La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya ha acabado la evaluación de la propuesta sindical para crear una renta básica para desempleados de larga duración. Su conclusión es que la iniciativa de CC OO y UGT reduce la pobreza severa un 27,7%, pero diseñada de otra forma puede llegar al 60%. Para eso, ha elaborado una alternativa, que sería más eficaz incluso reduciendo el gasto necesario a la mitad (de 7.200 millones a 3.500). La ayuda sería compatible con el empleo “hasta un umbral en el que se haya alcanzado un salario suficiente”.

Ya hace tres años que llegó al Congreso la iniciativa legislativa popular (ILP) de CC OO y UGT para crear una renta básica de 438,9 euros al mes para todos los parados de larga duración cuyos ingresos no llegaran al 75% del salario mínimo. En el Parlamento se abrió paso con dificultad y lentamente. Ahora, con la nueva legislatura, lo más probable es que vuelva al punto de partida parlamentario, pero lo hará con la evaluación de la Airef, que fue adelantada este domingo por eldiario.es. EL PAÍS ha tenido acceso a una de las presentaciones preliminares que el organismo hizo.

El examen lo encargó en marzo de 2018 el Gobierno del PP. Lo hizo a raíz de una intervención del presidente de la Airef, José Luis Escrivá, en el Congreso en noviembre de 2017 haciendo una valoración muy inicial de la propuesta en la que ya advertía de su “muy importante potencial redistributivo” y del “coste fiscal importante”. Este organismo ha declinado este domingo hacer comentarios.

La Autoridad Fiscal aprovecha el examen para lanzar una propuesta suya. Esta consiste en una prestación por “tramos de renta para los hogares pobres, pero focalizando la ayuda en pobreza severa” y que podría compatibilizarse “con el empleo, actuando como un complemento salarial hasta un determinado umbral en el que se haya alcanzado un salario suficiente”. El objetivo de esta compatibilidad, que se da en el salario social del País Vasco, sería no desincentivar la búsqueda de empleo si se cobra la ayuda, algo que se estaría observando en el plan PREPARA, uno de los subsidios extraordinarios para desempleados creados durante la crisis.

A partir de aquí, la Airef propone dos alternativas en las que la ayuda variaría en función de la renta y los hijos u otra con tres tramos y que también tendría en cuenta si el beneficiario tiene hijos. En ambos casos, llegaría a 1,8 millones de hogares, 700.000 más que la propuesta sindical (438,9 euros al mes).

Reducción de la pobreza severa

La medida reduciría hasta en un 60% la pobreza severa (quienes perciben una renta un 30% por debajo de la renta mediana, justo la que se sitúa en la mitad de la sociedad) y entre un 2% y un 4,7% el riesgo de pobreza (menos del 60% de la renta mediana). La iniciativa sindical tendría más impacto sobre el riesgo de pobreza, que se reduciría en más del 12%, y mucho menos en la carestía severa (casi el 27,7%).

Las diferencias entre una y otra llegan al gasto. La de las centrales tendría un coste inicial de 7.200 millones que podría aumentar en otros 2.500 por un efecto llamada. La de la Airef, en cambio, quedaría en 5.500 millones a los que habría que restar 2.000 por “la supresión de duplicidades” al proponer “sustituir prestaciones existentes por la nueva”.

El impacto de ambas propuestas sobre la desigualdad sí que sería similar: el índice Gini, que mide este fenómeno, se reduciría en unos cuatro puntos.

Para la Autoridad Fiscal, la propuesta sindical tiene un “elevado coste fiscal”; es “poco eficiente” y sería muy sensible al “ciclo económico”. Dicho de otra forma: si hay una crisis y se destruye mucho empleo, se dispararía el gasto. No obstante, también es cierto que una y otra tienen objetivos distintos. La iniciativa de los sindicatos apunta a los parados de larga duración y la de la Airef señala a la pobreza severa.

El papel de la Seguridad Social

Esto mismo ha subrayado en Twitter el responsable de políticas públicas de CC OO, Carlos Bravo, al publicarse la noticia. El sindicalista, señalaba que su diseño buscaba evitar un “conflicto de competencias entre el Estado [central] y las comunidades autónomas”, de ahí que lo plantearan como una ayuda a gestionar por la Seguridad Social y vinculada a la inscripción en los servicios públicos de empleo. Con esta exigencia, se evitaba que cayeran en el ámbito de los Servicios Sociales, donde las administraciones autonómicas tienen mucho que decir.

Este requisito se eliminaría en la propuesta de la Airef. No obstante, este organismo también pretende que su propuesta de renta se ancle en la Seguridad Social. En sus trabajos cita el artículo 41 de la Constitución, que asigna al instituto previsor la garantía de asistencia y “prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad”. “El pago sería de la Seguridad Social (al igual que la prestación por hijo a cargo)”, zanja con contundencia.