En los últimos días Bonopark, la empresa que gestiona el servicio de bicicletas municipal de Madrid, BiciMAD, ha hecho público que pierde unos 300,000 euros al mes. Así, la quiebra de esta concesión parece estar a la vuelta de la esquina. No es una historia nueva y en los últimos tiempos hemos vivido muchos casos parecidos. Tenemos, por ejemplo, las sociedades concesionarias de las autopistas radiales de Madrid que se encuentran en proceso de liquidación o la empresa que gestiona el túnel que conecta el AVE con Francia que solicitó hace unos meses el concurso de acreedores. En todos los casos, las empresas se presentaron a un concurso que ganaron y que ha resultado ser no rentable. Y en todos ellos, las empresas esperan un rescate que las saque a flote. Sin embargo, el caso de BiciMAD es especialmente interesante porque combina muchos de los factores que han hecho otras concesiones ruinosas en un mismo ejemplo.

Para aquellos que no estén familiarizados con BiciMAD, éste es el servicio de alquiler de bicicletas municipal de Madrid. Sus usuarios, después de darse de alta en el servicio y pagar su cuota anual, tienen derecho a recoger la bicicleta en cualquiera de las estaciones y devolverla en cualquier otra estación. Un aspecto novedoso, comparado con otros servicios como el Bicing de Barcelona es que el precio que pagan por cada viaje depende no solo de la duración del mismo sino también del nivel de congestión en las estaciones utilizadas. Este servicio fue licitado en 2013 y Ana Botella lo inauguró circulando por el Retiro el 23 de junio de 2014. Desde entonces el servicio ha sido un relativo éxito y actualmente ronda los 55,000 abonados.

¿Por qué entonces está la concesión al borde la quiebra? Varios factores han contribuido a ello.

1.Un ayuntamiento con ganas de lucirse. Cuando Álvarez del Manzano era alcalde se opuso a construir carriles bici en la ciudad porque afirmaba que Madrid tenía demasiadas subidas. Sin embargo, en 2013 este mensaje era cada vez más difícil de vender. La mayor parte de las grandes ciudades europeas ya habían implantado un servicio de bicicletas municipales y la conciencia ecológica había ido en aumento. Así que cuando las restricciones presupuestarias lo permitieron el ayuntamiento inició la licitación de este servicio. Eso sí, lo hizo sin crear prácticamente carriles bicis y solo pintando carriles compartidos (los llamados sharrows).

La concesión se asignó a la única empresa que presentó un proyecto de bicicleta eléctrica. ¿Qué mejor oportunidad de recuperar el tiempo perdido que tener bicicletas eléctricas cuando nadie más las tenía? Y no, una bicicleta eléctrica no era imprescindible para el servicio. No estaba en la convocatoria y lo digo también desde la experiencia, porque me muevo por Madrid de manera habitual en una bicicleta convencional. Además, como muchos usuarios tienen miedo a los sharrows, transitan por las aceras y el motor eléctrico, al permitir circular a hasta 25 kms/hora, las hace peligrosas para los peatones (además de ser ilegal, claro).

Tal y como alegaron de manera lúcida los competidores que impugnaron el concurso, la empresa ganadora, Bonopark, carecía de la “solvencia técnica y financiera” para gestionar un servicio así. Fundada en 2009, Bonopark, solo había gestionado un servicio parecido en San Sebastian, que constaba de 12 estaciones y unas 100 bicicletas. Nada que ver con las miles de bicicletas de BiciMAD, tal y como ha demostrado la experiencia del último año y medio. De hecho, en el pliego de condiciones se especifica que la empresa debía poseer “Un contrato gestionado en los últimos tres años de gestión de bicicleta pública, con un despliegue de bicicletas gestionadas por contrato de al menos 2.000 unidades.” La manera en que la empresa sorteó este requisito fue llegando a un acuerdo con otra empresa que aportaba el requerimiento de la experiencia pero de la que poco más se supo.

