Tucumán arde. Tras la vulneración de derechos a la nena violada que pidió que le interrumpieran ese embarazo pero la obligaron a ser madre, organizaciones sociales, de mujeres y derechos humanos apuntan contra los funcionarios por dilatar los tiempos. Y una de las juezas que intervino salió rápidamente a despegarse del pedido del Ministerio de Salud de "salvar las dos vidas". Ahora, la Corte local emitió un comunicado en el mismo sentido.

Anoche, cuando desde el gobierno provincial aseguraban que cumplirían con el pedido de la niña y se realizaría la interrupción voluntaria del embarazo, el gobierno envió a los medios un comunicado oficial. Fue lo único que dijeron, ya que ni la ministra de Salud Rossana Chahla ni Gustavo Vigliocco, el secretario, dieron explicaciones. Y el encargado de prensa del ministerio tampoco responde a los medios.

"El Sistema Provincial de Salud de la Provincia de Tucuman (SIPROSA), notificó esta noche a la directora del Hospital “Eva Perón”, Dra Elizabeth Avila, que proceda a dar cumplimiento al oficio emitido en el día de la fecha por la jueza civil en Familia y Sucesiones de la Va Nominación, Dra Valeria Judith Brand, el cual consigna que “en atención a la innecesariedad de judicialización” y en función de lo peticionado por la niña y su progenitora y -según el oficio- “ conforme (a la) doctrina pacíficamente aceptada emanada del fallo FAL”, se continúen los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas", decía el comunicado.



La cesárea fue después de la medianoche, con dos profesionales que tuvieron que buscar a las corridas porque ninguno de todos los médicos del hospital quería realizar la intervención.

Este miércoles, la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán salió a aclarar que Valeria Brand, a cargo del Juzgado en Familia y Sucesiones intervino diez días atrás, "y que esa intervención estuvo y estará centrada en hacer cumplir el Sistema de Protección Integral de Niños Niñas y Adolescentes (Ley 26.061), con la finalidad de brindar contención y posibilitar soluciones a futuro para la niña, víctima de abuso sexual intrafamiliar".

Aclara que la realización de la ILE no debía ser judicializada, cita el Fallo F.A.L de la Corte Suprema de 2013 y rechaza el texto del comunicado oficial del gobierno que hablaba de “salvar las dos vidas”. Dice que eso "no refleja lo resuelto en el expediente judicial, toda vez que el expediente no menciona que la aplicación de la Doctrina tenga esa finalidad".