Estados Unidos quiere convertir Morón de la Frontera (Sevilla) en la base permanente de su fuerza de respuesta ante crisis en África. El secretario de Defensa estadounidense, Chuck Hagel, remitió a principios de diciembre una carta a las autoridades españolas en la que pide que el permiso temporal para el estacionamiento en la base sevillana de una fuerza de élite del Cuerpo de Marines se convierta en definitiva y, además, se amplíe sustancialmente el máximo actual, fijado en 850 militares (1.110 durante los relevos). Aunque no se ha concretado el nuevo límite, las fuentes consultadas apuntan a varios miles de soldados, en torno a 3.000. Los americanos han matizado que su intención es mantener de forma permanente los 850 actuales y aumentarlos solo en caso de crisis.

La petición de Washington no ha sorprendido en Madrid. Aunque EE UU solicitó el despliegue de los marines en 2013 por el plazo de un año, prorrogado posteriormente por otro más (hasta abril de 2015), el Gobierno español siempre creyó que el motivo esgrimido —la inestabilidad en África— no era coyuntural y que, pese a la voluntad expresada por el Pentágono, no sería fácil encontrar un emplazamiento alternativo en África con las condiciones de Morón.

Lo que sí ha sorprendido, y hasta cierto punto disgustado, es la tardanza de EE UU en plantear la petición. Tanto el despliegue inicial de los marines en Morón como su prórroga fueron autorizados por el Consejo de Ministros —el 19 de abril de 2013 y el 7 de marzo de 2014—, con el argumento de que, al tratarse de una presencia temporal, no había que modificar el convenio entre España y EE UU que regula el uso de las bases. Pero la conversión de este despliegue en definitivo sí obliga a reformar un convenio bilateral de Defensa que para España tiene rango de tratado internacional y requiere la aprobación del Parlamento.

Los actuales 850 marines podrían aumentar a miles en caso de crisis

La petición de Washington obliga a reformar el convenio de Defensa

Las fuentes consultadas consideran imposible que puedan cumplirse todos los trámites legales antes de que expire la vigente autorización temporal, el próximo 19 de abril, por lo que se da por sentado que habrá que aprobar una nueva prórroga de un año, o al menos de unos meses, hasta que entre en vigor la reforma. El calendario político español tampoco facilita las cosas —con elecciones municipales y autonómicas en mayo y la disolución de las Cortes prevista para otoño—, pero ni Madrid ni Washington quieren dejar el asunto para el Parlamento salido de las próximas elecciones, en el que quizá no haya una mayoría tan clara para aprobarlo. Y el Gobierno no oculta su propósito de pactar la reforma con el PSOE, que gobierna además la comunidad andaluza, donde están las bases de Rota y Morón.

El primer asunto que estará sobre la mesa será el mantenimiento de los puestos de trabajo. La empresa VBR, contratada por el Pentágono para prestar servicios en Morón, ha presentado tres expedientes de regulación de empleo desde 2010, con el objetivo de recortar la plantilla a 310 trabajadores, frente a los 594 iniciales. El último ERE lo anunció en agosto pasado e incluye 55 despidos, lo que resulta inaceptable para los sindicatos, mientras aumenta la presencia militar de EE UU en la base. España podría exigir que se conservara el empleo y que se hicieran fijos los contratados temporales (unos 60, muchos despedidos en el anterior ERE).

Más allá del tema laboral, la conversión de Morón en base permanente de la fuerza de reacción para África —junto al despliegue en Rota de los cuatro destructores del escudo antimisiles— consolida el papel de España como elemento clave de la estrategia del Pentágono. Uno de los puntos más delicados reside en las condiciones de uso de esta fuerza de reacción y el aumento solicitado por Washington para situaciones de crisis. “Lo que no puede haber es barra libre”, alegan fuentes diplomáticas. “Precisamente en caso de crisis es cuando el Gobierno español debe estar mejor informado y controlar cualquier uso militar que se haga de su territorio”.

La Fuerza Especial Tierra-Aire de Respuesta de Crisis del Cuerpo de Marines (SP-MAGTF Crisis Response) fue creada en 2013, a raíz del asalto al consulado estadounidense de Bengasi (Libia), ante la necesidad de contar en Europa con una unidad de reacción rápida para intervenir ante posibles crisis en África.

Inicialmente, España autorizó el despliegue de 500 marines, pero en marzo pasado amplió su número a 850; y también elevó la cifra de aviones de despegue vertical MV-22 Osprey, que pasaron de seis a 12, y de aviones de reabastecimiento en vuelo KC-130, de dos a cuatro; así como una aeronave de apoyo.

En este tiempo —al margen de operaciones que no se hacen públicas— los marines se han desplazado dos veces a la base de Sigonella (Italia), para una posible intervención en Libia, y han participado en la evacuación de la colonia de EE UU en Sudán del Sur y en la crisis del ébola en Liberia.