Hoy 19 de julio, el Tribunal de Apelación de Salé (Marruecos) ha vuelto a condenar a 23 saharauis que participaron en las protestas pacíficas contra la ocupación marroquí del campamento de Gdeim Izik en 2010 a, prácticamente, las mismas que penas a las que les había sentenciado un Tribunal militar en 2013, desde cadena perpetua hasta dos años de cárcel.

La repetición del juicio se ha desarrollado sin la participación de los acusados, ausentes desde las sesiones de mayo, en protesta por las irregularidades del proceso. El juicio ha sido monitorizado por numerosas misiones internacionales de observación como el Consejo General de la Abogacía Española, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Centro Robert F. Kennedy y Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, otras organizaciones de derechos humanos y representantes políticos, entre ellos y ellas, María López Montalbán, diputada de Podemos en la Asamblea Regional de Murcia.

Desde Podemos nos sumamos a las denuncias de las organizaciones presentes calificando como nulos de pleno derecho estos juicios ya que los tribunales marroquíes no tienen competencia para juzgar asuntos que sucedieron en el Sáhara Occidental, territorio no autónomo ocupado por Marruecos.

El proceso ha estado lleno de gravísimas irregularidades ya que el tribunal de Salé ha vuelto a aceptar confesiones realizadas bajo tortura, pruebas no relacionadas directamente con las personas acusadas, nuevos testimonios de dudosa veracidad y un ambiente de intimidación contra las familias saharuis y las organizaciones observadoras internacionales.

El 15 de noviembre de 2016, el Comité de la ONU contra la Tortura concluyó que Marruecos había vulnerado la Convención contra la Tortura, que el propio país había ratificado en 1993 y cuya constitución prohíbe el uso de la tortura, en el caso de Naâma Asfari, uno de los acusados. Por desgracia, las torturas han sido habituales contra hombres y mujeres saharauis, como recogió el auto del juez Ruz en su imputación a once militares marroquíes por presunto delito de genocidio contra la población saharaui en 2015 y como han venido denunciando organizaciones de derechos humanos y activistas, como Aminatou Haidar.

La naturaleza política de estos juicios fue reconocida por la Audiencia Nacional en octubre de 2016 al conceder el estatuto de refugiado a Hassana Alia, condenado a cadena perpetua por su participación en el campamento de la Dignidad por parte de un tribunal militar de Marruecos.

Por todas estas razones, desde Podemos exigimos la anulación de los juicios, el establecimiento de una investigación independiente en el marco de Naciones Unidas para determinar la situación de las personas presas saharauis y la exigencia de que estas demandas sean transmitidas por parte del Gobierno de España al Reino de Marruecos. Nuestro país, acorde con su responsabilidad histórica y la implicación de nuestro pueblo, debe liderar los esfuerzos por una solución política al conflicto, que culmine el proceso de descolonización del pueblo saharaui, y respete su derecho a la libre determinación.