Marchas, discusiones, peleas, y verdaderas persecuciones hollywoodenses se daban en las calles de la capital, todo a causa de la oposición de los taxistas a las aplicaciones de transporte privado como Uber y Cabify.

El gobierno inicialmente se planteó duramente ante estas aplicaciones, pero finalmente tras más o menos medio año, se ingresó un proyecto de ley al Congreso, que busca normar el funcionamiento de estas aplicaciones.

Sin embargo, esto viene con una “sorpresita”, de acuerdo publica El Mercurio.

El documento que presentó el Ejecutivo valora positivamente el servicio que prestan estas aplicaciones, pero en el marco regulatorio establece un “fondo para la innovación del transporte remunerado de pasajeros”, el que recibirá los dineros que surjan de las “externalidades” generadas por Uber y Cabify, externalidades donde se cuentan, por ejemplo, como la congestión que se generan con estos autos en el uso de la vialidad pública.

Y más encima, los recursos de este fondo serán destinados al gremio de los taxistas. Y se supone que se usará para renovar autos, sumar tecnología e incluso retribuir el gasto por permisos de taxis, los que cuestan cerca de 10 millones (por el congelamiento del parque automotriz). Este monto se devaluaría paulatinamente al permitir legalmente la operación de estas aplicaciones.

Abogados advierten problemas incluso constitucionales en la creación de este fondo. Desde la Universidad de Chile, el académico Enrique Navarro (abogado constitucionalista) plantea que esto “es un tributo y los tributos no pueden tener un destino específico; deben recaudarse e ir a un fondo común”.

Los taxistas, por su parte, estiman que este fondo es una suerte de “reparación” por el daño que dicen que les ha generado la irrupción de estas aplicaciones. “La retribución está bien por el mal causado, pero no sabemos si nos van a cubrir el 100% de los recursos. Nuestros ingresos han bajado un 45%”, manifiesta el presidente de la Confederación de Taxis de Chile, Luis Reyes.

En un comunicado, Uber planteó que “nos preocupan algunos requisitos que limitan la posibilidad de los chilenos de acceder y elegís viajes seguros, confiables y con precios cómodos”.

Se espera la aprobación de esta nueva norma para el primer semestre del 2017.