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Una de las formas ‘democráticas’ de actuar del régimen monárquico es decretar como «secreto de estado» aquellos asuntos que se quieren ocultar a la opinión pública por ser especialmente escandalosos. Para ello tienen una legislación que los protege y que el gobierno de turno utiliza según su conveniencia: la Ley de Secretos oficiales de la época de Felipe González. Así se hizo hace poco con la venta de armamento a Arabia Saudí, no sea que se descubran complicidades entre la monarquía, su gobierno y las empresas de armas españolas, con la ‘monarquía amiga’ de Arabia Saudí, la que mata población civil en el Yemen o financia el ISIS… La misma opacidad que se aplica ahora a la «Operación Copérnico», es decir, al despliegue policial en Catalunya para impedir por la fuerza primero el referéndum del 1-O y, ahora, la proclamada República Catalana.

La operación policial contra el 1-O decretada secreto de Estado

El despliegue de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Catalunya con el fin de impedir el referéndum del 1 de octubre ha sido declarado secreto de Estado. El gobierno español, así, blinda el acceso a la información sobre este operativo. El diario El País afirma que el gobierno español se ha negado a responder a las preguntas sobre el tema de los senadores Carles Mulet (PDeCAT) y Margarita Quetglas (Podemos) afirmando que ha catalogado la operación como secreto de Estado, alegando que divulgar operaciones policiales, «además de vulnerar la normativa reguladora de materias clasificadas, puede afectar a su eficacia«.

El coste del operativo, que ha sido declarado secreto de Estado, sin duda es muy elevado, por el pago de la estancia en los hoteles y barcos y por las dietas que cobran los policías y guardia civiles enviados (no se conoce su número, porque también es secreto). Interior habría pedido un crédito a Hacienda para poder pagar el operativo pero la cuantía de este crédito también es secreta…

Fuente: El Nacional

Nota del Colectivo Kaosenlared: Este es el artículo completo de El País, que publicamos por el interés de su contenido, a pesar de tratarse de uno de los principales medios de comunicación que sostiene régimen (las negritas son nuestras).

El Gobierno clasifica como secreto de Estado el despliegue policial en Cataluña

Interior rechaza responder a las preguntas parlamentarias sobre la Operación Copérnico

¿Qué coste económico ha tenido hasta ahora el despliegue de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña con motivo del referéndum ilegal del 1 de octubre? ¿Cuántos agentes se han hospedado en los cruceros atracados en los puertos de Barcelona y Tarragona? ¿Cuántos efectivos se han desplazado? ¿Qué deberá pagar el Gobierno por cancelar o retrasar permisos de policías y guardias civiles?… En las últimas semanas los senadores Carles Mulet (PDeCAT) y Margarita Quetglas (Podemos) han lanzado toda una batería de preguntas sobre los detalles de la Operación Copérnico desplegada por el Ministerio del Interior para hacer frente al desafío soberanista y su coste. La respuesta ha sido en todos los casos la misma: el Gobierno no informa sobre ello porque ha catalogado como secreto de Estado todos los datos referidos al amplio despliegue policial.

Al menos nueve preguntas de ambos parlamentarios sobre esta operación han obtenido respuestas similares, según ha podido constatar EL PAÍS. En todas ellas, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se remite a un acuerdo del Consejo de Gobierno de noviembre de 1986, con Felipe González como presidente, que ordenaba clasificar como materia reservada “los planes de seguridad de Instituciones y Organismos Públicos” con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales. En sus respuestas, el Ejecutivo también detalla que dicha clasificación se extiende a “todos aquellos documentos necesarios para el planeamiento, preparación o ejecución” de dispositivos que afectan a la seguridad del Estado como es considerado el de la Operación Copérnico. Y concluye advirtiendo de que “la difusión de la información relativa a la estructura, organización, medios y técnicas reflejadas en los planes de seguridad, además de vulnerar la normativa reguladora de materias clasificadas, puede afectar a la eficacia de los mismos”.

