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CIUDAD DE MÉXICO, 9 de junio.- Los recientes cambios de gobierno en los estados han dejado al descubierto una serie de anomalías financieras en las que el común denominador es el desfalco a los recursos destinados a la salud.

En Tabasco, Guanajuato, Morelos y Aguascalientes hay procesos judiciales en curso contra ex funcionarios que presuntamente desviaron millones que debieron ser invertidos en hospitales, medicamentos, material de curación, cuneros y salarios de médicos y enfermeras.

La propia secretaria de Salud, Mercedes Juan López, reconoció recientemente que en Tabasco y Morelos se presentaron problemas por carencia de insumos por la falta de adecuada rendición de cuentas por parte de los estados respecto a los recursos aplicados al Seguro Popular.

La funcionaria federal aseveró que esto ocurre porque en algunos estados hay dificultad para que los recursos del Seguro Popular lleguen directamente a las secretarías estatales de Salud, ante lo que en su momento comentó que se deben poner “candados” al respecto.

Cabe recordar que a finales del año pasado en hospitales de Villahermosa, Tabasco, se desató una crisis a causa de la falta de pago al personal y de insumos médicos. Para enfrentar dicha emergencia, el gobierno federal tuvo que destinar 150 millones de pesos y apoyar con recursos humanos de Institutos Nacionales de Salud, ya que el personal médico de la entidad dejó de asistir al trabajo porque no se les pagó.

Mientras, en Guanajuato, elementos de la Procuraduría General de Justicia detuvieron el pasado 28 de mayo a Gregorio Martín del Campo Aguirre y Fernando Guiza Suárez, ex director de los hospitales generales de León y Celaya, y ex director administrativo del Hospital de León y Celaya, respectivamente, por presuntos actos de corrupción.

Según la investigación desarrollada por la Procuraduría, en coordinación con la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, los detenidos defraudaron al Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato por un monto de seis millones 884 mil 289.45 pesos.

Mientras tanto, en Morelos, el gobernador Graco Ramírez señaló que los desvíos de recursos que detectaron de programas federales en la administración panista de Marco Adame, en los Servicios de Salud de Morelos (SSM), afectaron en la conclusión de hospitales públicos y que se dejó de comprar equipo.

En Aguascalientes, el ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat fue notificado de una orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado y ejercicio indebido de funciones. El proceso jurídico se debe a la compra de un tomógrafo con valor superior a los 13 millones de pesos por la Secretaría de Salud del estado de esa entidad, el cual fue pagado pero nunca fue entregado.

Asignación de recursos

En 1997 se creó el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) para descentralizar la atención médica :

El objetivo es disminuir las diferencias en los servicios de salud para la población que no está incorporada en ningún régimen de seguridad social.

El artículo 29 de la Ley de Coordinación Fiscal prevé que los recursos económicos de este fondo deben destinarse a los estados y el DF para el ejercicio de las atribuciones que les corresponden conforme a lo establecido en los artículos 3, 13 y 18 de la Ley General de Salud.

¿Cómo opera?

El monto se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a partir de elementos establecidos en el artículo 30 de la Ley de Coordinación Fiscal, como inventario de infraestructura médica y plantillas de personal y recursos transferidos por la Federación en el ejercicio fiscal anterior.

Los recursos del Fassa se determinan anualmente en la Cámara de Diputados y el monto final se publica en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). El anexo 21 del PEF 2013 señala que para ese fondo se asignó un presupuesto de 67 mil 871 millones 103 mil 191 pesos.

Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en enero de 2013 la Federación aportó, a través del Fassa, seis mil 960 millones de pesos a los estados. Esto es 12% más que en el mismo de 2012.

Desde la creación del ramo 33 (1988), el Fassa ha representado, en promedio, 12.5% de las aportaciones federales, y es uno de los fondos que reciben mayor cantidad de recursos.

De 1998 a 2009, el presupuesto del Fassa presentó una tasa de crecimiento anual de 12.3%.

