Lo que ocurrió entre 2012 y 2013 con la venta de casi 3.000 viviendas de protección social a un fondo buitre no es más que la punta del iceberg de una práctica que sigue vigente en Madrid: La venta de promociones enteras eliminando el derecho de tanteo de los inquilinos, y en base al informe de una consultora que, como respuesta a los problemas económicos de la Empresa Municipal de la Vivienda Social, solo dio una solución: vender los pisos sociales.

Porque eso mismo les ha ocurrido este mismo verano a los vecinos de una promoción de viviendas protegidas de Torrejón. De la noche a la mañana fueron comunicados de que su supuesto contrato de alquiler con opción a compra quedaba en suspenso dado que sus pisos han sido adquiridos por el fondo de inversión Fidere.

La cifra, según los últimos informes, señala que esto ha ocurrido con el 96% de las 31.000 viviendas de Protección Oficial (VPO) construidas en Madrid en los últimos 12 años. Lo que era VPO en manos públicas, ha pasado a manos privadas pudiéndose vender libremente. Y eso está ocurriendo a pesar de la promesa electoral de Cristina Cifuentes, actual presidenta regional, quien se comprometió a “no vender pisos protegidos a ese tipo de sociedades”. A eso se sumó una enmienda parcial que PSOE y Podemos sacaron adelante para que cualquier vivienda de VPO solamente se pudiera vender a sus inquilinos o a entidades con fines sociales. Sin embargo, esta normativa aún no se ha implantado.

Y mientras eso pasa, los afectados siguen con la hoja de ruta de los fondos buitre. Es decir, vivir con el temor a que los nuevos propietarios les impongan un precio mayor de las viviendas cercano al máximo partido. Algo que, en la gran mayoría de los casos, deja en fuera de juego a muchos de los inquilinos quedando abocados a un desahucio.

Según los datos adelantados por ‘El País’, tras la venta en la pasada legislatura de viviendas protegidas a un fondo buitre, el Gobierno regional tiene únicamente 1.100 viviendas de alquiler con opción a compra de titularidad pública procedentes de estos 12 años. A estas habría que sumar otras 22.413 viviendas de titularidad pública construidas en años anteriores. El compromiso de Cifuentes, por tanto, solo se refiere a estas 23.513 viviendas; el resto, las otras 30.000 edificadas de 2005 a 2016, pueden acabar en manos de fondos buitre.

Una apuesta segura para los ‘fondos buitre’

El negocio de los fondos buitre era infalible. La concejal de Equidad y Derechos Sociales, Marta Higueras, ha confirmado que en la ‘era Botella’ eran los propios fondos los que avisaban al Ayuntamiento de las familias a las que iban a desahuciar de sus casas de protección oficial, para que se las recolocase en otras viviendas. Un realojo exprés que impedía movilizaciones y protestas a las puertas de las viviendas. Ni bronca, ni mala prensa. “Es una burla a los ciudadanos que el Ayuntamiento, el que debe ser el garante de la política social, es el que les haya puesto en esta situación tan difícil”, ha señalado Higueras en referencia a los desahuciados. A pesar del cambio de color en el Ayuntamiento, el equipo de Carmena tiene poco margen de maniobra.

Según el relato de la concejalía de Equidad, “los fondos buitre entregaban al Ayuntamiento listas con las familias a las que pensaban desahuciar, para que la EMVS se hiciese cargo de realojarlas en otras viviendas sociales”. El proceso de venta de las viviendas sociales a fondos buitres “es digno de una ingeniería jurídica digna de estudio en las facultades de derecho”, concluye el informe. El Ayuntamiento está a la espera de un informe jurídico que recoja sus posibles vías de acción, pero el equipo de Carmena se muestra totalmente frustrado al “sentirse con las manos atadas”.

Trasladada la pelota al tejado de la oposición, y de la anterior corporación municipal, el PP se limita a señalar que “Se tuvo que hacer porque estábamos en crisis” y para ello el concejal popular José Luis Martínez-Almeida ha aportado a la prensa varias sentencias que “avalaban la venta de los pisos sociales”.

La patata caliente puede estallarle a la actual alcaldesa antes de que finalice su mandato. El Gobierno municipal puede encontrarse en meses con centenares de desahucios de inquilinos que vivían en régimen de alquiler en los pisos cuando eran públicos y no pueden hacer frente a los precios (con subidas de hasta el 43% en tres años) impuestas para renovar los alquileres. De aquí hasta 2019 sólo en los barrios de Carabanchel, Vallecas y Villaverde vencerán 1.553 contratos.

La portavoz, la última desahuciada

Esta batalla legal ha dejado en la calle a la propia portavoz de la plataforma de afectados por la venta de pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Arancha Mejías, quien ha recibido un burofax de Fidere, el fondo que compró su vivienda al Ayuntamiento, donde le comunican que no le renovarán el alquiler y que tiene treinta días para abandonar el inmueble.

Mejías ha considerado que la compañía comete un acto de “venganza” al no renovarle el contrato por ser la “cara visible de luchar por todo el patrimonio que ha vendido el Ayuntamiento”.

La portavoz contra la venta de viviendas públicas compareció el pasado 1 de julio en la comisión de investigación de la deuda y las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid, que investiga la venta de estos inmuebles de la EMVS a los llamados fondos buitres durante la gestión de Ana Botella (PP).

La joven, de 27 años, ha denunciado que Fidere, que adquirió su vivienda del PAU de Carabanchel hace tres años, la discrimina al no darle opción de quedarse en el piso aunque fuese con “condiciones leoninas” como sí ha hecho con otros vecinos.

Mejías ha recalcado que los hechos demuestran que es incierto que los fondos no desahucien y que ella no entra en las tres condiciones que estos esgrimen para expulsar a alguien: no estar al corriente de pago, tener problemas de convivencia vecinal o ser delincuente.

La portavoz ha recordado que la exalcaldesa Ana Botella sostuvo al vender las viviendas de la EMVS que no cambiarían las condiciones y sólo iba a variar el nombre del arrendador, algo que se demuestra falso según la edil quien ha expresado que aquellas declaraciones estaban “fuera de lugar”.