La académica, experta en derechos humanos y violencia de género, comenta el estado actual de los derechos de las mujeres en Chile y apunta al camino que debiera seguir el Estado: mayor prevención, intersección entre las políticas públicas y trabajo con los hombres.

Desde el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, donde coordina el área de género, la abogada y académica Lidia Casas ha fustigado el parto encadenado de Lorenza Cayuhán y el rol de Gendarmería en el hecho, defendido la necesidad de legislar sobre aborto y cuestionado los reales avances de las leyes para trabajadoras de casa particular.

Consultada sobre el parto de Cayuhán, que ha levantado una fuerte polémica por racismo y violencia obstétrica desde Gendarmería, Lidia Casas coincide en calificarlo como grave. Sin embargo, añade otra variable: la lógica con la que funciona el organismo estatal encargado de velar por los privados de libertad. “En un curso que realizo a varios gendarmes les pregunté por esta situación. Esperaba otro tipo de respuestas, explicables desde el racismo, por ejemplo. Pero la primera fue: “podemos perder el bono”. Hay un nivel de no cuestionamiento que se relaciona con la precariedad de Gendarmería y sin duda es necesario establecer protocolos al respecto”, explica. En el marco del 25 de noviembre, día internacional contra la violencia hacia las mujeres, y en medio de anuncios de reformas legales al respecto, la experta conversó con El Desconcierto.

¿Cómo evalúas el estado de los derechos humanos de las mujeres en Chile?

Hay que ver los distintos planos. Desde lo económico, el derecho a la salud, sexuales y reproductivos, etc. En todos ellos el Estado chileno ha hecho avances, pero siempre limitados a ciertas cosas socioculturales. Por ejemplo, en materia económica el primer gobierno de Bachelet dictó la ley de igualdad salarial, que sin embargo no ha tenido impacto. ¿Por qué? Es muy difícil para una mujer pedir el derecho a igualar su remuneración. Esto es muy concreto: hay una ley que se hace cargo del problema pero la cultura laboral y sus condiciones de contrato impiden que se ejerza.

En cuando a temas educativos, fue importante que Conicyt se hiciera cargo del impacto diferenciado de la vida reproductiva entre hombres y mujeres en términos de las condiciones de las becas, postulación a fondos. Ahí se ve, lentamente, como en los últimos 26 años ha habido avance en ciertas medidas. Las de mayor impacto, para hablar en el tema que nos ocupa un 25 de noviembre, han sido las de violencia. Hoy día puede que los indicadores no hayan cambiado -no hay estudios de prevalencia, que no es menor- pero hay un reconocimiento público de cierto tipo de acciones que ya no son aceptables. Recuerdo hace unos años a Bonvallet diciendo que a las mujeres había que tratarlas como a la pelota, darles un buen puntapié de vez en cuando. Eso hoy sería inaceptable: creo que culturalmente hay un avance. A veces creo que buscamos la erradicación total de la violencia y no he visto ninguna sociedad, ni las más igualitarias como las nórdicas, donde ello se de. En lo que hay que trabajar en la modificación de los estereotipos culturales y también en involucrar las políticas públicas. Muchas veces pareciera ser que la única respuesta es la judicialización pero esto es inapropiado e incompleto porque para llegar a los tribunales las mujeres ya vivieron todo un proceso.

Uno de los femicidios más recientes fue el de Mariela Bolvarán, que precisamente estaba en un programa de capacitación para dejar de depender de su agresor en un centro Prodemu.

Yo siempre me acuerdo de mi abuelita que era obrera textil. Antes de morir me decía que lo más importante es que yo estudiara y que nunca tuviera que depender de un hombre. Siendo una mujer extremadamente machista, de su época, fue eso lo que me quería transmitir. Reconocía la independencia económica como algo fundamental, una forma de tener su propio poder en el hogar, ser tan o más proveedora que mi abuelo. Entonces espacios como el Prodemu son significativos para muchas mujeres cuya limitación para afrontar la separación es lo económico, no depender de un agresor. Pero Prodemu debe mirar el empoderamiento en áreas no tradicionales. Siempre capacitan para áreas como el cuidado, trabajo doméstico, servicios. Hay ámbitos donde las mujeres podemos ser muy buenas y pueden ser más rentables, como la gasfitería. En la medida en que entramos en espacios nuevos, todas las mujeres ganamos. Me gustaría que se potenciaran esos programas y abrieran el campo de posibilidades.

