Más allá de la COP25: los pueblos por el clima

Las decisiones unilaterales del gobierno chileno de Sebastián Piñera de cancelar la celebración de la COP 25 en Chile –ignorando a los movimientos sociales chilenos y del resto de América Latina y su trabajo previo de meses– y del gobierno de Pedro Sánchez de acoger el evento, obligan a los movimientos sociales del Estado español a tomar un relevo sobre el que no han sido consultados, en un marco temporal casi inasumible para garantizar una participación y contestación social adecuadas.

Siendo conscientes del claro eurocentrismo que implica la celebración de una COP en un país europeo por tercer año consecutivo, aceptamos el reto de articular protestas y críticas contra estas políticas como una enorme responsabilidad. Lo hacemos desde la rabia e impotencia ante las injusticias y atrocidades que se están cometiendo contra el pueblo chileno, desde la solidaridad y apoyo frente a la decisión de continuar con la celebración de la Cumbre de los Pueblos y de la Cumbre Social por la Acción Climática en Chile, y desde la determinación de intentar generar un espacio donde su voz también pueda ser escuchada.

Condenamos de forma tajante y sin tapujos la violación de derechos humanos en Chile y exigimos su cese. La declaración de guerra contra el pueblo chileno por parte de su gobierno es un ataque a la democracia y a la lucha por la justicia social. Demandamos que los responsables de esta represión sean sancionados. Queremos poner bajo el foco que la protesta social en Chile y en otros lugares del mundo es también la expresión de la crisis ecológica. El paradigma del crecimiento económico ilimitado está estrellando a la humanidad contra unos límites planetarios que desde el sistema económico se insiste en invisibilizar.

Vivimos tiempos convulsos de auténtica emergencia ecológica, climática y social. El diagnóstico científico es diáfano respecto a la gravedad y la urgencia del momento. El crecimiento económico se produce a costa de las personas más vulnerables: las personas racializadas, las personas indígenas, el campesinado, las personas empobrecidas, las personas migrantes, las personas LGBTI y queer, las comunidades de vanguardia en resistencia… Y se produce también a costa de nuestro entorno, las demás especies y los ecosistemas. Las mujeres, que forman parte de todos estos colectivos, se ven afectadas diferencialmente y son víctimas de las peores consecuencias del modelo capitalista cisheteropatriarcal.

Como activistas con base en el Estado español y la Unión Europea, queremos asumir la responsabilidad de denunciar el papel explotador de las regiones enriquecidas del mundo y su protagonismo en la generación de “zonas de sacrificio” en países empobrecidos, a través del extractivismo energético, material y cultural, que destruye comunidades y bienes comunes. Estamos viviendo en países que impulsan el consumo y la destrucción de la humanidad y la naturaleza, imponiendo nuestros modelos y visiones del mundo en otras partes del planeta.

Desde estos mismos países, que poseen una gran capacidad militar (especialmente armamento nuclear), se impulsa un nuevo concepto de securitización climática para proteger sus intereses por medio de la ocupación de importantes nichos de poder y dejando el control de tecnologías clave para la transición energética en manos grandes empresas de seguridad, mientras se incrementa la militarización de las fronteras y se acaparan tierras por todo el planeta. El cambio climático continuará alimentando conflictos armados y guerras a gran escala y violencia entre comunidades.

Desde esta posición privilegiada, nos comprometemos a asumir la responsabilidad de nuestro pasado común, presente y futuro. Nos rebelamos para cambiar este sistema letal.

Es necesario desenmascarar la hipocresía de gobiernos que llevan décadas fracasando en las negociaciones climáticas, al tiempo que blindan tratados comerciales y de inversiones como herramientas de dominación del capital, dirigidos a perpetuar el desequilibrio de poder que permiten el lujo de unas pocas personas a costa del sufrimiento de la mayoría, acaparando, privatizando y financiarizando cada vez mayores esferas de la vida. Esos mismos gobiernos alimentan la industria fósil con subsidios millonarios y protegen y rescatan bancos fósiles que se lucran con la crisis climática y la devastación ambiental y social.

El papel de las empresas transnacionales españolas y europeas en regiones como América Latina han supuesto una prolongación de la larga noche de los 500 años de colonialismo, acrecentando la crisis ecológica, y minando las posibilidades de soberanía de los pueblos. Chile, hoy, es la expresión del cansancio de las políticas neoliberales y extractivistas en todo el continente. América Latina es Chile y Chile es América Latina.

