La Fiscalía de Colombia decomisó 262.000 euros que encontró en Barranquilla en un zulo del apartamento de expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino, informaron hoy fuentes de esa entidad.Hombre fuerte de Ignacio González en Latinoamérica y desde ayer exconsejero de 'La Razón', el juez ha confirmado hoy que debe permanecer en prisión incondicional por la operación Lezo,

El hallazgo se hizo como parte de una operación de registro en esa ciudad colombiana, donde tiene su sede Inassa, filial latinoamericana de la empresa pública española Canal de Isabel II, inmersa en un escándalo de corrupción. El registro fue iniciado ayer por las autoridades colombianas en combinación con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España.

"El dinero en efectivo fue encontrado en un apartamento que ocupaba Edmundo Rodríguez Sobrino y que estaba cerrado hace más de dos meses", dijo a Efe una fuente de la Fiscalía. En concreto, el dinero estaba oculto en un zulo de la habitación principal de un lujoso apartamento en el 1803, del edificio Alto Prado, ubicado al norte de Barranquilla. El piso en cuestión está a nombre de la hija de Sobrino, Patricia, también imputada en el marco de la operación Lezo.

La fuente no dio información sobre el origen del dinero. Rodríguez Sobrino estaba considerado el hombre fuerte en Latinoamérica del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y fue destituido de su cargo en Inassa en abril del año pasado, después de que su nombre apareciese en los 'papeles de Panamá' vinculado a tres empresas en Hong Kong.

Inassa fue constituida en 1996 entre Aguas de Barcelona (AGBAR), con una participación del 51%, y los inversores colombianos Enrique Gerlein, Luis Niccolella y Nelson Polo Carbonell, titulares de la firma sociedad Latina de Aguas (Slasa), con el 49%.

Dinero decomisado a Rodríguez Sobrino. (Fiscalía de Colombia)

En 2001, Canal de Isabel II compró el 75% de Inassa, con lo cual se convirtió en socio mayoritario de Triple A, empresa que opera el acueducto y alcantarillado de Barranquilla y otras 14 poblaciones cercanas de la costa atlántica colombiana. A raíz del escándalo destapado en España por las operaciones de Canal de Isabel II en Latinoamérica por medio de Inassa, la Fiscalía, la Procuraduría (Ministerio Público) y la Contraloría (tribunal de cuentas) de Colombia abrieron investigaciones sobre la segunda empresa, que tiene su sede en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico.

El pasado 10 de mayo, la Contraloría General anunció una investigación preliminar contra autoridades administrativas de Barranquilla para determinar si existieron prácticas corruptas que permitieron que Inassa asumiera el control societario de Triple A. Según las informaciones de la Contraloría, inicialmente el Distrito de Barranquilla tenía el 84% de las acciones de Triple A, pero diversas operaciones redujeron su participación al 14,5% actual, mientras que la de Inassa subió al 82,16%. Actualmente la composición accionarial de Triple A tiene como socios a Inassa (82,16%), el Distrito de Barranquilla (14,5%) y otros (3,34%).

Prisión incondicional

Por otro lado, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha confirmado hoy la prisión incondicional para Rodríguez Sobrino al persistir los riesgos de fuga, de obstrucción de la investigación y ocultación de pruebas, así como de reiteración delictiva apreciados por el juez Eloy Velasco para enviarle a la cárcel. En un auto, los magistrados rechazan el recurso presentado por la defensa de Rodríguez Sobrino en el que pedía la libertad sin fianza o, de forma alternativa, una medida menos gravosa como la prestación de una fianza o la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado, solicitud a la que se había opuesto la Fiscalía Anticorrupción.

Confirman la prisión al persistir los riesgos de fuga, de obstrucción de la investigación y ocultación de pruebas, así como de reiteración delictiva

La Sala avala la "adecuada, cabal y ponderada" aplicación de los principios de la prisión provisional acordada por el instructor, en evitación del "claro" riesgo de fuga que supondría la puesta en libertad provisional, con o sin fianza, u otras medidas cautelares menos gravosas que la actual, siendo de destacar igualmente los riesgos de alteración de fuentes de prueba y de reiteración delictiva. Los jueces aprecian en este momento de la investigación "graves indicios de la posible participación en conductas que pudieran constituir múltiples delitos", entre los que mencionan los de pertenencia a organización criminal, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.

Afirman que en el caso de Rodríguez Sobrino "permanece incólume el interés de asegurar la plena disponibilidad del apelante, evitar cualquier intromisión ilegítima en la investigación que se realiza y seguir perpetrando actividades supuestamente con visos de criminalidad. Ello a pesar del indudable arraigo personal y familiar que posee, pero que no es suficiente para eliminar los relevantes riesgos de sustracción a la acción de los Tribunales, de ocultación o alteración de fuentes de prueba y de reiteración delictiva".