El condenado ex presidente busca otra reelección en el Senado. Por ahora, el Gobierno no contempla la posibilidad de frenarlo, a pesar de que tiene condenas por corrupción. En la Rioja esquiva las impugnaciones y todo parece estar en manos de la Justicia. La carrera por los fueros. Enterate quién es el juez que lo puede parar.

Con lágrimas en los ojos y junto a un nutrido grupo de partidiarios peronistas riojanos, Carlos Menem formalizó el sábado pasado su candidatura para competir por una banca en el Senado. En ese cargo desde el 10 de diciembre de 2005, a sus 86 años el ex presidente va en busca de una segunda renovación consecutiva en el Congreso. Pero, entre telones, gran parte del arco político nacional está convencido de que persigue la idea de mantenerse con los fueros parlamentarios que le aseguren inmunidad -e impunidad- frente a las causas judiciales que lo tienen cada vez más maniatado.

Sucede que apenas tres días antes de su lanzamiento como precandidato para las PASO, la Cámara Federal de Casación Penal había confirmado una pena de siete años de prisión y catorce de prohibición para ocupar cargos públicos por la causa donde se lo investiga por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia durante su presidencia. La instancia de Casación es una de las finales, y, aunque la defensa de Menem todavía puede apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), se avecina una sentencia firme.

“Con los antecedentes que tiene, Menem no debería poder ser candidato a senador nuevamente”, admitieron por lo bajo a #BORDER desde la Cámara Nacional Electoral (CNE). ¿Y entonces? ¿Cómo lo logra? Si bien el camino hacia las elecciones legislativas de octubre tiene a distintos actores con la posibilidad de auditar e impugnar a los candidatos, quienes tienen mayor fuerza para frenar las ambiciones del ex presidente son la Justicia electoral y el mismo Gobierno nacional.

Pero por el contrario, la administración de Mauricio Macri no planea, hasta el momento, impulsar ninguna medida para frenar a Menem y esperaría a ver cómo se desencadenan los acontecimientos. Tal como pudo saber #BORDER de fuentes oficiales, el freno a quien fue presidente entre 1989 y 1999 no es un tema que se haya mencionado en las reuniones de coordinación de Gabinete. Consideran que la campaña todavía no empezó de lleno y que la instancia para que el Gobierno pueda interceder sobre este asunto todavía está lejos.

Lo mismo sucede dentro del bloque de Cambiemos en el Senado. Allí, la respuesta de los principales espacios de la coalición es casi unánime: “La verdad que no se ha puesto en discusión ni se planteó la idea”. La primera vez que los legisladores oficialistas se reunieron luego del lanzamiento de Menem fue ayer en la previa de la exposición del jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la Cámara alta. “Fue un encuentro más bien protocolar”, deslizaron. No hubo estrategias a futuro. A pesar del discurso de transparencia no se vislumbra ninguna voluntad política en un caso ejemplificador y concreto. Y resulta curioso: no deja de ser un caso que, además, podría ser un antecedente para la situación de candidatos kirchneristas, con Cristina Fernández a la cabeza.

La condena de la semana pasada por las armas no es la primera que recibe quien como senador tiene poca participación: en 2016 faltó a 31 votaciones (86%) y sólo estuvo en 5 (14%). En 2015 el Tribunal Oral Federal 4 consideró a Menem “penalmente responsable” del cobro de sobresueldos y le impuso cuatro años de prisión y una “inhabilitación absoluta perpetua” para ocupar un cargo público. Lo salvan los fueros parlamentarios.

Pareciera que estas dos sentencias, todavía apelables, no le hicieron mella. Desde un primer momento siguió en su banca y, ahora, busca continuar allí. Consultados para este artículo, desde su entorno aseguraron que la intención del ex mandatario es otra, diferente a mantener los fueros. “El peronismo riojano quiere que Menem siga representando a la provincia”, dicen. Cuenta principalmente con el apoyo del ex gobernador riojano y actual diputado nacional, Luis Beder Herrera.

En las elecciones de medio término, La Rioja pone en juego tres bancas en el Senado. Todas hoy son peronistas. Pero este año tendrán un competidor de peso: el radical Julio Martínez, actual ministro de Defensa nacional, que dejará su cargo para competir por un lugar.

Con estos antecedentes y condenas que acarrea, ¿puede Menem ser candidato? ¿Tiene el Congreso la posibilidad de apartar o suspender de su cargo a un legislador? ¿Cómo puede interferir la Justicia?

En cuanto a las variables judiciales, hasta no tener una sentencia firme nada le impide postularse. Existe la posibilidad de que, de aquí a octubre, el ex presidente finalmente reciba una condena firme y, ahí sí, quede inhabilitado para competir. Mientras tanto, en primer término, es la Justicia electoral con competencia en toda la provincia de la Rioja quien podría interceder.

El partido peronista riojano, quien lleva en la cabeza de la lista a Menem, apoyará su candidatura y no se fijará en sus antecedentes, tal como aseguraron desde la organización. Por lo tanto, para detenerlo una posibilidad es que una agrupación local o un fiscal electoral impugne ante la Justicia la postulación del ex presidente. De no suceder, la campaña seguirá su curso. Hasta ahora a nadie se le ocurrió hacerlo, ni siquiera a Martínez, su rival.

Recién en septiembre, una vez finalizadas las PASO y con los candidatos firmes, la Justicia electoral local de cada provincia puede actuar de oficio y revisar el historial de los postulantes al Congreso. Hasta ese momento cada partido debería tener dicha tarea. En La Rioja quien tiene a su cargo la competencia electoral es Daniel Herrera Piedrabuena, el mismo que ordenó el arresto del ex jefe K del Ejército, César Milani. “Tiene los pantalones largos puestos como para frenar las aspiraciones de Menem”, advierten fuentes electorales.

Si finalmente el riojano lograra llegar al Senado, la otra incógnita reside en la potestad del Congreso para rechazar la asunción de Menem en su banca. “A la hora de tener que tomarle juramento, tranquilamente el Senado podría decir: ‘no, no lo vamos a hacer porque consideramos que está moralmente inhabilitado’”, ejemplificó ante #BORDER el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. De nuevo, dependerá de la voluntad política.

Los legisladores podrían apartarlo de su cargo. La Constitución Nacional, en su artículo 66, así lo contempla: “cada Cámara podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral”, dice la Carta Magna. Aún no está presente la voluntad de hacer valer este derecho. De existir, podría ejecutarse.

“En este caso aplicaría porque para suspenderlo por inhabilidad moral es obligatorio que el delito o el hecho que se le imputa al legislador haya sido cometido luego de que jurase en su cargo. Como Menem ya es senador, es totalmente válido”, explicó para este artículo el abogado constitucionalista Félix Lonigro. Por otro lado, el Congreso también podría votar para quitarle los fueros. Pero antes, para que ello suceda, alguno de los jueces que llevan las causas contra Menem deberían pedirlo. Aquí el Senado no puede interceder sin el pedido de la Justicia.

El antecedente más recordado es el del represor y ex comisario Luis Patti, que en 2006 recibió el rechazo de la cámara de Diputados. Fue por “inhabilidad moral”, pero como todavía no había ejercido su cargo, la Corte terminó fallando a su favor y terminó siendo apartado por desafuero. Menem sí podría ser removido. Falta poner el discurso anticorrupción en línea con las ganas de aplicarlo.