La Red Contra Delitos Financieros, una agencia del Departamento del Tesoro (FinCEN por sus siglas en inglés), solicitó a los bancos vigilar los contratos del gobierno de Venezuela, transferencias electrónicas de compañías ficticias y compras de bienes raíces en el sur de Florida y en Houston por parte de altos funcionarios venezolanos, por sus familia o sus asociados. La solicitud surgió a raíz de las preocupaciones expresadas por las instituciones financieras acerca de algunas transacciones que involucraron a empresas estatales estaban siendo utilizadas para blanquear sobornos.

Funcionarios estadounidenses temen que la corrupción afecte aún más a los venezolanos, que ya sufren una inflación de tres dígitos y escasez generalizada en medio de una crisis política agravada por la decisión de Maduro de rescribir la Constitución a pesar de constantes protestas de la población.

El mes pasado, el gobierno del presidente Trump impuso sanciones a Venezuela por la decisión de Maduro de continuar con sus planes de consolidarse en el poder. Las sanciones prohíben que los inversionistas compren la deuda de la nación e impiden que Citgo, una subsidiaria de la petrolera estatal con sede en Estados Unidos, envíe sus dividendos a Venezuela.

“No todas las transacciones que involucran a Venezuela están relacionadas con la corrupción, sin embargo, en estos momentos, y durante un periodo de agitación en el país, las instituciones financieras necesitan continuar su vigilancia para ayudar a identificar y detener el flujo de ganancias corruptas y combatir el lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas”, dijo Jamal El-Hinfi, director interino del FinCEN.

Maduro ha acusado a Estados Unidos de intentar imponer un “bloque” financiero a Venezuela luego de que las protestas de la oposición no lograron removerlo del poder. Incluso antes de la última ronda de sanciones estadounidenses, muchos bancos de Wall Street como Citibank y Credit Suisse, los cuales cobraban altos honorarios por servicios financieros a Venezuela, dejaron de hacer negocios con el gobierno, por temor a una acción legal o a perjudicar sus reputaciones.

La acción del miércoles enumera varias señales que ayudarán a los bancos a identificar sistemas peligrosos. Por ejemplo, cualquier transacción sobre contratos gubernamentales pagables a cuentas personales, compañías comerciales difíciles de localizar y productos con precios sustancialmente más altos que el del mercado.

También alerta sobre compras de bienes raíces, específicamente en el sur de Florida y en el área de Houston, que involucren a funcionarios del gobierno venezolano, a miembros de sus familias o de asociados que no tengan el salario para realizar compras de tal magnitud.

Durante el año pasado, Estados Unidos ha sancionado a decenas de funcionarios venezolanos, incluyendo al propio Maduro, por diversas acusaciones, incluyendo tráfico de drogas y abusos a los derechos humanos. Entre las empresas estatales nombradas en las recientes sanciones se encuentran las compañías de luz y de teléfono, así como un banco de comercio exterior y la comisión de tipos de cambio que provee de dólares a algunos negocios e individuos a una tasa favorable, a la cual muchos venezolanos no tienen acceso a causa de los estrictos controles de divisas.]]>