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Por Beatriz Pagés*

La cadena de protestas y actos vandálicos —perfectamente bien orquestados— replicados en varias partes del país demuestra que la desaparición y probable exterminio de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa forma parte de una trampa estratégicamente puesta a México.

En esa trampa participan varios: el crimen organizado, grupos guerrilleros, agrupaciones sindicales como la Coordinadora de Maestros de Guerrero, mercenarios anarquistas como los que intentaron incendiar la puerta de Palacio Nacional, y partidos políticos —tipo Morena— que apuestan a ganar con la desestabilización.

Basta mirar la firma de Andrés Manuel López Obrador en la puerta incendiada de Palacio —“Lárgate Peña…”— para entender sobradamente lo que está detrás de Ayotzinapa.

Todos estos activistas y propagandistas del terror tienen el mismo modus operandi: utilizan un discurso provocador, engañador y fraudulento para confundir y hacerle creer a la sociedad que la desaparición y posible asesinato de los 43 jóvenes normalistas es un crimen de Estado, como si el gobierno mexicano hubiera dado la orden de exterminarlos.

Anarcos y medios de información están dedicados a repetir arengas como “¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, para crear la percepción de que las autoridades federales son las responsables directas de un crimen de lesa humanidad, cuando la verdadera autoría material e intelectual es de los cárteles de la droga y de funcionarios locales, claramente identificados, coludidos con ellos.

En este momento en el que está en juego el futuro de México, se tiene que llamar las cosas por su nombre, para que la sociedad deje de confundir a los profesionales de la desestabilización y a la delincuencia, con supuestos defensores de los derechos humanos.

Llama poderosamente la atención que quienes dicen defender a las víctimas se hayan olvidado de los verdaderos culpables —especialmente del exalcalde de Iguala y del crimen organizado— y lleguen a la capital del país tratando de que sus actos vandálicos aparezcan en las pantallas de televisión para crear el efecto de que el país se está quemando.

¿Todos esos jóvenes embozados que hoy delinquen, escudados en el anonimato, saldrían a destruir lo que encuentran a su paso si no tuvieran enfrente una cámara de televisión? Es una simple pregunta para decir que el plan desestabilizador fue pensado a sabiendas de que contaría con la ayuda voluntaria o involuntaria de los medios de comunicación, con la finalidad de hacer de cada acto vandálico un espectáculo y generar miedo entre la población.

Otra parte de la estrategia consiste en ultrajar a los funcionarios que encabezan las principales instituciones. El viernes 7 de noviembre fueron utilizadas las redes sociales para tratar de denigrar —y yo diría de aniquilar— al procurador general de la república, Jesús Murillo Karam.

En lugar de que los medios de información y usuarios de redes condenaran a quienes de manera bestial y salvaje pudieron haber asesinado a los jóvenes normalistas, se dedicaron a condenar a un procurador cuyo único pecado fue expresarse como cualquier ser humano al decir que “está cansado”.

Y en medio de todo este engranaje de perversidad, no podemos dejar fuera a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, cuya misión hoy ya no es la democratización de ese centro de estudios, sino dar largas a la resolución del conflicto para contribuir a la ingobernabilidad.

Conforme transcurren los días se le ven con más claridad las orejas al diablo. Hay quienes están operando a todas luces en contra de los intereses de México, y los jóvenes —sean los de Ayotzinapa o sean los del Politécnico— han sido escogidos para crear condiciones adversas a la inversión y al desarrollo de la nación.

El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, pronunció en Jalisco un discurso donde dejó ver los hilos que se mueven en la penumbra. Dijo: “El rumor, la intriga y la deslealtad corroen los cimientos, mancillan las convicciones y debilitan el potencial que tiene el país”.

Los delincuentes se han salido, hasta ahora, con la suya. Han logrado impedir que las autoridades apliquen la ley, que sus actos vandálicos queden impunes y se multiplique la violencia por todo el país.

La condena nacional e internacional por la desaparición y posible exterminio de los 43 normalistas ha servido a los desestabilizadores para paralizar el gobierno mexicano, acusado por los mismos criminales de ser el principal violador de los derechos humanos.

Le han puesto al país una trampa.

Es imperioso que los delincuentes dejen de seguir ganando espacio en las calles, pero sobre todo en la opinión pública.

La recuperación de la gobernabilidad debe empezar en el terreno de las ideas y de la conciencia nacional.

*Secretaria de Cultura del CEN del PRI.