La forma en que Ciudadanos (C’s) recurre a las asignaciones económicas de sus grupos de concejales en los grendes y medianos ayuntamientos españoles está ya en manos de la Justica desde hace varias semanas. La Plataforma por las Garantías Ciudadanas, que agrupa a ex afiliados y ex cargos internos y públicos de este partido en toda España –algunos de ellos todavía pendientes de expulsión–, presentó a principios del mes pasado una denuncia por estos mismos hechos ante la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Al principio del propio escrito, que fue presentado en este órgano el pasado 2 marzo, los denunciantes acusan a Ciudadanos de un posible «delito de financiación ilegal u otro tipo de delito contra la Administración Pública», por entender que es irregular que este partido financie sus campañas electorales con el dinero que muchos ayuntamientos conceden cada año a sus respectivos grupos de concejales para sus gastos de funcionamiento.

Muchos de los miembros de esta plataforma son personas que, tras presentarse en las listas de C’s a las pasadas elecciones municipales, han tenido importantes enfrentamientos con la dirección del partido, que decidió expulsarlos del mismo, pero que no ha podido quitarles su acta de concejal, toda vez que éste pertenece a la persona y no al partido. LA RAZÓN ha contrastado con varios de ellos en ayuntamientos de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura el «modus operandi» de Ciudadanos para obligar a sus candidatos electorales y después concejales a destinar las asignaciones locales al pago de las campañas electorales.

La propia denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción aporta numerosa documentación sobre los protocolos y procedimientos de C’s para dar instrucciones a sus concejales sobre cómo centralizar ese dinero en cuentas de una sola sucursal bancaria de Madrid en las que figuran como apoderados el número del partido, José Mnauel Villegas, y el responsable de Finanzas, Carlos Cuadrado. Algunos de los ejemplos en los que se apoya esta denuncia son los grupos municipales de C’s en ayuntamientos como Jaén, Villarreal y Castellón, además de la diputación de esta misma provincia.

Por todo ello, esta plataforma insta a la Fiscalía a que abra dilegencias de investigación para «ejercer la acción penal ante los tribunales» tras la «investigación y determinación de los hechos penalmente relevantes y de los autores de los mismos».

Entre las diligencias que los denunciantes solicitan a esta Fiscalía destaca su petición de que se tome declaración al vicesecretario general de C’s, Juan Carlos Villegas, y al secretario de Finanzas, Carlos Cuadrado, «con el fin de que expliquen el fin y el destino que dan a las cantidades que los distintos ayuntamientos, parlamentos autonómicos y/o diputaciones provinciales ingresan en las cuentas abiertas» en la sucursal del Banco Popular en Madrid donde se centralizan todos estos ingresos con los dos anteriores como apoderados.

Con fecha de entrada de 2 de marzo.

La denuncia presentada por la denominada Plataforma por las Garantías Ciudadanas lleva menos de dos meses en la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, que de oficio abre unas primeras diligencias de investigación para determinar después si continúa con ellas o si rechaza la causa, momento en el que informa de ello a las partes afectadas