La discreción con la que se ha visto siempre obligada a trabajar la Unidad de Asuntos Internos de la Policía se ha convertido en total opacidad desde que gobierna el Partido Popular. El Ejecutivo acaba de negarse a ofrecer siquiera las altas y bajas en la Unidad desde 2013 o el número de agentes que la componen. El PSOE formuló por escrito la pregunta tras las informaciones acerca de que una parte de Asuntos Internos ha sido dedicada a encargos impropios de sus funciones, como la investigación de políticos catalanes o presionar a los agentes que indagaban en la caja B del PP.

Una unidad secreta de la Policía rastrea información comprometedora de políticos independentistas

Saber más

El Gobierno se escuda en que “la mayoría de los servicios y actuaciones de la Unidad de Asuntos Internos están relacionados con la delincuencia organizada” y que ese tipo de investigaciones “gozan de una naturaleza de la especial protección”, que el mismo Ejecutivo del PP concedió a través de un acuerdo del Consejo de Ministros adoptado el 6 de junio de 2014. La afirmación del Gobierno en su respuesta parlamentari revela, por tanto, que “la mayoría” de agentes que investiga Asuntos Internos pertenecen presuntamente a organizaciones criminales.

El acuerdo al que se refiere ahora el Ejecutivo está, en realidad, destinado a ampliar el secreto de las estructuras antiterroristas a aquellas policiales que combaten el crimen organizado en sus diferentes manifestaciones, ya sea el tráfico de drogas, de armas o la corrupción. Estas unidades pertenecen, en el caso de la Policía, a la Comisaría General de Policía Judicial. Pero Asuntos Internos, no. La unidad que investiga policías depende directamente de la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo. Esto implica que el comisario al frente informa directamente al número dos, el hombre fuerte del PP en la Policía, el comisario Eugenio Pino.

En la respuesta ofrecida al PSOE, el Gobierno dice que dicho acuerdo clasifica como secretas “la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizadas en la lucha contra la delincuencia organizada, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas”. A día de hoy, la página web del Cuerpo Nacional de Policía sigue sin actualizar y, al menos la estructura y organización de la Comisaría General de Policía Judicial, sigue ofreciéndose detallada.

eldiario.es reveló en noviembre de 2014 que la Policía mantenía operativa desde finales de 2012 una estructura secreta dedicada investigaciones de tipo político. Desde su creación y al menos hasta la publicación de la información, el grueso de su actividad estaba destinada a contrarrestar la ofensiva política del independentismo catalán. El grupo nunca estuvo identificado en el organigrama del Cuerpo, pero se nutría de agentes de dos unidades que sí aparecen: la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación y la de Asuntos Internos. Esta última era la que prestaba a los agentes que investigaban sobre el terreno presuntas corruptelas de políticos vinculados al proceso soberanista. La citada información reproducía una oferta interna para acceder a Asuntos Internos en la que se valoraba el conocimiento del euskera y el catalán.

Los agentes de esta estructura secreta, junto a otros como el comisario José Manuel Villarejo, están detrás de las investigaciones a políticos catalanes, reconocidas después con medallas pensionadas. El resultado de esas investigaciones no llegó nunca a los juzgados –aunque eran filtradas a determinados medios de comunicación coincidiendo con momentos álgidos del proceso independentista- o eran blanqueadas a través de la UDEF.

En un caso concreto, ni siquiera se utilizó de puente a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Asuntos Internos presentó a la Fiscalía Anticorrupción una investigación sobre Oleguer Pujol para sorpresa de los representantes del Ministerio Público. No había pasado antes que la unidad dedicada a investigar policías ofreciera información elaborada de una persona fuera de la Policía sin que agentes estuvieran implicados en la trama. De ese modo, nació la causa que ahora dirige en la Audiencia Nacional el juez Santiago Pedraz.

El año en el que Asuntos Internos empezó a ser derivado a funciones que le eran ajenas, Interior dejó de ofrecer a los sindicatos su catálogo de puestos de trabajo. Por aquel entonces eran 160 agentes. Hoy, el Gobierno impide conocer esa cifra. El portavoz de Interior del PSOE, Antonio Trevín, no ha dudado en calificar la actividad de la unidad y otros agentes al servicio de la cúpula del Ministerio de "policía política".

Las investigaciones al PP por el caso Gürtel y el de papeles de Bárcenas han creado durante toda la legislatura enormes tensiones en el seno de la Policía. La Comisaría General de Policía Judicial, que engloba a la UDEF, va ya por su cuarto responsable. Los cambios han alcanzado a la Brigada específica que investiga ambos casos, la de Blanqueo de Capitales, y los agentes al frente de las pesquisas han sufrido presiones que incluyeron interrogatorios de difícil explicación a cargo de la Unidad de Asuntos Internos, que les acusaba de la filtración de información del caso, en el que hay personados más de 100 abogados con acceso a los informes.

Guerra policial

La propia Unidad de Asuntos Internos no ha escapado a la tormenta. El Ministerio del Interior eligió a uno de los policías que había colaborado con el PP en la oposición para dirigirla, el comisario Marcelino Martín Blas-Aranda. A pesar de la conexión con el partido, el policía cayó en desgracia cuando comenzó a investigar al entorno personal del comisario Villarejo en la operación Emperador –contra la mafia china- y al vincular después a su enemigo dentro del Cuerpo con el caso del Pequeño Nicolás. Asuntos Internos identificó por error en un informe a Villarejo al informar de una cita del joven imputado por estafa.

Para intentar frenar la encarnizada batalla en el seno de la Policía, Interior optó por destituir a Martín Blas-Aranda. La Unidad ha pasado a estar dirigida por un veterano comisario que ha desarrollado el grueso de su carrera en la Brigada Central de Estupefacientes, Francisco Miguelañez.