En aquel tiempo, cuando nacíais los que hoy habéis superado la mayoría de edad para votar, ya existía la corrupción en nuestra tierra. Incluso mucho antes de la llegada de la democracia ya robaban a manos llenas los bienes públicos gente selecta, caciques, terratenientes y señoritos falangistas de los de caballo y garrocha en el 36 apuntillando rojos. Hacía años que conocía con mayor o menor detalle rumores sobre la operación especulativa de la finca Los Hallones, junto al cauce del auténtico Rio Guadalquivir en el término municipal de Camas, donde intervienen, además del ayuntamiento camero, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Ayuntamiento de Sevilla, poniendo los millones una de las dos cajas sevillanas. Media ciudad sabia que allí se había dado un pelotazo, pero nunca trascendió más allá de algún puntual trabajo periodístico de arranque, quién de verdad fue el listo que hizo el gran negocio de su vida, pero sobre todo quiénes y por qué se lo permitieron. Un socialista, que antes fue andalucista y que llegó a ser asesor del primer Presidente de la Junta en el primer gobierno autonómico. Ese fue el hombre, la cabeza pensante de la operación. Su nombre Emilio Perez Ruiz. De hecho fue el autor del pelotazo y el más beneficiado al que se llegó a denunciar –sin que prosperase– por haberse llevado supuestamente gran parte del pelotazo a un paraíso fiscal. Sucedía todo en el contexto de una época donde pasaban éstas y otras muchas cosas de las que nunca nos enteramos y seguramente nunca nos enteraremos. La llegada a mis manos de un completo dossier sobre el caso, aportado por quienes desde la política municipal de Camas pagaron caro –con expulsiones y calumnias de los aparatos de sus partidos pringados hasta la medula– su oposición y rebeldía ante un gran pelotazo, dado a la luz del día y a la vista de todos, me han animado a contextualizarlo en este relato de una época no tan lejana aunque lo `parezca. Que lo disfruten.

Una época, pelotazos, el contexto en un relato

El 14 de febrero del año 2001 coincidió con una época de gran esplendor de la corrupción sistémica en nuestro país y por consiguiente en Andalucía. Llevábamos años soportando noticias sobre escándalos de corrupción, desde que una década atrás estallara el Caso Juan Guerra afectando de lleno al número dos de Felipe González que acabó dimitiendo del cargo por sorpresa una tarde en Extremadura, vistiendo chaqueta de pana amarronada. Tras el caso del hermano del vicepresidente, saltaron otros muy diversos como el Edificio Presidente o Caso Costa Doñana, por citar dos ejemplos muy mediáticos de la época y que merecieron sesiones parlamentarias bastante subidas de tono, como llamar Borbolla «hijo de puta» a Luis Carlos Rejón de IU, hermano de su consejero entonces de Salud Eduardo.

Ese día de febrero de 2001, un concejal andalucista de Marbella llamado Carlos Fernández, impulsaba que su partido, el Partido Andalucista, pidiese en la Comisión Mixta Congreso-Senado el embargo de los bienes y cuentas corrientes de Jesús Gil y sus colaboradores, todo ello, dijo, a raíz del informe fiscalizador al que habían sometido las cuentas del Ayuntamiento marbellí donde faltaron 62.000 millones de pesetas por justificar. Lo que no sabía el edil Fernández es que ese mismo día, al otro lado del Estrecho, se estaba materializando un hecho que supuso la voladura política y penal de Jesús Gil y todo su entramado de saqueo marbellí.

Ese día de los enamorados tomaba posesión el nuevo gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, con cinco consejeros del GIL, el partido unipersonal del presidente del Atlético y alcalde marbellí. Allí mandó a un tal Antonio Sampietro y a su secretaria, a la que Sampietro había conocido en un MacDonald y la acabó nombrando consejera de Turismo. Al final hubo traiciones de todo tipo, incluidas carreras callejeras del desamor en público.

“Decirle a Jesús Gil que como se meta en Ceuta y Melilla se va a electrocutar” fue el mensaje que le envió José María Aznar desde la presidencia del Gobierno al que no hizo ni puñetero caso, y en plan chulo de barrio acabó añadiendo La Línea de la Concepción a sus plazas de soberanía gilista donde gobernó su partido, otro punto muy sensible y fronterizo del Estado español.

