El Consejo de Transparencia dictaminó en septiembre que el Gobierno debía hacer público el listado de más de 30.000 inmuebles que la Iglesia española ha inmatriculado desde 1998. Una relación de catedrales, ermitas, casas parroquiales, casas de maestro, fuentes o plazas que está elaborada y en poder del Ministerio de Justicia desde hace casi dos años. Pero Justicia desoyó a este organismo y en lugar de entregar el listado a EL PAÍS, que lo solicitó en virtud de la Ley de Transparencia, ha decidido acudir a los tribunales para seguir manteniendo ocultas esas propiedades. Justicia ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la resolución de Transparencia, que ya ha sido admitido a trámite.

La lista de inmatriculaciones —inmatricular es registrar un bien por primera vez, en jerga administrativa— fue elaborada en cumplimiento de una proposición no de ley del Congreso de los Diputados que presentó el PSOE estando en la oposición en abril de 2017 y que se aprobó con los votos en contra del PP y Ciudadanos. Aquel texto instaba al Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy, a preparar una relación de todos los bienes inmatriculados desde 1998, fecha en la que el Ejecutivo de José María Aznar reformó la ley hipotecaria.

Las inmatriculaciones son muy polémicas porque hasta hace cuatro años la Iglesia podía inscribir inmuebles sin tener que demostrar su propiedad. Esto se lo permitía primero un reglamento franquista de 1947 —que excluía la posibilidad de inmatricular centros de culto— y posteriormente la reforma de la ley hipotecaria que eliminó esa excepción. La publicación del listado abriría la puerta a que los afectados por inmatriculaciones irregulares, especialmente los Ayuntamientos, recurran la titularidad de los inmuebles. El propio Gobierno anunció en verano de 2018 que, tras la publicación, iniciaría un proceso de impugnación de los “bienes de dominio público” incorrectamente inscritos a nombre de la Iglesia. De momento, nada de eso ha sucedido porque el documento sigue en un cajón del ministerio desde febrero de 2018.

Esta fecha corresponde con el día en que el Colegio de Registradores remitió al Ejecutivo el documento completo, según afirma el Consejo de Transparencia en la resolución con la que daba la razón a este diario: el listado “existe”, no es una versión provisional y “es información pública”.

La Abogacía del Estado representará en el tribunal al ministerio, por lo que el Consejo de Transparencia, que es la parte demandada, tendrá que pagar a abogados privados para defenderse pese a formar parte de la Administración General del Estado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) es un organismo público que vela por el cumplimiento de la ley de transparencia. Es en teoría independiente pero depende orgánicamente de un ministerio, el de Política Territorial y Función Pública.

Por tanto, en este caso, y en otros 150 contenciosos de ministerios o de empresas públicas desde que se creó este organismo, se da la paradoja de que la Administración pleitea contra sí misma. Justicia solicita en su recurso, al que tuvo acceso EL PAÍS, que el juzgado suspenda la resolución de Transparencia mientras se juzgue el fondo del asunto.

El Ministerio de Justicia rehusó comentar qué va a alegar y afirmó que con este recurso no desoye a Transparencia sino que “ejerce su derecho a recurrir a los tribunales las decisiones administrativas de ese órgano con las que no esté de acuerdo”. En las alegaciones que presentó ante Transparencia se acogió a una disposición de la ley según la cual no es obligatorio publicar información en curso de elaboración y añadió que cuando la tenga lista se la entregará al Congreso que fue quien encargó que se elaborara.

Juan José Picó, uno de los portavoces de la coordinadora Recuperando, que agrupa a asociaciones que luchan por el patrimonio público, se muestra muy sorprendido al enterarse de la decisión de Justicia. “Es una muestra más de la poca voluntad que existe en el Gobierno de que este tema tenga una traducción democrática. Me asalta la duda de si puede formar parte de algún pacto con la parte implicada, la Iglesia católica. Nosotros seguiremos con nuestra reivindicación y movilización ciudadana y confiamos en que el próximo Gobierno, si sale adelante la coalición, haga firmes sus compromisos electorales, ya que tanto el PSOE como Unidas Podemos llevaban las inmatriculaciones en sus programas”, asegura. La Conferencia Episcopal declinó opinar al desconocer la noticia.