Hacen compras falsas de medicina

El hallazgo del desvío de recursos por casi siete millones de pesos del erario en la Secretaría de Salud de Guanajuato podría ser sólo una de muchas aristas de faltantes en la institución. El secretario de Salud, Ignacio Ortiz Aldana, destacó la posibilidad de que hubiesen ocurrido otros fraudes en la pasada administración, cuyo titular era Éctor Jaime Ramírez Barba, ahora secretario de Desarrollo Social de Guanajuato.

“La idea de las auditorías es prevención y el mensaje está enviado: no nos vamos a detener”, señaló Ortiz Aldana, quien se comprometió a la transparencia y vigilancia ya que, dijo, la Secretaría de Salud es una institución con más de 16 mil personas comprometidas con el bienestar de la gente, y no se pueden manchar por la mala actuación de unas cuantas personas.

En tanto, un juez dictó auto de formal prisión a los ex directores administrativo y general de los hospitales de León y Celaya, Fernando Guiza Suárez y Gregorio Martín del Campo Aguirre, por el fraude de 6.8 millones de pesos, mientras que el empresario acusado de complicidad, Javier Razo Carrillo, se ha reservado su derecho a declarar.

A la par, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Guanajuato, exigió la destitución inmediata de Éctor Jaime Ramírez Barba como secretario de Desarrollo Social, ya que él fue secretario de Salud durante la pasada administración, cuando presuntamente se cometieron los millonarios fraudes al erario.

Fue en marzo de 2011 cuando Gregorio Martín del Campo Aguirre llegó a la dirección del Hospital General Regional de León, precisamente cuando Ramírez Barba era titular de Salud.

De acuerdo con información emitida por la Procuraduría General de Justicia del estado, tanto a Martín del Campo Aguirre como a Fernando Guiza les fueron encontrados automóviles de lujo con valor de más de un millón de pesos, adquiridos de contado durante el lapso en que se efectuaron las operaciones fraudulentas.

Los presuntos delincuentes simularon compras de medicamentos y material de curación que nunca ingresaron a la Secretaría de Salud.

El titular de Salud subrayó que ni el más mínimo material de curación será utilizado sin testimonio por escrito en cada hospital, en las 620 unidades médicas de la entidad.

El secretario Ignacio Ortiz Aldana dijo que la dependencia a su cargo estará auditando de manera constante e informará a la Procuraduría local.

Demandan cese

Los diputados priistas en el Congreso local exigieron al gobernador guanajuatense Miguel Márquez Márquez que cese de inmediato a Éctor Jaime Ramírez Barba, quien ahora ostenta el cargo de secretario de Desarrollo Social y que el sexenio pasado fue titular de la Secretaría de Salud.

La remoción serviría para investigarlo “a fondo” por el caso de corrupción y fraude que priva en la Secretaría de Salud, originada durante su gestión al frente de esa institución.

“Tiene que ser separado de su puesto porque es uno de los responsables directos o indirectos de actos de corrupción que se están destapando”, demandan los legisladores.

Desde tribuna, el diputado Gerardo Zavala llamó a investigar también a Jorge Aguirre Torres, quien precedió a Éctor Jaime Ramírez como titular de la Secretaría de Salud.

“Que el Ejecutivo considere la opción de separar de sus cargos a aquellos funcionarios que se hayan visto involucrados de una u otra forma en estos lamentables hechos, y con ello se faciliten las tareas investigadoras y de justicia en el caso, en abono al deseo manifiesto del Ejecutivo de actuar con transparencia y en Estado de derecho.”

La legisladora local Yulma Rocha Aguilar lamentó que el gobernador Miguel Márquez haya tendido un “manto de protección” sobre funcionarios corruptos, y dijo que los funcionarios menores apresados son solamente “chivos expiatorios” de los grandes negocios.

Dictan formal prisión

El juzgado séptimo penal dictó auto de formal prisión a los ex directores administrativo y general de los hospitales de León y Celaya, Fernando Guiza Suárez y Gregorio Martín del Campo Aguirre.

Los inculpados pueden seguir el proceso en libertad, si pagan una fianza seis millones 884 mil 289 pesos por el delito de daño al erario y 500 mil pesos por la caución.