Ahora, sobre el caso de Mariela Bolvarán. Las medidas de alejamiento hoy dependen de la voluntad de cumplimiento del sujeto y no hay dotación de Carabineros en la cantidad necesaria: quien asegura el funcionamiento y da la alerta rápida es la víctima. Yo creo que sistemas de monitoreo a distancia, como la tobillera, tienen problemas técnicos pero sólo para quien se sube al Metro. Eso es Santiago. La gente vive en otros lados donde la tobillera electrónica sí puede ayudar. Por otro lado, aún cuesta el que se admita que esto es un delito y por lo tanto el agresor es un delincuente. Aún nos cuesta dar ese paso, nadie duda en calificar de delincuente al que chorea en el supermercado. No es así respecto al agresor. Hay un cambio en los últimos años: si antes se negaba que fuera algo malo, un delito, ahora se reconoce, pero se busca una serie de condiciones para no sancionar.

¿Cómo evalúas la baja cantidad de sentencias condenatorias?

El aparato de justicia tiene que ser capaz de dar señales de que este es un problema cuya raíz es la subordinación y contenidos culturales profundos. Hay que dar un mensaje incremental y ahí a veces no coincido con algunas de mis amigas feministas. Una pueda pensar formas alternativas de resolución, como las suspensiones condicionales, pero no como hoy, sin seguimiento. El hurto y la fractura de la mandíbula a una mujer en contexto de violencia no son delitos similares y el sistema tiene que ser capaz de mirarlo así. No podemos querer que funcione como los otros delitos del código penal.

En coberturas a juicios de femicidios me ha llamado la atención la frustración de los fiscales porque las mujeres que denuncian no perseveran y abandonan el proceso.

Este es un delito especial en el sentido de que está cruzado, en su mayoría, por una relación afectiva. El proceso entre el inicio de la investigación y el juicio tiene un montón de sucesos para las mujeres: que el Ministerio Público logre o no que el agresor salga del hogar común, con lo que empieza el problema de la independencia económica, por ejemplo. Otro factor que cruza ese proceso es la afectividad. En la instalación de Carabineros en el Paseo Ahumada se leía “yo creía que iba a cambiar”. La expectativa amorosa sobre el agresor siempre está ahí y muchos fiscales se frustran porque dicen “aplicamos todos estos esfuerzos y la perdimos”.

¿Los operadores de justicia están suficientemente sensibilizados como para entender el carácter específico de este delito?

Hace unos años era horroroso: un montón de funcionarios en capacitación que no estaban en absoluto de acuerdo con la necesidad de formarse en esto pero iban obligados por metas de gestión. Al hacer clases en distintas universidades me llama la atención que hay un discurso que coincide con lo que hoy se espera, lo políticamente correcto, pero que en las prácticas cotidianas del trabajo judicial no se ve. Las instituciones las conforman personas que rotan y por lo tanto los esfuerzos no pueden ser una vez, una capacitación, sino que constantes.

El femicidio, los esfuerzos y la pirotecnia

Organizaciones como la Red Chilena contra la Violencia, después de varios años muy enfocadas en visibilizar el femicidio, han girado los últimos dos hacia el estudio y divulgación del tema de la educación sexista.

Creo que la Red lo ha hecho estupendo. Han puesto en el discurso ideas clave, como «el machismo mata», entre mujeres que no son feministas. Pero la educación no sexista, que ha comenzado a calar en el mundo estudiantil, es fundamental. Hoy hay un reconocimiento público, político, de la existencia de un delito que se produce por las relaciones de género. Pero la deconstrucción de esas relaciones asimétricas tiene que ver con espacios muchos más tempranos. La escuela es el lugar. Cuando le decimos a las niñas que tienen que ser princesas, bueno, la labor del Estado no es construir princesas, sino ciudadanas en igualdad con los hombres. Ahora, la educación no sexista no pasa necesariamente por cursos obligatorios como se habló aquí en la universidad después de la toma, sino con cosas mucho más cotidianas como las prácticas en el aula. La apuesta tiene que ser desde la primera infancia.

No sabemos si es por una mayor visibilidad pública en los medios de la violencia machista o ciertos casos que para la televisión son más “espectaculares” por su crueldad, pero hay una percepción de que la violencia aumenta.

En el factor denuncia habría que mirar prevalencia, pero no hay estudios de prevalencia que nos permitan medir eso. En un curso un defensor me dijo “hoy las mujeres aguantan menos” para explicarme que no es que necesariamente haya más violencia, sino que hoy las mujeres dicen basta, no como la generación de mi abuelita. Siempre me acuerdo de la vecina de la casa donde crecí. Fue la primera vez que vi públicamente una agresión, el año ‘72. Los vecinos miraban con reproche pero no intervenían y ella nunca denunció. Me caló profundo la frase del defensor porque creo que ahora ella denunciaría. Y el mundo feminista ha ayudado en eso. Yo no me atrevo a decir que haya más violencia, sería irresponsable de mi parte. Sí planteo que hoy las mujeres denuncian más.

Se ha anunciado un proyecto que amplíe la legislación actual. ¿Cuál fue el diálogo con quienes trabajan estos temas?

