Según algunas estimaciones son 114.000 las víctimas de la represión que se encuentran sin identificar en fosas comunes y en las cunetas de las carreteras de España. Esto sitúa al Estado español en el segundo lugar de las desapariciones forzosas después de Camboya, según apuntan varias instancias internacionales. Todo lo que está ocurriendo en España con las víctimas del franquismo es una anomalía democrática, por ser benévolo. Jueces para la Democracia acaba de denunciar la falta de auxilio judicial a dichas víctimas. Por su parte, el gobierno del PP mira para otro lado y moviliza a los servicios jurídicos del Estado para poner todas las trabas posibles, no en vano, su formación es la heredera de Alianza Popular, fundada por un destacado franquista, Manuel Fraga. El diario Público pidió a varios partidos unas líneas durante el 41 aniversario de la muerte del dictador, el pasado 20 N, escuetamente la respuesta del PP fue: “Nosotros no queremos escribir de franquismo y esas cosas”. Hablamos con el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, el arqueólogo forense Ermengol Gassiot, que ha participado en exhumaciones en Olesa de Montserrat, el Bruc, Gurb, Osona, Villanueva del Rosario, Santaella y la Guijarrosa. Y con Felipe Moreno, luchador antifranquista que hoy pertenece a la “Xarxa Catalana i Balear de suport a la Querella Argentina”.

¿Quién le reclama como técnico para ir a una exhumación? ¿Quién paga los gastos?

Ermengol Gassiot (E. G.): La inmensa mayoría de exhumaciones en las que he participado, quien nos reclama son las organizaciones que promueven la actuación, que normalmente son organizaciones de familiares de las víctimas o de vecinos del lugar, y que hacen esta acción desde un punto de vista político. Cualquier acto de exhumación de una fosa común, más allá de recuperar unos cuerpos, pretende dos cosas: Una es poner sobre la mesa crímenes contra la humanidad, y segundo hacer una crítica política a la Transición y al régimen actual de impunidad. ¿Los gastos?, en muchas ocasiones, sobre todo antes de la aprobación de la ley de la Memoria Histórica y de que el expresidente Rodríguez Zapatero abriera unas pequeñas líneas de subvención al respecto, esto se sufragaba con las aportaciones de los propios militantes de estos movimientos sociales y, muy a menudo, los arqueólogos forenses ponemos dinero de nuestro bolsillo. A veces, es cierto, que un determinado ayuntamiento poede colaborar con algo, por ejemplo, en Olesa de Montserrat nos pagaron la comida. Aquellas pequeñas partidas de subvención del gobierno de Zapatero se eliminaron por el gobierno de Mariano Rajoy, y ahora están volviendo un poco a la situación previa. Desde mi punto de vista, y ya sé que no queda muy bien decirlo, creo que no debería hacer así, cuando veamos que se hace con los restos y en el sentido forense de las actuaciones, no debería hacerse así. Desde un punto de vista de un acto militante y de lucha, son las organizaciones populares y sociales las que hacen un acto que el Estado no quiere hacer, y lo hacemos con los recursos propios.

¿Cree que es mejor que no estén subvencionadas las exhumaciones?

G.: Dudo mucho de que el Estado haya querido abrir la caja de Pandora del memorialismo. El ejemplo es la normativa que se ha hecho en Catalunya sobre fosas comunes, que lo considera prácticamente un patrimonio histórico-arqueológico, no como un tema judicial.

¿Qué hacen los jueces cuando se certifica una muerte violenta en estas exhumaciones?

G.: Las experiencia que yo tengo es que el juez archiva el caso. La manera de hacerlo puede ser diferente. Por ejemplo en Andalucía, teníamos sospechas por diversos testimonios que en un lugar determinado había una fosa común. Comunicamos al juez el inicio de una actuación allí. Aparecieron los cuerpos, no identificados, pero sabíamos que había razonables sospechas de que fueran víctimas de desapariciones forzadas y de la represión durante el franquismo o la guerra civil. Lo comunicamos al juzgado mediante una denuncia. Los jueces, unos lo archivan en el mismo momento, y en algunas ocasiones mandan a policías de la científica para hacer fotografías, y acto seguido lo archivan. Nada más con la sospecha de que sean cuerpos del periodo de la guerra civil, se archivan.

