Por Agustín Kozak Grassini Profesor de Política Económica en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE

Años de inflación por encima del 30%, déficit fiscal consolidado superior a 5 puntos del producto, deuda externa por encima del 50% del PIB, intereses anuales equivalente al 6% de PIB, recurrente estrangulamiento de divisas. Para sorpresa de algunos no estoy describiendo la situación actual de Argentina. Así aparecía la foto de la macroeconomía de Corea del Sur durante su etapa de vigoroso desarrollo.

Entre 1965 y 1980, Corea pasó de ser un país agrario a una potencia exportadora de tecnología avanzada. Con Taiwán comparten el privilegio de ser los únicos países de la retaguardia económica capaces de ingresar en el exclusivo club de los innovadores. Si la sola membresía ya es de por sí un hecho destacable, considerando que en todo el Siglo XX prácticamente no se registraron ingresos a esta élite, la rapidez con la que han obtenido sus credenciales es algo aún más sorprendente.

Es que ambas naciones lograron, en tan sólo quince años, colocar en el mundo sus producciones intensivas en conocimiento de punta, cuando a Japón le llevó 25 años hacerlo, y Gran Bretaña demoró más 50. Sin dudas, se trata de dos de los procesos de desarrollo más impresionantes de lo que la Historia tenga registro.

¿Esto quiere decir que en Argentina vamos bien? Veamos. Argentina acude al FMI por un préstamo Stand-By de US$ 50.000M y firma una Carta de Intención por la cual se compromete a dotar de mayor independencia al BCRA, a mejorar su hoja de balance y a la unicidad de mandato de ser custodio del valor de la moneda; la consecución del equilibrio fiscal, recortando principalmente los subsidios económicos; tipo de cambio flexible y determinado por el mercado; desburocratización; reconstruir la confianza para promover el ingreso de capitales en forma de Inversión Extranjera Directa (IED) y el control de la inflación, esperando el efecto expansivo de la desinflación.

¿Qué tan compatibles son estos compromisos con la estrategia de desarrollo de Japón y “los tigres” de Asia?

En primer lugar, una cuestión absolutamente unánime en los casos exitosos del Extremo Oriente es haber direccionado el sistema financiero, subordinándolo al proceso de industrialización. A la pregunta de quién asigna los recursos, la respuesta asiática fue contundente: el Estado fue, directa o indirectamente, quien canalizó los capitales escasos hacia las inversiones socialmente más redituables. Lejos de dogmatismos inclinados al mercado, fue la mano visible del Estado la que logró alinear las necesidades de acumulación capitalista al interés nacional.

En segundo lugar, la disciplina fiscal en el sudeste asiático fue cuanto mucho aparente. Durante toda la etapa de alto desarrollo las cuentas públicas podían exhibirse equilibradas, aunque ello solamente si desestimamos la incidencia de las empresas públicas en el cómputo del déficit. Tomemos el caso de Corea del Sur. Allí, el superávit fiscal poco servía para compensar el fuerte desequilibrio consolidado una vez que los resultados de las empresas del Estado eran incorporados al cálculo. Para las autoridades de Japón, Corea y Taiwán el nivel del déficit fue una preocupación menor en relación a identificar los mejores destinos a largo plazo de estos fondos. Es importante mencionar que el Estado siempre se distinguió por su prospectiva, previniendo de convertirse en un factor desestabilizador del proceso de industrialización. En este sentido las deudas en dólares financiaron estrictamente las construcción de capacidades necesarias para dar ese salto cuali y cuantitativo de exportaciones que exigía su repago. Así, el persistente déficit en las cuentas públicas costeaba inversiones de largo alcance orientadas a mejorar la competitividad sistémica del país.

En tercer lugar, en relación a los subsidios económicos y el Tipo de Cambio (TC) de mercado, la experiencia asiática evidencia el fracaso de las recomendaciones del tipo “obtener los precios correctos”. La fuerte apuesta de “los tigres” fue por las exportaciones, privilegiando aquellas de alto contenido tecnológico, constituyéndose en custodio de la productividad. Los gobiernos no tuvieron empacho en “desequilibrar” la matriz de incentivos corrigiendo los precios de mercados, una y otra vez, para lograr su cometido. Echó mano a subsidios, créditos, cuotas y prohibiciones, entre otros instrumentos. Para ellos, la cuestión de fondo no es el nivel de subsidios en el Presupuesto estatal sino por cómo hacer para que su aplicación ensanche la productividad nacional.

