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Hace dos semanas más de 500 personas llegaron a la costa de Murcia en patera, después de la peligrosa travesía que implica cruzar el Estrecho en pleno mes de noviembre en embarcaciones inseguras. El Ministerio del Interior decidió saltarse la legalidad vigente en nuestro país y habilitar la nueva y vacía cárcel de Archidona (Málaga) como Centro de Internamiento de Extranjeros “de emergencia”. Esta macro-cárcel imaginada y nacida al albur del boom inmobiliario de nuestro país lleva más de cuatro años terminada, sin inaugurar.

En numerosas ocasiones hemos denunciado el internamiento en CIEs para intentar la posterior deportación de personas que acaban de llegar a nuestro país. ¿Por qué? Porque estos procedimientos colectivos y apresurados impiden que se garanticen los derechos de las personas migrantes. Demasiado a menudo, estos casos no son tratados de manera individualizada: en este proceso, España, gobernada por el Partido Popular, ha encerrado y a veces deportado a menores de edad, personas víctimas de trata o solicitantes de protección internacional. Vulneraciones de Derechos Humanos con mayúsculas.

Hace unas semanas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba también a España por las mal llamadas devoluciones en caliente

Ahora bien, no nos engañemos. Saltarse la Ley de Extranjería que establece en sus artículos 60.2 y 62 bis que los Centros de Internamiento de Extranjeros tienen un carácter no penitenciario es sólo un eslabón más en la interminable cadena de ilegalidades cometidas por el Partido Popular en materia de Derechos Humanos. Hace unas semanas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba también a España por las mal llamadas devoluciones en caliente. Vemos ratificado así lo que ya sabíamos, que son devoluciones ilegales.

Ante el tremendo bochorno de ver cómo el Gobierno incumple su propia legalidad a plena luz del día y sin vergüenza alguna convirtiendo una cárcel en un CIE, ¿cuál es el motivo de que la opinión pública no haya reaccionado con enorme indignación? Muy sencillo, porque en el fondo lo que las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos llevan tanto tiempo denunciando es radicalmente cierto. Los Centros de Internamiento SON cárceles racistas encubiertas. Parecen cárceles, funcionan como cárceles, privan de libertad a la gente y son, por tanto, cárceles. En la práctica, el Partido Popular trabaja fuertemente para reforzar una idea: los migrantes son en realidad delincuentes peligrosos. Les encerramos en CIEs que parecen cárceles y en cárceles que llamamos CIE. Migración y crimen se asocian, hasta parecer lo mismo. Tan doloroso como indignante.

Y todo esto nos lleva a una terrible pero irrebatible reflexión: estamos encerrando a la gente por migrar. Una aberración ilegítima para quienes imaginamos otro país posible. Un país acogedor, donde construyamos vecindad desde la diversidad y la riqueza que ésta aporta. Un país al que se pueda migrar con seguridad, con visados (actualmente imposibles de conseguir en la mayor parte de los países de África), sin tener que jugarse la vida en el mar.

Hemos visitado la cárcel-CIE de Archidona. Las personas allí encerradas llevan quince días con la misma ropa: apenas una sudadera y chanclas con calcetines. Durante la visita las temperaturas rondaban los 5 grados. Estoy segura de que si se hubiese recogido ropa en el cercano y pequeño pueblo de Archidona, la gente hubiese ofrecido en menos de 24 horas ropa suficiente para que los internos pudieran cambiarse y abrigarse. No me cabe ninguna duda de que este país y su gente es mejor que sus gobernantes.

Nos vamos con el corazón en un puño, dejando al menos tres posibles menores de edad encerrados en Archidona, segura de que la Historia nos juzgará por estos campos de concentración del s. XXI que son los CIEs, sean cárceles o no. Que no puedan decir que no alzamos la voz, que no nos revolvimos e hicimos todo lo que pudimos contra ellos.

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Ione Belarra Urteaga es portavoz adjunta del Grupo Confederal de Unidos Podemos- En comú Podem-En Marea en el Congreso.