Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de sendas organizaciones independentistas de Cataluña, fueron dos de las personas condenadas por su papel en los actos de protesta celebrados en Barcelona el 20 de septiembre de 2017 y por su participación en el referéndum del 1 de octubre de 2017 sobre la independencia catalana. Aún no se había dado a conocer el resultado de las investigaciones sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante las manifestaciones de 2017. El Tribunal Supremo confirmó las sentencias condenatorias dictadas contra ocho personas por su participación en una agresión que había tenido lugar en 2016 contra dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas en Alsasua (Navarra), pero desestimó el agravante de discriminación y rebajó las condenas. En una situación aún de dificultad económica, persistían los obstáculos para acceder a la vivienda y a los servicios de salud. Pese a las recientes reformas, las personas migrantes en situación irregular seguían encontrando trabas para obtener atención de la salud. Continuaron los desalojos forzosos, que afectaron a cientos de personas que no tenían acceso a vivienda alternativa.

Juicio de líderes y lideresas catalanes

Entre febrero y junio, 12 líderes y lideresas catalanes comparecieron en juicio por los actos que habían tenido lugar en septiembre y octubre de 2017 en relación con un referéndum de independencia convocado por el gobierno autónomo catalán en contravención de una serie de sentencias del Tribunal Constitucional. En octubre, el Tribunal Supremo declaró culpables de sedición a siete altos cargos catalanes (seis exmiembros del gobierno autónomo y la expresidenta del Parlamento catalán) y a los presidentes de dos organizaciones independentistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Todos ellos fueron condenados a entre nueve y 13 años de prisión. Otros tres exmiembros del gobierno catalán fueron declarados culpables de “desobediencia” y condenados al pago de una multa, además de quedar inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos.

Aunque no había indicios de que se hubiera violado el derecho de los 12 líderes y lideresas catalanes a un juicio justo, preocupaba la imprecisa definición jurídica del delito de sedición —del que nueve de ellos habían sido declarados culpables— y la amplia interpretación que el tribunal había hecho de él, restringiendo de manera desproporcionada el ejercicio de los derechos humanos.

Además, las sentencias condenatorias por el delito de sedición dictadas contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart —que llevaban en prisión preventiva desde el 16 de octubre de 2017— constituían una restricción excesiva y desproporcionada del derecho de ambos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Por tanto, Amnistía Internacional pidió la anulación de las sentencias e instó a dejar de inmediato en libertad a los dos.

Uso excesivo de la fuerza

Tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo en octubre, se celebraron varios actos de protesta en Cataluña. Aunque estas manifestaciones fueron en su mayoría pacíficas, se registraron varios incidentes violentos, durante los cuales cientos de personas resultaron heridas. Entre ellas figuraban 318 agentes de las fuerzas de seguridad, uno de ellos con lesiones graves. En varios casos, la policía empleó fuerza excesiva contra manifestantes. Al menos 367 personas necesitaron atención médica y, según informes, cuatro de ellas perdieron la vista de un ojo, tras haber sido alcanzadas por proyectiles y pelotas de goma disparados por la policía para disolver las manifestaciones.

Al concluir el año, ninguna de las investigaciones abiertas sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante las protestas de octubre de 2017 celebradas en Cataluña había conducido a procesamientos.

Libertad de expresión y reunión

Las autoridades siguieron recurriendo a la Ley de Seguridad Ciudadana para imponer sanciones administrativas —entre ellas, multas cada vez más cuantiosas— a manifestantes, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas. En algunos casos, estas medidas restringieron de manera ilegítima el derecho de estas personas a la libertad de expresión y de reunión pacífica y su derecho de acceso a la información.

En abril fue absuelto el periodista Mikel Sáenz de Buruaga, que había sido multado con el pago de 602 euros en julio de 2017 por haber rebasado un cordón policial en Vitoria (País Vasco) y haber puesto en peligro la seguridad de los agentes. El tribunal estimó que las autoridades no habían demostrado de manera suficiente que el objetivo del periodista fuera desobedecer las órdenes policiales, no llevar a cabo su labor periodística.

