El grupo parlamentario del PSOE quiere derogar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana conocida como 'ley Mordaza'. Su portavoz, Antonio Hernando, ha anunciado que la semana próxima el pleno del Congreso de los Diputados iniciará el debate de la proposición de ley que los socialistas registraron en diciembre para recabar los apoyos suficientes y terminar con la polémica norma. Sin embargo, la plataforma No Somos Delito ha advertido que el texto del PSOE es un “maquillaje” que busca acabar con los puntos “llamativos” como las sanciones por acudir a protestas o manifestarse ante el Parlamento, pero conserva la base de la ley actual y la anterior.

“La propuesta del PSOE nos parece maquillar la 'ley Mordaza' mezclándola con la anterior, la 'ley Corcuera' o 'ley de la patada en la puerta' del 92, que tampoco era nada garantista en cuanto a Derechos Humanos. Quitan aspectos llamativos, pero no profundizan en el concepto de seguridad ciudadana, no garantizan el derecho a la libre manifestación o al derecho fundamental de reunión”, ha explicado a cuartopoder.es Mónica Hidalgo, de la Plataforma No Somos Delito, conformada por más de un centenar de colectivos en contra de la reforma del Código Civil, la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Seguridad Privada.

Según la plataforma, el PSOE mantiene “el mismo prisma que el PP sobre seguridad ciudadana confundiendo este concepto con el mantenimiento del orden público” y usa “conceptos jurídicos indeterminados y genéricos” que dejarían al ciudadano de nuevo “ante una situación de indefensión frente a la norma”, una de las principales críticas sociales que ha tenido la 'ley Mordaza'. Además, Hidalgo llama la atención sobre que no exista la intención de acabar con el Pacto Antiterrorista firmado por el PP y el PSOE en el año 2000 y que, desde su punto de vista, ha afectado a la libertad de expresión en los casos más conocidos como el de los titiriteros Alfonso Lázaro y Raúl García y el del cantante de Def con Dos, César Strawberry, acusados por “enaltecimiento del terrorismo”.

Sin embargo, el PSOE no es el único partido que ha lanzado una proposición de ley para acabar con la “ley mordaza” del exministro Jorge Fernández Díaz. El PNV registró su propia iniciativa el pasado mes de enero, aunque este texto no pretende la derogación de la norma, sino su reforma. Desde la plataforma, consideran que la única intención de ambas formaciones es “apuntarse el presunto tanto de acabar con una ley que cuenta con el rechazo de más del 80% de la ciudadanía”.

Tras un análisis de las propuestas de ambos partidos realizado por varios juristas, No Somos Delito ha desgranado los aspectos más controvertidos de las proposiciones de ley de PSOE y PNV. Así, han criticado que los vascos no limitan los registros domiciliarios a “supuestos determinados”, mientras que han subrayado que en este punto “es aun peor la propuesta del PSOE” por permitir los registros en distintos casos que son competencia municipal y “podrían ser usados para facilitar desalojos ilegales”. Por otro lado, han arremetido contra ambas propuestas porque “mantienen el valor probatorio de las declaraciones de los agentes de seguridad”.

Además, según han explicado, el PNV da continuidad a la mayoría de las infracciones graves o muy graves tipificadas en la 'ley Mordaza', mientras que el PSOE añade algunas nuevas. “El PSOE mantiene tres infracciones muy graves referidas al derecho de reunión y rescata de la 'ley Corcuera' las sanciones por la provocación de reacciones en el público que alteren la seguridad ciudadana”, mientras que “añade otra infracción muy grave como la de causar desórdenes en vías públicas o daños a bienes públicos”. Asimismo, algo que llama la atención es que los socialistas mantienen la infracción por la celebración de reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público (artículo 26j) contemplada en la norma actual, aunque precisamente este fue uno de los puntos que recurrieron ante el Tribunal Constitucional.

Entre “los pocos cambios positivos”, destaca No Somos Delito, se encuentra la rebaja de las sanciones en dos tipos de infracciones propuesta por el PSOE. Por su lado, el PNV mantiene las mismas cuantías, aunque introduce cambios como la eliminación de sanciones por el uso no autorizado de imágenes de los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado o por perturbaciones graves en manifestaciones ante Congreso y Senado, así como por desórdenes y obstaculización en la vía pública. También han contemplado la posibilidad de celebrar manifestaciones espontáneas y pacíficas “en supuesto de urgencia”.

Para estos colectivos ni siquiera es necesaria una ley de seguridad ciudadana porque casi todo lo que tipifica esta norma ya lo contempla el Código Civil, el Código Penal o las ordenanzas municipales. Sin embargo, creen inevitable evitar que la actual 'ley Mordaza' no sea sustituida por otra similar y pretenden elaborar una propuesta para influir en el debate canalizado a través de un encuentro ciudadano que se celebrará este viernes 17 de marzo en la Nave de Terneras de Matadero Madrid. Para ello, han recibido el respaldo del sindicato CGT o de organizaciones como Greenpeace, Defender a quien Defiende, SOS Racismo, Jueces para la Democracia, Hetaira, Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA), PAH Madrid o la Coordinadora ONG de España (CONGDE). “El objetivo final de esta iniciativa es celebrar unas segundas jornadas con la presencia de partidos políticos donde poder debatir sobre la reforma de esta ley”, ha explicado Hidalgo.

Podemos, de acuerdo con la derogación

Ante la iniciativa del PSOE, la portavoz del grupo parlamentario de Unidos Podemos, Irene Montero, ha mostrado la postura de su partido “favorable a la derogación” y considera que esta es una “buena oportunidad para trabajar” sobre la norma. Sin embargo, el grupo ha mantenido diferentes reuniones con la Plataforma No Somos Delito y otros representantes de la sociedad civil y consideran que toda la derogación, modificación o legislación respecto a la ley de seguridad ciudadana debe contemplar aspectos como la limitación de “las funciones de identificación y detención de la policía a la existencia de indicios concretos” para evitar razones étnicas o discriminarorias, o la eliminación de “cualquier sanción a las personas que se reúnen o manifiestan de forma pacífica”.

Asimismo, consideran que es necesario “impedir el ejercicio de funciones públicas de seguridad por parte de empresas privadas”, eliminar “todas las infracciones del PP por motivos ideológicos basadas en movimientos sociales como la PAH, los escraches, las acciones de Greenpeace etc.”, establecer “el principio de legalidad y proporcionalidad en la aplicación de sanciones” o acabar con "las devoluciones en caliente o actuaciones policiales contrarias al derecho de asilo”.

(*) María F. Sánchez es periodista.