Habían pasado solo cinco días del estallido social cuando la madrugada de ese 23 de octubre un mensaje de WhatsApp se multiplicó de forma incontrolable entre la comunidad de estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile.

“Cabros, con mucha tristeza les comento que se supo de un centro de retención Estación Baquedano (tiene “comisaría interna”). Se encontró sangre y amarras. Anoche dos jueces del 7mo. Juzgado de Garantía (cuya jurisdicción es Santiago) dan cuenta de que se torturó gente. Supieron por el relato de un menor de edad”.

Mensaje de whatsapp viralizado la madrugada del 23 de octubre.

La situación impactó a los receptores del viralizado chat y cobró aún más fuerza cuando se supo que la profesora del Centro de Derechos Humanos de esa casa de estudios, Myrna Villegas, había presentado un amparo preventivo a favor de quienes supuestamente estaban siendo vejados al interior de la 60° Comisaría que funcionaba al interior de la Estación de Metro Baquedano.

Personalidades del mundo político, como Beatriz Sánchez, no trepidaron en pedir la renuncia del entonces ministro del Interior. “INDH denuncia torturas, sí, torturas en la Estación Baquedano. Simplemente inaceptable. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, debe renunciar hoy”, escribió. No pocos, horrorizados, recordaron los peores tiempos de la dictadura. Sin embargo, una serie de piezas unidas hoy descartarían los hechos.

La denuncia tenía como origen el relato del joven estudiante Nicolás Lüer Santis, de 22 años, quien -según el recurso presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía- “habría sido llevado por Carabineros en la tarde en la salida de Parque Bustamante, lo habrían tomado de sus cuatro extremidades y golpeado hasta luxarle la rodilla. Según refiere, se encontraba muy conmocionado y shockeado, relatando que en la bajada del Metro Baquedano habría visto a efectivos de Carabineros, quienes habrían mantenido amarrados de las manos a ‘cabros’ y les habrían disparado a quemarropa, desconociendo el tipo de arma utilizada”.

La acción, patrocinada también por el abogado Tomás Ramírez, del denominado “piquete jurídico” de esa Escuela de Derecho, motivó a que de inmediato los jueces Darwin Bratti y Daniel Urrutia se apersonaran en las instalaciones del tren subterráneo. En ese momento había toque de queda, así que ambos magistrados fueron trasladados por personal de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. Una vez en el lugar no se encontraron detenidos, pero enviaron los antecedentes a la Fiscalía Oriente ante la gravedad del hecho indagado. Con esto, se dio inicio a una investigación que ya alista su cierre definitivo.

A casi seis meses de lo que se denominó un “centro de torturas”, un informe realizado por la misma Brigada de Derechos Humanos de la PDI que ese día visitó las instalaciones policiales no logró acreditar las acusaciones de esa jornada. Tras la toma de declaraciones a más de 20 personas, el análisis de todas las cámaras de seguridad del Metro y la comisaría que ahí funcionaba, y peritajes fotográficos, se determinó que “no se logró establecer la veracidad de los hechos denunciados” y que “no se encontraron indicios criminalísticos para acreditar la efectividad del delito denunciado”.

Esta semana, Baquedano fue reabierta en medio de la pandemia del Covid-19, pero solo como estación de combinación. Sus puertas aún no están preparadas para abrirse al exterior.

Incongruencias

“No vi al interior del lugar donde me agredieron sangre o personas heridas, mucho menos precintos plásticos como los que se utilizan para amarrar a las personas, enterándome solo días más tarde que dicho lugar correspondía a una de las entradas de la 60° Comisaría de Carabineros”. Así finaliza la declaración que como testigo prestó Nicolás Lüer ante la PDI el 30 de octubre del año pasado. Luego de eso, nunca quiso denunciar formalmente los hechos ante el Ministerio Público. Tampoco se hizo parte.

Al día siguiente de conocerse la denuncia de Lüer, esta era la situación del ingreso a la comisaría que funcionaba en el Metro. Carabineros, semanas después, anunció el retiro definitivo de ese cuartel.

Lüer relata que ese día acudió a las manifestaciones en Plaza Baquedano junto a dos amigas y que cerca de las 18.30 las pierde de vista. En medio de incidentes, se refugia en las escaleras del ingreso al Metro Baquedano, en la esquina de las calles Ramón Carnicer y Arturo Burhle. Que una vez ahí, sorpresivamente se abrió una puerta metálica y es ingresado a la fuerza por Carabineros al interior en un pasillo oscuro. Agrega que fue golpeado en reiteradas ocasiones por cuatro personas, que le rasgaron sus ropas, que recibió golpes en el estómago, en la cara y en su rodilla izquierda, y que de repente ingresó un haz de luz desde el exterior y pudo ver que uno de sus agresores llevaba un casco en su cabeza que decía “FF.EE.” y tres números que no logró divisar. En ese mismo instante, gracias a esa luz, Lüer dice que habría visto a dos personas maniatadas en una especie de ducto que se encontraba a la altura del techo, una de ellas a torso descubierto y la otra vestía polera color negro, “no percatándose de otros detalles debido al poco tiempo que estuvo iluminado el lugar”. Luego, dice que escuchó un fuerte estruendo y gritos que provenían de la planta más baja. Que tras esto fue lanzado al exterior por los propios policías y que se encontró con un sujeto herido que vestía pantalón corto color azul, al que le sangraba una pierna. El sujeto, agrega, “fue atendido a su lado por la Cruz Roja”.

