Hace más de un año, 9 de julio de 2018 para ser exactos, se produjeron varias protestas en contra alto costo del peaje de la ruta D – 43 por parte de organizaciones sociales, organizaciones políticas, empresas de buses, camioneros, PYMES y ciudadanos que tenían conciencia del perjuicio económico que se aproximaba.

El abusivo precio del peaje encareció el costo de la vida de los habitantes de la provincia de Limarí y Elqui, y principalmente de aquellos que viven en las comunidades aledañas a la D - 43, esto se vio reflejado en el alza inmediata que se produjo en el transporte público (buses y colectivos) la cual fue traspasada a los usuarios, alzas en algunos productos producido por las PYMES y quienes viajan a diario para abastecer a sus negocios. Estas alzas las absorbieron las familias más humildes y las pequeñas empresas.

Esta situación ha generado una gran molestia e indignación, que se fue acumulando durante este tiempo y el que gatilló en la protesta del 17 de diciembre de 2019 en que un grupo de manifestantes quemaron dos casetas como una forma de demostrar su descontento ante el anuncio de un alza de 500 pesos, lo que dejaría el valor del peaje en 3050 pesos. Tras un acuerdo entre el MOP y la empresa concesionaria, el valor del peaje quedara en 2600 pesos, a cambio quizás un posible copago del Estado o más años de concesión. Este anuncio por donde se le mire es un insulto y un atropello a la dignidad de la personas que deben cargar con este precio irracional.

Si pensamos desde el día en que quemaron el peaje y dejaron de cobrar, las personas que viajaron ida y vuelta todos esos días en sus autos particulares se ahorraron alrededor de 50 mil pesos. Una cifra de ahorro no menor considerando los sueldos miserables que se pagan en Chile.

Quienes nos hemos manifestado en contra del peaje hemos planteado desde una rebaja a mil pesos, como precio justo y que lo retiren porque no debiese existir. Sin embargo, ninguna postura ha sido considerada. Tengamos en consideración que la concesión de la ruta D - 43 es por 30 AÑOS. Los chilenos y chilenas nos cansamos por 30 años de abusos, por lo que no sabemos si aguantaremos 30 años más de este abuso.

El Estado de Chile a través del MOP debe recuperar un rol protagónico en la construcción de las obras públicas, eso no resta que se hagan alianzas público – privada para algunas obras, pero siempre velando por cobros justos que no afecte de manera radical la economía del hogar. Debemos hacer políticas para las personas y no para las grandes empresas transnacionales, quienes hoy tienen una serie de beneficios tributarios y sus ganancias se multiplican por tantas regalías a costa de los ciudadanos. Hay voces en la ciudadanía que han expresado que sería mejor que el Estado cobrara un precio justo y pequeño por X cantidad de años, sabiendo que esos dineros serán reutilizados en la construcción de otras obras, antes que se pague a una empresa transnacional que se llevara esos mismos recursos a su país de origen. Las carreteras deben pertenecer a las chilenas y chilenos, y no a las grandes empresas transnacionales que se llevan nuestras riquezas y administran nuestros caminos por décadas.

Para el peaje de la ruta D – 43, la solución no pasa por seguir subsidiando las alzas con los recursos del Estado como planteaba un diputado, si al final son nuestros mismos recursos los que van a las arcas de la concesionaria y la rebaja como tal no existe, sino que solo congelan el valor de la tarifa. Tampoco pasa por instalar otro peaje en las cercanías de Andacollo u otro sector de alrededor de Ovalle para bajar el de la ruta D – 43, no se puede perjudicar a comunas y localidades más pobres, eso sería desvestir a un santo para vestir a otro. Quienes se trasladan y viven en las cercanías del peaje han solicitado un precio de 1000 pesos, los usuarios de Elqui y Limarí aún siguen esperando un camino alternativo donde no cobren y que debería estar presente para conectar ambas provincias. En lo personal, soy un convencido de que este peaje no debería existir.

Este gobierno ha demostrado proteger a las grandes empresas y sus privilegios, sino fuera por el rebelión del pueblo de octubre contra los abusos, jamás se habrían ido a sentar para cambiar los contratos con las concesionarias. Aquí es donde queda en evidencia que si es posible modificar los contratos, que si es posible cambiar nuestras condiciones de agobio, que si es posible generar cambios justos, aunque sigue habiendo ministros e intendentes que no estén por esos cambios. Sin ir más lejos, la Intendenta Lucia Pinto en 2018 dijo que los contratos no se podían modificar por nada del mundo y en octubre de 2019, por presión popular, se lograron modificaciones. Eso solo habla de la falta de voluntad política de las autoridades y de parte de quien están finalmente.

Ya en el pasado se planteó la posibilidad de poner un peaje entre La Serena y Coquimbo, el cual fue criticado por los alcaldes de ambas comunas, así como también por los usuarios de las redes sociales. Las autoridades desistieron, pero quién nos asegura que en un futuro cercano quieran volver con esta mala propuesta.

Solo para finalizar y que no puedo dejar de mencionar, vienen a mi mente algunos comentarios que leí en las redes sociales cuando quemaron las casetas de peaje en la D – 43. Decían que estaban dejando cesante a dos personas por este hecho. Sin embargo, este gobierno presentó un proyecto el cual comenzó a ejecutar en abril de 2019 en la ruta 68, llamado “Chile Sin Barreras” que pretende eliminar las plazas de peajes de las carreteras para reemplazarlas por un sistema de flujo libre donde los vehículos deberán adquirir un TAG por obligación para transitar. Esto a lo largo de todo Chile y podría dejar 5000 cesantes. Esto, junto con invisibilizar un pago que se seguirá haciendo por muchos años más y haciendo pensar que todo está mejor sin barreras.

¿Habrá quien quiera aguantar todo esto y por tanto tiempo?





Columna de Felipe Barraza