Resistió como el protagonista de Scarface, Tony Montana: a los tiros. Jorge Castillo tomó una escopeta, se acomodó en uno de los balcones de la lujosa casa que acababa construir en un barrio privado de Luján, en las afueras de Buenos Aires, y disparó contra el comando de la policía Bonarense que había ido a capturarlo. Un perdigón dio en la cara de un policía. La detención del Rey de La Salada, apodo que recibe por el nombre de su mercado de ropa y calzado, ha supuesto el fin de una carrera de más de 25 años en el comercio ilegal de todo aquello que mereciera ser falsificado. El negocio prosperó tanto que, en 2015, la secretaría de Comercio de Estados Unidos consideró a La Salada “el mercado negro más grande de América latina, donde se comercia abiertamente con productos pirateados o de contrabando”. Castillo fue detenido junto a otras 20 personas, entre ellos un hermano, sobrinos y hasta una cuñada, sospechado de liderar tres asociaciones ilícitas destinadas a montar una especie de Estado paralelo en los predios bajo su dominio.

Jorge Castillo, propietario de La Salada. Facebook

Castillo es un hombre poderoso: controla 14 empresas dedicadas a bienes raíces, la cría de ganado y el cultivo de soja. Tiene también una financiera destinada a dar créditos a sus clientes y hasta una radio. Pero su negocio estrella está en La Salada, un predio semicubierto de 20 hectáreas donde se agolpan 8.000 puestos con permiso municipal y otros 7.000 en la calle, sobre las arterias que desembocan en el Riachuelo, uno de los ríos más contaminados del mundo. Esos puestos callejeros fueron la clave de su caída: Castillo cobraba por ellos un alquiler de hasta 800 pesos (50 dólares) por día, pese a que estaban en un lugar de uso público. El canon incluía seguridad, limpieza y derecho al estacionamiento. El negocio era redondo para todos: Castillo recaudaba y los vendedores se aseguraban una clientela que llegaba en hasta 1.000 buses por día desde todo el país en busca de precios bajos.

Al amparo de semejante negocio, un entramado de venta de productos, evasión de impuestos y contrabando, creció lo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich llamó una “verdadera mafia del comercio ilegal”. Y recordó que entre las armas requisadas a los detenidos encontraron una picana, utilizada para torturar a las personas que encontraban robando entre los puestos. Un vídeo difundido por la policía mostró cómo las “mecheras” o ladronas eran desnudadas y golpeadas en un galpón y luego obligadas a pasearse en ropa interior entre los clientes. “Si alguien tiene un cuarto donde tortura a las mujeres, se adueña de un territorio, cobra por el espacio público y tortura y hasta mata al que no paga, eso es una mafia”, dijo Bullrich.

Mercado negro La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó de que el comercio ilegal mueve cada año mercaderías por 4.280 millones de dólares. Sólo en mayo la cifra alcanzó los 360 millones de dólares, fruto del comercio ilegal en "'662 saladitas y 86.728 vendedores informales" en todo el país.

Ayer por la mañana, las topadoras destruyeron las estructuras de hierro de los puestos callejeros y despejaron la calle que rodea al predio techado, mientras cientos de personas miraban la escena detrás del cordón policial, con cara de resignación. El público era mayoritariamente de puesteros, hombres y mujeres que el miércoles por la noche debían abrir sus puntos de venta hasta bien entrada la madrugada. Allí está la otra cara de la detención de Castillo.

“Yo me quedé sin trabajo”, se lamentaba Sonia, una mujer de 50 años que vendía ropa para niños frente al ingreso a La Salada. “Tengo una hija sorda, necesito trabajar. No sé adónde vamos a ir ahora”, dijo. Sonia y otras dos mujeres que la acompañan niegan que pagasen por el uso de su espacio y consideran a Castillo una especia de padre benefactor al que acudían cuando necesitaban remedios para la familia o cubrir algún gasto inesperado. Se niegan a creer que pueda ser un delincuente, pero enseguida bajan la voz y admiten que en el lugar “operan barras bravas de fútbol que cobran un alquiler por trabajar en la calle”. Poco y nada se obtendrá cuando se piden detalles de esas operaciones ilegales.

Jorge Castillo en el momento de su detención. Ministerio de Seguridad

Castillo está ahora preso, pero supo disfrutar de tiempos mejores. Basta ver sus fotos en las redes sociales, donde se exhibe en playas paradisíacas, autos de lujo o en su nuevo palacio construido en Lujan. O al frente de su propia radio para quejarse por las obras en el Puente La Noria, que cruza sobre el Riachuelo hacia la capital a menos de 10 calles de su paseo de compras, o para anunciar su apoyo a una candidata en las elecciones legislativas de octubre. “Los muchachos querían que me presentara como primer candidato, pero yo no puedo, porque vivo en Luján, por más que tengo el corazón en Lomas de Zamora. Es una falta de respeto a la gente que me presente como candidato por Lomas”, dijo en una entrevista a su propia emisora.

Lo cierto es que Castillo no necesitó hacer política para estar cerca de los políticos. Durante el kirchnerismo viajó incluso a Angola con una misión comercial organizada por el Gobierno en busca de nuevos negocios, pero desechó al país africano porque “tenía poca seguridad jurídica”. Prefirió entonces extender el modelo de La Salada al interior del país, e incluso coqueteó con exportarlo a Miami, en Estados Unidos. Ahora deberá posponer esos planes.