A última hora del viernes 17, el gobierno comenzó a comunicar a las empresas involucradas en la investigación del fiscal Stornelli y el juez Glock sobre obras públicas licitadas antes de diciembre de 2015, “la inmediata suspensión de los trabajos, en el estado en que se encuentren, poniéndose la obra a disposición del comitente”, que tomará posesión “hasta que se esclarezcan los hechos investigados”. Es decir, todo lo contrario de lo anunciado a los bancos comprometidos en el financiamiento de esas obras. Esto ratifica la confusión permanente en que se mueve el gobierno, que no atina a sostener una decisión por más de un par de días. La comunicación oficial otorga un plazo de tres días, que vence el jueves 23. En ese momento, junto con la obra, las constructoras deberán entregar toda la documentación técnica y “todo material, equipos, vehículos y/o elementos que el comitente haya facilitado al contratista para los fines de la contratación y ejecución de los trabajos”. No parece que se esté pensando en una suspensión breve, ya que en el momento de la entrega se realizará un inventario y detalle del estado de la obra, documentación, materiales y equipos y se iniciará un procedimiento administrativo de revisión de costos para determinar si se ajustan a los precios de mercado. Desde el mismo viernes quedaron suspendidos todos los pagos por cualquier concepto “hasta el esclarecimiento de los hechos investigados por la Justicia”. Así puede observarse en el facsímil.

IEASA es la nueva denominación de la sociedad estatal ENARSA. Destinatario de la nota es la Unión Transitoria de Empresas con la que contrató la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA): ESUCO, del arrepentido Carlos Wagner; BTU, del detenido Carlos Mundín, y Víctor Contreras y Compañía. Esto no afecta a los corredores viales licitados este año bajo el régimen de participación público-privada, entre cuyos titulares hay varios encuadernados. Pero tampoco les garantiza conseguir el financiamiento internacional indispensable, sino todo lo contrario.

En el encuentro de AEA (Asociación de Empresarios Argentinos, según su denominación oficial, o de Empresarios Arrepentidos, según mi ingenioso colega Leandro Renou), el presidente Maurizio Macrì insistió con las metáforas meteorológicas para caracterizar la coyuntura, pero esta vez les agregó detalles dramáticos: “Atravesamos una tormenta de frente”, dijo. No quedó claro si el tiempo verbal escogido era pretérito perfecto o presente, pero ni falta que hacía. Pocas horas antes había respondido a una pregunta sobre la nueva disparada del dólar: “No pasa nada, tranquilos”. El viernes 15, en Jujuy cuando una periodista le preguntó hasta cuándo seguiría subiendo el dólar, respondió: “Está más calmo estas últimas semanas”. Si hay una tormenta, las preguntas que se imponen son ¿dónde está el piloto? y ¿en qué estado de conciencia?

Hoy un juramento

A diferencia de otros públicos, esta vez lo acompañaban sus pares, a quienes necesitaba convencer de que aceptaran sin protestas la ruptura de todos los pactos preexistentes. No de las promesas electorales formuladas en el remoto año 2015 (como el fácil control de la inflación, la inminente lluvia de inversiones, la continuidad del fútbol televisado accesible a todos sin pagar o el respeto a la integridad del salario sin afectarlo con el impuesto a las ganancias) sino de los compromisos asumidos en los últimos meses, semanas, días y horas, ya no con el cándido electorado que quería cambiar sin saber cómo, por temor a la explosión de una bomba que no alcanzaba a explicar en qué consistía, sino con las distintas fracciones del gran capital que constituyen el sustento de su administración, si así puede llamársele al caótico desgobierno vigente y con la dirigencia política de la que requiere apoyo legislativo. Algunos ejemplos:

* Las palabras tranquilizadoras de alguien tan ajeno a las cuestiones financieras y tan desconocedor del marco jurídico vigente como el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, fueron dirigidas a los principales bancos el viernes 10, asegurándoles que ninguna obra se interrumpiría. Su desmentida en los hechos se produjo el viernes 17. Apenas una semana.

* Durante una visita a la Sociedad Rural antes de emprender viaje rumbo al encuentro del G20, Macrì declaró, acompañado por su ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, que no se modificaría la baja gradual de retenciones para la soja. Lo reiteró el 28 de julio la vicepresidente Gabriela Michetti en su discurso ante la Sociedad Rural. Pero el 15 de agosto el decreto 757 la suspendió por seis meses para la harina y el aceite de soja. Dos semanas.

* El 31 de julio el Ministro de la Producción, Dante Sica, aseguró a la Unión Industrial que los reintegros a las exportaciones de bienes con valor agregado no corrían peligro. Esta semana, Macrì redujo en dos tercios esos reintegros y Sica se enteró por los medios. En cada caso, se citan como fundamentos “las nuevas circunstancias que presenta el contexto internacional, la necesidad de acelerar la consolidación fiscal y evitar la generación de mayores desbalances”. Dos semanas.

* El lunes 13 de agosto, el gobierno nacional limitó de 100 a 50 millones de dólares la oferta diaria que el BCRA subasta en el mercado de cambios. Pero el martes 14 el mesadinerista Luis Caputo, provisoriamente a cargo de la autoridad monetaria, informó que había conseguido autorización del FMI para utilizar las reservas en el rescate de las LEBACs y ofreció 500 millones de dólares en subasta.