A 100 días del estallido social así lucía la entrada que hay en Ramón Carnicer de la Estación de Metro Baquedano.

Una pieza central del informe de la PDI que descarta la versión del joven tiene que ver con el análisis de cámaras de seguridad entre las 17.40 y las 19.10 horas del 22 de octubre, y la propia versión que entrega el otro joven herido. Según la versión de Lüer, los hechos ocurrieron a las 18.30. “Sin embargo, en base a los relatos de la víctima se logró obtener desde Ciper Chile una imagen donde constan los hechos relatados por Nicolás Lüer respecto de que fue atendido por personal de la Cruz Roja Chilena en el Parque Bustamante, junto a una persona que vestía pantalón corto y polera color azul, posicionando a ambos el día 22 de octubre en un puesto de atención de urgencias; dicho joven fue individualizado como David Muñoz Escalona”, señala el documento. En efecto, una publicación de Ciper abordó el caso de Muñoz como una nueva denuncia en contra del cuartel del Metro Baquedano. Para los policías, este fue el inicio del desencuentro de versiones.

“En su declaración (Muñoz) manifiesta que ese día, cerca de las 17.30 horas, recibió un disparo de escopeta por parte del personal de Carabineros proveniente del acceso subterráneo de la 60° Comisaría para luego ser atendido por voluntarios de la Cruz Roja, siendo trasladado con posterioridad hasta la Posta Central, cuyo dato de atención de urgencia indica que el ingreso a ese centro asistencial se materializó a las 18.25 horas, lo que no es congruente con lo señalado por Nicolás Lüer, ya que este último manifiesta que a las 18.30 horas es ingresado a la fuerza por personal de Carabineros hacia la 60° Comisaría por el acceso de calle Arturo Burhle, por cuanto con estos antecedentes el suscrito supone que los hechos denunciados ocurrieron cerca de las 17.30 horas y no las 18.30 horas como manifiesta la víctima”, dice el comisario de la Brigada de Derechos Humanos que firma el informe.

Otra situación analizada fueron los videos de seguridad de los calabozos y del exterior. Entre las 17.40 y 19.10 horas de ese día “se puede observar a personal de Carabineros que entra y sale en reiteradas oportunidades, algunos de los cuales lo hacen con traje de protección antiflamas y otros con uniforme interno, correspondiente a pantalón y camisa verde, además de chaleco antibalas y algunos con casco color verde, sin embargo, ninguno de los carabineros captados por las cámaras de seguridad usaba casco con las letras “FF.EE”. y números, como señala Lüer en su declaración”, dice la PDI. Sobre los gritos de personas pidiendo auxilio, dice el documento, no se pudo acreditar, porque las cámaras no tienen audio. Y sobre el estruendo -dicen los investigadores-, pudo atribuirse al disparo con escopeta antidisturbios que recibió Muñoz.

Antes del 18 de octubre cerca de 41 mil personas ingresaban a la estación de Metro Baquedano, la tercera más importante en cuanto a afluencia de público y que fue cerrada tras el estallido social.

Sobre los videos internos de la comisaría, determina el documento, “no se observa en dichas imágenes personas civiles aparentemente detenidas”, lo que coincide, además, con la toma de declaración de 14 funcionarios de ese recinto policial que aseguran que en esa jornada no hubo detenidos en esa zona y que el último ingreso a esos calabozos databa del 18 de octubre, aunque reconocen que hubo disparos de escopetas antidisturbios y lacrimógenas desde el interior, debido a bombas molotov que llegaron esa jornada hasta ese ingreso del Metro. Esto coincide con el acta levantada por los jueces Bratti y Urrutia, que señalan que no encontraron detenidos en el lugar y tampoco registros de ellos esa jornada.

Respecto de las personas maniatadas, dice la PDI que “no se encontraron indicios de interés criminal” y aún está pendiente un peritaje que establezca si los ductos mencionados pueden soportar el peso de una persona de estatura promedio en suspensión. Sobre las amigas de Lüer que ese día estaban con él en la manifestación y luego lo acompañaron a la Posta Central a constatar lesiones por consejo del “piquete jurídico” de la U. de Chile, los policías señalan que pese a ser ubicadas para prestar su testimonio, nunca contestaron los llamados.

La Estación Metro Baquedano fue reabierta esta semana, pero solo para combinaciones, sin salida al exterior. Foto : Andrés Pérez

La Fiscalía Oriente se alista a cerrar el caso. Antes se esperan algunas pericias audiovisuales.

Un elemento importante para que la causa quede archivada tiene que ver con las inconsistencias detectadas por la Brigada contra Delitos de Derechos Humanos en lo que relató el joven. “A la fecha de confección del presente informe se puede señalar que la denuncia hecha por Nicolás Lüer no ha sido posible ser establecida, ya que no hay registros documentales o de imágenes de videos donde conste que fue golpeado y que, al existir el dato de atención de urgencia, este no refiere descripción específica de lesiones”, dice el informe. Luego agrega que del examen físico que se le hizo, el parte médico señala: “Rodilla sin derrame articular, sin deformidad y escasa contusión en el muslo distal”. Junto a esto, los datos médicos refieren lesiones leves en una mano. “Lo anterior no es conteste con lo que él refiere en su declaración, donde manifiesta haber recibido golpes en su espalda, nuca, estómago, rostro, además de su rodilla izquierda, que según su versión resultó lesionada”, finaliza el informe.