Publicidad

En las últimas semanas las pensiones vuelven a ser un tema recurrente en los medios de comunicación al servicio del capital y su gobierno. Se aproxima la paga extra de los pensionistas de diciembre y se trata de seguir creando estado de opinión sobre su ‘sostenibilidad‘ para continuar profundizando en el recorte de las pensiones públicas y en su privatización, un jugoso y apetecible negocio para la todopoderosa banca y las aseguradoras. El artículo que reproducimos de El Mundo, bajo una aparente neutralidad informativa (informar del endeudamiento público para hacer frente a las pensiones de 2018), concluye con un lapidario «esta situación (de endeudamiento) evidencia que el sistema no es sostenible, que tiene un déficit casi crónico, y que es necesario que el Pacto de Toledo alcance un acuerdo lo antes posible«).

Y, efectivamente, el sistema actual no es sostenible. Pero no es sostenible por motivos que intencionadamente se ocultan: por la brutal caída salarial de los últimos años y la merma de cotizaciones que ha supuesto; por las multimillonarias bonificaciones de la cuota patronal, teóricamente para crear empleo estable; por los topes de cotización que favorecen a las retribuciones más altas; por el fraude de la economía sumergida… Eso es lo que explica que, en un contexto de recuperación del número de trabajadores empleados, el fondo de reserva de las pensiones se haya convertido en cosa del pasado en apenas 6 años y se anuncien negras previsiones para el futuro.

Pero el problema real no es si el número de cotizantes activos en relación a la población empleada es suficiente para sostener las pensiones debido al crecimiento de la esperanza de vida, es decir, si hay o habrán demasiados pensionistas: el aumento de la productividad del trabajo (la riqueza que produce cada trabajador activo) permite sobradamente una cantidad relativamente pequeña de trabajadores activos en relación al número de pensionistas, como muestran algunos estudios científicos. Eso es lo que pretenden hacernos creer para que, tanto la generación actual de pensionistas como las futuras, acaben aceptando resignadamente tanto el recorte brutal de la pensión ya en curso (supresión de la cláusula de actualización con el IPC, ampliación del número de años cotizados para su cálculo, introducción del ‘factor de sostenibilidad’ que vinculará el importe final de la pensión a la situación ‘financiera’ de la Seguridad Social y a la esperanza de vida…) y del derecho a la jubilación (retraso de la edad de jubilación, restricciones a la jubilación anticipada…). Es decir un recorte todavía más profundo de un derecho, el de la jubilación, que no es otra cosa que salario diferido, esto es, aquella parte del salario que el trabajador no recibe durante su período activo. Esa es la visión interesada con las que nos bombardean masivamente los principales medios de comunicación, siempre apoyándose en datos oficiales, de organismos económicos internacionales (FMI, OCDE, BCE) o de centros de estudios como FEDEA, vinculados todos ellos a los intereses de la banca y las grandes corporaciones. Una visión interesada que toma cuerpo en el Pacto de Toledo, a través del cual los principales partidos del régimen, con la inestimable complicidad de CCOO y UGT, intentan hacernos digeribles esas soluciones neoliberales.

La solución, sin embargo, es otra bien distinta, como señalan plataformas como la ‘Marea Pensionista‘. Habría que empezar por revertir las medidas que antes hemos señalado: aumento salarial generalizado, supresión de las bonificaciones de la cuota patronal, eliminación de los topes de cotización, persecución del fraude… lo que supondría un incremento considerable de los ingresos que permitiría la suficiencia financiera. Pero es que, además, como a lo que hay que aspirar es a mejorar tanto el derecho de jubilación (jubilación a los 60 años con 100% de la pensión) como la cuantía de las pensiones (la mayoría de ellas claramente insuficientes para poder llevar una vida digna), su financiación debiera hacerse a cargo del presupuesto público, cuyos ingresos deberían aumentar mediante una fiscalidad realmente progresiva (‘paga más quien más tiene’) y no, como se viene insinuando, a través de un nuevo impuesto finalista que recaería en su mayor parte sobre los propios trabajadores o, como se desprende implícitamente del bombardeo mediático, de la supresión de las pagas extras a los pensionistas (que serían las que generarían el déficit actual). En manos de la clase trabajadora, empezando por los pensionistas con su organización y movilización, está impedirlo.

