El cuento de unos burócratas europeos que negocian en secreto un gran acuerdo de libre comercio internacional que tendrá un fuerte impacto sobre los fundamentos democráticos y la calidad de vida de los ciudadanos europeos.

El TTIP feroz disfrazado de abuelita

El TTIP (en inglés, Transatlantic Trade and Investment Partnership) es un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, en proceso de negociación desde 2013, que pretende equiparar las normativas a ambos lados del océano.

Este tratado de libre comercio propone un acuerdo marco basado en tres pilares principales:

Acceso a un mercado único. Se trata de eliminar tanto como sea posible todas las obligaciones aduaneras entre la UE y EEUU. Esto ya ha sido prácticamente conseguido, excepto en el sector agrícola. Cuestiones reglamentarias comunes. Como los aranceles entre estas dos potencias ya son bastante bajos, los esfuerzos se centran en lo que llaman «barreras no tarifarias» o barreras no arancelarias, para reducirlas o incluso eliminarlas. Esto hace referencia a todas las normas, reglas, regulaciones legales y constitucionales que podrían limitar la competencia económica. Por ejemplo, el acuerdo se concentra en barreras no convencionales tales como la liberación de regulaciones a la explotación de hidrocarburos por fractura hidráulica (fracking), los transgénicos, las finanzas y en el endurecimiento de las leyes sobre el derecho de copia (copyright). Jurisdicción privada. La competencia económica se considera una libertad fundamental por encima de otras consideraciones éticas, democráticas, legales, sociales, sanitarias, medioambientales, financieras, económicas o técnicas. El TTIP trata de proporcionar a las corporaciones privadas derecho de litigio contra las leyes y regulaciones de los diversos Estados si sienten que representan obstáculos para su libertad de comercio como derecho supremo. Estos litigios no serán establecidos de acuerdo a las jurisdicciones nacionales, sino a través de estructuras privadas de arbitraje.

Estos tres grandes objetivos pueden traducirse en tres grandes mandamientos:

Zona común para un mercado único y global. Mercado libre, sin límites ni regulaciones. Libertad de comercio por encima de cualquier otro derecho, y con jurisdicción especial.

En resumen, según el TTIP, antes que cualquier otra cosa y en cualquier lugar y circunstancia, los ciudadanos como consumidores estamos regidos de manera absoluta por un mercado soberano, cuyas leyes universales de libre competencia comercial y de la oferta y la demanda marcan el precio de TODOS los bienes y servicios (Para saber más del TTIP -y combatirlo mejor-).

CTS – TTIP Attac 2 from Duckjcv on Vimeo. TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnership. Video de la documentación y materiales para la campaña contra el TTIP de NoalTTIP y ATTAC. Subido a Vimeo por Pósits.

En el bosque oscuro del TTIP feroz

Como parte del proceso de negociación entre la Unión Europea -a través de la Comisión europea- y los EE.UU, la Comisión europea ha aceptado el condicionante de mantener información reservada, y pese a que ya se ha publicado parte de esa información (durante más de un año el Consejo de la Unión Europea mantuvo oculto el documento de negociación: versión desclasificada), ese oscurantismo no deja de plantear dudas y desconfianzas.

Y aunque el tratado tiene serios efectos sobre los ciudadanos de la UE, el proceso de negociación ha sido opaco y el secretismo ha primado en las negociaciones, que tienen lugar a puerta cerrada, sin conocerse los nombres de las personas que lo están negociando ni qué mandato tienen.

¿Pero con quién se reunió la Comisión europea en sus encuentros a puerta cerrada para tratar sobre el TTIP? En gran medida con lobbies de empresas y corporaciones, especialmente del sector agroalimentario, de telecomunicaciones y farmacéutico, y sólo el 9% de las reuniones fueron con grupos de la sociedad civil, como colectivos ecologistas y organizaciones en torno a los derechos laborales (Los lobbies copan las reuniones con la Comisión Europea en torno al TTIP).

Pero los negociadores han actuado con opacidad no sólo respecto a la ciudadanía, también respecto a sus representantes políticos. Los eurodiputados tienen a su disposición algunos documentos (no todos) que pueden consultar en condiciones muy restringidas y bajo compromiso de no revelar esa información (Un eurodiputado español en la ‘sala secreta’ del TTIP: “Te despojan de todo, móvil, papel y bolígrafos”, La UE sólo deja a cada eurodiputado ver dos horas el texto del tratado con Washington, Así acceden los eurodiputados a la información sobre el TTIP, Las condiciones de la UE para consultar los documentos del TTIP). Las críticas a este secretismo han conseguido pequeños avances hacia una mayor transparencia, y la Comisión Europea ha empezado a publicar algunos documentos en su web.