Y, efectivamente, fue el principio del fin del gilismo en Marbella que acabaría como un tsunami arrasando a sus herederos políticos como Julián Muñoz o Marisol Yagüe, de paso a Isabel García Marcos del PSOE y al propio Carlos Fernández del PA de Antonio Ortega. El ex concejal andalucista sigue a día de hoy prófugo de la Justicia española en Argentina donde llegó a ser identificado por la Policia hace meses. El PP no estuvo en el reparto de la pringá por una simple razón: Ángeles Muñoz exigía desde Suecia donde se hallaba de vacaciones la alcaldía para apoyar la moción de censura que desbancó al GIL. Fernández tampoco es, por tanto, otro “político exiliado”. Cuando el juez Santiago Torres envió a la cárcel a Jesús Gil hubo una manifestación en Marbella encabezada por una gran pancarta donde se pedía libertad para el “preso político” Jesús Gil.

Don Dinero lo compraba todo

En los años que se inflaba con la bimba del dinero bancario y de las cajas la burbuja inmobiliaria, la sociedad y su entonces extensa clase media adoraban al becerro de oro, reinaba por todos los rincones el poderoso caballero Don Dinero, el que todo lo compraba, aunque hubiese que pasarse por el forro medio código penal. Con suerte, muchos asuntos gordos eran frenados en los propios tribunales de Justicia por funcionarios corruptos y al servicio del crimen organizado. Se pueden contar con los dedos de una mano los casos de jueces, fiscales, oficiales, funcionarios o secretarios judiciales que hayan sido sancionados, condenados y apartados por corrupción. El primer intento a principio de los noventa fue un fracaso.

El quinario disciplinario que tuvo que pasar la jueza de Marbella Blanca Esther Díez es de los que marcan época, tras el Caso Casino y encarcelar al oficial del juzgado marbellí Juan Ramírez, gran amigo del entonces vicepresidente del CGPJ José Luis Manzanares Samaniego, al que incluso le llegó a otorgar poderes personales vía notarial para la venta de un apartamento de su propiedad en Marbella; hasta ese punto existía amistad con el veterano oficial imputado y encarcelado por la juez Díez. La magistrada acabó suspendida un largo periodo y del Caso Casino nunca más se supo. Sus errores procedimentales, acosada y presionada en los primeros momentos de la instrucción, influyeron decisivamente en el procedimiento, invalidándose muchas de las cosas que había hecho, como trasladarse a Gibraltar a tomar declaración a un delincuente que daba pelos y señales de la supuesta corrupción del oficial Juan Ramírez, padre de Pilar Ramírez otra jueza con polémica.

Pelotazos desde las cajas

En el arranque de 2001 el gran debate político de la clase dirigente andaluza, especialmente la socialista y el PP andaluz en menor medida, se concentraba en impulsar una “caja única” para situar en una sola entidad todas las cajas de ahorro de Andalucía. Teníamos muchas cajas, casi una por provincia, y el poder político ya se había dado cuenta que aquella burbuja de las cajas estaba siendo inflada artificial y escandalosamente en base a pelotazos urbanísticos en los que las propias entidades participaban con millonarias aportaciones. Además, salvo la condonación de algunos créditos personales a políticos en nombre del partido (Cajas de Jerez, Ronda, etc), nunca hubo constancia directa de que el PSOE usase las cajas que controlaba para financiarse como partido. Había otros métodos menos descarados y más discretos, sobre todo cuando se maneja el BOJA. Fue cuando asistimos a espectáculos tan grotescos como ver, a la luz del día, a hombres con carné del PSOE, al frente de las cajas, revolcándose en lo peor del fango del capitalismo, especialmente el del ladrillo especulativo.

Eran tantos los intereses económicos y políticos que se ponían en juego en el entorno de las cajas de ahorro que aquel proyecto/idea de Manolo Chaves de unificarlo todo acabó en la llamada guerra de las cajas.

