La Querella Argentina sigue adelante. Este mes de diciembre dos nuevas víctimas declaran ante la justicia por los crímenes del franquismo.

Julia Lanas Zamakola, de 97 años, lo hizo el pasado el 16 de diciembre en el Juzgado de Gernika. El padre de Julia fue torturado, encarcelado y fusilado en 1937. Sus hermanos también fueron prisioneros de guerra durante varios años, y su esposo estuvo detenido en campos de concentración franceses y, posteriormente, encarcelado en los años 60. Julia ya ha declarado.

El 21 de diciembre a las 10:30h lo hará en el Juzgado de Instrucción nº 7 de Bilbao Tasio Erkizia Almandoz de 73 años, fundador de Herri Batasuna. Poco antes de la muerte de Franco, el 8 de mayo de 1975, Tasio Erkizia fue detenido durante el estado de excepción y fue torturado en la comisaría. Además de golpes, sufrió un intento de violación. Debido a las lesiones sufridas, estuvo dos meses hospitalizado, en grave estado.

Las zancadillas del Gobierno a los Derechos Humanos

La Querella Argentina ya ha recogido cientos de denuncias por parte no sólo de colectivos memorialistas, sino también de víctimas directas del franquismo. Dichas víctimas no sólo tienen que sentir el oprobio de que estos crímenes tengan que ser juzgados desde el extranjero, sino que además ven como desde el Gobierno no dejan de poner más y más trabas.

Desde que comenzó la Querella Argentina, el Gobierno de Mariano Rajoy se ha negado a perseguir los crímenes del franquismo, tal como explica en las páginas de Diario16 Víctor Arrogante. En el verano de 2015, la ONU desde el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por que todavía no se hayan aclarado los crímenes franquistas y pidió la derogación de la Ley de Amnistía.

Ante esto, el Gobierno de del PP dio todo su respaldo a los franquistas y torturadores ignorando estas peticiones y viendo su postura reforzada por la Fiscalía General del Estado que ha pedido el cese de las declaraciones por la prescripción de delitos.

El momento clave

En septiembre de 2013 se produce el momento más importante de la Querella Argentina, cuando la Jueza Servini dicta la orden de detención internacional contra cuatro supuestos torturadores franquistas.

Estos son el exescolta de Francisco Franco y de la Casa Real española Celso Galván Abascal, el excomisario José Ignacio Giralte González, el exinspector José Antonio González Pacheco, apodado «Billy El Niño» y el exagente de la Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar.

Esta petición pasó por diferentes manos, y antes de que la justicia diera su sentencia, el Partido Popular se negó en rotundo a que el Gobierno colaborase en la investigación contra el franquismo.

La querella sigue avanzando y en noviembre de 2015, Interpol, a requerimiento del Ministerio Público argentino solicita la detención de los exfuncionarios de la dictadura de Francisco Franco, entre los que se encuentran altos cargos como Martín Villa, ministro de la Gobernación de la UCD entre 1976 y 1979.

Interpol España, en cambio, ha presentado alegaciones ante su Secretaría General con sede en Lyon (Francia) para no tener que detener a los reclamados.

Finalmente, en 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy dice públicamente que no detendrá a los exministros franquistas. De esta forma, el Partido Popular ha seguido ganando tiempo, mientras se opone a cumplir los Derechos Humanos.

Cuando España daba lecciones de Derechos Humanos

No deja de suponer una contradicción que España se oponga a las detenciones de franquistas si tenemos en cuenta que nuestro país fue uno de los artífices del encarcelamiento del exmilitar Scilingo por crímenes de lesa humanidad, curiosamente los mismos delitos por los que se acusa a los franquistas en la Querella Argentina.

Scilingo fue detenido en España, cuando fue llamado por Televisión Española, para una supuesta entrevista. La justicia le esperaba y al salir del avión fue detenido y conducido a los tribunales. Scilingo fue acusado por los ignominiosos “vuelos de la muerte” durante la dictadura argentina.

Esta detención se produjo en 1997 y once años después parece que ya no somos el mismo país. Ahora España está en el otro lado, aquel se protege a quienes son acusados por cometer crímenes contra los derechos más básicos.

Aun así, víctimas y jueces no se rinden y, haciendo caso omiso a la Fiscalía, siguen las declaraciones y las vistas haciendo que la Querella Argentina prosiga en su empeño por la justicia y la reparación.