Jesús Alejandro Sánchez de la Rosa

En ocho años, Rafael Antonio Olvera Amezcua dueño de Ficrea, constituyó un grupo de empresas a través del cual triangulaba los recursos de sus clientes.

2006: Se funda Ficrea, una empresa propiedad de Rafael Antonio Olvera Amezcua quién a su vez es dueño de las empresas Leadman Trade y Baus & Jackman.

5 de agosto de 2008: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) autoriza que la empresa opere como una Sociedad Financiera Popular (Sofipo), lo que le permite prestar servicios financieros de ahorro, inversión y crédito principalmente a pequeñas y medianas empresas. Ficrea podía manejar activos hasta por 15 millones de Udis.

13 de abril del 2012: La calificadora HR Ratings en un informe sobre la empresa Leadman Trade, mostró la relación de ésta con Ficrea y Baus & Jackman, una empresa dedicada al arrendamiento automotriz y servicios administrativos, las cuales forman parte del grupo Trade.

El informe señaló que Ficrea era la fuente más importante de fondeo y que representaba 95.3 por ciento de los pasivos de Leadman.

Marzo 2014: El director de esta Sofipo, Sergio Ortiz Valencia, mostró la intención de la empresa de convertirse en un banco especializado en Pymes para 2015, dado que sus activos habían crecido 182% respecto al año anterior.

Ya en el 2009, Ortiz Valencia había expresado la intención de convertir a Ficrea en un banco, sin embargo la CNBV le dijo que no era el momento propicio para solicitar el reconocimiento.

30 de octubre: La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), suspendió a Ficrea el uso de contrato de adhesión al producto denominado “Inversión a plazo” por rehusarse a retirar un clausula ilegal en el contrato.

En la clausula se estipulaba el cobro de una comisión a quien haya expedido un cheque sin fondos y también a quien recibió en su cuenta dicho cheque.

7 de noviembre: La CNBV intervino a la Sofipo, tras dar a conocer una triangulación de fondos entre ésta y Leadman, empresa por la cual se canalizaba el 98 por ciento de la cartera de Ficrea.

El objetivo de la intervención fue salvaguardar los ahorros de los inversionistas al normalizar las operaciones de la empresa.

Durante este proceso, el presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé negó que la Sofipo haya solicitado de manera formal el cambio de figura para operar como banco.

8 de noviembre: La CNBV informó a los clientes de Ficrea la intervención de la empresa.

Además instó a los afectados a continuar con el pago de los adeudos para no deteriorar su historial crediticio y evitar intereses moratorios.

10 de noviembre: La CNBV aseguró a los afectados que podrían recuperar hasta 130 mil pesos.

19 de noviembre: Afectados de Ficrea se reunieron con funcionarios de la CNBV y de la Condusef.

Durante el encuentro el interventor gerencial señala que 65 cajas que contenían soporte de la información contable habían sido sustraídas por los administradores de anteriores de la Sofipo, lo que dificultó conocer el estado real de la sociedad.

26 de noviembre: La intervención gerencial dio a conocer que concluyó el proceso de entrega recepción de parte de la administración y que las cuentas de bancos e inversiones de Ficrea fueron identificadas.

Se acordó una reunión para el 3 de diciembre y presentar un informe completo de los activos y pasivos de la empresa.

3 de diciembre: Se entregó un informe detallado de los pasivos y activos de la empresa.

5 de diciembre: La CNBV pidió más tiempo para dar una resolución sobre el caso al no contar con suficiente información.

19 de diciembre: La CNBV revocó la autorización de Ficrea para operar como Sofipo por realizar operaciones fraudulentas.

El dinero se destinó en la compra de bienes inmuebles aeronaves, yates y demás actividades y bienes no relacionados con la Sociedad.

22 de diciembre: Inicia el proceso para recibir las solicitudes de los ahorradopres y cobrar el seguro de depósito de 25 mil Udis, equivalente a 131 mil pesos.

23 de diciembre: Al menos 450 ahorradores de Ficrea participaron en una marcha a la Bolsa Mexicana de Valores y de ahí a la Secretaría de Gobernación para pedir la devolución de la totalidad de sus ahorros.