Alejandro Agdamus

El monto resulta difícil de creer, pero hace diez años el ticket de un supermercado por la compra de 30 productos de consumo masivo (alimentos frescos y envasados, bebidas, artículos de higiene y tocador) era de 222,72 pesos. Hoy, la misma canasta insume un gasto de $ 2500,47. O sea que su precio total acumuló un aumento de 1000% (exactamente 1022,7%) equivalente -en números redondos-, a diez veces el valor registrado en abril de 2007.

Si bien se trata de un botón de muestra, estas cifras revelan la magnitud que adquirió la inflación en la Argentina a lo largo de este período. Con el agravante de que no quedó registrada en las estadísticas oficiales, tras su sistemática adulteración entre comienzos de 2007 y fines de 2015. Precisamente, el monitoreo mes tras mes de los precios de esa aleatoria canasta fija en la misma sucursal porteña de una cadena de supermercados, fue un recurso casero al que apeló esta columna hace diez años. Sin las características de un índice, pero con el propósito de marcar las diferencias entre los precios de las góndolas y los inverosímiles números del Indec, intervenido de hecho por Guillermo Moreno. Era la primera etapa de una época en la cual el extravagante funcionario multó y denunció ante la Justicia a varias consultoras privadas (aunque finalmente fueron absueltas), por el hecho de elaborar índices propios que ponían al descubierto los groseros "dibujos" del organismo.

Esta burda maniobra de subestimar la creciente inflación implícita en la política económica del kirchnerismo (así como sus efectos sobre la pobreza y la evolución del PBI, entre otros indicadores), es lo que impide aún hoy reconstruir las series estadísticas de buena parte de la era K.

La inflación en esa etapa no sólo fue falsificada y prolongada. También fue reprimida con el atraso cambiario y tarifario, cuya corrección parcial durante el gobierno de Mauricio Macri desembocó en el salto de casi 40% en 2016 y de algo más de 8% en el primer cuatrimestre de este año.

Con esta persistencia de subas, los precios de hace diez años parecen inverosímiles al compararlos con los de abril de 2017 (que a continuación se consignarán entre paréntesis).

Por ejemplo, la botella de litro y medio de una gaseosa de primera marca costaba $ 2,89 en abril de 2007 (hoy $ 42,40); otra de lima-limón menos gasificada $ 2,60 ($ 25,99) y la de agua mineral $ 1,95 ($ 18,10).

Un kilo de milanesas se vendía a $ 10,99 (ahora $ 169,99); de lomo premium envasado al vacío $ 26,99 ($ 347); de supremas de pollo $ 17,99 ($ 123,99) y de pata-muslo $ 8,49 ($ 52,99). El jamón cocido a $ 23,35 el kilo ($ 179) y el queso en barra a $ 22,90 ($ 219).

Medio kilo de café envasado tenía un precio de $ 7,82 ($ 92,90); de yerba mate, $2,88 ($ 38,90) y de fideos guiseros $ 2,35 ($ 22,90). El del kilo de pan era de $2,09 ($ 55); el de azúcar $ 1,38 ($ 15,59) y el de queso rallado $ 33,90 ($ 379).

En frutas y hortalizas, un kilo de bananas costaba $ 2,10 en abril de 2007 ($ 29,99); de pimientos rojos $ 5,99 ($ 99,99); de papas $ 1,99 ($ 26,90) y de berenjenas $ 2,99 ($ 33,90). Y en productos de higiene y limpieza, el detergente cremoso $ 1,95 ($ 23,25); papel higiénico $ 0,45 por rollo ($ 4,95); suavizante de ropa $ 2,26 ($ 33,99). En todos los casos se trata de los precios en góndola, sin los descuentos ni ofertas por mayor cantidad (más de una unidad) que proliferaron en los últimos años en las grandes cadenas de supermercados.

Por cierto que en estos diez años la suba de precios fue acompañada por aumentos salariales en paritarias que tendieron a acompañar a la inflación, aunque en buena medida contribuyeron a realimentarla. Como dato práctico, si el actual ingreso mensual de un consumidor supera en 10 veces al de abril de 2007, probablemente no haya perdido demasiado poder adquisitivo en términos reales. Pero aun así, hay que tener en cuenta que los 30 productos incluidos en esta canasta son una pequeña parte de los que integran el índice de precios al consumidor (IPC), no incluyen otros rubros (ropa, cigarrillos, alquileres, expensas, esparcimiento, etc.), ni servicios públicos ni privados.

Además, los precios relativos mostraron una fuerte disparidad, con aumentos acumulados muy superiores o inferiores a la variación total de 1022%. En los productos comparados anteriormente, los extremos fueron desde 524% (pata-muslo de pollo) hasta 2531% (pan francés), que en este último caso torna absurdo el argumento K de "defender la mesa de los argentinos". Y dentro de este abanico, hubo subas de 1570% (pimientos); 1490% (milanesas); 1403% (suavizante de ropa); 1367% (gaseosas de primera marca); 1251% (papas); 1185% (lomo); 1132% (yerba); 1087% (café); 1018 % (queso rallado); 1000% (papel higiénico); 956% (queso en barra); 874% (fideos guiseros), y 666% (jamón cocido).

O sea que la mejora del salario real en términos de los productos que menos subieron fue contrarrestada por los mayores incrementos de otros, según los consumos. Como es obvio, el deterioro del poder adquisitivo se agrava para los trabajadores en negro y cuentapropistas de bajos ingresos.

El Estudio Bein estima que en abril los precios minoristas tuvieron un aumento de 2,2%, explicado en una tercera parte por las nuevas tarifas de gas. En los últimos doce meses, el alza acumulada asciende a 27,4% y para todo 2017 prevé una variación de 20,5%. Pero otro dato es que esta consultora (una de las acosadas por Moreno), discontinuará la difusión de su relevamiento de precios cuando en junio el Indec complete (con los datos de mayo) el primer año del reconstruido IPC de Capital Federal y Gran Buenos Aires, con una canasta de consumo de 2004/5, ajustada por precios relativos.

Un mes más tarde, en julio, el organismo difundirá el primer informe del IPC Nacional con el nivel general para todo el país y los de seis grandes regiones estadísticas, dentro de las cuales el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pasará a ser una de ellas, junto con la Pampeana, NEA, NOA, Cuyana y Patagónica. Para lanzar este indicador, el Indec debió desarrollar un software destinado a procesar los datos estadísticos de las 24 provincias, que insólitamente no existía cuando el gobierno de Cristina Kirchner difundía el denominado Ipcnu, sin incluir la información por regiones ni provincias. Por el momento, utilizará la estructura de ponderaciones que surge de las canastas regionales de consumo incluidas en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Paralelamente, ya comenzó el trabajo preliminar para lanzar a partir de octubre la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo), cuyo procesamiento demandará un año. A partir de 2019 esta tarea sobre 45.000 hogares permitirá dotar al IPCN de nuevos ponderadores para medir la inflación en todo el país.

El Banco Central ya anticipó que a partir de julio pasará a utilizar el nuevo índice como base para monitorear las metas de inflación, probablemente porque la incidencia de los ajustes tarifarios en el AMBA es actualmente mayor que en el interior del país. Claro que aun con una estructura técnicamente más completa y precisa para calcular la inflación, el problema central (no sólo para el BCRA) seguirá siendo bajarla a un dígito anual como en la mayoría de los países del mundo.

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