Luis Posada Cariles murió el 23 de mayo de 2017 en su casa de Miami. Murió de viejo, a los 92. Pasó los últimos años de su vida pintando cuadros mediocres según reportes de prensa en la Florida. Hace casi 20 años, en 1997, mercenarios salvadoreños y guatemaltecos entrenados y financiados por él hicieron explotar varias bombas en La Habana; mataron a un turista italiano y estuvieron a punto de terminar con la vida de varias docenas de párvulos que, por casualidad, no fueron a un salón de fiestas aledaño al Hotel Nacional el día que explotó ahí una de esas bombas. Una década antes de aquello, en 1985, Posada fue el encargado de logística de la operación Irán-Contras en el aeropuerto de Ilopango en los días en que el gran tráfico de cocaína empezó en El Salvador bajo la protección de Washington y de la fuerza aérea local. Antes, en 1976, había hecho estallar otra bomba, esa en un jet de Cubana de Aviación, que costó la vida a 73 personas. Esta es la historia de un terrorista al que Estados Unidos apreciaba y al que ayudó a proteger.

Foto FACTUM/Cortesía

Uno de los primeros funcionarios salvadoreños con el que el cubano Luis Posada Carriles entró en contacto en 1985, cuando recién había llegado a El Salvador, fue el coronel Juan Rafael Bustillo, entonces jefe de la Fuerza Aérea en el aeropuerto de Ilopango. Posada ayudó a limar asperezas entre el militar y los asesores estadounidenses estacionados en el aeródromo para llevar adelante la segunda parte de la Operación Calipso, el plan de abastecimiento ilegal de armas desde San Salvador al ejército irregular conocido como La Contra, con el que Washington pretendía derrocar al régimen sandinista de Nicaragua.

A Bustillo no le caían bien los gringos destacados en Ilopango: un piloto estadounidense lo había ofendido con su falta de tacto al hacer un pago por la gasolina que el coronel vendía a los norteamericanos para reabastecer los aviones que llevaban armas a La Contra.

El mismo Posada refirió al episodio a Michael Foster y George Kiszynski, los dos agentes especiales de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) que lo entrevistaron el 2 de julio de 1992 en el salón 426 de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Honduras, en el marco de la investigación que el Congreso en Washington tenía abierta por la operación de reabastecimiento.

“Un día el piloto fue a pagar por el combustible. Sacó una pila de billetes y empezó a contar 15,000 dólares en el escritorio de Bustillo… (quien) se sintió muy insultado… Bustillo maldijo al hombre y le dijo que no lo tomara por empleado de una gasolinera…”, narró Posada a los agentes del FBI. El coronel no dejó que su orgullo le impidiera tomar el dinero: según Posada, pidió al piloto que lo entregará a uno de sus subalternos. Después de aquello, sin embargo, el piloto tuvo que dejar la operación en Ilopango y Posada se convirtió en el principal referente de Bustillo.

Bustillo y el cubano abrieron una cuenta en la que Posada depositaba el dinero con el que los estadounidenses pagaban a los militares salvadoreños por la gasolina que la operación requería.

El coronel ofreció a Posada que se alojara en Ilopango para evadir a reporteros estadounidenses que buscaban detalles sobre la operación desde que en 1986 dejó de ser secreta después de que el ejército sandinista derribara, en Nicaragua, un avión en el que viajaba Eugene Hassenfus, uno de los mercenarios que operaban desde Ilopango. Bustillo, hoy general retirado e implicado como uno de los posibles autores intelectuales de la masacre en la que fueron asesinados seis sacerdotes jesuitas en la universidad centroamericana de El Salvador en noviembre de 1989, ha preferido guardar silencio sobre su relación con Posada Carriles.

Posada no podía quedarse en la base aérea: sus tareas incluían rentar y equipar las casas en las que se hospedaban los pilotos mientras estaban en San Salvador. Llegó a administrar tres casas en la ciudad. En promedio, Posada ganaba entre $6,000 y $7,000 al mes por este trabajo.

