La recién aprobada reforma al Código Penal de Tabasco, conocida como 'Ley garrote', levanta voces a favor y en contra de diversos sectores de la sociedad.

La reforma aprobada el lunes sanciona con hasta 20 años de cárcel a movilizaciones y protestas que impidan la ejecución de obras públicas o privadas que cuenten con autorización para su ejecución o que busquen extorsionar o imponer cuotas para el tránsito.

En caso de presentarse con violencia o utilizar a menores de edad en la protesta, la sanción puede elevarse hasta 19.5 años, según la reforma aprobada por el Congreso del Estado.

Sin embargo, despertó desconfianza de diversos sectores de la sociedad porque originalmente contemplaba sancionar con esa pena a las movilizaciones que obstruyeran las vías de comunicación e impidieran el tránsito de vehículos y transporte público.

Durante la sesión del lunes, dicha medida se modificó para que la pena se estableciera por obstruir el paso solo en caso de tratarse de la ejecución de obras públicas y privadas y además "extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas o impida total o parcialmente el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar".

Fuente: M. Albert Hernández

En contra

En tanto, el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) señaló que junto con organizaciones de la sociedad civil integrados en la red Todos los Derechos para Todas y Todos, promoverán una acción de inconstitucionalidad contra la llamada "Ley Garrote".

El coordinador jurídico del Codehutab, Efraín Rodríguez León, indicó que el recurso se presentará antes de los 20 días de plazo y ya hay contacto con Centro Pro, Artículo 19 y otras organizaciones con experiencia en estos casos y a la vez se solicitará por escrito que lo haga la CEDH.

Para el Codehutab, dijo, la reforma es represiva incluso con la modificación hecha al artículo 308 bis del Código Penal, pues habla de castigar quien impida algún trabajo en petición de dádivas, trabajo o dinero.

"Y no hay que perder de vista que cuando los campesinos son víctimas de las empresas que le contaminan su medio ambiente, piden que se les pague el daño causado y eso para el gobierno es dádiva; o que les arreglen los caminos", expuso.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, informó que revisan dicha ley, porque no se puede permitir ningún lineamiento que limite el derecho a la manifestación, a la expresión política y a las libertades.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, expresó su rechazo a la norma, pues consideró que “es paradójico” ver cómo quien hace 26 años tomó pozos petroleros y hace 13 años Paseo de la Reforma, como es López Obrador, ahora avale la represión a la libertad de manifestación.

Fuente: Cortesía.

A favor

El gobernador de la entidad, Adán Augusto López Hernández, dijo que está lista la defensa jurídica para defender la reforma, ante la posibilidad de que sea impugnada con alguna acción de inconstitucionalidad por parte de algún partido político u organismo de derechos humanos.

“Desde luego, como todo, es parte del proceso legislativo el que puedan interponer alguna acción o impugnar, nosotros estamos preparados para evidentemente defenderla”, apuntó.

Señaló que con esto se cuenta con una herramienta para garantizar la seguridad en la inversión. Refirió que quienes argumentan que la iniciativa fue para impedir atrasos por bloqueos en la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, ni siquiera han leído el contenido de lo aprobado por el Congreso durante la víspera.

Igualmente, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respaldó las reformas al Código Penal porque consideró que dará una lucha frontal contra la corrupción a través del delito de extorsión que realizan 'seudosindicatos' en los accesos a las zonas petroleras de Tabasco.

En un comunicado, la Coparmex Tabasco expuso que el estado es hoy primer lugar en el delito de extorsión en todas sus modalidades, derivado principalmente a que durante los últimos años se ha creado una industria de 'seudosindicatos'.

Subrayó que han mantenido secuestrado el libre tránsito a cambio de cuotas y el acoso tanto a empresas públicas como privada, cuyo costo llega a representar hasta el 15 por ciento del valor del proyecto.

De acuerdo a la agrupación patronal, la iniciativa no atenta contra la libre manifestación, sino contra la extorsión referida.

“Para los empresarios de Coparmex Tabasco, es imperativo dar una lucha frontal contra la corrupción, con el fin de salvaguardar las inversiones en Tabasco, que son las que generan fuentes de empleo, que tanto requiere Tabasco”, mencionó.