Al menos tres personas fueron juzgadas por haber expresado opiniones que las autoridades consideraron “incitación al terrorismo”, pese a no haberse demostrado que se hubiera alcanzado el umbral del discurso prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos. Las tres personas habían sido acusadas en aplicación de la legislación antiterrorista, que prohibía el “enaltecimiento del terrorismo” y la “humillación de las víctimas”. Una de ellas fue absuelta, mientras que las otras dos fueron condenadas por haber publicado comentarios en las redes sociales que se consideraron enaltecimiento de la organización armada Euskadi Ta Askatasuna (ETA).

Se iniciaron al menos dos procesamientos por “escarnio público de dogmas, creencias, ritos o ceremonias”, actos que habían ofendido los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, o por “calumnias e injurias” contra la Corona. En octubre, tras cinco años de juicio, fueron absueltas tres activistas de los derechos de las mujeres que habían sido acusadas de ofender los sentimientos religiosos por participar en una manifestación feminista celebrada en Sevilla en mayo de 2014. Durante la manifestación, habían portado en andas la representación de una vagina, habían utilizado ornamentos religiosos y habían expresado sus opiniones a la manera de un rezo.

Tortura y otros malos tratos

Se siguió obstaculizando el desarrollo de legislación para proporcionar reparaciones adecuadas a las víctimas de tortura y otros malos tratos. En abril, el Parlamento vasco aprobó la modificación de una ley previa de reconocimiento y reparación de víctimas de la violencia de motivación política. Sin embargo, en septiembre, el Tribunal Constitucional admitió a trámite sendos recursos contra esta ley interpuestos por las formaciones políticas Ciudadanos y Partido Popular. Asimismo, desde septiembre seguía pendiente un recurso de inconstitucionalidad contra una ley similar aprobada en Navarra en marzo. Ya había sido declarada inconstitucional otra ley parecida de 2015.

En mayo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que España había violado los derechos humanos de Gorka-Joseba Lupiañez Mintegi, miembro de la organización armada ETA, al no haber investigado exhaustivamente sus denuncias de tortura. Gorka-Joseba Lupiañez Mintegi había sido detenido en diciembre de 2007 y, cuando compareció por primera vez ante la Audiencia Nacional el día 11 de ese mismo mes, afirmó que había sido torturado mientras se encontraba recluido en régimen de incomunicación. Sin embargo, su declaración no empezó a ser investigada hasta 2008, cuando interpuso una denuncia ante un juzgado de instrucción. El caso se había cerrado posteriormente por falta de pruebas. El Comité instó a España a poner fin a la detención en régimen de incomunicación, porque podía facilitar la tortura y los malos tratos.

Personas refugiadas y migrantes

Entre enero y diciembre, solicitaron asilo 118.264 personas, de las cuales 53.723 eran mujeres. La creciente acumulación de solicitudes de asilo sin resolver seguía siendo motivo de preocupación: entre enero y diciembre, el número de personas en espera de una decisión sobre su solicitud pasó de 85.185 a 133.015. La tardanza en recibir respuesta repercutía de manera negativa en el derecho de las personas solicitantes de asilo a unas condiciones de acogida adecuadas.

España había prometido en 2015 reubicar a 15.888 solicitantes de asilo desde Grecia e Italia en el marco del programa de reubicación de emergencia de la Unión Europea pero, al terminar el programa, en abril de 2018, sólo había reubicado a 1.359. Asimismo, desde 2016 sólo había reasentado a 2.040 personas refugiadas de las 3.464 que había prometido reasentar desde países no pertenecientes a la Unión Europea en virtud de otro procedimiento.

En aplicación del acuerdo de readmisión suscrito con Marruecos en 1992, cientos de personas fueron obligadas a regresar a este país con arreglo a procedimientos acelerados que, en algunos casos, podrían no haber garantizado el acceso al asilo. Continuaba pendiente de resolución ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos un recurso de apelación presentado por España contra una sentencia dictada por Tribunal en 2017, según la cual la devolución inmediata a Marruecos de migrantes que habían intentado entrar en territorio español por Melilla en 2014 había constituido expulsión colectiva (caso de N. D. y N. T. contra España).

Al terminar el año, seguían investigándose unas agresiones raciales contra menores no acompañados que habían tenido lugar en Cataluña entre febrero y marzo. En diciembre, personal experto en la desactivación de explosivos detonó una granada de mano sin explotar que alguien había depositado en el patio de un centro de Madrid para menores no acompañados. Más tarde se averiguó que se trataba de una granada de entrenamiento.

