No es ningún secreto que Petrobras está siendo sometida a un paulatino desguace, llevado adelante por todos los gobiernos recientes. Bajo el Gobierno de Bolsonaro, ese proceso que venía a pasos largos se profundizó, intentando acelerar la entrega de la empresa y de la vasta riqueza de petróleo, deshaciéndose de partes importantes de la empresa, impactando en la vida de sus propios trabajadores, que son descartados como simples números en la contabilidad de las exigencias del gran capital.

No en vano, cuando el sector entró en huelga el 1 de febrero, tomó como consigna central la reversión de los despidos de más de 1.000 trabajadores, que son consecuencia del cierre de la Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados Araucaria (Fafen), en la sureña provincia de Paraná. Con millones de desempleados en Brasil, el Gobierno muestra toda su desidia en relación a la vida de los trabajadores al anunciar ese cierre.

En ese contexto, motivos no faltan para enfrentar al reaccionario Gobierno, sea por los ataques sindicales a los petroleros, sea por los ataques al conjunto de los trabajadores. Aun así, puntualizamos cinco elementos centrales que hacen de esta lucha una causa para todos los trabajadores.

1) Solidaridad obrera contra los despidos

En todo el país los petroleros toman conciencia que después de Fafen, miles de otros petroleros, de planta y tercerizados, tendrán sus empleos en riesgo, en las refinerías, terminales, plataformas y campos terrestres. En un contexto de alta cantidad de desempleados, 11,6 millones de personas para ser exacto, no es un detalle que un sector con el peso de los petroleros tomen como propia la defensa de los puestos de trabajo de sus compañeros, aunque no los conozcan personalmente o vivan a kilómetros de distancia. Más fuerte aun es el desafío a la división entre efectivos y tercerizados, tan presente en la empresa y en todo el país. La huelga es un primer paso de unidad en el sector, luchando por los puestos de trabajo de 400 efectivos y 600 tercerizados.

De nada vale la propaganda del Gobierno sobre que la cantidad de empleos está volviendo a crecer, ya que los trabajadores tienen conciencia del tipo de trabajo que se está generando. Todo trabajador tiene un pariente o un amigo que, si no está desempleado, depende de trabajos precarios para sobrevivir, que tiene que someterse a los trabajos de las app, con jornadas extenuantes, sin derecho a vacaciones u otros beneficios. No es solo el desempleo lo que amenaza a los trabajadores sino la también la precarización del trabajo. La tasa de informalidad alcanzó el 41 % en el cuarto trimestre, un contingente de 38,4 millones de personas rehenes de esas condiciones.

Por esto es aun más injustificable e indignante la decisión del Gobierno de cerrar una fábrica entera, de exterminar miles de empleos, como si fuese una decisión contable solo para atender las exigencias de los accionistas de la empresa, que no ven razón para mantener en funcionamiento la fábrica. Además, Fafen es la última fábrica de fertilizantes nitrogenados de Brasil, cuyo cierre dejará al país inevitablemente dependiente de las importaciones. Otra demostración de la consciente planificación estratégica de los que quieren transformar a Brasil en un enorme granero para el mundo, sin tecnología y con autonomía cada vez más reducida.

¿Qué pasaría si este enorme ejemplo que están dando los petroleros contagiara al resto de la clase trabajadora, para que salgan en defensa de los puestos de trabajo de otros compañeros con riesgo de despido?

La burguesía tiembla de miedo ante ese potencial contagio y busca ahogar la huelga desde ya, para que ese ejemplo de solidaridad obrera no se extienda, amenazando un instrumento fundamental de la burguesía, el terrorismo del desempleo. Si esa solidaridad derrota los despidos, la victoria no será solo de los 1.000 petroleros de Paraná o de Brasil, sino de todos los trabajadores.

2) ¡“Credenciales verdes” (efectivos) y “credenciales amarillas” (tercerizados) en una sola lucha!

