A los peruanos nos está costando bastante más que cocachos aprender una lección indispensable: los países no fracasan por su economía, fracasan por su política. Los países que no construyen un sistema político estable, con legitimidad, que conduzca al buen gobierno –es decir, a la implementación de políticas públicas que generen bienestar social en lugar de beneficios privados– y que fortalezca el respeto a los derechos básicos de los ciudadanos, no llegan muy lejos en términos de desarrollo.

Ocurrió con los Brics. Por su tamaño y ciertas condiciones ventajosas, aprovecharon muy bien vientos a favor de la economía global, dando lugar a una euforia y un ‘boom’ de inversiones, pero cuando el entorno global cambió encallaron en la fragilidad de sus sistemas políticos.

Le ocurre también a México. Luego del tratado de libre comercio de las Américas, las predicciones de los mejores economistas apuntaban a un despegue vertiginoso. México logró algunos de los objetivos económicos deseados: diversificó sus exportaciones, y tiene enclaves de una industria manufacturera moderna y competitiva. Pero eso no ha sido suficiente, y más bien sus severos problemas de gobernabilidad, corrupción e inseguridad opacan sus logros económicos.

Y le ha ocurrido al Perú múltiples veces a lo largo de su historia. La más reciente es la década dorada que vivió el país entre el 2003 y el 2013, en la que se acuñó el término ‘el milagro económico peruano’. Hoy suena a broma de mal gusto, pero solo basta revisar la prensa económica de la época para recordar que sí nos la creímos. Esto ha sido documentado en el libro que escribí en coautoría con Andrea Stiglich, “El Perú está calato”, Planeta 2015.

Y nuevamente estamos en riesgo de que ocurra. Estamos pensando que estamos listos para abrir el ropero del desarrollo, sin ver nuestra precaria desnudez. El discurso vigente de políticas públicas de una parte del sector privado y académico sigue basándose en acelerar la inversión en infraestructura y los megaproyectos, incluso ignorando las urgentes mejoras de institucionalidad que estos requieren. Un ejemplo reciente es la desactivación de la reforma de Pro Inversión, que buscaba fortalecer su institucionalidad con un consejo directivo con miembros independientes, una oficina de integridad, y otros mecanismos para dotar de más transparencia y rigor a las decisiones de inversión en APP. Todas cosas evidentemente necesarias en el contexto pos-Lava Jato. A casi nadie parece importarle cómo debe mejorarse la institucionalidad de un área fundamental de políticas públicas y relación Estado-sector privado.

Seguimos tratando de buscar atajos para lograr crecimiento fácil. Por eso, soy escéptico con los anuncios del presidente Martín Vizcarra. No se trata de esperar a que alguien nos diga qué hacer para reformar el Poder Judicial y el sistema político. Nuestra élite tiene que entender que si no construimos instituciones –de abajo hacia arriba– vamos a fracasar como país. Esto no requiere un anuncio en un discurso, que puede traducirse en proyectos de ley que dan la apariencia de reforma sin ningún cambio sustantivo. Requiere un consenso social que tiene que trabajarse a pulso.