Las urnas que se usarán en el 28-A llegaron al colegio Claret, en Madrid, el lunes 25 de marzo, el día antes de nuestro encuentro en sus instalaciones con tres de los protagonistas de la película Campeones. Javier Beltrán, el conserje del centro, trae una de las urnas hasta el pabellón de baloncesto, donde tiene lugar la entrevista, para que podamos usarla en la sesión fotográfica. Está sellada con un precinto morado que lleva impreso un número y hay que tener especial cuidado, advierte, con no deslizar por error un sobre por la abertura, porque la urna quedaría invalidada. Para evitar que esto suceda, cubrimos la ranura con celo, de modo que cuando Roberto Sánchez Chinchilla (Román en Campeones), José de Luna (Juanma) y Alberto Nieto (Benito) posan simulando que introducen un voto en la urna no existe realmente ninguna posibilidad de que el sobre caiga dentro.

La escena evoca la situación con la que la inmensa mayoría de los españoles con discapacidad intelectual se ha encontrado hasta ahora si en alguna ocasión han intentado votar: la urna tapada y un «no está en el censo, lo siento» tras el cotejo del DNI con la lista del electorado.

El 28-A, sin embargo, Roberto, José y Alberto acudirán a sus colegios electorales con la seguridad de que podrán depositar su papeleta. Por primera vez, los españoles con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo tendrán derecho a voto en unas elecciones. Esto es posible después de que el Congreso de los Diputados aprobara por unanimidad el pasado octubre la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) de 1985. En concreto, se suprimieron los dos apartados que denegaban el derecho al voto a «los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme» y a «los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial». La reforma entró en vigor el 6 de diciembre de 2018, cuatro días después de las autonómicas andaluzas, por lo que las generales de este mes serán las primeras en las que se aplique la reforma.

Plena Inclusión, organización que agrupa a través de mil entidades a familias de españoles con discapacidad intelectual y cuya campaña Mi voto cuenta ha impulsado la conquista, calcula que la modificación abrirá las urnas a 100.000 personas.

De lo escrito en la ley se desprende que aquellos ciudadanos con discapacidad intelectual que no habían sido incapacitados por un juez siempre han podido votar. Plena Inclusión no tiene datos sobre cuántos estaban en esta situación. Es el caso, por ejemplo, del primero de nuestros protagonistas, Roberto Sánchez Chinchilla, de 36 años, quien se estrenó como votante en las autonómicas y municipales madrileñas de mayo de 2003, aquellas que acabaron en el Tamayazo.

Tras el escándalo de los tránsfugas, las elecciones tuvieron que repetirse cinco meses después y fue entonces cuando José de Luna, de 33 años, votó por primera y última vez. No recuerda a quién. Fue su final como elector porque acababa de cumplir 18 años y enseguida sus padres solicitaron la incapacitación.

Alberto Nieto, de 44 años, no fue judicialmente incapacitado hasta los 21, por lo que participó en varias elecciones, sólo una de ellas generales: las que en 1993 dieron a Felipe González su última presidencia.

Tres de los protagonistas de 'Campeones', durante la entrevista. ALBERTO DI LOLLI

Protección legal

El asunto de la incapacitación remueve especialmente a los padres de Roberto, José y Alberto, también presentes en el encuentro y aún hoy incómodos con haber tenido que tomar esa decisión.

- Él tiene una curatela, que es una incapacidad parcial que no le prohíbe el voto- dice Lola, la madre de Roberto, para explicar por qué su hijo ha votado siempre.

La curatela es una figura de protección mucho más suave que la tutela e implica la asistencia a la persona con las capacidades mermadas sólo para tomar determinadas decisiones, sobre todo económicas.

- No sé cuándo pedimos nosotros la incapacitación- continúa el padre de Alberto-, pero tarde; tardamos en asumir esa situación, pero nos insistían mucho en su centro, que era bueno... No sé, quizás esté más protegido legalmente.

