Un estudio de los economistas Mauricio De Rosa, Andrea Vigorito y Joan Vilá –integrantes del Instituto de Economía (Iecon) de la Universidad de la República (Udelar)– señala que el impuesto a los sueldos públicos propuesto por el gobierno y aprobado esta semana por el Parlamento cuenta con "problemas de diseño" que afectan la "equidad horizontal entre trabajadores del sector público y privado".

En un documento publicado este viernes y titulado El proyecto de Impuesto Emergencia Sanitaria Covid-19 y la distribución del ingreso: elementos para el debate, los autores señalan que sería "más eficiente" y "más sencillo" gravar también a los trabajadores privados de mayores ingresos a partir de instrumentos ya existentes como el IRPF y sus diferentes variantes.

"Eso permitiría, por ejemplo, realizar una rápida distinción entre personas afectadas y no afectadas por la crisis, identificable a partir de sus ingresos efectivamente generados, sin necesidad de establecer una distinción a priori entre sectores afectados y no afectados". Esa alternativa, agregan los economistas, llevaría además a "no agravar las inequidades ya existentes entre el tratamiento a las rentas del trabajo y las del capital".

De Rosa, Vigorito y Vilá afirman que el supuesto de "que los trabajadores del sector público se encuentran resguardados de los efectos negativos de la crisis, en tanto la totalidad del sector privado, así como los perceptores de rentas del capital se encuentran expuestos a ellos (...) no toma en cuenta la heterogeneidad dentro de los trabajadores del sector privado y, más en general, no considera la variedad de situaciones entre los perceptores de ingreso por fuentes diversas".

En su análisis, los autores afirman que con el actual diseño, "aproximadamente 75% del total de los perceptores de ingresos del 4% superior no sería objeto del impuesto covid-19, a pesar de tener una capacidad contributiva significativa y equiparable a la población objetivo definida", mientras que "dentro del 1% superior, la abrumadora mayoría (85%) de los integrantes del grupo no se vería afectada por este impuesto."

"Este escenario genera fuertes problemas de equidad horizontal, pues potenciales contribuyentes iguales pagan impuestos notoriamente diferentes. A modo de ejemplo, un trabajador del sector público con un ingreso nominal mensual de $ 150 mil pagaría el 26% de su salario por concepto de impuesto a la renta (IRPF + impuesto covid-19), mientras que la tasa efectiva para un trabajador privado del mismo nivel de ingresos sería del 12%.

De esta manera, para pagar una tasa de 26%, un trabajador del sector privado debería percibir aproximadamente $ 500 mil mensuales", indica el estudio, que alerta sobre una "vasta proporción de ingresos muy elevados no gravada"

Números

Los economistas –que realizaron el estudio en base a datos de la Encuesta Continua de Hogares y de registros tributarios provenientes de la DGI– señalan que un 8% de los trabajadores públicos (unos 20 mil funcionarios) gana por encima de $ 120 mil nominales, mientras que en el global de los trabajadores formales un 5% percibe sueldos superiores a ese mínimo no imponible. Según los autores, si se grava solo a los del sector público "únicamente un tercio de ese 5% de trabajadores formales de mayores ingresos contribuiría al impuesto covid, debido a la exclusión del sector privado de la medida".

"Si bien los ocupados en el sector público se ubican mayormente por encima de la mediana de la distribución (deciles 6 a 10), en ningún caso superan el 45% del total de los trabajadores de cada percentil", agrega la investigación. Excluyendo el sector salud, los asalariados públicos representaban en 2018 el 13,9% del total de personas públicas y el 20% de los trabajadores formales.

Dicho de otra forma, el análisis desliza que los funcionarios públicos tienen una mayor concentración en los deciles superiores del ingreso, pero resalta que en el global continúan como una parte minoritaria de esas altas retribuciones.

Leonardo Carreño

"A la vez, en el percentil de mayores remuneraciones laborales (el 1% superior) la proporción de funcionarios públicos cae al 8%: de esta forma, el 92% de los perceptores de ingresos laborales en este estrato no contribuirían", comentan los autores. También destacan que "los trabajadores públicos de la salud excluidos del impuesto se encuentran particularmente sobre representados en los percentiles superiores y, muy en particular, en el 1% superior".

El estudio también presenta dos simulaciones de movimientos en la escala salarial privada luego del shock económico producto de la pandemia, con el objetivo de determinar una eventual mayor participación de los sueldos públicos en los deciles superiores.

"Se realizaron dos simulaciones sencillas. En la primera, el ingreso de todos los trabajadores privados cae un 10%. En la segunda, el 20% de trabajadores (seleccionados aleatoriamente a lo largo de toda la distribución), pierde el 50% de sus ingresos. Si bien se trata de dos escenarios que simulan una fuerte caída de ingresos en el sector privado, los resultados obtenidos indican que la distribución de trabajadores del sector público no se ve alterada sustantivamente", expresa el documento. Según los autores, eso "indica que las conclusiones precedentes se mantendrían en un escenario económico como el actual, con reducción de ingresos de parte de los asalariados del sector privado".

Por otro lado, al considerar la totalidad de la distribución de ingresos, "se observa que la población objetivo –del impuesto covid-19– se concentran en los últimos cuatro percentiles de la distribución de ingresos (4% superior)". "A la vez, el porcentaje de potenciales contribuyentes en el decil más alto y, en particular, dentro del 4% superior es minoritaria. Únicamente uno de cada tres perceptores de ingreso de este grupo estaría gravado por el impuesto. En particular dentro del 1% superior, la abrumadora mayoría (85%) de los integrantes del grupo no se verá afectada por este impuesto", agrega el estudio.

En ese sentido, el documento expone "los problemas" que el impuesto transitorio conlleva en términos de equidad horizontal (“igual tratamiento entre iguales”). "La contribución similar de los similares o equidad horizontal constituye un criterio mínimo de equidad del sistema tributario y ofrece una protección contra medidas discriminatorias o de esfuerzo desigual (...) Mientras que un trabajador público ubicado en el percentil de mayores ingresos debe afrontar una tasa efectiva del 20%, quienes perciban iguales ingresos, pero estén insertos en el sector privado o reciban rentas del capital (por ejemplo, intereses de bonos, alquileres o dividendos) no aportarán al impuesto covid", afirman los economistas.

Según señalan, ello "genera una brecha en el pago de impuesto entre asalariados públicos y privados con niveles de ingreso similares".

"Este número de contribuyentes no afectados no es despreciable, ni desde el punto de vista de su cantidad ni de su ingreso. Dentro de ese 4% de perceptores de mayores ingresos, se encuentran al menos 80 mil personas con ingresos similares a los empleados públicos, pero no serán afectados por la política. En cuanto a los niveles de ingreso, este grupo de población es también relevante en la medida en que concentra una proporción significativa del total de ingresos de la economía. Al respecto, cabe recordar que el 1% de mayores ingresos percibe el 15%-16% de los ingresos totales, proporción similar a la acumulada por el 40% de menores ingresos", concluyen De Rosa, Vigorito y Vilá.