31 de agosto de 2014 (01/09/14)

Drogas en movimiento ver en drogasenmovimiento.wordpress.com



It is time to end the ‘war on drugs’ and redirect resources toward evidence-based policies underpinned by economic analysis











El mensaje principal del informe es que ya es tiempo de acabar con la ‘guerra contra las drogas’ y redirigir masivamente los recursos hacia políticas efectivas basadas en evidencia científica sustentadas por un riguroso análisis económico. El informe también hace énfasis en la actual estrategia global basada en la militarización y el uso de la fuerza que ha tenido significativos impactos negativos y daños colaterales. Éstos incluyen la encarcelación masiva en Estados Unidos, políticas altamente represivas en Asia, amplia corrupción e inestabilidad política en Afganistán y África Occidental, una inmensa violencia en América Latina, una epidemia del VIH en Rusia, una gran escasez de medicamentos para el dolor y la propagación de abusos sistemáticos a los derechos humanos alrededor del mundo.



Un ejemplo del daño causado ha sido que, a la par del crecimiento de los mercados de drogas ha aumentado la violencia. En Colombia, por ejemplo, el incremento en el tamaño de los mercados de drogas observado entre 1994 y 2008 (alrededor del 200 por ciento) explica aproximadamente el 25 por ciento del actual índice de homicidios en el país. Esto se traduce en cerca de 3.800 homicidios más por año asociados con la ‘guerra contra las drogas’ y los mercados ilegales de drogas.



Tradicionalmente, la meta ha sido la utilización de medidas de orden público e incluso de las Fuerzas Armadas para eliminar el mercado ilícito de drogas, pero tales estrategias han mostrado importantes inconvenientes. Aquellas estrategias anti-narcóticas supuestamente exitosas únicamente han desplazado al mercado a otras partes: por ejemplo, llevando a las bandas criminales – y la violencia asociada – a México, donde el índice de homicidios se ha triplicado en un periodo de tan sólo cuatro años. Incluso la prohibición y los decomisos de drogas pueden tener consecuencias imprevistas. El informe señala que en Colombia, aquellas estrategias prohibicionistas que resultaron efectivas pueden haber causado un aumento en el norte de México del 21.2% y 46% en los índices de homicidios y de homicidios relacionados con las drogas, respectivamente.



Esto no quiere decir que no haya lugar para estrategias de orden público en las políticas de drogas. El problema deviene de una estrategia de ‘guerra contra las drogas’ que no reconoce los límites de las estrategias de orden público y como resultado lleva a una mala asignación de recursos hacia políticas ineficaces y en ocasiones contraproducentes. En ocasiones, éstas son implementadas a expensas de políticas públicas de salud mucho más efectivas que con frecuencia se encuentran poco financiadas y resultan inadecuadas para atender las verdaderas necesidades.



Las implicaciones son claras. Debe darse una drástica reasignación de enfoque y recursos hacia políticas de salud que han probado su eficacia, basadas en el acceso a tratamiento y reducción de daños. Investigaciones recientes que las políticas de rehabilitación tienen beneficios substancialmente mayores para la sociedad en términos económicos que lo que cuesta su administración. Un estudio encontró una proporción de 7:1 entre un tratamiento que cuesta en promedio $1.583 dólares por persona, pero con un beneficio a la sociedad que alcanza los $11.487 dólares.



Los beneficios de políticas de reducción de daños, tales como las terapias de sustitución, facilidades de consumo de drogas supervisadas y servicios de intercambio de jeringas son incluso mayores. La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH y SIDA (ONUSIDA) han estimado con anterioridad que por cada dólar invertido en programas de tratamiento para la dependencia de opiáceos, se puede esperar un beneficio de entre $4 y $7 dólares en términos de reducción de crímenes relacionados con las drogas, los costos del sistema de justicia penal y robos. Cuando se incluyen los ahorros relacionados con el sistema de salud, los ahorros totales pueden exceder los costos en una proporción del 12:1.



La principal conclusión de estos hallazgos es que los gobiernos deben drásticamente reasignar los recursos lejos de políticas dañinas y contraproducentes basadas en la sanción y la fiscalización. Debe haber también un cambio del enfoque basado en la demanda sobre países productores y de tránsito hacia un enfoque de reducción de los mercados ilegales. Esto significa que los Estados y la comunidad internacional deben garantizar la seguridad de la sociedad, el desarrollo económico y la protección de los derechos humanos, más que enfocarse ciegamente en las cantidades de drogas decomisadas o el número de personas arrestadas.



Finalmente, las autoridades deben enfocarse en políticas con un riguroso monitoreo y experimentación regular, tal como se está haciendo en diversos estados y jurisdicciones con respecto a la regulación de la marihuana. Tomará tiempo para que surja una nueva estrategia, pero lo más urgente debe ser asegurar políticas con un análisis económico sólido y la correspondiente reasignación de recursos internacionales.



