La abogada e integrante de la Correpi analizó las novedades en la causa de los comunicadores de la Red Nacional de Medios Alternativos heridos con balas de plomo por la Policía Metropolitana el 13 de marzo de 2013, durante uno de los intentos de desalojo de la Sala Alberdi: La identificación de los efectivos que dispararon y la maniobra de la jueza Vilma López de remitir la causa a un juzgado de menores, justificando el accionar policial enmarcándolo en una supuesta legítima defensa. Por La Retaguardia.



“En este año que transcurrió desde la madrugada del 13 de marzo de 2013 cuando se produjeron los disparos con balas de plomo, no sólo hemos logrado identificar al personal de la Policía Metropolitana que presuntamente disparó, dos oficiales y el jefe que los comandaba en el grupo que se adelantó y que es el que aparece en los videos que los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos han difundido y que acompañan al expediente siendo la base material sobre la que se fundamente nuestra acusación, sino que también hemos imputado a dos funcionarios de la Policía Federal, el jefe de la comisaría 3ª y el jefe de la Dirección General de Operaciones de esa fuerza, que es el organismo de la Policía Federal que desde la sala de situación del Departamento de Policía controla y dirige todo lo que tiene que ver con operativos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, uno de imputados es el personaje que vino a reemplazar al conocidísimo (Hugo Ernesto) Lompizano (comisario condenado con una pena menor en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra e imputado por la represión en el Parque Indoamericano)”, explicó la abogada María del Carmen Verdú en diálogo con La Retaguardia.

Verdú es quien representa a los dos heridos en aquella madrugada que se han presentado como querellantes en esta causa, Esteban Ruffa y Germán Darío de los Santos, integrantes de ANRed y DTL! respectivamente, dos colectivos que pertenecen a la RNMA. El tercer herido es Mario Fumaroni de la Biblioteca Popular Los Libros de la Esquina, que decidió no constituirse como querellante.

En relación a los dos efectivos de la Metropolitana identificados, Verdú afirmó que durante la madrugada del 13 de marzo de 2013 utilizaron sus armas largas reglamentarias de la fuerza: escopetas Mossberg calibre 12/70, que coinciden, tal como lo demuestran las pericias médicas, con las heridas recibidas por Ruffa, De los Santos y Fumaroni: “el único proyectil que tenemos disponible desde la querella está incrustado en la tibia de Esteban ““continuó la letrada”“, y los médicos todavía no han autorizado su remoción porque le causaría un grave perjuicio físico. Además, hay un tercer proyectil que hirió a Mario Fumaroni, que si bien no se constituyó como querellante por una decisión política de su organización, sí está considerado como víctima en el mismo expediente y obviamente es prueba sobre la que estamos trabajando”.

Según explicó la abogada a La Retaguardia, aún falta establecer cuál de los disparos es el que impactó en los compañeros, para lo que está en trámite una pericia en la Dirección de Policía Científica de Gendarmería: “es bastante compleja y va a durar bastante tiempo, está basada no solamente en las imágenes sino en el sonido que nos permite establecer la trayectoria del disparo, con técnicas bastante sofisticadas de triangulación”.

El rol de la Federal

En cuanto al rol de los dos funcionarios de la Policía Federal, Verdú manifestó que si bien no intervinieron en forma directa en la represión, se les está imputando que en pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo (es decir, que personal policial de la Metropolitana disparaba con balas de plomo sobre personas indefensas) no solamente omitieron intervenir, única imputación con la que coincide el fiscal de la causa; sino que además formaron parte de un anillo de contención, al igual que sucedió en la represión en Hospital Borda y en el Parque Indoamericano: “se advierte entonces de qué manera todas las grandes efervescencias de peleas entre el gobierno nacional y el de la Ciudad se diluyen cuando del otro lado estamos nosotros, los enemigos tanto de unos como de otros, porque en definitiva representamos lo que tanto para el gobierno nacional como para el de la Ciudad es el cuco, trabajadores, el pueblo organizado y reclamando por sus derechos”, agregó la letrada.

La defensa de la legítima defensa

Otro de los puntos que María del Carmen Verdú marcó respecto a la actual situación de la causa, es la actuación de la jueza de instrucción Vilma López: “un nombre que seguramente suena porque es la magistrada que tuvo a su cargo la instrucción ni más ni menos que de la causa Ferreyra. Cuando lo asesinan a Mariano Ferreyra, una de las primeras cosas que denunciamos desde Correpi fue que la jueza se negaba y se negó sistemáticamente mientras intervino en la causa a investigar en forma conjunta la conducta de la patota dirigida por (José) Pedraza y auspiciada por la empresa, con los policías, entre ellos la Dirección General de Operaciones de Lompizano y los demás policías de la división ferroviaria. En cambio, lo que hizo fue dividir la causa y mandar a investigar la conducta policial a un costadito, como una cuestión menor, delitos de omisión, delitos culposos, una simple falta de servicio, y no como parte del plan criminal que tuvo el objetivo de disciplinar a los tercerizados y a las organizaciones que los acompañaban con el resultado de la muerte de Mariano y las lesiones a los demás compañeros”.



