Un sorpresivo antecedentes surgió ayer en la comisión investigadora que ve el caso de la fusión de la AFP Cuprum del grupo estadounidense Principal con Argentum, operación que permitió a la firma obtener un beneficio tributario (goodwill) de $ 80 mil millones.

En medio de las denuncias de parlamentarios, como la del diputado Fuad Chahin –el más crítico del proceso ordenado por la superintendencia– por el lobby que habría ejercido la embajada estadounidense en Chile, la Cámara de Comercio Chileno Norteamericana y los grupo aseguradores Principal y Metlife, ayer asistió a la sesión el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y reveló que en octubre pasado se reunió con altos ejecutivos de Principal en Nueva York. Cabe mencionar que Metlife compró AFP Provida a través de una fusión en condiciones similares a Cuprum. La dos operaciones en total obtuvieron un beneficio tributario de US$ 500 millones.

La presencia de Valdés en Estados Unidos fue un viaje relámpago que en ese momento fue explicado a propósito del interés del Gobierno por explicar la situación fiscal del país a “inversionistas” y dar señales de tranquilidad a propósito de la desaceleración de la economía chilena en medio del enfriamiento de la región. Allá hizo una presentación ante el Council of the Americas y también tuvo un encuentro con ejecutivos de la firma de gestión de inversiones globales BlackRock, cuyo representante en Chile es Axel Christensen.

Pero no se sabía de ningún encuentro con Principal Group. Valdés lo explicó así ayer en la comisión: “Me he reunido con representantes de las empresas, he tenido muchas reuniones… me tocaron este tema específicamente en Nueva York, un ejecutivo alto, ni me acuerdo de cuál empresa. Hicieron su caso, escuché y lo que he dicho siempre, no esperen un pronunciamiento público de esta autoridad… Hay editoriales (de diarios) que dicen que debo pronunciarme, que se tiñó políticamente el caso… Yo he dicho en estas reuniones que no haré pronunciamiento público. Las instituciones deben funcionar”, dijo Valdés, asegurando que esto permite a las autoridades administrativas tener autonomía.

Olvidó, eso sí, Valdés que el 5 de junio de 2015, en los días previos a la creación de la comisión investigadora, la cartera que dirige –no él en persona– ya había hecho pública su opinión sobre la autorización dada por Agnic a comienzos de 2015, apoyando el visto bueno que la ex superintendenta de Pensiones dio a la operación de fusión de Cuprum con Argentum. “Las situaciones que se han conocido son procesos de reestructuraciones que partieron antes del 31 de diciembre de 2014; por lo tanto, están aún amparadas en la legislación antigua que permitía la depreciación del goodwill y, por lo tanto, la rebaja de impuestos. Desde el 1 de enero de este año en adelante este tipo de operaciones ya no se pueden hacer”, afirmó el ministerio ese día.

El secretario de Estado explicó además por qué no se conocía de tal reunión por la Ley del Lobby, que obliga a hacer públicos los encuentros de autoridades.

A través de un comunicado la cartera indicó que “las conversaciones específicas no fueron incluidas, ya que la Ley del Lobby (artículo 6 N° 1) excluye del registro y, por tanto, no constituye lobby, ‘los planteamientos o las peticiones realizados con ocasión de una reunión, actividad o asamblea de carácter público y aquellos que tengan estricta relación con el trabajo en terreno propio de las tareas de representación realizadas por un sujeto pasivo en el ejercicio de sus funciones’”, agregando que en la plataforma soo está indicado que hubo una reunión con empresarios en Nueva York.

Pero el ministro tenía más que decir en la ocasión. En su alocución inicial tuvo una defensa cerrada de la resolución de la superintendencia que ahora dirige Macías, con argumentos que provocaron polémica con el DC Chahin.

