El capítulo energético del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) que negocia la Unión Europea con Estados Unidos genera serias dudas sobre el futuro de la política climática y medioambiental europea.

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Varias ONG han dado la voz de alarma a la vista de las filtraciones ha revelado Guardian esta misma semana sobre la propuesta que la Comisión Europea ha presentado a Washington esta semana, durante la decimocuarta ronda de negociaciones que se desarrolla en Bruselas. Creen que, de aprobarse, el texto ataría las manos a los gobiernos europeos para promocionar las energías renovables y limitar el uso de combustibles fósiles y haría más difícil alcanzar los objetivos de reducción de emisiones y eficiencia firmados en el Acuerdo por el Clima de París.

El objetivo, según la UE, es liberalizar el comercio energético entre ambos bloques y promover la sostenibilidad, pero en la práctica las medidas propuestas para garantizar los intercambios priman sobre las destinadas a salvaguardar el medio ambiente.

De acuerdo con el borrador filtrado por Greenpeace, la Comisión pide que se levanten todas las barreras a la importación y exportación de gas natural mediante un “compromiso legalmente vinculante”, lo que eliminaría las restricciones que aún impone Washington para exportar gas natural licuado (LNG) a Europa. Las organizaciones medioambientales creen que esto impulsaría la obtención de gas por fractura hidráulica (frácking), una técnica de gran impacto medioambiental muy extendida en Estados Unidos.

Pero lo que más preocupa es que la propuesta prevé que no se pueda fijar un precio más alto para las exportaciones que en el mercado doméstico “por ningún medio, ya sea a través de licencias o el establecimiento de precios mínimos”.

“El texto quiere prohibir el recurso a instrumentos de control de las exportaciones como los precios diferenciados, la introducción de cuotas, los monopolios estatales o las tasas a las exportaciones, que son instrumentos políticos indispensables para controlar la producción y uso de energías fósiles”, explican desde AITEC, la Asociación Internacional de Técnicos y Expertos, que ha analizado la propuesta.

Freno a las renovables

Bruselas pide además que se garantice el acceso de ambas partes a las infraestructuras y redes de transporte energéticas “en términos comerciales razonables, transparentes y no discriminatorios (incluyendo entre tipos de energía)”.

Este principio de "no discriminación" minaría las políticas de impulso a las energías renovables, impidiendo que los estados exijan un mínimo de producción eólica o solar, les otorguen subvenciones, les den tarifas preferenciales para acceso a las redes de distribución o privilegien el uso de proveedores locales frente a las multinacionales.

“Si no se da el mismo trato a todos los tipos de energía los inversores podrían considerar que se han vulnerado sus derechos y recurrir al Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS)” que permite a las compañías demandar a los estados, explica el portavoz de Amigos de la Tierra Europa, Paul De Clerck.

“Un brazo de la CE está diciendo que quiere acabar con los combustibles fósiles, pero el brazo fuerte –la Dirección General de Comercio- dice que no se puede discriminar, haciendo a la UE vulnerable a estas demandas”, dice.

Bruselas, sin embargo, defiende que estas críticas "son totalmente incorrectas". La propuesta "está totalmente en línea con la legislación europea y los estados miembros son libres de dar preferencia a las renovables en el acceso a las redes", dijo el negociador jefe de la UE, Ignacio García Bercero, en una rueda de prensa al término de la ronda de negociaciones.

"Hemos sido criticados por centrarnos en los combustibles fósiles a pesar de que hay una sección entera de cooperación en eficiencia y renovables", añadió.

El último borrador del capítulo, obtenido por The Guardian, señala que Estados Unidos y Europa están de acuerdo en la “eliminación progresiva de los subsidios a los combustibles fósiles” pero matiza que deberán tenerse en cuenta “consideraciones de seguridad energética”.

“Cuando se desarrollen sistemas de ayudas públicas, las partes tendrán en cuenta la necesidad de reducir los gases de efecto invernadero y limitar las distorsiones en el comercio tanto como sea posible” apunta en otro artículo.

Los Veintiocho importan el 53 % de toda la energía que consumen, el 40 % del gas natural llega desde Rusia y seis países dependen de un único proveedor, de ahí que la seguridad del suministro y la diversificación de las fuentes de energía sean una prioridad estratégica para la UE y un importante argumento para que países muy dependientes del gas o el carbón mantengan los subsidios públicos.

Las asociaciones ecologistas creen que los criterios comerciales y de seguridad se impondrán a los medioambientales, impidiendo que se acabe con estas ayudas. “Esto es lo que estamos viendo ahora y no hay razón para que cambie con la nueva propuesta”, incide De Clerck.

Este segundo borrador, no obstante, reafirma también los compromisos adquiridos con el Acuerdo de París, que en la propuesta previa brillaban por su ausencia.

Eficiencia

La oferta de la UE incluye medidas en materia de eficiencia energética y renovables pero, lejos de exigir compromisos vinculantes, se limita a pedir cooperación, armonización de estándares e intercambio de buenas prácticas. En este sentido, aboga por que “se impulse la autoregulación por parte de la industria” para fijar las exigencias en eficiencia, algo que que a juicio de los ecologista dinamita políticas europeas.

“Amenazaría los requisitos mínimos de eficiencia para bienes y equipamientos (frigoríficos, televisiones, coches, lavadoras) que han ahorrado millones de euros a los consumidores y evitado millones de toneladas de contaminación cada año”, dicen.

Bruselas se dice "un poco sorprendida" por unas críticas que, considera, son fruto de la "malentendidos" sobre su proposición. "Es totalmente coherente con los objetivos acordados en la COP 21", defendió García Bercero, quien señaló que han preparado una propuesta sobre clima que se incluirá en el capítulo de desarrollo sostenible.

La Unión Europea se ha fijado como objetivos para 2030 reducir al menos en un 40 % las emisiones de gases de efecto invernadero (con respecto a 1990), alcanzar un 27 % de cuota de energías renovables y un 27 % de mejora en eficiencia energética.