¿Tiene conocimiento de cómo se actúa en otros países en estos casos?

G.: Sí, por ejemplo hablando con un miembro del equipo argentino de antropología forense nos decía hace varios años: “En España las fosas comunes es un tema de memoria histórica, en Argentina las fosas es un asunto judicial”, esta es la diferencia. Según la legislación internacional, las desapariciones forzosas son crímenes de lesa humanidad, que además no prescriben. Por ejemplo, en Timor Oriental, Afganistán, Etiopía, Colombia, Guatemala, El Salvador, etc., las actuaciones de exhumación de restos vinculados a las desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, siempre se hacen con un equipo jurídico, por lo que son actuaciones forenses. ¿Qué quiere decir esto? Yo como arqueólogo y mi equipo, podemos escavar una fosa común. Podemos individualizar los cuerpos, podemos establecer las circunstancias de la muerte, impactos de bala, calibre, dirección, distancia, etc. Podemos, incluso, hacer estudios biométricos e inferir quién pueden ser esas personas y confirmarlo con pruebas de ADN. Todas estas pruebas, seguramente, cualquier otro científico les daría validez y aprobaría la actuación, pero en sede judicial, ningún juez le dará validez a esta información.

¿Por qué?

Porque no está al amparo de un proceso judicial. Aunque nosotros sigamos el protocolo y manual de nuestros colegas con los que nos hemos formado para estas actuaciones, de Argentina y EE. UU.; protocolo que hacen servir en la ONU, como la cadena de custodia, etc., aquí no tiene validez, porque no hay una causa abierta.

La Fiscalía General del Estado se negó a extraditar a los investigados por crímenes durante el franquismo para que declarasen en Argentina. Pero ahora también niega que lo puedan hacer ante jueces españoles. ¿Qué pensáis?

Felipe Moreno (F. M.): Yo he declarado en Argentina como denunciante, junto a otras víctimas. Los exhortos de la jueza argentina María Servini enviados para que los investigados declararan ante juzgados españoles, están siendo torpedeados desde la Fiscalía General del Estado. No quieren que haya el precedente de que la Justicia Universal se pueda aplicar en España. Dicen que en estos casos no hace falta aplicar la Justicia Universal porque la Ley de Amnistía ya cerró los procesos, y no hay carácter retroactivo. Desde el golpe de estado de 1936, hasta la muerte del dictador en 1975, hubo un plan sistemático de persecución, ejecución y de hacer desaparecer a los opositores políticos. Es esto lo que no quieren que salga a la palestra. La Transición es una mentira sobre otra mentira. Las fuerzas que se llamaban de izquierda aceptaron ocultar que la España democrática estaba fundamentada en la impunidad y olvido de la represión franquista. Todo ello por la legalización de esas fuerzas y por su entrada en parcelas de poder.

Aunque ya lo hablamos ampliamente en otra entrevista. Felipe… ¿nos podría resumir su paso por las manos del comisario Roberto Conesa y González Pacheco, alias “Billy el niño”?

M.: A mí de detuvieron el 13 octubre de 1975 y estuve detenido en la Dirección General de Seguridad (DGS).

¿Cuál era la acusación?

Pertenencia a banda armada, por ser del FRAP y del PCE (m-l). No me detienen con ningún arma, sólo una pequeña navaja. Me dijeron que tenían documentación donde se señalaba que había venido a Madrid a reorganizar los grupos del Partido que había desarticulado la policía. Recordar que unos días antes, el 27 de septiembre, habían fusilado a cinco compañeros. Yo no reconocí esta acusación, lo único que reconocí, y mi historial laboral así lo demostraba, era mi trabajo como sindicalista. Yo había llegado desde Francia, desde Toulouse, pero les dije que había estado en París, en una comuna que sabía que ya no existía.