2. Una empresa que carecía de la experiencia necesaria. Muchos de los problemas del servicio de BiciMAD eran previsibles. La empresa desarrolló su propio software que en palabras del colectivo BiciBAD, que lo ha podido ver, “no pasaría una práctica de universidad”. Este es un motivo por el que los primeros momentos del servicio fueron un caos y los esforzados usuarios tardaron varios días y visitas en busqueda de un “totem mágico” para poder darse de alta. Para resolver este problema y muchos otros, Bonopark contrató una empresa especializada para reescribir el código.

Por otro lado, las bicicletas eléctricas pueden costar cerca de mil euros. Contemplar que alguien podría querer robarlas parece una precaución bastante razonable. Y sí, instalar un GPS era una gran idea pero si no proporciona información en tiempo real no parece muy útil para localizar bicicletas extraviadas. Así que no es sorprendente que algunas de las bicicletas de BiciMAD hayan terminado vendidas en Rumanía.

Aunque la empresa se ha visto perjudicada por vándalos y ladrones, estos factores no parecen ser, ni mucho menos, el origen de todos los problemas del servicio. Según un informe encargado en Julio de 2015, el mal diseño de los anclajes es el principal problema. Este diseño era como mínimo “deficiente” y aparentemente aún lo es, después de seis rediseños. No solo permite que los antisociales y ladrones arranquen las bicicletas del anclaje, sino que en muchos casos no permite que los usuarios legítimos retiren las bicicletas, al quedar bloqueados. BiciBAD proporciona datos sobre el estado de las estaciones cada dos horas y muestra como en un día cualquiera alrededor del 60% de las bicicletas no están en servicio. Y sí, Bonopark también ha contratado una empresa para que le ayude a rediseñar una vez más el anclaje.

3. Un mal contrato. Aunque el pliego de condiciones de la convocatoria era público, el contrato final firmado con Bonopark no lo ha sido. Dado que las características del servicio variaron de manera muy substancial respecto al que el ayuntamiento había publicitado al cambiar el tipo de bicicleta (y por tanto los requerimientos) es probable que este contrato también sea muy distinto. El nuevo equipo del ayuntamiento se comprometió a publicarlo pero no tengo constancia de que ya se haya hecho.

Al no ser público el contrato ni tampoco los datos sobre la calidad del servicio es difícil saber los pagos que la empresa ha recibido y como estos se han visto reducidos debido a todas las incidencias del servicio. Parece que existe una parte fija y otra variable que dependería de siete indicadores de calidad descritos en la convocatoria. La empresa no habría recibido la mayor parte de los pagos por este concepto, pero siendo un concepto mucho menor que el pago fijo, la penalización no habría surtido su efecto a la hora de garantizar la calidad del servicio y proporcionar incentivos para solventar las numerosas y constantes incidencias.

Además, al ser un contrato a 10 años cambiar las condiciones para tener en cuenta estas deficiencias se hace complicado. Y es que hacer un contrato a largo plazo es útil para que la empresa pueda recuperar los costes de su inversión, pero hay que seleccionar a la empresa correcta y escribir un contrato en condiciones.

¿Qué hacer ahora? A diferencia del caso de las autopistas radiales de Madrid, donde la quiebra de la concesión pone en marcha la responsabilidad patrimonial de la administración, consideraciones de este estilo no serían importantes aquí. Por ello, un rescate es lo último que debería hacer el nuevo ayuntamiento. Es cierto que la quiebra tendrá costes no solo para la empresa misma sino también para los usuarios del servicio. Sin embargo, también es una oportunidad para volver a licitar el servicio, seleccionar una empresa que realmente tenga experiencia en la gestión de este tipo de servicios y escribir un nuevo contrato. Además, hay que hacer de esto un casus belli. Las empresas deben anticipar que no serán rescatadas porque eso lleva a que algunas sin experiencia se presenten a los concursos sabiendo que el contrato será renegociado para atender a sus propias limitaciones y, por el otro lado, a que las autoridades liciten cualquier cosa que permita que se hagan una foto sin pensar en cómo ni quién lo acabará pagando.