Sorpresivamente, el ex testaferro de Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele comenzó a negociar en reserva con la Justicia y el Gobierno la posibilidad de acogerse a la ley del arrepentido en la causa Ciccone, confirmaron a Clarín dos fuentes seguras.

Los abogados del operador de la compra de la que era la única imprenta privada -antes de su polémica estatización por parte de Cristina Kirchner- con capacidad para imprimir billetes inició hace dos semanas consultas informales con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para saber si su cliente podía ser incluido en el programa de protección de testigos e imputados de su cartera porque teme por su vida.

Bullrich comunicó al juez federal Ariel Lijo de esa posibilidad y éste explicó que la defensa debe negociar con el fiscal Jorge Di Lello el intercambio de información que permita avanzar en la investigación a cambio de una reducción de penas. "La evaluación para determinar si los datos y documentos que ofrece Vanderbroele sirven, corresponde a la Justicia", subrayaron las fuentes. El programa de protección de testigos depende del ministro de Justicia, German Garavano, quien entonces tendrá la última palabra sobre las condiciones que se le podrían otorgar a Vanderbroele.

Por esos contactos, desde hace una semana, Lijo y Di Lello se quedan hasta tarde en sus despachos a la espera de que los abogados inicien los trámites formales, lo que hasta ahora no ocurrió. Lijo fue el primer juez en la historia que procesó a un vicepresidente en ejercicio en el 2014, luego de una entrevista con el Papa Francisco en Roma quien le recomendó: “Está bien ser prudentes. Pero si la prudencia se convierte en inacción, eso es cobardía ”. Radio Rivadavia adelantó ayer una versión sobre las tratativas que Clarín confirmó con detalles en dos fuentes seguras.

En las conversaciones, Vandenbroele quería estricas medidas de seguridad, una casa segura y “facilidades económicas” mientras esté en el programa de protección. Bullrich le garantizó las primeras dos condiciones y la tercera debería ser "la misma asignación dineraria" que reciben otros arrepentidos. Las tratativas continuarán la semana próxima para intentar explicar el alcance del programa de protección de testigos e imputados en el que, por ejemplo, ya está incluído Leonardo Fariña, el arrepentido de la causa de la ruta del dinero K.

El ex testaferro de Boudou estaría asustado porque recibe amenazas y prácticamente todos los días lo llaman por teléfono distintas personas para “garantizar que no se doble”, explicaron las fuentes. Sospechan que "un empresarios" estaría financiando a testigos e imputados para que no se quiebren.

Además, del temor y desprestigio que está sufriendo Vandenbroele sabe tiene que decidirse antes de que comience el juicio oral del caso Ciccone en octubre como para llegar con un acuerdo elaborado por el fiscal Di Lello y homologado por el juez Lijo a fin de que el tribunal oral tenga una base legal en que basarse cuando dicte la condena. Vanderbroele está procesado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, delitos que cada uno tienen una mínima de 2 años de prisión y una máxima, de 6 años.En el peor de los escenarios, los jueces sumarían las dos penas máximas y por no tener antecedentes podrían darle una pena de hasta 10 años, estimaron fuentes judiciales. Por esta razón, es que Vanderbroele no quiere quedar como el “pato de la boda” con pena mayor de todos.



Vandenbroele comenzó a cambiar de posición, luego de 4 años de mantenerse en silencio, cuando el 13 de este mes la Cámara Federal de Casación Penal dio vía libre al inicio del juicio oral al ex vicepresidente y los demás procesados en la causa Ciccone, al rechazar dos recursos de queja contra las acusaciones hechas por la fiscalía, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF).

El máximo tribunal penal del país rechazó sendas quejas del procesado José María Nuñez Carmona, socio de Boudou y de Vandenbroele, quien figuraba como presidente del fondo "The Old Fund" que adquirió la imprenta en una operación cuestionada por la Justicia y con sospechosos fondos provenientes de Holanda y de paraísos fiscales.

Los camaristas Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemingnani dejaron firme así la decisión del juez Lijo, quien envió la causa a juicio al rechazar los recursos de queja con que los dos acusados intentaban que se revea esa decisión.

Nuñez Carmona y Vandenbroele pedían la "nulidad de los requerimientos de elevación a juicio" de fiscalía y querellas.

Pero para Casación lo objetado "no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones, o de aquéllos que deniegan la extinción, conmutación o suspensión de la pena", según el fallo.

El juicio ya está a cargo del Tribunal Oral Federal 4, que habilitó la feria judicial de invierno para seguir con la preparación y luego ponerle fecha de inicio que empezaría en octubre. El debate estará a cargo de los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Guillermo Costabel y María Gabriela López.

Boudou y los demás acusados fueron procesados porque se dio por probado que ejecutaron maniobras para quedarse con la imprenta Ciccone mediante su compra, usando como testaferro a Vandenbroele a través de The Old Fund para luego adjudicarse contratos con el Estado Nacional para la impresión de billetes.

En la época de los hechos Boudou era ministro de Economía de la Nación y desde allí facilitó un acuerdo con la AFIP por la millonaria deuda impositiva de Ciccone.

Por otra parte, la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de los empresarios Vandenbroele y Nicolás Ciccone por la apropiación indebida de aportes a los empleados de Ciccone.

Boudou está acusado de haberse quedado con el 70% de la ex Ciccone Calcográfica (actual Compañía de Valores Sudamericana), imprenta privada capaz de imprimir papel moneda, utilizando la sociedad The Old Fund que manejaba Vandenbroele.

En esa causa también están acusados el amigo de Boudou José María Núñez Carmona, Rafael Resnick Brenner, ex funcionario de la AFIP; Guido Forcieri, ex jefe de Gabinete de Boudou en el Ministerio de Economía, y Nicolás Ciccone, ex cofundador de la firma original.

Ahora, en otra causa y en un fallo la Cámara Federal de San Martín decidió confirmar una decisión de la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado por el "procesamiento sin prisión preventiva de Nicolás Tadeo Ciccone, Máximo Eduardo Lanusse y Alejandro Paul Vandenbroele, en orden al delito de apropiación indebida de los importes retenidos a sus dependientes en concepto de aportes al sistema de la seguridad social, reiterado en dos oportunidades que concurren en forma real". Además, Vanderbroele tiene una tercera causa penal por cobrar 2 millones de dólares por la reestructuración de la deuda de Formosa gobernada por el kirchnerista Gildo Insfrán, a través de The Old Fund.