Y aunque el Consejo debe validar el resultado de las negociaciones, finalmente necesitará la aprobación del Parlamento Europeo (en EEUU, el Congreso tendrá que ratificar este texto). Además cabe la posibilidad de que algunos parlamentos nacionales deban también ratificar este acuerdo (por ejemplo, en Francia, la Constitución establece que los tratados comerciales pueden ser sólo ratificados mediante una ley). De momento, no se plantea escuchar la voz directa de los ciudadanos.

¡Y qué dientes más grandes tienes, TTIP!

El TTIP es un acuerdo de carácter global y como tal afectará al conjunto de la economía (y particularmente a los sectores textil, químico, farmacéutico, servicios médicos, cosmético, automóvil, electrónico, ingeniería, servicios, agricultura, energía y propiedad intelectual), con importantes repercusiones en múltiples ámbitos de nuestra vida.

Esa finalidad omnímoda, junto a la ambigüedad de lo que se conoce hasta ahora, no ofrecen garantías y dejan mucho margen de interpretación ante la posible pérdida de soberanía de los Estados (con los tribunales de arbitraje), la pérdida de derechos de los trabajadores, la desprotección del consumidor y el peligro para los servicios públicos (Wikileaks confirma que la UE planea entregar los servicios a las multinacionales).

Respecto a los tribunales de arbitraje (en inglés ISDS), que en Estados de Derecho consolidados, en los que los conflictos legales son resueltos por jueces profesionales e independientes que actúan con todas las garantías jurídicas posibles, que dichos jueces sean sustituidos por tribunales de carácter privado, potencialmente sesgados, ajenos a las jurisdicciones nacionales y sin posibilidad de apelación, para dirimir entre inversores privados y los Estados, resultaría un verdadero golpe a las bases de la democracia y un sometimiento de la política a la economía privada.

Para el Estado hay dos riesgos esenciales: por un lado el de la difuminación absoluta en el marco del TTIP y la eventual imposibilidad de aplicar políticas distintas a los enunciados neoliberales que laten en el TTIP. Las características de un tratado como éste, dependiente además de la Unión Europea, harían materialmente imposible su modificación en el caso de que nuevas mayorías pidieran su modificación.

7 preguntas sobre el TTIP cuya respuesta deberías conocer

Este sistema no sólo restaría a los Estados su capacidad de legislar a favor de los derechos de sus ciudadanos, sino que deja a muchos Estados (y a sus ciudadanos) ante una situación de desequilibrio ante las grandes empresas transnacionales que en muchas ocasiones tienen más recursos para llevar adelante esos pleitos.

Así, en los últimos años han sido varios los Estados que se han visto obligados a pagar con dinero público a multinacionales que los denunciaron amparándose en mecanismos semejantes. Por ejemplo, casos como los de la empresa francesa Veolia, que denunció a Egipto porque decidió subir el salario mínimo interprofesional, o Ecua­dor, que pagó 2.300 millones de dólares a Occidental, una compañía petrolera estadounidense, o Eslo­vaquia, que se vio obligada a pagar a la empresa aseguradora holandesa Achmea 29,5 millones de euros, el equivalente a todo su presupuesto en Sanidad, cuando el nuevo gobierno electo decidió revertir el proceso de privatización del sistema sanitario, o Sudáfrica que se vio obligada a rebajar de un 10% a un 1% el porcentaje de los beneficios que las mineras debían aportar a la población más desfavorecida.

Los países de la UE han firmado más de 2.000 tratados que incluyen esta cláusula, pero también han empezado a sufrirla. Un ejemplo paradójico es el de Alemania, pionera en la creación de este mecanismo y que ahora podría convertirse en una de sus víctimas. Después de que el Go­bierno alemán decidiera el cierre de su industria nuclear tras el desastre de Fukushima en Japón, Vatten­fall, una corporación sueca que opera dos plantas nucleares en Alema­nia, denunció a este país y le reclama una compensación de 3.700 millones de euros, la mayor de la historia. Quizá por ello Alemania es uno de los siete países que ahora dicen oponerse a este mecanismo tanto en las negociaciones del TTIP con EE UU como en relación al CETA con Canadá, acuerdo que han amenazado con no ratificar si sigue manteniendo el ISDS.

