Los encargados de la seguridad bonaerense y porteña, Ritondo y Santilli, comparten la preocupación por la liberación de sospechosos Crédito: Ministerio de Seguridad Bonaerense

Durante el último mes fueron atrapados 2600 sospechosos en las calles porteñas y la mayoría quedaron rápidamente excarcelados tras una comunicación telefónica de un juzgado o fiscalía

Gustavo Carabajal Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de febrero de 2019

Los casos de "puerta giratoria" judicial como los observados en los últimos días con los motochorros Leandro Bazán, Jair Jurado Mora o Antonio Franco, que fueron apresados por robar en reiteradas oportunidades y liberados luego de permanecer detenidos durante menos de 48 horas, no constituyen casos aislados. Esos tres asaltantes forman parte de más de la mitad de los acusados por delitos detenidos por la Policía de la Ciudad que fueron liberados directamente desde las comisarías, luego de que los jefes de guardia de cada dependencia hicieran las consultas telefónicas con jueces o fiscales. Según fuentes del gobierno porteño, ese proceso dura no más de ocho horas.

El último mes, efectivos de la fuerza de seguridad porteña apresaron a 2600 acusados por diversos delitos. Y más del 50% de esos imputados dejó casi de inmediato la comisaría luego que los jueces o fiscales de turno ordenaran telefónicamente la liberación de los sospechosos.

Esa cifra incluso no alcanza a aquellos acusados a los que la Justicia liberó desde la alcaldía de los Tribunales porteños, apenas después de ser indagados.

El fenómeno de la "puerta giratoria", tal como la denominan funcionarios nacionales y distritales, se replica en territorio bonaerense, aunque con un porcentaje menor. Según cifras oficiales, durante 2018 la policía bonaerense apresó a 105.000 acusados por diferentes delitos y la Justicia convalidó al menos 69.000 de esas detenciones. Los 36.000 imputados restantes fueron liberados después de pasar, en promedio, entre 24 y 48 horas en una comisaría.

Según fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense, esos 69.000 acusados cuyas aprehensiones fueron convertidas en detenciones y que se sometieron a un proceso penal pasaron al menos un mes presos, tiempo máximo que establece la ley para que se defina si se le dicta un procesamiento con prisión preventiva o con alguna medida alternativa, como el arresto domiciliario.

A partir del análisis de la estadística oficial se determinó que, al final de ese proceso, de los 105.000 imputados detenidos por la policía en territorio provincial en 2018 quedaron presos 17.780.

Puerta giratoria

Al menos tres magistrados bonaerense consultados por LA NACION afirmaron, en cambio, que no hay "puerta giratoria" en la Justicia bonaerense. Y sostuvieron que en muchos casos tuvieron que ordenar libertades por falta de pruebas contra los imputados.

Además, los funcionarios judiciales indicaron que la prueba de que no existe "puerta giratoria" en territorio bonaerense está representada por la cantidad de detenidos en cárceles y comisarías, que tienen su capacidad completa.

Diferente parece ser el caso en el distrito porteño. En ambas jurisdicciones rigen códigos de procedimientos distintos, y los jueces y fiscales aplican criterios diferentes ante delitos similares. Esa discrecionalidad en el momento de aplicar la ley también se advierte entre funcionarios de la misma jurisdicción.

Por ejemplo, mientras que la jueza Patricia Guichandut resolvió que el ciudadano colombiano Jurado Mora, detenido por robarle el celular a una mujer que cruzaba la avenida La Plata, pagara $700 como compensación a la víctima y solo ordenó que compareciera periódicamente ante el Patronato de Liberados, su colega, Darío Bonanno dictó una resolución diferente. Ese juez dispuso la inmediata expulsión del país y una prohibición de ingreso por cinco años contra una ciudadana boliviana que había sido detenida cuando robaba en un local de ropa, en la modalidad mechera.