“El efecto total para el país en impuestos no puede ser mirado en solo este tema de tributación que se ganó o perdió. Ya tuvimos una pequeña discusión recientemente si se ganaba o no tener en términos de los afiliados un manejador experto, de empresas mundiales que se dedican a esto, versus un grupo (Penta) que después cayó en varios problemas. Pero creo que es más fácil ir a los números”, dijo.

Luego agregó que cuando se anunció la OPA de Principal sobre Cuprum hace casi tres años, “para esta compra se genera valor para los accionistas en general, pero que reflejan al final del día un mayor valor de la compañía como manejador de activos para sus afiliados, un valor de US$ 500 millones, generando por lejos más impuestos de los que están en esta discusión”.

En esa línea, dijo que “es una acción que, de no haber sucedido, no se hubiese generado este beneficio”. “La acción misma, el cambio de control fue para Chile al final del día una generación de valor que es relevante. Como se ve esto, el día del anuncio la acción saltó en un monto impresionante, valor que se mantuvo en el tiempo, incluso después de perfeccionada la OPA”, recalcó.

La respuesta de Chahin no se hizo esperar. “Recordar al ministro que Cuprum era de Principal desde antes, no la adquirió en este proceso. Decir que fue buena la fusión porque ya no está en manos de Penta, se equivoca, porque ya estaba en manos de Principal, es buen argumento retórico pero no de legalidad, porque hace rato no era de Penta”, disparó el parlamentario.

Valdés quiso hacerse cargo del emplazamiento. “La pregunta es si habría ocurrido con goodwill o no, porque cuando se compró la empresa existía la idea –me imagino– de usar el goodwill”, respondió Valdés.

En todo caso, a propósito de la ganancia de valor –y su consecuente mayor aporte en impuestos– aludida por Valdés, cabe recordar que fue el propio fiscal Carlos Gajardo, el día en que se formalizó a los dueños de Penta, quien afirmó que en la venta de Cuprum, por la que ellos como controladores obtuvieron una cifra cercana a los US$ 1.000 millones, solo pagaron $ 28.000 millones, pese a que debieron haber cancelado al fisco casi US$ 200 millones, casi cuatro veces más, lo que no se habría pagado, pues la operación se hizo a través de la Bolsa, lo que exime de impuestos a la ganancias de capital, beneficios legales que se han venido estableciendo en los gobiernos de la Concertación en las últimas décadas.

Macías versus Chahin

“Llevo 18 años de servicio, nunca he pedido una licencia médica, así es que tengo mi conciencia muy tranquila”. La sentida frase de Osvaldo Macías, el superintendente de Pensiones que asumió en dicho cargo a comienzos de febrero pasado, tras la renuncia de Tamara Agnic, revela el nivel de tensión que enfrentó ayer el ex intendente de seguros, ante la instancia que preside Pedro Browne.

Durante casi una hora Macías debió enfrentar duros cuestionamientos de algunos diputados del oficialismo, a propósito de la resolución emitida por él la semana pasada, donde calificó como no “idóneo” e “innecesario” el procedimiento ordenado por Agnic al grupo Principal para la fusión de la AFP Cuprum con Argentum, a fines de 2014 y que le permitió a esta firma obtener un beneficio tributario –el ya referido goodwill– de $ 80.000 millones.

Esta operación fue replicada por Metlife para la fusión de AFP Provida con Acquisition Co., con lo cual entre ambas transacciones el Estado otorgó un crédito tributario de casi US$ 500 millones.

En dos dictámenes, uno en diciembre de 2015 y otro en febrero pasado, la Contraloría ratificó los cuestionamientos hechos por la ministra del Trabajo a la labor realizada por Agnic, señalando que la creación y posterior fusión de Argentum con Cuprum no tenía asidero en la legalidad.

La semana pasada la Superintendencia de Pensiones, liderada por Macías, emitió una resolución en la cual desliza una crítica a la labor de Agnic, afirmando que la fórmula de crear primero una AFP y luego fusionarla con una existente –caso de Argentum con Cuprum y luego de Acquisition con Provida, respectivamente– fue “innecesaria” y no “idónea”, pues debía haber aceptado la propuesta de las empresas.

