A través un inserto publicado en 18 diarios del país, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) secundada por los grandes gremios empresariales arremetieron contra las modificaciones al Código de Aguas que se tramita en el Congreso.

Bajo el título de “Alerta”, el inserto fue firmado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Cámara Nacional de Comercio, Cámara Chilena de la Construcción, Sociedad Nacional de Minería y la Asociación de Bancos.

De acuerdo a los firmantes, la “reforma al Código de Aguas amenaza la certeza jurídica y el bienestar de la sociedad y las personas”, porque “afecta uno de los pilares del desarrollo económico y social de todo país: el derecho de propiedad”.

Los gremios añaden que la legislación pone en riesgo la estabilidad jurídica, dado que queda a juicio de la autoridad administrativa la renovación de los permisos.

“Si vamos a hacer modificaciones al Código de Aguas, hagámoslas, pero no toquemos el derecho de propiedad y de certeza jurídica que es parte fundamental del desarrollo de un país”, recalcó el presidente de la SNA, Ricardo Ariztía.

Igualmente, el presidente de la SNA reprochó el voto de los parlamentarios de zonas agrícolas. “Los regantes y agricultores deben saber lo que están haciendo los senadores de sus regiones que están en esta Comisión. Este es un llamado a recapacitar y ver las consecuencias que este proyecto significa”, indicó a Pulso.

Los paños fríos del ministro

En entrevista con La Tercera, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, intentó ponerle paños fríos a la polémica. “El inserto es una manifestación razonable hacia el mundo agrícola que dice relación con no afectar la certeza jurídica, cosa en la que el gobierno y el Ministerio de Agricultura están muy de acuerdo”, dijo.

Luego en alusión al trámite de la iniciativa en la Comisión de Agricultura en el Senado, donde se han rechazado las indicaciones sustitutivas presentadas por el Gobierno, Walker llamó “a los parlamentarios que representan a zonas agrícolas a tener un diálogo profundo, cercano con las asociaciones de canalistas. Mi invitación es a tratar esto como un tema nacional, no politizándolo ni tratándolo como un tema técnico, porque es muy grave afectar la certeza jurídica de los derechos de aprovechamiento de agua”.

Indignación opositora

El inserto provocó inmediatos cuestionamientos desde la oposición. “Acá los que le expropiaron y usurparon los derechos de agua a todos los chilenos. Hasta 1980 eran un bien nacional de uso público. La privatizaron inscribiendo derechos a título gratuito y hoy valen millones. Ahora hacen campañas del terror para impedir que vuelva a ser de todos”, escribió en Twitter el senador PPD Guido Girardi.

Para el diputado ex RD Renato Garín, la publicación no es más que una muestra del “lobby feroz” de estos grupos empresariales. “Los intereses del poder económico no son los de Chile y por eso pagan una campaña del terror contra la reforma al código de aguas. Dicen estar preocupados por el "bienestar de las personas", pero basta con mirar a Petorca para ver que esa preocupación no existe”, indicó.

En la misma línea, el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, sostuvo que “el gran empresariado chileno presiona por mantener privilegios y propiedad privada del agua”, sin embargo la crisis hídrica y la emergencia climática “obligan a cambios profundos, y recuperar democráticamente el agua como DDHH y bien común es el camino”.

En tanto, la senadora Adriana Muñoz (PPD), integrante de la comisión de Agricultura, comentó que con este tipo de iniciativas se busca” asustar a los pequeños agricultores”. “Nos hemos aprendido de memoria esos insertos que cada cierto tiempo emiten. Creo que en un país democrático en que se respeta el Estado de derecho, no resulta apropiado ser pauteado desde distintos gremios”, indicó.

A su vez, Rodrigo Mundaca, secretario general de Modatima, Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente, consideró que la publicación demuestra que “los poderes fácticos de siempre exigen certeza jurídica para continuar perpetuando la privatización de las aguas”. A su juicio, estos grupos piden certeza jurídica para “seguir lucrando con el agua a costa del pueblo sencillo, a costa de depredar ríos e hipotecar la vida de las comunidades”.