El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró que la situación que atraviesa Venezuela, con una migración que supera las 3 millones de personas, ya no es una “crisis”. “Es una tragedia”, dijo el excanciller uruguayo a El Observador.

Almagro entiende que la situación es entera responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro y aseguró “no es la primera vez en la historia de la humanidad que un Estado dirige ataques contra su propia gente justificándolo con falsas ideologías revolucionarias” y puso como ejemplo otros casos de gobiernos comunistas.

“Otros casos similares en la historia reciente se encuentran, casualmente, en casos de gobiernos comunistas en tiempos de crisis económica, como por ejemplo Cuba y el período especial en los años 90, después que quedó huérfana sin su patrocinador por excelencia, la Unión Soviética”, dijo Almagro en una entrevista vía correo electrónico con El Observador.

¿Existe algún tipo de antecedente de una crisis humanitaria de este tipo en América Latina?

No. Las características de la crisis humanitaria venezolana hacen que definitivamente sea única en la historia de América Latina. La escasez de medicamentos, la precariedad absoluta del sistema de salud, a lo que se suma la dilapidación de las reservas de hidrocarburos, la corrupción rampante en todos los niveles de gobierno, la eliminación del estado de derecho, las violaciones continuas de los derechos humanos, entre otras medidas lamentables tomadas por un gobierno ilegitimo y totalitario, si bien no es la primera vez que ocurren, es de una escala que no se vivía desde hace por lo menos 50 años y de una celeridad inédita en el continente. La semana pasada Naciones Unidas indicó que el éxodo venezolano ya alcanza los tres millones de personas, casi la población total del Uruguay, y los pronósticos indican que si no hay cambios, el año que viene el éxodo aumentará. Esta semana un informe de la FAO señaló que el hambre se triplicó en los últimos años. Tanto la ONU como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUR y la OIM han reiterado la necesidad de dar respuesta desde la comunidad internacional para afrontar esta crisis. Cuando la única opción de una persona es tener que irse de su país huyendo de la persecución política, por la presión del hambre o por no poder atender su salud, estamos hablando de una tragedia humanitaria, más que de una crisis.

¿Qué responsabilidad le compete a Venezuela en la actual crisis?

La responsabilidad es absolutamente del régimen oficialista, de Nicolás Maduro y de quienes cumplen e implementan sus órdenes. Su acción directa llevó al colapso institucional, la ruptura democrática y la alteración del orden constitucional, como consecuencia de ello y de su ineficiencia, corrupción, así como de la imposición de variables de crimen organizado es que Venezuela hoy sufre esta crisis humanitaria sin precedentes. No es la primera vez en la historia de la humanidad que un Estado dirije ataques contra su propia gente justificándolo con falsas ideologías revolucionarias, y que incita condiciones sociales y económicas para provocar el éxodo y así aliviar presiones internas que ellos mismos bien saben no pueden sostener. Otros casos similares en la historia reciente se encuentran, casualmente, en casos de gobiernos comunistas en tiempos de crisis económica, como por ejemplo Cuba y el período especial en los años 90, después que quedó huérfana sin su patrocinador por excelencia, la Unión Soviética.

Otros casos similares en la historia reciente se encuentran, casualmente, en casos de gobiernos comunistas en tiempos de crisis económica, como por ejemplo Cuba y el período especial en los años 90, después que quedó huérfana sin su patrocinador por excelencia, la Unión Soviética.

¿Cómo valora que ha sido la respuesta de los países de América del Sur ante la crisis?



Si bien hay matices y diferencias en las reacciones de algunos países sudamericanos en función de sus niveles de compromiso previo con el chavismo, existe un grupo de países que en diferentes formatos ha denunciado la crisis humanitaria, el deterioro democrático, los atropellos institucionales y las violaciones a los derechos humanos. Algunos de ellos como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, junto a Canadá, en un accionar histórico, apoyaron la denuncia por crímenes de lesa humanidad presentada por la Secretaria General de la OEA a la Corte Penal Internacional.

Los países de América del Sur están recibiendo buena parte de esos millones de venezolanos exiliados. Se trata de una realidad en la región que en América del Sur la tienen todos los días ante sus propios ojos, en el contacto diario con venezolanos que seguramente, no tenían planes de irse a otro país. No tuvieron opción porque su país los expulsó a través del hambre o de la persecución política. Por eso hablamos también del impacto internacional o regional de la crisis migratoria venezolana en sus diferentes dimensiones, indudablemente en la humana que es la principal, pero también en términos de tráfico, de crimen trasnacional organizado y demás variables que se generan con los fenómenos migratorios masivos.