En cuarto lugar, lejos en confiar en los “efectos expansivos de la desinflación”, estos países orientales promovieron activamente sectores que identificaron como estratégicos, ofreciendo generosas recompensas a las empresas privadas con proyectos productivos en línea con el planificación del Gobierno y, al mismo tiempo, las sometieron a exigentes metas de aumento de productividad, incremento de exportaciones, mejoras de calidad e incorporación de tecnología, a cuyo cumplimiento ataron la continuidad de la cooperación estatal. La clave del éxito de los países de Extremo Oriente radicó en que, además de corregir las fallas de mercado, la intervención estatal apuntó a fortalecer (y no a reemplazar) el funcionamiento de los mercados y la planificación gubernamental lejos de sofocar la iniciativa privada construyó perspectivas empresariales de largo plazo.

En quinto lugar, un rasgo muy marcado del estilo de desarrollo asiático es que los capitales son extranjeros, pero las inversiones son domésticas. El contraste con un Gobierno que asumió invocando la “lluvia de inversiones” del exterior es total. Japón, Corea y Taiwán tenían muy en claro que sectores debían prosperar. Usaron los capitales extranjeros para promoverlos. Evitaron las IED por dos motivos. Por un lado, supieron que ese atajo traería limitaciones en cuanto al desarrollo de capacidades tecnológicas locales. Por otro lado, intuyeron que esta forma barata de conseguir los dólares, a largo plazo los enfrentaría a una sangría crónica de capitales, sea por insumos y/o por remisión de utilidades.

En sexto lugar, rara vez se sacrificó crecimiento por estabilidad, a contramano de las últimas declaraciones del equipo económico de Mauricio Macri. Comprendieron que la idea de que sea el mercado, y no el Estado, el que marque el ritmo de la industrialización no es particularmente atractiva desde el punto de vista de la eficiencia en una economía subdesarrollada. No hay razón para creer que la pureza de los mecanismos del mercado pueda acelerar las decisiones de inversión del sector privado, ni la acumulación en sectores estratégicos. Se dieron cuenta, en cambio, que no hay estímulo más poderoso para el timing y el alcance de las inversiones que generar los incentivos adecuados a las empresas privadas.

Finalmente, lejos de demonizar a la burocracia estatal y promover la “desburocratización”, los gobiernos de Japón, Corea y Taiwán se ocuparon de fortalecer y mejorar la calidad del aparato burocrático. La transformación económica que experimentaron estos países fue tan impresionante como las organizaciones estatales encargadas de gestionarla. Y no podría haber sido de otra manera. Si el Estado se constituyera en el catalizador del desarrollo, la burocracia debería estar a la altura del desafío. Se fijaron regímenes de acceso a los cargos públicos basadas en el mérito. Los talentos así reclutados gozaron de una carrera estable y bien remunerada. Los ámbitos de decisión burocrática se extendieron y respetaron. Se impulsaron reglas de funcionamiento interno que las aislaron de las presiones partidarias y empresariales. A pesar del estrecho vínculo que los unió, el Estado supo y pudo dominar al capital en beneficio del interés nacional.

En conclusión, la experiencia del sudeste asiático enseña que no hay que tener miedo a indicadores macros adversos (alta inflación, abultados déficits gemelos, elevado ratio endeudamiento/PIB) si lo que hay detrás es un plan consistente a largo plazo, orientado a la diversificación exportadora, la integración productiva y la modernización tecnológica. Su formulación e implementación requiere de un Estado de calidad, es decir, un aparato burocrático capaz de diseñar las transformaciones necesarias y gestionar las tensiones emergentes de este proceso.

Hay una Administración Pública que combina dos atributos. Por un lado, la habilidad para sesgar la matriz de incentivos individuales hacia los objetivos del desarrollo colectivo, escogiendo los instrumentos más aptos para ello. Por otro, la autonomía necesaria que prevengan a los reguladores de convertirse en presa de intereses particulares. Lamentablemente, en Argentina desde hace décadas poca importancia le demos a la calidad del Estado. Tampoco el Gobierno cuenta con un plan que intente encauzar las energías de los distintos actores hacia un horizonte común. En este marco, los indicadores adversos no son más que la manifestación del propio extravío como país. No hay proyecto colectivo sin quién lo coordine.

Albert Einstein alguna vez dijo locura es esperar resultados distintos de hacer siempre lo mismo. Argentina recurrió 13 veces al FMI en los últimos 35 años. Por más esfuerzo que el Gobierno dedique en mostrar que “esta vez es distinto”, cada acuerdo con el FMI sometió a país a las mismas condicionalidades y exigencias que tanto distan de las lecciones del sudeste asiático.

Hay algunos que argumentarán, con razón, que trasplantar la receta no garantiza su éxito. Mi evocación al caso asiático, sin embargo, no tiene que ver con recetas sino con principios generales. El desarrollo parece tener sus leyes fundamentales y mirar a “los tigres” nos ayudará a identificarlos. Cuando el desconcierto reina, aprender del buen ejemplo de los demás es una guía útil. Y qué mejor que hacerlo con la sabiduría oriental.