A principios de julio, la directora de Amnistía Internacional en Turquía, Idil Eser, fue detenida junto con otros seis defensores y defensoras de derechos humanos y dos formadores -de ciudadanía alemana y suiza- acusados de pertenencia a “organización armada”. Estas detenciones se produjeron apenas un mes después de que fuera encarcelado el presidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kiliç.



La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, calificó estos arrestos como “ilegales” e instó al Gobierno de Turquía a liberar a las personas detenidas, mostrando su preocupación de que puedan ser torturadas, sometidas a tratos inhumanos, degradantes o crueles. Numerosos organismos internacionales y Gobiernos han demandado su liberación, como la Comisión Europea, Alemania, Estados Unidos, Francia, Bélgica, Irlanda y Austria. El Gobierno de España mostró su “inquietud y preocupación”, así como su “confianza en las investigaciones en curso permitan concluir con la rápida liberación de los detenidos.”

Sin embargo, no basta con mostrar preocupación. El Gobierno de España debe tomar iniciativas de manera inmediata para exigir la liberación de los y las activistas detenidos sin garantías en Turquía y ante el gravísimo deterioro democrático y contra los derechos de los pueblos en el país. Por esa razón, Irene Montero, Portavoz de nuestro Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos – En Comú – Podem – En Marea en el Congreso de los Diputados, y Pablo Bustinduy, Portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores y Mixta de la UE, han presentado la siguiente pregunta parlamentaria al Gobierno.

Estos encarcelamientos de defensoras y defensores de derechos humanos no son un hecho aislado en Turquía. En el último año, tras sufrir un intento de golpe de Estado, el Gobierno de Erdogan ha emprendido una deriva autoritaria detenido a opositores políticos del HDP (entre ellos sus dos co-presidentes Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdag, 9 diputados, 180 alcaldes y alcaldesas y 300 dirigentes locales) y CHP (con un diputado condenado a 25 años de cárcel); 163 periodistas detenidos; activistas de derechos humanos como los mencionados y gravísimos casos -como el asesinato de la activista LGTBI Hande Kader en agosto de 2016- y despidos de 140.000 personas de las administración pública y 7.000 profesores y profesoras.

En los últimos años, Erdogan y su partido AKP han promovido políticas ultraconservadoras contra las mujeres con declaraciones contra la igualdad, a favor de las mujeres sólo como madres, contra el divorcio y a favor del matrimonio tradicional y contra las mujeres kurdas específicamente. Las asociaciones de mujeres turcas y kurdas han denunciado que estas políticas promueven actitudes que normalizan la violencia machista y han denunciado ataques físicos de integrantes del AKP contra mujeres y personas LGTBI.

El golpe de Estado institucional culminó con el referéndum constitucional, planteado por Erdogan para eliminar controles democráticos y concentrar poderes en la presidencia, realizado bajo acusaciones de manipulación. Todas estas gravísimas violaciones de derechos son obviadas por los Gobiernos europeos que han optado por incumplir sus obligaciones y contemporizar con la deriva autoritaria de Erdogan intercambiando el control de personas refugiadas y migrantes por fondos y promesas de exención de visados para la ciudadanía turca.

Desde Podemos exigimos que la Unión Europea y España cambien su política con Turquía para condenar la deriva autoritaria y violaciones de derechos humanos para evitar el chantaje de Erdogan; exigir la liberación de las personas detenidas sin garantías y el respeto a sus derechos democráticos, de libertad de información y opinión; y el fin de las políticas de persecución contra todo tipo de opositores y fuerzas del pueblo kurdo.