La cultura anglosajona tiene una tendencia muy sensata a recordar de vez en cuando los puntos más elementales de cualquier actividad, oficio o profesión. Un observador ajeno a esa cultura se puede quedar algo perplejo cuando en una reunión de expertos el ponente plantea inicialmente, con toda naturalidad, el abecé del tema a tratar, lo que se supone que se debió aprender en el primer día del primer mes del primer año de formación. Pero, si el observador no es demasiado arrogante, enseguida comprende la utilidad de repetir aquellas notas que permiten recordar de qué se trata todo el asunto, su sentido o razón de ser, es decir, aquello que se suele olvidar en cuanto se profundiza en complejidades.

Así que recurramos a la Guía del Buen Gobierno Local elaborada por la Asociación Municipal del Estado de Victoria, el más pequeño, pero el más densamente poblado de Australia. El abecé municipal australiano (muy útil, al margen de las competencias concretas de cada Ayuntamiento del mundo) empieza así: el Gobierno local tiene la obligación de informar, explicar y responder por las consecuencias de las decisiones que toma en nombre de la comunidad que representa. Las personas deben ser capaces de seguir y entender el proceso de toma de decisiones. Esto significa que tienen que ser capaces de ver con claridad cómo y por qué se tomó esa decisión —qué información, qué asesoramiento y qué consultas se efectuaron— y qué requisitos legislativos hubo que cumplimentar.

Parece que se empieza siempre por ahí: transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad del equipo municipal, con su alcalde a la cabeza, respecto a las decisiones que se adoptan y sobre sus consecuencias.

La segunda letra del abecé indica que el Gobierno local está obligado a atender las necesidades de la comunidad entera, guardando el equilibrio entre los distintos intereses en juego. Los distintos sectores de la comunidad deben sentir que han sido escuchados y que sus intereses fueron tomados en consideración, sean finalmente respetados totalmente, solo en parte o rechazados. Todos los grupos, y en particular los más vulnerables, deben tener la oportunidad de exponer sus razones. Es decir, el Gobierno local debe ser equitativo e inclusivo, de manera que ningún sector se sienta menospreciado o no escuchado.

Tercera letra: el Gobierno local debe hacer un seguimiento de las consecuencias de las decisiones que adopta a fin de poder evaluar si se alcanzan los objetivos planteados o en qué grado se cumplimentan.

Existe un cuarto elemento básico: el Gobierno municipal debe ser participativo. Cualquier persona afectada por o interesada en una decisión debe tener la oportunidad de participar en el proceso de toma de esa decisión. Se puede lograr de distintas maneras: asegurándose de que se les hace llegar la información necesaria, facilitando instrumentos para que se les pregunte su opinión o para que tengan la oportunidad de realizar sus recomendaciones o, incluso, incorporándoles a la toma de decisiones efectiva.

Finalmente, dice la guía australiana, conviene recordar que el alcalde, o alcaldesa, tiene una influencia considerable en el establecimiento de las normas de buena conducta y ética de los miembros del consejo. Como líder del gobierno municipal tienen un papel primordial en la vigilancia de su conducta.

¿A que resulta fácil ir hoy a votar y cumplir con el primer deber ciudadano?

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.