El Gobierno ya tiene listo su Programa de Estabilidad para los próximos cuatro años, que enviará el próximo lunes a la Comisión Europea. En el informe, el Ejecutivo desarrolla su plan fiscal hasta 2021 que gira en torno a dos líneas básicas: la contención del gasto y el ajuste presupuestario gracias a los ingresos cíclicos. En concreto, el Ministerio de Hacienda pretende conseguir el primer superávit público en 14 años en 2021. Para conseguirlo, ha decidido reducir paulatinamente la presión fiscal que soportan los contribuyentes y cargar todo el ajuste sobre el gasto público.

Si consigue cumplir sus planes, en el año 2021 habrá logrado reducir el peso del sector público sobre el PIB hasta el 38,5%, el dato más bajo desde el año 2006. Entre las partidas que sufrirán un mayor ajuste están las de sanidad y educación, que irán reduciendo su peso en el PIB hasta caer a niveles de 2003. De esta forma, el Ejecutivo culminará sus planes para reducir el tamaño del Estado y permitir que el dinero se quede en los bolsillos de los contribuyentes.

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El peso conjunto de las partidas destinadas a educación y sanidad caerá en el año 2021 hasta el 9,4% del PIB, lo que supone un ajuste de 7 décimas en cuatro años. Este será el menor gasto desde el año 2003. Esto no significa que las dos partidas vayan a reducirse en términos absolutos, pero como su gasto estará muy contenido, el peso sobre el PIB se irá reduciendo año a año. En otras palabras, el esfuerzo que realizará España cada año a financiar la educación y la sanidad será menor.

Además, si se tiene en cuenta que la inflación se comerá una parte de los nuevos recursos, el resultado es que España estará condenada a perpetuar los recortes de los últimos años en sanidad y educación, partidas que no disfrutarán de los beneficios de la recuperación.

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El gasto sanitario, que en 2017 cayó hasta el 6% del PIB, se seguirá reduciendo hasta situarse en el 5,6% en 2021. De esta forma, el esfuerzo público del país en salud será el más bajo desde el año 2006 y estará muy lejos del 6,8% que llegó a alcanzar en 2009. Un escenario que contrasta con el envejecimiento de la población española, que demandará cada vez más bienes y servicios sanitarios.

Por su parte, el gasto en educación se reducirá desde el 3,9% de 2017 hasta el 3,7%. Un recorte que supone una gran anomalía para España, ya que desde el año 2001 siempre había destinado más de un 4% del PIB a financiar la educación pública y concertada. Sin embargo, los planes del Gobierno son diferentes y pasan por reducir el esfuerzo destinado a financiar la educación durante los próximos años. El resultado es que el peso de la educación será el más bajo desde el año 2000.

Más defensa y menos educación

En estos cuatro años de Programa de Estabilidad, el gasto público se incrementará un 11,2%, hasta superar los 530.000 millones de euros. Si se tiene en cuenta que la inflación en este periodo estará próxima al 6,7% (según las previsiones del deflactor del consumo privado del Gobierno), el resultado es que el gasto real se incrementará poco menos de un 4,6% hasta 2021.

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La partida que más va a crecer es la destinada a defensa, que se incrementará un 6,7% en términos reales. De esta forma, conseguirá mantener su peso en el 0,9% del PIB, nivel muy similar al que tenía antes del estallido de la crisis.

Por el contrario, el presupuesto destinado a la educación apenas se incrementará un 4,2% en estos cuatro años, esto es, crecerá incluso menos que el gasto total de las Administraciones Públicas. Entre los años 2000 y 2009 España siempre destinó más del 10% de su presupuesto a financiar la educación. Sin embargo, los recortes realizados al inicio de la crisis rebajaron su peso hasta el entorno del 9,6% actual. El Gobierno pretende perpetuar estos recortes para liberar recursos públicos que vayan a otras partidas, como es la de defensa, que pasará a tener un peso del 2,2% del gasto total.

El Gobierno también pretende recortar paulatinamente el peso de las prestaciones sociales sobre el PIB durante los próximos años. El objetivo es que crezcan más lentamente que el PIB, y eso a pesar de que el envejecimiento de la población genera una gran presión sobre el gasto en pensiones. El Ministerio de Hacienda confía en que el gasto en todas las prestaciones se reduzca en siete puntos del PIB durante los próximos cuatro años, hasta situarse en el 15,9%. De esta forma, se tendrán las prestaciones sociales más bajas desde el año 2008.