Publicado: 12 de julio de 2019 11:36 (GTM+2)

El presidente Eisenhower denunció en 1960 el complejo militar industrial de EEUU como un gran negocio. El estado de guerra casi permanente del país norteamericano desde su nacimiento y especialmente desde 1945 hizo que manos privadas se beneficiaran de ello.

Como recoge ‘diario-octubre.com’, el país adalid del liberalismo y del capitalismo radical ha sacado beneficio hasta de las cárceles.

The New York Times ha reconocido que el aumento de las detenciones en la frontera mexicana en la era Trump con respecto a la era Obama, donde ya se encarcelaba a niños, o Clinton ha hecho que el beneficio de manos privadas con los presos hispanoamericanos haya crecido. Miles de adultos y niños llevan décadas llenando los bolsillos de diferentes empresarios que ganan mucho dinero en todo el país de los presos.

El encarcelamiento de migrantes hispanos y solicitantes de asilo en pésimas condiciones, incluido niños apartados de sus padres, ha puesto el foco internacional en los “campos de concentración” del país anglosajón que intentan rentabilizar la falta de libertad de seres humanos.

Paul Krugman se pregunta si es crueldad o corrupción y escribe en The New York Times:

“Lo mismo aplica para las atrocidades que Estados Unidos está cometiendo en contra de las personas que migran desde Centroamérica. (…) Los centros de detención cumplen la definición histórica de los campos de concentración. (…) Trump ve la crueldad como una herramienta para sus políticas y como una estrategia política: el trato despiadado a los refugiados puede disuadir a futuros solicitantes de asilo y, en cualquier caso, ayuda a motivar a la base racista. (...) La mayoría de las personas migrantes detenidas se encuentran en instalaciones que manejan corporaciones que tienen estrechos vínculos con el Partido Republicano.

(...) Me refiero a recompensas personales, así como contribuciones de campaña. Hace un par de meses, John Kelly, el exjefe de personal de Trump, se unió al consejo de administración de Caliburn International, que dirige el infame centro de detención Homestead para niños y niñas migrantes. (…) El aumento en las detenciones de migrantes ha sido una importante y nueva fuente de ganancias para la industria de las prisiones privadas. ”

Al finalizar su artículo de opinión en The New York Times, Krugman afirma que estas políticas existen tanto por la crueldad como por la corrupción que impera en la era Trump respecto a las cárceles de niños hispanos:

"Como sugerí al comienzo de esta columna, la crueldad y la corrupción están entremezcladas en las políticas del gobierno de Trump. Cada traición a los principios estadounidenses también parece, de algún modo, producir beneficios financieros para Trump y sus amigos".

Como detalla el digital ‘diario-octubre.com’, EEUU representa tan solo el 5% de la población del mundo pero tiene el 25% de los encarcelados.

Su tasa de población en prisión es de 5 a 10 veces más alta que en el resto de países gastando cada año más de 80.000 millones de dólares en su sistema penitenciario público y privado.

Los defensores a ultranza del capitalismo radical esgrimen que la privatización siempre es más eficiente, aunque en demasiadas ocasiones los servicios y la situación de los usuarios se vea perjudicada por el evidente beneficio privado.

Como informa el diario, más de 30 estados del país usan las cárceles privadas, desde que comenzara el proceso masivo de privatización en la década de los ochenta.

Con el tiempo, la mayoría de los estados federados han transferido la responsabilidad de la detención de presos al sector privado, una de las mayores transferencias de funciones del Estado a la empresa privada.

El coste por preso debe ser bajo, aunque sean niños, y los que son más caros los mandan a las cárceles públicas.

Lo curioso es que en estados como Arizona las prisiones privadas cuestan más que los públicas. Cinco de las ocho cárceles privadas de este estado no aceptan presidiarios con problemas de salud mental, con “capacidad física y resistencia limitada” o con problemas de salud crónicos ya que tienen que trabajar para hacer rentable las prisiones.

Este sistema ha alimentado escándalos de corrupción para explotar a niños en sus cárceles. En 2009, la empresa Mid Atlantic Youth Services Corporation fue condenada por sobornar con 2,8 millones de dólares a dos jueces para que condenaran a 2.000 niños a penas de cárcel por infracciones menores durante periodos de casi diez años.

Ante la falta de presidiarios la rentabilidad había bajado y por ello decidieron sobornar a los magistrados para que llenaran su cárcel de niños.

Los jueces condenaron por ejemplo a una niña de 15 años a un mes de cárcel por ridiculizar en Internet al subdirector de su escuela. Otro caso, un niño de 13 años fue encarcelado por simplemente entrar sin permiso en un edificio que estaba vacío.

Hurtar un DVD en una tienda de Walmart, robar un frasco de nuez moscada de 4 dólares fueron los “delitos” por los que fueron encerrados en la cárcel de la empresa.

El caso fue conocido por los medios de comunicación como “niños por dinero”.

No queda ahí la cosa ya que en EEUU se están encarcelando a niños hispanos en masa que aumentan los beneficios de empresas privadas mientras que cierran cárceles públicas para que no les hagan la competencia.

Un siniestro sistema corrupto que surge de la privatización generalizada de servicios que debe cumplir el Estado.