Mientras otros Gobiernos centroamericanos como Costa Rica y Panamá garantizaron albergues con condiciones mínimas para vivir y alimentos a los migrantes ilegales —van de paso hacia Estados Unidos—, el Gobierno de Nicaragua los rechazó lanzándoles a efectivos del Ejército y la Policía para impedirles el paso por el territorio, denunció la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Panamá.

“El Gobierno de Nicaragua es insensible con la situación precaria de los migrantes, pues nosotros verificamos en el sitio la situación de los migrantes después que el Gobierno de Nicaragua los repeló el 15 de noviembre del 2015 y vimos que están hacinados, sin agua potable, expuestos a múltiples enfermedades y a la delincuencia”, dijo Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH, durante su denuncia en el 159 período ordinario de sesiones de la CIDH en Panamá.

Nuevamente, como en abril de este año, las autoridades del Gobierno de Nicaragua estuvieron ausentes en la sesión y los denunciantes dijeron que era lamentable y que eso demostraba el poco interés que el gobierno tiene hacia los derechos humanos.

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Los denunciantes expusieron ante los relatores de la CIDH, cómo los migrantes ilegales se exponen al peligro hasta perder su vida con tal de cruzar el territorio nicaragüense y seguir hacia Estados Unidos, pero al Gobierno de Nicaragua no le interesa la situación y no toma medidas para salvaguardar los derechos de estas personas extranjeras.

“El 24 de abril de este año detuvieron una cisterna con 26 africanos dentro, expuestos a la muerte por deshidratación; el 4 de agosto se encontraron los cuerpos sin vida de ocho africanos que pretendían llegar hasta Honduras, pasando por el lago de Nicaragua, donde murieron ahogados”, dijo Carmona.

Enrique Gil Botero, relator de la CIDH sobre derechos de los migrantes, expresó que es preocupante la postura del Gobierno de Nicaragua de violar una serie de derechos humanos multidimensional, pues refleja “una cascada de violaciones de los derechos de los migrantes” en una situación “que es lastimosa, preocupante y que entra en contravía con los estándares del sistema interamericano”.

Para la expulsión masiva de 1,917 migrantes en noviembre del 2015, el Gobierno de Nicaragua argumentó violación a la soberanía del país, así como atentar contra la seguridad de este.

Criminalización de la ayuda humanitaria

La CPDH también denunció ante los relatores de la CIDH que el 20 de septiembre del 2016 el gobierno a través del poder judicial condenó a tres años de prisión a la profesora Nilamar Alemán Mora, porque ella ayudó a una mujer africana.

Alemán Mora fue detenida en el puesto fronterizo de Las Manos, Nueva Segovia, al norte de Nicaragua, el sábado 13 de agosto a las 3:30 p.m., cuando trataba de facilitar la salida hacia Honduras de la migrante Neohamo Zephirin, de 27 años, originaria de la República del Congo, acompañada de su hija de 10 meses de edad.

“Fue encarcelada por dar asistencia humanitaria a una migrante. El gobierno intimida a la población para que no preste ayuda a los migrantes ilegales, los amenaza con procesarlos y condenarlos”, dijo Álvaro Leiva, de la CPDH.

“Es una situación tan grave y es un horror humanitario que el mundo entero debe conocer lo que está ocurriendo en el Estado de Nicaragua”, comentó Margarette May Macaulay, relatora para los derechos de las mujeres y personas afrodescendientes de la CIDH, tras escuchar a los denunciantes. Los relatores dijeron que darán acompañamiento al caso.

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