En las últimas semanas el Partido Popular de Madrid ha desatado una nueva campaña de desprestigio e intimidación contra el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, querellándose contra él, contra la también concejala Celia Mayer y contra la consejera delegada de la empresa municipal Madrid Destino, Ana Varela. El Partido Popular acusa a los anteriores de un delito de malversación de caudales públicos y de prevaricación. El Partido Popular, –investigado por delitos de organización criminal, asociación ilícita, financiación irregular, prevaricación, cohecho, encubrimiento, malversaciones de caudales públicos y un sinfín de conductas delictivas cometidas a lo largo de todo el territorio nacional desde al menos el año 1990 hasta hoy– pretende hacernos creer que los corruptos son quienes protegen el patrimonio público y no los responsables de la orgía de sobornos y dinero negro que han organizado en torno a los gobiernos del PP.

El "delito" atribuido a los concejales de Ahora Madrid no es haberse apropiado fondos públicos, ni haberlos regalado a empresas "donantes" como acostumbran hacer en Génova, sino la presentación de una denuncia ante la Fiscalía sobre los perjuicios económicos para el Ayuntamiento de Madrid derivados del millonario acuerdo suscrito entre el entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón y la empresa MTP para celebrar anualmente el Mutua Madrid Open de tenis. Denuncia que ha provocado que la Fiscalía de Madrid abra una investigación actualmente en curso.

La fundamentación de la querella contra Sánchez Mato y demás cargos municipales es que la empresa municipal Madrid Destino –que no cuenta con servicios jurídicos ni de auditoria propios– contratara los servicios externos de dos firmas de abogados para que informaran sobre las posibles irregularidades en un contrato por el cual el Ayuntamiento comenzó pagando 1,5 millones de euros anuales en el año 2002 a la empresa privada organizadora del trofeo de tenis, y que en el año 2010 obligó al pago de 10,4 millones. El "delito" de Sánchez Mato no ha sido otro que actuar diligentemente en defensa de los recursos municipales, tras constatar un llamativo incremento en el precio del contrato del 693% en ocho años.

La tormenta política organizada por el PP en torno a la supuesta malversación de caudales públicos derivada de la investigación abierta por Sánchez Mato tiene como única finalidad desprestigiar la política económica y fiscal del Ayuntamiento gobernado por Ahora Madrid, fuerza del cambio que en menos de dos años de gestión municipal ha demostrado que si se puede hacer una política económica protectora de los débiles y a la vez eficaz y eficiente en sus resultados.

La Concejalía de Economía y Hacienda dirigida por Carlos Sánchez Mato se ha convertido en referencia en toda España de otra política económica posible capaz de expandir el gasto social, a la vez que reducir déficit público y crear empleo. Pésimo ejemplo frente a los defensores de políticas económicas neoliberales empeñados en hacernos creer que no hay alternativa económica posible al recorte de gasto público, la destrucción o degradación del empleo y la privatización de servicios públicos.

El Ayuntamiento de Madrid gobernado por Manuela Carmena heredó una deuda de 5.936 millones de euros generada por los sucesivos gobiernos del Partido Popular, aproximadamente 1.700 euros de deuda por madrileño/a, deuda que se generó de forma paralela a la reducción de políticas sociales, la privatización de servicios municipales y la realización de obras públicas que multiplicaban su precio final respecto a lo presupuestado; todo para mayor beneficio de empresas en demasiados casos "donantes" del Partido Popular.

En el tercer trimestre de 2015, el primero con Sánchez Mato al frente de la Concejalía de Economía y Hacienda, esta deuda se redujo un 19,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 5.583 millones de euros, según datos del Banco de España. El Ayuntamiento de Madrid rebajó su deuda durante el ejercicio de 2016 en 922,6 millones de euros, dejándola en 3.845 millones, un 31% menos que en 2015.

Hace solamente dos años y medio, en 2014, la ratio de endeudamiento del Ayuntamiento era del 140% de deuda con respecto a los ingresos corrientes, mientras que ahora la ratio es del 87,7%. El Ayuntamiento de Madrid ha cumplido ya el objetivo de reducción de deuda que el equipo de Ana Botella (PP) pretendía cumplir a finales de 2018, de manera que actualmente la deuda municipal se sitúa por debajo de los 3.723 millones, reducción que ha venido paralela al incremento de la inversión en un 151% y el correlativo incremento del gasto social. Y ello ha sido posible pagando a diario una deuda considerada ilegítima por la forma en que se generó, en exclusivo beneficio de las minorías que se han enriquecido empobreciendo a nuestro pueblo durante los años de crisis económica.

Para el Partido Popular, la gestión económica de Carlos Sánchez Mato y el resto de concejales de Ahora Madrid no puede convertirse en un ejemplo a imitar por el resto de ayuntamientos españoles, menos aún pueden permitir que se convierta en la constatación de que las fuerzas del cambio pueden y saben gobernar de otra forma, gestionando ordenada y eficazmente, reduciendo el déficit creado por el neoliberalismo en su saqueo de lo público y a la vez expandiendo el gasto y la atención social, es decir, reduciendo una pobreza contra la que el PP hace tiempo que renunció a luchar

Tempranamente el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro ubicó a Carlos Sánchez Mato como el objetivo a batir, y ahora se comprueba que, además de la asfixia económica practicada al Ayuntamiento, se ha puesto en marcha –por el PP de Madrid– una campaña de desprestigio personal y desinformación que pretende hacer creer a la opinión pública que Carlos es otro corrupto más. Cree el ladrón que todos son de su condición.

