La crisis ambiental pone patas arriba el sistema socioeconómico –prácticamente– al completo. En consecuencia, planear una transición ecológica desde el poder, aun con limitaciones inevitables, exige ideas básicas claras, centradas y compartidas por el equipo gubernamental. Destaquemos diez ideas o lemas, de índole general y global, que proponemos como ejercicio de “sensatez transicional”.

La primera, remite a la necesidad de acondicionar, tanto la Constitución de 1978 como la mayor parte del entramado legislativo socioeconómico existente, a un futuro en ciernes ineludiblemente crítico y conflictivo, “informando” vigorosamente –casi– todos los textos relacionados con la producción, el consumo y el medio ambiente.

La segunda obliga a un mínimo de descreimiento liberal: la crisis ecológica general y la climática en particular vienen siendo producidas, en gran medida, por el “libre juego de las fuerzas productivas”, así como por la aplicación creciente y expansiva del ideario liberal, y no se adelantará gran cosa si se pretende actuar y trabajar manteniendo ortodoxamente este marco, profundamente pernicioso. Uno de los primeros pasos a dar en esta actitud de mínima separación del “complejo liberal” es la revisión y desmitificación del concepto de PIB, antes y por encima de cualquier otro indicador macroeconómico. El PIB alude meramente al crecimiento, y éste entraña, en lo ambiental, más aspectos negativos que positivos; por eso viene siendo criticado –no sólo por el ecologismo mundial– como ciego y más pernicioso que inútil. Que se vaya abandonando este indicador como referencia de que “las cosas van bien” y, sobre todo, que deje de relacionárse con la creación de empleo: esta relación no es directa y cada vez se cumple menos, siendo fútil y engañosa; además, una política seria y minuciosa de empleo no siempre se refleja positivamente en el PIB.

La tercera, que se desprende de la anterior, advierte que se hará necesario incrementar la propiedad pública en el sistema y el proceso productivos, por lo que alguien deberá tomarse esto en serio e ir definiendo los campos y aspectos en los que esta propiedad social ha de retornar o afirmarse: se trata del agua, de la energía y otros mundos o ámbitos muy relacionados con futuros cambios ineludibles.

La cuarta, también de clara corrección liberal y que entrañará traumas políticos de envergadura, obliga a desestimar a la Unión Europea como referencia y ligazón forzosas, ya que de esa gigantesca estructura de expansión capitalista no se desprenderá ningún avance trascendente en la transición ecológica: solo espejismos y reincidencias en la evolución hacia el desastre. El pretexto (o el chantaje) de que “Europa nos exige e impone” debe recortarse y transmutarse en una posición activa que extienda en las instituciones europeas este estado de emergencia, con la seguridad de que tendrá eco en otros países y gobiernos.

La quinta es una invitación a que desde los poderes públicos se promueva un comportamiento austero en general, reduciendo todos los consumos materiales, prefiriendo los productos nacionales, reduciendo la movilidad mecánica, etcétera. Esto conlleva formas de restricción de la publicidad, entre otras medidas necesarias; y un gran esfuerzo destinado a estimular la convivencialidad entre grupos, pueblos y actividades.

La sexta, de tipo tan básico y general como la anterior, recuerda que las mayores y más finas energías de un gobierno que pretenda legitimarse socialmente deben reconducirse para generar puestos de trabajo en todos los sectores, ya que el desempleo es ignominioso en general, humilla a las personas y descalifica a los poderes públicos. Cualquier país necesita de la aportación laboral y profesional de todos sus ciudadanos.

La séptima advierte sobre la creencia, relativamente extendida, de que la informática generalizada vaya a favorecer una mejor situación ambiental del país: ni esta suposición tiene sentido ni la obsesiva aplicación de la tecnología a todas las esferas de la vida social favorece actitudes y resultados ecológicamente adecuados o socialmente deseables. La sociedad de la información se ha dotado de poderosos mitos que, pese a su implantación, sucumben y son desmantelados si se los analiza con cuidado. Por otra parte, la tecnologización –obsesiva en el dominio empresarial y también en el administrativo– entraña la reducción galopante de empleo, y de ahí que haya que mantenerla mínimamente bajo control.

La octava debiera dirigirse al mundo de la educación, reestructurando o “ilustrando” todos los niveles con un sesgo de conciencia ambiental. En relación con la etapa universitaria, esta reforma debe encauzarse hacia el pleno empleo de los egresados (el país los necesita a todos) y la aportación de una cultura ambiental mínima, ahora ausente en la mayor parte de las carreras (muy especialmente en las técnicas, con consecuencias desastrosas para el medio ambiente). Las tonterías, muy a la moda, de la “excelencia universitaria” y la competencia entre instituciones sobran en este delicado momento.

Las dos últimas quieren ser concretas, sectoriales, inteligibles y abordables. Como la del imperativo territorial, que ha de tener como objetivo la “justicia campesina”, que es tanto humana como económica y ambiental. Se trata de recuperar nuestros pueblos y campos respondiendo a su verdadera y más útil vocación: la agricultura y la ganadería tradicionales, para lo que deberán definirse y desarrollarse políticas serias, meticulosas y diferenciadas que, como primera nota, deberán apartarse de toda ilusión productivista, y recuperar la calidad y el vínculo con la tierra. La agricultura moderna (intensiva, competitiva, química y de inmensos y terroríficos impactos) debe ser frenada drásticamente. Esta política verdaderamente la territorial, deberá aliviar los problemas, en gran medida irresolubles, de la concentración urbana.

Y, finalmente, aludamos a la relación destacada entre la transición ecológica y una filosofía seriamente correctora del transporte, principal sector consumidor de energía. Abandónese la idea de que la “solución” está en la sustitución del coche de petróleo por el eléctrico, ya que el problema auténtico es el propio vehículo, no su combustible. Desarróllense políticas, estímulos y compensaciones destinadas al abandono del automóvil individual, sobre todo entre los jóvenes, y elabórese una política del transporte público que favorezca el tren social, frene los proyectos de AVE y combata –como elemento pedagógico de interés– el veneno de la velocidad y las prisas.

Acometer la transición ecológica no es sólo una cuestión técnica, hecha de proyectos, planes, plazos y cifras (que también); sino un proceso eminentemente político e inevitablemente ideológico, ya que ha de abordar la transformación de las relaciones de la sociedad con la naturaleza que, de hostiles y suicidas (que es como las han configurado el modelo de desarrollo económico imperante y su soporte filosófico) han de evolucionar a amistosas y dependientes.

Las dos últimas propuestas de políticas concretas –la agricultura y el transporte – son estratégicas en una transición ecológica debidamente encaminada, pero corresponden a ámbitos políticos y ministerios distintos y muy consolidados, que no es fácil que encajen por las buenas en la Vicepresidencia para la Transición Ecológica y su esperada filosofía de trabajo; tendrán que encajar, pues, por las malas, es decir, como resultado de los conflictos de índole ambiental que, a buen seguro, proliferarán dentro del gobierno y entre éste y la sociedad.