El Plan Progresar se empezó a pagar en 2014, con el gobierno kirchnerista. Personas de entre 18 y 24 años se pueden inscribir y cobrar una beca para estudiar. Pero para recibir los 900 pesos mensuales previstos deben aprobar al menos dos materias al año. Y en 2017, según fuentes oficiales, pasaron dos cosas: por un lado hubo una demora burocrática que hizo que 66 mil alumnos dejaran de cobrar la asignación. Por otro, 94 mil fueron dados de baja al no sostener la regularidad en la facultad. Esto es 4 de cada 10 estudiantes, sobre un universo de 238 mil asignaciones.

Fuentes de la Anses explicaron que “desde el año pasado se empezaron a ajustar los controles y es normal que haya bajas”. Todavía quedan por revisar 90 mil casos. Son jóvenes que están o estaban realizando estudios terciarios y universitarios, pero el plan también incluye alumnos que realizan estudios primarios y secundarios y se verifican en otra instancia. Hasta principios de este año, la cantidad total de planes Progresar, antes de las bajas, era de 738 mil.

Desde la Anses reconocieron a Clarín que hay una demora en el pago a los alumnos que sí pudieron demostrar que siguen estudiando. “Todavía no se pudo pagar el último mes porque no habíamos terminado de verificar la regularidad de los estudiantes. Pero eso se regularizará en los primeros días de julio y se pagará retroactivamente lo que no se abonó”, explicaron.

La falta de pago de miles de planes motivó el reclamo de los jóvenes afectados y de autoridades educativas en varias provincias. El retraso, según la Anses, se dio por el proceso de verificación de los requisitos académicos de los estudiantes. Las universidades o institutos terciarios deben informar al Ministerio de Educación sobre la situación de cada estudiante. El plazo vencía el 31 de marzo y hubo una prórroga hasta el 31 de abril. Sin embargo, la demora en la entrega de los datos continuó.

En un comunicado publicado en su web, la Anses explicó que “el Ministerio de Educación de la Nación volvió a requerir a las provincias y las instituciones terciarias y universidades la verificación de los requisitos académicos de los alumnos a los que se identificó como no informados”.

Emilia Lunge, coordinadora del programa en Misiones, destacó que sólo allí este mes se vieron afectadas por la suspensión de la Dirección de Control de Procesos 15.422 becas. En todos los casos, “son chicos del terciario y universitarios a los que no se le llegó a certificar escolaridad”. El problema se repite en varias provincias. Ante las quejas, el gremio Ctera exigió hoy una “solución urgente” a la cartera educativa sobre aquellos casos en los que la regularidad de los estudios está certificada.