Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat Pompeu Fabra

He documentado extensamente (ver Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante. Anagrama, 2015, y "La enorme crisis social creada por las políticas neoliberales de los gobiernos españoles y catalanes", Público, 27.11.18) el enorme drama social que existe en España, sin precedentes en el periodo democrático. La calidad de vida y el bienestar de la población, y muy en especial de las clases populares, están siendo afectados muy negativamente por tal crisis, ignorada en su mayor parte por el establishment político del país y por sus mayores medios de información, que centran su atención en las tensiones interterritoriales derivadas del no resuelto tema nacional.

Las dimensiones y consecuencias de tal crisis social son muchas y sus causas son fáciles de ver. En lugar prominente están las reformas laborales que han creado un gran deterioro del mercado laboral, y los recortes del gasto público social durante la Gran Recesión que han empobrecido de una manera muy marcada los servicios públicos del Estado del Bienestar (sanidad, educación, servicios sociales, vivienda social y servicios domiciliarios, entre otros), que ya estaban entre los menos financiados de la UE-15 (el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo al de España) antes de que se iniciara la crisis (España se gastaba entonces 60.000 millones de euros menos de lo que debería haberse gastado en tales servicios por el nivel económico que tenía).

Y los responsables de tales políticas públicas son también conocidos: el gobierno del PSOE, liderado por el Sr. Zapatero, inició esas políticas de clara tendencia neoliberal, las cuales fueron expandidas más tarde por el gobierno Rajoy, apoyado por el partido Ciudadanos, liderado por el Sr. Rivera. En Catalunya fueron los gobiernos de la Generalitat liderados por el Sr. Mas y más tarde por el Sr. Puigdemont (cuando Convergencia Democràtica de Catalunya se transformó en el PDeCAT), con la ayuda primero de Unió Democràtica de Catalunya y más tarde de ERC, los que apoyaron y llevaron a cabo tales políticas.

La crisis continúa y no se ha resuelto

Y aun cuando el establishment político y mediático español está promocionando la percepción de que la crisis se ha resuelto, los datos muestran la falsedad de tal postura. Solo hace unos días el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) presentó los datos de empleo y paro registrado, mostrando la pervivencia y continuidad de la precariedad, una de las principales características del mercado de trabajo español, facilitada por las reformas laborales aprobadas. Los contratos indefinidos representaron solo el 10% de todos los nuevos contratos producidos, y de estos indefinidos, el 30% lo fueron a tiempo parcial. Y por si no fuera poco, el 26% de todos los contratos tienen una duración menor a siete días, cuando hace diez años estos contratos solo representaban el 14% del total. Esta precariedad quiere decir salarios bajos y peores condiciones de trabajo, no solo para los afectados sino también para la mayoría de los trabajadores, pues establece un clima y una cultura de inestabilidad que crea una gran inseguridad en la mayoría de la clase trabajadora.

Estos datos son sistemáticamente ignorados por el establishment político-mediático del país, que continúa mostrando el crecimiento del empleo como un indicador de la supuesta recuperación y resolución del tema social. Pero lo que tal argumento ignora es que la EPA (la Encuesta de Población Activa del Estado), en su reciente informe sobre la población empleada, señala que todavía falta por recuperar el 30% del empleo destruido desde 2007, el año del inicio de la crisis. En realidad, el desempleo continúa siendo de los más elevados en la UE-15. Y, reflejando no solo el clasismo sino también el machismo existente en la sociedad española, los indicadores del deterioro del mercado laboral son incluso más acentuados entre las mujeres.

Los recortes que han deteriorado el bienestar de las clases populares

Los recortes del gasto público han ocurrido en cada uno de los componentes del que ya era un subfinanciado Estado del Bienestar, lo que ha significado un gran descenso de la cantidad y calidad de tales servicios, con una reducción marcada del personal que trabaja en ellos. Las huelgas y manifestaciones de los trabajadores de tales servicios son la tónica general en una agitación social que se está expandiendo a lo largo del territorio español, sin que haya habido una gran cobertura mediática, agitación que ha sido especialmente acentuada en Catalunya, donde los recortes del gasto público realizados por los gobiernos independentistas presididos por el Sr. Mas y Puigdemont (y ahora Torra) han sido especialmente acentuados. Predeciblemente, el portavoz de Junts per Catalunya (la antigua Convergència), el Sr. Eduard Pujol, se refirió a la resolución de los problemas creados por tales recortes como un tema no esencial –y por lo tanto secundario– frente al objetivo del gobierno catalán de conseguir la secesión de España. Hay que subrayar que el partido hegemónico en la coalición del gobierno independentista catalán apoyó en las Cortes Españolas la mayoría de leyes (reforma laboral y recortes) propuestas por los partidos gobernantes en España (es el caso de la reforma laboral de 2012, de la ley de estabilidad presupuestaria del mismo año o del decreto de recortes, también de 2012, todos ellos apoyados por este partido).

