Fueron dos los senadores que presentaron un documento para reformar las Leyes Secundarias de la Ley Federal del Trabajo. Ambos son del PRI y ambos tienen como origen dos organizaciones que son también tricolores desde hace décadas: la CTM y la CROC.

Faltan dos semanas para que terminen las actividades de la actual legislatura y las alertas están encendidas ya que, conforme el tiempo se agota, se abre la posibilidad de que se apruebe esa Ley sin tomar en cuenta todas las opiniones y con la intención de ponerle fin al derecho laboral en México, alertan senadores de oposición.

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- En las siguientes dos semanas, senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) podrían aprobar, sin discusión ni consenso, los cambios a las leyes secundarias de la Ley Federal del Trabajo que hacen aún más flexible la subcontratación y ponen más trabas a las huelgas y a la contratación colectiva, alertaron senadores de la oposición.

Se trata de cambios al Artículo 15 A de la actual Ley y es, por completo, una iniciativa completamente priista.

El pasado 7 de diciembre, los senadores priistas, Tereso Medina Ramírez, quien es miembro de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) desde 1980 y quien ha ocupado varios puestos dentro de esa organización, e Isaías González Cuevas, integrante y ex funcionario de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y quien sólo tiene estudios de secundaria, presentaron al Senado de la República la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo.

Ahí proponen quitarle todos los candados a la subcontratación; es decir, le abre la puerta de par en par al outsourcing o subcontratación, con el mínimo de prestación laboral.

De aprobarse tal cual fue presentada, dejaría como única obligación de una empresa con sus trabajadores el registrarlo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y darle una constancia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

La iniciativa se presentó cuando en el Senado de la República la atención estaba puesta en la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y forman parte de las leyes secundarias que están contempladas en la materia y que debían emitirse antes de febrero de 2018.

Desde que se hizo pública esa iniciativa, académicos y expertos señalaron que el documento puede tener consecuencias en términos de desigualdad y bienestar en los mexicanos, ya que si el Gobierno federal busca avanzar hacia la flexibilización laboral, debería proponer a la par políticas para dar a los trabajadores contratados por outsourcing, acceso a la salud, una pensión, seguro de desempleo, indemnización, etcétera. O sea, todas las prestaciones.

Además, en el terreno de las cifras y la experiencia, resulta evidente que esta política laboral no ha dado los frutos esperados en bienestar ni en generación de empleos de calidad.

El día de ayer, el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México falló a favor de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, en un amparo promovido en contra de esas leyes secundarias.

El amparo fue contra ambas cámaras y contra el Presidente de México.

En entrevista con SinEmbargo, el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, representante del bloque conformado por el Partido del Trabajo (PT) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), destacó que el problema es que la iniciativa del PRI, de aprobarse tal y como está el dictamen, representará “la extinción del derecho laboral en México”.

Esto porque no sólo revierte todos los avances del Artículo 123, sino que además constituye una contrarreforma por la cantidad de requisitos que tiene para el derecho a huelga o para la contratación colectiva, “la hace tan difícil que terminará siendo imposible”.

“Es un dictamen tan peligroso como desafortunado. El dictamen está tan mal hecho, es tan atroz, que significa un deterioro tan grande de los derechos humanos de los trabajadores que muchísimas organizaciones de trabajadores en Canadá, Europa y Centro y Sudamérica, ya han externado su preocupación de que de aprobarse esta ley sería violatorio a los derechos humanos de los trabajadores mexicanos. Esta Ley, en los términos que está el dictamen que se mandó, no significa más que mayor desgracia para los trabajadores mexicanos”, comentó Fernández Fuentes.

EL FIN DEL DERECHO LABORAL

Entre las organizaciones que han criticado el dictamen del PRI están Global Junior, la United Electrical Radio and Machine Workers of America, International Association of Machines and Eerospace Workers, International Brotherhood of Teamsters y la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas.

Una de las razones de las críticas es que la Ley dejaría como única obligación de una empresa con sus trabajadores, registrarlo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y darle constancia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Al respecto, Rodolfo Rubén Islas Ramos, secretario técnico de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que aprobar las leyes secundarias es más una decisión de carácter político y que pasa por encima de una discusión de fondo del problema.

