Desde la entrada del actual gobierno, el 1 de diciembre de 2018, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), que depende del gobierno federal, no tiene titular, sino solo un coordinador encargado de despacho.

Además, en el último año tuvo un recorte de presupuesto de más del 25% y bajó la cantidad de investigaciones iniciadas en delitos contra menores de edad.

En las últimas semanas, con la polémica por el aumento de feminicidios y el riesgo de que desapareciera esta tipificación legal, algunas organizaciones de la sociedad civil dijeron que, por el contrario, haría falta una Fiscalía Especializada en este delito, como sí la tiene la Ciudad de México desde el año pasado.

A nivel federal, la única instancia especializada en investigar delitos de violencia contra las mujeres es la Fevimtra.

Se creó en 2008 en sustitución de una anterior Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim), que a su vez, había nacido en 2006, tras la creación de fiscalías especiales para atender desde el ámbito federal esta problemática en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Pero actualmente, se enfoca sobre todo en los delitos de trata de personas y explotación sexual infantil, además de coordinar la Alerta Amber, para la búsqueda inmediata de niñas y niños reportados como desaparecidos.

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Sin embargo, ni sus resultados ni el presupuesto que tiene han crecido al paso de los años, sino que hay un estancamiento o incluso disminución.

Por ejemplo, el año pasado, solo se abrieron 88 carpetas de investigación por el delito de trata de personas y el 42% fueron casos en la Ciudad de México, mientras que en los estados de Puebla, Chiapas y Tlaxcala, que eran los que originalmente tenían más investigaciones por este delito, apenas tuvieron tres o cuatro cada uno en 2019.

Un estudio publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el año pasado, titulado “Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas”, criticó los resultados en cuanto a prevención y castigo de este delito. Encontró que de 2012 a 2017, solo hubo 562 sentencias condenatorias por trata en todo el país, y solo 19 salieron del ámbito federal, es decir, 3.8 al año.

La Fevimtra reporta haber abierto 578 carpetas de investigación en ese periodo, por lo que el porcentaje de sentencias condenatorias federales es de tan solo 3.3%.

Otro delito que esta Fiscalía persigue es pornografía infantil. En los reportes se advierte un desplome en el número de investigaciones abiertas en el último año: tan solo 19, la cifra más baja desde el segundo año de su creación. Casi el 60% de indagatorias fueron en la capital del país, y las otras fueron en el Estado de México, Baja California y San Luis Potosí, además de cuatro que no se determina un lugar porque ocurrieron en internet o en el extranjero.

En 2015 fue cuando más se investigó este delito a nivel federal, con 108 carpetas, pero a partir de 2018 la cifra cayó a 63.

En cuanto a Alertas Amber, que son un mecanismo para difundir la información de una niña o niño cuando desaparece y pedir que la comunidad ayude a su búsqueda, cada estado maneja las suyas y no hay coordinación ni datos a nivel nacional. De las que sí se levantaron ante esta dependencia federal, el número de 2019 es el peor desde que este mecanismo llegó a México, en 2012.

Solo se lanzaron 82 alertas, cuando el promedio anual era de 176. Por ello, también bajó el número de niñas o niños localizados, a solo 54, cuando un año antes habían sido 87.

Alerta Amber promociona un número telefónico 800 (antes 01 800) para reportar desapariciones de niños, que es el mismo para dar aviso de casos de trata de personas. Sin embargo, Animal Político marcó en reiteradas ocasiones y nunca hubo quien atendiera la llamada.

Al acudir a la dirección que aparece en internet de la Fevimtra, se encontró que el edificio se encuentra abandonado, pues tuvo daños en el terremoto del 19 de septiembre de 2017, y las nuevas oficinas están en una de las sedes de la FGR.

Esta Fiscalía había tenido seis titulares mujeres desde su creación, pero actualmente no hay fiscal y el encargado es un hombre, Juan Manuel Zavala, con puesto de coordinador general. Son también hombres tres de los cuatro directores generales adjuntos con que cuenta.

La dependencia explicó a Animal Político que Zavala funge como titular en toda regla, aunque por el proceso de transición que empezó el año pasado la Procuraduría General (PGR) a Fiscalía General, es que hay cargos que no se han ajustado.

Recortes de presupuesto

En los últimos cinco años, el presupuesto asignado a la Fevimtra se ha mantenido casi sin cambios y al final del año, lo ejercido ha sufrido recortes significativos.

En 2016, se le habían aprobado 75.7 millones, de los que terminó usando 67.1. Para 2020, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) ni siquiera le concedió ese monto, sino solo 66.2 millones.

En 2019, el primer año completo del nuevo gobierno, el recorte a Fevimtra fue de 26.5% de sus recursos, es decir, una cuarta parte.

En general, las tres instituciones federales que existen para atender temáticas exclusivamente de mujeres llevan dos años sufriendo recortes significativos de entre 10 y 13% en promedio.

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La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) tuvo en 2018 un recorte de casi un cuarto del presupuesto asignado originalmente, y en 2019 también reportó un subejercicio del 16.5%. En contraste, para 2020 tiene etiquetado en el PEF 300 millones de pesos, la cantidad más alta en los últimos cinco años.

Este jueves, Conavim presentó un informe de actividades realizadas, en el que reportó la entrega de 79.7 millones de pesos en subsidios para apoyar a Centros de Justicia para las Mujeres en siete ciudades del país, aunque reconoció que dos de ellos, en Tapachula, Chiapas, y Fresnillo, Zacatecas, aún no están operando.

Otros 101.6 millones, afirmó, se han repartido entre 15 estados para acciones de sus Alertas de Violencia Género, un mecanismo que pretende actuar contra los feminicidios en las entidades. Sin embargo, a pesar de estas alertas declaradas en casi la mitad del país, los homicidios de mujeres no han bajado y alcanzaron los 10.5 por día en todo el territorio.

Finalmente, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), encargado de crear políticas públicas para este sector de la población y que es el que más presupuesto federal tiene, también tuvo un subejercicio el año pasado de 10.5% respecto de lo aprobado.