En 2016, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano –que encabeza Rosario Robles- desvió 1,747 millones de recursos públicos, de acuerdo al informe de la Auditoría Superior de la Federación entregado este 20 de febrero. Y lo hizo usando universidades públicas y televisoras públicas.

El mecanismo empleado para consumar este desvío –conocido como La Estafa Maestra – no había sido utilizado antes por esta dependencia, pero sí por la Secretaría de Desarrollo Social, precisamente cuando la misma Rosario Robles estuvo al frente, entre 2013 y 2015.

Esta forma de desviar recursos consiste en entregarle contratos millonarios a dependencias públicas aprovechando una excepción a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector establecida en el artículo 1, las cuales a su vez le dan el dinero a empresas privadas, seleccionadas sin licitación. Entre las empresas incluso hay algunas fantasma, ya denunciadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por no tener oficina ni empleados.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2016 que presentó la Auditoria Superior de la Federación (ASF) a través de ese esquema se han desviado 6,879 millones de pesos entre 2012 y 2016. De los cuales 2,130 millones se hicieron en el último año.

De ese total, 1747 millones corresponden a los recursos que Sedatu entregó a universidades públicas y televisoras estales en 2016.

El esquema de “desvío” fue documentado en la investigación La Estafa Maestra, donde 11 dependencias “contrataron” a ocho universidades públicas para hacer supuestos servicios que no se cumplieron. Las instituciones, a su vez, contrataron a 186 empresas, de las cuales 128 eran ilegales y aún así recibieron 3 mil 433 millones de recursos públicos.

En 2014 y 2015 también se emplearon sistemas de medios públicos. El diario Reforma reveló este 20 de febrero que, entre 2014 y 2015, los sistemas de medios públicos de Hidalgo –Radio y Televisión de Hidalgo—y Quintana Roo –Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCM)— se usaron para desviar 1,031 millones de pesos.

En estos casos se utilizaron a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ambas durante la gestión de Rosario Robles.

En 2016 el desvío continuó: en el informe de la Cuenta Pública 2016 que la ASF entregó este martes a la Cámara de Diputados se investigaron a cinco universidades públicas de Estado de México, Chiapas, Hidalgo, Quintana Roo y Campeche; y dos medios públicos de los estados de Sonora y Quintana Roo.

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En todos los casos fue la Sedatu la que entregó por adjudicación directa los recursos a las entidades públicas y estas contrataron a empresas y personas físicas para hacer los servicios, las cuales –a su vez- entregaban los recursos a otras empresas.

La ASF detectó la triangulación de pagos usando empresas fantasmas ya detectadas por el SAT, con domicilio fiscal simulado o inexistente, o que se dedican a actividades que nada tienen que ver con el objeto del contrato.

Los medios públicos: 600 millones

En 2015 se utilizó el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), un año después, la triangulación de recursos usó nuevamente a esa dependencia. La televisora estatal firmó “un convenio general de colaboración y dos convenios específicos” con la Sedatu, lo que le permitió recibir 450 millones de pesos que serían destinados a temas de promoción, publicidad y producción de “piezas de comunicación”.

Pero el SQCS no tenía la capacidad humana y técnica para prestar los servicios, por lo que “subcontrató a 25 proveedores para la ejecución de los servicios convenidos con la secretaría, integrados por 23 personas morales y dos personas físicas”, a los que entregó 420 millones.

Esa primera triangulación le dejó a la televisora quintanarroense un remanente de casi 30 millones de pesos.

Al momento de realizar la auditoria la ASF se encontró que la SQCS no tenía la documentación que comprobara que los servicios subcontratados se realizaron, pues los convenios se firmaron con el equipo que operó en la administración de Roberto Borge y con el cambio de gobierno la documentación fue sustraída por el “exdirector jurídico del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, quien al momento de serle solicitada por la Directora General, entregó únicamente los contratos”.

La auditoria también muestra que la presunta responsable del seguimiento de los convenios y el cumplimiento de los mismos por parte de la Sedatu fue la Directora General de Comunicación Social, Luz María Orozco Quiroz.

Pero la ASF aclara que “no existe certeza de que los trabajos pagados por la Sedatu hayan sido realizados por el SQCS o alguno de los proveedores que contrató; no obstante, se vieron beneficiados con recursos públicos federales”.

Además, se constató que las empresas contratadas tanto por el SQCS como por la televisora pública sonorense Televisora de Hermosillo (Telemax) subcontrataron a empresas como Publicidad Natnit, S.A. de C.V. que no fueron localizadas en los domicilios fiscales y que en 2016 presentó una declaración de impuestos sobre la renta en ceros, como si no hubiera tenido ingreso alguno a pesar de que las dos televisoras le entregaron más de 260 millones de pesos.

Por si fuera poco las dos televisoras recibieron en conjunto 318 millones por entregables “que entregaron dos y hasta cuatro veces”.

Además según el informe la dependencia pagó a estos dos entes públicos, 370 millones por campañas publicitarias de Política Nacional de Vivienda y Derecho a la Vivienda que fueron canceladas desde diciembre de 2015.

Las universidades mil 88 millones

Cinco universidades auditadas este año repitieron el esquema de “desvío” de recursos públicos documentado en La Estafa Maestra y en todos los casos se trata de contrataciones realizadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2016, durante la gestión de Rosario Robles, reveló la Auditoría Superior de la Federación.

Las instituciones revisadas en las auditorías forense que participaron en este esquema son Universidad Tecnológica de Campeche, la Mexiquense del Bicentenario y las Politécnicas de Quintana Roo, Francisco I. Madero y Chiapas, que en total recibieron mil 88 millones de pesos en convenios con la Sedatu.

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En todos los casos no podían cumplir con los servicios y subcontrataron a empresas que, a su vez, transfirieron los recursos a otras compañías. Los servicios no se cumplieron, pero el dinero sí salía de las arcas públicas, según encontró la Auditoría al revisar los documentos que comprobaran el cumplimiento de las asesorías o sistemas informáticos contratados y las transferencias bancarias realizadas por la dependencia.

Entre los servicios solicitados está la “asesoría, diseño e implementación de un modelo operativo, que permita la modernización administrativa de las Delegaciones Estatales de la Sedatu”, solicitado a la Universidad Mexiquense del Bicentenario o “la colaboración en difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la implementación de proyectos y acciones en materia de ordenamiento territorial a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.

Empresa existe… pero solo en el papel

Por ejemplo, en el caso de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, la Sedatu le entregó 185 millones de pesos en 2016 para que ésta le realizara una serie de servicios relacionados con la difusión de “conocimientos científicos” en materia de ordenamiento territorial.

Pero la universidad no tenía la capacidad para dar estos servicios, por lo que violó la ley federal de adquisiciones y entregó el 98% de esos 185 millones a dos empresas sin pasar por ningún proceso de licitación pública, repitiendo así el esquema de desvío documentado en La Estafa Maestra.

La empresa Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V. recibió 42 millones 841 mil pesos de la Sedatu. La ASF constató mediante visita domiciliaria que en el domicilio fiscal de esta compañía “desconocen su existencia”.

“Se presume que (la empresa) únicamente existe en papel, sin estructura ni personal”, apuntó la ASF en su informe forense la Universidad Politécnica Francisco I. Madero.

*Reportera de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad