El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya; el presidente de la Cámara de Diputados, José Carlos Ramírez Marín; el jefe del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto; el titular de de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el encargado de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, durante la tercera sesión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en Palacio Nacional Foto Cristina Rodríguez

Alonso Urrutia y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 22 de diciembre de 2017, p. 3

El presidente Enrique Peña Nieto promulgó ayer la polémica Ley de Seguridad Interior, publicada más tarde en edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. Ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) había anunciado que si bien es una norma sensible que ha sido objetada en su constitucionalidad, sostuvo que corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) su interpretación.

Flanqueado por los secretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, y de la Marina, almirante Francisco Vidal Soberón, Peña Nieto ingresó al salón Tesorería de Palacio Nacional y ahí, ante el consejo en pleno, sostuvo que la Corte sólo puede pronunciarse sobre una ley una vez que ha sido promulgada. Por tanto, doy la bienvenida al análisis que, en su momento, lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia .

No obstante, acotó: Soy consciente de que este ordenamiento, que habré de promulgar esta tarde, es especialmente sensible para la vida pública del país. Por eso no emitiré declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad .

La aplicación de la ley

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Seguridad Interior, el Presidente podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de los estados o de gobernadores, la intervención de la Federación para instrumentar acciones de seguridad en una región de los estados.

En el artículo 12, la ley señala: “El Presidente, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, contadas a partir de recibir la solicitud, la Declaratoria de Protección a la Seguridad interior, la cual deberá notificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas”.

Al abstenerse de instrumentarla en los hechos, la SCJN será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva, pero ello no significa que dejará de haber intervención de la Federación en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan .