El "impuesto al sol" ya está muerto. Tras años de batallas políticas, jurídicas y sociales, el viernes 5 de octubre el Gobierno de España lo liquidó. La duda que queda en el tintero es, ¿qué pasa ahora?

Examinamos el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores y analizamos las claves del futuro del autoconsumo en España. Algo que no acaba con la derogación del "impuesto", sino que acaba de empezar.

Se abre el concepto de autoconsumo

Hasta ahora, cuando hablábamos de 'autoconsumo' la imagen que nos venía a la mente era, básicamente, poner paneles solares en el tejado de nuestra casa unifamiliar. Y lo era por buenos motivos, cuando se reguló el autoconsumo en 2015 se prohibió expresamente que una misma instalación pudiera ser utilizada por varios vecinos de un mismo edificio.

No se trataba de una decisión anecdótica: el 66,5% de los españoles vive en bloques de pisos. Así que prohibiendo el autoconsumo compartido se achicaba el terreno de juego de forma muy importante. Tras dos años de batalla legal, el Tribunal Constitucional anuló esa prohibición el 2 de junio de 2017.

La nueva legislación recoge este derecho al autoconsumo compartido y cambia su definición para incluirlo dentro. Además, y esto es muy importante, a partir de ahora no será necesario que la instalación esté dentro del mismo edificio, basta con que esté cerca de los consumidores. De esta forma, las comunidades de vecinos tendrán mucha mayor capacidad (y flexibilidad) a la hora de apostar por autoconsumo compartido.

Mucho menos papeleo

Antes he dicho que desde junio de 2017, el autoconsumo compartido volvía a ser legal. Pero eso no lo hacía factible. Como ya contamos en agosto de este año, la primera instalación compartida del país había necesitado un año de papeleos y burocracia para una autorización administrativa que, sobre el papel, hubiera requerido unas pocas semanas.

Por eso, el cambio clave de esta reforma era lo que afectaba al papeleo, la burocracia y los trámites administrativos. Y el Decreto ha decidido cortar por lo sano: solo las instalaciones grandes que vayan a verter electricidad a la red deben pedir permiso a las compañías eléctricas para conectarse. Las instalaciones domésticas quedan exentas de ese requisito, algo que junto al contador específico de autoconsumo y el fin de la obligatoriedad de apuntarse al registro de autoconsumo simplifica el proceso.

Sin cargos, ni peajes

Este es otro de los temas centrales del decreto, la prohibición de establecer cargos o peajes a toda energía renovable que vaya a ser autoconsumida. Aunque es cierto que para las instalaciones domésticas esto no tiene efectos reales (en esos casos el "impuesto al sol" no se cobraba), resuelve el mayor problema que teníamos hasta ahora: la inseguridad derivada de no saber cuándo iba a empezar a gravar el autoconsumo doméstico.

Con esta prohibición, se aligera la amenaza implícita que esto conllevaba y se sientan las bases para poner en marcha las inversiones necesarias. Sin embargo, la inestabilidad política en la que vivimos juega en contra del decreto. Nadie sabe si en los próximos meses habrá adelanto electoral y, quién sabe, si volveremos a la legislación anterior.

Sanciones razonables

Hay muchas más novedades que tienen que ver con la facturación neta de excedentes o el "impuesto de baterías" que trataba de penalizar el cambio de potencia, pero el último eje fundamental del decreto es la llegada del sentido común al régimen sancionador.

Con la anterior regulación, las sanciones podían llegar a los 60 millones de euros. Ahora, con el nuevo decreto, la sanción nunca podrá superar el 10% de la factura anual del consumidor. Esto, como coinciden los expertos, también ayuda a reducir la incertidumbre sobre las instalaciones de autoconsumo y, previsiblemente, facilitar su expansión.

El reto de incentivar en medio de la inestabilidad política

Como hemos repetido varias veces, el "impuesto al sol" no era un impuesto en sentido estricto. Se trataba más bien de un conjunto de medidas (muchas de ellas ni siquiera desarrolladas) que pretendían desincentivar el autoconsumo energético. Y los casi 1100 días de "impuesto" parecen haber funcionado: en España hay apenas un millar de autoconsumidores, frente al millón largo que existe en Alemania.

El gran reto del Gobierno no es retirar el "impuesto al sol", sino conseguir impulsar el autoconsumo de forma efectiva. Y más aún en un contexto político tan inestable como el actual. No parece fácil. Sobre todo, porque apostar en serio por la energía renovable conlleva sobre todo abordar la reforma de la red eléctrica. Aún queda, pero sea como sea esto parece un buen paso adelante.