A diferencia de otros medios, en CTXT mantenemos todos nuestros artículos en abierto. Nuestra apuesta es recuperar el espíritu de la prensa independiente: ser un servicio público. Si puedes permitirte pagar 4 euros al mes, apoya a CTXT. ¡Suscríbete!

CTXT necesita 300 suscripciones mensuales para ser sostenible y cada vez más independiente. Puedes ayudarnos aquí

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1) La RBU, por la justicia, la equidad y el decrecimiento

Quienes defendemos la implantación de una Renta Básica Universal somos minoría aún, pero con abundancia de razones para convencer a quien preste oídos de que es un instrumento político eficaz en pro de la justicia como equidad, y que ayude a emprender políticas superadoras del crecentismo. Desde luego, la Renta Básica Universal (RBU) obedece a principios bien diferentes a los que sirven de inspiración de todas las rentas garantizadas, rentas mínimas, subsidios y ayudas implantadas desde hace muchas décadas. Estas son diseñadas y sostenidas para mantener la sumisión de la gente al Trabajo, lo que se viene utilizando a su vez de pretexto para legitimar políticas crecentistas (real o supuestamente creadoras de “puestos de trabajo”). Sin embargo, la RBU ha sido concebida para escapar al yugo del Trabajo, por lo que puede facilitar políticas no crecentistas y de reparto del trabajo socialmente necesario.

La implantación de la RBU no significará pues un paso más en la dirección política a que apuntan los subsidios y rentas vigentes. Eso piensan –o simulan pensar-- quienes temen su alto potencial impugnador, pues vienen arguyendo que la RBU comportaría un plus en la dirección que ya garantizan las rentas condicionadas y subsidios: incluir a más beneficiarios y más desembolso de dinero público; y que, aunque es atractiva por lo primero, es irrealizable por lo segundo. Simplemente no es así.

En realidad, la RBU implica un cambio de rumbo político fundamental, el que supone afirmar que la justicia --entendida como equidad-- y la autonomía --entendida como dependencia mutua y como no sometimiento a otr@s-- son los valores primeros conforme a los que debe organizarse una sociedad; y que estos son valores superiores a los del incremento de la construcción y elaboración de cosas (“producción”), lo que se entiende como “crecimiento” o “desarrollo de las fuerzas productivas”. Es decir, sostenemos que una sociedad mejor no es la que produce más (“productivismo” o “crecentismo”) sino la que es más justa, ampara contra la sumisión y favorece las condiciones para la reducción del metabolismo industrial y el desaforado extractivismo actuales.

La RBU implica un cambio de rumbo político fundamental, el que supone afirmar que la justicia y la autonomía son los valores primeros conforme a los que debe organizarse una sociedad

Porque la mayor riqueza es el respeto y la dignidad que nos debemos y que hemos de afianzar mutuamente, desde la autonomía, dotándonos de los instrumentos políticos y jurídicos para ello. Porque la riqueza, cuando consiste en acumular cosas y en capacidad de disposición sobre personas, es irrespetuosa, no porque esté mal repartida, que también, sino porque puede estorbar la auténtica libertad. Por lo mismo, tampoco la pobreza es solo carencia de cosas, o que esto sea lo más grave, sino la servidumbre a que aboca en las condiciones actuales. La frugalidad, sencillez de costumbres y minimización de la huella ecológica son loables ideales de vida que la RBU puede facilitar, al proteger a las personas de la servidumbre.

Todas las rentas condicionadas, subsidios y ayudas actualmente en vigor deberían ser reemplazadas por la RBU, porque todas ellas comulgan con la concepción hegemónica crecentista de que el primer valor a garantizar es el incremento de magnitudes medibles. El crecentismo parte de la creencia de que de menos puede obtenerse más, y a cambio de nada, y que más es siempre mejor (más energía, más productos y adminículos industriales, “puestos de trabajo”, etc.); y que tal incremento cuantitativo lo proporciona el “trabajo”, pues se lo define justamente como aquello que “crea riqueza o capital”.

