El CETA entra en vigor este jueves pese a la amplia contestación social y política

Los polémicos mecanismos de arbitraje ante los que las empresas pueden demandar a estados aún no entrarán en funcionamiento. Bruselas redobla esfuerzos a nivel comunicativo para vender las bondades del tratado de libre comercio con Canadá, y omite los aspectos más peligrosos del acuerdo. Reconoce que el tratado con EEUU, TTIP, permanece «en el congelador», a la espera de que la Administración Trump aclare si quiere reaundar las negociaciones o enterrarlo.

Alejandro López de Miguel

publico.es

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El polémico tratado de libre comercio con Canadá pasará a ser una realidad este jueves. El CETA entrará en vigor de forma provisional, antes de haber sido ratificado por todos los parlamentos nacionales europeos (España ya le ha dado luz verde, como el Europarlamento y el Consejo Europeo), y con él lo harán la práctica totalidad de mecanismos y disposiciones recogidos en sus 1.600 páginas.

Fuera de su aplicación, como confirman fuentes de la Comisión Europea, sólo quedará el apartado más criticado del acuerdo, que afecta a la «protección de inversiones», esto es: el mecanismo de resolución de disputas que permite a empresas demandar a estados por cifras millonarias, evitando a sus respectivos tribunales nacionales.

Bruselas y el Gobierno de Mariano Rajoy sacan pecho por lo que supondrá su aplicación: la drástica reducción o eliminación de los aranceles a la exportación (por valor de unos 400 millones de euros al año, según la Comisión), la reducción de trabas para el movimiento de los trabajadores (con el reconocimiento de algunas titulaciones europeas en Canadá), y un supuesto aumento en las exportaciones, que según el Ejecutivo Comunitario suponen un 14% del empleo total en la UE (1,6 millones de puestos de trabajo en España).

Esfuerzo comunicativo de Bruselas para vender el CETA

En líneas generales, y aunque en privado los representantes del Ejecutivo comunitario se muestran menos triunfalistas, los portavoces de Bruselas idealizan al máximo este y otros acuerdos comerciales, y tienen a tildar a quienes los critican del «proteccionistas».

El relato de la Comisión distingue de forma genérica entre «detractores» y «defensores» del libre comercio, y viene a defender que el Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) supondrá la creación de miles de puestos de trabajo.

Omite, sin embargo, los resultados de un estudio esgrimido por la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo para rechazar el acuerdo. Este alertaba de la destrucción de 204.000 puestos de trabajo en toda la UE si el acuerdo entrase en vigor, y destacaba las «serias dudas» sobre la «compatibilidad» del CETA «respecto a las leyes actuales de la UE», expresadas por partidos políticos y representantes de la sociedad civil.

Prueba de la controversia del tratado está en el revuelo causado por la abstención del PSOE de Pedro Sánchez en la ratificación del CETA en el Congreso, cuando hasta el momento los socialistas habían estado entre sus principales valedores.

La visibilización del CETA y el esfuerzo en materia comunicativa han marcado la etapa de Cecilia Malmström al frente de la cartera de Comercio (2014 hasta nuestros días).

Consciente del rechazo social que genera el oscurantismo de estos tratados, negociados con total opacidad, Malmström ha trabajado para suavizar esa percepción, y para contrarrestar los mensajes de los detractores de TTIP y CETA, resaltando sus bondades y poniendo el foco en sus apartados menos polémicos. Donde antes había silencio ahora hay una estrategia activa de defensa, casi de márketing, de los tratados.

Esto pasa también por intentar aterrizar los futuribles beneficios del CETA, recogiendo testimonios de empresarios -fundamentalmente pymes- que aprecian ventajas en este tratado tal y como lo presenta la Comisión.

