Bajo la repetida fórmula que sostiene que “Argentina debe honrar sus compromisos internacionales” las noticias del acuerdo alcanzado con el Club de París por casi 10 mil millones de dólares fueron recibidas con beneplácito tanto por integrantes del oficialismo como de la oposición. Quizás se trate del tema que mayor consenso haya generado entre personas de distintos perfiles ideológicos. El endeudamiento es uno de los recursos básicos a los que apelan los gobiernos para aumentar el gasto público, y entre fanáticos de aumentar el gasto—poco o mucho dependiendo de quién estemos hablando—privarse de semejante fuente de financiamiento es un pecado en la religión secular cuyo primer mandamiento es: expandirás el tamaño de Estado.

La posibilidad de endeudarse tiene una atracción especial para el político. Se trata de un mecanismo cuyas consecuencias recaen en el futuro. A diferencia de lo que sucede cuando se recurre a la emisión monetaria o al aumento de impuestos, donde los efectos de las medidas son inmediatos o su impacto se percibe en el corto plazo, en el caso del endeudamiento los beneficios se obtienen al momento de recibir el préstamo y los costos se posponen para otros períodos.

Esto no es una cuestión menor. Además de transferirle el problema de cómo pagar las deudas a gestiones futuras, el endeudamiento estatal es una de las acciones más antidemocráticas que puede realizar un gobierno. El endeudamiento estatal compromete a generaciones futuras, a personas que aún ni siquiera fueron concebidas. Esta mirada incluso es aplicable desde las teorías que justifican el poder del estado bajo la ficción del “contrato social”—un contrato de características únicas, ya que el consentimiento de las partes no es necesario y nadie conoce su contenido. Lejos de la idea de que los recién nacidos vienen con un pan bajo el brazo, en nuestro país los bebés llegan a este mundo con 5.900 dólares de deuda. Gran parte de los 236 millones de dólares, monto al que asciende la deuda pública—interna y externa—, recaerá sobre personas que no estuvieron involucradas en el proceso electoral que “legitima” la deuda.

Y precisamente es la legitimidad de la deuda pública lo que pone en tela de juicio la moralidad de su pago. En una deuda entre privados Juan le presta a Pedro $1.000 de su bolsillo. Al cabo de un año Pedro deberá conseguir $1.100 para cancelar el préstamo, de lo contrario los intereses y las multas por la falta de pago se acumularán. En el caso de que el deudor, Pedro en nuestro ejemplo, no pueda o no quiera devolverle a Juan los $ 1.100, este último se verá perjudicado. Pedro se habrá apropiado de manera ilegítima de los $ 1.100, privándolo así de su propiedad. Bajo este razonamiento es el que se llega a la conclusión de que honrar los compromisos internacional asumidos por el gobierno argentino es la conducta correcta, sin embargo estamos ante una falsa analogía.

Es imposible extrapolar las circunstancias de un acuerdo entre privados al ámbito de la deuda estatal. A diferencia del ejemplo anterior, donde Pedro se compromete a honrar las deudas que él asumió y a devolver el dinero de su propio bolsillo, cuando es el Estado el que se endeuda no son los políticos los que pagan las deudas de su bolsillo sino que todo el peso de esta recae sobre los contribuyentes. El economista estadounidense Murray Rothbard, uno de los principales impulsores de que los estados no deben endeudarse, y si se endeudan no están obligados a pagar sus deudas explica:

El gobierno obtiene el dinero por coacción fiscal y los acreedores públicos, lejos de ser inocentes, saben muy bien que sus ingresos vendrán de esta lamentable coacción. En resumen, los acreedores públicos están dispuestos a entregar dinero al gobierno ahora a cambio de recibir una parte del saqueo fiscal en el futuro. Es lo contrario del libre mercado o de una genuina transacción voluntaria. Ambas partes están contratando inmoralmente participar en la violación futura de los derechos de propiedad de los ciudadanos. Por tanto ambas partes están llegando a acuerdos sobre la propiedad de otros y ambos merecen nuestro desprecio. La transacción de crédito público no es un contrato genuino que tenga que considerarse sacrosanto, no más que cuando los ladrones se reparten el botín por adelantado.

La situación se torna más oscura si consideramos que el desendeudamiento tiene un solo objetivo: volverse a endeudar. En un contexto en el cual la carga impositiva es intolerable, y el margen para su aumento es estrecho, y la emisión monetaria— y el consecuente aumento de precios—es alta, el gobierno únicamente puede recurrir al endeudamiento como fuente de financiamiento para un gasto público que parece no tener techo.

Las deudas públicas y las deudas entre privados son de características totalmente diferentes. La confusión de que las primeras deben ser tratadas de la misma forma que las últimas es parte de las tantas confusiones que predominan en la política argentina, y mundial, acerca de la naturaleza del Estado, y nosotros, sus súbditos.