- Es que es duro, es duro denunciar a un hijo, porque es prácticamente denunciar a tu hijo para incapacitarlo- añade Lola.

- Claro, es llevarlo a un tribunal, a un juez, a un psicólogo, un forense...- concluye Alberto Nieto padre.

Hasta ahora una persona con incapacidad total sólo podía votar si un juez lo autorizaba expresamente tras ser sometido a un examen sobre conocimientos de la realidad política, prueba que Enrique Galván, director de Plena Inclusión, califica de «enorme complejidad». «Les preguntaban cuál es el sistema parlamentario español, qué partidos políticos existían, cuáles eran las diferencias más notables entre ellos... Preguntas que muchas personas sin discapacidad no sabrían resolver», explica.

Cartel animando al voto a los discapacitados.

Una de las cuestiones que plantean quienes dudan de que los discapacitados intelectuales deban tener derecho a voto es precisamente si saben lo suficiente de política y, sobre todo, si elegirán libremente su papeleta. Formulamos la cuestión a los protagonistas de Campeones.

- Hay gente que piensa que vais a votar lo que digan vuestros padres o familiares...

José de Luna es el más espontáneo y el más veloz siempre en responder. Está ya negando con la cabeza mientras escucha el enunciado.

- ¡Qué gentuza! -suelta de repente provocando la risa de los presentes. -Eso me ha tocado siempre los...

- Somos mayores de 18 y nuestras familias pueden votar al político que les caiga bien y a lo mejor nosotros podemos votar al mismo o a otro diferente- dice Alberto Nieto.

- Tiene claro a quién va a votar y no se va a dejar influenciar- lo secunda su padre, Alberto sénior. -Pero, además, ¿me pueden decir quién no está inducido por las familias en este país? O sea, ¿qué chico de 18-20 años no está inducido por la familia? En una casa generalmente suele haber un pensamiento común respecto a la política. Descalificar o decir que no tienen un criterio propio me parece cercenarles un derecho que tienen como cualquiera de nosotros.

El "voto es secreto"

A casi cuatro semanas de las elecciones, los tres tienen muy claro que van a ir a votar y también a quién. Se acogen a que el «voto es secreto» para no revelar su elección. Alberto dice que su candidato, a diferencia del resto, «tiene las ideas bastante claras»; el de Roberto «da esperanzas, ganas de trabajo y de subir el subsidio del trabajo».

A los tres les gustaría ser políticos, presidentes incluso. ¿Y qué harían si estuvieran al frente del Gobierno?

José: pues no más bombas, no más asesinatos, trabajo para las personas con discapacidad y cumplir el reglamento de las empresas.

Roberto: como dice mi compañero, darles prioridad en las empresas a las personas con discapacidad. Segundo, que no bajase el subsidio del salario, porque si baja, ¿de qué van a comer las personas, que son personas con discapacidad o sin capacidad? Tercero, cambiaría un poquito la logística de menos vandalismo, menos influencia que hay en Cataluña... Cambiaría un poco el sistema diciendo «somos España».

- Alberto: acabar ya de una vez por todas con la violencia de género.

Alberto Nieto está muy sensibilizado con el tema porque forma parte de «un grupo de masculinidad». Se reúnen una vez al mes con otros chicos de su centro para tratar asuntos relacionados con la igualdad de género y la violencia sobre la mujer.

Podría decirse que el que más roce de los tres ha tenido con la política es Roberto Sánchez Chinchilla. Formó parte de la delegación española, encabezada por la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, que el pasado 18 de marzo intervino en la sede de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza). España se sometía a una evaluación sobre el grado de aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada en 2008.

Roberto intervino en defensa de los centros de educación especial ante el temor de que una reforma educativa apueste por que los discapacitados intelectuales se incorporen a colegios e institutos ordinarios, sin estar estos preparados para atender sus necesidades. Está muy orgulloso de su discurso. Contó cómo comenzó en un colegio de integración, cómo acabó apartado por sus compañeros y sentado al final de la clase porque siempre que la profesora preguntaba levantaba la mano y lo bien que le fue al cambiar a uno especial.