Es perfectamente coherente con esta vieja creencia del Trabajo como vía al Crecimiento que las rentas condicionadas y subsidios realmente existentes se diseñen para garantizar el sometimiento de la ciudadanía a la imperiosa necesidad de trabajar. En definitiva, todas estas medidas palían por un lado la necesidad material severa (de aquella porción de la ciudadanía que supera las “oposiciones a pobre” que son en realidad los vigentes subsidios y ayudas) y refuerzan por el otro la necesidad de trabajar, la supeditación total al trabajo (de toda la ciudadanía). Huelga decir que la supeditación universal al Trabajo supone en la práctica el sometimiento y servidumbre a quienes lo ofrecen: si no jurídicamente, sí efectivamente, la persona empleada es sierva de la empleadora, ya que la disyuntiva es la precariedad, la carencia, el estigma y la condición pedigüeña, en la esquina o en la “ventanilla del paro”.

Además, el crecentismo hegemónico no discrimina entre el conjunto de actividades que tal ideología dominante tiene definidas como “trabajo”, considerando igual, por ejemplo, la elaboración de tanques, bólidos, chupetes, vacunas, pupitres, mantas, arroz u hoteles. Y presupone que todo eso contribuye sumatoriamente al pretendido proceso global de “creación de riqueza” o “desarrollo de las fuerzas productivas”.

La supeditación universal al Trabajo supone en la práctica el sometimiento y servidumbre a quienes lo ofrecen

Con los subsidios y rentas condicionales, un ejército de personas desposeídas es mantenido en necesidad estructural, incluso agónica, de prepararse para trabajar, trabajar efectivamente, buscar trabajo o demostrar que no puede trabajar (incapacitad@s). Cualquier persona que se halle en otra situación es estigmatizada por el crecentismo trabajocéntrico.

Por tanto, muchas personas que defendemos la RBU lo hacemos con estos objetivos: A) romper el sometimiento al Trabajo, que garantizan actualmente arreglos institucionales como las rentas condicionadas; B) cuestionar el mismo concepto de “trabajo”, pieza fundamental del “sistema económico”, la ideología crecentista hegemónica; C) reorganizar las instituciones sociales de manera que nos dotemos mutuamente de autonomía y D) finalmente, emponderarnos políticamente y decidir deliberativamente cuáles de las actividades que ahora llaman “trabajo” merecen ser hechas, cuáles no, y en qué orden de importancia.

Paradójicamente, un requisito previo para lograr este nuevo rumbo político es garantizar que toda persona pueda decir no a los mercaderes de empleos sin que recaiga sobre ella el castigo de la indigencia, la exclusión y el estigma. Protegiéndola con la RBU nos protegemos tod@s y amparamos nuestra mutua libertad, valor primero y fundamental, hoy conculcado bajo el yugo del “Trabajo” y el supuesto “Crecimiento” o “Desarrollo de las Fuerzas Productivas”.

2) La RBU, las necesidades y el consumo

La necesidad severa y urgente de las personas carentes de los bienes considerados básicos en nuestro mundo despierta la compasión e indigna a toda persona sensible. Porque coloca a tales personas, nuestros iguales, en la indigencia, al borde de la servidumbre. Sus carencias son evidentes y notorias, a la vista de tod@s: falta de alimento, de abrigo, de techo, etc. Hoy están a merced de la beneficencia, pública o privada, y la caridad graciable. Pero nuestras sociedades están plagadas de otros muchos mecanismos que conducen a otras tantas formas de necesidad, en modos y grados tan claudicantes como los de la pobreza material “típica”. Si bien, dada la educación establecida, estas otras formas no típicas de necesidad son más difíciles de reconocer, aunque atenazan a la mayoría de complacidos consumidores. Por eso pueden llevar a muchas personas a grados superiores de alienación, hasta la servidumbre abyecta.

La promoción del consumo sin distinciones ni límites ampara estas situaciones claudicantes y la considera incluso deseables en aras del crecimiento

La promoción del consumo sin distinciones ni límites, que es legitimado precisamente en la supuesta necesidad de “crecimiento y creación de puestos de trabajo” (“consumismo”, correlato del “productivismo”), ampara estas situaciones claudicantes y las considera incluso deseables, “en aras del Crecimiento”. Las personas así encadenadas a la necesidad y la servidumbre (indigencia al cabo) justifican su mansedumbre y renuncian al propio criterio por dos vías complementarias: en parte con el señuelo del siguiente atracón de consumo (da igual que de sofisticada cacharrería industrial, viajes más largos y “divertidos” para escapar en vacaciones del yugo que espera el resto del año; un bólido más potente…); en parte con el miedo a caer por el precipicio de la otra necesidad, hasta el fondo de la pobreza estigmatizada o “típica” que todo el mundo reconoce.

