La comunicadora y reconocida activista por el uso de cannabis medicinal, Ana María Gazmuri, habló acerca del reciente portazo del Instituto de Salud Pública al fármaco desarrollado por Knop Laboratorios y Fundación Daya (10.000 medicamentos en total), que pretendía ser entregado gratuitamente a 1.500 pacientes con dolencias crónicas.

“Es que me parece que si el ISP dice que la alternativa es un fármaco que cuesta 600 mil mensuales y que por eso no puede permitir uno gratis, es indecente. Yo te quiero comentar que esperamos que la ministra resuelva esta situación, ella estaba al tanto de este permiso y creo que ella está tan sorprendida como nosotros de esta negativa”, critica.

-¿Cuál es la historia detrás del portazo del Instituto de Salud Pública a su fármaco de cannabis medicinal?

-Primero, señalar que la fase clínica de nuestro estudio 1 fue aprobada: eso quiere decir que se probó en personas sanas y demostró su seguridad, su no toxicidad, y tiene una fase 2 en curso en que se está probando su eficacia, en pacientes oncológicos. Esto está ocurriendo normalmente, en el fondo es el camino que hay que hacer para que un fármaco se pueda registrar en Chile. Independiente de eso, existe la figura legal de un permiso provisorio y excepcional, para justamente productos que no tienen registros o estudios clínicos, y este permiso provisorio del artículo 99 del código sanitario se activa o se vincula a que exista la necesidad de salud y que no existan las alternativas, entonces obviamente este es un camino paralelo.

-Y ese camino permitió la importación al país de fitofármacos canadienses (Tilray) en base a cannabis, los que sin estar registrado como medicamento, hoy se encuentran disponibles en farmacias.

-Sí, esta figura es a la que acuden estos laboratorios canadienses vinculados a una empresa chilena, solicitando ingresar provisoriamente un producto canadiense hecho en base a cannabis, y ese permiso fue concedido, lo que nos parece muy bien porque al hacer eso la autoridad sanitaria está reconociendo que existe una necesidad urgente de salud que no está siendo cubierta. El problema con este fármaco, sin embargo, es el altísimo costo que tiene, que inmediatamente lo ubica en una situación de que está solo disponible para un pequeñísimo porcentaje de nuestra población, de un mayor poder adquisitivo.

-Ante eso, ¿cuál fue la postura que adoptaron como fundación Daya?

-Dijimos, bueno, mientras siga el estudio su curso, apelemos a la misma figura: pedir un permiso transitorio, bajo el mismo artículo, debido a que hay esta situación de emergencia en relación al manejo del dolor y al hecho de que la alternativa disponible es inaccesible para muchas personas. Entonces considerábamos que estaban todas las condiciones perfectas para que se aprobara algo similar al producto canadiense. Además, hay que tener claro una cosa: el producto canadiense está registrado en Canadá, pero las regulaciones en Canadá son distintas y solo le exigen demostrar su buena práctica de manufactura y su seguridad, cosa que el producto chileno ya tiene, entonces ambos productos están en igualdad de fase de desarrollo; incluso el canadiense menos ya que no tiene fase 1 y no está haciendo la fase 2, entonces bajo esa lógica se autoriza esa alternativa, que tiene menos evidencia que la chilena, y solo para una elite.

En resumen: se dice que no a esta otra alternativa que está destinada mayoritariamente para ser entregado de forma gratuita a 1500 pacientes que participan de este proyecto. Entonces es un absurdo, es algo que ofende el sentido común porque no hace ninguna lógica: si ambos fármacos tienen el mismo nivel de seguridad y desarrollo, uno es nacional el otro es importado, el importado es carísimo, ¿bajo qué lógica se puede rechazar esta petición? Lo grave es que desde el ISP se está promoviendo un estado de inequidad estructural, fomentando una inequidad inaceptable sobre todo en un administración en que la promesas de la igualdad ha estado en el corazón.

