domingo 19 noviembre, 2017

El Gobierno presentó un proyecto de reforma tributaria que, entre otras cosas, plantea una suba de impuestos para las bebidas con azúcar añadida (pasarán del 4% al 17%). La medida despertó críticas de la industria, pero fue respaldada por el Ministerio de Salud de la Nación.



“Está aceptada y recomendada por los estándares internacionales como una de las cinco políticas más importantes para reducir la obesidad –en especial la infantil–, la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Además de desincentivar el consumo de un producto de bajísimo valor nutricional como son las bebidas azucaradas, aumenta la recaudación fiscal, lo que brinda recursos para el Estado que permiten reducir la pobreza y favorecer el desarrollo sostenible”, dijo a PERFIL Verónica Schoj, directora de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) del Ministerio.



Las ECNT son responsables de más del 70% de las muertes en nuestro país. La obesidad y la diabetes son dos de los principales factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular, y su prevalencia viene en aumento: hoy, seis de cada diez argentinos tienen exceso de peso. Según los resultados parciales de una investigación llevada a cabo por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), un incremento de precios vía impuestos del 10% llevaría a una caída neta del consumo de bebidas no alcohólicas del 12%.



“Si extrapolamos datos de California (Estados Unidos) y México, podemos decir que la medida evitaría entre 400 y 500 muertes anuales por enfermedad cardiovascular. Esto es un impacto muy importante en la salud pública”, sostuvo Raúl Mejía, investigador del Cedes y coordinador del proyecto Bebidas Azucaradas, Salud y Tarifas en Argentina (Basta), que cuenta con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el International Development Research Centre de Canadá (IDRC).



Evidencias. ¿Por qué aumentar impuestos a las bebidas con azúcar agregada y no a otros productos no saludables? “La razón es que Argentina es el primer país consumidor de bebidas azucaradas del mundo (137 litros per cápita por año). Además, en las dos últimas décadas se duplicó el consumo por la baja de impuestos en los 90, el aumento y la diversificación de la oferta y el marketing más agresivo, con foco en niños y jóvenes”, manifestó Schoj.



Un estudio del Credit Suisse Research Institute reveló que Argentina se encuentra entre los cinco países del mundo (junto con México, EE.UU., Brasil y Australia) con mayor consumo de azúcar agregada: 35 cucharaditas diarias, el triple de lo recomendado por la OMS.



“El 40% del azúcar agregada proviene de las gaseosas. Ahí está el fundamento para gravar fiscalmente un producto que es de consumo masivo, que daña fehacientemente la salud y que contribuye con un porcentaje muy elevado al consumo de azúcar agregada, principal determinante de la obesidad”, justificó Schoj.



La especialista puso como ejemplo lo que pasó en México: a dos años de la implementación de un impuesto del 10% por litro para las bebidas azucaradas, el consumo disminuyó un 7,6% (en su mayoría, entre las familias con un nivel socioeconómico bajo).



Para Belén Ríos, codirectora ejecutiva de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, para que la medida sea considerada de salud pública como lo anunció el Gobierno, el aumento del impuesto debería traducirse en una suba de precios que desaliente el consumo. “Lo más preocupante es que el proyecto hace una distinción entre las bebidas con y sin azúcar agregada; eso deja que el impuesto a las bebidas edulcoradas se reduzca de 8% a 0%. Se pone a las bebidas edulcoradas como alternativa saludable, cuando eso no responde a la evidencia internacional”, sostuvo.



En el Ministerio de Salud aseguraron que están trabajando junto a Hacienda para que la medida impacte en el precio y también para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Y que la mayor carga impositiva en las bebidas azucaradas es sólo una de las políticas para combatir la obesidad de un conjunto que van a implementar, como prohibir la publicidad de alimentos no saludables, un sistema de etiquetado frontal, entornos escolares saludables y planes de asistencia alimentaria que garanticen una nutrición adecuada.