Una decena de hoteles de la zona céntrica de Santiago y guarderías ilegales ubicadas en poblaciones, fueron escenario del tráfico de miles de niños arrebatados a sus madres y enviados al extranjero. CIPER reconstruyó la ruta de estas adopciones ilegales, la que incluye a hoteles emblemáticos –como el Sheraton y el Carrera­– cuyas direcciones figuran en decenas de certificados de nacimiento extendidos por el Registro Civil para niños que fueron sacados del país. También revisamos reportajes de la prensa australiana y estadounidense que ya en los años 80 y 90 revelaron nombres de jueces de menores, abogados y asistentes sociales involucrados, pero en el Chile de la transición nadie quiso prestar oídos a esas denuncias.

Fotografías por: Jorge Vargas | Migrar Photo

Video por: Diego Figueroa | Migrar Photo

Alejandra Tabitaud camina por el Paseo Ahumada sosteniendo un lienzo y arropada con pañuelos en su cuello. Avanza lentamente junto a medio centenar de personas. Es lunes, es julio, es 2019. Pero ella marcha porque hace 39 años le robaron a su hijo. Los pañuelos se explican de a uno. El de color amarillo, con la sigla HMS en negro, es de la agrupación que convocó a la marcha: Hijos y Madres del Silencio, que reúne a víctimas de tráfico de niños chilenos entregados en adopciones ilegales. Al cuello lleva también la bandera de Estados Unidos que cae sobre su espalda como capa de superhéroe. Alejandra marcha a media tarde y exige justicia entonando los gritos de siempre. Pero ahora hay algo de alivio en su mirada. Hace poco más de un mes volvió de Estados Unidos, donde se reencontró con el hijo que le arrebataron.

Solo cinco días en Nueva York le bastaron a Alejandra para terminar con una agonía que comenzó el 30 de enero de 1980, cuando tuvo su primer parto en el Hospital San Juan de Dios. Entonces tenía 16 años y el destino de su recién nacido había sido acordado por otras personas. Afuera del hospital la esperaba su madre, junto a una mujer y un hombre. La subieron a un auto, la llevaron al Registro Civil y le entregaron un papel con el nombre que tenía que ponerle a su hijo:

-La mujer me dijo “ya, tenís que pasar este papel y no hablar nada, entrega no más y ahí van a hacer todo’. Yo no podía decir nada, estaba mi mamá y yo le tenía mucho miedo. Yo lloraba y lloraba -cuenta.

A Alejandra le prometieron que volvería a ver a su hijo, que nunca perderían el contacto. Le mintieron. Nunca volvió a saber de él. Y aunque finalmente pudo reencontrarlo, pide justicia por las casi cuatro décadas de sufrimiento. Por eso marcha por el Paseo Ahumada junto a otras madres. Para recordarle a los jueces que los responsables siguen en la impunidad. Y todas marchan sabiendo que muy cerca, en un radio de no más de diez calles, se ubican una docena de lugares en los que se ejecutó durante décadas el tráfico de niños arrebatados a madres como ellas –adolescentes, pobres, primerizas– para entregarlos en adopciones ilegales.

La mayoría de esos puntos céntricos son antiguos y renombrados hoteles: El Conquistador, Montecarlo, Carrera, entre otros. También hay departamentos que hasta hace algunos años funcionaron como oficinas de abogados. Y casas en poblaciones periféricas que albergaron guarderías ilegales. Si en la sustracción de los menores –desde hospitales y clínicas– los responsables fueron médicos, matronas, enfermeras, sacerdotes y religiosas, esta segunda fase –el circuito de las guarderías ilegales y los hoteles­, desde donde los niños eran llevados al aeropuerto con papeles irregulares–, fue alimentada por jueces de menores, abogados y asistentes sociales.

CIPER pudo constatar que más de 700 niños enviados al exterior fueron inscritos en el Registro Civil como residentes en estos hoteles. Así consta en sus certificados de nacimiento. La mayoría de estos documentos fueron extendidos sin los padres presentes o solo con la concurrencia de la madre. En muchos casos los niños fueron inscritos con el apellido del padre adoptivo extranjero y la madre biológica chilena, algo completamente fuera de las normas.

