Ciudad de México. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló este martes cambios a la minuta que envió el Senado de la República para agregar delitos catalogados como acreedores a prisión preventiva oficiosa, previo al periodo extraordinario de sesiones que inicia este miércoles.

De los nueve delitos que aprobó el Senado para que se agregaran al artículo 19 Constitucional para fines de prisión preventiva oficiosa, los diputados borraron seis y sólo permanecen tres: el uso de programas sociales con fines electorales; corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, así como los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

De la lista enviada por el Senado fueron borrados los delitos de abuso o violencia sexual contra menores; feminicidio; robo de casa habitación; robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades; desaparición cometida por particulares; y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Los legisladores avalaron en Comisiones el dictamen con las modificaciones con 19 votos a favor de Morena, PT y Encuentro Social, por tres en contra del PRD y Movimiento Ciudadano, y cuatro abstenciones del PRI y del PAN.

A pesar de avanzar en Comisiones, de mantenerse este mismo sentido en las votaciones al debatirse ante el pleno, no alcanzaría para ser avalada, ya que, al ser una reforma Constitucional, se requiere el voto de dos terceras partes del Pleno, por lo que a Morena no le basta con el apoyo de sus aliados, sino que requiere algunos de los votos de la oposición.

En la discusión de este martes, el diputado de Morena Pablo Gómez explicó que las modificaciones que hicieron en el dictamen -al borrar seis de los delitos que proponía el Senado con prisión preventiva oficiosa- se debe a que son delitos que podrían ser cometidos por un ciudadano común, pero se mantienen los que podrían ser cometidos por quienes ostentan el Poder en cargos públicos.

“No estamos poniendo delitos que cualquiera podría cometer en alguna circunstancia, sino de los que sólo los poderosos podrían cometer”, dijo el legislador, quien argumentó que incluso deberían ser asumidos como traición a la patria por ir contra el funcionamiento de la República mexicana.

Ruth García, del PT, dijo que no hay un despropósito en la propuesta, ya que, al referirse al robo de combustible, señaló que “estamos viviendo en este momento en nuestro México una situación por los temas que se señalan en el dictamen. No podemos estar eludiendo la determinación de temas que, tanto son urgentes como importantes para México”.

Recalcó que es necesaria la reforma para poder procesar a la delincuencia de cuello blanco que se ha beneficiado de este delito.

El PAN sostuvo que la propuesta viola todos los principios internacionales en presunción de inocencia y dijo que sólo se está poniendo algunos cambios constitucionales, pero sin resolver el problema de fondo.

Incluso, Jorge Luis Preciado agregó que “están diseñando un sistema para quedarse en el poder, para ganar clientelas” al referirse al delito de corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones que se incluye en el dictamen.

Al argumentar la abstención del PRI, María Alemán Muñoz pidió más tiempo para se escuche a las organizaciones sociales y advirtió: “o nos damos el tiempo de que se discuta en la comisión, o lo va a tener que discutir la Junta de Coordinación Política”.

En seguida, en entrevista, sostuvo que el dictamen podría tener el mismo destino que el relativo a la Guardia Nacional, el cual, a pesar de ser aprobado en Comisiones en la Cámara de Diputados, al no contar con el respaldo de las dos terceras partes de los diputados, fue frenado en diciembre pasado para abrir foros para escuchar a organizaciones sociales y gobernadores.

En un sentido similar se pronunció la diputada de Movimiento Ciudadano Martha Tagle, quien estuvo acompañada de representantes de organizaciones sociales que presentaron 12 mil firmas para pedir que se posponga el dictamen.