Debido a que la Ley Orgánica del Poder Legislativo no se los prohíbe, diputados locales tienen trabajando en el Congreso del Estado a sobrinos, hijos, novios y hasta candidatos de partidos opositores, cuyos salarios representan una erogación anual de 3 millones 690 mil 300 pesos.

Aunado a ello, los legisladores reciben mensualmente 48 mil 700 pesos por concepto de Apoyo Parlamentario, con lo que pueden pagar el salario de asistentes, choferes y asesores por su propia cuenta, como lo refiere la respuesta a una solicitud de información hecha la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado.

Cada uno de los 41 diputados locales tiene en la nómina a un asistente, el cual recibe un salario mensual de 7 mil 500 pesos, a excepción de Andrea Gómez Chargoy, quien percibe un sueldo de 25 mil pesos mensuales como asesora de la Presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Mensualmente, el Congreso del Estado destina 307 mil 525 pesos para pagar los salarios de los asistentes, entre quienes se encuentran sobrinos, hijos y hasta candidatos que participaron en la pasada elección constitucional. Lo anterior porque la Ley Orgánica no se los prohíbe.

En el Poder Ejecutivo, el nepotismo es la preferencia que tienen los funcionarios públicos para dar empleos a familiares o amigos, sin importar el mérito para ocupar el cargo, sino su lealtad o alianza. Debido a que el Congreso del Estado se rige sólo por un código de ética, en muchos de los casos este enunciado es violado por los propios legisladores, ya que no está castigado.

No obstante, coordinadores parlamentarios de las fuerzas políticas se pronunciaron a favor de modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con la finalidad de castigar las prácticas de nepotismo en que incurren los legisladores al privilegiar a amigos y familiares en los cargos del Congreso del Estado.

De familiares de diputados a asistentes

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Ana María Jiménez Ortiz, incluyó en la nómina a su sobrino Juan Antonio Ramírez Jiménez, quien cobra un salario de 7 mil 500 pesos mensuales; la legisladora también colocó a Julio Ramírez Jiménez, hermano del primero, en el área de Comunicación Social del ayuntamiento de Puebla.

María Isabel Segura Gómez, es sobrina del diputado del PAN por el Distrito 8 de San Pedro Cholula, Jorge Gómez Carranco, y también devenga un salario anual de 90 mil pesos por estar incluida en la nómina como asistente.

Según el listado de asistentes que se encuentran en los registros hasta el mes de octubre de este año, la hija del diputado local de Nueva Alianza, el expriista Víctor Hugo Islas Hernández, Michele Eugenia Islas Ganime, también cobra un salario en el Poder Legislativo.

Según la solicitud de información registrada en el expediente 311/13, Michele Islas aparece como asistente del diputado local del PRI, Gerardo Mejía Ramírez, y no de Víctor Hugo Islas, quien fue pareja sentimental de Bárbara Ganime Bornne, exdiputada local y recientemente excandidata de la coalición 5 de Mayo.

Felipe Rodríguez López es asesor del diputado local del PRI, Ramón Felipe López Campos, con quien comparte nombre y apellido; anualmente gana 90 mil pesos más prestaciones. La diputada, también priista, Zenorina González Ortega, tiene trabajando a su sobrina en el Congreso local. En el listado obtenido vía transparencia aparece el nombre de Estrella Zavaleta Mirón, como su asistente.

Según información recabada entre algunos diputados, la panista María Fernanda Huerta López tenía hasta hace poco a su expareja entre su equipo de asesores, por lo que no está incluido en la lista de asistentes emitida por la Dirección General de Administración y Finanzas.

"Los servicios de asesoría o asesores contratados por los legisladores, no son pagados por esta soberanía, son pagados por ellos", precisa la respuesta obtenida vía transparencia.

Quien sí aparece como asistente de María Fernanda Huerta es Luis Julián Téllez Carmona, quien dejó la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social estatal luego de que su titular, Myriam Arabian Couttolenc, pidió licencia el 13 de mayo de 2011 para enfrentar una denuncia ante la PGR por un presunto delito electoral cometido en 2009.