Sin perjuicio de ello, Macías advirtió que, dado que las empresas actuaron de buena fe y siguiendo las instrucciones de la autoridad administrativa, correspondía aplicar la jurisprudencia en materia de confianza legítima, donde la autoridad debe decidir si invalida un acto administrativo ponderando la protección de interés público con el privado.

Ayer el diputado le cuestionó a Macías que, con el informe del fiscal de la superintendencia, emitido el 3 de marzo, se apurara en emitir la resolución al día siguiente, el viernes 4, previo a que acudiera ayer a la comisión. Preguntó quién había apurado a la superintendencia a pronunciarse y calificó dicha actuación como “irrespetuosa” e “imprudente”, advirtiendo que nadie le había pedido el pronunciamiento a la superintendencia.

Macías respondió que las fechas fueron solo coincidencia, pues todo fue parte de la planificación original del caso, al cual –dijo– se han dedicado fuertemente en el mes que lleva en la entidad.

Una de las principales críticas del diputado DC apuntó a la interpretación que hizo Macías y sus asesores del dictamen de Contraloría. “Aquí se ha hecho una interpretación mañosa de lo que ha hecho la Contraloría. En la interpretación dice que no fue idóneo y la Contraloría dijo que estaba fuera del marco de la ley. Es decir, que no eran legales, no habló de idoneidad. Aquí quieren seguir, de manera contumaz, diciendo que Contraloría no tiene la razón, que fue dentro de la ley pero no fue idóneo”, criticó.

Chahin también cuestionó que, como parte de la resolución, no se analizara si la autorización de Agnic a la fusión tuvo algún beneficio para los afiliados. “La ley dice que la conveniencia de aprobar se verá especialmente en función de intereses de afiliados. ¿Bajaron las comisiones? ¿Hubo más competencia en el mercado? Nada de competencia, no se bajó un ápice las comisiones, lo único es que lo mismo que se llevan en beneficio tributario se rebaja a los chilenos en presupuesto”, dijo el diputado.

Macías respondió que seguramente lo que Agnic interpretó como beneficioso para los afiliados es que Cuprum pasaba a manos de un gestor de fondos de nivel mundial como Principal.

La discusión de fondo apuntó a si debía aplicarse la confianza legítima para no invalidar la autorización de Agnic, dado el impacto en certeza jurídica que tendría para la imagen del país, puesto que las empresas confiaron en las ordenes de Agnic. La explicación –que ayer reiteraron Macías y el fiscal Andrés Culagovski Rubio– fue duramente retrucada por Chahin.

“El principio de juridicidad de actos administrativos (art. 6 de la Constitución) y la propia Contraloría en un paper de 2005, dice que se debe ponderar el principio de juridicidad que aquí esta vulnerado porque estos actos son contrarios a la ley, eso lo que hace es desvirtuar la presunción de legalidad. Y corresponde a la administración activa poder invalidarlo. Por tanto, le corresponde a usted o el superintendente actuar en función de artículo sexto de la Constitución, ahí emana el principio de nulidad de derecho público. Esa es la fuente, el origen, por eso el Contralor dice ponderar el principio de confianza legítima con el principio constitucional de la juridicidad y para poder hacer que prime la confianza legítima, el interés público debe primar sobre el privado”, dijo.

Culagovski señaló que como las empresas habían obedecido lo ordenado por Agnic y en subsidio sus propuestas originales eran legales, prima el principio de buena fe con que actuaron y, en consecuencia, no pueden echar abajo la operación. Eso sí, confirmó el fiscal que, a juicio de la superintendencia, no está claro que la autorización de Agnic fuera ilegal, que es interpretable y que por eso la Contraloría dijo que se debía revisar la normativa.