«Pararemos el CETA, en el Constitucional o en el TJUE»

El Congreso de los Diputados dio luz verde al CETA en junio, y hoy el acuerdo está listo para ser ratificado también en Senado, donde la mayoría absoluta del PP garantiza su aprobación. «Pararemos el CETA, en el Constitucional o en el

TJUE», asegura a Público Pablo Bustinduy, portavoz de Exteriores de Unidos Podemos en la Cámara Baja. Bélgica ya ha llevado el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la UE, asestando un nuevo golpe al acuerdo.

«Cuando decimos que ganaremos esto en esos mismos tribunales que han visto usurpada también su soberanía no nos referimos sólo a llevar la cuestión al TC vía recurso, sino a formular una estrategia europea que sume a todas las instituciones que van despertando y observan las implicaciones de la colosal usurpación institucional que esconde el CETA», apunta.

Bustinudy pide al Gobierno de Mariano Rajoy, «tan fan de Macron para algunas cosas», que imite al presidente francés y encargue un informe a expertos independientes para calcular los impactos del tratado con Canadá -informe que, por otra parte, Macron ha obviado, «como buen neoliberal». Este texto recoge que en el CETA «no se garantiza efectivamente el principio de precaución»; que los capítulos del acuerdo en materia de medio ambiente «no contienen ningún compromiso vinculante»; o que «Canadá todavía permite 46 sustancias activas que fueron prohibidas hace mucho tiempo en otros países», entre otros aspectos peligrosos del tratado.

La cara B de la aplicación del tratado

Frente al optimismo de la Comisión, la Campaña estatal no al TTIP, CETA y TiSA, que aglutina a más de 350 organizaciones sociales, ambientales y sindicales, alerta de los peligros de la puesta en marcha de la maquinaria del CETA.

Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción y portavoz de la Campaña, advierte de que en esta entrada en vigor se incluye el capítulo sobre Servicios Financieros, que «permite al sector bancario y financiero la venta transfronteriza de servicios financieros de alto riesgo al y desde el mercado único de la UE». «Una vez en vigor, todas las medidas relativas a liberalizar el comercio transfronterizo de servicios financieros entre el Canadá y la UE se regirán por la CETA, un paso para dar más derechos a los bancos y especuladores», apunta.

Además del poder que concederá al sector financiero, Kucharz destaca que el artículo 13.11 del tratado «establece el requisito de que se publiquen todos los nuevos reglamentos para que los interesados -esto es, las empresas- puedan «familiarizarse con ellos». «Existe la obligación de notificar y permitir ‘comentarios’ a la industria financiera para cualquier medida particular que pueda adoptar la UE y que pueda afectar a los intereses del sector. También se crea un Comité de Servicios Financieros para llevar a cabo un “diálogo permanente” sobre la regulación de los sectores de servicios financieros tanto en la UE como en Canadá», apunta.

Según su relato, tras el 21 de septiembre se podrán importar «productos de carne canadiense tratados con productos tóxicos y prohibidos en la UE, tales como hormonas o ractopamina, e incluso salmón transgénico». Por no hablar del hecho de que «los niveles máximos de residuos de plaguicidas autorizados en los productos alimenticios son mucho menos exigentes en Canadá que en la UE», o de la apertura de la puerta a importar productos canadienses «derivados de la extracción de hidrocarburos procedentes de arenas bituminosas» que supone el CETA, zanja.

El TTIP, «en el congelador»

Mientras la Comisión pisa el acelerador con su agenda de tratados comerciales, el no menos polémico TTIP, el acuerdo entre la UE y EEUU, permanece en un estado embrionario, y «en el congelador», como reconoce Bruselas.

El TTIP entró en vía muerta hace cerca de un año, y permanece ahí desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. En este tiempo, la Comisión reconoce no haber mandado ningún mensaje oficial a este respecto a sus homólogos en EEUU, aunque sí ha habido conversaciones informales que no han permitido aclarar cuál es la posición de la Administración Trump -si la tiene- sobre este tratado, que podría no llegar a ver la luz.