Caso Guateque

La Audiencia de Madrid constató ayer que el caso Guateque, en el que 30 empresarios y funcionarios del Ayuntamiento de la capital estaban acusados de organizar una trama para agilizar licencias por sobornos, se inició tras un montaje con «mala fe» de la Guardia Civil, que además se mantuvo oculto por la actuación «inexplicable» del juez y de la Fiscalía.

La consecuencia ha sido la absolución de todos cuando la Fiscalía pedía 250 años. Al menos una decena de procesados ha pasado por prisión, muchos han perdido su empleo y tres confesaron su participación en los hechos que les afectaban, sucedidos hace 10 años.

El caso Guateque fue un escándalo que obligó a responder al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, que pugnaba entonces junto a Esperanza Aguirre por retornar a la primera línea de la política nacional. Estalló el 14 de noviembre de 2007 con el arresto de 16 personas y acabó convertida en una macrocausa en la que llegó a haber 118 imputados. El Poder Judicial sancionó en 2012 al instructor, Santiago Torres -hoy dedicado a la abogacía privada-, por dilatar la investigación de forma injustificada.

El auto por el que se incoaron las diligencias del caso Guateque sitúa su origen en un atestado de la Guardia Civil que recogía el contenido de una grabación hecha a escondidas por un empresario en la que se escuchaba a otro hacer referencia a una supuesta petición de dinero por parte de funcionarios municipales para agilizar un expediente.

El Instituto Armado afirmaba que el denunciante había tomado de manera espontánea la iniciativa de registrar la cinta, cuando la realidad es que fueron «miembros desconocidos» de la Comandancia quienes le instigaron a hacerlo, proporcionándole una grabadora de pequeñas dimensiones, llegando incluso a instruirle para que forzase la conversación de forma que sugestionara las respuestas de su interlocutor.

La sentencia de la Sección Penal Segunda es implacable al describir que «el contenido mendaz del atestado [de la Guardia Civil] es el procedimiento fraudulento ideado para conseguir la iniciación del proceso penal mediante el ardid de presentar la grabación de la conversación obviando el dato esencial relativo al método empleado para su obtención».

Y eso es así porque, de haber informado al juzgado de lo «verdaderamente sucedido» -que fue la propia Guardia Civil quien preparó el montaje sin autorización judicial-, «tenía que haber sido determinante para declarar la nulidad de la grabación y el consiguiente sobreseimiento y archivo de las actuaciones», continúa la Sala. Como las intervenciones telefónicas posteriores se ordenaron a partir de esa prueba nula, toda el procedimiento está contaminado y no hay otra salida que la absolución masiva de los 30 acusados: «La presente causa nació viciada, por lo que adolece desde su origen de una nulidad radical e insubsanable».

«Los agentes de la Guardia Civil actuaron de mala fe, estando encaminada su intervención a la obtención de una fuente de prueba mediante una acción vulneradora del derecho a la intimidad, tratándose de una infracción deliberada para conseguir la iniciación del proceso penal», señala la resolución, redactada por el magistrado Valentín Sanz.

La Sala no ahorra reproches para la instrucción «inexplicable» del juez Torres -que ni siquiera requirió la cinta original ni tuvo «el más mínimo interés» en saber cómo se obtuvo la grabación- así como al «paradójico silencio» de las acusaciones -Fiscalía, Ayuntamiento y asociación Adade- sobre estos mismos extremos.

La vulneración de derechos que la Audiencia aprecia llega a tal extremo que el empresario que grabó la cinta original ni siquiera reconoció durante el juicio su voz durante una parte de la conversación, lo que lleva a los magistrados a concluir que ni siquiera hay prueba de que el contenido del CD aportado a la causa sea auténtico. En definitiva: «No existe tal supuesta grabación, por lo que la instrucción y el proceso entero se han construido desde la nada más absoluta».

Al juez y a las acusaciones responsabiliza el tribunal de que no haya sido hasta el juicio, una década después de iniciada la causa, cuando se haya preguntado al denunciante al respecto y acreditado la verdad. Llamativamente, este diario informó de la realidad de lo sucedido ya en su portada del 16 de noviembre de 2007, bajo el título El hombre que denunció la trama hizo de 'topo' para la Guardia Civil.

«Una actuación premeditada» La sentencia de la Audiencia de Madrid describe la grabación que dio origen al caso como «una actuación premeditada con la intención de lograr que el grabado manifestara hechos que pudieran ser utilizados en su contra en un proceso penal ulterior». Para ello, fue el empresario instigado por la Guardia Civil «quien introdujo reiteradamente la cuestión relativa al dinero, a la que no se había referido en ningún momento su interlocutor, preguntando primero '¿y cada vez que te informa uno positivo siempre es porque ha habido que darle dinero o no?'; después, 'lo que hace el dinero es adelantar, ¿no?'». Comoquiera que su interlocutor «seguía sin hacer mención a dicha petición de dinero», preguntó: «'¿Y qué está pidiendo éste?», por lo que el tribunal considera que «existe una clara incitación por parte del testigo con una evidente finalidad de preconstitución probatoria».