El 12 de junio de 2014, Mariano Rajoy pisó por primera vez un centro de investigación como presidente del Gobierno. Llevaba ya casi tres años en el cargo. Acompañado por el cardiólogo Valentín Fuster, defendió la importancia de la ciencia. “El progreso de la humanidad ha ido inevitablemente de la mano de avances científicos y tecnológicos, y la generación de conocimiento es esencial para el progreso económico, social, cultural e intelectual de una sociedad. Por eso se creó este centro y por esta razón yo puedo asegurar que, una vez estabilizada la economía de nuestro país, que se va a estabilizar y pronto, la apuesta por la ciencia, la tecnología y la innovación va a ser clara”, dijo Rajoy ante decenas de científicos y periodistas en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). Un mes después, Carmen Vela, la responsable de la política científica del Gobierno, auguraba “un cambio de tendencia” en la financiación de la investigación científica tras años de recortes, que habían comenzado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Una vez estabilizada la economía, algo que se va a lograr pronto, la apuesta por la ciencia, la tecnología y la innovación será clara — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 12 de junio de 2014

Tres años después, el CNIC, uno de los mejores centros de investigación de España, ha estado a punto de perder a 30 trabajadores, el 7% de su plantilla. No es el único afectado. En el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) peligraban 66 puestos, el 15% de todos sus empleados. En la Plataforma Solar de Almería, el mayor centro de investigación de energía solar de concentración de Europa, el director y uno de sus máximos responsables científicos han dimitido en protesta por las trabas burocráticas impuestas por el Gobierno y la amenaza de perder a 12 científicos.

La clara apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) que prometió Rajoy aún no ha llegado. El gasto global en estas actividades se ha desplomado hasta el 1,19% del Producto Interior Bruto en 2016, un nivel menor que el de hace una década. Los principales países de la UE sí creen en la importancia de la I+D+i en la reactivación de la economía y han aumentado su gasto en estas actividades a pesar de la crisis. Mientras, España ha reducido su inversión pública más de un 12% desde 2009.

A pesar de esto, la falta de dinero no es el mayor problema de la ciencia en España, dicen los investigadores. Su día a día está plagado de trabas legales que se desprenden de nuevas leyes que ha aprobado el Gobierno para controlar el gasto público y cumplir con los objetivos de déficit fijados por Bruselas. Pasado lo peor de la crisis, tras tres años de crecimiento económico continuado, esas normativas siguen vigentes y amenazan con ahogar a algunos de los mejores centros de investigación del país.

El gran problema del sistema

Esther Calonge encarna uno de los mayores problemas que sufre el sistema de ciencia, la incertidumbre laboral. Dirige una línea de investigación sobre el virus del sida en el Instituto de Investigación Carlos III (ISCIII), uno de los seis Organismos Públicos de Investigación (OPI) que hay en España, que dependen del Ministerio de Economía, dirigido por Luis de Guindos. Esta doctora en Biología investiga qué sucede en los primeros instantes después de una infección por VIH, lo que determina la posterior evolución del paciente. Las primeras células con las que se encuentra el virus al llegar al cuerpo no son infectadas, y de alguna forma ayudan al virus a pasar desapercibido por el sistema inmune y llegar hasta los linfocitos, a los que sí ataca y contagia. “Si eres capaz de entender por qué las primeras células no alertan al resto, puedes aprender a corregirlo y parar antes la infección”, explica la investigadora. Calonge tiene 42 años, dos hijos, y lleva 10 años trabajando en el ISCIII. Siempre lo ha hecho con contratos temporales con cargo a proyectos de investigación. Desde 2013, se ha quedado en paro en tres ocasiones. No es que no hubiese dinero para contratarla, sino que la burocracia para hacerle un nuevo contrato llevó meses de papeleo y necesitó la aprobación de al menos dos ministerios, Economía y Hacienda. Debido a los retrasos, Calonge llegó a estar hasta cuatro meses en casa, sin empleo.