Ese mismo miércoles 14 de febrero de 2001 salía a las portadas de los medios el poderoso Gaspar Zarrías con un tirón de orejas desde la consejería de Presidencia a Magdalena Álvarez, a la sazón consejera de Economía, recordándole que no valían las opiniones personales como la suya, sino la de “todo” el Consejo de Gobierno, de la que era integrante, que defendía fusiones parciales previas antes de llegar a la caja única.

La batalla por la Caja única

Los socialistas controlaban prácticamente todas las cajas de Andalucía, excepto la cordobesa CajaSur propiedad de la Iglesia católica con el correoso cura Miguel Castillejo Gorráiz al frente, en paralelo la red de cajas rurales del ámbito cooperativo dirigidas con criterios muy similares a como lo hacían el resto de entidades financieras. Curiosamente en las cajas rurales la Junta de Andalucía ni pincha ni corta, pese al importante bocado financiero que manejan, dando cuenta de sus cosas solo al Banco de España. De todas las cooperativas de crédito en Andalucía la almeriense Cajamar es posiblemente la que más arriesgó en la burbuja inmobiliaria, arrastrando desde entonces una debilidad más que evidente. No obstante, el poder en algunas cajas estuvo compartido con el PP, especialmente en Unicaja de Málaga y El Monte de Sevilla y Huelva con los socialistas Braulio Medel e Isidoro Beneroso al frente de cada una respectivamente.

El día de San Valentín de 2001 se materializó en Camas (Sevilla) una operación en la que, de forma simbólica, iban a mezclarse tristes evocaciones de nuestra reciente memoria histórica, con el presente nauseabundo de corrupción e impunidad que nos empezaba a asfixiar letalmente, sin que la sociedad se diese ni cuenta. Entre otras razones porque quienes tenían la responsabilidad social y política de denunciar miraron para otro lado convirtiéndose en partícipes de la omertá reinante. Las fotos y colorines de la crónica social de la época son hoy actas delatoras y acusadoras de una forma de vida adoptada por tanto nuevo rico y la clase política que los impulsó, protegió e incluso se confundió en su mundo sin cortarse un pelo. El caso del constructor de Dos Hermanas Luis Portillo es uno de los más emblemáticos, pero no el único. Un modesto empresario recomendado por Quico Toscano a Isidoro Beneroso que desde El Monte le puso en órbita llegando a controlar Metrovacesa, jet privado y el mejor chalé del 29 en la milla de oro de la Palmera.

El nuevo ‘complot de Tablada’

Fueron medios nacionales, los de menos circulación y lectores en Andalucía, (la prensa digital estaba en pañales) los que entraron a fondo en algunos temas polémicos mientras que los de aquí – o las ediciones de aquí– contemporizaban bajo las presiones del poderoso lobby que se agrupaba en el desarrollo de las hectáreas del antiguo aeródromo militar de Tablada.

Dando la cara la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en pleno, con Lele Colunga al frente. El llamado Caso Tablada es un ejemplo que ilustra a la perfección como empresarios, instituciones, políticos, medios y partidos se unieron con el objetivo de tener bajo control el que iba a ser el primer gran pelotazo urbanístico del siglo XXI en Sevilla. Los protagonistas principales eran la flor y nata de los ladrilleros andaluces junto a las cajas El Monte y la San Fernando como socios financieros, accionistas de postín y, sobre todo, árbitros del negocio donde destacaban Sánchez Domínguez (Sando) , Pepe Romero (Prasa) Contreras (Azvi) y Nicolás Osuna (Inonsa), príncipes del ladrillo andaluz durante décadas. Para que se hagan una idea este grupo de personas disponía de poderosos tentáculos que alcanzaba incluso al mismísimo Juan Carlos I, al que una noche Lele Colunga, medio en serio medio en broma, acabó pidiéndole el marquesado de Los Olivares para Nicolás Osuna García, primer latifundista en olivas del mundo.

