Daniel Ortega y Nicolás Maduro de paseo en las calles de Managua el 20JUL16. Foto:@presidencialven

Diario Las Américas

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eportajes publicados por prensa de Managua develan el manejo corrupto del pacto firmado por Hugo Chávez para apuntalar el gobierno de Daniel Ortega mediante el envío de 10 millones de barriles de petróleo al año. Los acuerdos que datan de 2007 y 2008 establecieron un esquema para el pago de la factura petrolera: 50% sería cancelado a corto plazo en 90 días; un 25% sería regalo de Venezuela al gobierno de Nicaragua como “cooperación” del “Fondo Alba” y el restante 25% sería pagado en un plazo de 25 años. Ortega decidió, con el visto bueno del régimen chavista, colocar el manejo del 25% de la cooperación petrolera venezolana en manos de la cooperativa Caja Rural Nacional Caruna, controlada por el sandinismo y que por tratarse de un ente privado no es objeto de supervisión de la Asamblea Nacional.

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La revista nicaragüense Confidencial, dirigida por Carlos F. Chamorro, tuvo acceso a documentos de la petrolera estatal venezolana Pdvsa. En uno de ellos, elaborado en 2013 por la consultora jurídica de PDV Caribe, empresa subsidiaria de Pdvsa, se informa que los fondos provenientes de la porción de largo plazo de la deuda petrolera nicaragüense “están siendo administrados fuera del marco legal de dicho acuerdo”.

En un reportaje del 15AGO16, Confidencial asegura que la deuda de la cooperativa Caruna con Pdvsa fue asumida por la empresa Albanisa, la cual a su vez es propiedad en un 51% de Pdvsa y el restante 49% de Petronic de Nicaragua. Según Confidencial, en 2015 ya durante el gobierno de Nicolás Maduro, el Banco Central de Venezuela BCV, organismo controlado por el gobierno chavista, compró a su vez la deuda de Albanisa con Pdvsa. Es decir, en vez de Ortega honrar su deuda con Pdvsa, el BCV pagó la deuda que Nicaragua mantiene con la petrolera venezolana a cambio de pagarés de dudosa cobrabilidad. Negocio redondo para Ortega y un daño patrimonial para Venezuela cuyo Banco Central, con ya menguadas reservas, se convirtió en acreedor del poco solvente gobierno de Ortega.

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Según los informes de Pdvsa relevados por Confidencial, Ortega creó un esquema fraudulento para compensar parte de su deuda petrolera con Venezuela. Según los términos pactados por Chávez y Ortega parte del pago de la deuda petrolera a largo plazo podría realizarse con trueque por mercancías nicaragüenses. Ortega dejó de pagar su deuda petrolera de corto plazo alegando el envío de mercaderías al gobierno venezolano, pero esos productos no eran de origen nicaragüense.

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“En la compensación con Nicaragua se han recibido productos provenientes de otros países (triangulación): de El Salvador (café); de Argentina (caraotas negras); de Honduras (aceite de palma); de Guatemala (novillos), y de Brasil (azúcar refino)”, reza un informe interno de Pdvsa del 01NOV13 presentado por el actual representante de Maduro en la OEA y quien fungía como Presidente de PDV Caribe, Bernardo Álvarez, al para entonces Ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez. Según Confidencial, el informe de Pdvsa adjunta, entre otros, un documento de septiembre 2012 que “refleja la recepción de un embarque de 20.764 toneladas métricas de azúcar cruda, valorado en US$15,8 millones, provenientes de Guatemala; o las 3,281 toneladas métricas de frijoles negros, de julio de 2013, valoradas en US$4,2 millones, “provenientes de la República de Argentina”. Según los papeles de Pdvsa, entre 2008 y 20013, el gobierno chavista habría recibido productos triangulados por US$ 1.764 millones, en violación de acuerdos ya de por sí beneficiosos para el régimen de Ortega y dañinos para las arcas venezolanas. Según Confidencial, los directivos de Pdvsa optaron por convalidar los términos impuestos por Ortega y “de forma excepcional y concesional, aprobar todas las compensaciones recibidas de Nicaragua hasta la fecha con la porción a corto plazo”.

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Para el 23AGO16 está prevista una reunión de los coordinadores nacionales de Mercosur la cual deberá celebrarse en la sede del organismo en Montevideo. Se trata de una instancia operativa de alto nivel del Mercosur en la cual participa un representante por cada país miembro. La representación de Venezuela pudiera ser invitada al encuentro, para de esta manera ser considerada como una reunión formal del mecanismo, aunque es probable que la cancillería chavista no se haga presente.

El propósito de la convocatoria es conocer los informes elaborados por los coordinadores de Brasil, Paraguay y Argentina sobre los incumplimientos de Venezuela de sus compromisos adquiridos al momento de ingresar como miembro pleno al organismo. Estos tres países, sin presencia de Uruguay, han sostenido encuentros de trabajo en las últimas semanas sobre el tema “Venezuela”. Negarle a Nicolás Maduro el ejercicio de la Presidencia de Mercosur y retirar a Venezuela la membresía plena del organismo es el objetivo definido por el argentino Mauricio Macri, el paraguayo Horacio Cartes y el brasileño Michel Temer durante su encuentro el 05AGO16 en Río de Janeiro. A mediados del mes de septiembre debería producirse una reunión presidencial de Mercosur sin participación de Maduro, en la cual los cuatro países miembros fundadores debatirían la situación del Mercosur con base en la evaluación de los coordinadores nacionales.

