Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).– Las mujeres que están internas en el Centro Penitenciario de Piedras Negras, Coahuila, no tienen dónde dormir, ni dónde bañarse, lavarse o depositar agua para limpiar los sanitarios que usan. Las que están recluidas en el Centro Estatal de Reinserción Social 14 El Amate, en Chiapas, tienen que soportar el mal olor que provoca la zanja con agua sucia que hay alrededor de la cocina, mientras que las que viven en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, en el Distrito Federal, no cuentan con agua corriente, algunos de los inodoros que usan no funcionan y tienen que soportar la presencia de chinches.

No muy lejos de ahí, en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Chalco, en el Estado de México, no sólo no tienen agua corriente sino drenaje, por lo que vierten sus desechos en fosas. Ellas también tienen que lidiar con las chinches. En otros lugares, como el Centro de Reinserción Social Duport Ostión, en Coatzacoalcos, Veracruz, además de las malas condiciones de mantenimiento e higiene del lugar, hay instalaciones eléctricas improvisadas, lo que implica el riesgo de un corto circuito o un incendio.

En el Centro de Ejecución de Sanciones Reynosa, en Tamaulipas, las internas se quejaron de que los alimentos además de insuficientes, son de mala calidad. Para los menores que viven con sus madres en espacios como el centro de Reinserciòn Social 1, en Durango, no hay alimentación especial.

En varios espacios hay hacinamientos, pero en algunos como el Centro de Reinserción Social “Lic. Jorge A. Duarte Castillo”, en Baja California, las 495 internas rebasan por mucho el espacio disponible para 360, al grado de que en una estancia para seis personas es posible encontrar a 19 mujeres.

De forma simultánea a estas precarias condiciones, en varios centros penitenciarios grupos de internas gozan de privilegios o son las que controlan las actividades del resto.

Por ejemplo, en el Centro de Reinserción Social de La Paz, en Baja California Sur, hay cuatro celdas con inodoro, regadera y lavabo funcionales. Además tienen televisión, refrigerador y horno de microondas. Las afortunadas que gozan de tales espacios son sólo dos internas, es decir que cada una de ellas tiene para sí dos celdas con las comodidades descritas.

En el Centro Preventivo y de Readaptación Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, en el Estado de México, el grupo de reclusas que controla el penal tiene el mando para el ingreso a dormitorios, actividades escolares y deportivas, uso de teléfonos públicos, elaboración y distribución de alimentos, tareas de vigilancia, mientras que el personal de seguridad cobra por permitir el acceso a visitas, evitar las albores de limpieza y hasta para no sancionar a las internas.

En el Centro de Rehabilitación Social Venustiano Carranza, en Nayarit, el grupo de internas que controlan el lugar tienen su propio nombre: “Bastoneras”. Ellas son las encargadas de cobrar por el ingreso de familiares y para la visita íntima, así como el uso de teléfonos y la ubicación en los dormitorios. Su poder es tal que incluso permiten el ingreso al penal de objetos no permitidos.

En el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán, Sinaloa, quien ejerce el control es una reclusa. Pero no es ella la única privilegiada. El 70 por ciento de las celdas de ese lugar tienen cocineta, televisores de plasma, refrigeradores y hasta muebles, baños con canceles y paredes de azulejo. Incluso hay una celda con paredes de madera y una cámara de seguridad que las autoridades del penal no controlan.

Ahí también se usan los espacios de visita íntima y de tratamiento de adicciones como dormitorios, en donde se alojan una interna por celda o estancia. Cada espacio tiene pisos de azulejo, baños con cancel, sistema de airee acondicionado, ropero, televisor con plasma y sistema satelital, así como un servicio de cocina exclusivo. Algunas tienen perros como mascotas.

Por si fuera poco, las internas de ese centro tienen los candados de sus celdas.

También en Sinaloa, en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en Mazatlán, algunas internas tienen perros como mascotas, así como videojuegos y teléfonos celulares, mientras que en el Centro de Reinserción Social Duport Ostión Coatzacoalcos, en Veracruz, hay gallos de pelea.

PROSTITUCIÓN TRAS LAS REJAS

En 20 centros penitenciarios existe prostitución y en 66 no existe separación por situación jurídica ni clasificación, lo que en algunas ocasiones ha derivado en casos donde cohabitan mujeres y hombres. Por ejemplo, en el Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros, en el área de visita íntima viven una interna y un interno. En el Centro Regional de Reinserción Social Acapulco mujeres y hombres conviven en el área femenil, mientras que en el caso del Centro de Internamiento Femenil de Tanivet, Tlacolula, en Oaxaca, el pabellón psiquiátrico varonil está dentro del área de mujeres, apenas separado por una malla ciclónica, lo que impide una estricta separación entre ambos grupos. Según personal de seguridad, han habido casos de relaciones sexuales de internas con internos del pabellón psiquiátrico.

