El ministro de Economía, Danilo Astori, explicó ante la Comisión Permanente del Parlamento el aumento de las tarifas públicas y sostuvo principalmente durante toda la sesión que duró varias horas que plantear los ajustes desde el punto de vista nominal es un error. También hizo uso de la palabra el nuevo ministro de Industria, Energía y Minería, Guillermo Moncecchi.

Astori defendió la suba de tarifas sosteniendo que no se puede analizar la evolución de los precios de manera nominal, si no que hay que considerar otros factores, en referencia a la evolución de la inflación. Señaló que para ajustar los precios se toma en cuenta la estructura de cada empresa y se proyecta la variación esperada de los precios de cada variable.

"Se deben tomar en cuenta la situación patrimonial y financiera de cada empresa en particular, así como también se consideran los efectos que generan las decisiones tarifarias en la economía en su conjunto", indicó el ministro.

La convocatoria a sala fue realizada por el legislador nacionalista Pablo Abdala, que comenzó su alocución haciendo un recorrido por la situación económica de las diversas empresas públicas, relacionando esa coyuntura con la suba de precios que se dio el 1 de enero de 2019.

Abdala fue crítico sobre la decisión del gobierno de ajustar tarifas, el 28 de diciembre pasado, que según expresó el legislador se anunció con “pocas palabras” en el que no se aceptaron preguntas. "Sobra evidencia de que la administración ha utilizado las tarifas para financiar el gasto público”, dijo y destacó que eso va a contramano del discurso histórico y de los anuncios electorales del partido de gobierno de la última campaña.

En el comienzo del año los precios de los combustibles que comercializa Ancap se mantuvieron sin cambios, mientras que el resto de los servicios aumentaron por debajo de la inflación. La tarifa de UTE tuvo una suba general de 5,7% y las tarifas de Antel ajustaron en promedio 7%. Por su parte, las tarifas de agua potable y saneamiento tuvieron una corrección de 7,8%, es decir a la par de la inflación. La inflación de 2018 cerró en 7,96%.

El rol de las empresas para Astori

Astori defendió la condición de las empresas públicas como parte del Estado y consideró en este sentido que "juegan un papel en la política económica en un sentido amplio".

El jerarca coincidió con Abdala sobre que el análisis no debía agotarse ahí -respecto a que la baja o suba sea en términos reales o no-, pero le señaló al legislador que tomar en cuenta solo los aumentos nominales de las tarifas puede llevar a incurrir en "errores". Agregó que también en términos comparativos con el resto del continente había tener en cuenta la calidad de los servicios.

El principal jerarca de Economía planteó que es necesario "la absoluta claridad en la información para generar una adecuada composición de lugar". En respuesta al interpelante, Astori sostuvo que "la principal falta de transparencia que podemos tener en cuanto al análisis de este problema es analizar las tarifas en términos nominales. Abdala maneja supuestos aumentos o disminuciones de tarifas sin ningún sentido real”.



El ministro señaló que “muchas veces cuando se habla de aumentos de tarifas ha ocurrido en la práctica exactamente lo contrario, han disminuido. Si no analizamos esto en términos reales pierde sentido cualquier estudio que podamos hacer al respecto. Las tarifas no se deben medir en términos nominales sino en términos reales. Y se deben tomar en cuenta costos de las empresas, previsiones y los efectos sobre la economía en su conjunto", explicó.

"Nadie puede decir que las empresas públicas se están utilizando como instrumento de recaudación", dijo el ministro tras la explicación brindada sobre la estructura por la que se fijan los precios de los servicios que brindan las empresas públicas.

A su turno, Moncecchi dijo que todas las tarifas en términos reales han bajado desde 2004. El jerarca sostuvo que esto implica que cuesta menos porcentaje del salario pagarlas.

Moncecchi sostuvo que los ajuste tarifarios de 2019 responden principalmente al costo de abastecimiento de la demanda de energía eléctrica. O sea, explicó el ministro, cuánto cuesta generar la energía, pero también deben incluirse los costos de transmisión y distribución, consideró. Ejemplificó que en comparación a San Pablo los consumidores en Uruguay están distribuidos de forma mucho menos densa, lo que implica mayores costos.

En el caso de Ancap, el jerarca indicó que el ente a principio de año hace una estimación de cuál será el precio de los insumos y cuánto los gastos. "Se estima y hay dos factores que se llevan el 85% de la volatilidad de lo que se estima, es decir, las variaciones que puede haber en el año: son el precio del crudo y el dólar”. Pero “la variación y la volatilidad del petróleo en últimos años ha sido muy grande. Y con el dólar pasa lo mismo, no podemos incidir y hay que estimar”.



En conferencia de prensa una vez terminada la instancia legislativa, Astori remarcó la "enorme volatilidad" del precio del crudo, que aunque tuvo una importante baja en el último trimestre de 2018, en el comienzo de 2019 volvió a subir, aspecto que puede perjudicar los números de la petrolera Ancap. "Se han tomado decisiones muy cautelosas y llevando a la práctica otros aspectos como las coberturas -en relación al precio y tipo de cambio- con la finalidad de tener horizontes previsibles hacia el futuro. Hay que tener cuidado con el precio del barril a escala mundial. No se pueden tomar decisiones que impliquen una proyección temporal muy grande, porque el riesgo que se corre muy grande", dijo Astori.

También estuvieron en sala el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, el director de la Asesoría Macro del MEF, Christian Daude, Ruben García, del MIEM y el director de Ancap, Ignacio Berti.

Este último fue el encargado de responder al diputado también nacionalista, Pablo Iturralde, sobre los motivos por los que la petrolera resolvió no denunciar penalmente al expresidente de Alur; Leonardo de León, por la utilización de la tarjeta corporativa.

Berti sostuvo que el dictamen indicó que de León no revestía la calidad de funcionario público y que por lo tanto no había figuras penales para imputarle. A su vez, dijo que Ancap respondió a todos los pedidos de información que tuvo, además de que un fiscal actuó de oficio, por lo que no tenía sentido hacer una denuncia penal a menos que se tuvieran nuevos elementos que así lo hicieran pertinente.