Durante el largo confinamiento provocado por la pandemia, las Administraciones apenas están teniendo en cuenta a los grupos vulnerables y con necesidades especiales, que en la práctica deben arreglárselas solos para salir adelante en condiciones aún más adversas que los demás.

Esta pandemia está provocando terribles estragos de salud, pero también económicos y sociales, que afectan a millones de personas y hace tambalear todos los pilares que aguantan a la sociedad. Algunos colectivos son especialmente vulnerables y en el vértigo acelerado de cada día apenas nos damos cuenta. Uno de los ejemplos más evidentes es el de las organizaciones que trabajan con la discapacidad intelectual: en la práctica, las Administraciones ni siquiera las han tomado en cuenta como grupo de riesgo con necesidades especiales y deben arreglárselas para capear el temporal en condiciones más adversas aún que los demás.

Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó los primeros pasos del estado de alarma sí nombró al colectivo con discapacidad, pero no exactamente en la medida en que se necesitaba: se limitó a señalar que las personas con discapacidad podían ir por la calle acompañadas.

Entidades que trabajan con personas con discapacidad intelectual, como la cooperativa TEB, con más de cuatro décadas al pie del cañón con un trabajo extraordinario, tuvieron que hacer auténticos malabares para lograr que su colectivo se quedara en casa. TEB es una cooperativa que da trabajo a 1.000 personas, de las que 700 tienen una discapacidad intelectual. El objetivo es lograr su integración en la sociedad. Además de contar con pisos tutelados y hogares-residencia compartidos, TEB desarrolla una intensa actividad empresarial: produce desde pinturas para manualidades hasta preparados para hacer tartas, setas, manipulados de productos de alimentación, perfumería, editorial y de otros tipos. Y ofrece servicios como limpieza, jardinería, envío a domicilio en supermercados, etcétera.

El estado de alarma no solo no ha tenido en cuenta a este colectivo como de riesgo, sino que se les ha impuesto ir a trabajar... acompañados.

Muy a menudo las personas con discapacidad intelectual tienen también otras dolencias. Además, estas enfermedades son a menudo crónicas —caridiovasculares, cardíacas, pulmonares y/o problemas de inmunidad—, lo que les sitúa en el grupo de alto riesgo frente al coronavirus.

Nadie lo ha tenido en cuenta.

TEB ha logrado al menos llevar a cabo un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que le ha permitido poner a salvo a las personas de riesgo. Pero al mismo tiempo tiene que hacer auténticos malabares para que la fábrica pueda seguir en pie cuando termine el estado de alarma e inventar fórmulas para poder volver a dar trabajo a personas con discapacidad intelectual, que el mercado muy raramente provee.

Foto: Diversa Audiovisual, TEB.

Falta de material

En los pisos tutelados u hogares residencias conviven varias personas con discapacidad intelectual, que a veces comparten incluso habitación, baño, y profesionales de cuidados. Con las herramientas mínimas, sin la posibilidad de acceder a test, de nuevo las organizaciones que trabajan con discapacitados han tenido que mover por su cuenta cielo y tierra, sin descanso para conseguir proteger a los colectivos más vulnerables. Y ante el silencio de los cauces oficiales se han tenido que mover por otras vías y pedir auxilio para proveerse gracias a iniciativas de solidaridad nacidas de la propia ciudadanía, como la producción de mascarillas caseras impulsadas por vecinos de Sentmenat (pueblo de 9.000 habitantes al norte de Barcelona).

Mascarillas, EPIS, material sanitario básico como geles hidroalcohólicos... Han tenido que apañárselas como han podido para conseguirlos.

Este es el cuadro de TEB y, por extensión, de las organizaciones de discapacitados intelectuales: colectivo de máximo riesgo, dejado tradicionalmente de lado por el mercado, sin apoyo oficial específico, con la producción parada, la obligación de ir a trabajar... y además con los gastos extraordinarios disparados para conseguir el material esencial que evite contagios y hasta poder atender fuera de los pisos tutelados a las personas ya contagiadas para reducir las posibilidades de auténtico desastre sanitario.

Las personas que trabajan para proteger a colectivos vulnerables como estos ya suelen trabajar en condiciones muy precarias, pero ahora han superado todos los límites conocidos y se han jugado también su propia salud y la de sus familias.

Ahora necesitan más ayuda que nunca. Necesitan dinero para recuperar lo gastado, por medio de donaciones, o trabajo que pueda hacerse cuanto esta situación mejore. Las organizaciones lo van a necesitar para poder seguir ayudando a las personas más vulnerables.

Las Administraciones no pueden seguir actuando como si estos colectivos tuvieran margen para apañárselas solos en medio del temporal más intenso en un siglo. Y a todos nos tocará echarles una mano. El desafío es brutal, pero el apoyo a los colectivos más vulnerables debería ser una auténtica línea roja si aspiramos a vivir en una sociedad que pueda considerarse a sí misma civilizada.