El mayor caso de corrupción de la historia del PSOE volverá a sentarse en el banquillo. El Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid ha acordado el procesamiento de casi una decena de dirigentes y empresarios socialistas que estaban siendo investigados desde 1991 en una derivada del célebre caso Filesa. Más de 28 años después de la entrada de la querella en los tribunales, los investigados tendrán que sentarse ante un tribunal por el presunto desvío de 42,2 millones de euros de subvenciones públicas del Ministerio de Asuntos Sociales.

La estafa fue simple pero muy lucrativa. La presunta organización criminal puso el foco en las partidas liberadas por el Imserso entre 1988 y 1990 para costear el programa de vacaciones de la tercera edad para unos 250.000 jubilados. El dinero debía servir para sufragar parte de sus desplazamientos y estancias en hoteles de toda España. Sin embargo, un alto porcentaje de los fondos fue desviado utilizando las mismas sociedades instrumentales de los caso Filesa y Malesa con las que Ferraz inyectó unos seis millones de euros en su caja B, según estableció en sentencia firme el Tribunal Supremo en 1997.

Caso Filesa: la Agencia Tributaria demuestra que la Seat financió ilegalmente al PSOE Carlos Ribagorda El conocido como ‘caso del cheque de Seat’ toca a su fin confirmándose uno por uno todos los pasos que implican a, entre otros, Aída Álvarez,

La insistencia de las acusaciones ha permitido que este fleco del primer caso de financiación ilegal de un partido político de la democracia afronte ya su recta final. Entre los procesados por los delitos de estafa, alzamiento de bienes y malversación de caudales, se encuentra Carlos Rodríguez Bono, primo del exministro de Defensa y expresidente socialista de Castilla-La Mancha, José Bono.

Cargos del PSOE y UGT, implicados

Las diligencias, que arrancaron antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona y cuando Pablo Casado tenía 10 años, acumulan más de 120.000 folios. El caso gira en torno a la agencia Viajes Ceres, única adjudicataria de los concursos de vacaciones para la tercera edad de las temporadas 1988-1989 y 1989-1990. Las subvenciones fueron tramitadas por el Ministerio de Asuntos Sociales que entonces lideraba Matilde Fernández a través del Imserso, dirigido por el también militante de PSOE y UGT Ángel Rodríguez Castedo.

En total, Ceres logró contratos por valor de 7.036 millones de las antiguas pesetas, 42,2 millones de euros de la época, pero pronto saltaron las alarmas. En 1990, la compañía pública de autobuses Enatcar (absorbida por Alsa en 1999) instó el concurso de acreedores de Ceres por los cobros pendientes que acumulaba. Fue entonces cuando se descubrió que Viajes Ceres había sido completamente vaciada. Un año más tarde, la compañía de autobuses decidió querellarse contra los administradores de la agencia. Entre ellos, se encontraba Juan Bautista Calatayud, uno de los contables de la galaxia de empresas turísticas y de exportación que floreció a la sombra de los gobiernos de Felipe González. El propio Calatayud cobró 39 millones de euros en comisiones de la Expo 92 a través de una firma holandesa, como denunció el Tribunal de Cuentas en 1996.

Las empresas de Filesa

A Enatcar se sumó como acusación el Partido Popular. El sumario experimentó los mayores avances en sus primeros meses de vida. Se descubrió que las subvenciones del Imserso salieron de Ceres hacia mercantiles implicadas en la trama Filesa. En uno de esos movimientos, 120.000 euros fueron trasvasados desde la agencia hacia la empresa pantalla Zeuxis SA e inmediatamente desde esta mercantil a una tercera, Time Export SA, ubicada en el epicentro de la financiación ilegal del PSOE. Se trata de la misma sociedad que utilizó Ferraz para pagar a sus proveedores electorales.

Vista de la entrada del Tribunal de Cuentas. (EFE)

En un segundo movimiento, 67.000 euros fueron transferidos nuevamente desde Viajes Ceres a otra instrumental, Eusis SA, y desde esta directamente a Filesa SA, la otra sociedad que pagó las facturas de las campañas socialistas. Al año de instrucción, ya se había determinado que al menos 5,3 millones de euros (833 millones de pesetas) de Viajes Ceres con origen en las ayudas públicas concedidas por el Ejecutivo socialista de González habían terminado en otra firma satélite de la trama Filesa, Aparthotel Aguamar SA. Parte de esos fondos circuló también por sociedades 'offshore' de Luxemburgo y las Islas de Jersey.

Entre los procesados por el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, se encuentra Luis Oliveró Capellades, uno de los condenados por la caja B del PSOE. Fue sentenciado a 10 años de cárcel pero el Gobierno de José María Aznar le concedió un indulto parcial en el año 2000. También se tendrán que sentar en el banquillo Antonio Mata Ramallo, expresidente de Aerolíneas Argentinas; Eligio Salgueiro, administrador y apoderado de varias sociedades de la red de malversación; el responsable de Viajes Ceres Juan Bautista Calatayud, y el primo de Bono, Carlos Rodríguez Bono, que fue administrador de una sociedad que facturó a Viajes Ceres más de 800.000 euros por seis informes falsos.

Nuevas diligencias fueron rechazadas

La jueza Concepción Jerez dictó el auto de transformación en procedimiento abreviado hace unas semanas, poniendo así punto y final a una instrucción que estuvo a punto de descarrilar en varias ocasiones. En 2016, tras lograr la apertura del caso, el abogado que ejerce la acusación popular en nombre del PP, Juan Ramón Montero, solicitó la práctica de nuevas diligencias para analizar los movimientos de 12 cuentas bancarias; más transferencias entre Viajes Ceres y Aparthotel Aguamar SA; la “relación de pagos e ingresos para la adjudicación del programa de Vacaciones Tercera Edad entre 1985 y 1993”, y la “totalidad de las relaciones de los supuestos pagos, transferencias, préstamos y cualquier operación llevada a cabo entre Viajes Ceres, Aparthotel Aguamar y empresas del grupo Filesa, Malesa y Time Export con hasta 35 sociedades mercantiles”, entre otras pruebas.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó la petición por las dificultades que suponía practicarlas teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos. “Resulta evidente que las partes habrán de conformarse con la documentación que razonablemente ha podido obtenerse e incorporarse a los autos en los más de 25 años que dura el procedimiento, pues es notoria la imposibilidad de obtener la totalidad de la documentación y apuntes bancarios o contables de hace casi 30 años que no hayan sido ya unidos a las actuaciones”, resolvió la Sección Primera.

Tras el auto de procesamiento, los implicados están comunicando en estos últimos días quiénes serán sus abogados durante la fase de vista oral. Muchos de los letrados que empezaron el caso ya han fallecido o no se encuentran en condiciones de seguir ejerciendo. Precisamente, la mayor defensa de los procesados será el tiempo transcurrido desde el inicio de las actuaciones. Tienen casi ganado un recurso por dilaciones indebidas, que podría desembocar en la nulidad del procedimiento.