No podemos dejar de lamentar y condenar la muerte de Camilo Catrillanca, producto de esta ceguera y error político de mandar fuerzas policiales-militares a “pacificar” violentamente comunidades reconocidas no solo por querer recuperar sus tierras, sino también por querer mantener la jurisdicción propia sobre su territorio. Esta política, que ya se había dado en el pasado y que fue avalada por autoridades de gobierno e incluso tribunales de justicia chilenos, es nefasta para la búsqueda común de la justicia en la región. Luego, la desinformación y el sesgo discriminatorio de la mayoría de los medios de comunicación atizan el fuego y ensanchan la brecha.

Antes del término del año 2018 han ocurrido una serie de acontecimientos muy importantes en el sur del país; particularmente, en el plano político-judicial. A este respecto, cabe mencionar el revuelo de la Operación Huracán; el desarrollo del juicio Luchsinger-Mackay, bajo una fuerte presión política; la reapertura de la investigación de la muerte de Alex Lemún, tras un acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el ambicioso plan que impulsa hoy el actual Gobierno para consolidar el desarrollo de la Región, plan que ha sido impugnado por buena parte de la sociedad mapuche, cuyos intereses pretende atender.

Ayer se ha agregado otro doloroso hecho de violencia. Como si hubiesen sido premonitorias las amenazas proferidas hace pocos días por un empresario armado en contra de una comunidad mapuche en plena ceremonia tradicional a la orilla del lago Calafquén; cayó víctima de una de las balas disparadas por la unidad de la fuerza especial de Carabineros de Chile -conocida con el vergonzoso nombre de Comando “Jungla”-, un joven mapuche del Lof de Temucuicui, Camilo Catrillanca, en medio de un muy cuestionable operativo. Las explicaciones que han dado los personeros del gobierno y de carabineros llegan tarde y no son creíbles.

Todo esto ocurre en el contexto del mal llamado “conflicto mapuche”, que no es de los mapuche, sino de un Estado y de sectores de la sociedad chilena que no han sabido dar respuesta a un problema de convivencia suscitado por una historia de usurpación y confiscación territorial y de marginación que se ha hecho endémica. Tal como lo indica el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sigue predominando el prejuicio y la discriminación contra los pueblos originarios, en especial contra el mapuche, cuya cultura y modos de ser son objeto de incomprensión, denigración o folklorización.

La emergencia de estas injustas situaciones, que se han hecho cotidianas en La Araucanía, tornan más compleja la convivencia intercultural en el sur del país y en esta región, permanentemente sometida a la racialización y militarización. Esto, no nos puede dejar insensibles ni indiferentes.

El Estado dice que busca la paz y propone políticas de indemnización a las víctimas de la denominada “violencia rural”, con planes de inversiones en la región e incremento de las fuerzas a través de un Plan Impulso cuyo objetivo es traer desarrollo, paz y garantizar un Estado de Derecho en la región, siempre de la mano de la instalación de empresas transnacionales que buscan, estratégicamente, mantener sus emplazamientos al interior de territorios en disputa.

En ese sentido nos preguntamos e interpelamos al actual gobierno: ¿Desde cuándo la paz y la prosperidad van acompañadas de la violencia racializada? ¿Qué se obtiene allanando casas y comunidades, amedrentando a familias enteras y marcando a hierro, y por generaciones, las memorias de niños y niñas? ¿Qué lecciones ha sacado el Estado de la historia de la ignominiosa Pacificación? Y luego, cuando la sociedad entera sale a la calle a reclamar, ¿por qué ensañarse con ella? ¿Acaso no es capaz el Estado de ver que la presencia abrumadora de efectivos armados y vehículos blindados en las calles es una afrenta y una provocación social? ¿Cómo se puede pretender propagar la paz en una región marcada por numerosas injusticias y desigualdades si no se imparte una verdadera justicia en su sentido amplio y en particular para quienes han sido y son víctimas de esta violencia racializada?

