El viernes hubo mensajes cruzados, amenazas y advertencias. El buen clima de inicio que la gestión de Alberto Fernández con el mundo judicial graficado en los discursos que surcaron la cena de la Asociación de Magistrados el lunes pasado se había evaporado. La noticia que sulfuró fue que el Gobierno seccionaba del paquete de congelamiento aprobado en el Congreso a las actualizaciones automáticas para los regímenes especiales con el objetivo de crear una comisión que comenzará a funcionar hoy y que tendría que evaluar una reforma por cuerda separada.

Marcela Losardo masculló maldiciones. Fue la receptora de decenas de llamados de magistrados iracundos que hicieron estallar los cristales de las copas con las que días antes habían brindado por el fin de la grieta con el Ejecutivo. Sus buenas artes para resetear la relación con la Justicia sufrieron el primer traspié. Le endosaron a la ministra y al propio Presidente haber partido de un discurso que renegaba de la judicialización de la política, pero con una medida que generaría el efecto contrario. Su antecesor, Germán Garavano, había intentado una reforma del régimen jubilatorio. No llegó a salir de un power point.

Mal llamada “de privilegio”, el sistema tiene como cualidad que excede a jueces, fiscales y defensores y abarca a los “funcionarios” judiciales, cuyos cargos se referencian en los de primera instancia para acceder a un 82% móvil a la hora de jubilarse, con salarios ciertamente altos. Pero el régimen prevé descuentos que son un 10% superior al del resto de los asalariados para el sistema previsional de reparto.

La actualización en cuestión se corresponde con los aumentos que recibe el Poder Judicial de las partidas del Ejecutivo. Y las “subrogancias” también reciben descuentos pero no se calculan para el haber jubilatorio. En la Justicia dicen que no son de privilegio porque deben cumplir con todos los requisitos por 30 años, (hasta los 60 de edad) sin poder acceder al beneficio de manera anticipada. La principal alerta es respecto de la “retroactividad” de una reforma, algo inviable desde el punto de vista constitucional y también desde el político: la propia corporación judicial anuncia que podría sellar su suerte en tiempo record. Si cualquier jubilado puede demorar dos años en que su caso escale a la Corte Suprema, problema que el Gobierno podría diluir en el tiempo, los jueces pueden llegar con el mismo papel en seis meses. Esa fue otra advertencia que llegó a despachos oficiales.

Hubo un mensaje que surcó tribunales y llegó al despacho del secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello. Se empezaron a preparar contra reloj unos 7.000 amparos de jubilados judiciales que podrían desplomarse en el fuero de la Seguridad Social. Su esposa, Victoria Pérez Tognola, es camarista en esos tribunales.

Hubo otro movimiento significativo: el hombre fuerte del fuero Contencioso Administrativo Federal, Sergio Fernández, anunció su permanencia durante la feria judicial de enero. Cualquier ley, decreto reglamentario o reforma que amerite un amparo será atajado durante el receso por los tribunales encargados de analizar la legalidad de los actos emanados por alguno de los tres poderes. Es el fuero garante de “gobernabilidad”. “Esto está condenado a la derrota”, anunció un magistrado el destino de una eventual reforma. Es por eso que cuando bajó la espuma, la estrategia fue bajar el periscopio y esperar el próximo movimiento. “No se están metiendo con Comodoro Py, esto es contra todos”, aseguró otra fuente que analizó la furia que generó el debate. La Corte Suprema está expectante aunque con el argumento de “derecho adquirido” en borradores. El Gobierno podrá ganar la batalla de cara a la sociedad forzando el malestar con respecto de lo que es percibido como un privilegio del Poder Judicial. Pero deberá enfrentarse a las consecuencias de esa batalla en otros frentes más sensibles. En esa brecha el Gobierno podrá apurar la reforma judicial, algo que en tribunales descuentan que ya está en marcha y es irreversible.