COMPARTIR share

La posible entrada en vigor del Tratado Transatlántico de Libre Comercio (TTIP, por sus siglas en inglés) entre la Unión Europea y Estados Unidos no sólo afectaría a la capacidad de maniobra de los gobiernos centrales de las naciones soberanas, sino que también heriría de gravedad a la autonomía de las administraciones regionales y municipales. Es la principal conclusión de un informe presentado por Ecologistas en Acción, titulado La amenaza global asalta lo local: el TTIP en municipios y comunidades autónomas.

Según dicho informe, con la entrada en vigor del TTIP municipios y comunidades autónomas perderán gran parte de su capacidad para gestionar materias de vivienda, sanidad, medio ambiente, servicios sociales, educación o alimentación. Los ayuntamientos, por ejemplo, se encontrarían ante una realidad en la que estará prohibido cualquier intento de aplicar criterios de proximidad, desarrollo sostenible local, la aplicación de moratorias a nivel local sobre prácticas peligrosas en zonas de alta sensibilidad medioambiental, o restringir el uso de técnicas que se consideren peligrosas (pesticidas, transgénicos u hormonas).

Para Ecologistas en Acción, la liberalización del comercio que representa el TTIP entraña un serio peligro para la democracia, al anteponer sistemáticamente el interés comercial de empresas transnacionales al bien común. Pese a que las élites políticas y los grandes monopolios presentan el TTIP como la solución más eficaz para el crecimiento económico y la creación de empleo, la organización ecologista apunta que numerosos estudios muestran lo contrario. De igual manera, subrayan que los aspectos sociales y ecológicos han de ser considerados de primer orden en cualquier negociación comercial.

«El objetivo del informe es llegar a todos los públicos, señala Serlinda Vigara, portavoz de Ecologistas en Acción. «De ahí que se haya utilizado un lenguaje sencillo. A menudo, comprender las implicaciones del TTIP resulta complicado para mucha gente, algo a lo que no ayuda la opacidad de los medios de comunicación respecto al tema. Parece que es algo que nos pilla lejano, cuando la realidad es que es algo que nos toca muy de cerca».

Para Vigara, se habla poco de cómo afectaría el TTIP a las competencias municipales y autonómicas, «especialmente porque no hay estudios que se centren en lo pequeño y lo cercano». El informe de Ecologistas en Acción pone el énfasis justo en este ámbito. «La sanidad, la educación, los servicios sociales… Todo ello se vería afectado por la aprobación del Tratado. Se ve muy claro en ejemplos como la alimentación: fármacos como la ractopamina, prohibida en la UE desde hace años, podrían volver a estar en nuestro plato. Los estándares de calidad de la carne, que tanto ha costado legislar, también se verían afectados. Pero quizá donde mejor se plasmen las consecuencias de las privatizaciones que traería el TTIP es en lo más cercano. Un ejemplo: la gestión de residuos, y más concretamente, número de papeleras. Cuando una empresa privada lleva la gestión de residuos en localidades pequeñas hay alrededor de seis papeleras por cada 100 personas, mientras que si el servicio es público la cifra se eleva hasta 36 papeleras por habitante».

«Barra libre» para las privatizaciones

Para la portavoz de la organización ecologista, «se nos ha intentado vender que la privatización es una mejora del modelo, pero cuando te vas a los datos ves que no es así. Siempre se produce un incremento de costes, una subida de salarios en los puestos más altos… La privatización de estos sectores sólo trae consecuencias negativas. De entrar en vigor el TTIP, habría barra libre para una nueva oleada de privatizaciones, y se pondría aún más en riesgo el Estado del bienestar, ya maltrecho».

Frente a esta amenaza, desde Ecologistas en Acción valoran muy positivamente la declaración unilateral de varios municipios como ciudades libres de TTIP. Es el caso de Barcelona, pero también de Valencia, Sevilla o Valladolid, así como decenas de otras localidades de países como Bélgica, Alemania, Francia o Italia. «Es, principalmente, una declaración de carácter simbólico, pero no por ello deja de ser poderosa. No es el arma para combatir el TTIP, pero sí una manera de visualizarlo mesiánicamente, ya que parece que a nivel estatal estamos un poco perdidos. Los municipios y comunidades autónomas deben jugar un papel protagonista en la lucha contra el Tratado, porque son los primeros afectados».