Ocho ministerios del Gobierno de Rajoy van a pleitear en la Audiencia Nacional contra el Consejo de la Transparencia, un organismo del propio Gobierno. Van a los tribunales porque quieren ocultar cómo reparten la publicidad institucional: ese dinero público que algunos políticos administran como si fuese de su propiedad.

El Gobierno gastó 37,7 millones de euros en publicidad en 2015 y la mayoría de los ministerios se niega a explicar cómo se empleó ese presupuesto. Hace unos meses, eldiario.es solicitó esa información al Portal de Transparencia. Queríamos saber si ese dinero se había repartido según criterios objetivos de audiencia, como ordena la Ley de Publicidad Institucional. Transparencia nos dio la razón e instó a los ministerios a que entregasen los datos completos: cuánto se llevó cada medio. En vez de cumplir con este mandato, la respuesta del Gobierno ha sido pleitear. Solo se entiende si es que tienen algo que ocultar.

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países europeos, los datos del reparto de la publicidad institucional son secretos en casi todas las administraciones españolas. Con esos fondos, algunos políticos compran periodistas, portadas, editoriales, columnistas, tertulianos… Detrás de la opacidad en este reparto publicitario se esconde la principal palanca para controlar a la prensa: una poderosa herramienta para la propaganda y la censura.

Sin duda tiene sentido que la administración se anuncie. La publicidad institucional sirve para salvar vidas en las carreteras, con las campañas que hace la DGT. O para evitar asesinatos machistas, difundiendo el teléfono 016. O para que el Estado ingrese más dinero del que invierte, como consigue la publicidad de Loterías. El problema no está en la publicidad institucional, sino en los criterios con los que se reparte: un abuso casi constante que se esconde tras la falta de transparencia. En muchos casos, la publicidad no depende de tu audiencia, sino de cómo te portes con el político de turno, que decide con arbitrariedad y utiliza el dinero de todos para alimentar su propia red clientelar.

Las pocas ocasiones en las que transcienden detalles concretos sobre el reparto publicitario en las administraciones públicas queda claro cuál es el motivo de tanto secreto: ocultar el rastro de la compra de periodistas y el pago de favores a los medios afines. Es justo lo que ocurrió en Madrid con la publicidad institucional. Es lo que hizo Ana Botella al frente del Ayuntamiento –aquí están los datos– y es también lo que aplicaron Esperanza Aguirre e Ignacio González desde la Comunidad.

Hoy desvelamos cómo se repartió la publicidad desde Metro de Madrid durante la legislatura 2011-2015, con Aguirre y González como presidentes autonómicos. El 60% de toda la inversión en prensa se la llevó un solo periódico: La Razón. El 48% de toda la inversión en radio se la llevó una sola emisora: Intereconomía. Ni La Razón es el diario más leído ni Intereconomía es la radio más escuchada.

En el Canal de Isabel II el reparto fue igual de arbitrario y también benefició a los medios mas cercanos al PP: La Razón, Intereconomía, Libertad Digital y ABC.

Casualmente, cuando Esperanza Aguirre dejó la presidencia de Madrid, fichó con un sueldo estratosférico como columnista del ABC.

Casualmente, cuando Ignacio González dejó ese mismo cargo, fichó con un sueldo igual de desmesurado por La Razón.

Casualmente, el consejero de La Razón Edmudo Rodríguez trabajaba al mismo tiempo en el Canal; es el testaferro de González que hoy está en prisión.

Casualmente, el exgerente del Canal Ildefonso de Miguel fue fichado por Intereconomía cuando dejó la empresa de aguas de Madrid, que tanto regó a este grupo de comunicación.

Hoy por ti, mañana por mí. Y siempre a costa de los demás.

Al menos ABC o La Razón existen y tienen cierta audiencia. No siempre es así. El Canal de Isabel II pagó casi 600.000 euros en anuncios a NuevaTelevisión.com, un digital irrelevante pero que tenía como impulsor al tertuliano y exportavoz del Gobierno de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez. El Canal también dio 141.013 euros a ElPulso.es: una web desconocida fundada por una exsocia de una expresidenta de Telemadrid nombrada por el PP.

En total, el Canal de Isabel II se gastó 55 millones de euros en publicidad entre 2006 y 2015. Esta enorme inversión –y la publicidad de Metro de Madrid, y la de las consejerías de la Comunidad, y la de la Fundación 2 de Mayo, entre otras mamandurrias– es lo que explica por qué Esperanza Aguirre fue la preferida de la prensa conservadora en los años en los que Mariano Rajoy estaba en la oposición y no manejaba estos fondos de reptiles. Rajoy era tonto y Aguirre muy lista, al menos mientras la lideresa pagó más.

Ignacio González y Esperanza Aguirre regaban muy bien a su prensa con el dinero del contribuyente, que es el que siempre paga estas fiestas al final, y por partida doble. A corto plazo, por la factura a costa del presupuesto público. A largo plazo, por la impunidad que permiten unos medios controlados por el poder, y que miran hacia otro lado ante la corrupción.

Gracias a estas inversiones publicitarias, se entiende mucho mejor por qué fallaron los controles en Madrid: por qué el PP de Madrid del tamayazo, de la Gürtel, de la Púnica, de la Lezo, de la gestapillo y de Fundescam pudo manejarse durante tantos años con total impunidad. Cierta prensa cobraba muy bien por callar. "O tienes controlados los aparatos del Estado y los medios de comunicación o estás muerto", decía Ignacio González. Tenía toda la razón.

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