El Tribunal Supremo ha reforzado el blindaje legal de la tauromaquia levantado por el Partido Popular en 2013 cuando disfrutaba de mayoría absoluta en el Congreso. Los magistrados han prohibido realizar consultas sobre las corridas de toros. En un mes ha rechazado los recursos de San Sebastián (Gipuzkoa) y Ciempozuelos (Madrid) que pedían levantar el veto a las consultas populares sobre los toros impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017. La declaración de la tauromaquia como patrimonio cultural funciona como cortafuegos.

En sendos casos, el Supremo se remite al carácter de patrimonio cultural que el PP otorgó a la tauromaquia por ley. "La Ley no da libertad a las Administraciones Públicas para promover o no la conservación de la tauromaquia", ha dicho sobre la localidad madrileña en una sentencia de 7 de marzo. Ciempozuelos pretendía preguntar a los vecinos si querían que hubiera presupuesto municipal destinado a la tauromaquia. Y añade que hay una obligación de poner estos espectáculos en valor por ser considerados patrimonio cultural. El Ayuntamiento deberá abonar 4.000 euros de costas procesales.

En el caso de la ciudad vasca –que quería preguntar si las instalaciones municipales debían ser destinadas a estos espectáculos–, los magistrados fallaron en febrero pasado que "no es una medida inocua en cuanto al deber de fomento del patrimonio cultural, del que la tauromaquia forma parte". No se quedaron ahí ya que expusieron que, si los donostiarras decidieran que no desean dedicar la infraestructura a los toros, "no existe otra instalación que permita celebrar corridas con la garantía de seguridad que ofrece el pabellón multiusos".

"De todos los españoles"

La ley aprobada en 2013 establece que "es competencia de la Administración General del Estado, garantizar la conservación y promoción de la Tauromaquia como patrimonio cultural de todos los españoles". Este texto se ha revelado una poderosa arma para frenar cualquier iniciativa oficial que cuestione los toros. Ante la convocatoria en 2017 de estas consultas, el Ejecutivo las prohibió. Los ayuntamientos recurrieron y el Tribunal Supremo ha contestado a inicios de 2019.

El blindaje ha servido para, por un lado, que la tauromaquia sea objeto de un proyecto específico de promoción llamado Plan Estratégico Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia (Pentauro). El plan nació "del cumplimiento del mandato al Gobierno" de esta precisa ley, según informaba el Ministerio de Cultura al presentarlo. La idea del Pentauro es "fomentar y garantizar el libre ejercicio de la Tauromaquia, actualizando y transmitiendo a la sociedad la trascendencia de su valores y la vigencia de su cultura". Contempla una amplia lista de medidas económicas, tributarias, estadísticas sobre Seguridad Social, educativas, ganaderas y arquitectónicas en las que se implicaba como responsable al Gobierno.

Además, su carácter legal de patrimonio cultural bajo el paraguas del Ejecutivo ha bastado para salir al cruce de proyectos como los referendos ahora vetados, la ley catalana que prohibía las corridas o la balear de bienestar animal que introducía condicionantes para que evitar sufrimiento y muerte de las reses. La norma de 2015 fue recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

De nuevo, la regla de 2013 funcionó. A finales de diciembre de 2018, el Tribunal Constitucional estableció que los animales deben morir para no desvirtuar el carácter cultural de la tauromaquia regulado por ley. Según el fallo, era "imposible reconocer las características nucleares", de las corridas de todos si se realizaban de acuerdo la normativa aprobada por el Parlamento balear. El reglamento taurino establece que la lidia tienen que acabar con la vida del toro. Si no muere el toro, la tauromaquia no es cultura.