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Durante más de cuatro horas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con el politburó de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política, para hablar sobre la Ley de Seguridad Interna y el modelo de policía mixta, dos asuntos que han estado empantanados por años. No llegaron a ningún acuerdo sobre nada, según legisladores participantes, por tres temas centrales, explicados someramente por el perredista Francisco Martínez Neri, coordinador de la llamada Jucopo: la preocupación sobre cómo garantizar en la Ley de Seguridad Interna que los militares respeten los derechos humanos, las tareas de inteligencia y las investigaciones sobre los movimientos sociales. ¿Por qué se entreveraron los tres temas? Nadie quiere hablar con claridad al respecto, pero el empaquetado de preocupaciones muestra que en la discusión de esas iniciativas para combatir al crimen, hay una prioridad que las rebasa: el espionaje político.



Existe la percepción de que el uso y abuso político de los aparatos de inteligencia del Estado en contra de líderes sociales y a quienes considere sus adversarios, se ha incrementado en este sexenio. Quizás el espionaje político se mantenga en los mismos niveles en los que se ha realizado desde la profesionalización de los servicios de inteligencia civil, hace poco más de 25 años, pero la forma como han hecho saber a quienes son objeto de una vigilancia sistemática de conversaciones o fotografías que pueden ser hechas públicas en cualquier momento, parecería tener un propósito de intimidación. La circulación restringida, pero pública, de estos materiales, sugiere también que las posibilidades para chantaje se han visto multiplicadas con el propósito, se puede argumentar, de modificar conductas o arrinconar a los adversarios del gobierno.



Probablemente el momento más ruin del uso político del aparato de inteligencia del Estado, en función de los resultados, fue la difusión en la prensa de los mensajes de texto que intercambiaron Joaquín El Chapo Guzmán y la actriz Kate del Castillo, en enero del año pasado, que abrieron a la especulación que los dos tenían más que una relación profesional. La entrega de esas conversaciones a dos periódicos de la Ciudad de México contribuyó a la consolidación de la idea que la actriz, que lo había visitado en la Sierra de Durango mientras se escondía de las autoridades tras su segunda fuga, era responsable de delitos relacionados con el crimen organizado. Las transcripciones de los mensajes salieron de las áreas políticas del gobierno y no habían sido judicializadas. Es decir, lo publicado no estaba en autos de la PGR, por lo cual nunca habrían podido ser utilizadas en un juicio.



Las únicas ramas del gobierno federal que realizaban un trabajo de inteligencia sobre El Chapo Guzmán eran el Cisen y la Marina, que es donde se puede encontrar el origen de esos mensajes interceptados. La forma como se entregaron a la prensa modificó un trabajo de inteligencia puro, con el propósito de ser utilizado en una investigación criminal, a un manejo político, donde al cambiar el objeto de las escuchas para hacer daño público en contra de una persona, en este caso la actriz, como sujeto de descrédito, se convirtió en una herramienta utilizada en este país como parte del espionaje político.



No es lo mismo el uso de espionaje con fines de seguridad interna o seguridad nacional, enmarcados dentro del ejercicio conocido como inteligencia, donde la información es procesada y analizada para la toma de decisiones, que el espionaje político que busca resolver desavenencias mediante el temor. Un ejemplo claro de ello se dio con Carmen Aristegui, la conductora de radio más crítica del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a quien para tratar de inhibir le enviaron un sobre anónimo con un paquete de fotografías de su hijo. No es la única periodista a quien se ha tratado de inhibir en este sexenio, por el hecho de tener una visión y una opinión distinta a la del gobierno. Pero tampoco es el único sector al cual se ha amenazado.



Un exmiembro del gabinete dijo que pese a la seguridad en sus comunicaciones, sus llamadas y correos electrónicos eran interceptados por uno de los servicios de inteligencia del Estado mexicano. Lo sabía porque, en un momento de tensión dentro del gabinete, le hicieron llegar copias de conversaciones telefónicas que había tenido con sus familiares. Esas conversaciones no tenían nada irregular o escandaloso, pero la forma como lo interpretó era como una llamada de atención para hacerle saber que existía una vigilancia permanente sobre su persona.



La contrainteligencia de un gobierno es necesaria, como un asunto de Estado, para poder detectar traiciones o amenazas al propio Estado. Pero cuando la información recabada es utilizada por los políticos con fines políticos, los instrumentos para la seguridad se pervierten y se convierten en pistolas de información que pueden ser descargadas contra quien manifiesta rangos de autonomía. Estas preocupaciones, sin ser verbalizadas de esta manera, fueron las que, a decir del diputado Martínez Neri, rondaron durante la reunión con el secretario de Gobernación.



Altos funcionarios del gobierno federal han negado de manera sistemática que exista espionaje político, pero sus palabras no han sido lo suficientemente persuasivas para tranquilizar a los diputados, que tienen razón en sus preocupaciones. Fuera y dentro del gobierno hay experiencias de que el espionaje político, como hacía lustros no se veía, regresó con fuerza para buscar controlar la vida pública nacional. Los casos, no las palabras, lo demuestran.



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