A José de Luna, por su parte, lo acaban de nombrar embajador de Rivas-Vaciamadrid, el municipio madrileño donde reside. Y ha participado, junto a Alberto Nieto y Gloria Ramos [Collantes en Campeones], en el vídeo informativo que la Oficina del Parlamento Europeo en España y Plena Inclusión han lanzado de cara a los comicios europeos del próximo 26 de mayo.

Será también la primera vez que los discapacitados intelectuales españoles voten en la elección del Parlamento de la UE, algo que no todos los europeos en sus mismas circunstancias podrán hacer. Según un informe del Comité Económico y Social Europeo, órgano consultivo de la UE, 800.000 ciudadanos de 16 estados miembros están privados del derecho a voto por su discapacidad o problemas de salud mental en virtud de sus leyes nacionales. Hay 11 estados que sí reconocen el voto a los discapacitados y son Austria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Irlanda, Italia, Letonia, los Países Bajos y Suecia. En nueve, según el citado informe, están excluidos de la participación política: Alemania, Bulgaria, Chipre, Estonia, Grecia, Lituania, Luxemburgo, Polonia y Rumanía. Y en siete depende de la aprobación de un juez o el tutor: Bélgica, Eslovenia, Francia, Hungría, Malta, Portugal y República Checa.

De vuelta al colegio Claret, finalizada la entrevista, los de Campeones se enfrentan a una dificultosa salida. Los rodea el griterío de decenas de niños que quieren una foto o un autógrafo. Para disgusto de la chavalería, José de Luna nunca firma, porque necesita bastante tiempo para escribir su nombre completo. Promete que va a ensayar sólo una J, un garabato. Como hacen los actores de Hollywood o los políticos.

La polémica instrucción de la Junta Electoral Junta Electoral Central emitió una polémica instrucción -5/2019- acerca del voto de las personas con discapacidad. En ella se recogía que si algún miembro de una mesa electoral o algún interventor o apoderado de esa mesa sospechaba «que el voto de una persona con discapacidad no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria» podría hacerlo constar en el acta, aunque en cualquier caso se debía introducir el voto la urna.



El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y otras organizaciones como Plena Inclusión pidieron la anulación «con carácter inmediato» y la Junta Electoral rectificó en una segunda instrucción -7/2019- en la que se seguía mencionando la posibilidad de que en el acta se recoja la sospecha de que un voto no es ejercido de forma voluntaria, pero eliminando la especificación del emitido por «una persona con discapacidad».



El pasado 11 de marzo, laemitió una polémica instrucción -5/2019- acerca del voto de las personas con discapacidad. En ella se recogía que si algún miembro de una mesa electoral o algún interventor o apoderado de esa mesa sospechaba «que el voto de una persona con discapacidad no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria» podría hacerlo constar en el acta, aunque en cualquier caso se debía introducir el voto la urna.El(Cermi) y otras organizaciones como Plena Inclusión pidieron la anulación «con carácter inmediato» y la Junta Electoral rectificó en una segunda instrucción -7/2019- en la que se seguía mencionando la posibilidad de que en el acta se recoja la sospecha de que un voto no es ejercido de forma voluntaria, pero eliminando la especificación del emitido por «una persona con discapacidad». Aun así, Plena Inclusión ha anunciado que denunciará la instrucción ante el Defensor del Pueblo. «Creemos que esa instrucción genera una sospecha que es innecesaria», dice su director Enrique Galván. La nueva reforma electoral abre las urnas a todos los discapacitados intelectuales, independientemente del grado de su discapacidad. «La limitación para votar es la misma que la ley establece para todos», dice Enrique Galván al respecto, «hacerlo de manera libre y consciente».