Un año han tardado el fiscal José Perals y el juez Pablo Ruz en llevarse por delante a Rosell, el Barça y finalmente a Josep Maria Bartomeu. Una instrucción normal habría tardado el doble y no se habría cerrado, como ha hecho Ruz, sin la declaración del representante del club, su director general Ignacio Mestre, preceptiva cuando una sociedad es acusada de delito fiscal. En el viejo oeste al menos se escuchaba al condenado antes de ponerle la soga al cuello.

Esta ha sido una francachela judicial sin precedentes, previa al festín con el que se piensa regalar el voraz fiscal Perals, a quien el caso Neymar le dará la gloria en la jerarquía de la Audencia Nacional. En unos días le hincará el diente con saña y despreocupación pidiendo penas de largos años de cárcel para Rosell y Bartomeu y, además de unas multas que quitan el hipo, probablemente pida inhabilitar al FC Barcelona para jugar la Liga una o dos temporadas. De prosperar su locura acusatoria, el Barça sólo podría jugar la Champions.

Florentino y Jordi Cases

Tal será el precio mediático que, al menos de entrada, habrán de pagar los responsables de haber fichado a Neymar y el club. El fiscal Perals irá a lo bruto continuando un guión que, si no ha sido escrito de antemano, resultará ser un capricho del azar más difícil que una alineación del sistema planetario.

Resulta evidente que cuando Sandro Rosell intenta a atar a Neymar en 2011, nadie puede imaginar que en 2013 el Santos querrá venderlo ni que el Bayern, el ManU y el Madrid, sobre todo el Madrid, pondrán sobre la mesa 150 millones para llevarse al crack.

También lo es, indudablemente, que quien conocía la existencia detallada de los contratos posteriores del Barça con N&N y el Santos era Florentino Pérez, el presidente, al corriente por boca del propio Neymar da Silva, padre y representante del jugador.

Tras la frustrada negociación blanca por Neymar una opa de inspecciones fiscales brutales y alevosas invade las finanzas del FC Barcelona, de sus directivos a nivel personal y de los cracks, entre ellos las de Messi, desimputado por los tribunales de Barcelona pero reimputado desde Madrid por la Abogacía del Estado, la misma que en la causa de Neymar es la acusadora particular en nombre de la Agencia Tributaria.

Pudiendo saber de antemano los detalles de la operación, Hacienda no destapó el caso desde dentro del Barça, pues se hubiera quedado, como sostiene la mayoría de fiscalistas, en una discrepancia sobre el tratamiento fiscal de los pagos, resuelta finalmente en negociación, en el TEAC o en el contencioso-administrativo.

Para presentarlo como un ardid premeditado del Barça contra Hacienda, y convertirlo en una causa penal bajo control del núcleo más duro del jerarquizado poder político sobre la fiscalía de la Audiencia Nacional, se requería la complicidad de un socio del Barça para abrir la caja de los truenos.

Quien quisiera obrar así contra el Barça encontraría fácilmente a un Jordi Cases entre la militancia contra Rosell, un traidor a los ojos de la mayoría social del Barça, dispuesto a redimirse de su vergonzoso y ridículo intento de voto de censura contra el presidente.

El cuento dice que Jordi Cases había ahorrado toda su vida para pagarse un abogado con estómago para darle de comer el madridismo más poderoso, herido y ahíto de venganza. Dicho de otro modo, Cases manejaba la misma información documental que Florentino Pérez si hubiera que buscar, encontrar y presentar los contratos como un entramado para evadir impuestos. ¿Casualidad?.

Sin acusar a la Audiencia Nacional de nada, la clase abogada coincide en que Perals y Ruz se han anticipado a responder a las alegaciones y escritos de los imputados casi antes de que los presentaran, filtrando a la prensa sus resoluciones veinticuatro horas antes de informar al Barça y a las partes. Un escándalo procesal, dicen, sin precedente.

Si en el caso Di Stéfano, hace 60 años, el Barça fue ninguneado de forma sumarísima, en el caso Neymar ya ha dicho el presidente Bartomeu que hay poderes del estado dando la lata. Puede o no creerse en esta teoría pero si además resulta que Jordi Cases fue varias veces cazado en la sede del Sindicato de ultraderecha Manos Limpias –que pretendió presentarse como acusación particular sin pagar una fianza- y acabó pactando con el club que retiraba la querella si no se emprendían acciones legales contra él, las sospechas de intervenciones extrañas, de opacidad y manipulación no hacen más que crecer. Verdaderamente, si no es una conspiración, lo parece. O dicho de otro modo no se explica sin la suma de connivencias, tramas y confabulaciones varias