El caso del supuesto fraude de 34,7 millones de euros en la adjudicación de campos de césped artificial a cambio de mordidas de hasta un 10% que supuestamente engrosaban los bolsillos del expresidente del PP y de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y la caja negra provincial del partido, puede alcanzar una nueva dimensión.

El director de los servicios jurídicos, administración y transparencia de Divalterra SA –antes Imelsa-, José Luis Vera, ha comunicado al juzgado de Valencia que investiga las distintas piezas del procedimiento que ha encontrado ocultos en una nave de la diputación, ubicada en el hospital psiquiátrico de la localidad valenciana de Bétera, “alrededor de 100 cajas” que contienen decenas de miles de documentos relativos a “expedientes de contratación sobre campos de césped artificial” en la provincia.

Según José Luis Vera, se trata de “documentos nuevos” sobre adjudicaciones “desconocidas” hasta ahora porque los expedientes que constan en la actualidad en el sumario ya habían sido intervenidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Fuentes jurídicas aseveran a la SER que analizarán los expedientes encontrados y procederán al efecto. Las mismas fuentes valoran la “decisiva” colaboración de José Luis Vera en el caso.

El juzgado 18 de Valencia que instruye el procedimiento tenía conocimiento hasta ahora de que Alfonso Rus alfombró con césped artificial un total de 120 instalaciones deportivas en municipios de la provincia de los 214 planes previstos entre 2008 y 2014. La mayoría, un total de 64 instalaciones, correspondieron a campos de fútbol, mientras que 47 fueron para pistas de pádel y nueve piscinas.

Supuestamente, la organización liderada por el imputado expresidente de la Diputación del PP adjudicaba la construcción a empresas amigas como Construcciones Luján o Construcciones Francés, entre otras, a cambio de mordidas que llegaban hasta el 10% del contrato. La trama lo tenía todo atado, porque el proveedor del césped de plástico era la empresa Benigrass, que dirige Vicente Cuquerella, quien no solo es amigo de Rus sino que es copropietario de la sede del PP en Valencia.

El director de los servicios jurídicos de la heredera de Imelsa, Divalterra, ha ordenado una auditoría forense a la empresa Grant Thornton para analizar todo el mandato de Alfonso Rus en la empresa pública, entre los años 2007 y 2013. José Luis Vera ya había ordenado el mismo procedimiento para el ejercicio 2014, y afirma que remitirá todos los resultados al juzgado. Vera asevera que hay que ser proactivo contra la corrupción desde dentro de las instituciones. Dice que “levantar las alfombras no es una opción”, sino “una obligación” de los servidores públicos.

El resultado de la auditoría forense sobre el supuesto saqueo de la empresa pública de la Diputación de Valencia durante la época de Alfonso Rus se conocerá, previsiblemente, el próximo otoño, según el director de los servicios jurídicos de Divalterra.