La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha dado el visto bueno al avance de la “externalización” (privatización encubierta) de la Gerencia Informática de la Seguridad Social (GISS), de la que dependen todas las operaciones de la Tesorería, el control de las cuotas, las altas y bajas y el pago de las pensiones. El nuevo método de gestión ideado por los arúspices de la reducción de costes del equipo del secretario de Estado Tomás Burgos, peritirá transferir el trabajo a los grandes despachos de tráfico de influencias (contratas y subcontratas) y se empezará a aplicar en noviembre, según ha informado Báñez al portavoz adjunto de Izquierda Plural y diputado de ICV Joan Coscubiela.

Consciente de que la informática es la punta de lanza de la gestión de la Seguridad Social, una de las más eficaces y con menor coste para los asegurados (nada que ver con los fondos de pensiones privados), Coscubiela pidió a la ministra los datos sobre el número de funcionarios o empleados públicos que prestan servicio en la Gerencia Informática y los trabajadores de empresas privadas dedicados a lo que llaman “asistencia técnica”. Y la respuesta fue que las nuevas contrataciones de la Gerencia Informática ya no se harán por horas y categorías exclusivamente sino “por servicios a tanto alzado y por unidades de trabajo, aproximadamente con una proporción de un 51 y un 49%”.

Asegura Bañez que el nuevo sistema de contratación de los servicios externos ofrece muchas ventajas: “Mayores descuentos, ya que las empresas pueden gestionar mejor sus recursos al controlar un proceso completo”. Además “se minimiza la cesión ilegal de trabajadores –dice la ministra--, ya que los nuevos contratos gestionarán servicios prestados y no equipos de personas y los trabajos que realizan, como ocurría ahora”. El tercer argumento es que, en definitiva, el nuevo sistema va a mejorar la eficiencia, toda vez que en los nuevos contratos se facturará por servicios realizados y no por “horas de presencia”, como ocurre ahora.

Esa sustitución progresiva de las contratas de la gestión de la Seguridad Social mediante el desvío de la carga de trabajo de las oficinas de la Tesorería, hará innecesaria la presencia de los trabajadores externos en las dependencias de la propia Seguridad Social y permitirá a las empresas buscar operadores al mínimo coste posible en cualquier parte del mundo, desde Taiwan a Hon Kong, pasando por Kuala Lumpur. Si según el portavoz de Izquierda Plural en materia social ya era criticable “la privatización progresiva de parcelas tan sensibles del sistema como la gestion de la Tesorería, los nuevos métodos introducen riesgos catastróficos para el sistema, es decir, para todos los trabajadores”.

No obstante, Báñez asegura que la Gerencia Informática de la Seguridad Social (GISS) mantendrá “el control, la coordinación y el conocimiento de los asuntos en manos de los funcionarios” y que éstos serán los encargados de las funciones de “toma de requisitos, análisis funcional, pruebas y soporte técnico, complementándose –añade- con personal de asistencia técnica por horas cuando sea necesario porque el sistema o el proyecto de que se trate lo requiera”.

La privatización del área más sensible del sistema público de pensiones se puede evaluar con datos concretos: 601 empleados públicos (574 funcionarios y 27 contratados laborales) frente a 1.087 externos, de empresas privadas. La plantilla de trabajadores de la GISS se ha visto reducida al nivel de 2005 después de haber rozado los 800 empleados públicos. En cambio, la de empleados ajenos ha pasado de 744 aquel año a los 1.087 mencionados, según datos de 31 de marzo.

El coste anual de un técnico medio informático es de 49.526,40 euros y el de un empleado público con nivel de complemento de destino 8 y una antigüedad media de 3 trienios, que sería el equivalente al anterior, de 33.657,22 euros. El coste de un técnico superior informático es de 74.870,40 euros al año, y el de un funcionario con nivel 26, equiparable al anterior, de 53.017,40 euros. Son datos del propio Gobierno a Joan Coscubiela.

Si consideramos que la contratacion externa de la GISS supone este año un coste de 60.763.550 euros frente a una nómina de funcionarios y laborales, incluidos los incentivos al rendimiento, de 27.016.332,63 euros, vale preguntar a quién beneficia la externalización y cuáles son, donde están, las bondades de la reducción de plantillas y la amortización de empleos públicos que el Gobierno del PP –y con anterioridad el del PSOE- han justificado con el argumento de la contención del déficit público. El último acelerón a la privatización de la GISS supondrá, si la oposición política y los sindicatos no logran frenar y revertir el proceso, la extinción del empleo público y una mayor explotación y precariedad del privado en beneficio de unos pocos y determinados dizque “empresarios” clientelares y amigos del partido gubernamental.