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BUENOS AIRES — Los tribunales penales federales en la ciudad de Buenos Aires están situados en un enorme edificio solitario, como salido de una novela de Kafka. Imponentes bajorrelieves y decoraciones de piedra en la fachada contrastan con la apabullante decrepitud de sus instalaciones. Estos tribunales son conocidos como Comodoro Py, el nombre de la avenida donde se ubican. Para muchos simbolizan la deteriorada realidad de la entidad clave en la justicia de Argentina, que hoy es más sinónimo de las jugadas turbias del poder que de las leyes.

Es año electoral en Argentina y Comodoro Py juega ya un papel protagónico en esta campaña. Por ejemplo, la expresidenta y actual candidata a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, enfrenta más de una decena de casos judiciales relacionados con supuestos actos de corrupción en su última gestión (además de una causa por encubrimiento agravado). Hoy será la cuarta sesión del primer juicio que la tiene en el banquillo de acusados. La semana pasada, un juez le sumó otro procesamiento más. Pero las denuncias, investigaciones, órdenes de detención contra Fernández de Kirchner —y la detención preventiva a varios exfuncionarios kirchneristas— parecen responder más a un calendario que beneficia netamente a las necesidades electorales del presidente Mauricio Macri, quien busca reelegirse en octubre.

La justicia argentina se ha politizado y ahora está en un callejón sin salida. Si Fernández de Kirchner es declarada inocente, la percepción de muchos ciudadanos será que sucedió así porque los jueces se rindieron a presiones. Si es declarada culpable, será por lo mismo. Es crucial determinar si las acusaciones son verdaderas, tanto para los votantes que apoyan a Fernández de Kirchner como para los que quieren verla en la cárcel. Pero con un sistema judicial extremadamente cuestionado, es poco probable que esto se logre.