El caso ERE llega a juicio esta semana. Casi siete años después de que la jueza Mercedes Alaya abriese las primeras diligencias por un supuesto macrofraude de ayudas sociolaborales que salpicaba a varios Gobiernos de Andalucía. El caso ERE es una madeja muy complicada, llena de ramificaciones que implican a unas 200 empresas beneficiadas por la Junta de Andalucía (según el fiscal), a consultoras que cobraban “sobrecomisiones” por intermediar en la concesión de ayudas irregulares y a altos cargos que gestionaban los fondos públicos de forma arbitraria e impune.

Toda esa trama está subdividida en múltiples causas -una por cada empresa que se benefició de un ERE irregular o que hizo un uso indebido de esas ayudas-, pero no todas se están procesando a la misma velocidad. Algunas ni siquiera tienen aún diligencias abiertas (apenas hay ocho en proceso).

Lo que llega este miércoles a los juzgados es la trama política, una parte de la macrocausa, quizá la que más interés público genera, porque sentará en el banquillo de los acusados a dos expresidentes de la Junta y otros 20 exmiembros de sus gabinetes. El mayor foco mediático recae en las figuras de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Entre los dos suman 23 años consecutivos de Gobiernos en Andalucía, además de haber ostentado la secretaría general del PSOE regional y la presidencia del PSOE federal.

Este miércoles se sientan en el banquillo de los acusados dos expresidentes de la Junta y otros 20 exmiembros de sus gabinetes

El caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares investiga las ayudas públicas concedidas por parte de la Junta de Andalucía a empresas en crisis durante una década, entre 2001 y 2011.

Todas las subvenciones bajo sospecha salían del mismo lugar, la partida presupuestaria 31L, bautizada por uno de los principales imputados como un “fondo de reptiles”, dotado con 855 millones de euros. Con ese fondo se tramitaron ERE y ayudas directas a través de empresas consultoras y aseguradoras, además de los propietarios de las empresas, sindicatos e instituciones adjudicatarias y de todos los altos cargos que trabajaron para las consejerías que otorgaban las ayudas (Trabajo e Innovación principalmente).

Los jueces y la Guardia Civil han detectado que, en muchos casos, el dinero para reflotar a empresas y ayudar a parados no se usó debidamente, y que en muchos ERE aparecían intrusos, personas beneficiarias que nunca habían trabajado para dicha empresa.

El miércoles Chaves y Griñán acudirán por separado a los juzgados -con abogados distintos- pero les sentarán juntos. Sólo esa imagen constituye una puñalada emocional para todo el socialismo, el que ahora lidera Susana Díaz en Andalucía y el que pilota Pedro Sánchez en Ferraz. Chaves y Griñán lo han sido todo en el PSOE.

Fueron militantes socialistas desde la adolescencia, durante el tardofranquismo (hasta que el caso ERE les obligó a dimitir y a entregar temporalmente el carné del partido) y fueron ministros de Trabajo en los gobiernos de Felipe González (Chaves también fue vicepresidente de José Luis Rodríguez Zapatero). Ahora el primero afronta diez años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación, y el segundo se enfrenta a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Es la petición que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción. Un golpe duro para la memoria histórica del PSOE andaluz, aunque Susana Díaz y los suyos siguen defendiendo ciegamente a sus mentores. Ambos están jubilados, de modo que la pena de inhabilitación es más una mácula en sus carreras que otra cosa.

Pero la posibilidad de ver a Griñán entre rejas estremece la columna vertebral del socialismo andaluz. La Junta ejerce de acusación particular, pero ha solicitado el archivo de esta pieza separada al entender que no existió una “trama criminal” ni se creó un “procedimiento específico” para eludir los controles de la Intervención General con objeto de poder conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.

