¿Recuerdas todo lo que publicaste en Facebook hace cinco años? La Audiencia nacional podría enviarte a prisión por haberle dado “compartir” a una publicación de otra persona, o una foto de terceras personas, por considerarlo “enaltecimiento del terrorismo”. Aunque suene increíble, esto ocurría este miércoles en la Audiencia Nacional de Madrid, sala en lo Penal número 4.

¿Publicó usted en fecha tal, del año tal, la frase “Agur Eta Ohore”?, interroga el fiscal. El periodista Boro de La Haine no lo recuerda. Pero, aclara, tampoco hay en esa publicación ningún enaltecimiento del terrorismo. La frase “Agur Eta Ohore” se utiliza frecuentemente para dar las condolencias por la muerte de alguien. El fiscal vuelve a preguntar: ¿publicó usted…?

La acusación a Boro se basa en frases o fotografías, supuestamente publicadas en sus redes sociales y presentadas como evidencia por la fiscalía, muchas de ellas compartidas desde otras cuentas. “Yo soy periodista y muchas veces doy a compartir para que se arme debate sobre los temas”, explica Boro. Además, “nunca se alabó a ninguna organización armada”.

La operación de espionaje a sus redes sociales, iniciada en el año 2014, se remonta a frases o fotografías compartidas desde el año 2012. La fiscalía pide un año y ocho meses de prisión, más 12 años de inhabilitación y una multa, bajo los cargos de “enaltecimiento del terrorismo”. El juicio al periodista de medios alternativos es parte de la “Operación Araña” en su fase 2, que llevó a la detención de más de 70 personas.

La fiscalía asegura que una cuenta de Facebook debe considerarse igual que un medio de comunicación, siendo la persona titular de esa cuenta “responsable” por todo lo que publica, y también por lo que comparte, aunque en algunos casos lo haya hecho para establecer un debate sobre un tema, como alega Boro en su defensa. Para la fiscalía, si alguien comparte la publicación de un tercero, le está dando “publicidad”, y por lo tanto está “incitando” a cometer acciones terroristas. El gran hermano represor ha llegado, y vigila de cerca todo lo que escribes o compartes en tus redes sociales.

La defensa niega la autoría de algunas de las publicaciones, alegando que la cuenta puede haber sido utilizada por terceras personas. Aun así, en ninguna de las publicaciones citadas se puede demostrar que se ha producido un delito de enaltecimiento del terrorismo, argumenta la defensa de Boro. “Nos parece una locura lo que está ocurriendo”, dice Boro en su alegato final. “Nos hemos sentido indefensos”.

Al concluir, recuerda la “doble vara de medir” del sistema judicial y denuncia que la Operación Araña se está utilizando para perseguir a personas con ideología de izquierda. Reconoce que su “único error” ha sido creer que la libertad de expresión es un derecho que se puede ejercer libremente y dice que “estos juicios políticos se tienen que acabar”.

“Alfredo Ramírez tiene que estar en su casa y no en prisión”, dice Boro, en referencia al primer preso por publicaciones en redes sociales.

En el mes de noviembre, el Tribunal Supremo dictó una sentencia confirmando un fallo previo de la Audiencia Nacional que establece que es un crimen retuitear o compartir mensajes o fotos que sean consideradas “enaltecimiento al terrorismo”. El auto sostiene que el tipo penal no exige «que el acusado asuma como propio, razone o argumente la imagen y su mensaje, ni tampoco que sea el que lo haya creado; basta que de un modo u otro accedan a él, y le den publicidad, expandiendo el mensaje a gran cantidad de personas».

Con estas sentencias y juicios se está fortaleciendo toda una legislación punitiva que expande sus operaciones a las redes sociales, buscando meter en prisión a periodistas y activistas por lo que se ha publicado o compartido hace años.

Pero, como denunciaba Boro en su juicio, la justicia actúa con una doble vara de medir. El ejemplo más escandaloso está por ocurrir esta misma semana. El 1 de diciembre la Fundación Francisco Franco va a “honrar” al dictador con una cena pública. Con un menú de 40 euros, esta organización se propone homenajear al máximo responsable de un régimen fascista que asesinó a más de 150.000 personas. En su cuenta oficial de Twitter la Fundación dice que “tiene como objetivo prioritario la difusión de la memoria y obra de Francisco Franco.” En sus redes sociales difunden fotos de Franco con loas y alabanzas.

Pero esto, claro está, no solo no es considerado “enaltecimiento del terrorismo” por la Audiencia Nacional. Por el contrario, el Estado español financia con fondos públicos a dicha organización, que exalta públicamente la obra de un asesino serial en masa, un genocida que utilizó el poder del Estado para aniquilar a todo un sector de la población.

Más de 200.000 personas han firmado una petición que entregaron al Congreso para pedir la ilegalización de la Fundación “por promover el odio” y “atentar contra la dignidad de las víctimas” del franquismo. El gobierno de Mariano Rajoy ha respondido la Fundación “se acoge a la ley y “le ampara la Constitución”. Mientras tanto, Alfredo Ramírez está preso por publicar sus opiniones en las redes sociales y el mismo destino busca la fiscalía para Boro de La Haine y otras decenas de casos.

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