Así se desglosan las inscripciones de menores enviados al exterior y que figuran como residentes en hoteles de Santiago:

Hotel Montecarlo: 374 niños.

Hotel El Conquistador: 176 niños.

Hotel Carrera: 88 niños.

Hotel Sheraton: 35 niños.

Hotel Carlton House: 32 niños.

Revisamos bases de datos con reportajes de la prensa internacional desde los años 80 en adelante, cruzamos información de los registros públicos y entrevistamos a algunos de los involucrados. Los resultados muestran que las adopciones ilegales de niños eran algo tan habitual que el mapa de Santiago se llena de marcas cuando se fijan en él las direcciones que formaban parte de esta ruta. No solo de hoteles, sino también de antiguas oficinas de abogados, residencias de asistentes sociales y guarderías ilegales. Algunos ejemplos de la masividad con que se usaron esas direcciones para inscribir niños surgieron con la revisión de más de seis centenas de certificados de nacimiento:

San Diego 2061 (oficina de la asistente Julia Muñoz): 380 niños inscritos.

San Antonio 486 (oficina del abogado Carlos Gutérrez): 193 niños inscritos.

Domicilio de la asistente Doris Marchant: 38 niños inscritos.

Revise el mapa elaborado por CIPER con el detalle de los lugares que formaban parte de la ruta del tráfico de niños. Para desplazarse utilice las flechas.

20 MIL ADOPCIONES BAJO INVESTIGACIÓN

Desde el día en que esa mujer y ese hombre la dejaron en la puerta del Registro Civil y se llevaron a su hijo en un automóvil, Alejandra no paró de buscar. Pasaron los meses y luego los años. Se acumularon en ella la pena y la rabia. Hizo su familia, se casó y tuvo más hijos. Pero siguió buscando al primero. En el camino se ha enfrentado a todo. Desde quienes la culpan por la adopción ilegal, hasta quienes piensan que está loca. Desde 2014 comenzó a organizarse con otras madres que denuncian que sus niños les fueron arrebatados al nacer.

El viaje de junio pasado a Estados Unidos le sirvió para encajar las piezas que faltaban. Apenas vio a su hijo en el aeropuerto John. F. Kennedy se fundieron en un abrazo y lloraron. Por eso lleva la bandera de Estados Unidos en las marchas, como testimonio de que su lucha avanza, como prueba de que estas historias no son inventos y de que esto realmente pasó durante décadas en Chile: a los niños se los robaban desde los hospitales, desde los orfanatos, desde sus propias casas y sus madres fueron engañadas. La indagatoria que lleva adelante la justicia calcula en 20 mil las adopciones de niños chilenos entregados a parejas extranjeras que están bajo investigación. Es el ministro Jaime Balmaceda el encargado de las pesquisas.

LA HORA DE LA VERDAD

El matrimonio estadounidense compuesto por Gregg y Jill Chatterson aterrizó en Santiago el 13 de octubre de 1989. Apenas bajaron del avión fueron llevados hasta la oficina de un abogado donde recibieron un niño de pocos meses. “Fue extraño”, dijo ella, y agregó: “Nos dieron el bebé, y él parecía un poco despistado. Su niñera lo amaba tanto. Lloró cuando tuvo que dejarlo”. Su relato y la historia del caso fueron publicados el 8 de diciembre de 1990 por el diario The Oshkosh Northwestern, un periódico local de Wisconsin, Estados Unidos ( vea ese artículo ). La oficina del abogado era apenas una pequeña habitación donde había otras ocho personas haciendo trámites similares.

El reportaje calificó la adopción como una “paternidad instantánea” para el matrimonio, la que fue tramitada desde Estados Unidos a través de la agencia “Pauquette Children´s Services in Portage”. Y aunque el artículo relata la adopción del matrimonio Chatterson como una historia de final alegre, las consecuencias judiciales de ese proceso y de otros miles similares todavía están abiertas en Chile.

