Entre viernes y sábado se iban a escoger en Venezuela a tres nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), a 14 de los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y a las nuevas cabezas de la Contraloría General de la Republica, de la Fiscalía General de la República y del Defensor del Pueblo. La decisión ha quedado postergada para este lunes por las diferencias entre las diversas corrientes del chavismo, que no logran ponerse de acuerdo en torno a la terna final que someterán a consideración del Parlamento.

El viernes debió celebrarse la primera de esas plenarias. La sesión fue convocada para las diez de la mañana, pero pasadas las dos de la tarde no había comenzado porque el chavismo estaba reunido depurando la lista de aspirantes. Poco después el pleno se inició para agotar dos puntos previos del orden del día, pero cuando llegó el turno de la votación de los cargos el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, propuso suspenderlo y convocarlo para el sábado. “A ver si la oposición se pone de acuerdo. Tienen 24 horas más para que se ahoguen en sus contradicciones o que sus jefes los hagan poner de acuerdo”, dijo entonces. Pero en la noche del mismo viernes la directiva informó que la reunión del sábado tampoco se celebraría.

El diario opositor El Nacional aseguró este domingo que en el chavismo hay consenso para la elección de los nuevos rectores del CNE, pero hay serias trabas entre las facciones que controlan el presidente Nicolás Maduro y el propio Cabello por el resto de los cargos en liza. El madurismo, según esta versión, no respaldaría que la actual fiscal general Luisa Ortega Díaz repitiera en el cargo y han hecho un punto de honor en la designación de Manuel Galindo, una ficha de la primera dama Cilia Flores, para la Contraloría General de la República. El diosdadismo sí apoya a Ortega Díaz.

Más allá de los rumores y de la danza de nombres esta situación habla de la dispersión que se ha producido dentro de las fuerzas gubernamentales con la muerte de su líder, Hugo Chávez, en marzo de 2013. Del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, por ejemplo, ha emergido una corriente llamada Marea Socialista que critica con dureza la interpretación de Maduro al llamado Plan de la Patria, el plan de gobierno de corte comunista que escribió el finado comandante presidente para su tercer mandato. El caos institucional y económico de Venezuela contribuyó a que el régimen cubano, en una inesperada decisión, decidiera restablecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos para evitar el colapso de su economía, como ya ocurrió luego de la desintegración de la Unión Soviética.

Más allá de la danza de nombres esta situación habla de la dispersión que se ha producido dentro de las fuerzas gubernamentales con la muerte de Chávez

La oposición, mientras tanto, también tiene puntos de vista encontrados, pero en las últimas horas pareció haberlos superado para establecer una estrategia común. Algunos partidos estaban dispuestos a respaldar la terna del Gobierno para mantener una cuota de poder dentro del CNE, y lograr que sus candidatos ocuparan cuatro sillas del Supremo. Otros estaban negados. El miércoles Jesús Torrealba, secretario general de la Mesa de la Unidad (MUD), la plataforma de partidos adversarios, zanjó la discusión al asegurar que el bloque no aceptaría una solución distinta a la planteada en la Constitución para escoger a las nuevas autoridades. Y el domingo ratificó esa decisión en una rueda de prensa. “Nuestros parlamentarios han sido intraficables, indoblegables, en la posición que la MUD definió: cero negociación, cero puesticos, cero cuotas”.

La Carta Magna indica que estos cargos deberán tener el apoyo de dos tercios de la unicameral Asamblea Nacional (110 votos de 165 escaños) y ocupantes sin vinculaciones con partidos políticos. Este último aspecto es fácil de comprobar, aunque no garantiza que los candidatos escogidos no respondan a intereses político-partidistas.

El proceso de selección de los aspirantes ha estado marcado por denuncias sobre violaciones a las reglas de funcionamiento de los comités que eligen a los candidatos, o a la inscripción extemporánea de candidaturas. Sucedió, por ejemplo, con la aspiración de dos de las actuales rectoras del CNE, Tibisay Lucena y Sandra Oblitas, dos fichas del oficialismo que no siguieron los pasos regulares para postularse. Esta es quizá la denuncia más escandalosa de otras un poco más discretas, compiladas este domingo por cinco organizaciones no gubernamentales. De acuerdo con esos estimados hay hasta 17 miembros del partido de gobierno en las listas de candidatos.

Estas supuestas irregularidades denunciadas indican que la decisión final no estará exenta de polémica. El chavismo, consciente de la estrategia opositora, parece apostar a buscar nombrar por mayoría simple a los miembros del Poder Ciudadano (fiscalía, contraloría y defensoría del pueblo) y Poder Electoral, o dejar en manos del Supremo, que controlan en su totalidad, la decisión si el desacuerdo se mantiene en tres sesiones. Lo dijo el diputado opositor Andrés Velásquez en su cuenta de Twitter el viernes, cuando pasaban las horas y no empezaba la primera sesión para elegir a las autoridades: “Gobierno desconocerá la Constitución en nombramiento del Poder Ciudadano. Tensión en la Asamblea Nacional”.