“Llega el final del procedimiento y el Gobierno toma la decisión una vez que la familia ha decidido no hacerse cargo”. Este es el motivo por el que el Gobierno central ha decidido reinhumar a Francisco Franco en el panteón de Mingorrubio, en El Pardo, el próximo 10 de junio, una fecha en la que “ya no estamos en procesos judiciales” aunque “estamos para acatar las resoluciones judiciales”, ha señalado. De esta forma, el Ejecutivo socialista sigue adelante con su procedimiento a pesar de que su decisión puede quedar paralizada por el Tribunal Supremo, como consecuencia del recurso presentado por la familia, y que debe decidir en días si accede a la suspensión cautelar que le reclaman los familiares.

La decisión ha sido anunciada por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha señalado que los restos del dictador reposarán junto a los de su mujer, Carmen Polo. La dirigente ha recordado que el cementerio es de titularidad estatal y que “reúne las condiciones idóneas de adecuación” para que los restos de Franco reposen en el lugar con el debido “decoro” y “respeto”. Para el Gobierno, el cementerio “no plantea problemas de orden público y seguridad ciudadana” porque se ubica en un lugar aislado, fuera de un núcleo de población y no está anexo a “puntos, edificios o instalaciones estratégicas o emblemáticas”.

El cementerio es de titularidad estatal y “reúne las condiciones idóneas de adecuación” para que los restos de Franco reposen en el lugar con el debido “decoro” y “respeto”

La exhumación, traslado y reinhumación se hará el 10 de junio por la mañana y el Gobierno invita a la familia a que esté presente si así lo desea, e incluso le permite realizar una “breve e íntima ceremonia de acuerdo con sus preferencias religiosas”. “Contemplamos que la familia pueda estar si quiere estar”, ha señalado Calvo, pero no se permitirá el acceso a los medios de comunicación e incluso se adoptarán las medidas necesarias para evitar “el uso de medios de captación y reproducción de imágenes y sonido”.

La vicepresidenta ha justificado que ha concluido el procedimiento del Gobierno al respecto, que se ha fijado una fecha “fuera de las fechas electorales”, y que por tanto se finaliza la tarea “en el plazo en que se puede hacer a resultas de lo que los tribunales puedan hacer, pero sin abandonar nuestras competencias”. Y preguntada por la posibilidad de que con un cambio de gobierno no se pueda llevar a cabo esta intención, Calvo ha rechazado que esta reinhumación no se pueda cumplir a menos que se modifique la norma que obliga a ello. “Estamos en un Estado de Derecho y solo cabe la modificación o la obligación”, ha zanjado.

La fecha para el entierro de los restos en el cementerio madrileño se lleva a cabo en medio de la precampaña electoral, con las Cortes disueltas y a pesar de que el Supremo admitió el recurso de la familia Franco

La decisión de poner fecha al entierro de los restos en el cementerio madrileño se lleva a cabo en medio de la precampaña electoral, con las Cortes disueltas y a pesar de que el Supremo admitió el recurso de la familia Franco, abría una pieza separada de medidas cautelares a petición de la parte recurrente y daba 10 días a la Abogacía del Estado para que se pronunciara. Sin haber concluido este plazo (lo hace el próximo 18 de marzo), el Ejecutivo central ha decidido fijar fecha para el traslado de los restos. Tras concluir este plazo, está previsto que el Supremo se pronuncie sobre si hay cautelares. Si no se aprueban las cautelares que pide la familia Franco, la exhumación tendría vía libre.

Es por eso que Calvo ha insistido en su comparecencia que la decisión del alto tribunal “no afecta” a la que ha tomado el Gobierno, como no afecta, según ha defendido, la decisión de un juzgado de Madrid de suspender cautelarmente la licencia urbanística para la exhumación, por considerar que levantar la losa de granito de 2.000 kilos de la tumba podía poner en peligro a los operarios. “Ya lo dijimos en su momento”, ha explicado, “somos el Gobierno de España y no estamos en lo que haga o no haga el poder judicial” sino que “estamos al acatamiento de sus resoluciones”, ha diferenciado. Mientras esta resolución no se produzca, se mantiene la previsión del Ejecutivo.

Calvo recuerda que la Iglesia “se ha pronunciado formalmente sobre el entendimiento de exhumar” asegurando que “acatará la decisión de la autoridad competente, que en este caso, es el Consejo de Ministros”

El Ejecutivo considera que los juzgados contenciosos administrativos no deben acabar resolviendo sobre los acuerdos del Consejo de Ministros. Al tiempo, Calvo ha rechazado comentar la posible resolución judicial al indicar que “no tenemos que dar cuenta de cuáles sean las posiciones de la familia” Franco, de la que ha informado que sólo les consta un escrito del 7 de marzo remitido en el que insisten en la voluntad de inhumar los restos en La Almudena, “cosa que no es posible”, ha asegurado. Así, “cada parte actúa con arreglo al ámbito en el que puede hacerlo”, ha zanjado.

A la vicepresidenta le han preguntado el proceso de exhumación del Valle de los Caídos previo a la reinhumación en el cementerio de El Pardo. Sobre eso, ha recordado que la Iglesia ya se pronunció asegurando que no se opondrá a la exhumación, “tal y como nos lo hizo llegar el Estado Vaticano”, ha reivindicado. El procedimiento de exhumación ha contado con la actitud opositora del prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, pero la Iglesia “se ha pronunciado formalmente sobre el entendimiento de exhumar” y ha asegurado que “acatará la decisión de la autoridad competente, que en este caso, es el Consejo de Ministros”, ha señalado.

El Valle de los Caídos debe ser “un lugar de recuerdo y memoria”, un “recordatorio”, un “lugar de reposo y respeto para las víctimas de ambos bandos sin la perturbación de que esté Franco”

La número dos del gabinete socialista ha destacado que el Gobierno toma “la última decisión del procedimiento” administrativo, por lo que los tribunales “harán su trabajo” pero “el Gobierno tiene que fijar una fecha para cumplir con el real decreto”, ha justificado. Y frente a las críticas por la demora del procedimiento iniciado el 31 de agosto, Calvo ha defendido que “esto no ha ido para atrás, ni para delante”, sino que es consecuencia del escenario más largo que se planteó en inicio, el que contaba con la oposición de la familia. Así, si los familiares hubieran “entendido la ley y se hubiera hecho cargo de los restos de su familiar” no se habría alargado tanto, “pero no ha sido así y han usado los instrumentos judiciales”, eso sí, “lo han hecho en un Estado garantista”, ha resaltado.

En cuanto al futuro del Valle de los Caídos, sobre el que el propio presidente del Gobierno apostó por que acabara siendo un cementerio civil, la vicepresidenta ha comentado que debe ser “un lugar de recuerdo y de memoria”, un “recordatorio”, un “lugar de reposo y respeto” para las víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil “sin la perturbación de que esté Franco”. Sin entrar al detalle sobre el futuro o destino de muchos de los símbolos que se encuentran en el lugar, Calvo ha comentado que “a ser posible”, el lugar debería contar “con la identificación de las más de 30.000 personas que allí reposan”.

Pero la vicepresidenta ha querido dejar claro que esta labor debería llegar en otra fase del cumplimiento de la ley de Memoria Histórica, una norma que establece como “parte urgente” la exhumación de Franco. Así, “hemos empezado por lo más urgente”, ha evidenciado.

Vista de la capilla del cementerio de Mingorrubio en El Pardo. (Google Maps)

¿Apruebas la exhumación de Franco?