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La regulación del mercado del cannabis recibe críticas en varios frentes. Esta semana un grupo de técnicos se reunirá con las autoridades para intentar modificar algunos aspectos de la regulación vigente. Paralelamente, las empresas productoras de marihuana intentarán antes de fin de año recuperar sus cuentas bancarias para poder operar como cualquier otro emprendimiento en el país, y de esa forma —entre otras cosas— no tener que esquivar al Estado para pagar los salarios de los trabajadores o adquirir equipamiento.

La reciente aprobación de una ley que permite el consumo y cultivo de marihuana en Canadá abre una ventana de oportunidades para las 16 empresas extranjeras instaladas en Uruguay que esperan poder comenzar a utilizar sus propias cuentas bancarias y no tener que hacer "malabares", como señalan desde la industria para utilizar su dinero. En agosto del año pasado, bancos privados cerraron las cuentas de las empresas productoras de cannabis, de los clubes cannábicos y de las farmacias autorizadas para vender marihuana porque consideraban que el dinero que utilizan proviene de una actividad que es restringida e ilegal en la mayoría de los países.

Un empresario de una de las firmas que ya está instalada en Uruguay y que prefirió no ser identificado, señaló a El País que tras la legalización de Canadá "se permitirá realizar operaciones cannábicas en aquellos países que tienen una legislación similar". Otra de las posibilidades que analizan los empresarios es incorporar un mecanismo de cooperativas de ahorro locales.

Según supo El País, las empresas productoras de cannabis, deben utilizar cuentas de personas que trabajan en la propia compañía y hacer "transferencias pequeñas para no ser detectados". El gerente general de la firma, señaló que "tiene que tener sentido la bancarización si lo que se busca es la prevención del lavado de activos". Añadió que "las empresas que estamos trabajando aquí no somos ni lavadoras de dinero ni mucho menos. Estamos dentro de la ley pero fuera del sistema", apuntó.

Por su parte, el presidente de la recientemente creada Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal, Marcos Algorta señaló a El País que la situación financiera de los emprendimientos es una de las prioridades a trabajar. "Se trata de ver las soluciones viables, solo que ahora con la legalización de Canadá a nivel federal se están abriendo oportunidades con la plaza financiera y queremos que se aproveche", dijo Algorta a El País. En la Cámara son partidarios de que a largo plazo, todas las empresas operen con los bancos canadienses que están en Uruguay: "Hay bancos canadienses en plaza, es tratar de ir por ahí", apuntó.

Según informó El País en agosto del año pasado, a principios de 2012 la mesa de diálogo que asesoraba a la Junta Nacional de Drogas para la redacción de la ley, advirtió varios escenarios que podían complicar el normal desarrollo de la política de regulación de la venta de marihuana, entre ellos, la posibilidad de que se cierren las cuentas bancarias.

Modificación.

Según supo El País en base a fuentes técnicas vinculadas a la producción de cannabis, esta semana un grupo de especialistas mantendrán una reunión en el Parlamento para comenzar a evaluar la posibilidad de instrumentar algún tipo de cambio para "analizar cambios regulatorios" de la ley y estudiar nuevas condiciones para el cannabis medicinal. En 2014, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 19.172, referida a regular la producción, distribución y venta del cannabis. El Estado asumió el control de su importación, producción y venta a través del Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA). Luego, hubo tres decretos. En el primero, el Poder Ejecutivo reguló el cannabis psicoactivo de uso no médico para la dispensación en farmacias, uso personal y clubes de membresía. En el segundo, implementó el registro de operadores y proyectos de cannabis y los requisitos administrativos y documentales para obtener la licencia correspondiente. En el tercero, el Ejecutivo reglamentó los usos del cannabis medicinal.

Pero los empresarios no son los únicos afectados por la instrumentación de la normativa vigente. Los autocultivadores reclaman mayor participación en el proceso de producción del cannabis, aceites o cremas, pero también piden al gobierno atender el problema de la inseguridad que se genera en las inmediaciones a las plantaciones. A su vez, pacientes y padres de niños que requieren de medicinas en base a la marihuana buscan que se aprueben fármacos alternativos a los que hay disponibles en el mercado para abaratar los costos y no tener que recurrir al informalismo. Los temas fueron planteados por los diferentes grupos en un taller denominado "Accesibilidad al público y control de productos fisioterapéuticos" que organizó la coordinadora de la bancada de diputados del Frente Amplio en el marco de un seminario llamado "A cinco años de la aprobación de la ley de regulación y control del mercado de la marihuana". Marihuana, Empresas, cuentas bancarias

"Esta es una ley tramposa"

Según informó a El País una fuente vinculada a las empresas, otro de los problemas que tienen las firmas para operar en el país es el ingreso de semillas y productos extranjeros. Señaló que "semillas y otros insumos pasan por Aduanas pero con otras características". La situación que fue calificada como ilegal, responde a la nueva ley que es "tramposa", apuntó.