El tabaco te llena los pulmones de mierda, pero el ministro Alberto Garzón Espinosa duda de que las apuestas deportivas y los juegos de azar te estercolen el cerebro. Y por eso ha producido un decreto mínimo sobre la regulación de la publicidad del juego online. El contenido puede leerse en la web de la Dirección General de Ordenación del Juego. Inicialmente, el Ministerio de Consumo colgó el texto en su web para que los ciudadanos enviaran sugerencias y alegaciones hasta el 16 de marzo. Todo un detalle por su parte.

La importancia económica de las ciberapuestas y juegos online es creciente. Los canales virtuales superaron en 2017 la facturación del juego presencial (Casinos, bingos, tragaperras, salones de juegos de azar, despachos de loterías, quinielas y venta ambulante de cupones). Del volumen global de 30.000 millones de euros anuales que, según las previsiones oficiales, los españoles jugaremos este año, más de 18.000 millones circularán por las redes digitales, a las que se han apuntado la mayoría de las empresas de un sector que representa el 2,7% del PIB, tanto como la agricultura.

El crecimiento del juego online, sobre todo de las apuestas deportivas, merece el calificativo de espectacular en la última década; ni siquiera en los peores años de la crisis dejó de medrar un 20% anual. Las ciberapuestas son también la base de la atracción de cientos de miles de jóvenes (y no tan jóvenes) a los más de 4.000 salones (pequeños casinos electrónicos) que infectan la geografía urbana española, especialmente los barrios obreros y de menor renta.

Este crecimiento de la oferta de “droga sin sustancia”, cuya adicción y dependencia ha sido equiparada con la heroína y la metanfetamina por la Asociación Americana de Psiquiatría, habría sido imposible sin el bombardeo publicitario incitando al juego. Ya cuando se elaboró la ley de 2011 que, con seis años de retraso, vino a regular las apuestas y juegos de azar por Internet, el representante de Betfair, Sacha Michaud, advirtió a los legisladores que no restringiesen la publicidad, pues era (y sigue siendo) la base de su negocio extractivo. Este Michaud pasaría después a fundar Glovo, otro negocio extractivo, prevaliéndose de la crisis y la falta de empleo de cientos de miles de jóvenes (los riders).

La ley entró en vigor en 2012, se constituyó la Dirección General de Ordenación del Juego (Ministerio de Hacienda), se otorgaron las primeras 52 licencias a otros tantos operadores de apuestas y juegos de azar que ya venían operando en la “alegalidad” según unos e “ilegalmente” según el expresidente de Codere, José Antonio Martínez Sampedro. Significados políticos del PP en el Gobierno con mayoría absoluta, comenzando por el que fuera jefe del Gabinete de Mariano Rajoy en su etapa de vicepresidente con José María Aznar, Rafael Catalá Polo (después ministro de Justicia) aparecían vinculados al sector.

En algunos casos, esa vinculación era directa y crematística, como consejeros y asesores de casas de apuestas. (Además del mencionado Catalá Polo, que ha vuelto al servicio de Codere, ya en manos de fondos buitre estadounidenses, el exministro de Aznar, Pío Cabanillas, fue consejero y proveedor de dicha empresa). En otros casos había y hay una relación de socios (el diputado por Murcia y después consejero de Adif y jefe del comité de ética del PP, Andrés Ayala, era socio del grupo Orenes). En otros aparecían grandes operadores timbales entre los donantes a la “caja B” del partido (caso de Luckia al PP de Galicia).

Las relaciones entre los gobernantes y los operadores multinacionales del juego eran tan fluidas que parecían engrasadas con baba de caracol. Y no resultó extraño que, a la salida de la política, la propia vicepresidenta de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaria, acabase de socia del bufete Cuatrecasas en vez de ocupar la plaza reservada en el Consejo de Estado. El prestigioso despacho (300 millones de euros anuales de facturación) tramitó las licencias en 2012 y mantiene como clientes a los grandes operadores de capital británico, estadounidense, suizo, canadiense e israelí con sede social en paraísos fiscales y en territorios de baja fiscalidad. Luego ya, para esquivar el Brexit y seguir operando en la UE sin pagar impuestos de sociedades por los beneficios, los 888, PokerStars, Bwin, Betfair, Bet365 y William Hill, entre otros, se han apresurado a mudarse de Gibraltar a Malta.

Se comprenderá que en aquel contexto, Mariano Rajoy optase en 2016 por traspapelar en algún cajón de la Moncloa el decreto de regulación de la publicidad del juego. La agresividad publicitaria, con unos mensajes de incitación al juego protagonizados por grandes deportistas, ídolos de millones de adolescentes, llevó en 2018 al Defensor del Pueblo a realizar dos propuestas: una, la prohibición de los anuncios del juego, lo mismo que se ha hecho con otras drogas legales como el tabaco y el alcohol. Y dos, eliminar su emisión en horarios infantiles y que no sean protagonizados por famosos. Entonces los lobbies se lanzaron contra el Defensor, que también incluía la recomendación de realizar una encuesta sobre la ludopatía en la población española.

