Nadie quiso quedar rezagado en la carrera presidencial de 2015. Candidatos, empresarios y operadores diseñaron su propia estrategia para quedar lo más cerca posible de la Casa Rosada. Y para cualquiera de esas estrategias fue indispensable -en términos terrenales- la "billetera".

Uno de los flyers de campaña de Daniel Scioli Archivo

La mayoría eligió moverse entre las sombras con la compleja logística de los maletines. Transitar por la banquina para evitar los controles que impone la ley, según pudo reconstruir la nacion tras reiterados diálogos con los protagonistas. Los partidos políticos tuvieron que aceitar una ingeniería de blanqueo para justificar esos millonarios ingresos.

Otros miles, en cambio, estuvieron dispuestos a hacer públicas sus donaciones. la nacion data y Cippec analizaron durante las últimas semanas casi 10.000 registros de aportantes de las principales alianzas para desenredar quiénes fueron los principales financistas de los candidatos.

La piñata de donantes incluye a grandes empresarios y reconocidos funcionarios, pero está invadida, sobre todo, por un ejército de miles de empleados públicos. La Justicia investiga ilícitos en la campaña sobre dos tendencias: por un lado, las donaciones indirectas de empresas -prohibidas por la ley- y, por el otro, lavado de dinero de actividades ilícitas como la corrupción que -sospechan- se pudo haber blanqueado con el uso de empleados públicos como pantalla para justificar los aportes.

Cambiemos fue la fuerza política con más ingresos declarados durante 2015: $ 286 millones. Utilizó $ 162 millones para hacer frente a las tres campañas electorales y, además, recaudó otros $ 124 millones en las cuentas de Pro en 2015. Este último dinero -según declararon sus autoridades- también fue invertido en la campaña. Cambiemos sinceró parte de los millonarios gastos, con aportes cercanos a la realidad que en muchos casos permiten seguir la trazabilidad del dinero, coinciden las fuentes especializadas que consultó LA NACION.

El oficialismo se apoyó en empresarios de confianza de Mauricio Macri . ¿Quiénes financiaron la campaña del Presidente? Jorge Pérez Alati fue el donante más generoso: aportó $ 2,7 millones en 2015. Pérez Alati, un hombre que suele compartir encuentros con Macri durante sus descansos en Cumelén Country Club, de Villa La Angostura, desembolsó en febrero y en marzo una suma total de $ 1,7 millones a Pro. Además, el estudio "Pérez Alati, Grondona, Benites, Arnstsen y Martínez de Hoz (h.)" aportó casi $ 1 millón al partido.

La familia

Diez días antes del ballottage, Daniel Awada, el cuñado del Presidente, desembolsó $ 2,6 millones para financiar el último tramo de la campaña. El alto monto de la donación llamó la atención de la Justicia, que ahora investiga al empresario textil. Una denuncia de la Procelac indicó que Awada recibió en los últimos meses "acreditaciones bancarias" por apenas un millón de pesos. La defensa de Awada ya se presentó ante el fiscal Jorge Di Lello para conocer más detalles sobre la investigación en curso, informaron fuentes judiciales.

El candidato bancó su propia campaña. Mauricio Macri aportó $ 2 millones para Cambiemos. La misma cantidad de dinero donó la familia Ferioli-Ostry, otro de los grandes aportantes. Jorge Ferioli, ex titular de petrolera San Jorge, es una fuente de consulta del Presidente en temas energéticos. Su nombre sonó para YPF, pero su llegada no se concretó.

También empresarios vinculados a Despegar.com con donaciones al partido por $ 1,9 millones: el CEO, Roberto Souvirón ($ 900.000), Christian Vilate ($ 500.000), otro de los fundadores, Martín Rastellino ($ 300.000) y Alejandro Tamer ($ 200.000).

Otros dos empresarios aparecen entre los aportes más acaudalados. Ivana Román, representante del holding de logística y grúas Grupo Román SA, donó $ 1,5 millones. La misma cantidad aportó el abogado Ricardo Mihura Estrada. Ambos son investigados por la Justicia por sus altos aportes. Más atrás figura la familia Zorraquín ($ 1,4 millones).

La Justicia intentará determinar si los aportes de estos empresarios se hicieron a título personal o si, en realidad, esconden dinero que sus empresas transfirieron al candidato, acción penada por la ley.

