La Generalitat presidida por Alberto Fabra adjudicó 42 licencias de TDT (televisión digital terrestre) el 23 de junio de 2015, con el gobierno en funciones, casi un mes después de las elecciones autonómicas del 25 de mayo y sólo dos días antes de la investidura de Ximo Puig (PSPV-PSOE) como nuevo jefe del Consell.

Las adjudicaciones se hicieron con base a los pliegos de un concurso celebrado en 2005. Y teniendo en cuenta a las empresas que entonces, hace 10 años, presentaron sus ofertas, aunque algunas de ellas han desaparecido, están en concurso de acreedores, vendieron sus participaciones en empresas de comunicación o simplemente ya no operan en este mercado.

Fuentes de Presidencia de la Generalitat consideran “kakfiana” la decisión de última hora del Consell del PP, culminación de un proceso -la implantación de televisiones locales, comarcales o regionales- totalmente fallido. Lo que hace dos lustros se presentó como el inicio de una era dorada de las televisiones valencianas de proximidad ha acabado en un páramo, agravado por el cierre de Canal 9, caso único en las televisiones públicas autonómicas.

2005-2015: Historia de un despropósito

En 2005, la Generalitat, entonces presidida por Francisco Camps, realizó un concurso para repartir licencias en un mercado entonces incipiente y a priori de futuro: el de las TDT. El proceso fue pilotado por Esteban González Pons, conseller en la época y ahora eurodiputado del PP. Las adjudicaciones fueron recibidas con indignación en muchos sectores: premiaron a constructores sin experiencia en el sector y con vínculos -luego- con la trama Gürtel (José Luis Ulibarri) y a grupos afines al partido, casos de Intereconomía o Libertad Digital, ambas actualmente sin emisión.

Muchas de las adjudicatarias, además, incumplieron sistemáticamente la ley: no emitían en valenciano ni producían programas de temática local. Nunca hubo sanciones. El mercado tampoco premió los esfuerzos de las empresas. La mayoría resultaron deficitarias. La puntilla llegó con un recurso de Tele Elx contra el concurso. El Tribunal Supremo le dio la razón a la empresa ilicitana y anuló la mayoría de las adjudicaciones, ya que la baremación de méritos fue diseñada por una empresa privada y no por técnicos de la administración, como era preceptivo.

La decisión del alto tribunal llegó en 2012. Sin embargo, para desesperación de gran parte del sector, que trabajaba en situación alegal o como mínimo de cierta provisionalidad, la Generalitat no rehizo el concurso. Hasta junio de 2015, prácticamente con el PP abandonando una Generalitat que había gobernado durante 20 años.

Un portavoz del Consell asegura que la decisión de los técnicos de la Generalitat, remitida a Fabra aunque no fue recibida por éste, es definitiva. Según los servicios jurídicos del gobierno valenciano, obviarla sería ilegal y podría provocar decenas de demandas por parte de las empresas adjudicatarias. La intención del gobierno PSOE-Compromís de reordenar el panorama audiovisual valenciano con un nuevo concurso que atendiera a la situación tecnológica y empresarial del momento no será posible.

José Luis Torró, el último secretario autonómico de comuicación de Fabra, responsable directo del concurso, niega la mayor. Asegura que el informe de la Mesa de Contratación no fue aprobado por el anterior Consell. “Preferimos que fuera el nuevo gobierno quién decidiera sobre el asunto”. Justifica la fecha de finalización de los trabajos -ya con el mandato agotado y el PP cediendo el mando- por la complejidad del proceso. “Adjudicar las TDT requiere de un trabajo inmenso, y no vamos sobrados de técnicos con conocimientos de la materia”.

Levante e Información hacen pleno

El Consell tiene ahora la fatigosa tarea de analizar, una a una, si las nuevas adjudicatarias siguen en pie, cumplen las condiciones exigidas y quieren hacerse cargo de las concesiones. Por ejemplo, Homo Virtualis, una empresa del grupo Intereconomía, ha sido elegida en dos demarcaciones: Elda y Orihuela-Torrevieja. Intereconomía ya no emite y pidió el concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos.

Prensa Ibérica, la editora de Levante-EMV e Información, periódicos líderes en Valencia y Alicante, está presente en todas las demarcaciones a través de Editorial Prensa Valenciana o Editorial Prensa Alicantina, las empresas bajo las que operan Levante TV e Información TV. El concurso afecta a 14 demarcaciones valencianas, todas menos las de Segorbe-Vall d'Uixó, Utiel-Requena, Gandia y Dénia. Las televisiones privadas de ámbito autonómico como TV Mediterráneo, de la cadena Cope, tampoco están afectadas. Por contra, Tele Elx, la impulsora del recurso ante el Tribunal Supremo que ha derivado en las nuevas adjudicaciones, si ha sido beneficiada. Se lleva una de las tres licencias de su demarcación.