Tras cinco años de tramitación y el paso por tres comisiones de la Cámara, la Reforma al Código de Aguas superó su primer trámite constitucional, y fue aprobada con 63 votos a favor y 32 en contra, en la Cámara de Diputados.

La iniciativa, que fue propuesta inicialmente por una serie de parlamentarios en 2011 y luego reformulada por el Gobierno de Michelle Bachelet en 2014, toca un tema sensible para el sector productivo, industrial y agrícola del país: el objetivo de los derechos de agua que aún permanecen como de libre disposición en el territorio nacional.

El proyecto, que tiene como principal objetivo reforzar el carácter de uso público del vital elemento, ha tenido un complejo proceso de discusión en la Cámara, según parlamentarios de la Nueva Mayoría, debido a que “toca intereses del sector privado”.

El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, explicó que la iniciativa tiene varios principios fundamentales: el uso prioritario del agua para uso humano; también “que aquellos que utilizan bien sus derechos los mantienen en el tiempo”; y, además, establece que en caso de que haya acaparamiento de los derechos de aguas, los “titulares” los perderán. “Esos derechos se extinguen, caducan y vuelven a la cuenca para que lo usen aquellos que sí lo necesitan”, indicó el ministro.

La iniciativa pasó por un largo camino antes de llegar a la Cámara: fue tramitada en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, luego por la Comisión de Agricultura y, finalmente, por Hacienda, proceso que fue dirigido principalmente por el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, junto al Director General de Aguas, Carlos Estévez.

El proyecto ha contado con una férrea oposición de los sectores cercanos al mundo agrícola de Chile Vamos, además de “todos los gremios, las empresas agrícolas, el sector minero, las empresas de generación energética y en menor medida las sanitarias”, señala un parlamentario de la Nueva Mayoría.

Una de las críticas al Ejecutivo fue el no paso de la iniciativa por la Comisión de Constitución, es más, el diputado independiente René Saffirio pidió un plazo especial para que la comisión enviará un informe a todos los parlamentarios, lo que debido a la suma urgencia del proyecto no era viable.

Esta jugada del Gobierno dejó un flanco abierto tradicionalmente usado por la oposición. Los diputados de la Nueva Mayoría hicieron una observación de constitucionalidad a una serie de artículos que hacen referencia principalmente a cambiar el concepto de “titular”, por “dueño”. Este cambio es tratado como “cosmético e insuficiente” por algunos sectores más progresistas de la Nueva Mayoría.

En su intervención, el diputado de la UDI, Ignacio Urrutia, advirtió que casi el 80% del agua dulce del país termina en mar abierto, además aseguró que la concesión de aguas termina con la “certeza jurídica para la inversión”. Y es que, además de cambiar la denominación de “titular” por “dueño”, el proceso de asignación de los derechos de agua encontrada, dependen de una aprobación expresa por parte de la Dirección General de Aguas.

Por su parte, el diputado independiente Vlado Mirosec, señaló que “hay que entender que estamos en una situación de sequía generalizada. No sé si tenemos conciencia real de este cambio”, y agregó que la baja en la abundancia de las aguas es preocupante. “Pero que el hecho de que tengamos ríos y glaciares en el sur no significa que sean eternos”, puntualizó Mirosevic. “Las mineras no pueden tener un privilegio adicional a los del resto de los chilenos”, sentenció.

Al contrario, para el diputado, Juan Antonio Coloma (UDI), la Reforma al Código de Aguas es una “expropiación encubierta”, que se realizaría por la vía administrativa. Explicó que ya existe una ley que establece la devolución de derechos en no uso, que aumenta los impuestos para aquellos propietarios que no hacen uso del agua. Misma línea que sigue el diputado, Ernesto Silva, quien criticó el cambio en el carácter perpetuo de los derechos de aguas, pues aseguró que “debilita las asociaciones de usuarios”, y entrega la administración del agua al Estado, a través de la DGA.

“Yo me quedo con lo que señaló el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, en la Comisión de Hacienda (...) que en el proyecto hay problemas de constitucionalidad y que se va a revisar caducidad”, agregó el diputado. Es por esta razón que los parlamentarios de Chile Vamos rechazaron cada iniciativa que no se remitiera a solo “respaldar las indicaciones que están a favor del uso humano”.

