Pánico en el mercado del alquiler. El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias anunció ayer lunes que van a prohibir los desahucios por impago del alquiler "en zonas de mercado tensionado y en casos que tengan relación con fondos buitres".

Este anuncio ha vuelto a desatar otra oleada de incertidumbre en el sector inmobiliario debido a la falta de detalles sobre cuáles serán las viviendas realmente afectadas y si habrá un perfil de inquilino concreto al que no podrán echar sus legítimos dueños o, por el contrario, será una barra libre para todos los alquilados. "La LAU ya recoge la posibilidad de retrasar el desahucio en casos de extrema necesidad. No entiendo en qué consiste este nuevo anuncio", declara a Libre Mercado el CEO de Renta Garantizada, Lorenzo Colino.

didas para hacer frente al problema del acceso a la vivienda: rohibición de los desahucios por impago del alquiler en zonas tensionadas y relacionados con fondos buitres.

mpliación de la moratoria en los desahucios hipotecarios y el número de hogares beneficiados. pic.twitter.com/b6991Jzuxs — Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 (@VSocialGob) March 9, 2020

Colino considera que esta idea va a afectar a zonas tensionadas, pero que necesariamente tendrá que tratarse de propiedades de los grandes tenedores. "Es que si no, sería inconstitucional", señala. Es obvio que si se extendiera la prohibición de desahuciar también a los particulares, "nadie en España pagaría el alquiler", avisa. Desde sus inicios, Podemos ha cargado contra los bancos y los llamados grandes tenedores de viviendas promoviendo sanciones y expropiaciones forzosas por poseer pisos vacíos. Estos grandes tenedores son los que poseen más de 10 pisos en propiedad, aunque nada hace presagiar que no pudieran rebajar esa cifra si lo consideraran oportuno. "Está por ver dónde van a poner el límite y a qué fondos de inversión se refieren", añade Colino. Cerberus o Blackstone son algunos de los principales fondos de capital riesgo de España. Junto con las socimis y otros vehículos de inversión, apenas manejan el 3% del alquiler en nuestro país, según CBRE, por lo que su responsabilidad respecto a los precios es muy limitada.

El CEO de Renta Garantizada apunta que, con este tipo de iniciativas "se demoniza al propietario y se espanta a las empresas que están apostando por el modelo de alquiler en nuestro país. Siempre hemos sido un país de propietarios y no tiene sentido que los políticos carguen contra quien promueve el alquiler cuando ellos mismos no son capaces de facilitarlo. Lo único que puede bajar el precio de los arrendamientos es aumentar la oferta. No hay más".

Pierde el inquilino menos solvente

Para Colino, si ningún fondo de inversión va a poder desahuciar a su inquilino, independientemente de la situación económica de este, "va a ser un drama, porque va a hacer que pongan todas las casas a la venta haciendo desaparecer cualquier oferta de alquiler". Si por el contrario, es el Estado es el que se va a encargar de analizar la situación de desahucio, caso por caso, lo único que va a pasar es que se ralentice todo más. Si ahora te cuesta 6 o 7 meses echar al inquilino moroso, lo van a alargar a 14 o 15 meses", vaticina.

Además, el efecto perverso de este tipo de medidas para la vivienda, que pretenden proteger a los más desfavorecidos, es que "expulsan del mercado del alquiler a los candidatos menos solventes y con menos rentas", debido a que, "si no les puedes echar de la vivienda, nadie les va a querer alquilar el piso", advierte el experto. Colino recuerda que esta consecuencia ya se ha producido tras el último decretazo de Sánchez, que restringía a dos meses las fianzas de los contratos de alquiler. "Como no les pueden pedir más garantías, los propietarios exigen ahora mayores requisitos de solvencia y más estabilidad laboral a la hora de firmar el contrato, dejando fuera a los candidatos más precarios".

Con esta medida, "van a hacer que el propietario no sólo mire con lupa al inquilino que va a entrar en su casa, es que le va a mirar con microscopio. Es justo el efecto contrario al que quieren conseguir. Es de locos", añade.

En la misma línea va el consejero delegado de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, quien asegura que, con esta "surrealista" idea, "se protege al inquilino que no paga en el Barrio de Salamanca, porque es zona tensionada, en lugar de actuar en los barrios humildes fomentando la oferta de vivienda". Sobre el término de zona tensionada, Carroza explica que se trata de zonas "donde la demanda sube, mientras la oferta se mantiene constante, por lo que sube el precio, pero tampoco está muy clara la definición".

El experto tiene claro que "el Gobierno quiere disuadir a los inversores de que operen en el mercado residencial, no sé por qué motivo", pero lo que "le está llegando al propietario particular es el mensaje de que no alquile su vivienda porque puede que le dejen de pagar y no pase nada".

El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto de ley para establecer una moratoria de cuatro años de duración para los desahucios por ejecución hipotecaria, pero no ha incluido la modificación de la LAU.

Llama la atención que ayer se conocieran los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que revelan que los desahucios por impago de alquiler caen por primera vez desde 2016, lo que pone en entredicho el alarmismo del Gobierno. En concreto, los lanzamientos derivados del impago del alquiler se redujeron el pasado año un 2,2% hasta 36.467 operaciones, lo que representa el primer descenso en tasa anual en tres años. Los desahucios por impago del alquiler corresponden al 67,5%, del total, mientras que el 26,3%, corresponde al impago de hipoteca. En 2019, estos últimos se saldaron con 14.193 desahucios, un 25,1% menos. Hay que tener en cuenta que los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.