"Acá vienen ciudadanos peruanos y se terminan matando por el control de la droga. Toda persona extranjera que tenga antecedentes vamos a extraditarla". La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió así al proyecto del Poder Ejecutivo para limitar el ingreso al país y para expulsar de la Argentina a aquellos extranjeros que hubieran cometido delitos graves que superen los tres años de pena efectiva a cumplir.

"Cuando la persona tiene que pedir acá la residencia temporaria o permanente tiene que venir con certificado de antecedentes. Esto es muy simple: en el Sistema Penitenciario Federal (...) y en el tema de las drogas, el 33 por ciento de las personas detenidas es extranjera", explicó.

Según Bullrich, el nuevo sistema va a "ordenar" las "relaciones con Paraguay, Bolivia y Perú", países a los que describió como "productores" de droga. Y ejemplificó: "Acá vienen ciudadanos peruanos y se terminan matando por el control de la droga".

"Acá vienen ciudadanos paraguayos y se terminan matando por el control de la droga; no tanto bolivianos", agregó. "Y sí, además, muchos ciudadanos paraguayos, bolivianos y peruanos se comprometen, como choferes, mulas, partes de una cadena, en los temas de narcotráfico. Es un tema que tenemos que trabajar", sostuvo.

"El sistema va a funcionar así: persona que tenga antecedentes no va a poder entrar. Y toda persona extranjera que cometió un delito en la Argentina va a tener un trámite rápido de expulsión", detalló la funcionaria.

"La concentración de extranjeros que cometieron delitos de narcotráfico es la preocupación que tiene nuestro país y ahí es donde queremos apuntar", resumió la ministra de Seguridad.

Bullrich se reunió ayer con los ministros Rogelio Frigerio (Interior) y Germán Garavano (Justicia), el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, representantes de Cancillería y el titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Horacio García, para darle los toques finales al decreto.

El proyecto podría presentarse "hacia el fin de semana", según afirmaron ayer a LA NACION dos funcionarios del Poder Ejecutivo que participaron del análisis de la propuesta.

El proyecto

Según el borrador del proyecto, al que accedió LA NACION, es causal de expulsión del país "haber sido condenado o estar cumpliendo condena, o tener antecedentes o condena no firme en la Argentina o en el exterior, por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad". En caso de ser expulsado, el acusado de delitos graves tendrá tres días para su descargo.

El proyecto establece, además, una clara diferenciación entre la residencia precaria (por un plazo de 90 días renovables) y la ciudadanía. Migraciones podrá dar por terminada esa residencia temporaria transitoria "cuando se desnaturalicen los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento".

"Queremos defender a los argentinos, no de los inmigrantes, sino de los delincuentes", afirmó Bullrich a LA NACION.