Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).– Durante su gestión como Procurador General de la República, de 2006 a 2009, Eduardo Medina Mora fue el protagonista principal de uno de los episodios de “confrontación” entre una institución pública y el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) por ocultamiento de datos, se desprende de la “Información Relevante” en los mecanismos de Transparencia del Gobierno federal.

Quien ahora está en la terna para ocupar una de la sillas de Ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantuvo una posición férrea para negar la información concerniente a la Guerra contra el Crimen Organizado, emprendida por el entonces Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, lo que ha impedido, hasta ahora, conocer datos fundamentales como el número de víctimas mortales y desaparecidos; además de la responsabilidad de los funcionarios públicos involucrados.

Apegado a la reforma del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP) –enviada al Congreso de la Unión por el entonces Presidente Calderón Hinojosa -, Eduardo Medina Mora logró clasificar información de averiguaciones previas hasta 2020. Sobre todo, las concernientes a Genaro García Luna, quien en ese entonces era Secretario de Seguridad Pública.

En octubre de 2008, Lorena González Hernández, un elemento en activo de la Policía Federal Preventiva (PFP), estuvo involucrada en el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí, hijo del empresario homónimo, en la banda de secuestradores “La Flor”. Ella usaba el sobrenombre “La Lore”. En este caso, era esencial conocer si al propio Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se le seguían averiguaciones previas. Pero la PGR de Medina Mora clasificó la información hasta 2020.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó en contra de Genaro García Luna en marzo de 2013 una denuncia ante la PGR por el caso Florance Cassez después de que la SCJN consideró que en 2005, la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) hizo un montaje televisivo para detener a la ciudadana francesa, acusada de secuestro. Y por ahora, no es posible saber si la PGR abrió averiguaciones previas debido a la clasificación realizada en 2008 por Eduardo Medina Mora.

Con el apego al mismo marco legal, la PGR bajo la responsabilidad de Eduardo Medina Mora, se negó a responder a las solicitudes de información sobre las investigaciones ministeriales sobre Amigos de Fox, los procesos penales ligados con Elba Esther Gordillo, entonces dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE, así como las denuncias en contra de Rosario Robles (hoy Secretaria de Desarrollo Social) y el empresario Carlos Ahumada Kurtz (quien purgó cinco años de prisión por un fraude multimillonario en contra de la Delegación Gustavo A. Madero y fue conocido por aparecer en un video en el que le entrega un maletín con billetes a René Bejarano).

OCULTAR, OCULTAR, OCULTAR

Publicada el 23 de enero de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, la modificación al artículo 16 del CFPP le otorgó a todas las averiguaciones previas “carácter estrictamente reservado”. Sólo permite tener acceso a aquéllas en que no hay ejercicio de la acción penal, después de pasados cuando menos tres años y hasta el plazo de doce, contados a partir de que han quedado concluidas.

En febrero del mismo año, se efectuó la “Mesa de Análisis sobre las Reformas al Artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales”. Ahí, especialistas en Transparencia y Rendición de Cuentas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, y comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), así como del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF), alertaron sobre los riesgos que implicaba la enmienda, impulsada por Felipe Calderón Hinojosa. Resaltaron que la reforma iba a permitir el ocultamiento de datos y la PGR ya era muestra de ello.

En la ocasión, Juan Pablo Guerrero Amparán, Comisionado del IFAI, expuso que la reforma “pasó por debajo de la mesa”, pero a partir de su aprobación, la PGR cambió de manera significativa en el acatamiento de resoluciones del IFAI con relación a la entrega de información de averiguaciones previas. En el foro, al que asistieron decenas de personas, Guerrero Amparán, dijo que la enmienda ocurrió “en un contexto político claramente impulsado por la opacidad y la resistencia a rendir cuentas”.

Hoy, para los especialistas Héctor Rubio y Alejandro González, de la organización Gestión Social (GESOC), con esta reforma se empezó a caminar en sentido contrario del marco normativo de la Transparencia mexicana, logrado por las Organizaciones no Gubernamentales con la promulgación de una Ley General que dio origen al IFAI, cuando cambió el siglo.

