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El acuerdo entre la Patronal y CCOO y UGT no sólo no supone obligatoriedad para las empresas (tanto el cacareado salario mínimo de 1000 euros en convenio como los incrementos salariales no son más que ‘recomendaciones’) sino que, además, conllevan algunas concesiones más por parte de los sindicatos del régimen, como facilitar el ‘despido individual’ de los trabajadores o que vaya a cargo de la reducción del salario del trabajador cualquier situación de ‘crisis’ de la empresa.

De derogar las últimas reformas laborales (a la del PP se había comprometido el PSOE) nada de nada, por lo que seguirán primando la precariedad, el predominio de los convenios de empresa, la pérdida de derechos conquistados por la supresión de la ultraactividad de los convenios… Y, la patronal, aprovecha a su vez para oponerse a cualquier destope de cotizaciones sociales.

No ha de extrañar, pues, que la patronal haya corrido a firmar el pacto y que el gobierno del PSOE lo haya bendecido. Es la garantía de la prolongación de la paz social de los últimos años. El próximo paso de esa política sindical nefasta será un nuevo proceso de ‘diálogo social’ con el objetivo de alcanzar un nuevo estatuto de los trabajadores, que dé rango superior a la normativa neoliberal actual sobre derechos laborales, y profundizar en los contenidos del Pacto de Toledo, para seguir potenciando las pensiones privadas a costa de continuar reduciendo las prestaciones públicas.

Patronal y sindicatos pactan agilizar el despido individual

M. Valverde / Expansión

Rosell y Garamendi avisan al Gobierno contra la subida de las cotizaciones y de los impuestos.

Las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT han llegado a un acuerdo para reducir la tramitación y la burocracia en el despido individual. Así se recoge en el último punto del pacto para la negociación colectiva de 2018 a 2020, que suscribieron el lunes.

Es el último punto del acuerdo, pero importante en el día a día de las empresas. Se trata de que si el empresario y el trabajador llegan a un acuerdo para rescindir la relación laboral no haga falta nada más que la indemnización y la carta de despido para que al día siguiente el trabajador pueda empezar a cobrar la prestación por desempleo. Es decir, sin necesidad de que haya un acto de conciliación ante el Servicio de Mediación y Arbitraje o el juez. En definitiva, se trata de una reforma que pretende agilizar el final de la relación laboral con el acuerdo entre las partes, siguiendo el modelo francés, según informó ayer Juan Rosell, presidente de la patronal CEOE.

Rosell y el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, explicaron los puntos del pacto con los sindicatos que van más allá del capítulo salarial. Muchos de estos puntos, como la reducción de la tramitación en el despido necesitarán de la intervención del Gobierno, porque precisan de su regulación en la normativa laboral.

El ‘destope’

No obstante, Rosell y Garamendi rechazaron de forma contundente la pretensión del Gobierno de subir la bases de cotización a la Seguridad Social de los salarios más altos, hasta igualar unos y otros. Garamendi dijo que esa propuesta «rompería la productividad y la competitividad de las empresas», al obligarles a aumentar sus pagos a la Seguridad Social en 4.500 millones de euros.

«No, no vamos a estar de acuerdo, no nos parece bien y a las empresas les restaría competitividad. Es necesario decirle al Gobierno que no cargue permanentemente a las empresas costes, gastos e impuestos», dijo Garamendi.

Los empresarios recomendaron al Gobierno que los autónomos paguen más a la Seguridad Social. El 80% de ellos cotiza por la base mínima, lo que, en opinión de CEOE y Cepyme, supone 6.000 de los 18.800 millones de déficit que tuvo la Seguridad social el año pasado. «Sin embargo, a los autónomos no los tocan porque son muchos votantes».

Frente a las subida de impuestos, Rosell y Garamendi pidieron al Gobierno y a las comunidades autónomas que «gestionen mejor» y potencien la lucha contra la economía sumergida. «Si fuésemos capaces de reducir 6 puntos de la economía sumergida los ingresos fiscales aumentarían en dos o tres puntos «, dijo Rosell. Los organismos nacionales e internacionales valoran la economía sumergida en el 20% del PIB.

El acuerdo salarial tiene otros puntos importantes, que deben negociarse con el Gobierno. Así, siguiendo el modelo alemán para salvar puestos de trabajo en tiempos de crisis, los agentes sociales plantean reducciones temporales de jornada, que sirvan para evitar el despido y favorecer el reciclaje profesional de los trabajadores. El empleado recibiría menos salario de la empresa, pero complementado con prestaciones. La patronal y los sindicatos también pedirán al Gobierno que restaure la autoridad de los convenios para fijar una edad de jubilación en la empresa, que permita crear empleo para los jóvenes.

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