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El colectivo de pensionistas ha convertido el 0,25% en símbolo de lucha por el respeto y la dignidad. «Las pensiones públicas son un derecho básico que constituye la política pública con mayor poder de reducción de desigualdades y de redistribución de la renta», recuerdan.

Humillación. Esa es la palabra que le viene a la boca a Juan Antonio Hernández, un jubilado alavés, cuando se le pregunta por la subida del 0,25% de las pensiones. «Estos meses he salido a la calle con la misma fuerza y las mismas ganas que cuando era un chaval de 20. Si entonces la represión no pudo conmigo no lo va a hacer ahora. El 0,25% de subida es humillante y tampoco me fio de los últimos acuerdos entre PP y Ciudadanos. Si queremos conservar las pensiones, hay que seguir en la lucha«.

Ese es el sentimiento general entre el colectivo de pensionistas que, de momento, no piensan abandonar las movilizaciones. Los últimos acuerdos de cara a los presupuestos generales entre el PP y Ciudadanos para mejorar las pensiones más bajas se consideran insuficientes.

«El colectivo de pensionistas, infantilizado en los servicios asistenciales, incluso en la sociedad, ha convertido el 0,25% en símbolo de lucha por el respeto y la dignidad. Rajoy ha ido más allá de congelar las pensiones, hasta ahí ya llegó Zapatero. El 0,25 % representa una humillación, un insulto, la calderilla de una limosna lanzada al suelo de mala gana. Pelear contra el 0,25% es una cuestión de principios, un motivo de orgullo». Es lo que asegura Luis Alejos, pensionista y sociólogo de profesión, en un artículo de opinión escrito para eldiarionorte. «De poco sirve que Rajoy intente ahora calmar los ánimos prometiendo mejorar las pensiones más bajas y de viudedad».

Esas subidas no evitarán que muchas pensiones, sobre todo las de viudedad, mantengan a quienes las perciben en la pobreza. En Euskadi, el 25% de las pensiones tienen y seguirán necesitando complementos y ayudas públicas. «El efecto de las mejoras que ofrece el Gobierno puede ser el contrario al deseado, contribuyendo a dinamizar la lucha en vez de frenarla, pues no suponen revalorizar ni garantizar las pensiones públicas. Por eso, pensionistas que antes renegaban de la política, gritan ahora ‘Rajoy dimisión’».

Son ya 12 semanas consecutivas concentrándose en las plazas de los ayuntamientos vascos y no parece que el ánimo decaiga. El presidente de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Bizkaia, Antonio Perera Ventura, incluso advierte de que «todo aquel» que apoye «a ese gobierno de dos, de Rivera y Mariano Rajoy» y facilite la subida del 2% de las pensiones que contempla el proyecto de Presupuestos Generales del Estado les a tener «en contra».

En tono irónico, dice que le provoca «risa» esta medida, que solo va a suponer un incremento de su pensión de 30 euros al año, pero únicamente será efectiva en 2018. «Es otra patraña. Creen que somos tontos. Confunden los años con ser tontos. Debe de ser que ellos eran más listos de jóvenes y ahora son más tontos. No, no nos pasa a nosotros. No tenemos tanto desgaste [mental] como para eso. Es mentira. Que los jubilados no se fíen de nada de eso».

Un parche

Desde la Comunidad Foral de Navarra, el sentimiento es similar. Para Fernando Viedma, portavoz de la Plataforma Navarra para la Defensa del Sistema Público de Pensiones, “la propuesta del Gobierno no deja de ser un parche que se orienta hacia la privatización del sistema”.

Tiene 62 años, y después de 30 trabajados en la empresa Koxka, en el año 2000 le fue diagnosticada una enfermedad profesional que le invalidaba para trabajar. Sufría problemas respiratorios por un componente químico. La Seguridad Social le reconoció una pensión por incapacidad permanente total, lo que le permitió cobrar de pensión el 55% del salario que percibía en aquellos momentos. Desde 2000 hasta hoy ha sido autónomo en un centro especial de empleo.

Gráfico con la situación actual de las pensiones.

«Apostamos por mantener las movilizaciones y la presión en la calle, pues no nos olvidemos de que nos estamos jugando la continuidad del sistema público de pensiones», avanza.

