La policía municipal de Valladolid detuvo la noche del 21 de febrero a tres mujeres que pegaban carteles de la huelga general feminista del 8 de marzo

La policía municipal de Valladolid retuvo la noche del 21 de febrero en la comisaría de la calle Gerona a tres mujeres que pegaban carteles de la huelga feminista del 8 de marzo y que ahora se enfrentan a una posible sanción en aplicación de la recién aprobada Ordenanza de Protección Ciudadana.

“Como se hace en cualquier convocatoria de huelga general, estábamos pegando carteles informativos cuando aparecieron varios vehículos de la policía municipal”, ha asegurado Rosa Gómez, de la Asamblea por la Huelga General Feminista 8 de marzo de Valladolid, quien recalca que los agentes actuaron “con agresividad” durante todo el episodio.

Gómez considera que les podrían sancionar con multa de hasta 600 euros por “lo que llamamos la ordenanza mordaza”, la normativa municipal sobre Medio Urbano y Protección Ciudadana aprobada en el Pleno municipal el 6 de febrero, que sustituye a la vigente desde 2014. Según la activista, con esta actuación “están aplicando la ordenanza para reprimir la huelga general”.

Valladolid fue una de las ciudades pioneras en la aprobación de un texto para la sanción de comportamientos en el espacio público. En 2004, el entonces alcalde León de la Riva, del Partido Popular, firmó la Ordenanza municipal sobre protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales de Valladolid, con el objeto, según su artículo 1, de prevenir “actuaciones perturbadoras de la convivencia” y proteger “los bienes públicos de titularidad municipal y todas las instalaciones y elementos que forman parte del patrimonio urbanístico y arquitectónico de la Ciudad de Valladolid”.

En la práctica, la aplicación de estas normativas ha restringido derechos y ha dado lugar a situaciones cercanas al esperpento, como multas por beber refrescos en la calle o por pegar carteles anunciando un ciclo de cine en un colegio, como ocurrió la pasada semana en Granada.

Al igual que en Barcelona, Córdoba y otras ciudades que aprobaron normativas similares, la ordenanza fue muy contestada en Valladolid. “Por la respuesta en la calle y por los recursos judiciales, el Ayuntamiento se vio obligado a introducir modificaciones y suprimir algunos artículos”, recuerda Gómez, que también señala que “una de las promesas de los partidos que ahora gobiernan era derogarla y lo han hecho, pero ahora han aprobado una igual, calcada párrafo a párrafo, saltándose incluso las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León”.

El 6 de febrero, el Pleno del Ayuntamiento aprobó la nueva Ordenanza de Protección Ciudadana, con los votos a favor de PSOE, Valladolid Toma la Palabra y Sí Se Puede Valladolid, los tres grupos que sostienen al alcalde, Óscar Puente. En la sesión, el edil del PP Borja García Carvajal afirmó que “el 80% del texto es idéntico” al que aprobó el equipo de Gobierno de su partido en 2014.

La Asamblea por la Huelga General Feminista 8 de marzo de Valladolid convocó una concentración ayer viernes 23 en la Plaza Mayor de la localidad para protestar por esta actuación.