El Gobierno estudia ajustar el impuesto a los pasajes aéreos al exterior, cuya alícuota es actualmente del 7 por ciento. Sería la segunda vez que aumenta este impuesto en la gestión Macri, que lo llevó del 5 al 7% desde enero de 2017. Sin embargo, ahora el alza sería bastante mayor, con dos objetivos: por un lado, encarecer los viajes al exterior y desincentivar el turismo de argentinos en el extranjero, que en el último año batió todos los récords de gasto de dólares. Por el otro, mejorar la recaudación en línea con la reducción del déficit comprometido con el FMI para el próximo año.

También está en análisis una medida todavía más potente: una tasa del 10-15% sobre las compras con tarjetas de crédito en el exterior, similar a la que existe en Brasil, pero con una alícuota mucho más baja (del 6,3%). La suba del impuesto a los pasajes al exterior solo podría realizarse por ley, por lo cual la idea sería incorporarla en el proyecto de Presupuesto 2019. Pero el recargo sobre los gastos con tarjeta en el exterior podría instrumentarse de manera más inmediata, con alguna figura legal del régimen cambiario desde el Banco Central.

La aplicación de estas decisiones –de alto impacto sobre un sector de la clase media– dependerán de cómo evolucione el mercado cambiario en las próximas semanas. En los últimos dos días se notó de nuevo un gran desbalance: la demanda de dólares superó largamente a la oferta. Por eso, aun con la ampliación de la venta diaria de dólares (de USD 100 millones a 150 millones) por parte del Tesoro con los recursos del primer desembolso del FMI, el tipo de cambio siguió escalando hasta 28,67 pesos.

También dependerán de cuánto ajuste la cuenta del turismo emisivo como consecuencia del salto del dólar de 20 a 28 pesos. De hecho, en las últimas dos semanas, las principales empresas aéreas registraron una caída de la venta de pasajes al exterior, algo que confirman grandes agencias de viaje. Pero como siempre ocurre en Argentina, habrá que esperar unas semanas para saber cómo se estabiliza el llamado "tipo de cambio real": si el dólar se quedara quieto, la disparada de la inflación dejaría dentro de poco tiempo nuevamente a la Argentina cara en dólares. O dicho de otro modo, volverían a resultar baratos los viajes y las compras en el exterior.

Por la cuenta turismo, salieron en el último año unos 900 millones mensuales, y en el 2017 se registró una salida neta de dólares (restando las divisas que los turistas extranjeros dejaron en el país) de 10.700 millones de dólares. Para tener una idea de magnitud, por esta vía se gastaron más dólares que por el déficit comercial (exportaciones menos importaciones) de mercancías, que en 2017 registró un rojo de 8.471 millones de dólares. Según un informe del Banco Central, los pagos en dólares con tarjetas emitidas en Argentina sumaron el año pasado 8.800 millones de dólares. Pero no todos esos gastos son de turistas argentinos (en hoteles, transporte y shopping) en el exterior. Como identificó el BCRA, unos USD 1.300 millones corresponderían a comercio electrónico: pagos en dólares con tarjetas de crédito de los argentinos por bienes (textil, electrónica) y servicios (por ejemplo, Netflix, Spotify o PlayStation) de proveedores en el extranjero.

En cuanto a los pasajes aéreos al exterior, el año pasado representaron una facturación de unos 2.200 millones de dólares. Con la alícuota del 7%, se recaudan unos 150 millones al año que van al Ministerio de Turismo para promover en el extranjero el turismo en Argentina.

El tributo a los pasajes al exterior fue creado por una ley del año 1958, durante la presidencia de Arturo Frondizi, que fijó una alícuota del 1% sobre el precio de los tickets. En 1987, por otra ley de Alfonsín, se elevó el monto al 5%. Ese esquema perduró durante los 90, aunque Domingo Cavallo consolidó toda la recaudación en una cuenta única, para tratar de cerrar el déficit fiscal, desviando recursos de su destino original, que era promover el turismo en Argentina.

En enero de 2005, Néstor Kirchner promulgó la Ley Nacional de Turismo N° 25.997, en la que se establecía que entre otras fuentes de ingresos, el Fondo Nacional de Turismo se conforma por "el producto del cinco por ciento del precio de los pasajes aéreos y marítimos al exterior; y los fluviales al exterior, conforme lo determine la reglamentación, vendidos o emitidos en el país y los vendidos o emitidos en el exterior para residentes argentinos en viajes que se inicien en el territorio nacional".

En la ley de Presupuesto 2017, se sustituyó el artículo 24 de esa ley para elevar la alícuota al 7%, que rige desde enero del año pasado. En diciembre último se aprobó una ley en la que, entre otras cosas, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la asignación específica del impuesto destinada a la Secretaría de Turismo.

Ahora en el equipo económico estudian volver a elevar la alícuota del impuesto y quieren enviarlo con el proyecto de Presupuesto 2019, que debe ingresar al Congreso antes del 15 de septiembre. Aumentar este gravamen no encontraría ninguna objeción por parte de los técnicos del Fondo Monetario, al contrario. No lo consideran un "impuesto distorsivo", como otros que afectan la competitividad de la economía, y tienen puesta la mira no solo en el déficit fiscal sino también en el rojo de la cuenta corriente del balance de pagos (el país gasta más dólares de los que genera). Un tercio de ese déficit se explica por la cuenta turismo.

En las grandes agencias dicen que la devaluación ya golpeó a los viajes al exterior y que subir el impuesto a los pasajes podría ser muy mal recibido por los países vecinos del Mercosur, desde donde parten muchos turistas hacia la Argentina. Sin embargo, la discusión dentro del Gobierno es otra. Preocupa el impacto de medidas de este estilo sobre los propios votantes de Cambiemos. Una mayoría de los 3 millones de argentinos que viajan al exterior acompañan la gestión oficial.

En la mesa chica surgió el temor además de que esta clase de instrumentos sean asociados a las políticas del kirchnerismo. En particular, al 35% de retención del impuesto a las Ganancias que aplicó Cristina Kirchner en un intento por frenar el boom de gastos de argentinos en el exterior en un contexto de escasez de dólares, cepo y atraso del tipo de cambio oficial. Como siempre, Macri tendrá la última palabra.

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