El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, ha dado orden a los responsables de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y a los de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, departamentos con los que habitualmente trabaja el Ministerio Público, de que le remitan directamente a él todos los informes que realicen sobre asuntos que estén indagando y que aún no hayan entrado en el organismo especializado.

Según fuentes policiales y fiscales, hasta el momento los policías y los guardias civiles de las mencionadas secciones iniciaban investigaciones cuando detectaban elementos indiciarios en su labor diaria -como es su trabajo- y automáticamente hacían consultas a los representantes del Ministerio Público con los que tenían confianza, ya sea porque habían trabajado en otras ocasiones con ellos o porque tenían afinidad, con el fin de acertar con el enfoque de las pesquisas. Una vez cogían solidez las diligencias policiales, los agentes remitían una denuncia a la jefatura de Anticorrupción.

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Esta última, en condiciones normales, distribuye los asuntos de forma equitativa entre los 28 fiscales que componen el organismo, con el fin de no sobrecargar a algunos y que haya otros que lleven menos temas. Sin embargo, en los casos en los que había habido un contacto previo con los policías, la cosa era distinta, ya que había fiscales que ya tenían conocimiento de un asunto y se les asignaba directamente a ellos por razones puramente prácticas. Esto derivaba en que algunos llevaban más asuntos que otros.

Con la instrucción trasladada por Moix a la Policía y a la Guardia Civil, según fuentes de Anticorrupción, el fiscal jefe pretende que no haya estos desajustes y que todos los fiscales tengan la misma carga de trabajo. Al quitar tarea a algunos, la medida de centralizar en su figura los informes que elaboren los agentes sobre nuevos casos podría conseguir también que los fiscales que han llevado asuntos de gran relevancia mediática se queden en esos y no asuman otros que vayan aterrizando en el organismo.

José Manuel Maza, fiscal general del estado. (EFE)

En el marco de la guerra interna que tiene lugar en la Fiscalía Anticorrupción desde que Moix tomó posesión hace poco más de dos meses, la instrucción ordenada a la UDEF y a la UCO vuelve a servir para marcar el terreno del nuevo inquilino del Ministerio Público especializado. La primera iniciativa para avanzar en este mismo sentido la tomó Moix tan solo un mes después de llegar al cargo. En concreto, el pasado 10 de abril, cuando firmó el relevo de los dos fiscales encargados de investigar el caso del 3%, la presunta trama de comisiones ilegales que los empresarios catalanes pagaban a altos cargos de Convergencia a cambio de que éstos les facilitaran el acceso a adjudicaciones públicas.

En el escrito de avocación -término técnico para hablar de la sustitución de un fiscal por otro en una determinada investigación-, Moix argumentó razones administrativas como que es necesario primar "la máxima proximidad geográfica para evitar desplazamientos asiduos" de los fiscales y que la administración no tenga que abonar tantas dietas. En el caso del 3%, los dos fiscales que coordinan las pesquisas tienen en este momento su residencia habitual en Madrid, con lo que tienen que viajar hasta Cataluña para ir al juzgado de El Vendrell (Tarragona) que dirige la causa.

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La decisión de apartarles de este procedimiento se encuentra aún a la espera de ser confirmada por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que ha pedido más información a Moix sobre la sustitución de los responsables del Ministerio Público encargados del caso del 3%. Será finalmente Maza, de hecho, quien tenga la última palabra y confirme si ambos continúan al frente de la investigación que ha puesto patas arriba al partido que ha sostenido al Gobierno catalán durante la mayor parte de la democracia.

Estos mismos fiscales que se quedarían fuera de la investigación serían de hecho algunos de los que más asuntos llevan en Anticorrupción, con lo que la instrucción de Moix de centralizar en su cargo todos los informes que la Policía y la Guardia Civil lleven a cabo sobre nuevas investigaciones también les afectaría directamente, dado que -de llevarse a cabo como pretende el fiscal jefe- recibirían menos temas hasta que se compensara la carga de trabajo de todos los miembros del ministerio público especializado.