La presunta trama corrupta en las obras de la estación del AVE en La Sagrera, en Barcelona, utilizó supuestamente materiales y técnicas de calidad inferior a la presupuestada y certificada con el fin de inflar sus beneficios, según mantiene la Fiscalía Anticorrupción en su querella.

El fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez-Ulled implica a veinte personas en la trama acusada de desviar 82 millones de euros de las obras del AVE en La Sagrera de Barcelona, integrada por responsables de Adif, asesores técnicos y contratistas, entre los que figuran los trece detenidos el pasado martes.

La querella se basa en las auditorías que el propio gestor de Infraestructuras Adif llevó a la Fiscalía Anticorrupción, tras detectar "excesos", tanto cualitativos como cuantitativos, en las certificaciones de obra de tres trabajos próximos a la estación de La Sagrera, adjudicadas entre los años 2008 y 2010.

Las auditorías en que se basa la querella, admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 26 de Barcelona, detectaron modificaciones en el diseño del proyecto de construcción de la plataforma del tramo La Sagrera-Nudo de la Trinitat -una de las obras sospechosas- que rebajaban la calidad de los materiales utilizados respecto a los finalmente certificados.

Concretamente, los informes de Adif constataron que la trama usó, por ejemplo, colectores de polietileno en vez de hormigón armado, vigas de 40 centímetros en lugar de 70 -y, por lo tanto, un 40 % más baratas-, así como elementos prefabricados para los colectores pese a que la trama facturó como si utilizara hormigón "in situ".

En el capítulo de estructuras de esta plataforma, la auditoría reveló que la trama construyó un muro de hormigón de 25 centímetros completado con losa, mientras que en las certificaciones este figuraba como construido con hormigón armado de 80 centímetros de espesor en toda su altura.

Una estrategia repetida

Las auditorías también advirtieron del uso de material más barato en el proyecto complementario relativo al nuevo acceso al taller Talgo de Sant Andreu Comtal, la única de las obras investigadas que estaba finalizada cuando Adif llevó a cabo su investigación interna y en la que se ha constatado un desvío de 4,5 millones de euros.

La querella sostiene que, en esa construcción, se utilizaron "materiales de segundo uso, disminuyendo el valor de la obra realizada", lo que incluye tanto apartados de vía y de carril como traviesas.

La trama corrupta presuntamente rebajó también la calidad de la electrificación de esta obra, en la que usó hilo sustentador y de contacto mientras que el proyecto inicial preveía dos hilos de contacto, así como perfiles metálicos reutilizados.

Asimismo, las constructoras declararon presuntamente en sus certificaciones 444.475 euros de gestión de residuos del proyecto, cuando, según la auditoría que sustenta la querella, no consta que se llevara a cabo ningún tratamiento de basuras en la obra.

Por otra parte, Emilio Sánchez-Ulled sostiene en su querella que los supuestos integrantes de la trama pudieron haber estado "maquillando" los excesos de certificación efectuados en las obras investigadas, que están ejecutadas en un 20 o 30 %, tras tener conocimiento del expediente interno que Adif había abierto.

El fiscal sospecha que, cuando supo que estaba siendo investigada, la presunta trama corrupta continuó con los trabajos certificando menor cantidad de la realmente producida, con lo que de esa forma compensaba supuestamente los excesos en las facturaciones previas.

Según el ministerio público, en marzo de 2009 los responsables de obras querellados propusieron a Adif una modificación del contrato de construcción de la plataforma del AVE en el tramo Sant Andreu-Nudo de la Trinitat "que suponía un incremento del 18,87% sobre el importe adjudicado y una ampliación del plazo de 9 meses".

Los querellados justificaron esa ampliación en supuestas deficiencias existentes en el proyecto constructivo originario, que alegaban había cuantificado de forma insuficiente algunas de las partidas presupuestarias.

Esa modificación fue aceptada por el Consejo de Administración de Adif en julio de 2009 aunque, sostiene el ministerio público, hasta esa fecha la trama había inflado la obra en 46,8 millones de euros.

De los trece detenidos el martes, seis quedaron en libertad horas después, a la espera de ser citados en las próximas semanas por la juez, mientras que los otros siete comparecen desde esta tarde ante la magistrada, la titular del juzgado de instrucción número 26 de Barcelona.

La Guardia Civil tenía previsto detener el martes a una decimocuarta persona, aunque finalmente no la arrestaron por encontrarse en el hospital y optaron por notificarle que tenía que comparecer ante la juez el mismo día.

De esta forma, finalmente son ocho los supuestos miembros de la red que han pasado a disposición judicial