Lo vienen charlando en cada uno de los encuentros que tuvieron en estas semanas. El último fue hace diez días en la República de los Niños, donde compartieron un acto con sabor a campaña electoral.

Mauricio Macri y María Eugenia Vidal tienen una idea fija para poner en marcha después del 22 de octubre. Y Marcos Peña ajusta los detalles de la ejecución en la Jefatura de Gabinete. Llegó la hora del ajuste de la política.

“Si queremos que los empresarios, los gremios y la Justicia sean más austeros tenemos que empezar por ser austeros nosotros, los dirigentes políticos”, es la frase que la Gobernadora repite en todas sus reuniones privadas. Y que, de tanto escucharla, el Presidente también ha hecho suya.

La idea del ajuste llegando a la política no es inocente. Y hace temblar no sólo a los ministros y a los secretarios de Estado del Frente Cambiemos.

También han comenzado a preocuparse los gobernadores, los oficialistas y los opositores. Del mismo modo que los senadores y diputados de todo el país han empezado a hacer consultas sobre la profundidad que pueda tener la iniciativa.

Nadie lo dice abiertamente, pero entre los dirigentes políticos de la Argentina se admite que, si se quieren buscar excesos presupuestarios o de designaciones en los poderes ejecutivos y en los poderes legislativos, los van a encontrar con facilidad.

Vidal suele expresarlo de manera brutal. “Se tiene que acabar eso de que cada funcionario tenga diez asesores por cualquier cosa”, se enciende la Gobernadora. Y muchos de sus colaboradores, pero también la mayoría de los dirigentes que la frecuentan, entran en pánico.

La Gobernadora, inaugurando las sesiones. (Archivo)

Hace rato que Vidal tiene en la mira a los legisladores de su provincia. La Legislatura bonaerense es una de las que más gasta en el país y este año se llevó unos 6.500 millones de pesos del presupuesto provincial.

La Cámara de Diputados les cuesta a los bonaerenses unos 10 millones de pesos diarios y ganan entre 115.000 y 173.000 pesos de salario, a lo que hay que sumar en la mayoría de los casos hasta 350.000 pesos entre módulos, becas y subsidios que cada legislador puede otorgar en forma mensual.

El reparto pocas veces es completo, por lo que muchos legisladores se quedan con más dinero que el que aparece en el recibo del sueldo.

Los senadores bonaerenses también tienen sus necesidades básicas bien satisfechas y, aunque son bastante menos y tienen un presupuesto de unos 2.800 millones de pesos (Diputados tiene $ 3.700 millones), las dos cámaras gozan de prerrogativas parecidas.

No hay casualidad y sí mucho de ironía cuando el universo de la política le llama a la Legislatura bonaerense “La Cajita Feliz”. El caso es que ninguna cadena de hamburguesas les ha hecho, al menos hasta ahora, juicio por plagio de marketing.

Vidal tiene una obsesión, que también se ha apoderado de la Casa Rosada, y es cómo bajar el gasto en las zonas improductivas del Estado provincial.

Cuando asumió, en 2015, hizo un primer ajuste del 20% en la estructura y eliminó 6 de los 25 ministerios que le había dejado Daniel Scioli. Pero es una tarea ingrata.

Este año, la Legislatura bonaerense tuvo un aumento presupuestario del 46%, mientras que los gastos en seguridad sólo pudieron crecer un 35% y los de salud todavía menos: un 31%, cuya mayor parte se llevó la inflación.

La idea de la Gobernadora es que el Presupuesto que está terminando de diseñar para el año próximo su jefe de gabinete, Federico Salvai, vaya en armonía con la suba de precios. La expectativa es que el aumento no pase del 15%.

No va a ser fácil.

Tendrá que negociar con los bloques legislativos de la oposición. Con los que responden a Sergio Massa y, ahora, con el kirchnerismo retroalimentado por el desempeño electoral de Cristina el 22 de octubre.

Si las encuestas de estos días tienen razón y Cambiemos se lleva un triunfo en la Provincia, cada punto de diferencia que amplíe la brecha sobre la ex presidenta le servirá a Vidal para profundizar la reforma estructural.

Un desafío similar tendrá Macri, que quiere reducir la estructura de algunos ministerios y secretarías pero que también buscará convencer del ajuste sobre la política tanto a los gobernadores propios como a los ásperos mandatarios peronistas.

Los cambios van a quedar en manos de Peña y el arquitecto de la reestructuración será el coordinador Mario Quintana.

Peña, el ministro coordinador. (DYN)

Pero si el ajuste de la política genera resistencias entre los funcionarios propios, el Gobierno tendrá que prepararse para la reacción de los gobernadores y legisladores peronistas.

Cada uno de ellos está aferrado con uñas y dientes al pedazo de Estado que les toca administrar.

“Que vengan cuando quieran; nos van a encontrar con el casco puesto…”, desafía un mandatario de una provincia del norte, que se ha juramentado para que no le puedan sacar un solo peso.

El 23 de octubre comenzará a conocerse la profundidad del recorte en la estructura que siempre ha sido intocable.

Desde 1983 a la fecha, con cada cambio de gobierno se suman capas geológicas de funcionarios, se superponen tareas para que nadie deje el abrigo seguro de un empleo estatal y se extiende el pacto tácito de silencio entre las agrupaciones políticas que se suceden en el poder para conservar los beneficios de pertenecer eternamente a la función pública.

En el nivel máximo del gobierno actual afirman que eso va a cambiar a partir de noviembre.

Si la promesa se convierte en realidad es posible que los estallidos provocados por el ajuste de la política terminen siendo mucho más ensordecedores que los fuegos artificiales de Navidad y Año Nuevo.