Agentes de la Guardia Nacional entran a un vehículo durante los choques con manifestantes antigubernamentales en Valencia el domingo. En vídeo, las declaraciones de la portavoz de la ONU. RONALDO SCHEMIDT (AFP) / VÍDEO: REUTERS-QUALITY

La ONU ha puesto el foco en Venezuela. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha denunciado este martes el uso “generalizado y sistemático” de “fuerza excesiva” contra miles de manifestantes. En un duro comunicado sobre las conclusiones de un informe que verá la luz a finales de mes, el organismo alerta de que las violaciones cometidas por las autoridades ante las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro van desde detenciones arbitrarias hasta malos tratos y “tortura”. El Gobierno venezolano no se ha pronunciado sobre las acusaciones.

Descargas eléctricas, golpes con cascos y porras contra detenidos esposados, presos colgados de las muñecas durante periodos prolongados, asfixia con gases y amenazas de muerte o violación. Estos son algunos de los ejemplos de la violencia empleada que cita el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en las conclusiones del informe sobre la situación en Venezuela avanzado este martes. El nuevo fiscal general designado por el chavismo, Tarek William Saab, que fue defensor del pueblo, eludió responder a este periódico sobre el tema, informa Alfredo Meza.

El organismo alerta de que al menos 5.051 manifestantes han sido víctimas de detenciones arbitrarias en las protestas entre el 1 de abril y el 31 de julio, y que un millar siguen detenidos. La “responsabilidad de estas violaciones corresponde a los más altos niveles del Gobierno”, ha denunciado el alto comisionado, Zeid Ra’ad al Hussein. La ola de violencia ha dejado 124 muertos hasta el 31 de julio y casi 2.000 heridos, según la Fiscalía venezolana. Los datos recabados por la ONU apuntan a que las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 fallecimientos y “los grupos armados progubernamentales”, conocidos como colectivos armados, de otras 27. En cuanto al resto de las muertes, aún no está claro quién las perpetró, ha explicado el organismo de la ONU.

“Esas violaciones ocurren en plena ruptura del Estado de derecho en Venezuela, con ataques constantes del Gobierno a la Asamblea Nacional”, de mayoría opositora, “y a la oficina de la fiscal general”, Luisa Ortega Díaz, apartada del cargo el pasado fin de semana por la Asamblea Constituyente instaurada en paralelo para redactar una nueva ley fundamental. Las conclusiones del informe detallan que también algunos grupos de manifestantes han actuado con violencia y que ocho agentes han fallecido en las protestas.

La portavoz de la institución en Ginebra, Ravina Shamdasani, explica por correo electrónico que el representante del Alto Comisionado en Sudamérica lleva al menos cuatro años sin entrar en Venezuela. El organismo solicitó al Gobierno de Nicolás Maduro el acceso al país en mayo para analizar la situación de los derechos humanos. Ante la falta de respuesta, avisó a las autoridades venezolanas de que iba a iniciar un seguimiento a distancia de la crisis. Tras recoger información de la Fiscalía y del Defensor del Pueblo venezolanos, y realizar 135 entrevistas a víctimas, familiares de los manifestantes, miembros de organizaciones sociales, periodistas y médicos, entre otros, la conclusión ha sido nítida: las fuerzas de seguridad infligieron “tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos”, muchos de ellos juzgados en tribunales militares en lugar que civiles. La ONG Human Right Watch ya había denunciado en 2016 casos de torturas y abusos a detenidos, algunos encarcelados solo por llevar panfletos contra el régimen.

El Alto Comisionado mostró su “grave preocupación” por los allanamientos violentos de viviendas, muchas veces sin orden judicial, y denunció amenazas y hostigamiento a periodistas. “Exhorto a todas las partes a (...) que renuncien al uso de la violencia y a que tomen medidas con miras a establecer un diálogo político significativo”, concluyó. António Guterres, secretario general de la ONU, también ha alertado este martes, en un breve comunicado, de que la situación puede causar una “escalada de la tensión”.

“Me detuvieron por protestar”

“Me detuvieron por protestar y un guardia nacional me tocaba los senos. Quería que delatara a mis compañeros, saber su ubicación. Me amenazaba con abusar de mí”, cuenta Milly (nombre supuesto), de 19 años, militante del movimiento antigubernamental La Resistencia. Como miles de jóvenes venezolanos, fue detenida por manifestarse en las calles de Caracas contra el régimen de Nicolás Maduro. Su hermano, menor de edad y militante del mismo grupo, acusa a un hombre identificado como agente de policía de haber derramado un líquido hirviendo en su pierna durante una protesta.

De acuerdo con los relatos de manifestantes y testigos recogidos por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, las fuerzas de seguridad, sobre todo la Guardia Nacional (policía militarizada), la Policía Nacional y los cuerpos de policía locales usaron “sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran y llegaran ante las instituciones públicas para presentar sus peticiones”.

Varios manifestantes se enfrentan a un coche blindado de la policía durante una protesta en Caracas, el 1 de mayo de 2017. CARLOS GARCIA RAWLINS REUTERS

Nelson, un chico menudo de 22 años, fue detenido con otros tres jóvenes durante una protesta por montar una barricada en la urbanización de Bello Monte, en Caracas. “La policía nos colocó [cócteles] molotov, decían que éramos terroristas”, cuenta este estudiante de Ciencias Políticas, que pide ocultar su nombre por miedo a represalias. “Cuando estuvimos detenidos nos envolvieron en un colchón para golpearnos con bates, pues de esta manera no quedaban marcas en nuestros cuerpos”, comenta. Los testigos relataron que las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos y perdigones a corta distancia durante las protestas, usaron canicas, tuercas y tornillos como munición, y también recurrieron al uso de “fuerza letal” contra los manifestantes, dice la ONU.

Entre el 1 de abril y el 31 de julio ha habido cerca de 7.000 movilizaciones en Venezuela, según el último informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. “Miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas, y varios cientos han sido juzgadas en tribunales militares”, declaró el Alto Comisionado, Zeid Ra’ad al Hussein. “Y no hay indicios de que esa actuación vaya a cesar”.