México, D.F., 23 de septiembre (apro).- La representante para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Ericka Guevara Rosas, advirtió que si no se corrige el rumbo de la investigación sobre las agresiones contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, el presidente Enrique Peña Nieto será visto en el mundo como “facilitador de estos horrores”.

Y es que en ellos, agregó, se ha exhibido “un escandaloso encubrimiento orquestado en los niveles más altos de gobierno”.

A unas horas de que el mandatario mexicano se reúna con los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, Guevara Rosas cuestionó “la inquebrantable determinación del gobierno mexicano de convencer al mundo de que los estudiantes fueron asesinados por una banda de narcotraficantes y sus restos quemados en un basurero”.

Esa situación, dijo, es un reflejo de que en México “quienes están en el poder se enfocan en cubrir las huellas” de las desapariciones.

En vísperas del primer aniversario de los hechos ocurridos en Iguala y por los cuales hay 111 personas detenidas, entre ellas el exalcalde José Luis Abarca, la representante de Amnistía Internacional difundió un comunicado para destacar que “el manejo negligente” de los responsables de la investigación por la desaparición forzada de los estudiantes “expone un escandaloso encubrimiento orquestado en los niveles más altos de gobierno”.

Al considerar que la tragedia de Iguala “es uno de los peores escándalos de derechos humanos en la historia reciente de México”, Guevara Rosas emplazó a Peña Nieto a tomar acciones determinantes para corregir el rumbo de la investigación, toda vez que la “verdad histórica” sólo representa “una distracción de cualquier otra valiosa línea de investigación”.

En estos hechos, abundó, los responsables de la investigación dentro de Procuraduría General de la República (PGR) “deberían explorar el rol de los militares y agencias responsables de hacer cumplir la ley en la tragedia, después de que no tomaron acción a pesar de ser conscientes de lo abusos contra los estudiantes mientras se estaban llevando a cabo”.

La vocera de AI en América se refirió a la identificación de los restos de los estudiantes Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz, pero recordó que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) no avala la forma en que fueron recuperados los huesos de los jóvenes, en una bolsa de nylon presuntamente recuperada por buzos de la Secretaría de Marina.

La defensora también retomó algunas de las conclusiones que presentó en su informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se descarta de tajo que los jóvenes fueran incinerados en el basurero de Cocula.

Entre las deficiencias de la indagatoria identificadas por el GIEI, apuntó, resalta “el manejo negligente de la evidencia forense” que no fue procesada, además de que en el lugar de los hechos los oficiales “no tomaron fotos, ni recolectaron muestras de sangre, pelo, ropa o huellas dactilares”, es decir que “áreas enteras de la escena del crimen no fueron procesadas”.

Reprobó, asimismo, que las autoridades mexicanas impidieran “que los expertos internacionales entrevistaran a soldados del Batallón de Infantería número 27”, a pesar de que documentos de inteligencia militar desclasificados “revelaron que militares de Iguala sabían de las detenciones ilegales y de los abusos contra los estudiantes”.

La representante de Amnistía Internacional subrayó que “si el gobierno está convencido de que los militares no tienen información relevante que proporcionar”, entonces “¿de qué están tan preocupados? Proteger a los soldados de las investigaciones genera alarmantes preguntas”.

Luego de recordar que buena parte de los detenidos por los hechos de Iguala han denunciado que fueron torturados para autoinculparse como responsables de la desaparición de los normalistas, Guevara Rosas se sorprendió de la “la falta de transparencia (…) Aún bajo los estándares de un país que parece absolutamente incapaz de abordar violaciones a derechos humanos”.

Y recomendó a las autoridades mexicanas “re-encausar las investigaciones de manera urgente” y permitir el acceso a los expertos independientes “a todos los crematorios en y cerca de Iguala”, además de “dejar de jugar con los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa”.