Seguridad y medidas antiterroristas

En octubre, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia condenatoria dictada contra ocho personas por su participación en una agresión contra dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas que había tenido lugar en Alsasua (Navarra) en 2016. Sin embargo, el Tribunal rechazó la imposición de penas más severas por la agravante de discriminación ideológica que había dictado la Audiencia Nacional, y rebajó las condenas. En concreto, el Tribunal Supremo concluyó que, si bien la discriminación podía actuar como circunstancia agravante, no procedía considerar a la Guardia Civil como grupo vulnerable sujeto a discriminación.

Violencia contra las mujeres

Un total de 55 mujeres, así como tres menores, murieron a manos de sus parejas o exparejas.

En junio, el Tribunal Supremo declaró culpables de violación a cinco hombres en el denominado caso de “La Manada”. Esta sentencia anuló otras anteriores, dictadas por los tribunales de Navarra, que habían absuelto a los acusados del delito de violación, al considerar que no había pruebas de violencia ni intimidación a la víctima, y los habían declarado culpables, en cambio, del delito de abuso sexual, de menor gravedad.

Las protestas generalizadas provocadas por estas sentencias de los tribunales navarros en 2018 llevaron al gobierno a anunciar que, en 2020, se reformaría la legislación para dejar claro que cualquier relación sexual sin consentimiento era violación.

Según datos oficiales, entre enero y septiembre de 2019 se presentaron ante la policía 11.587 denuncias de violencia sexual. Las víctimas de violencia sexual encontraban obstáculos a la hora de pedir justicia, además de falta de protección, asistencia y medidas de ayuda adecuadas.

Derecho a la vivienda

Entre enero y septiembre, se produjeron 40.492 desalojos de personas porque no podían pagar su hipoteca (10.673) o el alquiler (26.962) o por otras razones (2.857). En marzo, el gobierno dictó el Real Decreto-ley 7/2019, que mejoraba la protección de los inquilinos e inquilinas, pero que no contenía medidas suficientes para fortalecer la protección contra los desalojos forzosos ni garantizaba el acceso a viviendas asequibles. En octubre de 2019, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU concluyó que España había violado el derecho a la vivienda de una familia, al no haberse tenido en cuenta su situación de vulnerabilidad al desalojarla y no haber estudiado ningún tribunal la proporcionalidad de esa medida. El Comité tenía pendientes de resolución más de un centenar de casos relacionados con el derecho a la vivienda.

Derecho a la salud

Durante 2019 no se revocaron las medidas de austeridad aprobadas en 2012 que afectaban al acceso a la atención de la salud. Muchas de estas medidas siguieron ejerciendo un impacto desproporcionado sobre los sectores de población con bajos ingresos, en especial sobre las personas con enfermedades crónicas o discapacidades, las personas ancianas y las que necesitaban atención de salud mental. El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad pidió a España que garantizara la accesibilidad y disponibilidad de servicios de salud para todas las personas con discapacidad.

En junio, el Tribunal Supremo dictó una sentencia por la que se impedía acceder al sistema de salud a una mujer cubana reagrupada legalmente en España con su hija, alegando que los permisos temporales de residencia concedidos a familiares de ciudadanos o ciudadanas de la Unión Europea no daban lugar automáticamente a ese derecho. Esta decisión contravenía la recomendación de garantizar acceso igualitario y sin discriminación al sistema de salud, que la ONU y el Consejo de Europa habían dirigido a España.

Las personas migrantes en situación irregular continuaban encontrando obstáculos a la hora de acceder a la atención de la salud; esos obstáculos incluían barreras administrativas debidas a la ambigüedad del Real Decreto-ley 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, publicado en julio de 2018.

Impunidad

En octubre fueron exhumados en el Valle de los Caídos los restos del exgobernante de España Francisco Franco y trasladados a un panteón privado de Madrid, tal como habían recomendado los órganos de derechos humanos de la ONU.

Continuó negándose el derecho a la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen franquista. No se inició ninguna investigación sobre los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y el régimen de Franco, entre ellos desapariciones forzadas y tortura. Las labores de localización e identificación de los restos de las víctimas seguían siendo, en general, iniciativa de familias y organizaciones que no recibían ayuda del Estado.

Las personas afectadas por el llamado caso de los “bebés robados” siguieron encontrando obstáculos y dificultades a la hora de esclarecer su identidad y localizar a sus familiares.