Yuriy Tiberiyevich Kepych, un ciudadano ucraniano preso en Argentina desde principios de siglo, fue finalmente extraditado a su país de origen. Con un estricto operativo de seguridad monitoreado por el ministerio de Seguridad de la Nación, las fuerzas federales llevaron a Yuriy Tiberevich Kepych al aeropuerto internacional, desde donde partió rumbo a Kiev, Ucrania. Allí continuará cumpliendo la condena de cadena perpetua por el delito de robo y homicidio agravado.

Sin embargo, más allá de los posibles datos morbosos referentes a los pormenores policiales del hecho que lo llevó a la cárcel, Kepych supo construir fama de revoltoso dentro del sistema carcelario del Servicio Penitenciario Federal.

Condenado en 2002 a prisión perpetua por el homicidio del peletero también ucraniano Myrko Lang –una cinco puñaladas que mandaron a la víctima diez días al hospital hasta que murió– Kepych fue un verdadero dolor de cabeza para el Complejo Federal 1 de Ezeiza y para los Juzgados Federales 1 y 2 de Lomas de Zamora, que tienen jurisdicción sobre el penal. Es que el Ucraniano no sólo aprendió el idioma, sino que aprovechó el tiempo para estudiar las leyes argentinas.

A través de los hábeas corpus salía al menos una vez por semana al juzgado que estuviera en turno de Lomas de Zamora donde exigía mejoras alimenticias, que el menú no se repitiera en la semana, que lo cambiaran de celda y un montón de cosas que planteaba como resarcimiento a un supuesto empeoramiento de su condición de preso.

En diciembre de 2014, Kepych fue noticia por haber liderado el reclamo del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria –sí, existe el sindicato de presos y está afiliado a la CTA de Hugo Yasky– que exigía el pago de aguinaldo, vacaciones y seguro de desempleo para los reclusos.

El reclamo encanbezado por Kepych logró que la Defensa Pública Oficial y la Procuración Penitenciaria de la Nación plantearan el habeas corpus ante el Poder Judicial. La exigencia llegó a la Cámara Federal de Casación Penal a fines de 2014. En un fallo firmado por los jueces Alejandro Slokar (miembro fundador de Justicia Legítima que hoy tiene la denuncia de Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner), Ángela Ledesma y Pedro David, la justicia hizo lugar al pedido y afirmó que "la lucha contra la inseguridad solo será posible si se brinda empleo a los reos y dispuso que se cree un régimen laboral para los convictos con idénticos derechos que los de una persona libre".

(*) Seguir a Nicolás Lucca en Twitter: @NicolasLucca

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