Una pericia solicitada por la vicepresidenta y su ex socio comercial, Lázaro Báez, correrá los plazos de inicio del juicio oral por lavado de dinero. La medida fue requerida ante el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) que tiene a su cargo las dos causas en las que se investigaron las empresas familiares de los Kirchner, Los Sauces (inmobiliaria) y Hotesur (dueña del hotel Alto Calafate). En el caso de la firma hotelera, Cristina Kirchner pidió una pericia que analice todos los contratos celebrados con el empresario K. El TOF hizo lugar y según fuentes judiciales, con un plazo promedio de seis meses para su realización, no se llegaría a iniciar el juicio durante el 2020.

El negocio hotelero fue un "apalancamiento del patrimonio de los Kirchner", dijo en su confesión como arrepentido, Víctor Manzanares ex contador de la familia. Los cuatro hoteles que adquirió el ex matrimonio presidencial mientras estaban al frente de la Casa Rosada, fueron objeto de investigación en relación a los contratos celebrados con Lázaro Báez, quien a su vez -según la justicia- se erigía como el "principal contratista de obra pública de Santa Cruz".

Hotesur, al firma hotelera de los Kirchner acusada de lavado de dinero.

Ese circuito por el que se habrían llegado a lavar al menos 80 millones de pesos, sostiene el procesamiento en contra de la vicepresidenta, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, Báez y otros imputados, es el que llegó a juicio oral. Todo se realizó a través del negocio hotelero.

La hipótesis que durante la instrucción investigaron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques es que los ex presidentes y sus hijos recibieron por parte de Báez dinero “a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad”, lo que les aseguraba poder declarar esos fondos ante la Oficina Anticorrupción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen” supuestamente ilícito. Además de la familia Kirchner y el empresario, también serán juzgados Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner) y Osvaldo Sanfelice, entre otros acusados.

Se acusa a la ex Presidenta y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner de ser parte de un "proceso de reciclaje que, con los fondos ilícitos de la obra pública y a través de la firma Valle Mitre de Báez, se desarrolló entre 2008 y 2013".

Todos esos negocios volcados en diferentes contrataciones, son los que Cristina Kirchner pidió peritar. En la misma línea, la defensa de Lázaro Báez solicitó al Tribunal que antes de fijar fecha de inicio del juicio se haga lugar a la realización de una pericia que analice en detalle todos los contratos celebrados entre Hotesur y Valle Mitre (su empresa responsable de gerenciar los hoteles), Austral Construcciones y otras firmas del conglomerado.

Lázaro Báez procesado junto a Cristina Kirchner por lavado de dinero.

Según confirmaron a Clarín, el TOF 5 hizo lugar a la pericia que como mínimo demandará seis meses. "Hasta que la prueba no esté concluida, no se podrá iniciar el juicio", explicaron. Esto retrasará el inicio de las audiencias, y en Comodoro Py ya no ven posible que el juicio por lavado de dinero contra la vicepresidenta y sus hijos inicie en el transcurso de este año. La pericia será de carácter contable y en principio la realizarán los especialistas de la Corte.

Este juicio se realizará junto con el caso Los Sauces, donde también se pidió una pericia sobre los contratos entre Báez y la ex Presidenta (Báez y Cristóbal López representaron el 86% de la facturación de la inmobiliaria). Para la justicia, entre 2009 y 2015 se habrían manejado más de 30 millones de pesos de forma irregular. Esta pericia no concluyó aún.

Los contratos bajo sospecha

En el caso de Hotesur, las operaciones comerciales que se van a peritar fueron analizadas durante la instrucción, junto a diversos arreglos inmobiliarios. Por ejemplo, la Justicia señaló que para que la familia Kirchner adquiera los hoteles entre 2005 y 2009, hubo más de 15 compra-ventas de terrenos y propiedades entre Báez y los ex presidentes. Esta liquidez les permitió -con la participación de Máximo Kirchner-, comprar el hotel Las Dunas por 700.000 dólares y el Alto Calafate por 4.900.000 dólares.



Como paso siguiente, se creó la firma Valle Mitre, de Báez, con el fin de administrar los hoteles, “para recibir ese dinero y aplicarlo al negocio de la hotelería, y permitir así que la ganancia ilícita se distancie de su verdadero origen”.

El hotel Las Dunas en El Calafate. Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñóz

Como esta firma no tenía capacidad económica para pagar el alquiler de Hotesur, le inyectaba dinero Austral Construcciones -principal contratista de la obra pública vial-. La empresa que administró los hoteles de los Kirchner registró ingresos por pagos de la constructora entre 2007 y 2015 por casi 71 millones de pesos.

Todo concluyó con el ingreso de fondos al patrimonio K. Entre 2009 y julio de 2013, Báez pagó a los Kirchner 27.592.110 pesos por alquileres a Hotesur SA. La cifra es importante, pero más la proporción que guarda en el total de los ingresos de la empresa familiar. El 54% de los ingresos de Alto Calafate provinieron del Grupo Austral.

Habitaciones que no se usaron

Por otro lado, a finales de 2011 y a través de siete de sus empresas el Grupo Austral contrató habitaciones en los hoteles de los Kirchner que nunca utilizó. Loscalzos y Del Curto y Kank & Costilla, constructoras de Báez, celebraron convenios para contratar habitaciones del hotel Alto Calafate con un mismo argumento: que personal de las firmas se encontraba “desarrollando obras en la zona”.

Vialidad Nacional informó que todas las obras detalladas en la justificación de los contratos por más de 1.3 millón de pesos se encontraban a más de 321 kilómetros del hotel de Cristina Kirchner. Esta distancia hubiera implicado -sólo en ir y volver- más de siete horas de viaje. “Es una muestra más de que los alquileres sólo eran una pantalla”, sostuvo el fiscal Pollicita.

Loscalzos y Del Curto alquiló 16 noches en habitaciones dobles por mes entre julio de 2010 y diciembre de 2013, con media pensión. El precio que pagaron fue 602.217 pesos. Las licitaciones adjudicadas en ese entonces, y que usó como argumento el empresario K, eran la construcción de alcantarillas en los parajes de la Ruta Nacional 40 tramo Turbio Viejo - Puente Blanco, a unos 381,2 kilómetros del hotel Alto Calafate; y la construcción de guardaganados premoldeados en el aeródromo de Río Turbio: la distancia es de 320 kilómetros.

En el caso de KyC con el mismo argumento, firmó un convenio por 20 noches en habitaciones dobles, con media pensión, por mes. El monto total abonado fue de 786.227 pesos. Las obras que tuvo a cargo en ese entonces fueron la pavimentación de calles en Piedra Buena a 427 kilómetros de El Calafate y la repavimentación en distintos tramos de la Ruta Nacional 3 (tramo Gran Bajo San Julián estación Los Álamos) que se encuentra a 391 kilómetros. Un dato: además de las irregularidades con los hoteles, las obras otorgadas a las dos firmas no se finalizaron y se cobraron según la Justicia con sobreprecios del 65%.

Además de los contratos celebrados con las constructoras, La Estación SA y Don Francisco firmaron un convenio para utilizar cuatro habitaciones dobles por cada día de reserva, “y/o utilización del Salón del hotel”, alquilado “para reuniones técnicas o promocionales de productos relacionados con la actividad” de las sociedades: comercializan combustible. El contrato fue por 301.108 pesos.