Podría haber sido un gran pelotazo inmobilario, pero al final probablemente se quedará en lo que la Plataforma Salvem La Molina siempre ha denunciado: una grave infracción urbanística a la que el Ayuntamiento de Alp está obligado a poner coto 15 años después de que los vecinos presentaran las primeras quejas. La rectificación municipal ha sido dictada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que, en una resolución hecha pública este mes, ha confirmado «integramente» la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Girona que en el 2012 obligaba al consistorio de la Cerdanya a «incoar, tramitar y resolver el correspondiente expediente de protección de la legalidad urbanística».

Vicenç Torrent, presidente de la plataforma, explica que en el verano del 2000 un vecino propietario de una segunda residencia presentó la primera reclamación al ayuntamiento, tras constatar que la empresa Comercial Inmobiliaria La Molina había procedido a la tala de árboles y al vertido de tierras y escombros en una finca propiedad de la compañía, de unas tres hectáreas de superficie, situada en el paraje del Camí de l'Aigüa, un bosque de la urbanización Supermolina considerado zona forestal y que está protegido por el Plan Intermunicipal de la Cerdanya.

Además, con los residuos depositados, que llegaron a los 83.000 metros cúbicos, se aprovechó para levantar dos enormes taludes y crear dos grandes plataformas con el fin de salvar el desnivel orográfico, de unos 40 metros, llegándose a sepultar árboles enteros. «Era una operación redonda, la empresa aprovechaba la finca como depósito de tierras y escombros procedentes de otras obras y utilizaba los desechos para nivelarla, con el fin de poder construir casas en el futuro», explica Torrent mientras contempla el tremendo mordisco sobre el bosque que causó aquella actuación.

Informes contrarios

Durante años, a pesar que los arquitectos municipales emitieron un informe denunciando que se estaba infringiendo la normativa, que la Agència Catalana de Residus solicitó información al ayuntamiento por los vertidos y que la Dirección General de Urbanismo constató que las obras se habían efectuado sin licencia, el alcalde de la época, Cosme Ruaix, se negó a expedientar a la empresa. Incluso, el edil intentó legalizar el desaguisado con un nuevo planeamiento urbanístico (POUM) que la Comisión de Urbanismo de Girona aprobó de forma inicial en el 2009, aunque, finalmente, quedó paralizado.

Luego llegaron las denuncias, con la presentación de una demanda contencioso adminsitrativo que se resolvió a favor de la plataforma y con una querella criminal contra el exalcalde que todavía está pendiente. En su fallo, el TSJC obliga al ayuntamiento de Alp a incoar un expediente de protección de la legalidad urbanística, señalando, además, que existen «profundas evidencias merecedoras de investigación y depuración».

Cosme Ruaix alega que se trata de un asunto «burocrático» y que lo único que ha hecho el tribunal es decir que el ayuntamiento tenía que haber hecho la tramitación administrativa de otra manera. «La plataforma está haciendo mucho ruido con esta sentencia porque ha perdido otros casos que también denunció», afirma.

El futuro

El actual alcalde, Ramon Moliner (CiU), prefiere no pronunciarse sobre el resultado del expediente, a pesar de las dos sentencias . «Lo primero que hará el nuevo ayuntamiento será sentarse con los asesores municipales y decidir los pasos que hay que dar», alega.

Pero para el abogado Pablo Feu, que defiende los intereses de Salvem La Molina, no hay duda posible. «El único camino que tienen es sancionar a la empresa responsable y obligarla a restituir el paraje afectado a su estado natural», asegura. El letrado denuncia que la actuación de la Comisión de Urbanismo de Girona fue «escandalosa» y advierte que «alguna cosa no va bien cuando han de ser los ciudadanos los que obliguen a la Administración a cumplir la normativa legal a través de los tribunales».