La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) comienza a evaluar el escenario de un paro nacional, como parte de la escalada conflictiva contra el presidente Nicolás Maduro. Los más recientes análisis del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb) incorporaron en el menú de “acciones más peligrosas” para el régimen la posibilidad de un cese total de actividad laboral, en un contexto en el que las fuerzas opositoras comienzan a invocar con seriedad el artículo 350 de la Constitución. La letra versa y sostiene el desconocimiento de “cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios o garantías democráticas o que menoscabe los derechos humanos”.

Las evaluaciones de la cúpula militar fueron distribuidas la primera semana de junio de 2017 a todas las zonas operativas de defensa integral en una “forma de mensaje conjunto” tachada de “secreto”, que se hizo del conocimiento público en la medida en que pasaba de mano en mano por la extensa e inextricable burocracia del Ministerio de la Defensa.



Según el texto, todos los jefes de zonas castrenses “deberán considerar en su planificación operacional” el resultado de este último examen a la situación política del país. Las actividades más recientes en las protestas antigubernamentales indican que Distrito Capital, Barinas, Bolívar, Mérida, Miranda y Táchira “registran niveles de conflictividad elevados”.

El problema de fondo para los militares es que las protestas llegaron al municipio Libertador del Distrito Capital. En análisis anteriores del mismo Comando Unificado de la FANB, a los que se tuvo acceso para la hechura de este trabajo, la acción de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y las policías había logrado mantener en relativa tranquilidad al centro del poder político nacional. Esa situación cambió de la noche a la mañana, con expresiones de descontento motivadas por factores sociales, como por ejemplo la carencia de alimentos.

En Barinas, de acuerdo con las estadísticas castrenses, han fallecido once personas por la conflictividad política. Allí la Operación Zamora para el mantenimiento del orden interno fue elevada a nivel amarillo —el segundo de tres en la escala de alertas—, con la finalidad de aplacar una ola de saqueos y actos vandálicos. Un destacamento de la GNB y un puesto policial fueron atacados y quemados. Zenaida Gallardo renunció a la Gobernación y fue reemplazada por el secretario de Gobierno Adán Chávez, hermano del extinto presidente Hugo Chávez.



A los seis estados de la lista inicial podrían unirse en los próximos días Aragua, Carabobo, Lara, Portuguesa, Nueva Esparta y Trujillo, de acuerdo con la evolución de las protestas en cada localidad. En los documentos anteriores, Portuguesa no figuraba en el mapa de la conflictividad política. Sus habitantes, de acuerdo con las encuestas de opinión, suelen mostrar niveles de aceptación a la gestión presidencial muy por encima del promedio nacional, junto al estado Cojedes.



“Clima de violencia mortal”

De acuerdo a las evaluaciones, adentro de los cuarteles se vende la imagen de que los opositores al Gobierno son los únicos generadores de violencia. Desde luego, estos diagnósticos omiten un dato esencial: de los 67 muertos contados desde abril de 2017 hasta la fecha de hoy solo tres (4,4%) pertenecían a las filas de los cuerpos de seguridad. De hecho, solo un uniformado ha sido ultimado en estos días —un caso que investiga la Fiscalía. Se trata de un sargento de la GN al que le dispararon en San Antonio de los Altos con una pistola que estaba en custodia de la Fuerza Armada desde 2016.



Sin embargo, el radiograma distribuido insiste en que las manifestaciones de calle tienen como fin “continuar generando un clima de violencia mortal”, que refuerce una “matriz de opinión” según la cual los cuerpos represivos hacen uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.

Cuando este radiograma era elaborado, el lunes 5 de junio 2017, el país veía con asombro y estupor cómo efectivos de la GNB y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) no solo reprimían sin misericordia a manifestantes en Altamira y Chuao sino que también los golpeaban y robaban, disparaban con armas de fuego y atacaban a trabajadores de los medios de comunicación y les destruían sus equipos. En Zulia, incluso, los detuvieron con el argumento de que hacían tomas en “zonas de seguridad”.