Hoy, la justicia indaga redes de tráfico de niños chilenos que partieron al extranjero entre las décadas del ‘60 y ‘90. En la primera entrega de esta serie este reportaje, CIPER reveló los distintos métodos utilizados por estas redes para sacar a los niños de Chile. Estaban compuestas por abogados, jueces, asistentes sociales, médicos y religiosos (vea ese reportaje). Aunque los trámites eran revestidos con visos de legalidad, las guaguas eran virtualmente vendidas a parejas extranjeras que tenían problemas para adoptar en sus países.

La causa que actualmente comanda el ministro Jaime Balmaceda ya acumula más de 450 denuncias de madres. Las agrupaciones de familias que reclaman justicia preparan querellas contra el Estado y todo se definirá en los próximos días, cuando se evalúe si estos crímenes constituyen o no delitos de lesa humanidad. Si es así, serían imprescriptibles.

UNA GUÍA PARA FRANCESES

Vincent Reuilly Girardot se acercó a la agrupación Hijos y Madres del Silencio para conocer su origen biológico. Él nació en 1985 en Los Ángeles, Biobío, y fue entregado a un matrimonio francés en 1986. Forma parte de una larga lista de hombres y mujeres que comenzaron a hacerse preguntas luego de que en 2014 CIPER revelara las redes de adopción ilegales que existían en Chile, a partir de los casos que involucraron al sacerdote Gerardo Joannon (vea aquí ese reportaje).

Vincent consiguió de sus padres adoptivos parte de la documentación sobre su origen. En ese archivo había un instructivo que ellos utilizaron en su viaje a Chile. Es una completa guía sobre qué hacer (vea aquí una parte de ese documento). Incluye nombres de juezas “favorables y gentiles”, contactos con médicos y lugares donde buscar niños, con nombres de asistentes sociales. En la nómina figuran hogares de varias ciudades: en el Hospital de Tomé figuraba la asistente social Aide Rocha; en Chillán, en la Casa Esperanza, la asistente social Pilar López; en la iglesia del Sagrario, de la Catedral de Santiago, el contacto era Julio Reinaldo; en el hogar de Conin, en Concepción, se mencionaba a Leyla Venegas y la asistente social Carmen Alvial; en el hogar del Sename, también en Concepción, a María Araneda, y en el Hospital Gustavo Fricke, de Viña del Mar, a la asistente social Norma Urquiza.

La guía enumera también una lista de jueces de menores a quienes recurrir: en el Tribunal de Concepción aparecían Irma Bavestrello y Silvia Onetto; en Talcahuano, María Ángeles Parra, y en Valparaíso, María Angélica González.

Las juezas Bavestrello y Onetto han sido sindicadas como parte de las redes que facilitaban la sustracción de menores. Ruth Cárdenas acusó que le habían robado a dos de sus hijos en Concepción luego de que los dejara en un hogar mientras se trataba una tuberculosis. Cuando volvió a buscarlos, ya no estaban. Ella logró reencontrarse con uno de sus hijos en 1998, cuando él viajó desde Bélgica buscándola. Su familia acusa a la jueza Onetto de recibir dinero para legalizar la sustracción ( revise aquí la historia de Ruth Cárdenas ).

En tanto, la jueza Bavestrello aparece en una investigación del periodista Alejandro Vega, en CHV Noticias, firmando adopciones ilegales relacionadas con el Centro de Adopción Sueco.

El instructivo utilizado por el matrimonio francés incluye recomendaciones para trasladarse de Santiago a Concepción: el vuelo “cuesta $7.890, son 45 minutos”. Y entrega además datos para hospedarse en Santiago (Hotel El Conquistador y un hostal en Plaza Italia) y comer en Los Adobes de Argomedo, para probar la comida chilena.

La guía concluye con la instrucción de legalizar todos los documentos (la sentencia judicial que autoriza la tuición y el certificado de nacimiento del menor) ante los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores. También señala que debían llevar al niño al centro médico Dial (Vitacura 2653) para que los doctores de apellidos Herve, Valdés o Álvarez certificaran su salud.

NIÑOS POBRES EN HOTELES CAROS

Los extranjeros que buscaban adoptar un niño se alojaban en hoteles del centro de Santiago, hasta donde les llevaban a los menores. Por esa razón, las guaguas eran inscritas en el Registro Civil con esos domicilios. Una pista que hoy permite rastrear el origen de casi mil personas con certificados de nacimiento que llevan esas direcciones.