Para distintas organizaciones en defensa del agua, esta reforma no es suficiente, precisamente porque mantiene el carácter privatizado de las aguas, aunque dicha propiedad tenga un tiempo de caducidad. “Si la reforma no es capaz de modificar la esencia de la actual legislación, que superpone el lucro y el derecho de propiedad sobre las aguas por encima del derecho humano y el bien común, entonces, la reforma que se vota sigue favoreciendo a quienes controlan el mercado de las aguas y, por lo tanto, consagra la desigualdad”.

El ítem sobre la recuperación de los derechos de aguas que no son usados y pueden abrir el camino para la “especulación”, es de suma relevancia para la diputada independiente Alejandra Sepúlveda, quien durante su intervenciónexpresó que la reforma no es “suficiente”, pero sí marca un avance, ya que toca 55 puntos del Código de Aguas, y busca terminar con la especulación. Según la diputada, las 9.180 patentes que no hacen uso del agua que han adquirido pertenecen a grandes empresas, entre ellas a la Sociedad Agrícola, Minera, Centrales Hidroeléctricas y de la industria del Gas.

Para el diputado DC Fuad Chahin, la oposición y el mundo gremial han levantado una “campaña del terror en contra del proyecto”, que solo busca “fortalecer el carácter público del agua y terminar con la especulación del agua. Quienes destinan el agua a actividades productivas no tienen nada que temer”, indicó, ya que aquellos grupos agrícolas que no hayan inscrito el derecho de agua tienen un plazo de cinco años para hacerlo.

De la propiedad privada

Uno de los principales flancos de críticas al proyecto, sobre todo desde los sectores organizados por la defensa del agua, apunta a que pese a que en la reforma se consagra al agua como “un bien de uso público”, en el 90% de sus derechos de uso –que ya han sido asignados– se mantiene la figura de la propiedad privada, esto aunque en una serie de artículos se modifique el concepto de “titularidad” por “dueño”.

Ante esta situación, el ministro de Obras Públicas señaló que “el régimen de derechos que tenemos en Chile se sujeta al derecho de propiedad. Sin embargo, quienes no utilicen esos derechos se extinguen, o caducan, para los nuevos, y también para los antiguos”, de esta forma se elimina el carácter irrevocable de los derechos de agua, pero se mantiene su propiedad privada.

Tras la aprobación, el ministro Undurraga recalcó lo histórico de la instancia en la cámara, para el proyecto que lleva cinco años en tramitación. Asimismo, desmintió el carácter “estatizador” de la iniciativa y recalcó que los cambios en la legislación apuntan a que “el agua debe ser bien invertida en distintos sectores productivos”.

Pero para distintas organizaciones en defensa del agua esta reforma no es suficiente, precisamente porque mantiene el carácter privatizado de las aguas, aunque dicha propiedad tenga un tiempo de caducidad. “Si la reforma no es capaz de modificar la esencia de la actual legislación, que superpone el lucro y el derecho de propiedad sobre las aguas por encima del derecho humano y el bien común, entonces, la reforma que se vota sigue favoreciendo a quienes controlan el mercado de las aguas y, por lo tanto, consagra la desigualdad”, señalaron a El Mostrador desde Movimiento por la Defensa del agua (Modatima).

El diputado radical, Marcos Espinosa, concuerda con esta línea y, a pesar de que reconoce el valor de la aprobación de este proyecto, explica que no apoyó “las indicaciones que limitan la protección de los caudales de alto valor ecológico y las que permiten constituir derechos de aprovechamiento de aguas a particulares”, esto debido a que no se regula correctamente el uso del agua por parte de las empresas que actualmente explotan este recurso para funcionar, como las de la gran minería.

Finalmente, el parlamentario afirmó que “ya es tiempo que dejemos a un lado la idea de que nuestro país solo es exportador de materias primas y otorga privilegios desmedidos a las empresas para que dichas actividades se desarrollen sin ninguna responsabilidad con las necesidades humanas de subsistencia y desarrollo”.

El proyecto que busca reformar el Código de Aguas ahora debe pasar a tramitación al Senado. Desde la oposición ya anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional si la iniciativa es aprobada en la Cámara Alta, pero varios diputados del oficialismo temen que el proyecto se pueda estancar en el Senado, o ser fuertemente modificado, como ocurrió con otras reformas, por ejemplo, la Tributaria.