Cuando hablamos sobre la ola de violencia que ha dejado casi 50.000 muertos en México en los últimos cinco años, casi siempre nos concentramos en el cartel de Sinaloa o el cartel de Juárez. Pero me pregunto si no es hora de incluir al cartel de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Está claro que la NRA —el grupo de cabilderos protenencia de armas más poderoso de Washington, con alrededor de 4,3 millones de miembros— no se dedica al tráfico de drogas. Pero a juzgar por lo que dijo a principios de esta semana el presidente mexicano, Felipe Calderón, durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente Barack Obama en Washington, y por lo que dicen los grupos estadounidenses que abogan por el control de armas, la NRA y otras organizaciones que defienden el uso de armas de asalto de tipo militar tienen una enorme responsabilidad por la violencia que está teniendo lugar en México.

La NRA y otros grupos cabilderos proarmas bloquean constantemente los esfuerzos tendentes a restringir la venta masiva de armas de asalto, afirman los críticos. En particular, Calderón citó la decisión estadounidense del año 2004, apoyada por el lobby armamentista, de levantar la prohibición a los fusiles de asalto.

“Se ha demostrado que cuando hay una disponibilidad excesiva y rápida de armas en cualquier sociedad, también se produce un aumento de la violencia”, señaló Calderón en la conferencia de prensa conjunta que ambos presidentes ofrecieron después de su reunión en la Casa Blanca. “La expiración de la prohibición de armas de asalto en 2004 coincide casi exactamente con el principio de la etapa más dura de homicidios y violencia que haya visto México en mucho tiempo”.

“Durante mi Gobierno, hemos confiscado 140.000 armas en cuatro años. Y creo que la inmensa mayoría eran armas de asalto, AK-47 y otras. Y muchas, la enorme mayoría de esas armas, se vendieron en armerías de Estados Unidos”, afirmó Calderón, agregando que están abiertas unas 8.000 tiendas de venta de armas en la frontera de México con Estados Unidos.

Este y otros grupos cabilderos bloquean los esfuerzos de restricción de la venta masiva de armas de asalto

Calderón no mencionó a la NRA por su nombre durante la conferencia de prensa, pero los principales activistas mexicanos señalan que se trata de uno de los principales obstáculos para reducir la ola de homicidios en su país.

“La NRA es cómplice de los carteles del narcotráfico”, dice Sergio Aguayo, presidente del grupo mexicano de derechos civiles Alianza Cívica, que está planeando, en conjunto con otros grupos mexicanos y estadounidenses, una caravana de seis semanas que se extenderá desde San Diego hasta Washington para protestar contra el contrabando de armas.

Jon Lowy, un funcionario del Brady Center de Washington, un grupo que aboga por el control de armas, me comentó que “la vergonzosa debilidad de las leyes de control de armas de Estados Unidos ha contribuido grandemente a crear el flujo de armas que reciben los carteles del narcotráfico mexicanos”. Agregó que la decisión del Congreso estadounidense de no renovar la prohibición de armas de asalto y el hecho de que el Congreso no exija una investigación previa a quienes compran armas en ferias de armamentos está empeorando la situación en México.

“No hay motivos para que se autoricen las ventas de armas masivas, mediante las cuales un traficante de algún cartel puede ir a una tienda de armas y comprar 10 o 20 o 100 armas de combate de una sola vez” en Estados Unidos, dijo Lowy.

La NRA rechaza la afirmación de que casi todas las armas de los carteles mexicanos son contrabandeadas desde Estados Unidos. Según la NRA, casi todas ellas son armas legalmente exportadas que luego son vendidas a los carteles por policías y soldados mexicanos corruptos.

“Durante los últimos siete años alrededor de 100.000 soldados mexicanos se han unido a los carteles. Habría que ser realmente muy ingenuo paran pensar que cuando esos desertores abandonan su base militar, lo hacen con las manos vacías, sin saquear la armería”, me dijo Andrew Arulanandam, portavoz de la NRA.

“Lo que tendría que ocurrir es que el Gobierno mexicano reprima la corrupción generalizada que reina flagrantemente dentro de sus propias filas, su policía y sus círculos militares y judiciales”, afirmó.

Mi opinión: la NRA y los fabricantes de armas estadounidenses tienen derecho a defender la provisión de la Segunda Enmienda constitucional de EEUU, que permite a los estadounidenses conservar y portar armas. Pero la Segunda Enmienda, que yo sepa, no dice nada de que los estadounidenses tienen derecho a comprar o vender bazukas, o AK-47, o cualquier otra arma de asalto, ni a comprar docenas de ellas y vendérselas a quien se les antoje.

Es hora de acabar con este disparate que está causando tantas muertes en México y también en Estados Unidos.