Precarización laboral, politización de la protesta, oposición a los cambios o simples problemas puntuales llevaron al trabajador a reaccionar y a levantarse contra su empleador: lo irónico es que con cada vez más frecuencia ese patrón es el Estado y no una empresa privada.

Los gremios docentes contra María Eugenia Vidal por la paritaria de los maestros; los trabajadores de ATE y UPCN contra el Indec y las decenas de despidos, y el paro nacional al que los estatales también se sumaron el 6 de este mes son algunos de los pocos ejemplos recientes que tienen como protagonistas a los estatales. Es más, según datos oficiales, la conflictividad de los trabajadores públicos creció exponencialemente en 2016 frente a la que mostraron los privados.

LA NACION

La Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, que conduce José Anchorena, difundió números que llamaron la atención sobre lo ocurrido el año pasado. El primero dice que si se toman los datos de conflictos en el primer período del gobierno de Mauricio Macri, un empleado del sector privado no trabajó proporcionalmente una jornada cada seis años mientras que un asalariado del sector público no trabajó una jornada cada 118 días. El segundo: el número de jornadas individuales no trabajadas por asalariado en el sector público fue 18,5 veces mayor que en el sector privado.

"La situación es muy asimétrica y se mezcla un poco de todo", afirmó a LA NACION el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, uno de los puntales en la relación con los trabajadores estatales, sobre todo en la administración pública (ministerios, universidades y entes descentralizados, entre otros). "Hay conflictividades en un plano operativo en un lugar específico pero del otro lado tenés, por ejemplo, el paro general donde existen reclamos que pueden ser más transversales. El índice de Trabajo computa todas las posibilidades", agregó. Ayer, como había anticipado este medio, Modernización publicó en el Boletín Oficial un nuevo reglamento general de control de asistencia y presentismo que se deberá utilizar en el ámbito de la administración pública nacional en el plazo de un año, con el objetivo de "homogenizar los criterios" para todo el personal y "reforzar el control".

A fines de 2016 había 3.490.056 trabajadores estatales que se dividían así: nacionales (740.677), provinciales (2.297.491) y municipales (451.888). Los datos de la cartera que conduce Jorge Triaca, sobre la base de los registros de la seguridad social, indican que la plantilla de trabajadores que dependen del Gobierno (nacionales) cayó 0,2% entre 2015 y 2016. No obstante, en las provincias creció 0,9% y en los municipios se expandió 2,4%. Entre 2014 y 2015, todavía con el kirchnerismo en el poder y en un año electoral, las tasas del empleo público subían exponencialmente, al 5,1% (nacional), 3,8% (provincial) y 4,8% (municipal).

"En la actualidad hay un muy buen diálogo con UPCN. Con ATE también existe pero a veces aparecen muy encerrados en algunas posturas. Por eso a veces no nos ponemos de acuerdo", señaló Ibarra, que resaltó que puede haber problemas en el empleo público, aunque ratificó que también en los conflictos aparecen componentes políticos. Esto último lo ejemplificó con los paros de los gremios docentes en territorio bonaerense este año.

LA NACION intentó comunicarse con Andrés Rodríguez (secretario general de UPCN) pero en el sindicato afirmaron que estaba en el exterior. Pablo Micheli (ATE) no contestó las llamadas. "Esta estadística refleja que las condiciones laborales en el Estado tienen un alto grado de precarización", graficó a este medio Hugo Yasky, uno de los secretarios generales de ATE. "Además en momentos en que se aplican políticas de ajuste, el Gobierno tiene la doble condición de ser la administración del Estado y la patronal. Por eso, el conflicto con la paritaria docente es un ejemplo en el que se juegan esos dos papeles. Esto explica una mayor conflictividad, ya que el Gobierno trata de aplicar un techo a las paritarias para contagiar al sector privado la misma política. Y ahí se da el conflicto en el Estado", dijo Yasky.

El aumento de la conflictividad, no obstante, fue también una preocupación en el sector privado. Según una encuesta de SEL de fines de 2016, un 61% de las empresas líderes consultadas estimaba que la conflictividad sindical es muy o bastante importante. Para un 25% de los relevados, esa conflictividad creció el año pasado frente a 2015, mientras que la mayoría (55%) dijo que se mantuvo sin cambios. Las causas de esa efervecencia fueron el año pasado: demandas de mejoras salariales (60%), encuadramientos, tercerizados (ambos 37%), condiciones de trabajo (33%) y reincorporaciones o despidos de personal (30%).

En general, según los datos del sector privado, las medidas de fuerza se concentraron en retención de tareas (36%), adhesiones a paros (35%), presiones al personal (26%) y piquetes y cortes (18%).