Desde 1990 el número de colegios a cargo de sostenedores privados casi se duplicó mientras los públicos disminuyeron en 7%. El éxodo crítico que afecta a la educación municipal se agrava frente a la competencia de colegios privados con subvención estatal que, pese a que la ley se los prohíbe expresamente, en no pocos casos selecciona a sus alumnos según su rendimiento académico. Pero la selección más insalvable, responsable de la grave inequidad en educación, es la que discrimina a los alumnos por los ingresos económicos de los padres. Los pobres no pueden pagar lo que vale un buen colegio.

Cuatro meses atrás, en sesión extraordinaria, el Concejo Municipal de La Pintana discutió el cierre de un liceo emblemático: Villa La Pintana, uno de los más antiguos de la comuna y el único científico humanista. También uno de los tres con mejor rendimiento académico. Sin embargo, como cargaba con una progresiva baja de matrículas, el concejo desoyó las protestas de los alumnos y decidió fusionarlo con el Liceo Marcelo Astoreca. En la práctica, significaba el fin del Villa La Pintana y el comienzo de la búsqueda de colegio para sus 237 alumnos.

Según dijo el alcalde en la reunión de concejo, era una decisión “compleja y dolorosa”: él y dos concejales en ejercicio habían estudiado ahí. Y se justificó diciendo que no quedaba otra salida ante lo que calificó como un “explosivo aumento de la oferta educacional privada del sector”. Una competencia que provocó que los alumnos emigraran progresivamente del sistema público, ocasionando millonarias pérdida para el municipio. En el caso del liceo en cuestión, $159 millones en el último año.

Cerrarlo parecía inevitable. Una medida justa y lógica, fuera de toda discusión. Y así habría sido de no irrumpir -en esa misma reunión- la concejala Claudia Pizarro (DC). Dijo que tres autoridades de ese concejo debían inhabilitarse de votar: Jaime Pavez y su hermana Patricia, alcalde y concejala (ambos PPD), porque la esposa del primero tenía colegios subvencionados en la comuna; y también el concejal Luis Huneeus (RN), por ser propietario de otro establecimiento de iguales características.

Según puede leerse en el acta del concejo, la concejala Pizarro acusó que el cierre del Liceo Villa La Pintana “se viene trabajando desde hace bastante tiempo” y que “el señor alcalde pretende ir cerrando colegios públicos paulatinamente”.

Las tres autoridades señaladas hicieron oídos sordos a la denuncia por conflicto de intereses y aprobaron el cierre del liceo. El mismo en el que habían estudiado. Al término de la reunión de concejo, aprovechando que varios alumnos se encontraban presentes, el concejal RN ofreció su colegio para que siguieran estudiando. El ofrecimiento se ratificó a la semana siguiente con una carta en la que garantizaba matrícula gratuita en el Centro Educacional Polivalente Jorge Huneeus Zegers, que recibe subvención del Estado y lleva el nombre de su bisabuelo.

Ghetto escolar

El Liceo Villa La Pintana es el tercer colegio del que se desprende el municipio bajo la administración actual. Antes corrieron una suerte similar el Alberto Paillao Catrileo y el Sergio Silva Bascuñan, los dos pasaron a manos privadas. Pero eso no es algo que ocurra sólo en esa comuna. En febrero último La Tercera reportó que 63 colegios públicos de todo el país bajaron la cortina en 2010. Una tendencia de las dos últimas décadas que va aparejada de un sostenido crecimiento del sector privado.

De acuerdo con un estudio de Gregory Elacqua, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, entre 1990 y 2008 los establecimientos particulares subvencionados casi doblaron su número mientras los públicos disminuyeron en 7,1%. Estos últimos han perdido cerca de 400 mil alumnos desde 2001. Una porción importante proviene de los sectores de clase media de tres de las comunas más pobladas de la capital: La Florida, Puente Alto y Maipú.

Los municipales, los que van quedando, son cada vez más colegios destinados a los pobres. Colegios que atraviesan por una grave crisis de matrículas y deben competir con establecimientos privados con subvención estatal que en no pocos casos, pese a que la ley se los prohíbe expresamente, seleccionan a sus alumnos según su rendimiento académico. En el sistema público va quedando el remanente. Lo que sobra y nadie quiere. Es por ello que Oscar Arias, del Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional de la Universidad de Talca, sostiene que un colegio es bueno o malo según la capacidad que tenga de discriminar y seleccionar a sus alumnos:

-En definitiva los colegios buenos son los que desechan a los alumnos pobres, a los alumnos con problemas de aprendizaje y a los alumnos con mal rendimiento académico. Estos estudiantes van a parar finalmente a los colegios que no hacen discriminación, que son principalmente los municipales y algunos particulares subvencionados. Los llamados “establecimientos basureros”.

