Con las órdenes ejecutivas sobre inmigración que firmó Trump nada más llegar a la Casa Blanca ha cambiado la cantidad de personas a las que podemos detener”, explica Marin. “Nos seguimos centrando en los delincuentes, pero ahora podemos detener a más personas si es apropiado”.

El Gobierno de Barack Obama estableció unas prioridades para la policía de inmigración que la obligaban a centrarse solo en personas con antecedentes y básicamente dejar en paz a todos los demás, en un país donde se calcula que hay 11 millones de personas sin papeles. “En la anterior Administración había grupos de personas que no podíamos detener. La nueva Administración ha dicho que podemos detener a todos los que violen las leyes de inmigración”.

“Los objetivos tienen todos antecedentes”, dice Marin. “Vamos a por los criminales. Pero eso no significa que hagamos la vista gorda. Si vamos a una casa a buscar a alguien condenado por violación, ese es al que queremos. Pero si ahí al lado hay sentado un individuo que decidimos que hay una causa probable para detenerlo, lo hacemos. Especialmente si vamos a sitios de bandas. Si hay otros sentados ahí con tatuajes y eso, pues a lo mejor les hacemos unas preguntas y se vienen con nosotros. Con la anterior Administración no podíamos detener a nadie así a no ser que tuvieran un antecedente criminal”.

Esa es la razón detrás del aumento de las cifras de detenidos, delincuentes y no delincuentes. Marin asegura que en su oficina no ha aumentado un 40% (dato nacional), sino un 10%. “El 90% de los que detenemos tienen antecedentes. Nos estamos centrando solo en los criminales”, asegura Marin. 169 de los detenidos en la última redada de Los Ángeles tenían antecedentes. En general, asegura que el 60% de los inmigrantes en los centros de detención con los que trabajan tienen antecedentes criminales. “En el resto del país alrededor del 40% de los que detienen son delincuentes. Pero aquí en California es más difícil por las políticas de santuario”.

David Marin, jefe de ICE en Los Ángeles, en su oficina. P. X. S.

Marin entra de lleno en el gran conflicto que está enfrentando al Gobierno Trump y a las grandes ciudades de EE UU, que se niegan a colaborar con ICE en la detención de inmigrantes irregulares. Primero, porque es un desvío de recursos para una competencia que no es suya, y segundo, porque necesitan la confianza de las grandes comunidades de inmigrantes para resolver crímenes. Marin entiende el argumento, “pero no la queja de que la gente no denuncia porque tiene miedo”, dice. “¿Por qué? Que yo sepa no se detiene a nadie por denunciar un delito. Entiendo el argumento, pero creo que parte del miedo y la histeria son artificiales, como eso de que estamos yendo a las iglesias y a los colegios o que hacemos redadas en mercados. No hacemos eso. Los inmigrantes no deberían tener miedo a denunciar crímenes a la policía”.

Ese miedo es palpable en las comunidades de inmigrantes y se dispara con vídeos como el de Rómulo Avélica-González, cuya detención en Los Ángeles fue grabada por su hija mayor desde el coche. Acababa de dejar a su hija pequeña en el colegio. El vídeo corrió por las redes y ahora hay inmigrantes que han dejado de llevar a sus hijos al colegio. “No se cuenta toda la historia”, responde Marin. “Ese individuo tenía dos condenas anteriores y se había ordenado su deportación en 2009. Recurrió y se le denegó. Le mandamos una carta y no contestó. No solo es un delincuente, sino además un fugitivo. (Los agentes) le dejaron que dejara a su hija en el colegio y lo detuvieron media milla después. Yo lo entiendo, nadie quiere ver que se detiene a una persona delante de su mujer y sus hijos. Pero él es el que ha roto su familia, no nosotros”.

A la hora de buscar sus objetivos para detener, Marín reconoce que ICE tiene acceso a las bases de datos de las fuerzas del orden locales, del condado y estatales. Cualquier inmigrante, ilegal o no, que tiene un problema con la policía entra en el radar de ICE. “Así es como funciona: cuando alguien es detenido por cualquier departamento de policía, lo llevan a comisaría y lo fichan. Sus huellas se envían al FBI y nos llegan también al Departamento de Seguridad Interior y a ICE. Si esas huellas coinciden con alguien que ha sido deportado alguna vez, o que sabemos que está ilegal, o que está legal pero ese crimen hace que se le pueda deportar, emitimos orden de arresto y tratamos de detenerlo”.

Lo que ha cambiado es que en ese proceso, como explica Marin, todo el que se encuentren por medio puede caer en la misma red. Pero acabar con la inmigración ilegal en EE UU a golpe de detención es virtualmente imposible. “Tenemos recursos limitados. Mi oficina cubre 7 condados con 19 millones de personas y solo tengo unos pocos cientos de agentes. ¿Cree que puedo detener a todo el mundo? ¿Cree que puedo detener a la señora que está vendiendo tamales en la esquina? No podemos detener a todo el mundo, nos tenemos que centrar en los delincuentes”.

Si es imposible detener a todos, la pregunta es ¿merece la pena el esfuerzo por personas sin delitos violentos? Detener a gente que lleva aquí décadas, tiene hijos estadounidenses y no tiene otra vida, ¿es una buena manera de gastar el dinero del contribuyente? “Cada caso es diferente. Solo por estar aquí violando las leyes de inmigración, tenemos autoridad para detener a esa persona. Generalmente, no los tenemos como objetivo, pero podemos detenerlos. Creo que sé lo que preguntas, ¿vamos a salir a detener a todos los que están aquí ilegalmente? Yo tengo que utilizar mis recursos con cabeza y lo mejor que sepa. Si tuviera los recursos para hacer eso, quizá”.