Las 'clínicas de deshomosexualización' son una realidad solapada en Ecuador, tanto por los responsables de estos centros como las autoridades, pese a las denuncias de ONGs ante organismos internacionales de una total impunidad sobre la materia.



Torturas físicas y psicológicas, humillaciones, mala alimentación, privación de sueño, descargas eléctricas y "violaciones correctivas", son prácticas llevadas a cabo en estos centros repartidos por todo el país, donde internan a la fuerza a jóvenes para corregir su orientación sexual, según las denuncias.

En enero del año pasado, el Comité contra la Tortura de la ONU expresó su preocupación "por las denuncias de internamiento forzoso y malos tratos a personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en centros privados en los que se practican las llamadas 'terapias de reorientación sexual o deshomosexualización".



El Comité observó que ninguno de los procesos iniciados por la Fiscalía ecuatoriana "hayan concluido en condena". En Ecuador se han elaborado varios informes e investigaciones periodísticas con casos documentados y testimonios de afectados por los abusos sufridos en las clínicas, supuestamente de desintoxicación o centros eclesiales.



Uno de los casos emblemáticos es el de Jonathan Vasconez, internado contra su voluntad en mayo de 2010 por mediación de su familia, que buscaba así cambiar su orientación sexual.



A los 23 años fue secuestrado por el director y dos "adictos" del centro "La Estancia", en Patate, provincia de Tungurahua. "Me dijeron que eran de antinarcóticos y que me suba al vehículo. Luego me taparon la cabeza y cuando llegué allá me explicaron que era por un tema de adicción", asegura Vasconez.

Celebración del orgullo gay en Ecuador en 2018. Foto: EFE

En el tiempo en que estuvo internado y que se prolongó durante más de un año, logró escapar en dos ocasiones, pero siempre lo volvían a capturar. "Había maltrato, nos ponían sobre las tablas de la cama, nos pegaban, esposaban, me introdujeron la cabeza en un tanque de agua, nos botaban la basura encima, nos sacaban de noche a hacer ejercicio, nos mojaban con la manguera de agua", relata sobre algunas de las torturas que recuerda haber sufrido.



La clínica fue intervenida por las autoridades por hacinamiento y porque también había menores. Su caso llegó a una corte pero finalmente quedó sobreseído.



Otro que despertó enorme revuelo social fue el de Paola Concha Zirith en 2008, secuestrada de su casa y conducida a una clínica cerca de Quito, donde sufrió entre otras agresiones "violación correctiva" por ser lesbiana, aunque nunca llegó a denunciar.

Carlos Flores, autor del trabajo periodístico "Impunidad que tortura", considera que en Ecuador "hay una clara evidencia de impunidad sobre estos caso y las reformas de carácter normativo no son suficientes para evitarlos".



Indica que hay clínicas que siguen funcionando pese a figurar en informes oficiales y de estar bajo la lupa del Comité Contra la Tortura, y propone campañas de sensibilización y mayor prevención por parte del Estado, "para que no tengamos que esperar a conocer el próximo caso emblemático".



EFE