En diciembre de 2015, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau declaró en una entrevista con Jordi Évole que su intención era crear una comercializadora de electricidad pública para la ciudad que quebrara el "monopolio" de las eléctricas en la ciudad (Endesa y Gas Natural Fenosa principalmente). Según aseguró, la luz es un servicio público que las compañías gestionaban en base a intereses privados y además produciendo entre 1.000 y 1.500 cortes de luz mensuales a familias que no pueden pagar la factura.

Ahora ya hay fecha para la puesta en funcionamiento de esta comercializadora: "otoño de 2018", tal y como anunció una presentación de Cristina Castells, responsable de la Agencia de la Energía barcelonesa, este jueves. En la misma, se indicó que el plan municipal busca "asumir un papel activo en el mercado energético para facilitar la generación de energía por parte de la ciudadanía, gestionar la producción, comercialización y garantizar el suministro necesario a todas las personas con dificultades y/o situación de vulnerabilidad". El objetivo es evitar casos lamentables como el ocurrido en Reus (Tarragona) esta misma semana.

De igual modo se quiere potenciar el autoconsumo pese a las trabas legales que ha sufrido con el "impuesto al sol" aprobado por el Ministerio de Industria de José Manuel Soria. Frente a ello, Colau quiere "potenciar e impulsar la máxima generación energética renovable y local (autoproducción) a nivel de Ayuntamiento y a nivel de la ciudadanía, tanto a través de instalaciones municipales como de instalaciones particulares".

Se ha retrasado

Sin embargo, las trabas con que se está encontrando son grandes. El retraso en su lanzamiento es evidente, ya que originalmente se planteaba lanzarla durante 2016. Según fuentes próximas al ayuntamiento, "hay dificultades legales. El sistema eléctrico no está pensado para que la gente entre en una cooperativa a invetir en una placa solar en el tejado del colegio de unos niños. Esto, que debería ser natural y se está haciendo en otros países, no se puede hacer en España de momento porque la estructura administrativa y jurídica lo pone muy difícil".

Según Jorge Morales de Labra, emprendedor en renovables, "el proyecto de la comercializadora es bastante más complejo que el autoconsumo. El problema es que la legislación está pensada para empresas mercantiles. Por ejemplo la situación de los avales, cuantos avales hay que poner en el mercado eléctrico para poder operar y comprar energía, cada cuanto se actualizan. La operativa de ese negocio está fuertemente mercantilizada. Yo lo que veo es un problema estructural de poner a una administración pública a hacer algo que no está pensado para ello. Se trata de que esto está pensado para una empresa".

Según asegura Morales, "toda la legislación del sector eléctirco está pensada para que los sujetos que funcionan, lo hagan de forma muy predecible. Y esto es bastante disruptivo sobre todo por el tamaño del ayuntamiento". El experto destaca que el proyecto actualmente va mucho más allá que simplemente hacer la competencia a las eléctricas con la comercializadora. "Lo que se quiere hacer es aglutinar todos los consumos de todos los edificios municipales para comprar de forma conjunta. Tener un precio mejor al ser un mayorista". Pero también se quiere asegurar que las economías familiares sin recursos puedan tener la factura gratis. "La normativa que hay hasta ahora, el bono social, está pensada para que unas comercialiadores muy concretas sean las que ofrcen ese descuento y solamente ese descuento". Lo que se propondría ahora es dar un descuento en el recibo que podría ser total, a unas famliias a costa de otras.