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La Voz de Galicia Begoña Íñiguez

Lisboa / E. La Voz 19/05/2016 05:00 h

La polémica ha estallado con fuerza en Portugal tras el anuncio del Gobierno socialista que lidera Antonio Costa de poner fin al 60% de los acuerdos y subvenciones estatales a colegios privados, muchos de ellos de la Iglesia Católica, durante el próximo curso lectivo 2016-2017. Los acuerdos afectan a un número importante de centros que funcionan en un régimen similar al de los concertados españoles. Se firmaron en la década de los 80 del siglo pasado para que los alumnos de zonas rurales y poco pobladas, de norte a sur del país, sin oferta pública educativa o con necesidades especiales, pudieran recibir una educación gratuita sin tener que desplazarse muchos kilómetros.

De nada han servido los mensajes del jefe del Estado, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, pidiendo «una solución de sentido común, beneficiosa para ambas partes y sobre todo para los alumnos y profesores afectados por los recortes». La confirmación gubernamental la hizo el martes por la noche la secretaria de Estado de Educación, Alexandra Leitão, mano derecha del ministro de Educación Tiago Brandão Rodrigues, tras una larga reunión mantenida con la Asociación de Establecimientos Portugueses de Enseñanza Privada y Cooperativa (AEPP). Leitão avanzó que «solo 21 de los 79 colegios privados lusos con contratos de asociación los mantendrán como hasta ahora durante el próximo año lectivo». La secretaria de Estado afirmó también que «en septiembre 39 de los 79 centros no ofertarán los cursos de quinto de Primaria, primero de Secundaria y primero de Bachillerato». Añadió que «habrá otros 19 centros que tampoco podrán impartir todos los cursos de la enseñanza obligatoria a los alumnos».

Inflexibilidad

La reacción de los colegios privados afectados, de la Conferencia Episcopal lusa y de los dos partidos políticos de centro-derecha, el PSD del Passos Coelho y el CDS-PP de Assunção Cristas, no se han hecho esperar. Antonio Sarmento, presidente de la AEPP, acusó al Gobierno de Costa de dejarse presionar «e influir por los sindicatos, el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista para acabar con los contratos de asociación con los centros privados». Según declaró, «estamos indignados con la decisión del Ejecutivo, que ha demostrado muchísima inflexibilidad en las negociaciones a pesar de los llamamientos del presidente».

La presidenta del conservador CDS-PP, Assunção Cristas, ha criticado duramente la decisión de Antonio Costa que considera «totalmente injusta y partidista y que perjudica a millares de niños del interior del país». Cristas considera que la decisión del Ejecutivo luso es «una concesión a la izquierda y a los sindicatos más radicales».

El presidente de la Conferencia Episcopal portuguesa (CEP) el cardenal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, pidió inicialmente «un acuerdo por el bien de todas las partes». Señaló que «esta no es una polémica entre los colegios públicos y los privados». Clemente hizo pública su posición en una homilía durante las celebraciones de la Festividad de Fátima. La Iglesia tiene una gran fuerza de arrastre en Portugal.

Más de 10.000 niños afectados y mil profesores a la calle

Según la patronal que engloba a los centros afectados son más de 10.000 los niños y adolescentes del interior de Portugal que se quedarán sin la plaza que tenían hasta el momento. El próximo curso se les adjudicará una que, con toda probabilidad, estará lejos de su residencia dada las carencias del sistema público. Los profesores despedidos serán mil.