"Sólo dos de los 500 cargos en mis 33 años de vida política, me han salido rana. Sólo dos". Aquella frase pronunciada por la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre acabó pesando como una losa hasta el punto de que dimitió cuando se desbordó bajo sus pies el estanque de la corrupción con la detención de su número dos, Ignacio González. Desde hace dos años es Cristina Cifuentes quien ocupa el cargo de presidenta madrileña. Ha hecho bandera de la limpieza y transparencia, pero en estos dos años son varias las acusaciones que se ciernen sobre ella o sobre cargos de su administración.

El último escándalo que ha sacudido la gestión de Cifuentes afecta a su número tres Jaime González Taboada, actual consejero de Medio Ambiente en el Gobierno autonómico. Hace un año fue uno de los principales investigados en el caso Púnica David Marjaliza quien le acusó de amañar contratos públicos en favor de determinadas empresas. Ahora se ha conocido que otro funcionario de la Administración madrileña le imputó al consejero las mismas actividades irregulares ante la Audiencia Nacional. Además, en una de las conversaciones intervenidas en el caso Lezo, Ignacio González decía directamente que “Cifuentes y Taboada hacían chanchullos en todos los pueblos”.

La presidenta Cifuentes siempre ha optado por defender a Taboada. Ante cualquier sospecha de corrupción bajo su mandato apela a su colaboración con la Justicia. Sin embargo, en los últimos días se ha conocido también que ha desaparecido de los archivos de la empresa pública madrileña Nuevo Arpegio el documento original de un expediente de contratación que investiga la Audiencia Nacional en el marco del caso Púnica. La actual responsable de Nuevo Arpegio ya ha anunciado su voluntad de comparecer ante la Asamblea de Madrid para dar explicaciones de este extravío de documentación. Desde la Comunidad insisten en que han remitido a la Justicia decenas de miles de documentos.

El Código Ético para los imputados

En los últimos días la oposición madrileña y en especial Podemos se han lanzado en tromba a pedir la dimisión de Taboada. El secretario general del, partido, Pablo Iglesias, se refiere a Cifuentes como “el remake” de Esperanza Aguirre. Para lograr su investidura, Cifuentes aprobó un Código Ético que obliga a renunciar a los cargos que sean imputados por algún caso de corrupción. Esto aún no ha sucedido con Taboada. Sí dimitió en cambio el pasado mayo su segundo en la Consejería de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz después de ser imputado en el caso Púnica y de que la Guardia Civil registrase su despacho.

El listón que se impuso el PP de Madrid con Cifuentes ha obligado a abandonar escaños a varios diputados del Grupo Popular madrileño confeccionado a base de herencias de equipos anteriores, equilibrio entre familias y también personas cercanas a la presidenta. De los 48 diputados que iniciaron la legislatura 20 ya han dejado la Asamblea, aunque muchos de ellos por motivos personales o profesionales. Otros, en cambio, por investigaciones contra ellos. Maria Josefa Aguado dimitió el pasado mayo una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) aceptase la competencia para investigarla en relación con la adjudicación de un contrato en Arganda del Rey en 2007 a empresas de la trama Gürtel.

José Ignacio Echeverría también dejó su escaño al ser sorprendido al volante bajo los efectos del alcohol. En el caso de José Cabrera fue porque se negó a hacer pública su declaración de bienes. Hace ahora un año renunció Daniel Ortiz tan pronto se conoció que el Tribunal Superior de Madrid había aceptado investigarlo en relación a un presunto amaño de un contrato a la empresa Cofely de 75 millones de euros en el año 2014 a cambio de una mordida de 240.000 euros.

Jaime González Taboada (a la derecha) junto a Cristina Cifuentes y al consejero Angel Garrido.