Si relacionamos este ejemplo de solidaridad obrera a que la mayoría de los empleos bajo riesgo en Fapen son de tercerizados, visualizamos un salto de calidad en la conciencia de los trabajadores aun más expresivo. Por todo el país, los huelguistas se arriesgan en la lucha, no solo por sus compañeros efectivos del sector sino por una solidaridad más amplia, por sus hermanos de clase, aunque sean tercerizados.

La fragmentación de los trabajadores es un instrumento de la burguesía para debilitar la lucha de los obreros e intensificar la explotación. En Brasil hay actualmente 4 millones de trabajadores tercerizados, una cantidad que ha aumentado progresivamente ya desde los gobiernos del PT. En muchas empresas como en esta fábrica de Petrobras, la cantidad de tercerizados supera incluso la de trabajadores de planta. Los salarios, los derechos laborales, incluso el comedor, el color de las credenciales y el del uniforme muchas veces son distintos. Pero los tercerizados están en una posición mucho más vulnerable para luchar por sus propios derechos. Sin embargo, la huelga unifica -tal vez por primera vez- en Petrobras a las “credenciales verde” con las “credenciales amarillas”.

Por eso, el hecho de que los petroleros se planten en defensa no solo de sus propios empleos sino también de los tercerizados es un golpe aun mayor a los patrones, que ven esa enorme fuente de explotación ampliada -el trabajo tercerizado- contestada por sus compañeros trabajadores.

La victoria de esta lucha fortalecería un desafío a esta división en todo el país. Podríamos levantar con mucho más fuerza una bandera necesaria: el pase a planta de los tercerizados sin necesidad de concurso público en las empresas estatales y órganos públicos.

3) Una trinchera para bloquear el avance de la privatización en el país

La privatización de Petrobras avanzó el período reciente a pasos cada vez más largos. Bajo la lógica ultraliberal del ministro de Economía, Paulo Guedes, de atender todos los deseos del mercado, diversos activos y sectores estratégicos de la empresa fueron y están siendo puestos en venta a precio de banana para atender la sed de ganancias de los inversores extranjeros. La lista es larga, pero podemos citar dos casos de privatizaciones que ya fueron llevadas a cabo: el de BR Distribuidora, la mayor distribuidora de combustibles del país y hasta entonces la segunda mayor estatal nacional, y el de Liquigas, empresa líder en el abastecimiento de gas.

La privatización de BR Distribuidora ya significó miles de despidos y el aumento del precio de los combustibles. Para hacer distribuidoras y refinerías más lucrativas para los compradores, los gobiernos ya desde Michel Temer aumentan los precios de los combustibles para que sean iguales a los practicados en Nueva York o Londres, sin considerar que el costo de producción de Brasil es muchísimo más bajo.

El Gobierno de Bolsonaro tiene 8 refinerías en la mira: Abreu e Lima (RNEST) en Pernambuco, Landulpho Alver (RLAM) en Bahia, Lubricantes y Derivados de Petróleo del Nordeste (Lubnor) en Ceará, Presidente Getúlio Vargas (REPAR) y Unidad de Industrialización de Xisto (Six) en Paraná, Alberto Pasqualini (REFAP) en Rio Grande do Sul y la refinería Gabriel Passos (Regap) en Minas Gerais, además de la refinería Isaac Sabbá (Reman) en Amazonas. Junto con las refinerías serán vendidas toda la estructura auxiliar, es decir, el conjunto de oleoductos y terminales de almacenaje de estas refinerías.

