MONTERREY, NL (apro).- Consuelo Morales, presidenta de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), sostuvo que hubo más de 50 muertos en el motín del martes 10 de octubre en el penal de Cadereyta, y reveló incluso que algunos reclusos fueron violados con macanas durante el operativo para retomar el control del reclusorio.

En tanto, el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, sostuvo en un breve comunicado que hubo 18 decesos en el incidente violento y aclaró que ninguna dependencia estatal ha recibido denuncias por la desaparición de más reos.

La hermana Consuelo ofreció este jueves una conferencia de prensa en las instalaciones de Cadhac, donde enumeró las torturas a las que fueron sometidos los internos que se amotinaron en el interior de la cárcel estatal, desorden que fue provocado, según la autoridad, por desavenencias entre grupos internos.

“De acuerdo con los testimonios obtenidos por Cadhac, los internos fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes tales como golpes, uso de balas de goma, uso de armas letales, fracturas en manos, piernas, cabeza y cráneo, internos violados con macanas e internos aventados varios pisos por las escaleras”, explicó la ONG en un comunicado que difundió tras su presentación ante los medios.

También acusó que el atropello a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad continuó después de que los disturbios fueron atomizados, pues persistió la falta de atención médica, de alimentación y de acceso a la comunicación telefónica de sus familias.

También los reos fueron hacinados desnudos y constantemente criminalizados por parte de las autoridades, expuso Morales Elizondo.

Enseguida reiteró que la cifra de fallecidos que han obtenido es mucho mayor a la que dio a conocer la administración de “El Bronco”, luego de que policías ingresaran a la penitenciaría para rescatar a tiros a dos celadores que iban a ser arrojados al vacío desde el techo de un dormitorio.

Como lo señaló desde el miércoles pasado, cuando reveló la nueva cifra de internos masacrados, la activista dijo que obtuvo el dato con base en más de 400 reportes y entrevistas con familiares que acudieron con personal del organismo en busca de asesoría legal y acompañamiento.

“Reportan que al menos 50 personas privadas de la libertad perdieron la vida durante los hechos violentos ocurridos en Cadereyta. Si bien resulta gravemente preocupante la discrepancia en las cifras, es necesario resaltar que es obligación del Estado brindar protección a la integridad física y moral, bienestar y seguridad a las personas privadas de libertad; de manera que los hechos son inaceptables independientemente del número de personas fallecidas y lesionadas”, sostuvo.

A nombre de Cadhac, Consuelo Morales aclaró que tuvo que compartir esta información como una forma de expresar las preocupaciones de las víctimas y sus familias, frente a un manejo oficial de información lento, opaco e impreciso.

“Ante esta situación, las familias se desplazaron a las instalaciones del penal para intentar conocer la condición de su ser querido. La respuesta de la autoridad, lejos de ser asertiva, fue agredirlos con armas químicas, burlas, amenazas, acoso sexual y criminalización”, expuso Morales.

Por lo anterior, pidió una investigación efectiva que esclarezca los hechos de los días 9 y 10 de octubre, misma que garantice la reparación de los daños a los afectados y que la autoridad asuma garantías de no repetición, por lo que buscan que en esta indagatoria participe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

También pugna por que se analice si fue apropiado el uso de armas letales de parte de la policía Fuerza Civil y se investiguen los tratos inhumanos y degradantes.

Igual demandó que los mandos responsables de la seguridad y el bienestar de los internos de Cadereyta sean separados del puesto mientras es efectuada la correspondiente investigación de los hechos.

“Seguiremos dando por válido el testimonio de víctimas y familias hasta que no haya una investigación pertinente y transparente, que demuestre lo contrario”, concluye el comunicado.

La administración de El Bronco dijo que indaga los hechos y auxiliará a los afectados.

“El gobierno del estado muestra su disposición a investigar a fondo denuncias sobre los hechos registrados en el penal de Cadereyta, brindando la debida atención y protección a las víctimas y realizando las acciones necesarias para que los responsables de los delitos que pudieran resultar sean sancionados”, expuso en la respuesta oficial a los señalamientos de Cadhac.