En Tabasco el desfalco desmanteló hospitales

A cinco meses de iniciar la administración que encabeza Arturo Núñez, el Sector Salud del estado de Tabasco no ha superado la crisis hospitalaria que se agudizó a finales de 2012, cuando aún fungía como gobernador de Tabasco Andrés Granier Melo.

Los principales hospitales de esta entidad enfrentan severos rezagos que se ven reflejados en la atención hospitalaria, tales como deudas a proveedores y los equipos para diagnóstico se encuentran fuera de operación en algunos hospitales.

En el hospital Gustavo A. Rovirosa, por ejemplo, el tomógrafo y el equipo de resonancia magnética están fuera de servicio; cabe señalar que la reparación de cada uno es de aproximadamente 600 mil pesos; sin embargo, el director Manuel Alvarado García precisó que lo correcto es que se cambien los equipos, ya que ambos culminaron su vida funcional.

La falta de mantenimiento en administraciones pasadas han hecho que estos aparatos prácticamente tengan daños irreversibles.

“Se han echado a perder, el tomógrafo al inicio de la gestión lo echamos a andar, compramos un tubo que costó un millón 700 mil pesos, se echaron a perder las tarjetas, los cables cuestan 104 mil pesos; la resonancia magnética tiene 13 o 14 años, actualmente no es viable su vida funcional. Lo correcto es que se cambien, la reparación nos sale entre 500 y 600 mil pesos”, manifestó Alvarado García.

En tanto, el Hospital de Alta Especialidad Juan Graham Casasús vive la peor de sus crisis, que parece no superarse. El nosocomio, que era considerado como uno de los mejores en el sureste mexicano, ha decaído en la atención a sus pacientes.

Aquí el Banco de Sangre se ha logrado reactivar; sin embargo, no está operando al total de su capacidad, trabaja a 80 por ciento, además de carecer de sistema de agua potable, toda vez que sólo cuenta con pozos profundos, no tiene servicio de lavado de ropa, por lo que ésta es enviada al Hospital Rovirosa.

También se quedó sin equipar la Torre Oncológica, misma que, según las nuevas autoridades, será ocupada para consultorios, ante la falta de recursos para equiparla.

El acelerador lineal, un equipo a través del cual se brinda radioterapia a los enfermos con cáncer, se encuentra fuera de servicio, después de un aguacero que inundó el área en el que se encontraba resguardado.

El aparato se averió y hasta hoy las autoridades de Salud no han declarado si éste es pérdida total o tendrá reparación.

Mantienen deudas a proveedores

Las deudas que fueron heredadas al Sector Salud aún no han sido resueltas, ya que al menos el Hospital Juan Graham Casasús y el Hospital de la Mujer tienen pagos pendientes a proveedores, los cuales datan desde la administración pasada.

El director Lorenzo Pacheco Bautista reconoció que hay dos tipos de adeudos en la institución: “Un adeudo por techo presupuestal que es de alrededor de 54 millones de pesos, que tiene ya orden de pago, y otro adeudo que tiene techo presupuestal de 72 millones y medio, ese adeudo se tiene que ir resolviendo a nivel de la Secretaría de Finanzas”, aseveró el funcionario en entrevista.

Por su parte, Janeth Pérez Méndez, directora del Hospital de la Mujer, manifestó que aún permanecen deudas con proveedores.

“Se les debe a los proveedores, pero todo está en (la Secretaría de) Finanzas y tienen sus órdenes de pago”, señaló.

Sin nuevos contratos

Debido a la poca operatividad económica con la que cuentan los hospitales de Tabasco se realizará una reestructuración en la plantilla de trabajadores, en la cual se contempla que no habrá contratos, ni plazas nuevas, refirió la subsecretaria de Salud, Sonia Castro Noriega.

La funcionaria estatal justificó que el presupuesto es poco, ya que alrededor de 80 por ciento se utiliza para el pago de nómina.

