El año pasado, mil 146 personas presentaron denuncias ante la CDHDF por violaciones al debido proceso

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Por los mismos motivos por lo que la francesa Florence Cassez fue liberada —violaciones al debido proceso—, Carlos Rodríguez espera que la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sea el presedente para la liberación de su hijo, por la que lucha desde hace siete años. Como él, mil 146 personas se quejaron el año pasado, ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), por diversos abusos, como falta de información sobre su situación jurídica, carencia de interprete (en los casos tanto de indígenas como de extranjeros), omisión de una investigación eficaz, por proporcionar indebidamente información a los medios de comunicación sobre las personas detenidas, negativa a tener una defensa adecuada y coacción para que la persona probable responsable sea obligada a declarar contra sí mismo auto inculpándose. Un informe sobre debido proceso del organismo indica que por ese motivo y violaciones de garantías judiciales recibió, de enero a noviembre, 699 quejas, y en contra del derecho a la libertad y seguridad personales, 477. Detención arbitraria El 18 de abril de 2007 comenzó la pesadilla de la familia Rodríguez Pérez, cuyo hijo sigue detenido, a pesar de una serie de violaciones cometidas por la procuraduría del Distrito Federal. “Ese día llegaron unos judiciales a mi casa, estábamos sólo mi esposa y yo. Abrieron la puerta a patadas, nos sometieron, pero no nos decían a qué iban, gritaban que dónde estaba el niño. Nos golpearon. Pronto los agentes de la procuraduría capitalina se percataron que se habían equivocado de domicilio, que allí no había ningún secuestrado; no obstante, nos detuvieron, y cuando llegó uno de mis hijos, también se lo llevaron”, narró Carlos Rodríguez. Los policías judiciales saquearon la casa y aunque la aprehensión se dio a las nueve de la noche, los pusieron a disposición hasta las cinco de la mañana, en la Agencia de Ministerio Público 50 situación que obra en el expediente de la PGJDF.

En el tiempo que los tuvieron retenidos, los llevaron a un parque, donde los golpearon, comentó el entrevistado. Las autoridades decidieron presentarlos, junto con otros detenidos ante los medios de información, a excepción del matrimonio que no encajaba en el perfil de los plagiarios. “Como la víctima de secuestro dijo que la banda estaba integrada por jóvenes, los agentes, primero nos escondieron, y luego sin pruebas, nos consignaron”. A los dos días, detuvieron a los verdaderos responsables del secuestro, quienes señalaron a sus cómplices, entre los cuales no estaban los Rodríguez Pérez. A los integrantes de la banda los enviaron al juzgado 19 y a los Rodríguez al 55, luego al 56 y finalmente al 18, donde los sentenciaron a 24 años seis meses de cárcel. En la revisión de sentencia, en la segunda instancia, los señores Rodríguez fueron liberados cinco años después por falta de pruebas, pero su hijo, Carlos Enrique Rodríguez Pérez, ahora de 30 años, quedó en prisión. En el expediente consta que la víctima, un menor de edad, fue manipulado por los agentes, como él mismo lo hace saber, para inculpar a los Rodríguez. “Los policías me dijeron que fueron ellos”, declaró ante el juez. Y aunque el menor describió una casa de seguridad con características distintas a las de los Rodríguez, el GDF les expropió la suya, en la colonia Renovación, en Iztapalapa, en el 2008, misma que aún no les pagan. A la otra, donde se cometió el plagio, y la cual es señalada en la misma causa penal como el lugar del delito no le hicieron nada, a pesar de que el mismo niño la reconoció, y los vecinos la señalan como refugio de plagiarios y viciosos. “Nuestro caso es muy parecido al de Florence Cassez, con una serie de abusos y violaciones. Ahora alistamos el amparo para mi hijo y usaremos como jurisprudencia la resolución de la Corte en cuanto a que no se nos respetaron nuestros derechos humanos, ni el debido proceso, lo cual está totalmente acreditado”. Las quejas En las mil 146 quejas recibidas por la CDHDF en 2012, se indica que en 149 casos se dio la negativa, restricción u obstaculización de información sobre la situación jurídica, mientras que en 117 se negó a los acusados ser asistidos o asesorado por un defensor de oficio. Por omisión al investigar eficaz y oportunamente (irregularidad en la averiguación previa) se denunciaron 79 hechos. Por la divulgación de datos personales cuando una investigación o proceso esté en trámite, y por proporcionar indebidamente información a los medios de comunicación sobre las personas detenidas, 48. Por la negativa, restricción u omisión para que indígenas pudieran ser asistidas por un intérprete, hubo 10 quejas, y en el cao caso de extranjeros, dos. El reporte señala que la negativa, restricción u obstaculización de otorgar el beneficio de la libertad provisional bajo caución y el sometimiento de un menor de edad a un procedimiento de averiguación previa o de juicio, como si fuera una persona adulta, generaron cinco quejas, cada un de estas violaciones al debido proceso. Las autoridades que fueron señaladas como principales responsables fueron la Procuraduría General de Justicia, con 632 menciones; la Consejería Jurídica y de Asuntos Legales, con 183, y el Tribunal Superior de Justicia con 117.