“Nunca dejas de trabajar, lo que haces es aprovechar para escribir papers y solicitar nuevos puestos, pero mi trabajo en el laboratorio se paraliza”, explica. “He llegado a estar muy cabreada, pensando que mi trabajo es accesorio. Nadie se lleva las manos a la cabeza porque la gente piensa que estamos haciendo algo que nos gusta, pero si pudiera pedirle algo al Gobierno sería respeto por mi trabajo: irse al paro es duro, sobre todo para la autoestima, y creo que se puede exigir más seriedad a la hora de gestionar los recursos”, confiesa Calonge, algo aliviada tras haber firmado un nuevo contrato por cuatro años.

Los principales países de la UE han aumentado su gasto en estas actividades a pesar de la crisis. Mientras, España ha reducido su inversión pública más de un 12% desde 2009

El problema comenzó en 2014, cuando los retrasos llegaban a ser de hasta nueve meses. Un año después, la secretaría de Estado de I+D+i que dirige Vela consiguió reducir los plazos y fijar el compromiso que hacer un nuevo contrato no llevaría más de cinco meses, aunque todo sigue dependiendo de que el Ministerio de Hacienda apruebe el cupo de nuevas contrataciones a tiempo, algo que sigue sin suceder, según los científicos del ISCIII. “En total se han visto afectados 250 contratos y el retraso acumulado de inicio de los proyectos de investigación con su personal es de de 156 años”, asegura Pepe Alcamí, responsable de la Unidad de Inmunopatología del Carlos III. “Es increíble que un ministerio que se llama de Economía y Competitividad no nos permita cerrar contrataciones en semanas, como sucede en otros organismos”, lamenta.

Desde 2013, la doctora en Biología Esther Calonge se ha quedado en paro en tres ocasiones. No es que no hubiese dinero para contratarla, sino que la burocracia para hacerle un nuevo contrato llevó meses de papeleo y necesitó la aprobación de al menos dos ministerios, Economía y Hacienda

En diciembre de 2014, unos meses después del discurso de Rajoy en el CNIC, el Ministerio de Hacienda aprobó una resolución por la que se establecía la intervención previa de organismos públicos, incluidos todos los de investigación. A cada centro llegó un interventor de Hacienda para supervisar y aprobar los gastos. Según los científicos, esta medida les pone a merced de funcionarios que a veces no comprenden bien las peculiaridades de la investigación, lo que ha llevado al sistema a un nuevo nivel de lentitud y anquilosamiento que, según denuncian, se ha convertido en la nueva forma de no gastar los fondos asignados a la I+D+i. “El principal problema de la ciencia en España no es la calidad ni el talento, sino la falta de masa crítica que se estaba consiguiendo antes de la crisis y el sistema administrativo, que es del siglo pasado”, opina Juan Lerma, investigador del Instituto de Neurociencias y director científico del congreso que reunió recientemente a los centros de investigación Severo Ochoa y unidades María de Maeztu, considerados los mejores del país. “La intervención previa es una catástrofe para los centros de investigación, el resto de países de nuestro entorno tiene más dinero y mejores leyes, es como intentar ganar una carrera a un Ferrari con un seiscientos trucado”, añade.

Sobre la masa crítica, nadie sabe cuántos científicos ha perdido España en estos años porque no hay datos oficiales. Sí existen aproximaciones. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el mayor OPI, ha perdido 1.800 empleados desde 2011. La Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior, presente en 14 países, tiene 3.500 afiliados. Según los cálculos de esta organización hay entre 15.000 y 20.000 investigadores españoles en el exterior, “aunque todo apunta a que podrían ser muchos más”, señalan. Según los últimos datos del INE, de 2016, hay en España 126.633 investigadores —4.000 más que en 2015— , con lo que los expatriados supondrían un 15% adicional al total. No hay garantías de que ese talento regrese a España. Una reciente encuesta de la red a más de 200 investigadores españoles en Reino Unido mostraba que el 60% prefería buscar trabajo en otro país de la UE antes que regresar a España, lo que desde la organización se achaca a la falta de estabilidad laboral.

