Cuatro empleados de una estación de servicio fueron condenados por haber agredido física y psicológicamente a un compañero de raza negra "por su condición racial y religiosa", según se informa en la web del Poder Judicial.

La denuncia fue realizada por el dueño de la estación de servicio donde trabajaban los indagados y la víctima, cuando recibió a través de redes sociales dos videos que mostraban las agresiones que recibió el hombre por parte de sus compañeros dentro del local.

En una de las grabaciones se puede ver cómo uno de los empleados ata las manos de la víctima para inmovilizarlo y le pega una cinta aisladora en su cabeza con forma de cruz. Mientras tanto, otro de los agresores le da cachetadas y lo toma del cuello. Durante más de cinco minutos, ambos insultaron al hombre y lo amenazaron, refiriéndose al trabajador como "este negro".

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El segundo archivo muestra al hombre en el depósito de la estación con las piernas y brazos abiertos amarrados en forma de cruz. Allí se puede ver que uno de ellos habla con la víctima y le canta canciones religiosas, mientras otros dos lo agreden físicamente y se ríen. En determinado momento, uno de los compañeros mira la cámara, saluda a su primo de España y le dice: "Así tratamos a los negros en Uruguay".

Según surge de las actuaciones, la víctima es de piel negra y trabaja en el lugar desde hace cuatro años. Asimismo, se supo que percibe una pensión por discapacidad intelectual a través del Banco de Previsión Social (BPS).

La fiscal del caso, Mirta Morales, solicitó la condena de tres de los empleados como autores de un delito de violencia privada especialmente agravado en concurso formal con un delito de comisión de actos de odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas a la pena de cuatro meses de prisión.

En el caso del cuarto imputado, la condena será de seis meses de prisión por la doble comisión de los mismos delitos, ya que este participó de las agresiones en dos oportunidades.

El caso se resolvió por juicio abreviado, que se utiliza para resolver en menor tiempo los casos en los que se reunieron las pruebas y los imputados confesaron. Además, el fiscal puede reducir la pena.

La magistrada hizo lugar al pedido de la Fiscalía, la cual fue sustituida en su totalidad por un régimen de libertad vigilada, con obligación de todos los involucrados de residir en un lugar determinado y bajo el control de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) por el período establecido con descuento de la detención sufrida.