PANDEMIA Y CRISIS ECONÓMICA

Articulo de opinión: Juan A. Carnés

Hay evidencias claras de que el capitalismo utilizará la pandemia del Covid-19, como ensayo general, para justificar estrictos programas de austeridad: reducción de salarios, recortes en los servicios públicos, despidos de personal contratado por el sector público e importantes reducciones en lo referido a las ayudas sociales; combinando medidas antidemocráticas como el derecho a decidir de los pueblos que configuren el estado de “excepción” para imponer medidas sociales y políticas que incrementarán las desigualdades sociales entre los ricos y la clase trabajadora. El capitalísmo tanto español como internacional, ha tenido que movilizar recursos económicos para hacer frente a la pandemia, pero sobre todo, para conjurar las consecuencias del colapso financiero de 2008 que están todavía hoy presentes dentro del contexto de la pandemia mundial Covid-19. Desde luego, no se trata de minimizar en absoluto la importancia que tiene la epidemia en curso, ni la tragedia y sufrimiento que implican para los pueblos. A su vez la CEOE lanza a los cuatro vientos miedos y amenaza con apretar el cinturón todavía más a la clase trabajadora ante la posible reducción del 4% o 5 % del PIB. Como demuestra la economía, el consumo y la producción están indisolublemente unidos. Y que a las crisis económicas las precede, no la disminución del consumo, sino por la desminución en la producción. Y donde la producción disminuye, las ganancias se reducen y el capitalismo para mantener sus ganancias recurre, en primer término, a los recortes sociales y derechos laborales junto con limitaciones democráticas. Que la pandemia Covid-19 ha tenido efectos sobre la salud, la economía y la sociedad es un hecho que nadie lo pone en duda, pero otra cosa es pretender esconder y ocultar debajo de la epidemia las consecuencias destructivas que todavía persisten de la crisis financiera de 2008 .

La dimensión del impacto epidémico Covid-19 tiene su fuente en la destrucción paulatina de la Sanidad Pública. En 2011 el gasto sanitario público era de 74.987 millones de euros, pero debido a los ajustes presupuestarios, a pesar de la recuperación económica, el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 recortó 10.000 millones de euros en sanidad y educación. Y en los Presupuestos Generales del Estado de 2014, en un contexto de recuperación económica, impuso recortes sociales y en la Sanidad Pública, redujo a 66.826 millones de euros, destruyendo 52.194 puestos de trabajo sanitarios, reduciendo 4.917 el número de camas de los hospitales públicos junto con la subida del gasto de los medicamentos el 14% . La educación pasa por un proceso similar de reducción del 4,4% del PIB al 3,67 actual.

En consecuencia, la epidemia se desarrolla porque no existe un corta fuegos sanitario que apague el desarrollo y extensión de la epidemia Covid-19 .

El problema económico actual no radica funtamentalmente en la epidemia, sino de la situación de colapso financiero del capitalismo creado por la banca y las cajas de ahorro en el periodo de formación de la burbuja inmobilaria durante 1997 hasta 2007, cuando la vivienda alcanzó su precio más alto especulativo, dió lugar al estallido de la burbuja inmobilaria. En este contexto de asistencia de salvación del capital financiero, el impacto de la epidemia Covid-19 es un golpe terrible para un capitalismo español, débil en extremo. Cuando estalló la crisis inmobilaria española 2007- 2015 provocando una crisis económica, social e institucional . El banco de España frente a los antecedentes de la recesión en España e internacional optó por la indiferencia y el silencio. Los altos niveles de endeudamiento en el sector privado español han provocado y creado una profunda crisis de la deuda que ha sumido a la economía en una situación de recesión muy profunda; cuyas consecuencias principales del estallido han sido la quiebra de numerosos bancos y entidades financieras provocando su posterior rescate con gigantescas inversiónes de fondos públicos del Estado, un aumento considerable del paro en mas del 20% de la población, con un paro juvenil del 55% . Que también ha supuesto un gran abandono escolar.

En gran medida el dinero provenía de bancos europeos a través de los préstamos que la banca española y cajas de ahorro pedían: Alemania, Francia, Reino Unido, Paises Bajos, Italia y Estados Unidos: proporcionando una liquidez financiera que no tenían. La mala adminstración y el afán sin escrúpulos de ganancias, junto a la ausencia de medidas reguladoras del Banco de España; proporcionaron la facilidades para obtener créditos hipotecarios que posibilitó el impulso de la subida de precios de las vivientas y de la especulación construyendo la burbuja inmobilaria. Por otra parte, señalar que el foco de la deuda se ha fijado en el ladrillo, dejando de lado las cuantiosas deudas de las empresas . Por lo tanto, en 2007- 2015 lo que estalló junto con la burbuja inmobilaria fue también la crisis de la deuda de bancos y de empresas.

