Carlos Pampillón, líder del Fonapa y dirigente nacionalista de ultraderecha, fue imputado de delitos basados en conductas discriminatorias por el ataque al monumento de Memoria, Verdad y Justicia de la Base Naval y por las pintadas sobre el paredón del Centro de Residentes Bolivianos.

Daniel Adler, titular de la Fiscalía Federal en Mar del Plata, señaló que por este tipo de delitos, que dijo “son de gravedad”, al hombre que se lo vio sacudiendo las rejas de la Catedral en el Encuentro Nacional de Mujeres le puede caber una pena de entre uno y 10 años de prisión.

“El Código Penal prevé penas elevadas para estos casos. Son delitos graves y ya lo evaluarán los jueces y el fiscal del juicio. Pero en abstracto, la escala penal para estas conductas estipula entre uno y 10 años de prisión”, indicó la autoridad de Justicia en diálogo con FM Residencias.

A Pampillón se lo vincula con estos grupos neonazis que está amenazando, golpeando y escrachando a personas que representan una diversidad que ellos aborrecen. De hecho, se han visto fotos del defensor de Giachino con muchos de esos violentos que fueron descriptos por las víctimas o que, incluso, se autoproclaman neonazis.

Frente a este cuadro de situación, ya hace unas semanas, el poder político local -en el HCD- se expresó por unanimidad en rechazo de estas prácticas y apuntó contra el Poder Judicial. Sin embargo, para Adler la situación es otra: “Ésta (por la imputación de Pampillón) es la culminación de un proceso que comenzó con una investigación que tuvo un procesamiento en primera instancia. Luego vino la revisión en Cámara y el fiscal terminó por acusarlo. Además, hubo derecho de defensa del imputado, como permite el Estado de Derecho”.

Por último, Adler advirtió la importancia de que estos hechos sean enjuiciados. “La violencia en la comunidad y específicamente de estos grupos tiene una pluralidad de causas. Esto corresponde más a la realización de un análisis sociológico que yo no estoy en condiciones de realizar, porque yo sólo promuevo el enjuiciamiento. Contribuimos a la sanción y a la prevención, porque su enjuiciamiento previene. El camino para que esto no ocurra es el del enjuiciamiento a través de los mecanismos del Estado de Derecho”, completó.