A finales de 1985 todas las responsabilidades de Posada tenían que ver con logística: “Pagaba la renta, a las empleadas que limpiaban las casas, los recibos, las cuentas telefónicas, los electrodomésticos y mantenía las refrigeradoras llenas de comida y cerveza”, según el FBI. Pagaba a los pilotos $4,500 al mes y a otros operadores $3,000 mensuales, además de $750 por cada vuelo. Más adelante, el cubano también se hizo cargo de algunas radiocomunicaciones entre Ilopango y los aviones que sobrevolaban Nicaragua.

Cuando la operación empezó, Posada alquiló la primera casa en la colonia Miramonte de San Salvador. Ahí solían hospedarse Rafael “Chi Chi” Quintero y Félix Rodríguez, otros dos anticastristas cubanos que, se sabría luego, eran los principales enlaces de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés) y de Washington con la operación de abasto en Ilopango.

Quintero y Rodríguez eran veteranos del fallido intento de invasión a Cuba con un desembarco de mercenarios en Playa Girón que en 1961 financió y ayudó a ejecutar la administración de John F. Kennedy. Rodríguez era, de acuerdo con documentos desclasificados de la CIA y publicados por la revista Rolling Stone en 1988, el jefe de la operación en Ilopango. Y Quintero era, según el testimonio de Posada en Tegucigalpa, quien recibía el dinero de Washington para llevar adelante todos los vuelos.

“Su rol (de Quintero) en la operación era de administrador y contacto principal con Washington, DC. Era el que viajaba constantemente entre Washington y San Salvador para traer instrucciones y dinero”, aseguró Posada.

En aquel testimonio de 1992 Posada mencionó a Oliver North, el militar de la administración Reagan que fue el principal ejecutor de la operación Irán-Contras, como se llamó a todo el plan en el que el capítulo de Ilopango, en El Salvador, ocupó un lugar importante. Buena parte del financiamiento para la contra nicaragüense llegó de ventas ilegales de armas a Irán como parte de un plan para intentar liberar a estadounidenses que el grupo Hezbolá había secuetrado en Líbano. Uno de los principales arquitectos de ese plan fue North.

Posada le dijo al FBI que los supervisores de Quintero en 1985, y por lo tanto sus jefes, eran Rob Owen y Robert Dutton, un exasistente legislativo en el senado el primero y un oficial de la fuerza aérea retirado el segundo. Ambos viajaron a El Salvador para inspeccionar el desarrollo del plan de abasto. Dutton, según Posada, era el “hombre de North” en el terreno.

Cuando Posada habló con los agentes del FBI, en 1992, North ya había sido encontrado culpable cuatro años antes de delitos menores aunque en principio fue acusado de 16 crímenes relacionados con Irán-Contras. Hoy, en 2018, ha asumido como presidente de la poderosas Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés), una de las organizaciones con más influencia en Washington gracias en parte al financiamiento que hace de campañas electorales. La NRA es la más férrea opositora a regular la venta y posesión de armas de fuego entre población civil a pesar de las matanzas en escuelas y otros recintos en los Estados Unidos, que este año y por primera vez en la historia han provocado más muertes que las guerras en las que este país está involucrado en oriente medio.

Posada Carriles nunca respondió ante un tribunal estadounidense por su rol en los vuelos para abastecer a La Contra que salían de Ilopango con el aval de la Fuerza Aérea de El Salvador. Y a esas alturas no había respondido por crimen alguno en lo Estados Unidos a pesar de que, en 1992, cuando el FBI lo entrevistó, ya pesaban sobre sus espaldas al menos los 73 cadáveres de los pasajeros de un avión de Cubana de Aviación en el que hizo colocar explosivos en 1976.

Una investigación académica publicada por la editorial South End Press de Boston en 1987 cita informes desclasificados del gobierno estadounidense según los cuales Posada tenía en su poder, cuando fue arrestado en Venezuela por la voladura del avión de Cubana, documentos que lo relacionaban con otro acto terrorista: el asesinato en 1976 de Orlando Lettelier, ex embajador chileno del gobierno del socialista Salvador Allende ante la Casa Blanca.

