Patricia Itzá/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Por primera vez en Yucatán se procedió de manera legal contra un "chisme" de internet: el delito denunciado fue la difamación y se presentó directamente ante un juez ya que fue considerado un delito menor.

Suemy Lizama Sánchez, jueza de control del Centro de Justicia Oral, fue quien resolvió el caso de una comerciante de trajes de baño a través de la red social Facebook, quien fue difamada por una cliente en esta misma red social.

El caso comenzó cuando la vendedora se retrasó por cuestiones fuera de su alcance con la entrega de un pedido, por lo cual la compradora decidió emitir una publicación en Facebook en el cual desprestigiaba el negocio, mensaje que en poco tiempo se hizo viral, a pesar de que la misma comerciante había ofrecido antes la devolución del dinero.

Debido al impacto que tuvo la difamación la vendedora tuvo un importante número de cancelaciones con pérdidas cercanas a los 50 mil pesos, lo que implicó una “afectación patrimonial”.

“Cuando se decide optar por la vía privada o particular –como en este caso- el Ministerio Público no interviene. Será la víctima con su abogado quienes realicen las investigaciones, los cuales deberán presentar sus testigos, documentos y todo aquello que pueda servir como prueba”, explicó Lizama Sánchez.

El castigo

Después de un par da audiencias el caso se resolvió y la cliente que difamó tuvo que pagar la cantidad de dos mil pesos como compensación, sin embargo, lo más importante para la vendedora fue que obtuvo una disculpa pública en las cuentas de Facebook implicadas.

La jueza Lizama Sánchez explicó que esta tipo de situación es complicada, ya que aunque las redes sociales no están regularizadas, en ellas también la ley es válida y se persigue cualquier delito:

“Hay que tener cuidado y ser responsables con las redes sociales, principalmente cuando se comparte la imagen de alguien al que se le acusa de alguna situación como robo, secuestro, abuso, entre otros”, precisó.

Explicó que en el caso mencionado, si las involucradas no hubieran llegado a un acuerdo durante las dos audiencias que se realizaron, el siguiente paso hubiese sido un juicio oral, en donde se podría establecer sanciones de tres días o dos años de cárcel o multas de 20 a 200 días de UMA.