Por Antonio González*, miembro de Economistas Frente a la Crisis

Rectificar es de sabios. Aunque si la equivocación se ha cometido al reformar el mercado de trabajo, las consecuencias económicas y sociales son tan grandes y graves que casi habría que pedir responsabilidades. La devaluación salarial, que con tanto ahínco reclamaban economistas neoliberales, ahora se reconoce que ha sido un gran error. Lo más incomprensible es que en 2012, cuando se hizo la reforma laboral que agudizó la degradación de los salarios, hacía tiempo que los profesionales de la economía laboral ya sabían que

Los incrementos salariales de 2008 y 2009 (que aún hoy se utilizan arteramente para justificar aquella reforma) eran muy inferiores debido a que la enorme pérdida de empleos con salarios bajos elevaba artificialmente las medias salariales, un “efecto composición” que hoy ya reconoce hasta el Banco de España. En realidad las retribuciones más bajas, las de casi la mitad de los trabajadores, llevaban varios años cayendo en términos nominales y mucho más en términos reales. Como han demostrado los estudios que justo tras la reforma laboral han realizado los propios economistas que antes la reclamaban, las pérdidas salariales han sido monumentales: uno de cada dos trabajadores con contrato indefinido ha perdido su empleo a lo largo de la crisis (la mayoría ya antes de esa reforma laboral). Si ha encontrado otro trabajo similar la pérdida es de un 17% nominal; si el nuevo empleo es temporal en la misma empresa, la pérdida es del 44%, y si es temporal en otra empresa, del 48%. Devaluación salarial ya había, y en exceso. El ajuste laboral se estaba produciendo mucho antes de la reforma y por la vía de los precios, aunque las empresas preferían utilizar las dos vías: los despidos masivos y los recortes de salarios.

Durante la crisis se ha despedido a más de cinco millones de trabajadores con contrato indefinido https://t.co/dFZTAJelLM #ReformaLaboral — EFC (@EcoEFC) October 19, 2015

Ahora, aquellos que reiteradamente pidieron las medidas de devaluación salarial en documentos públicos de enero y abril de 2012 reniegan de los efectos claramente negativos e indeseables de esa devaluación al acusar a la reforma laboral de ofuscación. Incluso así, la rectificación es buena, siempre que la haya y no se quede únicamente en palabras.

Asignaturas pendientes

Las medidas esenciales que han acentuado la devaluación salarial son, en primer lugar, la desaparición a fecha fija de todo lo pactado en el convenio (la supresión de la ultraactividad), el debilitamiento de los convenios sectoriales (vigentes en todos los países avanzados del centro y norte de Europa) y la capacidad otorgada al empresario para, por decisión propia y sin negociación, bajar los salarios aunque no peligren la empresa ni la supervivencia del empleo. Estas medidas, entre otras, deben ser rectificadas. Y esa es la primera asignatura pendiente de la reforma laboral: corregir los errores. Para que se comprenda hasta qué punto lo son y cómo esas medidas han establecido un marco de devaluación salarial permanente, independiente de la existencia de recesión, tan solo hay que constatar que, con la economía creciendo a tasas del 3%, la devaluación salarial continúa produciéndose.



En segundo lugar, otro gran error que hay que corregir es la regulación del despido. Desde el inicio de la crisis se han producido en España más de cinco millones de despidos de trabajadores con contrato indefinido, aunque como se sabe sus salarios estaban cayendo. Ese desproporcionado ajuste de empleo apenas tiene que ver con el del sector de la construcción (en el que el empleo es mayoritariamente temporal). Se trata de un un ajuste silencioso y taimado porque 9 de cada 10 de esos despidos han sido individuales, no a través del despido colectivo es decir, sin negociación alguna. En 7 de cada 10, sin que el empresario tuviera que justificar razón alguna y sin posibilidad material de revisión posterior por un juez. Son los denominados despidos improcedentes, cuya regulación (más bien desregulación, habría que llamarla) provenía de una reforma realizada en 2002.

Con la economía creciendo a tasas del 3%, la devaluación salarial continúa produciéndose

Esa es la principal explicación de por qué en España el desempleo pasó del 8% al 26%, cuando la media europea apenas ha alcanzado el 12%. No es solo el grave problema de la elevada temporalidad del empleo. Las empresas se encontraron, al llegar la crisis, con una regulación del despido que les permitía realizar todo el ajuste a costa del empleo, de forma instantánea. Porque a ello ha de añadirse que el ordenamiento laboral español no establece un sistema de prevalencia de las medidas laborales de ajuste: las empresas eligen libremente entre la panoplia de fórmulas, sin que los despidos sean la última de ellas. Más aún, las medidas de ajuste no diferencian entre situaciones o dificultades coyunturales y estructurales de las empresas, de tal modo que pueden utilizar los despidos también para hacer frente a cualquier problema transitorio por leve que este sea. Y desde la reforma de 2012 lo pueden hacer con un despido improcedente, sin causa, que tiene un coste aún más bajo que el que dio lugar al abuso del despido desde el inicio de la crisis. También mediante un despido por causas económicas, que les permite llevarlo a cabo en situaciones de dificultad irrelevantes, que en ningún caso exigirían tan traumática solución. Su carácter causal o justificado ha quedado, en consecuencia, prácticamente vacío de contenido.



