Foto: ÁLVARO GARCÍA / Vídeo: ATLAS

La voluntad política es un concepto difícil de definir. Pero todos los que se mueven en el entorno de lo público acuden a él como un poder supremo: el que puede mover cualquier cosa. Nadie sabe bien cómo funciona, pero todos confían en ella. Desde la semana pasada, cuando se produjo un nuevo suicidio por un desahucio, la voluntad política se ha puesto en marcha a toda velocidad y en unos pocos días ha logrado cambiar algo que, tanto en los últimos años de José Luis Rodríguez Zapatero como en los primeros meses de Mariano Rajoy, parecía impensable: cambiar la legislación sobre los desahucios y las hipotecas en España, una de las más duras de Europa y con un siglo de antigüedad.

Dos equipos técnicos del Gobierno y el PSOE negociaron este lunes en La Moncloa una serie de reformas. Después de casi seis horas, según fuentes socialistas, no se pudo cerrar un acuerdo, aunque hubo muchos avances. La reunión seguirá este martes. Los socialistas quieren ir más lejos que el Ejecutivo, aunque parece que hay voluntad de pacto. Algunas de esas reformas que se ultiman son del código de buenas prácticas para los bancos, y otras son cambios legales importantes, que llevarán algo más de tiempo, pero cuya tramitación iniciará de urgencia el Consejo de Ministros del jueves a través de un decreto, según la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Hay acuerdo en concretar una moratoria para algunos tipos de desahucios. Pero el PSOE quiere además cambiar la ley hipotecaria para que nunca más se produzcan hipotecas abusivas. Y ahí el acuerdo parece más difícil.

En cualquier caso, en un fin de semana ha cambiado casi todo. No solo ha habido negociaciones dentro del propio Gobierno, entre los distintos ministerios, y con el PSOE, un partido que empujó al Ejecutivo al presentar una completa reforma de la legislación de desahucios. También ha habido diversas conversaciones entre el Ejecutivo y los representantes de bancos y cajas de ahorro. En medio de una enorme presión social, bancos y cajas dieron este lunes el primer paso y se adelantaron a los políticos, dando así la sensación de que se autorregulan, aunque la realidad es que ha habido muchas conversaciones por detrás, según fuentes políticas.

Lo que aún no está del todo claro es hasta dónde llegará ese freno a los desahucios en marcha. El PSOE ha apretado el acelerador. El Gobierno, que hace solo dos semanas dijo que solo habría modificaciones del código de buenas prácticas para que los bancos voluntariamente frenaran los desahucios, aceptó poco después la idea de que tiene que haber cambios legales. Eso llegó durante la reunión entre la vicepresidenta y la número dos del PSOE, Elena Valenciano, el miércoles.

Sin embargo, el Ejecutivo, y en especial el Ministerio de Economía, quiere actuar con muchísima cautela. El riesgo de que la valoración de los bancos españoles se hunda o incluso la prima de riesgo se dispare —este lunes estaba en 450, aunque por otros motivos— con una reforma radical de la legislación de desahucios es real, señalan fuentes del Ejecutivo. El temor de Economía es que se generalicen los impagos.

La vicepresidenta, muy presionada por el drama social y convencida de que, en un momento en que se van a dar 40.000 millones en ayudas a la banca, este asunto puede acabar en un estallido social incontrolable, ha movido sus piezas para forzar reformas legales aunque con cautela.

El Gobierno no ha querido dejar que el PSOE ocupara este espacio político en un asunto tan sensible y ha decidido buscar un acuerdo con el principal partido de la oposición, aunque eso haya supuesto dejar fuera, en un primer momento, a todas las demás fuerzas y también a grupos de presión muy activos en los últimos años en el asunto de los desahucios, como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH).

Algunos de estos grupos que se quedan fuera, en especial IU-ICV, llevan años planteando medidas similares a las que ahora se van a aprobar y que tanto el PP como el PSOE votaban sistemáticamente en contra. Pero ahora la voluntad política ha cambiado y la presión social ha hecho girar a los dos grandes partidos.

El encuentro de este lunes es el segundo entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición en la búsqueda de soluciones para este asunto: la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, acordaron el pasado 7 de noviembre frenar "cuanto antes" la situación de los desahucios en España. La número dos del PP, Dolores de Cospedal, ha puesto en valor este lunes, mientras la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se manifestaba ante la sede nacional del partido, que “Mariano Rajoy sea el primer presidente del Gobierno que quiera tomar decisiones” ante una situación que “viene de lejos”. Sin concreción sobre “el abanico de soluciones y de propuestas las que hay que poner encima de la mesa”, Cospedal se ha remitido a lo que decida el Ejecutivo y ha insistido en que cree que “se ha hecho lo más racional en este momento”. “Vamos a solucionar el problema”, ha asegurado, y para ello se ha convocado al principal partido de la oposición. “Hay muchas familias que están perdiendo sus viviendas y el Gobierno, que lleva 11 meses en La Moncloa, ha estudiado este tema con una sensibilidad social más allá del código de buenas prácticas”, ha recalcado, informa Francesco Manetto. El ministro de Economía, Luis de Guindos, también se ha pronunciado al respecto desde la Eurocámara de Bruselas. Guindos ha anunciado que el Gobierno adoptará medidas, de acuerdo con el PSOE, para que ninguna familia "de buena fe se quede sin techo como consecuencia de la crisis".