La comisión de investigación sobre el uso partidista del Ministerio del Interior en el Congreso ha sufrido un lento y continuado ahogamiento por parte del PSOE. Desde su constitución el 9 de marzo, los socialistas, con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos, han demorado y limitado los trabajos de una comisión que parecía morir desde su nacimiento con el veto a las comparecencias de los principales protagonistas de la policía política.

PP, PSOE y Ciudadanos tratan de cerrar en falso la comisión de la policía política con la comparecencia de Cosidó

Saber más

Desde el principio, los diputados socialistas han admitido en privado que los ex comisarios José Manuel Villarejo y Eugenio Pino, antiguo Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, y su jefe de gabinete José Ángel Fuentes Gago, no podían llegar a declarar en la Cámara Baja y que se conformaban con los cargos políticos del Ministerio. Una opinión con la que coincidían fuentes de Ciudadanos, que habían apuntado que el motivo real para el cierre de la comisión era el peligro que podría suponer para el Estado la declaración en sede parlamentaria de los excomisarios.

Cuando han pasado ya más de tres meses de su constitución, solo dos comparecientes han pasado por el Congreso: el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antifraude Catalana (OAC) Daniel de Alfonso.

Estas comparecencias tuvieron lugar el pasado 5 de abril, aunque las declaraciones del exministro y del exdirector de la Oficina Antifraude no esclarecieron demasiado las investigaciones sobre la policía política y sus actuaciones contra el proceso soberanista y Podemos.

Entonces el diputado socialista Antonio Trevín anunció que pedirían dos tandas de comparecencias para "clarificar datos" porque "las actuaciones poco ajustadas a la legalidad de su policía política dejaron pruebas y testigos", como mandos policiales a los que se obligó a abandonar investigaciones como la del ático del expresidente madrileño Ignacio González.

Sin embargo, la siguiente reunión de la comisión, el 18 de abril, tuvo como resultado el bloqueo. El PSOE pidió solo la comparecencia del exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, y recabar más documentación para seguir los trabajos. Unidos Podemos se abstuvo porque quería incluir las comparecencias de los excomisiarios y el exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, con lo que no salió adelante ninguna por el peso del voto del PP. Solo hubo unanimidad de todos los partidos para la ampliación del mandato de la comisión hasta diciembre.

La posible comparecencia de Rubalcaba ha sido uno de los principales puntos de fricción entre los socialistas y Unidos Podemos. El PSOE se niega a que el exministro acuda a la Cámara Baja y argumenta que su mandato no está en el periodo investigado. La diputada de Unidos Podemos, Gloria Elizo, justifica la petición del exministro al señalar que "la policía política empieza con Rubalcaba".

Por otro lado, en el PSOE temen que las comparecencias de los comisarios puedan volverse en su contra. Por eso quieren que la comisión se circunscriba "estrictamente" a la policía política durante el mandato de Fernández Díaz. "Policía política ha habido siempre –expresan fuentes socialistas–. Cada uno tiene sus intereses, a unos les interesa la cal viva y a otros el informe Pisa". En la dirección parlamentaria reconocen que puede ser arriesgado que comparezcan comisarios como Villarejo, que puedan hablar de actuaciones del pasado y ponen como ejemplo la lucha antiterrorista.

Los ausentes

La actuación del PSOE ha propiciado que hasta ahora no sea citado, por ejemplo, el auténtico artífice de la policía política, el comisario Eugenio Pino, el hombre fuerte del Cuerpo durante el mandato de Fernández Díaz. Pino concibió la creación de una estructura paralela en el seno de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), con especial dedicación al proceso soberanista en Cataluña, que actuaba sin control judicial y que se extralimitaba en las funciones que la ley atribuye a la Policía.

Su mano derecha durante gran parte de la legislatura fue el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, del que Daniel de Alfonso aseguró en su comparecencia que llegó a enseñarle en el móvil el pantallazo de la cuenta falsa en Suiza de Xavier Trias. Las prebendas a Fuentes Gago fueron objeto de una comparecencia de Cosidó en sede parlamentaria forzada por el PSOE, partido que ahora se olvida del policía al que ha estado siguiendo la pista durante cuatro años.

