Dos meses después de que el juez Fernando Andreu se dirigiera formalmente a la Agencia Tributaria, el organismo dependiente de Hacienda sigue sin aclarar si Caja Madrid intentó deducirse los gastos realizados por las tarjetas 'black'. El incumplimiento ha provocado que el instructor del caso Bankia, y de la pieza separada de las tarjetas opacas, dicte una providencia en la que insta a Hacienda a que responda "a la mayor brevedad" o explique los motivos de su retraso.

ESPECIAL: Los gastos de las tarjetas 'black'

Saber más

La información pendiente de la Agencia Tributaria servirá para refutar o tumbar los argumentos de un importante número de imputados por las tarjetas ‘black’ que, ante el juez, trasladaron su supuesto convencimiento de que Caja Madrid declaraba los gastos que ellos realizaban con el plástico.

El 9 de marzo pasado, Andreu se había dirigido por primera vez a Hacienda para que “certificara” si Caja Madrid “pretendió deducirse, durante cada uno de los ejercicios del periodo 2003-2010, los gastos derivados de la utilización de las tarjetas de crédito de las que disponían los imputados en la presente pieza y contabilizados en la cuenta 6192, denominada de ‘Gastos Órganos de Gobierno’”.

Un nutrido grupo de los 82 que ya habían declarado como imputados en la Audiencia Nacional aseguraron ante el juez que la tarjeta era para gastos de representación, por lo que los gastos eran deducibles en el Impuesto de Sociedades de la caja y no en su IRPF. Otros defendieron que el plástico se les entregó para gastos personales, como parte de su remuneración, y que nunca imaginaron que no se incluyera en su certificado de haberes.

El juez está dando estos días un impulso a la instrucción de las tarjetas ‘black’. El pasado 5 de mayo, Andreu decidió archivar el caso para 12 exdirectivos que trabajaban para Caja Madrid como empleados por cuenta ajena. Estos declararon que las tarjetas eran parte de su retribución porque para gastos de representación ya tenían otra. Ni pertenecían al Consejo de Administración ni al Comité de Control. En este grupo figura el exjefe de la Casa del Rey y antiguo director de la Fundación Caja Madrid, Rafael Spottorno.

Este archivo tuvo lugar semanas después de que Andreu sobreseyera la causa para otros 14 imputados. El delito de apropiación indebida que hubieran podido cometer ya está prescrito. Para el cálculo, el juez tomó la fecha del último gasto con el plástico y calculó si habían transcurrido más de 10 años para las cuantías superiores a 50.000 euros, o cinco años para las inferiores. De los 82 que llegaron a estar imputados, aún restan 56 en esa situación.

Contra dos de los imputados, el juez ha ido más allá. Se trata de los hombres que presidieron Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, a los que impuso fianzas de 16 y 3 millones, respectivamente, en concepto de responsabilidad civil. Rato respondió con un aval del Banco Sabadell, pero Blesa se encuentra en proceso de embargo.

Requerimiento a Bankia

Dentro del impulso del juez a la instrucción de las tarjetas 'black' figura su requerimiento a Bankia para que le envíe los certificados que tiene pendientes de los gastos realizados con el plástico por todos los usuarios. Andreu pidió a la entidad presidida por Juan Ignacio Goirigolzarri el pasado 21 de abril la citada certificación, con independencia de que la información que dio pie al caso, procedente del FROB, ya incluyera un CD con el desglose de gastos.

Asimismo, Andreu pide en la providencia a Visa y al Servicio de Medios de Pago (Sermepa) que le envíen toda la documentación sobre una “clonación delictiva” de la tarjeta que utilizaba José María Fernández del Río, así como los gastos que realizaron con ellos las personas que doblaron el plástico.