El presunto cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, ha asegurado este viernes ante el tribunal que le ha estado juzgando por la primera época de la trama (1999-2005) que sus empresas no fueron montadas "para trabajar con el PP y delinquir"; y ha señalado que él utilizaba sus relaciones con políticos para hacer gestiones y obtener contratos.

"Ministros de este país, expresidentes del gobierno de este país trabajan de esta manera en muchos países latinoamericanos y de Oriente Medio. Empresas privadas les hacen contratos importantes para que empresas españolas tengan contratos en este países y sean elegidas", ha expuesto Correa en su turno de última palabra. Se enfrenta a 125 años de cárcel, y ha lamentado que le traten "peor que a un terrorista".

Por ello entiende que no ha cometido ningún delito de cohecho, como mucho uno fiscal, y ha añadido que nunca ha pagado ninguna comisión para obtener contratos: "Yo no he dicho a un alcalde, oye dame este trabajo que te doy una comisión a cambio" y se ha ofrecido a la Fiscalía para colaborar en las causas que tiene aún pendientes.

Por otra parte, ha sorprendido al decir que el primer instructor de esta causa, el juez Baltasar Garzón, fue injustamente inhabilitado y tendría que ser indultado por el Gobierno.

"Solicito como ciudadano español el indulto del juez Baltasar Garzón (...) creo que ha sido injustamente inhabilitado por este país y que es una víctima más como yo de una causa que tiene un tinte político y no jurídico", ha expuesto sobre el que hasta ahora se creía uno de sus principales enemigos.

Garzón fue inhabilitado por el Supremo en 2012 durante once años por haber ordenado escuchas a los abogados y a los detenidos por el caso Gürtel durante su estancia en prisión preventiva.

La Audiencia Nacional ha dejado este viernes visto para sentencia el juicio de los 37 acusados del caso Gürtel, entre ellos el extesorero del PP Luis Bárcenas, tras 125 jornadas en más de un año y un mes. El proceso se ha convertido en uno de los más largos de la historia judicial española, solo superado por el del caso Malaya.

La Fiscalía pidió la mayor pena para Francisco Correa, 125 años de prisión, seguida de los 85 que solicitó para el presunto número dos, el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, mientras que Luis Bárcenas y para el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, reclamó 39.