El caso de BR Distribuidora es ejemplar de lo que la agenda privatista le reserva a los trabajadores y la población de Brasil. La empresa era la segunda mayor estatal del país en facturación, moviendo casi 100.000 millones de reales. La venta del control accionario de la compañía en la bolsa de valores (Bovespa), ocurrida en julio pasado, recaudó 9.600 millones, ni una décima parte de lo que factura la empresa por año, lo que pone en evidencia una nueva estafa de la operación entreguista. Además, después de la privatización, la empresa ya despidió a 600 empleados solo en las dos últimas semanas de 2019 y su presidente ya afirmó que pretende despedir al 30 % de los 5.000 trabajadores. En fin, la creciente importación de derivados aumentó aun más con la privatización de BR Distribuidora, dejando un déficit comercial en derivados de petróleo. Esto muestra el crecimiento de la subordinación del país en un área estratégica.

No solo Petrobras es blanco de la saña privatista que quiere entregar todo el patrimonio brasileño a la sed de ganancias de empresarios y especuladores a costa de los trabajadores. El gobierno de Bolsonaro pretende transferir a la iniciativa privada un total de 115 activos, esperando que al menos 64 sean rematados todavía este año, incluyendo la venta de seis estatales, el remate del 5G, además de la concesión de aeropuertos, autopistas, ferrovías y parques nacionales.

El ejemplo de BR Distribuidor muestra que las privatizaciones liquidan el patrimonio nacional, sometiendo servicios públicos o sectores estratégicos de la economía a la nefasta lógica del mercado, además de terminar invariablemente en ataques a los trabajadores, que pasan por la transición, despidos, cambios en el régimen de trabajo o precarización de sus condiciones. La privatización transfiere recursos nacionales que pasan a obedecer a los imperialistas, a la corrupción nacional y extranjera, cuando deberían servir a los intereses del pueblo brasileño.

El peso de Petrobras en esta resistencia es enorme. Si la huelga de petroleros logra concitar el apoyo de la población y masificar el sentimiento de rechazo a las privatizaciones, se transforma en un importantísimo punto de apoyo para cada batalla similar que otros sectores enfrentan o enfrentarán. Como ya es el caso de la Casa de la Moneda y de Dataprev, ambos también en huelga, y como puede llegar a ser el caso de Correos.

4) Por un programa de los trabajadores: ¡una Petrobras 100 % estatal!

La respuesta de los capitalistas a la permanente crisis que atraviesa el país es seguir descargando sobre las espaldas de los trabajadores privatizaciones y ataques económicos. En contraposición a esa agenda de reformas neoliberales, los trabajadores deben buscar una alternativa que exprese su propio interés como clase.

En este caso, una Petrobras 100 % estatal, administrada democráticamente por los petroleros con control popular. Una gestión obrera bajo control popular garantiza otra lógica de producción para la explotación del petróleo, que no esté determinada por las ganancias de un puñado de accionistas nacionales y extranjeros sino para satisfacer las demandas de la sociedad. Desde las necesidades de abastecimiento de combustible, sea de nafta o sea del gas de cocina que pesa tanto en el bolsillo de madres y padres de familia, garantizando precios accesibles al conjunto de los trabajadores; además de asegurar que la enorme riqueza oriunda de la explotación del patrimonio ambiental nacional se convierta en inversión en salud, educación, dejando de alimentar el infinito saqueo de la ilegal, ilegítima y fraudulenta deuda pública.

En este mismo sentido, una gestión obrera bajo control popular para asegurar que todos los recursos del petróleo que fueron entregados a precio de banana sean reestatizados sin indemnización, como en el caso de campos marítimos denominados pre-sal, para terminar con este saqueo de riquezas nacionales. La gestión obrera es lo que puede garantizar la más completa transparencia y publicidad de los contratos, combatiendo verdaderamente la corrupción, a diferencia de la demagogia burguesa y de la Operación Lava Jato, que blindó y blinda de su actuación a intereses políticos y privatistas. La gestión obrera es la única forma de garantizar que esos recursos no estén al servicio ni del imperialismo ni de la corrupción.

Además, una gestión obrera que subvierta la lógica de la ganancia e incorpore la pauta ambiental, que utilice los vastos conocimientos técnicos de los trabajadores para prevenir accidentes ambientales tan comunes en la explotación predatoria capitalista, y que busque la superación de los combustibles fósiles con la inversión en otras matrices energéticas.

