El pasado jueves, el Grupo parlamentario de Podemos presentó en la Asamblea de Madrid una Proposición no de ley sobre violencia machista. La iniciativa está siendo presentada por Podemos en todos los parlamentos autonómicos. Lo hacemos porque entendemos que la lucha contra esta lacra tiene que ser una prioridad política y que hay medidas muy concretas que podemos tomar ya. No parecen pensar asi el resto de partidos. En Asturias, por ejemplo, el PSOE votó en contra de nuestra propuesta desde el Gobierno. Y en Madrid el PP hizo lo propio.

En España, la gestión de la crisis ha golpeado brutalmente a las mujeres. Los recortes en los servicios públicos llevados a cabo por el PP en sanidad, dependencia o educación llevan a muchas mujeres a cuidar de las familias en las casas y, lo que es más grave, a depender económicamente de sus parejas. La brecha salarial ha crecido en los últimos años, lo que implica que las mujeres han perdido su mayor escudo de protección contra la violencia: su independencia económica.

Hay un dato que revela que las políticas actuales en esta materia están fallando: dos de cada tres mujeres asesinadas en este año no habían interpuesto denuncia y la mayoría de esas mujeres convivían con su agresor cuando fueron asesinadas. Desde el año 2010, al compás de la crisis, se ha dado un descenso en el número de denuncias. Por eso no se trata de decirles a las mujeres que denuncien, y de cargar toda la responsabilidad sobre ellas: se trata de poner las condiciones para que puedan hacerlo.

Y proponemos algo muy sencillo: garantizar una alternativa habitacional inmediata para las mujeres en situación de violencia machista. Este acceso está reconocido por nuestras leyes, pero no es inmediato –hay mujeres esperando meses y meses y hasta un año– y está condicionado a la existencia de una orden de protección, cuando la mitad de las órdenes de protección son denegadas y cuando la gran mayoría de mujeres en situaciones de violencia no denuncian porque no pueden.

Obligar a las mujeres a denunciar a la pareja de la que dependen como condición para recibir cualquier ayuda es condenarlas. Los servicios sociales, y los profesionales de la atención a mujeres víctimas, ya elaboran certificaciones para acreditar la existencia de una situación de violencia. Hagamos que ese sea el requisito para acceder a una vivienda, que ese acceso sea inmediato y que además se haga desde una concepción pública de ese servicio.

La gestión privada de casas de acogida y emergencia es llevada a cabo con criterios oscuros y arbitrarios; los criterios profesionales están secuestrados por criterios económicos. Que esto es un problema no lo decimos nosotros, lo dice el informe Sombra de la ONU, que afirma que en España, especialmente en la Comunidad de Madrid, el precio más bajo se ha convertido en el único criterio en la adjudicación de las licitaciones en la atención a mujeres víctimas de violencia de género.

Para hacer frente a esa situación, en nuestro último punto de la PNL pedimos que, ante la entrada en vigor de la reforma de la ley de bases del régimen local, los gobiernos autonómicos conserven la competencia de los ayuntamientos, garanticen que ni uno solo de los servicios actuales deje de estar activo y apueste por la recuperación de la gestión pública de los servicios.

Y, porque seguimos empeñadas en tener un pie en las instituciones y otro en las calles, el día 7 de noviembre saldremos a manifestarnos contra las violencias machistas. Iremos a gritar en la calle que vamos a luchar por que no haya ni una mujer menos. Por mí y por todas mis compañeras, por nosotras y por todas las demás, vamos a trabajar sin descanso por decirles adiós el 20 de diciembre a quienes no han hecho nada para luchar contra esta injusticia.