La Fiscalía ha preparado un escrito de acusación por el 1-O en el que el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras aparece como máximo responsable y se enfrenta a la petición de cárcel más elevada: de 25 a 30 años de prisión. Fuentes de la investigación consideran que su papel en la presunta rebelión estuvo por encima del resto de miembros del Govern. Incluso del propio ex presidente Carles Puigdemont.

La previsión de la Fiscalía es presentar su escrito en cuanto el Tribunal Supremo ratifique la conclusión del sumario, es decir, que ratifique que no es necesaria más investigación. La nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, ha avalado el trabajo de los cuatro fiscales del Supremo que han llevado la investigación (Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno). En particular, la tesis de que los hechos en torno al 1-O supusieron un delito de rebelión y no otro más leve de sedición. Y que no fue una rebelión en grado de conspiración, sino que el delito sí que llegó a cometerse.

Tal y como informó este diario el pasado 10 de septiembre, la acusación la encabezará Junqueras, al que seguirán el resto de miembros del Govern a los que Pablo Llarenaprocesó por rebelión con malversación. Son los mismos delitos que Junqueras, si bien ellos caerían en la horquilla inferior de penas, al estimarse que su papel no fue de dirigentes sino de "mandos subalternos". Eso supone unas penas de 15 a 25 años.

Los procesados por rebelión a los que no se acusa de malversar fondos públicos también caen por obligación legal en el escalón de penas inferior. Se trata de la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y los líderes de ANC y Ómnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Los investigadores siempre han dado a los tres gran importancia. Pero si al final se les considera mandos subalternos, sus penas podrían partir de los 10 y llegar como máximo a los 15 años.

Un bloque de acusados con penas aún más bajas lo formarán los miembros del Govern procesados sólo por malversación y desobediencia, no por rebelión: Meritxell Borràs, Santiago Vila y Carles Mundó. La horquilla de penas para ellos sería de seis a 12 años de prisión. Un último grupo de acusados lo formarían los acusados sólo por desobediencia (miembros de la Mesa del Parlament) para los que sólo se puede reclamar un máximo de dos años de inhabilitación.

Escrito de acusación definitivo

Todas esas calificaciones jurídicas y peticiones concretas de pena a cada acusado serán provisionales. Cuando concluya el juicio, y a la vista de cómo se haya desarrollado la prueba, la Fiscalía presentará a los siete magistrados del tribunal su escrito de acusación definitivo. La última palabra, como en el escrito provisional que llegará de forma inminente, la tiene la fiscal general.

La Sala de lo Penal del Supremo quiere agilizar los trámites para iniciar el juicio en enero, por lo que en breve podría dar por concluido el sumario y pedir a las acusaciones (Fiscalía, Vox y Abogacía del Estado) que presenten sus escritos.