El primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008) tenía decidido reclamar a las grandes compañías eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON-Viesgo y EDP-Hidrocantábrico) los más de 3.000 millones de euros (esta cantidad se actualizó posteriormente elevándose a 3.400 millones) cobrados de más en concepto de Costes de Transición a la Competencia (sistema por el que la Administración se comprometía a reconocerles el valor del impacto negativo que podría tener en sus cuentas la liberalización del sector).

Unos batalladores Ignasi Nieto y Jorge Sanz, Secretario General de Energía y director general de Energía, respectivamente, se pusieron manos a la obra para sacar adelante la orden que establecía la liquidación de ese sistema y "si en el caso de que se produjera dicha liquidación y resultara que algunos agentes han percibido cantidades superiores a la máxima atribuida inicialmente, cabría exigir a estos agentes la devolución de estos excesos".

De esta guisa preguntaba Nieto, a finales de 2007, a la Abogacía del Estado si era conveniente proceder en esta línea contra las eléctricas. El informe de la Abogacía llegó en marzo del siguiente año, pero para entonces, los compañías afectadas ya habían encargado la friolera de 14 contrainformes de bufetes de abogados para tumbar la orden en marcha.

Las electricas consiguieron el borrador de la Orden y pudieron contraargumentar con esos 14 informes con el objetivo de tumar la norma

Según desvela en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción Fernando Calancha, por aquella época Jefe de Gabinete del Secretario de Energía, él estuvo al tanto en un gran número de reuniones de la redacción de la orden de liquidación de los CTCs. Tras ganar de nuevo Zapatero las elecciones generales, llegó Miguel Sebastián como ministro de Industria y Calancha dejó su cargo y se quedó como abogado del Estado en este mismo ministerio.

Calancha reconoce en su declaración como testigo en la investigación abierta por Anticorrupción que "con posterioridad a la remisión de este oficio [dirigido a la Abogacía del Estado para que informara sobre la orden], el declarante no tuvo noticias de ninguna actuación en relación con los CTC's, por el cauce oficial. Sí recuerda que estando de Abogado del Estado en el Ministerio [ya en 2008 con Sebastián al frente] recibió una serie de informes contrarios a la posibilidad de la liquidación de los CTC's, concretamente 14, elaborados por diversos despachos de abogados, que recibió a título ilustrativo y no recuerda quién se los envió. Que desde la Abogacía del Estado no se volvieron a dirigir a él para preguntarle sobre el tema de los CTC's después de su marcha del cargo y que desconoce el motivo por el cual la Abogacía General del Estado no informó a la propuesta de Orden".

Las respuestas de Calancha a las preguntas del Fiscal Luis Rodríguez Sol muestran a las claras como las compañías eléctricas fueron capaces de parar la llegada de la Orden al BOE gracias a esos 14 contrainformes y las presiones ejercidas sobre el nuevo ministro de Zapatero y su equipo.El derecho de reclamación para que el sistema eléctrico y los consumidores recuperen el dinero que se embolsaron las compañías prescribió en 2008

El derecho de reclamación para que el sistema eléctrico y los consumidores recuperen el dinero que se embolsaron las compañías prescribió en 2008

Según las fuentes al tanto de lo ocurrido ese 2008 cuando Sebastián tomó las riendas de Industria, los gigantes del sector desplegaron una intensa labor de lobby para frenar una norma que les hubiera obligado a devolver 3.400 millones de euros.

Fueron capaces de conseguir el borrador de Orden [Anticorrupción no ha conseguido averiguar quién les filtró de forma ilícita el documento] y diseñar contraargumentos ad hoc para desacreditar las tesis que defendía la norma, en un intento de recuperar para el sistema eléctrico y para los consumidores eso dinero cobrado de más por las compañías.

"Lógicamente, las empresas eléctricas tenían interés en que la propuesta de orden no siguiera adelante y utilizaron los medios de presión habituales que tenían a su alcance", ha señalado Jorge Sanz en su declaración ante el Fiscal.

La estrategia de las grandes eléctricas tuvo éxito. Los informes pedidos a la Abogacía del Estado primero, y posteriormente a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), quedaron "en suspenso" y la Orden pasó al cajón de los olvidos del ministro Sebastián.

Las eléctricas no han tenido que devolver ni un euro de lo que cobraron de más y eso que el Gobierno del PP intentó volver a poner en marcha una iniciativa similar, pero tanto desde los servicios técnicos del Ministerio de Industria, ya bajo responsabilidad de José Manuel Soria, como desde la Abogacía del Estado se confirmó que los hechos habían prescrito.

La querella presentada ante la Fiscalía Anticorrupción contra los ministros de Zapatero, Elena Salgado y Miguel Sebastián, finalmente ha sido archivada.