Un testimonio clave para establecer como los hoteles fueron ocupados para estos trámites es el de Sandra Solís Valenzuela, quien fue entregada en adopción cuando ya era adolescente y fue testigo de todo este entramado:

“Nací el 9 de septiembre de 1972 en Concepción. Yo crecí en el hogar de monjas Buen Pastor. Cuando una asistente social me preguntó si quería ser adoptada, le respondí que sí. Yo ya tenía 16 años. Creo que en agosto de 1989 llegó a buscarme un matrimonio italiano. Fuimos al aeropuerto y volamos a Santiago. Nos hospedamos en el Hotel Carlton House. Allí había seis niños chilenos y cinco parejas de italianos. Una de esas parejas quería un niño rubio y de ojos azules y discutían con el hombre que dirigía todo. Yo no quería irme con el matrimonio que me había adoptado, porque me retaban mucho. Se lo dije al hombre que dirigía, pero me respondió que no había nada que hacer, que en el hogar ya no me querían y qué iba a hacer con mi vida. Me puse a llorar” ( lea el testimonio completo ).

Al menos 32 niños fueron inscritos con la dirección del Hotel Carlton House, ubicado en Máximo Humbser 574, a pasos del Cerro Santa Lucía. Uno de ellos es Solange, nacida el 10 de diciembre de 1987 en Chanco (Maule). Su certificado no registra ni madre ni padre. Lo mismo ocurre con Angélica, nacida el 25 de junio de 1994 en Achao (Chiloé) y con Daniel (13 de abril de 1987 en Puente Alto).

¿Qué hacían niños no reconocidos alojándose en un hotel del centro de Santiago? El testimonio de Sandra Solís da luces de lo que puede haber ocurrido: se utilizó la dirección del hotel para registrarlos en Chile, conseguir un fallo judicial de tuición y sacarlos al extranjero. El actual representante del Hotel Carlton House, Federico Astoreca, señaló a CIPER que no estaba al tanto de esta información, pero que si los procesos de adopción eran largos no le extrañaba que matrimonios extranjeros se alojaran en el establecimiento y que hubiesen entregado al Registro Civil esa dirección.

Fuentes que conocen la investigación judicial que lleva el ministro Balmaceda aseguran que fue común que en los hoteles del centro se hospedaran los matrimonios extranjeros y que utilizaran esas direcciones para inscribir menores en el Registro Civil.

El Carlton House no es el único hotel que aparece en los certificados de nacimiento. CIPER seleccionó los más conocidos y que registran la mayor cantidad de menores inscritos.

El que lidera la nómina es el Hotel Montecarlo (Victoria Subercaseaux 209, también a metros del cerro Santa Lucía). Allí figuran 374 inscritas. Al hacer una revisión aleatoria de sus certificados de nacimiento, se repite el resultado: no aparecen padres biológicos. Es el caso de Alexandro, nacido el 25 de abril de 1988 en Chillán fue inscrito con dos apellidos italianos, pero no hay registro de padre ni madre.

En el mismo hotel aparece inscrito Moisés (12 de mayo de 1983, Concepción). En su caso solo tiene el reconocimiento de su madre biológica. Es el mismo caso de Yasna (19 de mayo de 1987, Concepción). Otros menores inscritos usando la dirección del Hotel Montecarlo provenían de Puerto Montt y Valdivia.

El Hotel Montecarlo es propiedad de la familia Cordano Poblete. En 2016 falleció el patriarca (José Cordano Cordano) y el negocio quedó en manos de sus dos hijas. El representante del hotel, Jorge Flores, respondió a CIPER: “No hay conocimiento, ni ninguna relación con agencias aludidas. No sé qué versión se puede dar, porque los extranjeros son pasajeros que llegaron a alojar como clientes”.

Otro establecimiento que registra una gran cantidad de inscritos (176) es el ex hotel El Conquistador (Cruchaga 920, Santiago Centro). Ya desaparecido, su edificio es ocupado por el Banco BCI. Al revisar los certificados de nacimiento de los inscritos con esa dirección, se reitera la tendencia: una niña de apellido Colicheo (23 de septiembre de 1985, Temuco) sin reconocimiento ni de padre ni de madre biológica. Otro niño de apellido Coliman (14 de octubre de 1985, Temuco). O una niña nacida en concepción el 16 de octubre de 1990, inscrita sin padres biológicos, pero utilizando apellidos franceses.

