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Expertos en derechos humanos de la ONU han condenado las prácticas comerciales “atroces” de las grandes multinacionales de capital privado y de inversión –los conocidos como “fondos buitre”−, que están adquiriendo viviendas a bajo precio en todo el mundo, tras obligar a los inquilinos a abandonar sus propiedades, para hacer negocio con la especulación. Esta práctica, que atenta sin duda contra los derechos humanos, ya es habitual en España, donde los fondos de inversión aumentan sus beneficios cada año.

El Relator Especial y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas han alertado de que estas prácticas se están produciendo sobre todo en España, la República Checa, Dinamarca, Irlanda, Suecia y Estados Unidos. “Recordamos a los Estados sus obligaciones con los derechos humanos a la hora de regular la inversión en bienes inmuebles residenciales para que respalden el derecho a una vivienda digna y de ninguna manera lo socaven. Esto no se puede dejar al sector privado para que lo realice de manera voluntaria”, advierten los analistas de la ONU.

Leilani Farha, relatora especial de Naciones Unidas para la defensa del derecho a una vivienda digna, y Surya Deva, presidenta del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, han escrito a uno de los mayores inversores del mundo en la compra de viviendas, Blackstone Group LP, expresando su “preocupación” ante el hecho de que las actividades de esta compañía multinacional sean “inconsistentes con el derecho internacional y con los derechos humanos, en concreto con el derecho a la vivienda”.

Casi de la noche a la mañana, las firmas multinacionales de capital privado y de administración de activos como Blackstone se han convertido en los mayores propietarios del mundo adquiriendo miles y miles de pisos y casas en América del Norte, Europa, Asia y América Latina, aseguran los expertos. “Han cambiado el panorama global de la vivienda. Al invertir cantidades de capital sin precedentes en viviendas, han convertido a estas en instrumentos financieros e inversiones”, agregan.

Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Blackstone-España lleva invertidos en nuestro país, desde el inicio de la crisis, más de 20.000 millones de euros (5.420 millones sólo durante 2018, el año del crack inmobiliario). Blackstone ha comprado hoteles (hasta 20.000 plazas hoteleras, el segundo mayor propietario del sector), viviendas (35.000 pisos, el primer casero de España), hipotecas (100.000 a Catalunya Caixa), logística (55 activos y 162.000 metros cuadrados de suelo para uso industrial) y empresas de juego (tras la adquisición de Cirsa y Codere). Como cualquier fondo buitre, su único objetivo es “comprar barato y vender caro en el menor tiempo posible. No le importa los métodos ni cómo quede el país tras su paso. En España, por ejemplo, sólo 5 años después, ya ha puesto a la venta parte de los 1.860 pisos de vivienda pública que compró al Ayuntamiento de Madrid o de las 100.000 hipotecas que compró a Catalunya Caixa”, denuncia la PAH.

Prueba de la gravedad del problema es que hace un par de días, y por primera vez en España, el Ayuntamiento de Barcelona ha expropiado una vivienda de manera forzosa por permanecer más de dos años vacía. El piso pertenecía al BBVA y ya se ha incorporado al parque municipal de vivienda, donde permanecerá durante 10 años. El ayuntamiento de Ada Colau alega motivos de interés general.

Los analistas de la ONU lo tienen claro: los negocios de algunos bancos y empresas transnacionales como Blackstone en el mercado inmobiliario van contra los derechos humanos. Su modelo de inversión, del cual Blackstone es pionero, se está convirtiendo en el estándar de la industria. El fondo buitre compra las propiedades que considera infravaloradas −lo que generalmente significa que son asequibles para las personas que viven allí−, las adquiere en masa, más tarde las reforma y finalmente las pone a la venta o en alquiler a precios mucho más elevados que los de origen. “Los propietarios se han convertido en corporaciones sin rostro que causan estragos en el derecho a la seguridad de los inquilinos y contribuyen a la crisis mundial de la vivienda”, alertan los expertos de la ONU.

Los relatores de Naciones Unidas aseguran en sus informes que han escuchado “innumerables historias” de inquilinos cuyos edificios habían sido comprados por firmas de capital privado y cuyas rentas se habían disparado casi inmediatamente después, a veces en un 30 o incluso un 50 por ciento, haciendo imposible frenar estas prácticas especulativas.

“Las empresas de capital inmobiliario tienen una responsabilidad con los derechos humanos, lo que significa que deben llevar a cabo la diligencia debida para identificar, prevenir, mitigar y explicar cómo abordan los impactos adversos sobre el derecho a la vivienda”, dicen los expertos.

Lo que hace que estas prácticas sean “particularmente atroces” es que se están realizando sin ningún tipo de seguimiento del Estado o mecanismos de control. Parece que los “gobiernos no se han dado cuenta” de que esta nueva forma de inversión inmobiliaria se está llevando a cabo en un área que se rige por el derecho internacional, que impone una serie de obligaciones legales. “Recordamos a todos los Estados que, si bien el oro es una mercancía, la vivienda no lo es, es un derecho humano”, aseguran los informes de la ONU.

“Queremos alertar a los estados y a las empresas de capital privado y de gestión de activos que la inversión en vivienda en su forma actual es contraria a las normas internacionales y no puede continuar. En este momento hemos identificado seis Estados, pero hay muchos más en los que estos mismos problemas son de gran preocupación. Estamos listos para entablar un diálogo con todos los Estados relevantes e inversionistas financieros sobre cómo se puede abordar este problema”, añaden.

Diario 16