Más allá de la furibunda reacción de algunos representantes del sector ante las recomendaciones del Defensor Francisco Fernández Marugán, la prueba de que la autorregulación se vio desbordada hace muchos años por la voracidad de los operadores vino dada por la decisión de los consejos de administración de algunas televisoras públicas de ámbito autonómico (Telemadrid, Canal Sur y Euskal Telebista) de no emitir anuncios de las casas de apuestas y juegos de azar. Unidas Podemos (UP), la coalición con el partido de Pablo Iglesias en la que se integró electoralmente Izquierda Unida (IU) bajo el liderazgo de Alberto Garzón, llevó en su programa ante las elecciones generales de abril y de noviembre de 2019 la prohibición total de la publicidad de los operadores privados del juego y las apuestas online.

Sin embargo, a la hora de lo cierto, el decreto de Garzón se conforma con una “corregulación”, término nuevo, que permite la emisión de anuncios y promociones de apuestas y juegos de azar en los medios de comunicación audiovisual durante la emisión de partidos de fútbol y otros acontecimientos deportivos a partir de las 20:00 horas; restringe las demás emisiones de una a cinco de la madrugada; mantiene los anuncios (con vídeo y sin vídeo) en los periódicos digitales y ratifica las normas ya dictadas por el Ejecutivo interino de Pedro Sánchez sobre la prevención de menores y la autoexclusión en Internet.

Quizá el mayor avance, en línea con la petición del Defensor del Pueblo, sea la exclusión de deportistas famosos, de modo que no sigan vinculando las apuestas y juegos de azar con la práctica deportiva. Los famosos de la radio y de la tele sí podrán hacer publicidad alentando la droga del juego durante las retransmisiones. Las loterías del Estado y de la ONCE quedan al margen de las medidas restrictivas, aunque no podrán emitir anuncias inmediatamente antes ni después de los programas infantiles.

Los redactores del decreto han preferido los términos “mensajes comerciales” en vez de “publicidad” y “mercadotecnia”. Éste último engloba las promociones y otras técnicas de venta, algo que la farfolla del decreto de Garzón sólo roza para reducir de 200 a 100 euros la oferta-regalo para que empieces a jugar y apostar, omitiendo la cantidad que el jugador ha de aportar. Tampoco toca los patrocinios de deportistas, clubes y otras actividades por parte de las casas de apuestas a cambio de proyección y publicidad en prendas e instalaciones deportivas, si bien prohíbe unir el nombre de los operadores al de los recintos como ocurrió con la estación del Metro de Madrid “Vodafone-Sol”. Algo es algo.

Las disposiciones adicionales del borrador impulsado por Garzón señalan que el decreto entrará en vigor el 1 de julio y ofrecen plazos de tres y seis meses a las multinacionales extractivas para que adapten sus contratos de patrocinio y publicidad, es decir, para la próxima temporada. Si no hay duda de que el ministro ha sido muy cuidadoso con los operadores de las cibertimbas, esas entidades que se lo llevan crudo y no pagan ni un euro en impuestos por los beneficios que extraen del mercado español, no lo ha sido tanto con las entidades y asociaciones que vienen luchando contra la expansión de una droga que destruye vidas y familias.

En este sentido, las protestas de las plataformas ciudadanas contra las casas de apuestas ya han llegado a las mismas puertas del departamento de Garzón. Y en ellas participa la Unión de Juventudes Comunistas, que es parte de IU, así como la Federación de Asociaciones de Vecinos y la Plataforma contra el juego, cuyos activistas se han apuntado algunos logros frente al PP y la extrema derecha en Madrid. Incluso Pablo Iglesias, cuya vicepresidencia se ubica en el mismo edificio rojo del Paseo del Prado de Madrid donde trabaja Garzón, admite que el decreto “es insuficiente”. “Se trata de una primera medida, pero el Gobierno ha de hacer mas cosas porque lo de las casas de apuestas es vergonzoso”, añade.

De momento, la “corregulación” publicitaria deja en manos de la Dirección General de Ordenación del Juego la aplicación de la futura norma (de acuerdo con los operadores) y la imposición de las sanciones que se deriven del incumplimiento. El titular del órgano regulador, Juan Espinosa, fue nombrado en 2016 y tiene en su haber algunos fallos muy graves como la concesión de licencias de apuestas para operar en España a una sociedad cuyo administrador único era un supuesto empresario condenado en Buenos Aires por actuar ilegalmente en el mercado de las apuestas online de la liga Argentina. El hecho de que Garzón haya mantenido en el cargo de director general a ese alto funcionario nombrado por el PP también le ha valido críticas de las entidades ciudadanas.