Héctor Illueca Ballester *

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social (FRSS), popularmente conocido como la "hucha de las pensiones", se encuentra bajo presión. Según la nota de prensa publicada el pasado miércoles por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Gobierno ha detraído 1.000 millones de euros para liquidar el IRPF de los pensionistas, que se suman a los 8.700 millones retirados el 1 de julio para hacer frente a las prestaciones. En total, la quita producida durante este mes asciende a 9.700 millones de euros, una cifra que no tiene precedentes en la breve pero intensa historia del controvertido instrumento financiero. La medida, aunque esperada, ha provocado preocupación entre los beneficiarios actuales y futuros de las prestaciones por jubilación, sembrando un clima de inquietud sobre la viabilidad futura del sistema de pensiones. Ciertamente, cualquier proyección a futuro evidencia que, de persistir las tendencias actuales, los recursos del FRSS se agotarán en una fecha no muy lejana. Algunos analistas hablan del año 2020 . Tal vez antes. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

El FRSS fue creado en 1997 en el marco de los Pactos de Toledo, que ya preveían la necesidad de constituir reservas para atenuar los efectos del ciclo económico sobre la financiación de las pensiones. La idea era aprovechar las fases de expansión económica para crear un mecanismo de estabilización financiera con los excedentes anuales de las cotizaciones sociales: una especie de "colchón financiero" que permitiera afrontar el abono de las prestaciones en los momentos de crisis, aunque se produjera un descenso en los ingresos del sistema. Para garantizar este objetivo, la disposición de sus activos se limitaba a aquellos casos en que fuera estrictamente necesario para satisfacer las pensiones contributivas, que es precisamente lo que ha venido haciendo el Gobierno desde el año 2012 ante los problemas de liquidez en la caja de la Seguridad Social. Como opción de política legislativa, el FRSS resulta discutible, pues refuerza la segregación presupuestaria de la Seguridad Social y dificulta el recurso a otras fuentes de financiación basadas en el principio de solidaridad, como pueden ser los impuestos.

Sea como fuere, la crisis económica ha alterado sustancialmente el marco económico y financiero del sistema de Seguridad Social, generando un déficit presupuestario que en el año 2015 alcanzó la nada despreciable cifra de 18.000 millones de euros. No obstante, hay que advertir de inmediato que ello no es la consecuencia inevitable del ciclo económico, sino el efecto predecible de las políticas socio-laborales auspiciadas por la Unión Europea y aplicadas con mano de hierro por el gobierno del Partido Popular. En efecto, la reforma laboral de 2012 ha propiciado una intensa devaluación salarial, socavando los cimientos de la negociación colectiva y extendiendo la precariedad laboral al conjunto de la población trabajadora. Como es lógico, las cotizaciones sociales se han resentido y fuentes de toda solvencia cifran en 15.000 millones de euros el impacto de la devaluación salarial sobre los fondos de la Seguridad Social. Si a ello añadimos una situación de desempleo masivo y persistente y una incomprensible política de bonificaciones en las cotizaciones empresariales, veremos nítidamente las tensiones a las que se enfrenta nuestro sistema de protección social.

Ante esta realidad, la única respuesta del Partido Popular consiste en esquilmar los recursos del FRSS. En lugar de buscar alternativas que garanticen la viabilidad de las pensiones, insiste en la senda de la austeridad fiscal y de la desrregulación laboral, poniendo en grave riesgo el régimen público de Seguridad Social. Los datos son abrumadores y arrojan una preocupante conclusión: el Partido Popular está llevando a la quiebra el sistema de pensiones para justificar su futura privatización y desviar un gigantesco flujo de capital hacia las instituciones financieras. Recordemos que los recursos de la "hucha de las pensiones" alcanzaron su punto álgido en el año 2011, 66.815 millones de euros, pero desde la victoria del PP en las elecciones de ese año han menguado progresivamente mediante sucesivas disposiciones, encontrándose actualmente en el nivel más bajo desde su constitución: 24.207 millones de euros. Si no se adoptan medidas, el déficit de la Seguridad Social persistirá y, más temprano que tarde, el FRSS no podrá hacer frente a las obligaciones contraídas con los pensionistas.

¿Qué hacer? A mi modo de ver, el deterioro del FRSS exige una intervención decidida y ambiciosa para garantizar el futuro del sistema de pensiones con base en el artículo 50 de la Constitución Española, que compromete a los poderes públicos en la promoción y desarrollo del mismo. A efectos expositivos, pueden distinguirse dos clases de medidas compatibles y complementarias: las primeras son de carácter urgente y están encaminadas a relajar las tensiones de liquidez a las que se enfrenta la Seguridad Social, aunque sea de manera transitoria. Las segundas, de carácter estructural, atacan de raíz los problemas a los que me he referido y apuntan a una reforma más profunda de nuestro sistema de pensiones. Ambas líneas de actuación están relacionadas y definen una intervención legislativa de amplio alcance que entronca con la cláusula del Estado social y Democrático de Derecho consagrada en el artículo 1º de nuestra Carta Magna. Me referiré por separado a estos dos aspectos.

En primer lugar, es urgente incrementar los tipos de cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en 3 puntos porcentuales, lo que permitiría obtener ingresos adicionales por valor de 10.000 millones de euros, aproximadamente. Esta medida, unida a la supresión de las injustificables bonificaciones existentes, aliviaría las tensiones financieras del sistema y elevaría la presión recaudatoria a niveles similares a los que existían no hace tanto tiempo. No hay otro camino. Junto a ello, es imprescindible concentrar los esfuerzos de la Inspección de Trabajo en la detección y corrección de la situación de infra-cotización derivada de excesos de jornada y usos abusivos de la contratación a tiempo parcial, que en la actualidad constituyen la principal bolsa de fraude al sistema de Seguridad Social. Reforzar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y arbitrar garantías legales en materia de tiempo de trabajo constituyen una prioridad política para apuntalar la solvencia del sistema.

Estas medidas permitirían afrontar con tranquilidad una reestructuración del sistema de pensiones, toda vez que los mecanismos de financiación contemplados en los Pactos de Toledo empiezan a dar muestras inequívocas de agotamiento. La clave es superar la concepción neoliberal que separa la Seguridad Social de los Presupuestos Generales del Estado y limita la financiación de las prestaciones por jubilación a los ingresos obtenidos a través de las cotizaciones sociales. Por el contrario, al tratarse de un derecho constitucional, las pensiones deben financiarse a través de aportaciones estatales, sobre la base de un sistema tributario justo y progresivo que tenga en cuenta la capacidad económica de las empresas y sitúe la presión fiscal en niveles similares a los de otros países de nuestro entorno. Y todo ello en el marco de una nueva política económica que ponga en el centro la consecución de un crecimiento sostenible y la creación de empleo decente, abandonando para siempre las políticas de austeridad. La premisa, por supuesto, consiste en apartar a una clase política tan irresponsable como peligrosa.

(*) Héctor Illueca Ballester es doctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social y profesor de la Universidad de Valencia.