Marina Albiol *

La externalización de fronteras es una práctica extendida en la Unión Europea. En el Estado español sabemos bien que hace ya muchos años que Marruecos es el guardián de nuestra frontera sur. Que es el régimen alauí el encargado de controlar los flujos migratorios que pasan por su país destino a Europa. Y las devoluciones en caliente han sido el ejemplo más claro de cómo poner directamente en manos de la gendarmería marroquí a aquellas personas que conseguían saltar las vallas de Ceuta o Melilla. Hemos visto cómo el Gobierno de Marruecos ha utilizado su papel de frontera para evitar cualquier tipo de acción política por parte del Estado español respecto a la ocupación del Sáhara Occidental, o el encarcelamiento de periodistas y activistas sociales.

También Libia fue durante años otro de los países que servían a los intereses europeos gracias a los campos de detención que albergaban a miles de subsaharianos, evitando así que estos penetraran en la fortaleza Europa. Muamar Gadafi era recibido con honores en sus visitas a España, Italia o Francia y las grandes empresas consideraban al país un importante socio comercial.

Hoy se repiten estos acuerdos. Aunque el protagonista es el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y los acuerdos ya no son secretos. Se firman por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE a plena luz del día y sin avergonzarse.

Pero sin duda este pacto, que hace de Turquía un muro de Europa, es una de las páginas más negras de la Unión Europea y desde hoy mismo habrá que trabajar para que aquellos que lo firmen respondan ante la justicia.

A cambio de 6.000 millones de euros Europa va a deshacerse de migrantes y refugiados, como si las obligaciones internacionales pudieran comprarse y venderse, como si los países ricos estuvieran exentos de cumplir los tratados internacionales a cambio de unos millones de euros.

El pacto UE-Turquía entierra, por ejemplo, el convenio sobre el estatuto de los refugiados aprobado en 1951 en la Convención de Ginebra, que prohíbe las expulsiones colectivas y que garantiza el asilo como un derecho para cualquiera independientemente de su nacionalidad. También la Convención Europea de Derechos Humanos y buena parte de los tratados internacionales sobre derechos humanos.

La trampa está en que se basa en considerar Turquía un país seguro para los refugiados y refugiadas, lo que obvia las alertas lanzadas por organizaciones internacionales como Médicos Sin Fronteras, y lo que es peor, la del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el señor Fillipo Grandi, que censuró el acuerdo esta misma semana en el Parlamento Europeo por la sencilla razón de que un país donde no hay unas mínimas garantías de cumplimiento de los derechos humanos no puede ser considerado un país seguro para refugiados y migrantes.

El resultado es que la UE está condenando en la práctica a las personas que huyen del hambre, de dictaduras crueles o de la guerra a sobrevivir en un agujero negro. Y es un agujero negro porque todas aquellas personas que sean interceptadas en el Egeo, que lleguen o hayan llegado a Grecia serán devueltas a Turquía, mientras que poco se sabe sobre qué será de ellas una vez estén en territorio turco.

El acuerdo, además, sólo contempla un mecanismo de reubicación en Europa para parte de las personas sirias que hayan sido devueltas a Turquía. El resto, podrán estar en campos en condiciones inhumanas, ser deportadas a otros países o devueltas a las bombas y al hambre. Lo que considere el régimen de Ankara porque la Unión Europea paga la factura y Turquía hace el trabajo sucio.

Hemos llegado a un punto que ya ni si quiera aquellas personas que llegan huyendo de Irak, Afganistán o Eritrea pueden ser consideradas refugiadas. Y de aquellas que llegan de Sudán o Mali, ya ni hablamos.

Por otro lado, la credibilidad de este mecanismo es nula ya que, seis meses después del anuncio de reubicación de 160.000 refugiados y refugiadas desde Grecia e Italia, sólo 200 han sido realojadas. Si no se ha cumplido con el plan de inicial de reubicación no hay ninguna garantía de que se vaya a cumplir con este segundo plan.

¿Y que recibe Turquía a cambio de convertirse en la valla de Europa? Pues a la factura de 6.000 millones de euros se le sumará el acuerdo tácito para que la UE continúe haciendo la vista gorda ante la masacre del pueblo kurdo o la represión y la falta de libertades en Turquía. Y en breve, sabremos si también ha sido un espaldarazo para acelerar las negociaciones para la entrada de Turquía en la UE.

(*) Marina Albiol es eurodiputada de IU y portavoz de la delegación de Izquierda Plural en el Parlamento Europeo.