La Contraloría acaba de emitir un informe que pone nuevamente en el epicentro del incendio que asoló a Valparaíso el pasado 12 de abril la corrupción que ha carcomido por años los dineros del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), administrados por el gobierno local. A los $1.000 millones que ya CIPER había consignado en reportaje anterior y que se habrían desviado a campañas políticas, se suman ahora otros $3.333 millones que, según la Contraloría, fueron adjudicados sin ninguna norma de control o que no han sido rendidos por los particulares beneficiados.

En medio de las labores de asistencia a los damnificados y reconstrucción de viviendas luego del feroz incendio que devoró a Valparaíso a partir de la tarde del sábado 12 de abril pasado, la Contraloría General de la República aportó nuevos antecedentes respecto de la millonaria malversación de caudales públicos en la intendencia regional con los dineros del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), administrados por el Gobierno Regional de Valparaíso (GORE). El informe del organismo contralor abre nuevas aristas sobre el mal uso de otros $3.333 millones asignados y utilizados de forma irregular.

Los graves desórdenes administrativos en el GORE de Valparaíso, develados por la Contraloría, incluyen poco más de $1.100 millones entregados a distintas organizaciones comunitarias para proyectos que no contaron con ningún análisis previo tanto de su calidad como de su factibilidad técnica y fuera de las normas de transparencia que exige el reglamento del fondo respectivo. Otros $2.233 millones no han sido rendidos por las instituciones adjudicatarias y de su realización y cumplimiento nadie sabe nada.

Aparte de las irregularidades sobre la adjudicación de esos $3.333 millones por el GORE regional, la Contraloría consigna también la existencia de otro monto que concierne a fondos que fueron rendidos de manera insatisfactoria o incompleta por los particulares beneficiados. En este acápite figuran los ex tenistas Jaime y Álvaro Fillol y el ex futbolista Elías Figueroa.

El organismo contralor, además, señala expresamente que algunos de los proyectos asignados a organismos comunitarios fueron utilizados como plataforma para campañas políticas de cara a las elecciones municipales de 2012 y parlamentarias de 2013. Este punto se suma al desvío de fondos públicos regionales a campañas políticas, delito que ya investiga el Ministerio Público y que fuera informado por CIPER en un reportaje del 16 de abril (ver reportaje).

En ese juicio por fraude al Fisco ya se encuentran procesados y en prisión preventiva el ex jefe de la división de Administración y Finanzas de la Intendencia de Valparaíso, Sergio Núñez; y Enrique Kittstteiner Yovanini, jefe de gabinete del ex intendente Raúl Celis.

Otro protagonista de este fraude al Fisco que sacudió a Valparaíso es el recién asumido diputado por Quillota y Petorca, Christian Urízar (PS), a quien se le investiga por su presunta participación en la malversación de caudales públicos mientras se desempeñó como consejero regional. Urízar también aparece mencionado en este informe de la Contraloría, aprovechándose en su calidad de CORE de las actividades financiadas por el FNDR con fines electorales cuando era candidato a diputado.

Desde que asumió como diputado el 11 de marzo de este año, Urízar ha debido declarar ante la fiscalía en dos ocasiones como uno de los beneficiados del desvío de dineros públicos de la intendencia regional. Su ex jefe de campaña y presidente regional de la ANEF, Luis Vásquez (PS), también declaró pero como imputado.

El informe de Contraloría agrava la situación de corrupción al interior del Gobierno Regional de Valparaíso, que en menos de tres años ha tenido dos veces a esa intendencia bajo la lupa de tribunales. Al capítulo donde el diputado Urizar es uno de los protagonistas, se suma el que estalló en 2010, un mes después del inicio del gobierno de Sebastián Piñera, cuando el intendente de Valparaíso, Raúl Celis, presentó una denuncia por malversación de fondos por sobre los $1.000 millones. En estos ilícitos resultaron involucrados tres funcionarios de la división de Administración y Finanzas del gobierno regional anterior, liderado por Iván de la Maza (DC).

Según reveló CIPER en su reportaje anterior, sólo $400 millones se necesitaban para efectuar las urgentes labores de remoción de basura y desechos de los cerros de Valparaíso que podrían haber prevenido el feroz incendio. Pero la tarea no se realizó porque la autoridad regional no contó con los fondos. Los $400 millones que se necesitaban para las labores preventivas contra incendios en el Puerto, representan una cifra ínfima comparada a la suma de todos los fraudes fiscales que desde hace años se vienen cometiendo en la región.

MÁS DE MIL MILLONES ENTREGADOS A CIEGAS

La fiscalización de Contraloría, tuvo como objetivo revisar las cuotas y montos destinados por el Gobierno Regional (GORE) entre 2011 y 2013 al financiamiento de proyectos para la ejecución de iniciativas en el ámbito de la Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana (ver informe).

Según el informe, entre 2011 y 2013 el GORE adjudicó fondos para 1.092 proyectos en esos tres ítemes, por un total de $3.982 millones, con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Las conclusiones del informe final de Contraloría revelan graves desórdenes administrativos y el uso de fondos para apuntalar numerosas campañas políticas en el marco de las elecciones municipales (2012) y parlamentarias (2013).

Respecto de los graves desordenes administrativos, el informe señala que no existe ninguna prueba de que los fondos destinados en el 2012 para iniciativas de Seguridad Ciudadana hayan sido adjudicados con el debido análisis previo de los equipos técnicos de evaluación del gobierno regional. Son casi $1.100 millones (un cuarto del monto total fiscalizado por Contraloría) que fueron entregados a ciegas y sin ningún tipo de control preventivo. “No ha sido posible verificar que la asignación de los aludidos recursos se haya efectuada en forma transparente y competitiva”, señala el informe.

