Es uno de los politólogos más renombrados del país y sostiene desde hace mucho tiempo que el problema de la Argentina no son los pobres sino los ricos. La cuestión impositiva se ha convertido para José Pepe Nun casi en una obsesión. Al punto, que hace poco el ex secretario de Cultura de Néstor Kirchner retomó el tema en un artículo de opinión publicado en el diario La Nación en el que le propuso al Gobierno decidirse de una buena vez a impulsar una reforma tributaria para evitar nuevos ajustes sin tener que apelar al mentado endeudamiento.

"Lo que planteo es que las cosas hoy serían muy distintas si el Gobierno hubiese implementado esa reforma cuando asumió", dice Nun a 3Días. "Una reforma tributaria lleva tiempo de tramitación y de aplicación. Llegados a este punto, creo que esa reforma debería practicarse sin demoras para evitar endeudamientos y ajustes futuros. Y junto con ella, una campaña nacional intensa contra la elusión y la evasión del impuesto a las Ganancias en que son duchas las empresas y que nos convierten en uno de los diez países más evasores del mundo", dice. Y argumenta: "Según el Tax Justice Network, sólo lo que dejan de pagar las grandes empresas por este concepto equivale a alrededor de un 70% del actual déficit fiscal anual de u$s 30.000 millones".

¿Qué propone, concretamente?

-Es urgente restablecer el impuesto a la herencia que abolió Martínez de Hoz y crear un impuesto a los bienes suntuarios. Pero sobre todo, dada la gravedad de la situación heredada y la crisis que atravesamos, considero muy importante instituir un impuesto a los patrimonios netos de las personas físicas que superen un cierto mínimo, digamos, de dos o tres millones de dólares. No se trata de gravar a los sectores medios sino a aquéllos que detentan la mayor riqueza. No es justo que la emergencia recaiga sobre quienes menos tienen mientras crece la desigualdad. Francia o España, por ejemplo, aplican tanto el impuesto a la herencia como el impuesto a los patrimonios netos. Además, habría que revisar seriamente las valuaciones fiscales de los campos porque lo que se recauda en concepto de impuesto inmobiliario rural es muy bajo cuando se lo compara con lo que sucede en Canadá o en Australia.

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¿Y por qué cree que el Gobierno no lo ha hecho hasta ahora?

-El Gobierno no lo ha hecho ni lo hará en ausencia de una gran presión social y política, porque ideológicamente está en contra de gravar a los ricos. Lo llamativo no es esto sino que sean temas de los que en el país casi no se habla y que no figuran en las agendas ni del oficialismo ni de la mayoría de la oposición.

Muchos le dirían que esta medida desalentaría aún más las inversiones, que ya son escasas...

-Está ampliamente probado que no existe una relación lineal entre los impuestos y las inversiones productivas. Si así fuera, éstas hubieran respondido positivamente a la rebaja de las alícuotas del impuesto a las Ganancias o de las contribuciones patronales que implementó de entrada el Gobierno. Las inversiones productivas dependen de que haya posibilidades de hacer buenos negocios en un clima de seguridad jurídica, de baja inflación, de previsibilidad política y de confianza social y para atraerlas se necesita un proyecto de desarrollo basado en una amplia concertación.

Según los expertos, una de las razones por las que se produjo la última corrida cambiaria fue el pase de Lebac a dólares que habrían realizado inversores extranjeros frente a la entrada en vigencia del impuesto a la renta financiera. ¿Cómo evitaría ese riesgo?

-No soy un experto en cuestiones cambiarias, pero lo cierto es que, en cualquier caso, las Lebac fueron renovadas a su vencimiento por los inversores especulativos. Subrayo lo de especulativos porque yo hablo de inversiones productivas, que no son lo mismo. De manera que la comparación no me parece relevante.

¿Ve voluntad política en el Gobierno de ir a fondo con el tema de la evasión?

-Hasta ahora, no veo evidencia alguna de esa voluntad. Ni el Gobierno ni los empresarios hablan de la evasión y, desde luego, menos aún de la elusión.

¿Qué debería hacer el Gobierno con el impuesto a las Ganancias? Macri había prometido en campaña eliminarlo de los sueldos de los trabajadores y nunca lo hizo.

-Le señalo que el tema impositivo le compete al Congreso aunque, desde luego, el Gobierno puede jugar un papel decisivo en promover iniciativas al respecto. En este sentido, no se trata de aumentar la presión impositiva (caballito de batalla de los que siempre quieren ganar más y tributar menos) sino de modificar su centro de gravedad, pasando de una matriz regresiva en la que se recauda mucho más por el IVA que por Ganancias a otra progresiva. Advierta que en los países desarrollados alrededor del 70% del impuesto a las Ganancias lo pagan las personas físicas y el 30% las empresas. Aquí pasa exactamente al revés, con la consecuencia de que las empresas (sobre todo las formadoras de precios) los incluyen en sus cálculos de costos y el gravamen acaba siendo pagado por los consumidores. Por eso subrayé que el impuesto al patrimonio neto debería aplicarse a las personas físicas, como obviamente sucedería también con el impuesto a la herencia. En rigor, por esta vía la presión impositiva tendería a reducirse porque, por ejemplo, se podría bajar el elevadísimo IVA actual en 8 ó 9 puntos.

¿Sería una solución al tema tarifario reducir el IVA en las facturas como planteaban algunos? ¿Podría afrontar el Gobierno su costo fiscal?

-Creo que sería una solución insuficiente a un tema que estuvo mal planteado. De manera irresponsable, el gobierno anterior mantuvo inalteradas las tarifas y era preciso actualizarlas. Pero no del modo en que se hizo, sin considerar el ingreso de los hogares. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el aumento es entre dos y cinco veces superior al de los sueldos de los trabajadores del sector formal. Por otra parte, dado su carácter universal, los subsidios al pago de los servicios públicos ha beneficiado a una proporción mayor de los sectores de altos ingresos que a los de bajos recursos. En cuanto al costo fiscal, todo depende de que se reforme o no el sistema impositivo. Lo que se hizo a fines del año pasado fue enviar al Congreso un paquete impositivo y no una reforma impositiva, que no sólo debería ser integral sino que exige un amplio debate público. Le agrego que, según datos del Observatorio Social de la UCA, actualmente la tarifa social le llega a bastante menos de la mitad de los hogares carenciados.

Una idea que genera resistencias, incluso dentro del propio Gobierno, es suspender la baja de las retenciones a la soja. ¿Debería avanzar el Gobierno por este camino? ¿Y cuál cree que sería su efecto político?

-Dada la regresividad del sistema impositivo y lo que le dije antes acerca del impuesto inmobiliario rural, soy contrario a que se sigan bajando las retenciones a las exportaciones de soja. Seguramente no hacerlo provocaría protestas de los sectores interesados; pero hacerlo va a acabar intensificando las protestas del resto de la sociedad.

¿Cuáles son para usted los riesgos de haber recurrido al FMI para salir de la crisis?

- Los riesgos de haber acudido al FMI se conocerán cuando sea público el tratado que se firme. Pero va de suyo que, como cualquier acreedor, el FMI pondrá sus condiciones y exigirá controlar el cumplimiento de los compromisos que se asuman, de manera que tendrá opinión en materia de política económica nacional. En este sentido, gato que se quemó con leche... No es casual que hoy sean escasísimos los países que acuden al FMI en busca de ayuda.