Los medios independientes de verificación de contenidos se han convertido en uno de los elementos más incómodos para los políticos que basan sus mensajes a la ciudadanía en datos falsos e información no contrastada. Más allá de Donald Trump y sus habituales ataques a la prensa de EEUU, otros líderes como el brasileño Jair Bolsonaro, el filipino Rodrigo Duterte o el turco Recep Tayyip Erdogan han acosado a los periodistas encargados de esta tarea. "Desafortunadamente, es una tendencia al alza alrededor del mundo ver a líderes populistas atacar a los verificadores", lamenta Baybars Örsek, director de la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés).

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Esta organización defiende un código de principios para los verificadores al que se han adscrito 76 organizaciones de todo el mundo. Más de 100 forman parte de su iniciativa para frenar la desinformación sobre la pandemia de coronavirus en 45 países diferentes. "Brasil, India, Filipinas y Turquía son algunos de los países en los que hemos experimentado este tipo de ataques a los verificadores, la mayoría provenientes de actores políticos", expone Örsek en conversación con eldiario.es.

La extrema derecha ha metido a España en esa lista de países este fin de semana. Vox, su comunidad digital de simpatizantes y los 'terraplanistas del coronavirus' (que difunden teorías de la conspiración sin base factual para intentan canalizar el malestar social por la gestión política de la pandemia) han desencadenado un ataque frontal contra los medios españoles especializados en verificación, Newtral y Maldita.es.

La campaña tóxica incluye intentos de intimidación personal en redes sociales, ataques coordinados desde foros y una mezcla entre datos parcialmente ciertos y mentiras para llegar a conclusiones erróneas que se viralizan con facilidad.

La ofensiva contra los periodistas españoles especializados en verificación comenzó con un bulo para desacreditar su labor. Durante todo el fin de semana se les ha acusado de "censurar" los mensajes que se distribuyen a través de WhatsApp, algo que Facebook (propietaria de la app de mensajería instantánea) ha desmentido este lunes a través de un comunicado oficial en español, adelantado por eldiario.es. Se trata de una decisión casi sin precedentes, puesto que la multinacional nunca suele inmiscuirse en este tipo de disputas nacionales.

Este lunes, un diputado de la formación de extrema derecha centraba su crítica en la periodista Ana Pastor, fundadora de Newtral, para la que ha pedido una detención de la Guardia Civil. Luis Gestoso, diputado de Vox en el Congreso por Murcia, ha animado en sus redes sociales a descubrir "el negocio de la censura y contra nuestras libertades, que tanto ayuda a consolidar el régimen bolivariano en España".

Figuras como la de Alvise Pérez, de mucho impacto en las redes de una derecha más organizada en lo digital que nunca, se han centrado en los últimos días de crisis del coronavirus en criticar a los medios verificadores y en especial a Newtral, poniendo en duda su independencia y credibilidad. Periodistas como Javier Negre, miembro de El Mundo y uno de los impulsores junto a Alvise de 'Estado de Alarma', un programa de televisión por Internet que ejerce de catalizador de opinión en este clima, ha acusado a Newtral y Maldita.es de ser "los censores mayores del reino" con un pantallazo que no está relacionado con la acusación. Su propio periódico, El Mundo, ha explicado que todas estas acusaciones se tratan de un bulo.

La lista de los censores mayores del reino @Newtral y @malditobulo. Verificadores de la izquierda que son los que deciden qué censurar en Whatsapp. Un escándalo. pic.twitter.com/Ic95FkICYU — Javier Negre (@javiernegre10) 12 de abril de 2020

El empuje desde los ámbitos de influencia de Vox ha llegado ya al PP. El ex portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, y otro histórico dirigente popular como el eurodiputado Esteban González Pons, han jugado con la idea de la censura informativa en WhatsApp a través de estos medios de verificación. González Pons borró su mensaje tras las respuestas: "No obstante, digo que la posibilidad de que estén leyendo nuestros mensajes no hay que descartarla ingenuamente".

Si WhatsApp sigue manteniendo su estupida idea, siguiendo instrucciones del Gobierno Sanchezstein, de limitar la difusión de mensajes críticos al Gobierno, no solo colaborará con una censura bananera, sino q la gente se irá a la rusa Telegram y otras



Y Coletas tan contento — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) 11 de abril de 2020

Abrí este debate y @eduardosuarez entre otros aclaró mis dudas, conque retiro el tuit. No obstante, digo que la posibilidad de que estén leyendo nuestros mensajes no hay que descartarla ingenuamente.Que el sectarismo no os desarme frente a la tecnología sin control. Buenas noches pic.twitter.com/AlvAz016Io — González Pons (@gonzalezpons) 13 de abril de 2020

"Me alegra que Facebook lo haya desmentido", expone Örsek, que fundó el primer medio de verificación de Turquía y ayudó a crear la primera plataforma de datos abiertos del país. "En el caso español, Maldita y Newtral han sido acusadas de censurar mensajes de WhatsApp aunque no tienen ningún rol en la moderación de contenidos en dicha app", continúa. Ambos medios españoles son miembros de la IFCN.

