El exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, pagó parte de la campaña de Rita Barberá en las elecciones municipales de 2007 con dinero en efectivo. El dinero, 350.000 euros, se obtuvo de la presunta Caja B del PP en el Ayuntamiento de Valencia y se pagó en billetes de 500 euros. En esos comicios el PP invirtió tres millones de euros, 20 veces más de lo declarado.

Según El Mundo, así consta en la declaración de un asesor de Grau ante la Guardia Civil durante las investigaciones del Caso Taula, mientras estas eran todavía secretas. Jesús Gordillo, asesor del exvicealcalde y hombre de confianza suyo en varias empresas, recibió este dinero de manos de Grau en 2008 para que liquidara las deudas de la empresa que organizaba la campaña del PP de Valencia, Laterne, con sus proveedores.

Así conta en el acta levantada los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "Alfonso Grau le entregó al declarante la cantidad de 350.000 en efectivo en billetes de 500 y recibió instrucciones de éste de recoger de la empresa Secopsa un cheque bancario por importe de 150.000".

Secopsa es una de las empresas que más contratos ha recibido de los gobiernos del PP de Valencia. En las elecciones de 2007, el partido que lideraba Barberá obtuvo su mayoría absoluta más contundente en el Ayuntamiento. La investigación del caso Taula ha detectado que para esta campaña se emplearon tres millones aportados ilegalmente y busca de dónde llegaron otros 800.000 euros a Laterne, la empresa encargada de organizar la campaña en Valencia que fue generosamente financiada desde fundaciones municipales. Es en esta empresa donde trabajaba Gordillo, el asesor de Grau.

Hace unas semanas, la Guardia Civil registró una de las fundaciones municipales en busca de los contratos suscritos con esta empresa. La investigación judicial trabaja con la hipótesis de que el PP se financiaba -incluidas sus campañas electorales- tanto con dinero desviado de organismos municipales como con donaciones opacas de los contratistas habituales. A nivel autonómico, el modus operandi era, supuestamente, parecido: Nueve empresarios han reconocido que financiaron ilegalmente al PP de la Comunidad Valenciana.

Las ramificaciones del caso Taula

En el caso Taula se investigan las prácticas supuestamente corruptas de varios cargos del PP e instituciones y entidades bajo su control. La instrucción se centra en Imelsa (empresa de la Diputación de Valencia), el Ayuntamiento de Valencia, Ciegsa (empresa de la Generalitat encargada de construir colegios públicos bajo sospecha por sobrecostes millonarios) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales.

Se investigan contratos desde el año 2003. En el transcurso de las pesquisas, se han detectado indicios de blanqueo de capitales y financiación ilegal en el PP de Valencia ciudad, nueve de cuyos 10 concejales están imputados por blanqueo. El grueso de las pesquisas parte de la premisa de que se habrían podido cometer varios delitos contra la administración: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude y falsedad.