Un inesperado coletazo del caso Cristóbal López alcanzó a un actual funcionario de María Eugenia Vidal. Entre los procesados por el juez Julián Ercolini como supuestos cómplices de Ricardo Echegaray en las maniobras que le permitieron al zar de los medios K defraudar al Estado por 8.000 millones de pesos, figura Walter D'Angela, número dos de la agencia recaudadora bonaerense ARBA, quien renunció este jueves a su puesto luego de que Clarín publicara la noticia de su procesamiento.

D'Angela, subdirector ejecutivo de recaudación y catastro del organismo y ex funcionario de la AFIP, quedó procesado como coautor del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública. Ercolini también lo embargó por más de dos mil millones de pesos -exactamente 2.130.313.711,50 pesos- y al igual que a otros supuestos cómplices de Echegaray que reportaban en la AFIP ordenó la inhibición general de sus bienes. Fuentes de la administración bonaerense informaron que D'Angela había asumido en ARBA en febrero de 2016 y que desde 1991 trabajaba en el organismo tributario nacional.

El juez, que investigó la maniobra a través de la cual Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa le robaron a la AFIP 8.000 millones de pesos correspondientes a la liquidación del impuesto a los combustibles que cobraban a los clientes de su firma Oil Combustibles, procesó junto con D'Angela al segundo de Echegaray Ángel Rubén Toninelli y a Fabián Osvaldo Di Risio, Karina Elisabet Venier, Eduardo Julio Nappa, Gustavo Adrián Esperón y José Antonio Bianchi.

Según la resolución judicial firmada en abril, se encuentra acreditado que todos ellos junto con Echegaray "habrían intervenido mancomunadamente de manera consistente, sistemática y deliberada, mediante la inobservancia de los deberes inherentes a los cargos que cada uno ostentaba en la AFIP, en el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago particulares y generales -según cada caso- a Oil Combustibles entre mayo de 2013 y agosto de 2015."

Tal como había explicado en la instrucción del expediente contra López y De Sousa, el juez reitera que la coordinación de maniobras desde distintos estamentos de la AFIP "permitió que Oil no pagara en tiempo y forma el impuesto, y utilizara indebidamente y en su propio beneficio aquel dinero para capitalizar a otras sociedades del grupo Indalo".

La enumeración de las supuestas anomalías es copiosa: "entre las irregularidades que se revelaron en la concesión de los regímenes especiales, se encuentran las omisiones acerca de la referencia a otros planes de facilidades de pago a los cuales la firma se había previamente acogido y se encontraban caducos y rechazados; de documentación anexada por parte de la compañía que acreditara la situación económica-financiera alegada en ambas solicitudes y luego, de la comprobación de dichos contextos invocados -el único requisito establecido por ley para su concesión-; de observaciones sobre todos aquellos incumplimientos y la necesidad de llevar adelante medidas complementarias con el objetivo de comprobar fehacientemente las dificultades exteriorizadas; y del control tendiente a monitorear el efectivo cumplimiento de las condiciones establecidas al otorgarse ambos planes."

"En síntesis, las irregularidades allí advertidas se vinculan con la laxitud en los controles dirigidos a la sociedad", remacha Ercolini.

La resolución judicial afirma que D'Angela y su entonces superior en la AFIP, José Antonio Bianchi, "no podían desconocer aquel escenario, pues fueron ellos mismos quienes, meses más tarde, desarrollaron los instrumentos de contralor" que nunca se le aplicaron a Oil Combustibles. "Al menos en aquel momento, el área a cargo de D’Angela no había creado las herramientas para que las oficinas operativas pudiesen llevar a cabo el seguimiento correspondiente", continúa.

Como "ambos conocían toda esta situación" y sin embargo no intervinieron, Ercolini cree que eso "no hace más que acreditar que actuaron para favorecer a los empresarios López y De Sousa."

"El argumento introducido en este caso por D’Angela vinculado a que la potestad del otorgamiento de los planes de facilidades de pagos particulares aquí cuestionados correspondía discrecionalmente al administrador federal ya fue debidamente refutada", advierte el juez.

"Se encuentra demostrado que Toninelli, Di Risio, Venier, Nappa, Esperón, Bianchi y D'Angela tenían deberes asignados por ley o por autoridad competente y que según el caso, por acción u omisión dolosa, perjudicaron los intereses confiados, en detrimento del patrimonio del Estado nacional", abunda el procesamiento.