En España continúan habiendo clases sociales y el deterioro del bienestar de las clases populares se ha hecho a costa de la enorme concentración de la riqueza y de los ingresos por parte de las clases y élites dominantes. Y lo mismo ha ocurrido en Catalunya

Esta breve reseña del impacto de la crisis en el nivel de vida de las clases populares no se puede terminar sin contrastar tal deterioro del bienestar de estas clases, que constituyen la mayoría de la población, con el crecimiento del nivel de vida de una minoría que no alcanzará a ser un 15-20% de la población (burguesía, pequeña burguesía y clase media profesional de renta superior al servicio de los dos grupos anteriores), que ha sido particularmente acentuado en la minoría (dentro de esta minoría) que deriva sus ingresos de la propiedad del capital (y muy en especial del capital financiero). Nunca antes en el periodo democrático las rentas del capital como porcentaje de todas las rentas habían sido tan altas y las rentas del trabajo habían sido tan bajas como ahora. Este grupo del 15-20% tiene una enorme influencia política y mediática en el país y es el que determina la agenda y discurso del establishment político-mediático. Y es a través de los medios de información (que son también de persuasión) que ejercen una enorme influencia en determinar la sabiduría convencional del país.

Este grupo social dominante siempre ha ejercido una enorme influencia sobre el Estado, debido, en parte, a la transición inmodélica que mantuvo su enorme influencia sobre la gran mayoría de los aparatos de dicho Estado. Su ideología, heredada del régimen dictatorial anterior, se caracteriza por su clasismo y su nacionalismo uninacional extremo. Su clasismo determina la gran regresividad de la fiscalidad española (si las políticas fiscales españolas fueran semejantes a las existentes en el promedio de la UE, el Estado español y sus autonomías ingresarían alrededor de 80.000 millones de euros más de los que ingresa hoy) y la gran pobreza de su Estado, incluyendo de su Estado del Bienestar, uno de los menos financiados de la UE-15. Y su nacionalismo uninacional se muestra también en la gran centralización del Estado (responsable del 50% del gasto público, siendo los municipios responsables solo de un 13% y las autonomías de un 32%). Y cuando en 2010 hubo un intento de redefinir esta relación, reconociendo el carácter plurinacional del Estado a través del Estatuto de Autonomía catalán (aprobado por el Parlament, por las Cortes y por el pueblo catalán en referéndum), este fue vetado por el Tribunal Constitucional (TC), iniciándose así el surgimiento del movimiento independentista como respuesta a la falta de sensibilidad por parte del Estado hacia la plurinacionalidad. Y desde entonces las crisis interterritoriales han sido el centro del debate político entre fuerzas que, por lo demás, han apoyado un mismo proyecto neoliberal.

Una vez más, el tema nacional ocultó el tema social: las elecciones en Andalucía

Lo que llamó la atención en las elecciones de Andalucía fue el enorme protagonismo que el tema nacional tuvo en el debate electoral, en el que las derechas (el PP y Ciudadanos), máximas valedoras del españolismo uninacional, llevaron la iniciativa, definiendo el terreno de la lucha electoral. En esta campaña sus dirigentes estatales (los Sres. Casado y Rivera) jugaron un papel clave, interesados en utilizar "la defensa de la unidad de la patria" para atacar al gobierno del PSOE y a su aliado Unidos Podemos (UP), presentándolos casi como "traidores a la patria". En realidad, de haberse centrado la campaña en el tema social, el debate hubiera girado en torno al presupuesto del gobierno del PSOE y de su aliado UP (que había sido el elemento clave en la preparación de tal presupuesto), unas cuentas que significarían una reversión muy notable de las políticas de austeridad, con una notable expansión del gasto público entre otras medidas sumamente urgentes y necesarias, como es el empoderar a las autoridades locales para poder resolver el enorme drama de la vivienda.

La escasa visibilidad de los respectivos dirigentes estatales en las campañas de las izquierdas andaluzas diluyó el espacio social en la campaña electoral, pues del presupuesto del Estado apenas se habló. Este alejamiento de los partidos de izquierda andaluces de sus compañeros y compañeras estatales fue resultado de un deseo de Susana Díaz y de Teresa Rodríguez y sus equipos, que querían distanciarse de tales dirigentes y de las políticas de tales partidos (PSOE y UP), subrayando su autonomía. Este distanciamiento les perjudicó electoralmente, pues dificultó el debate sobre el tema social, ya que evitó, como he indicado antes, que la campaña se centrara en el presupuesto propuesto por el gobierno Sánchez y realizado conjuntamente con UP. En caso de que el debate se hubiera centrado en el tema social a nivel estatal, el PP y C’s hubieran sido mostrados por lo que ambos son: los instrumentos del 15-20% de la población, incluyendo en Andalucía.

