Luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) reservara durante 12 años la información relacionada con el caso Tlatlaya, en donde se han acusado ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército mexicano y encubrimiento de las autoridades estatales y federales, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de datos (Ifai) ordenó a la dependencia hacer públicos los peritajes.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia –emitido el 14 de enero pasado–, la PGR respondió a un particular que la información de lo ocurrido en Tlatlaya, Estado de México, en donde murieron 22 personas, estaba reservada por más de una década, por lo que el solicitante interpuso un recurso ante el Ifai “argumentando que se deben dar a conocer los documentos porque se relacionan con una investigación de violaciones graves a los derechos humanos, y de acuerdo con el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIPG), este tipo de información no puede reservarse”.

Este viernes 15 de enero, el comisionado del Ifai, Francisco Javier Acuña, dijo al periodista Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, que la PGR tiene 10 días naturales para entregar los peritajes relacionados con la investigación. “Significa que dejamos sin efecto la negativa falaz de la PGR, es decir, sin sustento jurídico”, explicó.

“La PGR no puede combatir esta resolución, las resoluciones del IFAI son inatacables y son definitivas. En esto ganamos ya con la reforma constitucional, lo que está pendiente es la ley general que nos va a ayudar a perfeccionar mecanismos para garantizar que se cumpla (…)

“Tiene que entregar la información y si no lo hace, que es desgraciadamente lo que pudiera pasar, vamos a tener nosotros que regresar al caso en una cuestión pública y endurecer nuestra exigencia y a señalar incluso ya que su tardanza o su deliberado desafío, desacato, a darle aviso al órgano interno de control para que elabore acciones internas de responsabilidad por desacato“, agregó el comisionado.

Esto ocurre luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) modificó la clasificación del expediente del caso Tlatlaya como una investigación de “violaciones graves” a los derechos humanos, por lo que la PGR debe informar.

Asimismo, al menos 20 funcionarios del Estado de México son investigados por señalamientos de encubrimiento y tortura a sobrevivientes de ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por militares mexicanos a mediados de 2014, informaron las autoridades, en tanto un organismo estatal autónomo dispuso que el público tenga acceso a los peritajes realizados en el caso.

El procurador del Estado de México, Alejandro Gómez, dijo el miércoles 14 de enero que entre los 20 funcionarios se encuentran ministerios públicos (fiscales), peritos y agentes de la policía investigadora estatal.

“Ninguno ha sido separado del cargo todavía sobre la base del principio de presunción de inocencia”, dijo el procurador a periodistas y aclaró que no hay un plazo para determinar si alguno de esos funcionarios incurrieron o no en alguna responsabilidad penal.