Anna Gabriel, exdiputada de la CUP. En vídeo, el ministro español de Justicia confía en que no haya problemas para la extradición. FOTO Y VÍDEO: EFE

El Gobierno federal de Suiza ha anunciado este mediodía que no extraditará a España a la exdiputada Anna Gabriel al sostener que esa medida no está contemplada en las leyes internacionales y en las del propio país helvético cuando se trata de delitos políticos. Folco Galli, portavoz del Departamento de Justicia de Suiza, ha apuntado que el artículo 3 de la Ley Federal sobre asistencia mutua internacional en materia penal, de Suiza, señala que la extradición está excluida por razones políticas y solo se contempla cuando se han cometido acciones que llevan implícita la violencia como el genocidio, los crímenes contra la humanidad, de guerra y otros particularmente reprobables como la toma de rehenes.

Galli apunta que, de momento, la Oficina Federal de Justicia (FOJ) no ha recibido ninguna petición de demanda por parte de España aunque desliza que, de acuerdo con las informaciones publicadas por los medios de comunicación, “los actos que se le imputan a Anna Gabriel son políticos a primera vista”. “Por tanto”, señala el portavoz en la respuesta escrita, “Suiza no podría actuar sobre una posible solicitud de extradición o una solicitud de asistencia judicial recíproca”. Con todo, el portavoz apunta que la Oficina Federal de Justicia examinará los hechos a fondo si España le cursa una petición de extradición.

Gabriel, en una entrevista en TV-3, ha interpretado la orden de detención contra ella como "fruto de la excepcionalidad que se vive en Cataluña" y ha asegurado que esta dispuesta a pedir asilo en Suiza se solicita una orden de extradición. Preguntad por la decisión del juez, la exdiputada ha remachado: “Queremos que se acabe la excepcionalidad, que salgan los presos políticos, que se archive la causa y que todas las personas que estamos fuera podamos volver”.

Con todo, el portavoz apunta que la Oficina Federal de Justicia examinará los hechos a fondo si España cursa la petición

El portavoz suizo ha aclarado que la extradición “no será posible” aun en el caso de que los delitos que se le imputan a Gabriel en España –el de rebelión- sean también punibles en Suiza. Galli se refiere así a los artículos 265 y 266 del Código Penal de su país inscritos bajo el Título 13 que versa sobre los crímenes o delitos contra el Estado y la defensa nacional. El primero establece el castigo de al menos un año de prisión para quien quiere modificar la Constitución por medio de la violencia y el segundo aumenta las penas hasta al menos cinco años, en el caso más grave, para quien colabore con agentes exteriores que pongan en peligro la independencia de la confederación helvética.

El Gobierno suizo apunta que en ese caso sí se podría establecer la doble incriminación que es una condición importante para la extradición. Pero añade: “Aun así, la cuestión decisiva es de si se trata de un delito político por el cual, de acuerdo con el Convenio Europeo sobre extradición y las leyes suizas, se excluye. Como en el caso de todos los otros delito y faltas del título 13 del Código Penal”.