Los tribunales federales porteños producen gags desopilantes. Por ejemplo, que en las tranqueras de las remotísimas estancias de Lázaro Báez aparezcan movileros relatando: "De un momento a otro llegarán los allanamientos del juez Sebastián Casanello". Mientras tanto, el fiscal Guillermo Marijuan hacía noche en Comodoro Rivadavia, porque el avión que le prestaron no atravesaba la niebla patagónica. Para calmar la ansiedad de la audiencia, Casanello hizo abrir cofres y galpones con autos de alta gama y joyas costosísimas. Eso sí, no encontró bóveda alguna. Lo más parecido fue un montículo de tierra removida. Un mani pulite filmado por Fellini.

Tal vez sea razonable. El kirchnerismo es capaz de superar el 30% de inflación, de importar gas en el país de Vaca Muerta y de quedarse sin dólares durante el boom de las commodities. Pero, si le dan tres años de plazo, consigue hacer desaparecer los escondites del dinero mal habido. Porque sobre los tesoros que mandó a buscar Casanello la prensa está informando desde el año 2013.

Pero la impericia puede ser invencible: a primera hora de la mañana de hoy, cuando se actualiza este texto (*), llegaban versiones desde Santa Cruz acerca de que el personal policial habría detectado una bóveda en la estancia La Julia, escondida tras paredes y techos falsos. Se la habría detectado gracias al plano de un albañil que trabajó en su construcción. Al parecer, también habría plata. Si es que no falla el olfato de los perros.

A pesar de eso las diligencias de estos días en el sur, con toda su espectacularidad, o tal vez gracias a ella, parecen un nuevo recurso para garantizar la impunidad de los funcionarios acusados de corrupción. En especial de Cristina Kirchner.

Nadie se interesó en identificar los escondites de Báez en todos estos años. Casanello tampoco ordenó un allanamiento cuando detuvo al empresario. Declaró el explosivo Leonardo Fariña y aun así siguió esperando. Hace 15 días, la Cámara Federal le ordenó decomisar los fondos de Báez. Pero hizo falta una segunda confesión de Fariña para que se desperezara. Así y todo, se tomó una semana para autorizar a Marijuan a viajar al Sur.

Casanello perjudica a sus colegas. En un momento en que los jueces federales porteños están bajo sospecha, él exhibe los trucos disponibles para evitar una sanción. Retrasar los procedimientos es sólo uno. Hay otro mucho más eficiente: acotar el delito que se investiga para dejar a salvo a posibles imputados. Durante mucho tiempo Casanello circunscribió su interés a los despilfarros de Fariña. De la compra de una Ferrari a un amigo del sindicalista José Luis Lingeri, "Mr. Cloro", a un campo mendocino. Como el recorte del juez era insuficiente, el kirchnerismo intervino sobre la fiscalía. Carlos Gonella, el fiscal antilavado, escribió a los subordinados de Marijuan que excluyeran a Báez y a Julio De Vido de la investigación. Gonella está procesado por ese consejo. Pero Alejandra Gils Carbó, la procuradora, no lo sancionó.

Después de desbocarse ante Jorge Lanata, Fariña fue tras las rejas por evasión impositiva. O por hablar. Al poco tiempo, Casanello dictó la falta de mérito de Báez. También redactó el sobreseimiento. Pero, cuando estaba por firmarlo, Cristina Kirchner acusó de deslealtad a su presunto testaferro.

Fariña se cansó de ser el único preso de la red. Esperó al cambio de gobierno y se declaró arrepentido. Sus revelaciones obligaron a Casanello a abrir el círculo del expediente. Entró Báez. Pero la causa sigue estando restringida. Que aparezcan autos, alhajas, aviones, campos y aun euros enmohecidos es irrelevante. El juez se circunscribe a un caso de lavado de dinero. Es una falta subsidiaria del crimen principal: la fijación de sobreprecios en la obra pública para el cobro de retornos. La excitante "ruta del dinero K" puede conducir a Nassau o Seychelles, pero aleja a los jueces de los Kirchner. Permite que, a la larga, Casanello transfiera el expediente al fuero penal y económico. Cristina Kirchner, De Vido y los demás acusados de apropiarse de fondos públicos seguirían protegidos.

Hay dos circunstancias que desbaratarían esta estrategia. La primera es que la causa Báez se conecte con la de sobrefacturación de la infraestructura, que investiga el juez Julián Ercolini, y con la de los retornos enmascarados en alquileres de Hotesur, que lleva Daniel Rafecas. Esos puentes reconstruirían el circuito sobreprecios-lavado-coimas. Y conectarían dos fenómenos que el montaje procesal pretende aislar: política y dinero negro.

