El Gobierno ha pactado con la banca el ahorro de cerca de 1.500 millones de euros a cambio de que las entidades accedan al mecanismo extrajuicial de negociación con los consumidores para devolver el dinero cobrado de manera indebida por las cláusulas suelo, cuando son nulas por abusivas.



Esta cuantía resulta de calcular la estimación de las costas procesales que tendría que hacer frente la banca en el caso de que los consumidores recurrieran a los juzgados y tribunales. El Banco de España eleva a 4.200 millones de euros el dinero total obtenido por las entidades con estos intereses "suelo" que impiden que bajen el pago de esta cuantía aunque el mercado de los tipos de interés sea inferior.

La Ley de Enjuiciamiento Civil establece que las costas de la parte contraria suponen un máximo de un tercio del total, aunque depende de la cuantía y de los honorarios que fija cada uno de los 83 colegios de abogados que existen en España.

Los bancos se ahorrarán además los gastos de notario y registrador, porque cobrarán el "mínimo", según el decreto, cuando haya que suprimir estas cláusulas en la escritura pública y en el registro de la propiedad.

El decreto ley negociado entre PP, PSOE y Ciudadanos y que será aprobado este viernes por el Consejo de Ministros otorga a los bancos un margen de tres meses para realizar su liquidación del capital y los intereses devengados por estas cláusulas, cuando son abusivas. Este tiempo, que no supone que lo vayan a exprimir al máximo, no contempla el pago de intereses.

El banco no pagará costas si el consumidor opta por acudir después al juzgado al discrepar de la liquidación que ofrece la entidad: sólo paga las costas si el cliente gana el pleito por una cuantía superior a la que ofreció.

El decreto enmascara un grave problema que existe en España: la negativa del Gobierno de Mariano Rajoy a destinar dinero suficiente a la Justicia, no en vano lleva un año sin convocar oposiciones a jueces y fiscales.

El Gobierno podría haber optado por reforzar los juzgados para solucionar los varios millones de contratos con cláusulas abusivas que han firmado los bancos con los consumidores, no sólo de cláusulas suelo, y que están afectadas por la jurisprudencia del TJUE. Son los casos de los productos financieros complejos -como los Valores del Santander- o las hipotecas multivisas. Pero no lo ha hecho.

Los juzgados podrían haber resuelto las demandas en pocos meses, si fueran reforzados, frente a los tres meses de margen que tienen los bancos para realizar su propuesta de liquidación al consumidor. Un precedente son los refuerzos que se realizaron con las Preferentes. Pero Justicia ha dado la callada por respuesta al igual que el Consejo General del Poder Judicial, que se mantiene mudo ante esta crisis.

Abogados 'carroñeros'

"Hay que asumir que el Gobierno no va a destinar dinero a solucionar las cláusulas abusivas en los juzgados y así quitamos el pago de intereses y costas a los abogados carroñeros", sostiene una fuente negociadora.

Como "abogados carroñeros" se señala a los despachos que han emprendido masivas campañas de publicidad para demandar a las entidades financieras entre los afectados por cláusulas suelo, de los que se quedan los intereses y las costas.

La lentitud en la toma de decisiones ha provocado que se hayan presentado 20.000 demandas en sólo mes y medio desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictara su famosa sentencia que establece que una cláusula suelo, cuando es abusiva, lo es desde que se firmó y no desde 2013 como pretendía el Tribunal Supremo.

A esta cifra hay que sumar los 4.000-5.000 pleitos que los jueces habían dejado suspendidos a la espera de la resolución del tribunal europeo y que han comenzado a ser sentenciados a favor del consumidor.

No todos los contratos con cláusulas suelo son abusivos. Sin embargo, casi todos los bancos tienen condenas en su contra, jurisprudencia que se debe aplicar caso a caso, (excepto el Banco Sabadell –que todavía no ha sido condenado— y el Santander, que no incurrió en esta práctica).

Otro favor a la banca del Gobierno de Rajoy es que el decreto no menciona los motivos por los cuales una cláusula es abusiva, sino que deja en manos del banco acceder o no a las pretensiones del consumidor.

El Tribunal Supremo tiene fijado las causas por las cuales una cláusula suelo es abusiva en su sentencia de mayo de 2013.

El Gobierno incluyó estas causas en el primer borrador del decreto ley, pero han sido retiradas por presiones de la banca: la mayoría no los cumplía. Estos son:

- Falta de información suficientemente clara.

- La cláusula suelo se inserta de forma conjunta con las cláusulas techo y como aparente contraprestación

- El banco no aportó simulaciones de escenarios relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar.

- No hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad

- La cláusula se enmascara entre una abrumadora cantidad de datos que diluyen la atención del consumidor.

Se estima que los afectados oscilan entre 1,2 millones a 2 millones, en función de computar hipotecas ya canceladas, aquellas en las que ya hay sentencias o acuerdos individuales y las de personas jurídicas que pueden no ser consumidores.

