La Argentina enfrenta horas decisivas en su negociación con los fondos buitre que sino llega a un acuerdo por la deuda impaga, el país podría caer en un nuevo default, el octavo en su historia.

Pero si negocia con los fondos buitre por un valor superior a lo ya pactado con los bonistas que sí entraron a los canjes de deuda, se dispararía la más que últimamente nombrada cláusula RUFO (Right on Future Offers), el respaldo legal que tienen los bonistas reestructurados para reclamar a la Argentina si ésta ofrece a los buitre más de los que ellos recibieron.

Sin embargo, esta cláusula no sólo tendría alcances económicos sino penales. Según el economista especializado en deuda soberana, Marcelo Etchebarne, si se activa la RUFO, funcionarios kirchneristas podrían enfrentar juicios por “mala praxis”.

“Argentina probablemente podría pagar al fondo NML Capital la cantidad establecida en el fallo del juez Griesa sin activar la cláusula RUFO. La cláusula está abierta a interpretación, pero si se dispara, las demandas podrían aniquilar las reservas de divisas de Argentina. Sin embargo, hay otra amenaza: las causas penales”, sostiene Etchebarne en un artículo del semanario The Economist.

“La activación de la RUFO tendría el efecto de aumentar la carga de la deuda de Argentina, lo que provocaría que funcionarios sean enjuiciados por mala praxis”, agrega.

“El mercado es optimista sobre el alcance de una solución de la negociación, lo cual es lógico. Hay más ventajas si se llega a una solución que las desventajas que debería enfrentar el país si se declara un nuevo default”, afirma Etchebarne. “Pero lo que el mercado no está tomando en cuenta es que si se activa la cláusula RUFO, cualquier funcionario del gobierno que haya trabajado en este acuerdo, enfrentarán años de juicios penales”.