En busca de explicaciones a los crecientes problemas que vive el sector salud, el presidente López Obrador habló hace unos meses de la supuesta falta de médicos en el país: “Hay 270 000 médicos y debemos tener, de acuerdo con la norma internacional, 393 000. Nos faltan 123 000”. “Además, los médicos que hay”, agregó, “no quieren ir a trabajar a comunidades apartadas”.

Esas declaraciones parecían preparar el terreno para una medida que difícilmente ayudará a resolver la crítica situación por la que atraviesan los servicios de salud de nuestro país: la contratación de médicos cubanos que hasta hace poco tiempo trabajaban en el Programa Mais Medicos en Brasil. El gobierno, de hecho, no ha descartado la posible llegada de un grupo de médicos cubanos especialistas en terapia intensiva que ayudaría a atender la demanda asociada al Covid-19.

Ilustración: David Peón

Las brigadas médicas internacionales, que tanta fama le dieron a Cuba, hace mucho tiempo que dejaron de existir. En su lugar surgieron misiones de carácter comercial que están operadas por médicos que trabajan en condiciones de franca esclavitud: vigilados por personal del aparato de seguridad de su país, impedidos de viajar acompañados de sus familias y despojados de la mayor parte de su salario.

Son tres preguntas a las que las autoridades de México deberán responder antes de solicitar la ayuda del gobierno cubano para enfrentar la pandemia: i) ¿Es necesario el apoyo de este grupo de médicos cubanos —los médicos mexicanos no pueden solos? ii) De aceptarse la ayuda, ¿se habrá de solapar la violación de los derechos humanos y laborales de la que son víctimas los médicos que sirven en las llamadas misiones en el exterior, como ya sucedió a los ojos de todo el mundo en Brasil?, y iii) ¿Se permitirá el ingreso a territorio mexicano de los miembros del aparato de seguridad cubano que suelen formar parte de esas misiones?

Las primeras brigadas médicas internacionales se organizaron poco después del triunfo de la Revolución Cubana, en 1963, en apoyo a Argelia, que sufrió un éxodo masivo de médicos después de su independencia. A esto le siguieron las brigadas de ayuda a los movimientos de liberación nacional de Guinea-Bissau y Angola, y, más tarde, la Revolución Sandinista de Nicaragua.

Estas brigadas se han movilizado también en casos de desastres naturales. Se enviaron a Chile, Nicaragua e Irán para apoyar a las víctimas de los terremotos que azotaron a esos países en 1960, 1972 y 1990, respectivamente; a Honduras, Guatemala y Haití en 1998, tras los huracanes Mitch y George; a los estados de Vargas, Miranda y Falcón en Venezuela después de las tormentas de 1999 que acabaron con la vida de más de 20 mil personas, y a Indonesia tras el tsunami de 2004.

Desde los años ochenta del siglo pasado, sin embargo, estas misiones empezaron a perseguir objetivos comerciales más que humanitarios y geopolíticos. Su número creció después de la caída del Muro de Berlín, como resultado del dramático descenso de los subsidios económicos que Cuba recibía de la Unión Soviética y la desaparición de los tratados comerciales preferenciales que el gobierno de la isla había establecido con los países socialistas de Europa del Este. En 1998, después de la llamada “fuga blanca” que se produjo por la desaparición del apartheid, no menos de 400 médicos cubanos llegaron a Sudáfrica. A los pocos años se enviaron misiones médicas a Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Guinea Ecuatorial, Mozambique y Zambia.

El momento de inflexión de este proceso, sin embargo, se produjo con el programa de cooperación que Cuba estableció con Venezuela como parte de los acuerdos comerciales que firmaron en 2000 y 2005. Este programa, conocido como Médicos por Petróleo, supuso la exportación de más de 30 000 médicos y dentistas cubanos a Venezuela a cambio de 105 mil barriles de petróleo diario.