¿Pero no le acusaban de ningún delito de sangre?

No, sólo del trabajo de reorganizar las células del Partido.

¿Y en la DGS?

Pues me preguntaban sobre los grupos, dónde estaban las armas…; vinieron dos policías de Aragón, y otros de Navarra, para preguntar por mi paso por esas tierras. Estuve en la DGS desde el 13 de octubre al 25, y luego me llevaron a la cárcel de Carabanchel, a las celdas bajas, incomunicado, por orden del juez militar del Tribunal número 5 de Madrid.

¿Y Conesa?

Conesa era el jefe de la Brigada Político-Social (BPS), y “Billy el niño” era su brazo derecho, su ejecutor. Conesa dirigía los interrogatorios. “Billy el niño” se ensañó conmigo. Me estuvo dando palizas constantemente. A parte de los golpes que daba él con técnicas de karate y boxeo, me tumbaron en el suelo, y mientras dos policías me separaban y sujetaban las piernas, otro se ponía de pie sobre mi pecho mientras con una porra me golpeaba los testículos. Cuando veían que ya no aguantaba más, paraban. Luego me pusieron sobre una mesa, con los pies sobresaliendo, y me golpearon las plantas de los pies. Cuando ellos decían que ya estaba “maduro”, con todas las partes inflamadas, te dejaban descansar, me hacían andar, me llevaban al lavabo…, para luego volver a empezar. De todo ello me quedaron las secuelas, una hernia de hiato, un talón roto y un testículo desprendido.

Cuando no se juzga a “Billy el niño”, ya que Conesa falleció, y a los responsables de la brutal represión durante la Transición y bien entrada la democracia… ¿Qué piensa?

Pues que hay un encubrimiento por parte del Estado. No pueden permitir que “Billy el niño” vaya a un juzgado y declare todo lo que sabe. Hay ministros de aquella época que tendrían que rendir cuentas.

Sí, por ejemplo, otro de los encausados en la Querella, Rodolfo Martín Villa, que llegó a conceder a Conesa la medalla del mérito policial, por no hablar del montaje policial del “Caso Scala” o la matanza de Vitoria, que acaecieron durante su mandato como Ministro de Gobernación…

En el Parlament de Catalunya se está tramitando la proposición de ley de Reparación Jurídica de las Víctimas del Franquismo. ¿Creen que algo así se hará alguna vez en el Parlamento español?

M.: Esta propuesta de ley es de 2009, y ahora estamos en 2016, creo que han perdido unos años. En Catalunya tenemos unas 400 fosas comunes localizadas… ¿Cuántas se han abierto en estos años?, muy pocas. Nos dicen que no hay fondos para ello.

G.: Para mí, el Memorial Democràtic de la Generalitat, y la izquierda que pactó la Transición, hacen una jugarreta muy bien construida, ya que hablan de fosas en general. En una guerra hay muertos, y esto implica que se entierran. En Catalunya tenemos la fosas de la Batalla del Ebro, de Santa María de Queralt, las fosas del avance fascista en Sant Pau d’Ordal, etc., todo eso son fosas de muertos en combate. En Catalunya se están abriendo fosas de gente muerta en combate, que es una tragedia para los familiares y la sociedad, pero el objetivo, cuando empezamos a abrir fosas en la lucha por la memoria histórica, de una forma voluntaria y militante, lo que se pretendía –y pretende- es hablar de un pasado negado, y ese pasado negado es el plan que hubo de exterminio y terror de Estado. Con todo esto, en definitiva, queremos hablar del fascismo. El único régimen fascista que se mantuvo después de 1945 en Europa fue el del Estado español, y podríamos analizar por qué. La política sistemática de desapariciones forzosas se está estudiando en universidades extrajeras, y muy poco en España. Si todas las fosas se sitúan al mismo nivel, que es lo que hace la ley de reparación que se debatirá en el Parlament de la Generalitat se hace desaparecer el problema; el problema no son los muertos en la guerra, el problema son los crímenes de Estado. Una guerra es un crimen, pero lo que son crímenes contra la humanidad, no es la guerra en sí misma, sino la represión que vino luego. Están los juicios sumarísimos, que se conocen donde están las víctima, pero luego están los muertos en las cárceles, de hambre, palizas, enfermedades, los fusilamientos extrajudiciales que no están documentados como tales. Probablemente los muertos por estas cusas en el Estado español, multiplique varias veces a los desaparecidos en Argentina.

