Es un tema que inquieta a muchos en México.

En los últimos meses durante algunos enfrentamientos entre presuntos delincuentes y Fuerzas Armadas, el resultado ha sido más personas muertas que heridas o capturadas.

Organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro dicen que no es un tema de eficiencia de los militares.

Es, aseguran, la muestra de un posible exceso de fuerza del Ejército en las confrontaciones.

Pero en cambio la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) señala que soldados y marinos actúan con base en protocolos de respeto a la ley y derechos humanos.

Es un debate que se enciende en estos días, al conocerse la muerte de siete campesinos en Zacatecas, en el occidente del país.

Sus familiares aseguran que fueron ejecutados por soldados.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos dice que cuatro militares son investigados por el hecho.

Viejos datos

Más allá de la polémica, lo cierto es que según académicos y especialistas, desde hace más de un año la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), suspendió los informes públicos sobre el número de víctimas civiles en choques con militares.

Algo que hasta 2014 hacía con regularidad, sobre todo a través de comunicados de prensa.

El argumento es que desde el 6 de abril de 2014 la Sedena “ya no da continuidad a la estadística sobre esos rubros”.

Esa tarea, indica, corresponde a la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) señaló en su respuesta a una solicitud de información sobre el tema.

El dato fue registrado con el folio 0000700032715 ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Obligaciones

Sin embargo, de acuerdo con el mismo Instituto, el Ejército sí debe contar el número de civiles muertos y heridos en confrontaciones con sus unidades.

Es una obligación que establece el Manual del Uso de la Fuerza, que utilizan la Marina, Ejército y la Fuerza Aérea.

Pero hasta ahora la Secretaría de la Defensa no ha actualizado esa información.

El último dato que difundió señala que, entre el 1 de diciembre de 2012 –cuando inició el actual gobierno- y el 5 de abril del año pasado, se registró la muerte de 210 civiles en enfrentamientos con unidades militares.

Otras 74 resultaron heridas en ese mismo lapso.

Durante casi un mes a través de llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos, BBC Mundo solicitó la información más reciente sobre el tema.

Las peticiones incluyeron a las secretarías de Gobernación, Defensa y la Presidencia.

No hubo respuesta.

Letal

Las cifras son una parte del problema, insisten especialistas y organizaciones civiles.

Con frecuencia los militares han sido señalados de excederse en la fuerza al confrontar grupos de presuntos delincuentes.

Un ejemplo es el ensayo “Índice de letalidad. Menos enfrentamientos, más opacidad” publicado en la revista mexicana Nexos.

Los autores, Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez Rivas, señalan que en el actual gobierno “se registra un menor número de enfrentamientos y muertos; sin embargo, comparada con la administración anterior, la letalidad de las fuerzas federales se mantiene en valores altos“.

Uno de los casos más polémicos fue la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.

La versión oficial fue que los soldados respondieron a un ataque de presuntos delincuentes.

Pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó que al menos 8 de las víctimas fueron ejecutadas.

El secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, ha reconocido que algunos elementos no cumplieron con los reglamentos.

“Tenemos que esperar todos el veredicto del juez, nada más”, dijo al diario El Universal.

“Si los soldados se equivocaron serán castigados. Pero si no se equivocaron habrá que reconocer su inocencia”.

Razones

¿Por qué se han presentado estos aparentes excesos?

Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, dice que parece haber una decisión oficial de tolerar estos hechos.

“Hay una política deliberada, sustentada en el discurso político de que vamos a hacer una acción decisiva contra la delincuencia organizada”, le dice a BBC Mundo.

“Y en el argot de las fuerzas armadas es: no es los vamos a detener y juzgar”.

Parte del problema es el sistema de justicia del país, que ha sido señalado por organizaciones civiles de operar con poca eficiencia, añade.

Así, “los policías y militares construyen una argumentación de que como el sistema de justicia no va a castigar a los delincuentes, nosotros somos los que vamos a hacerlo”.

Activistas sostienen que los aparentes excesos de militares son consecuencia de que realizan tareas de seguridad pública.

Pero el secretario Cienfuegos recuerda que en las condiciones actuales del país eso no es posible.

Y es que muchas policías locales no tienen capacidad de enfrentar a la delincuencia organizada.

“Quién tomaría la decisión de que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles ante la exigencia de la sociedad de que sigamos estando en las calles para protegerlos“, insiste.