Un exjuez peruano, varios ex altos cargos venezolanos, un empresario colombiano y un exministro beninés. Contra todos ellos pesan órdenes de extradición de sus países de origen y, en el caso de los excargos del Gobierno de Hugo Chávez, se suman también peticiones de Estados Unidos. En lo que va de año, la Audiencia Nacional ha tenido que deliberar sobre el futuro judicial de estos acusados que, por solicitud de autoridades extranjeras, han sido detenidos en suelo español.

Esta misma semana, la sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional acordó mantener en libertad provisional al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de Perú César Hinostroza. Días antes, la Justicia española había accedido a extraditar al exjuez, pero solo por los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal y no por el de organización criminal, como pedía el país sudamericano. "Parece que el reclamado sería el jefe de una organización sin miembros", concluyeron los jueces españoles.

"La resolución de 22 paginas ha causado mucho revuelo. La gente cuestiona qué está haciendo la acusación aquí y por qué le quitaron el delito [de organización criminal]", explica a Vozpópuli Yolanda Vaccaro, periodista peruana corresponsal en España. La decisión de mantener a Hinostroza en libertad con medidas cautelares protagonizó el jueves las portadas de varios diarios digitales en Perú y, ya a última hora del día, mereció el editorial de El Comercio. "La extradición agridulce", tituló el rotativo.

El caso Hinostroza saltó en España en octubre de 2018. El 7 de ese mes, en plena madrugada y en contra de la medida cautelar interpuesta, el exmagistrado abandonó su país. Diez días después, fue detenido en Madrid por orden de Interpol. "Temía por mi vida", dijo el propio juez en la vista pública celebrada el 10 de abril. El jurista peruano permaneció recluido en la cárcel madrileña de Soto del Real desde aquel 17 de octubre hasta el pasado 11 de abril.

Según explica la periodista, la investigación es extensa y además de tener espacio en los órganos del Poder Judicial peruano, también se evalúa en una comisión de investigación en el Congreso. "El caso se fundamenta en un audio en el que supuestamente se intercambian favores. En Perú se sigue investigando", añade. Vaccaro solo recuerda otro caso tan polémico en sus más de 20 años como corresponsal: el del denominado "canciller" del Sendero Luminoso Adolfo Olaechea, quien fue extraditado desde España en agosto de 2003 por un presunto delito de afiliación al terrorismo.

Estados Unidos y los casos en España

Días antes de dirimir sobre la situación de Hinostroza, la Audiencia Nacional ordenó el ingreso en prisión provisional del exviceministro de Desarrollo Energético de Venezuela Javier Alvarado. Lo hizo en virtud de una orden internacional de detención dictada por un juez de Texas que le reclama por 19 delitos de blanqueo de capitales.

Alvarado fue detenido en Madrid el 9 de mayo y permanece en prisión preventiva, a la espera de que se determine si será extraditado a Estados Unidos o si responderá ante los Juzgados madrileños. Este diario se ha comunicado con el Departamento de Justicia estadounidense para conocer los detalles de la acusación; sin embargo, su portavoz Nicole Navas Oxman ha asegurado que no hará comentarios sobre asuntos relacionados con la extradición "hasta que el acusado se encuentre en Estados Unidos".

Además de la investigación llevada a cabo por Texas, Alvarado tiene pendiente una causa en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, donde se le investiga en relación a un supuesto pago de comisiones y sobornos de la española Duro Felguera a políticos de Venezuela. En concreto, se le imputa indiciariamente presuntos delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales a raíz de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), que detectó "indicios de criminalidad" por pagos en una cuenta del ya extinto Banco Madrid.

Sobre el excargo del Gobierno chavista pesa también una orden de extradición emitida por Venezuela por la presunta comisión de delitos de corrupción pasiva simple, tráfico de influencias y legitimación de capitales. Por ahora, se mantiene recluido en la cárcel madrileña Soto del Real.

Venezuela y los derechos fundamentales

Un caso similar es el del también exviceministro venezolano Nervis Villalobos, quien se encuentra en libertad provisional desde diciembre. Es uno de los principales investigados en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, a quien la Audiencia Nacional decidió no extraditar a Estados Unidos para evitar dilaciones en el procedimiento que se investiga en Plaza de Castilla.

El acusado es investigado por las autoridades de Washington por el lavado de dinero negro de la empresa pública Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Y la Justicia venezolana también reclama su extradición.

La Audiencia Nacional acordó rechazar varias extradiciones a Venezuela debido a la "posible vulneración de derechos fundamentales"

Además de Villalobos, Caracas pide la entrega de otros cuatro excargos del Gobierno de Chávez que se mudaron a Madrid. En febrero, sin embargo, la Audiencia Nacional acordó rechazar las extradiciones a Venezuela debido a la "posible vulneración de derechos fundamentales" de la que podrían ser víctimas en caso de ser entregados. La decisión hace referencia a Adrián José Velásquez, quien fuera jefe de seguridad de Chávez; Claudia Patricia Díaz Guillén, extesorera de la república y además exenfermera del presidente fallecido; y José Ramón Sánchez Rodríguez, excontable de PDVSA.

El 'no' a Benín

La Justicia española también denegó extraditar a Benín al que fuera ministro de Economía Komi Koutché, detenido en Madrid en diciembre. De hecho, el tribunal le dejó en libertad sin medidas cautelares el pasado 24 de abril. El país africano reclamaba a Koutché por delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, abuso de función, enriquecimiento ilícito, corrupción en la contratación pública y blanqueo de capitales.

Los tribunales españoles dejaron en libertad a un exministro de Benín reclamado por malversación

Tras darse a conocer la decisión, la defensa de Koutché anunció en un comunicado que pediría el asilo político en España de su defendido al considerar que todo el proceso en Benín ha sido "irregular", ya que, a su juicio, la Corte de Represión de las Infracciones Económicas y del Terrorismo es un tribunal creado "exclusivamente para perseguir opositores políticos, como es el caso de nuestro representado".

Colombia y el caso Hyundai

Recientemente, España también dirimió el futuro judicial del colombiano Carlos Matto. El empresario, quien tuvo la representación de Hyundai en Colombia por más de 25 años, es reclamado por alterar el sistema informático de los juzgados en su país para conseguir que una demanda que favorecía sus intereses fuese asignada a un juez al que ya había sobornado. En concreto, pretendía conseguir un fallo favorable en su divorcio con el gigante automotor coreano.

En su resolución del 8 de mayo, contra la que cabe recurso de súplica, el tribunal descarta la persecución política contra Matto, quien en la vista de extradición denunció que el Fiscal General colombiano, Néstor Humberto Martínez Neira, fue su abogado en este caso y, según dijo, le persigue "de una manera despiadada". Aunque no recae ninguna investigación sobre el empresario colombiano en España, al contar con la doble nacionalidad el empresario podría cumplir aquí la condena que se le pudiese imponer.

Todo apunta a que casos de extradiciones como los antes expuestos seguirán llegando a la Audiencia Nacional. Ya se ha dado a conocer que, en los próximos días, el Juzgado Central de Instrucción número 4 estudiará una solicitud de las autoridades belgas.