Entonces… ¿Cuál es el objetivo de los arqueólogos forenses que participan en las exhumaciones?

G.: Luchar contra la impunidad. Luego poder identificar a personas desaparecidas, explicar qué le ocurrió, por qué le ocurrió, reconstruir su vida y las circunstancias de la muerte e intuir la autoría por las responsabilidades que se pudieran derivar.

M.: Hoy no hay voluntad para distinguir las fosas de la guerra y las que fueron propias de la represión, por ejemplo, contra civiles.

E.G.: En el frente del Pallars, por ejemplo, se siguió una represión masiva siguiendo el modelo de los primeros años de la guerra de lo que el ejército franquista llamaba “zonas sublevadas”. Nosotros seguimos un caso que al final no pudimos encontrar la fosa. En febrero de 1939, llegó a la cárcel de Manresa una unidad de la Guardia Civil para llevarse presos a la cárcel Modelo de Barcelona. Nunca llegaron los presos… ¿Dónde están? Hay un testigo, porque alguien sobrevivió, que si no ni siquiera conoceríamos el caso. Seguramente que el ejército saben donde están enterrados, porque cuando participan unidades militares, lo documentan todo.

¿Y dónde están los documentos?

M.: Ese es el problema. Es muy difícil que en los archivos, a pesar de ser públicos muchos de ellos, te den la documentación.

G.: Nosotros hemos colaborado con los diferentes relatores de la ONU que han venido a España. Uno sobre desapariciones forzosas y otro sobre políticas de reparación y memoria. No te puedo contar con mucho detalle algunas cosas que hablamos, pero si uno lee los informes, verá que el Estado español incumple sistemáticamente todos los protocolos internacionales que ha firmado sobre reparación y acceso a los archivos. No se abren los archivos, no hay una política de transparencia.

¿Qué excusas dan?

E.G.: No existen, que se han destruido, traspapelado, etc. Por ejemplo, desde que se publicó el libro de Ian Gibson La represión nacionalista de Granada en 1936 y la muerte de Federico García Lorca (Ruedo Ibérico, París, 1971), en muchos cementerios españoles empezaron a desaparecer hojas de los libros de registro. Incluso se llegaron a construir paredes para ocultar fosas comunes en los cementerios.

¿Han tenido problemas cuando estaban exhumando fosas?

G.: Sí, siempre. En Catalunya, 2004, un municipio que no voy a nombrar. En aquella época no había ninguna reglamentación y la actuación era en un cementerio municipal. Decir que el titular del asunto de las fosas comunes en la Generalitat era el hermano de un destacado dirigente, de entonces, de ERC. El ayuntamiento, donde gobernaba el Tripartito y a petición de familiares, nos autorizó a hacerlo. Se notificó al Departamento de Sanidad de la exhumación y nadie puso problemas. Pero cuando salió en los medios de comunicación, la Generalitat dijo que no iba a tolerar ningún circo; y el responsable que no voy a nombrar, llamó al alcalde del pueblo, que también era de ERC, para decirle que iba a mandar a los Mossos d’Esquadra para detener la exhumación. El alcalde dijo que iba a poner a la Guardia Urbana y que si no traían orden judicial no dejaría entrar a los mossos. Estuvimos excavando con la guardia urbana, y lo fuerte es que una parte de las víctimas eran de ERC. Otro caso en Andalucía: Allí nos pasó con fosas de gente fusilada en los años cuarenta acusadas de ser del maquis. Estábamos en una sierra de Granada; los cuerpos eran de militantes del antiguo PSOE. Pues el gobierno socialista nos mandó a la Guardia Civil para parar la exhumación.