Para impedir la quiebra en curso del sector financiero español, y para evitar que los bancos acreedores de Europa no fueran arrastrados a la quiebra . A finales de 2011 se recurrió al MEDE que prestó 41.333 millones de euros para ” salir del atolladero ” . Por entoces la deuda española se repartía, de la siguiente forma : deuda pública 11.888.688 millones, el 16% del PIB. Deuda de entidades financieras 23 .137. 376 millones, el 32% del PIB. Deuda de grandes empresas 230.343 .333 millones, el 31% del PIB. Deuda de las familas 11.888.688 millones, el 21 % del PIB ( Fuente: Banco de España ) . Al mismo tiempo que se impedía la quiebra financiera con dinero público, el Estado se embarcó en una deuda de dimensión estratosférica . Los responsables de los desmanes económicos financieros y empresariales decían : ” los españoles viven por encima de sus posibilidades económicas”, pero la realidad demuestra que las entidades financieras y las empresas sí lo hacían. Además, las reformas laborales de 2010 y 2012 se realizaron con la clara orientación de facilitar el despido barato de trabajadores a la carta de los intereses de la CEOE creando trabajo precario mal pagado y sin derechos, reducción de salarios y sobre explotación del trabajo. Y si acontece desajustes económicos como es el caso que nos ocupa, recurren al Estado para que les saquen las catañas del fuego, con reducciones de impuestos que les corresponda pagar y con subenciones de dinero publico gratuito a fondo perdido. Que junto a la inútil administración de la economía que hacen, está el despilfarro y la corrupción millonaria de obras infrautilizadas y otras inútiles . Por ejemplo: líneas de AVE deficitarias, la Ciudad de la Luz, la Ciudad de las Artes, Centro Internacional Oscar Niemeyer, el aeropuerto de Ciudad Real y de Castellón — que nunca se utilizaron –, y una lista extensa de gastos sin justificar donde desaparecieron miles de millones de euros a costa de la deuda del Estado. Mientras tanto, en el contexto de “riqueza” de la deuda; el número de familias sin ingresos se eleva a 376.000 hogares que no perciben nada, no tienen nómina ni subsidio de ninguna clase y si hay niños pasan hambre.

El desempleo de la juventud alcanza el 50% en menores de 25 años, los jóvenes han sido junto a las mujeres los perdedores en la situación de la crisis del capital financiero . El desempleo juvenil se ha convertido en un drama económico que les imposibilita acceder a una vivienda, lo que les penaliza doblemente que confirma la precaria situación que sufren los jóvenes, fuerzan a la juventud a emigrar, cuya principal fuente de recursos son los padres y de las pensiones de mayores jubilados. Los desalojos de familias de sus casas en España — desahucios — sin solución habitacional se elevan a 420.600 familias. La emergencia habitacional para familias y personas que se encuentran sin vivienda es una tragedia que va en aumento de día en día.

El paro agrícola en España alcanza a 150.045 personas en lo que va de 2020 y hace crecer el malestar en el sector agrario, que se ha movilizado en toda España – según el Instituto Nacional de Estadística, la agricultura se está desplomando. Porque falta una regulación que garantice el precio de los productos del campo y la supresión de ayudas escandalosa que benefician a los terratenientes, en detrimento de los pequeños productores y de los jornaleros . Porque las reglas del libre Comercio dejan el poder de los precios en manos de los grandes distribuidores que sólo sirven para prolongar la agonía del campesino pobre y de los jornaleros del sector agrario. Lo que hace falta con urgencia, si se quiere salvar el sector agrícola y de los que viven de él, es una verdadera reforma agraria que desarrolle medios técnicos y adecuados a las necesidades de la producción y de las personas que dependen del sector agrario, potenciando la industria agroalimentaria que potencie el valor añadido con la elaboración de los productos que produce el trabajo y la tierra. Con precios dignos para los productores y más baratos para los cosumidores. Que sería un corta fuegos para el trabajo negro del sector agrario. Las reivindicaciones que piden los jornaleros y los campesinos pobres, no son en absoluto, ajenas a la clase trabajadora en general y , en particular, de las ciudades. es momento de implementar la unidad contra la pobreza y la explotación que viene de lejos en la agricultura como en la industria.

Es evidente que se equivocan en las prioridades y en las inversiones: nos sobran militares y cuarteles, y nos falta trabajo digno con derechos, viviendas dignas, enseñanza de calidad, personal de cuidados, hospitales y derechos humanos.

España acumula una deuda financiera desde 1998, a inversores internacionales de 659.0000 millones de euros, deuda a bancos y entidades financieras españolas 448.100 millones de euros, deudas empresas 225. 600 millones de euros. No residentes 225.000 millones de euros, que en la práctica son cuentas de pasivos. Por lo tanto, la deuda neta del Estado español en 2020 es de 1.201,70 millones de euros; (fuente: Banco de España) más la forma de deuda bruta , que suma el pago de deuda, los de intereses y servicios financieros. En total la deuda exterior alcanza 2.001.202.000 millones de euros; al margen de los costes de la epidemia Covid-19 . El impacto que tiene en la sociedad y la economía no se pone en duda, pero de ahí hacer responsable a la epidemia de los desmanes económicos y las corrupciones causados por la irresponabilidad y el oportunismo político de los gobiernos sucesivos anteriores hay un abismo.

Los países no crecen con un endeudamiento severo, por lo cual, su deuda se incrementará inexorablemente y se convertirá en una losa pesada y permanente que paraliza el crecimiento económico. Bajo esas condiciones, la deuda se convierte en un problema que exige soluciones políticas que erradiquen esas restrinciones financieras derogando el artículo 135 de la Constitución, las reformas laborales, la LOMCE, la Ley Mordaza, devolver lo privatizado al sistema público, nadie sin techo, nadie sin trabajo; nacionalización de las empresas en crisis y los principales sectores de la economía, Reforma Agraria, Banca Pública. Aquí los gobiernos políticos que preservan instituciones que tienen como propósito cumplir con los compromisos financieros, sin poner en tela de juicio su legalidad, deben considerar otras opciones que pueden reducir la carga financiera de la deuda ilegítima, El problema de la deuda en España y global. La carga de la deuda de las economías desarrolladas actualmente, es una amenaza para el planeta porque combinan la competencia, la guerra comercial con la insolvencia fiscal de los países y constituye el mayor peligro para la estabilidad pacífica del planeta.

15/05/2020 Juan A. Carnés

Correo: juan.a.carnes@hotmail.com