"Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice". (Artículo 18 de la Constitución Nacional)

Desde su creación en 2013, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), que depende de la Procuración General de la Nación, inspeccionó servicios penitenciarios del ámbito federal y provinciales, además de dependencias de las áreas de niñez y de las fuerzas de seguridad.

LA NACION accedió en exclusiva a las imágenes tomadas durante esos operativos, que ilustran las diferentes violaciones a los Derechos Humanos cometidas en centros de detención.

Informe especial: el estado de las cárceles federales

Siete de cada diez inspecciones realizadas por la Procuvin, cuyo titular fue en primer lugar Abel Córdoba y hoy es Miguel Palazzani, se realizaron en establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal. Los servicios penitenciarios provinciales inspeccionados fueron los de Mendoza, Córdoba, Catamarca, Santa Fe, Buenos Aires, San Juan y Chaco.

El siguiente material corresponde a las inspecciones realizadas en los últimos tres años.

Hacinamiento

En la Argentina hay más de 250 cárceles, en las que se aloja a alrededor de 69.000 presos. De ese total, 10.424 están distribuidos en las 34 prisiones federales, mientras que los 55 penales bonaerenses alojan a unos 31.200 presos, según la última publicación del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP, 2014). El resto de la población penitenciaria está detenida en cárceles que dependen de las distintas provincias.

El 67% de las inspecciones realizadas por Procuvin monitorearon establecimientos que alojan población masculina, esto es congruente con la distribución del universo cancelario, que aloja principalmente a personas de ese género.

Procuvin inspeccionó sin previo aviso el Centro de Régimen Cerrado Dr. Manuel Rocca de la Capital Federal y formuló una serie de recomendaciones destinadas al mejoramiento de las condiciones de alojamiento de más de 40 jóvenes de entre 16 y 17 años encerrados en esa institución. Entre otras cosas, denunciaron "la situación de encierro, falta de ventilación y luz adecuada y el hacinamiento que presenta el sector" Enfermería.

A ocho años del incendio que terminó con la vida de 33 personas detenidas, la Procuvin y la Comisión Provincial por la Memoria inspeccionaron el penal de Magdalena, donde constataron el hacinamiento de los detenidos. El penal cuenta con una población de 1050 personas pero tiene capacidad para 840.

La Procuvin denunció "grandes índices de hacinamiento, falta de higiene y ventilación", entre otras cuestiones, en dependencias policiales y unidades penitenciarias de Misiones

Solicitaron realizar una audiencia de habeas corpus por hacinamiento en la cárcel de Marcos Paz

Penal de Sierra Chica: Clausuraron un pabellón a pedido del MPF y la Comisión por la Memoria. Constataron que los detenidos vivían situaciones de hacinamiento, aislamiento, falta de alimentación, deficiente atención médico-psicológica, violencia y "muy mal estado edilicio".

Alimentación

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) sostienen que:

Todo recluso recibirá de la administración del establecimiento penitenciario, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas.

Todo recluso tendrá la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite.

La Procuvin encabezó 24 allanamientos simultáneos por el posible fraude en la compra de los alimentos de los presos alojados en Devoto. Además, analizó la calidad de los alimentos almacenados en la cárcel de Devoto. En tanto, luego de una inspección, la jueza Yamil Bernán ordenó la limpieza, la desinfección, la reparación de los sanitarios, la instalación de teléfonos y la puesta en marcha de un programa de nutrición para los detenidos y detenidas de la Alcaidía de Tribunales.

Durante una inspección, la Procuvin verificó la presencia de cucarachas dentro de las heladeras en las que se almacenan los alimentos del Instituto Agote.

Torturas

Luego de una presentación conjunta del fiscal Matías Di Lello y la Procuvin, la jueza Wilma López ordenó al Servicio Penitenciario Federal que los presos no sean encadenados o esposados a los camiones durante los traslados.

