La escandalosa denuncia de abuso sexual contra el senador José Alperovich somete a la justicia tucumana al desafío de poder demostrar su independencia del poder político. Son numerosos los jueces y fiscales de la provincia que fueron designados por el exgobernador durante sus tres mandatos consecutivos, entre los años 2003 y 2015.

Fue durante ese período político donde Alperovich manejó con personalismo no solamente los hilos del ejecutivo provincial sino también los recovecos del tradicional Poder Judicial.

Alperovich y su entorno se dedicaron a designar cientos de cargos que le aseguraron moldear una justicia a su medida y adicta a las miserias políticas.

Ministros de la Corte Suprema, jueces de primera instancia, secretarios y hasta cargo menores lograron ingresar durante esos años.

“Son muchos los jueces y fiscales que rinden pleitesía y le deben su lugar a Alperovich, y eso, indudablemente, genera una justicia totalmente subordinada al poder político; y por más que ahora haya otro gobernador, ese poder en la sombra sigue siendo el que maneja la justicia tucumana”, le contó a A24.com el abogado Gustavo Morales, quien se anticipó a presentar el pedido de remoción de Alperovich de su banca en el Senado por considerarlo un inmoral.

El pedido de “inhabilidad moral” es una herramienta distinta al desafuero ya que no se necesita la intervención judicial para poder avanzar con la expulsión del denunciado

La causa de abuso sexual agravado tiene un capítulo en la provincia de Tucumán. Muchos de los hechos denunciados sucedieron allí. Pero en el entorno de la víctima hay máxima preocupación y desconfianza por lo que pudiera llegar a pasar con el destino de esa investigación.

Temen que el poder en las sombras frustre el avance de la recolección de pruebas.

Y la preocupación está realmente fundada ya que la fiscal que tiene a cargo la causa es María del Carmen Reuter quien llegó a ese cargo en 2015 como titular de la Fiscalía Penal III de los tribunales de la capital tucumana gracias al apoyo de Alperovich y adulterando el orden de mérito lo que fue denunciado por el Colegio de Abogados.

A los tres años logró quedarse con una fiscalía temática. Fue a fines de 2018 cuando la designaron como titular de la fiscalía especializada en Delitos contra la Integridad Sexual.

Su superior, el jefe de los fiscales, también es un hombre cercano al senador. Se trata de Edmundo Jesús Jiménez quien antes de convertirse en Procurador provincial fue durante 11 años integrante del gabinete del exgobernador como ministro de gobierno, seguridad y justicia.

La mano derecha de Jiménez es su sobrina y se llama Eloísa Rodríguez Campos, quien se desempeña como secretaria de la jefatura de fiscales.

Esta mujer está casada con Facundo Maggio, el juez de instrucción penal donde cayó la causa que acorrala el futuro del exgobernador.

Todo queda en familia. En su momento, la designación de Maggio fue un verdadero escándalo ya que ni bien fue propuesto para el cargo de Juez de Instrucción Penal de la II° Nominación recibió una catarata de críticas de los organismos de Derechos Humanos ─y de la propia presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto─ por haber sido uno de los principales abogados defensores de los acusados por delitos de lesa humanidad.

Finalmente logró su cometido y llegó al cargo de juez en marzo de 2018.

Tres de los cinco ministros de la Corte provincial también le deben sus cargos a Alperovich: Antonio Estofan (ex fiscal de Estado), Daniel Pose (ex secretario de Derechos Humanos) y Claudia Sdbar (actual presidenta del cuerpo).

Tanto la fiscal, como el juez, como el jefe de los fiscales y su mano derecha; como así también la mayoría de la Corte exhiben probados vínculos con el poder político tucumano que se vio sacudido con una denuncia que pondrá a prueba la independicia de una justicia adicta.