Señala por la UCO

El peor momento de la presidenta se produjo el pasado mayo cuando un informe de la UCO de la Guardia Civil en el marco también del caso Púnica le señaló como presunta autora de un delito de prevaricación y otro de cohecho por adjudicar a dedo contratos al empresario Arturo Fernández cuando estaba en la mesa de la Asamblea de Madrid. Esta situación sólo fue aliviada por varios mensajes privados -ningún escrito oficial- filtrados por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco a varios periodistas en los que manifestaba su nula intención de imputar a Cifuentes. En la misma línea que el juez se posicionó la Fiscalía Anticorrupción. No obstante, ahora tanto el juez como el fiscal jefe Anticorrupción han sido sustituidos.

En una entrevista posterior a estos hechos, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Agudo aseguró en una entrevista para EL ESPAÑOL que "Cifuentes nunca será bandera de transparencia y regeneración". Ciudadanos es precisamente el partido que da sustento al Gobierno del PP, si bien la relación entre ambas formaciones no pasa por su mejor momento al igual que la de Cifuentes y Agudo. El apoyo de Ciudadanos es clave para mantener el poder en Madrid debido a la debilidad parlamentaria del PP que se apreció especialmente en el caso de Elena González-Moñux.

Esta diputada se declaró en rebeldía tras denunciar por acoso al portavoz de su grupo, Enrique Ossorio. Su ausencia puso en peligro la aprobación de los presupuestos de Cifuentes, aunque finalmente acudió a la asamblea y la votación se salvó in extremis. Por su parte, la Justicia acabó archivando la denuncia contra Ossorio, aunque al portavoz de Cifuentes en la Asamblea le acecha otro frente: el caso Lezo.

Caso Lezo

La Guardia Civil investiga diversos equipos de Gobierno de la Comunidad de Madrid al menos desde los tiempos de Alberto Ruiz Gallardón en 2001. Enrique Ossorio fue consejero de Economía con Ignacio González la pasada legislatura y consejero del Canal de Isabel II. Debido a ese papel tuvo que declarar en abril ante la Asamblea de Madrid donde se declaró "decepcionado" con el expresidente regional detenido y encarcelado en la operación Lezo, aunque aseguró que nunca sospechó de él. “Era un hombre que tenía la Comunidad en la cabeza (...) trabajé con él y trabajé muy bien”, declaró el portavoz popular.

La operación Lezo estalló un mes antes de la imputación de la UCO a Cifuentes. Pero en el caso de las investigaciones del Canal la presidenta desempeñó el papel de víctima. Según la Guardia Civil, Cifuentes había sido coaccionada para no dar a la Justicia datos del Canal de Isabel II que pudieran afectar a Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de una de las filiales de la empresa pública de aguas durante diez años.

Pasillo para Cristina Cifuentes D.R.

Rodriguez Sobrino era el hombre de confianza Ignacio González en el Canal y además era consejero de La Razón. Según los investigadores, las presiones a Cifuentes vinieron de parte del director del diario conservador, Francisco Marhuenda, y del hombre fuerte de Planeta, Mauricio Casals. Los dos tuvieron que prestar declaración ante el juez como investigados en compañía de sus abogados. Cifuentes acudió como afectada, pero nunca llegó a refrendar ante el juez las presuntas coacciones por lo que la causa fue archivada. La decisión de la presidenta llamó la atención a los investigadores consultados por este periódico.

Para entonces la Comunidad de Madrid hacía meses que había remitido a la Fiscalía documentación sobre el Canal y Edmundo Rodríguez fue detenido y encarcelado. Había sido durante diez años el hombre fuerte de Ignacio González en el Canal. Al frente de unas filiales había pilotado muchas de las dudosas inversiones en Iberoamérica de las que ahora la Comunidad de Madrid quiere deshacerse. Él fue uno de los acompañantes de Ignacio González en el viaje de 2008 a Cartagena de Indias (Colombia) de las bolsas de basura en el que fueron espiados. A pesar de estos antecedentes, Cifuentes mantuvo a Rodríguez Sobrino un año en su mismo puesto. No fue cesado hasta que su nombre apareció en los papeles de Panamá.