La Procuvin contribuyó en la investigación y posterior convocatoria a declaración indagatoria, de cinco agentes del Servicio Penintenciario Federal acusados de torturar a un joven detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

En función de una intervención conjunta de la Procuvin y la Fiscalía Federal N° 2 de Salta, se procesaron a cinco agentes penitenciarios por someter a vejaciones a un grupo de personas privadas de la libertad del Complejo Penitenciario Federal NOA, durante una requisa.

La Procuvin y el fiscal federal de Lomas de Zamora apelaron la falta de mérito dictada a cuatro agentes del Servicio Penitenciario Federal acusados de arrojar al piso, arrastrar y golpear fuertemente a un joven detenido en una celda de aislamiento del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

La Procuvin, y el fiscal federal de Lomas de Zamora, solicitaron enjuiciar y apartar de sus funciones al jefe de la cárcel de Devoto y a otros 19 integrantes del Servicio Penitenciario Federal acusados de torturar física y psíquicamente a un joven durante 5 días, que luego se quitó la vida.

Por pedido de la Procuvin, el juez federal de Lomas de Zamora dispuso la prohibición de contacto con detenidos a cuatro penitenciarios procesados por apremios.

La Procuvin, junto con la Fiscalía Federal de Lomas de Zamora, pidieron que se indague a cuatro agentes del Servicio Penitenciario Federal acusados de ejercer "tormentos" y "actos vejatorios" contra un joven privado de la libertad.

A raíz de un requerimiento de la Procuvin, se clausuraron los "retenes" de cuatro módulos del Complejo Penitenciario de Devoto que debían ser lugares de tránsito, pero eran utilizados de forma permanente y como castigo para los detenidos.

A raíz de un trabajo coordinado entre la Procuvin y la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, se reabrió e impulsó una causa por torturas que había merecido una condena internacional a Argentina por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Luego de un trabajo coordinado entre la Procuvin y la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, se procesó con prisión preventiva a cinco agentes penitenciarios involucrados en un paradigmático caso por torturas en el penal de Ezeiza, en el que Argentina había recibido una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Procuvin, junto con la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, solicitaron que se cite a declaración indagatoria a tres agentes del Servicio Penitenciario Federal por torturar a un hombre privado de la libertad alojado en la cárcel de Ezeiza.

La Procuvin solicitó que sean llamados a prestar declaración indagatoria dos agentes de la Policía Metropolitana acusados de aplicar tormentos a un joven cartonero en el barrio porteño de Nueva Pompeya.

La Procuvin, junto con la Fiscalía Federal de Lomas de Zamora, investigó una denuncia recibida telefónicamente en la que se indicó que un joven internado en el hospital intramuros había sufrido torturas y agresiones por parte de agentes penitenciarios.

Con colaboración de la Procuvin se fijaron penas de entre dos y nueve años y medio para los penitenciaros federales que torturaron a Brian Nuñez en el penal de Marcos Paz.

La Procuvin y el fiscal general de San Martín, solicitaron penas de 18 y 15 años para los agentes penitenciarios federales acusados de haber torturado durante dos horas y ocasionado lesiones gravísimas a un joven detenido en el penal de Marcos Paz.

En función de la solicitud formulada la Procuvin y la Fiscalía, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 condenó a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta, a dos penitenciarios acusados de imponer torturar a un detenido en la Alcaidía del Palacio de Tribunales.

Salud

La Procuvin denunció las afectaciones al derecho a la salud de las personas detenidas en la Unidad Penal N°9, que eran producidas por el mal estado del agua.

La Procuvin presentó un habeas corpus colectivo luego de constatar que personas privadas de la libertad en el penal de Marcos Paz sufrieron un brote de sarna y que carecían de asistencia médica.

En función de las afectaciones a la salud que se registraron en la cárcel de Devoto, la Procuvin presentó un habeas corpus solicitando, entre otras medidas, la presencia de médicos.

En función de una inspección llevada a cabo en el penal de Devoto, la Procuvin constató que en un "retén" se ponía en crisis la integridad física y la salud de las personas alojadas en ese lugar.

