La querella se interpone ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, habida cuenta de la condición de aforados de los querellados, y se justifica por que identifican la existencia de una trama en el seno del CGPJ para beneficiar al PP y situar a magistrados afines al partido para que se ocupen de las principales causas por corrupción que han salpicado a la formación de Rajoy.

Denuncian la existencia de un “plan perfectamente diseñado, prevaliéndose de la manipulación y del abuso sistemático de la discrecionalidad prevista para la designación de los profesionales llamados a ocupar determinados órganos judiciales”

En la fundamentación de la querella, se apunta a la existencia de un “plan perfectamente diseñado, prevaliéndose de la manipulación y del abuso sistemático de la discrecionalidad prevista para la designación de los profesionales llamados a ocupar determinados órganos judiciales”. De esta forma, “los querellados propusieron y aprobaron la cobertura de los órganos más sensibles de la pirámide jurisdiccional con miembros de la carrera judicial seleccionados por su perfil y por su posicionamiento ideológico”, lo cual supone un “explícito quebranto de la garantía constitucional que asegura la imparcialidad de jueces y magistrados”.

Además, en la misma fundamentación se sostiene que los querellados se habrían prevalido de las mayorías generadas en los órganos de gobierno del poder judicial “para alterar las normas de reparto del conocimiento de los asuntos”, de manera que así se aseguraban “que las personas propuestas con tal criterio, asumiesen el despacho de las causas deseadas”. De hecho, denuncian que se trata de una forma de actuar “continuada en el tiempo” que no ha pasado inadvertida por una parte de la ciudadanía ni por un sector crítico de la carrera judicial española.

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), del Consejo de Europa, denunció la posible politización de la justicia como consecuencia del método de designación de la cúpula judicial

Ante esta forma de actuar, la entidad querellante considera que se ha generado “un estado de opinión consolidado favorable a la constatación de una intolerable politización de los órganos judiciales” que ocupan los más altos órganos del organigrama jurisdiccional español. De hecho, en la querella se hace una denuncia abierta sobre el método de designación de los miembros del CGPJ, por parte del Congreso y del Senado, que los demandantes sitúan en la “columna vertebral de los hechos que se reputan delictivos”

Esta es una impresión compartida y advertida, según la querella, por el denominado Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), organismo dependiente del Consejo de Europa que se encarga de controlar y supervisar que los Estados miembros cumplan las normas contra la corrupción adoptadas. Citan un estudio del GRECO fechado el 15 de enero de 2014 que señalaba ya la forma de selección de los miembros del CGPJ como motivo de preocupación dada su susceptibilidad a la “politización”. De hecho, la principal crítica radicaba en el método de elección permitía a los partidos políticos dividir los escaños del CGPJ entre aquellos a quienes apoyan.

Espejel “modificó los criterios de composición” de los tribunales de la Sección Segunda, “arrogándose la presidencia de cuantos se formasen”para presidir el tribunal encargado de enjuiciar el caso Gürtel I y el caso Caja B del PP

Pero en la querella también se apuntan a hechos concretos que motivan la querella y atañen a los diferentes querellados. como ejemplo paradigmático de lo demandado detallan la designación de magistrados Concepción Espejel y Enrique López López, “de todo punto afines a la formación política del Partido Popular”, con la voluntad de “controlar las Salas de Enjuiciamiento de las que se conocía habían recaído o iban a recaer los concretos procedimientos judiciales relacionados con la corrupción” de dicho partido, en referencia al caso Gürtel I y al caso Caja B del PP.

Una vez situados, la querella denuncia que Espejel “modificó los criterios de composición” de los tribunales de la Sección Segunda, “arrogándose la presidencia de cuantos se formasen” y “rompiendo con la tradición imperante de rotación de los cinco miembros de la mentada sección”. De esta forma, la magistrada pasó a presidir el tribunal encargado del enjuiciamiento de los casos mencionados que afectan al PP.

Enrique López estuvo presente o directamente participó en hasta 78 actos organizados por FAES, desde junio de 2003 hasta febrero del 2015, percibiendo por ello 13.102,37 euros

La cosa no quedó aquí, puesto que Espejel fue recusada por las partes implicadas en estos procedimientos y apartada por sus propios compañeros de la sección segunda porque dudaban de su imparcialidad, pero a finales del año pasado, el pleno del CGPJ, gracias a los votos de la mayoría conservadora, la ascendió a presidenta de la sala penal, una posición superior a la que tenía antes.

Sobre Enrique López López, la querella recuerda que sus compañeros de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional significaron que “se puede excluir toda duda sobre su apariencia de imparcialidad y de desinterés” para formar parte del Tribunal enjuiciador del caso Gürtel I. El auto de sus compañeros fijaba la atención en “las relaciones que ha mantenido con alguna de las partes”, y que “los datos de hecho probados en el incidente permiten afirmar que la apariencia de imparcialidad del magistrado recusado para juzgar el proceso principal, en el que se ha abierto el juicio oral contra el Partido Popular, la Sra. Mato Adrover, el Sr. López Viejo y el Sr. Clemente Aguado”.

Y es que Enrique López estuvo presente o directamente participó en hasta 78 actos organizados por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), desde junio de 2003 hasta febrero del 2015, percibiendo por todo ello en concepto de dietas la cantidad de 13.102,37 euros.