BUENOS AIRES (AP) — Un tribunal juzgará desde el 5 de agosto al sacerdote italiano Nicola Corradi y al cura argentino Horacio Corbacho por el supuesto abuso de niños sordos en la provincia argentina de Mendoza, un caso que generó un gran escándalo dentro y fuera del país.

En el banquillo también estará sentado Armando Gómez, quien hacía trabajos de jardinería en el Instituto Antonio Próvolo para hipoacústicos donde ocurrieron los supuestos abusos, situado en las afueras de la ciudad de Mendoza y a unos 1.000 kilómetros al oeste de Buenos Aires.

El octogenario Corradi y Gómez están acusados de seis delitos sexuales cada uno y Corbacho de 16 casos, dijo el jueves a The Associated Press Juan Manuel Lavado, abogado de algunas de las víctimas.

En noviembre de 2016 salieron a la luz los delitos sexuales presuntamente cometidos por los dos curas, una monja y dos civiles a una veintena de alumnos menores de edad del instituto para sordos, lo que llevó a la clausura del establecimiento.

Este es el primer tramo de la causa que irá a juicio. Más de una docena de personas están procesadas como supuestas autoras de los delitos o encubridoras.

Uno de los acusados fue declarado inimputable mientras que Jorge Bordón, que actuaba como monaguillo, admitió su culpabilidad en 2018 en un juicio abreviado y fue condenado a 10 años de prisión.

Las sospechas sobre Corradi se hicieron públicas en 2009 cuando decenas de sordos italianos del Instituto Antonio Próvolo de Verona dijeron haber sido abusados por religiosos desde la década de 1950. La lista de abusadores fue publicada en internet y especificaba que el sacerdote italiano estaba en Argentina.

El nombre del cura volvió a aparecer en una carta dirigida al papa Francisco en 2014 en la que las víctimas italianas le hacían notar que Corradi estaba en Argentina desde los años ochenta. Sin embargo, continuó dirigiendo el instituto para sordos en Mendoza hasta que a fines de 2016 el caso se hizo público.

Semanas atrás, activistas argentinos y de Estados Unidos que reclaman al papa tolerancia cero para los abusadores en su país natal exigieron la pronta celebración del juicio a los religiosos acusados.

En esa ocasión Anne Barret Doyle, codirectora de BishopAccountability.org, dijo a AP que esa y otras organizaciones querían acompañar el clamor por justicia de las víctimas del Próvolo. “El papa Francisco les debe una disculpa por su complicidad y silencio. Las víctimas italianas le advirtieron durante años que Corradi y otros trabajaban con niños en Argentina”, dijo.

La campaña de los activistas se desarrolló dos meses después de la histórica cumbre realizada en el Vaticano en la que Francisco promulgó nuevas normas para combatir el abuso en la Iglesia.

Hasta 2017 la AP compiló una lista de 66 sacerdotes, monjas y otros religiosos que desde 2001 han sido acusados de abusar de docenas de personas. La cifra se obtuvo a partir de testimonios de las víctimas, documentos judiciales y eclesiásticos y reportes de medios locales corroborados con la base de datos de BishopAccountability.org. En varios casos no hubo investigaciones canónicas ni judiciales.