Una jueza de Barcelona ha anulado el protocolo creado por la Generalitat que impide cortar la luz a las personas vulnerables sin informe previo de los servicios sociales, al entender que no está previsto en ninguna norma ni reglamento ni ha sido suscrito por las compañías suministradoras. El protocolo lleva ya un año suspendido por orden judicial. Pretendía impedir los cortes de suministros aplicando la ley de pobreza energética que la Generalitat aprobó en el 2015.

El juzgado contencioso-administrativo número 2 de Barcelona estima en su sentencia el recurso interpuesto por Endesa contra el protocolo de pobreza energética aprobado en 2015 por la Agencia Catalana del Consumo, así como por la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y la Federación de Municipios de Cataluña (FMC).

La sentencia, que es recurrible, indica que la prohibición de interrumpir los suministros no puede ser establecida por un protocolo que fija obligaciones para las empresas privadas, añadiendo también que «esta juzgadora no desconoce la grave situación en que se encuentran las personas en riesgo residencial». Desde este medio entendemos que si el motivo es el desconocimiento de cuantas familias sufren pobreza energética en Catalunya, la solicitud de un simple informe de los servicios sociales hubiese bastado para informarla.

La jueza mantiene que la Generalitat y los ayuntamientos pueden aprobar ayudas para las familias vulnerables con riesgo de corte de suministro eléctrico, pero no acordar medidas que afecten a competencias estatales. La sentencia reprocha la «defectuosa técnica legislativa» con la que se confeccionó el protocolo de pobreza energética y advierte de que no se puede «redactar confusamente un precepto legal» para evitar su impugnación a través de un recurso de inconstitucionalidad.

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