Ante la sospecha de posibles irregularidades, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz inició una investigación oficiosa para revisar el trabajo del juez que dictó una sentencia de 5 años y el pago de una multa de 70.10 pesos a Diego Cruz Alonso, uno de los jóvenes implicados en la violación de la menor Daphne Fernández, ocurrida en Veracruz en 2015.

En caso de que el juez no haya actuado conforme al debido proceso y de acuerdo con las leyes de la materia, podría ser sancionado de manera privada o incluso inhabilitado, informó el Consejo a través de un comunicado.

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El pasado 9 de agosto, dicho juez sentenció a 5 años y el pago de una multa de 70.10 pesos a Diego Cruz Alonso, por su implicación en la violación de la menor Daphne Fernández, suscitada en mayo de 2015 en el estado jarocho.

Pero debido a que la pena no excede los 5 años, según el Código Penal del estado, Diego puede obtener beneficios sustitutivos de la pena de prisión como el tratamiento en libertad o semilibertad por la que deberá pagar 15 mil pesos en efectivo.

La sentencia dice que si el acusado incumple con lo marcado por el juez volvería a ser recluido.

La Fiscalía del estado apeló esta sentencia pues ésta había solicitado que Diego fuera acusado de pederastia agravada, delito que según el artículo 183 del Código Penal de Veracruz tiene una penalidad de 12 a 40 años de prisión y una multa de hasta 5 mil días de salario.

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“Por tal motivo, al haberse impuesto una penalidad que no resulta acorde con lo solicitado por la Fiscalía en su pliego de conclusiones, se interpuso el Recurso de Apelación tanto por la Fiscalía como por el representante de la adolescente agraviada de identidad reservada, así como por el sentenciado, quedando radicada la apelación en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la sala correspondiente”, señala la Fiscalía en un comunicado.

En mayo de 2015, Daphne, entonces de 17 años, fue obligada a subir a un auto en el que viajaban Diego Cruz Alonso y otro joven que está prófugo.

Ambos la obligaron a sentarse entre ellos, “uno le quitó su teléfono y realizaron diferentes actos eróticos en contra de la voluntad de la adolescente y, por tanto, en detrimento de su integridad sexual, física y psicológica, pues se ejecutaron dolosamente en partes íntimas de su cuerpo (senos y debajo de la falda)”, expone la Fiscalía.