La memoria histórica del país está en riesgo, según expertos en transparencia que exigieron al Senado no aprobar la iniciativa de Ley General de Archivos que da control sobre la política archivística del país a la Secretaría de Gobernación.

Según la propuesta que se presentó el pasado 17 de noviembre en la Cámara Alta, el Consejo Nacional de Archivos, a cargo de crear y dar seguimiento a lineamientos y criterios para archivar los documentos generados por los tres órdenes de gobierno, estaría presidido por esa Secretaría; además de que el Archivo General de la Nación continuaría, como hasta ahora, bajo su control.

En una postura conjunta, organizaciones civiles y expertos en archivística dijeron este martes 29 de noviembre que la Ley General de Archivos no debe permitir regresiones como las que se proponen en la iniciativa actual, en la que está en riesgo que los archivos desaparezcan por cuestiones políticas al dejarlos en manos de la Secretaría de Gobernación.

Exigieron frenar la aprobación de la Ley en los términos actuales y que el Senado acepte una discusión amplia para lograr una mejor legislación que no ponga en riesgo la memoria del país. “En esos términos, preferimos que no se apruebe ninguna ley”.

“No hay una sola razón para que la Secretaría de Gobernación encabece el Sistema Nacional de Archivos que no sea la del poder político.

Si esta Ley General de Archivos se aprueba en sus términos, sin matices y sin reservas, consideramos que es una regresión política”, dijo el coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, Mauricio Merino.

El investigador agregó que los términos de la iniciativa representan “una de las más graves amenazas para el sistema de transparencia y de combate a la corrupción”.

Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19, explicó que dejar en manos de la Secretaría de Gobernación el futuro de los archivos del país implica cerrar la puerta a la sociedad al acceso a documentación de casos de masacres y violaciones a derechos humanos como Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato o Apatzingan.

Ruelas explicó en conferencia de prensa que los archivos que están en riesgo incluso podrían mostrar cadenas de mando que ordenaron desapariciones forzadas en distintos momentos del país o la comisión de violaciones a derechos humanos.

El artículo 60 de la Ley indica que el Consejo Nacional de Archivos estaría encabezado por el Secretario de Gobernación e integrado por otros funcionarios como el titular de la Secretaría de la Función Pública, un diputado, un senador, y un comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Pero los especialistas en transparencia y archivística indican que la composición del Consejo no responde a una cuestión técnica y de experiencia en el tema, por lo que está en riesgo que la conservación de documentos sobre hechos clave para el país esté sujeta a criterios y control políticos. Los lineamientos para archivar esa información dependería de autoridades gubernamentales y no de criterios que garanticen la mejor y más eficiente conservación.

En el caso de las entidades federativas, que tendrían un Consejo local, éste estaría dirigido por los secretarios de gobierno del mandatario en turno.

“En los archivos se conserva la memoria de la actuación de cada uno de los servidores públicos del país y en donde se conserva la evidencia que en su caso debe ser usada por el Sistema Nacional Anticorrupción, para poder atajar el fenómeno de la corrupción.

“No podemos permitir que se roben nuestra memoria histórica”, dijo Merino este martes.

“Fortaleza institucional”, el motivo para dar poder a Segob

El argumento principal para dejar el control de la política archivística del país en manos de la Secretaría de Gobernación es “la fortaleza institucional” de esa dependencia de Gobierno, confirmó el lunes por la tarde el coordinador de asesores de la Oficina de la Secretaría de la Función Pública, que dirige Arely Gómez.

Insistió en que su papel como “encargada del desarrollo político del país” y su responsabilidad de conducir las relaciones entre el Poder Ejecutivo con los otros poderes y otros niveles de gobierno, permitirá una convivencia “armónica” y de persuasión para implementar una nueva política de archivos.

Pero la sociedad civil y expertos en el tema ven en esa “fortaleza institucional” y poder político el principal conflicto.

Documentos históricos, en riesgo

La propuesta de ley también incluye un artículo transitorio que señala que los archivos históricos serán revalorados en los siguientes dos años, en el caso de instancias federales; o en tres años para el caso estatal, una vez promulgada la legislación.

Los expertos insistieron en que revalorar los documentos que ya están catalogados como históricos abre la puerta para que éstos sean destruidos o desaparecidos “por causas políticas”, según intereses de funcionarios y políticos que desean que cierta información documental se pierda.

Las organizaciones civiles explicaron este martes que esta “revalorización” que propone el artículo 14 transitorio implica cerrar información con el pretexto de revisar su valor histórico y, en ese proceso, desaparecerla o censurarla para siempre.

“A mí me parece que se trata de una cosa peligrosísima (…) sería una oportunidad para expurgar documentos en el mejor estilo de las quemas de códices del Siglo XVI”, criticó el doctor Alfredo Ávila Rueda, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.

Más de cuatro mil investigadores firmaron un desplegado insistiendo en que ese artículo “constituiría un daño irreparable” a la memoria colectiva.

Al respecto, la senadora del PAN, Laura Rojas, prometió el lunes que ese artículo transitorio se revisaría y que, más bien, presenta un “problema de redacción” que será corregido.

“La intención de ese artículo no es hacer una revaloración de los archivos que ya han sido valorados como históricos; sino ordenar los archivos para que solamente estén en un archivo histórico los archivos que sean realmente históricos”.

El 17 de noviembre se presentó en el Senado la iniciativa de la Ley General de Archivos que debe ser creada según el mandato de la Reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información que fue aprobada en 2014.

Como parte de esa reforma, esta ley complementa la operación de un Sistema Nacional de Transparencia junto con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y la Ley General de Protección de Datos Personales.