El Gobierno hizo oficial los decretos del presidente Mauricio Macri con reformas sobre la Justicia. Como lo había confirmado a LA NACION el ministro de Justicia, Germán Garavano, el Decreto 256/2015 que transfiere el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones a la Corte Suprema de Justicia y el Decreto 257/2015, que suspende la aplicación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que estaba prevista para el 1° de marzo próximo, fueron publicados esta madrugada en el Boletín Oficial.

Con la primera medida, el Gobierno le resta poder a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que hasta hoy ejecutaba las escuchas judiciales desde el Ministerio Público en el área que era conocida en la ex SIDE como la "Ojota", y que hoy se llama Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom).

El otro decreto, el referido al proceso procesal penal, deroga todas las normas dictadas por leyes del Congreso relativas a la implementación del nuevo Código.

Entre ellas, el artículo que fija el 1° de marzo como fecha para que empezara a regir el sistema acusatorio. Ahora, la facultad de decidir cuándo y cómo se aplicará efectivamente quedaría en cabeza de la comisión bicameral.

Entre lo que también deroga el decreto están todos los capítulos que se introdujeron en las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa referidos a la implementación del nuevo Código. Esos capítulos preveían nuevas facultades para la procuradora; según Garavano, "exorbitantes". Además, el decreto elimina los 1700 cargos cuya creación estaba prevista en un anexo de la reforma procesal.