CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- ¿No habían prometido la separación entre el poder político y el poder económico? ¿No iban a desmantelar la mafia en el poder? ¿No iban a ir tras quienes han expoliado a México con la complicidad y la anuencia del gobierno? Esas eran las promesas de AMLO que muchos creyeron. Esas eran las posturas de la Cuarta Transformación por las que muchas votaron. Y por ello el desconcierto de tantos ante la decisión de empoderar, arropar y darle más negocios a Ricardo Salinas Pliego. Sí, el que se apropió ilegalmente del Cerro del Chiquihuite y el Canal 40. Sí, el demandado en Estados Unidos por las autoridades financieras ante el incumplimiento de sus obligaciones con accionistas minoritarios. Sí, el que recibió un préstamo de Raúl Salinas de Gortari para comprar Televisión Azteca. El miembro más emblemático del capitalismo de cuates que AMLO se comprometió a combatir.

Pero en lugar de ser investigado será encumbrado. En vez de ser acotado, será apuntalado. Es miembro del Consejo Asesor empresarial del nuevo gobierno que usará para abrirse nuevas oportunidades de negocios. Estará acompañado ahí por otros –como Olegario Vázquez Raña y Carlos Hank Rhon– conocidos por sus prácticas rentistas y oligopólicas. Ahora, por “invitación directa y sin contrato de por medio”, AMLO ha decidido que Banco Azteca sea el encargado de repartir las Tarjetas del Bienestar. Así nada más. Sin licitación transparente. Sin concurso público. Sin aval normativo, ya que esa asignación discrecional no es un mecanismo legal, por más que la Secretaría de Hacienda argumente que “no hay licitación porque los contratos de servicios financieros no están sujetos a la ley de adquisiciones”. La SHCP abusa al interpretar la legislación de esa manera. En efecto, para el pago de la nómina de los servidores públicos no se licita para elegir un banco; los usuarios deciden en qué banco se deposita su sueldo. Tienen la opción de elegir, como deberían tenerla en este caso. La decisión de darle el contrato a Banco Azteca es un decisión política y discrecional, y de esa manera debería interpretarse.

Y por eso es tan criticable. Corre en contra de las mejores prácticas que este gobierno debería promover; corre a favor de la concentración económica y la cuatitud que este gobierno debería confrontar. En el índice anual de capitalismo de cuates que publica The Economist, México ocupa el séptimo lugar, detrás de Rusia, Malasia, Singapur, Hong Kong y Filipinas. Estamos hasta arriba en la lista de sistemas económicos donde los dueños del capital se apropian de una parte importante de la riqueza; donde una porción significativa de ella es creada vía la extracción, no la innovación. A México lo mantiene maniatado un capitalismo subóptimo que no se basa en la competencia o la productividad sino en el favoritismo y la concentración.

Como lo ha explicado una de las mentes más brillantes detrás de la 4T –Gerardo Esquivel– al 1% más rico le corresponde el 21% de los ingresos y el 10% más rico concentra el 64.4% de toda la riqueza del país. La riqueza de los millonarios mexicanos aumentó en 32% entre 2007 y 2012, y excede por mucho las fortunas de otros en el resto del mundo. Mientras el PIB per cápita crece a menos del 1% anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplica por cinco. En 2002 su riqueza representaba el 2% del PIB; en 2014 ese porcentaje subió a 9%. Y en los cuatro primeros lugares están hombres que han hecho sus fortunas a partir de sectores privados, concesionados y/o regulados por el sector público. Hombres como Ricardo Salinas Pliego, haciéndose rico a expensas de los consumidores, a expensas de los que compran una licuadora –por la que pagarán el resto de su vida– en Elektra, a expensas de los que cargan con comisiones usureras en Banco Azteca. Él y otros miembros del Consejo Asesor Empresarial, beneficiarios de un tipo de capitalismo disfuncional que premia a los cuates mientras exprime a la población.

Habrá quienes justifiquen esta nueva variante de la mafia en el poder, argumentando que Banco Azteca tiene la mayor presencia en el país y eso explica que se le otorgue el premio mayor. O que la relación personal entre el presidente y el empresario extractor no explica la decisión de darle más negocios. O que así se evitará el clientelismo producido por intermediarios, ya que el dinero llegará de manera directa. Pero si esgrimen estos argumentos olvidarán que Banco Azteca ocupa el noveno lugar en la lista de los 10 mejores bancos de México y el peor lugar en cuanto a la evaluación de sus Afores. Olvidarán que recibe el mayor número de quejas no atendidas por parte de usuarios reclamando malas prácticas de cobranza. Olvidarán que otros bancos tienen un número comparable de sucursales a lo largo del país. Ignorarán la trayectoria cuestionable de un empresario al cual presidentes “neoliberales” no quisieron ponerle un alto. Y por lo visto, el de AMLO tampoco.

En México, el nombre de Salinas Pliego es sinónimo de la rapacidad empresarial combinada con la ambigüedad ética: pocos dicen que es un criminal pero mucho afirman que es un abusivo. Y él será el congraciado de la Cuarta Transformación, evidenciando sus contradicciones. La concentración de la riqueza y el poder económico en un manojo de “jugadores dominantes” ha tenido efectos perversos para México: ventajas injustas, captura regulatoria, expoliación a consumidores, protección frente a la competencia y políticas públicas que favorecen intereses particulares. En campaña, AMLO aseguró que su gobierno atajaría los intereses atrincherados, pero parece que los favorecerá otra vez. Y a López Obrador no se le eligió para proteger intereses creados, blindar a grupos empresariales, darles nuevos negocios a los privilegiados del país de ganadores donde siempre ganan los mismos. Se votó por él para desarticular a la mafia en el poder, no para hacerla suya.

Este análisis se publicó el 20 de enero de 2019 en la edición 2203 de la revista Proceso.