Un juicio clave para lo que es el abordaje de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar está llegando a su fin. Se trata del caso que apunta a la responsabilidad de la automotriz Ford Motor en el secuestro y la aplicación de tormentos a 24 trabajadores de su planta de General Pacheco, que en su gran mayoría eran delegados sindicales. Es la primera vez que una importante multinacional enfrenta un proceso de estas características.

El 11 de diciembre se conocerá la sentencia. En el banquillo de los acusados se encuentran dos directivos de la empresa: el ex jefe de Manufactura, Pedro Müller, quien era el N° 2 de la planta ubicada en Panamericana y la avenida Henry Ford; y el ex jefe de Seguridad del mismo establecimiento hasta 1987, Héctor Sibilla, quien cuando se jubiló fue empleado de seguridad en la embajada de Estados Unidos, tal como publicó Horacio Verbitsky. El primero era la autoridad de la firma. El segundo, un militar retirado que nunca perdió sus contactos, quien controlaba todo lo que entraba o salía del predio. Son los únicos dos civiles de la línea gerencial de la compañía que llegaron a esta etapa del proceso con vida.

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Otros responsables murieron en la impunidad como Nicolás Courard, ex presidente de la empresa, y Guillermo Galarraga, ex gerente de Relaciones Laborales. “Otros no han sido investigados, por una administración de justicia deficiente y reacia a la pesquisa en la que se involucran no solo civiles, sino funcionarios jerárquicos de una empresa multinacional”, explicó la abogada querellante Elizabeth Gómez Alcorta en la audiencia del 12 de noviembre pasado.

El único militar acusado de este juicio paradigmático es el represor Santiago Omar Riveros, quien estuvo a cargo del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo y también era jefe de la Zona de Defensa IV. Consecuencia de la demora en los juicios de lesa humanidad, Antonio Francisco Molinari, quien interrogó a la mayoría de los trabajadores, y quien se entrevistó en reiteradas oportunidades en Campo de Mayo con las esposas de ellos, falleció.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín será el encargado de dictar el veredicto.

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Las querellas, que alegaron el 12 y 13 de noviembre, pidieron una pena de 25 años de prisión para los tres acusados. Se les imputa el secuestro y las torturas de dos docenas de trabajadores, la gran mayoría con activismo sindical. Todos de la fábrica ubicada en la localidad de General Pacheco, a excepción de Roberto Cantello que había renunciado apenas unos meses antes.

“Diecisiete de ellos fueron secuestrados en su puesto de trabajo y todos conducidos a los quinchos del sector recreativo de la propia fábrica para ser torturados”, relató la querella. Los quinchos funcionaron como un centro clandestino de detención. Se trata de una particularidad del caso: la mecánica de desaparición –secuestro y aplicación de torturas- se ejecutó en el mismo lugar de trabajo.

Las víctimas luego fueron llevadas a diferentes lugares de detención como las Comisarías de Maschwitz y de Tigre (en esta última se encontraban muchos delegados sindicales de las empresas de zona norte). Permanecieron un tiempo secuestrados en calidad de detenidos-desaparecidos y posteriormente blanqueados y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. El circuito se cerró con sus trasladados a diferentes unidades penitenciarias del Servicio Penitenciario Federal, como la Unidad de Devoto, la Unidad 9 de La Plata y la Unidad de Sierra Chica.

Los directivos de Ford Motor confeccionaron listas negras –que incluyeron fotos y legajos- para “marcar” a quienes debían ser “chupados”. Desde la empresa buscaban “barrer” cualquier obstáculo a los cambios de sus políticas productivas. No fue casualidad que el mismo 24 de marzo desde la empresa se anunciara que “quedaban suspendidas las actividades gremiales”. Las capturas de los trabajadores se realizaron por áreas de la empresa, en lo que evidencia una lógica operativa. Incluso, la automotriz facilitó vehículos para los “traslados” y hasta alimentó a los militares. En una muestra de cinismo llegó a enviar telegramas por “faltar sin aviso” a los obreros mientras estaban secuestrados.

En diálogo con El Destape, una de las víctimas, Pedro Troiani, contó que poco tiempo atrás “ya no tenía esperanzas, no veía que prosperara la causa”. Pedro tenía 35 años cuando fue secuestrado junto a otros cuatro compañeros, el 13 de abril de 1976. Estaba en la planta de montaje. Pasó 45 días secuestrado hasta que fue “blanqueado”. Luego, un año encarcelado. Hoy tiene 77 años y espera que se haga justicia. “Tenemos un montón de testigos que fueron parte de la empresa, como los capataces”, señala con el ánimo recargado y la expectativa de que la condena sea ejemplar.

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Eli Gómez Alcorta, que representa a 8 de las 12 víctimas vivas, conversó también con este medio y explicó la importancia de la sentencia que se avecina: “Este juicio es vital para el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad porque nunca se juzgó la responsabilidad empresarial, es decir, aportes concretos de una empresa y de ciertas personas que en general no participaron de modo directo en los hechos. Representa un modo distinto de pensar penalmente el caso”, señaló. “No alcanza con poder demostrar todo lo que aportó la empresa, como una lista confeccionada por Ford para privar de la libertad a los trabajadores o recursos como camionetas o hasta un quincho para los secuestros. Hay que demostrar el rol que ocupaban los imputados dentro de la empresa”, agregó.

La existencia de la complicidad de Ford con el terrorismo de Estado está presente desde las denuncias en la Conadep y el juicio a las Juntas. “Es una deuda. De allí la importancia de sus resultado”, precisó Gómez Alcorta. “Es un momento difícil para el proceso de juzgamiento y para llegar a la primer sentencia de civiles empresarios. Pero así y todo seguimos apostando por la verdad y la justicia”, concluyó la letrada.

Pasaron 42 años de aquellos hechos trágicos. A pesar del tiempo transcurrido, las víctimas no claudicaron en su búsqueda de justicia. El próximo 11 de diciembre esperan que el tribunal esté a la altura de las circunstancias.