El juez federal Sebastián Casanello informó hoy que las diputadas Laura Alonso y Patricia Bullrich, que denunciaron ayer la posible existencia de maniobras de espionaje sobre jueces, políticos y periodistas, "no aportaron" los listados de las personalidades que habrían sido víctimas de esas maniobras ilegales.

Las diputadas "no aportaron la documentación ni ratificaron la denuncia", afirmó Casanello, en diálogo con radio Vorterix, y reconoció que "sorprendió muchísimo la difusión pública" que tuvo la presentación realizada por ambas legisladoras opositoras.

El magistrado, que está a cargo de la causa junto con Emiliano Canicoba Corral (hijo de Rodolfo), confirmó que tanto la fiscalía y el personal de su juzgado trabajaron hasta la medianoche y que, "a requerimiento de instrucción" por parte del Ministerio Público "ya se ordenaron las primera medidas instructorias y el secreto de sumario".

Asimismo, reconoció que la difusión de direcciones desde donde podrían haberse cometido las maniobras de espionaje podrían haber afectado el éxito de eventuales allanamientos. "Es como espiar y tocar el timbre, el sentido es que sea sorpresivo. El que anuncia que va a a allanar es tonto o tiene dobles intenciones", afirmó.

Por otro lado, el magistrado aclaró que "puede hablar porque la denuncia fue colgada en varios portales [de Internet]" al poco tiempo de ser presentada. "Dado el tenor de lo denunciado, aun sin que la denunciante haya ratificado, se puso en conocimiento del fiscal [Ramiro González]", precisó. Enseguida, manifestó que González hizo "requerimiento de instrucción y a partir de ahí se ordenaron las medidas y el secreto de sumario".

Sobre este último punto también se refirió el juez federal Emiliano Canicoba Corral, quien confirmó que "no es estrictamente necesario ratificar", aunque "en estos casos se estila" hacerlo.

"Lo que no se puede obviar es la vista del fiscal. A partir de lo que él disponga veremos qué otras medidas se toman para continuar con el fondo de la causa", señaló en declaraciones a la misma emisora.

Además, agregó que todavía no tuvo acceso a la causa y a la denuncia "más allá de lo que salió en los medios" por la "cuestión procesal previa", es decir, por los pasos que hubo que seguir luego de que la denuncia recayera en el juzgado federal de Sandra Arroyo Salgado y ella se excusara.

Qué pasó

Ayer, las diputadas Laura Alonso y Patricia Bullrich (Pro) radicaron ayer dos denuncias penales ante la Justicia tras recibir un listado de políticos, jueces, economistas, empresarios y periodistas que por orden del Gobierno serían escuchados de manera ilegal por el Ejército o la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE).

Una de las denuncias quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello -quien la remitió al fiscal Ramiro González para que analice los pasos a dar-, en tanto que la segunda recayó en la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien se excusó de inmediato de intervenir ya que figura en ese presunto listado.

Según detalló Alonso en su escrito, un supuesto "miembro de los servicios de inteligencia" la contactó para entregarle datos sobre la "interceptación de líneas telefónicas y almacenamiento de datos provenientes de WhatsApp, mails, mensajes de texto, en los teléfonos celulares y computadoras" de un listado de más de 200 personas.

El listado

Ese listado abarca a cinco de los seis candidatos presidenciales - Mauricio Macri,Sergio Massa,Margarita Stolbizer, Adolfo Rodríguez Saá y Nicolás del Caño -, así como al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, los restantes miembros de ese tribunal, empresarios, sindicalistas e incluso figuras de la televisión como Marcelo Tinelli,Adrián Suar y Jorge Rial.

En ese listado figuran, también, el ex jefe de Gabinete kirchnerista Alberto Fernández -hoy junto a Massa-, el ex titular de la SIDE durante una década kirchnerista, Héctor Icazuriaga, y el ex jefe del Ejército César Milani.

Sin embargo, en ese listado no aparece el candidato presidencial por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, ni sus principales colaboradores, así como tampoco algunos de los empresarios más cercanos a sus competidores, como Nicolás Caputo o Jorge Brito.

"El patrón común de todos los espiados es que mantienen posiciones críticas o independientes al gobierno nacional y se basan en cuestiones de afinidad y pertenencia política o por sus opiniones", añadió Bullrich.

La otra denuncia, que radicó la diputada de Pro, quedó tras la excusación de Arroyo Salgado en manos del flamante juez federal de San Martín, Emiliano Canicoba Corral, hijo del veterano magistrado de Comodoro Py.

Según el listado que obtuvo Alonso, además de los candidatos presidenciales, Lorenzetti y los otros miembros de la Corte, también aparecen el camarista federal Jorge Ballestero, los jueces federales Claudio Bonadio (que instruyó el caso Hotesur), María Servini de Cubría (con competencia electoral) y Sergio Torres, los fiscales Guillermo Marijuán, Germán Moldes,Carlos Stornelli y Gerardo Pollicita, quien impulsó a principios de este año la denuncia de Alberto Nisman contra la Presidenta.

También, el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, sus principales ejecutivos y una larga lista de periodistas, entre ellos, Jorge Lanata, y los columnistas de LA NACION Joaquín Morales Solá y Carlos Pagni.

Entre los políticos, la lista incluye a Gabriela Michetti, el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti,Elisa Carrió,Ernesto Sanz,Hermes Binner,Ricardo Alfonsín,Gerardo Morales, José Manuel de la Sota y Graciela Ocaña, entre otros.