Ocho de los 11 ministros se pronunciaron por la constitucionalidad del artículo 133 Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales, vigente desde 2012 y que faculta a la PGR para ordenar a concesionarias de telecomunicaciones la geolocalización de los dispositivos en delitos como secuestro, extorsión y amenazas.Luego de tres sesiones de discusión, la resolución aclara que el Ministerio Público (MP) deberá detallar por escrito los motivos para solicitar la localización en casos urgentes, y se deberá conservar el documento para revisión en el eventual juicio contra los responsables.La votación de la versión final de la sentencia se agendó para mañana, una vez que la ministra Margarita Luna Ramos presente el documento con las modificaciones sugeridas por sus colegas.La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó esta reforma con el argumento de que viola el derecho a la privacidad, pero sólo los ministros José Ramón Cossío, Sergio Valls y Olga Sánchez Cordero estuvieron de acuerdo.“No estamos en un problema de inconstitucionalidad, simplemente es el uso de un adelanto tecnológico que puede servir al Ministerio Público como herramienta en la persecución de los delitos para tener un mejor servicio, precisamente para darle a la sociedad una respuesta, que es lo que estamos esperando, lo que pedimos”, dijo Luna Ramos.Juan Silva Meza, presidente de la Corte, apoyó la validez del precepto con base en precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el derecho del Estado para regular un bien nacional como el espectro radioeléctrico.