Criterio de admisión

La definición anterior quedó ilustrada ejemplarmente en el mapa SIMCE que el Ministerio de Educación distribuyó a mediados de 2010. La herramienta de orientación para los padres se basó en los colores del semáforo para representar el nivel académico de los establecimientos. Pero además, representó la profunda desigualdad social del país. Los amarillos y rojos estaban concentrados como grandes manchones de pobreza en las comunas de menores recursos. El problema de fondo es que ese mapa, cuya metodología fue duramente cuestionada y hoy está en revisión, consideró por igual a los colegios que seleccionaban a sus alumnos por ingresos económicos y rendimiento académico de los que no.

En La Pintana, donde sólo dos colegios figuran en verde en el mapa SIMCE, la directora del Centro Educacional Santa Rosa del Sur admite que se ve obligada a discriminar a los postulantes ante la alta demanda. El colegio es particular subvencionado y hoy figura en amarillo. Su mensualidad varía entre los 12 mil y 16 mil pesos.

-No le negamos la vacante a nadie, pero tenemos pocos cupos. Entonces, cuando postulan los alumnos les hacemos una entrevista personal, además de una prueba de medición de conocimientos básicos, asignándole un puntaje a cada una. Del número total de postulantes realizamos una selección, tomando como criterio de elección a los que hayan salido mejor evaluados en ambos ítemes –dice la directora del colegio Santa Rosa del Sur, Isabel Conte.

Aunque está a unas pocas cuadras del Santa Rosa del Sur, las diferencias con el colegio Miguel Ángel son notorias: éste, que también es particular subvencionado, no cobra mensualidad y acepta todo tipo de alumnos. Los que no han sido seleccionados en otros colegios. Los que han sido expulsados. Los que no tienen familia y viven en algunos de los tres hogares de menores del sector.

Su director, Guillermo Celada, dice que casi la totalidad de sus alumnos son vulnerables socialmente. Cerca del 70% tiene algún familiar preso. Y una cifra no estimada de estos últimos, que suelen visitar a sus parientes en la cárcel, tiende a reproducir en el colegio costumbres propias de esa cultura.

-Algunos de ellos marcan territorio en el patio y hablan con palabras propias del lenguaje delictual, por lo que en conjunto con los profesores tenemos que estar constantemente educándolos y reeducándolos. Son alumnos que no tienen más alternativa que esta. Acá nosotros recibimos a cualquier niño o niña, sin distinción, porque en otros lados no lo reciben –dice Celada.

Considerando ese criterio de admisión, que debería regir en todos los establecimientos subvencionados, no es difícil adivinar que La Escuela Básica Particular Miguel Ángel fue calificada en rojo.

Sin control

Los colegios que reciben algún tipo de subvención estatal están impedidos legalmente de establecer criterios académicos para seleccionar a sus alumnos hasta sexto básico. La prohibición está señalada en la Ley General de Educación (LGE), dictada en 2009, y refiere una serie de procedimientos para el proceso de admisión (ver recuadro 2). Procedimientos que muy rara vez se cumplen a cabalidad y que el ministerio fiscaliza únicamente si es que media alguna denuncia al respecto.

Un estudio de 2007 sobre el tema, elaborado por la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad de Chile, detectó que el 55% de los colegios privados que recibían subvención estatal, escogían a sus alumnos según tres criterios fundamentales: habilidades del postulante (48%), características de su familia (23%) y credo religioso (19%). Aunque la LGE prohibió expresamente los dos primeros, nunca se ha dictado el reglamento necesario para fiscalizar su cumplimiento.

En marzo de 2010, a seis meses de la promulgación de la LGE, La Tercera consultó a 100 de los establecimientos con mejores resultados en la PSU y 70 de ellos seguían haciendo prueba de admisión. Al día de hoy, de acuerdo con lo señalado a CIPER en el ministerio, no hay datos que permitan saber si esta repartición ha cursado multas al respecto.

Considerando que antes no existía una norma específica, Gregory Elacqua, de la Universidad Diego Portales, considera que la LGE es “un avance significativo para la regulación de la discriminación y la selección escolar”. Ello, pese a que los legisladores dejaron “un espacio gris” que permite seleccionar a los alumnos de acuerdo con una excepción que la ley definió eufemísticamente como “proyecto educativo del establecimiento”. Un traje a la medida de los colegios religiosos, especialmente los católicos.

