Rogelio Alaniz

“Decir la verdad, no importa quién la diga.” Oscar del Barco

Hace unos años discutí con un alumno la cifra de los 30.000 desaparecidos. Fue una discusión civilizada y respetuosa. Yo dije que la cifra de desaparecidos real, efectiva, era la que dio a conocer la Conadep, algo así como 7.954 desaparecidos. El muchacho defendía la cifra de treinta mil. No se trataba de una cuestión de números sino de vidas, pero la verdad también se construye o se ilustra con números.

Si la ética incluye la verdad, o la búsqueda de la verdad, discutir sobre ocho mil o treinta mil desaparecidos es discutir la verdad. ¿Esto le hace el juego a los asesinos? Nunca la verdad debería hacerle el juego al mal absoluto. No me sorprende que los asesinos mientan, es lo previsible; me preocupa que mientan las víctimas o aquellos que dicen representarlos.

Un muerto es un escándalo moral, un desaparecido es éticamente condenable. Ahora bien, ¿los números tienen algo más que decir? ¿por qué decimos treinta mil y no ocho mil? Mi alumno me decía que no se trataba de números. Perfecto, no se trata de números, pero mientras tanto él sostenía a rajatabla una cifra. Digamos que, para expresarse bien, lo que mi alumno debería haber dicho es que no se trata de números, de números -claro está- que discutan los números oficiales.

Se dijo en algún momento que los neonazis en Alemania también niegan los seis millones de muertos en el Holocausto. Comparar lo incomparable es también una manera de hacer trampa. En Yad Vashem, la institución judía comprometida en mantener viva la memoria de la Solución Final, los archivos hablan de algo más de cuatro millones de judíos masacrados en los campos de concentración. Son datos rigurosos, con nombres y apellidos, fotos de familiares, testimonios. La cifra de seis millones es tentativa, aproximada y se construye sobre la base de una proyección apuntalada por datos formales e informales.

En la Argentina, el salto entre las pruebas y lo que se afirma es muy grande, casi abismal. Discutir si son 30.000 o 25.000 carecería de relevancia. Pero de 8.000 a 30.000, la sospecha no es atribuible a un error o a una inevitable falta de datos, la sospecha es que alguien miente, alguien falta a la verdad. La sospecha empieza a corporizarse cuando cualquier intento por poner en duda esas cifras provoca la reacción en cadena de “indignaciones morales” que se lucen adjetivando contra los herejes y renegados, pero no dan un dato certero.

Es sospechoso que un funcionario nacional como Duhalde o alguna dirigente de derechos humanos muy bien rentada por el Estado, diga que los números no importan. Es sospechoso y una falta de respeto a la inteligencia de la gente. Si los números no importan, ¿por qué en lugar de decir 30.000 no decimos 300.000 o 3.000.000 millones? Esto de negarles a los números capacidad de expresar un costado de la verdad constituye un verdadero asalto a la matemática y a la razón. También a la vergüenza.

Los números no son la exclusiva variante para tener en cuenta la dimensión de la tragedia, pero negarlos es renunciar a una de las medidas precisas para evaluar las consecuencias del terrorismo de Estado. Repito: para la ética, uno, tres mil o treinta mil valen lo mismo, pero para la política y la historia se trata de diferencias sustantivas, cualitativas, diferencias indispensables para construir la verdad.

Teóricamente, la discusión se saldaría sin mayores dificultades presentando las listas de los muertos. Personalmente estoy dispuesto a revisar mi hipótesis si una institución de derechos humanos, estatal o pública, diera a conocer una lista con los treinta mil desaparecidos o una cifra aproximada. A este argumento Duhalde lo refuta diciendo que la única lista posible la tienen los militares. Con todo respeto digo que se trata de un argumento leguleyo, un argumento tal vez eficaz para hacer callar a la señora Pando, pero no para exponerlo ante la ciudadanía.

