El 16 de diciembre de 2009 la Marina “abatió” a Arturo Beltrán Leyva, jefe del Cártel de los Beltrán-Leyva. Ese día, 200 marinos intercambiaron fuego con miembros del cártel por más de 90 minutos. Concluido el enfrentamiento se tomaron fotos de la casa y del cadáver de Beltrán Leyva, algunas de las cuales fueron filtradas a los medios. Una de ellas mostraba al Jefe de Jefes con los pantalones bajados a las rodillas, la camisa ensangrentada, el brazo desprendido del cuerpo y billetes esparcidos sobre su pecho. Fuertes críticas se expresaron hacia el gobierno por exhibir el cuerpo del capo tal como lo haría una organización criminal. En ese entonces el gobierno afirmó que la muerte de Arturo Beltrán era un duro golpe contra la organización. Un año más tarde fueron detenidos La Barbie (uno de los sicarios de la organización) y Carlos Beltrán Leyva (hermano de Arturo). En 2014, fue detenido Héctor Beltrán Leyva, conocido como El H, para entonces considerado líder de la organización criminal.

Ni la muerte de Arturo Beltrán ni la detención de sus segundos significó el fin del cártel (aunque sí la aparición de otros grupos delincuenciales, como los Guerreros Unidos y Los Rojos). Hoy el grupo sigue operando, según la Semar, en todo el país. Apenas hace unos días —8 años después de la muerte de Arturo Beltrán— la Semar mató —de nuevo— a la cabeza de los Beltrán Leyva, Juan Francisco “N”, conocido como El H2. El aparatoso operativo en que este nuevo jefe fue “abatido” desató fuertes críticas cuando circuló en redes un video de un helicóptero artillado de la Semar disparando desde el aire hacia una zona residencial. La Marina minimizó la gravedad del evento afirmando que los disparos desde el helicóptero sólo habían sido disuasivos. También se señaló que el uso de la fuerza era legítimo pues se había repelido una agresión de “presuntos infractores”. En el evento, y en otro que tuvo lugar en las inmediaciones cuando realizaban “recorridos de vigilancia”, murieron otras 11 personas “presuntamente” pertenecientes al mismo grupo delincuencial.

La muerte y la violencia —perpetuada por delincuentes o por el Estado— se han vuelto parte de nuestra cotidianeidad. Resulta para muchos justificable el uso de un helicóptero artillado disparando en la noche —cuando las familias están en casa— en medio de una zona residencial. Con las palabras mágicas: “presuntos” y “repeler una agresión” la legalidad del uso de la fuerza, con la intensidad que sea, se valida y se hace redundante —y hasta ofensiva— cualquier exigencia de que se realice una investigación independiente sobre los hechos. La culpabilidad se presume y toca a los muertos, o a sus familiares, demostrar la inocencia. Ni la Constitución, ni la ley, ni la autoridad civil tienen lugar en ese mundo donde todo se vale, menos cuestionar.

“Decapitar” organizaciones delictivas (desafortunado término en nuestro contexto) ha mostrado —una y otra vez— ser contraproducente. La estrategia lleva a la fragmentación de las organizaciones y a violentas pugnas por controlar los territorios, no a la desaparición de los grupos delincuenciales. Un estudio reciente de Laura Atuesta, profesora del Programa de Política de Drogas del CIDE, muestra además que cada enfrentamiento abierto aumenta el número de homicidios a corto y largo plazo en el municipio en el que sucede. Se trata pues, de una estrategia que no sólo no sirve para reducir violencia, sino que es contraproducente. Sin investigaciones paralelas sobre los recursos financieros de las organizaciones, sin una estrategia para frenar las armas que entran ilícitamente al país y sin un Estado que focalice el uso de la fuerza e investigue los eventos en que su uso resulta en muerte; en pocos años volveremos a ser testigos de la detención o “abatimiento” de otro líder de los Beltrán Leyva, sin preguntas, en otro barrio residencial.

División de Estudios Jurídicos CIDE

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