MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid ha pedido 4 años de cárcel y una multa de 100 millones de euros para el banquero Jaime Botín, al que acusa de un delito de contrabando de bienes culturales por haber intentado sacar de España el cuadro de Picasso 'Cabeza de mujer joven', pintada en 1906 y valorado en 26 millones de euros, sin la autorización pertinente.

Según recoge el escrito del Ministerio Fiscal presentado al Juzgado de Instrucción número 4 de Pozuelo de Alarcón, Botín, propietario de la obra original, la tenía en su casa situada en la urbanización de Somosaguas, en Pozuelo y se puso en contacto con la empresa Christies, especializada en la subasta de obras de arte, "con el fin de vender a través de la misma", la pintura en una subasta programada para el mes de febrero de 2013 en Londres.

El fiscal ha explicado que el personal de Christies le informó de que, dada la antigüedad de la obra debía pedir autorización al Ministerio de Cultural para su exportación. Este permiso, explica, era "necesario al tratarse de un bien perteneciente al Patrimonio Histórico Español, dado su evidente interés histórico-artístico" y por tener una antigüedad superior a los cien años.

Por eso, el 5 de diciembre de 2012 el acusado "autorizó de su puño y letra" a la casa de subastas que presentara y gestionara la licencia de exportación con posibilidad de venta, como dueño de pleno dominio de la obra ante el Ministerio de Cultura.

Tras la solicitud, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, organismo consultivo del Ministerio, se reunió el 13 de diciembre y propuso por unanimidad la denegación de la exportación solicitada y la declaración de inexportabilidad, "por no existir obra semejante en territorio español".

Y es que, como recoge, se trata de una de las pocas obras de Picasso en el periodo 'Gosol', etapa en la que se ve influenciado por la plástica del arte ibérico, con la influencia decisiva en el cubismo y en la evolución posterior de la pintura en el siglo XX.

Siguiendo este dictamen, el director general de Bellas Rtes dictó una resolución denegando la solicitud y el Ministerio, además, emitió una orden declarando la inexportabilidad del cuadro como medida cautelar hasta la pertinente declaración de Bien de Interés Cultural, notificándolo tanto a Christies como al acusado en enero de 2013.

TRATÓ DE SACARLO EN BARCO

En este punto, el fiscal apunta que Botín "plenamente consciente de la total y patente prohibición administrativa", trasladó el cuadro a un yate suyo, atracado en el puerto de Valencia, con la finalidad de sacarlo ilícitamente de España, "dando instrucciones a su capitán para que ocultara a las autoridades la presencia de la obra en el barco".

En junio de 2015, el Servicio Fiscal de la Guardia Civil realizó una inspección en el buque y al solicitar al capitán una declaración de los bienes que estaban a bordo, éste "siguiendo las instrucciones de su patrón y sin que conste en su conocimiento de la prohibición de salida del cuadro", no lo incluyó en la lista.

En el mes de julio, el barco atracó en el puerto de Calvi (Córcega, Francia) con el cuadro a bordo mientras que Botín contrató con la empresa 'Netjets Transportes Aéreos la reserva de un vuelo para trasladarse con el cuadro a Ginebra (Suiza), dando instrucciones al capitán de que preparara el cuadro.

Los servicios aduaneros franceses, al tener conocimiento de la idea de Botín, ordenaron la pertinente inspección y localizaron el cuadro embalado en la cabina del comandante y procedieron a su intervención.

El Juzgado instructor acordó en un auto de agosto de 2015 el aseguramiento del cuadro como medida cautelar y por otro lado, emitir reconocimiento necesario para que el cuadro fuese trasladado a España. El 10 de agosto la autoridad judicial de Bastia autorizó la entrega de la obra a la Guardia Civil, que trasladó el cuadro al Museo Nacional Reina Sofía, donde quedó a disposición judicial.

Por todo ello, el Ministerio fiscal pide una pena de 4 años de prisión para Botín, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, además de una multa de 100 millones de euros y en caso de impago, la responsabilidad subsidiaria de seis meses de privación de libertad.