Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México en 2018, el Aeropuerto Internacional de Toluca volvió a cobrar relevancia.

Como candidato presidencial acusó en repetidas ocasiones que el descuido de la base aérea fue parte de una estrategia de Enrique Peña Nieto para imprimir un sentido de urgencia a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

Además, criticó los sobrecostos y el poco avance del proyecto, que consideró inviable y prometió cancelar. En su lugar, propuso la ampliación de la base aérea de Santa Lucía en Zumpango, Estado de México, para hacer un aeropuerto complementario al de la Ciudad de México y regresar tráfico a Toluca, para acabar con la saturación.

Ya como presidente electo, López Obrador realizó una consulta ciudadana de dudosa metodología y a partir del 1 de diciembre canceló el proyecto del NAIM.

Esta decisión, así como la construcción de un nuevo aeropuerto en Santa Lucía, son objeto actualmente de un pleito judicial con organizaciones de la sociedad civil y grupos de empresarios, agrupados en el colectivo #NoMásDerroches, que han derivado en ocho suspensiones definitivas contra la destrucción de Texcoco y la edificación del aeródromo de Zumpango.

Miembros del actual gabinete presidencial también se han pronunciado contra el proyecto de Texcoco.

En octubre, el entonces propuesto y hoy en funciones titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, dijo que el costo del NAIM se incrementó a 285,000 millones de pesos, desde los 169,000 millones contemplados originalmente por la administración anterior. Por eso puso en duda la viabilidad el proyecto.

“El proyecto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecía que, si el costo de 195,000 millones (de pesos, que fue estimado posteriormente por el gobierno de Enrique Peña Nieto) se incrementaba en más de 10%, haría falta un nuevo análisis de costo-beneficio”, comentó en conferencia de prensa.

En el mismo tenor, el actual secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, ha señalado que el AICM fue descuidado “a propósito” el sexenio pasado para abonar a la narrativa sobre la necesidad de Texcoco. El funcionario incluso ha dicho en reuniones privadas que el Consejo Mexicano de Negocios, uno de los siete organismos con voz y voto del Consejo Coordinador Empresarial, fue el que ideó la estrategia para darle mala imagen al puerto aéreo capitalino.

Por lo anterior, el gobierno federal anunció desde noviembre que evaluaba la posibilidad de retirar la inversión privada del AIT y convertirla en una “concesión del gobierno, en donde participe el gobierno federal y el gobierno del Estado de México”.

En este sentido, la carta intención enviada por Aleática este mes a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para vender su participación en el AIT es vista como la puerta a un eventual triunfo para la red de aeródromos propuestos por la actual administración. Sin embargo, aún falta trecho por recorrer.

La transacción está sujeta, entre otras cosas, a auditorías de carácter financiero, legal, contable, de operaciones y negocio para conocer el estado actual de AMAIT y poder verificar cuál es su valor.

Aleática valúa una inversión de 4,168 millones de pesos, de acuerdo con el informe anual 2018 de la empresa.

Hasta el momento, ni el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México ni la Auditoría Superior de la Federación han revisado las cuentas del AIT, corroboró EL CEO tras una revisión a sus documentos públicos.

“Lo primero que debe investigar la SCT es la liberación del derecho de vía para la Terminal 2, porque ahí hay una cantidad de inversión falsa que nunca se realizó. El monto de los recursos reales que ellos (Aleatica) pusieron debe ser un monto muy cercano a nada”, dice Paulo Díez Gargari.

El abogado ha denunciado durante años los malos manejos y los vínculos entre la firma y el gobierno mexiquense.

Además, es necesario entender a profundidad la geografía del aeropuerto, ya que por su altura -es el aeródromo a mayor altitud en México- dificulta técnica y físicamente la operación de aviones grandes y la realización de vuelos transatlánticos.

Debido a que Toluca se encuentra a 2,580 metros sobre el nivel del mar, el aire tiene menor densidad y los aviones requieren un mayor esfuerzo para poder despegar, y no pueden ir tan cargados como un vuelo procedente de un aeropuerto más cercano al océano. Esto tiene implicaciones en la cantidad de pasajeros, carga e incluso combustible que puede llevar sin que se comprometa la seguridad de los usuarios o de la tripulación, explica uno de los pilotos consultados por EL CEO, que habló a condición de anonimato.

Por lo anterior, de este aeropuerto podrían salir solo aviones pequeños o medianos a destinos nacionales o a países cercanos. Es posible que las empresas que anteriormente operaban en el AIT y actualmente tienen su base en el AICM no vuelvan. O que, si lo hacen, sea solo para operar vuelos dentro del país. Eso todavía no queda claro, ni tampoco si el nuevo romance entre el gobierno federal y el aeropuerto mexiquense será de largo plazo.

Lo que es previsible, al menos, es que las instalaciones volverán a estar, luego de una década, en manos del gobierno.