De este modo, el Ministerio del Interior mantiene el secreto sobre los detalles del despliegue policial, del que hasta ahora únicamente han trascendido algunos datos aislados. De hecho, aun hoy se desconoce el número exacto de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplazados desde otros lugares de España a Cataluña desde mediados de septiembre, cuando se puso en marcha el dispositivo. Las estimaciones sitúan la cifra entre los 5.500 y los 6.000 efectivos, ligeramente inferior a la de las plantillas estables de ambos cuerpos en esta comunidad autónoma. Los Mossos d’Esquadra cuentan con cerca de 17.000 agentes.

Del coste de dicha movilización solo ha trascendido que Interior hizo una primera estimación –cuando el dispositivo estaba previsto sólo hasta el 5 de octubre- superior a los 31,7 millones de euros. Según detalló El Español, de esta cifra, 20,4 millones iban destinados al pago de sobresueldos por productividad y dietas a los policías y guardias civiles desplazados. Otros 11,2 millones, para pagar horas extras de los agentes, el alquiler de los barcos en los que han sido alojados buena parte de ellos y los primeros hoteles en los que pernoctaban otra parte de los agentes, parte de los cuales tuvieron que abandonar a primeros de octubre ante la presión de los independentistas.

Sin embargo, esa estimación ha quedado desactualizada por la prolongación del dispositivo. De hecho, Interior tuvo que solicitar a Hacienda una segunda autorización –esta hasta el próximo 31 diciembre- para seguir abonando las dietas extraordinarias a los agentes. De este modo, los policías y guardias civiles que se alojan en cuarteles del Ministerio de Defensa han seguido percibiendo 110 euros diarios. Los que lo hacen en los tres cruceros amarrados en los puertos de Barcelona y Tarragona, 95. Y los que duerman en hoteles, 80. También reciben una dieta los agentes destinados en Cataluña y que participan en el operativo. En su caso, la cifra se reduce a 40 euros.

Son compensaciones íntegras por cada día que formen parte de la Operación Copérnico, al margen del alojamiento y de la manutención, gestionado y pagado directamente por el Ministerio. En sus desplazamientos ordinarios los altos mandos de Policía Nacional y Guardia Civil reciben 102,56 euros diarios; los mandos intermedios, 65,97, y los de las escalas más bajas, 48,92, y con esas cantidades deben pagarse un lugar para pernoctar. También cobran 28,21 euros con el costearse desayuno, comida y cena.

El pasado martes, el propio Juan Ignacio Zoido evitó en la sesión de control del Senado facilitar datos sobre el coste de las nóminas de los efectivos de la Policía y la Guardia Civil desplazados a Cataluña. A una pregunta del parlamentario de ERC Xavier Castellana, el ministro se limitó a concretar que los poco más de 6.000 agentes que forman la plantilla de ambos Cuerpos en esta comunidad autónoma recibieron un total de 220 millones de euros en concepto de nómina durante 2016, pero no aportó ninguna otra cifra sobre los que han acudido en la Operación Copérnico, sus dietas ni los desembolso en infraestructuras y material.

Interior también mantiene bajo estricto secreto el coste de los diferentes alojamientos que a lo largo de las semanas han acogido a los agentes. Así, de los hoteles –primero en Cataluña y luego en provincias limítrofes a esta comunidad- se han hecho cargo las respectivas direcciones generales de la Policía y la Guardia Civil. Sin embargo, de los tres cruceros donde pernoctan y comen buena parte de los antidisturbios desplazados corren a cuenta de los presupuestos de la Secretaría de Estado de Seguridad, que dirige José Antonio Nieto. Según confirman fuentes de Interior, para cubrir su coste se ha pedido “un crédito extraordinario” al Ministerio de Hacienda. La cuantía de dicho crédito es también secreto de Estado.