La recolecta de firmas es el primer paso para lanzar una iniciativa o un referéndum. Keystone

Los suizos son ‘campeones en las urnas’. En el país alpino los ciudadanos participan directamente en el proceso de toma de decisiones políticas. Suelen estar convocados a votar una media de al menos cuatro veces al año sobre múltiples cuestiones tanto a escala nacional, cantonal como municipal.

Este contenido fue publicado el 25 julio 2013 - 10:37

Olivier Pauchard Sonia Fenazzi swissinfo.ch

La democracia directa no es una exclusividad helvética, pero Suiza es seguramente el país donde más se practica. Introducida en el siglo XIX, la participación directa en la toma de decisiones ha evolucionado a través de las décadas.

Para ser precisos, la democracia suiza se califica de semidirecta. Significa que coexisten dos sistemas. El de la democracia directa, en el que los ciudadanos se expresan directamente, y el de la democracia representativa, en el que delegan una parte de poderes en sus representantes.

Concretamente, los suizos eligen a los miembros del Parlamento federal cada cuatro años. Y cada tres meses aproximadamente, se pronuncian sobre asuntos sometidos a votación. El sistema es más o menos análogo a escala cantonal y comunal (municipal).

El elevado número de votaciones sobre los temas más variopintos se debe a que los descendientes de Guillermo Tell disponen de dos instrumentos: el referéndum y la iniciativa popular.

No todos los ciudadanos Hasta 1971, Suiza era una democracia exclusivamente masculina, aunque a escala cantonal y municipal las mujeres habían conquistado el derecho de voto y de elegibilidad en los años 1960. La Confederación Helvética fue uno de los últimos países europeos en conceder derechos políticos a las mujeres. Hoy, pese al sufragio universal, solo una de cada dos personas con derecho de voto acude a las urnas. End of insertion

Referéndum

Existe el referéndum obligatorio. Como su nombre lo indica, los ciudadanos tienen que ser consultados obligatoriamente cuando el Parlamento aprueba una enmienda constitucional, por mínima que sea. Y para entrar en vigor, la modificación requiere la denominada doble mayoría, es decir, del pueblo y de los cantones.

Los casos de enmiendas a la Constitución no son raros, ya que la carta fundacional del Estado suizo contiene muchas disposiciones que necesitan ser adaptadas regularmente. Un ejemplo: la tasa del impuesto sobre valor añadido (IVA). Una eventual adhesión a organizaciones supranacionales también tiene que ser sometida a un referéndum obligatorio.

El referéndum facultativo, en cambio, sirve para oponerse a una ley adoptada o modifica por el Parlamento. Para someterla a votación, hay que reunir al menos 50.000 firmas de ciudadanos con derecho a voto y presentarlas en la Cancillería Federal en el plazo de los 100 días posteriores a la publicación de la ley en cuestión. Para prosperar, el referéndum facultativo necesita solo una mayoría de votos populares.

Iniciativa popular

La iniciativa popular permite a los ciudadanos proponer enmiendas constitucionales mediante la introducción de nuevas disposiciones en la Carta Magna, o bien la modificación o abrogación de las disposiciones vigentes. Para someterla al veredicto de las urnas, los promotores de la iniciativa tienen que reunir 100.000 firmas de ciudadanos con derecho a voto y presentarlas en la Cancillería Federal en el plazo de 18 meses.

Si el Parlamento reconoce la legitimidad de las reivindicaciones formuladas en la iniciativa, pero no concuerda con las soluciones que propone, puede presentar un contraproyecto. Este puede ser directo, es decir, reglamentado a escala constitucional. En ese caso la iniciativa y el contraproyecto se someten simultáneamente a una votación, junto con una pregunta subsidiaria: son los votantes quienes determinan cuál de los dos proyectos entrará en vigor, si ambos han obtenido la doble mayoría de votos, del pueblo y de los cantones.

