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Ya sólo queda esperar. Nadie sabe si serán semanas o meses, pero en ocho hogares de Altsasu parecerán años. El juicio contra los jóvenes de esa localidad navarra acusados de terrorismo por una pelea de bar ya ha concluido. Ahora sólo falta conocer la decisión del tribunal, que tiene en sus manos las largas peticiones de cárcel formuladas por la Fiscalía y la acusación popular, representada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE).

Pocas horas después de regresar de Madrid, Koldo Arranz se autodefine “en modo horizontal”. “Ni quiero lanzarme a la euforia ni hundirme por planteamientos que, además, son muy cuestionables”. Se refiere así a lo vivido durante las dos semanas que ha durado el juicio contra su hijo Oihan y otros siete jóvenes de Altsasu, a los que la Audiencia Nacional imputó delitos terroristas por la pelea de bar registrada en la madrugada del 15 de octubre de 2016 y en la que se vieron involucrados dos guardias civiles sin uniforme. Oihan y otros dos de los acusados (Adur Martínez de Alda y Jokin Unamuno) llevan más de 500 días en prisión provisional por esos hechos.

Amaia Izko es una de las abogadas a cargo de su defensa. “Se ha desmontado la versión oficial de estos hechos, ya que ha quedado demostrado cuál fue la entidad, el contexto y el resultado real, con unas lesiones muy leves”, resumió la letrada a Público. También cree que ha quedado completamente desmontado el delito de terrorismo que imputan a sus clientes.

“Para justificar esa calificación han recurrido a una ficción de que todavía hoy la estrategia de ETA sigue adelante, y que las reivindicaciones de Alde Hemendik (“Que se vayan”, en relación a la salida de las Fuerzas de Seguridad del Estado de Euskal Herria) corresponden a una estrategia terrorista”, señala. Sin embargo, Izko se muestra convencida de que “todo eso ha caído, ya que no han podido probar esa ficción”.

Las madres de dos de los ocho acusados por la presunta agresión cometida a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra), Edurne Goikoetxea (2i), e Isabel Pozueta (d), y demás familiares, a las puertas de la Audiencia Nacional, en la última jornada del juicio. EFE/ Fernando Villar

En efecto, uno de los principales elementos empleados para acusar a los jóvenes de “terrorismo” era la supuesta vinculación entre una pelea de bar a las cinco de la mañana con una supuesta estrategia creada, diseñada y dirigida por ETA. Los peritos de la Guardia Civil que comparecieron en el juicio (algunos lo hicieron también en calidad de testigos) admitieron incluso que la reivindicación relativa a la desmilitarización del País Vasco y Navarra (lugares que ostentan la tasa más alta de policías por habitante de toda Europa Occidental) iba bastante más allá de ETA y era defendida incluso por formaciones políticas como el PNV.

El video clave

“Aquí se ha desmontado cualquier cosa que no sea una pelea”, valora Edurne Goikoetxea, la madre de otra de las acusadas. Sin perder la cautela, cree que durante las dos semanas de juicio se han logrado cosas importantes, como la inclusión a modo de prueba de un video que previamente había sido rechazado por el tribunal y en el que se ve lo ocurrido fuera del bar Koxka de Altsasu, donde sucedió todo.

En la grabación, realizada por uno de los jóvenes acusados, se ve al teniente de la Guardia Civil (uno de los denunciantes) fuera del bar. No se oyen gritos contra la Benemérita ni amenazas, mientras que la camisa blanca que llevaba el agente (supuestamente marcada por las huellas de las patadas recibidas, según algunos testimonios utilizados para incriminar a los acusados) luce impoluta.

Un panel colocado junto al Ayuntamiento de Alsasua recuerda los días que llevan en la cárcel algunos de los jóvenes que han sido juzgados en la Audiencia Nacional acusados de agredir a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra). EFE/Jesus Diges

El fiscal José Perals intentó desacreditar esa prueba audiovisual e incluso llegó a insinuar que podría estar manipulado “con Photoshop”. Durante el juicio, el representante del Ministerio Público habló también de “terrorismo de intensidad” y “supremacismo abertzale”, al tiempo que se mantuvo firme en sus duras peticiones de hasta 375 años de cárcel para los ocho jóvenes. “No les importa para nada la vida de nuestros chavales. Aquí ha quedado demostrado que no se juzgaban unos hechos, sino unos intereses creados por el Estado”, dice el padre de Oihan, uno de los tres presos.

En los próximos días, el tribunal a cargo de este caso deberá pronunciarse sobre la petición de libertad provisional formulada por la abogada Jaione Karrera. “Ahora mismo se les mantiene en prisión por la gravedad de la pena que se les pide”, destacan desde la defensa. Koldo, por si acaso, se mantiene en “modo horizontal”, su fórmula para templar los sentimientos. La pelea por conseguir justicia aún no ha terminado.

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