Carles Puigdemont este lunes a su llegada al aeropuerto de Copenhague. SCANPIX DENMARK (REUTERS)

El juez Pablo Llarena ha rechazado este lunes la petición de la Fiscalía de dictar una orden europea de detención contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont al considerar que el viaje del expresidente catalán a Dinamarca es una “provocación” para forzar su detención y justificar su ausencia en el pleno de investidura del Parlament. En contra del criterio de la Fiscalía, el magistrado ha optado por posponer la euroorden y apunta que no la emitirá hasta que haya un nuevo Govern.

La relación entre Carles Puigdemont y la justicia española se ha convertido en un juego de estrategia en el que ninguna de las dos partes da un paso que pueda ayudar al otro a ganar la partida. Y el último movimiento de Carles Puigdemont, el viaje ayer a Dinamarca para pronunciar una conferencia en la Universidad de Copenhague, ha levantado las sospechas del juez Pablo Llarena, que considera “remota” la posibilidad de que el expresidente catalán se arriesgara a poner fin a su huida de la justicia por una “exclusiva inquietud académica”.

Después de que la Fiscalía le pidiera a primera hora de la mañana que reactivara la euroorden contra el expresident, el magistrado ha dictado un auto en el que se muestra convencido de que la intención de Puigdemont al viajar a Dinamarca era “provocar” su detención para así justificar su ausencia en el pleno de investidura del Parlament y poder alegar la misma “incapacidad legal” para acudir a la sesión que el Supremo ha reconocido a los diputados encarcelados. En estas circunstancias, Puigdemont lo tendría todo a su favor no solo para que le permitieran delegar el voto, sino también para que el Parlament aceptara su investidura a pesar de que, según los letrados de la Cámara, el aspirante a la presidencia tiene que estar presente para defender su candidatura.

Al juez no le ha pasado desapercibida lo que califica como la “jactancia” por parte de Puigdemont al decidir salir de Bélgica y hacer público su viaje. “Llama la atención que quien se encuentra prófugo de la justicia tras su furtiva salida de nuestro país, desvele por adelantado su intención de trasladarse del lugar donde buscó su refugio inicial y que proclame además el punto concreto donde estará presente”, advierte Llarena, que considera que este movimiento del expresidente catalán “no tiene otra finalidad” que “forzar” su detención.

Tras llegar a esta conclusión, Llarena ha rechazado la petición de la Fiscalía, que consideraba “obligado” emitir una nueva orden de arresto una vez conocida la salida de Bélgica de Puigdemont. El magistrado argumenta que el Ministerio Público no aporta suficiente base legal (“la invocada legislación danesa ni ninguna argumentación doctrinal”) que refrende su análisis a favor de pedir la detención a Dinamarca, un país en el que los delitos de rebelión o sedición “están penados con condenas de hasta cadena perpetua revisable”, según el escrito presentado por la Fiscalía.

Con todo, Llarena considera “lógica” la postura del Ministerio Público y admite que hay argumentos jurídicos para reactivar la euroorden, pero el instructor da más relevancia con su decisión a evitar que a Puigdemont le salga bien la jugada política. “Frente a la imposibilidad legal de optar a una investidura sin comparecer en el Parlamento, la provocación de una detención en el extranjero busca que el investigado pueda pertrecharse de una justificación de que su ausencia no responde a su libre decisión como prófugo de la justicia, sino que es la consecuencia de una situación que le viene impuesta”, afirma Llarena en su escrito.

“Estrategia ilegal”

El instructor recuerda en su auto que el objetivo de la causa judicial contra los líderes independentistas que él instruye es “poner término” a “la estrategia anticonstitucional e ilegal” que siguió el Govern cesado para alcanzar la independencia y que Puigdemont quiere “restablecer”. Por lo tanto, aunque haya razones jurídicas para solicitar la euroorden, lo importante ahora, según el juez, es impedir que el expresidente “instrumentalice” esta detención para lograr la investidura “pero perseverando en eludir su sujeción al proceso penal, evitando someterse a la jurisdicción nacional y oponiéndose desde el extranjero a la extradición que pueda cursarse”.

El instructor avanza en su auto de ayer que reactivará la euroorden si Puigdemont no regresa a España, pero apunta a que no lo hará hasta que en Cataluña haya un nuevo Govern. Además, el magistrado quiere esperar también a que la investigación avance para que el país que finalmente tenga que pronunciarse sobre la entrega del expresidente “pueda efectuar una completa evaluación de los hechos que sustenten la petición de colaboración”.