La implantación de la Renta Básica Universal podría revertir --máxime si se fortalecen los servicios públicos actuales, se acompañan de otra política educativa y se arbitran límites a la salvaje publicidad actual-- el rigor de la cadena de necesidad y servidumbre en que ha venido a dar nuestra sociedad de Trabajo y Consumo. Con tal medida nos ofreceríamos mutuamente un amparo contra la indigencia material o pobreza que hemos llamado típica y fácilmente apreciable. En sí mismo ya esto supone un avance notable en justicia. Pero además, al erradicarla, derribaríamos ese espantajo que tal tipo de pobreza representa para las personas integradas en el sistema de trabajo-consumo, aligerando sus miedos. La implantación de la RBU fortalecería la respetabilidad de la gente sencilla y de vida frugal, que sería ya autónoma y a salvo de la servidumbre y el clientelismo.

Y todo ello sin impedir el auténtico emprendimiento, el que nace de la genuina vocación para acometer empresas en las que probarse a sí mismo, ganar o perder. Porque la RBU fortalece el apoyo mutuo sin asfixiar la individualidad y la diversidad, como sí lo hacía la vieja fórmula de la colectivización comunista.

3) La libertad de trabajar y su protección pública

La libertad es el bien más importante y es obvio que no se reduce a la libertad de trabajar, que es solo una de sus manifestaciones. Pero en esta, como en todas, el ejercicio efectivo de la libertad exige de los poderes públicos proteger y garantizar que la ciudadanía tenga la posibilidad cierta, materializable, de ejercer su derecho a trabajar tanto como a no ejercerlo. Solo cuando las instituciones públicas proveen efectivamente los medios para hacer factible tanto practicar como no practicar un derecho (trabajar-no trabajar, casarse-no casarse, viajar-no viajar, estudiar-no estudiar, tener vivienda-no tenerla, etc) queda preservado el primer derecho, la libertad.

Queremos que la libertad de trabajar sustituya a la actual compulsión institucionalizada al trabajo

Nuestro compromiso con la RBU es un compromiso con la libertad de trabajar. Y al mismo compromiso responde nuestra oposición a las rentas condicionadas y subsidios, puesto que no protegen el derecho al trabajo y la libertad de trabajar, sino que son parte importante de políticas que coaccionan a trabajar, reafirmando la condición de nuestra sociedad como una “sociedad de trabajo”. Queremos que la libertad de trabajar sustituya a la actual compulsión institucionalizada al trabajo. Y queremos que se entienda bien que el apoyo y protección pública para dotar a todas las personas de un ingreso incondicionado no solo ampara a quienes hoy no trabajan o no quieren trabajar, sino que nos ampara a tod@s, fortalece nuestra libertad y la equidad. Debemos comenzar a denunciar las enormes cantidades de dinero público que se destinan a algunas “inversiones” que se justifican en la pretensión de que “crearán riqueza” y exigir que se destine lo suficiente para protegernos mutuamente en nuestra libertad, para trabajar y para todo lo demás.

Por eso, para la libertad y el respeto mutuo, quienes defendemos la implantación de la RBU pedimos que la elaboración de artilugios industriales y su acumulación –lo que se hace pasar por riqueza-- tiene que dejar de ser un fin en sí mismo, recuperar su medida, su oportuno límite, el que basta al bien vivir..

Es un hecho que la mayoría de la ciudadanía aprueba que con el dinero de tod@s se provean derechos como la educación (escuelas), la sanidad (hospitales), la movilidad (carreteras, vías férreas, aeropuertos, puertos), la seguridad personal, de bienes y de fronteras (policía y ejército). O que, si acaso, se discuta –con total legitimidad-- si debe destinarse más a este derecho o aquel, pero sin cuestionar que, sea en la proporción que sea, salga de las arcas públicas, del dinero de tod@s. ¿Por qué entonces tanta gente cuestiona que con el dinero de tod@s se proteja la libertad pública que viene a atender la RBU? ¿No es acaso de la mayor importancia que tod@s podamos decir no, o sí, sin quedar inermes o a merced de la beneficencia? ¿Tanto atenaza el miedo a la libertad al que se refirió Erich Fromm que solo la toleramos en los pocos héroes o heroínas?

--------------------------

Félix Talego Vázquez es profesor de Antropología Política en la Universidad de Sevilla.