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Enviar a Rafael Blasco Castany a Haití en cumplimiento de la segunda parte de una condena bien merecida, aunque poco penalizada, sería un ejemplo para muchos corruptos que se lo pensarían antes de perjudicar a los humillados damnificados que no recibieron nada de lo prometido, por el simple motivo de que fueron utilizados para el lucro de unos indeseables políticos españoles.

Hubo una vez un terremoto de magnitud 7, de unas dimensiones gigantescas y colaterales que asoló en el año 2010 un país caribeño, ya de por si empobrecido por una ignorada economía y una cultura olvidada, pero que luchaba por salir de su desigualdad más allá de lo imaginable.

En ayuda por el mortal y catastrófico seismo acudieron de todas partes del mundo enriquecido o en vías de prominente desarrollo, como el caso de su vecina República Dominicana, quien no dudo en ser el primero en prestar todo lo que pudo y más, que no se reflejaba en ninguna ofrenda al mérito alcanzado y a ninguna otra medalla.

Los cooperantes al desastre se jactaban de su honorable aportación de sumas considerables, sin saber que casi todos ellos disponían de muchos “responsables” benefactores con nombres y apellidos demasiado avispados y muy pillos, designados necesarios que se aprovecharon para enriquecerse con subvenciones estatales y supuestas ONG,s con fondos que desaparecían como por arte de magia.

Y ahora después de tanto tiempo empiezan a salir auditorias que claman al cielo la inoperante actitud de ladrones de escarapela humanitaria, que se lucraban de solventar las necesidades que al pueblo haitiano nunca llegaban, como en el caso español de un hospital que se adjudicó por donación de la Generalitat Valenciana, es decir del tributo del contribuyente local, que nunca se construyó ni por asomo de una supuesta ventana , pues el presupuesto se difuminó en la compra fraudulenta de inmuebles en varias localidades en España, teniendo como artífice de la estafa a Rafael Blasco Castany, que entre otras “chorizadas” se expolió a modo de mago y conejo en la chistera, los cuatro millones y medio de un efímero centro de sanidad pública que en teoría debía de atender y sanar a los afectados por uno de los peores ocasos de la naturaleza ocurridos en el otro extremo de la isla La Hispaniola, en la parte más demacrada y asolada hoy que se resiste a no perder su belleza.

El tal Blasco cumple condena de político ladrón encerrado en Valencia, habiéndole probado todo lo que el sumario del Caso de Cooperación aportó, correspondiendo al execrable gestor una condena de seis años y medio, que empezó en junio del 2015 y ya en febrero de 2019 disfruta de un régimen de semilibertad pactada, aunque al parecer no tiene intención de retornar un euro de este nuevo apéndice de la justicia, y muy especialmente el que se refiere a lo narrado.

Por ello, y por entender que su actitud ha sido una prueba de lesa humanidad para con los decepcionados perjudicados, con perjuicio grave por no haber cumplido lo pignorado, podríamos sugerir que no estaría de más que la Justicia de Haití, o en su versión más visceral, la exigencia de la Liga Haitiana Internacional, emitiese en rogatoria orden de extradición del citado anterior personaje español para que supiese con la sensibilidad de la que fuese capaz de entender, el dolor, la desaprobación y la indignación que causa un fantoche cuando se le dan atributos que incumple para su personal provecho como reconocido malversador acompañado de su pandilla de proscritos y cómplices. Tampoco olvidaríamos solicitar del venerable Tribunal haitiano se le asignase al reo extranjero un compañero de celda de confianza, evitando así las autolesiones y otras migrañas no deseadas.

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