El Programa de Inclusión Social Prospera dejará de tener los componentes de salud, alimentación e inclusión productiva. Solo se quedará con el de educación, con apoyos para estudiantes de nivel básico pero sin tener un esquema de corresponsabilidad de los beneficiarios, de acuerdo con las reglas de operación del programa, publicadas el 28 de febrero.

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Hasta 2018, cuando estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social -ahora del Bienestar-, Prospera incluía apoyos monetarios directos a las familias beneficiarias, con el objetivo de mejorar la cantidad, calidad y diversidad de sus alimentos.

En el rubro de salud, incluía acciones de promoción para la prevención de enfermedades, y el impulso para el acceso a servicios médicos. En cuanto a inclusión, pretendía otorgar asesorías y promover el acceso de las familias a acciones de fomento productivo.

Con las nuevas reglas de operación, Prospera será un programa de becas, sin más condicionante para recibir los apoyos que la inscripción en la escuela. Y con perspectiva de quedarse sólo con el nivel educativo básico.

El programa, coincidieron investigadores y analistas consultados, tenía fallas, sobre todo en el aspecto de inclusión productiva, agregado en el sexenio de Peña Nieto con Rosario Robles como titular de Sedesol.

Pero desmantelarlo, apuntaron, dejará al Estado sin la posibilidad de incidir de forma integral en las familias beneficiarias, con una oferta que atienda diversos rubros.

El propósito de Prospera, recordaron, era articular diferentes apoyos para que un mismo hogar tuviera de forma sistemática un respaldo en los cuatro rubros ya mencionados, y así evitar la dispersión.

“Eso es lo que se pierde ahora que se vuelve un programa de becas, y aunque seguramente habrá políticas en salud, en alimentación, ya no va a existir la certeza de que un mismo hogar estará recibiendo todos los apoyos necesarios”, comentó Guillermo Cejudo, profesor investigador de Políticas Públicas y Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

“Hay muchas críticas a Prospera, y muchas legítimas, pero también hay evaluaciones donde se documentó que el programa lograba transformar las decisiones de gasto y los comportamientos de los beneficiarios”, agregó.

Esquema de corresponsabilidad

El programa Prospera, previo al cambio en sus reglas de operación, tenía un esquema de apoyos condicionados, o con corresponsabilidad de los beneficiarios, que tenían que cumplir con una serie de reglas para acceder a los beneficios.

En el caso del apoyo alimentario, las familias que estaban en el esquema de corresponsabilidad tenían condicionado el subsidio al cumplimiento de ciertas acciones relacionadas a la salud, como la asistencia a citas médicas programadas o a la capacitación para el auto cuidado.

Prospera, afirmó Cejudo, tenía reglas para tratar de incidir en comportamientos específicos.

“Se había detectado, por ejemplo, que un hogar rural prefería mandar a un niño que a una niña a la escuela, entonces se definieron reglas para que la beca que un hogar recibía, si mandaba a la niña a la secundaria, fuera mayor que si enviaban al niño”.

En las reglas de operación de Prospera para 2018 se estipulaba que el monto de apoyos monetarios para becas educativas de nivel secundaria era de 540 pesos para primer año, si el beneficiario era mujer, y de 515 si era hombre; para tercer año el subsidio llegaba a 660 para las niñas y a 570 para los varones.

El análisis de resultados del programa 2017-2018 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) refiere que en 2017, 81% de las becarias y becarios Prospera concluyeron su educación básica de forma oportuna, lo que representa un avance de 112.47% con respecto a la meta planeada.

Asimismo, el porcentaje de becarios que terminaban la secundaria y se inscribían a la educación media superior reportó un avance del 98% con respecto a la meta planeada.

El programa tenía carencias, apunta Alejandra Macías, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), pero tuvo resultados, por ejemplo, en que los niños fueran a la escuela o a una clínica de salud.

“Es discutible si con eso basta, porque después resulta que la calidad de la educación o de la salud no mejoró, pero iban”, mencionó Macías.

Si Prospera no podía seguir operando igual, agregó la investigadora, “ tampoco había que desmantelarlo, que es lo que estamos viendo con varios programas, lo de antes no sirve 100% y vamos a hacer otra cosa.

En los 22 años que operó (Prospera), dio importantes resultados, incluso lo replicaron en otros países, como en Brasil”.

Lo que le dejaron

Desde el jueves 28 de febrero, Prospera quedó como un programa de becas, sin más condicionante que la inscripción de los niños en la escuela, para recibir el beneficio, y con la perspectiva de quedarse sólo con los apoyos del nivel básico, ya en los niveles superiores operarán otros esquemas.

En los transitorios de las reglas de operación del programa se señala que, a partir del ejercicio fiscal 2019, los becarios en Educación Media Superior que estaban registrados en Prospera transitarán al programa de Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez.

Los becarios del nivel de Educación Superior, en tanto, serán transferidos de manera directa al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en su modalidad educativa denominada Jóvenes Escribiendo el Futuro, o al Programa Nacional de Becas.

El monto de la beca para familias con una o más becarias o becarios en educación básica, educación inicial o integrantes registrados en el Padrón de Beneficiarios, con una edad reportada por la familia de entre 0 y 15 años al 31 de diciembre de 2019, será de 800 pesos mensuales por familia.

Para las familias con jóvenes en el nivel de Educación Media Superior se entregará, de manera temporal en tanto se transfieren al programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, un apoyo de 800 pesos mensuales.

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La población objetivo es la de los hogares con un ingreso per cápita estimado menor a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), cuyas condiciones socioeconómicas y de salario impiden desarrollar las capacidades de sus integrantes en materia de educación.