S i Alfredo Coto no pagara cada fin de semana una fortuna para cubrir con ofertas páginas y páginas de los principales diarios de la Argentina, tendríamos más noticias para leer y la crisis del papel sería terminal. Si hubiera sido uno de esos empresarios inventados por el kirchnerismo, su nombre y su cara llegarían a la televisión y serían tapa durante meses pero no por sus precios. Si no fuera el anunciante fundamental junto con las cadenas de electrodomésticos, entonces historias como esta tendrían otro despliegue.

La noticia sería el arsenal que el mayor supermercadista argentino escondía en la sede central de su empresa, en la calle Paysandú 1852, en el barrio de Caballito.

En ese predio que tiene su ingreso principal por la avenida San Martín, Coto ofrece a la venta desde carne, vinos y frutas hasta productos de limpieza y aires acondicionados. Pero no exhibe lo más importante: las armas de guerra que utiliza para custodiar ese capital.

Lo descubrieron de casualidad, hace justo un año, los inspectores de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), el organismo que reemplazó al Renar a fines de 2015, y la historia se conoció en cuentagotas a través de portales como El Destape. Pero no llegó a manchar la vaca sagrada del papel.

El lugar donde estaban las armas no era una dependencia marginal de Coto, sino su sede central, el centro internacional de distribución, donde funcionan las oficinas comerciales y donde Germán Coto, el heredero, cumple sus tareas todos los días.

las armas

El espectáculo que Coto guardaba en sus entrañas era tan impactante que los inspectores tuvieron que elevar el informe a las autoridades de la Agencia que dirige la abogada Natalia Gambaro.

Una ametralladora Uzi con silenciador, 227 granadas, 41 proyectiles de gases, 29 armas de fuego y lanzamiento, 3886 municiones, 19 chalecos antibala, 22 cascos tácticos azules y 29 escudos antitumulto que pertenecieron a la Policía Federal.

El detalle puede ser revelador para los especialistas. Además de la ametralladora Uzi 9mm con silenciador o atenuador de ruidos, 1 revólver calibre 38 marca Rubi y otro sin marca, 5 pistolas semiautomáticas, 2 de marca Whalter, 1 Beretta (S N° G90762Z), y 2 Glock (GCG195), 10 escopetas de repetición Benelli, 8 marca Norinco y 1 marca Batan; 2 escopetas de lanza proyectiles de gas antitumulto, 19 chalecos antibalas y 22 cascos tácticos sin número visible, 96 granadas antitumulto de mano marca CM Riot Control C5, distribuidas en cinco cajas de cartón, 5 granadas antitumulto marca NO, 1 granada de gas hostigamiento candela marca Fray Luis Beltrán y muchas balas de todo tipo y calibre, algunas sin marca, otras con: antimulto calibre 12/70, Magtech calibre 40, Wolf calibres 40 S&W y 223 REM, Winchester calibre 12 UAB, Samsion calibre .223 REM, PMC caibre .223 REM, Sellier & Bellor calibre 7,65mm, Magtech calibre .380 AUTO, Stopping Power antitumulto y Mirage calibre 12UAB, FLB antitumulto calibre 12/70, CBC calibre 12 UAB, sin marca calibre 12UAB, sin marca y sin calibre 38SPL, “marcas varias” calibre 40, sin marca 45 PLG AUTO, sin marca, calibre 9mm.

Sin embargo, lo que apareció no era todo lo que tenía Coto. La Ufiarm (Unidad Fiscal especializada en la Investigación de ilícitos relacionados con armas de fuego, explosivos y demás materiales controlados) detalló que otras 25 armas de fuego –registradas a nombre del usuario colectivo– no fueron encontradas en el lugar.

Por el arsenal que guardaban en un depósito, la fiscal Paloma Ochoa imputó a Alfredo Coto y a su hijo Germán. También a la esposa de Don Alfredo, Gloria García de Coto, y al jefe de seguridad de la empresa, Alejandro Nievas Blanco.

¿El delito? “La presunta tenencia y acopio ilegítimo de armas de fuego (…) así como también su adquisición espuria que podría haber implicado un desvío de armamento adquirido por las fuerzas de seguridad con perjuicio para la administración nacional”.

