Dos llamadas de teléfono y una cita. Nuevos datos conocidos del sumario del 'caso Púnica' ponen en entredicho la versión que hasta ahora ha defendido al exalcaldesa de Cartagena y aún diputada del PP en el Congreso, Pilar Barreiro, sobre sus relaciones con Alejandro de Pedro, considerado el 'conseguidor' de la Púnica. La política, que salió derrotada en las urnas el 24-M, negó haber contratado los servicios de 'reputación online' de la trama para mejorar su imagen en Internet y redujo los contactos a los intentos de aquel de ofrecerle sus servicios a través de su jefe de Gabinete. Sin embargo, los 60 tomos del sumario que instruye el juez Eloy Velasco apuntan a que la iniciativa y el interés eran de la propia parlamentaria, quien llega a llamar en persona por teléfono al 'conseguidor' en dos ocasiones para concertar una cita en la ciudad murciana cuyo consistorio entonces dirigía. Barreiro, que al ocupar un escaño en la carrera de San Jerónimo es aún aforada, tenía entonces problemas de imagen pública al haber sido imputada en un caso de supuesta corrupción urbanística del que salió finalmente sin cargos poco antes de los últimos comicios municipales.

El 23 de julio de 2014, la diputada y el 'conseguidor' hablaron por teléfono en dos ocasiones para concertar un encuentro en Cartagena para dos días más tarde. En octubre, De Pedro dio por cerrado el acuerdo

Las llamadas que ponen contra las cuerdas a la diputada se produjeron el 23 de julio de 2014 con pocos minutos de diferencia. La primera, a las 13:38. La segunda, sólo cuatro minutos después. En las dos, incorporadas al sumario de la Púnica ya que entonces estaba intervenido el teléfono de Alejandro de Pedro por orden judicial, la entonces alcaldesa de Cartagena le reclama a éste un encuentro cuando pase por la ciudad murciana. La Guardia Civil destaca en el informe sobre aquella conversación que junto a la diputada se encuentra un tal "Paco", supuestamente Francisco Ferreño, su jefe de gabinete y la persona con la que, siempre según las llamadas interceptadas durante la investigación, trata a menudo el 'conseguidor' para negociar sus servicios a la política 'popular'. Ambos quedan entonces en volver a llamarse, detalla el documento de los agentes. No pasó mucho tiempo. De nuevo es la diputada del PP la que toma la iniciativa y marca el número de De Pedro instantes después para concretar dicho encuentro para dos días más tarde, el viernes 25 de julio, a las nueve de la mañana en Cartagena.

Las grabaciones telefónicas al 'conseguidor' no reflejan ninguna llamada telefónica más entre Barreiro y éste, pero sí que el día de la cita se encontraba en la ciudad murciana. De hecho, el 25 de julio, poco después de las diez de la mañana, recibe una llamada en la que De Pedro informa a su interlocutor de que se encuentra, precisamente, en esta localidad, aunque sin hacer referencia a lo que hacía en ella. A partir de ese momento, las alusiones a Cartagena y a encuentros con "Paco Ferreño", el jefe de gabinete en la alcaldía en Cartagena, se suceden de modo habitual hasta que el 22 de octubre, sólo cinco días antes de su detención, el presunto integrante de la trama hace una llamada a un tal Javier. En ella, asegura que ha "cerrado el asunto de la reputación de Pilar Barreiro y Pedro Antonio", en referencia al que entonces era consejero de Educación y actual presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. De hecho, le pide a Javier que "le rescate la oferta de ambas personas" y "que lo metan ya en la facturación para el mes de noviembre". En esa misma conversación le informa de que en dos días volverá a reunirse en Cartagena con la mano derecha de la diputada. Al lunes siguiente, Alejandro de Pedro y el otro conseguidor de la trama, el exalcalde socialista de esta localidad muriciana, José Antonio Alonso Conesa, relacionado sentimentalmente con la parlamentaria 'popular', fueron arrestados por la Guardia Civil.

"Facturados al Ayuntamiento"

En su declaración ante la Guardia Civil un día después de su detención, De Pedro reconoció haber realizado "servicios de reputación de la alcaldesa y de Cartagena". Y añadió que durante "esos meses" dichos trabajos se habían facturado al Ayuntamiento "en concepto de publicidad, pero que ha tratado de solucionar esto y el pasado viernes los trabajos de reputación de Pilar" iban a pasar a facturarse "al partido". También reconoció que en alguna ocasión pudo comentar que dichos trabajos se le harían gratis. Unas afirmaciones que confirmaban las que sólo un día antes había hecho uno de sus empleados, Javier Bueno, también detenido. Éste, ante las preguntas de los agentes, aseguró que a la diputada se le había elaborado "un plan de medios con sus redes sociales" y que cobraban "unos 800 euros por mes en el caso de Cartagena". Posteriormente, otros trabajadores de las dos sociedades de De Pedro, EICO y Madiva, confirmaron los contactos y los planes de trabajo para la entonces alcaldesa de Cartagena. El magistrado también dedicó a la aforada parte del interrogatorio al que sometió a Alonso Conesa, quien se limitó a echar balones fuera al asegurar que creía que no o, simplemente, que no lo sabía si dichos servicios se habían realizado.

El 'conseguidor' reconoció en su declaración ante la Guardia Civil que los trabajos de reputación 'online' a la diputada se facturaron como una campaña de publicidad en sus diarios 'zombies'

Los nuevos datos ahora conocidos y, sobre todo, la existencia de conversaciones telefónicas entre la propia Barreiro y el 'conseguidor' echan por tierra la versión que han defendido ésta y su equipo desde que el pasado mes de mayo trascendiese que su nombre aparecía en el sumario. Entonces, Vozpópuli se puso en contacto con el Ayuntamiento de Cartagena para recoger la versión de la regidora. Ella rechazó responder directamente y los miembros de su equipo sólo admitieron que los tratos con De Pedro se limitaron a "un contrato en 2014 de abril a mayo, meses antes de las llamadas de teléfono,para publicitar en sus diarios digitales una exposición que se organizó en Cartagena sobre el tesoro del navío Nuestra Señora de las Mercedes". En total, aseguraron haber desembolsado 3.200 euros a Madiva Editorial y Publicidad SL, la mercantil bajo la que funcionaban los 60 periódicos zombiescon los que la empresa de la trama mejoraba la posición en los buscadores de Internet de las noticias positivas sobre sus clientes.

Entonces, desde el consistorio cartagenero también admitieron que el 'conseguidor' había intentado desde 2010 ofrecerles sus servicios de "reputación online y posicionamiento de web", pero que dichas propuestas se rechazaron desde "el gabinete de la alcaldesa". "No se veían necesarias", añadieron entonces. En ningún momento reconocieron contactos directos entre la diputada y el presunto integrante de la trama Púnica. En junio, el juez Eloy Velasco envió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede del Ayuntamiento de Cartagena a reclamar el expediente de aquel contrato y otros que hubieran podido firmar el consistorio con EICO y Madiva ante la sospecha de que se pudieron desviar fondos públicos al pago de aquellos servicios de reputación online. Este miércoles, Vozpópuli ha intentado volver a ponerse en contacto con los colaboradores de Barreiro en su etapa en el Ayuntamiento de Cartagena, que abandonó tras perder las elecciones del pasado mes de mayo, pero éstos no han respondido a los requerimientos de este diario.