El anteproyecto de la Ley de Libertad Sexual ya está aquí. La ministra de Igualdad, Irene Montero, prometió su entrada en el Consejo de Ministros para la semana del 8M y aquí está, aunque para que se una realidad queda un camino muy largo y nada fácil. De hecho, fuentes de Igualdad, estiman que podría llegar al Congreso a finales de año, lo que revela la cantidad de obstáculos que tendrá que superar con los informes preceptivos que acompañan a una ley de estas características.

Y es que lo que se intenta regular va más allá del prometido (y demandada por millones de mujeres y hombres) que sólo el sí es sí. Que las relaciones sexuales precisan del consentimiento de las partes para garantizar que se realiza con libertad.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, atiende a los medios durante la inauguración de la exposición 'El voto de las mujeres' (Juan Carlos Hidalgo / EFE)

Dos delitos: acoso o agresión

El anteproyecto reestructura los delitos sexuales y los simplifica en dos: acoso y agresión (violación), todos ellos penados en función de la gravedad de los mismos. En general, los delitos de violación no reducen las penas de prisión establecidas hasta el momento, si no que introduce agravantes que pueden alcanzar a los 15 años de prisión. Las manadas, por ejemplo, están en esta línea.

Fuentes de Igualdad han informado que esta norma incluye el acoso sexual en cualquier ámbito (laboral, calle, fiesta, en casa), la mutilación femenina, el matrimonio forzado y la trata, en cumplimiento del Convenio internacional de Estambul y el Pacto de Estado contra la violencia de género.

Las mujeres padecen más situaciones de hostigamiento sexual que los hombres. (tomazl / Getty)

Acoso callejero

La ley implica un cambio de paradigma den los delitos contra la libertad sexual, señalan dichas fuentes. En el apartado dirigido al acoso, diferencia entre el ocasional (más conocido como el callejero aunque no sólo se puede realizar en la vía pública, también en la discoteca, en una fiesta..), un delito leve que hasta el momento no estaba penado. Ahora, siempre que medie denuncia, se castigará con una pena de localización permanente (arresto domiciliario), trabajos comunitarios o multas. En este apartado se incluyen “expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas que creen en la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria”.

En los delitos graves de acoso reiterado, se elimina que tenga que alterar gravemente la vida cotidiana de la víctima. “Basta que la altere como resultado de seguimientos, contactos insistentes o uso de datos”. El acoso reiterado será castigado con prisión de 3 meses a dos años o multa.

El acoso sexual podría comportar inhabilitación

El acoso sexual (solicitar sexualmente en ámbito laboral, docente o de desigualdad) será castigado con penas de 6 a 12 meses de prisión o multa, máximo 24 meses en los casos más graves. E inhabilitación profesional.

En cuanto a las agresiones sexuales (violaciones). La clave de este punto es qué se entiende por consentimiento. Según el texto, “se entiende que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto. Partiendo de este sí sólo es sí, se castigará con penas de entre 1 y 4 años de prisión “cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento”.

Medidas de prevención

En caso de penetración, aunque no haya violencia, las penas de prisión oscilan entre los 4 y 10 años. Aunque hay agravantes que pueden aumentar las penas hasta los 15 años.

La norma incluye, además, un sinfín de medidas de prevención y detección de delitos. Y muchas campañas e concienciación a los hombres para que respeten el derecho sexual de las mujeres. Asimismo, incluye medidas sociales y económicas para ayudar a las víctimas.

¿Se llegará a erradicar el acoso verbal callejero?