Por primera vez, Alejandro Vandenbroele pasará la noche en un domicilio reservado del programa de protección de testigos e imputados del Ministerio de Justicia, custodiado por la Policía Federal. Fue después de firmar el acta con el fiscal Jorge Di Lello solicitando ingresar a dicho régimen que contempla la nueva ley contra el Crimen Organizado.

Aún resta que declare como arrepentido ante la fiscalía y que el juez Ariel Lijo en caso de considerar que el aporte es relevante para el avance de la investigación, homologue el acuerdo y de por comprobados los dichos del presunto testaferro de Amado Boudou.

Las negociaciones comenzaron hace varios días. Como la primera vez que Vandenbroele buscó arrepentirse la medida no prosperó, ahora hubo más cautela. Cuando el juez Lijo detuvo a Amado Boudou y a José María Núñez Carmona en la causa por enriquecimiento ilícito, dejó abierta la posibilidad para que el próximo sea él. Entonces, volvió a avanzar en la idea que se materializó ayer con el fiscal Di Lello, cuando firmó el acta para ingresar al programa de imputado protegido.

Amado Boudou preso hace más de diez días. Foto Pedro Lázaro Fernández.

De jean, camisa color rosa y una carpeta bajo el brazo, Vandenbroele llegó minutos antes de las 14 a Comodoro Py. Se dirigió al quinto piso donde se encuentra el despacho de Di Lello. El comienzo de la charla fue una formalidad: comunicó que su abogado particular había renunciado y que ahora contaba con defensores oficiales en las tres causas en las que está imputado junto a Boudou.

El objetivo era otro: pedir ingresar al Régimen de Testigo Protegido al que se acogió Leonardo Fariña en la causa conocida como la Ruta del Dinero K.

La reunión en la fiscalía duró 90 minutos. Primero preguntó sobre su situación en las tres causas en las que está imputado: la más relevante es la compra de la calcográfica Ciccone, que está en instancia de juicio oral y al estar cerrada la instrucción, según fuentes judiciales "ya no puede aportar datos allí".

Sí en la causa en la que podría queda imputado que es "Ciccone 2" donde se investiga la ruta de dinero, es decir de dónde provinieron los fondos para el salvataje de la imprenta.

También está imputado por asociación ilícita y lavado de dinero en la causa por enriquecimiento ilícito y por la intervención de su empresa The Old Fund, en la renegociación de la deuda que la provincia de Formosa tenía con el Estado.

Comenzó ahora un largo proceso. Vandenbroele ya es parte del Régimen de Testigo Protegido y cuenta con la custodia de la Policía Federal, pero ahora se inicia la etapa de su arrepentimiento. La Ley del Arrepentido establece que el imputado que colabore con la investigación podrá "conseguir una reducción de pena, negociada previamente con la fiscalía, toda vez que en el proceso judicial se constate su veracidad de la información aportada".

Alejandro Vandenbroele pidió ingresar al Régimen de Testigo Protegido. Foto Pedro Lázaro Fernández.

Para dar cumplimiento a ello, el fiscal ya le fijó fecha (que es secreta) para que declare. De ello dependerá que se le dé la figura de arrepentido a cambio de información clave para avanzar en la causa. Según la ley deberá dar datos "únicamente referida a los hechos ilícitos de los que haya sido partícipe y a sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del imputado arrepentido".

La indagatoria será filmada y documentada. Después el fiscal Di Lello debe remitir todo el material al juez Lijo quien evaluará si la información proporcionada es verídica y relevante para la causa. En tal caso, el magistrado tiene un año para homologar el acuerdo que se firmó en la fiscalía. Allí se lo aceptará como "arrepentido" y podrá acceder a los beneficios del régimen ante una sentencia condenatoria.

Vandenbroele se retiró de Comodoro Py custodiado por la Policía Federal a las 19, después de reunirse con sus tres defensores oficiales y unificar la estrategia de cara a este nuevo escenario que podría complicar aún más a Boudou.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y el Ministerio de Justicia, que dirige Germán Garavano, extremaron las medidas de seguridad y le asignaron un nuevo domicilio: un hogar protegido con custodia permanente.

En agosto, Clarín había revelado en exclusiva que los abogados del operador habían iniciado consultas informales con la ministra de Seguridad, para saber si su cliente podía ser incluido en el programa de protección de testigos ya que temía ante "muchas amenazas" que recibía. Las conversaciones fracasaron porque habría pedido un millón y medio de dólares de sueldo.