La Fiscalía pide 25 años de prisión para Oriol Junqueras al considerarle el líder de una rebelión con "numerosas situaciones de violencia", una acusación que la Abogacía del Estado rebaja a 12 años al acusarle de sedición, por estimar que solo hubo "incidentes de orden público" en un "ambiente hostil".

El Ministerio Público y la Abogacía del Estado han entregado sus escritos de calificaciones provisionales en el Tribunal Supremo, cuyas conclusiones evidencian la crónica de una ruptura anunciada en las últimas semanas entre las dos acusaciones, en tanto que la Abogacía ha optado por acusar por sedición y no por rebelión, al margen del delito de malversación y desobediencia que sí comparten. Esta divergencia de criterio motiva las sustanciosas diferencias de años de condena que reclaman sendas acusaciones.

La Fiscalía sitúa a Junqueras en la jefatura de la rebelión, junto a los Jordis y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, para quienes pide 17 años de cárcel, seguidos de los 16 que solicita para los cinco exconsellers encarcelados. Todos ellos por rebelión, un delito que, en el caso de los antiguos miembros del Govern, subsume la malversación que les atribuía el juez Pablo Llarena.

Un nivel de liderazgo del que discrepa la Abogacía del Estado, que sitúa a todo el Govern (a excepción de los huidos) en un primer grupo y pide para los cinco exconsellers 11 años y medio de prisión por sedición y malversación.

En el caso de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, la Abogacía solicita para ellos 8 años de cárcel por sedición por no considerarles autoridad, una circunstancia que en cambio sí que estima para Forcadell, para quien reclama 10 años de prisión.

Sí que coinciden respecto de los otros tres exconsellers, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, para los que piden 7 años de prisión y multa de 30.000 euros por malversación y desobediencia grave cometido por autoridad pública. La única diferencia está en los años de inhabilitación, 17 y 10, respectivamente.

Cierran el grupo de acusados los cinco miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron las denominadas "leyes de desconexión" -Lluis Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet- y la expresidenta de la CUP en la cámara catalana Mireia Boya, a los que ambas partes les acusan de desobediencia.

Y solicitan ambas 30.000 euros de multa y un año y ocho meses de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de desobediencia grave, salvo para Nuet y Boya, para quienes la Abogacía reduce su petición a 24.000 euros y un año y cuatro meses de inhabilitación.

El papel de los Mossos d'Esquadra

Llama la atención el rol "imprescindible" que la Fiscalía atribuye a los Mossos d'Esquadra, quienes antepusieron las directrices políticas del Govern a la Ley y se dedicaron a funciones impropias de un cuerpo policial como hacer seguimientos a la Policía y la Guardia Civil, entorpecer su labor e incluso oponerse físicamente.

De ellos sobresale el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, el exdirector de ese cuerpo Pere Soler y el exsecretario general de Interior César Puig, segundo de Joaquim Forn, a quienes la Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa de rebelión en un procedimiento paralelo que juzgará este tribunal, después del juicio que el Supremo comenzará en enero contra la cúpula política y social.

La Fiscalía acusa a estos tres procesados de rebelión en lo que supone un cambio de criterio, ya que durante la instrucción les acusó de sedición y organización criminal. Pide para cada uno 11 años de prisión y de inhabilitación absoluta, mientras que para la intendente Teresa Laplana solicita 4 años por sedición.

El Ministerio Público cree que entre septiembre y octubre de 2017 los responsables de los Mossos constituyeron "una pieza clave" para "impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los tribunales de justicia", dando cobertura a quienes "querían imponer por la fuerza de las masas derechos de los que carecían".

Carles Puigdemont, poco presente en los escritos

Del que apenas se habla en los escritos presentados hoy es del expresident Carles Puigdemont, con escasas referencias a episodios menores y ya conocidos en el procedimiento, sin entrar a valorar el rol que desempeñó en los hechos que culminaron con la DUI, al no dirigirse la acusación contra él por estar huido de la Justicia.