Susana Díaz perdió casi 400.000 votos. Representaba la derecha del PSOE, que echó a Sánchez para poder investir a Rajoy como presidente, que defendió con mayor ahínco la aplicación del 155 en Catalunya, que rompió con IU y se alió con Ciudadanos, y que siempre mostró su gran hostilidad hacia Podemos. Y en la campaña se distanció de la dirección del PSOE, y apenas tocó el tema social, principal debate a nivel del Estado, un presupuesto que representaría una revisión de las políticas de austeridad que ella misma ha aplicado en Andalucía.

Adelante Andalucía perdió casi 300.000 votos, recabando menos votos que la suma que Podemos e IU había aglutinado en las anteriores elecciones andaluzas. Como Susana Díaz, también se distanció del equipo dirigente estatal, entre otras razones para enfatizar su autonomismo. Su énfasis en señalar su identidad andaluza era su respuesta al nacionalismo españolista de las derechas. Pero al poner el tema nacional en el centro de su estrategia, le hicieron el juego, sin darse cuenta, a la derecha nacionalista españolista, desaprovechando la oportunidad de criticar a tal derecha estatal y andaluza por su oposición a la propuesta de presupuestos de la izquierda a nivel estatal. Al establecer esta dicotomía estatal versus autonómico diluyeron el mensaje social, pues gran parte de la crisis social se debe a intervenciones a nivel estatal (aprobadas también por las oligarquías andaluzas con las que Susana Díaz ha colaborado activamente).

En cierta manera reprodujeron la estrategia de las izquierdas catalanistas soberanistas, no independentistas (como En Comú Podem), que ganan en las elecciones estatales pero pierden (y mucho) en las autonómicas. El tema social andaluz y el catalán vienen determinados en su gran mayoría por políticas públicas que se realizan a nivel estatal (con el apoyo de las derechas andaluzas y catalanas, sean o no secesionistas). De ahí la importancia de que las izquierdas muestren la complicidad de las derechas autonómicas con las derechas estatales. Se tenía que haber mostrado que detrás del conflicto de banderas hay una conjunción de intereses de clase, que coinciden en la aplicación de las mismas políticas neoliberales. Y ello no puede hacerse sin que las izquierdas autonómicas y estatales se coordinen y complementen sus estrategias. No hacerlo es permitir el monopolio de lo estatal por parte de las derechas. Y esto es lo que ocurrió en Andalucía. Al no tocar el tema estatal (que hubiera sido el presupuesto social), el debate se centró en el tema nacional, dirigido por las derechas.

Una consecuencia de ello fue no solo la pérdida conjunta de casi 700.000 votos, sino la abstención del 41,35% de los electores. En realidad, las derechas (PP, C’s y Vox) consiguieron solo 1,8 millones de votos (de un electorado de más de 6 millones). Ello significa menos de un 30% del censo, y menos de un 7% del censo para Vox (que está beneficiándose enormemente de la visibilidad mediática que recibe, la cual ignora que no es más que la versión extrema de lo que las derechas llamadas constitucionalistas han sostenido). En realidad, la noticia principal no fue este 7%, sino el 41,35% que se abstuvo: la mayoría de las clases populares.

El previsible buen resultado de Vox es una consecuencia de la creciente radicalización de las derechas españolas en respuesta al proceso secesionista en Catalunya y a la aparición de una fuerza política a nivel de toda España que, además de tener una visión plurinacional de esta, tiene una clara identidad republicana, con propuestas y vocación transformadora de la estructura de poder en España, que pone el tema social en el centro de su estrategia. De ahí la enorme hostilidad hacia una nueva visión de España, poliédrica en lugar de radial, republicana en lugar de monárquica, con vocación transformadora, que exige justicia social y auténtica democratización política y económica del país. La derecha española, claramente enraizada en la cultura franquista, se ve amenazada, lo que explica su agresividad. Que utilice el eslogan de querer defender la igualdad de todos los españoles carece de credibilidad, pues su políticas neoliberales –el eje de su programa económico y social– es la mejor prueba de que su gobierno aumentaría todavía más las desigualdades creadas ya por el PP y C’s, a nivel de clase social, de género, de raza, de nación, de idioma y de de orientación sexual, entre otros. Han sido precisamente las políticas neoliberales las mayores responsables del crecimiento de las desigualdades entre españoles. Así de claro.