Dos indagatorias del Ministerio Público y una de la Contraloría tienen al alcalde Miguel Ángel Aguilera (ex PS) bajo fuego cruzado. El golpe más letal puede darlo la Contraloría, que culmina una auditoría que acredita múltiples irregularidades en el municipio. Una de las más graves es la falta de control en la entrega de un barbitúrico de efecto hipnótico en el Cesfam de La Bandera, zona donde opera el “Chino” Pinto, el narco que estaba contratado en San Ramón. La Fiscalía apunta a cuatro delitos: fraude al Fisco, malversación de fondos públicos, negociación incompatible y nombramientos ilegales.

Nueve meses han pasado desde que estalló el escándalo de los vínculos entre narcotraficantes y el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera. Y aunque ante sus cercanos el edil insiste en su inocencia, acusa un montaje y alega que hasta ahora solo lo ha condenado la prensa, tres investigaciones que han avanzado silenciosa y sostenidamente pueden darle un golpe letal: dos del Ministerio Público y una de la Contraloría. Los antecedentes acumulados en esas indagatorias indican que el cúmulo de irregularidades detectadas en esa municipalidad configurarían al menos cuatro delitos: fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible y nombramientos ilegales.

Pero si Aguilera -quien fue expulsado del PS tras el escándalo- no logra demostrar el origen de los recursos con los que adquirió en 2016 una casa de $350 millones en La Reina, el ilícito por el que podría enfrentar a la justicia sería de un peso mucho mayor: lavado de activos. Un golpe que podría resultar definitivo para quien era hasta hace pocos meses el líder de una de las máquinas de poder más influyentes del Partido Socialista.

La primera investigación que golpeará a Aguilera es la que lleva la Contraloría General de la República (CGR). Un mes y medio después de que la edición de Informe Especial del pasado 1 de octubre reveló los vínculos entre la Municipalidad de San Ramón y el narco Jorge “Chino” Pinto, un equipo de auditores de la CGR se instaló en la sede comunal. Durante dos meses, desde el 17 de diciembre hasta el 18 de febrero, los funcionarios revisaron documentación y tomaron declaraciones. Algunos de los informes resultantes de esta inspección ya están sobre el escritorio del contralor Jorge Bermúdez, a la espera de su firma. Y prometen ser demoledores.

BAJO EL FUEGO DE LA CONTRALORÍA

La CGR está realizando varias auditorías a la Municipalidad de San Ramón a raíz de diversas denuncias efectuadas de forma personal o a través del portal “Contraloría y Ciudadano”. Todas ellas fueron presentadas después de que se hicieron públicas las graves acusaciones contra Aguilera ( vea aquí algunas de esas denuncias ).

Una de las inspecciones de la CGR arrojó un dato inquietante: en el Centro de Salud La Bandera (la población donde opera el “Chino” Pinto) no se registró ni el ingreso ni la salida del fármaco Fenobarbital, un barbitúrico de efecto sedante e hipnótico. La pérdida de control sobre este medicamento impide determinar a quién se entregó y en qué cantidad. El hecho adquiere una connotación más grave, ya que la misma CGR estableció que 28 personas fueron contratadas en los programas de salud de San Ramón sin presentar sus certificados de antecedentes ni declaraciones juradas de probidad.

Las auditorías de la CGR –algunas todavía en etapa de levantamiento de información– han acreditado hasta ahora graves fallas en control financiero y administrativo, como irregularidades en contrataciones y pago de sueldos, así como vacíos en registros contables. Funcionarios de la Municipalidad de San Ramón que conocen esas investigaciones, dijeron a CIPER que lo que ocurre en San Ramón “es sorprendente” y que es probable que el contralor Jorge Bermúdez notifique al Ministerio Público la eventual configuración de ilícitos penales.

Consultada la Contraloría por el curso de estas investigaciones, su Departamento de Comunicaciones solo confirmó a CIPER: “Efectivamente, están en curso diversas fiscalizaciones referidas al Municipio de San Ramón”, sin agregar más detalles.

Empleados de la municipalidad, quienes pidieron la reserva de sus nombres, dijeron a CIPER que la CGR levantó documentación que demuestra la contratación de operadores políticos y de sus familiares, así como de personas con antecedentes penales (como el caso del mismo “Chino” Pinto) que han apoyado las campañas de Aguilera. Muchos de ellos cobraban sus sueldos u honorarios sin prestar servicios reales.

Los mismos funcionarios señalaron que entre la información que se entregó a la CGR, figuran seis licitaciones municipales adjudicadas a una empresa del concejal socialista José Miguel Zapata, por un total de $283,5 millones. Al menos en dos de ellas se efectuaron pagos correspondientes al 70% de los contratos (lo que suma alrededor de $74 millones), aunque los servicios o productos nunca se entregaron.

Zapata es parte del círculo político más estrecho de Aguilera. Como funcionario del Gobierno Regional Metropolitano estaba encargado de colaborar en la elaboración, ejecución y control del presupuesto de inversión regional. Configurando un círculo perfecto, con esos mismos fondos se pagaron los servicios que su empresa –la consultora AEIS– se adjudicó en las licitaciones de la Municipalidad de San Ramón que ahora están bajo el microscopio de la Contraloría y del Ministerio Público.

Aunque la municipalidad demandó a AEIS por el incumplimiento de los contratos, lo hizo recién el 23 de marzo de 2018, casi cinco meses después de que CIPER publicó las irregularidades en estas licitaciones y los estrechos nexos entre el alcalde Aguilera y José Miguel Zapata (vea ese reportaje de CIPER).

“Esa demanda es un volador. La presentaron cuando Aguilera ya no controlaba la situación, después que la Contraloría se había llevado todos los documentos en febrero. Lo hizo porque sabía que todo esto iba a aparecer”, señaló a CIPER un funcionario de la misma municipalidad que conoce el detalle de los archivos que revisó la CGR.

Otro contrato que está en la mira de los investigadores es el que concesionó un amplio paño de 15 mil metros2 aledaño a la sede municipal y que enfrenta la Autopista Vespucio Sur. El terreno es un bien nacional de uso público que administra la municipalidad, la que lo entregó en concesión a una sociedad integrada por Marcela Rosales Belmar, miembro del Comité Central del Partido Socialista e integrante del círculo político del alcalde Aguilera.

El negocio que instaló Marcela Rosales en el predio es la bullente automotora Parque Automotriz Vespucio San Ramón, que subarrienda 80 espacios para la compra y venta de vehículos usados. Lo que está bajo investigación es si el pago por la concesión (200 UTM mensuales, cerca de $9 millones) es muy bajo en relación a los ingresos generados por el negocio, y si ello se origina en los nexos que unen a sus dueños con el alcalde Aguilera.