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El Parlamento vasco aprueba este jueves una nueva Ley de Vivienda, que instaura el derecho subjetivo a la vivienda y que contempla la expropiación temporal de pisos vacíos, tal como lo hacía la ley andaluza anulada por el Tribunal Constitucional tras el recurso presentado por el Gobierno central. La norma seguirá adelante con los votos del PSE-EE, EH Bildu y UPyD, y con el rechazo de PNV y PP.

La ley contempla medidas como el derecho subjetivo del acceso a la vivienda. Esto es, que las personas sin recursos para acceder a una vivienda por sus propios medios puedan reclamar en los tribunales de Justicia que la Administración les facilite una vivienda a cambio de un alquiler social.

Esta propuesta, según contempla la norma, se aplicará de forma progresiva para poder garantizar su cumplimiento. Así, durante el primer año de vigencia se reconocerá a las unidades familiares de tres o más miembros con unos ingresos anuales inferiores a los 15.000 euros y que lleven por lo menos cuatro años registradas como demandantes de alquiler.

Por otro lado, la Ley de Vivienda vasca permitirá la “expropiación forzosa de uso” de pisos de entidades financieras por parte de la Administración para evitar el desahucio de sus inquilinos, siempre como última opción.

Además, instaura el pago de un canon para gravar los pisos vacíos, una medida que sólo afecta a aquellas viviendas que permanezcan desocupadas por un tiempo continuado durante más de dos años. Este recargo será anual y de 10 euros por metro cuadrado. De forma parecida a lo que aplica la legislación francesa, por cada año de más que la vivienda permanezca desocupada el canon se incrementará un 10%, hasta un límite del triple del gravamen inicial.

Respecto a la nueva construcción de vivienda pública, la norma establece que durante los primeros cinco años desde la entrada en vigor de la ley el 80% de la que se construya deberá destinarse únicamente al alquiler. Transcurridos esos cinco años, toda la vivienda pública que se cree deberá ser de alquiler, una medida que se acerca a los estándares europeos, ya que en la mayoría de países el parque social de vivienda nunca se destina a la venta.

El Gobierno vasco (PNV), que deberá gestionar esta ley, ha mostrado su rechazo a la norma, por considerar que tendrá un impacto económico negativo.