el contrario, si sus acciones se encaminan a generar un vacío de poder y quebrantar el débil orden existente, se arriesga a permitir el surgimiento de un escenario cuya virulencia hará que los episodios violentos de hoy parezcan un juego de niños. Ya que, para Los Caballeros Templarios, lo que está en juego no es su participación en mercados ilícitos sino su supervivencia y la de sus líderes. Debería tomarse en serio, entonces, la advertencia de uno de ellos quién en algún momento declaró en entrevista que “antes de que me encierren y nunca vuelva a ver la luz del día nunca más, prefiero morir luchando” (sic).

Falko Ernst es investigador predoctoral y profesor auxiliar en el Centro de Criminología de la Universidad de Essex, Inglaterra.