El presidente del Parlament, Roger Torrent (primero por la izqda.), seguido de los condenados por el 'procés', el pasado 28 de enero.

El Govern de la Generalitat donó 150.000 euros en 2019 al departamento de la ONU que, ese mismo año, emitió un dictamen reclamando la puesta en libertad de Oriol Junqueras, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez cuando todavía se encontraban en prisión preventiva a la espera de conocer la sentencia del Tribunal Supremo, que acabaría condenando a 13 años de cárcel al jefe de filas de ERC y a nueve al líder de Òmnium Cultural y al ex presidente de la ANC, respectivamente.

La Generalitat realizó esta aportación a través de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, según consta en la relación de "contribuciones voluntarias" que anualmente publica la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU -OHCHR, según sus siglas en inglés-.

De esta oficina depende el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria que en mayo del pasado año emitió un dictamen no vinculante en el que consideró "arbitraria" la situación de prisión preventiva de Junqueras, Cuixart y Sànchez y defendió su "inmediata puesta en libertad", así como la necesidad de "concederles una indemnización" y de que el Gobierno iniciara una "exhaustiva investigación" de las circunstancias que rodeaban a su encarcelamiento.

La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, desde la que se realizó la donación al departamento de la ONU, depende de la Consejería de Exteriores de la Generalitat, que controla ERC y que está dirigida por Alfred Bosch. Precisamente, fue el dirigente del partido presidido por Junqueras quien publicitó y difundió el dictamen a través de los canales oficiales de la Consejería de Exteriores y quien exigió a las autoridades españolas "cumplir con la decisión del grupo de trabajo de la ONU y liberar de inmediato a los presos políticos".

Torra califico el informe de "obligado cumplimiento"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, llegó a realizar una declaración institucional desde el Palau en la que, basándose en las conclusiones del grupo de trabajo de la ONU, reclamó a la Fiscalía retirar las acusaciones que pesaban contra los dirigentes independentistas presos como paso previó a su puesta en libertad.

Torra tildó de "demoledora" la opinión del grupo de trabajo de la ONU, y sostuvo que, aunque sólo citara a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, implicaba "al resto de presos políticos" y debería ser de "obligado cumplimiento". "Si el Reino de España no la cumple estará vulnerando el derecho internacional", manifestó.

El Ministerio Público desatendió la reclamación del president y el Ejecutivo criticó la "falta de rigor" del dictamen y acusó a sus redactores de no "saber de qué delitos están acusados en España" los presos preventivos sobre los que se estaban posicionando.

El entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, se quejó por carta a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a quien reclamó "corregir" las consideraciones expresadas en el informe y ante la que denunció "cierta connivencia o correlación entre quien emite la opinión y quien la comunica a la opinión pública", en referencia a la Generalitat.

El abogado Ben Emmerson (izqda.) y Seong-Phil Hong y José Guevara, miembros del grupo de trabajo. EFE / EL MUNDO

España pidió a la ONU que dos miembros del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias se inhibieran. La petición afectaba al mexicano José Guevara -que preside el ente y firmó el informe- y al surcoreano Seong-Phil Hong. El Estado denunció "conflicto de intereses" con Ben Emmerson, abogado de los tres políticos catalanes, que había trabajado con ambos en órganos similares de la ONU.

El departamento de la ONU no emitió su dictamen de oficio, sino después de que Junqueras, Cuixart y Sànchez lo solicitaran a través de Emmerson como parte de su estrategia de "presión internacional" al Tribunal Supremo, que estaba a punto de dejar visto para sentencia el juicio del 1-O.

Québec y el Gobierno vasco también donaron a la ONU

En 2019, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU recibió donaciones de más de 70 países, entre ellos España, que aportó 1,5 millones de dólares. Sin embargo, sólo tres regiones -reconocidas por haber intentado impulsar procesos independentistas- realizaron donaciones paralelas: Québec aportó 30.000 dólares canadienses, el Gobierno vasco 20.000 euros y la Generalitat de Cataluña los ya citados 150.000 euros.

En la relación de donaciones de la oficina de la ONU sólo aparece una anterior de la Generalitat catalana, por valor de 100.000 euros y realizada en 2016, ejercicio previo al 1-O. Las aportaciones del Ejecutivo vasco sí se repiten anualmente desde 2015.

La visita del parlamentario letón

La donación al grupo de trabajo se conoce poco después de que trascendiera que la Mesa del Congreso aprobó -con los votos a favor del PSOE y Unidas Podemos- sufragar con 4.000 euros el viaje a España de Boriss Cilevics, un parlamentario letón que cuestiona la sentencia del procés.

La visita de este relator -que elabora un informe que elevará al Consejo de Europa donde aborda si en España hay presos políticos- incluyó una visita a la cárcel de Lledoners para verse con Junqueras y otros dirigentes independentistas que cumplen condena por sedición.

Posteriormente se desplazó al Parlament, donde despachó durante más de media hora con su presidente, Roger Torrent, y donde los diputados del PP y Ciudadanos le entregaron varias sentencias del Tribunal Constitucional sobre la "vulneración de derechos de los diputados constitucionalistas".

Las fuerzas separatistas intentan ahora recuperar el pulso internacional exigiendo al Gobierno que un relator supervise la mesa de negociación sobre el "conflicto político".