José Marín Delgado Jaimes, de 54 años, murió el 24 de junio en un hospital de Especialidades Doctor Belisario Domínguez, de Ciudad de México.

Murió solo, muy lejos de su familia y de California, el lugar en el que residió durante los últimos 35 años.

Delgado Jaimes nació en Huetamo, Michoacán, pero pasó la mayor parte de su vida en Estados Unidos, donde residen sus cinco hijos. La vida de este hombre que en su último video aparece con el pelo cano y repeinado hacia atrás, delgado y debilitado, tiene varios puntos de quiebre. Cuando fue encarcelado. Cuando cayó enfermo del riñón. Cuando fue trasladado a un centro de detención para migrantes en EUA. Cuando fue deportado.

Entre la deportación, que tuvo lugar el 10 de abril, y su fallecimiento, apenas transcurrieron tres meses. Así lo señala la denuncia presentada en noviembre por el laboratorio jurídico de la Universidad Iberoamericana ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR). Con esta iniciativa, los abogados quieren que se investigue si las autoridades cometieron algún tipo de omisión que favoreció el fallecimiento del deportado.

“El señor Delgado Jaimes se encontraba en una lista de espera para trasplante de riñón en Washington. Además, se encontraba en espera de una audiencia judicial ya programada para aplazar su orden de deportación y poder recibir el trasplante y los cuidados médicos que necesitaba. Sin embargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, una agencia ejecutiva policial del gobierno federal de los Estados Unidos encargada del cumplimiento de las leyes de inmigración y la investigación de las actividades delictivas y terroristas de ciudadanos extranjeros que residen en los Estados Unidos, aceleró su deportación”, dice la querella.

Sus problemas renales se agravaron nada más pisar México, asegura Margarita Loredo, cofundadora de Otros Dreamers en Acción (ODA), una organización que acompaña a deportados que llegan al que fue su país, pero se encuentran con el abandono de sus instituciones. Este colectivo, fundado por retornados como ella, se encargan de atenciones de las que el Estado no se preocupa: acompañan a los recién llegados a sacar su documentación, les explican los trámites que deben realizar para, por ejemplo, recibir atención médica en el Instituto Mexicano de Seguridad Social.

“José Delgado no contaba con ningún familiar en la Ciudad de México, no tenía recursos económicos disponibles y su familia se encontraba en Estados Unidos. Además, no había estado en México por más de 30 años por lo que no contaba con una red de apoyo ni posibilidades efectivas de asegurarse derechos mínimos, atención médica, trabajo e ingreso o vivienda”, dice la denuncia.

“Existe una doble responsabilidad del Estado”, asegura Loredo, que censura la participación directa de México en la deportación y la falta de alternativas ofrecidas una vez Delgado James fue retornado.

Según datos de la Unidad de Política Migratoria del Instituto Nacional de Migración, hasta el mes de septiembre un total de 176 mil 220 mexicanos fueron deportados desde EUA. El gobierno de Donald Trump debería pisar el acelerador en las expulsiones si quiere alcanzar la cifra de 2018, cuando 203 mil 669 mexicanos fueron devueltos al país.

No hay cifras sobre cuántos de ellos llegaron enfermos.

Animal Político preguntó al Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) sobre los programas de apoyo a los repatriados. Las diferentes instituciones se pasaron la pelota la una a la otra, sin especificar cómo ayudan a un colectivo que tiene una gran relevancia. En la última década se registraron más de tres millones de deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos.

A pesar de la retórica xenófoba con la que llegó Donald Trump a la Casa Blanca, los números más elevados de la última década se los lleva Barack Obama, que en 2009 expulsó a 601 mil 356 mexicanos.

Las deportaciones se han reducido cerca de dos tercios desde entonces. Sin embargo, Loredo percibe dos fenómenos: que ahora se habla mucho más de las devoluciones y que no existen políticas públicas que atiendan las necesidades del colectivo.

“Se asumen muchas cosas por parte del estado que no son correctas. Se asume que tienes familia, que tienes una casa, que tienes un lugar donde ir. Pero no es cierto”, dice Loredo. Ella misma retornó a México en 2008, harta de que su condición de irregular fuese una traba para hacer su vida diaria. Junto a Jill Anderson, fundó ODA en 2016 como espacio de unión para la comunidad de repatriados.

Dinero en efectivo del que nadie se hace responsable

José Marín Delgado Jaimes es un ejemplo extremo de la soledad del deportado. Un mexicano que hizo su vida en Estados Unidos, que fue obligado a retornar a un país que no conocía y que murió sin apenas recursos.

