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Con la lentitud a la que nos tiene acostumbrada la judicatura para casos como estos, finalmente conocíamos hace pocas semanas la sentencia del famoso “caso Palau” .

Diez años después, la Audiencia Barcelona imponía una pena de ocho años y nueve meses, más una multa superior a cuatro millones a Fèlix Millet; mientras que a su mano derecha, Jordi Montull, le esperan 7 años y medio y una multa de casi tres millones y medio. Este proceso, que ha durado más de una década dejaba al descubierto el sistema financiero de la antigua Convergència (CIU), pero lejos de ser una “manzana podrida” reflejaba el interior del cesto entero.

Las investigaciones por el 3% siguen en marcha y ponen de manifiesto la corrupción endémica dentro del partido. Si lo que ha demostrado el caso Palau es que la antigua Convergencia se financiaba a partir de las comisiones que recogía del amaño de los concursos de obras públicas a favor de grandes empresas, resulta evidente que se trata de un sistema que se repetía de forma continúa.

Los últimos datos que presentan las investigaciones es que la financiación irregular no se limitó a los diez años comprendidos entre 1999 y 2009, sino que funcionó hasta hace muy poco entrando ya en la etapa de gobierno de Artur Mas (¡Sorpresa!). Sí, el mismo al que las penas le parecían excesivas… ¿por qué será?

Según las últimas informaciones entre 2008 y 2013, las mordidas ascendieron hasta más de un millón de euros. Entre esos años distintas empresas realizaron ostentosas donaciones a fundaciones relacionadas con el partido entre las que se encuentran Fundació Fórum de Barcelona, CatDem y Fundació Privada Òmnium. Además de otros sobornos para los principales representantes del partido. Es el caso de Rosell, antiguo director de Infrastructures.cat, que fue invitado en varias ocasiones por la empresa Oproler al palco del Santiago Bernabeu para ver partidos de fútbol.

Evidentemente esta empresa después ganó varias adjudicaciones, como no podía ser de otra forma. Este mecanismo se repetía continuamente y en la larga lista de políticos que hacían negocio con las adjudicaciones de obras públicas encontramos múltiples cargos del partido, ya fuese de la Generalitat como del Ayuntamiento, incluyendo el periodo en el que estaba presidido por el convergente Xavier Trias.

Hoy muchos de estos políticos corruptos, que se llenaban los bolsillos con triquiñuelas mientras aplicaban sin ningún reparo planes de ajuste y recortes que han condenado a la clase trabajadora y los sectores populares a una vida de pobreza y precariedad, siguen formando parte del aparato político de la mano del PDeCat, es decir, forman parte del ADN de un partido que se ha construido con la única finalidad de limpiarle la cara a la antigua CDC, salpicada de casos de corrupción y rodeada por amplio movimiento democrático del que tenía como objetivo ponerse al mando para acabar conduciéndolo a una derrota anticipada.

Ayer era la antigua CiU, hoy es el PDeCat. Pero ambos forman parte de de la dirigencia política de un régimen del que la corrupción lejos de ser la excepción, es la única norma. Unos y otros, junto al Partido Popular y PSOE son la evidencia de una forma de gobernar al servicio de las grandes empresas. Para acabar con esto, es necesario acabar con todos los privilegios de esta “casta política” que saquea las arcas públicas para su propio beneficio.

Casos de corrupción como este son la evidencia de es necesario que los cargos políticos cobren lo mismo que una maestra y que sus cargos sean revocables por los propios electores en cualquier momento.

http://www.izquierdadiario.es/La-corrupcion-en-Convergencia-i-Unio-un-verdadero-saco-sin-fondo?id_rubrique=2653