La nueva Ley del Cupo consagra al País Vasco como receptor neto del Estado y le deja al margen de la solidaridad territorial, según coinciden miembros del comité de expertos para reformar la financiación autonómica y cálculos elaborados por Ciudadanos a partir de datos oficiales a los que tuvo acceso EL MUNDO.

Según el último dato liquidado correspondiente a 2015, lo ingresado por el Estado en concepto del Cupo -la aportación del País Vasco por competencias del Estado como Defensa o política exterior- fue de 1.139,4 millones. Sin embargo, ese mismo año, el Estado efectuó un ingreso a favor de las haciendas vascas por valor de 1.421 millones en concepto de devolución de IVA, por lo que el saldo fue positivo en favor de Euskadi en unos 300 millones.

Recibió más dinero de lo que aportó pese a ser la segunda comunidad con mayor renta per cápita de España, según el Instituto Nacional de Estadística. Y esa situación no solo se mantiene, sino que aumenta con la nueva Ley del Cupo para el periodo 2017-2021, coinciden expertos y Ciudadanos. En el texto remitido al Gobierno, se establece que la aportación bruta de Euskadi al Estado será de 1.304 millones, por debajo de los últimos años. No es fácil identificar a cuánto asciende la pérdida para la Administración central.

En la memoria de impacto económico remitida al Congreso por el Gobierno, el Ministerio de Hacienda describe de manera críptica los cálculos y se limita a señalar que tiene «un efecto neutral» porque sólo cabe hablar «en términos consolidados» y «los flujos financieros en su subsector [Estado] son simétricos a los de otro [País Vasco]». Es decir, como todo es el Estado, es indiferente precisar quién aporta a quién.

El comité de expertos pide en vano que Euskadi aporte a la solidaridad territorial

El experto en representación del Gobierno en el comité de sabios para reformar la financiación, Ángel de la Fuente, y el ex director general de Hacienda en la etapa socialista Alain Cuenca coinciden en que la nueva ley favorece aún más al País Vasco.

De la Fuente mantiene que el Cupo es un privilegio y la mayor anomalía en el sistema de financiación. Cuenca, profesor en la Universidad de Alcalá de Henares, se muestra escandalizado con la actual y la nueva normativa: «Desde 2010, el País Vasco recibe de forma neta del resto de España y esto sin contar con lo pactado ahora que consolida y refuerza esta posición».

La nueva Ley, acordada por el Gobierno central y el vasco antes del verano y que este martes llega al Congreso -se vota el jueves-, ignora por completo las recomendaciones del comité de expertos creado por el Gobierno para reformar la financiación, que acordó el pasado julio solicitar a Cristóbal Montoro que recalculara el Cupo para «reducir las fuertes desigualdades existentes» y que «las comunidades forales deberían comenzar a contribuir a la nivelación interterritorial». Ni una cosa, ni otra, lamenta Cuenca.

«Vamos a presentar una enmienda a la totalidad», asegura a este diario el portavoz de Cs, Francisco de la Torre. Ésta es la única arma de la que dispone, pues la Mesa del Congreso decidió tramitarlo en lectura única sin modificación posible vía enmiendas. PP, PSOE y Podemos apoyaron este singular método.

El ajuste del IVA hace que el País Vasco sea receptor neto de ayudas

Montoro defiende el acuerdo en atención a los derechos históricos y al régimen de concierto establecido en la Constitución. De la Torre niega que ése sea el debate: «No estamos hablando de fueros, sino de cálculos. No es normal que las instituciones forales vascas sean receptoras netas en lugar de aportar a la solidaridad interterritorial, pese a su renta per cápita elevada».

De la Torre ataca particularmente el acuerdo entre Montoro y el consejero vasco por el que Euskadi se queda con lo que recauda de IVA en su territorio y, además, recibe un porcentaje de lo que las empresas vascas venden en el resto de España.

Según el análisis de este diputado, debería ser al revés. El País Vasco debería aportar más al Estado que a la inversa, al ser más grande el mercado del que se benefician las empresas vascas que el consumo que se hace en su territorio de los productos de las empresas del resto de España.

Sin embargo, el acuerdo perpetúa esos ajustes a favor del País Vasco. «El IVA nunca estuvo en el régimen foral establecido en la Constitución, porque su introducción en España es posterior», subraya De la Torre.

Cuenca coincide en ese privilegio foral: «El ajuste en el IVA debería ser a la inversa». Se da también la paradoja de que antes de que se reforme el sistema de financiación general, el Gobierno vasco ya ha arrancado su reforma para los próximos cinco años. «Forma parte de los acuerdos con el PNV para sacar adelante los Presupuestos de 2017», justifican fuentes gubernamentales. En el Ejecutivo vasco niegan que la nueva norma suponga un incremento sustancial más allá de reconocer y consolidar una deuda de 1.400 millones que tenía contraída el Estado.