-Alef Biotechnology, representantes del laboratorio canadiense Tilray en Chile, son representados por Imaginacción, la empresa de Enrique Correa…

-O sea, yo no puedo especular, pero cada uno sacará sus conclusiones. Sabemos muy bien a qué se dedica Imaginacción, sabemos muy bien cuáles han sido sus efectos y qué ha pasado en Chile con el lobby, es decir, cómo el lobby ha capturado el Estado chileno y el empresariado chileno y en fin, yo no puedo especular, pero sé que es efectivo que ellos son los lobistas de los canadienses, que se reunieron al menos en 4 ocasiones con el director del ISP, quien nos negó nuestra última audiencia, entonces vemos una situación de inequidad y cualquier persona saca sus conclusiones y deducirá que se está favoreciendo la instalación corporativa de una empresa extranjera que viene a instalar sus productos que son inalcanzables y que, de paso, se está frenando un desarrollo nacional para favorecer dicha instalación. Esa es la conclusión lógica.

-El argumento del ISP para negarles el permiso es que sí existía una alternativa… que no eran ustedes la única opción.

-Es que me parece que si el ISP dice que la alternativa es un fármaco que cuesta 600 mil mensuales y que por eso no puede permitir uno gratis, es indecente. Yo te quiero comentar que esperamos que la ministra resuelva esta situación, ella estaba al tanto de este permiso y creo que ella está tan sorprendida como nosotros de esta negativa.

-El uso de la cannabis medicinal es legal, pero al parecer no es facilitado.

-No es facilitado porque está intervenido por intereses corporativos, mientras en otros países vemos cómo otros gobiernos facilitan su regulación para apurar estos procesos. Acá es todo lo contrario, es impresionante, es el fomento de la inequidad en el área más sensible, que es la salud. Tú te imaginarás la indignación que hay entre las asociaciones de pacientes, porque de verdad no se explica, pero yo estoy segura que la ministra lo corregirá.

-El medicamento de ustedes permitiría aliviar el dolor crónico de 1.500 pacientes a lo largo del país. ¿Qué pasa cuando no se regula más adecuadamente el mercado?

-Crece el mercado negro, desregulado, que sí significa un riesgo sanitario importante, porque no se conoce ni las procedencias ni las formulaciones ni las maneras de preparación, nada, y la gente, como sabe que experimenta que el cannabis le sirve, recurre a esas alternativas, así que me parece irresponsable seguir frenando estas vías que existen, gracias al artículo 99. Incluso Colombia se compromete con el desarrollo de cannabis medicinal y también con una mirada de proteger la industria nacional. Aquí hay una posibilidad de desarrollo de país, pero acá se está priorizando la instalación de corporaciones extranjeras, que son los holding del cannabis medicinal, y está bien, en nuestro libre mercado son las reglas del juego, pero eso no puede ser a costa de frenar un desarrollo nacional que busca la generación de bienes públicos. Hay que entender que debemos desarrollar una mirada estratégica entorno al cannabis medicinal, para generar nuevos polos que necesitamos, y dejar de ser un país extractivista y empezar a ser líderes en la región, especialmente en esta área. Si no nos apuramos, créeme que Argentina está por lo mismo, solo que con un Estado más jugado.

-¿Estamos efectivamente en una posición de liderazgo con respecto a la cannabis medicinal?

-Sí, pero la podemos perder en cualquier momento. Tenemos el primer cultivo legal de América Latina de cannabis medicinal, el primer estudio clínico funcionando con cannabis medicinal, otro protocolo ingresado para otro estudio clínico, tenemos una red de salud paralela con cannabis medicinal funcionando en Chile, fundación Daya está en 15 ciudades y tiene cerca de 12 mil pacientes, así que sí, tenemos liderazgos, hemos recibido pacientes de Uruguay, de varios países, pero si no cuidamos nuestro liderazgo, si no lo traducimos en liderazgos concretos… Hemos logrado avanzar y atender las necesidades de salud en escenarios complejos, y ahora tenemos la posibilidad de hacerlo más democrático, de llegar a aquellos que hoy no acceden mediante el auto cultivo, porque tampoco es tan fácil, y nosotros nos hemos empeñado en enseñar, tenemos clases todas las semanas de auto cultivo, y se eso ha logrado aliviar a miles de pacientes, pero necesitamos la ayuda del Estado, porque por ejemplo, no podemos entrar de forma masiva a un hospital a asistir a los pacientes con productos artesanales: hemos logrado esas autorizaciones cuando son pacientes críticos, y afortunadamente las instituciones de salud han sido sensibles y hemos podido instalar un vaporizador adentro de un área oncológica de un hospital, hemos podido rescatar con aceite de cannabis a un niño internado en una uci de una clínica privada, hemos podido hacer eso, pero no se puede instaurar como política si no tenemos productos estandarizados, y creo que es de una ceguera muy grande y de una insensibilidad hacia la crítica situación de salud de muchos chilenos.

