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La Voz de Galicia mateo balín

madrid / colpisa 03/09/2016 05:00 h

La defensa del Partido Popular en el caso del ordenador que usó Luis Bárcenas en su despacho de la sede nacional ha recurrido el auto de procesamiento (transformación en procedimiento abreviado) dictado por la juez instructora de Madrid a finales de julio y alega que estaba vacío, pese a que se borró hasta 35 veces. El abogado de los populares, el exfiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos, reclamó el archivo de la causa y, de forma subsidiaria, la reapertura de la investigación para realizar una serie de diligencias antes de decretar el sobreseimiento de las actuaciones. El PP está imputado como persona jurídica en el procedimiento por delitos de encubrimiento y daños informáticos, al igual que tres empleados: la actual tesorera Carmen Navarro, el asesor jurídico Alberto Durán y el informático José Manuel Moreno.

A lo largo de 53 folios, la defensa del PP centra su recurso de reforma en dos aspectos. Por un lado, afirma que en los discos duros del ordenador que utilizó el extesorero popular «no existían datos ni contenía información alguna». Esto es, que los equipos estaban vacíos y que a lo largo de la instrucción no se ha podido demostrar lo contrario. Para refrendar su tesis considera que «ha quedado acreditado», en este proceso y el que se sigue en la Audiencia Nacional (causa de la caja B del PP), que Bárcenas «ha mentido» en su sucesivas declaraciones judiciales. Por lo tanto, añade, «no tiene credibilidad alguna» para decir que en uno de los discos duros había información relevante sobre la contabilidad paralela de los populares, que él mismo controlaba.

«Destrucción a conciencia»

En segundo lugar, el abogado del PP alega que el «protocolo de borrado seguro» se aplicó con la creencia de que no existían datos, aunque argumentó por qué Durán y Moreno llegaron a formatear hasta «35 veces» los discos duros «mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física», según consideró la juez instructora en su auto de julio, en el que propuso juzgar a los ahora imputados.

Según la juez Rosa Freire, bajo el tecnicismo de «aplicar los protocolos de seguridad y reasignación de los ordenadores» se escondía la «destrucción a conciencia» de los mismos. Finalmente, la defensa del PP rebate la tesis de las acusaciones y la juez de que no hay un protocolo de seguridad informático en el partido, cuando en realidad, asegura, «hay más de setenta protocolos implantados y en funcionamiento». Para ello pide la declaración de varios informáticos empleados en la sede nacional y para desmentir a Bárcenas dos informes de la causa de la caja B, uno de la Policía Científica.

La juez considera que Alberto Durán fue quien alrededor de mayo del 2013, cuatro meses después de la expulsión de Bárcenas del PP, dio la orden al informático José Manuel Moreno para destruir los equipos. La Fiscalía, en cambio, no apoya la tesis acusatoria y reclama el sobreseimiento de la causa. La decisión final de abrir juicio oral o archivar depende de la Audiencia Provincial de Madrid, en concreto de la misma sala que ordenó investigar los hechos tras un primer archivo judicial.

Pagos en Baleares

Por otra parte, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, reclamó a distintos organismos y entidades bancarias documentación sobre un préstamo de 600.000 euros que un empresario realizó a favor del propietario de la constructora Bruesa, Antonio Pinal, a fin de averiguar si con estos fondos este sufragó de forma irregular la adquisición de la sede del PP balear. Se trata de una cantidad que figura en varios informes policiales.