El Instituto Nacional de Migración (INM) impidió el acceso a la estación migratoria de La Mosca, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a tres integrantes del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano que disponen de permiso para visitar el centro de detención.

Ahí permanecen encerrados la mayoría de centroamericanos que el sábado se entregaron a las autoridades en el puente Rodolfo Robles, que separa México de Guatemala. El INM dijo el domingo en un comunicado que la mayoría serán deportados.

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Según explicó David Tobasura, una de las tres personas que pretendían acceder al interior de La Mosca, los funcionarios se justificaron con una supuesta circular que veta el paso a las organizaciones debido a la presencia de la caravana. Ni Tobasura ni sus compañeros recibieron el documento. Posteriormente, dijo el activista, el argumento cambió y los oficiales informaron de que no podían garantizar la seguridad del equipo de observadores, por lo que no podrían acceder.

“Es la primera vez que nos ocurre, hasta ahora siempre nos habían dejado hacer las visitas con normalidad”, dijo Tobasura.

Animal Político quiso conocer la versión del INM pero, al cierre de esta nota, la institución que dirige Francisco Garduño no había respondido.

Para entrar en las estaciones migratorias es imprescindible tener un permiso especial al que pocos colectivos acceden. En el caso de La Mosca, quienes pueden realizar visitas son Voces Mesoamericanas y Acción con Pueblos Migrantes.

Los activistas, según dijo Tobasura, están evaluando interponer una queja.

El veto fue confirmado por fuentes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

La Mosca o El Cupape 2 es una estación migratoria ubicada en lo que hasta 2013 fue una planta que sirvió para producir moscas estériles que se utilizaban en la agricultura. Este complejo industrial, que pertenece al Instituto Nacional de Avalúos y Bienes Nacionales (Indaabin), se reconvirtió en centro de detención de extranjeros en el mes de junio de 2018, poco después de la firma del acuerdo entre México y Estados Unidos por el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a reducir el flujo migrante. Antes fue utilizado por la Policía Federal y la Guardia Nacional.

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Organizaciones como las que se integran en el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano han denunciado que la infraestructura carece de condiciones para albergar a los migrantes. Sin embargo, se viene utilizando desde junio debido a la saturación de la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, el mayor centro de detención de migrantes de América Latina.

La Mosca tomó el relevo de otra infraestructura que también se empleó de forma provisional desde 2018: se trata de la Feria Mesoamericana, un antiguo palenque y lugar de eventos situado en el exterior de Tapachula.

No hay cifras exactas sobre cuántas personas fueron trasladadas entre el domingo, lunes y martes a La Mosca. El INM sí hizo público que 228 migrantes ya fueron deportados a Honduras desde Villahermosa, Tabasco. En sus comunicados, la institución asegura que está “revisando” la condición migratoria de los centroamericanos, pero no ha indicado dónde los mantiene encerrados.

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El Gobierno asegura que se les ha ofrecido opciones de trabajo y regularización, así como de pedir asilo. Sin embargo, al igual que cifró en más de 200 los expulsados, no dio datos sobre cuántos fueron puestos en libertad para seguir su proceso.