La fundación La Alameda amplió la denuncia por lavado de dinero contra Cambiemos en el caso de los aportantes presuntamente apócrifos que se desprenden de la última rendición de gastos de campaña de 2017. Según pudo saber Clarín, se presentaron nuevos casos de personas que negaron haber realizado aportes financieros: desde consejeros escolares y jubilados hasta concejales. En esta oportunidad, la fundación que conduce Gustavo Vera denunció ante el juez Sebastián Casanello que esta maniobra también se observó en la última lista que encabezó Elisa Carrió.

La lista entregada en Comodoro Py este lunes supera los 1.200 aportantes sospechados de ser apócrifos, es decir que se habrían utilizado sus datos y personales y socioeconómicos para atribuirles un determinado monto de dinero como si hubiesen aportado a la última campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que plantea la denuncia inicial de hace un mes de La Alameda y que instruye el juez federal Casanello junto al fiscal Carlos Stornelli.

Gustavo Vera (al lado de la líder de la Coalición) fue candidato a legislador porteño por la lista del Frente Unen encabezada por Elisa Carrio en 2013. Foto Lucia Merle

Con el inicio de la actividad judicial tras la feria de invierno, La Alameda amplió las acusaciones contra Cambiemos, y se refirió a aportantes de los principales candidatos: Esteban Bullrich, Graciela Ocaña y Toty Flores. Ahora se sumaron -según confirmaron a este medio- más casos de aportantes “truchos” que en las últimas semanas estuvieron consultando si integraban en el listado de rendición de gastos.

Desde la fundación, Tamara Rosenberg explicó a Clarín que La Alameda “recibió más de 1.250.000 consultas el últimos”, y de allí se desprenden los nuevos casos que se presentaron ante la Justicia.

El nuevo escrito está firmado por Rosenberg y Ximena Rattoni del partido Bien Común, junto a Gustavo Vera. En la letra de esta denuncia se continúa ampliando el objeto de investigación respecto a la última campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

"Cabe extremadamente necesario informar al Señor Juez que muchos de estos Ciudadanos víctimas, son empleados de diferentes dependencias del Estado, a nivel nacional, provincial y municipal. (...) Las víctimas manifiestan temor ante una posible pérdida de la fuente laboral si sus nombres son puestos a conocimiento de la opinión pública", sostiene la denuncia a la que accedió Clarín.

Entre los organismos del Estado a los que pertenecen los aportantes se encuentran empleados de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), miembros de las fuerzas de seguridad, empleados de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras. "Al momento de esta presentación, las personas que se comunicaron para informar que son víctimas de este delito alcanzan la cifra de 1.140.600 (un millón ciento cuarenta mil seiscientos) pesos", señala el texto que se presentó este lunes.



En lo que respecta a la campaña provincial, se entregaron más casos testigo que “figuran aportando a Esteban Bullrich, Graciela Ocaña y Toty Flores quien figura realizando un aporte de $ 40.000, pero además se denunciará a Elisa Carrió y a Carmen Polledo”, explicaron a Clarín desde La Alameda.

Según la denuncia, se plantea que empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, "manifestaron ser víctimas del delito de sustracción de identidad" ya que figuran como aportantes privados para la campaña electoral de 2015, "pero también para la alianza “Cambiemos Buenos Aires” del año 2017 y de la alianza política “Vamos Juntos” también en 2017, y que llevó como candidatos a las actuales Diputadas Elisa Carrió y María del Carmen Polledo".



El texto de la La Alameda remarca que los empleados manifestaron "conocer un mecanismo implementado reiteradas veces en el tiempo" para introducir "dinero ilegal y/o de las arcas públicas para financiar diferentes campañas electorales". En ese mecanismo, según la denuncia, se introducían además "falsamente los datos de los empleados del Gobierno de la Ciudad, y los funcionarios responsables de las distintas áreas ministeriales figuran como aportantes".

Ante la consulta de Clarín, desde el entorno de Carrió manifestaron que se "esperará el accionar de la justicia", señalaron que desconocen por el momento la denuncia presentada por La Alameda y que "habrá que verla para decir algo".

En lo que concierne a este punto que involucra la campaña de Carrió, se adjuntó con la ampliación de denuncia la planilla con apellido, nombre y documento de identidad de los ciudadanos que "fueron víctimas de la sustracción de su identidad y falsificación de su firma en las planillas de aportantes privados presentados ante la Cámara Nacional Electoral por la alianza 'Cambiemos Buenos Aires' y 'Cambiemos'”.

También las planillas correspondientes a los empleados y funcionarios del Gobierno de la Ciudad que son indicados como aportantes privados ante la Cámara Nacional Electoral para las campañas de la alianza ¨Cambiemos¨ para toda la República Argentina del año 2015, “Cambiemos Buenos Aires”, en la provincia de Buenos Aires del año 2017 y la alianza “Vamos Juntos”, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del año 2017.



La sospecha es que ese dinero "correspondería a dinero de empresas contratistas del Estado o al mismo presupuesto de gobierno". En este contexto, denuncian que en la campaña de Carrió se generaron también "una inmensa cantidad de aportantes falsos" como en las presidenciales de 2015 y la campaña de 2017 en la Provincia.

La Fundación pide además que se determine quiénes son los "responsables intelectuales y materiales de implementar tal sistema ilegal".

Al momento de esta presentación, los aportes que figuran realizados por empleados del Estado de la ciudad de Buenos Aires y por funcionarios ministeriales a las tres campañas que hacemos referencia, alcanzan la cifra de 8.303.000 pesos (pesos ocho millones trescientos tres mil). En esta causa, fue aceptada recientemente como amicus curiae Margarita Stolbizer como integrante de la organización Bajo la Lupa. “No se debe caer sobre los aportantes que son víctimas de una maniobra que sólo busca encubrir el origen real de cómo se financió la campaña electoral”, dijo la ex diputada a Clarín.



Al igual que La Alameda, la líder del GEN considera que hay pruebas suficientes para que la investigación amplíe su período y no sólo se circunscriba a las últimas elecciones de medio término, sino que contemple también las irregularidades ya detectadas por la pericia de la justicia electoral y en las que podrían sumarse la misma acusación: aportantes falsos.