Las siguientes olas de exportación tuvieron como destino Bolivia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua. En 2013, la presidenta brasileña Dilma Rousseff anunció la contratación de cuatro mil médicos cubanos para proporcionar atención médica en las zonas rurales pobres de Brasil a través del programa Mais Médicos. El número de médicos cubanos en este país aumentó año con año hasta alcanzar la cifra de 15 000 en 2018.

Se estima que la mitad de los médicos cubanos, no menos de 40 000, trabajan en más de 60 países de Asia, África y América Latina. De acuerdo con el Ministro de Comercio de Cuba, la exportación de servicios médicos es la principal fuente de divisas de este país, por arriba del azúcar, el tabaco, el níquel, el turismo y las remesas. Se calcula que estos servicios generan alrededor de 11 500 millones de dólares anuales.

El movimiento transfronterizo de trabajadores de la salud se ha convertido en un fenómeno global que produce enormes beneficios económicos a los países exportadores. En principio, no tiene nada de cuestionable el que Cuba rente su excedente de médicos a países extranjeros. El problema son las condiciones en las que lo está haciendo. Esta exportación de servicios médicos, que el gobierno cubano insiste en llamar “internacionalismo proletario” o “apoyo solidario” se está implementado en un contexto de enorme control y violando los derechos laborales de los médicos cubanos y los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección del salario. De hecho, el gobierno cubano, que opera a través de la empresa Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CMSC), ha sido acusado de tráfico de personas y demandado en las cortes brasileñas.

El gobierno brasileño pagaba a los médicos que trabajan en Mais Médicos un salario mensual de 4 150 dólares, además de proporcionarles alimento, transportación y seguro médico. Sin embargo, los médicos cubanos sólo recibían 1 000 dólares al mes, 600 de los cuales se les depositaban en cuentas en Cuba a las que no tenían acceso sino hasta que regresaban a su país al término de su misión. El resto, 3 150 dólares mensuales, se lo apropiaba el gobierno cubano en un acto que legalmente puede considerarse “retención de salario”, que se tipifica como delito penal.

A esto habría que agregar las prohibiciones y la vigilancia continua. A los trabajadores de la salud que operan las misiones médicas no se les permite establecer relaciones personales con la población local ni hablar con periodistas o diplomáticos, y deben solicitar autorización para viajar fuera de su jurisdicción. Personal de seguridad cubano es el responsable de garantizar el apego a estas medidas. Janoi Gonzáles, un médico cubano exiliado en Estados Unidos desde 2013, señala: “En cada misión hay una persona que se llama ‘jurídico’. Todo mundo sabe que … es un agente de seguridad del Estado, que controla todo, que acusa, que tiene derecho a revisar tus documentos privados, tu teléfono, todo”. Las faltas se castigan con penas que van desde amonestaciones y confiscación de un porcentaje del salario hasta la expulsión de la misión y el retorno inmediato a la isla.

Julie Feinsilver, autora del libro Healing the Masses: Cuban Health Politics at Home and Abroad, asegura que los médicos cubanos formados bajo la Revolución no conocen otro sistema y ven las misiones en el exterior como un honor y una oportunidad de aprender y servir. Pero la realidad parece ser más compleja. Los médicos cubanos, que ganan menos de 50 dólares al mes en su país, dejan la isla en busca de libertad y prosperidad, que con frecuencia encuentran en el exilio.

El número de trabajadores de la salud asignados a misiones internacionales que han desertado se ha incrementado de manera dramática, en parte como resultado de la implementación del Programa de Admisión Condicional para Profesionales Médicos Cubanos, establecido por el presidente George W. Bush en 2006, que otorgaba a los médicos cubanos que trabajaban en misiones internacionales visas de residencia. Este programa fue descontinuado por la administración del presidente Obama en enero de 2017 arguyendo que estaba afectando la salud del pueblo cubano.

