Santiago Nicolás Arévalo murió el 4 de abril de 2011, intoxicado con un insecticida llamado endosulfán que se aplicó en una tomatera cercana a su casa. Pero volvió a morir hace días, el 5 de diciembre de 2016, cuando el principal acusado fue absuelto. Muerte e impunidad, el “combo” de la agricultura tóxica que no le rinde cuentas a nadie.

Ricardo Nicolás Prieto y Santiago Nicolás Arévalo tuvieron en común algo más que el segundo nombre. Los unió alguna vez una misma geografía (Puerto Viejo, en la localidad de Lavalle, en Corrientes) y una misma causa judicial en la que todavía figuran sus nombres. El de Prieto, como explotador de una tomatera en donde se aplicó un poderoso insecticida llamado endosulfán. El de Arévalo, como víctima: murió el 4 de abril de 2011, a los 4 años. Según consta en la última página de la autopsia, la causa del deceso fue “edema agudo de pulmón y hemorragias pulmonares bilaterales, producida por intoxicación por plaguicida organoclorado, alfa endosulfán”.

Según pudo reconstruir la justicia, Santiago Nicolás Arévalo y su prima Celeste Abigail Estévez, por entonces de 5 años, cometieron el “error” de haberse puesto a jugar donde jugaban siempre; en las inmediaciones de su casa, un ranchito de madera a metros de la tomatera en la que acababan de rociar las plantas con endosulfán, un insecticida de la familia de los llamados organoclorados y catalogado como neurotóxico, mutagénico (es capaz de producir mutaciones en el material genético) y, desde 2011, incluído en la lista del Convenio de Estocolmo como una de las sustancias químicas a eliminar como plaguicida (tal como antes se había hecho con el DDT, el dieldrín y el endrin, entre otros) por su impacto en el medio ambiente y en las poblaciones.

Pero cuando Nicolás y Celeste quedaron expuestos al aliento venenoso de la tomatera, el producto aún era legal en Argentina. Se prohibió recién meses más tarde, por la resolución 511/11 del Servicio Nacional de Seguridad y Calidad Alimentaria (SENASA) y sólo nominalmente. La misma normativa autorizó a seguir importándolo hasta 2012 y a seguir aplicándolo hasta 2013. “Esa fue, claramente, una norma pensada para liquidar stock y no para cuidar la salud”, apunta al respecto la doctora Elda Cargnel, médica toxicóloga y jefa de la Unidad de Toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

La autopsia de Nicolás, hecha el 5 de abril de 2011 y firmada por dos miembros del Instituto Médico Forense, los doctores Gustavo Aristimuño y Rodolfo Ninamango, da cuenta de un nene de 4 años, de “buen desarrollo óseo muscular” y “en buen estado nutricional”. Reporta también que el examen del Laboratorio Químico Forense (con el número 1.347) analizó muestras de contenido gástrico, sangre e hígado. “Confirma el hallazgo de órgano clorado en sangre e hígado”, se lee en la autopsia. El veneno había impactado de lleno en el sistema hepático de Nicolás.

Pero mientras que Nicolás Arévalo, tras haber peregrinado kilómetros por cinco centros de salud provinciales murió con los pulmones deshechos, el cerebro inflamado y escupiendo espuma sanguinolienta, su primita Celeste logró llegar al Hospital Garrahan, en Buenos Aires, en donde alcanzaron a filtrar su sangre y le salvaron la vida.

La de Nicolás y Celeste es una de las tantas familias pobres que, en esta zona de Corrientes, viven rodeadas de “tendaleros” (así es como llaman los vecinos a los toldos transparentes bajo los cuales crecen los tomates) y expuestas por eso mismo a la bestial carga química que implica este cultivo cuando se realiza en forma industrial, como aquí. ¿Qué se le aplica al tomate? Sobre todo, una batería de insecticidas, acaricidas y funguicidas (sustancias químicas sintéticas, salidas de un laboratorio y diseñadas para matar insectos, ácaros y hongos) que a menudo no son sólo peligrosas sino que en otros países están prohibidas hace años.

