Nuevo terremoto en el PSOE de Andalucía a cuenta de la corrupción. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya,ha citado a declarar para el próximo lunes en calidad de imputados a los dos últimos alcaldes del PSOE en Algeciras (Cádiz), Tomás Herrera y Diego Sánchez Rull. Según fuentes cercanas de la investigación, la magistrada los investiga por su presunta relación con la empresa sevillana Fitonovo SL, epicentro de la trama de sobornos y dádivas a funcionarios destapada la semana pasada por la Unidad Central de Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro de la 'Operación Enredadera', y que hasta el momento se ha saldado con la detención de 32 personas y la imputación de otras 30.

Alaya investiga si ambos exalcaldes socialistas recibieron dádivas de Fitonovo por la adjudicación para la construcción de un polideportivo en la ciudad gaditana

La implicación de los que fueran regidores entre 2005 y 2011 de la sexta ciudad de Andalucía por número de habitantes (Tomás Herrera lo fue desde 2005 a 2010, y Diego Sánchez Rull le sustituyó hasta el final de la pasada legislatura y actualmente es el portavoz de la formación en el Consistorio) se produce en un momento en el que la presidenta de la Junta de Andalucía, la también socialista Susana Díaz, y el secretario general de la formación a nivel estatal, Pedro Sánchez, se encuentran enfrentados por los pasos a dar ante la posible imputación por parte del Tribunal Supremo de los antecesores de Díaz en el Ejecutivo autonómico, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el 'caso de los ERE' que también investiga la juez Alaya. Desde Madrid, el PSOE se ha mostrado inflexible con aquellos cargos públicos que han sido encausados en recientes investigaciones como la 'Operación Púnica', a los que ha expulsado del partido.

En el caso de Herrera y Sánchez Rull, que ya han declarado ante los agentes de la UCO, la magistrada sospecha que pudieran recibir supuestos sobornos por la adjudicación a Fitonovo y a la firma Body Factory, participada por la anterior, de la construcción de un complejo polideportivo en la zona de El Calvario de Algeciras. Uno de los dueños de la empresa de la 'trama Enredadera', José Antonio González Baró, los implicó directamente en las declaraciones que hizo ante la juez Alaya tras su detención en diciembre pasado dentro de la 'Operación Madeja', antecesora de 'Enredadera'. Según reconoció éste cuando fue detenido, su compañía repartió dádivas en 2010 entre cargos políticos a cambio de la construcción ese mismo año del polideportivo y de un aparcamiento subterráneo.

Cuatro funcionarios municipales imputados

Las sospechas sobre adjudicación de este complejo deportivo no son, sin embargo, nuevas. Esta misma semana, la juez sevillana ya ha llamado a declarar como imputados a dos técnicos del Ayuntamiento de Algeciras por esta contratación supuestamente irregular. Alaya llegó a acusar a ambos técnicos de haber cobrado 'mordidas' superiores a los 200.000 euros. La semana anterior ya declararon ante Alaya otros dos funcionarios municipales, uno de ellos del Patronato de Deportes. Ambos forman parte también de las 30 personas que no fueron detenidas pero sí se han visto encausadas en la 'Operación Enredadera' en las últimas jornadas.

Los regidores del PSOE se suman a otros cuatro políticos imputados en el 'Enredadera': un concejal del PP, el portavoz de CC en Lanzarote y dos portavoces de IU en Sevilla

Los dos exalcaldes del PSOE en Algeciras se suman, de este modo, a otros políticos encausados en esta investigación. Sólo dos de ellos fueron detenidos: el teniente de alcalde de La Carolina (Jaén), el 'popular' Cristóbal Pérez Martínez, y el portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín, quien en su día fue consejero de Residuos, Actividades clasificadas y Emergencias de esta institución. Más recientemente, Alaya ha imputado a los dos últimos portavoces de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García. Este último conserva actualmente dicho puesto. Ambos comparecieron este jueves en el despacho de Alaya, donde se negaron a declarar.

Antes, también fue citado otro exconcejal del PSOE, Manuel Gómez Lobo, que ejercía las responsabilidades de Vía Pública en el anterior mandato municipal de la capital andaluza, donde hubo un pacto de gobierno entre los socialistas e IU. Tanto éste como los dos miembros de IU están siendo investigados por la sospechosa adjudicación de campos de césped artificial en la ciudad de Sevilla. Estas obras fueron ejecutadas por la empresa Fitonovo, la pieza clave de un puzzle de corrupción en el que ya hay políticos de PP, PSOE, Coalición Canaria e IU.