El PSOE ha logrado sacar adelante, gracias al apoyo de Podemos, Ciudadanos y el resto de la oposición, el primer trámite parlamentario para “paralizar” la ley para la mejora de la calidad educativa (Lomce). La propuesta tiene como objetivos finales suspender el calendario de implantación de la norma en los únicos aspectos que aún no han entrado en vigor -las polémicas pruebas finales de evaluación de ESO y Bachillerato- e instar al Gobierno a elaborar una nueva ley consensuada para derogar la ley Wert.

El anuncio de Mariano Rajoy durante su debate de investidura de dejar sin efectos académicos las pruebas finales de ESO y Bachillerato -no será necesario aprobarlas para obtener el título- no ha contentado a la oposición en el Congreso y este martes se ha materializado el primer paso para fulminar a la Lomce.

Ni la promesa verbalizada hoy del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, con la intención de aprobar un decreto ley que recoja el anuncio de Rajoy, ni la convocatoria de la Conferencia sectorial de Educación para escuchar las demandas de las comunidades autónomas, ha cambiado el sentido de la votación: 208 síes, 133 noes y 2 abstenciones.

Así, una vez aprobada la toma en consideración, continuará su tramitación en la Comisión de Educación, que debatirá y votará enmiendas y emitirá un dictamen. Este dictamen deberá ser votado en Pleno, donde al tratarse de una reforma de ley Orgánica, necesitará el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara para pasar al Senado.

Es decir, un proceso pantanoso que el Gobierno del Partido Popular -del mismo color que elaboró la ley de la discordia- pretende acortar a través de otra vía: un decreto ley. Este, en realidad, tendrá la misma finalidad: eliminar las reválidas. De ahí, que el ministro compareciese, contra todo pronóstico, en el debate de la proposición socialista para tomar posición política. La última vez que la Lomce llegó al Hemiciclo, Méndez de Vigo no estuvo presente.

“Para herencia recibida, la de Wert”

Durante la tarde de este martes, sí ha estado presente. Desde su escaño azul ha escuchado cómo desde el PSOE, a través de su portavoz en Educación, Manuel Cruz, le han exclamado: “Para herencia recibida la que le dejó a usted el ex ministro Wert”. Acto seguido Cruz, le ha tendido una mano, asegurando que desde el PSOE están “dispuestos” a ayudarle. Eso sí, “no de cualquier manera”.

“No intenten darnos el abrazo del oso a los socialistas, no somos iguales y mucho menos en materia educativa, ha afirmado Cruz durante el debate, que hace una semanas fue vetado por el Gobierno de Mariano Rajoy al considerar que llevar a cabo esta iniciativa supondría una pérdida de ingresos de más de 600 millones de euros. Este monto, siempre según el Ejecutivo, correspondería a lo invertido por las comunidades autónomas para implantar la Lomce.

Marta Martín (Ciudadanos) ha aclarado que esta proposición recoge el acuerdo alcanzado con el Partido Popular para que éstos últimos pudiesen formar Gobierno. También estaba presente la paralización de la Lomce en el pacto que firmó Rivera con Pedro Sánchez en aquella investidura fallida.

Además, la portavoz en Educación del partido naranja ha insistido en la necesidad de crear con urgencia la subcomisión en el Congreso para abordar el pacto de nacional por la Educación. En este órgano comenzaría a gestarse, según sus planes, una nueva ley educativa que sustituya la Lomce. “¿Alguno de vosotros habéis pensado que mientras estamos teniendo este tipo debates partidistas miles de niños se van a quedar fuera del sistema?”, ha reprochado Martín a los diputados.

En la disposición adicional primera, la propuesta aprobada por la mayoría del Congreso insta al Gobierno a -tras un proceso de negociación y diálogo con las administraciones y la comunidad educativa- a remitir a las Cortes un proyecto de ley básica de educación “con el máximo consenso” que suponga la derogación de la Lomce y que “contenga las medidas acordadas”.

“Un calendario a todas luces inasumible”

La proposición socialista recuerda que la tramitación y aprobación de la Lomce “con el rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular y con el rechazo frontal de la oposición” puso en evidencia la “incapacidad” del Gobierno de buscar un consenso en materia educativa.

Unido a ello, recuerdan, el Gobierno impuso “a toda prisa” un calendario de implantación que se ha mostrado “a todas luces inasumible” para las comunidades autónomas y para los centros educativos, poniendo en evidencia, que la reforma se llevó a cabo “sin un diagnóstico compartido, sin debate previo y a espaldas a la comunidad educativa”. “Se planteó sin recursos y en medio de brutales recortes que degradan la calidad educativa y atentan contra su equidad”.

“La Lomce es una contrareforma segregadora e intervencionista que ataca directamente a la igualdad de oportunidades y retrocede en la equidad y en la calidad de la educación. La ley conculca el principio de igualdad de oportunidades y favorece la exclusión del alumnado con dificultades, además de establecer un sistema de reválidas con efectos punitivos en vez de formativos”, concluye el texto.