CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El primer ejercicio presupuestal asignado a Andrés Manuel López Obrador es una incógnita: había dicho que no lo usaría, pero después dijo que estudiaba cómo emplearlo; no ha dado información sobre los gastos que él y su equipo realizan desde el 1 de julio ni de los recursos que empleará para su llamada “gira del agradecimiento” por el país, a punto de iniciar.

El periodo de transición formal inició el pasado 20 de agosto, con un encuentro entre los equipos de López Obrador y el actual presidente Enrique Peña Nieto en el Palacio Nacional, pero después de casi un mes la opacidad del presidente electo ya ameritó un pronunciamiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) por el hecho de que el Fideicomiso de Transición 2018 es sujeto obligado de transparencia.

El fideicomiso está contemplado en el artículo 3, último párrafo del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal vigente, el cual autoriza 150 millones de pesos con cargo al Ramo 23 y contempla las provisiones salariales y económicas. Los recursos son para cubrir los trabajos y actividades del presidente electo y de su equipo de asesores con el fin de preparar las condiciones iniciales en su cargo, de acuerdo con el contrato constitutivo del fideicomiso.

A principios de julio, en los días que siguieron a la elección, López Obrador y su equipo advirtieron que no utilizarían esos recursos. Un mes después, el 9 de agosto, al concluir un encuentro con Peña Nieto en el Palacio Nacional, López Obrador encabezó una conferencia de prensa en la que, a pregunta expresa de este reportero, dijo que analizaban la mejor forma de emplear el dinero. También adelantó que una posibilidad era que éste se usara para el pago de estudios técnicos, como el del Tren Maya. Además, dijo que no sabía cómo se iba a administrar.

Los recursos estaban listos. La constitución del fideicomiso se efectuó el 28 de junio, con la Secretaría de Hacienda como fideicomitente y Banjército como fiduciario. Es decir, éste administra los fondos, que ya habían sido transferidos y estaban disponibles para el 20 de agosto, cuando inició formalmente la transición.

Desde entonces López Obrador ha realizado al menos cuatro viajes: el 27 de agosto a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en lo que va de septiembre ha ido a Monterrey (el 4), a Villahermosa, Tabasco (el 8) y un día después a Palenque, Chiapas. Tampoco hay información sobre esos gastos.

Además, diversos estudios, planes y programas requieren de equipos técnicos que ya han entregado documentos específicos. El más conocido es el estudio sobre las opciones para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México; el más reciente es el equipo que integró el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros que necesariamente implican su inclusión en el presupuesto de 2019, en el que participa el equipo del presidente electo.

Con los anuncios sobre quiénes integrarán su gabinete, incluso el gabinete ampliado y subsecretarios, ni López Obrador ni su equipo han hecho público dónde trabajan los futuros funcionarios, si disponen de recursos para su manutención o pago de personal, vehículos y viajes.

Desde el pasado viernes 7 Proceso solicitó al coordinador de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, información acerca del fideicomiso de la transición, así como una entrevista con Carlos Urzúa o con quien fuera responsable de manejar el dinero. La petición se reiteró los días 10, 12 y 14, sin que hubiera respuesta.

Asimismo se solicitó reiteradamente y de manera infructuosa una entrevista a Irma Eréndira Sandoval, anunciada como próxima secretaria de la Función Pública, desde el 22 de agosto.

Entre tanto, aun cuando el INAI advirtió que el fideicomiso era sujeto obligado de transparencia, en la plataforma correspondiente la sección fideicomisos no arrojaba ningún resultado todavía la noche del viernes 14. Así, ni por la vía legal ni por la comunicacional, el equipo de transición ha dado información sobre lo que está haciendo.

Antecedentes opacos

La resistencia de López Obrador a la transparencia se ha registrado en diferentes momentos de su trayectoria, señaladamente desde que existen leyes y organismos dedicados a garantizar el acceso a la información.

Como jefe de gobierno de la capital del país intentó clasificar como reservados los contratos relativos al segundo piso del Periférico, y cuando la entonces comisionada en el organismo de transparencia local, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, elaboró el proyecto de desclasificación, la bancada del PRD en la Asamblea Legislativa local la destituyó y sólo pudo regresar al cargo mediante un amparo.

Entre los contratos que el gobierno de López Obrador intentaba mantener en la opacidad en aquel tiempo estaba uno signado con José María Rioboó, el empresario que participa en el opaco equipo técnico que ahora analiza las opciones para el NAIM.

Un ejemplo más reciente fue el de su paso por la dirigencia de Morena entre noviembre de 2015 y diciembre de 2017, cuando ni siquiera actualizó el directorio y prácticamente no dio a conocer información precisa sobre diversas acciones que por ley debía hacer públicas.

En su edición 2145, del 9 de diciembre de 2017, Proceso publicó un reportaje en el que se acreditaba cómo Morena, bajo el liderazgo de López Obrador, recibió alrededor de 800 millones de pesos sin que en ninguna plataforma existiera información al respecto, desatendió recomendaciones del Inai y quedó como el partido más opaco en una evaluación realizada por el Sistema Nacional de Transparencia.

De hecho, en la evaluación de Morena durante el periodo que lo presidió López Obrador, resultó que dicho partido no cumplió ni 9% de las obligaciones de transparencia.

La opacidad contrasta incluso con la transición del gobierno de Felipe Calderón al de Enrique Peña Nieto en 2012, pues en ese entonces, aun con el anterior Portal de Obligaciones de Transparencia (antecedente de la actual plataforma), se colocó un micrositio para transparentar los gastos de la transición, que permanece disponible para consulta desde septiembre de 2012 hasta hoy.

Al respecto, el comisionado del Inai, Francisco Javier Acuña, advirtió que en 2012 la transparencia de los gastos del Fideicomiso de Transición no estaba contemplado por la ley y se basó en los lineamientos que a propósito del cambio de gobierno emitió el propio Inai. Sin embargo, desde 2014 la transparencia de fideicomisos está prevista por las leyes en la materia.

Pero en general, el tema de la transparencia ha sido minimizado en diferentes ocasiones por el presidente electo, señaladamente en el periodo de precampaña y campaña. Incluso en más de una ocasión llamó a los comisionados del Inai “burocracia fifí” y, ya como presidente electo, no ha emitido sus posiciones respecto a la transparencia y el acceso a la información pública.

Este texto se publicó el 16 de septiembre de 2018 en la edición 2185 de la revista Proceso.