El martes 6 de junio, cuando comenzaba la divulgación del documento, el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino, calificaba como “atrocidades” los actos presenciados el día anterior. Un mensaje que contrasta con los términos de las evaluaciones que se hacen en su propio despacho.



El siguiente paso

En un diagnóstico efectuado por Ceofanb con anterioridad, la expresión “paro nacional” no figuraba en el panorama. Ahora, está de primera en la lista de acciones “más peligrosas” que emprendería la oposición. El coronel retirado del Ejército Antonio Guevara explica: “para que una huelga tenga efecto sobre el sector militar tendría que restringir de alguna forma las actividades administrativas en Fuerte Tiuna”, que es el centro de actividad de la FANB.

Recordó que durante manifestaciones pacíficas realizadas en Los Próceres durante las últimas dos semanas las medidas de seguridad aplicadas fueron de tal magnitud que impidieron parcialmente el paso de los trabajadores civiles, así como la salida de las personas que residen en el sector. “El Ipsfa cerró y el fuerte se paralizó”, indicó.

A su juicio, es necesario combinar la magnitud de las protestas con dosis de creatividad e imaginación, que mantengan la actividad opositora en su carácter pacífico. “Es inevitable el concurso de la Fuerza Armada en la transición. Por lo tanto no puedes confrontarla, pero sí enviarle mensajes y contenidos que la sensibilicen en torno a lo que está sucediendo en el país”, sugirió Guevara, quien actualmente se desempeña como consultor en temas políticos y de seguridad.



El oficial retirado mencionó los llamados “madrugonazos” como parte del menú de acciones posibles. Y este es precisamente el segundo peligro que avizora el Ceofanb, a propósito de un ensayo efectuado por diputados frente a la Comandancia General de la GN, el 11 de abril.

Los otros riesgos delineados por la cúpula castrense son “acciones violentas” contra instalaciones de Petróleos de Venezuela y del Gobierno en general, y arremetidas contra unidades militares y saqueos “en sectores con mayor índice de conflictividad”. Finalmente, el ataque selectivo a funcionarios y “líderes políticos de ambas facciones”.



Más calle



Si en algo coinciden los análisis hechos por la FANB con los de académicos y consultores es que la confrontación en Venezuela pareciera no tener freno. “Todo señala que la conflictividad no mermará, y mucho más mientras se convoque a la Asamblea Nacional Constituyente”, advirtió el profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra.

Para el académico es claro que tanto el Ejército como la Aviación y la Armada han optado por mantenerse al margen de la represión, y delegar esta tarea a la GNB que en la actualidad “tiene una imagen horrible”. Vituperable. Este componente ha sido hasta ahora el principal ejecutor de la Operación Zamora, ordenada por el presidente Maduro a principios de abril, cuando columbraba el recrudecimiento de las manifestaciones callejeras.



La acción militar se ha avivado en Barinas, Táchira, Lara, Zulia y Distrito Capital. Ha tiznado de inclemencia y rudeza, calles y casas de ciudadanos. “Si continúa la escalada es probable que sea necesario decretar un estado de conmoción interna, lo que abriría las puertas a una intervención del Ejército”, descompone el panorama el Coronel Guevara.

El riesgo en este escenario es que los soldados del mayor componente castrense salgan a las calles y no regresen hasta que haya cambiado el Gobierno. Guevara recordó que durante la crisis de abril de 2002 la Guardia Nacional fue rebasada por la acción popular y se llegó a un “punto de quiebre” que obligó al entonces presidente Chávez a activar el Plan Soberanía en Caracas —conocido como Plan Ávila—, inmediato predecesor del Plan Zamora. “Entonces el alto mando de la GN ordenó el repliegue de sus tropas, y luego siguieron los demás componentes, que desconocieron la autoridad del Presidente”, recordó.

De inmediato, la alta oficialidad encabezada por el general Lucas Rincón le dijo al mandatario que lo mejor era separarse del poder. Este guion podría repetirse en 2017, con algunas variantes. De allí que los militares hayan ordenado en los sucesivos diagnósticos “reorientar los esfuerzos en realizar actividades de inteligencia” que permitan obtener alertas tempranas y “evitar la ejecución de los eventos planificados”.

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