Para una discusión más amplia sobre el tema, vea el

* Coordinador del Proyecto de LSE IDEAS International Drug Policy



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Cuantificar los enormes daños de la ‘guerra contra las drogas’ es una tarea extremadamente difícil. ¿Por dónde comenzar a calcular las epidemias de salud, la violencia asociada con los mercados ilegales y la tragedia de la encarcelación masiva a nivel internacional? Un grupo de expertos de la London School of Economics (LSE) intentó comenzar a contar los costos de la guerra contra las drogas en un nuevo informe, Ending the Drug Wars: Report of the LSE Expert Group on the Economics of Drug Policy. El informe incluye un llamado por parte de algunos de los principals economistas a nivel mundial, incluyendo cinco ganadores del Premio Nobel, para poner fin a la ‘guerra contra las drogas’ y poner a prueba nuevas políticas alternativas.El mensaje principal del informe es que ya es tiempo de acabar con la ‘guerra contra las drogas’ y redirigir masivamente los recursos hacia políticas efectivas basadas en evidencia científica sustentadas por un riguroso análisis económico. El informe también hace énfasis en la actual estrategia global basada en la militarización y el uso de la fuerza que ha tenido significativos impactos negativos y daños colaterales. Éstos incluyen la encarcelación masiva en Estados Unidos, políticas altamente represivas en Asia, amplia corrupción e inestabilidad política en Afganistán y África Occidental, una inmensa violencia en América Latina, una epidemia del VIH en Rusia, una gran escasez de medicamentos para el dolor y la propagación de abusos sistemáticos a los derechos humanos alrededor del mundo.Un ejemplo del daño causado ha sido que, a la par del crecimiento de los mercados de drogas ha aumentado la violencia. En Colombia, por ejemplo, el incremento en el tamaño de los mercados de drogas observado entre 1994 y 2008 (alrededor del 200 por ciento) explica aproximadamente el 25 por ciento del actual índice de homicidios en el país. Esto se traduce en cerca de 3.800 homicidios más por año asociados con la ‘guerra contra las drogas’ y los mercados ilegales de drogas.Tradicionalmente, la meta ha sido la utilización de medidas de orden público e incluso de las Fuerzas Armadas para eliminar el mercado ilícito de drogas, pero tales estrategias han mostrado importantes inconvenientes. Aquellas estrategias anti-narcóticas supuestamente exitosas únicamente han desplazado al mercado a otras partes: por ejemplo, llevando a las bandas criminales – y la violencia asociada – a México, donde el índice de homicidios se ha triplicado en un periodo de tan sólo cuatro años. Incluso la prohibición y los decomisos de drogas pueden tener consecuencias imprevistas. El informe señala que en Colombia, aquellas estrategias prohibicionistas que resultaron efectivas pueden haber causado un aumento en el norte de México del 21.2% y 46% en los índices de homicidios y de homicidios relacionados con las drogas, respectivamente.Esto no quiere decir que no haya lugar para estrategias de orden público en las políticas de drogas. El problema deviene de una estrategia de ‘guerra contra las drogas’ que no reconoce los límites de las estrategias de orden público y como resultado lleva a una mala asignación de recursos hacia políticas ineficaces y en ocasiones contraproducentes. En ocasiones, éstas son implementadas a expensas de políticas públicas de salud mucho más efectivas que con frecuencia se encuentran poco financiadas y resultan inadecuadas para atender las verdaderas necesidades.Las implicaciones son claras. Debe darse una drástica reasignación de enfoque y recursos hacia políticas de salud que han probado su eficacia, basadas en el acceso a tratamiento y reducción de daños. Investigaciones recientes que las políticas de rehabilitación tienen beneficios substancialmente mayores para la sociedad en términos económicos que lo que cuesta su administración. Un estudio encontró una proporción de 7:1 entre un tratamiento que cuesta en promedio $1.583 dólares por persona, pero con un beneficio a la sociedad que alcanza los $11.487 dólares.Los beneficios de políticas de reducción de daños, tales como las terapias de sustitución, facilidades de consumo de drogas supervisadas y servicios de intercambio de jeringas son incluso mayores. La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH y SIDA (ONUSIDA) han estimado con anterioridad que por cada dólar invertido en programas de tratamiento para la dependencia de opiáceos, se puede esperar un beneficio de entre $4 y $7 dólares en términos de reducción de crímenes relacionados con las drogas, los costos del sistema de justicia penal y robos. Cuando se incluyen los ahorros relacionados con el sistema de salud, los ahorros totales pueden exceder los costos en una proporción del 12:1.La principal conclusión de estos hallazgos es que los gobiernos deben drásticamente reasignar los recursos lejos de políticas dañinas y contraproducentes basadas en la sanción y la fiscalización. Debe haber también un cambio del enfoque basado en la demanda sobre países productores y de tránsito hacia un enfoque de reducción de los mercados ilegales. Esto significa que los Estados y la comunidad internacional deben garantizar la seguridad de la sociedad, el desarrollo económico y la protección de los derechos humanos, más que enfocarse ciegamente en las cantidades de drogas decomisadas o el número de personas arrestadas.Finalmente, las autoridades deben enfocarse en políticas con un riguroso monitoreo y experimentación regular, tal como se está haciendo en diversos estados y jurisdicciones con respecto a la regulación de la marihuana. Tomará tiempo para que surja una nueva estrategia, pero lo más urgente debe ser asegurar políticas con un análisis económico sólido y la correspondiente reasignación de recursos internacionales.Para una discusión más amplia sobre el tema, vea el informe completo aquí * Coordinador del Proyecto de LSE IDEAS International Drug Policy*** Este post fue escrito originalmente para LSE European Politics and Policy Blog

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Acabando la ‘guerra contra las drogas’ con políticas sustentadas en el análisis económico

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