La Cámara de Bioetanol de Maíz en un comunicado sostuvo que, en caso que el gobierno nacional no acceda a su exigencia de aumentar el corte de naftas de 12% a 15% para colocar el bioetanol y una mejora de su precio de al menos 10%, cerrarían total o parcialmente las plantas.

“Esperamos una caída de más del 70% en los requerimientos de etanol de abril y tenemos los tanques de almacenaje llenos. Ante semejante panorama no nos va a quedar otra que parar”, dijo el director ejecutivo de la entidad, Patrick Adam.

Esta demanda la comparten con las patronales de los ingenios azucareros que son las principales productoras de alcohol del país.

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El precio del bioetanol de maíz según lo establecido por la Secretaría de Energía de Nación cerró en 2018 a 19,45 pesos y llegó a $29,8 en diciembre 2019 (última actualización). De esta manera, durante el año pasado tuvo un aumento de 53,2%, apenas por debajo de la inflación acumulada de 53,8%. A su vez, la inflación estimada para el primer trimestre del año ronda el 7%, la suba que exigen las patronales del 10% muestran que aún cuando se vive una situación cada vez más crítica, no están dispuestas a dejar de ganar. Una actitud miserable.

Mención aparte se encuentra en el negocio asegurado por el Estado a las productoras de bioetanol de maíz que venden casi al doble el producto comparado con el precio que el mismo tiene en los Estados Unidos actualmente (0,93 dólar por galón). ¿Por qué no se hacen públicos los costos y ganancias de las empresas que el Estado premia con un precio para el bioetanol?

En Argentina se trata de cinco empresas que concentran la producción de bioetanol de maíz. Entre ellos grandes actores mundiales, Aca Bio Coop (31%), Pro Maíz AGD/Bunge (28%), Bio 4 (15%), Diaser (15%), Vicentín (10%), según un informe del sector elaborado por el ministerio de Economía de la Nación.

La presencia del grupo Vicentin que hace meses protagonizó una estafa al Banco de la Nación Argentina, declarando el default de su deuda, luego de obtener un préstamo de 350 millones de dólares en los últimos meses del gobierno macrista, no hace más que dejar al desnudo el nivel de impunidad con que se sienten los empresarios.

Para ellos la caída en el consumo de combustibles productor del aislamiento obligatorio, motiva el pedido al gobierno para que mejore en cantidad y precio su negocio. Recordemos que por Ley de Biocombustibles el 12% de cada litro de nafta se compone de bioetanol que se obtiene del destilado del maíz o de la caña de azúcar.

Lo que resultaría lógico para la población que necesita del alcohol medicinal y enfrenta sobreprecios exorbitantes sería que los principales productores de bioetanol de maíz, como es el caso, lo entreguen en cantidad al mercado para abaratar el precio final.

Así como sostiene la Cámara de Bioetanol de Maíz también lo hace uno de los principales productores de bioetanol de caña de azúcar del país, Jorge Rocchia Ferro, “no sólo no va a faltar alcohol, sino que va a sobrar” cuando fue entrevistado una semana atrás por Clarín Rual, aclarando además la posibilidad de transformar el bioetanol en alcohol de uso medicinal.

Sin embargo, su codicia para continuar el negocio con los combustibles y el chantaje al gobierno, contribuye a los sobreprecios del alcohol etílico que según Clarín antes de declararse la pandemia se pagaba el litro 80 pesos, ahora además de escasear, el medio litro se vende por internet a 600 pesos. Otro tanto sucede con el alcohol en gel que además de la suba de precio, es acaparado por cadenas como Farmacity luego de un operativo que lo puso en evidencia.

Frente al chantaje de estos cinco miserables se necesitan respuestas inmediatas. El gobierno debería ser declarar de utilidad pública el alcohol y destinarlo a la producción al costo de productos medicinales. Sin embargo, el gobierno nacional pasó de vociferar ante los despidos de Paolo Rocca de Techint a convalidarlos en el ministerio de Trabajo. Una salida real a la extorsión de los empresarios solo puede venir de los 4.800 trabajadores que se encuentran en estas empresas, comenzando por tomar en sus manos un inventario del total de alcohol almacenado y reorganizar su distribución con un carácter social. En caso que efectivamente cierren con la ocupación y puesta en producción de las plantas por parte de los trabajadores se puede defender la fuente de empleo. Hay que comenzar a preparar una repuesta de otra clase a la que ya quieren ensayar los miserables y sus gobiernos.