De acuerdo con El País, en la última década han desertado de su misión no menos de 5 000 médicos, enfermeras y terapeutas cubanos. En 2013 llegaron a Estados Unidos 3 000 médicos cubanos procedentes de Venezuela. El mismo fenómeno se observó con los trabajadores de la salud cubanos empleados en el programa Mais Médicos. Ramona Matos Rodríguez, la primera médica cubana que abandonó este programa y solicitó asilo en Brasil declaró: “Estoy segura que si regreso a Cuba seré detenida. Fui engañada por el gobierno cubano”. Demandó no solo al gobierno brasileño y al gobierno municipal de Pacajá, en donde ella trabajaba, sino también a la CMSC y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que actuó como intermediaria de su misión en Brasil.

A esto habría que sumar ahora las demandas que varios médicos cubanos exiliados interpusieron recientemente en contra de la OPS, en general, y varios de sus funcionarios, en particular. Según los demandantes, esta organización no solamente supervisó el programa Mais Médicos —y, por lo tanto, aprobó implícitamente las condiciones en que se estaba llevando a cabo—, sino que además obtuvo beneficios monetarios directos. Citan un documento del gobierno brasileño en el que se señala que Brasil le pagó 1 500 millones de dólares a la OPS y ésta le transfirió 1 425 millones a Cuba. El gobierno de Cuba pagó a los médicos cubanos 125 millones de dólares y se quedó con 1 300 millones de dólares. OPS retuvo los 75 millones de dólares restantes, que no pudo haber utilizado en gastos de administración del programa porque éstos eran responsabilidad del gobierno brasileño.

El periodista Andrés Oppennheimer, quien ha escrito sobre las irregularidades del programa Mais Médicos desde hace varios años, señaló:

Cuando escribí por primera vez sobre la situación de los médicos cubanos en Brasil en septiembre del 2013, describí este acuerdo —y a la supervisión de la OPS— como “escandaloso”. Ahora, si resulta que la OPS también ganó US$75 millones con este programa, estaríamos frente a una agencia de la ONU que habría lucrado con un negocio de esclavitud moderna. Eso ya no sería solo inmoral, sino que podría ser criminal.

El siguiente capítulo de esta saga podría sea la contratación por parte del gobierno mexicano de varios miles de médicos cubanos que están abandonando Brasil. La punta de lanza de esta contratación podrían ser los médicos intensivistas que apoyarían en la respuesta a la pandemia de coronavirus.

Los problemas que tendrá que enfrentar el gobierno del presidente López Obrador si decide incorporar a médicos cubanos a su estrategia de respuesta a la pandemia de Covid-19 —y al INSABI más tarde— son diversos y complejos. Tres destacan dentro de ellos: i) la existencia de un alto nivel de subempleo y desempleo entre los médicos mexicanos, quienes, con razón, se sentirán discriminados; ii) la necesaria revalidación de los estudios de esos profesionales de la salud, que suele ser muy estricta en México y tomar varios años, y iii) la aceptación por parte de las autoridades mexicanas de las condiciones de trabajo imperantes en las misiones médicas internacionales, que han sido calificadas de violatorias de los derechos humanos y laborales de los médicos cubanos.

Un asunto adicional, pero no menor, es la presencia de miembros del aparato de seguridad del gobierno cubano en territorio nacional. En Guatemala, hace unos años, un alto funcionario de la embajada de México comentó que había dos personajes mejor enterados que el propio presidente de lo que ocurría cotidianamente en territorio guatemalteco: uno era el presidente Bush, a través de la CIA, y el otro, el presidente Castro, a través de los “jurídicos” de las misiones que operaban en todo el país. Fue con las misiones médicas cubanas que esos oscuros personajes llegaron también a la Venezuela de Hugo Chávez. Hoy ocupan cargos en todo el gobierno venezolano, incluidas las fuerzas armadas. ¿Vamos a permitir su entrada a México? De ser así, ¿su presencia se extenderá eventualmente a todo el aparato de gobierno?

Octavio Gómez Dantés

Investigador del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Las opiniones que se expresan en este artículo son estrictamente personales.