Turistas visitan el pazo de Meirás, en el municipio de Sada (A Coruña). óscar corral / epv

Un telegrama del gobernador civil de A Coruña y un extraño contrato de compraventa de hace más de 80 años pueden convertirse en la vía legal para que la Administración le arrebate a la familia Franco las llaves del pazo de Meirás. Un informe jurídico presentado este martes en la Diputación de A Coruña destapa que Francisco Franco se valió de una artimaña en 1941 para que la Ley de Patrimonio Nacional, aprobada por su propio gobierno solo un año antes, no le impidiera quedarse con la finca. El dictamen aboga por presentar una demanda civil ante los tribunales para demostrar que Meirás es desde 1938 un bien público y que los herederos del dictador deben devolverlo sin recibir ni un euro.

La clave está en una escritura firmada por el dictador en 1941. Se trata de un supuesto contrato de compraventa del pazo de Meirás y fue suscrito por Franco tres años después de que se anunciara públicamente que la propiedad ubicada en Sada (A Coruña) había sido comprada con aportaciones populares y donada al dictador. El documento recoge un precio extrañamente bajo que ni siquiera se abonó en el mismo momento de la rúbrica, como solía hacerse en aquella época en la que no funcionaban las transferencias bancarias. Quien consta como vendedor es el industrial coruñés Pedro Barrié de la Maza, fundador de Fenosa y del Banco Pastor, uno de los prohombres que colaboró en engordar el patrimonio del dictador regalándole la mansión que había sido residencia de la escritora Emilia Pardo Bazán.

Los juristas que han elaborado el informe sostienen que es un “contrato simulado”, es decir, “nulo de pleno derecho” y que su declaración como tal por parte de los tribunales es “imprescriptible, no tiene plazo”. “Se dio apariencia formal de que el bien estaba siendo objeto de una compraventa”, explica Xabier Ferreira, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Santiago y coordinador del informe jurídico. “Pero en ese año Franco de facto ya poseía el bien, ya lo había ocupado. Carmen Polo lo visitaba con cierta asiduidad y diversas instituciones públicas habían hecho inversiones en los accesos y en el cierre, por ejemplo”.

¿Por qué era tan importante para Franco firmar un contrato ficticio? La razón, explica Ferreira, está en una ley que había sido aprobada un año antes, en 1940, y que preveía la incorporación al Patrimonio Nacional de los bienes destinados “al uso y servicio del jefe del Estado”, una definición en la que se podía encuadrar el pazo de Meirás. "Los Franco quisieron dejar todo atado y bien atado, trabajaron para intentar impedir que el bien fuese considerado un regalo al jefe del Estado", resume la vicepresidenta de la Diputación de A Coruña, Goretti Sanmartín (BNG) la estrategia del general fascista.

Para demostrar que el dictador ya poseía el pazo de Meirás cuando en 1941 estampó su rúbrica en ese supuesto contrato de compraventa, Ferreira ha encontrado en la prensa de la época la publicación de un telegrama que el gobernador civil de A Coruña envió en 1938 al cuñado y ministro de Franco, Ramón Serrano Suñer. “El tribunal tendrá que valorar si el telegrama en el que se decía ‘hemos comprado el bien y se lo vamos a donar al Generalísimo’ es una tomadura de pelo o una realidad”, apunta Ferreira. De los archivos ha desaparecido, señalan fuentes de la Diputación coruñesa, cualquier otro rastro del acto formal por el que Franco habría tomado posesión del pazo que le fue donado, de ahí la importancia del telegrama.

Los autores del informe jurídico defienden que Meirás fue a todas luces durante la dictadura un bien destinado “al uso y servicio del jefe de Estado". Entre sus muros, incide Ferreira, se celebraron audiencias y consejos de ministros -uno de ellos presidido incluso por el ahora rey emérito Juan Carlos de Borbón- y durante el verano tuvo un “uso similar al Palacio del Pardo”, que es Patrimonio Nacional.

El contenido del dictamen será analizado el próximo jueves por la Xunta pro Devolución do Pazo, un frente institucional nacido en Galicia el pasado verano, capitaneado por la Diputación de A Coruña e integrado por 80 instituciones y colectivos sociales, entre ellos 40 Ayuntamientos gallegos, que fue quien encargó el estudio. Este organismo, cuyo nombre hace alusión a la Junta Pro Pazo del Caudillo constituida en la comarca coruñesa en 1937 para recaudar dinero puerta a puerta entre los vecinos, debatirá los pasos a seguir y qué entidades pueden tomar la posible iniciativa para acudir a los tribunales.

“No podemos perder mucho tiempo”, advierte la vicepresidenta de la Diputación coruñesa sobre el anuncio de venta del pazo por ocho millones de euros en una inmobiliaria de lujo. “Pero los posibles interesados en la compraventa deben saber los problemas que tiene esta propiedad, resultado de un proceso ilícito de apropiación”.