En noviembre del año pasado, el ministro Montoro se opuso al incremento de gasto que el Ayuntamiento de Madrid incluyó en su Plan Económico-Financiero 2016-2017, alegando un incremento de gasto de 700 millones de euros y un decremento considerable de su capacidad de financiación, "algo incompatible con los objetivos de estabilidad", eufemismo mediante el cual las criminales políticas neoliberales ocultan su obsesión privatizadora y de eliminación de cualquier la inversión pública con contenido social. Por supuesto Montoro ignoraba conscientemente que Sánchez Mato ya había reducido en casi 1.000 millones de euros la deuda del Ayuntamiento en ese mismo año y que había dejado la ratio de endeudamiento en un 87,7% frente a heredada del anterior Ayuntamiento del PP de un 140% .

Montoro comunicó a Sánchez Mato que la "falta de cumplimiento de esta obligación –establecida por el ministro– constituye infracción muy grave", amenazando nada más y nada menos con la destitución del concejal de Economía de Madrid, destitución que habría sido la primera ejecutada en España desde la trágica reforma exprés del artículo 135 de la Constitución realizada al alimón por el PSOE y el PP en el mes de agosto de 2011.

El particular ministro había hecho la vista gorda cuando el anterior gobierno municipal de Ana Botella en 2015 superó el techo de gasto en 94 millones de euros, lo que provocó un incremento del incumplimiento en 244 millones de euros cuando Ahora Madrid llegó al ayuntamiento.

Frente a los anteriores incumplimientos del PP –permitidos por Montoro– lo cierto es que el Ayuntamiento gobernado por Carmena no cumplía la Regla de gasto únicamente por 16 millones de euros, debido a la devolución de la paga extra congelada a los funcionarios desde 2012.

La estrategia del PP es bastante evidente para cualquiera que quiera verla: sacar de la Concejalía de Economía a Carlos Sánchez Mato al precio que sea e impedir que éste continúe ejecutando con éxito políticas económicas que cuestionan, con excelente resultado, la supuesta falta de alternativa respecto a las recetas económicas neoliberales; amedrentar a cualquier cargo público dispuesto a investigar las múltiples irregularidades en la gestión económica de los gobiernos del PP, de las que cada día aparecen nuevas muestras de escándalos; y difundir la imagen de que la corrupción es consustancial a todas las fuerzas políticas, equiparando así la gestión de las fuerzas del cambio a la sistemática actuación criminal de cientos –si no miles– de cargos públicos del PP.

En un artículo reciente, el ilustre jurista colombiano Gustavo Gallón, relator de Naciones Unidas y presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, decía sobre las causas de la corrupción:

"El caldo de cultivo puede encontrarse en la existencia de una suerte de 'situación estamental' en la que nacen, crecen y se reproducen algunos sectores de élite (...). Gozan, en consecuencia, de privilegios en la 'consideración social', como diría Max Weber, fundada en el modo de vida, en su educación y doctrina y en su 'prestigio hereditario o profesional".

Estos "estamentos privilegiados y de élite", que hacen de la corrupción y la impunidad su forma de relacionarse con el sector público y saquearlo, están representados en la política española prioritariamente por el Partido Popular. Por ello no es de extrañar que este partido haya anunciado la presentación de una reprobación a Carlos Sánchez Mato en un próximo pleno del Ayuntamiento de Madrid, como ya hicieran respecto al concejal Mauricio Valiente el pasado 29 de marzo.

En aquella ocasión, el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid cometió el gravísimo error de sumarse a la injustificada política de desgaste del Partido Popular contra Ahora Madrid, votando a favor de la reprobación. Eran tiempos convulsos en el Partido Socialista, inmerso en una dura de campaña de primarias donde el partido decidía a quién quería representar y defender, si a la izquierda y a nuestro pueblo, o a una indefinida amalgama neoliberal objetivamente alejada de los intereses populares.

A fecha de hoy el PSOE propala que ha vuelto a las filas de la izquierda y de la defensa inclaudicable de los intereses populares, lo cual de momento constituye poco más que una bella declaración de intenciones no suficientemente confirmada tras anunciar que no se opondrá en el Congreso de los Diputados a la aprobación del CETA, tratado de libre comercio que el propio PSOE califica de oscuro y perjudicial para España.

Que la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid anuncie que su partido aún no ha decidido si "se abstendrá o votará a favor" de la petición de dimisión Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer presentada por el PP no es buen comienzo para presentar al PSOE como una a fuerza que ha vuelto a la izquierda. El resultado de la probable moción de reprobación propuesta por el PP no versará únicamente sobre si es correcto que un concejal utilice todos los medios proporcionales a su alcance para intentar poner fin a un contrato que podría ser seriamente perjudicial para el Ayuntamiento de Madrid. Decidirá sobre qué tipo de política económica es la preferida por el pleno del Ayuntamiento de Madrid y las fuerzas políticas en él representadas: si una política económica expansiva del gasto social impulsada por la administración pública, capaz de acabar con la pobreza y a la vez reducir el déficit público, o por el contrario una política económica al servicio de las élites, de su perpetuo enriquecimiento injusto y del correlativo empobrecimiento de nuestro pueblo.

Por mi parte, como madrileño, no puedo decir más que estoy profundamente complacido y orgulloso con la ejemplar política económica llevada adelante por Carlos Sánchez Mato y por Ahora Madrid, a la vez que me resulta muy comprensible el odio que el Partido Popular destila, en particular, hacia nuestro concejal y en general contra el Ayuntamiento presidido por Manuela Carmena.