Según consta en la denuncia ante la FGR, Delgado Jaimes fue trasladado el 10 de abril desde el centro de detención de Tacoma, donde había permanecido los últimos cuatro años, hasta Ciudad Juárez, en la frontera. Junto a él se encontraba, entre otros, Eladio Clemente Pacheco, un oaxaqueño de 35 años al que lo deportaron después de seis años encerrado en la cárcel para extranjeros en situación irregular.

Delgado James y Pacheco tienen varias cosas en común.

Ambos pasaron un tiempo en prisión antes de ser trasladados a Tacoma. Delgado Jaimes por una acusación familiar (“acoso sexual”, dice su compañero). Sus acompañantes de ODA afirman que él siempre sostuvo su inocencia y que se vio forzado a declararse culpable por malos consejos de un abogado de oficio. Pacheco, acusado de “violencia doméstica”, aunque él asegura que fue “una discusión normal”.

Ambos tenían problemas de salud. El primero, la enfermedad renal que terminaría por matarlo e hipertensión. El segundo, una afección cardíaca para la que, según afirma, todavía no ha logrado tratamiento dentro del sistema mexicano.

Por último, los dos fueron trasladados de Ciudad Juárez a Ciudad de México en un vuelo comercial.

Pacheco relata que la expulsión se llevó a cabo con engaños. “A él nunca le dijeron que le iban a deportar”, dice. El oaxaqueño asegura que una mujer del consulado de México en Seattle les prometió que tendrían apoyo. “Todo era mentira”, se queja.

Los engaños, según esta versión, prosiguieron en frontera, cuando la expulsión era un hecho. “Nos dijeron que nos llevarían a Puebla, donde tendríamos tratamiento. No fue verdad”, afirma.

Finalmente, ambos recalaron en el aeropuerto de Ciudad de México. Ahí les esperaba un funcionario del Instituto Nacional de Migración llamado Héctor Castillo. Según la denuncia interpuesta ante la fiscalía, este les hizo entrega de 9 mil pesos en metálico y les condujo a Constitución de 1917. Alcoholismo y Drogadicción A.C, un centro de rehabilitación ubicado en Iztapalapa que, en ocasiones, también acoge a recién llegados de EUA.

“No nos dio recibo de nada”, dice Pacheco.

Fuentes del INM confirmaron la pertenencia de Castillo a la institución que dirige Francisco Garduño. Sin embargo, negaron que exista protocolo alguno por el que sus funcionarios entreguen dinero en efectivo.

Delgado Jaimes debía someterse a hemodiálisis cada tres días. Pero no disponía de documentación, ya que a los deportados los dejan en México solo con la “Constancia de recepción de mexicanos repatriados” que emite el INM y el “Certificado de Presunción de Nacionalidad Mexicana” que entrega el consulado. Ninguno de estos documentos sirve para identificarse o para acceder al sistema sanitario. Para ello es imprescindible la Clave Única de Registro de Población (CURP), y eso toma su tiempo.

Así que Delgado Jaimes gastó rápidamente el dinero que Castillo le entregó. Cada sesión en la clínica privada Médica Santa Carmen cuesta 1,860 pesos, por lo que para el 22 de abril el deportado tenía los bolsillos vacíos y mucha urgencia.

Sin dinero y sin apoyo, su historia a partir de entonces es la de un hombre que depende del voluntarismo para salir adelante. Duerme en el albergue de Constitución 1917, que le permite seguir ahí por un tiempo indefinido, según su vicepresidente, José Luis Gutiérrez. Recibe el apoyo de ODA para obtener su documentación y se enfrenta a un penoso peregrinaje a través de las instituciones.

La primera dificultad fue obtener su CURP y su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE). En diversas ocasiones fue rechazado ya que las instituciones no reconocían su acta de nacimiento. Finalmente, ODA terminó interponiendo una denuncia ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Posteriormente también se interpuso otra denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Finalmente, “logró la afiliación al Seguro Popular y acceder a servicios y atención médica, pero dicho esquema no cubría la hemodiálisis por lo que se mantuvo el tratamiento en la clínica privada. Durante todo el periodo siguió alojado en el albergue y centro de rehabilitación “Constitución de 1917. Alcoholismo y Drogadicción A.C”, indica la denuncia.

Dependiente de una institución privada para su tratamiento, las últimas semanas del señor José fueron un calvario y transcurrieron entre el albergue y diversos centros hospitalarios.

El 25 de junio es hospitalizado por última vez en el Belisario Domínguez. Fallece a las pocas horas.

Margarita Loredo, una de las pocas personas que acompañó a Delgado Jaime en sus últimos tres meses de vida, señala directamente al Estado y denuncia que su abandono no es una excepción.

Clemente Pacheco, su compañero, teme por propia vida y dice que, tres meses después de su deportación, nadie le ha dado soluciones para su padecimiento de corazón.

Los deportados son miles, cientos de miles. Pero sin el voluntarismo de gente como Loredo, muchos están abandonados a su suerte.