Los permisos que la empresa tenía estaban caducos desde 2014. Pero incluso si hubieran estado vigentes se trata de materiales de origen extranjero que en casos como el de la ametralladora Uzi, el silenciador, la pistola adulterada y las municiones antitumulto solo pueden ser utilizados por las fuerzas de seguridad: su tenencia está prohibida por el artículo 189 bis del Código Penal y merece una pena que va de los cuatro a los diez años de cárcel. Ni Coto ni su familia ni su supermercado pueden tenerlos bajo custodia siquiera de manera temporal.

Pese a eso, el hallazgo del material explosivo fue barrido debajo de la alfombra que tapiza las noticias del día. La causa está en manos del juez federal Sebastián Ramos. El 29 de junio Gendarmería Nacional se reunió con los peritos de parte para dar inicio a las pericias sobre la totalidad de las armas.

la casualidad

El día que el arsenal de Coto vio la luz, Natalia Gambaro –una funcionaria que desembarcó en Cambiemos después de años de navegar entre Francisco De Narváez y Daniel Scioli– estaba afuera del país. Más importante que eso, el que no estaba en su puesto habitual era el eficiente empleado que se ocupaba de impedir que los inspectores accedan al primer piso de la sede central de la empresa.

Pedro Félix Navarro era un maestro en el arte del ocultamiento y cumplía su tarea a la perfección. Lo hizo por ejemplo en dos inspecciones previas, de 2013 y 2015, en las que el armamento de Coto quedó a salvo de las miradas ajenas.

Con la mejor de sus sonrisas, Navarro recibía a los inspectores del ex Renar y los guiaba hacia el Sector de Guarda que existe en la planta baja. Pero la mañana del martes 30 de agosto de 2016, a Navarro lo operaron de urgencia y todo se desmadró. Alguien tuvo que reemplazarlo y el personal del ANMaC subió las escaleras que llevaban hacia el “Sector de Guarda de Materiales Controlados”.

Ubicado en el primer piso, el sector de Guarda no era un lugar de acceso público: tenía en la puerta una faja de clausura y estaba cerrado con llave. De 5,80 metros de largo, 3,10 de ancho y 2,50 de alto, parecía un vestuario de la policía o un cuarto de equipamiento del personal de seguridad. Solo personal autorizado podía ingresar.

Una parte del arsenal de Don Alfredo estaba a nombre de un usuario colectivo, es decir, que pertenecía a la empresa de seguridad que Coto creó para custodiar sus instalaciones, su mercadería, su propiedad. Pero los hombres de la familia también portaban armas.

El fundador del imperio tenía permiso –vencido– para usar una escopeta de repetición y un revólver de acción doble calibre.

Fabricada en Israel, la ametralladora Uzi que estaba registrada a nombre de Germán Coto puede disparar entre 1400 y 1800 disparos por minuto (sic). ¿Coto la tenía para disuadir a manifestantes que llegaran hasta su puerta con consignas que hablaran de “hambre”? ¿O su hijo simplemente la conservaba como un arma que le gustaba tener, así como hacen algunos hijos de empresarios con autos de lujo? Aún si fuera esto último, como afirman algunos que conocen el mercado de las armas, hay algo que falla: la Uzi había pasado a manos de Germán en noviembre de 2001, estaba en versión semiautomática y podía descargar una ráfaga, cuando solo está permitido que dispare tiro a tiro. En la jerga de los amantes y coleccionistas, es una versión que la aleja de la precisión y la convierte en un arma endemoniada. En una nota dirigida al ANMaC, el hijo de Coto dice que el material “sería utilizado para combatir especies depredadoras”, aunque “fue diseñada originalmente para ser utilizada por fuerzas armadas y de seguridad y no para la caza y el tiro deportivo”. No aclares más, Germán, por favor.

el fastidio

Empresario nacional, imprescindible aliado de cualquier gobierno, dueño de la mayor cadena de supermercados de capitales nacionales de la Argentina, con 20 mil empleados y ahora construyendo también torres en Miami, los explosivos de Coto no generaron indignación entre las autoridades. Al contrario, el hallazgo del arsenal provocó malestar entre los funcionarios que dependen de Gambaro. El coordinador de Inspecciones, Juan Diego Kotelchuk, se enojó cuando se enteró lo que habían encontrado. Así consta en la denuncia de la Ufiarm –especializada en ese tipo de delitos- a cargo de Jorge Di Lello y Franco Picardi. Para Kotelchuk, los enviados de la ANMaC vieron más de la cuenta, lo que nadie les había mandado a ver.

