La Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Plata analizará si anula el sobreseimiento exprés del ex gobernador y ex candidato a presidente Daniel Scioli, en la polémica causa que afrontó por presunto enriquecimiento ilícito.

Esa pesquisa incluye múltiples posibles anormalidades. No se ordenó un peritaje contable, pero tampoco una valuación de los bienes de Scioli, ni se convocó a su pareja, Karina Rabolini, ni a su hija, Lorena, ni se analizó a su entorno directo o la verdad material de sus declaraciones juradas, entre otras prácticas habituales en investigaciones de delitos económicos, según cotejó LA NACION, que accedió al expediente tras una búsqueda de seis meses.

Resguardado con celo por el juez de Garantías N° 3 de La Plata, Pablo Raele, que lo mantenía en la caja fuerte de su despacho, el expediente 16.230/15 llegó a la Cámara tras la presentación de un abogado particular, Marcelo Peña, quien pidió acceder a la investigación y también la nulidad del sobreseimiento -dispuesto entre las primarias de agosto y la primera vuelta electoral de octubre-, por considerar que no se había completado una verdadera investigación.

El juez Raele rechazó la petición del letrado, tras considerar que carecía de legitimidad para siquiera presentarse en el expediente, pero Peña apeló ante la Cámara. Recayó en la Sala IV, donde ya hubo un primer movimiento: uno de los camaristas, Carlos Ocampo, se excusó de intervenir por ser el suegro de Raele.

El expediente, sin embargo, salió de la esfera controlada por el magistrado de primera instancia, y ahora se encuentra en manos de los camaristas, que afrontarán una disyuntiva.

Deben definir si convalidan la decisión de Raele -ya que el abogado no es "parte" en el expediente y, en la cuestión de fondo, implicaría volver sobre un sobreseimiento que se encuentra firme-, o anulan esa decisión, lo cual es más improbable, en la senda de la "cosa juzgada fraudulenta".

Consultado el viernes por LA NACION, un vocero de Scioli se rehusó a hacer comentarios. Indicó que, al igual que cuando se difundió su última declaración jurada, se trataba de un asunto "no oficial", es decir, de la esfera privada del ex gobernador, a quien transmitiría la consulta. Al cierre de esta edición, no se comunicó con este diario.

En tanto, y más allá de la decisión que adopte la Cámara -que se integrará por Carlos Argüero y Elia Riusech, más un eventual tercer miembro dada la excusación de Ocampo-, el expediente refleja varios rasgos singulares:

no se ordenó un peritaje contable exhaustivo sobre el patrimonio de Scioli, su familia y su entorno directo, tal como reveló LA NACION el 2 de octubre pasado; por el contrario, se tomaron como válidas las explicaciones de su contador y ex ministro de Economía, Rafael Perelmiter;

no se dispuso la tasación de los bienes declarados, ni por peritos oficiales, ni por consulta de los valores de mercado de sus inmuebles

como Villa La Ñata- a dos o más inmobiliarias;

no se convocó, ni analizó a los empresarios que figuran alrededor de Scioli, como el empresario Juan Carlos Mancinelli;

se acumularon varios anexos con informes de la Inspección General de Justicia (IGJ), la AFIP y la Escribanía General de Gobierno bonaerense, entre otros, así como también datos sobre distintos viajes de Scioli; pero no se verificó si la verdad "formal" -es decir, lo informado en sus declaraciones juradas patrimoniales y sus rectificativas- se condice con la verdad "material". Así, Scioli pasó de declarar un patrimonio negativo de $ 45.273 en 2005 a superar los $ 13,6 millones en 2014, sin contar lo declarado por Rabolini;

no se citó a indagatoria a Scioli antes de sobreseerlo, sino que declaró de manera "espontánea" -artículo 162 del Código Procesal bonaerense, en vez de la citación prevista en el artículo 308 de ese mismo código- para dar explicaciones, que se volcaron en menos de una carilla del expediente;

en una resolución del 7 de septiembre pasado que superó las 50 carillas en la que incluyó citas doctrinarias y jurisprudenciales, el juez sobreseyó a Scioli tras completar lo que definió como un "somero análisis" que completó por su cuenta y que en ciertos tramos era verificable "sin esfuerzo" dada la ligereza de la denuncia y del denunciante, Rafael Velischek, al que criticó con dureza;

con el sobreseimiento ya dictado, el juez autorizó que se enviaran copias del expediente a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien pedía sin suerte acceder a las actuaciones; luego, Raele se tomó licencia;

tras notificarse cuatro días después de esa resolución, el fiscal a cargo de Investigaciones Complejas, Jorge Paolini (h), no apeló. De hecho, dejó que el sobreseimiento quedara firme por el mero transcurso del tiempo, sin presentar ningún escrito;

recién con la decisión firme, Rabolini se presentó en el expediente por decisión propia para dar explicaciones sobre algunas sociedades -Alero SA, TVG SA y CIP SRL- y su deuda con el Banco Provincia. Lo hizo el martes 27 de octubre, es decir, dos días después que Scioli ganó la primera vuelta pero no pudo evitar el ballottage de noviembre del que saldría derrotado.