En Aysén, por ejemplo, fundación Daya trabaja dentro del servicio de salud y los pacientes neurológicos, en etapa paleativa, se los derivan directamente a nosotros para que sean tratados con cannabis, pero con cannabis que tenemos que conseguir de la red de pacientes solidarios cuando un paciente lo necesita, que tiene que ser mediante auto cultivo, y que está bien esa alternativa, pero no puede ser la única, nosotros luchamos para que se abran todas las vías de acceso. En Aysen, ayer el consejo municipal aprobó fondos para que fundación Daya en conjunto con el municipio realice un cultivo comunitario. Este es el primer cultivo comunitario aprobado en un municipio. Necesitamos un Estado más comprometido en esto.

-¿Como ha sido el rol del Estado en el proceso de sacarle el estigma al uso de la cannabis medicinal?

-Ha sido tibio, por un lado sí han dado pasos concretos, como la modificación del decreto de ley 404, como en el área del código sanitario, como autorizar ciertos cultivos; esas cosas se han hecho, pero es como si lo hubieran hecho con vergüenza, como por debajo de la alfombra, para que no se note, algo muy curioso, cuando en Colombia el presidente Santos sale a anunciar que la ley de cannabis medicinal ayudará al pueblo colombiano a tener una mejor calidad de vida. Acá se hace para callado, tratando de evitar que las fuerzas de resistencia de la misma administración, que boicotean todos los proyectos transformadores, hagan lo suyo. Ha faltado tomar una postura clara.

-¿Ha faltado una mirada más científica y menos moral?

-Absolutamente, y una mirada más humanitaria, que se dé cuente que el cannabis es capaz de aliviar la vida de las personas y que es una obligación facilitar esas vías de acceso. Estas demandas ocurren en paralelo en Argentina, Uruguay, es un proceso mundial, y tenemos las condiciones en Chile para implementar esto con rapidez.

-¿Como ha sido la respuesta de las personas que usan el cannabis medicinal que ustedes han hecho?

-¿Por qué crees que estamos saturados y desplegados en 15 ciudades? No damos abasto, por eso te digo que esto no es ético de estar consciente como el cannabis puede aliviar la vida de las personas y no facilitar su acceso, porque vemos cómo cambian la vida de las personas, incluso la forma de morir, porque es muy distinto un proceso de agonía con morfina que con cannabis, es muy distinto transitar por una quimioterapia con cannabis que sin cannabis, para qué hablar de las patologías neurológicas, cuando un niño tenía 200 convulsiones y ahora tiene solo 2.

-Habla de una necesidad de abrirse a esta alternativa terapéutica.

-Sí, o sea, hay una tremenda necesidad, nuestras horas están copadas, y es porque el boca a boca dice que esto es efectivo. Nosotros como fundación no hacemos publicidad buscando pacientes, porque estamos saturados. Hemos aplicado encuestas de satisfacción y un 76% manifiesta una mejoría muy importante, así que son datos relevantes y esa es la razón de todo este esfuerzo, de todo este David y Goliat. De verdad que ha sido una experiencia bien impresionante, ver como los poderes fácticos te tratan de cerrar las puertas.

-¿Se sintieron vetados por el ISP?

-Sí, nos sentimos vetados, nos sentimos traicionados, esperábamos otra actitud, al menos una actitud ecuánime y que tuvieran más consideración por la gente que sufre. Nuestros ojos, en todo caso, ahora se encuentran en la ministra.