El militar de La Manada, Alfonso Jesús Cabezuelo, ha sido expulsado del Ejército, según ha informado el Ministerio de Defensa. Cabezuelo fue condenado a nueve años de cárcel por abusos sexuales continuados a una joven en los Sanfermines de 2016.

En la actualidad, el soldado de La Manada se encontraba "por imperativo legal" en servicio activo sin posibilidad de asignación de destino, pero las Fuerzas Armadas han resuelto mediante un expediente administrativo la pérdida de su condición de militar.

Según ha explicado el Ministerio de Defensa, en la actualidad se encontraba adscrito administrativamente a la Subdelegación de Defensa de Sevilla en la situación de servicio activo sin posibilidad de asignación de destino.

En virtud de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, y en aplicación del artículo 10.2 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería se incoó un expediente administrativo por condena por delito doloso, que se ha resuelto con la resolución del compromiso que tenía adquirido con las Fuerzas Armadas hasta la edad de 45 años y la pérdida de su condición de militar.

Desde el momento que se tuvo conocimiento de la situación procesal tras la comisión del delito, el soldado pasó a la situación de suspenso en funciones, hecho que no conlleva el cese de su pertenencia a las Fuerzas Armadas.

Una vez acordada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial la libertad inmediata, y en función del imperativo del artículo 111.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, tuvo que decretarse su pase a la situación de servicio activo.

De hecho, el militar se había reincorporado al servicio el pasado mes de julio tras haber cumplido seis meses de suspensión de funciones. Cabezuelo no trabajaba, pero cobraba la retribución básica y el complemento correspondiente a su empleo.

Antes de ser detenido y condenado por abuso sexual a la joven de los Sanfermines, Cabezuelo estaba destinado en el II Batallón de la Unión Militar de Emergencias en Morón (Sevilla).

El militar fue condenado junto a los otros cuatro miembros de la Manada el pasado marzo, pero en junio se decretó su libertad provisional bajo fianza al considerar que su arraigo, insolvencia económica y falta de antecedentes similares reducían el riesgo de fuga y de reiteración delictiva, una decisión no compartida por la Fiscalía y las acusaciones populares.

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