El Estado pagaría $20 mil millones anuales a unos 210.000 ñoquis Archivo

La definición en lunfardo de ñoqui, aquel que sólo cobra una vez por mes y que no trabaja, no tiene que ver con quienes se presentan al lugar de trabajo y hacen poco y nada sino con aquellos que directamente no trabajan pero tienen un sueldo estatal. "El Estado es la compañía número uno en contratación de personas con un escaso y deficiente control sobre ellas", dice Diego Bleger, socio a cargo de Forensic Services de KPMG.

Por qué y para qué existen estas contrataciones irregulares son preguntas que tienen múltiples respuestas. La más importante está relacionada con el financiamiento de la política. "Es un modo de obtener dinero público para hacer política. Por ejemplo, si se necesitan $ 5 millones por mes, se contrata a 500 personas con un sueldo de $ 10.000 por mes. Esas personas quizás ni se enteran", explica Bleger.

Según estimaciones hay 210 mil ñoquis en el Estado que le insumirían 20.160 millones anuales en concepto de salarios, sin contar aguinaldo y vacaciones

Cuántos empleados hay en el Estado argentino es un número difícil de establecer porque no hay cifras oficiales y en los últimos meses se incorporaron de a miles a la planta permanente.

Según la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), ese número trepó de 3.583.000 en 2012 a 3.995.000 este año. Cuando asumió Néstor Kirchner, en 2003, había 2.210.000 empleados públicos. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), hacen referencia a que existen tres millones de empleados públicos.

Tomando una cifra intermedia, existen 3,5 millones de empleados públicos en la actualidad. En base a estudios anteriores de KPMG, entre el 5% y el 7% del total de una planta son "empleados fantasma" que cobran un promedio de $ 8000 mensuales. Para llegar a este porcentaje, la firma realizó la técnica de entrecruzamiento de datos y la puesta en marcha de un 0800-ñoquis, con muy buena repercusión, ya que los empleados que sí trabajan ven con muy malos ojos a aquellos que cobran un sueldo sin concurrir a la oficina.

El 6%, de los 3,5 millones de empleados públicos serían entonces 210.000 personas que le insumen al Estado $ 20.160 millones anuales en concepto de salarios, sin contar aguinaldo y vacaciones. A modo de comparación, por la Asignación Universal por Hijo (AUH) el Estado pagó $ 24.196 millones al tercer trimestre de este año, según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). El presupuesto inicial para 2015 fue de $ 24.818 millones, y luego se extendió a $ 30.818 millones.

Sin los ñoquis, entonces, podría aumentarse como mínimo un 50% el monto de la AUH, que hoy es de $ 837 por cada hijo para grupos familiares con ingresos de hasta $ 7500 mensuales y $ 2730 por hijo con discapacidad (la AUH disminuye montos a medida que los ingresos son superiores).

Andrés Ibarra, a cargo del ministerio de Gestión y Modernización, en diálogo con LA NACION dijo: "Encaramos un relevamiento área por área para corroborar la cantidad de empleados, su tipo de vinculación, de planta o contratos. Dentro de lo que es sólo la administración pública nacional, nos llama la atención que los contratos que se iniciaron en los últimos tres años son más de 20.000 sobre un total de contratados de 64.000. Vamos a revisar esos contratos para ver que correspondan a gente que efectivamente está trabajando en esa administración. Es un número que nos sorprende por su magnitud".

El funcionario aclara que hay 370.000 empleados en la administración pública nacional; más de 20.000 en los distintos organismos y 50.000 más de empresas públicas. Si se agregan los otros poderes se llega a unos 900.000 empleados, "pero queremos corroborar esta cifra", dice. No incluye empleados provinciales y municipales, aunque concuerda con FIEL en la cifra total.

