La Delegación del Gobierno en Madrid tendrá muy complicado imponer alguna multa por la concentración ultraderechista celebrada este domingo en la Puerta del Sol, a pesar de que se celebró sin haber sido comunicada previamente. Según informaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía a eldiario.es, ninguno de los participantes fue identificado durante la protesta. La Ley de Seguridad Ciudadana establece como infracción leve, castigada con entre 100 y 600 euros, la convocatoria de una manifestación sin comunicación previa a la Delegación del Gobierno.

Guía definitiva para manifestantes bajo la Ley de Seguridad Ciudadana

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Los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) desplegados en Sol valoraron que no se produjeron incidentes y que la edad media de los participantes fue bastante alta. La identificación de los participantes en una manifestación no comunicada depende del criterio de los agentes o de una orden política que, en este caso, no se produjo. Otras fuentes policiales apuntan a que continuamente se producen concentraciones de uno y otro signo político que, por no constituir una amenaza a la seguridad, se producen sin que haya intervención policial.

Desde la Delegación del Gobierno en Madrid se apunta a la dificultad de poner nombre a los organizadores de una manifestación convocada a través de las redes sociales, como fue la que se produjo el domingo por la noche en Sol, y a que la identificación de los participantes tampoco habría aportado algo en ese sentido. Fuentes del organismo ponen como ejemplo las manifestaciones convocadas por Twitter y Facebook ante la sede los partidos políticos en el pasado, de las que nunca se ha conocido la identidad de la persona que difunde el primer mensaje de convocatoria.

Un centenar de personas se concentraron en la Puerta del Sol el domingo por la tarde y desplegaron una gran bandera de España. Gritaron “separatistas, terroristas” y entonaron el Cara al Sol. Entre ellos se podía identificar al jefe de La Falange, Manuel Andrino, participante en el asalto de los ultras al centro cultural Blanquerna en 2013, con motivo de la celebración de la Diada. Desde las cuentas de Twitter de La Falange y otros partidos y organizaciones de extrema derecha se había impulsado la convocatoria anónima en los días previos, especificando que no eran los convocantes.

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana establece como una falta leve, entre 100 y 600 euros, la convocatoria de una protesta no comunicada previamente a las autoridades. Su participación no está castigada y la multa está destinada en exclusiva a los convocantes. Los asistentes podrían incurrir en una falta grave si se resisten a disolverse una vez el criterio policial o político haya decidido interrumpir la protesta. En ese caso, los agentes podrán denunciar por una infracción grave de la Ley de Seguridad Ciudadana, castigada entre 601 y 30.000 euros. La negativa a identificarse está castigada de la misma forma. En ambos casos se aplicará el grado mínimo, que sitúa la sanción máxima en los 10.400 euros.

La Ley de Seguridad Ciudadana no contempla como infracción la exhibición de simbología fascista, como la bandera preconstitucional que se pudo ver en la Puerta del Sol durante la jornada del domingo. En un primer borrador se consideraba falta grave, castigada con hasta 30.000 euros, las expresiones y el uso de banderas y otro símbolos que incitaran o promovieran el odio y el racismo, entre otras actitudes. Sin embargo, los diferentes retoques del texto hicieron que desapareciera esa sanción del articulado definitivo. En cualquier caso, el Ministerio del Interior explicó en su momento que la sola exhibición de la bandera preconstitucional no cabría en ese apartado.