Fue un 8 de agosto de 1951, hace 66 años. El Congreso Nacional sancionó la ley que volvía provincias autónomas a las otroras entidades subnacionales. Poco después se sancionaron sendas constituciones y se eligieron los nombres para las provincias: mientras que la actual “La Pampa” se nominó “Eva Perón”, el actual Chaco pasó a ser “Presidente Perón”.

El proyecto de ley, fomentado por la propia Evita, buscó transformar los Territorios Nacionales (unidades subnacionales controladas por el Estado nacional) en Provincias Autónomas. De esta manera, el gobierno nacional mostró claramente su interés por cimentar la soberanía política, uno de los pilares fundamentales de la ideología peronista.

Las nuevas provincias mostraban un gran crecimiento sostenido y hacía tiempo habían alcanzado el mínimo de población necesaria para su provincialización; pero los intereses particulares de quienes prefieren sus negociados antes que la independencia económica nacional, ralentizaron el movimiento por la provincialización. Ésta suponía la adhesión de nuevos ciudadanos políticos. Para el peronismo, la provincialización no servía solo a los intereses de la justicia social; además, permitía el acceso a los derechos políticos a una gran parte de los argentinos.

La provincialización suponía la adhesión de nuevos ciudadanos políticos.

Las constituciones de las provincias Eva Perón (1951) y Presidente Perón (1952) fueron, tras la autodenominada Revolución Libertadora, derogadas por decreto; los nombres de las provincias retornaron a los dispuestos por el Gral. Roca (La Pampa, en 1884) y por el entonces presidente Sarmiento (Chaco, en 1872). Como escribí hace poco, el nuevo gobierno anti-peronista instaurado después del golpe de 1955 no tuvo apoyo para las elecciones a la Asamblea Constituyente, por lo que las nuevas constituciones fueron fuertemente discutidas por su sanción no democrática.

La provincialización de los Territorios Nacionales, hoy una anécdota casi de nuestra historia, es otro ejemplo de la decisión política de un Estado Nacional por otorgar mayores beneficios a un pueblo que, en gran parte, se encontraba subsumido bajo la égida de un Estado centralizado. La creación de las provincias permitió una mayor participación del pueblo de la Nación en las decisiones políticas del país.