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“La presencia de la Iglesia católica en nuestro país no es bajo régimen de privilegio”, defiende, en declaraciones a este medio, la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal. Ante la ausencia de cifras oficiales, el Observatorio de Europa Laica fija en once mil millones anuales la aportación que el Estado, a través de exenciones fiscales y subvenciones directas otorgadas por distintas administraciones, realiza a esta institución religiosa. La asignación tributaria en el Impuesto sobre la Renta (IRPF), el descargo del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) y los conciertos públicos de centros educativos y sanitarios son consecuencia de los acuerdos alcanzados en 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, revisión del Concordato franquista, con naturaleza de Convenio Internacional, legalmente por encima de la propia Constitución. Según el Barómetro del CIS de 2015, el 70,7% de los españoles se define católico, pero solamente un 13,9% acude a misa todos los domingos y festivos.

Por primera vez, tres de los doce consejeros del Tribunal de Cuentas –Felipe García Ortiz, María Antonia Lozano Álvarez, Lluís Armet i Coma– emitieron en diciembre un voto particular a favor de inspeccionar el sistema de asignación tributaria a la Iglesia católica que, aseguran, a través de la casilla del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), recauda 250 millones. Los Presupuestos Generales incluyen un adelanto anual en forma de mensualidades a cuenta, calculadas sobre la base de lo recaudado el año anterior y, pasado el ejercicio, el resto se liquida en el siguiente curso. Los firmantes acusan de insuficiente la transparencia eclesiástica y reconocen, dada “la multiplicidad y dispersión de las fuentes de financiación públicas de la Iglesia católica, procedentes de los ámbitos estatal, autonómico y local”, difícil “realizar una cuantificación siquiera aproximada de los recursos públicos destinados a este fin”.

A través de la casilla del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la Iglesia católica recauda 250 millones de euros al año

Antonio Hurtado explica que, desde la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde es portavoz del Grupo Socialista, existe una mayoría para obligar al tribunal a fiscalizar este año la casilla del IRPF destinado a la Iglesia católica: “Habrá mayoría en la comisión, quizá el PP se abstenga. Los demás grupos dirán que sí”. El 9 de febrero comparecerá en la Comisión el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, y se dirimirá la votación. “Queremos que la Iglesia se incorpore al esfuerzo de transparencia que están realizando todas las instituciones. Primero fue la Casa Real, después el Consejo General del Poder Judicial; este es un proceso progresivo”, defiende Hurtado, quien también tacha de parciales las declaraciones realizadas por Manuel Aznar, miembro del Tribunal de Cuentas y hermano del expresidente. Durante su discurso en la Real Academia de Jurisprudencia negó la competencia para “fiscalizar un organismo no perteneciente al sector público”, defendiendo la asignación tributaria a la Iglesia como participación en el rendimiento de un tributo, “sin naturaleza subvencional ni de ayuda”. Una argucia técnica.

La Iglesia protestante también quiere, desde 2015, una casilla para que los contribuyentes puedan destinarle el 0,7% de su cuota tributaria al realizar la Declaración de la Renta. De entre las confesiones minoritarias, la evangélica es la más considerable, con un 56,04% del total de los lugares de culto en 2016, según el Observatorio del Pluralismo Religioso. La demanda, presentada por la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede), ha sido denegada este enero desde el Tribunal Supremo, a falta de un acuerdo similar al adquirido entre la Administración pública y la Santa Sede. “Aunque nuestra iglesia no tuviera derecho a recibir, el ciudadano siempre tiene derecho a dar, si se le impide hacerlo, queda vulnerado el principio constitucional de igualdad entre todos los españoles. Por eso, si es necesario, llegaremos hasta instancias europeas”, defiende Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de Ferede.

“El Estado, supuestamente aconfesional, en lugar de mantenerse neutral, beneficia a una religión en detrimento de otras. O se retira la casilla del IRPF para todos o, bajo unos criterios de concurrencia, se amplía”, propone Blázquez. “No estamos en un Estado liberal, sino social y de Derecho. Eso significa que es posible la participación ciudadana en los beneficios del sistema tributario en pos de la redistribución”, continúa. Desde 1997, la fundación que representa ha negociado con los sucesivos gobiernos un encaje más favorable para la confesión: “Esas conversaciones siempre han sido intermitentes, marcadas por la dejación pública”. La presidencia de Rodríguez Zapatero aplazó una prometida Ley de libertad religiosa –“que iba a profundizar en el laicismo estatal”– y terminó ampliando en 2006 un 0,18% la asignación de fondos para la Iglesia católica a través de la casilla, compensando aquel pago del IVA solicitado por la Unión Europea. El Gobierno de Mariano Rajoy nunca les ha recibido.