Lo mismo sucede con los fondos destinados a dos iniciativas de carácter deportivo y que fueron entregados en 2012 por un total de $23.314.000. No hay prueba de los méritos de ambos proyectos que justifiquen el traspaso de dinero.

Respecto de la ejecución e impacto de los proyectos adjudicatarios de fondos en el periodo auditado, la Contraloría señala que el GORE “no implementó de manera oportuna, continua y sistemática, medios de diagnóstico, decisión y control que le permitieran velar por la eficiente y correcta ejecución y rendición de las iniciativas financiadas con el objeto de velar por la correcta aplicación de los recursos entregados exclusivamente para los propósitos que fueron previstos”.

El Gobierno Regional de Valparaíso no sólo fue incapaz de vigilar la correcta asignación de esos fondos, según se desprende del informe de Contraloría, sino que además, aún tiene pendiente la rendición de gastos de 384 proyectos por un monto total de $2.234 millones. Respecto de estas iniciativas, al 21 de abril de este año, fecha en la que fue evacuado este informe, no se tenía información de si los fondos habían sido utilizados correctamente, menos si se habían cumplido los objetivos pactados.

HERMANOS FILLOL Y ELÍAS FIGUEROA

Entre los proyectos que sí fueron rendidos, existen algunos cuyos montos de rendición son inferiores al fondo asignado. Uno de los casos emblemáticos en este frente es el de la entidad “Fundación Fillol Basabe”, de propiedad de los hermanos Jaime, Álvaro y Esteban Fillol Durán. El primero y el segundo reconocidos tenistas chilenos.

Su proyecto “Clínicas Deportivas de Tenis Callejero” se adjudicó dos fondos por un total de $68 millones. Sin embargo, su rendición incluye facturas por un monto total de sólo $51.523.402. Cerca de $17.5 millones quedaron sin respaldo.

Asimismo, según la descripción del proyecto, la clínica se haría en ocho comunas de la Quinta Región. Sin embargo, en Santo Domingo (una de las comunas incluidas en el circuito), la actividad nunca se realizó. Ni el GORE solicitó la devolución de los fondos para esta actividad inexistente, ni la fundación de los Fillol manifestó su intención de reintegrar la proporción de recursos recibidos.

Y hay más. Según el reglamento de postulación para proyectos de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional, en la ejecución de los proyectos adjudicados está prohibido adquirir bienes o contratar servicios de personas jurídicas o naturales que tengan vínculos de hasta tercer grado de consanguinidad con las directivas de las organizaciones beneficiarias. Ello, sin embargo, no fue respetado por algunas entidades.

Esa es exactamente la situación de la “Corporación Deportiva Social y Cultural Gol Iluminado”, dirigida por el ex futbolista Elías Figueroa, su cónyuge y la hija de ambos en calidad de presidente, vicepresidente y secretaria, respectivamente. La fundación presentó boletas de honorarios y facturas por un total de $19.830.670 a nombre de Ricardo Figueroa (hijo), Juan Carlos Figueroa (sobrino) y Jorge Ramírez (esposo de la nieta de Figueroa). Además, se constató la existencia de una factura de la empresa ECCOS limitada, en la cual Jorge Ramírez tiene un 50% de la propiedad.

“DOÑA ANITA”: LA FAVORITA DE LOS CANDIDATOS

El “Centro de Eventos Doña Anita”, ubicado en la comuna de Olmué, fue el lugar donde al menos cinco organizaciones comunales ejecutaron sus proyectos con los fondos entregados por el Programa Nacional de Desarrollo Regional.

Cuando Contraloría revisó la nómina de los participantes beneficiados por las actividades realizadas en el 2012 por estas entidades, se encontró con que había algunos asistentes que concurrieron a las actividades de más de una fundación. Al cotejar las firmas que acreditaban asistencia con los supuestos participantes, 45 personas señalaron que la “rúbrica no era de su autoría”. Las nóminas de participantes fueron adulteradas con el fin de justificar un gasto que nunca se realizó.

Fue en ese mismo centro de eventos en el que varios participantes acreditaron la presencia de algunos candidatos a cargos de elección popular haciendo campaña. Entre ellos, el mismo diputado Christian Urízar (PS) que aparece involucrado en los desvíos de fondos públicos de la intendencia. En ese momento, Urízar se desempeñaba como consejero regional y era candidato a diputado por Quillota y Petorca. La lista de candidatos continúa con Héctor Lautaro Correa (PS), en ese entonces candidato a alcalde por La Calera; René Lues (DC), secretario del CORE y candidato a alcalde por Viña del Mar; y las candidatas a concejal por Hijuelas, La Cruz y Viña del Mar, Roxana Saavedra (PS), Filomena Navia (PS) y Paola Catalán (PS), respectivamente.

Según la investigación, 60 de los asistentes a las actividades realizadas en el “Centro de Eventos Doña Anita” reconocieron la participación del secretario ejecutivo del CORE, René Lues, en varias de ellas, y señalaron haber recibido de sus propias manos calendarios y afiches relacionados con su campaña para ganar la alcaldía de la Ciudad Jardín. La entrega del material, según reconocieron, fue acompañada de una solicitud para que votaran por él en las municipales de octubre de ese año.

Todos los políticos involucrados contravinieron la normativa del FNDR que señala: “los proyectos durante su período de ejecución no podrán, por ningún motivo, apoyar actividades proselitistas de ningún tipo, ni destacar voluntades políticas ni religiosas”.