En diálogo con La Retaguardia, Verdú advirtió que en esta causa, la jueza López está haciendo exactamente lo contrario: “en lugar de decir que por un lado tenemos que investigar a los policías y por el otro cualquier otra cosa que haya que investigar, sacó de la galera la causa iniciada en la noche del 12 de marzo, varias horas antes de que se produjeran las heridas a los compañeros, cuando comenzó el operativo policial y cuatro chicos fueron detenidos acusados poco menos que de romper media Ciudad de Buenos Aires, desde una garita en la esquina de los Tribunales de Talcahuano y Uruguay hasta el propio Centro Cultural General San Martín en Sarmiento y Paraná. Entre estos cuatro pibes que fueron detenidos alrededor de las nueve y media de la noche había un menor de edad; tengo muy en claro los horarios porque el grupo de militantes de Correpi que estábamos allí haciendo el aguante nos dividimos y una parte se fue a la comisaría a reclamar la libertad de estos cuatro chicos y la otra parte se quedó con los compañeros de la Asamblea de la Sala Alberdi. La represión fue unas cuantas horas después. De hecho ahí nosotros tenemos un elemento preciosísimo gracias a la habilidad y el compromiso profesional de la RNMA porque tanto el Polaco (De los Santos) como Esteban estuvieron sacando fotos y filmando hasta último minuto. En el caso de Esteban hay una foto que toma unos segundos antes de recibir el disparo, y cuatro minutos después ya puesto a resguardo por los compañeros que lo auxiliaron en otra esquina ya casi sobre la 9 de Julio, se saca una foto de su propia herida. Entre esas dos fotos hay cuatro minutos de diferencia. Esto es algo que no se puede truchar, es el sistema de datación de la propia cámara de fotos, y esto nos ubica ya largamente pasadas las 23.45, mientras que las detenciones fueron a las 21.30. Lo cierto es que lo que hace la jueza es decir que esto es un mismo hecho histórico, un mismo objeto procesal y por lo tanto la conducta policial tiene que ser analizada en el mismo marco en que se está investigando la responsabilidad de estos muchachos por haber roto vidrios, ensuciado pinturas, destrozado la garita, etc. pero lo más grave del asunto es que además de desprenderse de la competencia y mandar la causa de las heridas de balas a tramitar en el juzgado de menores donde está la causa contra los cuatro chicos, tres mayores y un menor, lo que dice en su despacho es que en realidad como uno de los policías identificados como quien pudo haber disparado, Acosta, además es quien aparece como uno de los presuntos lesionados en la causa contra los otros cuatro muchachos, entonces seguramente hay una causal de justificación que analizar, y ya le dice al juez de menores que tiene que estudiar y resolver sobre las lesiones de los compañeros de la RNMA pensando que los pobres policías se estaban defendiendo”.

De todos modos, Verdú remarcó que lo más grave es que la jueza López, al mismo tiempo que se desprende de la causa, le dice al juez de menores qué es lo que tiene que hacer: “es por esto que ya hemos interpuesto un recurso de apelación contra esta resolución y estamos a la espera de que se fije fecha de audiencia en la Cámara para de esa manera poder expresar los fundamentos por los cuales creemos, por un lado, que deben ser analizados de forma independiente como hechos independientes, por un lado, la presunta conducta que pudieron haber tenido estos cuatro pibes, que sabemos porque estábamos allí que fueron detenidos al azar entre los centenares que estaban haciendo el aguante a los compañeros de la Asamblea de la Sala Alberdi, y por el otro lado la conducta francamente criminal de policías en servicio disparando con balas de plomo contra periodistas y contra el conjunto de manifestantes; pero además lo que estamos solicitando de la Cámara es que en caso de que esta posición sea tenida en cuenta y la causa permanezca en el juzgado de instrucción sea apartada la doctora López del trámite porque ya ha prejuzgado y manifestado que de acuerdo a su entender esta es una situación de legítima defensa”, aseveró Verdú.

En este sentido, la abogada remarcó que con este accionar la jueza López está abriendo la puerta a la típica defensa policial: “la legítima defensa o a lo sumo un exceso en la legítima defensa porque en definitiva le pegaron a dos periodistas y no a quien supuestamente les tiró un piedrazo, pero que con ese piedrazo pretenden habilitar la legitimidad del disparo policial”, especificó.

Esta es una estrategia que se utiliza habitualmente para llevar a archivo y/o sobreseimiento a la enorme mayoría de las causas por gatillo fácil y fusilamientos en los barrios: “lo hacen a partir de dibujar estas situaciones de legítima defensa, que en realidad no tiene absolutamente nada que ver con lo que técnicamente uno considera o puede considerar legítima defensa”, agregó Verdú, quien aseguró además que en este punto entra a jugar lo que la doctrina judicial tiene elaborado en materia de legítima defensa cuando el imputado es un uniformado, un integrante del aparato represivo estatal. Para ejemplificar esta afirmación recordó el caso de Marcelo Bogado, asesinado en Villa Tesei por el policía bonaerense José Luis Díaz en mayo de 2004: “el pibe estaba tirado boca abajo esposado a la espalda, el policía Díaz tenía su pata derecha aplastándole la espalda y el arma en la mano; el pibe levantó la cabeza y lo puteó, y el policía disparó. La bala le entró a Bogado por la nuca, y para los jueces del Tribunal Oral Número 4 de Morón eso fue una situación de exceso en la legítima defensa. Del juicio oral, el policía salió caminando, con una pena en suspenso, e incluso antes que los padres de la víctima y los militantes de Correpi que los acompañaban”.

Para Verdú, toda esta situación va más allá del hoy tan debatido Código Penal, las posibles leyes aprobadas por los legisladores o incluso el accionar de la justicia: “es un problema que tiene directa relación, diría una relación fundacional, con el tipo de sistema en el que vivimos. Mientras vivamos en una sociedad dividida en clases, mientras la represión sea la herramienta necesaria para profundizar la explotación y la opresión, estas cosas van a pasar en Tribunales, porque los Tribunales no son nuestros, son de ellos”, cerró.

María del Carmen Verdú y su análisis de las novedades de la causa por la represión con balas de plomo durante el intento de desalojo de la Sala Alberdi, en el que actuaron en conjunto las policías Metropolitana y Federal. Una causa que los medios tradicionales, los que protegen a Macri y los que dicen enfrentarlo, siguen sin reflejar.