¿Y tenéis apoyo popular?

En todos los pueblos que hemos hecho exhumaciones hay una parte que está de acuerdo y otra que no, pero mayoritariamente contamos con el apoyo popular. En otro caso en Andalucía nos encontramos con trece cuerpos de personas que habían sido atadas, salvajemente golpeadas y asesinadas, y luego tiradas a una fosa por miembros de la falange. Hubo un acto de los familiares muy emotivo, ya que muchos eran niños cuando sus parientes les fueron arrancados de sus brazos mientras se despedían. Pues después de los parlamentos, un tipo pidió la palabra y dijo: “Yo pido que recemos un rosario por los pecados cometidos en vida por los que están ahí enterrados”. La gente lo iban a linchar, nosotros tuvimos que sacarlo de allí. Pues el tipo ere el hijo del alcalde falangista del pueblo que había ordenado matar a aquella gente. Hay párrocos que nos han excomulgado por abrir fosas de represaliados. O en Toledo, donde mi equipo trabajó, amanecieron las tapias del cementerio lleno de pintadas nazis y amenazas.

¿Cómo está el caso de Cipriano Martos asesinado en 1973?

M.: Pues está en el juzgado argentino, y la jueza hizo un exhorto al juez de Reus. Como sabes, Cipriano era militante del PCE (m-l), que hacía trabajo sindical en Reus (Tarragona). Tenía 30 años y era oriundo de Granada. Fue detenido en el marco de una huelga de la construcción y del campo en la zona. Fue acusado de repartir propaganda ilegal; posteriormente, y en el registro de su casa, según las fuentes policiales ya que en ningún momento tuvo asistencia de un abogado, le encontraron, por separado, una botella de gasolina y otra de ácido sulfúrico. Fue sometido a torturas en la casa cuartel de la Guardia Civil durante tres días. Según el atestado: “el reo en un descuido, se bebió la botella de ácido sulfúrico”. Nunca se ha visto que las pruebas de un caso estén en la misma sala de interrogatorios, y además estaba esposado y vigilado. Fue llevado al hospital y allí murió el 17 de septiembre.

En nuestra redacción tenemos el acta de defunción, donde sólo pone “hemorragia interna”. Además es ilegal, ya que no la firma ningún médico y por lo tanto no consta número de colegiado.

M.: Todo está lleno de falsedades, presuntamente diré, ya que el caso está aún por juzgar, si es que alguna vez se juzga. Incluso se llegó a falsificar la firma del padre, que nunca estuvo en Reus. Dicen que Cipriano declaró delante de un juez que lo “habían tratado bien” y que el ácido “se lo había bebido voluntariamente”. Me pregunto cómo alguien puede declarar con las cuerdas vocales y la garganta abrasadas por el ácido. Aquí hay responsabilidad de médicos, jueces, Guardia Civil y autoridades políticas de la época. Lo enterraron ilegalmente en una fosa común del cementerio de Reus, y unos pocos días después avisaron a la familia. Su hermano es el querellante y sí que declaró en un juzgado de Reus. Estamos pendientes que dichos juzgados autoricen la exhumación del cadáver, ya que lo quieren llevar a Granada, pero todo esto está paralizado tras la carta de la Fiscalía General del Estado que pide a los juzgados provinciales que no den curso a los exhortos de la jueza argentina, aludiendo algún defecto de forma.

¿Cuándo se está desenterrando muertos sin amparo judicial no se puede estar eliminando pruebas?

