A través de un escrito acompañado de fotos y artículos periodísticos, el Tribunal Penal Colegiado de San Rafael recibió una petición del abogado Tíndaro Fernández para que fije normas de conducta a la mujer, condenada por la muerte de Genaro Fortunato.

A través de un escrito acompañado de fotos y artículos periodísticos, el Tribunal Penal Colegiado de San Rafael recibió una petición para que fije normas de conducta a Julieta Silva durante su prisión domiciliaria, la que cumple después de ser condenada por la muerte de su novio, Genaro Fortunato, ocurrida en septiembre de 2017.

La difusión de reuniones festivas en la vivienda de calle San Lorenzo donde Silva cumple la medida privativa de libertad, hasta tanto la Suprema Corte de Justicia se expida respecto a los planteos apelativos de las diferentes partes post-sentencia, generó malestar en familiares de Genaro, quienes no dudaron en hacer público su enojo. Fue Ariadna Fortunato, en sus cuentas de Facebook y Twitter, quien en octubre del año pasado difundió fotos de encuentros festivos en la casa de Silva. En ese momento, referentes de la Justicia que se aprestaron a notas periodísticas indicaron que si no había una regulación expresa respecto a reuniones y visitas durante el régimen de privación de libertad, la joven condenada no estaba impedida de ejecutar dichas acciones.

En ese contexto, y en la antesala de una nueva mudanza de Silva, el abogado Tíndaro Fernández, representante legal de la familia Fortunato, ingresó a mesa de entradas del Poder Judicial de San Rafael un escrito en el que solicita que “fije las reglas de conducta que Silva debe cumplir mientras se mantenga vigente la prisión domiciliaria”.

“La condenada ha hecho de su domicilio particular un lugar de recreación y diversión impropio de quien ha tenido el privilegio de gozar de la prisión domiciliaria. No se imagina esta parte que a las personas alojadas en la Penitenciaría local se les permita este tipo de actividades, tales como reuniones sociales, festejos de cumpleaños, aniversarios, animaciones musicales, etc.”, expresa Fernández en la presentación que desde el viernes se encuentra en la Justicia local.

Para respaldar su pedido, Fernández acompañó el escrito con recortes periodísticos de Diario San Rafael y Los Andes, de sus ediciones de los días 17 y 18 de octubre, en los que se reprodujeron las declaraciones de Ariadna Fortunato tras recibir ella fotos de Silva rodeada de amigas, durante un evento realizado en la propiedad de calle San Lorenzo, donde la joven cumple la prisión.

En otro pasaje del escrito de Fernández, señala que “el tribunal, al disponer que Silva cumpla prisión domiciliaria, lo fue teniendo presente que no eludiría la acción de la Justicia y la calidad de madre de dos hijos menores, aun cuando ambos tienen una edad mayor de 5 años y están contenidos por su padre y abuelos”.

Y agrega: “El único cambio es el lugar de cumplimiento del encierro, lo que no significa que otro sitio pueda ser utilizado para que Silva dé rienda suelta a reuniones sociales o festejos que luego, al ser conocidos por los familiares de las víctimas y la comunidad misma, sean tomados propios de una burla a la administración de Justicia y a la familia de Genaro Fortunato”.

Fernández se refirió, previo al cierre de la presentación, al concepto de “trascendencia de la pena” y cómo debe ser ejecutada y cumplida la prisión domiciliaria, aludiendo –en esa parte– al texto “La Prisión Domiciliaria” de los autores Gustavo Arocena y José Cesano.

Por último, Fernández le pide al Tribunal Penal Colegiado local que regule la actividad de Silva durante su arresto domiciliario “y adoptar los mecanismos para que hechos como los que dan cuenta las pruebas acompañadas, no vuelvan a repetirse y nadie pueda pensar que se está garantizando un privilegio irritable”.

“Por respeto a la familia de la víctima, toda provocación no hace más que acrecentar el dolor que la criminal muerte de un hijo y de un hermano los acompañará por el resto de sus días”, concluyó Fernández.

Los días de Silva en prisión domiciliaria

Julieta Silva, luego de ser imputada por la muerte de Genaro Fortunato, a quien arrolló con su vehículo a la salida del bar Mona en la madrugada del 9 de septiembre de 2017, permaneció un mes y medio en la cárcel de la avenida Mitre hasta que una decisión judicial la benefició con el arresto domiciliario. Fue durante una audiencia de apelación de la prisión preventiva, con Alejandro Cazabán como su defensor, en la que además se modificó la acusación inicial: pasó de “homicidio agravado por el vínculo y alevosía” a “homicidio culposo agravado” y/o alternativamente “homicidio simple con dolo eventual”.

Llegó el juicio y los jueces Rodolfo Luque, Eugenia Laigle y Néstor Murcia consideraron que Silva embistió a Fortunato sin tener la intención de matarlo. De esa forma, consideraron justa la condena de 3 años y 9 meses de prisión, en el marco del delito “homicidio culposo agravado”. También resolvieron mantener la prisión domiciliaria de Silva, teniendo en cuenta que el fallo no quedó firme debido a los recursos de casación reservados, después de la condena, por cada una de las partes.

A un año y medio de ser condenada, la Suprema Corte de Justicia todavía no se expide de los planteos de las partes y, durante ese lapso, hubo situaciones polémicas en torno a la prisión domiciliaria de Silva, tal como indica Fernández en el escrito que presentó en tribunales, lo que lo llevó –en sintonía con la familia– a querer regular las acciones de Silva mientras se encuentra cumpliendo condena en su casa.

La decisión de fijar normas de conducta tendrá que adoptarla el mismo tribunal que impuso la condena a Silva, es decir, los jueces Luque, Laigle y Murcia. Asimismo, deberá revisarse el pedido de mudanza de Silva a una propiedad de Las Paredes y determinar si esta cumple con los requisitos necesarios para que allí resida una persona con prisión domiciliaria.