Tortuga

La ministra de defensa Margarita Robles ha anunciado que el gobierno va a "autorizar" un gasto extra para armamento, de aquí a final de año, de nada menos que 5.000 millones. Para pensiones o para centros de salud no parece haber dinero, pero para dotar a los militares de nuevas armas, al parecer, sí. Naturalmente todo es cuestión de la urgencia que hay -"antes de que termine el año hay necesidades urgentes que atender", dice Ángel Olivares, secretario de estado para la defensa-, urgencia que no podemos imaginarnos a qué se debe.

La otra razón esgrimida es la muy populista y demagógica de generar empleo en zonas "del sur de España". Problema que no se les ocurre una forma mejor de solucionar y que, además, discrimina a las personas desempleadas de otros lugares (León y Asturias, entre otros, se nos ocurren).

El propio Olivares ha señalado que con ese dinero se va a "atender la segunda fase del helicóptero Nh-90, hay que modernizar los Chinook, que atender el incremento del techo de gasto del submarino S-80 y lanzar dos nuevos satélites de comunicaciones". Y prosigue: "Hay otros programas de armamento que son muy importantes desde el punto de vista de la repercusión en la industria y tecnología española pero que no necesariamente tienen que aprobarse antes de final de año, como son las fragatas F110, el vehículo 8X8 o la modernización del Eurofighter".

No hay que olvidar que, además de esas urgentísimas urgencias que atender y esa filantrópica intención de ayudar a las personas paradas del sur de España, este tipo de operaciones más que opacas realizadas con dinero del erario estatal mueven jugosas comisiones. Tal vez vayan por ahí los tiros.

Nuestro colaborador Juan Carlos Rois, al respecto afirma que: "Entre las sinrazones más estúpidas que pueden darse para "justificar" una nueva autorización extraordinaria para adquisición de armamento por valor de otros 5.0000 millones de euros, está la trola miserable y mezquina de que esto se hace para dar empleo. Y eso sin contar con que la trampa de acudir a este tipo de créditos extraordinarios y extrapresupuestarios ha sido criticada tanto por el tribunal constitucional como por la intervención general de la administración del estado. Ya no saben que inventar".