La juez Mercedes Alaya ha abierto la puerta a la implicación en el caso ERE a un Gobierno al completo de Manuel Chaves, en concreto, al Ejecutivo que tomó posesión el 25 de abril de 2004, después de las elecciones autonómicas del 14 de marzo de aquel año. Así se desprende de una información que publica ‘El Mundo’ tras haber tenido acceso a la exposición razonada remitida por la magistrada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con los indicios contra cuatro aforados. Entre los implicados, figura la actual presidenta federal del PSOE, Micaela Navarro, que formó parte de ese Ejecutivo autonómico.

La juez considera acreditado que el Consejo de Gobierno conoció tres informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía alertando de un mal uso de los fondos públicos en numerosas empresas públicas. Pone fecha a los días en los que se abordaron esos informes: el 19 de abril de 2005, el 29 de agosto de 2006 y el 8 de mayo de 2007. Mercedes Alaya deja constancia en su escrito de que han sido los letrados del PP quienes han aportado los documentos.

“Bajo ningún concepto lógico o razonable podría negarse, a juicio de esta instructora, el conocimiento y mantenimiento de dicho sistema (en referencia al fondo de reptiles) (...) por el propio Consejo de Gobierno presidido por don Manuel Chaves”, señala la juez en la exposición razonada en la que señala a un Gobierno al completo, destacando que “constituye uno de los indicios de mayor relevancia sobre el conocimiento por parte de las más altas jerarquías de la Administración autonómica del uso ilícito de las transferencias de financiación y las consecuencias del mismo”.

La juez no actúa contra los miembros de aquel Gobierno porque la mayoría de ellos seguían siendo aforados cuando remitió la exposición razonada al TSJA y porque entiende que debe ser este tribunal el que se haga cargo desde ahora de toda la parte del caso ERE que el Tribunal Supremo ha decidido no asumir.

Alaya sugiere la presunta implicación de estas personas, entre las que hay ya cuatro “imputados”, término usado por Alaya y al que da validez el Tribunal Supremo pese a que la presidenta Susana Díaz asegura que no lo están. Se trata de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los ex consejeros Francisco Vallejo y Antonio Fernández. Además, eran parte de aquel Gobierno las diputadas en Cortes Concepción Gutiérrez y Cándida Martínez; la senadora Fuensanta Coves; la actual consejera de Hacienda, María Jesús Montero; las parlamentarias autonómicas Micaela Navarro -presidenta federal del PSOE- y Rosa Torres y los no aforados Evangelina Naranjo, María José López, Paulino Plata e Isaías Pérez Saldaña.