Tradicionalmente, el filibusterismo consistía en subirse a la tribuna y hablar sin desmayo hasta que el cuerpo aguantase para impedir la votación final de un proyecto. El récord lo tiene al parecer un senador de EEUU, Strom Thurmond, unas veces demócrata y otras republicano pero muy racista siempre, que se montó un discurso de 24 horas y 18 minutos en 1957 para que no se aprobara la ley que reconocía la igualdad entre blancos y negros. A Thurmond le sobraba tanto el tiempo que aguantó como congresista hasta los 100 años, todo un ejemplo para los miembros de nuestro Consejo de Estado, que a partir de los 90 suelen tirar la toalla.

Aquí, ya sea porque la vejiga de los políticos ha menguado y más temprano que tarde hay que rendirse a la evacuación de todo tipo de aguas menores o mayores, o simplemente, porque las intervenciones están tasadas, se han perfeccionado otras técnicas mucho más efectivas de bloqueo. La más popular es la creación de comisiones o subcomisiones parlamentarias que, como se explica en los manuales, son la mejor manera de que un asunto quede enterrado para que a los arqueólogos del futuro no les falte trabajo.

Doctorados en piratería, populares y socialistas llevan estos meses de legislatura abusando de esos nuevos partidos que se creían lobos de mar y ni siquiera son capaces de gobernar una piragua. El último ejemplo ha sido la creación de una comisión de investigación sobre la crisis bancaria, a la que finalmente se avino el PSOE de la oposición útil, y cuyos trabajos, que eran urgentísimos, no empezarán con suerte hasta el otoño.

El argumento utilizado es de una sutileza florentina. El pasado mes de septiembre se aprobó la constitución de otra comisión para investigar las implicaciones del Ministerio del Interior en la presunta guerra sucia contra partidos independentistas catalanes que habría llevado a cabo una suerte de policía política a las órdenes de Jorge Fernández Díaz. La comisión ni siquiera ha podido constituirse para ordenar sus trabajos con el argumento de que el exministro convalece de un cáncer de hígado que se le diagnosticó en marzo del pasado año.

La parálisis de esta comisión implica que la aprobada para estudiar el rescate bancario tampoco puede echar a andar, porque se considera que no es operativo que estén en marcha a la vez dos comisiones de investigación, pese a que no lo está ninguna. En realidad, no se puede saber si se producirían disfunciones entre una comisión y otra porque nunca ha sucedido en 38 años de democracia.

De hecho, cuando los filibusteros hacían oposiciones a piratas y no tenían el conocimiento que ahora atesoran, llegaron incluso a temer a estas comisiones como si sirvieran para algo. La prueba es que sólo se han celebrado en este tiempo 17 comisiones de investigación y sólo tres de ellas con el PP en el Gobierno. La última tuvo lugar hace 12 años a raíz de los atentados del 11-M, solapada con la investigación judicial en marcha. A excepción de la investigación del caso Roldán, ninguna demostró mayor utilidad que la de entretener un tiempo a la opinión pública.

La lógica funcionaba de manera inexorable. Como lo que se pretendía investigar eran acciones del Gobierno en ejercicio –lo de escudriñar los desmanes del Gobierno anterior, oposición en esos momentos, se consideraba de mal gusto-, su mayoría parlamentaria imponía las conclusiones. En el caso de la crisis bancaria ni siquiera será necesaria esta mayoría. Populares y socialistas, sartén y cazo, tienen tanto que callar que el horno para el pasteleo funcionará sin interrupciones.

Con todo, lo más sibilino de la legislatura está siendo el uso y abuso de las subcomisiones, que vienen a ser el ad calendas graecas en versión parlamentaria. ¿Qué hace un Gobierno en minoría para atar de pies y manos a la oposición? Primero, vetar sus proposiciones de ley si implican un euro de gasto; y segundo, derivar sus pretendidas reformas legales a subcomisiones de estudio, que es adonde han ido a parar cuestiones como la reforma constitucional, la de la ley electoral, la de la violencia de género, la Lomce o el pacto de Toledo. Seis meses ampliables y paz asegurada. La trampa perfecta.

Transcurre así el segundo mandato de Rajoy, que en esto tiene muchos tiros dados. Los piratas navegan plácidamente ante el asombro de los reyes del mambo, que lo tienen difícil incluso como simples marinos mercantes. Es la ley del mar y sus reglamentos.