Un reportaje del diario australiano The Age da cuenta de cómo el Hotel El Conquistador era utilizado por matrimonios de ese país. En enero de 1986 se hospedó ahí Dallice Robins resguardando la tuición de un bebé de seis semanas, mientras su hija y su yerno tramitaban en Melbourne la autorización para adoptar al niño. Esa familia australiana llegó a El Conquistador siguiendo los consejos de Graeme Orr, un residente de Melbourne conectado con agencias de adopción internacionales. Según el reportaje de The Age, Orr llegó a Chile junto a su esposa en 1983 para tramitar la adopción de un niño chileno y escuchó hablar del hotel. Desde entonces lo recomendó a los matrimonios que enviaba a Chile para adoptar ( vea aquí ese reportaje ).

Estas adopciones se hicieron al margen de las leyes australianas, ya que el gobierno de ese país no recomendaba adoptar niños chilenos. El artículo de The Age da cuenta de un caso que los había alertado y que involucraba a un juez, un trabajador social y un abogado que obligaban a las madres chilenas a entregar a sus hijos. “El año pasado, el director de servicios infantiles de Queensland citó historias de madres chilenas que lloraban cuando las parejas australianas llegaban a los hospitales para recoger a sus bebés”, señala el reportaje, publicado en enero de 1986.

Una carta enviada al diario The Age por una mujer australiana (Lorraine Bennett) que había adoptado en Chile, publicada el 12 de febrero de 1986, entrega más luces sobre cómo operaba la red de adopciones ilegales que usaba El Conquistador. Junto a su marido se hospedaron allí por recomendación de agencias australianas, las que también les aconsejaron trabajar junto a dos abogados chilenos, que ellos no consideraron. Sin embargo, cuenta que hicieron llamadas desde el hotel a distintos orfanatos y que sus datos fueron entregados a los mismos abogados que ellos ya habían rechazado ( vea aquí esa publicación ).

El Conquistador era propiedad de la familia Meiss a través de la sociedad Empresa Hotelera Panamericana, la que actualmente administra una decena de hoteles a lo largo de Chile. Los dueños del negocio en los ´80 (Pedro y Eduardo Meiss Fahrenkrog) ya fallecieron. Ahora sus hijos llevan el negocio. CIPER intentó contactar a Roberto Meiss, pero no obtuvo respuesta.

El Hotel Sheraton (avenida Santa María 1742, Providencia) tiene 35 personas inscritas. Esos certificados de nacimientos son igual de sospechosos: una niña nacida en 1985 en Concepción sin padres biológicos que la reconozcan. Otra menor nacida en Temuco en 1989 sin padres biológicos registrados. Los ejemplos se repiten.

También figura en la nómina el ex Hotel Carrera (Teatinos 180). Con una ubicación estratégica, a pasos de La Moneda, hoy es la sede de la Cancillería. Son 88 los certificados de nacimiento que llevan su dirección: niños sin padres biológicos que los reconozcan, hijos de madres solteras, casi todos nacidos en el sur de Chile. No es un acto machista remarcar que algunos de ellos sean hijos de madres solteras.

Un catastro realizado por la agrupación Hijos y Madres del Silencio da pistas de otros 27 hoteles de Santiago que registran inscripciones de nacimiento sospechosas.

OFICINAS DE ABOGADOS

Entre las direcciones que no son hoteles, pero que también registran múltiples inscripciones, se cuenta el departamento 24 del edificio de San Antonio 486 (Santiago Centro). Son 193 las personas inscritas con ese domicilio. Estos certificados de nacimiento tienen las mismas características que los registrados en los hoteles.

En los años ‘80 el departamento era ocupado por la sociedad Servicios Legales Generales Limitada, creada por el abogado Carlos Gutiérrez Ihitz y su cónyuge, la también abogada Iris Vittini González. Ella tenía nacionalidad francesa, es hija del notario Manuel Antonio Vittini y fue profesora de Derecho en la Universidad de Chile hasta 2015. Él murió en 2004.

