México ocupa el primer lugar en América Latina del Índice Global de Esclavitud 2014 con al menos 266 mil 900 personas víctimas y en ese contexto organizaciones civiles denuncian que en al menos 18 estados del país los jornaleros agrícolas trabajan en condiciones de constante violación a sus derechos fundamentales.

La organización Walk Free, con sede en Australia, denunció que la esclavitud sigue siendo una realidad global y que la laboral ocupa un papel privilegiado entre los tipos de esclavitud que todavía se ejercen.

México aparece en el lugar 18 del ranking mundial de esclavitud de entre 166 países. Lo superan India, China, Pakistán, Uzbekistán, Rusia, Nigeria, la República Democrática de Congo, Indonesia, Bangladehs, Tailandia, Sudán, Egipto, Etiopía, Tanzania, Iraq, Irán y Vietnam.

Según el informe con el Índice Global de Esclavitud, en México los sectores formales que más se benefician de ésta son los agrícolas, minero y de turismo.

En ese sentido, la Red de Jornaleros Agrícolas denunciaron el viernes que la explotación laboral de jornaleros alcanza a dos millones de personas que trabajan en campos o fincas de Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Estado de México y Chiapas.

El 90% de los trabajadores de esos campos no cuentan con un contrato formal de trabajo y laboran al menos 15 horas al día, aunque la Ley Federal del Trabajo señala como jornada legal una de hasta ocho horas.

“En promedio, la jornada media laboral de los jornaleros agrícolas es de 57 horas para los hombres y 65 para las mujeres”, denuncian oranizaciones civiles.

Las condiciones de hacinamiento en la que viven estos trabajadores ha provocado que de 2007 a marzo de 2015 al menos 40 niños hayan muerto en campos agrícolas ya sea por accidentes de trabajo, atropellos, picaduras de insecto, desnutrición o falta de atención médica, según un registro del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

Los datos también muestran que más de la mitad de los trabajadores de esos campos y fincas son originarios de los estados más pobres de México como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Sobre el papel de las autoridades para combatir la esclavitud laboral en casos como el de jornaleros agrícolas, el Índice de Esclavitud Global señala que México obtiene una calificación ‘B’, en una escala AA-D; pues la respuesta del gobierno todavía no es la adecuada, con tendencia a criminalizar a las víctimas y no apoyarlas.

En México, entre el 21 y 22 de marzo se rescató en Colima a 49 jornaleros indígenas originarios de Guerrero que recibían tres pesos por una cubeta de pepino recolectado, por lo que por más de doce o quince horas de trabajo no alcanzaban a juntar el salario mínimo.

Según el reporte de la Secretaría de Trabajo, los jornaleros vivían en condiciones deplorables sin acceso a agua potable, alimentos, trajes protectores contra pesticidad o fertilizantes; baños o letrinas.

Pero además, en el norte del país, en Baja California, se mantiene una huelga laboral que inició el 17 de marzo pasado cuando los jornaleros del valle de San Quintín exigieron a los empresarios agrícolas sueldos justos por su labor; además de prestaciones como vacaciones, aguinaldo y afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La Red de Jornaleros Agrícolas insiste en que las condiciones laborales del Valle de San Quintín es un ejemplo de lo que ocurre en todo el país con el trabajo en el campo y fincas.

“La pobreza y marginación que prevalece en las comunidades campesinas e indígenas es una de las condiciones que propicia la vulnerabilidad de los derechos de las y los Jornaleros Agrícolas migrantes. Esta población debe abandonar sus comunidades de forma estacional, temporal o permanente para buscar empleos en el sector agrícola, dado que es la única oportunidad que les llega. Esta situación es aprovechada por la agroindustria para dar escasas o nulas condiciones sociales y laborales a estos trabajadores”, señala la Red.

Los jornaleros de San Quintín exigen un pago mínimo por jornada de 300 pesos, de los 100 que reciben actualmente. En las mesas de negociación, además de los trabajadores y empresarios agrícolas participan autoridades estatales y locales interesadas en acabar con el conflicto laboral que tiene paralizada la actividad económica de la región.