La Generalidad de Cataluña ha impuesto una multa de 1.600 euros a una inmobiliaria por no haber atendido en catalán una consulta telefónica sobre una vivienda en alquiler. La cantautora Montse Castellà denunció en la organización separatista Plataforma per la Llengua que había sido insultada y vejada por hablar en catalán cuando preguntaba por teléfono las características de una piso anunciado por Barcelona Business Society (Barcelona Selecta).

La denuncia data de abril del año pasado y se basa en un supuesto de catalanofobia, según la Plataforma per la Llengua y la propia denunciante, que escribió un artículo en El Nacional en el que aseguraba que una persona con acento italiano le había dicho "me cago en ti mala puta y en tu idioma catalán".

La empresa niega los insultos pero admite que no atendió en catalán a la demandante y acepta la sanción de la dirección general de Comercio de la Generalidad, fundamentada en un apartado de la ley autonómica de Comercio, Servicios y Ferias en el que se exige que la atención al público se lleve a cabo en catalán.

El Tribunal Constitucional sentenció que las multas a las empresas por razones lingüísticas eran inconstitucionales, toda vez que en las relaciones entre particulares no se podían aplicar los mismos criterios que en las relaciones entre particulares y administraciones, obligadas a prestar atención en las dos lenguas oficiales de Cataluña.

Sentencias incumplidas

Sin embargo, los fallos del Constitucional se toman como papel mojado por parte de la administración catalana, que no ha parado de atender las denuncias y señalamientos de la "Plataforma per la Llengua" para multar a comercios y empresas que no rotulan en catalán o que, a juicio de los activistas separatistas, no atienden bien en catalán. Así, en 2017 se impusieron se impusieron 67 sanciones y se recaudaron 75.700 euros. En 2018 la actividad sancionadora aumentó, con 79 expedientes, aunque la recaudación fue menor, de 50.800 euros.

En la mayoría de los casos se trata de sanciones a bares y restaurantes por carecer de menús en catalán o porque el personal no entiende ese idioma o utiliza el español para responder a las consultas realizadas en catalán.

Persecución del español

Plataforma per la Llengua es una de las entidades más subvencionadas por la Generalidad, diputaciones y ayuntamientos y la más activa en la persecución del español en Cataluña. Organiza boicots contra productos etiquetados en español y ha llegado a crear una aplicación para puntuar a los comercios en función de las competencias lingüísticas del personal.

Al hilo de la última multa de la Generalidad el candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Josep Bou, propietario de una cadena de panaderías, ha explicado que ha sido multado en dos ocasiones por la Generalidad por incluir palabras en español en carteles con ofertas a pesar de que todos sus establecimientos están rotulados en catalán. Así, ha definido la situación como "sectaria" e "intolerable".