El Gobierno decidió intervenir en la disputa entre la empresa de semillas y agroquímicos Monsanto y las entidades rurales. Lo hará mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU). El conflicto surgió por la cláusula que impulsó esta empresa en los contratos de compraventa de granos, para que se analice si la soja que venden los productores tiene su nueva tecnología Intacta, resistente a insectos, y así reclamar el pago de regalías.

Así se lo comunicó ayer el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a representantes de la industria semillera, acopiadores y entidades del campo, en una reunión en el Ministerio de Agricultura, de la que participaron también el responsable de esa cartera, Carlos Casamiquela, y su segundo, Gabriel Delgado.

Con esa medida, adelantada por LA NACION hace tres semanas, el Gobierno buscará saldar la pelea a favor de las entidades del agro determinando que todos los pagos por derechos de propiedad intelectual deberán hacerse sobre la semilla, no sobre el grano. De esta manera, quedará "abstracta" la cláusula Monsanto, interpretan en el sector. Basándose en la ley de patentes, y después de que un 70% de los productores pagara sobre la semilla, la compañía había avanzado en el control sobre el grano para asegurarse el cobro restante. Ayer, pese a los anuncios oficiales, ratificó su modelo para cobrar.

El Gobierno modificará con el DNU algunos artículos de la ley de semillas, de 1973, dictada cuando no existía la biotecnología agrícola. Si bien el oficialismo tiene mayoría para hacer una ley de semillas, en los últimos años las controversias internas la frenaron.

El DNU exceptuará a los pequeños productores del pago de derechos. El decreto también será un guiño para varios reclamos de la industria semillera. Se creará un registro de productores que hacen uso propio, una modalidad por la cual, una vez finalizada la cosecha, se reservan parte como semilla. Está permitido por la ley, pero no está regulado. El registro apuntará a combatir la comercialización ilegal.

Entre los anuncios se informó que habrá que pagar un canon tecnológico a un fideicomiso público-privado para fomentar la biotecnología. Lo harían quienes hagan uso propio a partir de una escala aún no definida. El Gobierno prevé que pagarán 2000 productores grandes que representan el 80% de la producción de soja.

La presencia del jefe de Gabinete en la reunión fue un espaldarazo al secretario Delgado, que intentó crear consenso frente al conflicto.

En el encuentro, Fernández prometió que el Gobierno buscará normalizar el mercado de semillas ante la fuerte ilegalidad. Pero ante la pregunta de un asistente por la cláusula Monsanto, fue categórico: "Estamos en contra".

En los productores hubo reacciones de apoyo, pero también cautela. "El decreto contemplará que se pague en la semilla, algo que sostuvimos históricamente", dijo Daniel Pelegrina, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Sobre el canon, indicó: "Lo tenemos que estudiar". Desde Coninagro, el gerente Daniel Asseff opinó: "Los enunciados son buenos, pero queremos conocer la letra chica".

Para Jorge Solmi, vicepresidente segundo de Federación Agraria, la cláusula Monsanto "deviene abstracta" con el DNU. "Sobre el registro del uso propio, tenemos que ver cómo funciona y que no complique la vida al productor", afirmó.

En un comunicado, Monsanto expresó su beneplácito por las palabras del jefe de Gabinete en la reunión "respecto de la decisión del gobierno nacional de promover la biotecnología como política de Estado y reafirmar que las biotecnologías patentadas deben contar con un adecuado reconocimiento a la propiedad intelectual". Sin embargo, confirmó que seguirá adelante con su estrategia actual para el cobro. "Monsanto reafirma que seguirá adelante con la implementación de un modelo de negocios que garantice el reconocimiento de sus derechos a través del cobro de una contraprestación por cada uso de su biotecnología", precisó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Semilleros (ASA), Alfredo Paseyro, calificó de positivo el encuentro "en las definiciones para una solución a la semilla ilegal, la bolsa blanca y el recupero a la inversión" de las empresas. Sobre el DNU, indicó: "Queremos ver el contenido".