El martes se habilitó la polémica aplicación que permite realizar viajes con conductores no profesionales, sin embargo el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario número 15 ordenó ayer al Ejecutivo porteño que arbitre "de modo inmediato" las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle la compañía.

"Desde ayer hay un fallo de la Justicia que nos pide que hagamos todo lo que está a nuestro alcance para evitar que la compañía preste el servicio", remarcó el funcionario en declaraciones a Radio 10.

"Al no estar habilitados, no estar dado de alta, ni siquiera haber hecho trámites ante la AFIP, ni la AGIP (Rentas), no tienen oficinas declaradas", manifestó.

"Estamos comunicando la clausura a la policía, a la fiscalía, cuando encontremos las oficinas lo haremos sobre las oficinas. Eso y cumplir con los controles en la calle", añadió.

Sin embargo, el funcionario aclaró que "están técnicamente clausurados y no pueden brindar el servicio", algo que no frenó a Uber, que sigue operando.

"De persistir brindando el servicio, sería una violación de clausura, lo que implica una denuncia en una fiscalia penal contravencional", precisó Méndez.

Enfatizó además que lo fundamental es "garantizar un servicio seguro y de calidad para los vecinos de la Ciudad" y que "debe cumplir con las normas vigentes, como que funcionen los cinturones de seguridad, que el auto frene o que el conductor sea un conductor profesional".

La compañía percibe "entre el 25 y 30 por ciento de comisión por la prestación de servicio de transporte, es decir que no es una red social, ni una herramienta colaborativa", por ello debe operar "dentro del marco normativo legislativo vigente correspondiente".