“Vamos a trabajar en esto, pretendemos disminuir el gasto en personal para poder incrementar el recurso disponible para la operatividad de las unidades”, explicó Castro Noriega.

Trabajan a medias

En nosocomios del estado los médicos tienen que trabajar con falta de varios aparatos y material de curación:

HOSPITAL JUAN GRAHAM CASASÚS

Enfrenta deudas con proveedores.

No tiene servicio de lavandería.

Falta 20 por ciento de operación en el Banco de Sangre.

123 camas están inhabilitadas.

Falta de mantenimiento para 20 por ciento de las camas habilitadas.

HOSPITAL DE LA MUJER

Enfrenta deudas con proveedores.

GUSTAVO A. ROVIROSA

Las unidades de Tomografía y Resonancia Magnética no están operando y debido a los altos costos de reparación se pide que los aparatos sean sustituidos por unos nuevos.

Falta un ala de Consulta Externa por climatizar.

Hay desabasto en 20 por ciento de medicamentos.

Falta material de curación.

Alrededor de 80% de equipo de rayos X está sin operar.

HOSPITAL DEL NIÑO

Hay rezago en cirugías.

Mantenimiento preventivo y correctivo pendiente en diez por ciento.

Sin quirófanos, médicos de Morelos operan en pasillos

El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, ha señalado que los desvíos de recursos que detectaron de programas federales en la administración panista de Marco Adame afectaron en la conclusión de hospitales públicos y que se dejó de comprar equipo.

“Según ellos pagaron el Hospital de Cuautla y no lo terminaron; según ellos había quirófanos, y no había quirófanos; según ellos había equipos, y no había equipos; el Hospital de Tetecala, Hospital de Jojutla, Hospital de la Mujer, todo eso; ahí está la evidencia, yo llego y me encuentro que todo está pagado y no está aplicado.

“Bueno, se hace una auditoría, y ahora quiero saber quién es el responsable de que lo que dicen que se aplicó y no se aplicó, y no vamos a permitir que ese dinero que no es sino de todos los mexicanos, y que el gobierno federal nos los dio para hacer estas obras, no se hayan hecho.”

El mandatario estatal señaló que debido a la falta de equipo y de quirófanos, en el caso de Cuautla, los pacientes eran intervenidos en los pasillos, o bien, trasladados al nosocomio de Cuernavaca para que recibieran atención médica.

“Nos encontramos hospitales sin funcionar, sin quirófanos, operaban en los pasillos en Cuautla a los enfermos, o tenían que llevarlos a la Cruz Roja de Cuautla, o traerlos en ambulancia, y teníamos saturado el Hospital Civil de Cuernavaca; el Hospital del Niño lo dejaron a 80 por ciento, el 20 por ciento que faltaba de equipamiento y todo lo tuvimos que poner nosotros”, dijo el mandatario estatal.

El pasado lunes 27 de mayo el gobierno estatal informó que interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de peculado en contra de ex funcionarios de los Servicios de Salud de Morelos, quienes habrían firmado un contrato con la empresa Nadro SA de CV por “órdenes superiores”, por más de 745 millones de pesos para que les surtiera medicamento.

“Por lo pronto, el que ordenó y aparece en la auditoria es el director de Administración de los Servicios de Salud y el director de los Servicios de Salud, ellos son los que firmaron y en las investigaciones, en las auditorías, cuando fueron a preguntarles, varios de ellos dijeron que fueron por órdenes superiores”, mencionó.

De acuerdo con Graco Ramírez la empresa Nadro, reclamó el pago de 250 millones de pesos; sin embargo, indicaron que tendrán que demostrarlo, pues las auditorías señalan que entregaban menos medicamento del que compraba el gobierno.

“En el caso de Nadro nos dijeron nos deben 250 millones de pesos, ¿de dónde?, ‘no pues nos deben’, ‘pues compruébelo’, e hicimos una auditoria y encontramos, incluso, que Nadro, no entregaba más que 60 o 70 por ciento del 100 por ciento que le pagaban de medicamentos, un 20 por ciento de medicamentos no era entregado regularmente y compraron, entre otras cosas que encontramos, lotes caducos o a punto de caducar”.

