Un perjuicio patrimonial de 41,8 millones de euros. Ese es el resultado del préstamo de dudoso cobro concedido por el antiguo equipo directivo de Caixanova a una sociedad del hermano de su ex director general adjunto, Gregorio Gorriarán, y de la constructora Copasa, socia de la entidad financiera en varias compañías, para la construcción de una urbanización en Rivas Vaciamadrid. Anticorrupción considera que con ese crédito -que nunca se pagó- y su refinanciación, la cúpula de la caja y los empresarios beneficiados pudieron haber cometido los delitos de apropiación indebida y administración desleal. Todos ellos declararon el martes y el miércoles en la Audiencia Nacional.

La nueva denuncia del fiscal llega a penas dos meses después de que ese mismo tribunal condenara a dos años de cárcel a Gorriarán y a los exdirectivos José Luis Pego y Julio Fernández Gayoso, entre otros, por el cobro indebido de indemnizaciones millonarias. La investigación abierta ahora relata una más de esas operaciones urbanísticas ruinosas, financiadas sin apenas garantías y sin que se hubiera valorado correctamente su riesgo. Un supuesto trato de favor a un grupo de empresarios por su cercanía a miembros destacados de la entidad. Caixanova concedió a Rivas ACI, constructora propiedad de, entre otros, Copasa -cuyo presidente es el empresario José Luis Suárez- y del hermano del exdirectivo de la caja, Antonio Gorriarán, un préstamo hipotecario por 67,1 millones de euros el 31 de diciembre de 2007.

En diciembre de 2010, Caixanova se fusionó con Caixa Galicia dando lugar a Novacaixagalicia, un proceso en el que el FROB puso 1.162 millones de euros

El crédito, concedido sobre las dos parcelas que se iban a urbanizar, se aprobó sin analizar correctamente el peligro de impago, según el Ministerio Público. Tampoco se valoró que la solvencia de Rivas ACI dependía únicamente del valor de esas fincas y que sus accionistas, entre ellos Copasa y Gorriarán, que se habían constituido en avalistas, presentaban problemas importantes de liquidez e incluso algunos de ellos patrimonio negativo. Además, de esa operación, aprobada por la comisión delegada de la caja, no se dio cuenta a los órganos de gobierno de la entidad, relata la denuncia de la fiscal Inmaculada Violán.

Imagen de una de las sedes de Caixanova en 2010. (EFE)

Solo año y medio después y con la burbuja inmobiliaria en plena explosión, se cumplieron los peores pronósticos. Rivas ACI dejó de pagar los intereses de su préstamo, que ascendían por entonces a 894.000 euros. Se trataba de una empresa morosa, pero a Caixanova pareció no importarle. La entidad accedió a reestructurar las condiciones del crédito cambiando el cobro de intereses de mensual a anual. Rivas ACI se comprometió a satisfacerlos el 1 de enero de 2010.

Refinanciación a pesar del impago

Llegó ese día y la prestataria tampoco pagó los 1,8 millones de intereses que debía. Sin embargo, la entidad financiera, en lugar de ejecutar la hipoteca, refinació sus condiciones otorgándole otro préstamo por esa cantidad para que pudiera abonarlos. Dio igual que la sociedad hubiera incurrido en mora y que hubiera incumplido en dos ocasiones sus obligaciones de pago. A pesar del enorme riesgo de la operación, la caja siguió apoyando financieramente a Gorriarán y Copasa.

Varios de los directivos de la caja imputados declararon esta semana ante la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, la instructora del caso, que esa refinanciación se otorgó para ganar tiempo. El objetivo, aseguraron ante la instructora, era buscar una solución que minimizara la pérdida para la entidad.

El crédito se aprobó sin analizar correctamente el peligro de impago, según el Ministerio Público

No fue suficiente. Caixanova acudió por tercera vez en auxilio de Rivas ACI en noviembre de 2010, cuando solo quedaba un mes para que esa sociedad tuviera que devolver la totalidad del capital del préstamo, es decir, los 67 millones concedidos a finales de 2007. Faltaban escasos días para que se produjera la fusión entre esa entidad financiera y Caixa Galicia, dando lugar a Novagaliciacaixa y el sector inmobiliario estaba muerto debido a la explosión de la burbuja.

Pero la financiera inmobiliaria de Caixanova, Proinova, cuyo consejero delegado era entonces Gregorio Gorriarán, hermano de uno de los promotores, accedió a comprar a Rivas ACI las dos parcelas hipotecadas. En plena crisis, esas fincas habían perdido gran parte de su valor, pero la filial de la entidad financiera se ofreció a adquirirlas por 68,8 millones, el importe del capital pendiente de pago y el IVA correspondiente. Con ese trato, Proinova se convertía en deudor frente a su matriz y los promotores quedaron en gran parte liberados.

Para los directivos imputados, con esa compra se buscó “la menos mala de las soluciones” para la caja, tal y como declararon esta semana ante la juez Lamela. Esa compraventa, aseguraron en la Audiencia, fue, según su versión, una "dación en pago".

Compra ruinosa para la caja

La compra fue ruinosa para Proinova, según la fiscalía. Porque de acuerdo con una tasación de esos dos terrenos realizada solo dos meses después de adquirirlos, su valor real era de 26,2 millones de euros, es decir, menos de la mitad de lo que la filial de Caixanova pagó a Rivas ACI por ellos. Además, en un cuarto capote a esta última, la caja le condonó los 2,3 millones de intereses que hasta el momento no había pagado. Sumadas todas las pérdidas, el perjuicio patrimonial causado a la entidad por los directivos que aprobaron la operación fue de 41,8 millones de euros, según Anticorrupción.

Según una tasación de los terrenos, su valor real era de 26,2 millones, es decir, menos de la mitad de lo que la filial de Caixanova pagó a Rivas ACI por ellos

Días después, el 1 de diciembre de 2010, Caixanova se fusionó con Caixa Galicia dando lugar a Novacaixagalicia, un proceso en el que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) puso 1.162 millones de euros. Dos años más tarde la entidad fusionada se convirtió en una de las rescatadas por la Unión Europea. El Estado inyectó en ella otros 5.425 millones debido a sus enormes problemas de financiación.

Entre los denunciados por la fiscalía que han declarado esta semana como imputados ante la instructora se encuentra el propio Gregorio Gorriarán (ex director general adjunto de Caixanova) y su superior y exdirector general, José Luis Pego. También el expresidente de la comisión delegada de la caja, Julio Fernández Gayoso, y otros ocho miembros de ese mismo órgano.

Además están imputados los empresarios supuestamente beneficiados, entre ellos, José Luis Suárez, presidente del grupo Copasa, y Antonio Gorriarán, hermano del exdirectivo también imputado.