El director del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE) de la Universidad Alberto Hurtado, Juan Eduardo García Huidobro, dice que el problema de la ley es que no consideró los mecanismos suficientes para evitar que fuera el propio colegio el que dirimiera cuando la demanda de postulantes es superior a la oferta. Cita el ejemplo de España, donde un organismo independiente distribuye los cupos disponibles con criterios ajenos a lo académico, social y económico.

Sin embargo, García Huidobro cree que el mayor escollo para democratizar la calidad de la educación pasa por modificar algo mucho más profundo: la selección de alumnos que el colegio hace según el ingreso económico de los padres. Ese factor determina una profunda segregación escolar que a la vez explica la inequidad en la calidad de la enseñanza.

-Desde que en 1993 se permitiera a los particulares subvencionados cobrar una mensualidad, la fuerza de la selección no la hace la escuela sino el mercado. Y en el mercado, ya sabemos, la calidad se asimila al precio –previene el director del CIDE-. Hay, además, una asociación fuerte entre la educación de los padres y su nivel adquisitivo. Por tanto, cuando selecciono a padres que me pueden pagar una cierta cantidad de dinero, al mismo tiempo estoy seleccionando a padres que tienen mejor nivel educacional. Ese es el trasfondo. Soy partidario de la educación particular financiada por el Estado, pero si es apoyada por el Estado, debiera ser gratuita.

Selección natural

María Victoria Pizarro no se guió por el mapa SIMCE. Ni siquiera estaba enterada de su existencia. Cuando buscó colegio para su hijo Javier, de cinco años, pensó en el Rosa Elvira Matte de Prieto. En ese colegio de Lo Espejo, perteneciente a la Sociedad de Instrucción Primaria, cursaron la educación básica sus tres hijos mayores, dos de los cuales hoy estudian Ingeniería en la Universidad Católica. Es particular subvencionado y el único verde de la comuna. El único entre 26. Su mensualidad varía entre 13 mil y 14 mil pesos. Tiene una alta demanda y no es fácil entrar ni permanecer ahí. Bien lo sabe ella: cuando quiso matricular a su hijo menor se encontró con que no había matrícula disponible.

María Victoria cree que la verdadera razón para no ser admitido obedece a que su hijo proviene de una escuela de lenguaje. Pero en el Rosa Elvira Matte de Prieto lo desmienten.

-Cuando hay cupos nunca le negamos la posibilidad a los niños. De hecho, acá tenemos muchos alumnos con trastornos de aprendizaje a los que apoyamos con especialistas. Estamos en Lo Espejo y nuestra realidad no es muy distinta a la de otros colegios de la comuna –dice la directora, Susana Muñoz.

Dice, además, que en muchos casos la selección de alumnos opera de manera natural, una vez que los padres se enteran en el proceso de postulación del fuerte compromiso que exige de ellos el colegio. La otra selección, agrega, la que hace el colegio, opera únicamente cuando la demanda es superior a los cupos disponibles:

-En ese caso hacemos una entrevista personal y asignamos puntaje. No nos queda otra: a veces la prueba sirve como diagnóstico. Pero no siempre podemos darnos el lujo de seleccionar alumnos. Tenemos que tener buenos resultados pero también financiarnos con un mínimo de 42 alumnos por curso, lo que no siempre ocurre.

A diferencia de lo que opinan sus colegas en Lo Espejo, Susana Muñoz dice que él éxito académico del colegio que dirige no obedece a la selección de alumnos sino, en buena medida, a la calidad de los profesores. A estos se les exige metas y se les apoya técnicamente con profesionales de la Sociedad de Instrucción Primaria, además de medir a sus alumnos con dos evaluaciones al año. Los que no cumplen con los estándares exigidos deben buscarse otro trabajo. Desde que Susana Muñoz se hizo cargo del colegio, en 2006, han rotado cerca de 15 profesores. Eso hace una diferencia.

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-Supongamos que usted administrara un club de fútbol y tuviera que armar un equipo donde le impusieran a los jugadores y al cuerpo técnico. ¿Cómo cree que le iría en un partido contra otro equipo que sí puede elegir entre lo mejor del medio? En la educación pública pasa lo mismo: el cuerpo técnico son los profesores y los jugadores, los alumnos, y a ninguno podemos elegirlos. Tenemos que jugar y competir con lo que hay.