¿Qué ha hecho la OEA al respecto?

La Secretaria General de la OEA ha puesto a disposición todas las herramientas para cooperar con Venezuela. Ya en 2015 denunciamos las características anti-democráticas del sistema político venezolano.

Se ha denunciado y se sigue denunciando públicamente cada agresión a la institucionalidad democrática, cada abuso a los derechos humanos, cada escalada represiva contra civiles.

Produjimos cuatro informes sobre la situación en Venezuela, a los efectos de poner a disposición de los Estados Parte la información con la que cuenta la Secretaria General a partir de su trabajo permanente en el tema. En todos los informes formulamos recomendaciones sobre posibles cursos de acción para el Consejo Permanente. El primer informe, presentado en mayo de 2016 argumentó la “ruptura del orden constitucional”, y en el segundo (marzo de 2017) se denuncia la “total ruptura del orden democrático” en el país. El tercer informe, que publicamos después que se declarara en desacato a la Asamblea Nacional, muestra que el régimen venezolano emplea una estrategia sistemática y deliberada de represión contra civiles.

A partir de allí se designó el panel de expertos internacionales que sistematizaron los testimonios directos de víctimas y familiares de las víctimas de la represión en Venezuela, testimonios adicionales que se hicieron llegar por otras vías e información proporcionada por la sociedad civil. Ese panel, integrado por juristas especializados y con experiencia en derecho internacional, concluyó que hay mérito para presentar un caso ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.

Este informe se hizo público el 29 de mayo y se puso a disposición de los Estados Parte de la CPI a los efectos de su presentación formal y de activar los resortes preliminares de ese organismo. Como dije antes, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, junto a Canadá, hicieron propio el informe y se ofrecieron voluntariamente a presentarlo a la Corte. Hago hincapié en el carácter voluntario de la decisión de cada país porque el objetivo es que cada uno, desde sus procesos institucionales, principios y valores decida si desea unirse a la denuncia o no. No se produce por votación, ni por reunión del Consejo Permanente, ni por ningún tipo de instancia oficial que deba ser convocada, a la que los países deban ser invitados. No. En este caso se unía quien quisiera hacerlo en base a sus principios y valores.

El Consejo Permanente de la OEA ha trabajado de manera intensa y comprometida. Desde 2016, el Consejo ha aprobado tres resoluciones y dos declaraciones sobre la situación en Venezuela. En esos documentos se reconoce la alteración del orden constitucional y la ruptura del orden democrático en Venezuela y se condena el proceso electoral ilegítimo por el cual Nicolás Maduro prolonga su gobierno. Finalmente, los cancilleres reunidos en Asamblea General en junio de este año decidieron aplicar los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana, es decir, ejercer más presión sobre la situación y eventualmente suspender la participación de Venezuela en la OEA.

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, junto a Canadá, hicieron propio el informe y se ofrecieron voluntariamente a presentarlo a la Corte. Hago hincapié en el carácter voluntario de la decisión de cada país porque el objetivo es que cada uno, desde sus procesos institucionales, principios y valores decida si desea unirse a la denuncia o no.

La OEA ha hecho lo que debería hacer. Y creo que es el camino, sanciones cada vez más fuertes, sanciones que afecten al gobierno, sanciones que afecten a la dictadura y que definitivamente le tuerzan el brazo para una solución institucional que el país necesita. El camino es democrático y el camino es en función de los instrumentos jurídicos que tenemos.

¿Cuál cree que es la solución para esta crisis humanitaria?

La solución es la redemocratización de Venezuela. Mientras esta dictadura corrupta y criminal siga en Venezuela será imposible resolver el problema de fondo y causa fundamental de esta crisis humanitaria.

Seguimos insistiendo en la necesidad de abrir un canal humanitario que permita el ingreso de la ayuda internacional. Múltiples países y organismos internacionales han ofrecido esta ayuda al régimen venezolano que se niega sistemáticamente a recibirla, agravando las acusaciones de crímenes de lesa humanidad que recaen sobre la dictadura. Me voy a remitir a lo que dijimos hace ya más de un año sobre Venezuela en informe presentado al Consejo Permanente, admitir que la situación en Venezuela es un riesgo para la paz y la seguridad hemisférica, dado la crisis humanitaria provocada por el régimen, la crisis migratoria, los vínculos comprobados con el crimen trasnacional organizado, sus niveles de corrupción así como las acciones terroristas que se amparan en el régimen y los índices de violencia internos.

