Los argentinos conocemos, quizás como pocos, el vínculo causal que existe entre el desmanejo de las cuentas públicas y las crisis económicas. Reducir el déficit fiscal es clave para una economía sana. Así lo cree la sociedad. Así lo cree el presidente Mauricio Macri , tal como lo ha expresado en varias oportunidades. Así lo cree el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , y quienes tenemos la responsabilidad de gestionar la política fiscal de esta administración.

Gran parte de los analistas que exponen sus opiniones regularmente en los medios y en las redes comparten este diagnóstico. Sin embargo, algunos fallan a la hora de explicar razonablemente el método adecuado que usarían para reducir el déficit y el ritmo de endeudamiento. ¿Qué es "explicar razonablemente"? Una explicación que incluya rigor intelectual, datos concretos y confiables, y la comprensión de las restricciones sociales y políticas existentes.

Justamente, José Luis Espert publicó la semana pasada un artículo titulado "Macri en el País de las Maravillas", en el cual explora superficialmente algunas ideas para eliminar el déficit fiscal: bajar el gasto público en 15 puntos del PBI, eliminar la Coparticipación Federal de Impuestos (para que las provincias financien su gasto con impuestos propios), sacarles a los sindicatos las obras sociales y reprivatizar todo lo que el kirchnerismo estatizó.

El 'Plan Espert' empezaría por suprimir los planes sociales

Analicemos la primera propuesta de bajar en 15 puntos del PBI el gasto público (el gasto primario nacional equivale a 23 puntos del PBI y el consolidado de Nación, Provincias y Municipios al 42).

El "Plan Espert" empezaría por suprimir los planes sociales. Eliminar la Asignación Universal por Hijo (4 millones de beneficiarios), las Asignaciones Familiares (6 millones de beneficiarios), las Pensiones por Invalidez (1 millón de beneficiarios) y el resto de los programas sociales de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social (300.000 beneficiarios) generaría un ahorro para el Estado de 2,4 puntos del PBI. Es decir, quitándole el beneficio social a más de 11 millones de personas, aún estaríamos muy lejos de los 15 que sugiere.

Seguramente, el "Plan Espert" continuaría por reducir a su mínima expresión el gasto político. El presupuesto de la totalidad de los cargos políticos del Poder Ejecutivo representa el 0,01% del PBI, una mínima parte de los 15 puntos en cuestión. Eliminar todo el gasto del Congreso Nacional generaría 0,2 puntos del PBI. Si agregáramos una reducción a la mitad del empleo público nacional (que goza mayormente de estabilidad laboral), prescindiendo de 400.000 trabajadores, significaría un ahorro adicional de 1,6 puntos del PBI. Seguimos lejísimos de los 15 puntos. Si cortáramos también la mitad de la obra pública (básicamente rutas, vivienda, agua potable y cloacas), tendríamos un ahorro adicional de 0,8% del PBI.

La suma de todas estas medidas -extremas, irrealizables y con un impacto negativo fenomenal- apenas alcanzaría para bajar 5 de los 15 puntos del PBI

Es decir, la suma de todas estas medidas -extremas, irrealizables y con un impacto negativo fenomenal en la pobreza y la actividad económica- apenas alcanzaría para bajar 5 de los 15 puntos del PBI que el autor propone.

En materia de reformas estructurales, el "Plan Espert" propone eliminar la coparticipación de impuestos. La misma está establecida en la Constitución Nacional y es la piedra angular de todo régimen federal que procure la igualdad de oportunidades independientemente del lugar del país en que se nazca. ¿Sugiere ignorar la Constitución Nacional? ¿O modificar su primer artículo que establece que somos un país federal? Todo ello sin mencionar el hecho de que la coparticipación es la distribución de los impuestos que las Provincias decidieron delegar en la Nación. Eliminarla significaría que cada provincia se quede con esa recaudación y no achicaría el déficit de la Nación, sino todo lo contrario.