CIPER contactó a una madre que dio a su hijo en adopción en esa oficina del abogado Gutiérrez. Ella dijo que era adolescente y que fue presionada, que le dieron una cantidad ínfima de dinero para mantenerse y que antes del parto la encerraron en un hotel frente a la oficina, para evitar que se arrepintiera. Agregó que a su hijo se lo llevaron a la casa de una guardadora en Conchalí, pero no recuerda esa dirección. Dice que en la oficina siempre había matrimonios extranjeros.

Contactada por CIPER, Iris Vittini señaló que su marido tramitó la mayoría de las adopciones desde su oficina de San Antonio 486 y negó cualquier viso de ilegalidad. Reconoció que iban a juzgados a buscar menores que estuvieran abandonados para darlos en adopción. Citó casos de parejas que se hospedaban en el Hotel Carrera y señaló que su nombre figuraba en un listado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia como contacto en Chile para ciudadanos de ese país que quisieran adoptar. En todo caso los trámites también se hicieron para parejas de otros países. “Salían para todas partes”, puntualizó. Hasta hoy, dice, guarda cartas de padres adoptivos que le agradecen.

Iris Vittini, actualmente de 93 años, dijo que tenía una excelente relación con las juezas de menores: “Yo fui vicepresidenta de la Corporación Chilena de Abogadas, y en esa condición me tocó trabajar con las juezas de menores en la primera ley de adopción que se hizo (…) usted está hablando con gente honorable, nosotros jamás nos habríamos podido prestar para hacer una cosa que no fuera legal” ( revise aquí la entrevista completa ).

El 30 de enero de 1986 el diario australiano The Age publicó otro reportaje donde habla de adopciones ilegales en Chile. Allí la vocera del International Social Services (un organismo acreditado por el gobierno australiano que tramitaba adopciones), Anne Cordner, dijo que “los abogados chilenos estaban haciendo fortunas con las adopciones internacionales”. Aseguró que en Chile se vendían niños y citó informes de 1985 del director de servicios infantiles de Queensland, Graham Zerk, que afirmaban que parejas australianas eran estafadas para obtener niños desde Chile ( vea aquí ese artículo ).

En el rastreo realizado por CIPER en prensa internacional, aparecieron otros nombres de abogados que se dedicaban a tramitar venta de niños a parejas extranjeras. Uno de ellos es Alberto Bronfman Jacober, quien fue acusado en agosto de 1985 por un reportaje del diario The Record, de New Jersey, Estados Unidos, de estafar a parejas que buscaban adoptar. El artículo, titulado “Una estafa en lugar de un bebé”, daba cuenta de los reclamos de decenas de matrimonios ( vea aquí ese reportaje ).

Uno de los testimonio recogidos por The Record es de Michelle Szakacs, quien aseguró que se contactó con Bronfman a través de la agencia Latin American Parents Association, que funcionaba en Long Island. El reportaje citó a un portavoz del Departamento de Estado quien informó que tenían 43 quejas en contra Bronfman. Lo acusaban de cobrar US$2.500 a parejas estadounidenses para entregarles un bebé, pero que este nunca llegaba.

The Record también citó a fuentes de la embajada estadounidense en Santiago, quienes informaron que Bronfman había huido a Israel junto a su pareja, la que en el mismo reportaje era identificada como la jueza chilena Yvonne Gutiérrez Pavas (el nombre correcto es Ivonne Gutiérrez Pavez). El artículo informó que las autoridades estadounidenses alertaron a Interpol y acusaron a la jueza de “mala conducta en el cargo en relación con los menores en peligro”. El reportaje señala: “Estados Unidos y funcionarios chilenos alegaron ayer que la Sra. Pavas falsificó documentos judiciales para niños que (Bronfman) Jacober le compró a padres empobrecidos. La Sra. Pavas presuntamente falsificó los papeles mientras era juez en una provincia rural a 50 millas de Santiago”. Según ese artículo, Bronfman trabajaba con parejas estadounidenses, canadienses y australianas. Solo en 1983, 172 niños chilenos llegaron a Estados Unidos para ser adoptados por parejas de ese país.