Pero la siempre polémica relación entre políticos y empresarios tomó otra dimensión en San Luis. El gobernador Alberto Rodríguez Saá sentó a su lado el martes 12 de abril a cuatro empresarios que construirán el megaproyecto parque La Pedrera, una obra de $ 1500 millones que incluye la construcción de un estadio, un autódromo, lagunas artificiales y un hospital. Seis meses antes, esas empresas puntanas habían desembolsado los millones que permitieron financiar la campaña presidencial del hermano del gobernador.

Las compañías usaron empleados de confianza para concretar las donaciones. Cecilia Ciccarone, empleada de Rovella Carranza SA, aportó $ 385.000. Esta firma construirá el estadio único ($ 600 millones) y el autódromo de San Luis. Pero los vínculos de Rovella Carranza con la política no se limitan a esta provincia: ganó obras públicas por $ 17.000 millones durante el kirchnerismo. Las refacciones en la Pedrera ($ 300 millones) quedaron a cargo de Lumma SA, una empresa puntana que suele construir casas para la provincia. Meses antes, la familia Moreno -a cargo de la firma- había desembolsado $ 700.000 para la campaña de Rodríguez Saá.

Soldados del Estado

Unos 4248 personas aportaron pequeños montos para financiar las campañas de Daniel Scioli. Un verdadero ejército de empleados públicos. Un 70% entre los 100 principales donantes son de la planta estatal, según al análisis de la nacion data. La mayoría aportó unos $ 10.000. Así justificó el sciolismo los $ 110 millones de gastos declarados en proselitismo.

"Smurf laundry" o "lavado pitufo" lo llaman los especialistas. Es decir, blanqueo a través de pequeñas cantidades de dinero sobre un amplio universo de personas físicas que permiten justificar fácilmente esos ingresos. Sobre esa hipótesis trabajan distintos estamentos de la Justicia. Aun con los pequeños montos, el Frente para la Victoria (FPV) ya quedó en jaque: la Cámara Electoral detectó más de 200 monotributistas de las categorías más bajas que llegaron a donar hasta $ 40.000 cuando su límite de facturación anual era inferior a los $ 48.000.

La administración bonaerense domina la planilla del FPV. Entre los nombres más salientes aparecen siete directores del Banco Provincia que figuran entre los donantes más generosos, con aportes por $ 40.000 cada uno. También seis empleados del Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata, una de las cajas más explotadas por el sciolismo.

La manipulación de los empleados públicos llegó hasta la Justicia cuando tres empleados de ARBA denunciaron haber sido incluidos en la nómina oficial sin su consentimiento y sin haber realizado donación alguna.

Aunque en menor medida, también figuran entre los aportantes empresarios vinculados a proveedores del Estado. como el caso de Cirujía JFS, Arx Arcillex o Angiocor. Y, por último, donaron una decena de empresarios vinculados a transportistas de residuos especiales.

La alianza UNA (Sergio Massa) vaya si hizo uso de los recursos del Estado. En su lista de aportantes (menos de 40 nombres) aparecen algunos funcionarios cercanos al candidato, pero también figuran una buena cantidad de empleados públicos. La mitad de los aportantes -todos con bajos montos- están en la planta de empleados de Tigre, territorio propio para el líder opositor.

Pero la mayor cantidad de fondos recaudados por el Frente Renovador fueron las transferencias internas de los partidos de la alianza. Fueron $ 25 millones; una buena parte girado desde el Frente Renovador bonaerense. Especialistas y funcionarios judiciales coinciden: como no existe ley que regule el financiamiento electoral en las provincias, la recaudación en los distritos como el bonaerense se convierten en un verdadero "agujero nego" de la política.

El circuito del dinero electoral

Empresarios

Cambiemos fue uno de las partidos más beneficiado con dinero de empresarios, la mayoría cercano al Presidente. También Compromiso Federal (Rodríguez Saa) recibió millones de empresarios, cuyas firmas son contratistas del Estado en la provincia

Empleados públicos

El Frente para la Victoria utilizó aportes de un ejército de miles de empleados públicos, la mayoría de las administración bonaerense, territorio sciolista. Pocas donaciones superaron los $40.000; en general los individuos donaron unos $10.000

Fondos provinciales

La alianza UNA (Sergio Massa) recibió $25 millones como transferencias de los partidos provinciales. Sin ley de financiamiento en las provincias, seguir la trazabilidad de ese dinero recaudado en campaña es casi imposible para la Justicia

Sospechas de lavado

La Justicia investiga si se utilizaron empleados públicos como pantalla para blanquear dinero cuyo origen pueden ser fondos del Estado o de actividades ilícitas como la corrupción. También investigan aportes encubiertos de empresarios

Con la colaboracíón de LN Data