Las descripciones, tomadas del “Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las mujeres internas en centros penitenciarios”, son comunes a la mayoría de las cárceles donde hay mujeres, de acuerdo con el documento dado a conocer el pasado domingo 29 de marzo.

Una cosa sobresale de entre los listados de condiciones precarias, abusos y vulneraciones a los derechos de las internas: el hecho de que no sea una situación nueva, sino la más reciente comprobación de una condición que persiste desde hace al menos una década, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) comenzó a documentarla. La propia Comisión, máximo órgano autónomo de protección de los derechos humanos en México, señala en el informe que las condiciones descritas ya habían sido documentadas con anterioridad, pero que pese a los señalamientos y recomendaciones a diversas autoridades, nada o muy poco ha cambiado.

Para Ernesto Canales Santos, presidente de la Fundación Renace, que apoya procesos de reinserción social de personas en reclusión, lo que devela el informe de la CNDH es una “incongruencia” del gobierno mexicano, que por un lado llama a que prevalezca el Estado de Derecho en todos los ámbitos de la vida pública, mientras que en un campo del que es responsable, como es el sistema penitenciario, no aplica ese Estado de Derecho.

“Es injustificable que cuando el gobierno ejerce su mayor poder de coerción, de fuerza, que es la privación de la libertad para aquellas personas que han cometido un delito, el cumplimiento de esta privación de libertad se realice en un estado de ilegalidad”, expresó en entrevista.

La propia CNDH reconoce en su informe que la imposibilidad para satisfacer la demanda de servicios dentro de las cárceles “genera un ambiente propicio para la proliferación de actos de corrupción y violencia por la necesidad de acceder a ellos, convirtiéndose en un factor que incide en el aumento de violaciones a derechos humanos de las internas”.

Aunque el documento aborda sólo el caso de las mujeres, Canales señaló que la situación es similar en las cárceles para varones y en los centros de internamiento para menores de edad.

Apenas el pasado 20 de febrero, la CNDH presentó un informe especial sobre centros de tratamiento interno para menores de edad, en el que documentó diversas irregularidades en la operación de los centros donde son internados para su tratamiento menores de edad en conflicto con la ley. Entre ellas, señalaba el documento, destacaban el uso de gas lacrimógeno y gas pimienta, las inmovilizaciones en posturas forzadas o el aislamiento como formas de castigo.

Por la existencia de ese tipo de casos, Canales expuso que al hablar del sistema penitenciario el género no determina la existencia de las deplorables condiciones carcelarias. “Lo que determina las condiciones carcelarias es la negligencia de parte del gobierno”, consideró.

El presidente de Renace subrayó la implicación que tiene la persistencia de estas condiciones de ilegalidad en las cárceles. Recordó que son personas que eventualmente van a regresar a las calles, “y si su experiencia ha sido vivir en un estado de puras ilegalidades, ¿con qué armas llegan afuera?”. Canales hizo referencia a una estadística, según la cual en cuatro años el 80 por ciento de las personas que actualmente se encuentran en reclusión, van a estar libres.

De acuerdo con el informe de la CNDH, elaborado durante febrero y marzo de 2014, 46 por ciento de las internas tiene de 18 a 30 años y el 46 por ciento del total está por penas menores a los 5 años y 20 por ciento por penas de 6 a 10 años.

“¿Cómo van a salir? La sociedad va a recibir a estas personas y se va a agravar los índices de criminalidad precisamente porque el gobierno no ha sido cuidadoso con las prisiones”, alertó.

No es un asunto menor si se considera que la CNDH documentó casos de maltrato físico, como golpes, y psicológico, como amenazas, humillaciones y conductas discriminatorias por parte de directivos, personal técnico y de custodia de los centros penitenciarios.

En la mayoría de las prisiones evaluadas, las internas denunciaron sufrir discriminación y humillaciones, aunque los golpes también fueron una situación denunciada. Incluso varias internas del Centro de Reclusión de Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, en el Estado de México, dijeron haber sufrido abusos sexuales.

Además, la CNDH detectó que en 38 cárceles un grupo de internas, en algunos casos en connivencia con personal de seguridad, son quienes controlan los espacios y las actividades, e incluso llegan a imponer las sanciones a otras internas.

