La cancelación por parte del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, de su visita a Estados Unidos, inicialmente prevista para el próximo martes, es la única respuesta lógica ante la agresividad que el presidente Trump viene manifestando contra su país y sus gentes, a los que ha acusado en repetidas ocasiones de ladrones y criminales.

Muchos sostuvieron que la retórica electoral de Trump pasaría a un segundo plano una vez conquistada la Casa Blanca, inaugurándose entonces, como suele ocurrir en política, un proceso de ajuste entre las promesas de campaña y las limitaciones impuestas por la realidad a la acción de gobierno. Algunos de los que pensaban eso, como el propio Peña Nieto, ignoraron las abundantes señales de que Trump no era un candidato normal y prefirieron optar por una visión benigna y apaciguadora. Es lo que hizo el presidente mexicano pese a haberse reunido en su residencia oficial en Los Pinos en agosto pasado con el entonces candidato Trump en una incomprensible y desafortunada visita que no logró su aparente objetivo de lograr que este desistiera o matizara sus propósitos.

No ha hecho falta ni una semana tras su toma de posesión para que se confirme la voluntad de Trump de poner en marcha de forma inmediata y en su más pasmosa literalidad el núcleo duro de sus promesas relacionadas con lo que eufemísticamente se denomina control de la inmigración y las fronteras y que en realidad ampara una agenda racista y xenófoba de la cual México está siendo su primera víctima.

La construcción de un muro que separe totalmente México de EE UU, que además pretende hacer pagar a los mexicanos; la amenaza de instauración de aranceles punitivos a sus exportaciones; las presiones a las empresas estadounidenses para que desinviertan en México; o las amenazas de deportaciones de ciudadanos mexicanos afincados en EE UU, son medidas que, juntas, constituyen una agresión en toda regla a México.

Trump ha comenzado una presidencia que dice querer dedicar a restaurar la grandeza de su país, humillando repetidas veces a su vecino, más débil y más pobre, y amenazándole con una serie de acciones que sin duda provocarán grandes dificultades a los mexicanos.

Afortunadamente, los ciudadanos de México no están solos en esta difícil situación. Los alcaldes de las ciudades más importantes de EE UU, secundados por millones de estadounidenses de bien, han manifestado su intención de no colaborar con la política de deportaciones de Trump, incluso si ello significa ser privados de fondos federales.

Aunque quiera, México no podrá defenderse solo de la agresividad de un Trump cuya trayectoria vital está marcada por el peor matonismo político y empresarial. Por eso falta una voz alta y clara en defensa de México por parte tanto de Europa como, sobre todo, de la comunidad iberoamericana de naciones. Porque si todos esos foros regionales y sistema de cumbres que nos unen a México no sirven para hacer patente la solidaridad con ese país, cabe preguntarse entonces para qué sirven.

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