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En el Parlamento, el gobierno ya comenzó la defensa del proyecto de ley que busca regular a Uber y a las nuevas aplicaciones tecnológicas. Pero mientras, el gremio del taxi pidió al Poder Ejecutivo su descuelgue del rubro de los Consejos de Salarios y el posible cese de las regulaciones al sentirse perjudicados por los servicios de la empresa estadounidense.



El pedido del descuelgue lo hicieron en una carta dirigida al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, enviada ayer miércoles.



La segunda carta que envió la gremial fue al director de Transporte de la Intendencia de Montevideo (IMM), Máximo Oleaurre, solicitando una reunión para tratar el tema de "la desregulación del servicio de taxímetro", debido a que "la empresa Uber y otras" no son inspeccionadas.



El presidente de la patronal, Óscar Dourado, dijo esta mañana entrevistado en el programa De Diez a Doce de radio Uruguay, que el pedido del descuelgue es a raíz de que "Uber nos está robando".



"Como trabajadores hemos hecho todo, ¿Qué mas vamos a hacer?", dijo.



Y respecto al proyecto de ley para regular este tipo de aplicaciones, dijo que "enviar un proyecto de ley que abarca todas las actividades está bien, pero en el caso del taxi no necesitamos una ley, porque (el caso) está en el digesto departamental".



Si no, "que se devuelva el dinero que puso el taximetrista para tener la licencia de la IMM (...) y que el trabajo nuestro lo haga quien quiera, pero no se pude estafar a la gente. Las normas son para todos, no solo para los que trabajamos", dijo.



“Los taximetristas estamos arruinados. Si no quieren más taxis en Uruguay que lo digan e indemnicen a los que pagaron las licencias”, añadió Dourado.



El director nacional de Trabajo, Juan Castillo, dijo esta mañana en rueda de prensa que en el correr del día se analizará la carta enviada por la patronal: "No escuché lo que dijo el presidente de los patrones de los taxímetros, es una carta según dicen enviada al ministro de Trabajo que la estarán analizando en el correr del día".

Denuncias.

El Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay (Cpatu) denunció en enero ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, órgano que depende del Ministerio de Economía, a la empresa Uber y a sus conductores.



Según informa El Observador, la denuncia contra Uber señala que la empresa comenzó a trabajar en Uruguay sin permiso y sin cumplir con la normativa con la que sí cumplen los taxis, al realizar la misma tarea.



La denuncia indica que Uber viola en artículo 4 de la ley 18.159 de defensa de la libre competencia en comercio. Se acusa a la empresa de servicio de choferes de competencia desleal.



Pero Uber respondió y lo hizo con una contradenuncia: en la misma sostienen que el Cpatu no respetó la normativa de libre competencia y destacó que éste registró la marca y el logotipo de Uber antes de que la empresa llegara a Uruguay.



También, en la contradenuncia de Uber, aparecen algunos casos de violencia por parte de taxistas a los conductores de la empresa, ocurridas en varias ocasiones en el marco de capacitaciones.

