Una semana después de haber retado, durante la cena de Cippec, a "aquellos empresarios que, ante el primer síntoma de libertad, aprovecharon para remarcar precios de manera descarada", el presidente Mauricio Macri instó ayer a quienes conducen las principales empresas del país a que cuiden los empleos y sean responsables con los precios.

No es casual que estos mensajes presidenciales se hayan producido casi al mismo tiempo en que el gobierno nacional anunciase un paquete de medidas sociales para amortiguar el peso que sobre un amplio segmento de la sociedad han comenzado a tener los aumentos en las tarifas de servicios públicos.

Tampoco es casual que estos anuncios y declaraciones tengan lugar en momentos en que las cinco centrales sindicales estén coincidiendo públicamente en la necesidad de instrumentar un congelamiento de los despidos tanto en la actividad privada como en la estatal o bien que se fije una indemnización hasta dos veces y medio mayor que la habitual cada vez que se despida a un trabajador. Son las mismas entidades que el próximo viernes 29 planean copar la Plaza de Mayo con la excusa de celebrar el Día del Trabajador y el objetivo de emitir una señal de fortaleza tanto hacia el Gobierno como hacia el interior del peronismo.

Una frase de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal , resume la preocupación del oficialismo frente a los riesgos políticos que puede traer aparejado un incipiente malhumor social, que se advierte particularmente en el Gran Buenos Aires. "Hay que ayudar a la gente a cruzar el bache", expresó la mandataria del distrito más grande del país. El mismo día en que ella formuló esa advertencia, se anunció un plan de obras de infraestructura por 150 mil millones de pesos en la provincia de Buenos Aires.

Días antes, el ministro de Economía, Alfonso Prat Gay , había anunciado que, en lo que resta del año, no habría más aumentos de tarifas, más allá de los que ya se pusieron en marcha.

El Gobierno, a través del ministro de Trabajo, Jorge Triaca , ya ha dado muestras de que no está dispuesto a convalidar la iniciativa sindical –que ya cuenta con apoyo de buena parte de la oposición en la Cámara de Diputados– de congelar los despidos o duplicar la indemnización laboral, por cuanto sería una señal contraproducente y podría frenar la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector formal de la economía.

Las autoridades nacionales saben que el empleo informal, que ronda el 35% de los trabajadores, es un problema. Por eso, se adoptó la decisión de extender el beneficio de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a unos 500 mil monotributistas. Se trataba de una solicitud que se venía formulando desde distintos sectores, ante la virtual situación de injusticia derivada de que los monotributistas se hallaban en desventaja frente a los empleados en relación de dependencia y eso podía ser un incentivo para hacer trabajos de manera informal.

Otra medida relevante del Gobierno ha sido la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo para actualizar no sólo el haber mínimo –se estima que pasará de $ 6060 a $ 7800–, sino para ajustar también el seguro de desempleo, que de los $ 400 actuales, tras unos diez años de congelamiento, podría ser llevado hasta los $ 3000.

Con estas medidas, Macri espera poder pasar el invierno, hasta que, como él y los más optimistas avizoran, al promediar el tercer trimestre del año, alrededor de la primavera, la inflación dé fuertes señales de caída y se instale en la Argentina un clima de negocios con anuncios concretos de inversiones en el sector privado.

De no tener éxito esta apuesta del Presidente a la reactivación económica, y si la primavera se demora, algunos economistas consideran que la Argentina profundizaría sus problemas. Entre otras cosas, porque, según un trabajo difundido por la Fundación Libertad y Progreso, desarrollado por el especialista Marcos Hilding Ohlsson, el reciente paquete de medidas sociales podría costarle al Estado nacional unos 37.900 millones de pesos a lo largo de los ocho meses que restan hasta fin de año. Y no sería deseable emitir deuda nueva para cubrir gasto corriente, comprometiendo a las futuras generaciones.