Ivonne Gutiérrez Pavéz fue secretaria del juzgado de menores de San Fernando (región del Maule) desde el 30 de noviembre de 1977, y en febrero de 1982 llegó a ser jueza del mismo tribunal. Pero le duró poco. El 18 de octubre de 1984 fue removida, luego de que la Corte Suprema la calificara en lista cuatro. Poco tiempo después, según la prensa estadounidense, huyó a Israel junto a Bronfman Jacober. Actualmente Ivonne Gutiérrez vive en Chile. CIPER lo comprobó al visitarla en uno de los dos departamentos que posee en Providencia. Allí señalaron que la ex jueza se encontraba de viaje. Le dejamos un mensaje, pero nunca lo respondió.

La esposa legal del abogado, María Aguiló Pujol, también era jueza de menores. Ella, además, trabajó en la Casa Nacional de Niño (hogar del Sename desde donde salieron cientos de menores hacia el extranjero). Ejerció en el 2º Juzgado de Menores de Santiago, que estaba ubicado en Compañía 1467, a pasos de los hoteles y oficinas de abogados que aceitaban la máquina del tráfico de niños. Desde esa posición visó muchas adopciones ilegales, y formaba parte de la red del Centro de Adopción Sueco, una agencia que entre 1973 y 1990 sacó de Chile a 2.126 niños. María Aguiló Pujol falleció el 1 de marzo de 2012.

Otro artículo de la prensa estadounidense confirma el negocio que el abogado Bronfman Jacober tenía en Estados Unidos. El periódico The Franklin Banner, de Louisiana, en sus ediciones del 16 y 17 de enero de 1985, cuenta como Bronfman fue el abogado de la adopción de una niña chilena llamada Gabriela Elizabeth. Y releva el rol de su pareja: “El abogado, Alberto Bronfman, ayudó a Charles y Gail con los volúmenes de papeleo requeridos tanto en Estados Unidos como en Chile. Pero fue la esposa de Bronfman, quien también es abogada y quien se encarga de asuntos juveniles para el gobierno de Chile, quien encontró a Gabriela para las Comeaux” ( vea aquí la primera parte de ese artículo ).

Bronfman falleció el 23 de agosto de 1985 en Tel Aviv, Israel, según informa su certificado de defunción ( ver aquí ). Murió dos días después de la publicación del reportaje de The Record en Estados Unidos.

LOS ABOGADOS DE ALEJANDRA

Alejandra Tabitaud, la mujer a la que le arrebataron a su hijo en 1980 cuando solo tenía 16 años y que logró reencontrarse con él hace un mes en Nueva York, también sufrió la acción de abogados que perseguían ganancias económicas tramitando adopciones truchas.

La adopción ilegal del hijo de Alejandra desde Estados Unidos estuvo mediada por el abogado estadounidense David Verplank, quien trabajaba junto a una asistente llamada Patricia Zuvic. Esos nombres los obtuvo Alejandra cuando en junio pasado viajó a Estados Unidos para conocer a su hijo.

David Verplank manejaba agencias de adopción en Long Island y Pennsylvania. Sacaba niños de Chile y El Salvador. En los ‘80 ya estaba cuestionado en Estados Unidos. Un reportaje del Scrantonian Tribune (un periódico de Pennsylvania) del 22 de agosto de 1988 lo acusa de estar involucrado en adopciones ilegales ( vea aquí ese reportaje ). Su nombre saltó a los medios luego de que se viera envuelto en una adopción que terminó con una niña de seis años con muerte cerebral por una golpiza propinada por sus padres adoptivos ( vea aquí reportaje del Daily News, de Nueva York ).

video alejandra tabitaud from CiperTV on Vimeo.

Abogados chilenos también operaron en la adopción ilegal del hijo de Alejandra Tabitaud. Un equipo de CHV Noticias acompañó a Alejandra a la casa donde estuvo a la espera del parto. Allí funcionaba una guardería operada por Doris Marchant, quien en ese reportaje confirmó que algunos casos los tramitaba con Telma Uribe, una asistente social que trabajaba para el Centro de Adopción Sueco, quien a su vez estaba asociada con la abogada María Luisa Avendaño.

