Por Martín Litwak

1. No siempre existió el impuesto a las ganancias y no todos los países del mundo actualmente lo cobran

El primer país en la era moderna que estableció un impuesto basado en las ganancias de los individuos que vivían en él fue el Reino Unido, que lo estableció en 1798 en forma extraordinaria para financiar las guerras napoleónicas y lo eliminó —como corresponde— tan pronto se alcanzó la paz.

Luego, volvieron los problemas con Francia y, con ellos, el impuesto a las ganancias.

Al alcanzarse la paz nuevamente, no solo el Reino Unido eliminó este impuesto, sino toda la documentación relacionada, ya que no se trataba de algo de lo cual estuvieran precisamente orgullosos.

Recién en 1842 se decidió instaurarlo en forma permanente y utilizarlo para financiar gastos corrientes del gobierno.

El segundo país en establecerlo fue Estados Unidos, que –luego de un primer intento correctamente declarado inconstitucional– consiguió darle continuidad a partir de 1913, reforma constitucional mediante.

En el resto de los países, se empezó a utilizar alrededor de la década de 1930.

En definitiva, durante siglos los Estados se financiaron sin este impuesto que hoy tomamos como algo dado e indiscutible. En el caso de Estados Unidos, para ponerlo en perspectiva, un tercio de los presidentes (15 de 45) gobernó e hizo crecer al país sin contar con recursos generados a partir de un impuesto sobre las ganancias de sus residentes fiscales.

Existen hoy decenas de países y jurisdicciones que no lo cobran, son las tan vapuleadas jurisdicciones offshore, también conocidas como paraísos fiscales o países de baja o nula tributación.

El punto es que hay que animar a pensar distinto.

2. La competencia fiscal es sana, como lo es la competencia en cualquier orden de la vida

No es muy complicado justificar este punto y por ende no vamos a insumir mucho tiempo en hacerlo.

Basta con preguntar a Messi y a Federer si Ronaldo y Nadal los ayudaron a potenciarse al máximo y ser más grandes aún, y viceversa.

Quienes están en contra de la competencia son quienes no pueden competir, es decir, los países con altos impuestos y un gasto público descontrolado.

No sé si les suena a algo.

3. La planificación patrimonial internacional es, en todo momento y lugar, una actividad lícita

Nadie puede obligar a una persona a organizar sus negocios de manera de pagar más impuestos.

Ergo, todos tenemos derecho a estructurar jurídicamente nuestra actividad comercial como mejor nos parezca y buscando pagar, dentro de la ley, la menor cantidad de impuestos que sea posible.

Aunque no hacía falta en absoluto, esto es algo que han reconocido los máximos tribunales de numerosos países. Entre ellos, Estados Unidos y Argentina.

4. El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo no tienen nada que ver con los sistemas tributarios ni con la percepción de impuestos

Lo países de alta tributación, y por ende baja eficiencia en el manejo de la cosa pública, por sí mismos o a través de organizaciones que los aglutinan (por ejemplo, OCDE, G-20 o FMI) quieren mezclar estos conceptos para justificar los ataques contra las jurisdicciones de baja o nula tributación.

Los hechos muestran, sin embargo, que estas actividades se dan con mayor frecuencia onshore que offshore.

De hecho, el caso de quienes lavan dinero se trata de personas y grupos que quieren pagar impuestos altos porque el objetivo último es justamente volcar dinero sucio al sistema financiero.

5. Las jurisdicciones offshore no son malas, sino que, por el contrario, tienen efectos positivos hasta para quienes no las utilizan

Muchos de ustedes habrán leído u oído la comparación que siempre hacemos entre las jurisdicciones offshore y las aerolíneas low cost, ambas muy criticadas por sus competidores, que son los países de alta tributación y las aerolíneas tradicionales respectivamente.

En el caso de las aerolíneas low cost, se pone un límite a los precios que las aerolíneas tradicionales pueden cobrar por los pasajes, beneficiando no solo a sus usuarios y a los usuarios de aerolíneas tradicionales sino inclusive a quienes utilizan otros medios de transporte (trenes, micros de larga distancia y demás).

Las jurisdicciones de baja o nula tributación, por su parte, ponen un límite a los impuestos que los países de alta tributación pueden cobrar, para beneficio de todos los pagadores de impuestos, las usen o no.

Es un hecho que los impuestos a nivel global se han ido reduciendo a medida que las jurisdicciones offshore fueron creciendo.

6. Los impuestos deben ser tan bajos como sea posible, con tal de que alcancen para solventar los costos de funcionamiento del Estado

Es que en esencia, en eso consisten los impuestos. Esa es su finalidad última. Si el mantenimiento del Estado fuera gratis, no se precisaría cobrar impuestos.

No hay mayores diferencias desde lo conceptual entre los impuestos y las expensas o gastos comunes de un edificio de departamentos o algún otro tipo de propiedad horizontal.

En el primer caso, se dividen los gastos entre los pagadores de impuestos. En el segundo, entre los copropietarios.