La verdad es que aquella operación de Tablada que dividió a la ciudad de la gracia (y del pelotazo) tuvo como capitán político al alcalde Alejandro Rojas-Marcos, gran defensor de la operación con la aquiescencia de Jaime Montaner desde la consejería de Obras Publicas de la Junta y del PP, entregados a la causa de Tito Lele, tal y como se llamaba a Colunga en su circulo más intimo. Como también hay que reconocer la irrupción de un Alfredo Sánchez Monteseirín que desde la presidencia de la Diputación dio el paso a ser candidato del PSOE a la alcaldía y que se plantó ante lo de Tablada. Dijo no a Tablada y lo mantuvo hasta que dejó de ser alcalde muchos años después. De alguna manera lo de Tablada fueron las primeras hostilidades de la guerra que estalló el día que Isidoro Beneroso y su “primo” Juanma López Benjumea se lanzan públicamente contra el propio Manuel Chaves en una declaración pública.

Los dos presidente socialistas de las cajas del occidente ( Huelva, Jerez, Sevilla) volaban solos, decían que solo respondían ante sus respectivos consejos de administración y para nada de la dirección regional del PSOE que un día les colocó en el sillón. Fue la rebelión de los cajeros la que dio paso, si cabe, a una etapa de descontrol e improvisaciones al tiempo que siguieron los mismos o peores mangazos para el mundo de la burbuja del ladrillo y otros que estaban por llegar. Chaves y su consejera Magdalena Álvarez habían dedicado demasiadas energías a luchar contra el cura de Córdoba y habían dejado que, en Sevilla, los suyos, hicieran de su capa un sayo hasta que escaparon de la jaula. Los echaron de mala manera y los sustituyeron peor.

El proyecto de Tablada, desde la perspectiva política, estuvo apoyado claramente por el PP de Javier Arenas. Soledad Becerril, que gobernaba con Rojas Marcos el ayuntamiento, nunca comulgó con lo que su socio andalucista hizo y deshizo en el área de Urbanismo, donde situó a uno de su absoluta confianza, Pepe Núñez, el hombre que lo sabía todo. Becerril abandonó la política municipal diciéndole a sus íntimos que no quería verse entrando en un juzgado a declarar imputada o como testigo en cualquier escándalo que le hubiese montado su socio Rojas Marcos.

Si el PP empujaba en Tablada, ¿a quien apadrinaban los del PSOE?

Pero ¿y los socialistas, no iban a apadrinar ningún pelotazo de características especulativas urbanísticas similares en el entorno de la capital? Parecía raro tanto ruido con Tablada desde la derecha política y sobre todo económica defendiendo urbanizar el gran pulmón verde que le quedaba a la ciudad y que solo Monteseirín alzara la voz en el desierto oponiéndose, algo que posiblemente influyó para llegar a ser el alcalde socialista que más años ha ejercido como tal en Sevilla.

Pues claro que sí que algunos socialistas estaban agazapados para, en plan comando autónomo pero valiéndose de sus relaciones, enredando a otros socialistas con responsabilidades financieras, dar el segundo gran pelotazo urbanístico del nuevo siglo, aunque mucho más modesto y ambicioso que el del aeródromo. Los terrenos de Tablada, por cierto, fueron incautados a la ciudad de Sevilla por el ejército, resultando muy chusco que, encima, hubiese que pagar una especie de rescate al ministerio de Defensa tal y como acabó sucediendo.

El ‘pelotazo exprés’ en todo su esplendor

Aquel miércoles de San Valentín de 2001 empezó formalmente a fraguarse el que iba camino de convertirse en el primer gran pelotazo exprés de nuestra moderna historia. Se había planificado y diseñado a lo largo del año anterior y casi nada podía fallar ya que, aparentemente, todo estaba bajo control.

Ese día se reúnen tres personas en el Ayuntamiento de Camas, localidad dormitorio separada de Sevilla por el rio Guadalquivir y por algo más, el recuerdo permanente del ‘premio de agradecimiento’ que Sevilla se vio ‘libremente’ obligada a regalar a quien la había liberado del terror rojo el 18 de julio del 36, Gonzalo Queipo de Llano. El hombre que solo en los tres primeros meses del alzamiento militar contra la República dirigió la ejecución de más de tres mil sevillanos, de los 16.000 que se le atribuyen en el territorio dependiente de su Capitanía. El hombre cuyos restos reposan a los pies de la Esperanza Macarena en su basílica, dando lugar estos días de aniversario del golpe militar contra la República a una fuerte polémica, denuncia judicial incluida contra la Hermandad por incumplir la Ley de Memoria Histórica.

