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Al inicio del curso, varias familias del colegio Pi i Margall, el colegio de la Plaza del Dos de Mayo (Malasaña), se encontraron con la sorpresa de que los apoyos educativos que necesitaban sus hijos habían sido recortados o, directamente, habían desaparecido. La Consejería de Educación suprimió en el centro el puesto de maestro de Audición y Lenguaje y recortó a la mitad las horas de Pedagogía Terapéutica, dejando desatendidos a varios alumnos con problemas en el lenguaje.

Pronto descubrieron que su centro -uno de los de referencia en la zona para las políticas de inclusión con este tipo de alumnos- no era un caso aislado: el área que dirige Enrique Ossorio (PP) había hecho lo mismo en más de una decena de centros públicos de la región, colegios con alumnos diagnosticados con autismo o parálisis cerebral -entre otros trastornos del lenguaje- para los que el aprendizaje diario en el aula ha pasado a ser mucho más difícil desde septiembre.

«Tenemos nuestro teléfono saturado de los centros que nos están llamando con el mismo problema», explica Mari Carmen Morillas, vicepresidenta de la FAPA Giner de los Ríos, que hace una semana cuantificó en una decena los colegios afectados y ahora no se atreve a dar un número. «Los profesionales y orientadores están desbordados por una situación que parece generalizada», alerta su organización, que representa a más de 900 colegios públicos de Madrid.

La FAPA denuncia la falta de recursos en las aulas y también que se están vulnerando los derechos de niños y niñas, hasta el punto de que algunos alumnos ni siquiera están llegando a ser valorados de sus trastornos por falta de personal. «Una semana sin la atención de este alumnado es un paso atrás», recalca Morillas en conversación con Somos Malasaña. «Estos alumnos necesitan estos todos estos recursos y apoyos para tener igualdad de oportunidades, sin ellos su futuro está comprometido. Es inaceptable», se lamenta.

La situación llega a obligar a que las familias desatendidas se busquen la vida fuera de los centros públicos, contratando servicios de profesionales privados de logopedia que cobran entre 200 y 300 € al mes por sus sesiones. «Hay familias que obviamente no pueden permitírselo y con la falta de recursos se les está condenando», denuncian desde la FAPA Giner de los Ríos, que espera que la Consejería atienda su petición de reunión sobre este tema -cosa que todavía no ha hecho- y no descarta movilizaciones.

La Comunidad de Madrid se defiende diciendo que tiene recursos «limitados» y que los profesionales son «itinerantes» cada curso y no están asignados de forma fija. Además, argumenta que dispone de 93 aulas de atención preferente para este alumnado, con cinco niños por clase. Las familias responden que ese tipo de modelo es contrario a las recomendaciones de la ONU y no favorece la inclusión de sus hijos en los centros públicos con el resto de alumnos, al contrario de lo que sí hacen los profesionales que han sido recortados. «Los recursos no pueden ser limitados ni pueden ser itinerantes. Habrá otras cosas, como los altos cargos, que se pueden recortar, pero no los recursos para nuestros hijos», añade Morilla.

«La situación para las familias es muy dura porque se añade un problema más a las dificultades del día a día para atender a tu hijo», explica a este periódico una de las madres afectadas del colegio Pi i Margall. El gobierno de Díaz Ayuso, presidenta que reside muy cerca de este centro escolar, no tiene previsto aumentar sus recursos este año pese a contar con situaciones que requieren atención urgente. Tampoco lo hará en el cercano Isabel la Católica, colegio que no cuenta con ningún profesional de este tipo, pese a tener hasta 22 niños con necesidades especiales entre su alumnado, explican las familias.

No es el único recorte que sufren estos centros educativos. Hace dos años, el Gobierno regional, entonces presidido por Cristina Cifuentes, obligó a la dirección del centro a elegir entre un profesor especializado en Música o uno en Gimnasia para el periodo de Infantil. Hasta el año anterior el centro disfrutaba de los dos, pero la Comunidad recortó este recurso al indicar que en esta etapa educativa no era obligatorio.

Imagen de portada: Fachada del colegio público Pi i Margall, uno de los centros afectados | SOMOS MALASAÑA

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