La información sobre contratos, facturas por alimentos o viáticos, modelos de los vehículos que se adquieren, así como su costo y cantidad, son reservados por cinco años por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La secrecía también incluye estudios y procedimientos internos o asuntos judiciales como proyectos, informes, dictámenes o demandas.

Un total de 162 respuestas a solicitudes de información, entre 2015 y 2018 se mantendrán ocultas a cualquier ojo curioso, así lo decidió el celoso Comité de Transparencia de la Corte.

Por ejemplo, una solicitud pedía facturas de alimentación, hospedaje, viáticos y transportación de los 11 ministros de la SCJN, la respuesta fue que los datos eran clasificados por cinco años pues “al permitir establecer indicadores de costumbres se pone en riesgo la integridad y seguridad de los ministros, quienes son titulares del Poder Judicial de la Federación, y con ello la seguridad nacional”.

Entonces el solicitante tendrá que esperar al 21 de junio de 2021 para conocer el menú que degustaron los pilares de nuestra “seguridad nacional”.

Aunque aseguran que “en la inteligencia de que dicho plazo podrá concluir previamente, en el caso de los ministros cuyo periodo constitucional concluya antes de esa periodicidad”.

¿Cómo se decide el proceso de la solicitudes de información?

Se analizan las preguntas realizadas por la ciudadanía sobre la Corte, Alejandro Manuel González, secretario jurídico de la Presidencia; Constancio Carrasco Daza, magistrado y titular de la Unidad General de Enlace con los Poderes Federales y el contralor, Juan Claudio Delgado Ortiz Mena, definen cuál información reservar.

Cabe recordar que en 2016 hubo una serie de contratos por parte de la Dirección General de Recursos Materiales de la Corte que también fueron clasificados por cinco años a partir del 11 de enero de 2017, con el argumento que la documentación “tiene relación directa con la infraestructura y servicios de la Firma Electrónica de la SCJN, poniendo en riesgo los datos personales de las personas a las que se les asignó dicha firma”.

Sobre la cantidad de vehículos blindados y su costo de blindaje entre 2012 y 2016, el Comité de Transparencia decidió reservar la información hasta septiembre de 2021.

Y la respuesta para ese caso fue la misma, aseguran que divulgar esa información “representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo, tanto a la seguridad nacional como al interés público”.

El diario Excélsior ha documentado información sobre el ejercicio de la transparencia al interior del máximo tribunal de justicia del país.

Entre sus revelaciones, está que en la última década, la Corte ha gastado un millón 648 mil pesos en champaña, brandy, cerveza, coñac, tequila, whisky y otras bebidas alcohólicas.

También los argumentos para la inhabilitación por un año de Alberto Villa Dávalos, exdirectivo del Canal Judicial, por introducir y consumir cocaína, así como bebidas alcohólicas en su lugar de trabajo.

Otro caso fue que, en los últimos dos años, la SCJN erogó 13 millones 728 mil 432 pesos para realizar los dos primeros encuentros internacionales Juzgando con Perspectiva de Género.

O el pago de 170 mil 409 pesos por una medalla de plata, que la Corte entregó a la ministra en retiro, Victoria Adato Green, por el Día de la Mujer.

También el gasto de, al menos, cuatro millones y medio de pesos para los festejos del 75 aniversario de la inauguración de su sede.

(Con información de Excélsior)