Rocío Monasterio, durante un desayuno informativo. En vídeo, declaraciones de Monasterio en Telemadrid. EP / VÍDEO: TELEMADRID

La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, utilizó un falso visado del Colegio de Aparejadores en los planos de la obra de un loft de 2005, según advirtió públicamente esta entidad en noviembre, pero el expediente municipal del caso, al que ha tenido acceso este periódico, revela ahora que siguió usando ese sello en más trámites hasta 2016. En ese caso, a día de hoy, no habría prescrito un hipotético delito de falsificación en documento público, que caduca a los cinco años. Casi dos meses después de trascender el uso de visados falsos, el Ayuntamiento de Madrid aún no se ha pronunciado y afirma que no es su misión investigarlo.

Monasterio, que actuó como arquitecta de 2002 a 2009 sin tener el título, tramitó planos con el visado falseado en una petición de licencia que presentó en el Ayuntamiento el 20 de julio de 2016. Fue registrado a las 9.35, según consta en la solicitud. Ella misma, que entonces ya estaba en Vox, estampa su firma de puño y letra al final del documento. En estos dos meses desde que trascendió el uso de visados falseados, Monasterio no ha dado ninguna explicación. Contactada este jueves, un portavoz dijo que responderá a todo la próxima semana en las alegaciones que presentará ante el Colegio de Arquitectos de Madrid, que ha abierto una investigación contra ella por presunto intrusismo profesional tras una denuncia de Más Madrid.

Sello del Colegio de Aparejadores de 2005 que fue reutilizado en los años siguientes (i) y firma de Monasterio en una petición de licencia (d) que registró planos con ese sello en julio de 2016. el pais

El loft en cuestión es el del presentador televisivo Arturo Valls, en la calle Rodas 7 de Madrid, un caso que ha culminado con una demanda del actor contra Monasterio. Fue una obra realizada sin licencia, en un local que convirtió en vivienda. Es una práctica que se repite en varios de los 11 casos de irregularidades urbanísticas conocidos hasta ahora de la líder de Vox y su esposo, el portavoz de la formación en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

El proyecto estuvo salpicado de problemas, entre ellos una orden de demolición municipal, y los trámites burocráticos duraron más de una década. En el arranque del procedimiento, Monasterio tramitó en 2005 un estudio inicial con siete planos visados por el Colegio de Aparejadores. El visado es un sello oficial de la entidad que certifica que la obra cumple con los requisitos exigidos. Es una pegatina timbrada que se colocaba sobre los planos. En este caso, tenía el número 0511764 y fecha del 3 de junio de 2005. Sin embargo, en gestiones sucesivas en 2011 y 2016 Monasterio no volvió a visar los nuevos planos que presentaba, sino que utilizó el mismo sello de 2005. La sospecha es que hizo un corta y pega.

La publicación de uno de esos visados el pasado 22 de noviembre fue lo que hizo saltar la alarma del Colegio de Aparejadores, que advirtió: “No se corresponde con ningún documento que obre en los archivos de esta corporación”. Y explicaba: “El sello de visado 0511764 que aparece en la imagen del documento publicada por EL PAÍS en realidad fue emitido para otra intervención, un estudio y valoración para el acondicionamiento de local para vivienda”. Es decir, fue impreso solo para ese informe inicial, que es el que figura en los archivos de la institución. Todo lo demás no ha pasado por el Colegio de Aparejadores, pero con el sello da la falsa impresión de que sí lo ha hecho.

Este periódico ha tenido acceso a ese primer estudio de 2005, en el que aparece el sello auténtico en siete planos y varias páginas más, y ha comprobado que se repite en los planos presentados en los trámites posteriores de 2011 y 2016. En 2011 aparecen 42 nuevos planos, de los que 19 tienen la copia del sello 0511764. Y Monasterio volvió a entregar otra vez esos 42 planos en los nuevos trámites de 2016.

En el timbre del visado figura el nombre de la colegiada que lo presentó. Se trata de una profesional que trabajó en el estudio de Rocío Monasterio solo entre 2004 y 2006, según consta en su currículum. EL PAÍS se ha puesto en contacto con ella pero no ha querido hacer declaraciones. Según el Colegio de Aparejadores, ella “no sabía nada de este asunto” ni que ese sello con su nombre se había seguido utilizando tras su marcha en los años posteriores.

Tras la advertencia pública del Colegio de Aparejadores en noviembre, este periódico preguntó al Ayuntamiento de Madrid si se abriría una investigación sobre los visados en su poder y si se iba a estudiar si existió un presunto delito de falsedad en acto público o cualquier otro delito. Urbanismo informó de que había “pedido el expediente de la calle Rodas 7 y lo va a remitir a su departamento de servicios jurídicos para que lo analicen y tomar las medidas que correspondan”.

Han pasado casi dos meses, pero el Ayuntamiento de Madrid, en manos de PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, aún no se ha pronunciado sobre los visados falsos tramitados en sus oficinas. A preguntas de este diario ha explicado que no es su misión investigarlo. Asegura que sus servicios jurídicos “solo han estado estudiando la situación urbanística de este caso particular” y no entraron a analizar los visados.

El pasado 16 de diciembre el responsable del área, Mariano Fuentes, de Ciudadanos, compareció en el pleno de la Comisión de Desarrollo Urbano y dio explicaciones sobre el caso. Comenzó así: “Hemos finalizado el expediente de la calle Rodas número 7 porque existía un expediente abierto desde disciplina urbanística en el área de Urbanismo. Es justamente ese expediente en el que hubo una nota de prensa por parte del Colegio de Aparejadores indicando que la documentación que había aportado el promotor no se correspondía con la que estaba archivada como guarda y custodia dentro del mismo colegio”. Pero no dijo nada de los visados falsos y se limitó a relatar las incidencias del caso. Por ejemplo, confirmó que había tres expedientes, en 2005, 2011 y 2016.

Portavoces municipales han precisado que “el delegado dio cuenta detallada de todo lo que está dentro de su competencia en este caso, que es la situación urbanística. Si hay o no un posible delito de falsedad documental no le corresponde al Ayuntamiento investigarlo”.

La comparecencia dejó claro, en todo caso, que la obra fue totalmente ilegal. Todos los expedientes “fueron archivados sin conceder licencia alguna”. “Las incorrecciones, las irregularidades y las deficiencias, que las hay muchas, en la distinta documentación aportada por el promotor y por los técnicos contratados, no desembocaron en derecho alguno”, concluyó Fuentes.

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