Las horas previas a la expiración del ultimátum que el Gobierno ha dado al presidente de la Generalitat para que confirme si declaró o no una Cataluña independiente, y en su caso rectifique y vuelva a la legalidad, han sido una montaña rusa. Mariano Rajoy, en estrecho contacto personal con Albert Rivera y telemático con Pedro Sánchez, está dispuesto a abortar en los próximos días la puesta en marcha efectiva del artículo 155 de la Constitución si el presidente de la Generalitat convoca elecciones autonómicas.

Esta estrategia implicaría ni más ni menos que conceder un nuevo plazo, el tercero, a Puigdemont para que rectifique y retorne a los cauces legales establecidos por el Estatuto de Autonomía y por la propia Carta Magna.

Se trata de un escenario deseado pero virtual. En Moncloa no apuestan con convicción sobre el mismo, máxime cuando ayer desde las filas del PDeCAT y desde la propia ERC se daba por imposible, pero insisten en ponerlo sobre la mesa a modo de última oportunidad para que la Generalitat salve los muebles. Lo hicieron fuentes del Gobierno y también abiertamente Sánchez y Miquel Iceta: unas elecciones anticipadas evitarían la vía del 155.

La llamada a las urnas debería ser nítida, antes de que el Pleno del Senado se reúna para aprobar por mayoría absoluta las medidas de intervención de la autonomía catalana que Rajoy planea desde hace días y que activará si la respuesta de Puigdemont al requerimiento hecho por el Gobierno es definitivamente ambigua. El plazo del que dispone el president no se prolongaría más allá de la próxima semana, en los límites previos a que el Senado apruebe el plan del Ejecutivo.

El Gobierno asegura que en la Cámara Alta el procedimiento a seguir no sólo será respetuoso con el Reglamento, sino que además pecará de «generoso» para conceder al president de la Generalitat tiempo suficiente para presentar alegaciones e incluso comparecer en persona. Retorcer al máximo las normas del Senado para imprimir velocidad a las medidas del Ejecutivo podría ser muy contraproducente habida cuenta de que bastaría la firma de cincuenta senadores -y ahí se incluirían previsiblemente los de Unidos Podemos- para impugnar el procedimiento ante el Tribunal Constitucional.

El Gobierno aceptaría en todo caso, para paralizar el 155, una convocatoria electoral que se sustanciaría con la apertura de las urnas el próximo 17 de diciembre y que debería circunscribirse estrictamente a los límites de unos comicios autonómicos que, en el caso de Cataluña, se rigen por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Queda en consecuencia excluida la posibilidad de elecciones de carácter constituyente.

También se ha estudiado la hipótesis de que Puigdemont proceda a declarar unilateralmente la independencia y, a continuación, convoque los comicios. Tanto el Gobierno como el PSOE coinciden en que el Tribunal Constitucional actuaría de inmediato suspendiendo la DUI, en tanto que la llamada a las urnas podría mantenerse bajo las condiciones de la Loreg puesto que Cataluña carece de Ley electoral propia.

Rajoy, en cualquier caso, ha planeado la opción B que pasa por un encastillamiento de Puigdemont en su proyecto independentista y la resistencia política a la nueva autoridad en Cataluña. El presidente, muy temeroso de los efectos secundarios que pueda acarrear la activación de un precepto constitucional, el 155, hasta ahora inexplorado, se inclina por una postura de máxima prudencia y cautela. En este planteamiento cuenta con el respaldo decidido del secretario general del PSOE y con el apoyo más receloso del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, con quien se entrevistó ayer en Moncloa. El Gobierno se afanaba ayer en cerrar su plan con estas dos formaciones, preparado para recibir hoy una nueva respuesta ambigua e incluso desafiante de la Generalitat.

La activación del proceso está clara. Rajoy lo pondrá en marcha sin tardanza, pero el Gobierno no confirma cuándo será el Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la toma del control de los núcleos neurálgicos del autogobierno. Y es que el presidente estará hoy y mañana en Bruselas en el Consejo Europeo. Y el viernes por la tarde tiene previsto asistir a los premios Princesa de Asturias. Moncloa baraja como opción más plausible que se reúna el sábado, según confirmaron varias fuentes a este diario.

En este escenario, se incluyen como esenciales las áreas de Seguridad y Hacienda, consideradas como claves indiscutibles del poder autonómico. Ambas, llegado el caso, serían controladas plenamente por el Gobierno previsiblemente a través de sendos delegados establecidos in situ. El presidente del Gobierno intenta evitar que se instale en la ciudadanía la sensación de un Ejecutivo usurpador de su derecho a autogobernarse. «Nada de asumirlo todo y destituir a todos; eso sería suspender la autonomía y el 155 no está para eso», advierten fuentes del Gobierno. Es por esto que ayer, y a expensas de los acontecimientos que se precipitan, tanto Rajoy como Sánchez apostaban por una intervención limitada. Algo más duro se muestra Rivera.

No obstante, las competencias de Puigdemont también quedarían bajo tutela gubernamental de modo que el Ejecutivo asumiría la facultad para convocar elecciones. Este es el objetivo último: constituir un nuevo poder en Cataluña surgido legalmente de las urnas. En este punto también hay diferencias con Ciudadanos. Gobierno y PSOE apuestan por un periodo corto pero razonable que permita enfriar tensiones y calmar los ánimos, Rivera preferiría la inmediatez.

La convocatoria de elecciones rápidas por parte del Ejecutivo central, una vez activado el 155, como ha planteado Rivera despierta muchos recelos. «En estas condiciones, las cargaría el diablo», opina un miembro de la cúpula del PP.

TRES FRENTES CONFLICTIVOS PARA LA APLICACIÓN DEL 155 PARLAMENT La disolución del Parlamento catalán es competencia exclusiva del Govern, así como la convocatoria de unas elecciones anticipadas. La suspensión de esta institución no encaja en el despliegue del artículo 155, que orilla la intervención en parlamentos regionales, y sólo se podría valorar en un caso excepcional, como es el artículo 116, ante estados de alarma, excepción o sitio, que prevé suspender derechos fundamentales con otro mecanismo. La función de la cámara legislativa sí quedaría afectada si el Gobierno decide sustituir la competencia del Govern para disolver la Cámara para una convocatoria electoral. MEDIOS DE COMUNICACIÓN La normativa no prevé tampoco la suspensión de la radio y televisión pública catalana, u otros medios públicos, como la Agencia Catalana de Noticias. Sólo el estado de excepción permitiría una intervención para suspender publicaciones y medios informativos. Otra cosa es que en el marco del 155 el Gobierno tome la iniciativa de dirigirse al presidente del Govern, Carles Puigdemont, para instarle con un requerimiento a detener comportamientos que considere lesivos para el interés general, y que en este supuesto incluya determinadas emisiones aprobadas por la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. EDUCACIÓN Un primer aspecto a tener en cuenta es que la ley educativa española LOMCE es de rango superior a la Ley de Educación Catalana (LEC). Cataluña se reveló contra de algunos de los articulados de la norma estatal, pero su resolución ha estado y sigue en manos de la Justicia. Cabe citar la no aplicación del castellano como lengua vehicular o la realización de la prueba de la Reválida en sustitución de la Selectividad. No cabría recurrir al artículo 155 puesto que con ejecutar la aplicación de la LOMCE al cien por cien se acentuaría la potestad educativa del Estado, sin vulnerar la libertad en el ámbito de la enseñanza. Respecto a los docentes, cabe considerar que no todos son funcionarios.