La Comisión se refiere a estas situaciones como “ autogobierno”, al que define como “un tipo de gobierno paralelo al régimen interior que legalmente debe de prevalecer en un centro penitenciario…mediante el cual un grupo de internos o internas, impone métodos informales de control y realiza actividades ilícitas intramuros, lo que deriva en graves violaciones a los derechos humanos provocadas por omisión, complicidad connivencia de la autoridad penitenciaria”.

Pero la alarma no es sólo por la existencia de gobiernos alternos dentro de los centros penitenciarios, sino por sus efectos negativos como el aumento de la violencia dentro de las cárceles, la extorsión y el tráfico de sustancias prohibidas, además de la existencia de un sistema de privilegios y tratos especiales sólo para algunas internas.

Esto se agrava por el aumento de internos vinculados con el crimen organizado, quienes controla al resto de la población penitenciaria, usualmente mediante el pago de cuotas. Tal situación, apunta la CNDH, “es tolerada o incluso propiciada por algunas autoridades”.

El problema de la prostitución dentro de los penales delinea una situación similar. De acuerdo con la CNDH, la saturación, la corrupción y las carencias en los centros penitenciarios la propician, pues en ocasiones la prostitución se usa como una forma de pago para acceder a servicios como un espacio y una cama para dormir o para recibir protección.

“Esta clase de abusos se pueden presentar, muchas veces gracias a la complicidad del personal o la anuencia de él, especialmente en aquellos centros mixtos en los que existen grupos de poder”.

Internas de 20 centros penitenciarios refirieron a la CNDH que en esos espacios existe prostitución.

Se trata de dos centros en Coahuila (Centro Penitenciario de Piedras Negras y Centro Penitenciario Femenil de Saltillo), dos en Chihuahua (el Centro de Reinserción Social Estatal 3 en Ciudad Juárez y el 1 femenil), dos en el Distrito Federal (los Centros Femeniles de Readaptación Social Tepepan y Santa Martha Acatitla), dos en Guerrero (los centros regionales de Reinserción Social de Chilpancingo y de Acapulco), dos en Sinaloa (los Centros de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán y Mazatlán), dos en Tamaulipas (los Centros de Ejecución de Sanciones de Matamoros y de Reynosa), y dos en Veracruz (los Centros de Reinserción Social Duport Ostión Coatzacolacos y Zona I).

El resto están en Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Sonora.

En 66 centros no existe separación por situación jurídica ni clasificación, lo que en algunos casos que son centros mixtos ha derivado en casos donde cohabitan mujeres y hombres.

La separación y clasificación no son cosas menores, apunta el informe de la CNDH, sino que ayudan a tener control y vigilancia sobre las internas, lo que reduce la posibilidad de conflictos y agresiones.

LOS CASTIGOS Y SUS CONSECUENCIAS

Otro aspecto que la CNDH destaco fue el aislamiento como forma de castigo. Al respecto, apuntó en su informe que de acuerdo con la Declaración de Estambul sobre la utilización y los efectos de la reclusión en régimen de aislamiento, el aislamiento físico puede generar problemas de salud porque reduce el contacto social, además de que se pueden manifestar síntomas como el insomnio, la confusión, alucinaciones y la psicosis, además de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado al aislamiento prolongado en sí mismo como un trato cruel e inhumano.

Si bien la Comisión documentó varios casos en los que se recurre al aislamiento como castigo, destaca el caso del Centro Federal Femenil de Readaptación Social “Noroeste”, en Nayarit, donde se castiga a las internas aislándolas hasta por 120 días, es decir cuatro meses. El asunto es aún más grave si se considera que en ese centro penitenciario sólo se les permite a las internas una llamada telefónica cada 10 días, con una duración de 10 minutos. Si no contestan, no se les permite volver a marcar.

Canales reconoció la aportación de la CNDH al elaborar los informes, pero considera que la sola publicación de este tipo de documentos es insuficiente. “Se requiere primero que las propias autoridades tomen conciencia y estén dispuestas a cambiar sus conductas, y también se requiere una sociedad que esté pendiente o actuando en esos campos y señalando las condiciones que existen”, manifestó.

Asimismo dijo que existe una correlación entre cárceles donde no existe Estado de Derecho y el índice de criminalidad de la comunidad donde se encuentra. La relación es directa: a más ilegalidad en la cárcel mayor es la criminalidad en la comunidad. Y viceversa. Por ello consideró como un elemento fundamental de la seguridad pública el que el país cuente con cárceles “limpias”, en alusión al cumplimiento de las leyes.