Islas Ramos se centró en lo que concierne a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

“Hay una reforma vigente en materia constitucional del Artículo 123 que modificó de lleno nuestro sistema laboral. Veníamos de un sistema laboral con Juntas de Conciliación y Arbitraje integradas por una parte patronal, una de trabajadores y otra del gobierno. Ese es un sistema que ya no es vigente en ninguna otra parte del mundo y que nosotros mantenemos por dos razones: una, el poder corporativo que el Gobierno, el PRI, ejerce sobre sus sindicatos –CTM, CROC, CROM– y por otro, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que eso le garantiza el control de las negociaciones políticas”, expuso el legislador Islas.

Desde su perspectiva, hay un interés de parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto de saltarse la discusión de fondo de la legislación de reglamentaria de esta reforma constitucional por compromisos que tiene, particularmente con el CCE.

“Quien está más interesado en que la reforma se apruebe tal y como la propusieron estos dos senadores del PRI, es el Consejo Coordinador Empresarial. Son ellos los que no han querido entrar al debate o a la discusión o a la comprensión de la iniciativa que presentó el PRI. Han venido planteando que la representación tripartita en los órganos de conciliación, particularmente en el Instituto de Conciliación que ordena la Constitución debe seguir siendo tripartita, cuando la Constitución anuló cualquier forma de representación tripartita. Ese organismo debe ser público descentralizado, con una representación de profesionales en materia laboral que garanticen la independencia del Instituto, tanto frente a los Sindicatos como a los organismos empresariales”, explicó.

QUINCE DÍAS DE ALERTA

A 15 días de que que termine la Legislatura las alertas están encendidas, ya que en el Senado, al igual que en el Cámara de Diputados, hay mayoría priista.

De acuerdo con el Senador Fernández Fuentes, se debe destacar que la oposición ya ganó el debate realizado en varios foros al respecto y en todos los casos los académicos, los líderes sindicales, las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, coincidieron en oponerse a la Ley.

Agregó que hasta la fecha no hay nadie que hable a favor, ni los verdaderos autores que, dijo, son de un despacho empresarial de Nuevo León.

“Esta Ley está tan mal hecha que hasta los que lo hicieron les da vergüenza salir a defenderla y sobre eso no podemos trabajar. Pero el PRI y sus secuaces, con mayoría, sabemos cómo se la avientan. Ya ni siquiera le entran a debatir porque saben que eso lo tienen perdido, que no les asiste la razón. Sólo tienen el cinismo para ir a votar”, comentó.

Para el Secretario Técnico del PRD, hay una señal de alerta porque hace dos semanas se presentó un proyecto de dictamen sin que la Comisión de Trabajo y Previsión Social se haya reunido.

“En ese proyecto de dictamen ya se establecía aprobar la Reforma tal y como la presentó el PRI, lo cual es absolutamente grave. Primero porque se soslayó la propuesta que presentó el PRD y que avala la propuesta de la Organización Nacional de Trabajadores (UNT) y porque la propuesta que ellos tienen es una posición que deja parcial la reglamentación de la Reforma Laboral porque ellos no atienden la reforma en términos del Poder Judicial de la Federación […] El PRI puede intentar aprobar la ley en estas dos semanas que quedan, las de conclusión del periodo”, agregó.

Aunado a lo anterior, destaca lo ya denunciado por el Senador del Partido del Trabajo respecto que se creó una mayoría artificial en la Comisión del Trabajo, que tenía cinco miembros y ahora tiene nueve, con un 70 por ciento de senadores del Partido Revolucionario Institucional.

“Se debe realizar un dictamen que respete lo que dice la Constitución. No es conveniente que se apruebe esta Ley y haya una movilización tan amplia de quien esté en contra”, concluyó.

Finalmente, para Islas, la propuesta más racional es que no se apruebe nada y esperar a entrar a la discusión de fondo de la Reforma a la reglamentación laboral, poniendo en la balanza ambas propuestas y abriendo a la discusión pública. Lo cual implicaría llegar a un proceso en el que tendríamos una reglamentación mucho más acabada y con mucho consenso.

El documento de 286 páginas, presentado por Tereso Medina Ramírez, quien es miembro de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) desde 1980 y quien ha ocupado varios puestos dentro de esa organización, e Isaías González Cuevas, integrante y ex funcionario de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), es una Ley que impactaría a más de 40 millones de trabajadores y a sus derechos laborales.