A raíz de un habeas corpus colectivo presentado por la Procuvin, se ordenó que las personas detenidas en la cárcel de Devoto y que "revistan criterio médico de internación" sean derivadas a hospitales extramuros, y no a la sala de ese centro de detención, al constatarse que no cuenta con las condiciones edilicias y sanitarias necesarias para brindar asistencia en salud.

Al inspeccionar el Centro de Régimen Cerrado Dr. Manuel Rocca de la Capital Federal, la Procuvin formuló una serie de recomendaciones para mejorar las condiciones de detención de los jóvenes allí detenidos y, particularmente, la grave situación registrada en la enfermería del lugar.

El Sistema de Coordinación y Seguimiento de control judicial de las unidades carcelarias, del que formó parte la Procuvin, elaboró recomendaciones sobre promoción y protección de la salud de las personas privadas de la libertad.

La Procuvin investigó la muerte de un joven en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, por presunta falta de atención médica. .

La Procuvin encabezó en Marcos Paz la inspección más grande a una cárcel en la que constató entre otras graves deficiencias, la falta de atención médica de una importante cantidad de internos.

La jueza de ejecución provincial bonarense N°2 de Alvear, ordenó la clausura del pabellón 8 de la Unidad Penal de Sierra Chica, tras una inspección en la que participó la Procuvin y en la que se alertó sobre el desamparo y falta de atención médica de las personas privadas de la libertad.

La Procuvin interpuso un habeas corpus colectivo tras constatar las condiciones de detención y la deficiente atención a la salud de las personas privadas de libertad en la Unidad carcelaria de Bahía Blanca.

Agravamiento de la pena

Tal como lo contempla la Constitución, las condiciones de encierro no deben implicar agravantes a la pena impuesta por la justicia. Sin embargo en las inspecciones, la Procuvin detectó varias situaciones graves, como falta de higiene, condiciones indignas de alojamiento y medidas disciplinarias no permitidas.

Ante estos hechos, la Procuvin intervino de la siguiente manera:

Logró que se ordene trasladar a los detenidos de la Alcaidía de Tribunales alojados durante más tiempo que el permitido por la Corte Suprema.

Pidió que se circunscriban los controles de entrada de elementos, productos y alimentos a los que expresamente se encuentran permitidos y vedados en la cartelería en la cárcel de Devoto.

Participó de la mesa de diálogo en el que se logró el cese del uso de "celdas secas", es decir, sin agua, en el pabellón de castigo en la Unidad Penal N°7 de Resistencia.

Luego de una presentación conjunta del fiscal Matías Di Lello y la Procuvin, la jueza Wilma López ordenó al Servicio Penitenciario Federal que los presos no sean encadenados o esposados a los camiones durante los traslados.

La mesa de diálogo sobre las condiciones de detención en la Unidad Penal N°7 de Resistencia resolvió que los agentes deben estar "debidamente identificados" durante las requisas.

El fiscal federal de Salta Eduardo Villalba y la Procuvin presentaron un habeas corpus para que se ordene el cese de "prácticas vejatorias", como inspecciones íntimas o desnudar a los niños que visitan a los familiares detenidos en el Complejo Penitenciario Federal del Noroeste.

La Procuvin junto al presidente del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, el juez Gustavo Hornos, consiguió la clausura del sector de aislamiento del Instituto Agote.

Junto al fiscal Sergio Mola, la Procuvin pidió que se archive una causa por la tenencia de un celular en el penal de Ezeiza y reclamaron que deje de perseguirse penalmente a quienes posean un teléfono en la celda.

Por pedido de la Procuvin y otros organismos públicos, el juez Federal Carlos Skidelsky prohibió al Servicio Penitenciario Federal encerrar personas en la Unidad N°7 de Resistencia, Chaco, cuyos domicilios disten del penal más de 500 kilómetros.

Más imágenes

Cabe aclarar que, luego de las inspecciones, muchas de las situaciones denunciadas fueron solucionadas o al menos mejoradas. El informe completo será publicado en el sitio Fiscales