La instrucción en la Audiencia Nacional de la 'Púnica andaluza', heredada de la conocida como operación Madeja que investigó en origen la jueza Mercedes Alaya, engorda a un ritmo imparable y alcanza ya los 108 imputados en las siete piezas separadas que acumula este macrosumario de corrupción de libro. En el entramado se mezclan los ingredientes más característicos de otros conocidos casos: un empresario, sobornos a funcionarios, una contabilidad B, facturas falsas y sospechas de financiación irregular de partidos políticos.

Aunque los actores son otros la historia es muy similar. Dos empresas, las consultoras medioambientales Fitonovo y Fitoverde, están acusadas de agasajar con prebendas de lo más peculiar (desde gasolina hasta juergas en Marbella) a trabajadores públicos a cambio de forzar contratos en más de un centenar de concursos. El 'Marjaliza' de esta historia es el responsable de una de las compañías, José Antonio Fernández Baró. Como ya hizo su homólogo de Púnica, decidió colaborar con la Justicia y aportó valiosos datos. Entre otras cosas reconoció que entregó un sobre con 30.000 euros a un cargo socialista sevillano y le dijeron que "era para el PSOE". En el sumario consta también la declaración de un imputado que admitió haber regalado al exalcalde de la capital hispalense Alfredo Sánchez Monteseirín una 'tablet'.

El juez José de la Mata. (EFE)

La ristra de delitos que se imputa a los investigados también resulta familiar. El juez a cargo de la causa, José de la Mata, les atribuye cohecho, malversación, prevaricación, fraude en las administraciones públicas y malversación. Entre los acusados figuran una decena de trabajadores de ADIF que actuaron como 'facilitadores' en un contrato de limpieza de vías ferroviarias.

Desde que tomara posesión del Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional, el magistrado ha dado impulso al procedimiento hasta el punto de dictar procesamiento en una de las piezas contra 66 personas. El instructor y la Fiscalía de la Audiencia Nacional cuenta con una ayuda inestimable. En uno de los registros se localizó documentación en la que quedan reflejadas las cuentas en negro de la trama, con importes e identidades de los destinatarios de los sobornos.

Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, se encuentran bajo sospecha más de 100 contratos públicos diseminados por distintas provincias de Andalucía Occidental. El grueso de los imputados son funcionarios y cargos intermedios autonómicos y municipales. El caso cuenta también con su 'político' particular, Domingo Enrique Castaño, exasesor socialista del Ayuntamiento de Sevilla. La información recabada por El Confidencial cifra en unos 400.000 euros el beneficio ilícito conseguido por éste.

Los sobornos

Como en cualquier trama de corrupción que se precie, el sumario enrevesado está plagado de mordidas a funcionarios presuntamente corruptos que arrancaron en el año 2003. En la causa consta un ejemplo cuanto menos pintoresco: uno de los técnicos untados recurría a un comercial de las empresas que se encuentran bajo el foco de la investigación para que éste le sufragara la gasolina de su coche. El empleado de Fitonovo se desplazaba en persona hasta la estación de servicio para llenarle el tanque de forma gratuita.

Las declaraciones de los imputados, que continúan desfilando por la Audiencia, también corroboraron que la red regaló hasta una caja de Viagra

Fitonovo también regaló caballos, yeguas, tractores e incluso un equipo de lavado a presión. Figuran además en la lista varios teléfonos móviles y equipo informático, coches de alta gama y viajes a los destinos más variopintos. Las declaraciones de los imputados, que continúan desfilando por la Audiencia Nacional en un goteo imparable, también corroboraron que la red regaló hasta una caja de Viagra.

Otro de los recursos habituales dirigidos a forzar las voluntades de los funcionarios acusados eran las chapuzas en sus domicilios. O donde conveniera. Entre las reformas que se cargaron a la cuenta de la empresa se encuentra una sede sevillana del PSOE en el distrito de Macarena que cambió sin coste alguno el suelo de su sede.

La trama no sólo afecta al PSOE y salpica a personas de otros partidos políticos como IU y el PP. En la fase en que la Madeja se encontraba aún en manos de Alaya, imputados apuntaron a pagos en efectivo a la formación de izquierda. También resultó implicado un cargo municipal de la etapa del ministro del Interior Juan Ignacio Zoido al frente del consistorio sevillano, que fue inmediamente destituido. Las ramificaciones del 'ovillo' se extienden también a otras comunidades, como Canarias y Extremadura.

El juez De la Mata asumió esta investigación debido a que la actividad de la red afecta a varios puntos de la geografía nacional y tuvo "una grave repercusión en la economía". Los hechos nacieron en Mercasevilla, cuna del famoso sumario de los ERE de Andalucía.