Mañana, poco antes de las nueve, el rector de la UNAM, Enrique Graue, a través de su secretario general Leonardo Lomelí Vanegas, entregará al Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, la terna de la cual la Junta de Gobierno elegirá al nuevo director, asunto que no tendría más que la natural trascendencia para esa comunidad académica, si en el proceso no hubiera una “mano negra” de la Cuarta Transformación, que apoya a un candidato que es presunto responsable de un quebranto patrimonial en perjuicio de la máxima casa de estudios.

El rector Graue se entrevistó ayer con los seis aspirantes a formar parte de esa terna: Carlos Escalante Sandoval, actual director de la Facultad, Leopoldo González, Saúl Santillán Gutiérrez, Claudia Mendoza Rosales, Rigoberto Rivera Constantino y Salvador Landeros Ayala, este último señalado en la denuncia de hechos presentada ante la PGR el 2 de abril de 2009, por el entonces apoderado legal de la UNAM, Jorge Barrera Gutiérrez.

De acuerdo con la querella, la Universidad y el IMSS firmaron el 8 de octubre de 2001 un convenio de colaboración y apoyo administrativo para desarrollar un sistema de información de medicina familiar a cargo de la Facultad de Ingeniería que significarían para ésta un ingreso extraordinario de 459 millones 675 mil 732.96 pesos.

Al frente del proyecto quedó Salvador Landeros Ayala, entonces secretario de Posgrado e Investigación de la Facultad que dirigía Gerardo Ferrando Bravo, actual director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, ambos del grupo cercano al hoy titular de la SCT y en ese momento influyente miembro del Patronato de la UNAM, Javier Jiménez Espriú.

La Facultad de Ingeniería entregó al IMSS el sistema informático y capacitó en su uso al personal de las unidades de medicina familiar, pero cometió irregularidades en la forma de hacerlo e incurrió, presumiblemente, en el desvío de parte de esos recursos extraordinarios en perjuicio de la UNAM.

De acuerdo con las auditorías realizadas por el entonces contralor de la UNAM, Raúl Robles Segura, la Facultad de Ingeniería recibió del IMSS 46 millones 271 mil dos pesos por el desarrollo, diseño e instalación del sistema informático, y 413 millones 404 mil 730.96 pesos por la capacitación.

Los auditores encontraron, sin embargo, que en franca violación a la Ley de Adquisiciones, la Facultad de Ingeniería subcontrató a prestadores de servicio por más de 49% de los recursos convenidos. Fueron 198 a través de mil 375 contratos. Esto con el objetivo, aseguran, de no rebasar los montos que permiten la adjudicación directa, evitar las licitaciones públicas y burlar la lupa de la fiscalización.

También detectaron que el sistema no habría sido desarrollado por la Facultad de Ingeniería sino adquirido de la empresa Netropology S.A. de C.V.; y que para la capacitación se contrató a empresas por 235 millones 911 mil 379.69 pesos (23 con domicilios no localizados físicamente, 28 que resultaron ser de casas habitación, 10 no inscritas en el Registro Público de la Propiedad, 12 que no corresponden al giro y 17 cuyas facturas son certificadas negativamente por el SAT); y servicios profesionales por 25 millones 615 mil 62 pesos, pagados a 75 personas físicas, entre otras, al propio Landeros Ayala y a su hermano Arturo.

De acuerdo con la normatividad, del total de ingresos extraordinarios que resultaron del convenio UNAM-IMSS (459.7 millones de pesos), 92 millones (20%) ingresaron a la administración central de la UNAM, y 69.1 millones (15%) correspondieron a la retención para la Facultad de Ingeniería. Los restantes 298.6 millones son los que se diluyen en esa maraña de irregularidades.

La denuncia ha estado archivada durante años, pero la oficina de la actual abogada general de la Universidad, Mónica González Contró estima que no ha prescrito.

¿Propondrán así a Landeros Ayala? ¿Conocerá el caso el rector Graue? ¿Lo estará presionando mucho Jiménez Espriu? ¿Sabe de esto AMLO?