El Gobierno ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) que en enero condenó al Estado a pagar una indemnización a la familia de José Couso por no haber defendido sus intereses ante EEUU y que considera que España omitió su deber de ofrecer protección diplomática al cámara asesinado en Irak en 2003, durante el mandato de José María Aznar.

La Audiencia Nacional condenó al Ejecutivo el pasado 10 de enero a indemnizar con 100.000 euros a la viuda de Couso y con 41.000 a cada uno de sus dos hijos, aún menores de edad cuando ocurrieron los hechos, por no haber emprendido «acciones ante otro Estado que ha incurrido en un ilícito internacional» a fin de conseguir reparación del daño causado por esa conducta.

La Audiencia considera también que España omitió su deber de brindar al profesional de los medios protección diplomática. Couso fue asesinado en Irak en 2003 a causa del ataque del ejército estadounidense al Hotel Palestina, en Bagdad.

Exteriores cree que la indemnización supone un precedente «inasumible» La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha asegurado este martes que indemnizar a la familia de José Couso, el cámara de televisión fallecido en Bagdad (Irak) en 2003, tal y como decidió la Audiencia Nacional, sentaría un precedente «inasumible» para el Estado. Así lo ha manifestado en declaraciones recogidas en los pasillos del Senado tras ser preguntada por el recurso que la Abogacía del Estado ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo el Tribunal Supremo del Senado contra la decisión de la Audiencia Nacional para que el Estado indemnice con 182.000 euros a la familia del cámara. Gonzalez Laya, que en cualquier caso ha dicho que respetará la resolución final que adopte la Justicia, ha reconocido que la semana pasada se reunió con la familia para expresarles su pesar y el del Gobierno y «pedirles disculpas por la manera en la que este país se ha comportado con ellos en el pasado». Pero también para trasladarles la «dificultad» que tiene el Estado en asumir la sentencia que se ha dictado de responsabilidad civil en el caso Couso, «porque transforma el derecho de protección consular en casi una obligación del Estado de atender cualquier petición de cualquier español en el extranjero». Y eso, ha insistido, es «inasumible» para el Estado, pero no lo es en concreto en el caso Couso, sino «en abstracto y en general». Eso es lo que ella quiso transmitirles personalmente, que la decisión de la Audiencia abría «una vía de agua tan grande al Estado que es de difícil asunción». La titular de Exteriores ha recalcado que el Ejecutivo aceptará lo que diga la Justicia y ha recordado que el Gobierno indemnizó a la familia Couso junto con otras víctimas en el pasado.

María Jesús Montero apunta a motivos «técnicos» y no «políticos» La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha reconocido desconocer el contenido del recurso, elaborado por la Abogacía del Estado, pero ha alegado que se trata de motivos «técnicos» y no «políticos ni de solidaridad ni complicidad con la familia» y ha recalcado que el Gobierno siempre ha mostrado su «apoyo» a la familia del cámara asesinado. «Evidentemente, este Gobierno y las formaciones políticas que lo conforman siempre han mostrado su solidaridad y apoyo a la familia de Couso, muerto en zona de conflicto», ha afirmado Montero, quien ha defendido que la Abogacía «habrá apreciado detalles técnicos»: «Pero no tenemos el escrito».

rtve