Roberto Silva, director de la escuela Salomón Sack de Lo Espejo, justifica así los paupérrimos resultados académicos conseguidos en el último SIMCE. El colegio figura en rojo, a la altura de los colistas de la comuna, y por su ubicación geográfica atiende a niños de las poblaciones José María Caro, Santa Adriana y Santa Olga. Es un sector complicado, dice el director, pero más lo complica esa sensación de supervivencia en que se encuentra la educación pública.

Una evidencia de esto último está en un panel instalado en los pasillos del colegio, donde se felicita a la comunidad escolar por cumplir la meta de más de 300 alumnos matriculados. No fue un logro espontáneo. Desde fines del año pasado el Salomón Sack emprendió una campaña que tuvo a funcionarios y profesores volcados a la calle para captar alumnos nuevos.

La jefa del Departamento de Educación de Lo Espejo, Patricia Coloma, dice que el debilitamiento del sistema público no obedece únicamente a sus resultados académicos. Al menos en esa comuna los apoderados privilegian la disciplina más estricta que ofrecen los establecimientos particulares subvencionados por sobre los municipales.

-En esos colegios la puerta se cierra a la hora y son más rigurosos en el uso del uniforme, por dar algunos ejemplos. En los municipales, en cambio, no los mandamos de vuelta porque preferimos que lleguen tarde a que estén en sus casas o en la calle. En ese sentido nosotros cumplimos una función social diferente –dice la jefa de Educación de Lo Espejo, quien agrega un nuevo factor del que casi no se habla:

-Cuando los padres mejoran un poco su situación económica, cambian a sus hijos a un colegio particular. Acá eso da estatus, aunque el colegio que elijan tenga pésimos resultados.

El Saint Phillip of Nery de Lo Espejo es uno de esos casos. No sólo tiene el peor rendimiento de la comuna en la medición de cuarto básico, lo que ya es mucho decir, sino que en casi toda la Región Metropolitana. En apariencia no es un colegio venido a menos. Ocupa un enorme edificio de la zona sur de la comuna, donde priman las casas quinta y un ambiente campestre, y exhibe comodidades y equipamientos más que aceptables. También tiene el mismo afán competitivo de cualquier otro negocio. En su entrada, bajo un gran lienzo que anuncia “Escuela Competitiva, Educación de Calidad. Promedio 25 alumnos por curso”, hay afiches pegados a la pared con el siguiente aviso:

PROMOCION 2011

Apoderados antiguos: Por un nuevo estudiante que traiga al establecimiento será beneficiado con una beca del 50% de rebaja en mensualidad. Por dos estudiantes nuevos, beca del 100%.

La Escuela Básica Saint Phillip of Nery, que cobra 5 mil pesos mensuales, consiguió poco más de 200 alumnos matriculados para este año.

Los 237

En La Pintana hay al menos 30 niños y jóvenes que todavía no saben a qué colegio irán este año. Si es que irán. Son parte de los 237 que estudiaban en el liceo que el municipio dispuso cerrar por las bajas matrículas.

Muy pocos de los 237 aceptaron mudarse al Liceo Marcelo Astoreca, que es rojo, en circunstancias que el otro era amarillo. Pero el asunto de fondo es que el liceo al que querían trasladarlos está en lo que uno de los alumnos calificó como “el núcleo de las mafias de la población El Castillo”. Tampoco aceptaron la oferta del concejal y sostenedor Luis Huneeus. La ex presidenta del Centro de Alumnos del desaparecido Villa La Pintana, Deborah Gallegillos, dice que la oferta de matrícula gratuita excluía el pago de la mensualidad. Muy pocos estaban en condiciones de pagar los cerca de 20 mil pesos mensuales que cobra el colegio del concejal.

Por lo demás, las relaciones con las autoridades del municipio quedaron en un muy mal pie. El 12 de noviembre, el mismo día en que el concejo decretó el cierre, los alumnos se tomaron el liceo y permanecieron ahí hasta fines de diciembre. En la práctica nunca terminaron el año académico. Recién pudieron retirar sus papeles en enero, algunos en marzo, y a la mayoría no les ha sido fácil encontrar colegio.

Javiera Farías, de 16 años, consiguió ser admitida en primero medio en un liceo politécnico de San Bernardo a principios de este mes. Es el tercer colegio al que se integra. Al anterior llegó en séptimo tras repetir y ser expulsada del colegio Alto Gabriela de La Pintana, que es particular subvencionado. Dice que en ese entonces, por sus antecedentes académicos, no le fue fácil encontrar uno donde la admitieran. Ahora fue distinto. Demoró poco. Minutos. “Fue el primero que pillé por Internet”, dice.

