La Fiscalía General se acaba de enterar de que Miguel Nule Velilla, uno de los empresarios condenados por el saqueo a Bogotá a través del llamado ‘carrusel de la contratación’, instauró una millonaria demanda contra esa entidad y contra la Nación por un monto de 1,5 billones de pesos.

Esa es la cuantía en que Nule estima los daños morales y materiales que, en su criterio, la Fiscalía le causó a él y a su núcleo familiar por la manera como se manejó la investigación por corrupción que terminó llevándolo a la cárcel, junto con su hermano Manuel y su primo Guido, los otros miembros del llamado Grupo Nule.



En la exótica demanda, el mayor de los Nule, quien hoy goza de prisión domiciliaria, alega tener cómo probar que él y su grupo empresarial fueron víctimas de una persecución mediática y legal que terminó en una condena en su contra de 19 años y 5 meses.



Según dice, el objetivo era sacarlos del camino, debido a la amplia trayectoria nacional, reconocimiento y experticia que se habían ganado y al hecho de que se estaban convirtiendo en fuertes competidores de otros grupos, con influencia en medios de comunicación.



A eso atribuyen que sus empresas hayan sido obligadas a liquidarse y el hecho de que solo a ellos se les hubiera puesto en la picota pública, a pesar de que otros contratistas, como William Vélez, de Odinsa, y Conalvías, vinculada al detenido empresario Andrés Jaramillo, también registraban retrasos en la construcción de la calle 26, en Bogotá. También culpan a ese supuesto complot el haber sido excluidos de la licitación de la Ruta del Sol III, que terminó entregándosele de manera corrupta al consorcio en el que estaba la brasileña Odebrecht.



Sin embargo, el principal argumento de la millonaria demanda se basa en lo que Nule y su abogado, Jorge Iván Acuña Arrieta, consideran un engaño de la Fiscalía: el incumplimiento flagrante de los acuerdos a los que habían llegado.

¿Reparación integral?

En este punto aseguran que, a mediados de diciembre del 2010, el entonces fiscal Guillermo Mendoza Diago contactó a los Nule y hubo una reunión en Miami con el fin de acogerse a un principio de oportunidad que buscaba “desenmarañar las redes de corrupción en la contratación de todo el país”. Básicamente, los Nule se comprometieron a servir de testigos en contra de los funcionarios investigados, a cambio de la cesación de la acción penal en su contra.



Pero argumentan que tras la llegada de Eduardo Montealegre a la entidad, este revocó el principio de oportunidad, el 8 de mayo de 2012 y, desconociendo la ley, la Fiscalía utilizó toda la información suministrada por los propios Nule para acusarlos de lo que ellos mismos habían confesado.



“(...) Acosados por esa situación, los Nule decidieron allanarse a los cargos por concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento privado y cohecho por dar u ofrecer”, explica el abogado Acuña. Y agrega que aunque dejaron a disposición de la Fiscalía el 66 por ciento de las acciones de la empresa Kpital Energy y de Enerpereira, tasadas en cerca de 400.000 millones de pesos, estas no fueron utilizadas para reparar a las víctimas, aunque compensaba el peculado en el que habían incurrido, cercano a los 66.000 millones de pesos.



También se quejan de que la Fiscalía les incumplió el compromiso de no formularles nuevos cargos.



Con todas estas conductas, consideran que el ente acusador les vulneró las garantías procesales y los engañó, lo que generó una inminente lesión patrimonial y extrapatrimonial en la cual incluyen un daño emergente y un lucro cesante. Por eso, Miguel Nule está pidiendo la millonaria reparación integral.



De hecho, el abogado Acuña ya solicitó una audiencia de conciliación prejudicial ante la Procuraduría, requisito previo para echar a andar sus pretensiones.



EL TIEMPO estableció que el texto de la demanda ya está en manos de la Fiscalía y de los expertos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quienes de entrada rechazarán cualquier tipo de conciliación.



Al respecto, uno de los investigadores del caso recordó que la evidencia recaudada contra este grupo empresarial llevó a la Corte Suprema, en octubre de 2017, a extenderles la condena y a negarles todos los recursos que habían presentado para tumbar las sentencias en su contra.



En todo caso, no se descarta que Manuel y Guido Nule intenten tomar el mismo camino judicial y terminen demandando a la Nación después de haber saqueado las arcas públicas.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @Uinvestigativa