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Las relaciones del gobierno Maduro con los restantes miembros del Mercosur se mantienen tensas y casi rotas en el caso de Brasil y Paraguay. La cancillería chavista desconoce al actual gobierno brasileño por lo que Alberto Castelar, el nuevo embajador de Maduro en Brasilia, se niega a entregar sus cartas credenciales a Michel Temer. Por su parte, el gobierno paraguayo declaró el 19AGO16 como ´”congeladas” sus relaciones con Venezuela razón por la cual su Embajador en Caracas, Enrique Jara Ocampos, permanece en Asunción desde ya hace varias semanas.

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El proceso de enjuiciamiento a la mandataria brasileña Dilma Rousseff por el Senado de su país, marcha de forma inexorable. El presidente del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, quien dirigirá el juicio de Rousseff en el Senado, decidió que las audiencias comenzarán el 25AGO16 y dedicarán hasta cuatro días para escuchar las declaraciones de los testigos promovidos por la defensa y los acusadores, así como los alegatos de los respectivos abogados.

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Rousseff está convocada para comparecer el 29AGO16 ante el tribunal compuesto por los 81 senadores. La mandataria, actualmente suspendida del cargo, tiene la opción de no asistir y hacerse representar por sus abogados, pero ya hizo saber que se presentará a la sesión en la cual tendrá derecho a una intervención de media hora. Dado que el proceso es televisado en vivo, Rousseff se dispone hacer un pronunciamiento en su defensa, el cual pudiera convertirse en su epitafio político. En un intento desesperado de última hora en el cual no es acompañada por su propio partido, Rousseff propone la convocatoria de un referendo para adelantar las elecciones presidenciales previstas para el año 2018, procurando acortar el mandato de su reemplazante.

Los senadores tendrán la oportunidad de realizarle preguntas a Rousseff, ella tiene derecho a no responderlas y, el eventual intercambio entre la acusada y sus enjuiciadores pudiera ser la gran escena culminante de la confrontación política que vive Brasil. Rousseff insiste en denunciar el proceso en su contra como “un golpe” de Estado, argumento que ya ha perdido peso en Brasil, y que sólo sus socios castrochavista en el extranjero repiten. Basándose precisamente en el argumento del “golpe”, Rousseff por intermedio de parlamentarios de su partido, solicitó el 10AGO16 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ordenar suspender el proceso en su contra. No pareciera que una eventual decisión cautelar de la CIDH tenga el poder para detener el enjuiciamiento de Rousseff.

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En la mañana del 30AGO16 deberá comenzar la sesión final en el proceso a Rousseff en la cual los senadores de forma individual, actuando como miembros de un jurado, se pronunciarán sobre la culpabilidad de la acusada por “crímenes de responsabilidad” al haber ordenado que su gobierno tomara préstamos de instituciones financieras estatales y endeudar al Gobierno sin autorización del Congreso Nacional. En la madrugada del 31AGO16 ya debería conocerse el resultado de la votación la cual, salvo un cambio dramático y poco probable del cuadro político brasileño, será contraria a Rousseff quien automáticamente quedaría destituida del cargo. La Presidencia de Brasil, sin requerirse actos protocolares, pasaría al vicepresidente Michel Temer, electo en la misma fórmula electoral de Rousseff y actualmente en ejercicio del cargo de forma interina.

De concretarse la destitución de Rousseff y luego de emitir un mensaje televisado a la nación, Temer iniciaría inmediatamente viaje al extranjero que tendrá como destino la ciudad china de Hangzhou donde el 04SEP16 arranca la Cumbre presidencial del G-20. El brasileño coincidirá con sus colegas de los principales socios comerciales de Brasil, incluyendo a Barack Obama, en lo que sería su debut internacional como Jefe de Estado. Los intentos de aislar a Temer, capitaneados por Lula da Silva con activa participación de los gobiernos de Cuba y Venezuela y apoyo propagandístico de Rusia, resultaron inútiles: el presidente chino Xi Jinping espera con brazos abiertos a Temer… ¡business as usual!. En China, además, se produciría un segundo encuentro de Temer con el argentino Mauricio Macri.

Temer se propone asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York en el mes de septiembre y a la Cumbre de los países Brics a celebrarse en Goa, India, el 15OCT16. Pocos días después, el 28OCT16, Temer estaría aterrizando en Cartagena de Indias, Colombia, para participar en la Cumbre Iberoamericana. Quizás en tierras colombianas se tope con sus detractores Nicolás Maduro y Evo Morales.

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Independientemente de los resultados del enjuiciamiento en el Senado, Dilma Rousseff enfrenta una seguidilla de nuevos procesos judiciales. El 16AGO16, el juez Teori Zavascki, magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil, autorizó a la Fiscalía (Procuraduría) la apertura de investigaciones contra Rousseff y Lula da Silva por intentar obstruir las investigaciones de corrupción en la petrolera Petrobras en lo que popularmente se conoce como la “Operación Lava Jato”.