CIUDAD DE MÉXICO. La Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana (FCARM) denunció que la administración pública federal utiliza cada vez más a diversas instituciones de educación superior y a organismos públicos descentralizados como prestadores de servicios profesionales relacionados con la obra pública, lo que genera un escenario de triangulación de recursos y la utilizacion de personal sin título o cédula profesional.

Esos servicios contratados, señala la FACRM en un comunicado, "no cuentan con el fin, la misión, la vocación, el perfil y la estructura profesional para desarrollarlos y caen en el delito de suplantación del ejercicio de la práctica profesional de la arquitectura en México".

La Federación -que agremia a todos los Colegios de Arquitectos de México, que son 73 actualmente-, dice que hace un año también denunciaron estos hechos, pero que ahora son cada vez más comunes.

"Sabemos que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) acordó con la UNAM llevar a cabo proyectos diversos a través de la Facultad de Arquitectura, lo que es una clara maniobra similar a la 'Estafa Maestra', ya que se están repitiendo estas prácticas con la parte académica y no con los profesionales", acusa Aldo Paul Ortega Molina, presidente de la FCARM.

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"Una gran parte de estas instituciones de educación superior y de organismos públicos descentralizados ejercen la práctica profesional de la arquitectura y el urbanismo como mecanismo alterno para obtener recursos económicos, con base en una triangulación de recursos públicos, siendo contratados por funcionarios, autoridades y representantes de las diversas dependencias e instituciones que integran la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal (gobierno federal, estatal y municipal)", agrega el directivo.

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La 'Estafa Maestra' se trata de una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que evidenció cómo la Sedatu y la Sedesol -durante la administración de Enrique Peña Nieto- desviaron recursos a través de convenios celebrados entre diversas entidades y universidades públicas mediante la subcontratación de empresas privadas, algunas de ellas catalogadas como fantasma por el Sistema de Administración Tributaria.

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La FCARM explicó que los servicios que contrata el Gobierno federal están relacionados con la planeación territorial, desarrollo urbano, movilidad, medio ambiente, planes maestros, diseños de anteproyecto y desarrollo de proyectos ejecutivos, así como actividades de campo como la supervisión y la dirección técnica y arquitectónica de obra, servicios que se engloban dentro de la práctica profesional de la arquitectura, el urbanismo, paisajismo y algunas ramas afines.

Ortega Molina agregó que para proporcionar los servicios contratados, las instituciones utilizan a "estudiantes, profesores e incluso extranjeros, bajo argumentos de apoyo al servicio social, de extensión universitaria o de colaboración y asesoramiento institucional". Ello, dijo, además de restar a la viabilidad laboral y económica de quien sí es profesional, genera un daño económico al Estado.

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El proyecto acordado entre la Sedatu y la UNAM, aclaró el directivo, se trata del programa de mejoramiento urbano para zonas urbanas marginadas del país, lanzado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se trata de 104 proyectos para mejorar zonas marginadas en ciudades fronterizas y turísticas.

Por ello, la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana llamó en su comunicado a que las instituciones y autoridades respectivas de los diferentes niveles de gobierno federal, estatal y municipal, así como a los órganos desconcentrados, se apeguen al marco legal correspondiente, e invitó a sector de la construcción y la educación a denunciar quien ejerza profesiones que requieren título y cédula.