Ha habido mesas de trabajo que impulsó el Sernam. Yo participé el año pasado, al menos, sobre violencia hacia las mujeres. Hay algunas cosas desde el punto de vista técnico podrían quedar sólo en lo simbólico y a mi me preocupa. No tengo idea cómo habrá quedado al final. Pero cuando desde algunos feminismos se plantea que todo sea un delito, pensando por ejemplo en el acoso callejero, yo me pregunto sobre la posibilidad de perseguir penalmente a ese sujeto. Cuando se hacen leyes sólo de efecto simbólico creas una sensación de frustración e impunidad porque nada pasa, porque siempre supimos que eran cosas difíciles de perseguir. A mi a veces me parece más efectivo el cartel que pusieron mis estudiantes: «tu piropo me violenta». Tiene mucho más sentido que una sanción penal que no tienes posibilidad de conseguir, pero creas un marco de expectativas de que el aparato del estado sí lo hará.

Luego del femicidio frustrado de Nabila Rifo incluso la bancada de Chile Vamos anunció un proyecto para aumentar las penas del delito de femicidio. ¿Qué cambios sí serían significativos y no pirotecnia?

Un aumento de penas para el femicidio es pirotecnia legislativa. Los casos de femicidio son casos de violencia extrema y el femicida no está mirando la ley. No calcula pensando si obtendrá cadena perpetua simple o calificada. Él mata. Entiendo que la visibilidad de los parlamentarios pasa en buena parte por estos anuncios de proyectos de ley, pero la necesidad profunda es de políticas públicas: intersectar el sistema de salud con el de justicia y el de prevención, mejorar y profundizar los programas, trabajar a temprana edad.

Cada año el registro de la Red Chilena discrepa con el Sernam en al menos una decena de mujeres víctima de femicidio. ¿Qué pasa con esa ley?

Coincidiendo con la Red en que hay varios más de los que contabiliza el Estado, siempre hay que especificar públicamente que hay asesinatos de mujeres que no son femicidios. Hace un tiempo hicimos un estudio con Pepe Olavarría sobre muertes de mujeres en contexto de crimen organizado, por ejemplo. ¿Basta que una mujer muera en una riña, en una mejicana, para que sea femicidio? No me parece.

¿Es más atingente la figura del crimen de odio?

Es más propia. Ahora, tiene una carga probatoria importante, lo vimos en el caso de Daniel Zamudio. Hay elementos de la lógica penal: la carga de la prueba, en los principios generales del derecho, es a partir de la presunción de inocencia. Una persona es culpable en la medida en que superemos la valla de la duda razonable. Desde ese punto de vista el crimen de odio es súper importante, pero el elemento cultural en los operadores de la justicia es fuerte y hay que superarlo. No basta con decir “es un crimen de odio”, hay que crear una convicción en el tribunal.

Entonces, ¿qué cambios legales y de políticas públicas sí serían significativos?

A mi me parece que hay dos cuestiones que faltan: prevención y trabajo con mujeres en una vía independiente del circuito de la justicia, y otro tema es qué hacer con los hombres. Es un problema que hoy los programas estén asociados directamente con el inicio del proceso judicial, con la denuncia, porque llegas tarde. Pareciera ser que la puerta de entrada para salir de la violencia es esa. Lo otro es la reparación, asociada también a lo judicial, y no se da. Sobre los hombres, él puede salir, pero va a tener otra pareja y va a reiniciar la violencia si es que no se trabaja y el trabajo con agresores es complejo, más similar al trabajo con los adictos. Lograr que reconozcan los hechos y cómo son poco éticos y delictuales es un desafío. Es un proceso de rehabilitación completo.

Mauricio Ortega, acusado de ser el agresor de Nabila Rifo, tuvo un ataque con hacha anterior hace un par de años. Él obtuvo una suspensión condicional de procedimiento por ese hecho. Los tratamientos que ordenan las conciliaciones o suspensiones condicionales duran unas tres sesiones.

Falta un sistema integrado de trabajo con los agresores. ¿Qué son tres sesiones? Una de bienvenida donde se conocen, otra donde apenas se entra en materia y otra donde se despiden. No es posible. Eso tiene que ver con la falencia de recursos del Estado para prevenir y trabajar este tema.

¿Qué tan polémico sería que se dispusieran más fondos y recursos de profesionales para rehabilitar agresores? ¿Qué tan dispuestos, por ejemplo, están los movimientos feministas?

Yo creo que a los movimientos feministas no les gusta el trabajo con agresores, no lo aprueban. Buena parte de las iniciativas están enfocadas a las mujeres y eso está muy bien. Pero una transformación necesariamente requiere trabajo con hombres y cuando los recursos son tan escasos se compite. Las respuestas hacia los agresores han sido esporádicas, frágiles, a través de fondos concursables a 10 meses máximo. Ese estado de cosas no puede seguir. Ahora, sobre el feminismo: hay pluralidad de feminismos y hay que dar esa discusión. No habrá una respuesta única.