Recomponer y llevar de nuevo a la racionalidad económica y laboral el despido (en el marco de la regulación de un sistema racional de ajustes laborales) es, por lo tanto, la segunda asignatura pendiente si no queremos que, por mucho empleo que se genere en la recuperación, al más mínimo síntoma de debilitamiento de la economía nos encontremos con otro tsunami de despidos aún mayor que el que hemos padecido.

En tercer lugar está la desmesurada temporalidad. ¿Cómo es posible que la economía española duplique las tasas medias de temporalidad en todas las ramas de actividad (no en las sujetas a fuerte estacionalidad, en las que tampoco se justifican los niveles actuales de temporalidad)? Más extraño aún: ¿cómo puede ser que teniendo, según la OCDE, una de las regulaciones más estrictas de los contratos temporales se produzca ese clarísimo exceso de temporalidad? La respuesta es sencilla: la legislación en esta materia se incumple de forma general, sin que ello conlleve consecuencia significativa alguna.

Un fraude generalizado

Es de conocimiento común que las empresas, al contratar a un trabajador, le plantean de inicio un contrato temporal, independientemente de si el trabajo es estable o no. Y esto sucede así por todo lo largo y ancho de la geografía española, aunque la ley no lo permite: no es causa legal para suscribir un contrato temporal simplemente el que sea una contratación inicial. Es más, ese contrato se realiza habitualmente en fraude de ley y la consecuencia de ese fraude es que el contrato se transforme en fijo. Pero eso no ocurre. Porque requiere que el trabajador presente una reclamación judicial, como consecuencia de la cual es despedido por el empresario con una indemnización bajísima, debido a la corta duración del contrato. El negocio es ruinoso para el asalariado, que pierde su empleo y recibe una cantidad exigua de dinero, pero no tiene complicación alguna para el empresario, que contratará inmediatamente a otra persona con un nuevo contrato temporal en fraude, advirtiéndole de la experiencia de su predecesor.



La regulación legal, pues, favorece y alienta el fraude por las escasas consecuencias de su sanción, y penaliza a los trabajadores indebidamente temporales, castigándolos con un estatuto de inestabilidad laboral permanente, cuando no con el paro. Pero no se trata de crear un contrato con el que los empresarios puedan hacer legalmente lo mismo que ahora hacen de forma ilegal (el contrato único, que permite, con igualmente ridículas cuantías económicas, rescindirlo sin causa a los pocos meses y contratar a otro trabajador, y así una vez tras otra). Se trata de cambiar el juego de incentivos de tal forma que, ante los casos de fraude en la contratación temporal, el penalizado sea el empresario y el beneficiado, el trabajador. Se trata de desincentivar el fraude creando un dispositivo económico disuasorio, pero no de penalizar la utilización justificada, legal y legítima de los contratos temporales que sean necesarios. Hay actividades, como la construcción, donde un trabajador temporal al cabo de 20 años continúa siendo temporal porque esa es la naturaleza de su actividad y seguirá comenzando y terminando obras y contratos temporales. Nada hay de reprochable en ello, ni hay trampa de temporalidad. La trampa existe porque se da el fraude cuando el trabajo no es temporal y el contrato sí lo es. Esta debería ser la línea de reforma de la tercera asignatura pendiente.

Durante la crisis se ha despedido a más de cinco millones de trabajadores con contrato indefinido

Y finalmente, las políticas activas de empleo, que requieren un replanteamiento total en varias direcciones: suprimir todas las bonificaciones a la contratación, cuyo resultado, según han demostrado todos los estudios, es “peso muerto” en el gasto público; establecer un verdadero sistema de intermediación eficaz que averigüe las carencias de cada desempleado, les dé respuesta con medidas adaptadas y conecte a la persona con las demandas de empleo del mercado laboral, porque la actual privatización (que exige pagar con dinero público a empresas privadas porque no son capaces de cumplir con su misión) es un rotundo fracaso; reformar el sistema de formación hasta hacerlo eficiente y capaz de responder a las necesidades reales, lo cual es lo contrario de abandonarlo en manos de una inmensa red de inútiles empresas privadas de formación. Todo ello aumentando los recursos hasta los niveles que tienen los países con bajas tasas de paro de larga duración. Estas son las principales asignaturas pendientes y esta es la forma de conseguir una rectificación a los males que arrastra el mercado laboral, exacerbados por las recientes reformas.

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Este artículo se publicó en el semanal Ahora y se reproduce aquí con la autorización del autor