El juez Marcelo Martínez De Giorgi allanó IECSA, la empresa que pertenecía al primo del presidente Mauricio Macri y socia de la brasileña Odebrecht en la construcción del soterramiento del tren Sarmiento, junto a las demás que integran el consorcio: Ghella y otras sedes vinculadas de la obra, de 3.000 millones de dólares.

El magistrado ordenó además el secreto de sumario el viernes pasado, en la causa que investiga la obra en manos de la firma que admitió haber pagado sobornos por 35 millones de dólares en nuestro país.

Durante los allanamientos, en los que interviene la policía federal, se busca información y documentación complementarias a la obra del soterramiento. El viernes pasado ya hubo operativos en las mismas empresas que integran el consorcio, entre ellas la española Comsa.

Angelo Calcaterra, empresario y primo del presidente Mauricio Macri. Estaba al frente de IECSA pero la vendió.

IECSA era de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, hasta que poco tiempo atrás, cuando ya estaba salpicada por el escándalo, decidió venderla al empresario Marcelo Mindlin.

También el juez dio lugar a otras medidas solicitadas hace una semana por el fiscal Franco Picardi. La obra del soterramiento fue adjudicada al consorcio liderado por Odebrecht. Se requirió a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), "un amplio análisis técnico" del pliego licitatorio que permitió que ganara la UTE investigada. Esto incluye, el período 2005 -2014 y todas las actuaciones administrativas vinculadas a la obra. La fiscalía sostiene que Odebrecht se desenvolvió con un "modus operandi" en el "pago de sobornos para la adjudicación de obra pública y diferentes contratos con el Estado".

Respecto a IECSA, la Justicia señala que “la firma nacional tenía un rol determinante sobre las demás de la UTE y una de las adendas denunciadas (por Graciela Ocaña) con una importante modificación de costos, se firmó con Iecsa”, señalaron fuentes de la causa. Se busca determinar "cartelización en la obra", y si hubo sobreprecios, como indica la denuncia. Es por ello, que se señaló que las empresas que se presentaron para competir por la construcción del soterramiento, después fueron adjudicatarias "de otras obras públicas".

Entre otras medidas impulsadas en el marco de la causa, se solicitó a la AFIP un listado de los directivos de las cuatro empresas que forman la UTE (entre ellas Iecsa) durante 2004 y 2014, con detalle de sus remuneraciones y si continúan trabajando en las firmas.