Alaya imputó a 50 altos cargos de la Junta, pero el juez Martín desimputó a 24 personas

Esa fue la tesis inicial de Alaya: que el fraude estaba orquestado desde la misma sala de operaciones del Gobierno andaluz, que se había diseñado todo un sistema para repartir dinero público sin control alguno. Alaya imputó inicialmente a 50 altos cargos de la Junta en la trama política, pero el juez que tomó el testigo de esta pieza -Álvaro Martín- desimputó de un plumazo a 24 personas, y la Audiencia Provincial de Sevilla eximió de culpa a otros cuatro. Los que siguen adelante son los 22 que se sientan en el banquillo el miércoles, pero el caso lo lleva ahora la jueza María Núñez Bolaños, que poco a poco ha ido distanciándose de la teoría inicial de Alaya.

Cuando se habla de los ERE, Susana Díaz suele recalcar un hecho cierto: ni Chaves ni Griñán se han enriquecido con esta trama, no se les ha encontrado dinero en cuentas de Suiza ni en Islas Caimán, no gozan de un patrimonio mayor que el que tenían cuando accedieron al Gobierno. De modo que equiparar esta causa a la trama Gürtel, la Púnica o la Operación Lezo es “una falacia”, insiste la presidenta andaluza.

No obstante, lo que se juzga aquí es si el Gobierno andaluz “compró” la paz social con ayudas públicas, beneficiando a empresas, sindicatos y municipios ligados al PSOE, tejiendo una red clientelar con fines electoralistas. Algo que, según el PP, explica que Andalucía sea la única comunidad gobernada ininterrumpidamente por los socialistas desde el inicio de la democracia.

Zoido, en el origen de los ERE



El Partido Popular también está personado en la causa -inicialmente en nombre del ahora ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y del hoy delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz. Los populares avalan la teoría inicial de Alaya -de hecho han intentado varias veces recusar a su sucesora- y piden dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Chaves y ocho años de prisión y 42 de inhabilitación para Griñán.

El PP pide dos años de cárcel para Chaves y ocho para Griñán

La trama política dio un vuelco hace un mes, cuando se supo que el Gobierno central -entonces en manos del PP, y con Zoido como delegado del Gobierno en Andalucía- también usó el “procedimiento específico” para acelerar la concesión de ayudas a empresas en crisis, un sistema que los propios populares venían denunciando desde años atrás como la fórmula para sortear los controles y otorgar dinero público de forma arbitraria.

La macrocausa de los ERE fraudulentos (216.000 folios) es el mayor caso de corrupción política que ha golpeado al Gobierno andaluz. La instrucción empezó en manos de la jueza Alaya y ahora la dirige su sucesora, María Núñez Bolaños. Acumula más de 200 imputados, entre exmiembros del Gobierno andaluz, empresarios, sindicalistas… En el camino la macroinstrucción se ha dividido en partes para hacer más efectiva la labor judicial.

La que arranca ahora con las cuestiones previas de las partes es la trama política, que señala directamente a Chaves, a Griñán y otros exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos seis exconsejeros: José Antonio Viera (el último en dimitir como diputado en el Congreso), Francisco Vallejo, Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Magdalena Álvarez, además de dos exviceconsejeros y dos exdirectores generales de Trabajo. De los consejeros, sólo uno -Antonio Fernández, extitular de Empleo, ha pasado por la cárcel-.

Griñán dimitió como presidente de la Junta en 2013 acosado por la investigación de los ERE y por la presión de sus rivales políticos. Más tarde, Chaves y él tuvieron que abandonar sus cargos en el Congreso y en el Senado, porque Ciudadanos exigió sus cabezas políticas a cambio de apoyar la investidura de Susana Díaz. Y ella precipitó su dimisión, pese al sonoro cabreo de la vieja guarda del PSOE.

El juicio se celebrará en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla. Las declaraciones no empezarán hasta después de las fiestas navideñas, el próximo 9 de enero, según lo acordado por el magistrado que presidirá el juicio, Juan Antonio Calle. Las sesiones serán de lunes a miércoles por la mañana, con posibilidad de ampliar día y horario de tarde si el proceso se alarga.

Aun así, no se descarta que el juicio sufra retrasos porque el Ministerio de Justicia aún no ha aprobado la “liberación” de las dos juezas de la Audiencia de Sevilla que forman el tribunal, y que actualmente celebran otros procesos. Estas dos magistradas iban a servir de apoyo en la macrocausa, pero todavía no han podido ponerse a trabajar a ello.