Publicidad

La Audiencia Nacional considera que los trabajadores carecen de medios para probar la realización de horas extras

Más vale tarde que nunca, pero desde la imposición del Estatuto de los Trabajadores en 1980 se vienen haciendo horas extraordinarias de difícil control, si bien, lo dificultan mucho más, a partir de la Reforma por decreto en 1995. Primero se cargan, ya a principio de los 80, todos los controles con la desaparición de las fichas de entrada y salida y, en el Decreto del 95, hacen desaparecer la ley que dictaba las horas extras máximas al día y al mes -dos y quince respectivamente- con la burda patraña de que las rebajaban al año de 100 a 80 como máximo.

Los trabajadores saben perfectamente las horas extras que hacen de más, sin que en muchos casos se las abonen siquiera. Lo que no pueden es demostrarlo porque tanto las leyes como las empresas ya se encargan de que sea así. Las empresas lo tienen fácil para obstaculizar a la inspección y al juzgado de lo socio-laboral para que no puedan ajustarles las cuentas por los abusos que se les inflige a l@s trabajador@s. Constantemente se evaden de ser denunciados y obligados a abonar y a cotizar las horas extras y a no poder ser vigilados cuando se sobrepasan en su realización.

No es posible demostrar las horas extras que hacen los trabajadores porque con las leyes laborales modificadas cada vez más en su contra (por decreto y con la colaboración de CCOO y UGT. que han mirado para otra parte o bien han convocado huelgas limitadas para lavarse la cara), los empresarios pueden hacer lo que les da la gana para camuflar de mil maneras las horas que sobrepasan lo legal. Con esas leyes, los trabajadores no pueden defenderse frente a las empresas si no es arriesgando su puesto de trabajo, ya que las empresas no tiene obstáculos legales que les impida despedirlos cuando les dé la gana y por muy poco dinero, más todavía si se trata de contratos temporales.

Ya vemos que CC OO y UGT “venden el coche y después compran gasolina”, pues son estos dos sindicatos, entre otros, quienes cursan demanda a la Audiencia Nacional para que haga consulta a los organismos europeos sobre control de jornada laboral a raíz de un conflicto en Deutsche Bank.

Los retrocesos laborales comenzaron con el Estatuto de los Trabajadores en 1980, en el que se modificaron y se rebajaron a peor las condiciones de trabajo (y también las económicas) respecto a las que se habían alcanzado durante la última década con la dictadura. Entonces, a los 15 días un trabajador no cualificado era fijo de empresa y los cualificados lo eran al mes. Por despido improcedente los empresarios tenían que pagar indemnizaciones de 60 días por año trabajado y la opción a seguir trabajando la tenía el trabajador. Si la empresa no lo admitía la indemnización subía hasta 90 días.

No hay que dejar de recordar que contra la imposición de este Estatuto de los Trabajadores, CCOO (cuando todavía era una organización respetada y temida por los empresarios y por los gobiernos) realizó movilizaciones con una importante concentración estatal en la casa de campo de Madrid (allí nos echaron a manifestarnos para que no nos viera nadie en la ciudad y lo “aceptamos”) siendo abortada la huelga general prevista (que debía salir de aquella magna concentración) por el PCE, que lo impuso al aparato del Sindicato dirigido entonces por (el que era un buen hombre) Marcelino Camacho. En años posteriores, y hasta la fecha, esta carta de leyes laborales que ya era nefasta desde el primer momento, fue y ha sido enmendada y remendada con las múltiples reformas y decretos laborales impuestos por el PPSOE con el apoyo, siempre, tanto del Partido Nacionalista Vasco, como del convergente catalán. Y también fueron permitidas, cuando no negociadas, por los grupitos de golfos al frente de CC OO y UGT.

De modo que a día de hoy después de lo que ha “llovido” generalmente los trabajadores están “obligados” a negar que realizan horas extras o a declarar que se las han compensado con vacaciones.

En el Estado Español (no debemos cansarnos de decirlo) los empresarios explotan a los trabajadores a su gusto porque las dos organizaciones sindicales mayoritarias lo vienen permitiendo desde hace mucho tiempo. Y esta realidad es muy importante que no sólo la conozcamos, sino que seamos capaces de explicarla.

En el Estado Español mientras no consigamos desgajar a miles de afiliados de estos dos sindicatos y lograr que desconecten con la creencia de que aún sirven para alguna cosa, no habrá manera de recuperar la capacidad organizativa y movilizadora de la clase obrera.