MÉXICO, D.F. (apro).- Por 88 votos a favor, 27 en contra y una abstención el Senado de la República aprobó, en lo general, la reforma política del Distrito Federal que transforma a la capital del país en una nueva entidad federativa con el nombre de Ciudad de México.

Por ello, las delegaciones pasarán a ser alcaldías, órganos político-administrativos integrados por un alcalde y un concejo, electos por votación libre y directa cada tres años a partir de 2018.

La reforma también dispone que las instituciones de seguridad pública, como la policía y la Procuraduría, corresponderán al jefe de Gobierno, pero el Ejecutivo federal podrá remover al jefe de los cuerpos policiacos capitalinos “por causas graves” que determine el Congreso de la Unión.

La reforma modifica un total de 50 artículos constitucionales, nueve de ellos relativos al régimen de la Ciudad de México y diversas modificaciones que hacen referencia a la nueva denominación de la capital del país.

Se creará además una Asamblea Constituyente específica, integrada por 100 diputados que ejercerán su encargo en forma honorífica y deberán aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México.

La Asamblea Constituyente estará conformada por 60 legisladores por el principio de representación proporcional, y 40 designados por órganos de representación federal y local.

A nombre de la Comisión del Distrito Federal, el senador Mario Delgado afirmó que esta reforma subsana los derechos políticos de los habitantes de la capital del país, ya que podrán opinar sobre reformas constitucionales.

Delgado precisó que se mantiene la exención que tienen los inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad de México y diversas modificaciones para hacer referencia a la nueva entidad de la República.

El senador Alejandro Encinas, de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, presumió que los senadores “hemos logrado un gran acuerdo político, el más importante” para crear la nueva entidad, que contará con un Congreso Constituyente, una Constitución propia y con pleno goce de derechos políticos para sus habitantes.

Encinas recordó que en 1986, un año después de los sismos, se presentó la primera iniciativa de ley para crear la entidad 32. Casi 30 años después, la propuesta ha dado a luz.

Uno de los temas más discutidos a nivel particular fue sobre las atribuciones de las nuevas alcaldías para tener el control del financiamiento. La mayoría de legisladores del PRI, PAN y Verde desecharon incorporar estas funciones.