domingo 24 junio, 2018

En plena anunciada lucha del Ejecutivo contra el narcotráfico, el horno pirolítico ubicado en la zona del edificio Centinela, en Retiro, donde se quemaba gran parte de la droga incautada en diferentes allanamientos y procedimientos, dejó de funcionar. Se trataba de un horno de características únicas en el país que, según se informó desde la Dirección de Gendarmería, salió de funcionamiento por los problemas técnicos que venía teniendo producto de sus casi 20 años de antigüedad.

La baja genera preocupación en la Justicia Federal, que mandaba periódicamente estupefacientes para quemar allí y que a partir de ahora y hasta que haya una nueva unidad en funcionamiento, deberán cambiar sus procedimientos habituales. Grandes quemas y opciones privadas parecen ser, por el momento, las dos posibilidades más grandes para deshacerse de las drogas incautadas.

“Históricamente se quemó en Gendarmería, pero sabíamos desde hace tiempo que el horno tenía problemas”, coincidieron ante PERFIL distintas fuentes en los tribunales federales de Comodoro Py. “Gendarmería no daba abasto con las quemas, las demás fuerzas no tienen hornos”, completan al tiempo que se preguntan por qué no se dispusieron soluciones antes de llegar a esta instancia.

Consultados por este diario, distintas fuentes del Ejecutivo aseguraron que la solución ya está en marcha. Explicaron que los Ministerios Nacionales de Justicia y Derechos Humanos y Seguridad firmaron convenio con el Consejo de la Magistratura −órgano encargado de la administración del Poder Judicial− desde donde se están elaborando pliegos para adquirir un nuevo horno. “Se trabaja en una prueba piloto en el norte del país, la idea es poner uno en Salta (una de las zonas más calientes del narcotráfico)”, se explayaron.

La operatoria para concretar la existencia de nuevos hornos incineradores consistiría en que el Ministerio de Justicia aporte los fondos y Seguridad da el lugar para instalarlo y operarlo, bajo orden de los jueces.

Hasta tanto haya un nuevo horno en funcionamiento, se barajan distintos escenarios. La idea, según pudo saber PERFIL, sería por un lado que los jueces vayan informando a Seguridad la droga que tienen para destruir y luego se hagan quemas de grandes dimensiones. En tanto que Gendarmería, en la misma circular que informó la salida del horno de funcionamiento, adjuntó un cuadro donde hay distintas opciones de hornos privados para la quema, cuyo costo debería salir de los propios juzgados.

En el listado que Gendarmería acercó a varios juzgados, y al que accedió PERFIL, constan las distintas opciones de lugares que pueden contratar para quemar droga, hasta que vuelva a haber un horno en el área. Allí figuran desde los cementerios privados de Boulogne, Morón, San Andrés de Giles y González Catán como la planta Desler, en el parque industrial de Malvinas Argentinas, y las empresas Recovering y Ternium Siderar.

La salida de funcionamiento del horno del Centinela se comenzó a notificar a los juzgados a fines del mes pasado, a través de una notificación, de la Dirección Nacional de Gendarmería. Allí se consignó que desde hace 18 años funcionaba el horno pirolítico marca Pyrocol, que fue habilitado por el Gobierno de la Ciudad de la CABA, en agosto de 1999.

“Considerando la antigüedad del horno incinerador, más el incremento exponencial de requerimientos por parte del Poder Judicial, el equipo fue sufriendo constantes desperfectos que lo dejan transitoriamente fuera de servicio, los cuales son cada vez más frecuentes”. A lo que agregaron que “el Director de Criminalística y Estudios Forenses, a través de los estudios realizados concluye en la necesidad de desactivación definitiva y el desmantelamiento del Horno de Incineración Pirolítico”.

El peligro de que se la ‘coman los ratones’

La preocupación sobre la destrucción de la droga y la forma de evitar que el material incautado vuelva al mercado ilegal, son una constancia en la Justicia Federal de todo el país. Entre ellos, en los últimos días, varios funcionarios judiciales coincidieron ante PERFIL sobre la necesidad de destruirla lo antes posible y evitar que permanezca tanto en los juzgados (donde se guardan las pequeñas cantidades) como en las dependencias policiales o de las distintas fuerzas intervinientes.

En ese sentido recordaban tanto el incidente de Pilar, en el que desaparecieron más de 500 kilos de marihuana de un depósito judicial. Miembros de la Policía Bonaerense justificaron la desaparición diciendo que se la habían comido los ratones.

Otro hecho llamativo sucedió en las últimas horas en Salta. Allí, en un Escuadrón de Orán, desaparecieron varios paquetes de cocaína, a la espera de ser quemados, y fueron sustituidos por otros rellenos de yeso.