Los primeros narcos

Fue un capitán salvadoreño de nombre Roberto Leiva Jacobo quien primero ayudó a Posada a llegar hasta El Salvador, de acuerdo con documentos desclasificados del FBI y publicados a lo largo de la década pasada por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington en la capital estadounidense.

Leiva recibió a Posada con un paquete especial para que su estancia en El Salvador fuese menos difícil: una licencia de conducir salvadoreña y “varios documentos (de identificación) del ejército”. En aquella licencia aparecía estampado el nombre de Ramón Medina Rodríguez, el primer alias que Posada Carriles utilizó en el país centroamericano. Leiva fue, según el FBI, el militar salvadoreño de alta más directamente relacionado con la operación de abasto de La Contra.

Siete años después de recibir al cubano en Ilopango el nombre del capitán apareció en reportes secretos de las inteligencias salvadoreña y estadounidense.

A principios de 1992, pocos meses antes de que Posada se sentara con los dos agentes del FBI en Tegucigalpa, Leiva vendió bombas de 500 libras, extraídas de las bodegas del ejército y donadas por Estados Unidos a El Salvador como parte de la ayuda militar otorgada para combatir a la guerrilla del FMLN, a un grupo de contrabandistas que había hecho tratos para revenderlas al Cartel de Medellín.

El 5 de marzo de 1992, la Policía de Hacienda capturó a 12 hombres -10 salvadoreños y dos cubanos- que el día anterior habían embarcado dos de las bombas en una avioneta que despegó de una finca en Cara Sucia, Ahuachapán. Uno de los detenidos denunció a Leiva, el amigo de Posada Carriles, como uno de los vendedores.

Cuando Leiva era el nexo entre salvadoreños y estadounidenses en el capítulo de la operación Irán-Contras en Ilopango, las pistas y bodegas del aeródromo, administrado desde su fundación en 1949 por la Fuerza Aérea, se convirtió en uno de los principales puertos de entrada de cocaína de los carteles colombianos de acuerdo con documentos desclasificados de Estados Unidos, dos investigaciones oficiales del Ejecutivo y el Legislativo de ese país y al menos una docena de reportes académicos.

John Kerry, el ex secretario de Estado de Barack Obama, era en los 80 uno de los senadores que conformaron la comisión especial del Senado en Washington que investigó la operación Irán-Contras. En los centenares de folios producidos por esa investigación hay varios ejemplos que hablan sobre la importancia de Ilopango.

Algunos de los aviones que recalaban en el aeropuerto salvadoreño eran propiedad de la compañía Southern Air Transport (SAT), una de las fachadas creadas por la CIA para abastecer a la contra. Un artículo publicado por el Washington Post en 1987 reveló que aviones de la SAT transportaban droga de Colombia a Centroamérica desde 1983; el encargado de esas operaciones era Jorge Ochoa, uno de los lugartenientes de Pablo Escobar en el Cartel de Medellín.

De acuerdo con el testimonio que Posada Carriles dio al FBI en 1992, un avión L-1000 de la SAT volaba “semanalmente” a Ilopango para servir la operación de reabastecimiento. El cubano también dijo a los agentes que creía que buena parte del dinero para gasolina y alquileres que Quintero y Richard Secord (otro oficial involucrado en el affaire y condenado en los 90 en Estados Unidos por mentir al Congreso) le daban provenía de la SAT.

Los aviones como los de la SAT y otras aerolíneas que llevaban armas a La Contra estaban relacionados con “operaciones de narcotráfico”, según concluyó en 1987 la comisión legislativa en Washington.

Parte de esa droga alimentó, también, a las primeras organizaciones y personas que traficaron cocaína a gran escala en El Salvador: dos empleados de Ilopango en aquella época, Miguel Ángel Pozo Aparicio y Élmer Bonifacio Escobar, terminarían involucrados años después en eventos relacionados con el narcotráfico. A Pozo la justicia salvadoreña le adjudicó la primera masacre motivada por un tumbe de coca. Escobar fue uno de los miembros fundadores de la banda Los Perrones, la primera que, en los 2000, llevó coca desde Costa Rica hasta Estados Unidos sin intermediación de cárteles mexicanos.

