La torpeza e incompetencia de la Moncloa, inmovilizada políticamente ante el referéndum ilegal de la Generalitat, se refleja en lo que podríamos empezar a denominar como la dictablanda de Rajoy. Un gobierno en minoría parlamentaria, existe ya de facto una mayoría alternativa, aplica el 155 encubierto para no tener que delimitar tanto su contenido como su duración. Pero el mejor dedo en la llaga constitucional del PP lo ha puesto este miércoles Mikel Legarda, diputado del PNV, al denunciar la inconstitucionalidad e ilegalidad de todo el despliegue policial en Cataluña con una argumentación jurídicamente impecable: no es un error del Gobierno, recalcó, lo saben e incumplen la ley que dicen defender. El mismo día ponía también los puntos políticos sobre las íes intelectuales gubernamentales el novelista Eduardo Mendoza, al indicar que su nombre había sido incorporado a la lista "de los firmantes a la hora de repartir denuestos", de un manifiesto oficial pese a su voluntad de no firmarlo, claramente expresada.

Asombra espectacularmente que un partido como el PSOE, muy bien dotado de juristas, asista en silencio a esta violación del Estado de Derecho, cuando reitera tanto que lo defiende, ante el reto del 1 de octubre. Parece que Pedro Sánchez, en la misma medida que Rajoy, se adentra en la dictablanda; empieza a recorrer una colaboración parecida a la que recorrió Largo Caballero, desde el Consejo de Estado en la década de los veinte, con la dictablanda de Primo de Rivera. Que Susana Díaz vaya de cantinera del PP en su amplia ofensiva sobre la sociedad catalana– ayer volvió a demostrarlo en el parlamento andaluz de la mano de los neofalangistas de Rivera–, a nadie sorprende. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la dirección del PSOE, que precisamente lo es por haber denunciado al PPSOE que defendió la candidatura de la socia de Rajoy en las recientes primarias del 19 de mayo. La dictablanda no es ningún ruido de ratones, como decía erróneamente Besteiro, sino una lamentable realidad.

El próximo domingo vamos a tener ocasión de comprobarlo. Para la Moncloa el 1 de octubre no es más que un claro problema de orden público. Quienes vienen fomentando desde hace una docena de años el desorden público, negándose a buscar una salida política a la crisis catalana tras haber hundido el Estatut de 2006, pretenden que mañana los policías rompan seis mil urnas e impidan el derecho a votar a millones de ciudadanos. No se trata de votar independencia o no, como manifiesta el PP y sus intelectuales ad hoc, sino que la cuestión ahora es votar o no votar. ¿Cómo lo van a hacer?, ¿Cuáles van a ser las consecuencias? De momento, sabemos que la Junta de Seguridad ha terminado como el rosario de la aurora. Los Mossos d'Esquadra tienen un criterio opuesto al del coronel de Interior, Pérez Cobos. Si calculamos el número de efectivos y los dividimos por urnas, mesas y electores, no parece que sea una tarea nada fácil.

Es una cuestión clave si tenemos en cuenta el último informe de Goldman Sachs, "el riesgo clave para este escenario es si las tensiones políticas escalan de tal modo que hagan más difíciles los progresos hacia algún acuerdo", posterior a la actual ocupación policial de Cataluña. Aunque Pedro Sánchez y sus inmediatos colaboradores parecen muy predispuestos a colocarse el tricornio, las previsibles consecuencias de las muy duras medidas que se vayan a aplicar no solo pueden tumbar al gobierno que las ejecuta, sino asimismo a la oposición que no las denuncia. Porque mirar para otro lado, cuando Soraya Sáenz de Santamaría utiliza los servicios para publicar dossieres falsos, y retira el bozal a los canes de la extrema derecha, como no ocurría desde los tiempos de la transición, es posible, y en este caso probable, que los efectos vayan más lejos de lo calculado por los pésimos estrategas de la Moncloa. O sea, el total descontrol de la estrategia de la tensión.

Pero como la derecha no da puntada sin hilo, cabe pensar que esta contradicción territorial horizontal esté siendo utilizada en el ajuste de la contradicción social vertical. No sólo para que el enfrentamiento de pueblos que componen España se superponga a la dialéctica social entre la derecha e izquierda, lo que le permite la recuperación de una base electoral perdida por la corrupción, sino también para sentar el precedente sedicioso, a trasladar mañana a los movimientos ciudadanos que cuestionen los crueles recortes sociales que preanuncia el ascenso de los partidos alemanes contrarios a la Unión Europea. El cese de Wolfgang Schäuble como ministro de Finanzas de la Merkel y su probable sustitución por un liberal de la cuerda de Christian Lindner, un buitre sustituido por un tiburón, no augura nada bueno para los españoles. Porque los patrioteros que hoy asedian Cataluña olvidan la patria e incluso la venden llegado el caso, que ha llegado, a Berlín.

Nada es hoy más urgente que proceder a aplastar en el huevo la semilla de la serpiente que ha anidado en la Moncloa, incubada por su irresponsabilidad ante el desafío político de la Generalitat. Lo es por el problema territorial de hoy, lo es por el problema social de mañana. La dictablanda no soluciona nunca nada. Es demasiado poco para los que piden más mano dura, es demasiado para los que piden democracia. Tarde o temprano, la de Primo Rivera cayó al séptimo año, acaban hundiéndose. E incluso sus más firmes colaboradores, como Francisco Largo Caballero, acabaron sumándose al pacto de San Sebastián de 1930. No es aún el caso del PSOE. Sánchez sólo tiene un pie dentro y otro fuera de la recién iniciada dictablanda de Rajoy, pero se va a ver cada vez más presionado para que sitúe los dos dentro. Llegará un momento en que volverá a doblegarse o se verá obligado a pegar un puntapié a quien calificó como el indecente Rajoy.