El Parlamento también puede optar por un contraproyecto indirecto, es decir, reglamentado a escala legislativa. En ese caso, solo se somete a votación la iniciativa popular. Si los ciudadanos la rechazan, se aplica el contraproyecto indirecto, a condición de que no sea objeto de un referéndum.

Finalmente, también puede ocurrir que los promotores de una iniciativa no estén satisfechos con el contraproyecto del Parlamento. En tal caso, la iniciativa no se somete a votación.

Cifras destacadas Se han lanzado 420 iniciativas desde 1891, fecha en que se introdujo este derecho popular. De las 304 que se concretizaron, 183 fueron sometidas a votación, 4 declaradas nulas, 2 archivadas y 90 retiradas. Solamente 20 iniciativas fueron aprobadas por el pueblo y los cantones. La primera data de 1893 y prohibía la matanza de ganado sin aturdimiento previo. La más reciente (Contra las remuneraciones abusivas) superó el veredicto de las urnas el 3 de marzo de 2013. En los últimos años ha aumentado el número de iniciativas aceptadas. Entre 1891 y 2003 solo triunfaron 13, mientras que entre 2004 y 2013 fueron 7. Respecto a los referendos facultativos, desde 1848 hasta finales de 2012 se lanzaron 170. En 76 casos los autores ganaron, es decir, los ciudadanos rechazaron la ley impugnada en las urnas. Durante el mismo periodo, de los 230 referendos obligatorios, 166 fueron aceptados por el pueblo y los cantones, y 64 fracasaron. End of insertion

Críticas…

Si el referéndum es más bien un instrumento para frenar al Legislativo, la iniciativa constituye una herramienta para acelerar el debate sobre cuestiones que los parlamentarios no quieren tratar o en las que simplemente no han pensado. Son principalmente los partidos o movimientos a los que les resulta difícil reunir una mayoría parlamentaria los que recurren a estos dos instrumentos de la democracia directa.

Suele ser la izquierda en temas de índole económica y social, y la derecha conservadora en temas relacionadas con la identidad nacional y la población extranjera. A veces son pequeñas asociaciones o personas particulares quienes lanzan un referéndum o una iniciativa. Las probabilidades de éxito son bastante limitadas, pero no nulas.

Aunque a menudo se cita el sistema suizo como un modelo de democracia directa, no significa que no sea objeto de críticas. Una de las más frecuentes se refiere al número y, sobre todo, a la complejidad de los escrutinios, dos factores que repercuten negativamente en la afluencia a las urnas. La tasa media de participación fue inferior al 45% entre 2001 y 2012.

Algunos critican también que los ciudadanos helvéticos estén llamados a pronunciarse sobre todos los temas habidos y por haber, porque pueden sucumbir más fácilmente que los parlamentarios a razonamientos viscerales.

… pero sobre todo ventajas

Frente a estas críticas, los politólogos suelen destacar las ventajas que tienen los derechos populares. El referéndum está considerado como un instrumento que favorece la política de consenso entre partidos.

Bajo la amenaza del referéndum, tanto el Parlamento como el Gobierno se ven obligados a encontrar un consenso lo más amplio posible para sacar adelante una ley. Si el descontento se limita, por ejemplo, a un solo partido, es muy probable que los ciudadanos respalden el proyecto.

La iniciativa popular, por su parte, tiene la ventaja de desatar debates de fondo sobre temas que, de lo contrario, el Parlamento no abordaría. Y también que sus promotores vean parte de sus reivindicaciones satisfechas en un contraproyecto.

Hay también casos, aunque bastante raros, en los que una iniciativa rechazada por una mayoría parlamentaria consigue una mayoría de votos a favor del pueblo y de los cantones. Ocurrió con la iniciativa Contra las remuneraciones abusivas que otorgaba a los accionistas el derecho a pronunciarse sobre las retribuciones que perciben los altos ejecutivos. El 3 de marzo de 2013, la iniciativa consiguió el respaldo del 68% de los ciudadanos y de todos los cantones.

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