Se trata del mismo juez que se retiró de la causa que sobreseyó al único gendarme imputado y dio por finalizada una “investigación” en la que hizo todo para que nada se sepa a fondo. La trama es insólita, y el hilo conductor es hecho de que nadie se quiere hacer cargo de una causa que puso a ojos de todos, a pesar de los intentos de Patricia Bullrich por ocultarlo, eue los tres poderes del estado, las fuerzas de seguridad y los medios oficialistas pusieron todo su esfuerzo en encubrir y avalar este crimen de estado.

Haber rechazado investigar el caso por la figura de desaparición forzada de persona y ahora volver a la causa a manos de Gustavo Lleral son los últimos hechos de una secuencia de inumerables hechos con los que se busca garantizar la impunidad de todos los que actuaron en el operativo represivo en el que finalmente Santiago desaparece y luego es hallado sin vida en el Río Chubut el 1 de septiembre de 2017.

Vale aclarar que la querella de la familia llevó el caso a la Corte Suprema ante el fallo de la Cámara de Casación que se negó a investigar la desaparición forzada de Santiago.

El gran bonete de la impunidad

La familia ni los organismos de derechos humanos comprometidos con la causa de Santiago no dejaron nunca de pelear por la reapertura de la causa. Así fue como en septiembre de 2019, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó reabrir la causa, realizar algunas medidas de prueba solicitadas por las querellas e investigar las circunstancias de la muerte de Santiago Maldonado. Inmediatamente, Gustavo Lleral se vuelve a lavar las manos y se inhibió de continuar con el argumento argumentando de que “él no podía ser juez porque no sería ‘imparcial’ ya que había decidido que no existía delito a investigar pasando la causa al juez Sastre –de la ciudad de Rawson-, que también se inhibió con los mismos argumentos”. Así lo indicó la familia en un comunicada emitido este miércoles.

Tres meses después, el pasado 12 de diciembre de 2019 la Cámara de Casación Penal por unanimidad confirmó esta decisión y determinar un nuevo juez para la causa. Además rechazó el pedido de sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú, único imputado en la causa. Pero, haciendo caso omiso al pedido de las querellas, incluida la familia Maldonado, para que se investigue el caso como desaparición forzada de persona.

Esto no termina aquí, sino que se suceden una serie de eventos kafkianos: cuando la causa debe reabrirse luego de la decisión de la Cámara de Casación, “la Cámara de Comodoro no aceptó la inhibición del juez Lleral y lo designó nuevamente juez. Por eso el 27 de diciembre de 2019 debimos recusar al juez Lleral quien aceptó nuestra recusación al igual que la Cámara de Comodoro Rivadavia, pasando la causa a la jueza Parcio -de esta misma ciudad”, continúa relatando la familia.

Pero, “la jueza Parcio no aceptó su designación y la causa volvió a la Cámara de Comodoro quien resolvió -solo el juez Leal de Ibarra- volver la causa al juez Lleral nuevamente”.

Así es que la familia de Santiago se entera este 28 de enero que Lleral fue vuelto a designar como juez de la causa. Lamentable.

La jueza Parcio tiene en su prontuario haber “aceptado ser la jueza de la denuncia presentada por la ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich contra la comunidad Mapuche de la Pu Lof en Resistencia Cushamen por falso testimonio y asociación ilícita, es decir que investiga a algunas de las personas que estuvieron con Santiago el 1 de agosto de 2017 al momento de su desaparición y quienes a la fecha continúan afirmando que vieron y/o escucharon cómo era detenido por Gendarmería”. Este dato es denunciado por la familia y es una de las muy posibles razones por las que se puede deducir que no aceptó tomar la investigación por Santiago.

La historia de esta causa es también claramente la de intereses políticos comunes con el entonces oficialismo, presiones y aval a la impunidad. Patricia Bullrich y el gobierno de Macri pusieron todo lo que tenían a su alcance al servicio de derrumbar esta causa: funcionarios, espías, medios de comunicación y el poder judicial.

En este mismo sentido, el comunicado de la familia indica que “otro punto a tener en cuenta es la actitud del juez Leal de Ibarra -quien junto al Juez Irurzun están encargados de la oficina de escuchas telefónicas y que aceptó las escuchas ilegales a Sergio-, es que no le importe que el Juez Lleral afirme y reafirme que no será imparcial en esta causa, ni que tampoco le importe que haya sido recusado por Sergio Maldonado exigiendo que se designe un juez imparcial”.

La conclusión de los familiares de Santiago es categórica: “el Poder Judicial es una trampa, un laberinto del terror sin fin, y que siempre son los mismos jueces los que van resolviendo arbitrariamente el recorrido. Seguimos sosteniendo que luchamos en total desigualdad contra un sistema judicial que una vez más juega al desgaste y nos sigue negando el derecho de conocer la verdad a partir de una investigación seria, independiente e imparcial”.

Sergio Maldonado y Verónica Heredia, abogada de la familia, pidieron expresamente al Poder ejecutivo el pasado 20 de enero, la conformación de un grupo de expertos independientes. Este reclamo se vuelve más urgente cuando “el Poder Judicial sigue dando vueltas siempre en el mismo lugar y nos garantiza -con la nueva designación de Lleral- que no habrá un debido proceso”.

El comunicado publicado en redes sociales concluye “hemos aprendido de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a no cansarnos, a seguir, porque con Santiago están los 30.000, por él y por ellos vamos a sortear todas las trampas del sistema en búsqueda de verdad y justicia”.