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Marcelo Nasif diputado provincial del Frente Primero Jujuy reconoció una práctica de cuestionable moralidad luego de la difusión de un audio comprometedor: el legislador solicitaba parte del sueldo a sus empleados para financiar el partido o apoyar a los compañeros menos favorecidos. Luis Alfredo Gaspar denunció este accionar ante la justicia penal aunque recientemente el Ministerio Público de la Acusación decidió archivar la causa entendiendo que no se cuadra en ninguna figura delictiva, a pesar de que las pruebas ilustraban una situación que rozaba la extorsión. El caso generó indignación tanto en la opinión pública como en la Casa de Piedra donde el bloque Primero Jujuy decidió apartarlo temporalmente.

En 2018 a pocos meses de la asunción del ministro de Turismo Federico Posadas, miembros de la oposición política ya habían efectuado una serie de denuncias en su contra. Entre las que cobraron mayor revuelo mediático se encuentra “el domicilio apócrifo” y “el fraude de los mails”. En el primer caso, el funcionario de origen salteño aparentemente no podía acreditar los dos años de residencia que exige la Constitución provincial; numerosas veces desde la oposición señalaron que el domicilio declarado por Posadas correspondía a un terreno baldío. Sobre los mails pesaron acusaciones mucho más severas. A raíz de una investigación periodística, se supo que a través de emails enviados desde la cuenta oficial de la cartera de turismo se orquestaba una licitación ficticia. El objetivo aparente, orientar el procedimiento a fin de adjudicarle a una empresa contratos publicitarios millonarios.

A mediados de año fue el ministro de Desarrollo Económico y Producción quien estuvo en boca de todos luego de que el Jefe de Gabinete Marcos Peña revelara la nómina de directivos de la petrolera estatal YPF. Para sorpresa de muchos Juan Carlos Abud Robles allí se encontraba. Continúa siendo incierto si por estos días el funcionario jujeño aún se desempeña en tal rol, pero en su momento la posibilidad de una “incompatibilidad de cargos” generó un escándalo de gran magnitud, más aún luego de que se hizo público el cobro de 1 millón de pesos, según Robles en concepto de honorarios profesionales. Aunque el ministro retrucó en conferencia de prensa “ignorancia, mentiras y mala fuente” la denuncia penal fue efectuada por la diputada justicialista Alejandra Cejas basada en el art. 64 que señala “que no pueden estar vinculados a empresas que tienen negocios con la provincia de Jujuy, en este caso con YPF”.

Previa salida de Ada Galfré al mando de la cartera de Desarrollo Humano hasta fines de 2018 asediada por las críticas, el Tribunal de Cuentas informaba la detección de irregularidades sobre el ejercicio correspondiente al año 2016. Nada más y nada menos que 300 millones de pesos cuestionados. Entre las advertencias realizadas, los vocales del organismo de control puntualizaron en el pago de 5 mil pesos por un set de mate cebado hasta la contratación de un spot publicitario por 50 mil pesos.

El Banco de Desarrollo remozada institución durante la gestión Morales, señalada en el pasado por irregularidades por quien hoy sostienen el poder, acumuló críticas por conflictos laborales y retrasos en el pago de salarios. Aunque también fue señalada por el diputado Pedro Belizán por supuestos negocios inmobiliarios "bajo poncho" administrando hipotecas, de quienes poseen viviendas del IVUJ, lejos de su objetivo fundacional de fomentar el desarrollo productivo.

Los aliados del oficialismo jujeño en el interior estuvieron salpicados numerosas veces por denuncias de corrupción.

Entre los más destacados figura Félix “el diaguita” Pérez intendente de Tilcara durante 20 años observado por el Tribunal de Cuentas por el faltante de 54 millones de pesos al terminar su gestión en 2015. La defraudación de esa millonaria suma fue tan evidente que la Fiscalía de Estado tuvo que intervenir embargando sus bienes, sin embargo el frondoso prontuario no disminuyó el apoyo de Gerardo Morales para su candidatura en 2019 dónde perdió nuevamente ante Ricardo Romero.

Leonel Herrera destituido de su cargo como intendente de Humahuaca acusado de manejos irregulares con los fondos del Hotel de Turismo a mediados de año, se presentó con el aval del Frente Cambia Jujuy días después a los comicios donde sería derrotado por Karina Paniagua.

En Perico Rolando Ficoseco se mueve a gusto por el municipio a pesar de la biblioteca de denuncias y observaciones hechas por los organismos de control. Pesan en su contra cargos definitivos por rendiciones de cuentas impresentables o falta de ellas, por casi 400 millones de pesos. Lejos de ser juzgado/castigado el gobierno de Morales lo ha premiado al designarlo presidente del Ente de Zona Franca mayorista.

Los últimos dos apartados expuestos encuentran coincidencias con el caso Miguel Ángel Tito. El actual intendente de La Quiaca también presidente de la Zona Franca minorista, dejará su cargo envuelto en polémicas tras ser vencido por Blas Gallardo el 9 de junio. El próximo 5 de diciembre será sometido a juicio político por la falsificación de documentos públicos, previamente por decisión del Concejo Deliberante estuvo suspendido de su cargo tan solo 5 días, antes de que el Superior Tribunal de Justicia lo restituyera en tiempo récord en una maniobra de dudosa independencia de poderes.

El Instituto Municipal de Desarrollo que funciona en el Centro Cívico palpaleño también apareció en la órbita del Tribunal de Cuentas por el faltante de $136 mil correspondientes al ejercicio 2016. El intendente Pablo Palomares prefirió mantener perfil bajo ante el escándalo y designar un interventor, pues había salido a la luz la reproducción de entradas apócrifas al cine municipal también gestionado por este organismo que debería dedicarse a incentivar a los emprendedores con créditos y capacitaciones. "Aparentemente" el jefe comunal también ignoraba que bajo su gestión trabajaron funcionarios truchos, como Luciano Tejeda quien obró como Director de Obras Públicas firmando y sellando como arquitecto, siendo denunciado por el propio colegio que nuclea la profesión.

En cada uno de los casos mencionados, el trabajo del organismo dirigido por Joaquín Millón Quintana, es una incógnita.

La oficina anticorrupción, paradójicamente, se transformó en un área que se caracteriza por su falta de transparencia, ya que es sumamente complejo acceder a la documentación de las causas que tramita y su titular es una persona inaccesible, reticente ante la consulta del periodismo.