G.: Ese es el problema, podemos estar eliminando pruebas de crímenes de lesa humanidad. Esto ya lo dijo un forense norteamericano muy importante, Snow, a los forenses argentinos, que luego se formaron específicamente para las exhumaciones de desaparecidos -Clyde Snow (1928-2014) fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense-. Cuando todo esto empezó en el año 2002, en Peñaranda del Duero, el objetivo fue sacar a la luz unos muertos que no existían. Ir vaciando fosas para nada, nos crea una contradicción. Incluso nos llegamos a plantear hacer las exhumaciones con un notario, pero no tenemos la seguridad de que sirva para algo. Lo que venimos haciendo es que nuestros informes técnicos, donde han participado genetistas holandeses y forenses norteamericanos, se los facilitamos a los relatores de la ONU cuando han venido por aquí. En la época del expresidente Aznar, simplemente se ignoró el movimiento de memoria histórica; y la izquierda institucional, más tarde y hasta hoy, lo que hizo fue desactivarlo. Cuando Joan Saura (ICV) con el Memorial Democràtic mezcló los muertos de los dos bandos, diluyendo la noción de represaliados, sólo se habló de víctimas de la guerra. Y el corpus legislativo que se genera, aparta la exhumación de las fosas del ámbito de la justicia penal, y todo acaba en unos reglamentos administrativos altamente complejos.

¿El expresidente Rodríguez Zapatero también desactivó estos procesos cuando impulsó la Ley de Memoria Histórica?

G.: Sí, hizo lo mismo. En definitiva, en 1977, con la Ley de Amnistía que se nos vendió como un avance, y quizá en aquella época lo fuera, hoy es una camisa de fuerza, una ley de la impunidad.

En estos días, el director del la Fundación Francisco Franco, Jaime Alonso García declaró: “De las 36.000 penas de muerte, el régimen de Franco sólo fusiló a 27.000 y no fue por capricho”.

G.: Quizá ese tipo tenga razón en el número de sentencias, no lo sé, pero en Argentina hubo menos penas de muerte, eso no quita que hubiera decenas de miles de desaparecidos. Lo escandaloso es que en España aún se considera legales los ejecutados en juicios sumarísimos militares. En la ley de Memoria Histórica de Zapatero se habla de ejecuciones ilegítimas, no ilegales, no es lo mismo. Hoy por hoy, la única legalidad que hay sobre los hechos de la guerra civil y lo que pasó después, es la que deriva de la causa general hecha en 1939 y 1941 por Franco. Y de los consejos de guerra del franquismo y la ley de responsabilidades políticas del franquismo. No hay ninguna otra norma legal que califique todo lo que pasó en ese periodo.

¿Qué les supondría a los gobiernos actuales derogar esto?

G.: Aparentemente nada, pero, imaginemos: Todas las transacciones de propiedades que se derivan del hecho de que matan a una persona y le expropian…, o a la viuda que le tapan la cabeza y la echan del trabajo y debe dejar su casa porque es una roja, todas esas viviendas y tierras, que hay muchas…, todo esto es ilegal y deriva de un hecho ilegal…

A final es todo por dinero, como siempre…

Alemania anuló las leyes de Núremberg. Qué pasó, pues que la República Federal Alemana, con Helmut Kohl que tampoco era un revolucionario, pidió la restitución a los descendientes de las víctimas judías el equivalente a lo que se les había expropiado. Si eso ocurriera aquí…

M.: La ley franquista marcaba que las propiedades se las quedara el denunciante. Eso pasó con el alcalde republicano de un pueblo de Catalunya, cuyas tierras y comercio se los quedó el párroco del pueblo, su delator.

G.: No pongas nombres, que os cae una denuncia, pero por ejemplo…

Gassiot me habla de una importante empresa y saga familiar catalana que fundó su fortuna con casos parecidos durante la guerra civil. Pero en Andalucía, en Galicia, etc., hay casos similares. En el libro de Jorge Espinosa La columna de la muerte: el avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz (ed. Crítica) se puede leer como la represión llevaba aparejado la venta de propiedades. La guerra siempre fue un buen negocio, y el silencio y la impunidad también