La Fiscalía de la Audiencia Nacional no está conforme con la decisión de la juez Carmen Lamela de dejar en libertad con medidas cautelares al comisario mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, imputado por sedición por la supuesta pasividad del cuerpo policial autonómico en los altercados del 20 y 21 de septiembre, cuando se produjeron protestas masivas contra la Operación Anubis de la Guardia Civil contra los organizadores del referéndum ilegal de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre. Según fuentes fiscales, el ministerio público busca la forma de que Trapero pueda ingresar en prisión, como pidió tras su declaración del pasado lunes, mediante dos posibles fórmulas: un recurso contra el auto que decretaba la libertad del jefe de los Mossos o pedir que las pesquisas se amplíen a la misma jornada de la consulta ilegal.

Trapero quedó el lunes en libertad con la obligación de entregar el pasaporte, comparecer cada 15 días en el juzgado más próximo a su casa y la prohibición de salir de España. Fuentes fiscales consideran que el hecho de que Trapero esté imputado por sedición y el ministerio público haya pedido para él la medida cautelar más gravosa, la prisión incondicional, no tiene por qué afectar a las relaciones de la Audiencia Nacional con los Mossos d’Esquadra, que, como policía integral de Cataluña, llevan a cabo operaciones contra el terrorismo y el crimen organizado en esa comunidad.

Un día después de que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lemela ordenara el ingreso en prisión de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los líderes de las entidades soberanistas ANC y Òmnium, las mismas fuentes fiscales aventuran la posibilidad de que la causa por sedición se amplíe a otros posibles intervinientes de los sucesos del 20 de septiembre, aunque han preferido no dar nombres.

En el ministerio público de momento no se plantean la posibilidad de instar a la suspensión de actividad de ANC y Òmnium, ya que las personas jurídicas no pueden cometer sedición, aunque podrían servir como estructuras para ese delito.

La juez Lamela considera que los sucesos del 20 y 21 de septiembre son “muy graves” y constituyen un delito de sedición. La finalidad de las protestas, afirma la magistrada, era “impedir” que funcionarios de justicia y agentes de la Guardia Civil pudieran cumplir las órdenes del juez Juan Antonio Ramírez Sunyer. Y que tras este objetivo estaba “conseguir la celebración del referéndum” del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional y proclamar la república catalana.

Según la magistrada, existen elementos que vinculan a Trapero con la estrategia para la ruptura de Cataluña con España, como el contenido del documento EnfoCAT hallado en el domicilio de Josep Maria Jové, número dos de Oriol Junqueras o la pasividad, aún por investigar, que se atribuye a los Mossos en la jornada del referéndum. El atestado de la Guardia Civil habla de una “actividad de contravigilancia” de los Mossos para proteger a determinadas personas frente a posibles actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Sin embargo, la actuación de Trapero “no aparece todavía suficientemente perfilada hasta el punto de poderle vincular en este momento a hechos tan graves como los que en esos días sucedieron”, todo ello, “sin perjuicio de lo que pueda determinarse en una fase más avanzada de la investigación”, resaltó la juez.