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CIUDAD DE MÉXICO.

El gobierno federal recibió el aval de la Iglesia católica para llevar a cabo el proceso de nacionalización de la nueva Basílica de Guadalupe.

Fuentes del Episcopado Mexicano, de la Arquidiócesis de México y del propio Cabildo de Guadalupe, así como de la Secretaría de la Función Pública confirmaron que no se interpondrá inconformidad para concretar el proceso.

Con ello, la declaratoria oficial por la que se formaliza la nacionalización del inmueble denominado “Templo Nueva Basílica de Guadalupe, Atrio y Anexos”, ubicado en Plaza de las Américas números 1 y 2, en la colonia Villa de Guadalupe, está a días de ser emitida en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En el DOF se publicó el 28 de octubre de 2015 la notificación a las partes interesadas del inicio del proceso y se les otorgó 15 días para presentar impugnaciones, en su caso. Como no las hubo, el proceso avanza de común acuerdo con el gobierno.

El recinto mariano, inaugurado en octubre de 1976, no estaba inscrito en el Registro Público de la Propiedad, pero tampoco la Iglesia podía reclamarlo como suyo.

De acuerdo con la ley, los templos abiertos al culto antes de la reforma de 1992 deben pasar a manos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

Aceptan expropiar la nueva Basílica

La nacionalización de la Nueva Basílica de Guadalupe avanza sin contratiempos. Tanto la Iglesia Católica como el gobierno federal decidieron allanar el camino jurídico y evitar las impugnaciones.

Tras la notificación publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de octubre de 2015— la Iglesia tenía un plazo de 15 días para inconformarse. Pero no lo hizo.

Por su parte, el Arzobispado Primado de México no presentó ningún recurso de inconformidad, por lo que el siguiente paso será emitir la declaratoria administrativa por la que se formalice la nacionalización del inmueble

A partir de ese momento, el Estado asumirá y el control de la propiedad, así como la administración del templo que resguarda la tilma de San Juan Diego, en la cual se encuentra plasmada la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Pese a todo, la nacionalización no sorprende a las autoridades eclesiásticas. No es la primera vez que sucede. Así está estipulado en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Dicha legislación —publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio 1992 y puesta en vigor el 16 de julio de ese mismo año—indica que todos los templos abiertos al culto público antes de enero de 1992, año en que se concretó la reforma en materia religiosa, impulsada por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, pasarán a ser propiedad de la nación.

Debido a que la Nueva Basílica de Guadalupe fue construida en 1979, antes de la mencionada reforma, no pudo ser inscrita en el Registro Público de la Propiedad.

De acuerdo con el mandato federal —y obedeciendo a la notificación publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de octubre de 2015— referente a la Ley de Nacionalización de Bienes, ya ha comenzado el trámite de estatificación.

Dicho recurso, cabe subrayarlo, se pone en marcha justamente “cuando un bien perteneciente a alguna asociación religiosa no está inscrito en el Registro Público de la Propiedad.”

El documento que se le hizo llegar a las autoridades del recinto guadalupano explica claramente: “Se notifica la nacionalización del inmueble denominado Templo Nueva Basílica de Guadalupe, Atrio y Anexos ubicado en Plaza de las Américas números 1 y 2, colonia Villa de Guadalupe, Delegación Gustavo A. Madero”.

Por tal motivo, la nacionalización de la Nueva Basílica de Guadalupe sólo implicaría al edificio que comprende el Atrio, además de algunos “Anexos”, que no son especificados en el oficio.

En otras palabras, sólo se estaría nacionalizando la construcción. Aunque la administración pasaría a manos del Estado, todo lo referente a la liturgia continuaría bajo la tutela del Arzobispado Primado de México y de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

La Iglesia no se opone

Por su parte, ni el Episcopado Mexicano ni la Arquidiócesis de México ni el propio Cabildo de Guadalupe, mostraron rechazo por la nacionalización. Hasta ahora, ninguno ha interpuestoso recurso de impugnación. Tanto el gobierno federal como la Iglesia han mostrado un acuerdo mutuo.

Si las autoridades eclesiásticas continúan con dicha postura, no será necesario acudir ante instancias judiciales para cumplir con el proceso de nacionalización del santuario guadalupano, dirigido actualmente por el sacerdote Enrique Glennie Graue.

Posible litigio

Sin embargo, la nacionalización del templo implica que también se nacionalice la Plaza Mariana, la construcción más moderna del complejo guadalupano, lo cual, a decir de autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, podría ocasionar una serie de problemáticas con los comerciantes establecidos.