La guardería organizada por Doris Marchant funcionaba en la calle Panamá 1037 (Pudahuel). Son 38 las personas inscritas en esa dirección, la mayoría en los años ’80. Alejandra Tabitaud volvió a esa casa en varias ocasiones:

“Estuve mal, a punto de ser internada porque yo no sabía nada de mi hijo. Empecé a volver donde la señora Doris, fui varias veces. Me decía que para qué quería a ese hijo si ya tenía otros que criar, que fuera feliz, que me olvidara de él”.

Y nunca se olvidó. Cinco años después del nacimiento de su hijo llegó la Policía de Investigaciones a su casa. La acusaron de formar parte de una red de tráfico de niños. La tuvieron un día detenida. Según Alejandra, alguien denunció a Doris Marchant y la policía incautó un cuaderno con los nombres de las madres que habían pasado por su casa en Pudahuel.

LAS REDES DE TRÁFICO DE NIÑOS

Agencias internacionales de adopciones trabajaban con abogados que guiaban a los matrimonios extranjeros que venían a Chile a buscar niños. Los abogados chilenos se coordinaban con guardadoras y con asistentes sociales para recolectar lactantes desde orfanatos, hospitales y hogares pobres. Y los jueces de menores visaban la operación autorizando la salida del país de esos niños.

Un rol fundamental en esas redes de captación y venta de menores lo cumplían las asistentes sociales y las guardadoras, encargadas de contactar a las madres biológicas. Una de las asistentes sociales que está siendo investigada por la justicia es Julia Muñoz, quien trabajaba con el Centro de Adopción Sueco.

La oficina de Julia Muñoz estaba en San Diego 2061 (Santiago Centro), dirección que registra 380 personas inscritas. La cantidad más alta detectada hasta el momento

Otra dirección es Erasmo Escala 1822 (Santiago Centro), donde funcionaba el organismo católico Caritas Chile. Allí hay 256 inscritos. En 1992 la propiedad fue comprada por el Arzobispado de Santiago. Caritas tramitaba adopciones para matrimonios extranjeros a través de uno de sus departamentos: el Instituto Chileno de Colonias, Campamentos y Hogares de Menores.

CIPER contactó a Caritas, pero hasta el cierre de este reportaje, no obtuvo su versión.

Las más de 20.000 adopciones investigadas por la justicia también tienen como punto de origen algunos hogares del Sename, orfanatos religiosos y hospitales. Por ejemplo, La Casa Nacional del Niño (hogar de la red Sename que recibe a lactantes), entonces ubicada en Antonio Varas 360 (Providencia), registra 141 personas inscritas con esa dirección.

“La ley vigente entre 1965 y 1988 obligaba a los tribunales a destruir los antecedentes de la familia de origen y la ficha individual de los niños, dado el carácter de ‘secreto’ de las adopciones”, señala una minuta enviada por el Sename a CIPER. Esto hace que quienes buscan información oficial choquen con una pared.

Hasta 1988 la ley no regulaba las adopciones de niños hacia el extranjero. Antes de eso, imperaba la ley del dinero. La misma minuta del Sename explica que los matrimonios extranjeros se entendían directamente con los Tribunales de Menores, “que tramitaban la tuición y autorización de salida del país de los niños. También era posible que los niños salieran del país con autorizaciones otorgadas por la madre y/o padre ante un notario. Eso generó situaciones de tráfico, al comenzar a operar redes de intermediarios dedicadas a captar a mujeres en conflicto con su maternidad”.

Más allá de las direcciones que pudo chequear esta investigación de CIPER, la agrupación Hijos y Madres del Silencio tiene registradas decenas de inmuebles de todo el país desde donde se urdieron adopciones ilegales. La mayoría de esas direcciones han surgido gracias a la documentación y testimonios aportados por hijos y madres que buscan el reencuentro. Una nómina que incluye hospitales públicos, clínicas privadas, hogares de congregaciones religiosas, hoteles, casas de guardadoras, guarderías ilegales, oficinas de abogados y de asistentes sociales. Nadie hasta ahora ha podido medir la real magnitud que tuvo el tráfico de niños. Una verdad histórica que espera las resoluciones del ministro Jaime Balmaceda para seguir escribiéndose.