La lucha contra la corrupción no es posible sin controles previos y sin investigación y castigo posterior. El papel de la Justicia es decisivo a la hora de atajar un mal que corroe a una sociedad democrática. Sucede que los políticos forman parte de los poderes fácticos que buscan eludir tal control y por eso nos proponen engañabobos para convencernos de que realizan reformas para atajarla. Así nos tienen enganchados al debate de los aforamientos, que no tiene mayor relevancia en el asunto que nos ocupa. Los aforamientos son un problema porque permiten al corrupto elegir jurisdicción, pero si no existiera simultáneamente la intervención política en el nombramiento de los miembros de los tribunales, no pasaría nada. La del aforamiento es una polémica facilona para alejarnos de lo decisivo.

La búsqueda de la impunidad por el poder político ha seguido dos vías fundamentales: la intervención en los nombramientos a través de la manipulación del CGPJ y las reformas extra constitucionales y legales que han permitido arrebatar poder a los jueces. Resumiendo: han intentado controlar al Poder Judicial mediante todos los medios a su alcance.

El tema de la elección de vocales ha sido muy tratado así que mejor les resumo la segunda pata de la neutralización de la única instancia independiente del proceso. Primero les quitaron a los jueces la potestad de enviar en solitario a prisión preventiva a los imputados. Fue Belloch en 1995. Garzón acababa de regresar a la Audiencia tras su fallido paso por la política y había sacado del cajón los GAL. Había que evitar que pudiera mandar a chirona a nadie sin que un fiscal jerarquizado se lo pidiera. También fue el inefable biministro el que, al año siguiente, cambió el reglamento penitenciario de forma que el tercer grado se pudiera conceder de forma administrativa, sin control judicial excepto recurso fiscal, y sin necesidad de cumplir ni siquiera un cuarto de condena. Un juez podía condenar pero el poder político podía arreglar el entuerto después. El PP no se quedó atrás. Limitó los plazos de instrucción -diciéndonos encima que era para luchar contra la corrupción- y siguió sin solucionar las carencias de medios. En el indulto ni me detengo.

Ahora aún van más allá. Gallardón inició la senda que pretende arrebatar totalmente la investigación penal a los jueces para dársela a unos fiscales a los que no se piensa cambiar su estatus jerárquico. Catalá ya ha avisado que éste es su proyecto y que lo va a combinar con el recorte de las atribuciones de la acusación popular. Realmente habla de crear un monopolio acusatorio del Estado, con muchas posibilidades de ser dirigido por el poder político de turno. No hay más que repasar los casos de corrupción que no hubieran llegado a ser instruidos sin el impulso de la acusación popular para darse cuenta de lo que pretenden. Van a utilizar el uso espurio que algunos han hecho de ella para justificar el recorte de una atribución de todos los españoles que el Tribunal Constitucional ha considerado “un derecho fundamental”. El primer paso para ello fue la infumable Doctrina Botín, pero han visto que no es suficiente. No van a parar y dudo que ningún partido esté dispuesto a renunciar a tal poder.

Aún estamos a tiempo de exigir el debate que de verdad importa.

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