Cartel de rechazo a la mina en Cañamero. PACO AUDIJE

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La mina Cobre Las Cruces –del grupo canadiense First Quantum– se sitúa a unos 10 kilómetros de Aznalcóllar, en Sevilla, donde otra mina, hace ya más de 20 años, causó un desastre medioambiental del que –viendo lo que ha sucedido después– seguimos sin aprender. Isidoro Albarreal, miembro de Ecologistas en Acción, lleva más de una década denunciando esta explotación. «Nunca se debería haber autorizado», concluye. Y ese es el problema de fondo: el sistema creado para no dañar el acuífero bajo el que está el mineral –la condición con la que había sido aprobado el proyecto– falla. Ese acuífero es de uso público y, según la sentencia que condenó a tres de sus directivos a un año y tres meses de cárcel para cada uno de ellos, fue contaminado y de él se extrajo más agua de la permitida. Recordemos que la empresa sueca Boliden aún no ha pagado por la contaminación que causaron en 1998 los vertidos de la mina de Aznalcóllar, a las puertas de Doñana.

Según la Estadística Minera de España 2016 (últimos datos disponibles) hay un total de 2.807 explotaciones mineras en funcionamiento, que generan 2.890 millones de euros y casi 30.000 empleos. “España está en el objetivo de todos los especuladores mineros del mundo porque tenemos una ley que, básicamente, lo que hace es regalar nuestro territorio a empresas multinacionales”, denuncia Elena Solís, abogada ambiental y responsable del grupo de minería de Ecologistas en Acción. En España, la minería se regula mediante la Ley de Minas 22/1973 de 21 de julio, es decir, una legislación franquista que nunca se ha reformado al no lograrse un acuerdo con las empresas del sector. “Nunca se ha modificado la ley por la fuerza de los poderes fácticos. Hay una connivencia entre la administración y las grandes compañías para favorecer sus intereses”, critica Solís.

A principios de año, Unidas Podemos registró una Proposición No de Ley (PNL) para modificarla y así “proteger el subsuelo y sus recursos geológicos” y garantizar que cualquier prórroga o concesión de una actividad minera “sea consultada a través de un procedimiento participativo y vinculante, al conjunto de la población afectada”. Ni siquiera llegó a debatirse. A preguntas de La Marea, el PP cree que “podría ser interesante su revisión” puesto que la reforma de dicha ley “lleva pendiente desde hace mucho tiempo”. PSOE y Ciudadanos, por su parte, no han respondido a las preguntas enviadas por este medio.

Los beneficios no se quedan

En la práctica, la regulación actual permite a las comunidades autónomas disponer de los recursos minerales del subsuelo, algo que, por ejemplo, no ocurre con el petróleo, que es de competencia estatal. “Lo que se prima es que el territorio y la naturaleza estén a beneficio del hombre. La minería en España ejerce un capitalismo caníbal que devora a sus propios hijos”, señala Solís. Sin embargo, el beneficio extraído de nuestros suelos no se queda en nuestro país. Los minerales se sacan y son vendidos al mejor postor internacional. Aquí tan solo se queda un 1% de las ganancias. “Es el impuesto de extracción más bajo del mundo. En ningún otro país se paga tan poco”, asegura la abogada. “Pero no solo se llevan nuestros minerales y apenas pagan impuestos, sino que también tenemos que quedarnos con el negativo ambiental de las balsas de tóxicos, algo de lo que ninguna autoridad quiere hacerse cargo, como pasa en Río Tinto y en Aznalcóllar”, denuncia.

Tal y como se recoge en el informe La situación legal de la minería en España y su relación con la conservación ambiental, elaborado por SEO BirdLife, fue el Tribunal Constitucional quien estableció el conflicto entre la “protección del medio ambiente y el desarrollo del sector económico minero”. A pesar de esto, las explotaciones mineras siguen consumiendo ingentes cantidades de agua y acaban contaminando acueductos y ríos, con enormes cicatrices en la tierra, ya que la mayoría de las minas que existen ahora en España, además de aquellas que se encuentran en fase de tramitación, son a cielo abierto. Otro aspecto importante de la Ley de Minas de 1973 es la facilidad que otorga a las administraciones para expropiar aquellos terrenos en los que se van a realizar prospecciones. “Las mineras no tienen que hacer nada, son las comunidades las encargadas de expropiar las tierras a sus dueños legítimos, ya sean pequeños, medianos o grandes terratenientes. No tienes nada que hacer y te van a pagar un precio muy bajo. Es casi como si la tierra no te perteneciese”, denuncia Solís.

Cadena humana en Cañamero

Cadena humana contra la mina en Cañamero, Logrosán y Berzocana. PLATAFORMA SALVEMOS LAS VILLUERCAS

Solo en Extremadura, la Consejería de Economía, Industria e Infraestructuras maneja 230 expedientes para proyectos de minería a cielo abierto. Grandes empresas mineras han puesto su mirada en la región, incluso Mineral Exploration Network lo confirma en un informe. Según este documento, la compañía “decidió expandir sus horizontes a diferentes países, siendo España el destino elegido”. Finalmente, “Cáceres fue la provincia que se consideró más prospectiva, y en marzo de 2013 se realizó una campaña de reconocimiento inicial, cuyos resultados fueron muy positivos”. Parajes naturales como la Sierra de Gata o el Geoparque de la Unesco Villuercas-Ibores-Jara han sido puestos en el centro de la diana y pueden verse afectados puesto que sus tierras guardan en su seno minerales como el wolframio, níquel, litio, e incluso metales preciosos como oro y plata.

Sin embargo, las empresas mineras no se esperaban encontrar con una oposición ciudadana tan beligerante contra estos proyectos. Uno de los pueblos más amenazados es Cañamero (Cáceres), una pequeña localidad de apenas 1.600 habitantes en la que la compañía Logrosán Minera S.L., empresa intermediaria de MEN, pretende realizar una investigación y evaluar las posibilidades de la zona. Desde el pasado otoño, la Plataforma Salvemos Las Villuercas ha llevado a cabo numerosas acciones que culminaron en mayo con una cadena humana y una ruta cicloturista en el municipio con la intención de dar visibilidad al rechazo del proyecto minero que afectaría también a las localidades de Logrosán y Berzocana, y el cual se encuentra en la actualidad en fase de tramitación.