Al fastidio inicial, le siguió el encubrimiento.

Los inspectores Claudio Nellén y Fernando Héctor Rodríguez declararon que un abogado del Departamento Jurídico del supermercado intentó convencerlos de que no informaran lo que habían encontrado.

Para Di Lello y Picardi, las autoridades del organismo quisieron ocultar el hecho, ahorrarle a Coto un problema. A favor de esa hipótesis: los hechos no se conocieron a través del gobierno, sino de un mensaje anónimo y certero. “El día martes 30 de agosto, fue gente del Renar a la calle Paysandú al 1800, en donde hay un supermercado Coto grande, encontraron adentro un montón de armas, una ametralladora con silenciadores, pólvora, granadas de las canchas lacrimógenas y las escopetas que usa la policía para tirarlas. No hicieron nada con los fierros que había limados. Se los dejaron ahí y se fueron”.

El Código Penal castiga con entre 3 y 6 años de prisión el encubrimiento agravado, el delito por el que se investiga a los funcionarios del organismo que tenía a su cargo la tarea de controlar. Desde el ANMaC –que debería haber secuestrado las armas en el momento y no hizo nada– ahora buscan despegarse. Dicen a grabador apagado que Coto sabía que estaba cometiendo un ilícito, que no podía tener ese armamento y que se lo ocultó al organismo. Que los hayan llevado a otra habitación de otro piso en inspecciones anteriores –argumentan– muestra un acto deliberado de ocultamiento.

El intento de ocultar incluía dos escopetas lanza proyectiles “con signos evidentes de remoción de material, producto de un proceso de taladrado artesanal” en armas de uso exclusivo de las instituciones armadas. Se borró la identificación de las armas para impedir que se descifre a qué fuerza habían pertenecido. Existía además una granada de mano anti tumulto clasificada como “agresivo químico de fin irritante”, sin antecedentes en la base de datos del ANMaC: alguien estuvo innovando al servicio de Coto.

el origen

¿De dónde salió todo ese armamento? ¿Cómo hizo Coto para acceder a él? ¿Quién importó las armas? ¿Quién les permitió quedarse con ellas? Las sospechas de los investigadores apuntan a que fueron compradas por las fuerzas de seguridad y entregadas o vendidas a la empresa de manera ilegal. Aunque Don Alfredo tiene su propia agencia de seguridad, no está autorizado a importar armas. Por ejemplo, hay proyectiles fabricados en Estados Unidos, que solo pueden ser importados por intermediarios bajo solicitud de la fuerza que los solicite.

“Coto es dueño de todo. Ellos son el Estado”, me dice una de las personas que contribuyó a difundir esta historia. ¿Quién fue el nexo entre el Estado y la empresa? En las agencias de seguridad trabajan ex miembros de las fuerzas de seguridad: puede haber sido alguno de ellos o puede haber sido también algo que se decidió en niveles más altos.

De las declaraciones de los propios empleados de Coto, se desprende que las armas eran para reprimir eventuales saqueos.

Según las palabras de uno de ellos ante la Justicia, eran “guardias preventivas de saqueos de las fuerzas de seguridad que asolaron a nuestro país en su pasado reciente”.

