La Seguridad Social se dispone a reclamar la devolución de casi 80 millones de euros a más de 54.000 pensionistas por pagos indebidos de complementos a mínimos. En colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y las Haciendas Forales, los técnicos están ultimando la campaña anual de control del fraude en el cobro de prestaciones, a cuyas conclusiones preliminares ha tenido acceso La Información, y que apuntan a una deuda media de hasta 1.500 euros por pensionista entre aquellos que perciben pensiones más bajas.

De acuerdo con los datos provisionales, susceptibles de variación en función del resultado del estudio por parte de las direcciones provinciales de las circunstancias concurrentes en cada caso y de las alegaciones presentadas por los interesados, en los próximos días la Seguridad Social enviará cartas a 54.564 domicilios de pensionistas que cobraron hasta 78,84 millones de euros que no les correspondían en 2016, el último año del que se tienen los datos fiscales confirmados.

Este es el último ejercicio sobre el que se ha realizado el cruce de datos con la Agencia Tributaria de las rentas de hasta 2.367.051 pensionistas a los que el Estado complementó su pensión al no alcanzar el umbral mínimo fijado en los Presupuestos Generales del Estado y que se situó en 7.116,18 euros anuales en 2016 (7.347,99 euros en 2018).

Se trata, por tanto, de los pensionistas que cobran las prestaciones más bajas y suponen prácticamente un cuarto del total de beneficiarios. No en vano, los mencionados complementos tienen por objetivo garantizar un nivel mínimo de subsistencia a todos los perceptores. La condición sine qua non es que el beneficiario no perciba rentas de capital o trabajo personal, y, si las percibe, que no excedan de la cuantía que se establece anualmente en la Ley de Presupuestos.

Hay que aclarar que este tipo de campañas, que se realizan para detectar posibles fraudes en el cobro de pensiones, deben realizarse con carácter anual. Sin embargo, faltan datos de algunos gobiernos que decidieron no hacerlos públicos en varios ejercicios, decisión que adoptó en su día José Luis Rodríguez Zapatero y también después, Mariano Rajoy. De hecho, la opacidad ha reinado desde el informe que en 2012 destapó el cobro indebido de 117,2 millones de euros que tuvieron que reembolsar 65.287 pensionistas.

Ahora, más de 54.000 pensionistas deberán devolver los importes cobrados de más en 2016. El reintegro de las deudas por complemento a mínimos se materializa, preferentemente, a través de descuentos a aplicar sobre la nómina mensual de la pensión, salvo que el deudor opte por abonar la deuda en un solo pago, según explican fuentes del Ministerio capitaneado por Magdalena Valerio.

Posibilidad de reclamar por la vía judicial

Los pensionistas están obligados a devolver los cobros que ahora han sido declarados indebidos, una vez se han contrastado los datos de la renta de 2016. Precisamente, ese mismo año el Tribunal de Cuentas advertía en un duro informe de "retrasos" en la reclamación de cobros indebidos de prestaciones, lo que provocaba la prescripción de algunas deudas. No obstante, los contribuyentes están en su derecho de interponer reclamaciones a las resoluciones de la Seguridad Social por vía judicial, según explican fuentes del Ministerio de Trabajo.

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De acuerdo con los datos que ha podido consultar La Información, entre los más de 2,3 millones contribuyentes de los que se ha recabado información, inicialmente superaron el límite de ingresos previstos para tener derecho a la percepción del complemento a mínimos un total de 89.751 pensionistas, con carácter previo a la depuración de datos. Tras la criba, el colectivo objeto de revisión se eleva finalmente a esos 54.564.

De estos, se ha suprimido el complemento a mínimos en 25.449 casos (el 46,64% del total) y se ha modificado en otros 18.144 (33,25%). Solo se han confirmado 99 casos y se están revisando en estos momentos 6.773, frente a 4.139 en los que no procede revisión.

¿Fraude en el cobro... o en el pago?

Con todo, el importe inicialmente reclamado asciende a 78,84 millones de euros que los pensionistas deberán devolver a la Seguridad Social, porque en su día –insistimos, en el año 2016– no debían haberlos ingresado. Pero, ¿se puede hablar de fraude en el cobro... o en el pago?

Fuentes conocedoras del informe que están finiquitando los técnicos descartan un error de cálculo por parte de la Administración, así como un fraude del solicitante. Según explican, en el momento de solicitud de la pensión, al no existir datos fiscales del ejercicio en curso, se reconocen los mínimos "con la mera declaración del beneficiario". "Posteriormente se hacen las comprobaciones oportunas demandadas por la ley, ya que a veces los ingresos computados por el solicitante no coinciden con los que obran en poder de la Agencia Tributaria y debe hacerse una corrección del complemento a mínimos, una supresión o bien una confirmación", detallan desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Además, hay que recordar que los complementos a mínimos no tienen carácter consolidable y se revisan anualmente. Es decir, se mantiene el complemento solo mientras se cumplan los requisitos que dan derecho a él. Si el pensionista recibe otras rentas o su pensión sube (por ejemplo, por revalorizaciones o porque se le han reconocido nuevas prestaciones que se suman), el complemento a mínimos es "absorbido" por esas cuantías hasta llegar a eliminarse si la pensión escala por encima del mínimo. En esta esta situación están muchos de los que vieron aumentar su pensión de manera considerable este año, tras las fuertes subidas que entraron en vigor con los Presupuestos Generales del Estado de 2018.