El 1 de enero de 2020 entra en vigor para todos los Estados miembros de la UE el Reglamento (UE) 2019/943 que ordena el mercado interior de la electricidad. Para España no es una norma más. El reglamento obliga a limpiar el recibo de la luz de conceptos que no estén relacionados con la oferta, la demanda y el precio de la energía. El recibo de la luz tendrá que reflejar costes reales y no incluir otras cargas. A cinco meses de la entrada en vigor de la norma y con un Gobierno en funciones, el Ministerio de Transición Ecológica tiene que decidir qué hace con los cargos que ahora pesan sobre el recibo de la luz: 7.000 millones para las renovables, 2.800 millones para hacer frente a la deuda acumulada y otros 1.600 para compensar las actividades de las eléctricas en las islas.

La nueva directiva europea sobre el mercado interior de la electricidad y su reglamento se publicaron en junio. Su fin es ajustar la regulación eléctrica de la UE al siglo XXI. Integra en el sistema nuevos conceptos como el cliente activo o las comunidades ciudadanas de energía. Pero en el caso de España, obliga a un ajuste mayor: limpiar el recibo eléctrico de cargas que no tienen que ver estrictamente con la energía. El reglamento entra en vigor en cinco meses y la directiva a finales del próximo año. El tiempo corre.

El articulado del reglamento es claro. El artículo 3 señala que los precios deben formarse "en función de la oferta y la demanda" mientras que otro artículo, el 18, establece que las tarifas de acceso tendrán que ser transparentes, tener en cuenta la necesidad de seguridad-flexibilidad en las redes y ajustarse "a los costes reales". Se trata de aligerar de cargas la factura y animar el ahorro de los consumidores.

Un recibo insostenible

El Gobierno, ahora en funciones, sabe que el recibo de la luz, tal y como está, no se puede sostener mucho tiempo. La ministra Teresa Ribera lo adelantó el pasado año en sus intervenciones en el Congreso. En septiembre, Ribera anunció que el Ejecutivo plantearía una reforma estructural del sistema eléctrico, con cambios en el mercado y en el sistema fiscal. Un mes después, suspendió durante seis meses el impuesto del 7% a la electricidad. El impuesto volvió y la gran reforma sigue pendiente.

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La que sí ha dado un paso en la dirección que marcan la directiva y el reglamento de la UE ha sido la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). La Comisión y el Gobierno se reparten la gestión de 17.800 millones de la tarifa eléctrica. Competencia decide sobre 7.150 millones de peajes -costes de acceso a las redes- y el Gobierno sobre 10.600.

La última propuesta de la CNMC para repartir los costes sobre los usuarios supone un avance sobre la situación actual porque modifica los periodos tarifarios tanto en la parte fija del recibo -la potencia-, como en la parte variable -la energía consumida-. Si la circular sale adelante, a partir del próximo año, los pequeños consumidores podrán elegir dos potencias en un mismo día. Y el precio de la energía tendrá también precios distintos hasta en seis periodos de una jornada.

Nuevos contadores

Competencia apunta en la misma dirección de Bruselas. La circular sometida a información pública prevé que el cliente eléctrico pueda compensar en su factura los costes fijos con variables y aprovechar los nuevos contadores inteligentes en su beneficio. Esa es la intención también del reglamento y de la directiva publicadas en junio. En ellos hay una figura clave: el cliente "activo", con derecho a autoproducir electricidad, consumirla, almacenarla y venderla, además de poder operar directamente o mediante empresas "agregadoras" en el sistema eléctrico. Sin requisitos y sin tener que pagar tarifas discriminatorias.

El plazo para transponer las normas sobre el mercado de electricidad es de cinco meses para el reglamento y de año y medio para la directiva. Pero España se toma las obligaciones comunitarias con calma. El país tiene más de 30 expedientes abiertos, sobre todo por incumplimientos de directivas relacionadas con el medio ambiente. En el caso de la eficiencia energética, España lleva más de siete años de retraso en la adopción de la directiva a la legislación nacional.