La protección a la infancia o la protección de las libertades sexuales son dos prioridades de los ministros de Unidas Podemos, hasta el punto que serán las dos primeras leyes que Pablo Iglesias e Irene Montero, vicepresidente de Derechos Sociales y ministra de Igualdad, respectivamente, lleven al Consejo de Ministros. Pero ambos han mantenido una posición más que prudente, tibia, en el escándalo de los abusos a menores tutelados de Baleares, amparándose en que el caso está judicializado. Esta posición distante ha sido criticada por PP y Vox. La respuesta de Iglesias, calificar a estos partidos de "indignos" y "repugnantes".

Tanto PP como Vox han acusado al vicepresidente segundo del Gobierno, que tiene bajo su departamento las competencias en derechos sociales y protección a la infancia, y por ende al Gobierno, de pasividad y de "negarse a investigar" el escándalo, estableciendo "víctimas de primera y de segunda". Un argumento compartido por las dos formaciones de derechas.

"Ustedes callan a dúo, desde infancia a igualdad -en alusión a Iglesias y Montero-. Unidas callamos. La respuesta [al escándalo] es votar no a las comisiones de investigación [en el parlamento balear]", ha expuesto la diputada del PP Margarita Prohens. Precisamente este martes, los partidos de la izquierda (PSOE, Més y Podemos) que gobiernan en Baleares han impedido con su voto la creación de una comisión de investigación en el Parlament. El escándalo alude a la existencia de una red de drogas y prostitución de niños internos en centros de menores.

"Prudencia", "hay una investigación en marcha y nos corresponde ser cautelosos", había sido hasta ahora la respuesta de la ministra Montero. Iglesias, en la sesión de control al Gobierno, ha pedido "por salud democrática" no hacer de este asunto "una disputa política". "Cuando se trata de defender a los niños de este país no debería existir color político en esta Cámara".

La Fiscalía de Baleares decidió incoar diligencias de investigación penal para abordar los presuntos casos de tráfico de drogas y prostitución de menores dependientes del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (Imas). Además, la Policía investiga los hechos y hace unos días detuvo a cuatro hombres, todos con antecedentes penales, por corrupción de menores y delitos contra la salud pública, al sospechar que podrían haber drogado y abusado sexualmente de menores con las que contactaban en diversos parques de Mahón (Menorca).

El vicepresidente ha afeado a la diputada Mireia Borrás, de Vox, que los acusara de criminalizar a los hombres. "Sus votantes son mucho mejores que ustedes y no van a entender nunca que en un tema como éste intenten sacar rédito político, intentar sacarlo de que niñas hayan sido violadas es repugnante, incluso para un fascista".

Las acusaciones de PP y Vox no han gustado al vicepresidente del Gobierno, que ha acusado a estos partidos de "descojonarse" mientras trataban el asunto y de "demostrar su profunda indignidad". Para el líder de Podemos, "ningún diputado" debe tener dudas de que hay que intervenir para impedir estas situaciones, pero no ha aludido a la posición de su partido -que, además, forma parte del gobierno balear- de no avalar una comisión de investigación parlamentaria. La diputada Prohens ha acusado a los diputados del PSOE y Unidas Podemos y a las "mujeres de izquierdas" de "callar y agachar la cabeza" en este asunto.

"Se les debería caer la cara de vergüenza. Mientras criminalizan a los varones con sus leyes ideológicas, hacen malabares para no condenar el abuso sistemático de menores en Palma de Mallorca. Han votado en contra de abrir una Comisión de Investigación y el único miembro de este ejecutivo que se ha pronunciado sobre el caso lo ha hecho para pedir "cautela"", ha expuesto Mireia Borrás, de Vox, que lo ha acusado de "hacer malabares" para no condenar. "La izquierda está más preocupada en ocultar sus vergüenzas que velar por el bien de los españoles".

Iglesias ha defendido acabar con los abusos a menores, "sean donde sean, en el seno de la familia o en el seno de la Iglesias católica que no han recibido por parte de la Administración la protección que debían".