Lorenzetti apoyó la salida política que anunció el Gobierno ante el conflicto por las tarifas Archivo

Tan importante es lo que la Corte Suprema hace como lo que deja de hacer: ayer, el máximo tribunal pidió informes al Gobierno sobre la evolución de las tarifas, si evaluó su impacto en el ingreso de los trabajadores, cómo fijó el tope y cómo quedará fijado el cuadro tarifario final. Pero el alto tribunal también esquivó dictar un fallo que frenara el incremento del gas.

La resolución llevó tranquilidad tanto a la Casa Rosada como a la Corte. Por la tarde, Mauricio Macri recibió al titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti.

La resolución de la Corte se limitó a hacerle al Gobierno un pedido de informes, cuya respuesta demandará semanas. Reconoció, de paso, que pertenece al Gobierno -y no al Congreso- la facultad de modificar tarifas. También pasarán varios meses antes de que llegue a la Corte el recurso extraordinario que presentó la Procuración del Tesoro contra el fallo de la Cámara Federal de La Plata.

Así, la Corte esquivó ayer toda definición sobre algún per saltum y sobre las otras demandas que impulsa el Gobierno. Se equivocaron quienes pensaron que la Corte iba a frenar el aumento tarifario: cualquier fallo sobre tarifas nunca llegará antes de octubre, momento en el cual el Gobierno ya habrá convocado a audiencias públicas para volver a discutir una nueva escala tarifaria y la realidad habrá cambiado.

La decisión de avanzar por este carril intermedio comenzó a tejerse entre el Gobierno y la Corte la semana pasada y, tal como anticipó LA NACION en su edición del sábado, hubo numerosas conversaciones entre Lorenzetti, Macri y varios ministros del gabinete. Por eso terminó primando la idea de limitar la intervención de la Corte a formular un pedido de informes, idea que se impuso a la propuesta de aceptar un per saltum. El nuevo juez, Horacio Rosatti, jugó con flexibilidad un rol importante.

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Ese diálogo institucional, tal como anteayer lo había calificado el ministro de Justicia, Germán Garavano, tuvo consecuencias notorias: le permitió al Gobierno esquivar el riesgo de una derrota judicial, que le hubiera hecho pagar un alto costo político, y, al mismo tiempo, posibilitó que la Corte muestre a la sociedad que está preocupada por un tema de alto impacto en la economía y que, además, está dispuesta a intervenir en un tema tan sensible.

En lo formal, la resolución dictada ayer les pide informes, por un lado, a todos los tribunales del país que dictaron medidas cautelares. Y, por el otro, le reclama al Poder Ejecutivo que explique cómo evolucionaron las tarifas y cómo impactó en la prestación del servicio -se descuenta que, con tarifas congeladas, se perjudicó la capacidad de extracción y producción-; qué parámetros tuvo encuentra para aumentarlas, y si evaluó o no el asunto con algún criterio de progresividad y proporcionalidad.

También le pide que explicite cómo llegó a fijar el tope del 400%; cómo quedará conformado el cuadro tarifario final; cuáles son los parámetros que usó el Gobierno para establecer la tarifa social, y si tuvo en cuenta alguna banda tarifaria que estuviera de acuerdo con el distinto nivel de ingreso de los usuarios.

En el fallo, la Corte también cita la ley de emergencia económica 25.561, de 2002, que está vigente: el dato parece menor, pero alude así a la ley de la cual surge que es el Poder Ejecutivo -y no el Congreso- el que tiene la atribución de fijar tarifas.

Ni desde el punto de vista político ni desde el técnico tenía margen la Corte para moverse de otra manera. El tribunal no podría haber pensado en aceptar alguno de los per saltum. Dos de los cuatro jueces evaluaron la idea, pero las medidas cautelares apeladas por esa vía tenían varios problemas: fueron dictadas en territorio provincial y un fallo de la Corte no solucionaría el problema en el resto del país. Y, además, la aceptación del per saltum hubiera automáticamente dejado sin efecto el freno tarifario. Es decir, el efecto hubiera sido contraproducente.

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Por otro lado, el fallo más importante, que sí frenó las subas tarifarias en todo el país, fue el dictado por la Cámara Federal de La Plata, pero el expediente está lejos de llegar a la Corte, porque recién ahora la Procuración del Tesoro presentó el recurso extraordinario y su sustanciación, tanto en la Cámara Federal como en la Corte, demanda por lo menos dos o tres meses.

En la Corte hay otras causas, que tramitaron en Chubut, Mendoza, Bariloche y Córdoba. Pero la Corte cree que el caso resuelto por la Cámara Federal de La Plata es el más completo y es el que tomará para expedirse. ¿Cuándo llegará ese fallo? En la Corte dicen que llegará en agosto. Técnicamente, imposible. Será más cerca de octubre.

Pero, casualmente, en ese mes el Gobierno tiene previsto realizar las audiencias públicas que son obligatorias para readecuar tarifas, según confirmó públicamente anteayer, en conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que también anunció que los aumentos no pueden superar el 400% de la boleta pagada en igual bimestre del año anterior.

Es decir, en ese momento, la realidad estará mirando no ya este aumento tarifario transitorio, sino la readecuación que se aplicará durante 2017. El escenario será otro.

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