Su idea es convocar otra gran manifestación -como la del 17 de marzo, que reunió a más de 20.000 personas en Pamplona y a otras 5.000 en Tudela- a mediados de abril, «puede ser el 15», junto con los sindicatos UGT y CCOO. “La propuesta del Gobierno no deja de ser un parche que se orienta hacia la privatización del sistema”, advierte.

«En Navarra buscamos la unidad de acción con el máximo de agentes sociales y asociaciones de pensionistas, porque somos una comunidad muy plural», indica Viedma. Su plataforma, trabaja codo con codo con la Asociación Mayores contra la crisis, en la que además de UGT y CCOO están tres asociaciones de pensionistas.

«Se han asustado con las movilizaciones»

Esperanza Rubio, portavoz segunda de la Coordinadora en Navarra (representa a 29 asociaciones de la Ribera), si no tuviese a su marido tendría que ir a comer a un comedor social, al que va los domingos a ayudar. «Él [su marido] tiene una pensión más alta que la mía, y por eso somos unos privilegiados. Pero si no estuviéramos juntos no sé qué haría», resume Esperanza Rubio, quien tiene 69 años y está jubilada desde los 64. Su caso fue uno de los que se presentaron el pasado 14 de marzo a la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Navarra, donde entregó la carta en la que se le comunicaba la subida de un 0,25% de su pensión, «una desfachatez de la ministra», en su opinión.

Desde los 14 a los 29 trabajó cotizando a la Seguridad Social como empleada por cuenta ajena. Lo dejó al tener dos hijos –“lo que pasaba antes”- y se marchó a vivir fuera, a Barcelona. Al volver, abrió una pequeña frutería, por lo que se hizo autónoma. A la hora de jubilarse, como lo que más cuenta para calcular la pensión son los últimos años cotizados -en los que contribuyó como autónoma- le quedó una pensión de 379,43 euros, con una subida de 0,95 euros este año. Eso después de cotizar durante más de 36 años en total a la Seguridad Social.

«Este es mi caso, por el que estoy indignada y con ganas de luchar», resume. «¿Un incremento del 0,25% y carta de la ministra? ¡Por favor! Ahora se han asustado con nuestras movilizaciones y Montoro nos quiere dar la zanahoria», clama indignada.

«Se aprueben o no los Presupuestos, esto es vergonzoso, insuficiente. Y hablo como portavoz de las cerca de 58.000 personas que hay en esta situación en Navarra, con pensiones así de bajas. En el Estado son más de 4.000.000. Y el coste de la vida sube, y tenemos que ayudar a nuestras familias también”, insiste.

El portavoz de Arabako Pentsionistak Lanean, Iñaki Martín, no es partidario de que se complementen las pensiones con planes privados y cree que se deben garantizar con los Presupuestos Generales del Estado. “No estamos peleando en la calles durante tantas semanas para que ahora nos den una zanahoria. Esos acuerdos entre el PP y Ciudadanos no van a dividir al colectivo. La subida que anuncian es ridícula”.

Reactivación de las movilizaciones

La mayoría de la gente que acude en el País Vasco a las concentraciones tiene de 60 a 80 años. “Estando entre la veintena y la cuarentena al morir el dictador, tenían la edad adecuada y se daban condiciones precisas para asumir compromisos políticos y sociales. Del actual colectivo de pensionistas salió la militancia que impulsó el movimiento obrero, estudiantil, euskaltzale, vecinal, ecologista o feminista”, explica Alejos. Es decir, protagonizaron huelgas generales, la batalla de la reconversión industrial, la oposición a las centrales nucleares, la reivindicación del aborto libre y gratuito, la lucha por la amnistía, la creación de las ikastolas y mucho más. Ahora, están ante una nueva misión.

«Los pensionistas», añade Alejos, «utilizan los mismos métodos que los activistas de los movimientos sociales. En realidad es el modelo que esa generación promovió hace medio siglo, actualizado y adaptado a la situación actual y a las nuevas tecnologías. En ambos casos destaca la determinación de ocupar espacios urbanos de carácter simbólico. Son luchas de posiciones, manteniendo la continuidad en la acción. No siguen cauces de expresión y de reivindicación formal, institucionalizada. Sus procedimientos son distintos a los de los partidos y sindicatos, disciplinados, ortodoxos, firmemente estructurados. Como el 8M, el movimiento de pensionistas evidencia la reactivación de las movilizaciones ciudadanas».

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