Los terribles niveles de corrupción en los que hemos vivido, y en gran medida seguimos viviendo, se derivan de la política clientelar de las instituciones públicas. La búsqueda de beneficios a corto plazo y muy a menudo del lucro personal abrió las puertas para las comisiones bajo manga y a la maraña de intereses privados que convierten lo público en una excusa para alimentar cuentas bancarias individuales. Podríamos soñar con que, si volviéramos atrás, todo esto se haría de otro modo o que con gobernantes mejor preparados esto no habría ocurrido.

La Universidad Complutense de Madrid acaba de ratificar su venta a la empresa privada. El término "venta" no es una exageración, sino que más bien se queda corto ante lo que supone el reciente texto aprobado por el Consejo de Gobierno de la UCM, en línea continuista con una cada vez más peligrosa tradición. Se permite la entrada, mediante pago, de intereses privados en la práctica totalidad de la vida universitaria. Así, las empresas pueden decidir directamente sobre los Planes de Estudio, crear titulaciones, dirigir y plantear proyectos de investigación, contratar profesores, obtener cátedras, organizar congresos, etcétera. Y todo ello aprovechándose de las estructuras administrativas y materiales de la universidad, esas que pagamos entre todos.

Si leemos el Boletín Oficial de la UCM del 12 de enero de 2016, encontramos que se permite la entrada de «patrocinadores estratégicos» a cambio de un mínimo de un millón de euros al año (art. 4.1), de «patrocinadores de honor» que podrán colocar profesores, investigadores, gestores... en cualquier institución universitaria (art. 4.2) y cátedras extraordinarias financiadas por empresas privadas, especialmente para docencia e investigación (art. 4.3).

Entre las increíbles invitaciones a la instrumentalización y a la falta de transparencia (camino privilegiado para la corrupción) se encuentran las siguientes: se abre la posibilidad de que las patentes conseguidas pertenezcan a las empresas privadas (art. 18.1), los directores de las cátedras serán elegidos a dedo por el rector (art. 13), todo será supervisado por el vicerrector competente y por una comisión formada por dos personas elegidas a dedo por el rector y por dos elegidas por la empresa privada (art. 5 y 14), se obliga a la UCM a publicitar a las empresas privadas colaboradoras (art. 19.c,d y g) y las discrepancias se resolverán entre las únicas decisiones del vicerrector competente y la empresa privada (art. 20).

Evidentemente, se plantean controles de seguridad -todos y cada uno de ellos sin intervención de más personas que el rector y uno de sus vicerrectores-, pero ninguno de ellos contempla la negativa absoluta a que las empresas puedan tomar el control si el equipo rectoral correspondiente decide dárselo (art. 14).

La universidad pública debe reforzar su relación con la sociedad civil, y puede plantearse captar fondos del sector privado, pero debe ser la universidad quien gestiones los fondos.

Cualquiera que no conozca bien la universidad pública se preguntará qué hay de malo en ello, si se consigue un dinero extra y se fomenta una relación más dinámica con el sector privado. No obstante, quien entienda la complejidad del sistema universitario, sabrá que las consecuencias en la investigación -especialmente a medio y largo plazo, en todas las ramas del saber -, el conocimiento, la gestión interna, los contratos laborales... dependen de la buena voluntad del rector y de la empresa correspondientes, según el recorrido que se le quiera dar y la manera en que afecte a los propios presupuestos de la UCM.

Alguien podrá creer que es una manera de ayudar a las universidades públicas en momentos de crisis. Invito a plantearse a quien así lo piense qué medidas tomaría si quisiera realmente salvar la universidad. Desde luego, no permitiría que hubiera profesores con sueldos pagados por empresas privadas. Pero, incluso aceptando esta barbaridad, blindaría completamente la posibilidad de que una o dos personas tuvieran en sus manos todas las decisiones. Desde luego, no haría depender a ninguna Facultad o Departamento de las decisiones de una empresa y del rector sobre sus estudios o sus investigaciones. Se daría cuenta de que las posibilidades de endogamia en una institución que ya tiende a ello se multiplicarían, al poder introducir personal sin más supervisión que la de una o dos personas. Por supuesto, no haría depender las líneas de investigación de las prioridades estratégicas de los grandes conglomerados. No convertiría la universidad en una franquicia del mejor postor.

En un momento en el que la política clientelar exhibe cada vez más sus desastrosas consecuencias, la universidad pública debe reforzar su relación con la sociedad civil, y puede plantearse captar fondos del sector privado, pero, llegado el caso, la condición fundamental pasaría por que fuera la propia universidad, con autonomía, democracia, transparencia, y con fines exclusivamente científicos y pedagógicos, la que gestionara, dirigiera y gobernara dichos fondos y dichas colaboraciones.

El documento aprobado por el Consejo de Gobierno de la UCM apunta a todo lo contrario. Aun confiando en la buena voluntad de los individuos que concretan los convenios, la UCM insiste en convertirse en una franquicia de cualquier empresa que decida invertir en ella.. Y así, tal y como tenemos Vodafone-Sol, podremos tener UCM-Nestlé, UCM-Telefónica, UCM-Loréal...

Solo se me ocurre una conclusión: estas decisiones no son económicas. O se es muy torpe al pensar que estas políticas mejoran económicamente el cumplimiento de los principios básicos de toda universidad pública. Parecen en cambio políticas instauradas por los mismos principios ideológicos que buscan poner al Estado en su conjunto en manos privadas.

En definitiva, firmar acuerdos con empresas privadas dependiendo de la buena voluntad de personas individuales y de esas mismas empresas es el camino más rápido y fácil para la corrupción y para el sangrado de las instituciones públicas por parte de particulares.

«Peligroso» es una palabra que se queda muy corta.