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España, ese país en el que la pobreza sigue sin ser un problema de Estado porque sus responsables están a otra cosa, en el que la riqueza se distribuye cada vez menos y peor y en el que la precarización avanza sin freno ni compasión, puede añadir otra muesca de descrédito a su marca: ha batido su propio récord de pobreza, que ya alcanza al 22,3% de los hogares, según acaba de revelar la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Esa tasa descubre una estremecedora realidad según la cual más de 4,1 millones de hogares –hay 18.406.100 en el país, según el INE– pasan el año con ingresos inferiores a los 8.209 euros –22,49 diarios– cuando son unipersonales y con un máximo de 17.238 –47,22 por jornada– cuando conviven dos adultos y dos niños, que son los considerados umbrales de la pobreza. Alguien que perciba catorce pagas del Salario Mínimo Interprofesional, (SMI, 707,60 euros este año) llega a ingresar 9.906,40 euros al cabo del año, lo que da idea de los niveles salariales y asistenciales que se aplican en el país.

EL PORCENTAJE DE FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN COMENZÓ A CRECER EN 2014, COINCIDIENDO CON EL INICIO DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y EL AUMENTO DEL PIB

La evolución del número de hogares en riesgo de exclusión social, por otro lado, refleja con claridad cómo la pobreza se está cronificando en España: el porcentaje de familias en riesgo de exclusión comenzó a crecer en 2014, coincidiendo con el inicio de la recuperación económica y el aumento del PIB, por una parte, y, por otra, con el descenso de la población —590.757 personas en cuatro años– provocado por la caída de la natalidad, la partida de migrantes y la salida de jóvenes autóctonos. Cae la población, crece el PIB –el avance trimestral del 0,8% sobre los 1,113 billones del cierre de 2016 anunciado este martes lo sitúan en un nivel de récord de 1,12 billones– y aumentan el empobrecimiento y la desigualdad, una combinación de tendencias que debería, cuando menos, mover a la reflexión en un país decente (“honesto, justo, debido, digno, que obra dignamente”). De hecho, el mayor aumento de la desigualdad –un punto y medio entre 2013 y 2014– coincide con el final del tramo más duro de la crisis y los primeros indicios de que comenzaba a producirse una mejora de los indicadores macroeconómicos.

Ese desplome de las rentas, que el propio INE admite que sería mayor de no haber incluido en los cálculos el valor de las viviendas que ya son 100% propiedad de las familias y que se produce en un Estado en el que casi diez millones de familias dependen de subsidios y pensiones para sobrevivir, superó el 15% entre 2009 y 2014, periodo en el que el promedio de ingresos por familia cayó de 30.045 euros anuales a 26.092. Sin embargo, y pese a que en esa misma etapa, mientras la sociedad española vivía el proceso de empobrecimiento más acusado de las últimas décadas, el coste de la vida o IPC crecía un 7,6%, un artificio contable permitía sujetar oficialmente el avance real de la desigualdad: el INE recortó en un 10,3% sus estándares de pobreza, cuyo umbral se redujo de 8.876,80 euros a 7.961,30. Es decir, que mientras caían los ingresos de las familias y el aumento de los precios dificultaba el acceso a los productos de consumo –un 6,9% la comida, un 17,9% la vivienda, un 12,7% el transporte–, muchos pobres dejaban de serlo estadísticamente. Aunque el dinero les alcanzara para menos.

Mala dieta y poca estufa

Ese deterioro de la situación económica de las familias españolas resulta patente en el apartado de la Encuesta de Condiciones de Vida que analiza las carencias materiales. Por una parte, más de 530.000 hogares, la mitad de ellos con niños, no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado cada dos días, una dieta que, por la baja presencia de proteína –son necesarios entre 100 y 150 gramos diarios, preferiblemente de origen animal–, entraña graves riesgos para la salud, especialmente en el caso de los niños, cuyo crecimiento puede verse comprometido en caso de sufrir déficit de hierro. Por otra, a casi 1,9 millones de familias –una de cada seis monoparentales– no les alcanza para mantener su vivienda con una temperatura adecuada.

