Nuevo capítulo en la venta de 1800 viviendas públicas al fondo buitre Blackstone que Ana Botella realizó cuando era alcaldesa de Madrid. El gobierno actual, liderado por José Luis Martínez-Almeida, ha comenzado la semana anunciando que no tienen intención de recurrir el fallo del Tribunal de Cuentas, que en segunda instancia absolvió a Ana Botella tras una primera condena de pago de 25,7 millones de euros. “No queremos derrochar el dinero de los madrileños en venganzas estériles”, argumentó Almeida. Este tribunal eximió de responsabilidad contable a la entonces alcaldesa de Madrid en el momento de la venta de estos activos inmobiliarios.

Como paso previo a estas declaraciones, el ejecutivo de PP y Ciudadanos despidió hace pocos días a Paloma Herranz, la hasta ahora jefa de servicios jurídicos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), que preparaba un recurso contra la absolución de Botella, medida que fue aprobada por el pleno municipal hace menos de dos meses.

Todos estos acontecimientos hacen imposible que se recurra ya el fallo desde la EMVS, ya que el plazo expira a finales de mes y debería ser realizado por alguien con el suficiente conocimiento jurídico de los hechos. Además, Paloma Herranz todavía no ha sido sustituída.

Alejandra Jacinto, abogada de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), ha dicho, en declaraciones a El Salto, que “preparamos escritos para instar a la Fiscalía a que recurra, porque ellos sí pueden, para poder así llegar al Tribunal Supremo. Le haremos ver todos los perjuicios que ha tenido para los adjudicatarios e inquilinos de estas viviendas”. La abogada no cree que esta sea una cuestión solo de esas 1800 familias, sino que “nos atañe a toda la ciudadanía. El parque público de vivienda que teníamos en Madrid en 2013 era escaso y ahora es moribundo debido a esta venta”.

Aun así, es complicado que esta vía prospere. “La Fiscalía en este caso lo que hizo, en vez de acusar, fue adherirse a las defensas de Ana Botella. Tenemos que hacerles saber que esta venta no puede quedar impune”, declara.

Una posible condena económica no evitaría, sin embargo, que estas viviendas siguiesen en manos de Blackstone. “Ya bastante es que las viviendas hayan salido de manos públicas, cosa que nunca debió pasar. Pero ahora es bastante sorprendente la desfachatez que han tenido para ser capaces de despedir a una letrada consistorial con tal de tapar o proteger a Ana Botella por encima de los intereses de la ciudadanía”, comenta Jacinto.

Si la Fiscalía no quisiese recurrir, el fallo no se elevaría al Supremo y se mantendría como sentencia firme absolutoria, por lo que Ana Botella no tendría ninguna responsabilidad en esta venta.