ISDS, cuando el árbitro es juez y parte

Además, este sistema beneficiaría a las grandes compañías no sólo frente a los Estados, también frente a las pymes, que no podrían asumir el coste de este arbitraje.

Quedarían pendientes los efectos del TTIP sobre otros ámbitos, como los derechos laborales, la salud (organismos modificados genéticamente, los pesticidas o los cosméticos prohibidos en Europa), la protección medioambiental, los servicios públicos, la protección de datos o la competencia desleal, cuestiones que se continúan tratando en el marco de las negociaciones del TTIP (La UE ha archivado una normativa europea para regular 31 pesticidas bajo la presión de EEUU). Más información sobre los efectos del TTIP.

Cazando al TTIP feroz

Por todo ello, el TTIP ha desatado múltiples movimientos de protesta en toda Europa (y consiguió una de las manifestaciones más grandes que se recuerdan en Alemania contra un tratado comercial).

Muchas de estas iniciativas europeas contra el TTIP se han organizado a través de Stop TTIP, una alianza de más de 500 organizaciones europeas contra los acuerdos de comercio e inversiones TTIP y CETA, convencidas de que estos acuerdos deben ser detenidos ya que representan un peligro para la democracia, el Estado de derecho, los derechos de los trabajadores, así como la protección del medio ambiente y de los derechos del consumidor. En un año, 3.284.289 ciudadanos europeos han firmado la ICE (Iniciativa Ciudadana Europea contra TTIP y CETA) y han mostrado de esta manera su firme rechazo contra estos acuerdos.

También el movimiento ciudadano Movemos Europa (WeMove.EU) se ha movilizado contra el TTIP a través de las campañas No a los Tribunales Especiales para Multinacionales y No a los herbicidas cancerígenos.

En España destacan movimientos como la campaña estatal No al TTIP, con múltiples adhesiones, y otros movimientos posicionados contra el TTIP como ATTAC España y Amigos de la Tierra (No al Tratado de Troya), entre otros.

Tres preguntas y tres respuestas

Por todo lo anterior, ante el gran impacto que supone este tratado, tres preguntas finales:

¿A qué responde la opacidad en las negociaciones y la falta de información sobre los objetivos y las repercusiones reales del TTIP? Siendo una cuestión con gran impacto sobre los ciudadanos ¿por qué no contar con ellos para recabar su aprobación o rechazo? ¿Cuál es la posición de los políticos españoles frente al TTIP?

Respondiendo en ese mismo orden:

Frente a la actual opacidad, los ciudadanos tenemos derecho a ser informados con transparencia sobre todos los aspectos de las negociaciones, con una amplia campaña de divulgación sobre los acuerdos finales y sus repercusiones. En posesión de una información completa y veraz, los ciudadanos tenemos capacidad y derecho de decisión sometiendo el acuerdo a referéndum ciudadano. Es fundamental conocer la posición de nuestros políticos para asegurarnos que realmente representan los intereses de los ciudadanos que los han elegido y no actúan a nuestras espaldas bajo directrices de lobbies empresariales.(¿Qué lobbies manejan los hilos del TTIP?).

En España, a pesar de que a algunos partidos les ha costado definirse públicamente respecto al TTIP, finalmente se han conocido sus posiciones: PP, PSOE, UPyD y CiU unidos a favor de un tratado negociado en secreto entre la UE y EE.UU y Eurodiputados traicionan a la gente de Europa en una votación sobre el TTIP.

Ante las pasadas elecciones generales, No al TTIP desarrolló la campaña ¿TTIP? ¡No con mi voto! para que los ciudadanos pidieran a los/las candidatos/as que se comprometieran a no continuar las negociaciones del TTIP si fueran elegidos/as. La posición de las fuerzas políticas españolas respecto al TTIP son:

A favor del TTIP: PP, PSOE, Ciudadanos, UPyD, CiU, PNV.

En contra del TTIP: Podemos, CUP, IU, En Comú Podem, En Marea, MES (Baleares), NOS (BNG), Compromís, EQUO, EH-Bildu, ERC, Geroa Bai, PACMA, Partido Humanista.

Pues eso, ¿TTIP? ¡No con mi voto!