El Govern amanecía este domingo anunciando acciones legales contra las 14 personas identificadas de madrugada por los Mossos d’Esqueada cuando arrancaban lazos amarillos en espacios públicos. La Generalitat de Joaquín Torra, a través de la Conselleria de Interior, acusaba a los afectados de «posibles infracciones graves» de hasta 30.000 euros de sanción, basándose en la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. Las formaciones constitucionalistas criticaron la actuación como un uso político de los servidores públicos, pero más allá de las consideraciones ideológicas, dichas sanciones -en caso de efectuarse- podrían incurrir en un delito de prevaricación del ejecutivo catalán.

«Los Mossos han identificado a 14 individuos en Móra la Nova, Tivissa y Vandellòs como posibles autores de daños al dominio público», señalaba la Consejería de Interior en un mensaje en Twitter, donde también anunciaba actuaciones administrativas contra estas personas. «La Conselleria de Interior inicia acciones por la presunta infracción grave de la ley 4/2015 de la Seguridad Ciudadana que sanciona tales acciones con multas de 601 a 30.000 euros», advertía el departamento dirigido por Miquel Buch i Moya. Las sanciones previstas en esta ley son administrativas, es decir, no deben pasar por ningún tribunal, sino que las impone la propia Administración catalana.

Este mensaje contiene a priori un error de forma, según explica Pere Lluís Huguet, presidente de la asociación de juristas Llibertats y ex presidente del Consell de l’Advocacia Catalana: «El propio mensaje de la Consejería de Interior se contradice: habla de una sanción de hasta 30.000 euros por ser una infracción grave, contemplada en el artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero al mismo tiempo menciona que están acusados de daños al dominio público, lo que se corresponde con una infracción leve, prevista en el artículo 37», resume, advirtiendo de lo «grave» del error, aún más tratándose de una organismo de la Administración Pública del Estado. En este sentido, Huguet considera que en el mensaje «hay un cierto tono de amenaza, de querer exagerar los hechos para dar cierto miedo. Y eso en una administración publica y en una consejería de interior es muy grave. Un error yo creo que consciente», señala el jurista.

Más allá de los errores formales, el presidente de Llibertats advierte de que si los hechos consisten «simplemente en retirar del dominio publico los lazos amarillos no suponen ninguna infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana», y advierte de que «incoar un procedimiento simplemente por instrucciones políticas en un delito de prevaricación administrativa». En este caso, el delito de prevaricación estaría cometido por el Govern, que es en último lugar quien impone las sanciones, y por los Mossos d’Esquadra, que cometerían «prevaricación omisiva» en caso de elevar procedimientos para quienes retiren lazos amarillos y no para quienes los ponen, contraviniendo la ordenanzas municipales que obligan a tener un permiso para poner pancartas o cualquier tipo de elemento en la vía pública.

«Todos los ayuntamientos tienen ordenanzas que prohíben colgar carteles sin permiso. Aquí los lazos se ponen sin permisos, en muchos casos por las propias instituciones, pero la policía no actúa ante esta infracción administrativa, y sí lo hace cuando se retiran. Hablaríamos de un delito de prevaricación por parte de los Mososs».

En el caso de que, al retirar los lazos, se hubieran dañado bienes de dominio público o puesto en riego la seguridad, estas acciones sí podrían incurrir en infracciones contempladas en la Ley de Seguridad Ciudadana, pero Huguet insiste: «Si es el simple hecho de retirar lazos amarillos del espacio público, no es ninguna infracción. No hay ningún artículo en la Ley de Seguridad Ciudadana ni ningún supuesto que prevea esta infracción ni se le pueda aproximar», zanja el jurista.

Una red de abogados para dar asistencia jurídica

El historiador y ex presidente de Societat Civil Catalana (SCC), Ramón Bosch, destaca que «no es sancionable», y censura el hecho de que «la Generalitat haya puesto en marcha a los Mossos para perseguir a gente que hace uso de su libertad para quitar estos elementos». «No solo es anticonstitucional sino que pueden caer en un delito de prevaricación por parte del Govern, al utilizar los recursos públicos para perseguir a catalanes libres del nacionalismo que hacen la labor que debería hacer el Gobierno catalán», zanja Bosch, que destaca la «gravedad» que supone la persecución institucional de la sociedad no separatista.

Los catalanes se organizarán para retirar lazos amarillos de lugares públicos, avanza Bosch

En este se sentido, advierte de que es un «clarísimo intento de amedrentar», y de «señalar a los no nacionalistas como gente muy violenta y agresiva». En el caso de que el Govern imponga efectivamente sanciones económicas por retirar lazos amarillos, Bosch adelanta que las distintas plataformas constitucionalistas denunciarán el delito de prevaricación e interpondrán demandas y querellas contra los agentes de los Mossos d’Esquadra que incoen los expedientes para poner después las multas. También desplegarán una red de abogados voluntarios en Cataluña para dar asesoramiento y protección jurídica a cualquier persona que pueda necesitar consejo.

Pero más allá de la denuncia, el ex presidente de SCC adelanta que habrá contramovilizaciones por parte de los ciudadanos no independentistas. «Yo no he quitado ningún lazo amarillo, pero voy a empezar a hacerlo», asegura. Y no será el único: ya se está planteando la organización de grupos para retirar lazos amarillos y la convocatoria de actos públicos para llevarlo a cabo. Unos actos en los que quieren reunir a «miles de personas en Cataluña» y que aspiran a contar con amplia difusión. «Que nos identifiquen, que nos sancionen o que nos arresten. Nadie nos va a quitar nuestro derecho». «En ningún caso nos van a amedrentar, sino que nos alientan para seguir trabajando en la calle», zanja Bosch.

Una asociación de Mossos critica al Govern

En un comunicado, la asociación Unió De Mossos Per la Constitució defendía que la retirada de lazos públicos «no supone infracción, siempre y cuando no se dañe el mobiliario urbano, se ensucie la vía pública o se cometa cualquier otro ilícito administrativo o penal diferente».

En este sentido, la organización advierte de que «la retirada de cartelería, lazos, banderas o cualquier otra simbología de una determinada opción ideológica, colocadas en zonas comunes sin su debida autorización, está amparada por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 5 de Julio sobre la objetividad y neutralidad de los edificios y espacios públicos por parte de las administraciones locales».

La organización critica al Govern por su actuación y le acusa de desvirtuar a los Mossos d’Esquadra. «Exigimos a las administraciones competentes que hagan efectivo el cumplimiento de las sentencias judiciales» señala. «La policía, como garante del cumplimiento de la ley, pierde autoridad ante el ciudadano si la administración es la primera que no cumple con el deber exigido».