¿Es posible que la ministra no sepa, por ejemplo, que la solidaridad de la banca para con la población ha consistido en cobrar 24.000 millones a sus clientes en comisiones durante 2017 por negociar y enriquecerse con su dinero? ¿Cuánto tardarán en aumentar las comisiones si tal impuesto llega a imponerse teniendo en cuenta que la normativa –que su gobierno no piensa revisar– les permite hacer cuanto quieran? ¿Cree la ministra realmente que un impuesto solidario a la banca irá a costa de reducir sus beneficios?

En unas declaraciones realizadas hoy en la cadena COPE la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha afirmado estar «convencida» de que los bancos serán «solidarios» con el sistema público de pensiones y no repercutirán en los ciudadanos el llamado impuesto a la banca que plantea el PSOE para financiar las pensiones, en caso de que éste finalmente se implante. La ministra ha afirmado también estar «convencida de que igual que este país ha sido solidario con la banca y con las cajas de ahorros quebradas, los bancos van a ser solidarios con el sistema público de pensiones, entre otras cosas porque los pensionistas son sus clientes», ya que tienen «más de 10 millones de pensionistas como clientes» sumando los que forman parte del sistema contributivo, del asistencial y de las clases pasivas.

Otra supuesta fuente de financiación para las pensiones, sería según la ministra, el aumento general de cotizaciones que supondrá el reciente acuerdo entre sindicatos y patronal para el periodo 2018-2020. Además del modesto incremento salarial que tal acuerdo contiene después de 10 años de retroceso salarial, entre otras lamentables concesiones por parte de CCOO y UGT (facilitar el despido individual, absentismo…), ¿cree la ministra que eso es posible sin derogar las últimas reformas laborales que posibilitan la precariedad y el abuso empresarial y que permiten que los convenios de empresa y las cláusulas de descuelgue prevalezcan en la negociación colectiva, cuando ésta realmente existe?

Diálogo social y Pacto de Toledo

Y para llegar a ese callejón sin salida (salvo para banca y aseguradoras, deseosas de repartirse el pastel) la metodología que propone la ministra es el «diálogo social y el Pacto de Toledo». Es decir, que la mayoría de grupos parlamentarios, que siempre tienen buen cuidado en ocultar su programa real cuando piden el voto, certifiquen a través del Pacto de Toledo la inevitabilidad del recorte de las pensiones públicas para ‘garantizar su sostenibilidad’ y que CCOO y UGT –en nombre de la clase trabajadora, faltaría más– acepten esa lógica como hicieron con la reforma que firmaron en 2o11 aceptando el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, la ampliación del período de cálculo a 25 años… y sigan siendo cómplices de su privatización, obteniendo jugosos ingresos a través de la gestión, junto a la banca, de planes de pensiones de empresa o de sector como hacen en Telefónica, Administración Pública…