La denuncia de la Ufiarm, remarca que “el apoderado de la empresa adujo que esos materiales habían sido dejados ahí por las fuerzas de seguridad en ocasión en que aventaron posibles saqueos". Lo mismo contestó a Crisis la secretaria de Alfredo Coto, Silvia Dell'era: “La empresa tiene armamento propio, pero debidamente declarado. En cuanto al armamento a las granadas, gases lacrimógenos, eso no es equipamiento de Coto sino de las fuerzas de seguridad que han realizado distintos procedimientos a lo largo de los años desde el 2001 hasta ahora y que ha ido quedando en las sucursales y en el centro de distribución. La empresa juntó todo, lo trajo a Central y avisó a ANMaC (ex Renar) de que lo tenían a disposición. De allí que el ANMaC vino a ver qué había y se abrió una causa”.

La Ufiarm ofrece otra versión: hubo ocultamiento y las fuerzas de seguridad en ningún momento dejaron nada olvidado en Coto. “Las diligencias en el marco del expediente permitieron descartar que PFA, PNA y policía de la provincia de Buenos Aires hayan prestado servicios que involucren esos objetos”. Mal pueden haberse olvidado algo que nunca utilizaron.

De lo que no hay duda, es del objetivo que perseguía ese armamento en la sede principal del supermercado. “Era un verdadero arsenal destinado a la represión. La forma en que estaban dispuestos permite inferir que estaba dirigida al eventual uso ante disturbios masivos”, escribieron los fiscales Di Lello y Picardi.

La mayor parte del material había pasado a manos de la empresa en 2001. Sin embargo, la obsesión por blindarse ante eventuales reclamos no era apenas una secuela del pasado. En diciembre de 2010, Coto volvió a incorporar municiones (499 cartuchos) que habían sido adquiridas por el Grupo Albatros de la Prefectura.

Hoy el arsenal que Coto fue incubando durante más de 15 años está bajo custodia del Banco de Materiales Controlados del ex Renar, en el enorme predio que la División Explosivos de la Policía Federal en Avenida Constituyentes y General Paz.

¿Qué podía hacerse con todo ese armamento? ¿Coto tiene más material en otras dependencias? Con la ayuda del Estado –pero al mismo tiempo prescindiendo de él– Coto desplegó su propia seguridad privada antisaqueos.

Conocido el hecho por las autoridades, no se dispuso ninguna medida administrativa ni se practicó ninguna acción tendiente a denunciar ante el poder judicial la comisión de la tenencia ilegítima. Tampoco ante la Ufiarm.

Consultada para esta nota, la abogada Gambaro se amparó en el secreto de sumario que rige en la causa.

el miedo

El pánico de Coto ante los saqueos no es nuevo. El 19 de diciembre de 2001, el supermercadista llamó por teléfono al ministro de Interior de Fernando De la Rúa, Ramón Mestre, para pedirle protección y ayuda para los locales de su cadena en la provincia de Buenos Aires, pero no tuvo ninguna respuesta concreta.

El gran auspiciante reveló que además habló con algunos intendentes del Gran Buenos Aires que admitieron estar “desbordados” con la única excepción de la localidad de José C. Paz, donde el local del supermercado Coto fue “defendido”.

El propio Coto lo declaró ante el ex juez Norberto Oyarbide en febrero de 2003.

El estallido de 2001 conmocionó a Don Alfredo que, por ese entonces declaró a La Nación que la situación era peor que la de 1989. “Lo que sucedió en las últimas 48 horas no lo viví nunca. Fue un ataque de virulencia en el que participó toda la sociedad. El reclamo comenzó con los supermercados, con la gente necesitada que pedía alimentos porque tenían una real necesidad, aunque después aparecieron los vivos de siempre que se quisieron aprovechar de la situación (…) Coto es una empresa y la asistencia social no es una tarea que nos corresponde a nosotros, sino a los gobiernos, a pesar de que en el último tiempo nos vimos obligados a entregar alimentos para calmar a la gente que rodeaba algunos de nuestros supermercados".

El miedo al desborde, la emergencia permanente, la desconfianza en la capacidad del Estado para reprimir a los desesperados, todo eso gobierna la memoria de empresarios como Coto. Viven en una sociedad en la que el primer bien a resguardar es la propiedad privada y no quieren perder nada de lo que acumularon. Necesitan blindarse con la complicidad del Estado, con páginas de ofertas que garanticen un silencio generalizado. Armarse para la guerra.

