José Luis Martínez Almeida no quería "derrochar" dinero de los madrileños en "venganzas estériles", o al menos así justificó su decisión de no recurrir la sentencia del Tribunal de Cuentas que revocaba la condena a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, y a parte de su equipo, por la venta de 1.860 viviendas públicas a fondos buitre.

Almeida no quiso "derrochar" dinero público en "venganzas estériles" contra Botella

El alcalde de la capital no quiso "derrochar" dinero en esto, pero el Consistorio que lidera, gobernado por PP y Ciudadanos, sí ha gastado 14.520 euros de dinero público en la elaboración de un informe que respaldara su decisión de no recurrir la revocación de la condena anteriormente dictada por otra sala del Tribunal de Cuentas contra Botella, que además fue lograda gracias al voto a favor de dos consejeros afines al PP. La venta de estas viviendas protegidas, por contra, causó un perjuicio de 25.7 millones de euros a las arcas públicas del Ayuntamiento, según el Tribunal de Cuentas.

Según consta en el expediente de contratación al que ha accedido Público, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), controlada por PP y Ciudadanos (ocupan 6 de las 9 sillas de su Consejo de Administración), contrató al conocido bufete de abogados CMS Albiñana & Suárez de Lezo para elaborar este informe, en el plazo de cinco días. Se solicitaron ofertas a otros cuatro despachos.

El expediente recoge que el contrato firmado, que se queda sólo 3.000 euros por debajo del umbral legal que no pueden sobrepasar los contratos menores (fue de 12.000 euros más IVA, el tope son 15.000), no podría haber superado en ningún caso los 14.000 euros más IVA, esto es: sólo 1.000 euros por debajo del importe máximo para firmar este tipo de contratos.

La memoria justificativa del contrato para la "Elaboración de un dictamen sobre la viabilidad de un eventual recurso de casación" data del 16 de septiembre, 11 días antes de que expirase el plazo para recurrir. La factura fue emitida por el despacho de abogados el 30 de septiembre, si bien el sello del registro es del 8 de octubre.

El encargado de autorizar el gasto es el consejero delegado de la EMVS, Diego Lozano, exjefe de Gabinete de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid imputado en las tramas corruptas Púnica y Lezo. Este diario reclamó información al Consistorio sobre este contrato, hace 13 días, sin obtener ninguna respuesta.

Más Madrid y el Partido Socialista también reclamaron este expediente, y criticaron que este gasto no fuese aprobado por el Consejo de Administración, que ni siquiera debatió sobre este informe antes de su elaboración.

El único informe con contenido jurídico

El documento elaborado por el despacho de abogados era el único informe con empaque jurídico de los 3 que presentaron PP y Ciudadanos en el Consejo de la EMV para respaldar su voto en contra de recurrir la revocación de la condena a Botella.

Según el PSOE, el plazo para presentar recurso no habría expirado aún, gracias a las acciones legales emprendidas por la concejal Mercedes González

La decisión de no recurrir ya había sido anunciada por Almeida en julio, y refrendada por el propio alcalde en septiembre, pese a que la mayoría del Pleno del Consistorio aprobó una moción que instaba a presentar el correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo, por el perjuicio causado a las arcas públicas por esta venta.

Al arranque de septiembre, el alcalde de Madrid también cesó a la directora de los servicios jurídicos de la EMVS, Paloma Herranz, quien conocía en detalle el caso y trabajaba en el recurso, que debía presentarse el pasado 27 de septiembre. Según el PSOE, el plazo para presentarlo se habría suspendido debido a las acciones legales emprendidas por la concejal Mercedes González.

Por si fuera poco, Almeida alegó este supuesto ahorro como excusa para no presentar el recurso, obviando que Herranz estaba hasta entonces en plantilla: no había que abonarle un nuevo salario, y el único coste por cubrir eran los honorarios de un procurador. Se da la circunstancia de que la EMVS cuenta además con un convenio, por lo que distintas fuentes estiman que este coste no habría superado los 5.000 euros, como máximo. Pero el alcalde no quería "despilfarrar".