El vicepresidente Amado Boudou justificó parte de su voluminoso crecimiento patrimonial de los últimos años con el cobro de viáticos mientras era ministro de Economía, hasta superar los $ 180.000 . Ese monto de dinero se incorporó como parte de sus "ingresos" y, luego, de su "patrimonio", confirmaron a LA NACION dos fuentes tribunalicias que accedieron al escrito que presentó para defenderse de las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito.

Lejos de reintegrar a las arcas oficiales los viáticos que no gastó durante sus viajes locales y al exterior como parte de su servicio público, Boudou los incorporó dentro de sus "ingresos". Para eso, los colocó en un ítem distinto de su remuneración durante 2009, cuando pasó de la Anses al Palacio de Hacienda, y en 2010 y 2011, cuando de ministro pasó a la vicepresidencia.

Así, durante 2009, Boudou consignó que incorporó a su "activo" patrimonial viáticos "en pesos y en dólares" por poco más de $ 24.000; en 2010, se quedó con poco más de $ 91.400; y en 2011, otros $ 65.300, para redondear un total de $ 180.700, el equivalente a tres pequeños autos al valor vigente de plaza durante aquellos años.

La explicación de Boudou, quien se encuentra imputado en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y diversos supuestos delitos por su rol en el "caso Ciccone", quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien ordenó un peritaje contable del patrimonio del vicepresidente y de todo su entorno familiar y de negocios desde que ingresó en la función pública.

Firmado junto a sus abogados defensores, Diego Pirota y Eduardo Durañona, el escrito de Boudou ya le deparó a algunos dolores de cabeza. El primero ocurrió cuando debió aclarar su versión de los hechos sobre la explotación de 62.000 hectáreas por parte de su abuelo en Paraguay, cuando la prensa guaraní comenzó a mostrar inconsistencias al respecto. En el caso de los viáticos, sin embargo, ya cuatro secretarios privados de la pareja presidencial, Julio Daniel Álvarez, Isidro Bounine, Daniel Muñoz y Fabián Gutiérrez, fueron sobreseídos por la Justicia, que consideró justificados sus incrementos patrimoniales gracias al cobro de viáticos.

Pero no todos los acusados por quedarse con viáticos corrieron con la misma suerte. En diciembre de 2011, por ejemplo, la Cámara de Casación rechazó la pretensión de Mario Pontaquarto, el supuesto arrepentido de pagar coimas para aprobar la reforma laboral durante el gobierno de Fernando de la Rúa, de enfrentar por separado dos juicios orales por supuestos sobornos y por fraude, ya que se lo procesó por no devolver $ 30.000 en viáticos oficiales.

Toda la operatoria de los viáticos se encuentra regulada por el decreto 1906/06, que firmó Néstor Kirchner. En el inciso "i" del artículo 2, expone que el funcionario que los haya recibido "deberá rendir el saldo pendiente de los fondos" dentro de las 72 horas posteriores a su regreso, junto con "los pasajes y demás documentación que permita acreditar esas circunstancias".

Aún así, la gestión de los viáticos por parte de Boudou acumula un antecedente incómodo como titular del Senado, donde se autorizaron gastos de entre $ 38.000 y $ 140.000 para sus custodios, por viajes dentro y fuera del país que no estuvieron en la agenda del vicepresidente, según reveló LA NACION en abril pasado.

Boudou relativizó esos datos y los comparó con los números de su antecesor en el cargo, el radical Julio Cobos, al que acusó de mostrar números "inexplicables", dado su casi inexistente rol institucional desde que se enfrentó con la presidenta Cristina Kirchner. En su escrito defensivo, además, Boudou detalló los dividendos que percibió por las únicas dos sociedades en las que reconoce su participación, Inversiones Inmobiliarias Aspen y Hábitat Natural, junto a su amigo José María Núñez Carmona, eslabón clave en la resurrección de la ex Ciccone junto a Alejandro Vandenbroele.

Pero incluso su participación en ambas sociedades resultó cuestionada. El ex fiscal nacional de Investigaciones Administrativas y actual diputado, Manuel Garrido, lo denunció por las "serias inconsistencias" verificadas en las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y los datos contables que presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

La investigación patrimonial en marcha se ampliará aún más, ya que el vicepresidente pretendía que se acote a los últimos años, desde que ganó presencia en el Gobierno, pero el juez Lijo dispuso que comience en 1998, cuando dio sus primeros pasos en la Anses.