Entre ellas, y por sólo referir a algunas de las mencionadas en un documento del INTA Bella Vista, de Corrientes, fechado en septiembre de 2016, están los agroquímicos propargite (prohibido en Europa en 2008), el clorfenapir (prohibido en UE en 2001), el imidaclorpid y el tiametoxam (prohibidos en Europa en 2013), el clorfluazuron (prohibido en UE en 2002) o el cartap, allí prohibido en 2002 y aquí recomendado por el INTA para combatir a la polilla del tomate.

A toda esta mezcla infernal de pesticidas viven expuestos no sólo los vecinos de las tomateras correntinas (de donde proviene 22% de los tomates que llegan hasta el Mercado Central de Buenos Aires) sino también todos los que comemos a diario hortalizas producidas de esta misma manera, especializada en bajar costos a fuerza de mano de obra semiesclava, explotación infantil y uso descontrolado de agroquímicos a menudo muy baratos. En ese sentido, el caso del endosulfán que mató a Nicolás también es un clásico: cuando se anunció su futura prohibición, los vendedores comenzaron literalmente a rematarlo. Y se lo usó, claro, como nunca antes.

“Por eso, más que a Ricardo Prieto, el productor, lo que se protegió aquí fue a un sistema de producción que no sólo genera mucho dinero sino también mucho voto cautivo”, explica al respecto del revés judicial el doctor Julián Segovia, abogado de la Fundación Infancia Robada -creada por la hermana Martha Pelloni- y defensor en esta causa tanto de la familia de Santiago Nicolás Arévalo como de la de Celeste Estévez.

“La gente aquí vive con lo justo, de changas, casi todas relacionadas al tomate. Viven incluso muy cerca de los lugares donde se cultiva, y lo que se cultiva se hace en base a venenos, a menudo muy fuertes. Pero la gente es muy sumisa y no se queja por lo general, porque ve en esto una posibilidad de trabajo. Esto se mezcla además con lo político, porque hay en juego no sólo mucho dinero para los productores sino también muchos votos, para los eventuales candidatos”.

También en ese sentido, el debate judicial que tuvo lugar a fines de noviembre en el Tribunal Penal Oral de la ciudad de Goya, vecina al lugar en donde murió Nicolás y se intoxicó Celeste, fue revelador. Hasta allí se acercaron algunos pocos medios nacionales y muchas personas comprometidas con la denuncia del daño que provocan los agroquímicos en los niños, como es el caso de la enfermera del Hospital Garrahan Mercedes “Mechi” Méndez. Pero los vecinos casi brillaron por su ausencia. Las familias afectadas volvieron a quedar, como siempre, solas y a la deriva.

“¿Y sabés para mí qué fue lo peor de todo? Que yo vi la cara de Gladys, la mamá de Nicolás, cuando leían el fallo absolviendo al tomatero. Ella entendió lo que estaban diciendo los jueces. Yo lo que creo, sinceramente, es que acá hubo una ‘llamada de arriba’ que torció el rumbo de las cosas. Porque pruebas hay, y de sobra. La autopsia es clarísima al respecto, Y por eso también ahora vamos a recomponernos y a apelar”, dice, convencido.

Nicolás, muerto; quien fumigó, absuelto. Bien mirado, este episodio que espeluzna e indigna por partes iguales no es más que el atroz corolario de una historia sin sorpresas y sin justicia. Desde una foto que todavía da vueltas por la red, y que ilustra esta nota, Nicolás sigue mirando a cámara con la frescura de sus poquísimos años. Tan pocos como los que le hubiesen dado de condena al acusado en caso de haberlo hallado culpable: apenas cuatro, como corresponde al homicidio culposo.

Pero ni siquiera eso, esa modesta forma de justicia, pudo tener Nicolás. El alfa endosulfán que terminó con su vida, dijeron los jueces, llegó hasta su hígado y su sangre de algún mágico modo que nada tuvo que ver con la fumigación de los tomates a metros de donde él jugaba. Priorizar el negocio por sobre lo que fuere, incluida la salud de vecinos como Nicolás o consumidores como cualquiera de nosotros: de eso se trata todo. El resto es literatura. O, mejor dicho, impunidad.