El Secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, frenó la publicación de la resolución filtrada a las empresas la semana pasada para ajustar la resolución 46. La modificación del marco regulatorio podría desembocar en juicios al Estado por US$ 2500 millones. La alternativa que baraja ahora el gobierno conllevaría a un conflicto con Techint.

Cuando parecía que el gobierno estaba próximo a cerrar la negociación con las principales petroleras del país para lograr un ajuste consensuado del programa de subsidios milonarios a la producción de gas, la Secretaría de Energía, ahora conducida por Gustavo Lopetegui, puso freno de mano por la negativa de los privados a aceptar la propuesta elaborada por el Ejecutivo. EconoJournal publicó en el último mes una serie de notas que desgranaban el funcionamiento que tendría el nuevo esquema de promoción del desarrollo de gas en Vaca Muerta.

El ajuste funcionaría, en los hechos, sobre dos planos: por un lado, se pasaría a pagar un monto menor en concepto de los subsidios (estímulos a la inversión) que reciben los productores. Y por el otro, se recortaría la producción de gas beneficiada por esa subvención pública.

Lopetegui dedicó la mayor parte de sus primeras dos semanas en su nuevo cargo para presentar el borrador de la resolución escrita por los técnicos de Energía y del Ministerio de Hacienda, uno a uno, a cada una de las empresas involucradas. De lo que se trata, en definitiva, es de modificar la resolución 46/2017 firmada por el ex ministro de Energía Juan José Aranguren.

La convocatoria fue un gesto de apertura del ex vicejefe de Gabinete y fue leída como una buena iniciativa por parte de los empresarios. Sin embargo, dejó entrever cierta ingenuidad. Si Lopetegui creía que la negociación con las petroleras sería relativamente accesible y desembocaría en buen puerto, tras la ronda con las máximos referentes del mercado del gas —YPF, Pan American Energy (PAE), Total, CGC, Wintershall, Tecpetrol, Pampa y Pluspetrol— se convenció de lo contrario.

Litigios en zaga

La rectificación regulatoria que estaba en carpeta, entendió Lopetegui, podría derivar en juicios millonarios contra el Estado por una cifra cercana a los US$ 2500 millones. Eso fue lo que le advirtieron los principales directivos de la industria en los últimos 10 días: si el gobierno cambia el marco normativo y eso afecta sus derechos adquiridos, las petroleras están dispuestas a iniciar reclamos administrativos y en la Justicia para defender su posición.

Frente a ese riesgo, Lopetegui y la primera plana del Ministerio de Hacienda —con especial recomendación del jefe de Legales de la cartera, Ignacio Pérez Cortéz— descartaron la publicación del texto que ya estaba prácticamente redactado. “Es imposible publicar una resolución que deje satisfechas a todas las petroleras. Nos exponemos a litigios múltiples”, reconocieron en un despacho gubernamental. Difícil firmar una resolución con ese panorama.

Cambio de estrategia

La negociación de la resolución 46 es compleja por diferentes motivos: involucra un buen número de empresas (Tecpetrol, CGC, YPF, PAE, Total, Wintershall, Pampa, Pluspetrol), cada una con intereses particulares; y proyectos con diferente estatus: algunos aprobados por el Ejecutivo y otros presentados que aún no fueron autorizados. La decisión de Lopetegui de no publicar la resolución implica un cambio de estrategia que va más allá de lo obvio.

La propuesta que puso sobre la mesa el gobierno generó una clara fragmentación en la industria petrolera. De un lado está Tecpetrol, dispuesta a refrendar la alternativa elaborada por los técnicos de Energía. Del otro, el resto de las petroleras, que antepusieron reparos y advertieron sobre el alto riesgo de litigiosidad que acarrea un cambio de normativa.

Lopetegui contaba con el aval de la petrolera del grupo Techint, principal beneficiario del programa de estímulo (percibe casi un 70% de los subsidios totales por su desarrollo en Fortín de Piedra, el mayor campo de gas en Vaca Muerta) y confiaba en poder llegar a un acuerdo con las otras petroleras. La realidad la demostró que eso no es factible en los términos planteados. Por lo que elaboró un plan B, mucho más modesto.

Prioridad fiscal

Conseguir la conformidad de las petroleras era clave para Lopetegui. El plan oficial era publicar una resolución a la que los privados adherirían voluntariamente, previa resignación de cualquier reclamo judicial a futuro por el cambio de las reglas de juego. Eso no parece hoy posible. Por eso, en lugar de presentar un texto cuestionado de antemano por las empresas que, en la práctica, les daría elementos administrativos a los privados para robustecer su posición en un eventual reclamo judicial, en la Secretaría de Energía creen que hoy lo recomendable es la cautela. “Antes que publicar una mala resolución, mejor no publicar ninguna”, reconocieron.

Lo que no puede esperar es el ajuste fiscal. La ingeniería regulatoria en la que trabaja el gobierno tiene un driver central que se cuenta en billetes: la necesidad de recortar unos US$ 600 millones del gasto público. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, le puso un tope al programa de estímulo para el gas de Vaca Muerta: tiene que costar en 2019 unos US$ 700 millones como máximo y no los US$ 1300 millones que costaría si se aplica la norma vigente.

Producción inicial

Caída la alternativa de implementar un nuevo esquema operativo del programa de incentivos, surge un interrogante: ¿cómo cumplir con la meta fiscal? La respuesta a la que llegó el gobierno es empezar a pagar subsidios sólo por la producción de gas declarada por las empresas al momento de solicitar el beneficio. Esa decisión perjudica, fundamentalmente, a Tecpetrol, que inicialmente declaró una producción de Fortín de Piedra de 8,5 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/día) del hidrocarburo. Hoy extrae el doble, casi 17 MMm3/día y pretende percibir subsidios por ese volúmen, tal como, en rigor, establece la resolución. Durante 2018, la petrolera de Techint presentó varios pedidos de actualización de los volúmenes de gas del yacimiento que van en esa dirección.

Sin embargo, la Secretaría de Energía empezará ahora a interpretar la norma desde otra óptica y limitará el cobro de subsidios a la primera producción informada por las empresas. La opción anticipa un conflicto casi inevitable con Tecpetrol que, de concretarse esa medida, pasaría a percibir en 2019 subsidios por unos US$ 300 millones contra los US$ 500 millones iba a cobrar si se aprobaba el borrador de la resolución filtrada por Lopetegui a las empresas la semana pasada. “Parece difícil que Tecpetrol no avance con un reclamo si eso pasa”, aceptó un colaborador de Dujovne. El resto de las petroleras, en cambio, sí está dispuesta a aceptar esa decisión. Si no pueden obtener lo que desean, al menos se conforman con diezmar a la empresa de Techint, que con su disruptivo desarrollo de gas modificó el mapa de poder en el mercado del gas.