De la SAT era también el avión C-123K en el que viajaba Hasenfus y que fue derribado por el ejército sandinista en Nicaragua el 5 de octubre de 1986. Cuando Félix Rodríguez se dio cuenta de que el avión no había vuelto a Ilopango contactó a Sam Watson, asistente de uno de los principales colaboradores de George Bush, entonces vicepresidente. El derribo de este avión destapó las primeras pistas que luego llevarían hasta el mismísimo presidente Ronald Reagan.

Antes del incidente Hasenfus, Sam Watson y Oliver North habían viajado a El Salvador a supervisar personalmente las operaciones en Ilopango. Watson, dice en al menos dos cables desclasificados de la CIA y el FBI, viajó a San Salvador el 19 y 20 de enero de 1986. Se reunió, entre otros, son el coronel Bustillo y con el embajador estadounidense Edwin Corr.

Posada recordó en su entrevista con el FBI en Tegucigalpa que North llegó a Ilopango en la primera mitad de 1986 para reunirse con representantes de La Contra en el aeródromo salvadoreño. También hubo, durante aquella estadía, un encuentro entre el teniente coronel y Bustillo. “Se reunieron con los contras entre las 11:30 y las 12:00, almorzaron y tomaron algunas cervezas Pílsener”, dijo Posada según se lee en el folio 10 de la transcripción de la entrevista con el FBI, de la que Factum tiene una copia.

Leiva y Bustillo fueron dos de los primeros amigos que Posada Carriles tuvo en El Salvador. Los primeros en una lista que incluyó ministros y otros operadores logísticos de Alianza Republicana Nacionalista, el partido de derecha que gobernó el país entre 1989 y 2009.

A partir de 1987, cuando la operación en Ilopango había sido totalmente cancelada tras la tormenta política generada por Irán-Contras en Washington, Posada pasó a vivir casi en la clandestinidad. Se movía entre Guatemala, Honduras, Panamá y El Salvador. De a poco, el terrorista y operario de la CIA fue encontrando protección entre los políticos que gobernaban en la región.

En El Salvador, dice otro documento desclasificado en Estados Unidos, Posada solía refugiarse en un rancho en la exclusiva playa Xanadú. Hasta 1988 fue asesor del gobierno de José Napoleón Duarte. De aquellos días le viene también otra amistad, la que tuvo con Víctor Rivera, un venezolano con quien Posada trabajó en Caracas. Rivera también fue asesor de Duarte y a la postre de Hugo Barrera, el empresario que se hizo cargo de la seguridad pública en 1994, durante la administración de Calderón Sol. Barrera fue uno de los funcionarios salvadoreños a los que la inteligencia cubana achacó en 2000 haber protegido a Posada en El Salvador. El ex funcionario y dirigente de Arena no ha negado que conoció al cubano, pero sí que lo protegió desde el Estado.

Para 1989, Posada se había colocado como jefe de seguridad de Guatel, la estatal guatemalteca de telefonía, según documentos desclasificados por la inteligencia cubana. Ahí, en Ciudad de Guatemala, el terrorista cubano escapó por milímetros a la muerte.

Bombas en La Habana

Es una tarde calurosa en La Habana, como casi todas, esta de julio de 2009. En la terraza de la segunda planta en una casa del barrio Miramar, muy cerca de la playa, el hombre suelta la confesión frente a dos botellas de ron vacías después de varias horas de plática. “Lo tuve así, así, pero no lo rematé”. El hombre ha pedido que solo se le llame Pericles; es uno de los agentes del Estado cubano que estuvieron infiltrados en Guatemala en 1990 siguiéndole la pista a Posada Carriles.

Pericles asegura que él estuvo en la colonia Vistahermosa de la capital guatemalteca el 26 de febrero de 1990; era parte del comando de agentes cubanos que, tras acorralarlo, dispararon varias veces a Posada hasta darlo por muerto. “No lo rematamos”, insiste.