Categorías de ñoquis

Existen favores políticos por los que se incorporan personas al Estado; los ñoquis militantes, quienes figuran en un determinado puesto pero se dedican sólo a la militancia; quienes contratan personas o parientes que en realidad trabajan en otros lugares, y se quedan, o no, con un porcentaje de su sueldo; fallecidos que siguen con recibo de sueldo mensual y que cobra otra persona; quienes tienen parte de enfermedad de manera permanente; y ñoquis por error, aquellos que ya no trabajan para el Estado o se jubilaron hace tiempo, pero que siguen con su sueldo porque nunca se los dio de baja, como prueba del inmenso desorden que existe a la hora de llevar las cuentas y registros públicos.

Todos sabemos que existen los ñoquis, se trata de una de las formas de abuso de poder

"Sucede, en algunos casos, que los empleados cambian de repartición pero cobran sueldo de ambas, la anterior y la actual", dice Raúl Saccani, Socio a cargo de Forensic & Dispute Services de Deloitte.

Durante los últimos días del gobierno saliente se pasaron a muchas personas a la planta permanente. Según un estudio de KPMG mundial, ante un cambio de gobierno hay que detectar a quienes nunca trabajaron y cobran un sueldo de manera rápida. De otra manera se esconden en el gran océano de empleados públicos. En este sentido, Bleger recomienda hacer auditorías en todos los niveles de la administración pública.

"Todos sabemos que existen los ñoquis, se trata de una de las formas de abuso de poder", agrega Carlos Rozen presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance y socio de BDO. "Económicamente es rentable para el que da el trabajo y se queda con una parte, y para el beneficiario si es que llega a cobrar algo de ese sueldo. El que pierde es el Estado, que somos todos", añade.

Contratados

La preocupación de Hugo Godoy, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), es que no se confundan los ñoquis con los trabajadores del estado que están precarizados, unos 600.000 en total. "El 31 de diciembre vencen los contratos de 95.000 trabajadores contratados en el estado nacional y de 600.000 contando provincias y municipios. No se puede dejar a estos trabajadores en la calle. No queremos que se salga a la caza de ñoquis como una manera de justificar el despido de trabajadores. La conversación que debemos tener es cómo terminamos con la precariedad laboral en el Estado", dijo.

El representante de los trabajadores del estado afirma que "hay una costumbre ante los cambios de gobierno de despedir a los precarios para nombrar gente de sus propias filas".

El miércoles pasado, unos 3000 trabajadores legislativos realizaron una protesta fuera y dentro de la Cámara de Diputados en contra de la decisión de no reconocer recategorizaciones y el pase de personal a planta permanente dispuesta en los últimos seis meses, que cesó cuando las nuevas autoridades prometieron "rever" la medida. El anterior titular del cuerpo, Julián Domínguez, había pasado a planta permanente 600 trabajadores transitorios de distintas áreas.

"No se avizora un panorama sencillo para la flamante administración si tuviera la voluntad política de purgar ejemplos extremos como estos", dice Saccani. "Quizás pueda remover algunos, pero una acción más generalizada probablemente generará inquietud entre todos los trabajadores –incluso aquellos que genuina y honestamente se desenvuelven día a día– y en particular planteará algún nivel de conflictividad que deberá gestionarse de manera adecuada.

"Para que las revisiones puedan llevarse a cabo, se debe abordar el tema desde el punto de vista del Derecho Laboral y Penal, con un adecuado aseguramiento de las pruebas y respetando la dignidad de los trabajadores de buena fe."

Cómo trabajan los investigadores

"A la hora de detectar las potenciales irregularidades, primero se auditan las bases de datos en busca de indicios tales como aquellos empleados con datos coincidentes (domicilios, teléfonos, nombre, repartición), vinculaciones directas con empleados de otras dependencias, con sueldos registrados en múltiples reparticiones o cobrando horas extras de forma indebida, con empleo registrado tanto en el sector público como en el privado, o que no se toman vacaciones ni licencias, entre otros", dice Saccani.

La acumulación de indicios llevará a seleccionar los casos que deban ser analizados con más detenimiento, lo que usualmente incluye una revisión in situ, con entrevistas al empleado "y preservación de la evidencia que podría requerirse frente al eventual proceso de desvinculación".