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Aunque el gobierno de la Cuarta Transformación encabezado por Andrés Manuel López Obrador no creó nuevos impuestos para el próximo año, sí hizo cambios que significarán más presión sobre los contribuyentes, con la finalidad de combatir la evasión fiscal.

Estas modificaciones se dan ante la necesidad del gobierno federal de recaudar más, con la esperanza de alcanzar los 3.5 billones de pesos, ante las crecientes necesidades del gasto social.

A partir de enero de 2020, entrará en vigor la miscelánea fiscal y la reforma penal fiscal derivadas de las modificaciones a las leyes del Impuesto Sobre la Renta (ISR), al Valor Agregado (IVA), del Especial sobre Producción de Servicios, la Ley Federal de Derecho y al Código Fiscal de la Federación (CFF) aprobadas .

También entrará en operación la ampliación de la base de causantes de la economía digital, sin que se tenga que crear un gravamen especial, pues únicamente se actualizó el marco fiscal.

De acuerdo con Jorge Caballero, socio líder de Impuestos y Legal de la firma multidisciplinaria KPMG, consultado por El Universal, “vienen retos muy importantes para las empresas y los contribuyentes por los cambios que se hicieron, porque son los más relevantes desde 2014”.

Consideró que entre las novedades destacan los temas de economía y comercio digital que se introducen en la legislación, debido a que ya se están considerando en las leyes del ISR y del IVA.

El especialista destacó que también hay otros aspectos fiscales que afectarán ya sea de manera positiva o negativa a las inversiones, por lo que las empresas ya se están preparando.

Uno de los más novedosos es que los asesores deberán reportar ante el fisco ciertas actividades que pretenden llevar a cabo las firmas para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

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KPMG realizó un estudio en el que para los directores de finanzas e impuestos de las empresas, uno de los principales puntos que despiertan su atención, es el fiscal.

Hoy sale más caro tener un error u omisión en el cálculo del impuesto, porque te puede llevar a pagar penalizaciones que en México, son intereses, recargos o multas. Estos pueden representar entre el 150% y el 200% de la contribución o del impuesto omitido, destacó el especialista.

Respecto a la ley anti factureros, Caballero señaló que el riesgo no es sólo para los grandes contribuyentes, porque por un error con los proveedores se puede tener una repercusión negativa.

Para otros especialistas de la firma de consultoría Price Waterhouse Coopers (PWC) el paquete fiscal en México va de la mano con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la lucha contra la evasión fiscal, sobre todo, de las multinacionales.

Destacaron que estas modificaciones pretenden alinear a México a las acciones de la Iniciativa BEPS (Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), la cual engloba a todas las estrategias fiscales que se aprovechan de inconsistencias en los sistemas de leyes y normas que tiene un país.

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