En la mesa con papeles a la firma están a un lado Encarnación Díaz Cerezo, a la sazón alcaldesa socialista de Camas –hoy sigue en la ejecutiva local como vocal– asistida por el Secretario del Ayuntamiento Fernando Manuel Gómez Rincón y frente a ellos un personaje muy conocido en Sevilla, que estudió Derecho junto a Felipe González del que es amigo y acabó siendo presidente del Real Betis. El abogado y empresario Gerardo Martínez Retamero representa en ese acto a su empresa Desarrollo Inmobiliario Siglo XXI S.A. constituida ocho meses antes en la Notaría de Antonio Ojeda Escobar, otro ilustre socialista en la escena económica sevillana como fedatario público, tras haber sido el primer presidente del Parlamento de Andalucía. Así mismo representa Retamero a la mercantil Hispalia XXI S.A. prácticamente con la misma antigüedad y constituida dos semanas después de la primera ante el mismo notario, ambas domiciliadas en el despacho de Martínez Retamero en Los Remedios. Las dos sociedades promotoras dicen en ese acto que son dueñas de pleno dominio y en proindiviso de un terreno de unos 900.000 metros cuadrados en el término municipal de Camas, concretamente la finca conocida como Los Hallones.

En aquel acto se hace constar a modo de justificación de la operación que se activaba mediante un protocolo que “dicho terreno ha quedado excluido del Plan General de Ordenación Urbana recientemente aprobado definitivamente, tras un excesivamente prolongado tiempo de revisión, que ha provocado la necesidad de acometer de manera inmediata la adaptación de la ordenación urbana de Camas a las necesidades de suelo”. El ayuntamiento hacía constar que “superada la etapa de revisión del antiguo PGOU, considera de interés prioritario una ciudad abierta al rio con más historia de nuestro país (sic), en vez de quedar de espaldas al mismo”.

Según se especifica en el acuerdo que alcaldesa y Retamero se disponen a firmar ante el Secretario Municipal, entre los objetivo políticos figura esta afirmación : “Hoy, la más reciente actualidad, plantea la necesidad de ampliación y desarrollo del Parque Industrial de la Cartuja, pues el éxito de la experiencia ha superado las dimensiones del actual”. En esos momentos quienes trabajábamos en el parque aún veíamos crecer jaramagos en las parcelas de la que fue Expo92.

No obstante, aparte de contemplar que los mejores y más reconocidos arquitectos lo diseñarían todo, la guinda al pastel era la ansiada Ciudad de la Justicia, esa que nadie ha sido capaz de poner en pie en Sevilla desde hace décadas y que en el documento del acuerdo se menciona como “Palacio de Justicia”.

Sin faltar el obligado guiño a cuestiones medioambientales que ya por aquel entonces vestían políticamente muy bien, especialmente ante unas inminentes elecciones municipales.

“Estará concebida con grandes espacios verdes, lagos artificiales bordeados de especies arbóreas que permitan el anidamiento de aves”. También se habla de usar el rio para actividades deportivas como “pesca deportiva, vela o piragüismo y a estimular la navegación deportiva hacia el mar”.

Una expectativa urbanística sin validez jurídica

Tras cuatro folios de abundante literatura más electoral y justificativa que jurídica solo se halla una frase en el punto octavo donde podría interpretarse que, pese a no estar esa finca contemplada como urbanizable en el PGOU, “El Ilmo. Ayuntamiento de Camas reconoce la aptitud de los terrenos objeto de este Protocolo para quedar incorporados al proceso urbanístico debido, además de a las razones expuestas, a la escasez de suelo apto para dicho desarrollo contenido en el municipio”. Atentos, esta sería la única expectativa aparentemente legal para el pelotazo que llegaría después, decir que el ayuntamiento estaría por labor cuando llegue su momento y, sobre todo, si los cameros volvían a votar PSOE para gobernar su ayuntamiento.

