Marcial Marín, consejero de Educación, y María Dolores Cospedal

Consejo de Gobierno presidido por María Dolores de Cospedal. Foto Archivo

María Dolores Cospedal tiene las maletas hechas desde las 24 horas del día 24 de mayo, justo cuando supo que no había logrado la mayoría absoluta y que debería abandonar la Presidencia de Castilla-La Mancha en favor del socialista Emiliano García-Page, que con el apoyo de los dos diputados de Podemos será el nuevo presidente de la comunidad a la que Cospedal ha endeudado (12.858 millones) en 3 años y 9 meses más que el PSOE en 28 años de gobiernos anteriores. Y este dislate no ha impedido para que la neocon empeñe aún más todavía el presupuesto regional, que “lo deja tiritando y en la UVI”, dice la diputada socialista Guadalupe Martín, realizando concesiones millonarias y firmando contratos que superan con creces los 130 millones de euros, sabiendo, como sabe, que antes de fin de mes dejará de ser la jefa del Ejecutivo castellano-manchego.De ahí las quejas de los socialistas, que no dan crédito a la voracidad concesionaria de Cospedal, que en poco más de 20 días ha suscrito el mayor contrato de la historia del Gobierno de Fuensalida en materia de telecomunicaciones por un importe superior a los 120 millones de euros, siendo las empresas Amarato y Telefónica las grandes beneficiadas. Cómo serían las prisas de la presidenta en funciones de Castilla-La Mancha para adjudicar esta millonada, que resolvió por vía de urgencia el lógico recurso presentado por la multinacional Vodafone, perdedora de este dudoso y sospechoso concurso multimillonario.Actitud impropia de una Gobierno en funciones que va a llevar al PSOE a estudiar la legalidad de esas decisiones, definidas por la portavoz socialista, Cristina Maestre, como “poco éticas”, para seguidamente añadir que: “No nos gusta que un Gobierno que ya está en tiempo de descuento siga adjudicando obras y servicios, y no nos gusta que nos lleguen informaciones sobre trituradoras que estarían destruyendo documentación en algunas consejerías”. Del mismo modo, la portavoz dijo tener conocimiento de informaciones según las cuales se habrían comprometido hasta 13 millones de euros en subvenciones. “Le pedimos a Cospedal que sea consciente de una vez que está en funciones y se esté quieta, porque nos tememos que puede dejar el presupuesto esquilmado”, finalizaba.Pero aquí no quedan los tejemanejes del Gobierno de Cospedal, que en 2011 acusaba al Gobierno del socialista Barreda de destruir documentos, pero nunca de gastar a manos llenas días antes de abandonar el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno castellano-manchego, y mucho menos de cambiar las reglas de juego para beneficiar a la educación privada en detrimento de la pública, de la que todavía la secretaria general del PP ha demostrado ser una de sus principales “enemigas”, no así de los colegios elitistas concertados que reciben, además de cuantiosas subvenciones (84,7 millones en 2007, frente a los 88,7 en 2015), información privilegiada para que puedan hacer su particular agosto, como así ha denunciado CC OO.El caso es que, siempre según este sindicato, el Gobierno de Cospedal facilitó a colegios concertados información anticipada y privilegiada sobre un cambio legal que les permite sobrematricular alumnos por aula el mismo día en que se dieron a conocer las listas definitivas de alumnos a escolarizar en cada colegio. En ellas se comprueba que podrán escolarizar tres alumnos más en cada aula que el resto de los colegios públicos que han planificado el curso 2015/2016 con la norma vigente hasta ese momento. Así, de la nueva resolución sólo han podido beneficiarse aquellos colegios concertados a los que previamente se puso sobre aviso; que son los únicos que se han planificado para captar “hasta un 10 por ciento” más alumnos que el resto de los centros educativos, públicos, concreta CC OO.Para este sindicato, con mayor implantación y representación en Castilla-La Mancha, se han ninguneado los meses de trabajo de los miembros de las comisiones de escolarización, para “en el ultimísimo momento cambiar la normativa; cambio del que sólo tienen conocimiento previo determinados colegios concertados a los que escolarizar más alumnos les supone mayor lucro; aunque para los alumnos suponga un detrimento en la calidad de la educación que van a recibir", denuncia Alfonso Gil, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, que exige la retirada de la resolución y la apertura de negociaciones para lograr una normativa sobre escolarización del alumnado que retire la zona única de escolarización y reduzca el número máximo de alumnos por grupo.