“Alguien dijo que yo estaba exculpando a (el ex gobernador) Marco Adame, yo no exculpo a nadie. Yo tengo la obligación de ser cuidadoso y responsable de lo que digo. En este caso, la investigación tendrá que arrojarnos quién ordenó, yo supongo, yo como gobernador respondo de lo que se haga en el gobierno, yo”, indicó.

Cabe destacar que el pasado 28 de mayo el secretario de gobierno de Morelos , Jorge Vicente Messenguer Guillén, informó que se denunció ante la PGR dos presuntos desvíos de recursos públicos en la administración del panista Marco Adame, los cuales ascienden a 942 millones de pesos y se suman a otras dos denuncias recientes.

Las querellas son por el presunto desvío de recursos federales en los Servicios de Salud de la entidad y peculado en el Instituto de Crédito para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos.

Compran tomógrafo que nunca se entregó

El gobierno de Aguascalientes ha acusado al ex gobernador panista Luis Armando Reynoso Femat de haber simulado la compra de un tomógrafo por un valor de 13.8 millones de pesos.

Dicho caso de corrupción fue denunciado por la administración del actual gobernador priista, Carlos Lozano de la Torre, quien interpuso una demanda penal.

“Fue el pasado 7 de noviembre del año 2008, cuando la Secretaría de Finanzas del estado de Aguascalientes realizó la transferencia de 13 millones 800 mil pesos al entonces Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes para que su titular, Ventura Vilchis Huerta, quien tuvo que hacer la compra de un tomógrafo que se pretendía instalar en el Hospital Tercer Milenio de la capital del estado”, denunció el gobierno.

Detalló que “Vilchis Huerta realizó el traspaso de los 13 millones 800 mil pesos a la empresa Logística y Asesoría Comercial SA de CV, representada legalmente por una mujer, Verónica Shadai Espíndola Palma”.

Esta denuncia provocó que el 21 de agosto de 2012 el entonces ex director del Instituto de Salud, Vilchis Huerta, fuera detenido en la ciudad de Zacatecas, donde trabajaba como delegado del ISSSTE. Fue retenido por el delito de peculado, aunque el 7 de noviembre Vilchis Huerta salió libre tras pagar una fianza de ocho millones de pesos.

Por su parte, el ex subsecretario de Egresos, Uriel de Santos Velasco, denunció que este dinero fue utilizado por Reynoso Femat para pagar sobornos a diputados, aunque no señaló a quienes.

El 21 de mayo la jueza segundo de lo penal en la ciudad de Aguascalientes, Laura Elena Delgado de Luna, giró una orden de aprehensión a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) contra el ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat y el ex secretario de Finanzas de la entidad, Raúl Gerardo Cuadra García, quienes fueron acusados de delitos de ejercicio indebido del servicio público y peculado.

El 24 de mayo el ex gobernador de Aguascalientes, a través de un comunicado, rechazó que haya simulado la compra del equipo médico.

“Con referencia a la campaña de señalamientos en mi contra, acuso al gobierno del estado (Carlos Lozano de la Torre) de tratar el asunto de forma mediática con fines electoreros. Es un tema que ha manejado desde hace tres años y en su ‘manoseo’ no ha dejado de suponer culpables.”

El pasado miércoles, el fiscal del estado informó que Reynoso Femat no sólo es investigado por el asunto del tomógrafo: “está involucrado en la desaparición de más propiedades públicas, por lo que también será citado a declarar en más casos por la Fiscalía estatal, mientras que su ex tesorero, Raúl Cuadra García, ya es considerado como prófugo de la justicia”.

A Reynoso Femat se le abrió una nueva averiguación por el robo de dos aparatos de espionaje con un valor de 25 millones de pesos.

Sobre la condición actual del ex gobernador, el fiscal señaló que “él se encuentra en libertad bajo caución y tiene hasta el viernes para depositar la garantía de ocho millones de pesos para que no tenga prisión preventiva mientras se lleva a cabo el proceso”.

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