18D: Policías lanzan piedras y atropellan a manifestantes - YouTube

Las imágenes que acompañan esta nota muestran lo que los grandes medios de comunicación y el gobierno quieren ocultar. Por un lado la brutal saña de la represión policial que incluye el accionar ilegal por parte de esas fuerzas. Por el otro, muestra la resistencia a esa represión por parte de miles de manifestantes.

Estas imágenes -seleccionadas por La Izquierda Diario sobre la base de lo que se vio en los principales canales de TV- son sistemáticamente ocultadas por los grandes medios de comunicación. Lo hacen en función de montar una campaña de demonización contra algunos militantes de izquierda.

Esa campaña busca ocultar que el repudio a la reforma previsional fue masivo. Al enorme rechazo que se notaba en cada encuesta que se realizaba (superior al 80 %) se sumó la masiva movilización de ese día, que reunió a más de 100.000 personas. El gobierno y la Justicia no pueden criminalizar a esa multitud. Por eso, con la ayuda de la gran corporación mediática, construyen una furiosa campaña centrada en pocas personas.

Las imágenes de ese 18 de diciembre dejaron en claro la voluntad de miles de personas de resistir la represión, de defender su legítimo derecho a la protesta. Incluso contras fuerzas represivas que atacaron brutalmente. Esa defensa del derecho a protestar contra lo que era un verdadero robo al bolsillo de millones de jubilados, es lo que se vio ese día en la Plaza de los Dos Congresos.

Tal como lo muestran las imágenes seleccionadas en el video, las fuerzas represivas atropellaron con sus vehículos a manifestantes. Incluso llegaron a hacerlo con los propios efectivos policiales. También puede verse a policías lanzando piedras con quienes protestaban, algo que infringe sus propios protocolos represivos. En estas jornadas las fuerzas policiales volvieron a evidenciar abiertamente es que su razón de ser estriba en garantiza la represión abierta contra los reclamos obreros y populares, en pos de defender políticas al servicio del gran empresariado.

Persecución y criminalización creciente

En la noche de este miércoles, según informó el PSTU, fue allanado el domicilio de uno de sus militantes en Rosario. Las fuerzas policiales actuaron bajo la increíble acusación de “terrorismo”, llevándose computadores personales y otras cosas.

También ayer miércoles, según denunció el PO, cuatro militantes de su partido fueron detenidos en Mar del Plata mientras realizaban una pintada. Fueron incomunicados durante horas, por lo que se desconocía su situación y amenazados por los efectos policiales.

Estos dos hechos muestran una creciente criminalización de la protesta social y el ataque hacia la izquierda. Se agregan a la detención de César Arakaki y Dimas Ponce, que están en prisión por orden del juez Sergio Torres, y al pedio de captura contra Sebastián Romero. Ellos se suman a cinco personas que continúan detenidas, increíblemente, desde la represión del 14 de diciembre. Es decir, hace ya casi un mes.

La campaña de persecución contra estos militantes llegó al extremo de una invasión completa de su privacidad. Los perfiles de Facebook de quienes están detenidos fueron difundidos hasta el hartazgo en los medios oficialistas. Se ventiló su vida privada en lo que constituyó un verdadero escrache.

Se trata de una política destinada a amedrentar a los trabajadores en su conjunto y a los luchadores obreros y populares. Una política que busca preparar la situación para pasar a la ofensiva con la regresiva reforma laboral que el gobierno negocia con sectores del peronismo y de la burocracia sindical.

Un juez con doble vara

Las detenciones Arakaki y Ponce ponen en evidencia la clara arbitrariedad del juez Torres. Las imágenes que acompañan esa nota son las que este juez tampoco quiere tomar en cuenta.

Este miércoles por la tarde, casi a pesar suyo, Torres se vio obligado a ordenar nuevamente la detención de Dante Barisone, el policía que manejando una moto, pasó por arriba de Alejandro Rosado.

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El juez lo había dejado en libertad apenas días antes. Lo había hecho ante la “imposibilidad de identificarlo”. Un absurdo completo. Ayer, fue Alejandro Irarzábal, el policía que iba en la parte trasera de la moto, el que confirmó su identidad. Recién ahí Torres volvió a pedir la detención.

La actuación del juez resulta a esta altura completamente parcial. Mientras ordena detener a militantes de izquierda, deja impune el accionar policial de esos días.

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Solo el lunes 18 de diciembre cuatro personas perdieron un ojo por las balas policiales. Ese día, cientos o miles de personas resultaron heridas con lesiones de gravedad que llegaron a quebraduras. Jubilados fueron violentamente golpeados y gaseados. Sin embargo, a pesar de todo eso, que está registrado por los medios, no hay más que un policía preso.

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La brutal campaña que se realizó contra los militantes de izquierda no tiene su correlato en los policías que actuaron en la represión. Ningún periodista de los medios oficiales se pregunta por los nombres de los efectivos que lanzaron piedras o que atropellaron manifestantes con los vehículos. Ningún canal de TV busca los datos de los responsables de gasear y balear a jubilados, mujeres, trabajadores o jóvenes. Hasta el día de hoy no se conocen los responsables de la represión de los días 14 y 18 de diciembre. Así quieren consagrar la impunidad del accionar represivo.

La impunidad: una política de Estado

Así como no se conocen los nombres de los policías responsables de que cuatro manifestantes perdieran un ojo, tampoco se conocen los de los prefectos que participaron en el asesinato del joven Rafael Nahuel, en noviembre pasado.

Ni ellos ni los gendarmes que actuaron en la represión tras la cual desapareció Santiago Maldonado están imputados. Muy al contrario, Emmanuel Echazú el único efectivo que se encuentra en situación de responsable en la causa, fue ascendido por la ministra Patricia Bullrich. Una clara provocación en función de mostrar cómo el Estado nacional garantiza la impunidad al accionar represivo.

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El juez Torres, al igual que muchos otros integrantes de la casta judicial, es parte de esta maquinaria destinada a sostener una política represiva y de impunidad.

Represión hacia quienes luchan y se manifiestan contra los ataques del gobierno. Impunidad para el accionar de los efectivos de las distintas fuerzas represivas. Impunidad, también, para los genocidas que reciben cada vez más el beneficio de la prisión domiciliaria.

Hoy jueves está convocada una movilización desde el Congreso Nacional a Plaza de Mayo. La marcha, llamada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, reclamará por la libertad de César Arakaki, Dimas Ponce y demás presos políticos; exigirá el fin de la persecución y la criminalización de la protesta social y denunciará la impunidad en curso para el accionar represivo y los genocidas.

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Es una obligación de quienes luchan contra el giro represivo del gobierno nacional y los gobiernos provinciales movilizarse hoy. Los discursos contra la derecha tienen que hacerse efectivos. Las calles son el lugar que hay que ocupar para dar esa pelea.