El aporte de los trabajadores a las obras sociales representa 2,4% del PBI, pero si lo elimináramos y todos concurriésemos a los hospitales públicos, ¿no habría que considerar, además de los mayores ingresos fiscales, el mayor gasto público en salud?

Por último, el déficit operativo del total de las empresas públicas (que no dependen de las políticas tarifarias) ya lo redujimos a la mitad y actualmente representa apenas el 0,1% del PBI, ¿encontraríamos la solución a nuestro problema fiscal privatizándolas?

Rodrigo Pena, secretario de Hacienda Archivo

Los datos fiscales son más transparentes que nunca, con la información en línea de la ejecución presupuestaria, facilitando así el análisis de las finanzas públicas a quien tenga un interés genuino.

También dimos enormes pasos en términos de previsibilidad. Establecimos metas trianuales y trimestrales que determinan el sendero de la política fiscal y cuyo cumplimiento garantiza la sostenibilidad de la deuda pública y la convergencia de nuestros indicadores fiscales a niveles incluso más favorables que los que muestra el resto de la región.

Las metas se definieron sobre el resultado primario, y no sobre el resultado financiero, por la inconveniencia de condicionar con metas fiscales el timing de la política de financiamiento. ¿Acaso preferimos perder una ventana de oportunidad en los mercados financieros por la rigidez de una meta? Roza el absurdo pensar que quiénes manejamos la política fiscal desestimamos la evolución de la cuenta de intereses o del resultado financiero.

No avanzamos más rápido porque también decidimos bajar impuestos que ayuden a dinamizar la actividad económica

El déficit financiero de la Nación en 2017 fue de $ 629.050 millones, que equivale al 6,1% de un PBI estimado de $ 10.282.182 millones. Ni 7% como dijo ahora. Ni 8% como dijo hace unos meses. En 2018 será ligeramente superior al 5% y en 2019 al 4%, y así lo iremos bajando de a un punto por año. Las provincias redujeron a la mitad su déficit financiero en 2017, estarán en equilibrio en 2018 y tendrán superávit en 2019, gracias al acuerdo plasmado en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

No avanzamos más rápido porque también decidimos bajar impuestos que ayuden a dinamizar la actividad económica. Bajamos impuestos entre 2015 y 2017 por 2 puntos del PBI (derechos de exportación, impuesto a los débitos y créditos para pymes, mínimos y escalas de ganancias, bienes personales, ganancia mínima presunta, pusimos al día devoluciones y reintegros). Y acabamos de conseguir la aprobación del Congreso por una reforma que baja la presión tributaria otros 2 puntos en los próximos 5 años. También las provincias, en el marco del Consenso Fiscal, se comprometieron a reducir la carga tributaria del Impuesto a los Ingresos Brutos y a los Sellos por 1,5 puntos del PBI. Es decir, hemos trazado un sendero de reducción de impuestos por nada menos que 5,5 puntos del PBI para los próximos años.

La baja simultánea del déficit y la presión tributaria solo puede realizarse porque redujimos el gasto en términos reales. La combinación de baja del gasto y crecimiento económico del año 2017 (año que Espert minimiza en su nota) no sucedía desde hace 20 años. Y sucederá también en 2018.

En economía también hay plateístas que se especializan en soluciones mágica

En los estadios de fútbol nunca faltan las personas que desde la comodidad de su asiento insultan a los jugadores y al técnico, y les explican lo que deben hacer para salir campeones. Por lo general se ubican en la platea. En economía también hay plateístas que se especializan en soluciones mágicas. Pero cuidado: las soluciones mágicas también fueron parte de los últimos 70 años de fracasos económicos.

Una cosa es criticar livianamente desde la platea. Otra, muy distinta, es tener la responsabilidad de administrar un país con millones de argentinos. Un país representativo, republicano y federal. Aunque a algunos les pese.

El autor es secretario de Hacienda de la Nación

Rodrigo Pena