El ambicioso proyecto de conservación de los ríos que todavía no han sido alterados por la mano del hombre se ha quedado en agua de borrajas en menos de una década: 320 tramos de cauce que suman 1.529 kilómetros se han caído de la lista de reservas naturales y de paisajes fluviales que el Cedex (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) propuso preservar hace ocho años, cuando ocupaba la cartera de Medio Ambiente la conservacionista Cristina Narbona.

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El recorte tiene especiales consecuencias en la cuenca del Ebro, la más afectada con 192 tramos de cauce que suman 1.174 kilómetros lineales en el caso de las reservas naturales fluviales. En el resto del Estado, el listado de este tipo de áreas se reduce de 140 a 120, aunque la longitud de los cauces crece hasta casi duplicarse, al pasar de los 1.364,9 kilómetros del planteamiento inicial a 2.281.

El Consejo de Ministros aprobó hace unas semanas, a instancias de la responsable de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, el listado de las reservas, cuyas normas de gestión vienen recogidas en los nuevos planes hidrológicos de cuenca que el Consejo de Ministros publicará como decretos a mediados de noviembre, y que hace unas semanas recibieron, con la excepción de los del Cantábrico, el visto bueno del Consejo Nacional del Agua. Han permanecido en exposición pública del 15 de septiembre al 15 de octubre.

De 4.208 kilómetros de río a solo 2.669

La propuesta del Cedex, una institución de prestigio en materias como la hidrología o el cambio climático, incluía 217 tramos de río que suman 1.562,2 kilómetros de cauce en la cuenca del Ebro y 140 zonas que abarcan otros 1.364,9 en el resto de España. Eso, como reservas: áreas con “escasa o nula intervención humana”, cuya protección impulsó Narbona para conservarlos sin alteraciones y con los objetivos de mantener su biodiversidad y de crear una red de corredores biológicos fluviales que vertebrara la Red Natura 2000.

En la resolución, que finalmente incluye 135 áreas que suman 2.669 kilómetros de cauce, no hay rastro de los 98 paisajes fluviales cuya protección instó el Cedex, y que suponen otros 1.281,5 kilómetros.

Tampoco la protección de esas zonas va a ser la misma que se preveía cuando arrancó el proceso que ha llevado a su declaración. De hecho, la resolución del Consejo de Ministros ya advierte que la figura elegida no es más que “un subtipo de la más amplia categoría de reservas hidrológicas por motivos ambientales reguladas en el artículo 25 del Plan Hidrológico Nacional”.

Dura disputa competencial en Aragón

Redacciones como la del Plan Hidrológico del Ebro (PHE) dan fe de esa relajación de los objetivos. La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica “podrá tomar medidas de protección y explotación adicional en función de la evolución del estado de las masas” de agua catalogadas como reservas fluviales. Hace ocho años, solo podrían haberse autorizado en ellas actividades cuyos “efectos negativos no sean significativos ni supongan un riesgo a largo plazo”.

No obstante, la normativa estatal contempla la posibilidad de vetar concesiones para nuevas actividades en su perímetro o autorizaciones para el uso de sus aguas.

La delimitación de las reservas fluviales y el establecimiento de sus normas de gestión ha provocado un inesperado enfrentamiento entre el Gobierno central y el de Aragón, cuyas Cortes aprobaron a finales de la pasada legislatura, por unanimidad y a propuesta del ejecutivo PP-PAR, la Ley de Aguas y Ríos, que otorgaba esas competencias a la comunidad autónoma. Los artículos que regulaban esa materia están suspendidos tras haber llevado La Moncloa el texto ante el Constitucional.

El amplio listado inicial de tramos de río salvajes y susceptibles de ser declarados reserva fluvial en Aragón incluía algunos cauces ‘sensibles’. Era el caso de la Canal Roya y la Canal de Izas, situadas en el corazón del área pirenaica en la que empresas turísticas e inmobiliarias pretenden crear el mayor dominio esquiable de Europa. Ambos ríos se han caído de la lista.