Rodríguez Zapatero aplazó una prometida Ley de libertad religiosa y terminó ampliando en 2006 un 0,18% la asignación de fondos para la Iglesia católica

“La solución no es café para todos”, subraya Segundo González, economista y diputado de Unidos Podemos. “Esa casilla debe desaparecer. La labor humanitaria de la Iglesia, que valoramos profundamente, ya está reconocida a través de sus asociaciones incluidas en la casilla de Fines Sociales”, agrega. Su colega de grupo, Josep Vendrell, de En Comú Podem, ha redactado una proposición no de ley referente a la financiación católica, para su debate en el pleno. En el texto presentado, se propone un plazo de cinco años para la normalización de las exenciones fiscales eclesiásticas, en especial las relativas al IRPF y al IBI. “La Conferencia Episcopal ha tenido, históricamente, una gran capacidad de presión e influencia sobre diferentes gobiernos que, por connivencia o por indiferencia, no han afrontado esta cuestión”, sostiene Vendrell. Calcular el valor catastral de los monumentos con valor histórico, para el pago de Bienes e Inmuebles, resulta complejo: requiere de un peritaje que evalúe el precio de mercado. “Habrá que ver si ese tipo de edificios con significación especial pagarán el impuesto, pero el piso del obispo, los aparcamientos o aquellas infraestructuras de carácter administrativo, han de tributar”, afirma el diputado catalán.

El Observatorio de la Laicidad calcula que la Administración Pública deja de ingresar 700 millones* de euros por el impago del IBI desde la Iglesia católica. Esa cifra se eleva a los 2.000 millones de euros si tenemos en cuenta todas las exenciones de la administraciones del Estado (central, autonómico y municipal). "Nuestro régimen fiscal es el mismo que tiene el resto de confesiones religiosas y entidades no lucrativas de nuestro país, como partidos políticos y sindicatos”, opinan desde la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal. Pero, ¿puede considerarse del mismo modo un organismo religioso y aquella institucionalidad vertebradora de la sociedad civil, recogida en la Constitución?

La reforma de la Ley Hipotecaria realizada en 1998, durante el Gobierno de José María Aznar, autorizaba las inmatriculaciones a la Iglesia católica, estos es, a inscribir propiedades anteriormente no registradas por otro titular. El Ministerio de Justicia carece de un inventario de los inmuebles matriculados de este modo, pero Juan José Picó, responsable de Comunicación de Europa Laica, explica que rondarán los cinco mil. Atrios, solares, campos de cultivo, pisos, catedrales, parques, casas consistoriales e incluso la Mezquita de Córdoba, adjudicados a la Iglesia sin la verificación independiente que descartara un propietario anterior. Desde junio de 2015 no pueden realizarse más apropiaciones de este tipo, cuando el Congreso derogó la cláusula que lo permitía, pero consolidando las ya hechas. El PSOE solicitó su devolución, sin obtener respuesta. Entonces fue cuando Picó viajó al Parlamento Europeo para solicitar el carácter retroactivo de la medida. Aún está a la espera de una contestación.

La reforma de la Ley Hipotecaria de 1998 del Gobierno de Aznar autorizaba las inmatriculaciones a la Iglesia católica, es decir, inscribir propiedades no registradas por otro titular

En el artículo segundo de los acuerdos sobre enseñanza y asuntos culturales firmados entre el Estado español y la Santa Sede se determina incluir “la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”. Y eso es, exactamente, lo que hace la LOMCE; ofertar la asignatura como optativa evaluable, en el caso de Secundaria, y a modo de troncal de modalidad, durante Bachillerato, también evaluable. Los profesores, en las mismas condiciones laborales que un interino, cobran de la Consejería de Educación correspondiente, pero son elegidos a propuesta del obispo diocesano. Si trabajan con jornada completa, formarán parte de la Comisión de Control Pedagógico del centro, junto a la dirección y las jefaturas de departamento.

Asimismo, el Ministerio de Educación y Cultura, así como las Comunidades Autónomas, financian la educación católica. Según el informe de 2015 sobre el estado del sistema educativo, el 30% del alumnado no universitario se forma en centros privados, lo que conlleva un gasto público de seis mil millones de euros. El Observatorio de la Laicidad cuenta que un 80% del total se destinaría a la concertación católica. La patronal de las escuelas católicas defiende el ahorro que su sistema de financiación mixto proporciona a la Administración. Al tiempo, la Federación de Enseñanza de CCOO considera esta una forma de reducir plazas en colegios e institutos públicos, para quien no pueda costearse un centro privado o, simplemente, no profese el catolicismo.

Es importante resaltar el carácter provisional de los Acuerdos de 1979, esqueleto de la actual relación Iglesia-Estado. En el apartado cinco del segundo artículo, “la Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”. Más de 35 años después, este compromiso de autofinanciación podría ser objeto de análisis. “El Acuerdo debe rescindirse por incumplimiento”, sugiere Juan José Picó. “Todavía ninguna formación política lo ha propuesto con la rotundidad necesaria”.

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*En la versión anterior se decía que por la exención de la Iglesia de pagar el IBI el Estado dejaba de ingresar 2.000 millones. Esa cifra se alcanza sumando todas las exenciones de todas las administraciones del Estado.