El pasado jueves se conoció el resultado de una iniciativa de Argentinos por la Educación, una organización sin fines de lucro creada a mediados de 2017 para “visibilizar el estado de la educación argentina” e “instar a la generación y divulgación de información pública” sobre nuestro sistema educativo. La iniciativa, que cuenta con el aval de 35 expertos y más de 20 organizaciones de la sociedad civil, consiste en solicitarles a los candidatos presidenciales que presenten sus planes en la materia para someterlos a la discusión pública. Tal como informaron los portales de noticias y principales diarios del país, sólo cuatro candidatos cumplieron con lo solicitado: Macri, Lavagna, Espert y Gómez Centurión. En el sitio web de la fundación se puede encontrar la solicitada donde se invita a sumar adhesiones para que los dos candidatos que aún no cumplieron con el requerimiento, presenten sus propuestas.

Más que detenernos en los contenidos de los planes y en los motivos por los cuales Fernández y del Caño no aceptaron el convite, en esta oportunidad nos preguntamos qué hay detrás de estas fundaciones educativas y hasta qué punto constituyen organizaciones “desinteresadas y neutrales” preocupadas exclusivamente por la mejora de la educación en nuestro país.

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Veamos la cuestión en perspectiva histórica y regional. En las últimas décadas, las élites económicas latinoamericanas han demostrado un creciente interés por incidir en la orientación de las políticas educativas mediante diversos mecanismos. Si bien no es novedoso que las empresas busquen influir en el diseño de los planes de estudio, especialmente para los últimos años del nivel medio y la educación técnico-profesional, desde los años noventa se viene dando un proceso cualitativamente distinto signado por el avance empresarial en el ámbito de la educación, orientado a la construcción de propuestas de amplio espectro que son presentadas como demandas del conjunto social más que como iniciativas propias del campo empresario. En ese proceso, las élites se apoyan en varias organizaciones no gubernamentales (ONGs) y fundaciones educativas para difundir en el espacio público el nuevo paradigma que propician.

En América latina, las iniciativas empresariales en la materia se articulan en la Red Latinoamericana por la Educación (Reduca), creada en 2011 con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta red congrega catorce fundaciones y ONGs que operan en varios países de la región. En algunos casos la participación de las élites económicas queda explicitada en el nombre de la propia organización (Empresarios por la Educación, Acción Empresarial por la Educación, Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo, etc.) y en otros, se oculta deliberadamente con nombres que denotan una vocación “universal” y “general” por el tema (Todos por la Educación, Juntos por la Educación, Educar 2050, Educación 2020, etc.).

¿A qué se debe este renovado interés de las éites económicas por incidir en las políticas educativas? ¿Por qué las fundaciones y ONGs son las principales voceras de las propuestas y demandas de los empresarios en estos temas?

Sintéticamente, el ámbito de la educación constituye un área de interés primordial para las élites económicas por tres motivos: a) la necesidad de moldear la formación de “los recursos humanos del futuro” en función de las demandas del sector productivo, desarrollando una oferta educativa que esté acorde a las nuevas necesidades de capacitación de la mano de obra destinada a satisfacer las demandas propias del mercado laboral; b) la posibilidad de ampliar y acceder fácilmente a un mercado que ofrece rentables oportunidades de negocios brindando diversos servicios educativos donde el Estado es el principal demandante, regulador e inversor (capacitación docente, plataformas educativas, informatización de datos, edición de materiales, realización de evaluaciones estandarizadas, etc.); y c) la pretensión de difundir ideas, valores, actitudes y predisposiciones propias del ámbito empresarial como si fueran cosmovisiones del conjunto social avalados por saberes ”expertos y neutrales” que le permitan legitimar cambios en las políticas públicas. De esta forma, los parámetros propios de la competencia mercantil comienzan a permear el discurso en los informes técnicos y en la arena pública, afianzando la idea-fuerza del neoliberalismo que concibe a la educación como un servicio más que como un derecho.

Las fundaciones y ONGs educativas surgen en la mayoría de los casos por iniciativas empresarias, con financiamiento de grandes firmas, con consejos directivos integrados por personas vinculadas al mundo de la gran empresa. Desde sus inicios se constituyen en portavoces privilegiadas de las ideas que las élites económicas propician en materia educativa. Y lo pueden hacer amparadas en una supuesta “neutralidad experta” que opera como factor de legitimación social. A su vez, estas organizaciones son las encargadas de viabilizar los negocios de las empresas privadas con el Estado mediante la realización de diversos convenios de cooperación, asesoramiento y prestación de servicios que facilitan el avance del sector privado sobre áreas tradicionalmente reservadas a la gestión estatal.

Argentinos por la Educación constituye un ejemplo paradigmático de este tipo de fundaciones. Desde su constitución a mediados de 2017, ha elaborado sendos documentos de investigación a cargo de destacados especialistas en la materia, que sistematizan datos sobre la “situación del sistema educativo argentino”. El gobierno ha utilizado en más de una oportunidad esos informes como respaldo experto para legitimar cambios en las políticas educativas.

Pero ¿cómo surgió esta fundación? ¿Quiénes la sostienen? Los socios fundadores son el Grupo Financiero Galicia (que también patrocina a otras ONGs educativas como Asociación Conciencia y Enseñá por Argentina), la empresa de transporte Organización Román, la firma energética Pampa Energía, y el ex CEO y fundador de Despegar, Roberto Souviron. Cada uno de ellos ocupa un lugar en el Consejo Ejecutivo encargado de definir los lineamientos estratégicos de la organización. El Consejo se completa con otros tres integrantes estrechamente vinculados al mundo empresarial y al de las fundaciones educativas. En algunos casos, se trata de partidarios explícitos de Cambiemos, como Karina Román, una de las principales aportantes del oficialismo en las campañas electorales de 2015 y 2017.

Red de vinculaciones de los miembros del Consejo Directivo de Argentinos por la Educación

Los vínculos con el actual gobierno se institucionalizaron el 25 de mayo de 2017 cuando ni siquiera se había completado el trámite de inscripción de la fundación en la Inspección General de Justicia. En esa fecha se suscribió un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Educación y Deporte de la Nación, a cargo de Esteban Bullrich, según el cual, el Ministerio se comprometía a brindarle toda la información que obrara en su poder “a fin de que la ciudadanía argentina conozca el estado actual del sistema educativo de la República Argentina”. La suscripción de este convenio generó en su momento la protesta de los integrantes de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DINIECE), dependencia oficial encargada de generar y analizar ese tipo de datos. En ese sentido, y tal como denunciaran en 2018 miembros de la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, Argentinos por la Educación parece ser una creación ad hoc del gobierno nacional con el triple objetivo de a) traspasar funciones que antes estaban en manos del Estado, b) permitir a los privados el acceso a información sensible y muy valiosa para la gestión comercial y, c) validar a través de informes realizados por equipos de expertos, los cambios en la orientación de las políticas educativas que propicia Cambiemos.

Una muestra más de cómo las élites económicas cuentan con diversos mecanismos para incidir en la decisión pública, en este caso mediante fundaciones y ONGs que se presentan como actores neutrales y desinteresados del campo educativo, cuando en realidad operan como articuladoras, voceras y legitimadoras del proceso de mercantilización de la educación que se ha ido expandiendo en los últimos años en la región y en nuestro país, especialmente.