"En 2010 no había protocolos, no estaba claro cómo proceder. Nosotros consultamos a dos personas autorizadas y ellas nos recomendaron que si las víctimas no denunciaban, nosotros no interpusiésemos nada. Según eso procedimos. A posteriori, nos dimos cuenta de que la actuación no fue la correcta y hemos pedido perdón".

Esta fue la explicación que ayer entregó Mariano Varona, delegado provincial para la protección de menores de la Congregación Hermanos Maristas, por la demora de siete años en denunciar los presuntos abusos sexuales que durante décadas habría cometido uno de sus religiosos, en al menos dos colegios a cargo de la congregación.

Se trata de Abel Pérez Ruiz, hoy de 70 años, quien habría cometido los abusos mientras se desempeñaba como profesor y vicerrector en el Instituto Alonso de Ercilla, de Santiago, entre los años 1970 a 1996, y en el Colegio Marcelino Champagnat, de La Pintana, entre 1997 y 2008. Según relató Varona, fue el mismo Abel Pérez quien reconoció, en 2010, a las autoridades de la congregación, su conducta, que habría afectado a 14 víctimas menores de edad. "A partir de ese día se le prohibió inmediatamente participar de la vida colegial, siendo relegado a cumplir labores estrictamente administrativas, alejado totalmente de toda relación con niños, niñas y adolescentes", aseguraron desde la congregación.

El lunes pasado el representante legal de la orden, Patricio Pino, interpuso una denuncia en la Fiscalía Centro Norte por estos hechos. En la entidad, sin embargo, se informó que aún no se asigna un persecutor a la causa, ya que, pese a que en la congregación dicen que Pérez aseguró que los abusos terminaron el año 2000, el Ministerio Público se encuentra analizando hechos que habrían ocurrido en 2006, en La Pintana. A diferencia de los otros hechos, supuestamente ocurridos en 1972, 1990 y 2002, ese no estaría prescrito. Por ello, la causa penal se reasignó a la Fiscalía Sur.

Desde febrero, el religioso Pérez se encuentra en una residencia de la congregación en Lima, Perú. "Si la justicia lo demanda, al día siguiente está aquí", aseguró Varona.

En la Iglesia Católica, la opinión fue crítica. El presidente del Consejo Nacional de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal, y obispo de Rancagua, Alejandro Goic, señaló que "no me corresponde a mí, como obispo, que desconozco la información cabal sobre este caso particular, afirmar o negar que la actuación de la autoridad haya sido un error. Pero admito que causa extrañeza conocer una actitud tan decidida con una tardanza tan incomprensible".

El prelado añadió que "como nos han recordado los últimos dos papas, la demora en hacer justicia agrava el daño inmenso que, por sí mismo, constituye todo abuso contra menores de edad.

Desde los escándalos de Boston a comienzos de este siglo, y, particularmente, desde 2010, cuando la Santa Sede actualiza las normas para los delitos más graves, nada justifica pasar por alto o subvalorar una situación de esta naturaleza".

Goic aseguró que lo que preocupa a la Iglesia en estos casos "no es a partir de la imagen institucional. Es por la coherencia con el Evangelio que predicamos. Más allá de la impresión que demos, nuestra misión es proteger, cuidar, dignificar. El cumplimiento de la misión que nos dio Jesús, ese es nuestro centro, nuestro deber moral que antecede a la obligación jurídica y a nuestra reputación o imagen pública".

Respecto de si Pérez debería regresar de inmediato a Chile, el obispo dijo que el caso "está en una instancia judicial, y será la ley la que determine las condiciones en las que esta persona deberá enfrentar la acusación. Lo correcto es que las personas y las instituciones de la Iglesia demos garantías de que no hay lugar en la vida consagrada para quienes abusan o dañan la integridad de niños, niñas y jóvenes".

Agregó que "esas garantías comienzan por la prevención, generando ambientes sanos y seguros, de horizontalidad, respeto y cumplimiento de mínimos estándares. Esas garantías también se ponen al trasluz cuando conocemos relatos, signos, sospechas, denuncias, y como institución ofrecemos a las personas que denuncian acogida y oportunidades para que, sin riesgo de revictimización, se les pueda asegurar una investigación pronta. Lo mismo respecto de la comunidad. Hemos insistido en nuestra formación a las comunidades educativas que es necesario actuar con la mayor transparencia y claridad. Eso significa abordar el asunto diligentemente, con claridad y oportunidad".

Reacción de comunidad

Los hechos fueron informados a los apoderados mediante un comunicado, quienes criticaron la demora de la orden en realizar la denuncia. "La Congregación sabía y no dio aviso, no denunció, permitió que siguiera trabajando; qué tipo de justicia le vamos a dar a ese hombre, lo vamos a llevar a un convento de ancianos, como el cura Karadima", reclamó Miguel Carreño, apoderado del Instituto O'Higgins, en Rancagua, donde Pérez hizo clases.

"Deberían haberlo dado a conocer mucho antes", cuestionó Yasna, apoderada del Instituto Alonso de Ercilla.

Los ex alumnos de Abel Pérez lo recuerdan como una persona "exigente (...) Siempre buscaba el más mínimo detalle para retarte", expresó Gabriela. "Estaba muy obsesionado con lo católico, le decía a mi mamá que yo estaba endemoniada", apuntó Vanessa.