Pero si la familia del apartamento 1ºA gasta más porque es ineficiente o precisa más porque esta atravesando un mal momento, eso no implica que la del 4ºB, que por una u otra razón está en una mejor situación económica o financiera, debe hacerse cargo de una proporción mayor de los gastos comunes.

Ha sido ampliamente demostrado que –tal cual sostenía no solo Arthur Laffer sino también Confucio– los impuestos altos no necesariamente implican que la recaudación fiscal lo sea.

Por el contrario, los impuestos altos generan incentivos para la evasión fiscal y los bajos para la inversión y el consumo lo cual implica, por lo general, una mayor recaudación y también un mayor crecimiento para el país de que se trate.

Y como, para muestra solo basta un botón, miremos el caso de Irlanda, que desde que redujo el impuesto a las ganancias corporativo hasta el 12,5 % actual, creció de manera descomunal.

En efecto, en menos de 10 años, entre 2010 y 2018, pasó de un crecimiento del 1,8 % anual al 8,2 % al tiempo que redujo su gasto público del 65,1 % del producto bruto al 25,7 % y el desempleo del 14,6% al 5,8 %.

7. Si se utilizan, además de para ello, para alentar ciertas conductas y comportamientos, entonces deben limitarse a incentivar ahorro e inversión, no el consumo

Por ello, entre otras cosas, es que nos oponemos tanto a los impuestos a la riqueza o a los bienes personales como al impuesto a la herencia, que son impuestos que –por más simpático que pueda parecerle a resentidos como Piketty o a las clases más humildes fogoneadas por líderes populistas– desincentivan el esfuerzo y el ahorro.

Por otro lado, se trata de los impuestos más fáciles de evitar.

8. Un sistema impositivo cuyo objetivo es redistribuir riqueza está condenado al fracaso, porque establece incentivos absolutamente inadecuados

Esto es algo que solemos explicar contando la historia de diez amigos que acudían cada noche a beber cerveza y a picar algo al mismo bar y, para que cada uno pague un monto justo, dividían la cuenta no en proporción de lo consumido ni en partes iguales sino tomando como punto de partida las ganancias de cada uno.

El resultado era que, en el caso de que por cualquier razón la persona de mayores ingresos, que era la que pagaban la mayor parte de la cuenta, dejaba de ir al bar, el resto no iba a poder pagar ni la mitad de la cuenta.

9. No existe relación alguna entre moral e impuestos

Muchas de las discusiones que existen hoy en día sobre cuestiones impositivas desaparecerían si la gente entendiera que no hay (ni debe haber) vinculación alguna entre moral e impuestos.

El origen de los impuestos, en efecto, no debe buscarse en un mandato ético o divino, sino en la simple necesidad de los Estados de financiar los servicios básicos que deben prestar a los pagadores de impuestos, así como su infraestructura.

Como señalamos más arriba, tenemos que empezar a pensar en el Estado como un gran consorcio en el cual todos somos copropietarios. Se recauda para pagar gastos.

Por el contrario, sí hay una relación entre impuestos y legalidad. Los impuestos son una imposición legal y, por ende, lo único que importa es si hay o no una ley que establece el impuesto cuya validez se esté analizando.

Esto quiere decir que, por más que a mí me guste (y piense que sea mejor para cualquier país) que el sistema tributario sea sencillo y que los impuestos sean bajos, si la ley me obliga a pagar un impuesto, debo hacerlo.

No soy en absoluto partidario de una rebelión fiscal, pero la entiendo y respeto esa postura (como cualquier otra).

En mi humilde modo de ver, sin embargo, la ley está para ser cumplida y ya tenemos bastantes problemas en la región en materia de seguridad jurídica como para olvidar eso.

Sí, voy a seguir militando para que los países latinoamericanos se transformen, algún día, en países con impuestos razonables.

10. La privacidad es un derecho humano que no debe ceder ante la mera conveniencia del Estado

Es sabido que, cuando existen conflictos entre derechos individuales, se debe protección al derecho de mayor relevancia. Es lógico que así sea.

Sentado ello, siempre un derecho de un individuo vale más que una necesidad del Estado en el que vive.

Por ende, cuando colisiona un derecho (en este caso el derecho a la privacidad) con una mera conveniencia del Estado hay que defender con uñas y dientes el derecho vulnerado. Desde ya que las autoridades fiscales tienen derecho a demandar judicialmente a quien evade sus obligaciones tributarias, pero recién ante un caso de incumplimiento deberían poder acceder, por ejemplo, a su información bancaria.

Por ello, siempre nos hemos opuesto y siempre nos opondremos a régimen de intercambio automático de información entre países, como son FATCA y el Common Reporting Standard.

Martín Litwak es fundador y CEO de la firma United Legal, una boutique de servicios legales especializada en fondos de inversión, finanzas corporativas, planificación patrimonial internacional, intercambio de información y amnistías fiscales y, a la vez, el primer “Legal Family Office” de América. Litwak es autor del libro “Cómo protegen sus activos los más ricos (y por qué deberíamos imitarlos)”.