En el escrito de 20 páginas, al que tuvo acceso la ACN, la fiscalía defensa, como lo hacía durante el mandato de Mariano Rajoy, que en Cataluña se produjo una «insurrección» que se «alzó violentamente para conseguir la ruptura del orden constitucional, la desintegración de la unidad de la nación española segregando una parte de su territorio y la derogación fáctica de la Constitución española ». Argumenta que hay que rechazar unas recusaciones que sólo son un intento «de alterar la composición del tribunal» y «retrasar la celebración del juicio oral».

Las defensas consideran que los magistrados están «contaminados» para juzgar el caso porque formaron parte de la sala que admitió la querella de la fiscalía para delitos de rebelión y, por tanto, ya hicieron valoraciones jurídicas sobre la causa y emitir una opinión favorable al proceso penal.

Por el contrario, la fiscalía sostiene que los magistrados no han estado en contacto con la instrucción del procedimiento y «no es razonable sostener que las sospechas sobre la imparcialidad de los magistrados estén legítimamente y objetivamente justificadas». Además, defiende el «derecho a la libertad ideológica» de los magistrados.

En cuanto a las denuncias de politización de la justicia por parte de las defensas, la fiscalía insiste en que «no es verdad que se pruebe de incriminar un movimiento independentista, que generosamente admite nuestro sistema constitucional». Por el contrario, sostiene que en este proceso se juzga «la insurgencia, pluriconvergente y de encuentro, de manera violenta, para conseguir la ruptura del orden constitucional, la desintegración de la unidad de la nación española segregando una parte de su territorio y la derogación fáctica de la Constitución Española ».

En cuanto a las recusaciones presentadas por el presidente Puigdemont y los consejeros en el exilio, la fiscalía considera «un sarcasmo» que «accione la recusación que está huido de la justicia». «Los recurrentes no pueden accionar la justicia en un procedimiento en el que ha sido declarada su rebeldía», dice.

Además, recuerda que el tribunal ha retirado las euroórdenes contra ellos, y por lo tanto para ellos el caso «está archivado y el juicio oral suspendido». «Constituye un fraude procesal y un atentado a la buena fe impugnar la imparcialidad objetiva de un tribunal cuya jurisdicción no se reconoce», afirma.