La sorpresa ha quedado erradicada del escenario político español. Desde que hace un mes, con su abstención, el PSOE dio la presidencia del Gobierno a Mariano Rajoy todo ocurre según lo previsto. Tras aquel paso esta semana ha llegado la aprobación, por parte de los socialistas, del techo de gasto y de déficit propuestos por el gobierno. Es decir, de las cifras fundamentales del presupuesto, que el PSOE ya no tiene más remedio que apoyar. Para adornar ese pacto sustancial se han aprobado una serie de medidas de muy escasa trascendencia. Que en nada reducen la inquietud creciente en torno a cuestiones tan fundamentales como el paro, los bajos salarios y, sobre todo, el futuro de las pensiones.

Los portavoces socialistas están sacando pecho por haber conseguido que el Gobierno haya aceptado una subida del salario mínimo en un 8%. Pero no tienen motivos para ello. Primero, porque hace ya algunas semanas que el PP se había mostrado dispuesto a moverse en esa dirección. Segundo, porque esa subida no compensa la pérdida de capacidad adquisitiva que el SMI ha sufrido desde su última modificación. Tercero, porque los 707 euros que sus perceptores cobrarán a partir del 1 de enero de 2017, suponen la mitad o menos de la cantidad que está fijada en los países de nuestro entorno. Cuarto, porque los trabajadores que se verán beneficiados por la subida no son ni de lejos los cinco millones de los que alardean sus promotores. Y encima ésta se ha pactado entre dos partidos, dejando al margen, una vez más, a los sindicatos.

Muy pocos de los millones los trabajadores que perciben salarios de miseria gracias a las nuevas formas de contrato creadas por la Ley de Reforma Laboral van a ver mejoradas sus condiciones. Ni tampoco los que cobran algo más que el SMI, que son también muchísimos. Por tanto, nada sustancial ha cambiado en este terreno crucial de la realidad social y económica española. La única contrapartida real que ha obtenido el PSOE de su negociación con el PP es que el Gobierno acepte subir del 0,5 al 0,6 por ciento el tope de déficit de las comunidades autónomas. Gracias a eso, los barones socialistas dispondrán de unos 2.500 -3.000 millones de euros adicionales para gestionar sus regiones. Y los podrán gastar en lo que quieran, si sus oposiciones se lo permiten.

Susana Díaz y sus colegas tenían muy claro ese objetivo desde hace muchos meses. Además, este viernes el consejo de ministros ha concedido a las autonomías otros 1.800 millones de euros supuestamente para el fomento del empleo, aunque sin fijar muchos requisitos para que los gobiernos regionales no se gasten ese dinero en que ellos quieran.

Y encima el PSOE ha aceptado sin rechistar las subidas de impuestos que ha anunciado Montoro. Las del tabaco, bebidas alcohólicas y azucaradas y la de reducción de las bonificaciones y deducciones del Impuesto de Sociedades, que ha dejado temblando a los pequeños y medianos empresarios que temen que la mayor parte de los 4.300 millones que el Gobierno prevé recaudar por esos conceptos les toquen a ellos.

La última de las medidas acordadas para que parezca que el pacto PSOE-PP -la "gran alianza" la llaman algunos- conviene al interés general es la elevación en un 3% -de 3.462 a 3.565 euros- del tope mensual a partir del cual las empresas y los asalariados no deben cotizar más a la Seguridad Social a efectos de la pensión. Si ridícula es la modificación, su efecto se ha anulado menos de 24 horas después de anunciarla. Porque el secretario de Estado de la Seguridad Social ha dicho que paralelamente también se subirán las pensiones más altas. "Para compensar", ha añadido. Obviamente a los jubilados que perciben esas pensiones, sin que hayan tenido que pagar más por la subida de la que van a beneficiarse.

En definitiva, nada salvo ruido propagandístico. Hay que esperar a que el proyecto de presupuesto llegue a las Cortes para saber qué va a hacer el Gobierno en este terreno. Que tiene muy asustados a buena parte de los pensionistas y a no pocos expertos de todos los colores, sean partidarios de una u otra fórmula para frenar el deterioro creciente de nuestro sistema. Cuyo agujero -diferencia entre ingresos y gastos- es ya nada menos que de 16.000 millones. Eso sí, para aliviar la inquietud, el gobierno acaba de detraer otros 9.500 millones de la hucha de las pensiones. Con ese dinero va a pagar la paga extra de navidad y aliviar el peso de la de unos pocos meses sucesivos.

Lo que está claro es que la hucha no va a dar para la paga de julio. La reforma necesaria para que el sistema obtenga más ingresos o reduzca sus gastos, o ambas cosas a la vez, tendrá que llegar antes de esa fecha. Aumentos de impuestos y de cotizaciones -lo de las más altas de estos días puede haber sido un anticipo para hacerlas más digeribles- o bajada de las cantidades que perciben los pensionistas figuran, junto al endurecimiento de las condiciones para la percepción, en la lista de los recursos posibles. Ninguna de esas iniciativas va a ser popular. Y está claro que al PP le vendría muy bien que el PSOE estuviera de su lado el día que tuviera que aprobarlas.

¿Se extenderá el pacto de estos días a las pensiones? Es muy probable que así ocurra. El camino emprendido por los socialistas tiene un retorno muy difícil, si no es imposible. Y si, como todo indica, las subidas de impuestos anunciadas el viernes no permiten rebajar el déficit público en la medida necesaria y dentro de unos meses, ya aprobado el presupuesto, hay que tocar el IVA o/y el IRPF, al PSOE no le será fácil mirar para otro lado. Con contrapartidas, obviamente. Pero menores. Porque Rajoy ha insistido sin ambages en que lo sustancial de su política económica no se va a modificar. Eso parece querer decir que la Reforma Laboral va a seguir, que la inversión pública no va a crecer -y está ya en mínimos- y que la austeridad en el gasto va a continuar, si es que no llegan nuevos recortes. De lo que se deduce que los socialistas van a tener que tragarse unos cuantos sapos.