Desde el Gobierno prefieren ver el vaso medio lleno. “La inversión en I+D ha aumentado en 2016 un 0,7%, pero el PIB ha crecido más, por lo que el peso de la I+D disminuye”, explica un portavoz de la secretaría de Estado de I+D+i. “Es cierto que nos hubiese gustado que la inversión pública fuera mayor, pero hay que tener en cuenta que no solo es responsabilidad del Gobierno, ya que hay comunidades autónomas que han disminuido mucho su gasto en I+D”, señalan. Las mismas fuentes se comprometen a que el problema del CNIO y el CNIC estará arreglado antes del 31 de diciembre y esperan lo mismo en la Plataforma Solar. También resaltan “las cosas buenas” que se han hecho desde la llegada del PP al poder, por ejemplo “la estabilización de la mayor parte de los investigadores Ramón y Cajal”, la “liquidación de la deuda con el CERN” o la creación de la “Agencia Estatal de la Investigación, después de muchos años de intentos fallidos”. El Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, no ha respondido a las preguntas de este diario.

Una reciente encuesta de la red a más de 200 investigadores españoles en Reino Unido mostraba que el 60% prefería buscar trabajo en otro país de la UE antes que regresar a España

La agencia es la respuesta a una reclamación histórica de los investigadores para que la financiación de la ciencia no dependa del ciclo político y tenga unos presupuestos previsibles y estables. Uno de sus mayores logros es poder conservar los fondos no gastados para usarlos al año siguiente. Cada año, el Gobierno deja sin gastar casi la mitad de su presupuesto. La mayor parte de los fondos son créditos, pero también hay millones en subvenciones que al cierre del año vuelven a las arcas del Estado sin ser utilizados. La agencia puede evitar que esto suceda. El organismo debía haber comenzado a funcionar en 2012, pero no fue creado hasta tres años después debido a las complejas negociaciones entre la secretaría de Estado de I+D+i con Hacienda.

Nazario Martín, presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España, que agrupa a 40.000 investigadores, opina que la agencia se ha quedado a medias. “Uno de los compromisos del Gobierno actual fue transformar la agencia para que sea como el Consejo Europeo de Investigación (ERC), es decir, que sea independiente de lo que suceda en las elecciones cada cuatro años y que también lo sea respecto al Gobierno de turno y que esté dirigida por un científico”, lamenta.

En los últimos años la producción científica de mayor calidad ha crecido, aunque es posible que su futuro esté hipotecado. España ya es la octava potencia científica mundial en este aspecto, según los datos de Scimago correspondientes a 2016. Parte de la explicación es que los investigadores españoles recurren a recursos del extranjero y minimizan el efecto de los recortes. "Las colaboraciones internacionales han pasado del 32% en 2003 al 46% en 2015 y eso permite mantener los niveles de impacto", explica Félix de Moya, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC y fundador del grupo Scimago. “Si continúa la situación, aparecerán los efectos negativos”, resalta. Los datos reflejan que los grupos de investigación más consolidados suelen ser los menos perjudicados por los recortes y siguen funcionando bien a pesar de ellos, explica Martín. “Lo preocupante es que los recortes hacen muy complicado hacer cantera, establecer nuevos grupos liderados por jóvenes, con lo que es probable que el resultado de los recortes los vamos a ver en años sucesivos”, explica. Martín cree que “el Gobierno actual desprecia la ciencia y eso se refleja en los presupuestos cada año, no valen las palmadas en la espalda porque nuestro trabajo no solo es vocación, también financiación”.

Mariano Rajoy no ha vuelto a visitar un organismo público de investigación desde septiembre de 2014.

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