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“El Estado es una idea […] existe solo porque es pensado”

(George Burdeau)

El PSOE del “Somos la Izquierda” que lidera Pedro Sánchez ha plantado a sus socios de moción de censura y se ha emparedado con el PP “aznarista” de Pablo Casado y Ciudadanos. Tres en raya para tumbar una comisión de investigación parlamentaria sobre los negocios del Rey emérito Juan Carlos I. La “razón de Estado” decimonónica en favor del Borbón reinstaurado por la dictadura prevalece una vez más sobre la protección de derechos fundamentales. Esta es la pequeña historia del porqué en los dominios de la corrupción que afectan a la Corona nunca se pone el sol.

El Régimen del 78 no es una democracia integral ni permanente. Su legitimidad es pendular y arbitraria. Depende del operador político que lo maneje. Una consecuencia directa de su constitución híbrida. En parte inspirada en el principio democrático (uno para todos) y en otra parte en el principio monárquico (todos para uno). Por un lado está el “atado y bien atado” franquista que designó un jefe de Estado a título de Rey en la persona del Borbón de su cuerda (elegido en 1975, antidemocrática y pre-constitucionalmente). Y de otro, el impulso errático de los partidos de la oposición que buscaban el cambio y pactaron reiniciar. Ambas trayectorias se encontraron en la tierra de nadie del consenso a pachas. Un bando poniendo como excusa el tremendismo fratricida de “no volver a las andadas”, y el envés justificando su claudicación con el no menos peregrino argumento de la “correlación de debilidades”. La acumulación originaria

Eso en la teoría. Porque en la práctica el principio monárquico prevalecía sobre el principio democrático en el diseño realizado para armar la inverosímil transición de una dictadura a una democracia. El imputado Soberano era el árbitro inapelable al que competía decidir el signo de la jugada en los momentos cruciales del partido. De ahí que la Constitución española sea una constitución intervenida, confiscada, borboneada. Hasta rozar el ridículo y la incongruencia. Así, el artículo 14 que garantiza la igualdad de los españoles ante la ley sin que “pueda prevalecer discriminación alguna” se ve relativizado y cuestionado por el machista artículo 57, punto 1, que privilegia al varón sobre la mujer en la línea sucesoria de la monarquía. Prueba fehaciente de su carácter autorreferencial y no representativo.

No es que carezca de la clásica separación de poderes, sino que todos esos poderes en última instancia son un destilado de la causa monárquica. Y ello porque así figura en su texto. Desde el momento en que el Rey, persona afecta de inmunidad política y jurídica de manera vitalicia (Art. 56,3 CE), es el Jefe del Estado, y que esa misma irresponsabilidad asumida puede ser transmitida en herencia (como los bienes raíces) a sus descendientes, toda la pretendida arquitectura democrática interna se cuartea. Y por si fuera poco, ese Ser Supremo, que en el relato oficial reina pero no gobierna, ostenta la jefatura de las Fuerzas Armadas (Art. 62, h CE). Otro caudillo a divinis.

Con esta escala de valores, el resultado es una concentración de poder en el titular de una monarquía (Art.1, 3 CE) nunca refrendada en referéndum por el verdadero pueblo soberano, insertada en una constitución que alumbró a la vida social sin parto constituyente. De esta manera, la unidad de la nación, cuya “indisolubilidad” (Art. 2 CE) se remite a la tutela de los Ejércitos (Art. 8 CE), queda confinada como una prerrogativa exclusiva y excluyente del monarca. Solo así se entiende que la exigencia de autogestión de una parte del pueblo catalán y la petición de investigación parlamentaria sobre los negocios offshore del Rey honoris causa se hayan estrellado contra el sagrado de su divinidad. La custodia compartida sobre la monarquía históricamente ejercida por PP y PSOE, ahora con la asistencia de Ciudadanos, impide que la racionalidad se abra paso frente al pensamiento mágico que condiciona nuestro statu quo.

