Podemos (YouTube)

Aunque se ha hecho esperar, el programa Marco de Podemos para las próximas elecciones autonómicas ya es público. La formación liderada por Pablo Iglesias lo ha dado a conocer en un acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. El propio Iglesias ha sido el encargado de presentar el documento, de 74 páginas y dividido en 4 bloques: Plan de Rescate Ciudadano; Empleo, Innovación y Nuevo Modelo Productivo; Gobernar para la gente y, por último, Instituciones para la Democracia. El programa, que se puede consultar de forma íntegra aquí, incluye 215 medidas “para un proyecto de país” y su título es “el programa del cambio”. Uno de los puntos más destacados son los llamados Procedimientos de Emergencia Ciudadana (PEC). Aquí se establece que ciertas partidas como las dietas, las destinadas a protocolo para altos cargos o la publicidad institucional quedarán retenidas hasta el cumplimiento de los pagos prioritarios correspondientes enfocados a la dignidad de las personas.

La implementación de estos PEC tiene como objetivo favorecer la eficiencia de los procedimientos administrativos “vinculados a las prestaciones que garanticen la integridad física y psicológica, y las condiciones de dignidad, para la supervivencia de las personas”, explica el documento. “Estos procedimientos estarán sujetos a especificidades en materia de prioridad presupuestaria y de planificación, de tesorería, de urgencia de plazos y de especial dotación de recursos humanos y materiales”, continúa. Esta medida, la número 10, añade específicamente esa retención a las partidas antes señaladas hasta que no efectúen estos pagos prioritarios.

En este sentido, incluido en los PEC se fija un Plan de Garantía de Renta para reformar, mejorar y coordinar las rentas mínimas de inserción, una figura ya presente en muchas comunidades autónomas. “Fomentaremos la equidad, la integración y la simplificación del siste­ma de garantía de rentas para obtener una mayor eficacia en la gestión”, destaca el documento. En este ámbito Podemos se plantea una serie de objetivos. Entre ellos, aproximar las rentas mínimas, “de forma gradual y en virtud de las posibilidades”, al Salario Mínimo Interprofesional Anual (SMI), actualmente fijado en alrededor de 9.000 euros. También añaden que hay que permitir que esas rentas mínimas no se pierdan cuando los perceptores complementan sus remuneraciones con algún tipo de trabajo, siempre y cuando no se sobrepase el SMI. Las ayudas a la dependencia también están incluidas en estos pagos prioritarios. El pago del agua y la luz también se pretende garantizar para las personas que no puedan hacerlo.

Respecto a la fiscalidad se establece impulsar una reforma tributaria autonómica que contemple el incremento en la progresividad del impuesto sobre el patrimonio, el tramo autonómico del IRPF y el impuesto de sucesiones y donaciones. Sobre el primero, se propone aplicar a partir de los 400.000 euros en lugar de los 700.000 actuales. En el IRPF autonómico se suprimirán las bonificaciones regresivas. También se intensificará la progresividad de este tramo reduciendo los tipos mínimos que afectan a las rentas inferiores a 25.000 euros, suavizando los tipos entre 25.000 y 50.000 euros y aumentando los tipos impositivos de las rentas superiores a los 50.000 euros.

En materia fiscal destaca un apartado sobre impuestos medioambientales y una nueva “fiscalidad ecológica”. Entre ellos se incluye un impuesto sobre contaminación atmosférica, otro sobre actividades de alto riesgo ambiental, otro sobre las bolsas de plástico de un sólo uso y uno sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta, con hecho imponible medido en volumen de envases y embalajes generados por unidad de tiempo.

Sobre los desahucios, se incluye algo que los dirigentes de Podemos han repetido en multitud de declaraciones: el compromiso de paralizarlos. Matiza el programa que esta paralización se dará en los que “afecten a los deudores de buena fe que no hayan podido hacer frente a sus pagos por encontrarse en una situación de dificultad económica”. Sobre esta materia también se contempla reconocer el derecho a la dación en pago, es decir, limitar la deuda hipotecaria al valor del bien hipotecado. Esta es una de las demandas históricas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Además, como ya habían anunciado desde Podemos, se prevé sancionar a los propietarios de más de 10 viviendas vacías.

Entre las medidas económicas también se encuentra otra de las banderas estratégicas de Podemos, la recuperación de los servicios públicos externalizados, incluidos los centros sanitarios. “Paralizaremos los planes de privatización de la Administración y servicios públicos”, apunta el texto. Se recoge también la puesta en marcha de una auditoría para proceder a la “absorción de aquellos servicios que generen sobrecoste o no desempeñen correctamente sus funciones, con el fin de acabar con el mal uso de los fondos públicos”.

El asunto de la jornada laboral de 35 horas también está recogido en este documento. Eso sí, especificando que se desarrollará un plan gradual “en función de las competencias de las comunidades autónomas” y comenzando en el ámbito de la Administración Pública, “poniendo en marcha al mismo tiempo planes de mayor eficiencia en la gestión”.

Respecto a la deuda pública se propone una evaluación. “Se analizarán las posibles responsabilidades sancionables tanto económicas como legales de gobiernos anteriores. Se hará un análisis pormenorizado, caso por caso, del coste y de los beneficios de las actividades y los servicios públicos externalizados y del grado de calidad de la prestación, con la intención de iniciar un pro­ceso de negociación con acreedores. En los casos de colusión o mala fe, se abrirán procesos de reestructuración de la deuda en las instancias correspondientes y en virtud del Estado de derecho”, apuntan.

Medidas contra la corrupción

El cuarto eje del programa marco de Podemos incluye la necesidad de una ley de transparencia autonómica. Los elementos fundamentales son acceder a una serie de informaciones consideradas como prioritarias. Por un lado, para los cargos electos y de libre designación se pide realizar una declaración anual de bienes, otra de gastos mensuales (incluidos conceptos como gastos de representación o teléfono) e incluso algo más ambicioso, informar de su agenda pública, donde se especificará a qué entidades representan las visitas y qué se ha tratado en las reuniones, además de incluir cualquier documento que se haya debatido.

Respecto a los contratos públicos se pretenden incorporar cuatro medidas: publicidad con suficiente antelación, accesibilidad, base de datos y clasificación estadística de las adjudicaciones. También se prevé la creación de un fichero con los nombres de las personas físicas y jurídicas condenadas por casos de corrupción.

También se contempla la creación de una Oficina Antifraude. Se tratará de un "organismo de investigación y de prevención", espcializado en los delitos relacionados con la corrupción política y económica en el ámbito de las competencias de cada comunidad autónoma. Sus funciones son de análisis de riesgos, investigación permanente y de denuncia de los hechos.

Podemos también se abre a la participación ciudadana mediante la creación de unos Consejos Ciudadanos sectoriales y que funcionen de manera transversal en todas las instituciones. Las características de los mismos se basan en que sea reconocido como un interlocutor clave para dar voz a los ciudadanos de manera independiente.