Ni una sola mención a que gran parte de aquellos terrenos están formalmente calificados como inundables, ni aparece por ningún lado el nombre de los Queipo de Llano, ni tampoco se otorga garantía formal de acuerdo plenario que podría dar validez jurídica a una futura revisión del PGOU, una operación lenta y para largo. Pero el pelotazo no se iba a dar al final del camino celebrando el éxito del proyecto con grandes edificios de diseño construidos por decenas de señores Pelli venidos de fuera y lagos con pajaritos cartujanos cantándonos al pasar, sino justo al principio, en la misma notaría de Antonio Ojeda Escobar y no precisamente por Gerardo Martínez Retamero que en la operación aparece como simplemente comisionista percibiendo 811.000 euros, unos 135 millones de pesetas, el 3% de la operación.

Las fincas se les compra a los herederos (nietos) de Queipo de Llano adquiriendo un tercero dos sociedades mercantiles propietarias de las rústicas que rodean al cortijo Gambogaz, Cegemex y Agricola Navanda, (ninguna fundación ni nada que se le parezca aparece en la operación) por las que se les paga el 75% de 900 millones de pesetas, precio final convenido por el que acabarán pleiteando para su cobro total.

El tercer hombre es el abogado Emilio Perez Ruiz quien aparece como comprador a los Queipo de sus sociedades y de los terrenos. Junto a Pérez Ruiz sus dos hijas, una de las cuales era en esas fechas delegada en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta. Pérez Ruiz fue diputado andalucista y destacado dirigente del PSA hasta que se pasó con armas y bagajes al PSOE asesorando al presidente Rafael Escuredo en materia económica. Fue también uno de los primeros abogados defensores de Juan Guerra.

Y esa operación de venta se cierra el mismo día, en el mismo notario y casi a la misma hora, en que le ‘coloca’ la finca a la Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla, a través de su conglomerado de participadas en el sector del ladrillo.

Todo esto sucede bajo la presidencia del socialista Juan Manuel López Benjumea con Enrique García Ledesma como Director general de la entidad financiera. Es cuando se produce el gran pelotazo de Los Hallones ya que el precio que la San Fernando abona asciende a 27.045.544,70 € (4.500 millones de pesetas) más el IVA que ascendió a 4.327.000 € (720 millones de pesetas), además de la comisión del 3% de Retamero ya menciona de 811.366 €, (135 millones de ptas).

Resumiendo se pagan 32.183.910,7 millones de euros, si a esa cantidad se le restan los 5.421.686 cobrado por los herederos de Queipo obtendremos que hubo quien ganó en un día y sin moverse de la Plaza Nueva la friolera de 26.762.224 €, unos 4.500 millones de las antiguas pesetas.

Así, groso modo, transcurrió entre siglos uno de los muchos pelotazos que se han dado en Sevilla, sobre el que resulta muy curioso ver en el escenario del crimen a personajes como Alfredo Sánchez Monteseirín y Luis Navarrete quien le sucedería en la Diputación y fue concejal de Camas, con responsabilidades en la caja San Fernando, no constando ninguna intervención de ninguno de los dos politicos para defender los intereses generales de la entidad y los impositores frenando la operación.

No obstante, para aquellos amantes de los detalles y de las tripas de esta operación en concreto, les invito a leerse el documento adjunto a este relato. Se trata de un informe de ocho folios del Departamento de Auditoria Interna de la Caja San Fernando donde se ofrecen detalles muy precisos de esta operación tal cual se planteó.

El apellido Queipo de Llano no apareció en la operación

Escriben los Auditores de Caja S. Fdo: «En ninguna de las actas de los Consejos de Administraciones de ambas sociedades se hace referencia a la aportación de tasaciones, estudios económicos o técnicos que sustenten las decisiones adoptadas, solo se describen las fincas regístrales objeto de la compra, su superficie y el precio ofertado» «Con ello, Caja San Fernando financia la totalidad del coste de la compra de los terrenos, incluido IVA y demás gastos y comisiones de intermediación facturadas»

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