La información fue confirmada por fuentes oficiales, y agregaron que la decisión fue adoptada por indicación del propio Menéndez.

El Poder Ejecutivo había decretado organizar las honras fúnebres como ministro de Estado, tal como lo establecen las normas.

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Las circunstancias polémicas del cese del secretario de Estado es el disparador del malestar.

Poco antes de morir, Menéndez pudo presentar una carta con descargos sobre su participación en el trámite de denuncia a la justicia penal de los contenidos del expediente surgido del Tribunal Militar.

El primer mandatario Tabaré Vázquez no se hizo presente en Durazno.

Hasta primeras horas de la mañana el único integrante del Poder Ejecutivo que estaba presente es el ministro de Transporte Víctor Rossi, señaló la corresponsal. Sobre las 9 de la mañana llegó el canciller Nin Novoa. Tampoco hizo declaraciones públicas.

En el correr de la mañana llegaron otras autoridades como el sucesor de Menéndez, Jose Bayardi, y el nuevo secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila y la senadora Mónica Xavier.

Como representante de la oposición se hizo presente el senador javier García, integrante de la Comisión de Defensa.

Sobre el mediodía se hizo presente el expresidente José Mujica.

A Menéndez, de 67 años, de extracción socialista igual que el presidente, se le detectó cáncer de páncreas e hígado hace poco tiempo.

La crisis de salud coincidió con el tratamiento del Poder Ejecutivo del expediente del Tribunal Militar en el cual se establecen importantes datos sobre violaciones a los derechos humanos durante llamada "guerra sucia" y la posterior dictadura militar.

Al mismo tiempo, el presidente Tabaré Vázquez cesó al comandante en jefe Guido Manini Ríos tras una reunión en la que el militar le presentó por escrito sus quejas sobre el tratamiento "vengativo" que la justicia penal estaba dando a exmilitares juzgados por casos de derechos humanos.

Un informe del diario El Observador dio a conocer algunos de los contenidos más relevantes de ese expediente, entre ellos la admisión del exrepresor José Nino Gavazzo acerca de su responsabilidad en el asesinato del militante Roberto Gomensoro Josman, ocurrido en marzo de 1973.

VERSIONES ENCONTRADAS

El documento militar no consideró que confesiones de tipo criminal como la de Gavazzo afectaran el honor del Ejército.

Estos hechos debieron ser denunciados a la justicia penal de inmediato, pero entre la entrega del expediente por parte del tribunal militar y la toma de estado público hubo una demora de varias semanas debido a una serie de acontecimientos que aún no están del todo claros.

El presidente Vázquez cesó al ministro Menéndez y a su subsecretario Daniel Montiel. Luego pasó a retiro al recién designado comandante José González y a cuatro generales más, todos ellos miembros del tribunal militar que emitió el polémico fallo.

En los últimos días de su vida, Menéndez debió salir a aclarar su participación ya que el secretario de Presidencia Miguel Angel Toma dejó entrever que fue el Ministerio de Defensa uno de los responsables de no haber realizado la denuncia penal.

Menéndez deslizó a través de la prensa que él había presentado renuncia apenas conoció la gravedad de su enfermedad, y que en ese momento el presidente no le aceptó la renuncia.

Con precisión detalló una reunión que tuvo con Toma en la que le informó de los hechos más importantes de fallo. Estuvo junto a dos abogados del ministerio a los que nombró a manera de testigos.

Agregó que el secretario de Presidencia le sugirió que el documento quedara en la torre Ejecutiva para su estudio.

Consultado por El País, Toma no pudo desmentir estos detalles, aunque señaló que era el Ministerio de Defensa el que tenía que ir a la justicia penal.

Búsqueda informó esta semana que en el Consejo de Ministros Toma también otorgó responsabilidad en la demora del trámite al abogado Diego Pastorín, director general de Presidencia.

Muchos ministros cuestionaron la actitud de Toma, señaló el informe.

EL FACTOR TOMA

En el parlamento, la oposición recibió esta semana al nuevo ministro de Defensa José Bayardi, a quien le preguntaron sobre la responsabilidad de Toma en la crisis.

Bayardi explicó que Presidencia debe tramitar cerca de 4.000 expedientes por mes y que no hubo tal demora, y que cuando se conoció el expediente a nivel pública ya estaba todo pronto para realizar la denuncia penal.

De este modo, el ministro quiso sacar del foco tanto a Menéndez como a Toma.

Miguel Toma es el hombre de mayor confianza del presidente. Es abogado, tiene 66 años, y una trayectoria como militante colorado.

En perfiles publicados sobre él, se señala que es masón igual que el presidente Vázquez.

En la víspera, el semanario Búsqueda publicó un informe sobre el funcionario en el que se narran algunos aspectos de su vida, entre ellos su alternancia entre su domicilio en Montevideo y un barrio privado de Punta del Este.

También recuerda otros momentos de su carrera pública, como cuando en la segunda parte de los años 90 -durante el gobierno de Julio Sanguinetti- participó como asesor legal del Ministerio de Salud Pública en una investigación dirigida a Tabaré Vázquez.

El tema es la presunta indicación del expresidente para que la operación se realizara con una empresa a la que estaba vinculada uno de sus hijos.

La denuncia refería a la compra de un sistema de planificación de tratamientos radiantes por parte de la Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer, para el Servicio de Radioterapia del Instituto Nacional de Oncología del Ministerio de Salud Pública.

En 1996 Vázquez pidió un tribunal de ética del Sindicato Médico. Tanto el MSP como el SMU no encontraron pruebas de la acusación.