La Oficina Anticorrupción (OA) le tomó declaración testimonial al ex suboficial de la Armada José Oscar Gómez, quien entre 2007 y 2010 había denunciado ante el entonces juez federal Norberto Oyarbide supuestos hechos de corrupción en el astillero de la Armada Domecq García y en la reparación del ARA San Juan.

La titular de la OA, Laura Alonso, confirmó a Clarín que Gómez habló de una “matriz de corrupción” y que ahora su equipo tratará de probar los dichos del suboficial echado de la Armada por hacer las denuncias.

Como primera medida, Alonso abrió un expediente administrativo para investigar si los ex jefes del astillero, de la dirección de Material Naval y de la Armada se enriquecieron en forma ilícita con los contratos para la reparación de media vida del San Juan, que estuvo en el Centro Industrial Naval Argentino (CINAR, que incluye ahora al Domecq y a Tandanor) entre el 2008 y el 2014.

Con la medida, la funcionaria quiere investigar si eventualmente detrás del aumento patrimonial de algunos de los que manejaron estos contratos se esconde el cobro de sobornos.

Además, esta semana le pedirán al juez federal Sebastián Casanello –quien heredó el juzgado que subrogaba Oyarbide- una copia de la denuncia de Gómez.

Paralelamente, Alonso le solicitará a la presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Cornelia Schmidt Liermann, apenas llegue una copia de la respuesta a la carta que le envió el Gobierno alemán pidiendo que confirme si el complejo replacado de las baterías del San Juan fue supervisado por técnicos germanos, tal como afirmaron ex funcionarios del Gobierno de Cristina Kirchner. Es que estos contratos son secretos.

La reparación del ARA San Juan en Tandanor.

En una carta dirigida al ministro federal del Interior (BMI) de la República Federal de Alemania, Karl Ernst Thomas de Maizière, tal como adelantó Clarín la diputada del PRO había señalado: “Como posiblemente sabrá, habría dos empresas alemanas que han participado en la reparación del submarino perdido”.

“Dichas compañías son Ferrostaal Gmbh y Hawker Gmbh, por lo que se agradecería si a través suyo, o de la persona que Ud. indique, se pudiera remitir información relacionada con la contratación y servicios prestados por éstas en la reparación del submarino ARA San Juan, y en especial, si las mismas, supervisaron el replacado de las baterías de dicha nave, que fuera realizado en astilleros argentinos”, agregó Schmidt Liermann.

La OA, mientras tanto, empezó a implementar con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la participación de uno de sus representantes y de la SIGEN en las compras secretas de armas o equipos para las fuerzas de seguridad.

La idea es que esta experiencia con Seguridad también sea copiada en el futuro por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, con las compras secretas de armamento para las fuerzas armadas.

Grave acusación

La denuncia había sido realizada en 2007 por el suboficial José Oscar Gómez contra el entonces jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, además de Jorge Dacharry, Ricardo Efrain y Carlos Herrero, entre otros.

Se refería a tareas de mantenimiento del San Juan en el Astillero Domecq García. El fiscal de la causa era Eduardo Taiano.

Gómez manifestó que “durante las tareas de mantenimiento del San Juan realizadas entre 2005 y 2006 se produjeron varias irregularidades y manejos espurios como la contratación de empresas privadas para trabajos realizados para dicho mantenimiento y reactivación de la nave”.

Y señaló que esos arreglos "en la práctica fueron llevados a cabo por personal de la Armada sin perjuicio de lo cual a dichos contratistas se les abonaban grandes cantidades de dinero”.

Además, agregó: “La cara visible de dichas empresas sería una persona que respondería al nombre de Daniel Adrián Fornés”. Y puntualizó que “los trabajos de menor entidad le fueron adjudicados a una firma denominada Marena SRL, propiedad de Claudio Di Bartolo”.

Antes de la denuncia penal, el suboficial había hecho una administrativa ante el Ministerio de Defensa cuando lo manejaba Nilda Garré.

Colocación de las baterías en el ARA San Juan durante las reparaciones de media vida que comenzaron en 2008 en el Complejo Industrial y Naval Argentino. Investigan irregularidades.

Gómez la había acompañado con una serie de fotografías, el libro de registro de entradas de camiones de la empresa Terminal Panamericana, un registro que prueba el robo de metales del submarino Santa Fe -que también estaba en el astillero y sin terminar- y una copia de la sanción que le habían aplicado por sus quejas.

También denunció el “alquiler precario de las naves (sectores) del astillero a empresas particulares como Terminal Panamericana, la evasión de controles de Aduana y el desvío de muebles y otros materiales a lugares desconocidos que habían sido comprados con dinero del astillero y que habrían sido llevados a domicilios de los jefes militares”.

"Se habrían fraguado o simulado facturas y se habrían facturado sobreprecios de las distintas reparaciones realizadas en el astillero" Extracto de la denuncia.

El denunciante manifestó que “se habrían fraguado o simulado fracturas y se habrían facturado sobreprecios de las distintas reparaciones realizadas en el astillero”. “Las reparaciones en gran medida habrían sido realizadas por personal propio de la Armada”, añadió.

Luego denunció el “vaciamiento de un edificio de la fuerza conocido como número 7, llevándose del lugar metales para ser vendidos en el mercado negro, además del robo de materiales pertenecientes a los submarinos Santa Fe y San Luis”.

El juez decidió no avanzar

En la causa se agregó una auditoría interna del Domecq García remitida por la Unidad Coordinadora del Area de Transparencia del Ministerio de Defensa.

El informe señala una serie de defectos en el astillero que “sumados a la debilidad del sistema de control y seguimiento de las prestaciones y contraprestaciones propician el riesgo de ocurrencia de eventuales irregularidades”.

Seguidamente, Oyarbide le tomó declaración testimonial al encargado de la auditoría, contador Jorge Argüello, quien dijo que se llegó a la conclusión de que “era muy difícil corroborar esas irregularidades denunciadas”.

El juez concluyó que ”entonces corresponde proceder al archivo de las presentes actuaciones, al menos hasta que se arrimen nuevos elementos de juicio que permitan avanzar”.

