Un recorrido por el ideario de Eugenio Raúl Zaffaroni, designado por la Presidente como candidato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, permite comprender el carácter oportunista de una súbita voltereta doctrinaria que reveló semanas atrás.

En su libro de 1989 En busca de las penas perdidas, Zaffaroni anticipaba el programa de la posdictadura que terminaría siendo una masacre por goteo habilitada por la excarcelación de reincidentes. Proponía un derecho penal mínimo “como paso o tránsito hacia […] una utopía abolicionista del sistema penal”. Y aclaraba que la llamaba utopía “por lejana y no realizada, pero no por irrealizable”: veinticinco años después, ese programa se cumplió en la Argentina.

En su libro de 2011 La cuestión criminal, Zaffaroni describe los habituales razonamientos contrafácticos del deudo –“si yo no le hubiera pedido retirar el dinero al banco”, se dice el enlutado, “no habría sido secuestrado ni asesinado”-. Pero a renglón seguido se vale de la extrapolación arbitraria de herramientas pseudopsiconalíticas a la administración de justicia: “El peso de esa culpa irracional provoca una extroversión que proyecta la responsabilidad”, Zaffaroni subraya, “en un objeto externo”. Y con el propósito de justificar la abolición del castigo a delitos gravísimos, sostiene que “no se trata de la culpa por el homicidio o por lo que sea, que sin duda tiene un responsable a veces ya bien identificado, sino de una culpa por la situación” (sic). “Así como esa culpa no es racional”, concluye, “tampoco lo es la responsabilidad del otro [el homicida] por la situación”.

Mediante este truco de ilusionista -deudor de una falsa horizontalización entre víctima y victimario-, súbitamente terminamos cautivos de una retórica dirigida a exonerar de culpa al sobreviviente. Y en este juego discursivo, el victimario es neutralizado hasta evaporarse, licuándose la penalización del delito en una teoría de la responsabilidad difusa. Una vez que el imputado llega a juicio, es juzgado discrecionalmente. Y las previsibles sentencias se ocupan de sobreseer o, si no es posible, de contrarrestar el poder punitivo de la ley.

Su estrategia está descrita por él mismo en un reportaje de la revista Rolling Stone de 2003. Tras reconocer que envió a la cárcel a “mucha gente, muchos años”, y admitir que es “horrible”, añade: “Sí, pero la diferencia es cómo lo encarás. Abrís un expediente y decís: ´A ver cómo lo zafo a éste´. Y si zafarlo no está bien, entonces digo: ´A ver cómo hago para que la lleve más aliviada´. Abriendo un expediente así, con esa idea, vas a dormir tranquilo siempre. En definitiva, la función del juez penal es contener el poder punitivo, ¿viste? Poder decir: ´Bueno, hasta acá´. En el ejercicio del poder punitivo llega un momento del proceso en que el acusado está solo, todos contra él. Hasta que llega un tribunal que dice: ´Vamos a ver cómo compensamos esto´”.

La imposición de Justicia queda allí reducida a apaciguar la buena conciencia, prevaleciendo los fines subjetivos y de orden privado que invalidan el valor de una de las instituciones republicanas que deberían bregar por el bien común. Se entiende entonces que, amparado en la inoperancia del sistema penal, se le de el golpe de gracia: en los hechos, se minimizan o, siguiendo el modelo abolicionista, hasta se eliminan las penas. Por supuesto, se empieza con una pena de prisión perpetua –a sabiendas de que el “clamor popular de venganza”, Zaffaroni dixit, será satisfecho y divulgado por las cámaras de tv a las que el ex juez tanto maldice. Pero después, cuando las luces del minuto de fama se apaguen, un Tribunal de Casación cambiará la carátula y terminará otorgando tres años de prisión en suspenso, se trate de Felisa Micheli y su bolsa en el baño o del soldadito homicida de la 11-14.

Pese a que su prédica penetró los intersticios de la política penal, Zaffaroni propone hoy un cambio de paradigma. En una entrevista publicada en febrero por la Revista digital Ajo, confiesa su fracaso cuando dice que “no se puede pensar en un abolicionismo, en un reduccionismo del poder punitivo a un derecho penal mínimo, como proponen algunos. Es interesante discutirlo en algún café de París”. Parece olvidar que fue el adalid de esa corriente cuya contracara fue la sociedad argentina travestida en conejillos de indias de un experimento social pergeñado por su doctrina academicista de la cual hoy reniega pero que se sigue aplicando en los fallos con discrecionalidad. Desmintiéndose a sí mismo y a sus fallos abolicionistas, declara que “terminar con esa lógica implica un cambio civilizatorio, que no es tan fácil como proponen los abolicionistas”. Para Zaffaroni, el sistema penal es una canalización de la venganza privada que debe ser “superada”. Pero si no se “supera” en otros ámbitos de la vida humana (es retributivo tanto el dar las gracias a un regalo como el pagar una multa en el derecho tributario), ¿por qué exigir su superación cuando el “conflicto” es la muerte violenta de un hijo, un padre o un hermano? Solo un rasgo de omnipotencia patológica pudo hacerle creer que esa dificultad “civilizatoria” podría ser superada.

No cambió en su culpabilización a los medios de su errada política penal: “Es el Teorema de Thomas: no te importa que algo sea cierto o falso, sino que se lo dé por cierto y produzca efectos reales …” Siguiendo esta lógica, si se da por cierto el ideal de la reinserción tras apenas tres años de prisión (la media en la Argentina) para un violador o un homicida que reincide en el delito, entonces produce efectos reales: no solamente las vidas arrancadas, sino un falso sistema de creencias en una sociedad colonizada por la doctrina Zaffaroni que, si bien comienza a salir de su letargo, continúa valiéndose de conceptos como estigmatización (si se habla de peligrosidad) y rehabilitación inmediata (negada por los índices de reincidencia).

Su tardíamente admitido “error de juventud” se perpetúa en la colonización de una justicia autodenominada “legítima” que continúa aplicando su doctrina. Un ideario que ya se cobró miles de “ausentes” de la Democracia, como los llamó Zaffaroni, sucedáneos de los “desaparecidos” de la Dictadura.

Diana Cohen Agrest

Doctora en Filosofía y ensayista. Miembro de Usina de Justicia