5) Contra la agenda de ataques económicos de Bolsonaro, el Poder Judicial y el imperialismo

Petrobras está bajo el fuego de distintos ataques económicos que el Gobierno busca descargar sobre los trabajadores. Cierre de unidades, privatización, despidos, precarización en las condiciones de trabajo mediante la vulneración del Acuerdo Colectivo de Trabajo, con la complicidad del Poder Judicial que medió el conflicto.

Desde el golpe institucional, Petrobras es el blanco número uno de los ataques que los capitalistas quieren imponer en Brasil. El mismo golpe tuvo como objetivo estratégico del imperialismo disminuir los márgenes de maniobra de la gigante estatal que crecía y se insertaba como competidora internacional, principalmente después del descubrimiento de los inmensos campos del pre-sal. El desarme y entrega de la estatal junto con sus campos de petróleo siempre fue el principal interés movilizador de la Operación Lava Jato en la compañía.

Bolsonaro, como heredero ilegítimo del golpe, asume con la misión de concretar y profundizar la agenda de contrarreformas que Michel Temer no pudo aprobar. Más allá de la reforma previsional, el desarme de Petrobras, con el ataque a sus trabajadores, está entre sus principales prioridades.

Sin embargo, si Petrobras está bajo varios fuegos, la resistencia que comienzan a levantar los petroleros abre varios flancos de batalla que pueden convertirse en trincheras para la lucha de otros sectores de trabajadores y un punto de apoyo para la movilización de toda la clase.

Por todo este potencial, con una adhesión nacional, varias estructuras en 12 provincias del país, los medios desde que empezó la huelga mantiene su boicot. Ocultando a la población el enorme aparato de represión, con ostensiva presencia militar, empleada por los gobiernos locales y federal para intimidar a los trabajadores, como se vió el martes en la refinería Duque de Caxías en Rio de Janeiro. Ocultando escándalos como la retención de trabajadores en prisión por más de 50 horas. Por todo este potencial, el Poder Judicial usa su autoritarismo para sofocar la huelga desde su inicio, golpeando con su represión. El reaccionario juez del Tribunal Superior del Trabajo Ives Gandra, deslegitimó el derecho a huelga de los petroleros afirmando que se trata de una huelga sin motivación, imponiendo una absurda multa de 500.000 reales por día de paro.

Hay que rodear su lucha de solidaridad. Los sindicatos, centros de estudiantes y los parlamentarios de la izquierda, desde el PT al PSOL, en todo el país tienen que tomar medidas de solidaridad con la huelga para ayudar a romper el cerco mediático, convocando a actos de apoyo en todas las ciudades. El apoyo de la CUT y de la UNE, con sus recursos financieros y mediáticos, debería ir mucho más allá de un posteo y un puñado de banderas en un piquete. El potencial de este sector y de su apoyo nacional permite mucho más que una demostración de fuerza. Permite un desafío a Bolsonaro para bloquear categóricamente el cierre de fábrica y despidos, y de esa manera abrir un cuestionamiento a las privatizaciones de conjunto.

La lucha de los petroleros, al igual que en 1995, puede ser un punto de inflexión contra las privatizaciones, enfrentamientos decididos y que la base tome la huelga en sus manos, como hicieron recientemente los trabajadores franceses, especialmente de los transportes. Sirve de ejemplo para que avance como una fortaleza para todos los trabajadores.

Para realizar ese potencial, la huelga tiene que transformarse en una causa nacional, es urgente la construcción de la unidad de toda la rama petrolera, independientemente de a qué federación pertenezca el sindicato, de la sindicalización o no de los petroleros, de si son efectivos o tercerizados. A partir de la fuerza de esta rama es posible construir el apoyo de todos los trabajadores del país para levantar bien fuerte en todo Brasil la lucha por ningún despido y no a la privatización de Petrobras.