Un caso ejemplar María Soledad Farías está orgullosa de dirigir un “colegio basurero”, de esos que no rechazan alumnos por rendimiento o condición social. Más aún considerando que bajo su gestión la Escuela Básica Bernardo O’Higgins, de Lo Espejo, ha mejorado notoriamente sus resultados académicos. Tan notoriamente que en el mapa SIMCE figura en amarillo. La escuela depende de la administración municipal y recibe a niños del sector poniente de la población José María Caro. Niños que en su mayoría han sido criados con graves trastornos familiares, de padres ausentes o bajísima escolaridad, y en algunos casos presos. -Nosotros acá estamos haciendo un trabajo social más que académico, de eso no hay duda, pero eso no significa que debamos conformarnos con rendimientos mediocres –dice la directora-. Me indigna que a los niños de los colegios pobres los limiten, que se los haga creer que la única vida a la que pueden aspirar es la de su entorno. María Soledad Farías estudió en un colegio público de la comuna y su primer trabajo como profesora de educación básica, en 1989, fue en la escuela que dirige. De ahí que sienta un compromiso particular con la escuela Bernardo O’Higgins. Cuando asumió la dirección, en 2008, detectó una situación catastrófica: salas y baños a muy mal traer; un alto grado de agresividad de alumnos y apoderados y un pésimo rendimiento académico. Ese año, para más desgracia, el profesor de cuarto básico se suicidó poco antes de que los alumnos rindieron la prueba SIMCE. -Nos encontramos con una situación muy complicada que derivó en una muy baja autoestima de profesores y alumnos –recuerda Farías, que empezó por regular el trato con los apoderados: -Eran agresivos, groseros. Ellos mandaban en este colegio y yo tuve que empezar por revertir eso haciendo denuncias por amenazas y, sobre todo, hablando con ellos, haciéndoles ver que la disciplina, el respeto y el rendimiento de los alumnos dependían en gran parte de las familias. También hizo ver que en el rendimiento influía mucho la disposición de profesores. Después de mucho batallar logró el traslado voluntario de quienes no estaban comprometidos. De esta forma la Escuela Básica Bernardo O’Higgins experimentó una fuerte alza en la medición SIMCE de 2009: en cuarto básico subió 29 puntos en lectura y 38 en matemáticas. Los incrementos en octavo fueron similares. La directora dice que estos resultados han conducido a un mayor estímulo de profesores y alumnos. Y a que -cosa curiosa- algunos de los más de 300 alumnos matriculados este año provengan de colegios particulares subvencionados. Uno de esos nuevos alumnos es Javier, el hijo de María Victoria Pizarro, que viene de una escuela de lenguaje y no encontró matrícula en el colegio Rosa Elvira Matte. Este año comienza el primero de la básica.

Selección “ilegal” La mayoría de los especialistas en Educación plantean que los establecimientos con buenos resultados tienen una causa en común: utilizan algún tipo de proceso de selección de sus alumnos. Pero ese factor incide en la fuerte segmentación escolar existente en Chile. Esta selección tiene limitaciones legales para los cursos que van de primer nivel de transición a sexto básico. La Ley General de la Educación (LGE), que rige desde septiembre de 2009, señala que en el caso de los colegios que reciban subvención o aporte estatal, “en ningún caso se podrá considerar en cada uno de estos cursos el rendimiento escolar pasado o potencial del postulante. Asimismo, en dichos procesos no será requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia”. No obstante lo anterior, recogiendo aspectos contenidos en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), agrega que “los procesos de admisión deberán ser objetivos y transparentes”, y señala pautas generales, como la exigencia de informar sobre número de vacantes, plazos, “criterios generales de selección” y “tipos de prueba a las que serán sometidos los postulantes”. Una vez finalizado el proceso de admisión, los colegios con subvención estatal deben publicar los resultados “en algún lugar visible” y, en caso de ser solicitado, “entregar un informe con los resultados de sus pruebas”. En casos de incumplimiento, la ley establece multas de hasta 50 UTM, “las que podrán duplicarse en caso de incumplimiento”. Al momento de discutirse la ley, el presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), Jesús Triguero, fue uno de los mayores críticos a la prohibición de establecer pruebas de ingreso en los colegios con subvención escolar. Hoy señala que son los padres quienes están practicando la selección al preferir los colegios subvencionados, que garantizan mayor disciplina y una mayor calidad. Y agrega que la ley, tal como quedó, presenta inconsistencias al permitir la selección a partir de séptimo y no en los cursos inferiores. “Ahí se aprobó una enmienda en la cual se trata de dar solución a colegios emblemáticos como el Instituto Nacional. Está hecho a su medida”.