Desde que empecé en este oficio en los años 90 he visto cómo se aparta de su puesto a periodistas a petición de un político, cómo se castiga a reporteros por haber denunciado el asesinato de compañeros de profesión (como José Couso), cómo se condena a "hacer pasillos" a los periodistas que no demuestran fidelidad inquebrantable hacia ministros o presidentes.

He recibido órdenes para dejar de cubrir asuntos que repentinamente resultaban "molestos". Me ha quedado claro que ciertas empresas –anunciantes– son intocables. He recibido amenazas de jefes de prensa. He visto cómo integrantes de diversos gobiernos telefonean diariamente a los directivos de los medios para influir, dictar, regañar, amedrentar o manipular. Y cómo muchos de estos ceden, aceptan, asienten.

¿Quién no ha visto a algún jefe acordar estrategias comunicativas con políticos?

¿Quién no conoce despachos de los que salen textos para que sean leídos en antena sin modificar ni una coma, con contenidos que nadie sabe de dónde proceden, cómo han sido contrastados ni qué fuentes los han suministrado?

¿Quién no lo ha visto? Venga, seamos sinceros.

Denunciar a Podemos suma puntos ante los jefes. Pero criticar las presiones de grandes empresas o del bipartidismo acarrea más problemas. Por eso buena parte del sector sigue callando las dinámicas de represión estructural, construidas a lo largo de décadas.

Llevamos años soportando ruedas de prensa en las que se nos prohíbe preguntar o en las que se permite como máximo dos preguntas. El plasma de Rajoy tampoco fue motivo suficiente para que los periodistas se plantaran o la Asociación de la Prensa de Madrid emitiera un comunicado. Algunos han sido recriminados no solo por jefes de prensa, sino por otros compañeros de profesión, por el simple hecho de repreguntar a un presidente de Gobierno.

Es el día a día del oficio, y lo sabemos. Lo que es insostenible es que desde ciertos sectores de la profesión se acepte. La credibilidad de la Asociación de la Prensa de Madrid es endeble, porque calla presiones que vienen de arriba, porque no insiste en denunciar las dinámicas estructurales que coartan la libertad informativa en la televisión pública o en los medios privados. No emitió quejas en su día contra el sesgo favorable al PP en Telemadrid pero sí arremetió contra periodistas despedidos de esa plantilla, instándoles a “respetar el trabajo de los que conservan su puesto”.

El poder financiero forma parte del accionariado de diversos medios y, al igual que el poder político, controla un importante sector periodístico a través de la publicidad. Quizá por todo esto y por muchas otras razones el periodismo español goza de tan poca credibilidad. Quizá por eso casi el 70% de los jóvenes no confían en los medios españoles, según el último informe de Reuters y de la Universidad de Oxford.

En nuestras manos está cambiarlo. Y para eso es precisa la unión de los periodistas, sentido de cooperación y solidaridad. Tenemos que construir alianzas capaces de impulsar el aggiornamento que tanta falta hace en este oficio.

Mientras los egos y las competencias sigan por encima de la defensa de una información de calidad entendida como un derecho y no como mera mercancía, el periodismo será presa de los grandes poderes y su credibilidad continuará cayendo en picado.