En ese sentido, el jefe delegacional de Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, explicó que la Plaza Mariana incluye mercados y espacios en donde se encuentran, por cierto, un par de estacionamientos de la delegación, por lo que sería adecuado que la notificación especificara en un mapa cuáles son estos anexos.

Por otro lado, una organización de vendedores también exige aclarar, “para evitar cualquier tipo de fraude”, la situación del procedimiento de nacionalización iniciado por el gobierno federal y señalar qué puntos de la Basílica pasarán a ser propiedad del Estado.

Esta situación podría provocar que se inicie un litigio para impugnar el procedimiento, en el cual intervengan la Procuraduría General de la República como el Poder Judicial de la Federación, para que se determine la situación jurídica de los anexos y, de ser el caso, lleguar a un acuerdo con los inconformes.

¿Qué sigue?

Una vez que se formalice el proceso de nacionalización de la Nueva Basílica de Guadalupe, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública será el encargado de llevar de manera formal el inventario del templo.

A pesar de que apenas se está formalizando la nacionalización del recinto, lo cierto es que durante casi 40 años las inmediaciones de la Nueva Basílica de Guadalupe, inaugurada el 12 de octubre de 1976, han permanecido custodiadas por autoridades federales.

Esto se debe a que la Antigua Basílica con su atrio, consagrada en mayo de 1709, en su momento, también ya había sido nacionalizadas, por lo cual esa área del cerro del Tepeyac es considerada como zona federal.

Comerciantes, preocupados por nacionalización

Comerciantes que fueron colocados en las zonas aledañas a la Basílica de Guadalupe se dicen temerosos por lo que pueda ocurrir tras la nacionalización de la Nueva Basílica de Guadalupe.

En las últimas semanas, líderes de comerciantes han externado su preocupación por un punto del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación que indica que la nacionalización se hará sobre el templo y el atrio pero también sobre sus anexos.

Ante esto, grupos de locatarios le han pedido a las autoridades de la delegación Gustavo A. Madero que se opongan a la declaratoria de nacionalización argumentando la falta de especificación sobre cuáles son los anexos que se pretenden nacionalizar.

Sostienen que la Plaza Mariana incluye otros espacios, como el mercado y el estacionamiento aledaño, por lo que exigen más claridad.

Por su parte, autoridades de la Basílica de Guadalupe publicaron en su portal de internet que habían circulado especulaciones deformadas sobre algunas situaciones relativas a Plaza Mariana.

Dicha plaza está conformada por un conjunto arquitectónico de dos niveles que ocupa el lado oriente del atrio y se extiende hasta lo que era el viejo mercado de La Villa. También incluye un museo de arte guadalupano, un centro de evangelización, un mercado de artículos religiosos, un centro de salud, dos estacionamientos y un columbario, es decir: un lugar especial para 120 mil nichos.

Cabe señalar que los más de mil 200 locatarios del mercado de recuerdos religiosos, quienes se encuentran preocupados, deben pagar una renta cuyo monto establece y cobra la propia delegación Gustavo A. Madero. La Plaza Mariana, por otro lado, se encuentra dividida en cuatro áreas que, a su vez, estarán conectadas por un corredor que, visto desde las alturas, simboliza una cruz gigante.

En Puebla, la Suprema Corte de Justicia falló en favor del Estado

Con el argumento de que había sido inaugurado tras la reforma en materia religiosa de 1992 — impulsada por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y el papa Juan Pablo II—, la congregación dueña de un recinto religioso en Puebla, en proceso de nacionalización, acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el objetivo de revertir el trámite.

La congregación alegó que el proceso era irregular, por lo que el santuario no debería ser propiedad del Estado.

El revés

Sin embargo, la Primera Sala de la SCJN determinó negar el amparo a la congregación Hermanas Guadalupanas de la Reparación, pues, según las pruebas, en el predio en litigio ya se celebraba misa y se efectuaban actividades religiosas antes 1991.

“Desde el año de 1991, el predio se encuentra abierto al culto público, por ello, dicho inmueble es propiedad de la nación, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 27, párrafo II, de la Carta Magna, vigente antes de su reforma de 28 de enero de 1992”, se expuso en el resolutivo.

Se trata del Convento Juniorado de San Sebastián Mártir, localizado en el paraje Los Alducines, dentro del municipio de Palmar de Bravo, Puebla.

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