A nadie sorprendió que el gobierno de Macri celebrara la habilitación de la justicia porteña para llevar la tarifa del subte a 3,50 pesos. En cambio, no se ha reparado en el silencio total del kirchnerismo respecto de esta decisión judicial. La razón es clara: para los K, el tarifazo en el subte servirá de pretexto para un aumento general en la tarifa del transporte.



El fallo judicial, entonces, ha consumado el pacto que firmaron hace casi dos años Macri y el gobierno nacional, para transferirle los subtes al primero sin los fondos nacionales. Aquel acuerdo le otorgaba ´facultades ilimitadas´ al gobierno PRO, para financiar la concesión al grupo Roggio con aumentos de tarifas. Con ello, los K no solamente eliminaban al subte de su plantilla de subsidios: además, abrían la puerta para hacer lo propio con el resto del transporte de pasajeros, cuyas tarifas no podrían distanciarse del valor del subterráneo.



Mientras un juez porteño le autorizaba el aumento a Macri, el jefe de gabinete Abal Medina anticipaba que ´una revisión de tarifas era necesaria´. En el presupuesto nacional 2014, está prevista una reducción del 29% en la participación de los subsidios a los servicios públicos en los gastos totales. Al cabo de una década, los K pusieron todos los recursos del Estado para socorrer a los privatizadores. Ahora que esa caja se ha fundido, quieren prolongar ese rescate con un tarifazo.



Macri, el adelantado del ajuste, hará lo mismo con otra concesión en ruinas: la de Metrovias, que funciona a costa de hacinar a los usuarios y golpear cotidianamente las conquistas de los trabajadores del subte.



Pero el tarifazo en marcha –en la Ciudad y en el país- es inseparable de la política de normalización de relaciones con el capital financiero internacional, que elevará aún más la carga de la deuda externa. Lorenzino - Boudou han habilitado a una negociación entre los fondos buitre que entraron a los ´canjes´ de deuda anteriores y quienes siguen litigando en los tribunales de Nueva York. Los primeros cederán en favor de los ´buitres´ parte de los intereses a cobrar, lo que recuperarían con creces a partir de una suba de los títulos de deuda. Pero el gabinete económico y los propios especuladores discuten que unos y otros bonistas destinen parte de los fondos a la suscripción del bono BAADE para financiar obras de infraestructura. Está claro que la garantía de ese nuevo endeudamiento externo será la dolarización de las tarifas, comenzando por el petróleo y los combustibles y concluyendo con la energía eléctrica y el transporte. Con este propósito, los K vienen avanzando implacablemente en la dolarización del precio de las naftas.



Para los especuladores y bonistas, el tarifazo es la garantía de esta nueva hipoteca nacional. Lo mismo ocurre con Macri en la Ciudad: el gobierno PRO acumula una deuda cercana ya a los 2000 millones de dólares, algo así como la cuarta parte del presupuesto porteño. El destino de ese endeudamiento es bien difuso. Pero su garantía son los aumentazos en el subte, en los peajes, en el ABL...y las tierras públicas de la Ciudad, ofertadas para su privatización. La Ciudad financia a la patria contratista, financiera e inmobiliaria, gravando a los que viven de su trabajo.



Como los anteriores aumentos en el subte, estamos ante un generoso cheque en blanco en favor del grupo Roggio. La propia Auditoría de la Ciudad informa que el gobierno PRO infló artificialmente los costos de la concesión del subte, para justificar estos aumentos.



Rechazamos el tarifazo que prepara el gobierno nacional, y los que aplican Macri y otros opositores en sus distritos; que se abran los libros de las empresas concesionarias, para que la ciudadanía pueda determinar cómo son usados los ingresos y las ganancias que produce el conjunto de los servicios de transporte y energía. Una investigación integral también debería dar cuenta del destino que el concesionario le ha dado a los enormes subsidios recibidos. Por otra parte, debería dar cuenta de qué parte del costo debería resarcir la tarifa, por un lado, y qué parte debería cubrirse con impuestos al gran capital radicado en la Ciudad, beneficiario último de la red de transporte que utilizan los trabajadores. El Frente de Izquierda batallará por estos planteos en la Legislatura, integrando la oposición al tarifazo a la defensa de las conquistas laborales de los trabajadores del subte.



(*) Marcelo Ramal es legislador de la ciudad de Buenos Aires electo por el Frente de Izquierda y los Trabajadores.