El pacto de estos verificadores con la multinacional contempla solo a la red social Facebook. Desde marzo de 2019, su trabajo es detectar los bulos y la desinformación que corren por esta plataforma para que sus algoritmos eviten que se viralice. A ellos se suma la Agence France Press (AFP) la agencia de noticias más antigua del mundo y una de las mayores junto con la británica Reuters, la estadounidense Associated Press y la española EFE. Entre Maldita, Newtral y AFP se reparten el trabajo de encontrar, verificar y etiquetar como desinformación todos los bulos que se distribuyen por las comunidades españolas de Facebook.

"Estos ataques pretenden desacreditar a los verificadores para que los grupos de desinformadores puedan extender el odio y el pánico en la sociedad", añade Örsek. La campaña tóxica contra los periodistas cazabulos españoles sigue una estrategia que ya se ha documentado en otros países. Bulos dirigidos específicamente contra ellos y acoso personal: "Ellos siempre lanzan este tipo de campañas y ataques basados en acusaciones sin fundamento", detalla el director de la IFCN.

Ataques ideológicos

Los ataques contra Newtral y Maldita.es tienen un marcado tinte ideológico. El bulo inicial distribuido en cadenas de WhatsApp los acusa de orientar sus desmentidos para detectar "qué contenido es nocivo para el discurso público afín a PSOE-Podemos". No se cuestiona su trabajo o un desmentido en concreto, sino su ideología. La estrategia de la extrema derecha española y los 'terraplanistas del coronavirus' recuerda a la que sufrieron los verificadores brasileños, a los que se tachó de "militantes a favor del aborto, la ideología de género y la censura" en 2018.

La llegada al país del proyecto de Facebook contra la desinformación tanto en su red social principal como en WhatsApp también provocó una campaña de acoso contra dos de los tres medios independientes de verificación con los que pactó la multinacional, Agência Lupa y Aos Fatos. Esta provenía de las comunidades de activistas digitales próximos a Bolsonaro y según declaró Cristina Tardáguila, directora de Agência Lupa, incluía un dossier online de casi 300 páginas "sobre varios periodistas: todos los de Lupa y los de Aos Fatos".

La estrategia también se basó en la distribución de propaganda en redes sociales que incluía las caras de los periodistas miembros de estos dos medios de verificación y sus publicaciones en sus perfiles personales .

El dossier incluía datos de periodistas de otro medio progresista, Agência Pública, que ni siquiera participaba en la iniciativa de Facebook. También de profesores y académicos expertos en comunicación, "que para estos grupos sirven como prueba de que somos todos de izquierda o extrema izquierda. Nos califican, nos ponen etiquetas a cada uno, utilizando nuestros propios posts para justificar una posición política", denunció Tardáguila a la Fundación Gabo, que impulsa la función democrática del buen periodismo y mantiene el legado de Gabriel García Márquez.

Conspiranoia digital

La campaña de intoxicación desatada por la extrema derecha esta semana también reproduce esquemas que explotó Donald Trump para poner en duda el papel de las plataformas digitales en la distribución de información. Sus críticas contra Google, Facebook o Twitter, a las que acusa de parciales y escoradas a la izquierda, han sido constantes tanto antes como después de convertirse en presidente de EEUU.

Trump no ha ofrecido ni una sola prueba de estas acusaciones desde 2016. Sin embargo, el bulo contra los verificadores distribuido estos últimos días por Vox y sus comunidades afines sigue este mismo esquema, al asegurar que Facebook (vía WhatsApp) está compinchada con estos periodistas y con el Gobierno para "censurar". No es la primera vez que Vox intenta utilizar esta teoría de la conspiración en su beneficio, puesto que en enero de este año se basó en ella para acusar de "censura" a otra de ellas. Entonces le tocó a Twitter.

La base fue un comentario de réplica en esta red social a la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra. "No soportan al colectivo LGTBI, no soportan el matrimonio entre personas del mismo sexo, no soportan la igualdad entre mujeres y hombres, no soportan que sus ideas retrógradas no sean las de toda la sociedad. Que no lo llamen libertad, es odio", escribió la socialista. "Lo que no soportamos es que os metáis en nuestra casa y nos digáis cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y menos aún que con el dinero público promováis la pederastia", contestó la formación de extrema derecha.

El resultado fue que Twitter bloqueó algunas funciones de la cuenta de Vox, como publicar comentarios, hasta que borrara ese comentario, que detectó como ofensivo contra el colectivo LGTBi. La formación se negó, intentó hacer campaña política con la decisión de Twitter y llegó a presentar una denuncia ante la Fiscalía. Tras apróximadamente un mes de pataleta, Vox cedió, borró el comentario y recuperó las funciones de su cuenta en la plataforma.