30 Julio 2019 04:06:00

Extinguir propiedades

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No hay mayor garantía contra la tiranía que la propiedad. Una persona o familia con propiedades tiene mayores incentivos para oponerse a los abusos del gobernante. La propiedad lo ata a la tierra y lo obliga a defender su patrimonio ante la autoridad. No sorprende que los dictadores hayan buscado siempre acabar con la propiedad, especialmente la de sus enemigos.



La Ley Federal de Extinción de Dominio, para la confiscación de propiedades, no es nueva. La impulsó Felipe Calderón en 2009 y la enmendó Enrique Peña Nieto en 2016. Aunque la ley original estaba acotada a casos de narcotráfico, le daba al Gobierno la facultad de tomar propiedades aun cuando los propietarios no hubiesen sido declarados culpables por un tribunal.



Los legisladores han hecho enmiendas a la ley, pero en lugar de corregir sus errores los han profundizado. Primero modificaron el Artículo 22 de la Constitución el 14 de marzo. Ahora han aprobado la nueva ley reglamentaria.



La diputada del PRD, Guadalupe Almaguer, me dijo ayer que la nueva legislación “vulnera la presunción de inocencia”. No es ya el Estado el que tendrá que comprobar la veracidad de las acusaciones que justifiquen la extinción, sino el ciudadano el que tendrá que demostrar su inocencia. Esta reversión de la carga de la prueba hará que quienes no cuenten con buenos y costosos abogados sean despojados de sus propiedades de manera muy fácil.



El juicio por la extinción se lleva a cabo de manera independiente al de la acusación principal. El Gobierno no solo puede confiscar la propiedad antes de que el propietario sea declarado culpable, sino que podrá venderla antes de la sentencia. Si la venta ya se ha realizado, el inocente despojado no podrá recuperar su propiedad; a lo mucho tendrá derecho a una indemnización.



Los recursos por la venta serán manejados por el “gabinete social” encabezado por el Presidente, quien podrá decidir discrecionalmente qué hacer con el dinero. El Jefe del Ejecutivo tiene así un incentivo enorme para extinguir bienes y utilizarlos para propósitos “sociales” que le generen respaldo político.



Si antes se limitaba la extinción de dominio al narcotráfico o al crimen organizado, la diputada Almaguer señala que el número de tipos penales sobre los que puede aplicarse pasará de cinco a 245. Algunos, como corrupción o encubrimiento, son muy vagos y pueden promoverse por razones políticas. El delito de moda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, ha sido incluido entre los que pueden motivar la extinción. En los últimos años, sin embargo, hemos visto cómo esta figura se utiliza en casos en los que realmente no hay prueba de delito. En la ley de la Ciudad de México se ha propuesto incluso la extinción de dominio en faltas administrativas, como la remoción o violación de sellos de clausura, aunque el acto sea realizado por un inquilino y no por el dueño.



En varias ocasiones los políticos que han promovido las leyes sobre extinción me han dicho que la gente honesta no tiene de qué preocuparse. Quizá esto haya sido parcialmente cierto cuando la extinción se aplicaba solo al narcotráfico. Con la ampliación de los tipos de delito, y ante el hecho de que el acusado ni siquiera tiene que ser declarado culpable para que se le despoje, encontraremos crecientes razones de preocupación. El Estado mexicano está atentando contra uno de los derechos individuales más importantes: el de la propiedad.





Datos equivocados



Ayer el Presidente dijo que el Coneval continuará, pero con un nuevo titular que no gane 200 mil pesos mensuales, como Gonzalo Hernández Licona, sino solo 90 mil. Pero el extitular ya mostró su recibo con un sueldo de 90 mil 957.52. ¿Nadie le dice al Presidente cuando sus “otros datos” están equivocados?