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La IM dio a conocer el proyecto de regulación de Uber y otras aplicaciones, que prevé la creación de un registro de conductores y el cobro de un canon por kilómetro recorrido. Detalles del proyecto.

La Intendencia de Montevideo dio a conocer el proyecto de decreto para "regulación del transporte oneroso de pasajeros brindado por vehículos particulares y plataformas electrónicas", ideado tras la controversia que generó la empresa Uber en el país.

El intendente Daniel Martínez presentó a la Junta Departamental de Montevideo el proyecto, que "trabaja en la dirección de incorporar las nuevas tecnologías en varias líneas de gestión del Gobierno Departamental".

Este proyecto se complementa con la ley que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento, que brinda herramientas para actuar en caso que las aplicaciones que ofrecen el servicio oneroso de transporte no cumplan con lo establecido en el decreto.

Este decreto habilita la modalidad de transporte oneroso de pasajeros en vehículos privados contratado a través de plataformas electrónicas, que queda sujeta a los permisos que previamente conceda la Intendencia de Montevideo y reconoce a la plataforma como intermediaria.

De acuerdo al texto al que accedió Montevideo Portal, se dispone la creación de un registro de los vehículos prestadores del servicio, de los permisarios (que solo podrán ser personas físicas) y de las plataformas electrónicas.

Los permisos se otorgarán por cada vehículo y ninguna persona podrá ser titular de más de un permiso afectado al servicio regulado en el decreto.

En vistas de que "los permisarios están haciendo uso de un bien público como son las vías de circulación", deberán abonar a la Intendencia de Montevideo un canon de $ 1,70 por kilómetro recorrido, desde su inicio hasta la finalización del viaje cualquiera sea su destino dentro o fuera de los límites del departamento de Montevideo. La Intendencia de Montevideo podrá fijar además tarifas máximas, si se detecta que el precio es abusivo, "tal como ya sucede desde hace años con el servicio de remises".

La IM determinará las condiciones que tendrán que cumplir tanto la plataforma como los choferes adheridos a ella para acceder al registro. Además se limitará a uno la cantidad máxima de vehículos que un mismo propietario posea en dicho registro, aunque un mismo coche puede ofrecer el servicio de transporte para más de una plataforma o aplicación.

Los motivos

Según la Intendencia, el proyecto tiene como fin dar "garantías" al ciudadano. La primera de ellas es que "el servicio de transporte sea prestado en condiciones de seguridad: vehículos en condiciones, choferes con libreta profesional, póliza de seguro contra todo riesgo". El segundo beneficio de esta nueva normativa "es que seguirá viviendo en un país donde se respetan las reglas y los trabajadores de las aplicaciones realizan los aportes como cualquier otro trabajador, con la garantía de que se efectuará la prestación de un servicio público por parte de un actor privado que pasa a estar regulado".

La nueva normativa a analizar por parte de la Junta establece obligaciones para la plataforma y para los propietarios de los vehículos que operan con ella. Entre las obligaciones de los conductores se enumera: tener licencia de conducir profesional, tener carné de salud vigente, cumplir con las obligaciones fiscales y cumplir con el artículo 11 del decreto, donde se establece que los vehículos habilitados tienen que tener menos de cuatro años de antigüedad (este plazo se extiende un poco más para el caso de los vehículos eléctricos), estar empadronados en Montevideo y tener capacidad para transportar no más de 5 pasajeros, así como deben aceptar únicamente pasajeros despachados por la plataforma. El propietario del vehículo también deberá demostrar a la IM, una vez al año, que está al día con los aportes al BPS.

La autorización de un vehículo que trabaja con una aplicación se da si el vehículo está registrado en las condiciones que establece la nueva normativa. La autorización es diferente a los permisos que se otorgan a los taxis. Los vehículos de las aplicaciones, además, deberán tener un control una vez al año.

En tanto, las obligaciones para las plataformas radican en que deben estar en el registro que establece la normativa y únicamente pueden despachar vehículos que figuren en ese registro.

La intendencia "tiene muy claro que debe preservar los bienes públicos", por lo que resolvió establecer en el decreto la obligación para las plataformas de realizar un aporte económico, ya que el servicio que presta utiliza las calles.