By

A 5 años del fallo de la Corte Suprema, más de 1500 familias que conviven con altos grados de contaminación aún no fueron relocalizadas.

Foto: Infonews

Antonio tiene 62 años y vive en El Meandro: una zona de asentamientos de chapa y madera al borde del Riachuelo que forma parte de la Villa 21-24 de Barracas. Antonio se dedica a comprar, clasificar y vender en su casa todo lo que sirve para el reciclado: papel, cartón, fierro, plástico y ropa. Gana entre 30 y 40 centavos por kilo vendido -poco más de 2 mil pesos al mes- y con eso sobreviven él, su esposa y tres nietos. “Yo sí me quiero mudar de este lugar, pero necesito trabajar para pagar el departamento que me den. ¿Dónde voy a trabajar? Nadie, ninguna autoridad se acercó a hablar con nosotros”, asegura. Hace pocos meses le confirmaron que sus tres nietos menores de 11 años tienen altos niveles de plomo en la sangre. El más chico padece enfermedades crónicas respiratorias. Todos conviven con desechos cloacales, residuos industriales, ratas, insectos y perros con sarna. Ellos viven en la ciudad más rica de la Argentina a 60 cuadras del Obelisco.

La familia de Antonio es sólo una de las 1574 que restan relocalizar en la Ciudad de Buenos Aires según lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Mendoza” de 2008. Unas 260 familias que habitaban los asentamientos El Pueblito, Magaldi y Luján a menos de 35 metros del cauce del Riachuelo ya fueron relocalizadas, pero en viviendas sin terminar y con servicios discontinuos de luz, gas y agua corriente.

Con estos precedentes –a los que se suma el ocaso final del juez federal de Quilmes Luis Armella y las sospechas de connivencia de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo con hechos de corrupción – no resulta descabellado imaginar una nueva crisis habitacional que azuce la interna entre el gobierno nacional y el porteño a la búsqueda de un responsable absoluto. ¿Lo hay?

De los 800 millones de pesos devengados al año 2011 en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental para la urbanización de villas y asentamientos precarios, el Estado Nacional tuvo una participación de 710 millones, es decir, del 87,6 %. La Ciudad de Buenos Aires, en cambio, devengó de sus arcas el equivalente al 7,7%.

De los 765 millones de pesos que fueron aprobados por Ley de Presupuesto 2012 para la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación destinados a acciones de urbanización en villas y asentamientos, sólo se ejecutó el 58%.

Lo sólido se desvanece en el fuego

Daniel Cárdenas es delegado de 33 familias del asentamiento Magaldi sobre el Riachuelo que fueron relocalizadas en enero de este año a un complejo de viviendas sobre avenida Castañares y Portela en el límite de Villa Soldati con el Bajo Flores. Son en total 10 edificios y 171 departamentos a pagar que comparten con 138 familias de El Pueblito: un asentamiento del barrio Nueva Pompeya también afectado por el llamado Camino de Sirga del Riachuelo.

“El edificio ‘A’ no tiene concreto en las paredes, tiene partes huecas. Es una casa de naipes. En cualquier momento se puede derrumbar y hay nueve familias que viven ahí”, afirma la compañera de Daniel, Patricia Alegre. El complejo habitacional tiene luz de obra proporcionada por un generador y cuatro tanques de agua en vez de los siete que necesitan. Tres edificios –identificados por el color violeta, naranja y gris- tienen pérdidas de gas y un departamento del complejo se incendió porque las paredes no tienen material aislante para el calor de las estufas.

La familia de Daniel Cárdenas recibió un departamento sin terminar que los días de lluvia se inunda porque las ventanas están puestas al revés y no tienen sellado. La cerámica del comedor está rota y falta en las habitaciones. Tampoco hay zócalos, ni cableado en la pared y los portalámparas están atados con un alambre. “Sólo se terminaron tres de los diez edificios –asegura Daniel, y agrega-: Estábamos felices de salir de la clandestinidad de Magaldi. No pedimos más que nadie, pero tampoco queremos menos que nadie”.

Garantía canadiense

El complejo de avenida Castañares y Portela había sido “tomado” a comienzos de marzo de 2011 por un centenar de personas y desalojado –tres meses después- por orden del juez federal Luis Armella. “Lamentamos que el edificio no esté en las condiciones en las que se encontraba para entregar a las familias del Riachuelo -aseguró luego de los desalojos la entonces ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal-. Ahora se necesitará una nueva puesta en valor de los departamentos incendiados y destrozados.”

En agosto de 2011 la empresa Tawer Construcciones SA se hizo cargo de las refacciones y finalización de obra por contratación directa del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). El gasto aprobado para llevarlas adelante fue de 1.787 mil pesos, según un informe público de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. La empresa se comprometía por contrato a “efectuar todas las diligencias que correspondan para que la obra resulte entera, acabada y apta para sus fines” y a ejecutar “la instalación sanitaria, de gas y eléctrica”.

No sólo que el incumplimiento de las cláusulas quedó a la vista, sino que durante el segundo semestre de 2011 la empresa obtuvo, por contratación directa del IVC, la edificación de 320 viviendas para familias de Villa 21-24 de Barracas sobre la calle Iguazú al 1800 en un predio conocido como ex “Mundo Grúa”. El Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, a cargo de Luis Armella, aprobó la contratación.

El Juzgado de Quilmes había resuelto en febrero de 2011 una fecha de relocalización para estas 320 familias de Villa 21-24: sería el día 15 de enero de 2013. El IVC informó en agosto pasado que la entrega se haría recién en julio del año que viene, es decir, seis meses después de lo acordado.

Con respecto a las obras, un informe técnico del arquitecto Ignacio Sagasti a pedido de la Defensoría General del Pueblo de la Ciudad asegura que “de mantenerse la no colocación de revestimiento exterior y la aislación térmica correspondiente, las viviendas que se construyan en este complejo no cumplirán los ‘Estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social’”.

El informe técnico señala además la falta de control en la resistencia del hormigón mediante ensayos de compresión y advierte sobre “los parámetros de reacción al fuego” de un material “similar al plástico” utilizado también en las viviendas de avenida Castañares y Portela edificadas, lo mismo, según el sistema denominado “Royal Housing System”.

La situación financiera de Tawer Construcciones SA al año 2012 tiene poco que envidiar a la solidez de sus hormigones. Entre mayo y octubre de este año le fueron rechazados 147 cheques sin fondos por un monto total que supera los 3 millones de pesos. Quienes integran el directorio de la empresa son Rita Susana Beker y Adrián Armando Boulhesen, esposa e hijo del presidente de la Cámara de Comercio argentina- canadiense, Pedro Armando Boullhesen.