Ni enaltecimiento del terrorismo, ni humillación a las víctimas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha resuelto finalmente que las palabras vertidas por el que fuera secretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de Felipe González, Rafael Vera -en las que aseguraba que los GAL tuvieron su "utilidad" y su "papel práctico"- no son delito.

Vera: "Siempre he sido consciente de la ilegalidad de los GAL"

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El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, en un decreto de finales del pasado año, resolvió que de las declaraciones de Vera "no puede concluirse que la pretensión del denunciado fuera la de difundir, distribuir, ni ensalzar las acciones y las personas de los terroristas, ni la de humillar a las víctimas del terrorismo". A juicio del fiscal jefe, Javier Zaragoza, que hace suyo el informe elevado el 29 de octubre pasado por la fiscal instructora de la denuncia, Susana Landeras, "tanto el examen del vídeo del programa televisivo, como la declaración como investigado del denunciado, no se deduce indicio alguno de comisión infracción penal".

La cal de los GAL ha vuelto con fuerza a la política española. Primero fueron las declaraciones del miembro del Ejecutivo socialista en la etapa de Gonzalez Rafael Vera en TVE, en un reportaje emitido en marzo de 2015, y después las palabras de Pablo Iglesias en la sesión de investidura sobre la responsabilidad del presidente del Gobierno socialista Felipe González en el terrorismo de Estado realizado por el denominado GAL verde. El que lideró desde Intxaurrondo Enrique Rodríguez Galindo y que, entre otros actos, secuestró, torturó, asesinó y enterró en cal viva a los presuntos miembros de ETA Jose Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en 1983.

Fue la hermana de José Ignacio Zabala, la que presentó una denuncia ante la Fiscalía vasca, ya que, como víctima, se sentía "humillada" por las afirmaciones del exsecretario de Estado para la Seguridad y consideraba, además, que Vera había enaltecido a la organización terrorista.

La frase concreta de Vera es esta: "La guerra sucia pudo ser desde el punto de vista legal una equivocación, pero desde el punto de vista práctico tuvo su papel... contribuyó a la colaboración francesa [contra ETA] alguna utilidad tuvo para frenar la actividad golpista...".

"Contenido histórico"

La Fiscalía de la Audiencia Nacional en este caso se queda con la explicación que dio el propio Vera cuando prestó declaración como imputado en la causa. Vera, que fue condenado a 10 años de cárcel por su participación en el secuestro de Segundo Marey, una de las primeras acciones terroristas de los Grupos Antiterrorista de Liberación (GAL), apuntó ante la fiscal que sus manifestaciones no eran "fruto de una reflexión propia, pues exclusivamente era una exposición de la historia que se vivía en aquellas fechas en el País Vasco, y que fue el propio ministro del Interior francés el que le manifestó que se reforzaban o intensificaban la lucha contra la guerra sucia, ellos prestarían su colaboración en la lucha contra ETA". Vera aseguró también que sus declaraciones la realizó "siendo plenamente consciente de la ilegalidad en la actuación del GAL y que, en todo caso, nunca ha estado en su ánimo ni enaltecer el terrorismo, ni perjudicar a las propias víctimas de cualquier tipo de acción terrorista sea del signo que sea".

Es decir, la Fiscalía de la Audiencia Nacional asume que, como dijo el propio Vera, "el relato en aquel programa se centraba en lo que acontecía en aquellas fechas, por lo entendía que claramente tenía un contenido histórico".

Por todo ello, el fiscal jefe acordó en un decreto el pasado 16 de noviembre, archivar las diligencias de investigación 98/2015 incoadas por el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, el 20 de mayo de 2015, en las que acordaba la remisión de la entrevista emitida en el programa de TVE y la declaración del propio Vera, realizada en Madrid posteriormente.

El general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo fue condenado a 71 años de cárcel. En el año 2000 entró en la cárcel y cuatro años después estaba cumpliendo la condena en casa por motivos de salud. En 2005 le concedieron el tercer grado y en 2013 la libertad condicional. El gobernador civil Julen Elgorriaga también fue condenado por los mismos hechos a 71 años de cárcel y pasó en prisión menos de dos años. Los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo, condenados a 67 años cada uno, consiguieron el tercer grado en menos de 8 años.