La Procuraduría General de la República (PGR) acusó, junto con el político veracruzano, a estas ocho personas de lavado de dinero y delincuencia organizada. Van desde un amigo de Javier Duarte que nombró al gobernador con licencia de Veracruz como heredero de todos “sus bienes”, hasta una mujer de bajos recursos a la que le embargaron un departamento por una deuda con el banco.

Este miércoles 19 de octubre, Animal Político y el noticiero 10 en Punto de Televisa revelaron quiénes son los ocho acusados, además de Duarte, según autoridades judiciales. Estas señalaron que los acusados deben ser considerados inocentes hasta que un juez defina lo contrario, como lo marca el sistema penal acusatorio.

Javier Duarte y su red

La lista de imputados inicia con Javier Duarte, el gobernador con licencia de Veracruz y al que la Procuraduría considera el principal beneficiado del presunto desvío de recursos públicos.

Después aparece el nombre de Moisés Mansur Cysneiros, un empresario veracruzano que, según denuncias presentadas en la Procuraduría, constituyó empresas fachada del giro inmobiliario para filtrar los recursos públicos en inversiones en ese ramo en Estados Unidos.

Mansur tiene al menos tres inmuebles en la Ciudad de México, que según su testamento pasarían a ser propiedad de Javier Duarte si fallece. Se trata de los inmuebles ubicados en Prado Norte 135, en Lomas de Chapultepec; una oficina en Campos Elíseos 71 B, en Polanco, y un local en Plaza Centro, en Masaryk.

Un video revelado por el noticiero “Despierta” evidenció a Mansur aceptando que pagaba la tarjeta de crédito de la esposa de Duarte, Karime Macías. Las autoridades además tienen datos de que dicho empresario le prestaba un vehículo con chofer incluido a Macías para sus traslados.

En el grupo de ocho imputados figuran Juan José Janeiro Rodríguez y Rafael Gerardo Rosas Bocardo, quienes, siguiendo instrucciones de Mansur, habrían invertido el dinero en un rancho en Las Mesas, en una operación que involucró más de cinco millones de pesos, cuyo origen no está confirmado.

La lista la completan cinco personas que habrían colaborado como accionistas, contadores o representantes legales para desviar recursos públicos e invertirlos mediante firmas fantasma. Se trata de Santa Bartolo Acuña, Miguel Velásquez Nieva, las hermanas Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta y Javier Nava Soria.

En el caso de las hermanas Arzate Peralta no hay registro de que tengan actividad laboral alguna que justifique su supuesto perfil empresarial y de hecho, en el caso de Nadia Isabel, enfrentó una demanda de embargo de una propiedad en Naucalpan por deudas bancarias.

Consulta el especial: Las empresas fantasma de Veracruz.

¿Cuál fue la mecánica, según la PGR?

Este grupo, según las investigaciones de PGR, trabajó de forma conjunta para encubrir el origen e invertir al menos 500 millones de pesos que fueron desviados de partidas públicas.

La mecánica que se presume se utilizó en el desvío de recursos era la siguiente: Durante varios meses, el gobierno de Veracruz desplazó el dinero público en contratos con al menos 35 empresas fantasma, entre ellas las reveladas en un reportaje publicado por Animal Político.

Las operaciones contratadas eran simuladas, como indagatorias del SAT lo concluyeron, pero el dinero sí se “pagaba” para luego desviarlo a otras dos compañías que “lavaban” su origen en nuevas inversiones. Detrás de esas dos compañías están Duarte y el grupo acusado de lavado.

El dinero se habría utilizado finalmente para adquirir diversas propiedades, desde inmuebles en Estados Unidos, hasta ranchos o terrenos ejidales en México. En el caso de los terrenos, estos fueron vendidos con sobreprecio y los recursos excedentes se devolvieron a Javier Duarte.

La procuradora Arely Gómez confirmó que se había procedido penalmente contra un grupo de nueve personas –entre ellos Duarte– por los delitos mencionados. Este medio publicó que el caso se encuentra en un juzgado federal de la Ciudad de México que el pasado fin de semana giró las nueve órdenes de aprehensión.

Este proceso, se suma al que la PGR también impulsa en juzgados federales en Veracruz contra socios de empresas fantasma a los que se asignaron contratos estatales y en el cual ya hay siete procesados. El dinero de esos contratos, junto con otras partidas, habría sido triangulado hacia la red que se encargó de lavarlo para ocultar su origen. Además, la Procuraduría tiene otras líneas de investigación en curso que involucran a personas y exfuncionarios que aun no son consignadas.

Hasta ahora, de los nueve procesados en la misma causa penal que Javier Duarte, solo han sido detenidas dos mujeres.

Los delitos que se imputan a los implicados son considerados como graves y podrían alcanzar hasta una pena de hasta 20 años de cárcel de ser encontrados culpables.