Un juez del estado de California ha decretado este viernes que el Gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump, debe pagar los costes que supongan reunir a los padres inmigrantes con sus hijos, después de que fueran separados por funcionarios en la frontera entre Estados Unidos y México, en lugar de obligar a los indocumentados a asumir los costes de los viajes.

El Gobierno de Estados Unidos está trabajando a contrarreloj para unir a unos 2.000 niños con sus padres, que fueron detenidos y separados en el marco de la política de "tolerancia cero" de Trump para desalentar la inmigración ilegal. "No tiene sentido que cualquiera de los padres que han sido separados paguen algo", ha emplazado la juez de distrito Dana Sabraw, que ya el mes pasado ordenó que los menores debían ser devueltos a sus progenitores antes del 26 de julio durante una audiencia en San Diego.

El Gobierno ha incumplido esta semana un plazo para entregar los niños más pequeños a sus padres. Trump ha convertido sus duras políticas sobre inmigración en una parte central de su Presidencia. Su Gobierno tomó la decisión de separar a las familias como parte de sus esfuerzos por disuadir la inmigración ilegal, pero cedió a la intensa presión política y dio marcha atrás con la normativa el pasado 20 de junio.

Un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su siglas en inglés), que también ha demandado al Gobierno por las separaciones de familias inmigrantes, garantizó durante la audiencia que las autoridades estaban diciendo a los padres indocumentados que debían pagar por sus viajes. A un padre le pidieron 1.900 dólares para llevarlo donde su hijo, según documentos judiciales de ACLU.

La abogada del Gobierno de Trump, Sarah Fabian, ha declarado que la orden del juez de pagar las reunificaciones supone "una enorme petición para el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS)", encargado de la financiación de este tipo de programas.

Fabian ha explicado que esas decisiones se llevan a cabo en el terreno, agregando que el HHS, que organiza el alojamiento de los menores detenidos, tiene recursos limitados. "El Gobierno hará que esto suceda", ha asegurado Sabraw.

El juez también accedió a imponer un plazo límite para que el Gobierno entregue detalles sobre los esfuerzos de reunificación. La administración ha dicho que sus esfuerzos se han visto retrasados debido a la necesidad de realizar pruebas de ADN y revisiones de antecedentes penales a los padres, y para determinar si están en condiciones de cuidar a sus hijos.