Uno de los consultores de las reformas que se le hicieron al CFPP que permitió a la PGR clasificar información, fue el abogado Humberto Castillejos Cervantes, según su currícula pública. Hoy es consejero jurídico de la Presidencia de la República y senadores del PAN y PRD sostienen que promocionó 80 modificaciones a la Ley General de Transparencia que implican “un serio retroceso” a la normativa.

VELO A LA INFORMACIÓN

SinEmbargo revisó los expedientes clasificados en la PGR en la gestión de Eduardo Medina Mora. El 019/FECCI/08 indica que las averiguaciones previas por delitos cometidos por servidores públicos están clasificados hasta el 29 de septiembre de 2020. La Procuraduría cuenta con una Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la Institución, pero su información también está bajo candado. En este caso, es hasta el 2021.

Ello significa que no es posible saber qué funcionarios del aparato de Seguridad delinquieron mientras se ejercía la política que permitió la batalla en contra del crimen organizado, capítulo que activistas de la defensa de los Derechos Humanos en México han calificado como uno de los peores “traumas sociales” de la Historia moderna.

En el apego al artículo 16 de Eduardo Medina Mora no fue tan rígido en otro casos. Si bien la PGR se negó a brindar información en determinados asuntos; sí lo hizo en el caso de Laura Elena Zúñiga Huízar, ganadora del certamen “Nuestra Belleza Sinaloa”, quien fue detenida en Zapopan, Jalisco, en diciembre de 2008, por el Ejército Mexicano. Estaba en compañía de siete hombres que portaban armas de alto calibre y miles de dólares en efectivo.

Laura Elena Zúñiga y los detenidos fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y luego, trasladados a la SIEDO (hoy SEIDO). Permanecieron bajo arraigo durante 40 días. Ella quedó en libertad porque el Ministerio Público no reunió suficientes pruebas en su contra. Su caso fue conocido porque la PGR envió boletines en los que brindaba detalles de la averiguación previa.

Coronada en julio de 2008 como “Nuestra Belleza Sinaloa”, Laura Elena Zúñiga había declarado que deseaba realizar una carrera como modelo; pero después de los acontecimientos de Zapopan prefirió retirarse de la escena pública.

UN ACCIDENTADO CAMINO

Eduardo Medina Mora integra la terna propuesta por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para ser ministro de la SCJN; pero enfrenta una serie de señalamientos documentados por organizaciones civiles y legisladores. En la página Change.org, los activistas y políticos mantienen una petición para que decline.

“La postulación de Medina Mora a la terna de candidatos a ocupar la plaza de ministro de la SCJN evidencia un profundo desprecio a los derechos humanos por parte de la Presidencia de la República, quien parecería querer impulsar un perfil policiaco y protector de los intereses corporativos al interior del máximo tribunal que le garantice llevar a cabo, con la menor resistencia posible, un proyecto de nación que es incompatible con los derechos humanos”, suscribieron más de 20 organizaciones en un comunicado que en estos momentos circula en las redes sociales y los medios informativos.

Los críticos de su postulación señalan su desempeño como Procurador. Según ellos, Medina Mora asignó elementos de la PGR a la operación Rápido y Furioso, estrategia del Gobierno de Estados Unidos que permitió el ingreso de armas a México que al final, fueron usados por cárteles del Narcotráfico. También recuerdan que en 2006, tres mujeres otomíes fueron acusadas de secuestrar a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación, lo que llevó a la organización Amnistía Internacional a calificarlas como “presas de conciencia”. Después de cuatro años, fueron liberadas y declaradas inocentes.

Por el caso, la CNDH emitió una recomendación, misma que fue rechazada por la PGR.

Por su gestión en la PGR, Medina Mora también es señalado por el operativo en el que fueron detenidos 38 funcionarios estatales y municipales en Michoacán, en 2009, lo que se conoció como el “Michoacanazo”.