La Junta de Control Fiscal (JCF) justificó ayer los salarios que paga sus miembros amparándose en que el ente tiene un sistema en el que se escoge a la persona y luego se negocea un monto basado en su carrera profesional y en los servicios que ofrecerá.

La respuesta surge luego de que los representantes demócratas en el Congreso José Serrano y Nydia Velázquez cuestionaran las políticas de gastos y desembolsos entre la junta, creada bajo la ley PROMESA.

En la carta enviada, fechada de ayer, el presidente del cuerpo, José Carrión III, aseguró que que la JCF "toma en serio" las acciones que hace con el dinero de Puerto Rico. Igualmente, precisa que hay un proceso para contratar y decidir cuánto se le pagará las personas que ofrezcan sus servicios.

De acuerdo con el ejecutivo, primero se hace público un documento en el que se detalle los servicios que se están buscando (Request for proposals o RFP) para llegar hasta los "candidatos más calificados que puedan proveer los servicios efectivamente y eficientemente". No obstante, Carrión reconoció que la JCF "casi siempre" entrevista a los candidatos antes de seleccionar uno.

Luego de la selección, Carrión aseguró que no se aceptan los términos económicos que se presentan de primer mano, sino que negocean un acuerdo.

Sobre el mismo tema, la JCF publicó ayer en su portal el salario anual de su "senior staff", acción que viene como producto de un pedido que el congresista Rob Bishop le hiciera en la vista congresional del pasado martes, 7 de noviembre.

Natalie A. Jaresko, directora ejecutiva – $625,000 Noel Zamot, coordinador de revitalización – $325,000 Jaime El Koury, asesor general – $225,000 Armando Silva, director de reestructuración de la deuda – $150,000 Miguel Tulla, director fiscal y de implementación – $150,000 Kyle Rifkind. asesor general diputado – $100,000 Rosemarie Vizcarrondo, jefa de personal – $120,000

De acuerdo con el funcionario, el RFP permite ubicar al profesional elegido a las realidades de la situación.

Al retener al empleado/a, un examinador de la JCF revisa las facturas anteriores de la persona para determinar cuál será el salario anual que devengará. Este examinador, según Carrión, ha revisado "rigurosamente" las facturas de los profesionales, proceso que asegura he llevado a ahorros y promesas de generar menos gastos.

El presidente aseguró que durante el proceso de Título III por el cual se está pasando ahora en el tribunal, también habrá una revisión independiente para asegurar que el "despilfarro, fraude y abuso no tengan lugar en la retención de profesionales".

Actualmente, y según detalla un documento del 15 de mayo de 2017, quien revisa los salarios de los miembros es la firma Bernstein Shur, grupo que entre nueve personas cobrará mensualmente de $180 a $500 dólares por hora.