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Los autores de hechos de violencia familiar y de género deben pagar de manera anticipada una parte de los gastos que ocasionan a la Justicia de Córdoba.

La medida está contemplada en la ley impositiva sancionada a fines del año pasado por la Legislatura de Córdoba. Esa ley establece una tasa para los procesos no penales de violencia familiar y de género, y dispone que el denunciado sea intimado a pagar por el juez competente en la resolución que ordena la medida cautelar, en tanto no sea modificada.

Los violentos deben anticipar un monto equivalente a tres “jus” que hoy es de 1547,82 pesos para sufragar los gastos judiciales.

Según difundió este miércoles el Poder Judicial, la medida busca que las personas que generan altos costos al erario público por su conducta se hagan cargo aunque sea en parte de ese monto. Sostiene que además de la estructura judicial específica (magistrados, funcionarios y empleados judiciales) en estos procesos intervienen un equipo de profesionales que hace el seguimiento de los casos.

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