28/12/2016 -

VALENCIA. La empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) acordó el 1 de diciembre de 2015 con el arquitecto Santiago Calatrava y un contratista el pago de 2,35 millones de euros por el "importe pendiente del suministro de las lamas que conforman la cubierta móvil". Siete meses después, el 28 de junio de 2016, el Consejo de Administración de Cacsa acordó encomendar a Calatrava la redacción del proyecto de finalización de la obra sin incorporar la cubierta móvil.

Este compromiso heredado –el pago a plazos se completará en dos años–, los abonos ya realizados por la cubierta móvil y la decisión de no instalar, "por el momento", las lamas y mecanismos que conforman este remate han supuesto para la empresa pública unas pérdidas de 13 millones de euros por "el deterioro del valor contable de dichos elementos".

Así lo detalla la Sindicatura de Comptes en el informe anual sobre las cuentas de la Generalitat correspondiente al año 2015, hecho público este miércoles tras ser entregado en Les Corts por el Síndic Major, Vicent Cucarella.

Según el informe, la construcción del Ágora había costado a los valencianos 81 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2015, casi el doble del presupuesto del contrato inicial –41,3 millones–, que sufrió un importante incremento en 2009, de nada menos que 35,6 millones. Aún así, la desviación alcanza ya el 14,8% sobre el presupuesto definitivo, como se puede ver en el siguiente cuadro (importes sin IVA):

Estas cantidades no incluyen los 9,26 millones que corresponden a Santiago Calatrava por el proyecto y la dirección de obra de este edificio, lo que eleva el coste de este edificio sin uso a casi 90 millones de euros.

Deterioro del 'trencadís'

Además de estas inversiones, a lo ya pagado habrá que sumar los gastos de reparación del deterioro en el trencadís de la cubierta, que "Cacsa no ha podido estimar a fecha de formulación de las cuentas anuales al no tener información suficiente, por lo que no ha registrado contablemente ninguna corrección valorativa", según el informe.

Al respecto, añade que "si bien en 2015 la UTE constructora inició determinados trabajos de reparación de algunas zonas afectadas del revestimiento cerámico de la cubierta, posteriormente estos trabajos fueron paralizados debido a discrepancias con el proyectista y director de obra –Calatrava– por la solución propuesta". Estas discrepancias se mantenían en junio de 2016, "por lo que se desconoce el importe al que podrían ascender, finalmente, los trabajos de reparación de la cubierta del Ágora y su financiación por cada una de las partes (Cacsa, proyectista y UTE)", explica el Síndic.

La memoria de 2015, a diferencia de la de ejercicios anteriores, informa del valor contable al cierre del ejercicio de los diferentes edificios que integran la Ciudad de las Artes y las Ciencias, por un importe global de 935 millones de euros.

Más ortodoxia, salvo en la contratación

El informe de la Sindicatura relativo a Cacsa señala varias deficiencias en la contratación, como la prórrogas de los contratos de limpieza, mantenimiento y vigilancia y seguridad cuando los contratos originarios estaban ya vencidos y no cabía posibilidad de prórroga.

Sobre el contrato con Avanqua –grupo Aguas de Valencia– para la gestión y explotación de los edificios del Oceanogràfic y Ágora, la Sindicatura afirma que Cacsa "debería aplicar las medidas de control y comprobación previstas en el pliego de cláusulas jurídicas que regula el contrato en cuanto a la revisión de las cifras remitidas por la sociedad operadora que sirven de base para determinar la retribución pactada".

En el lado positivo, el Síndic destaca que Cacsa ha atendido al fin varias recomendaciones que se repetían año tras año y que desvirtuaban las cuentas anuales de la sociedad pública. Así lo refleja en el siguiente cuadro:

El Síndic constata la ruinosa situación de Cacsa, cuyos ingresos no cubren ni de lejos los gastos. La empresa facturó 22 millones de euros en 2015 y acabó con unas pérdidas de 47 millones. El año anterior las pérdidas, ligeramente corregidas a la baja el año pasado, fueron de 48,7 millones.