Tal como anticipó LA NACION, la oferta "de buena fe" implica una reducción en la carga de intereses de 62% (US$37.900 millones), un alivio en el stock de capital (5,4% o sea, US$3600 millones) y un período de gracia por tres años, hasta 2023.

Francisco Jueguen Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de abril de 2020 • 19:18

Con una escenificación que buscó enviar un mensaje de consenso político y con la presencia de Cristina Kirchner, el Gobierno presentó hoy la oferta para la reestructuración de la deuda pública con los acreedores privados que tienen en su poder títulos bajo legislación extranjera.

La oferta "de buena fe" implica una reducción en la carga de intereses de 62% (US$37.900 millones), un alivio en el stock de capital (5,4% o sea, US$3600 millones) y un período de gracia por tres años, hasta 2023. Eso significa que el Gobierno no pagaría hasta 2023. Ese año, el país empezaría a abonar un cupón promedio una tasa de interés de 0,5%. Las mismas irían creciendo a niveles "sostenibles". El cupón promedio rondaría el 2,33%, según se informó oficialmente.

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, explicaron algunos de los detalles de la propuesta en la Quinta de Olivos junto a varios gobernadores y a los principales aliados políticos, entre ellos la vicepresidenta. Eran algunas de las precisiones que esperaba el mundo financiero sobre los principios del diseño en el que se basa la oferta.

"Hoy la Argentina no puede pagar nada. Durante ciertos años no puede pagar nada", dijo Guzmán, quien abrió el encuentro y ratificó los apoyos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el G20 y el G7 al país. "Aún no se ha llegado a un entendimiento [con los acreedores privados] sobre qué es sostenible", anticipó el ministro, que dijo además que daría 20 días a los bonistas para analizar la propuesta que presentará oficialmente mañana.

"Lo que se dice del otro lado es que tiene que haber más ajuste fiscal, rápido y en mayor cantidad. Eso destruiría el futuro, las oportunidades de millones de personas en la Argentina", criticó Guzmán, quien señaló que seguirá buscando "el entendimiento entre las partes".

El llamado exit yield (la forma de descontar flujos futuros) y el Valor Presente Neto (VPN) de la oferta, datos clave en el mundo financiero para evaluarla, serán analizados bono por bono y con más precisiones, por el mundo financiero. En el Ministerio de Economía creen que esa tasa de descuento buscará ser inflada por los bonistas para "correr el arco" de la negociación. "Una tasa alta te genera un efecto de quita grande", contaron cerca de Guzmán. Algunos especialistas en el mercado describían a la oferta como "restrictiva por el lado de los pagos", y, aunque esperaban ver la letra chica mañana, indicaban que había que "trabajarla bastante".

En el cronograma oficial presentado por Guzmán el 29 de enero pasado -atrasado por los problemas logísticos que generó la pandemia- establecía como siguientes pasos que, una semana después de la presentación, ya expiraba el período de aceptación de la oferta, se comunicaban oficialmente los resultados y se prepara el documento para ejecutarla. Sin embargo, el ministro informó hoy que daría más tiempo a los bonistas.

En el Gobierno precisaron que para que las clausulas colectivas que actualmente rigen los contratos se apliquen es necesario un 51% de adhesión por serie y un 66% por grupo de bonos.

El miércoles pasado, el Ministerio de Economía presentó el primer paso formal para lanzar su oferta a los bonistas. Pidió a la Comisión de Valores de Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés) una autorización para emitir deuda por US$50.500 millones. Fueron US$20.000 millones más que la establecida en marzo. Según supo LA NACION, no habría (como se había especulado en el menú de opciones para el canje de deuda) un bono atado al PBI.

El decreto 250/20 había establecido que la deuda privada bajo legislación extranjera a reestructurar sería de US$68.842.528.826. Este año quedan vencimientos de esos papeles por unos US$3300 millones.

En el mercado se especulaba con una oferta hostil, luego de que el Gobierno anticipara que la "contribución apreciable" de los acreedores privados debía ir en sintonía con los escenarios propuestos por el FMI, otro importante acreedor de la Argentina. El organismo que conduce Kristalina Georgieva -que buscará acordar un nuevo programa con el país- calculó que el alivio debería implicar una reducción de los pagos que iba de US$55.000 millones a US$85.000 millones en diez años. Además, incluía un período de gracia de cinco años. Es el precio para lograr la "sustentabilidad" de la deuda en el lenguaje del ministro de Economía.

A pesar de que Guzmán dijo que buscaría "un tratamiento equitativo para la deuda pública en dólares bajo la ley argentina y bajo las leyes extranjeras", el 6 de abril pasado, el Ministerio de Economía decidió unilateralmente la postergación del pago de los bonos en dólares emitidos bajo legislación local hasta el año próximo. Se trata de US$10.000 millones a pagar este año.

En una presentación frente a bonistas extranjeros en un webcast, Guzmán había dado semanas atrás las principales perspectivas en la búsqueda de la sustentabilidad. Respecto al resultado primario, se preveía para este año un déficit de 1,1% del PBI en el mejor escenario y de -1,5% en el peor. Para 2021, sería de -0,5% o de -0,9%. El equilibrio fiscal podría llegar recién en 2022 o 2023, según los escenarios oficiales que plantean un aumento en la acumulación de reservas y el mantenimiento del superávit comercial. El propio Guzmán aseguró entonces que no se incluía el impacto del coronavirus. Sin embargo, el propio FMI anticipó en su panorama mundial presentado anteayer, una caída para este año de 5,7%.

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