El Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob) mediante la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, dio a conocer el perfil de los agresores en México.

Se trata de:

Varones con una edad promedio de 36 años

con una edad promedio de 36 años Estudios de secundaria

Mayormente pertenecientes al círculo familiar

De acuerdo con la dependencia se han identificado que los principales tipos de violencia contra las mujeres son:

Violencia psicológica, 44% de los casos

Violencia física, 26% de los casos

Violencia económica, 16% de los casos

Según los datos del Banavim la edad promedio de las mujeres víctimas de violencia es de 33 años.

Asimismo, detalló que el 93% de las agresiones se dan en el ámbito familiar sin importar el nivel de escolaridad; no obstante, aumenta de manera significativa cuando las mujeres pertenecen a alguna comunidad indígena.

Derivado de la información recabada, se sabe que la edad promedio de los agresores es de 36 años y su escolaridad es de secundaria, refirió Segob en comunicado.

La edad promedio de las mujeres víctimas de violencia es de 33 años. Foto: Notimex

Hasta el momento la Segob contabiliza casi 50 mil órdenes de protección emitidas por jueces y fiscalías para las mujeres víctimas de violencia

El desafío que enfrenta el país para erradicar esta problemática exige la participación activa y permanente de todas las autoridades responsables de garantizar que las mujeres accedan a una vida libre de violencia, así como el fortalecimiento del Banavim, fundamental para la aplicación de estrategias”, aseguró la secretaría.

¿Qué es el Banavim?

El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) crea expedientes electrónicos únicos para cada mujer en situación de violencia, salvaguardando la información personal recopilada por las instancias involucradas.

La dependencia genera un registro de datos sobre las Órdenes de Protección e identifica situaciones que requieran medidas gubernamentales de urgente aplicación en función de los intereses superiores de las mujeres en situación de violencia, que les permitan romper el silencio, alzar la voz, mirarse nuevamente y reconstruir su vida.

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