El gran negocio que gira en torno a la inmigración se mueve en un círculo cerrado. Con un mercado de seguridad fronteriza en pleno auge en Europa, un puñado de empresas de material militar, de defensa y tecnológico se están convirtiendo en grandes beneficiarias de la crisis de refugiados que afecta a decenas de miles de personas obligadas a huir de sus países por la violencia y el hambre. Y se enriquecen por partida doble: paradójicamente, algunas de estas empresas son, simultáneamente, fabricantes de las armas que se exportan a los países de Oriente Medio y el norte de África de los que escapan los refugiados a causa de las guerras que alimenta ese mismo armamento.



Esta es la conclusión principal que arroja una investigación publicada este lunes por el Transnational Institute, la campaña Stop Wapenhandel contra el comercio de armas de los Países Bajos y el Centre Delàs de Estudios por la Paz, que revela quién es y cómo funciona la industria de seguridad fronteriza en Europa.



Los fabricantes de armas reciben primero licencias para vender armas a los países en guerra y después los contratos para blindar fronteras como consecuencia de esos conflictos bélicos

El sector de armamento y seguridad tiene motivos para ser optimista. Las medidas adoptadas por la Unión Europea contra “el problema” de la inmigración se han fundamentado casi por completo en la fortificación de las fronteras exteriores. Sólo entre 2004 y 2020, la UE ha destinado 4.500 millones de euros para este propósito. Asimismo, la principal agencia de control de fronteras, Frontex, ha pasado de un presupuesto de 6,3 millones de euros en 2005 a 238,7 millones en 2016.



“El tamaño del mercado de seguridad fronteriza es muy difícil de determinar, ya que no es tan transparente, y no siempre está claro si ciertos productos serán utilizados con fines de seguridad fronteriza”, precisa la investigación. También señala que los productos ofrecidos ya no son sólo los tradicionales militares, como vehículos y helicópteros, sino “cada vez más los desarrollados gracias a las nuevas tecnologías, como drones, instrumentos de vigilancia, biometría, tecnología de la información y barreras físicas (vallas y muros)”.



Aunque el tejido industrial es amplio, el estudio pone el acento en cinco compañías que están resultado especialmente favorecidas por esta coyuntura: las francesas Airbus, Thales y Safran; la italiana Finmeccanica y la española Indra. Tanto Airbus como Finmeccanica son, según los investigadores, las principales beneficiarias de contratos europeos destinados a reforzar las fronteras. Airbus, además, es la que más financiación ha recibido por parte de la UE (9.784.181 euros) para proyectos de investigación y desarrollo, enfocados en gran parte en la seguridad fronteriza y su control.



Coincide que estas dos últimas empresas, junto a la también francesa Thales son tres de las cuatro principales comerciantes de armas en Europa cuyos ingresos totales ascendieron a 95.000 millones de euros en 2015. El negocio es redondo, puesto que las ventas a Oriente Medio y al Norte de África tampoco han dejado de crecer: entre 2005 y 2014, los Estados miembros de la UE otorgaron licencias de exportación de armas a estos territorios por un valor de más de 82.000 millones de euros.



“Las empresas han recibido el apoyo de los Estados europeos que les han otorgado las licencias necesarias para exportar armas y, después, les han concedido contratos de seguridad fronteriza para hacer frente a las consecuencias”, señala la investigación.

La Unión Europea trata de evadir sus responsabilidades

El estudio muestra además cómo este beneficio no es en absoluto pasivo, sino que el lobby militar y de seguridad, a través de influyentes organizaciones como la Organización Europea para la Seguridad EOS (de la que forman parte Thales, Finmeccanica y Airbus), la Asociación Europea de Industrias Aeroespaciales y de Defensa (ASD) y el centro de estudios Friends of Europe, está estrechamente vinculado con las políticas fronterizas que acaba poniendo en marcha la UE. Una de ellas, por ejemplo, es la de transformar Frontex en la Agencia Europea de Guardia Costera y Fronteriza, con más poder en el control.



“Bastantes propósitos de EOS, sea en una versión modificada o no, han terminado finalmente recogidos en la política de la UE durante los últimos años. La influencia mutua entre los cuerpos industriales y los de la UE en políticas de desarrollo forma uno de los pilares del complejo industrial de seguridad fronteriza”, constata el documento.



Las empresas saben reconocer los intereses comerciales que están en juego con las políticas europeas e invierten importantes sumas de dinero sólo en labores de cabildeo. Según el propio Registro de Transparencia de la UE, en los últimos cinco años Airbus ha gastado por lo menos 7,5 millones de euros en esta tarea; Finmeccanica y Thales han gastado más de un millón de euros; Indra casi 1,5 millones, y Safran más de 2 millones de euros.



“La UE ha intentado repetidamente echar la culpa de las muertes de refugiados a los traficantes de personas, rechazando su responsabilidad sobre las causas por la que la gente huye, alimentando los conflictos y el caos en sus lugares de origen. Del mismo modo que es responsable de las consecuencias que su respuesta militar a la migración genera. Esto la ha llevado a enmarcar su respuesta como una ‘lucha contra el negocio de los traficantes de personas’, con aún más medios militares para poder lograrlo. Esto crea una espiral por la que cuanto mayor es el control y la represión, mayores son los riesgos que deben asumir los refugiados, teniendo como resultado más muertes”, denuncia el informe.

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