Con el objetivo de que los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que hayan incurrido en crímenes de lesa humanidad paguen por sus actos, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) podrían unir fuerzas en los próximos días.

“Se van a unir la OEA y ONU para hacer una recopilación que luego iría a parar ante la Corte Penal Internacional”, informó Diego Arria, ex presidente del Consejo de Seguridad de la ONU en declaraciones para El Nacional Web.

El dirigente acotó que, de materializarse la iniciativa, sería la primera vez en el mundo que un organismo regional y otro mundial se unen para buscar solucionar la crisis de un país.

“Si los declaran culpables, se convertirán oficialmente en criminales internacionales”, advirtió, trayendo como consecuencia que prácticamente queden encerrados en su país, pues no podrían refugiarse en ninguna de las 121 naciones suscritas al Estatuto, que estarían en obligación de aprehenderlos.

Y es que más allá de señalamientos por parte de dirigentes opositores o miembros de organizaciones no gubernamentales, el Ministerio Público (MP) venezolano está facilitando información a la comunidad internacional. Además de esto, el órgano de justicia posee evidencias de crímenes de corrupción y agresiones por parte de cuerpos de seguridad contra ciudadanos, como ha indicado la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.

Zair Mundaray, director general de Actuación Procesal y tercero en la cadena de mando del MP, afirmó que tienen evidencias para llevar a cabo las investigaciones.

“Hay elementos que permitirían que haya acciones por la comisión de hechos punibles”, señaló para El Nacional Web.

Agregó que ya están activados todos los mecanismos de cooperación internacional y de justicia universal para colaborar en los trabajos.

Tanto Arria como Mundaray coincidieron y hablaron sobre la situación de Venezuela en un foro organizado en Ginebra, Suiza, por la ONG UN Watch, encargada de supervisar el desempeño de las Naciones Unidas por el criterio de su propia Carta.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, afirmó el lunes que pueden haberse cometido “crímenes contra la humanidad” en Venezuela como parte de las protestas antigubernamentales, y además, urgió al Consejo de Derechos Humanos a abrir una investigación internacional.

“Mi investigación sugiere la posibilidad de que se puedan haber cometido crímenes contra la humanidad, algo que solo puede ser confirmado por una investigación penal ulterior”, señaló el diplomático jordano en su discurso de apertura de la trigésima sexta sesión del Consejo de Derechos Humanos.

Una carrera contra el tiempo

Indiferentemente de que prosperen las investigaciones de la Corte Penal Internacional, podrían pasar años para que puedan dar un veredicto, debido a la complejidad y la delicadeza de sus decisiones.“Hay que tener precisión jurídica y poner en práctica los enlaces que sean necesarios para saber si al final funcionan efectivamente en el caso de Venezuela”, indicó Mundaray.

Mientras, Arria reconoció que la población tiene derecho a impacientarse luego de 18 años tras el dominio del chavismo, pero indicó que hay medidas que pueden acelerar el procedimiento.

“Venezuela y 18 países de la OEA están suscritos al Estatuto de Roma. Si al menos un país refiere el caso venezolano a la Corte Penal Internacional, inmediatamente un fiscal debe comenzar la investigación, ahorrando hasta tres años de espera”, explicó el embajador.

En ese sentido, en 2011, Arria formalizó una denuncia contra el entonces presidente de la República, Hugo Chávez, también por su presunta comisión de delitos de lesa humanidad “pero el todopoderoso lo encontró primero”, como sostuvo ante UN Watch.

Eso sí, aseveró que tarde o temprano, siempre y cuando sean hallados culpables, los implicados en crímenes contra la humanidad no tendrían escapatoria, pues ocurriría algo similar a lo que aconteció con la salida de Venezuela de la OEA, bloque regional en el que volvió a participar en los debates mientras el proceso para su retirada culmina (aproximadamente en 2019), por lo que les sería imposible separarse de todos los tratados, acuerdos e instancias internacionales ante las cuales el país está inscrito.