Como profesores e investigadores universitarios, de distintas disciplinas y nacionalidades, que pretendemos formar generaciones de ciudadanos y ciudadanas conscientes y respetuosos de la riqueza que significa la diversidad étnica y cultural, y que nos interesamos en el estudio de las distintas formas y modalidades que toman las relaciones interculturales en la Araucanía, no podemos dejar de recordar lo que ya han dicho en diversas oportunidades dirigentes de comunidades mapuche y organizaciones de DDHH e incluso personalidades políticas que abogan para que las demandas del pueblo mapuche no sean tratadas de forma judicial, sino que sean resueltas a través de propuestas políticas consensuadas como sucede en muchos otros países.

Este último acontecimiento, que desemboca en la muerte de Camilo Catrillanca, en un lugar emblemático como Temucuicui, cuyos responsables inmediatos son los efectivos del comando “Jungla”, en un operativo policial relacionado supuestamente con el robo de vehículos, muestra la violencia de carácter neocolonial y la poca habilidad política de parte del Estado y sus instituciones para establecer una relación armónica con las comunidades y sus habitantes. En efecto, se han aducido motivos como el de la lucha contra del “terrorismo”, la “violencia rural” o la “delincuencia común” para implementar una política de militarización de las comunidades mapuche y justificar que vehículos blindados y efectivos fuertemente armados entren disparando sobre sus habitantes, con los terribles desenlaces que conocemos.

No podemos dejar de lamentar y condenar la muerte de Camilo Catrillanca, producto de esta ceguera y error político de mandar fuerzas policiales-militares a “pacificar” violentamente comunidades reconocidas no solo por querer recuperar sus tierras, sino también por querer mantener la jurisdicción propia sobre su territorio. Esta política, que ya se había dado en el pasado y que fue avalada por autoridades de gobierno e incluso tribunales de justicia chilenos, es nefasta para la búsqueda común de la justicia en la región. Luego, la desinformación y el sesgo discriminatorio de la mayoría de los medios de comunicación atizan el fuego y ensanchan la brecha.

El llamado que, como profesores e investigadores, hacemos al estado y en particular al actual gobierno es éste: toda política que propone la paz social como meta última y a la vez aplica planes de militarización y represión a la sociedad civil no sólo será incapaz de resolver el conflicto histórico, sino que abrirá nuevas heridas y nuevos focos de conflicto al motivar justificadamente la condena pública y la reacción de las organizaciones que configuran el movimiento social mapuche. En otras palabras, no se puede decir que se busca la paz y al mismo tiempo amenazar con las armas.

Pero es urgente interiorizar otro llamado dirigido a la sociedad civil y a nosotros mismos: un llamado a promover y construir una verdadera convivencia intercultural en el contexto regional de la Araucanía. Para ello, es necesario generar caminos de entendimiento entre quienes conforman las distintas partes del “conflicto”. Lo anterior exige, en primer lugar, reconocer la violencia histórica y actual ejercida por el Estado hacia las comunidades mapuche y; en segundo término, renunciar a la política de impunidad y a las prácticas de negación que han prevalecido hasta nuestros días. Asumir la vía de la convivencia intercultural pasa por establecer diálogos con la sociedad mapuche en todas sus expresiones, sus modalidades de ser y relacionarse con el territorio ancestral. En definitiva, construir una convivencia a partir de otras maneras de pensar y vivir las relaciones interculturales.

Firman inicialmente

Aldo Ameigeiras – David Aviles – Jaime Bascuñan – Fabien Le Bonniec – Andrea Castillo – Gonzalo Díaz Crovetto – Alfredo Gómez Muller – Raúl Fornet-Betancourt – Cecilia Fernández – Ana Luisa Guerrero – Diego Irarrázabal- Dasten Julian – Claudio Maldonado – Alejandro Navarrete – Gertrudis Payàs – José Quidel – Ricardo Salas Astrain – Gastón Sepúlveda – Luis Vivero – Lorena Zuchel – Fernando Wittig y Blaise Pantel