Los obispos se apartan definitivamente de la doctrina social y política del Partido Popular y por primera vez no asumen las tesis populares de la recuperación económica. Además, han criticado la corrupción, el tratamiento de los inmigrantes y han pedido que no se desmantele el Estado de bienestar.

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Así lo recoge el documento aprobado en la última Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y que marca el viraje hacia las tesis del papa Francisco. Por ejemplo, en inmigración, la Iglesia española da un toque a las políticas del Gobierno y señala que hay que reconocer la aportación de los inmigrantes a la sociedad. Apuesta por la "acogida de estos seres humanos" que vienen huyendo del horror, teoría opuesta a la del ministro de Exteriores, que defiende que vienen por causas económicas.

En el plano económico, los obispos también se posicionan contra las últimas declaraciones del Gobierno: "Aunque digan que la crisis se está superando, hasta que no se haga efectiva en la vida de los más necesitados, no nos conformaremos", ha subrayado el presidente de la comisión de Pastoral Social, Juan José Omella, durante la presentación de esta instrucción pastoral. Ponen el acento en dos adjetivos sobre la mejora que vende el Gobierno de Rajoy: el trabajo ha de ser "digno y estable".

Toque a la honradez de los políticos

Respecto a la corrupción, han señalado que "tenemos que poner la transparencia y la honradez en el servidor político", ya que hay una "grave deformación del sistema político" basado en la "codicia financiera" y la "avaricia personal". Además han pedido que estos comportamientos sean atajados "lo antes posible".

"Debemos afrontar realmente las raíces de la pobreza, y para ello es necesario que los responsables públicos, los miembros del Gobierno, pongan en marcha acciones de todo tipo: fiscales, de redistribución de bienes, de humanización del trabajo... Porque la pobreza es evitable en la actualidad". Además han añadido: "No podemos dejar todo en manos de los poderes económicos, de la banca".

Los obispos van más allá y exigen claramente que se proteja el Estado de bienestar: "Que las administraciones públicas, en cuanto garantes de los derechos, asuman su responsabilidad de mantener el Estado social de bienestar, dotándolo de recursos suficientes".

Eso sí, en este viraje de la Iglesia, el aborto queda inmutable y en su carta se sigue declarando que "el derecho a la vida es innegociable" y que los obispos se comprometen a que se defienda.

"Pedimos perdón"

Además, por primera vez en mucho tiempo, los obispos hacen una autocrítica, al pedir "perdón por los momentos en que no hemos sabido responder con prontitud a los lamentos de los más necesitados", y subrayar su intención de comprometerse, junto al papa Francisco, en la promoción de una sociedad de "liberadores de las pobrezas".

En la presentación del documento, el portavoz episcopal, José María Gil Tamayo, ha incidido en que este "no es un documento contra nadie, no es la palabra de un contrincante político en tiempo electoral", sino "la voz de la Iglesia que quiere hablar a los fieles y una iluminación a los problemas que tiene nuestro país".