De esta manera, la Constitución estrictamente considerada institucionaliza una limitación de poder para la ciudadanía y al mismo tiempo un poder ilimitado para el Rey. ¿Una Constitución de suma cero? La soberanía del pueblo español, bastión de toda legitimidad, cede su puesto al Soberano, y en su nombre a todos los de su augusto linaje. La cuadratura del círculo. Eso lo saben todos los constitucionalistas, pero la gran mayoría otorga para que la realidad no les estropee su bonita historia cortesana. Solo algunos proscritos se atreven a recuperar aquel “delenda est monarquía” con que Ortega y Gasset atronó a la sociedad española de 1930 desde las páginas del diario El Sol. Monarquía y democracia suponen un imposible jurídico y político que solo se conjugan al unísono para validar intereses inconfesables. Esta es la tesis sostenida por el catedrático de Derechos Constitucional Carlos de Cabo en su apuesta republicana. “Se trata de una patología histórica”, afirmó durante una conferencia en la Universidad de Alicante. Añadiendo a continuación con toda lógica: “y en consecuencia ni siquiera debería someterse a referéndum”.

Pues la dinastía reinstaurada en el Régimen del 78 no solo soporta un producto tóxico de alcurnia sino que además está representada por un auténtico quinqui del dinero. Un “avida dollars”, como Breton calificó a Dalí por su mentalidad usurera. La diferencia es que el genio de Port-Lligat se lo podía permitir sin sablear al prójimo, mientras la fortuna de Juan Carlos tiene todas las trazas de proceder de bribonadas sin cuento. Se dirá que en el fondo no deja de ser un privilegio añadido a su condición de intocable. ¿Pero debe un pueblo que se pretende democrático mirar para otro lado cuando desde lo más alto impera el derecho de pernada? Si uno no se respeta a sí mismo, nadie te respetara. Por eso los ángeles custodios del bipartidismo ha estado cubriendo las fechorías reales es incompatible con un Estado de Derecho. Un Soberano latrocinio.

Decía Ortega en el famoso artículo: <<El Estado tradicional, es decir, la Monarquía, se ha ido formando un surtido de ideas sobre el modo de ser de los españoles. Piensa, por ejemplo, que moralmente pertenecen a la familia de los óvidos, que en política son gente mansurrona y lanar, que lo aguantan y lo sufren todo sin rechistar, que no tienen sentido de los deberes civiles, que son informales, que a las cuestiones de derecho y, en general, públicas, presentan una epidermis córnea>>. Y aunque ha pasado casi un siglo desde que el filósofo hiciera el retrato robot del “error Berenguer”, el estigma de súbditos debe persistir vista la impenitente custodia compartida que duopolio el dinástico ejerce sobre el Rey emérito y su extensa y cleptómana grey. Con su cínico juego de patriotas, el turnismo de PP y PSOE pretende levantar un dique artificial para represar el malestar de la gente ante tan supina desvergüenza. No vaya a ser que los ciudadanos despierten de su letargo y se les ocurra volver por sus fueros: cuando ganó las elecciones municipales de 1931 una amalgama de partidos antimonárquicos provocando la llegada de la Segunda República.

En pocas palabras. El Régimen del 18 de Julio que en 1978 incrustó la monarquía borbónica en la sociedad española arrastra desde la pila bautismal un rancio déficit democrático, y adolece de las prerrogativas nítidas que deben acompañar a todo sistema verdaderamente constitucional (Jellinek, Kelsen, etc.), como son las de racionalidad y el Estado de Derecho (una jerarquía de normas producidas desde el demos de general cumplimiento). Así determinado, y dado su carácter de “obediencia debida”, cabría decir que el Rey es un impuesto más “im-puesto” a los españoles. Solo que ilegal por confiscatorio, que son las contribuciones expresamente prohibidas en la Constitución (Art. 31 C.E.). Aparte de no “contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”, como dicta sin reservas el citado texto.

Toda la pirotecnia utilizada para sacar la momia de Franco del Valle de los Caídos queda en salvas de ordenanza cuando se trata de arropar a su heredero político para esconder los apestosos negocios de Zarzuela. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Si como dijo el sociólogo francés Burdeau en la cita de presentación, un Estado solo existe porque es pensado, un Rey en una democracia solo existe en los cuentos de hadas. O en nuestra agradecida distopía de cada día. De aquellos polvos (Corinna, Marta Gayá, Barbara Rey, Olghina de Robilant y demás figurantes) vinieron estos lodos (constitucionales).