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La crisis ha dejado imágenes sobre personas desalojadas y expulsadas de sus casas lo suficientemente grotescas para avergonzar a cualquier dirigente de un país desarrollado. A nadie se le olvidará la cara de Carmen, aquella anciana de 85 años desahuciada por avalar un préstamo de su hijo, o la de aquellos padres que vieron cómo sus dos niños de 6 y 4 años y el bebé de 21 días eran expulsados mientras los antidisturbios entraban rompiendo los cristales.

Las secuencias que han dejado los desahucios no son parte de una película de Hollywood, sino de la vida real de decenas de miles de personas. La emergencia social a la que se enfrenta nuestro país y la forma de afrontarla nos ha definido como sociedad.

En España, entre 2008 y el primer trimestre de 2015, se iniciaron 598.747 procesos de ejecución hipotecaria. “Detrás de cada puerta hay una historia”, dice la última campaña de Amnistía Internacional, que exige al Gobierno que no despoje a las personas de sus casas y por tanto de buena parte de su vida. Que el desalojo sea la última opción y que se prioricen soluciones que permitan a las personas permanecer en sus casas. Que no les dejen caer, que todo está en riesgo si eso ocurre.

En lugar de hacer frente a esta alarma, las autoridades de Cataluña y, sobre todo, Madrid, han procedido a vender vivienda social, obviando así sus obligaciones en materia de acceso a la vivienda. Esa es la respuesta de los que tenían la obligación de utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso al derecho a la vivienda de las personas, especialmente de las que están en situación de mayor vulnerabilidad. Son ellos, los líderes de un país que cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea, un 1,1%, sólo superado por Grecia y lejos de otros como Holanda (32%), o Reino Unido (18%).

El 30% de las viviendas vacías de Europa se encuentra en España, un total de 3,44 millones. La SAREB (Sociedad de Gestión de Archivos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, también conocida como “banco malo”), creada en 2012, tiene en su propiedad 80.000 viviendas. Pero cada 15 minutos se produce un desahucio, 115 familias cada día pierden su casa por no pagar la hipoteca.

Se trata de establecer prioridades, de contentar a las entidades bancarias -que por cierto se sientan en los consejos de administración de los grandes medios que enmudecen ante la emergencia- o de poner en el eje de las políticas a las personas. No cabe enarbolar ninguna bandera, por grande que se muestre, que no sea esa.

Madrid y Cataluña llevaron a cabo 6.673 lanzamientos hipotecarios en el primer trimestre de 2015. Ahora, las alcaldesas de sus capitales estrenan mandato poniendo el cuerpo para parar un desahucio, negociando con los presidentes de las entidades bancarias más feroces a la hora de echar a gente de sus casas o recibiendo su compromiso de que no se va a desahuciar a más familias “vulnerables".

No hay nada que comunique el cambio como el ejercicio del poder y la construcción de una cotidianidad diferente a través de la voluntad política, tan sencillo como poner a la gente en primer lugar.

Ante una emergencia social que define a España como sociedad, no es suficiente el cambio de caras que ponen en la primera línea a políticos imputados o a alcaldes xenófobos.