Creemos en la justicia climática como el eje vertebrador de la lucha social de nuestro tiempo: porque la sostenibilidad es imposible sin justicia social, y la justicia no existe sin un respeto a todos los seres que viven en el planeta. La justicia climática es el paraguas más amplio que existe para proteger bajo su esfera toda la diversidad de luchas por otro mundo posible: ecologismo, activismo climático, feminismo, LGBTIQ+, sindicalismo, antirracismo, antifascismo, antimilitarismo, movimientos decoloniales, movimiento indígena, movimiento campesino, movimiento rural… Promovemos la justicia climática como un movimiento de movimientos en el que quepan muchos mundos diversos.

Nos comprometemos a trabajar para dar visibilidad a las demandas que garanticen una transición justa realizada con la rapidez suficiente, para evitar nuevas catástrofes, como un calentamiento por encima de los 1.5°C o el colapso de los ecosistemas y la sociedad. Es necesario tomar decisiones basadas en la ciencia; la comunidad científica ya ha indicado con claridad la necesidad de dejar la mayor parte de los combustibles fósiles en el subsuelo, sin extraer, para lograr unas reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero que estén a la altura del reto climático.

Por ello nos rebelamos contra los modelos extractivistas relacionados con la producción y consumo de energía fósil en todo el mundo, así como rechazamos también con especial énfasis el uso civil y militar de la energía nuclear.

Instamos a un cambio radical en el modelo de movilidad que conduzca a la reducción del transporte masivo de mercancías y personas, causantes entre otros problemas de la turistificación y gentrificación exacerbadas en las ciudades, donde generan graves desigualdades sociales. El modelo de transporte debe paliar al mismo tiempo el creciente aislamiento del medio rural, una de las causas de su progresivo despoblamiento.

Denunciamos los intentos de promover falsas soluciones como aquellas basadas en la geoingeniería, que pretenden mantener el statu quo del actual sistema productivo, aleja el foco de las verdaderas soluciones y amenaza, además, con desiguales impactos a escala planetaria que nuevamente sacrificará primero a las comunidades más desfavorecidas.

Denunciamos también la imposición de un modelo de producción y consumo que no reconoce la alimentación como un derecho y que es corresponsable de la crisis climática y de biodiversidad y condena al hambre a más de 800 millones de personas. Exigimos una transición agroecológica que impulse sistemas justos y sostenibles, que respeten la soberanía alimentaria de los pueblos.

De igual forma, denunciamos la imposición de un modelo de producción y consumo basado en el “usar y tirar” que afecta una vez más a las personas más empobrecidas. Las cantidades ingentes de residuos producidos por los países enriquecidos son trasladados en su mayor parte a países del Sur obligando a vivir en una espiral de pobreza, violencia y condiciones insalubres a las comunidades y colectivos más vulnerables que habitan esos lugares.

Por otra parte la explosión social chilena y su brutal represión nos muestra que la crisis civilizatoria que vivimos es también una crisis democrática. Necesitamos avanzar hacia la construcción de modelos más democráticos de sociedad, que garanticen la toma de decisiones colectivas poniendo el bien común en el centro. En este sentido, la decisión de trasladar la COP 25 a Madrid supone también una merma democrática al comprometer los trabajos de meses de numerosas redes, colectivos y organizaciones de todo el mundo que no podrán ahora participar de la forma que habrían deseado.

Nos solidarizamos con quienes más sufren, con las personas trabajadoras y con las comunidades que están en primera línea de resistencia en todos los continentes. También nos solidarizamos con quienes menos han participado en alimentar la crisis climática y más acusan sus impactos. Apoyamos a todas las personas de cualquier género, origen, lengua, raza, etnia, capacidad física, orientación sexual, experiencia, edad y creencia.

Hacemos un llamamiento a personas y colectivos a rebelarse frente a un sistema capitalista opresor que expulsa cada vez a más personas –muchas de las cuales se ven obligadas a migrar de sus territorios– y esquilma de forma creciente las bases que sostienen la vida. Hacemos un llamamiento a participar en la respuesta social a la COP25 y a tejer red y construir comunidad frente a una crisis climática que es solo el síntoma más visible de un sistema profundamente injusto.

Invitamos a todas las personas y colectivos que se sientan interpelados por estas demandas a participar en la construcción de la Cumbre Social por el Clima, para rebelarse, proponer y tejer comunidad. Frente a la creciente represión y las estrategias para dividir y desmovilizar a los movimientos, mostraremos más unidad que nunca en la lucha común por la justicia.