Si es verdad, como suele decirse, que la salud es riqueza, España se está alejando de los estándares de calidad de vida europeos. En particular, desde el comienzo de la crisis. Así lo pone de manifiesto un esclarecedor informe de la Comisión Europea sobre sostenibilidad de los sistemas de salud en la UE, en el que se estima que desde 2009 el gasto público en salud ha disminuido en unos 12.000 millones de euros. El informe tuvo este lunes una primera lectura en la reunión del Eurogrupo.

O lo que es lo mismo, el esfuerzo fiscal ha pasado de representar un 7,2% del producto interior bruto (PIB) al 6,4% en 2013, último año con datos comparables. Aquel año, el gasto en sanidad pública (con un PIB equivalente a 1,079 billones) ascendió a 77.690 millones de euros, mientras que en 2013 (con un PIB que había bajado hasta representar 1,025 billones) ascendió a 65.640 millones. Es decir, algo más de 12.000 millones de ajuste. Si se tiene en cuenta lo que se invierte en salud incluyendo los sistemas privados, el resultado es muy similar. Se ha pasado del 9,6% del PIB al 8,9%, lo que significa que el sector público ha llevado el peso de los ajustes.

El informe —vea aquí el análisis específico sobre España— parte de una consideración. El gasto en salud tiene dos periodos muy distintos. Durante los primeros años del siglo, ejercicios de fuerte crecimiento económico, se produjo un fuerte avance en esta partida. El gasto per cápita en España creció, en concreto, un 4,1% anual entre 2003 y 2008. Sin embargo, la crisis significó un sensible retroceso. En el caso español, ha descendido un 1,2% anual, entre 2008 y 2013, por cabeza.

Aun así, el gasto en salud —incluyendo tanto las prestaciones públicas como las privadas— se sitúa muy por encima del 7,2% del PIB que se registraba en el año 2000 o el 6,5% de 1990, lo que significa que, pese a los ajustes, la cantidad de recursos no ha dejado de crecer si se analizan periodos más amplios.

Esto es, realmente, lo que analiza el informe de la Comisión Europea, que estudia la viabilidad de los sistemas públicos de salud a la luz del envejecimiento de la población, por sus implicaciones económicas. Desde esta óptica, los expertos de Bruselas recuerdan que las mejoras en la salud “pueden contribuir a aumentar la participación en el mercado laboral a edades más avanzadas”, lo cual puede tener un impacto positivo en la economía general.

En las últimas décadas, en todo caso, los avances han sido considerables. En 1970, apenas el 61% de la población estaba cubierto por un sistema de salud público o privado. En 1983, ya se había pasado al 83%, y en 2011 se había logrado la práctica universalización: un 99,9%. En 2014, bajó de forma marginal, hasta el 99,8%.

Política de ajustes

Frente a lo que suele creerse, los recortes en el gasto en salud no ha sido la regla general en los años de crisis. Al contrario, tienen que ver con decisiones de política económica. De los 27 países incluidos en el trabajo de la Comisión Europea, en 16, más de la mitad, el gasto en sanidad pública creció en los años de la crisis, mientras que en cinco (Grecia, Luxemburgo, Portugal, Italia y España) se produjeron ajustes superiores al 1% anual per cápita. Algo que puede explicar, en parte, que el gasto público en salud respecto del gasto total en esta partida (incluyendo el sector privado) se sitúa todavía muy por debajo de la media europea. Representa el 70,4%, frente al 76,1% de la eurozona.

El resultado para España es que se ha alejado del gasto medio público en materia de salud. Frente al 8% del PIB que gastan, como media, los países del euro, en España representa el 6,4% del PIB. La distancia, por lo tanto, se sitúa en unos 16.000 millones de euros anuales para alcanzar el nivel de gasto sanitario de la eurozona. Según los expertos de la UE, existe una “evidencia” de que la buena salud afecta positivamente al bienestar de los individuos, pero también “es un argumento para considerar el gasto en salud como motor de crecimiento económico y como una inversión, no un coste”.

El informe recuerda que España, junto a otros 10 países, se incluye en la lista de economías en las que existen riesgos potenciales elevados para asegurar la sostenibilidad de sus respectivos sistema de salud públicos.