El Gobierno deberá pedir un préstamo de hasta 16.000 millones para pagar las pensiones en 2018

Inevitablemente, el Gobierno tendrá que articular un nuevo préstamo para que la Seguridad Social pueda pagar las pensiones de 2018. La cifra todavía no está cerrada porque ni hay Presupuestos ni se sabe con exactitud a cuánto ascenderán las necesidades del sistema. Pero lo que sí se conoce es que en cada paga extra se producen unas exigencias adicionales de cerca de 8.000 millones de euros, tal y como se apunta desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y, por lo tanto, que la cantidad máxima a la que puede llegar ese préstamo es de 16.000 millones.

El Gobierno, eso sí, espera que el dato sea inferior porque confía en que las cotizaciones sociales sigan creciendo con fuerza y el sistema requiera menos recursos extra. En este sentido, el Ministerio dirigido por Fátima Báñez destaca que en 2017 las necesidades adicionales se han reducido en un 15% respecto a 2016. Además, el Fondo de Reserva, tras la última disposición para abonar la paga extraordinaria del presente mes de diciembre, cuenta con 8.095 millones de euros que, si bien no se emplearán completamente ya que el Ejecutivo quiere evitar ser el responsable de dejar a cero la hucha de las pensiones, sí se podrían emplear parcialmente.

Pero, en todo caso, el préstamo que el Estado realice con cargo a los Presupuestos Generales de 2018 será fundamental para pagar las pensiones. El propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, apuntó ayer que «los instrumentos para financiar las pensiones vendrán de las cotizaciones sociales y de las aportaciones procedentes de Presupuestos».

Un posible contratiempo en este planteamiento sería la imposibilidad de que el Gobierno saque adelante las cuentas del próximo año. El Ministerio de Hacienda confía en que, una vez que la tensión en Cataluña se haya reducido al menos parcialmente, pueda presentar los PGE de 2018. Pero si finalmente este escenario no es posible, el departamento dirigido por Cristóbal Montoro se vería obligado a prorrogar los Presupuestos de este año y, en consecuencia, el préstamo de 10.192 millones a la Seguridad Social. Esta cifra estaría muy por debajo de las necesidades extraordinarias del sistema, y obligaría al Ejecutivo a agotar casi totalmente el saldo del Fondo de Reserva.

Déficit hasta 2020

Más allá de las necesidades inmediatas para el próximo ejercicio, las palabras de Burgos también demuestran que el sistema seguirá requiriendo préstamos en los años siguientes. De hecho, el Plan Presupuestario enviado a Bruselas contempla que la Seguridad Social seguirá sufriendo un desequilibrio entre gastos e ingresos hasta, al menos, 2020, año en el que el Ejecutivo difícilmente contará con la opción de acudir a la hucha de las pensiones.

Si esta previsión del Gobierno se cumple, la Seguridad Social completará nueve años en una situación deficitaria, ya que hasta 2011 los ahorros de la hucha siguieron creciendo a pesar de que la crisis ya estaba instalada en España. Pero a partir de ese año, el Fondo comenzó a recudir sus fondos a una velocidad vertiginosa hasta pasar de contar con 66.815 millones a poco más de 8.000.

Para tratar de limitar la importancia de esta situación, desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha repetido en numerosas ocasiones que, en términos contables, es lo mismo articular un préstamo a través del Tesoro Público que acudir al Fondo de Reserva porque, en definitiva, ambas opciones suponen elevar la deuda del Estado. Sin embargo, esta situación evidencia que el sistema no es sostenible, que tiene un déficit casi crónico, y que es necesario que el Pacto de Toledo alcance un acuerdo lo antes posible.

http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2017/12/05/5a25a823468aeba2218b46b6.html?emk=NELM1&s_kw=4T