23 de Marzo de 2020

La caída de la actividad económica en los próximos meses será brutal, quizá la más dura en los últimos cien años, incluyendo la Gran Depresión de los treintas del siglo pasado.

Mientras la mayoría de los gobiernos se están preparando para paliar las consecuencias de tan tremenda caída, aquí, el gobierno federal sigue con su política demencial de repeler la inversión privada.

Este fin de semana se llevó a cabo la “consulta popular” en Mexicali para decidir si continúa o se detiene la construcción de una nueva planta cervecera de Constellation Brands en esa ciudad. El sexenio pasado, la empresa consiguió los permisos para comenzar a construirla con una inversión de mil 400 millones de dólares. Ya llevaban el 70 por ciento de avance e invertidos 900 millones de dólares. Sin embargo, llegó el gobierno de López Obrador y, presionado por grupos ambientalistas, quienes argumentan que la cervecera no debe construirse por un tema de agua, propuso una “consulta popular” para decidir qué hacer. El sábado, los ambientalistas reportaron que el “no” a la planta iba ganando dos a uno.

En eso estamos. No entendemos la gravedad de lo que se nos viene encima por la crisis del coronavirus. Si en tiempos normales esta “consulta” hubiera sido una barbaridad para desincentivar la inversión privada, en tiempos extraordinarios es ya una locura.

Otros países están diseñando políticas públicas innovadoras para salvar los negocios y darle dinero a la gente para que pueda sobrevivir el congelamiento económico. Es mucho más sencillo hacerlo en naciones donde prácticamente toda la economía está formalizada.

Se está hablando, por ejemplo, de que el gobierno envíe un cheque a todos los empleados para que tengan dinero y compren los bienes básicos para sobrevivir (comida, electricidad, etcétera). Es relativamente sencillo porque el fisco tiene la lista de los contribuyentes a los cuales, por correo, puede mandarles el cheque y éstos depositarlos en sus cuentas bancarias.

No así en México. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 22.5 por ciento de los negocios operan en la informalidad y el 57 por ciento de los empleos son informales. Son personas morales y físicas que no tienen Registro Federal de Contribuyentes.

No existen para el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Gente y changarros que viven al día. Si se paraliza la economía, se quedarán sin dinero para comprar los bienes básicos para sobrevivir.

¿Qué hacer para ayudarlos durante la crisis económica del coronavirus?

No pueden aplicarse las mismas soluciones que se darán a las empresas y empleados formales. Deben buscarse políticas públicas diferentes.

Lanzo algunas ideas.

Primero, el gobierno debe abrir centros de repartición de comida de la canasta básica para que la gente pueda acudir a recibirlos sin costo alguno. Nuestras Fuerzas Armadas tienen la experiencia con los planes de auxilio a la población civil. Soldados y marinos tendrían que gestionar estos centros para ordenar la repartición y evitar aglomeraciones muy peligrosas en la propagación del coronavirus.

Segundo, si el gobierno va a repartir dinero a los trabajadores formales, también lo debe hacer a los informales. ¿Cómo?, si no están en la lista del SAT.

Se me ocurre utilizar el padrón y la infraestructura del Instituto Nacional Electoral (INE) en coordinación con el Inegi. La gran mayoría de los mexicanos sí tiene credencial para votar. Con esa lista, y la información del Inegi del perfil socio-económico de cada manzana en las llamadas áreas geoestadísticas básicas (AGEB), el personal del INE, en cada uno de los 300 distritos electorales, podría repartir el dinero comenzando en las áreas de mayor marginalidad económica. Que lo haga el INE evitaría, además, la politización de la repartición del efectivo.

¿De dónde va a sacar el gobierno el dinero para distribuirlo a la población?

Pues se va a tener que endeudar. La Secretaría de Hacienda podría pedirle un préstamo al Banco de México, el cual tendría que proveer el flujo necesario para la repartición del dinero. Cuando terminara la crisis, el gobierno tendría que pagarle esos recursos al banco central. El nuevo dinero no generaría inflación porque se repartiría en medio de una enorme crisis de demanda que mantendrá los precios deprimidos por un buen rato.

Para llevar a cabo estas políticas, o mejores que se les ocurran a otras personas, se van a requerir cambios legales. El Congreso debe estar listo para legislar y el Ejecutivo para implementarlas. En tiempos de crisis no sólo se necesita voluntad, sino soluciones a los problemas. Es lo que estamos esperando de nuestro gobierno y no del gobiernito que anda organizando “consultas populares” para seguir dañando la economía nacional.

Twitter: @leozuckermann

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