Las irregularidades, subejercicios y posibles desvíos de los recursos del Seguro Popular, el programa que permite acercar servicios de salud y tratamiento de enfermedades graves como cáncer o VIH a población vulnerable, fueron el común denominador en prácticamente todo el país, según la revisión de la Cuenta Pública 2016, hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La ASF detectó malos manejos de los recursos federales asignados en 28 de las 32 entidades del país. El monto de las irregularidades asciende a casi 6 mil millones de pesos. Hay estados donde los posibles desvíos van del 24 hasta el 55 % de todo el dinero asignado.

Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, son las entidades con los montos más altos de recursos del Seguro Popular reportados con irregularidades, y de hecho concentran por sí solos casi el 50 % de todo el total observado por los auditores.

La revisión hecha por Animal Político a las 32 auditorías practicadas en los estados, permitió establecer que de los casi 6 mil millones reportados con posibles anomalías, cerca de 4 mil 500 millones son recursos que las entidades aseguran haber gastado pero se desconoce en qué o no hay documentos suficientes que lo comprueben. El resto es dinero que no se gastó pero tampoco se regresó, es decir, son subejercicios.

Las investigaciones para explicar el origen de estas irregularidades están en desarrollo, pero si lo estados no comprueban el destino de los recursos, o no devuelven el dinero que no aplicaron, esto podría derivar en denuncias penales ante la PGR contra los funcionarios o exfuncionarios que resulten responsables.

Cabe recordar que hasta ahora la ASF ha presentado denuncias ante la PGR por el posible desvío de 7 mil 869 millones de pesos del Seguro Popular, entre los ejercicios 2011 a 2015. Más del 50 % de estos recursos denunciados corresponde a desvíos en Veracruz, durante la administración de Javier Duarte, y el 30 % a irregularidades en Michoacán.

Oaxaca, foco rojo

El estado con la mayor cantidad de recursos del Seguro Popular mal manejados, en 2016, fue Oaxaca con casi mil millones de pesos reportados por los auditores. De ese total, hay 262 millones de pesos de subejercicio, es decir dinero que no se gastó pero tampoco se regresó a la Secretaría de Hacienda. El resto son recursos que se presume fueron desviados.

Hay por ejemplo 175 millones de pesos que fueron retirados de la cuenta oficial de este programa sin que haya explicación alguna de cuál fue el destino. Hay Otros 621 millones de pesos que se reportó que fueron invertidos en distintos rubros que no hay la información suficiente para comprobarlo.

Los auditores identificaron anomalías claras como, por ejemplo, el pago a dos trabajadores que en realidad no se encuentran en los hospitales donde se supone que deberían estar, o la contratación de otros cuatro empleados que carecen de la preparación académica suficiente para desempeñar el puesto que les fue asignado.

La ASF indicó que el proceso de fiscalización de los recursos no se pudo completar en Oaxaca, debido a que maestros de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores dela Educación, pertenecientes a la CNTE, tomaron las instalaciones del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de OAXACA.

Lo anterior impidió a la Auditoría establecer la dimensión real del posible desfalco cometido con recursos del Seguro Popular en Oaxaca.

No obstante, de lo que se pudo revisar se estableció que casi el 47 % de los recursos destinados a este programa presentan un manejo irregular.

Anomalías millonarias

Luego de Oaxaca, el Estado de México presentó el monto más alto de recursos mal manejados según los auditores: más de 830 millones de pesos, de los cuales solamente 70 millones son de subejercicio mientras que el resto es posible dinero desviado de su objetivo original.

La ASF reportó que la administración de Eruviel Ávila transfirió a distintas cuentas bancarias los recursos del Seguro Popular, mismos que debieron permanecer solo en la cuenta autorizada para ello.

Además del dinero que no se ha comprobado en que se utilizó, destacan anomalías como la del pago de más de 200 mil pesos a trabajadores que cuatro meses antes ya se habían dado de baja. Los auditores también identificaron la falta de promoción en el Estado de México respecto a la cobertura de servicios y medicamentos con el Seguro Popular.

