Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Viernes 15 de febrero de 2019, p. 6

Pese a la advertencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de que los servidores públicos que se negaran a transparentar sus bienes no podrían trabajar en su gobierno, más de 20 altos funcionarios de la actual administración han rechazado dar a conocer su declaración patrimonial y/o de posible conflicto de intereses, o sólo la han realizado en forma parcial.

De acuerdo con una revisión hecha en el portal Declaranet de quienes ocupan cargos en subsecretarías de Estado, direcciones generales o coordinación de unidades, existen al menos seis servidores públicos que optaron por no dar a conocer ninguno de los dos mencionados aspectos.

Entre ellos se encuentran Jorge Alcocer Villanueva, quien ocupa el puesto de coordinador de asesores en la Secretaría de Gobernación (SG); Ernesto Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la Unidad de Información para la Seguridad Pública, también de la SG, y César Emiliano Hernández Ochoa, director de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, dependiente de la Secretaría de Economía.

En ese mismo caso se encuentran Mardonio Carballo Manuel, director general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, de la Secretaría de Cultura; Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y Ángela Quiroga Quiroga, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.