La Ley General del Combate al delito del Secuestro , establecerá sanciones que pueden llegar hasta 70 años de prisión para aquellos secuestradores que atenten contra la vida de sus víctimas, aseguró Humberto Benítez Treviño, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Rechazó tajante la pena de muerte, por considerarla anticonstitucional y costosa. En cambio pide cadena perpetua. "La Constitución Política Mexicana, y los tratados internacionales, prohíben la pena de muerta, además de que no inhibe la comisión del delito porque en ciudades de Estados Unidos, donde se aplica, llega a costar un millón 250,000 dólares".

Por el contrario, en México una persona que ingresa a prisión a los 18 años y llega al umbral de vida, que se estima en 76 años, tiene un costo de 800,000 pesos, dijo el ex procurador General de Justicia del Distrito Federal y también ex procurador del Estado de México.

Entre 2007 y 2009 los familiares de personas secuestradas en México pagaron un total de 6,750 millones de pesos a los plagiarios, lo que representa cerca de 15% del monto exigido originalmente como rescate por los secuestradores, de acuerdo con la Evaluación del Desempeño en el Combate Contra el Delito del Secuestro 2007-2009, que elabora el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI).

"Económicamente (la cadena perpertua) no es costeable, pero lo más grave es que en 1983 cuando empezó a aplicarse el método del ADN en EU, 191 personas que estaban en el patíbulo de la muerte fueron declaradas inocentes. Si se condena a alguien a cadena perpetua y después se acredita que es inocente regresa a su casa, pero si se condena a alguien a la pena de muerte".

La pena de muerte es anticonstitucional, la prohíbe el Artículo 22, pero se busca establecer la cadena perpetua. De hecho, "ya hay definición de la Corte al respecto de 2005, por Contradicción de Tesis, que señala que la cadena perpetua no es una pena inusual, de las que prohíbe el Artículo 22 Constitucional, lo cual facilita imponer la cadena perpetua sin tener que reformar la Constitución", precisó.

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En este sentido, la Asociación Alto al Secuestro hizo un llamado a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para que sea aprobado el dictamen de Ley General del Combate al delito del Secuestro, porque "fue una promesa hecha por todas las fracciones parlamentarias que integran la LXl Legislatura, cuando Alto al Secuestro y México S.O.S., presentaron la iniciativa de Ley", indicó en un comunicado Isabel Miranda De Wallace.

Esta iniciativa, agregó, contiene lo más elemental e importante, con excepción de que se debe buscar el medio jurídico para que no se apliquen las operaciones encubiertas en el combate del delito de secuestro, "en virtud de no contar con policías confiables en su mayoría, además de carecer con las Unidades Antisecuestros".

También pidió no hacer cambios al proyecto, ya que significaría un retraso considerable en su aprobación. "Creemos que dadas las circunstancias que estamos viviendo en nuestro país, el incremento que ha habido en secuestros, es apremiante que sea aprobada de inmediato. Es un tema que no puede estar sujeto a caprichos políticos".

El secuestro es un delito que ha tocado a todos los estratos sociales, y a todos los sectores. Ha tenido un incremento de por lo menos un 200% en los últimos cuatro años, el estado y la sociedad no han reaccionado para prevenirlo, combatirlo y castigarlo, manifestó.

Benítez Treviño reconoció que "en México todos mundo hace lo que quiere y viola la ley por el alto grado de impunidad que tenemos, que alcanza un 90%. De cada 10 delitos que se cometen, en 3 se detiene al delincuente, pero sólo 1 de cada 10 casos hay sentencia condenatoria. Al contrario hay 90% de impunidad".

Adelantó que este martes, durante la reunión de la Comisión de Justicia esperan aprobar la ley antisecuestro. "Como vamos en comisiones unidas, este miércoles se estaría reuniendo la Comisión de Seguridad Pública también y tendremos la opinión de Gobernación y de la Comisión de Presupuesto, pero tenemos que hacerlo para que salga este mismo mes y presentarla ante el pleno de la Cámara de Diputados".

El dictamen, cuya Cámara de origen ha sido el Senado de la República, "es una Ley general que distribuye competencias, a diferencia de la Ley federal, distribuye competencias entre las autoridades federales y las estatales; segundo, establece los tipos penales y sanciones, las cuales pueden llegar hasta 70 años cuando el secuestrado pierde la vida; de hecho, yo estoy proponiendo cadena perpetua; 45 años de cárcel cuando hay mutilación del secuestrado, o 50 años de prisión cuando intervienen miembros de las corporaciones policiacas o encargadas de perseguir el delito de secuestro".

También se obliga al Ministerio Público a actuar de oficio y a las autoridades Judiciales Federales a proveer de todas las medidas y todas las pruebas para acreditar el delito. "Se obliga a los jueces que, con sentencias condenatorias, siempre condenen invariablemente a la reparación del daño".

Por ello, dijo que se establecerá un fondo para la atención de las víctimas del delito del secuestro y de los ofendidos. "Se hace la distinción entre la víctima, que es el secuestrado, y sus familiares consanguíneos hasta cuarto grado o hasta segundo grado por afinidad, que son los ofendidos".

Aún no se determina la cantidad con la que iniciaría este fondo, porque se integrará por el Presupuesto que asigna la Cámara de Diputados, por los bienes decomisados "que no sabemos cuántos son en 1 año", así como por juicios de extinción de dominio, que desconocemos su monto, por donaciones y finalmente por la aportación de los presupuestos en materia de seguridad pública que destinen los estados".

Esta ley colocaría a México como uno de los más avanzados en esta materia. "Inclusive, hablamos de intercepción de conversaciones telefónicas, que ya lo establece la ley, para efectos sólo de perseguir y castigar a miembros de una banda de delincuencia organizada ".

Otra de las aportaciones que tiene la ley, es que penaliza con hasta 45 años de prisión cuando intervienen 2 o más personas. "Aquí superamos lo que establece el artículo 16 de la Constitución en materia de delincuencia organizada, que contempla 3 o más personas; aquí no, basta con que intervengan 2 personas para que se agrave la penalidad".

Sin embargo, reconoció que con estas medidas no espera que baje el índice de secuestros, pero "sí es un gran paso. Por eso, presenté la Ley para la Prevención del Delito y hay que apostarle a un catalogo de valores desde la familia, que es donde se forman hombres y en la escuela ciudadanos".