El pasado 15 de septiembre el Gobierno presentó en el Congreso el Presupuesto para 2018, como se ha dicho, no aparece en el mismo ninguna partida específica para financiar políticas que busquen disminuir la violencia de género en nuestro país. Repasamos la importancia de tener una perspectiva de género a la hora tanto de armar el presupuesto como de analizarlo.

El presupuesto nacional es la planificación, tanto de los ingresos como de los gastos públicos, establece así las prioridades, preferencias y estrategias del gobierno. Los presupuestos públicos no son de ninguna forma neutrales dado que las distintas intervenciones tendrán un efecto redistributivo que impactará diferenciadamente en los diversos grupos poblacionales.

Por lo tanto, y en pos de una sociedad más igualitaria, los recursos públicos deben destinarse a impulsar políticas que contrarresten las desigualdades reinantes. Entendiendo que es el Estado quien dispone de los recursos necesarios para realizar dicha tarea.

En nuestro país, según números oficiales, solo el 46, 1% de las mujeres mayores de 14 años participa en la población económicamente activa y lo hacen en condiciones adversas: ganan en promedio 27% menos que sus pares varones en el mercado formal y más de un tercio del total de las trabajadoras se encuentra en el mercado informal de trabajo, donde las brechas salariales llegan casi al 40%. Las tasas de desempleo son mayores para las mujeres, siendo las jóvenes menores a 29 años las más expuestas a la desocupación, con tasas que superan el 20% cuando el promedio nacional es del 9.2%.

Entonces, las cuentas nacionales nos muestran que el simple hecho de consagrar la igualdad formal entre varones y mujeres no garantiza su realización, sino que se necesitan medidas pro-activas, afirmativas, que detecten y corrijan los persistentes factores que ponen a las mujeres en desventaja frente a los varones y que prefiguran una sociedad donde las personas se insertan de manera diferenciada según su género.

El hecho de que las mujeres estemos en una situación de mayor vulnerabilidad en todos los indicadores económicos es violencia y es el caldo de cultivo para infinitas violencias que vivimos cotidianamente, ya que no permite la necesaria independencia económica de las mujeres.

En este escenario, en las 310 páginas del presupuesto nacional no se expone la voluntad de erradicar la violencia de género. Mucho menos, no presenta si quiera partidas específicas a programas que busquen erradicar esta violencia.

Debemos recordar que según el artículo ocho de la Ley de Protección Integral de las Mujeres el Consejo Nacional de la Mujer (CNM) sería el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de dicha ley. De esta forma, el CNM tiene una gran cantidad de competencias atribuidas, como la elaboración de un Plan Nacional de Acción para prevenir, asistir y erradicar la violencia contra las mujeres.

El pasado 6 de septiembre el gobierno informó que el CNM pasaba a ser el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) en pos de que el organismo tuviera mayor autonomía e independencia, aunque al parecer transitoriamente depende del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Este cambio imposibilita que aparezca en el presupuesto, dados que el primer borrador del presupuesto se presenta en junio. Por lo que solo contamos con la partida presupuestaria que tiene el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales pero no sabemos cuanto del mismo será el que efectivamente tendrá el INAM.

Más allá de los cambios de nombres son las partidas presupuestarias las que marcan la voluntad política real. En nuestro país las mujeres y sujetos disidentes vivimos una situación de emergencia, tal como muestran las altas tasas de femicidios. Sin embargo, no encontramos en el plan de acción del próximo año si quiera una mención a esta realidad. Como hemos aprendido de los movimientos de mujeres, el primer paso es visibilizar estas problemáticas, el segundo, diremos las economistas, es dar los fondos necesarios para articular políticas que busquen atender el problema.

*Candelaria Botto, Lic. en Economía (UBA), docente de secundario y superior. Colaboradora de Economía Femini(s)ta. Lucha por un mundo donde seamos humanamente diferentes, socialmente iguales y completamente libres.