Y, por otro lado, más de un tercio de las unidades de convivencia –siete millones largos de casas– carece de capacidad para afrontar gastos imprevistos de más de 650 euros mientras otro millón y medio –eran 1,87 hace dos años– se ha retrasado en los pagos del alquiler o la hipoteca en el último año. Eso explica, entre otros motivos, por qué en los tres años de la recuperación macroeconómica, y pese al estrangulamiento del crédito privado, los tribunales han recibido 197.360 demandas de ejecución hipotecaria –con un claro descenso por debajo de los 50.000 por primera vez en nueve años–, 105.914 peticiones de desalojo por impago de arriendos y 1,84 millones de reclamaciones de deudas, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.

La encuesta tiene en cuenta más tipos de privaciones: hasta nueve penurias que son más comunes entre los estratos más desfavorecidos, pero que ya afectan a más de la mitad de las familias: “En 2016, el 49,5% de la población no tenía carencia en ninguno de los nueve conceptos considerados, mientras que el 5,8% de la población estaba en situación de carencia material severa” al sufrirla en al menos cuatro de ellos, admite el INE, que recoge cómo más de un tercio de las familias –el 34,2%– padece al menos dos.

Las más frecuentes en el segundo grupo fueron la incapacidad para afrontar gastos imprevistos de más de 650 euros (99,4%), no poder irse una semana de vacaciones al año (99,2%), no poder mantener la casa con una temperatura adecuada (81,1%) y retrasos en los pagos relacionados con la vivienda o en compras a plazos (75,7%). Los cuatro restantes son la imposibilidad de adquirir un automóvil, un teléfono, un ordenador o una lavadora.

EL RIESGO DE POBREZA O EXCLUSIÓN SOCIAL, PESE A EXPERIMENTAR UN LIGERO RETROCESO, ALCANZA AL 27,9% DE LA POBLACIÓN: 5,13 FAMILIAS, MÁS DE CINCO PUNTOS Y MEDIO POR ENCIMA DEL ÍNDICE DE POBREZA POR RENTAS

La clase media mengua

Las familias que sufren cuatro de esas nueve carencias son, junto con las de bajos ingresos y aquellas cuyos miembros logran trabajar menos del 20% del tiempo posible, uno de los tres grupos que se tienen en cuenta para calcular el llamado Índice AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social, el cual, pese a experimentar un ligero retroceso, alcanza al 27,9% de la población: 5,13 familias, más de cinco puntos y medio por encima del índice de pobreza por rentas, en un panorama estadístico que parece, en cualquier caso, alejado de las “prudentes y realistas” últimas previsiones del ministro de Economía, Luis de Guindos, que el pasado viernes situaba España a la cabeza del crecimiento de los países desarrollados para los próximos años.

Por otro lado, la evolución de las clasificación de las familias en función de las facilidades o dificultades para llegar a fin de mes parece confirmar la tendencia a la baja de las llamadas clases medias como consecuencia del empobrecimiento, un proceso que actuó como catalizador de movimientos como el 15-M y que tuvo su mayor intensidad a mediados de la pasada legislatura, y que ha causado un notable aumento de los que encuentran graves problemas para estirar sus ingresos hasta el día 30, que han pasado del 10,6% de los años previos a la crisis (2007) al actual 15,3% (2,8 millones de hogares, a los que se suman 3,4 con dificultades de menor intensidad) tras un pico del 16,9% en 2013.

El grupo de hogares españoles que llega a fin de mes con relativa facilidad o dificultad, en el que la encuesta ubica a 9,8 millones de familias, no ha llegado a bajar del 50% del total en los últimos doce años. No obstante, el actual 53,4% se halla algo alejado del 59,3% de 2005 y revela que, en una década, la crisis ha expulsado de la clase media a más de un millón de familias.

http://ctxt.es/es/20170503/Firmas/12481/Pobreza-Espana-exclusion-ingresos-carencia.htm