Las balas que Pericles y los otros enviados de La Habana dispararon arrancaron buena parte de una mejía y la nariz de Posada Carriles. Otra bala entró por el pecho y salió por la espalda. Ninguna lo mató. El anticastrista sobrevivió y se recuperó en una clínica privada de San Pedro Sula.

Cuando se recuperó del atentado, Posada siguió moviéndose por Centroamérica con una nueva misión: preparar atentados dinamiteros en Cuba para desestabilizar al gobierno de Fidel Castro. Desde 1990 hasta 2005 vivió de forma intermitente en El Salvador, protegido por oficiales de los gobiernos de Arena. Durante la administración de Francisco Flores, y con ayuda del Ministerio de Gobernación que entonces dirigía Mario Acosta Oertel, Posada consiguió otra identificación a nombre de Franco Rodríguez Mena.

El 25 de mayo de 1997, Posada viajó con su pasaporte salvadoreño número 547378 a nombre de Rodríguez Mena a Sierra Leona, donde según documentos de la inteligencia cubana a los que Factum tuvo acceso participó en una operación de venta de armas. Posada llegó a Freetown, la capital sierraleonés, el 18 de mayo, dos meses antes de que mercenarios financiados y entrenados por él iniciaran una serie de atentados dinamiteros en Cuba.

Entre el 12 de julio y el 4 de septiembre de 1997, los salvadoreños Raúl Ernesto Cruz León y Otto Rodríguez Llerena colocaron artefactos explosivos en hoteles, bares y discotecas de La Habana. Los atentados costaron la vida al italiano Fabio DiCelmo y provocaron un fuerte impacto en Cuba. El régimen de Fidel Castro siempre acusó a Posada Carriles de ser el arquitecto de los atentados.

Una de las principales pruebas del castrismo fue el testimonio de Percy Alvarado Godoy, el agente Fraile, quien estuvo infiltrado en las organizaciones anticastristas que, desde Miami, apoyaron a Posada mientras este operaba desde Centroamérica. En principio, Washington restó credibilidad a esta versión, pero en 2006 el Departamento de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) reconoció en un documento que envió a un tribunal en Texas que Posada había participado en los atentados de 1997.

Fraile, quien también estuvo en la reunión de 2009 en la casa de Miramar en la que Pericles contó sobre el atentado contra Posada en Guatemala, aseguró que conoció a Posada en 1994 en la capital guatemalteca, donde se hacía pasar por uno de los reclutas del anticastrismo escogidos para poner bombas en La Habana. Fue Posada, dijo, quien le enseñó a manipular las cargas explosivas y los detonadores.

En 2000, en el marco de una cumbre de presidentes celebrada en Panamá, Fidel Castro volvió a acusar a Posada, esta vez de planificar un atentado para asesinarlo. Investigaciones posteriores de la fiscalía panameña determinaron que Posada había llegado a Panamá, procedente de El Salvador, en los días previos al arribo de los mandatarios. El anticastrista fue condenado en la capital panameña, pero luego fue liberado gracias a un indulto de la entonces presidenta Mireya Moscoso.

El anticastrista eterno volvió a Estados Unidos en 2005. Entró de manera ilegal después de pasar por Honduras y por Quintana Roo, en México. En 2006, un tribunal de El Paso, en Texas, lo acusó de delitos migratorios. Fue en el marco de ese juicio que ICE reconoció la participación de Posada en los atentados de 1997. ICE hizo algo más: pidió a los abogados del cubano que citaran ante la autoridad judicial los nombres de todos los funcionarios centroamericanos que lo protegieron en los 80 y 90.

Nada pidió ICE sobre los funcionarios estadounidenses que encubrieron las actividades ilegales en las que Posada participó durante la operación Irán-Contras en Ilopango.

Al final, Luis Posada Carriles recobró su libertad luego de que el tribunal texano lo absolviera de culpa en abril de 2011. Pasó entonces al retiro de tantos jubilados en la Florida: hospedado en un centro para la tercera edad, Posada se dedicó a pintar. Murió si dar cuentas por sus muertos.