El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) es un organismo sanitario encargado de la fiscalización y certificación de los productos y subproductos de origen animal y vegetal, sus insumos y residuos agroquímicos.

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Pero también es de su incumbencia la prevención, erradicación y control de enfermedades de animales, incluidas las transmisibles al ser humano, y de las plagas vegetales que afectan a la producción agropecuaria del país.

Leído esto uno se debería sentir tranquilo porque con sus casi 400 subsedes radicadas a lo largo y ancho del país tiene competencia y capacidad operativa para dar cumplimiento a su cometido, o sea cuidarnos de no ser envenenados con lo que comemos.

Pero esto es Argentina, la tierra donde las leyes se hacen para violarlas y los organismos del Estado están atravesados por los intereses de las empresas privadas a las que deberían controlar, pero que en realidad no lo hacen porque los funcionarios públicos en lugar de defender el interés de la gente, traicionan sus responsabilidades habilitando sufran graves daños los desprevenidos ciudadanos que confiamos en ellos.

Un ejemplo entre tantos de esta criminal complicidad es lo que ocurre con el Endosulfan de BAYER.

En el año 2011, a través de la resolución 511/11, El Presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria resolvió: “Prohíbese a partir del 1º de julio de 2012, la importación del principio activo Endosulfán y sus productos formulados. el Senasa prohíbe a partir del 1 de julio de 2013 la elaboración, formulación, comercialización y uso de los productos que contengan el principio activo Endosulfán”.

Fíjense que ya desde el origen de esta resolución el organismo daba prioridad a los intereses de BAYER por sobre nuestra salud, porque en lugar de prohibir en el acto y definitivamente el uso de este mortal veneno le daba a la empresa un par de años más de autorización para no ¨perjudicarla¨, mientras que nosotros seguiríamos dos años más, (según la norma), consumiendo este veneno cancerígeno.

El organismo cuya función es cuidarnos se preocupaba más que BAYER no tuviera pérdidas económicas que por la salud de los argentinos, tal su función.

Recordemos que a causa de la gran toxicidad y su alto potencial de bioacumulación y contaminación ambiental, ya en agosto del 2009, Bayer CropScience, la rama agroquímica de Bayer, informaba que planificaba terminar las ventas de Endosulfan para fines de 2010 en todos los países donde todavía la misma se encontraba legalmente disponible, cosa que hizo en los países del Norte, pero no cumplió en los periféricos.

Parece mentira pero así ocurrió, el SENASA en lugar de cuidarnos a nosotros, tal su obligación, se preocupó de cuidar los intereses de la empresa multinacional para que no perdiera de ganar si se le prohibía vender sus tenencias del letal producto.

Pero ni siquiera esta permisiva autorización que otorgó SENASA a BAYER se cumplió, dado que recientes análisis en bocas de venta efectuados por la OPDS acaban de demostrar que el Endosulfan sigue apareciendo en los alimentos que consumimos cotidianamente.

Las muestras de papa ofrecidas al público producidas en la presente campaña, 2015, que fueron analizadas, contienen este letal cancerígeno que se sigue utilizando a pesar de que hace casi un lustro fue prohibido.

Es insostenible pensar que BAYER tenia al momento de la prohibición, en 2011, stock acumulado del producto como para seguir comercializándolo un lustro después, se hace evidente que ni BAYER cumplió con la prohibición de su fabricación y comercialización del producto y que SENASA tampoco arbitro los controles necesarios para evitar que nos siga envenenando .

Es abrumador pensar que estamos inermes frente a estas empresas inescrupulosas y a funcionarios públicos que faltan a sus deberes ante la vista de todos con una impunidad que agravia.

SENASA está integrado por cientos de profesionales con títulos universitarios habilitantes que conocen, por la naturaleza de su competencia y de sus responsabilidades, las consecuencias que el incumplimiento de sus obligaciones ocasiona a la población en general.

Para que estos eventos ocurran es necesaria una cadena de responsabilidades que van desde las más altas autoridades hasta los empleados de menor jerarquía del organismo que son quienes cotidianamente verifican, o no, el cumplimiento de las normativas vigentes, sin embargo nadie, cualquiera sea su rango en la estructura de esta repartición parece advertir lo que está ocurriendo.

En él mientras tanto, BAYER nos sigue mintiendo y por supuesto ganando dinero envenenándonos.