Candidatos y representantes, también cobran

Entre los asistentes de los diputados que están incluidos en la nómina del Poder Legislativo, destaca el nombre de Miguel Sánchez Reyes, quien fue integrante de la planilla de la coalición Puebla Unida que contendió por la presidencia municipal de Rafael Lara Grajales en las pasadas elecciones del 7 de julio.

Aunque Sánchez Reyes contendió por el bloque de partidos PAN-PRD-Panal-Compromiso por Puebla, es asistente de la diputada del PRI por Acatzingo, Elvia Suárez Ramírez. Según la página electrónica del Instituto Electoral del Estado (IEE), fue asignado como regidor de representación proporcional, ya que el triunfo en Rafael Lara Grajales lo obtuvo la coalición 5 de Mayo.

No obstante, a finales del mes pasado el Tribunal Electoral del Estado (TEEP) determinó anular las elecciones en el municipio bajo el argumento de que el candidato de 5 de Mayo incurrió en violaciones a la Constitución Política por utilizar imágenes religiosas en su propaganda, por lo que el Congreso local tendrá que convocar a nuevos comicios.

Aunque cobra en el Congreso del Estado un salario de 7 mil 500 pesos mensuales, Sánchez Reyes es el encargado jurídico de la defensa en los tribunales de la elección de Rafael Lara Grajales a favor de la coalición Puebla Unida, la cual registró candidatura en común con el partido Pacto Social de Integración.

Entre los asistentes, también hay quienes tuvieron alguna representación partidista o un cargo en la pasada administración estatal. Tal es el caso de Luis Fernando Cuautle Capulín, quien se desempeñó como representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral en Cholula, actualmente es asistente del diputado independiente, el priista Alejandro Oaxaca Carreón.

Francisco Javier Papaqui Rodríguez, asistente del diputado del PRI, Eleofermes Palacios Reyes, se desempeñó como delegado de la Secretaría de Gobernación en la región de Tepexi de Rodríguez durante el sexenio de Mario Marín Torres.

Mientras que Luis Arturo Patiño León, asistente del diputado priista Jesús Vázquez Viveros, se fue secretario de Organización del Movimiento Territorial, uno de los sectores del PRI en el estado.

En el 2012, Mario Alberto Mota Jiménez, asistente del diputado del PRD Eric Cotoñeto Carmona, se vio envuelto en un escándalo por una denuncia ante la PGR, en la cual el perredista Jorge Méndez Spínola acusó a Cotoñeto Carmona, entonces secretario de Finanzas de la dirigencia estatal, de presunto desvío de recursos.

Plantean diputados modificar normas

Para el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Mario Riestra Piña, es necesario que se establezca un mecanismo de contratación del personal que trabaja en el Poder Legislativo, como un paso más en transparencia y rendición de cuentas.

Actualmente en la Ley Orgánica no se contempla una prohibición que impida a legisladores contratar a familiares como sus empleados, ya que actualmente sólo se cuenta con un código de ética.

“Tenemos que irnos asemejando a las mejores prácticas de cualquier institución pública y eso pasa por perfeccionar nuestras políticas de contratación”, comentó Riestra Piña, quien dijo que analizará si es viable presentar una iniciativa para atender el tema.

Por su parte, el coordinador parlamentario de Nueva Alianza, Guillermo Aréchiga Santamaría, recordó que la ciudadanía es la que observa principalmente las conductas del electorado, sin embargo planteó mejorar el marco normativo del Poder Legislativo.

“Para que cada vez más podamos fortalecer la transparencia, en esta legislatura hemos avanzado en ese contexto, tenemos que seguirla perfeccionando”, enfatizó, tras añadir que los diputados se deben manejar por un código de ética, ya que el electorado es la “aduana” que enfrentarán.

Ernesto Leyva Córdova, coordinador de la bancada del PRI, añadió: “No hagas cosas buenas que parezcan malas”, dijo tras comprometerse a plantear una iniciativa para reformar la Ley Orgánica para regular este tipo de prácticas.