Después del escandaloso caos estatal en el pago de jubilaciones y planes sociales el viernes pasado, y el no menos escandaloso régimen de compras centralizado de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social destapado en las últimas horas; la ciudadanía perpleja, al menos debería celebrar que por ahora el Gobierno no se disponga, como amagó, a estatizar todo el sistema de salud en el país.

¿Alguien puede imaginar lo que pasaría si una sola oficina del Gobierno decidiera la compra de todos los insumos médicos críticos que ahora se necesitan, después de observar el caso de la compra de alimentos que hoy golpea al ministro Daniel Arroyo? Una operación de compra estatal sospechosa que llegará pronto a la Justicia, pero que se realizó con las mismas reglas y métodos cerrados de sobreprecios, cartelización e intermediarios con las que el Estado administra sus compras hace años y en casi todas sus reparticiones.

La paradoja del caso es que, esta vez la perdiz saltó porque, siguiendo los eufemismos, el Gobierno terminó cocinado en su propia salsa. Todo saltó gracias a que el Gobierno, al comprar de emergencia y en grandes volúmenes, tuvo que pagar precios de mercado real además de los sobre precios. Valores muy por encima de los precios máximos que rigen para el comercio minorista.

A los sobreprecios habituales para aceitar la burocracia estatal, esta vez hubo que cargar una realidad del mercado. Los precios máximos que establece el Gobierno son en general un dibujo, en el mejor de los casos valores que se respetan durante algunas horas en los comercios, apenas con un stock reducido y ni siquiera en todos los productos. ¿Alguien consigue alcohol en gel al precio máximo?

Es obvio que en momentos de crisis y dificultades para abastecer la producción de insumos esenciales, la comida entre otros, si alguien quiere comprar toneladas de alimentos difícilmente los pueda conseguir al relato de los precios máximos de la Secretaría de Comercio.

Se sabe además entre las empresas de toda la vida las dificultades para venderle al Estado. Las compañías líderes prefieren no participar. Las multinacionales ni siquiera son invitadas. En el mejor de los casos se cobra a 180 días y las condiciones regulatorias que se exigen dejan afuera a la mayoría de los proveedores. Surgen los intermediarios en todos los rincones. Así es el Estado, al menos así ha sido el Estado argentino desde que se tiene memoria.

Tanto en el caos con el pago a jubilados como en el caso de los sobreprecios para asistencia alimentaria apareció otra característica compleja del funcionamiento estatal que viene afectando al Gobierno de Alberto Fernández desde el inicio de su gestión. El llamado loteo horizontal del Gabinete.

En lugar de repartir el poder en forma vertical, cediendo por completo el control del ministerio o el organismo de que se trate a cada tribu política de la coalición oficialista, se optó por colocar a un ministro de un sector, con un segundo de otro a veces muy enfrentado, y un tercero ajeno a los dos primeros.

Un penoso homenaje al italiano Massimiliano Cencelli, que en los años '60 presentó su "Manuale Cencelli" como una forma de repartir el poder y los cargos sin atención a la meritocracia, sino en función de los porcentajes que cada partido aportó en votos a la coalición

Las internas complicaron claramente a Alejandro Vanolli en el diseño del programa de pagos de Ansas al punto que no parecía tan difícil organizar por número de DNI y ampliar el horario bancario después de dos semanas de entidades cerradas. Ni hablar de la guerra desatada entre los movimientos sociales que están en Desarrollo Social contra el ministro Arroyo, por si la ayuda social se gerencia vía las tarjetas alimentarias o vía las organizaciones piqueteras.

Las mismas internas que no terminan de resolver cuestiones económicas cada vez más acuciantes, sobre todo sabiendo que la Cuarentena no va a terminar después de Pascuas, a lo sumo se irá flexibilizando muy de a poco. Lo seguro, en todo caso, es que la Cuarentena económica va a durar todo el año.

No alcanza con la mayor fluidez que apareció en los últimos días para los programas de crédito a las pymes en los bancos para pagar salarios. Todo es muy regulado, miles de empresas no pueden acceder, y el problema no es solamente el pago de salarios.

Prácticamente 70% de las empresas y las familias no están pagando ni luz ni gas ni agua. Por lo menos 50% de las familias no pudieron pagar 100% de las expensas. Un problema similar ocurre con cuotas de prepagas y colegios privados.

La cadena de pagos sigue cortada ya que no hay medidas generales y universales que alivien a las empresas. Ni por parte del Banco Central, mucho menos de la AFIP. Lleva más de un mes la pandemia, el país está 80% paralizado, pero hasta ahora no se anunció ni siquiera un plan de pago de impuestos. Apenas una rebaja de aportes patronales, en una economía que no puede pagar ya ni los salarios.

No hacer nada costó el escándalo de los jubilados agolpándose para cobrar. No se atendió la advertencia de los perjuicios que generaba haber cerrado totalmente los bancos durante la cuarentena. Se corrige muy a cuentagotas desde el lunes, con final abierto.

Pese al reclamo de todos los sectores de la economía, de derecha a izquierda, el Banco Central no salió a respaldar a los bancos para que se mantenga o duplique el descubierto de clientes, al menos por 90 días. Supone el Gobierno que deben ser los bancos los que pongan el dinero de sus depositantes sin garantías, casi cometer un delito, y corriendo riesgos de terminar generando una corrida de depósitos. La misma ceguera se observa en la AFIP.

Es importante que el Gobierno reaccione. Corre el riesgo que ocurra lo mismo que con los jubilados. Pero que sean esta vez las empresas y las familias quebradas las que se agolpen en las puertas de los bancos, o los trabajadores despedidos por las quiebras masivas en las puertas de las empresas. Curioso el Estado argentino. Donde tiene que estar no aparece, donde hay negocios, primero en la lista.