POR LAURA ARANA





“Por no parecer mexicanos”, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) deportaron a dos mujeres, una de ellas menor de edad y a un hombre, ya que, a su criterio, no coincidían los perfiles raciales, el color de piel, su acento, el idioma y hasta su vestimenta con la de los connacionales. Pero en realidad, son indígenas chiapanecos.





Ninguno habla español y tras su detención fueron llevadas a una estación migratoria del INM. Posteriormente, denunciaron que durante varios días fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, con el fin de que admitieran ser de Guatemala.





El caso ocurrió en 2015 y sentó un precedente que ya tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).





Gracias a que organizaciones que apoyan a la comunidad migrante impugnaron varios artículos de la Ley de Migración y que, como este caso, hay otros 20 sobre los cuales decidirá esta semana el máximo tribunal de justicia del país.





En su proyecto de resolución —que tiene en su poder ContraRéplica—, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, determinó que es inconstitucional que un agente migratorio detenga a una persona para exigirle que compruebe su nacionalidad por considerarlo migrante, basado en prejuicios y supuesto de color de piel, idioma, acento, expresiones, forma de hablar, vestimenta y raza.





Alcántara Carrancá afirmó que los agentes migratorios, por “meras” características físicas o étnicas llevan a cabo revisiones basándose sólo en apariencias, lo cual deriva en la existencia de una discriminación normativa indirecta.





“Catalogan a cualquier persona como parte de un grupo históricamente vulnerable en México —los migrantes—; lo cual concluye, de igual manera, en la existencia de una discriminación que contraviene el derecho humano a la igualdad”, expuso en el documento.





De aprobarse este recurso de inconstitucionalidad, el Gobierno federal y al Instituto Nacional de Migración deberán cambiar sus mecanismos de revisión, ya que no podrán detener a una persona y obligarlos a comprobar su nacionalidad guiado por apariencias y en especial, “por no parecer mexicanos”, ya que es “discriminación normativa directa”.





En entrevista, Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), cuya institución fue una de las promotoras de recursos de inconstitucionalidad a los artículos 16, fracción II; 17, 20, fracción VII; 97, primer párrafo; 98 y 99 de la Ley de Migración, expuso que la batalla legal data desde 2015, cuando ocurrió el caso de Querétaro.





Gretchen Kuhner afirmó que hoy en día es más recurrente y común que un agente del Instituto Nacional de Migración detenga un autobús o un vehículo y por “supuestos” piense que una persona abordo pueda ser ilegal, porque “no se ve como mexicana” y solicite su documentación.





“Si estas en el ADO, y tú como mexicano vas de la Ciudad de México a Puebla, por qué tienes que estar enseñando tu documento a alguien, es una violación a tu privacidad y además con qué criterio los agentes de migración, desconfían que eres mexicano y suponen que eres migrante”, expuso Kuhner.





Explicó que esta resolución pudiera marcar jurisprudencia para futuras impugnaciones que se deriven por el comportamiento de la Guardia Nacional sobre operativos contra migrantes, aunque tendría que ser planteados ante la Corte por organizaciones o sociedad civil, situación que hasta el momento no se ha expuesto.





En tanto, organizaciones como Casa Migrante Saltillo, la Clínica de Acción Legal del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, e incluso el mismo Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) llaman a la SCJN a poner, esta semana fin a las revisiones migratorias arbitrarias que vulneran los derechos humanos.