El gobierno de Eruviel Ávila tampoco proporcionó información sobre el padrón de beneficiarios del programa.

Michoacán es el tercer estado del país con la cantidad más alta de recursos del Seguro Popular que presuntamente fueron mal manejados en 2016. Son más de 680 millones de pesos que fueron gastados sin que exista evidencia suficiente de su destino, a la cifra habría que sumar 244 millones que no fueron ni ejercidos ni devueltos a la federación.

Entre las anomalías identificadas hay pagos a seis empleados que no cumplían con el perfil ni preparación académica para desempeñar el trabajo por el que supuestamente se les contrató. Además, se detectaron pagos a 34 empleados que en realidad no trabajaron y contaban con licencia sindical, lo que contraviene la ley.

Los auditores también descubrieron que en una licitación supuestamente pública para contratar a una empresa que proporcionara servicios médicos especializados, solo participó una empresa a la que se pagaron casi 85 millones de pesos, sin que siquiera haya constancia de su propuesta técnica.

A esto se suma la compra de casi 2 millones de pesos en medicamentos con sobreprecio hecha por el gobierno de Silvano Aureoles, entre otros.

Chiapas es la cuarta entidad con la cantidad más alta de recursos del Seguro Popular mal manejados con 618 millones de pesos y luego le sigue Veracruz con 409 millones (106 por subejercicios). Por otro lado hay estados donde si bien los montos posiblemente desviados o mal manejados del Seguro Popular no alcanzan los niveles anteriores, lo que llama la atención es la proporción que representan respecto al total del dinero analizado.

Por ejemplo, el caso más significativo es el de Nayarit donde prácticamente el 60 % de toda la muestra de recursos analizados presenta problemas. Esto asciende a más de 235 millones de pesos.

Entre las irregularidades detectadas en Nayarit destacó, por ejemplo, 33 millones de pesos que se aseguró fueron invertidos en medicamentos y materiales de curación, pero de esta cantidad no hay información que permita su comprobación. Hay otros 55 millones en servicios que supuestamente fueron subrogados a terceros sin que haya evidencia documental de ello.

Otro caso parecido es el de Durango, donde el 55 % de los recursos del Seguro Popular revisados presentan distintos tipos de anomalías. El monto observado asciende a 191 millones 727 mil pesos.

Entre las anomalías detectadas en este estado: la supuesta compra de medicamentos por casi 160 millones de pesos de los cuales no hay información alguna de su adjudicación por lo que no es posible verificar que el procedimiento haya sido el correcto, ni que los precios que se pagaron se ajuste a lo establecido a los catálogos para esta material.

También se detectaron graves anomalías por 31 millones de pesos que, en teoría, se destinaron a pagar distintos servicios que no están respaldados en contrato alguno o en algún convenio de prestación de servicios. A esto se suman irregularidades como la falta de transparencia en el padrón de beneficiarios del Seguro Popular.

Otros estados donde los auditores detectaron manejos irregulares en una buena parte de la muestra analizada son Oaxaca con irregularidades en el 47 % del presupuesto revisado del Seguro Popular; Michoacán con 37.7 %; Chiapas con 27.1 %; Estado de México con el 18.5 % y Querétaro con 15.2 %.

Los estados ‘con estrellita’

Hay cuatro estados del país donde la ASF no encontró ni subejercicio ni posibles desvíos de los recursos federales asignados para el Seguro Popular en 2016: Coahuila, Colima, Tlaxcala y Zacatecas.

En dichas entidades los auditores coincidieron en que hay manejos aceptables de supervisión de los recursos y aunque se detectaron inconsistencias estas fueron solventadas con la información complementaria entregada por los gobiernos estatales. Las irregularidades que prevalecieron fueron de tipo administrativo sin derivar en un posible quebranto patrimonial.

Hay otros tres estados que fueron reportados con un posible daño patrimonial en el manejo del Seguro Popular, pero solo por el subejercicio de recursos. Se trata de Hidalgo con 20 millones 715 mil pesos no gastados ni devueltos; Nuevo León con 29 millones 444 mil pesos y Sinaloa con 24 millones 252 mil pesos.