En su carta a la Comisión Europea, mientras el BCE y el FMI perfilaban las propuestas de reforma para el nuevo gobierno en Atenas, el ministro griego de finanzas Yanis Varoufakis puso sobre la mesa un concepto interesante la Renta Básica Garantizada.

Grecia tiene un problema harto conocido con la recaudación de impuestos. Según las cifras de la OCDE, en el 2010 el país consiguió recaudar poco más de la mitad de los impuestos que se le adeudaban. Perdió, además, un ingreso potencial mucho más cuantioso debido a que los profesionales declararon sus rentas por debajo del valor real, según reveló el Business Insider.

Esto ha dejado al estado con un impago de impuestos de unos 76 000 millones de euros (de los que se tiene datos), la mayor parte de los cuales el gobierno apenas tiene posibilidad de recuperar. La evasión de impuestos en el país es tan grave, que el gobierno liderado por Syriza ha propuesto un plan de condonación de deudas, por medio del cual los morosos que se ofrezcan a pagar al menos 200 euros recibirán una reducción del 50 % de sus obligaciones por deuda.

Por desgracia, se estima que se recolectarán únicamente 9 000 millones de euros con este plan, pero, en este momento, cada euro percibido es de suma importancia.

Con unos niveles tan bajos recaudación, parte del problema debe provenir tanto de la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales, como de una opinión consensuada de que la evasión de impuestos tiene pocas repercusiones. Tal y como Varoufakis afirma en su carta, uno de los aspectos clave de las propuestas de reforma del gobierno es no solo tomar medidas drásticas frente a la evasión de impuestos, sino, también y de forma crucial, «fomentar los incentivos para declarar el trabajo pagado».

En este punto es donde la Renta Básica Garantizada un pago regular del estado directamente a las cuentas bancarias de los ciudadanos, sin necesidad de control de recursos o de incluir un requisito laboral podría ayudar a estimular la posición negociadora del estado.

· En primer lugar, el ingreso directo de una renta básica en las cuentas bancarias de los ciudadanos disminuiría la frecuencia de interacción con el estado y, por tanto, reduciría las ocasiones de prácticas corruptas.

Uno de los mayores problemas que ha tenido Grecia desde los años ochenta ha sido la cultura del «clientelismo» (por la que el partido que gobierna persigue incrementar su cuota de votos haciendo que sus simpatizantes confíen en su prodigalidad). Dicha cultura ha propiciado un sector público abotargado e ineficiente, tendente a la corrupción y a una burocracia excesiva e innecesaria.

Un estudio del 2013 sobre la corrupción en Grecia, llevado a cabo por Transparencia Internacional, estimó que el país ha dejado de ingresar 398 millones de euros a causa de la corrupción, principalmente originada en el sector público. Pese a que esta no es una cifra excesiva, y de hecho supone una disminución de los 475 millones de euros en sobornos del 2012, la habitual corrupción ha fomentado la desconfianza en las instituciones estatales e incentivado la búsqueda de nuevas formas para evadir el sistema.

Grecia ha tomado ya algunas medidas para atacar la corrupción y evitar las declaraciones de impuestos falseadas. Tal y como Haris Theoharis, anterior secretario general de recaudación pública entre enero de 2013 y junio de 2014, informó al periódico The Guardian:

«Hemos digitalizado parte de los procedimientos y organizado controles cruzados de datos entre las declaraciones de impuestos y el balance de las cuentas bancarias. Los contribuyentes cumplimentan ahora las declaraciones por internet y pagan los impuestos a través de sus cuentas, lo cual limita bastante el alcance de la corrupción».

La renta básica podría significar otro paso adelante en la circunnavegación de funcionarios locales disfuncionales y demostrar que el nuevo gobierno se toma muy en serio la mejora de interacciones entre ciudadanos y estado.

· En segundo lugar, este tipo de proyecto no adolece de los incentivos perversos de las estrategias actuales de control de recursos, que hacen que el solicitante trate de evadir sus mecanismos una vez comienza a percibir más ingresos.

Con las actuales políticas de control de recursos, aceptar un trabajo mal pagado puede derivar en que el ciudadano pierda en pagos al estado tanto como percibe en ingresos por su trabajo. En la mayoría de los sistemas, este problema se produce porque, una vez los ciudadanos abandonan las prestaciones particulares, deben, a continuación, atravesar un proceso complicado de re-solicitud si después pierden su nueva fuente de ingresos.

Todo esto puede mermar drásticamente el interés por buscar trabajo y conducir a lo que se suele llamar la «trampa de las prestaciones». Sin embargo, con la renta básica, el problema se podría resolver, pues el dinero se seguiría pagando independientemente de los ingresos del destinatario. Además, esta posee la ventaja adicional de que fomenta que los ciudadanos se den de alta primeramente y no dispongan de los elementos que los disuaden de declarar sus ingresos, eliminando el miedo de perder las prestaciones sociales y reubicando así a muchos trabajadores de la llamada «economía sumergida» en el sistema de impuestos.

Esta práctica no solo resultaría positiva para el estado. Reubicar a más personas en el sistema laboral disminuiría el riesgo de que acaben siendo ciudadanos sin habilidades profesionales y/o desmotivados, lo que puede propiciar que las rachas cortas de ausencia de trabajo se conviertan en un problema de desempleo a largo plazo. Con una tasa de desempleo estancada en el impactante 25,8 % durante los seis años de crisis financiera, la situación necesita desesperadamente una solución.

· En tercer lugar, facilita al gobierno la persecución de los casos más graves de evasión fiscal y fraude.

La descomunal tarea a la que se enfrentan las nuevas autoridades griegas es la de una amplia variedad de disfunciones del sistema fiscal. Evitando que los que menos ingresan tengan incentivos para no declarar, el gobierno podría disminuir el alcance del problema de la recaudación de impuestos y podría así centrarse en los evasores en serie, de bolsillos mucho más profundos.

Todas estas medidas podrían implantarse de forma directa, mediante una campaña enérgica de persecución de los que declaran sus ingresos por debajo del valor real, y también de forma indirecta, tratando de modificar el concepto de normas sociales, dejando atrás la actual visión de los impuestos como un robo del estado, para observar el cumplimiento normativo como una virtud. La renta básica podría respaldar ambos proyectos, siempre y cuando vaya unida a reformas profundas en el sector público, de forma que los ciudadanos sientan que el estado reacciona ante sus problemas.

En general, la Renta Básica Garantizada no es la única respuesta a los problemas de Grecia, pero puede resultar una herramienta muy poderosa en la agenda de reformas del gobierno. Si este la aplica en sus intentos por romper, en vez de reforzar, el clientelismo de las últimas décadas, podría conformar la base de una relación nueva y más saludable entre el estado y los ciudadanos.

Tomas Hirst es un reconocido analista financiero, columnista habitual en la prensa económica especializada británica, particularmente en Business Insider.

Traducción para www.sinpermiso.info: Vicente Abella



