El 23 de marzo de 2017, la presidenta de la empresa municipal Madrid Destino, Celia Mayer, el Vicepresidente primero, Carlos Sánchez Mato, y la Consejera Delegada, Ana Varela, presentamos ante la Fiscalía una denuncia relacionada con los negocios jurídicos celebrados entre esta empresa y la sociedad Madrid Trophy Promotion, S. L. (MTP), organizadora del torneo de tenis Mutua Madrid Open que se celebra anualmente en la Caja Mágica.

La denuncia fue presentada al detectarse indicios de irregularidades derivadas del incremento abonado a la empresa privada, de la ausencia de transparencia y del retorno económico incierto.

No, no es 'obsesión ideológica' con el Open de Tenis. No, el objetivo no era 'cargarse este evento'. Y no, tampoco es un tema de si nos gusta o no el tenis. Únicamente se trataba y se trata de investigar si, como han indicado los abogados penalistas que analizaron la documentación, los hechos son susceptibles de ser considerados delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Es la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado la que está investigando el caso y solo cabe respetar su trabajo.

Pero eso era demasiado para el Partido Popular que, con el ánimo de desviar la atención de la opinión pública, ha interpuesto una querella contra los presentantes de la denuncia por prevaricación, malversación de fondos públicos y delito societario. El motivo en el que se basa es la contratación irregular de los servicios jurídicos externos al Ayuntamiento en vez de acudir a los internos.

Y eso es radicalmente falso. Evidentemente, en primer lugar se pidió valoración de los convenios firmados con MTP (organizadora del torneo) a los servicios jurídicos del ayuntamiento, pero estos contestaron que no les correspondía "realizar labores de asesoramiento técnico jurídico ni emitir dictámenes de pura gestión ni dar opiniones de actuación del órgano consultante" y tan solo se limitaron a analizar aquellas cuestiones que entraban dentro del ámbito que les es de competencia. Lógicamente, era preciso encargar informes a despachos de abogados externos al ayuntamiento. El primer informe resultante puso de manifiesto importantes irregularidades en los convenios firmados durante los años de gobierno del Partido Popular, señalando, entre otras cosas, que el pago de 5 millones de dólares en concepto de derechos de sede -que no realiza ningún Ayuntamiento de ninguna otra ciudad organizadora del mismo torneo- no parecía responder a ninguna otra finalidad que no fuese satisfacer ese pago a la empresa privada. El informe concluía que el convenio en concreto podría tener causa de nulidad, pero evitaba posicionarse sobre la existencia de posibles delitos penales debido a que no correspondía a su ámbito de especialización.

No era la primera vez que se hacía: la empresa pública contabiliza la contratación externa hasta en nueve ocasiones

Por eso se decidió encomendar un dictamen de carácter penal que evaluara si el convenio era constitutivo de delito. Al mismo tiempo, como era necesario disipar la enorme maraña de negocios jurídicos que creaban los convenios y ello no lo podía hacer un despacho penal, se contrató otro informe a un despacho especializado en derecho civil y administrativo que sirviera de base para el informe del despacho especializado en derecho penal.

Al tratarse de un tema tan sensible, tanto la confianza en los profesionales como la necesaria confidencialidad y obligado secreto (el inicio del conocimiento de unas actuaciones puede convertirlas en inoperantes), se optó por el encargo profesional mediante un arrendamiento de servicios por valor de 50.000 euros, absolutamente acorde a la legislación sobre contratación pública y a las instrucciones de contratación de Madrid Destino. De hecho, no era la primera vez que se hacía ni mucho menos: la empresa pública contabiliza actualmente la contratación externa hasta en nueve ocasiones por importes situados entre los 14.000 y los 50.000 euros.

Los resultados de los informes fueron tajantes: la cantidad pagada anualmente a la empresa privada MTP se incrementó de forma notable y progresiva sin justificación razonable, pasando de 1.704.517 euros en 2006 a 10.469.136 euros en 2010, los negocios jurídicos no eran transparentes y no existía un equilibrio de prestaciones entre las dos partes. Estos hechos, dictaminaba el informe penal, eran susceptibles de ser considerados delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Como no podía ser de otra forma, cumplimos con nuestro deber y pusimos estos hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción.

El Partido Popular no dudó en interponernos una querella por la contratación externa. No es la primera vez, ni será la última, que el PP se querella contra quienes le denuncian para intentar que miremos el dedo y no la luna. Es un sistema viciado que se revuelve contra quienes lo cuestionan. Ni nos sorprende, ni nos va a conseguir parar.

Estamos tranquilos porque hemos actuado en todo momento respetando la ley con la idea de esclarecer posibles delitos de corrupción

Tras recibir este escrito -que únicamente contiene la versión de los querellantes- el juzgado correspondiente nos llamó a declarar a los querellados el 18 de septiembre para conocer nuestra versión y poder dilucidar así si merece la pena investigar este caso o no. Este procedimiento es habitual: este tipo de querellas se admiten de forma casi automática en los tribunales. Hemos presentado por escrito al juzgado nuestro deseo de declarar lo antes posible para aclarar los hechos denunciados. Estamos completamente tranquilos porque hemos actuado en todo momento respetando la ley con el único objetivo de esclarecer posibles delitos de corrupción y ahorrarle al erario público millones de euros. Solo desde esa perversa intención de evitar que se esclarezcan los casos de corrupción que, extrañamente unen a Partido Popular y Ciudadanos, se puede explicar la cacería que han montado contra quienes únicamente buscan esclarecer posibles irregularidades cumpliendo estrictamente la normativa de contratación como se acreditará en sede judicial. Tenis sí, pero ni mentiras ni querellas de humo.

En Ahora Madrid lo tenemos muy claro y lo diremos hasta la extenuación: seguiremos siendo hostiles contra la corrupción, pese a los ataques, pese a las tácticas de quienes han vampirizado lo público y de, quienes bajo el manto de la novedad, quieren seguir haciéndolo en el futuro.