En cuanto al comisario Villarejo, se trata de un policía que ha trabajado para todos los gobiernos de la democracia, siempre en asuntos 'delicados'. Uno de ellos fue el caso Gürtel y el posible vínculo con el mismo del ático de Ignacio González. Esa misión le fue encargada en tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio del Interior.

Veto en la Junta de Portavoces

A pesar de la gravedad de los hechos que investigaba la comisión, los diputados no se volvieron a reunir hasta el pasado lunes 29 de mayo. Antes de la reunión, el PP y Ciudadanos impidieron en la Junta de Portavoces que el debate y voto en el Pleno de la prórroga de los trabajos de la comisión.

Ante la amenaza del cierre de la comisión, que terminaba su mandato el 8 de junio, PSOE, Unidos Podemos, PdeCAT, ERC y PNV anunciaron la petición de un pleno extraordinario para lograr la ampliación de los trabajos hasta diciembre, como se había pactado. En la reunión de la comisión no hubo acuerdo sobre las comparecencias. PP, Ciudadanos y PSOE vetaron que los comisarios puedan ir a declarar a la Cámara. El PSOE sí consiguió, esta vez, la comparecencia del exdirector general de la Policía.

Además la comisión acordó el debate en el Pleno de dos prórrogas, una propuesta por el PP hasta el final del periodo de sesiones, que acaba el 30 de junio, y otra hasta diciembre, apoyada por PSOE, Unidos Podemos, PdeCAT, ERC y PNV. Sin embargo, ante la negativa de la mesa -donde PP y Ciudadanos tienen mayoría- a ampliar los trabajos hasta diciembre, el PSOE se descolgó de su acuerdo inicial y propuso una ampliación hasta el 31 de julio.

El pleno del Congreso aprobó por unanimidad dicha ampliación de los trabajos de la comisión hasta el 31 de julio en un pleno bronco y plagado de acusaciones mutuas de vetos y trabas, especialmente entre los diputados del PSOE y Unidos Podemos. Los socialistas aseguran que se trata de una propuesta de la mesa del Congreso que han aceptado por que les parece razonable y que así se evita el carpetazo el 30 de junio, que es lo que proponía el PP. De esta manera justifican su cambio de parecer, ya que se posicionaron a favor de la ampliación hasta diciembre y aseguran que, llegado el momento, la comisión podrá prorrogarse de mes en mes si es pertinente. Fuentes de Unidos Podemos aseguraron que la propuesta de ampliar hasta el 31 de julio fue del PSOE.

El presidente de la comisión, el diputado del PNV Mikel Legarda, apuntó que "se precisa la comparecencia de funcionarios que son pieza clave" en referencia a los comisarios. "No ha sido posible que vengan por los argumentos pantalla expuestos por tres formaciones políticas que lo han impedido hasta el momento", explicó Legarda sobre el veto de PSOE, PP y Ciudadanos.

En contra de "un show"

Los socialistas insisten en que no quieren que la "comisión se convierta en un show" en el que los grupos se comporten de manera interesada. Así, aseguran que, tras la comparecencia de Cosidó, irán "paso a paso" respecto a la posibilidad de que pasen por el Congreso otros comparecientes. El único al que señalan los socialistas es al exsecretario de Estado de Seguridad.

El plan de trabajo del PSOE para esta comisión contemplaba la recopilación de documentación hasta el 18 de abril y la solicitud de comparecencias desde el 25 de abril hasta el 3 de mayo. En ese momento solo pidieron la del exministro y la del responsable de Antifraude. En el PSOE no ofrecen una explicación a por qué no reclamaron entonces todas las que querían. "Se han ido pidiendo paulatinamente", argumentan.

El portavoz parlamentario, José Luis Ábalos, ha abierto la puerta a permitir que acudan los comisarios a los que ha vetado anteriormente, aunque ha enfatizado que tendrá que ser para abordar el "objeto" de investigación de la comisión, que para él es exclusivamente la actuación de Fernández Díaz al frente de Interior. "Vamos a aceptar las comparecencias que tengan que ver con el objeto de la comisión estrictamente. Podemos aceptar algunas que tengan que ver con la comisión, no que vengan a hablar de otros propósitos o intereses de algunos grupos parlamentarios al amparo de lo que tenemos que investigar, que es la actuación del exministro a raíz de lo que se filtró en unas conversaciones en su despacho", ha sido la explicación de Ábalos.