Otro ejemplo de la discrecionalidad aplicada quedó expuesta por el magistrado Pablo Ormaechea, quien tuvo a su cargo el expediente contra el acusado Leandro Bazán, detenido en abril pasado por cometer varios asaltos como motochorro. El juez procesó al imputado por los robos, pero no dictó la prisión preventiva y el sospechoso fue liberado. Cinco meses después, Bazán fue detenido nuevamente. En su poder tenía nueve celulares que había robado en un raid delictivo de tres horas por ocho barrios porteños. La jueza María Rita Acosta acusó a Bazán por encubrimiento debido a que la policía le secuestró elementos robados y remitió el sumario a su colega Ormaechea, el primer juez en procesar a Bazán. Ormaechea procesó al sospechoso, pero sin prisión preventiva. La decisión fue apelada por el fiscal José María Campagnoli, que entiende que Bazán debe llegar a juicio detenido. El acusado sigue libre.

Cuando algún efectivo de la Policía de la Ciudad detiene a un sospechoso, este es llevado a una comisaría. Allí, el oficial de guardia lo identifica y pide el informe al Registro Nacional de Reincidencias, con el objetivo de establecer si tiene alguna causa pendiente y si existe un pedido de captura en su contra. Con estos informes en su poder, el oficial debe hacer la consulta telefónica a la fiscalía o al juzgado de turno. En esa comunicación con el funcionario judicial, el policía debe detallar las circunstancias de la detención del imputado. Según fuentes del gobierno de la ciudad, en más de la mitad de esas consultas los funcionarios judiciales ordenan que se libere al imputado.

Antes, el policía debe notificarle al acusado sobre la formación de un proceso penal en su contra. El oficial a cargo del sumario debe verificar el domicilio del acusado. Todo el proceso de informes no demora más de ocho horas, así que en ese tiempo, si no fue imputado de un delito grave y si no tenía algún pedido de captura en su contra, el sospechoso recupera la libertad desde la comisaría, con la autorización de un funcionario judicial.

"Resulta habitual que varios de los detenidos no tengan domicilio en la ciudad de Buenos Aires, sino en el conurbano. En estos casos, se debe solicitar a la policía bonaerense que verifique que el imputado vive en el domicilio que consta en su DNI. Debido a que este procedimiento demora bastante tiempo, los acusados pueden pedir que se fije como domicilio la sede de la defensoría oficial de turno con el objetivo de que se reciban en esa sede judicial las notificaciones del proceso que se inició en su contra. La mayoría de las veces, los sospechosos liberados a partir de este atajo judicial nunca se someten al proceso", explicó un jefe policial.

El Registro Nacional de Reincidencias funciona los 365 días, las 24 horas. Hay personal de guardia y las requisitorias se responden en seis horas. Esto significa que en cada juzgado o fiscalía se reciben los antecedentes de los acusados y se sabe si el imputado al que se benefició con la libertad es un delincuente peligroso y multirreincidente. Los fallos conocidos como "puerta giratoria" ahora preocupan a los tribunales. Es que muchos magistrados sienten que son juzgados y criticados por aplicar la ley.

"Para nosotros sería muchos más fácil tomar la decisión de dejar detenidos a los sospechosos. Ningún juez toma una decisión que no está amparada en la ley", dijo un magistrado en su despacho del edificio de Talcahuano 550.

La preocupación en los pasillos de los tribunales porteños es que la campaña electoral haga que cada resolución sea cuestionada y usada por la política para ganar votos y se haga un efecto cascada con denuncias en el Consejo de la Magistratura. "Si no tenemos la posibilidad de aplicar el Código y la ley, nuestro trabajo no tiene sentido", dijo uno de los jueces consultados.

Si el sospechoso de un delito es menor, al ser detenido solo es demorado durante menos de tres horas. Según fuentes oficiales, la extensión del tiempo de la detención de un menor depende exclusivamente de lo que se tarde en comunicarse con sus padres y lo que estos demoren en retirarlo.

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