Los desaparecidos en la Argentina no han sido indocumentados, aborígenes perdidos en la selva virgen. En la inmensa mayoría de los casos se trataba de militantes políticos y sociales que tenían actividades laborales o profesionales. Pertenecían a las clases medias y al mundo del trabajo. Estaban integrados a familias constituidas. Y fue por eso que existió un formidable movimiento de madres, abuelas e hijos reclamando por sus vidas. Que los militares no entreguen una lista no quiere decir que no sepamos quiénes fueron las víctimas.

No deja de resultar curioso que en el país donde los familiares lograron movilizarse con más eficacia se diga que no se tiene una lista por lo menos aproximada de los desaparecidos. En realidad listas hay, lo que no existe es una lista que corrobore la cifra oficial. La APDH trabajó a conciencia en este tema y la lista no superaba las cinco mil personas. La OEA y Amnesty tienen números inferiores. La Conadep elabora el informe más completo y no llega a las ocho mil personas. Allí están incluidos desaparecidos y caídos en combate, una diferencia que también es necesario elaborar. Santucho, por ejemplo, el guerrillero a mi juicio más honesto y más consecuente con sus principios, no aceptaría ser incluido como desaparecido y mucho menos como inocente. Se me ocurre que Rodolfo Walsh y Paco Urondo -por ejemplo- reaccionarían de manera parecida. Todos, y en esto hay que reconocerles autenticidad, admitieron que tomaron las armas para luchar por la patria socialista. Pues bien, en esa lista de ocho mil hay muchos combatientes incorporados; no obstante, la cifra representa un cuarto de la que se agita como dogma, que, como todo dogma, requiere de un acto de fe.

Se dice que muchos no se animaron a hacer la denuncia. ¿Treinta años después siguen con miedo? Si cada persona tiene una relación mínima con otras cinco, ¿puede creerse que en la Argentina hay cien mil personas que no se animen a decir que su hijo, su hermano, su marido, su esposa han sido secuestrados y asesinados por la represión?

Lo cierto es que por razones “sanctas y non sanctas”, la cifra de 30.0000 desaparecidos se instaló como consigna y como dogma. Discutirla significaba someterse a ser considerado un cómplice del terrorismo de Estado. Paradoja o no, la consigna “30.000” desaparecidos” se transformó en un lugar común, en una suerte de paradigma del pensamiento políticamente correcto.

Para cierta izquierda, la consigna es hoy un objeto de manipulación política. La desmesura es necesaria para otorgarle a la tragedia pinceladas más gruesas. Con buena o mala intención lo que hacen es transformar una tragedia en una caricatura, además de degradarla por el camino de la farsa y la mentira.

No nos engañemos. Ocho mil desaparecidos es una tragedia nacional, sin antecedentes en la historia argentina. Si hiciéramos un ejercicio de imaginación y nos planteáramos que todos los días el Estado decidiera secuestrar a una persona, recién en el año 2030 llegaríamos a la cifra de 8.000. ¿Les parece poco? ¿Les parece mezquino convivir durante veinte años con un secuestrado todos los días, de lunes a lunes incluidos los feriados? .¿Es necesario mentir para convocar a la tragedia? Yo no necesito hacerlo.

Empecé a militar en la APDH en tiempos difíciles, cuando comprometerse con los derechos humanos no era una actividad rentada o un marketing para ganar votos. Una de las preocupaciones centrales de nuestra militancia era la verdad, la verdad que los militares ocultaban por la vía de los secuestros, las torturas y los vuelos de la muerte. Creí y sigo creyendo que los derechos humanos no son ni de izquierda ni de derecha, son humanos, remiten a la condición humana, que va más allá de la izquierda y la derecha.

No hay asesinos buenos y asesinos malos; hay asesinos. No hay torturadores buenos o torturadores malos, hay torturadores. El dolor de las madres de los guerrilleros no es diferente al dolor de las madres de Larrabure o Gambandé. Como bien dice Oscar del Barco, sobre estos temas todos los comprometidos deben pedir perdón porque todos mataron o avalaron a los matadores.