La jueza Brenda Madrid ordenó la excarcelación del ex jefe de la barra brava del Club Independiente Pablo "Bebote" Álvarez, de Damián Lagaronne, Noray Nakis, Roberto Petrov e ítalo Romero, todos investigados en la causa sobe la asociación ilícita que realizó maniobras defraudatorias contra el club Independiente. La primera parte del expediente ya fue elevado a juicio oral, y en el segundo tramo la investigación se centra en el rol de Hugo y Pablo Moyano como autoridades de la institución deportiva.

La jueza de Avellaneda Brenda Madrid, hizo lugar a un pedido de excarcelación del abogado Alejandro Pérez,z y dictaminó el cese de la prisión preventiva de los imputados en el expediente, lo que incluye a Bebote Álvarez que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Los acusados en esta parte de la investigación, además de Alvarez, son los barras Damián Lagaronne y Roberto (Polaco) Petrov, y los dirigentes Noray Nakis y Hector “Yoyo” Maldonado, entre otros. Quienes contaba con prisión preventiva, fueron excarcelados.

En el requerimiento fiscal de elevación a juicio, la acusación contra Bebote Álvarez sostiene que "desde fecha indeterminada y al menos hasta el mes de noviembre de 2017, operaba una asociación ilícita integrada por un grupo variable y no determinado de personas del sexo masculino y femenino, todos mayores de edad, siendo parte de la misma una facción de la hinchada del club Independiente".

La Fiscalía también determinó que este grupo de personas lideradas por Bebote Álvarez -quien según su confesión respondía órdenes de Pablo Moyano- se "reunían habitualmente con motivos de encuentros futbolísticos en donde interviene el equipo en las inmediaciones de su estadio, además de sus sedes sociales y lugares en donde se disputan los encuentros, como así también en los sitios en los que el equipo de primera división de Independiente concentra previo a los partidos y en los lugares de entrenamiento".

En este contexto, en la resolución a la que accedió Clarín, la jueza Madrid consideró el plazo máximo de la prisión preventiva -dos años- ya cumplimentado, y entendió que con la elevación a juicio oral del primer tramo del expediente no había riesgos de entorpecer la investigación que pasó a su próxima instancia.

"Un proceso que persiste ilimitadamente o por tiempos desmedidos no es un juicio justo, a pesar de que se cumplan con las otras condiciones. En tal sentido, el tiempo se erige en un derecho a que los conflictos ventilados en la Justicia sean resueltos en un plazo razonable", analizó la jueza.

Así, analizando la situación procesal de los acusados señaló que "el tiempo que llevan privados de su libertad -dos años y veinte días-, es que considero que su situación encuadra dentro de lo estatuido y que al día del a fecha no existen peligros procesales que hagan presumir que los mismos intentarán eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación, ello teniendo en cuenta que la instrucción casi se encuentra agotada, como así también valorando el comportamiento asumido por cuanto siempre se encontraron a derecho, cumpliendo regularmente con las medidas morigeradoras que les fueron impuestas!".

Las acusaciones

La acusación incluye maniobras defraudatorias contra Independiente "mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas, protocolos de acceso a los espectáculos deportivos de dicha institución, bonos y cuotas sociales por fuera del ámbito societario y sin ingresar el producido económico al patrimonio del club".

El fiscal Sebastián Scalera sostuvo que existía en el marco de la organización un sistema de concesiones recíprocas entre parte de la dirigencia (Moyano, Nakis, Maldonado) y la barrabrava.

Es decir que la dirigencia del club funcionaba como fuente de financiamiento de la barra, a través de la venta irregular de entradas, cuotas, bonos, protocolos, viajes, dinero en efectivo, explotación de puestos en espacios públicos y otros mecanismos. A cambio, los dirigentes contaban eventualmente con los “servicios de la barra”.

Todos los involucrados en la maniobra fueron acusados por el fiscal Scalera como partícipes de "una organización criminal" que incluía a "directivos, empleados, socios y algunos simpatizantes del Club". El pedido de elevación a juicio que incluye a Pablo Moyano será realizado en los próximos meses.

En el expediente, el fiscal Scalera realizó un desdoblamiento de la causa en relación a Moyano (a quien los otros acusados llamaban "Salvaje"), Ayelén Petrov (hija del Polaco) y Carlos Zambrana ("Carlín" del barrio Pepsi). Todos ellos fueron indagados con posterioridad a los primeros procesamientos, lo que explica el retraso de su definición en el expediente.