Las decisiones judiciales van en sentido contrario. Rafecas desarticuló la pesquisa de Hotesur girando una parte a Ercolini. En la senda de Elisa Carrió y Margarita Stolbizer, Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, pidió anteayer la reunificación. Es una señal significativa de Mauricio Macri.

Rafecas estuvo paralizado nueve meses con la excusa de un problema de competencia. El fiscal de Hotesur, Carlos Stornelli, le pidió en vano que activara la investigación. Pero Rafecas aún no tocó un solo documento de los que incautó Claudio Bonadio en las oficinas santacruceñas de los Kirchner. Los tiene en un galpón. No se los muestra a nadie. A la Báez. Bonadio los pidió para otra causa. Sólo cuando amenazó a su colega con allanar la secretaría del juzgado logró que se los enviaran. A la vez Stornelli, ayer, en una causa por el financiamiento del mausoleo de Néstor Kirchner que sigue el juez Sergio Torres, obtuvo otros testimonios relevantes. Fue en una oficina santacruceña, sobre la ruta 3, que se le escapó a Casanello.

Rafecas y Casanello superaron un antiguo encontronazo emocional para estudiar juntos una protección para la señora de Kirchner. En los tribunales aseguran que Casanello mantiene contacto permanente con El Calafate, a través de Telegram. Apenas Fariña terminó su declaración, se unió a esa mensajería.

Arrepentidos

La otra novedad que perforaría el escudo procesal que protege a Cristina Kirchner es que un nuevo arrepentido conecte las tres causas. Por eso el kirchnerismo teme a Báez. En cualquier momento él podría sentir que el lugar que ocupa en el penal corresponde a otro. Como Fariña sintió que ocupaba el lugar de Báez. Hasta hace pocas semanas, la ex presidenta mantuvo un dispositivo para alejar ese nubarrón: las defensas de los involucrados en las tres causas eran coordinadas en las sombras por un mismo abogado. Adjudican ese rol a Daniel Pastor, un discípulo de Julio Maier. Pero Pastor ya no monitorea a Báez. En cambio su maestro, Maier, sigue fiel a Cristina Kirchner: ayer acompañó al defensor de la ex presidenta, Alberto Beraldi, a la Cámara Federal para recusar a Bonadio en la causa del dólar futuro. Los escoltó el titular del CELS, Horacio Verbistky. ¿Denunciarán una violación de los derechos humanos?

El hilo que une a Báez con la señora de Kirchner es cada día más delgado. Comenzó a debilitarse mucho antes de que ella lo acusara de apropiarse de sus bienes y le bajara el pulgar de la obra pública. Tal vez Báez tuvo el primer indicio cuando, en la licitación de las represas Kirchner y Cepernic, ya no lo trataron como un testaferro. Báez iba asociado a Iecsa, de Ángelo Calcaterra, el primo de Macri, y a la china Sinohidro. Pero el escándalo desatado por Fariña hizo que lo reemplazaran por otro constructor nacional y popular: Gerardo Ferreyra, aliado a otra china, Gezhouba. Ferreyra es el titular de Electroingeniería, acusada en Brasil junto con De Vido por recibir coimas de Petrobras. La compañía lo niega. Ferreyra está casado con la dueña de la joyería Simonetta Orsini, la preferida de los jueces federales. Alguien convenció a Cristina Kirchner de que los cargos contra Electroingeniería se proponen reemplazarla con compañías de Calcaterra y Nicolás Caputo, manteniendo a Gezhouba. ¿Alucinaciones?

El azar, o el funcionamiento de un sistema, quiere que estos actores reaparezcan en una polémica que ayer tomó temperatura. El cordobés Juan Schiaretti se enfrentó al grupo Techint por la provisión de tubos para los gasoductos que licitó la provincia. El ministro de Servicios Públicos, Fabián López, acusó a Techint de querer monopolizar ese producto. Desde Techint denunciaron que Schiaretti autorizará la importación de caños chinos a precio de dumping.

La disputa es interesante por su contexto. La red de gas fue adjudicada a Iecsa, de Calcaterra, asociada a China Communications Construction Co., y a Electroingeniería, unida a China Petroleum Pipeline Bureau. Lo más llamativo: el ministro Fabián López, que defiende la importación de insumos chinos, fue el organizador de la licitación de las represas patagónicas cuando era subsecretario de Recursos Hídricos de De Vido. López trató en aquel entonces con los mismos protagonistas: Calcaterra, Ferreyra y el gobierno chino. Sólo falta Báez.

Las represas santacruceñas y los gasoductos cordobeses iluminan otro ángulo opaco: la expansión de China en la obra pública coincide con el aumento de la corrupción. Curiosa ruta del dinero que lleva desde la celda de Báez al diseño de la política exterior.

(*) La información vertida en esta columna fue actualizada a primera hora de hoy