Los fondos invertidos por las administradoras contribuyeron al desarrollo de los mercados de capitales en Chile, lo cual estimuló el crecimiento económico y ha tenido retornos razonables. Hoy seis AFP —la mitad de las cuales son propiedad de empresas extranjeras— controlan 171 mil millones de dólares en fondos de pensiones, el equivalente a cerca del 71 por ciento del producto interno bruto de Chile, de acuerdo con la superintendencia de las AFP.

Sin embargo, el sistema privatizado no ha logrado brindar pensiones dignas para la mayoría de los jubilados. Si la bolsa de valores se hunde o las inversiones salen mal, los ahorros de los trabajadores y los cheques de las pensiones de los jubilados también caen.

“El sistema de pensiones no es justo”, dijo Romina Celis, una parvularia de 28 años que marchó en agosto. “No sé qué fórmula podemos utilizar, pero debe haber más participación del Estado. Debemos seguir con las protestas. La idea de llegar a vieja de manera tan precaria da susto”.

A las mujeres les va mucho peor que a los hombres porque tienden a ganar menos, a trabajar de manera intermitente, se jubilan antes (la edad de jubilación es 65 años para los hombres y 60 para las mujeres) y tienen mayores expectativas de vida.

Una comisión designada por la presidenta Michelle Bachelet en 2014 para examinar el sistema de pensiones y proponer reformas halló que la pensión mediana de las AFP era equivalente al 34 por ciento del último salario promedio de un jubilado (24 por ciento en el caso de las mujeres y 48 por ciento en el de los hombres). La cifra total se elevó al 45 por ciento con ayuda de un pilar solidario financiado por el Estado creado durante el primer gobierno de Bachelet.

Después de advertir de que el sistema de pensiones estaba “en crisis”, su gobierno introdujo en 2008 una pensión mínima de cerca de 140 dólares, pagada por el Estado, para quienes no han podido ahorrar para su pensión durante su vida laboral, y fondos adicionales para los jubilados cuyas pensiones no alcanzaban ese monto. Más de 1,3 millones de chilenos (dos terceras partes son mujeres) reciben ese tipo de beneficios.

No obstante, cuando se analizaron las proyecciones para los siguientes 10 a 20 años, la comisión encontró que la situación “solo empeora”, dijo David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica de Chile, quien presidió la comisión.