Para proteger a las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales, respetan las leyes y promueven el desarrollo del país, los legisladores deberían agregar el concepto de defraudación fiscal con dolo, para diferenciar a aquellas personas morales que al contratar a terceros pudieran cometer un delito y ser sujetos a prisión preventiva oficiosa, consideró Carlos Braña, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Torreón y vocero del Grupo Empresarial de La Laguna.





"Hay ciertas modificaciones, la verdad pequeñas, pero donde protejas al empresariado, al que realmente está tratando de hacer bien las cosas. Ahora parece que el Gobierno va contra el empresario en lugar de ir contra el delincuente. Es más fácil ahorita atrapar a un empresario que a un delincuente, y no es la señal que buscas ni son las condiciones adecuadas para que la inversión llegue."

Braña señaló que las reformas aprobadas dan una mala señal para quienes desean invertir en el país. Además generará mayor gasto para las empresas, principalmente las pequeñas y medianas ya que tendrán que robustecer sus departamentos contables.



"¿Qué implica para nosotros los empresarios? Más gente. Ahora nosotros tenemos que ampliar nuestro departamento de contabilidad o subcontratar ahora a empresas que nos verifiquen que la procedencia de las facturas esté bien, que la procedencia del material sea correcto para el tema de las importaciones. Y luego que además estemos auditando a nuestros proveedores para ver que efectivamente estén cumpliendo con toda la normativa, y eso es costo adicional para nosotros en algo que debería estar haciendo el Gobierno."