José Manuel García dejará su acta de concejal en el Ayuntamiento de Sevilla y será el segundo portavoz municipal de IU que dimita en un año tras ser imputado por un caso de corrupción. García, que ha anunciado su marcha este mismo viernes, está imputado por presuntos delitos de fraude y cohecho en la operación Madeja, que investiga una trama de sobornos a funcionarios y cargos públicos a cambio de contratos en favor de la empresa Fitonovo.

José Manuel García Retornó a la Casa Grande de la capital tras el cese de Antonio Rodrigo Torrijos acosado por causas judiciales y, menos de un año después, es él mismo quien se enfrenta a una situación similar tras haber sido implicado por la juez Mercedes Alaya en el caso Madeja, la trama de sobornos que pagó Fitonovo a cambio de contratos públicos.

Durante toda la tarde de ayer, el consejo local de IU -que el propio García dirige como coordinador- mantuvo una reunión en la que se analizó su situación y se decidió por el bien de la formación apartar al portavoz municipal de la escena pública hasta que se aclaren los hechos. García está imputado por los presuntos delitos de fraude y cohecho y ayer ni siquiera asistió al pleno ordinario del Ayuntamiento de Sevilla, la primera vez que se ausenta desde que asumió el liderazgo del grupo municipal de IU.

García llevaba días contra las cuerdas. El consejo local de IU ha librado un duro pulso con la dirección regional del partido para evitar el cese de su portavoz desde que el pasado jueves fuera llamado a declarar por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y este mismo lunes hiciera lo mismo la juez Alaya. El consejo local que coordina García ha defendido su inocencia e insiste en que «no cabe duda de que quedará demostrada en el transcurso de este procedimiento».

Además, el lunes llegó a difundir por las redes sociales el código ético de la formación especificando que la adopción de medidas en casos de corrupción se contempla tras la «imputación y procesamiento» del militante, a lo que podría haberse agarrado el portavoz de IU. Sin embargo, todos estos esfuerzos han sido en balde y se han seguido las directrices de la dirección regional, quien sí ha pedido «coherencia».

Desde el primer día, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, le mostró a García la salida de la coalición tras su imputación. Apeló a su «convencimiento» de que el portavoz municipal y la ejecutiva local de la coalición actuarían «en coherencia» con los principios de la formación. «Estoy convencido de que él, que es una persona muy responsable, y la propia ejecutiva local de Sevilla, tomarán una determinación acorde con lo que establecen los estatutos y la coherencia de Izquierda Unida», dijo días atrás el coordinador regional de IU.

José Manuel García declaró el pasado lunes durante unos 40 minutos ante la juez Alaya y fue preguntado acerca de los contratos que el Instituto Municipal de Deportes (IMD) -organismo del que fue gerente y luego máximo responsable como delegado de Deportes- suscribió con Fitonovo para la instalación de césped artificial en once campos de fútbol -proyecto financiado por el Plan 8.000 que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- y para la reforma del centro deportivo Ifni, en el distrito Bellavista La Palmera.

A su salida del juzgado, García se escudó en el secreto de sumario para no desvelar detalles de su imputación, pero insistió en que no ha cometido ilegalidad alguna mientras ostentaba responsabilidades en el Ayuntamiento de Sevilla. La Fiscalía de Sevilla le ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de medio millón de euros.

«Sé que no he hecho ningún acto ilegal o actuación irregular o delictiva», declaró el portavoz municipal de IU a su salida de los juzgados, al tiempo que mostró su «absoluta» disposición a colaborar con la investigación.

Junto a él también fue a declarar su antecesor en el cargo, Antonio Rodrigo Torrijos, que destacó tras pasar por el despacho de Alaya que él no tenía nada que ver con el IMD.

Torrijos dimitió por su imputación en la venta «ilegal» de los suelos de Mercasevilla y en las supuestas irregularidades contables de la Fundación DeSevilla. Su implicación en el caso Madeja se produce después de la detención de su ex asesor Antonio Miguel Ruiz Carmona, quien habría recibido de la trama corrupta 155.000 euros, 70.000 «en una caja de zapatos».