L.Díaz

L.Díaz

El mercado laboral vivirá un cambio de magnitudes nunca vistas en los próximos años. Una de las causas de ésta transformación será la robotización. Los puestos de trabajo que necesitan menos cualificación serán sustituidos por máquinas que realicen los trabajos clasificados con la triple D: dirty, dull and dangerous, o, en español, sucio, aburrido y peligroso.

Pero esta sustitución tiene un inconveniente: la destrucción de empleo. Aunque se estime que se crearán algo más de un millón de puestos de trabajo relacionados con las nuevas tecnologías, el Foro Económico Mundial de Davos estima que en los próximos cinco años desaparecerán más de siete millones de empleos.

Esto se traduce en un descenso de cotizantes. Cuando esto ocurre no hay que mirar muy lejos. En España la crisis supuso la destrucción de casi dos millones de puestos de trabajo. Lo que explica que en la actualidad se haya necesitado vaciar la hucha de las pensiones al ser imposible mantener el sistema con los ingresos actuales.

Si los robots suprimen una gran cantidad de empleos ese número de cotizantes se desplomará de nuevo. Motivo por el que ya se empiezan a plantear alternativas. La Alianza Progresista de Socialistas Demócratas del Parlamento Europeo, consciente de la ya mencionada situación, presentó el 'Informe sobre Personas Electrónicas', en el que se expone que los robots coticen en la Seguridad Social como cualquier trabajador y que paguen impuestos.

También el Foro de Davos publicó un artículo en el que se hacía esa misma pregunta. "Con la penetración de la inteligencia artificial en el mundo laboral, se destruirán miles de puestos de trabajo, que automáticamente se traducirá en una merma significativa de la recaudación de las arcas públicas", apunta.Pagaría el propietario

Existen detractores que afirman que si sale adelante podría frenar el avance de la robótica. Además, las empresas que fían su futuro a las máquinas, se verían obligadas a sufragar los impuestos de los robots. Es innegable que sacar este tipo de medidas adelante supondría la reforma casi total de las normativas laborales actuales -los impuestos como el de Sociedades afectan solo a personas jurídicas-.

La propuesta presentada en el Parlamento afirmaba que "la creación de un estatuto jurídico específico para los robots, para que al menos los robots autónomos más sofisticados tengan la condición de personas electrónicas, con derechos y obligaciones específicas, entre ellas la de hacer reparar los daños que puedan causar, y la aplicación de la personalidad electrónica para los casos en que las máquinas toman decisiones inteligentes autónomas o interactúan con terceros independientemente".

El núcleo de la medida giraría en torno a las personas eléctricas, caracterizadas por su "capacidad de adquirir autonomía mediante sensores y/o mediante el intercambio de datos con su entorno (interconectividad) y el análisis de dichos datos; capacidad de aprender a través de la experiencia y la interacción; forma del soporte físico de robot; capacidad de adaptar su comportamiento y acciones al entorno".