Francisco Granados acusa al Ministerio del Interior de aplicarle el protocolo antiterrorista en prisión para "evitar que hable y denuncie". El exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid asegura a EL ESPAÑOL desde el centro penitenciario de Estremera que lo que persigue esta "institución gobernada por el PP" es "restringirle su libertad de expresión" y relata, en una de las escasas comunicaciones que le han sido autorizadas durante los últimos días, cómo la entrevista en exclusiva que concedió a este periódico ha desatado la intervención y restricción de todas sus comunicaciones en la cárcel.

En dicha entrevista cabe recordar que proclamaba su inocencia, criticaba la doble vara de medir de la Justicia y arremetía contra altos cargos del PP como Esperanza Aguirre, a la que afeaba públicamente haberle "tratado como un kleenex" así como haber "mentido de manera indecente" sobre él.

Tal y como desveló el domingo este diario, Instituciones Penitenciarias ha acordado activar en el caso del supuesto cerebro de la 'Operación Púnica' las medidas empleadas habitualmente con los reclusos más peligrosos. Así, ha decidido "intervenir" todas sus comunicaciones, tanto escritas como telefónicas, durante un periodo mínimo de seis meses. Hasta el extremo de llegar a suspender por completo las llamadas a su mujer y autorizar sólo las comunicaciones con sus letrados.

Arguye Interior que ha quedado patente su "capacidad criminal y su peligrosidad en los delitos presuntamente cometidos relacionados con la corrupción". Pero, por encima de cualquier otra circunstancia, le reprende por el hecho de que haberse puesto en contacto con "medios de comunicación para llevar a cabo denuncias o quejas fuera de los canales establecidos reglamentariamente, que pueden resultar infundadas y plantear supuestas amenazas".

"Una institución gobernada por el PP"

Pese al aislamiento al que se encuentra sometido, este periódico ha vuelto a contactar con Granados para conocer los motivos de la decisión de Interior y éste explica que "desde una institución gobernada por el PP" lo que se pretende es "evitar que hable y denuncie".

Granados ha querido relatar en primera persona, de nuevo a través de una misiva remitida a este periódico, las represalias adoptadas contra él tras sus declaraciones públicas. "El día que se publicó la entrevista", comienza el ex alto cargo del PP, "un equipo de inspección de Instituciones Penitenciarias me sometió a un interrogatorio sobre cómo y cuándo había hecho la entrevista". "Les contesté que por carta", añade Granados. "Estaban muy interesados en conocer fechas, destinatarios, remitentes... Firmé el acta y se marcharon". "Me dijeron, verbalmente, que lo debería haber comunicado aunque yo no tenía intervenidas las comunicaciones".

"No sabía que tenía restringida mi libertad de expresión", razona. "Todas las llamadas (excepto con mis abogados) van a ser grabadas y me limitan la correspondencia, tanto las cartas que escriba como las que reciba serán leídas. Lo mismo con el resto de mis comunicaciones y las visitas de mi familia", agrega.

Granados y Aguirre, tras un comité de dirección del PP madrileño en 2010 Javier Lizón Efe

"La verdad es que nunca pensé que algo así pudiera ocurrir en España", apostilla. "Me aplican medidas cuasi antiterroristas para evitar que pueda denunciar o hablar de lo que estoy viviendo. Y eso, desde una institución gobernada por el PP", enfatiza.

Granados lleva un año en prisión preventiva tras ser considerado por la Audiencia Nacional como el cerebro de una de las mayores tramas de corrupción de España. Pese a ser acusado por Anticorrupción de cobrar comisiones a cambio de favores públicos, el ex líder popular reitera que "la trama Púnica no existe" porque directamente "no conoce" a la mayoría de los imputados y niega haber metido "la mano en la caja".

Interior ha limitado a "un máximo de dos" las "cartas semanales" que puede enviar Granados desde prisión y acaba de levantar la prohibición de comunicarse con su esposa. Según Instituciones Penitenciarias, el exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior ha "accedido a personas no autorizadas a comunicar con él, vinculadas a los medios de comunicación, utilizando procedimientos no previstos en la normativa penitenciaria" pero no especifica cuáles.