Pedimos el cese inmediato de la represión, la liberación de todos los presos políticos, la investigación a gran escala de los actos de figuras claves del régimen y sus subordinados para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos contra la población civil; la realización de elecciones libres, justas y universales con observación internacional calificada, el retorno al orden constitucional con pleno respeto al principio de separación de los poderes públicos, el establecimiento de un mecanismo eficaz de lucha contra la corrupción, la integración al Tribunal Supremo de Justicia de los Magistrados juramentados y electos legítimamente.

Debe regresar a la democracia a través de la realización de elecciones sin proscriptos y verificadas internacionalmente.

Venezuela necesita un gobierno de transición que pueda crear un sistema electoral legítimo que le permita al país elegir líderes legítimos.

¿Sigue creyendo que la responsabilidad para proteger (una doctrina que establece que cuando un estado no es capaz de cumplir con su responsabilidad de proteger a su población esa obligación se transfiere a la comunidad internacional con la correspondiente pérdida de soberanía) es aplicable al caso de Venezuela?

En el caso de Venezuela, como el régimen a propósito atropella los derechos de los venezolanos escudado en la idea de soberanía como un derecho y no obligación, la responsabilidad de proteger a los venezolanos en Venezuela y fuera ya ha caído en manos de la comunidad internacional.

La realidad objetiva es que todos los países que integran la OEA tienen responsabilidad de proteger. Todos saben que la responsabilidad de proteger es primera y fundamentalmente del Estado sobre su propia población. Cuando el Estado fracasa en esa protección o deja de ejercerla deliberadamente (como ocurrió en Rwanda, en Sudan del Sur, en Yemen, en Siria y como esta ocurriendo en este momento en Venezuela) la responsabilidad pasa a ser de los demás Estados porque lo fundamental es justamente, las vidas humanas en total situación de vulnerabilidad.

Cuando Venezuela fracasa, la responsabilidad es colectiva y es la comunidad internacional la que debe activar los mecanismos y mandatos de Naciones Unidas al respecto.

La responsabilidad de proteger a los venezolanos en Venezuela y fuera ya ha caído en manos de la comunidad internacional.

El tema central con el régimen es que actúa con lógica criminal (narcotráfico, minería ilegal). A diferencia de las dictaduras de América del Sur y del Este de Europa, que finalmente negociaron una salida, este régimen no está dispuesto a negociar, todas las instancias de diálogo que hubo las usó para ganar tiempo y seguir aferrado al poder.

La responsabilidad de proteger es una solución posible a futuro en Venezuela,que implica lograr acciones concretas del Estado concernido, asistencia internacional y formación de capacidades al Estado concernido, acciones diplomáticas, políticas y la fuerza es el último recurso cuando ya todo ha fracasado.

Además el derecho internacional pone a disposición la intervención humanitaria, que puede ser que se tenga que aplicar en función de condiciones de urgencia. Esto es sin autorización previa. La responsabilidad para proteger prácticamente en todos los casos, salvo en algún caso que se destaca en la Unión Africana, requiere la autorización del Consejo de Seguridad.



¿Hubo algún intento a nivel regional o internacional de aplicar esta norma en Venezuela?

El problema que tienen estos mecanismos es el uso anterior que tuvieron. Algunas veces crearon condiciones negativas y tuvieron intereses muy discutibles detrás. Entonces, lo que vemos tanto en la responsabilidad de proteger y la intervención humanitaria es que no han actuado en el pasado para proteger ni con carácter humanitario, sino por intereses políticos. Pero cuando ha sido necesaria su actuación por intereses humanitarios y para proteger a la gente no han actuado. O sea ha sido al revés. Y acá estamos en esa disyuntiva.

Directamente hay mucha inacción. Creo que tiene que haber mucha más presión sobre el régimen venezolano porque esto es una situación que hoy afecta a millones de personas. Y cuando están afectando millones de personas y millones más van a estar afectadas en el futuro, verdaderamente la comunidad internacional tiene que pasar a otras fases de presión sobre el régimen.

Cada vez que hablamos de la necesidad imperativa que existe en Venezuela de asistencia humanitaria, de la apertura de un canal humanitario para hacer llegar a la gente alimentos, medicinas, para empezar a cubrir sus necesidades básicas, estamos invocando directa o indirectamente esa responsabilidad.

No es un concepto ajeno, no es una amenaza de invasión, es trabajar con los mecanismos de los que disponemos en la comunidad internacional para poder proteger a la gente cuando su propio gobierno es el agresor.