Los datos, en el informe circunstanciado del instituto

[email protected] Del total de las pruebas ofrecidas originalmente por la Coalición Movimiento Progresista para anular la elección presidencial, 65.50% no están relacionadas con este proceso, sino que son relativas a elecciones a gobernadores, diputados o senadores, según el informe circunstanciado enviado por el IFE al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Debido a ello, se indica en el texto, no cumplen con los requisitos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, por lo que el IFE pide a los magistrados que sean descartadas al analizar la petición de nulidad de la pasada elección presidencial.

De las 2 mil 171 pruebas restantes, que equivalen a 34.49% de las que fueron presentadas y que sí se relacionarían con la elección, mil 112 —casi la mitad— carecen de los requisitos que la citada ley establece para analizar pruebas confesionales y testimoniales, es decir, no fueron emitidas ni consignadas ante un fedatario público.

Se trata de 495 escritos a mano, 507 en computadora y 108 formatos con el membrete de “escritos de incidentes”, y otros dos llamados “inconformidad ciudadana”, pero sin las formalidades que prevé el artículo 14 de la ley antes mencionada para ser tomadas en cuenta en el juicio electoral.

Otras pruebas son 13 comparecencias ante notario y 18 denuncias ante el Ministerio Público.

Además, entre los elementos con los que la coalición asegura que podrían acreditarse irregularidades suficientes para anular el proceso, hay 2 mil 902 tarjetas, entre ellas 2 mil 435 de Soriana y 628 telefónicas, con la imagen de Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición Compromiso por México.

Al impugnar la elección, el pasado 12 de julio la coalición de izquierdas, que postuló a Andrés Manuel López Obrador, presentó 6 mil 294 pruebas contenidas en 58 cajas, por eso colocó al aire sus spots denominados “Miles de pruebas”.

Sin embargo, al realizar su informe, el IFE concluyó que 4 mil 123 (65.50%) no son de la elección presidencial, por lo que se redujeron las “miles” de pruebas anunciadas.

La mayoría no reuniría requisitos para ser consideradas pruebas plenas; en todo caso meros elementos indiciarios.