Por una orden de la ex presidenta Cristina Kirchner, Ricardo Echegaray es el candidato del kirchnerismo para encabezar la estratégica Auditoría General de la Nación (AGN) y suceder al prestigioso Leandro Despouy, quien ha presentado su renuncia. Tras un primer rechazo del oficialismo, finalmente, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, firmaron la resolución que avala la designación de Echegaray.

El brusco cambio del macrismo respondería a alguna suerte de negociación más amplia para lograr la aprobación en el Senado de los dos candidatos a jueces de la Corte Suprema de Justicia, designados en comisión por el Presidente.

Paradójicamente, el kirchnerismo buscará continuar desde la oposición la nefasta tarea que inició y tan acabadamente llevó a cabo en el largo período en el que fue oficialismo: nos referimos al desmantelamiento y la paralización de los principales órganos de control a medida que se sucedían los escándalos de corrupción que jalonaron sus 12 años de ejercicio autocrático del poder.

El puesto de presidente de la AGN le corresponde al primer partido de la oposición, pero el hecho de que una figura tan desprestigiada como la del ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pueda llegar a presidir uno de los principales órganos de contralor y ocupar el cargo del intachable Despouy resulta un insulto a la ciudadanía y otra señal más del miedo generalizado del kirchnerismo a tener que rendir cuentas de lo ocurrido durante los 12 años en que manejó el Estado como si le perteneciera. En función de ese miedo, no hay dudas de que Echegaray es la figura ideal si se trata de protección y garantías de impunidad.

En efecto, él concentró un poder omnímodo y lo ejerció con el autoritarismo y la falta total de escrúpulos que caracterizaron a tantos altos funcionarios del gobierno kirchnerista que se enriquecieron desde que ingresaron en la función pública, en su caso, primero desde la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) y luego en la AFIP. Durante su conducción, este organismo se convirtió en una poderosísima arma de presión y persecución política, y Echegaray o sus funcionarios no dudaron en traicionar el secreto fiscal con tal de ejercerla e infundir temor. Así, intentaron enlodar, entre otros, a Ricardo Lorenzetti, Francisco de Narváez, a Elisa Carrió y a numerosos empresarios. Esta última legisladora, junto a su par de GEN en la Cámara baja Margarita Stolbizer, había impugnado la designación de Echegaray para ese cargo.

Hay, por lo tanto, un serio impedimento ético para que Echegaray ocupe el puesto ahora vacante. La ley de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional establece que no podrá ser auditor general quien se encuentre procesado o condenado. No es, al día de hoy, el caso de Echegaray, seguramente debido al servilismo de más de un juez. Lo cierto es que el oficialismo aduce verse obligado a aceptarlo luego de que Carrió y también Michetti lo impugnaron. "Se discutió con todos los socios (de Cambiemos). Le dimos el aval porque no había ninguna condición objetiva para rechazar la propuesta de la primera minoría", aseguró el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Días atrás, Carrió afirmó que Echegaray inició desde su cargo de jefe de la AFIP "una campaña de persecución política" en contra de ella durante la campaña para las elecciones legislativas de 2013. Según la diputada, la AGN, como organismo de asistencia técnica del Congreso, "no puede estar integrada por personas acusadas de haber vulnerado los privilegios parlamentarios de ningún miembro del poder del Estado del cual dependen y al cual deben asistir". Otra seria traba es la acusación que existe contra Echegaray en la causa de la ex imprenta Ciccone. Allí, el fiscal federal Jorge Di Lello ha solicitado que se lo cite a prestar declaración indagatoria.

Héctor Recalde, jefe de la bancada de diputados kirchneristas, se había indignado al hablar de falta de compromiso democrático del oficialismo, tergiversando adrede la argumentación. Nadie le niega al peronismo su derecho a presidir la AGN. Se rechaza, en todo caso, que el primer partido de la oposición haya elegido a una persona carente de la más mínima idoneidad moral, que ha violado normas y a la que no se ha seleccionado para prestigiar la AGN, sino para controlarla en beneficio de las anteriores autoridades nacionales. En una palabra, para impedirle a la AGN ejercer su función natural de contralor.

La salud de la República exige ahora poner otra vez de pie a esos organismos y no poner de rodillas a uno de los pocos que pudieron seguir ejerciendo su función en los peores momentos, otorgándole la titularidad a quien no reúne los requisitos morales básicos para esa función.