* Caputo ofreció a los bancos tenedores de LEBACs mudarse a Lelics o Nobacs, pero como la demanda fue nula, les impuso un encaje adicional del 3%. Sólo 24 horas.

* El decreto 756 anuló el Fondo Federal Solidario creado en 2008 con el 30% de las retenciones a la soja y ratificado por el Pacto Fiscal de noviembre de 2017, para “mejorar la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial” de las provincias y municipios. El pacto, refrendado por la ley 27.429 el 21 de diciembre de 2017, incluyó los compromisos de provincias y municipios de ajustar sus cuentas y constituyó la última victoria del gobierno nacional antes de montar al tobogán en el que no cesa de caer desde entonces. El decreto del 15 de agosto, que no fue consultado con gobernadores ni intendentes antes de su firma, terminó con el Fondo Sojero. Si en pleno periodo de sesiones ordinarias del Congreso una ley es modificada por un decreto de necesidad y urgencia, habrá que creer que el gobierno realmente está necesitado y urgido, por los efectos de su propia imprevisión.

Es cierto, como reitera Macrì, que las condiciones de la economía global son atroces, tal como lo cuentan en esta edición Mónica Peralta Ramos, Pedro Biscay, Enrique Aschieri y Jorge Elbaum. Pero precisamente por eso, fue insensato que el gobierno desmantelara todas las medidas regulatorias y protectoras del mercado interno y expusiera el país desnudo a la famosa tempestad, endeudándolo de modo exponencial no para invertir en infraestructura sino para pagar gastos corrientes en pesos.

Nadie puede decir que a Macrì le tiemble el pulso antes de tomar decisiones. Pero tampoco que medite en sus consecuencias, que siempre lo toman de sorpresa, como a un niño que vive de descubrimiento en descubrimiento. En este caso, el repudio general de municipios y estados provinciales afectados preanuncia dificultades a la hora de incluir las cláusulas de ajuste pactadas con el FMI en el presupuesto 2019 y refuerzan la tentación de repetir el de 2018, lo cual sería muy cómodo para el Ejecutivo con una inflación del 35%. Pero debería obtener el visto bueno del Fondo, que concentra un poder de decisión sin precedentes. Derogar una ley por un decreto y prorrogar el presupuesto por otro no entra en ninguna definición de calidad institucional ni seguridad jurídica.

Una dinámica incontrolable

Este endurecimiento de relaciones con su propia constituency se produce al mismo tiempo que el radar de la justicia federal apunta por primera vez hacia el sistema financiero dentro del expediente iniciado por los Quaderni del Chauffeur (Horacio González dixit), en un tiempo que ya parece remoto porque la ristra de delaciones obtenidas por los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo y por el juez Claudio Bonadío han desatado una dinámica incontrolable para todos. Stornelli y el Doctor Glock actúan por fuera de sus respectivas competencias y, así como se apropiaron del expediente en forma ilegal, están aplicando métodos extorsivos para forzar confesiones autoincriminatorias, de lo cual incluso se jactan, con humoradas soeces sobre los empresarios que no resisten el olor a tumba de los calabozos hediondos a los que los enviaron adrede. Ni esto, ni los nexos serviciales de los sargentos del Ejército y la policía que dieron origen al expediente judicial y a su cobertura periodística, significa que todos los datos así obtenidos sean falsos. Sólo agrega otra capa de barro al lodazal en que todos chapotean, con el agravante de que los fiscales y el juez deberían representar la legalidad garantizada por el Estado. El caso se parece (en eso y sólo en eso) a la lógica por la cual el Estado Terrorista recuperó hace cuatro décadas el monopolio de la violencia a costa de acabar con el imperio de la ley y cometer crímenes más graves de los que utilizó para justificar sus actos.

El secreto del sumario y un lote de periodistas obsecuentes permite dirigir la información del modo que les apetece, es decir en contra de la ex Presidente CFK. Aún así, el mero cotejo de informaciones públicas permite poner en duda buena parte de las versiones que van de Comodoro Py a los televisores que, pese al auge de las redes sociales siguen siendo la vía más confiable para las crédulas clases medias objeto del operativo, del que Macrì se declaró “contento” en Jujuy. Por ejemplo, en junio de 2016, cuando fue detenido José López con 9 millones de dólares, el diario La Nación calculó que pesaban 90 kilos. “Se estima que 1 millón de dólares, representados en 100 fajos de 100 billetes de US$100, tiene un peso de 10 kilos; es decir, cada papel pesa 1 gramo aproximadamente, de acuerdo a información de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo”, escribió el matutino. Añadió que esto es nueve veces más que el peso atribuido a cada millón de dólares en los programas de chimentos sobre la corrupción. Son diferencias menudas, comparadas con la hipérbole de Leonardo Fariña de que “se robaron un Producto Bruto”, es decir cinco veces más que toda la obra pública nacional realizada entre 2003 y 2015.

La línea de defensa de los empresarios involucrados va retrocediendo. Los primeros en declararse arrepentidos fueron parientes, amigos y socios del presidente: Javier Sánchez Caballero, Ángelo Calcaterra y Juan Carlos de Goycoechea, todos asesorados por el mismo estudio, que también atendió asuntos de las Sociedades Macrì y uno de cuyos socios es primo hermano de la diputada libertadora Elisa Carrió. Despedido de Isolux-Corsan por escándalos similares ocurridos en Chile, De Goycoechea es socio apenas disimulado de los Macrì en distintos emprendimientos.

Todos dijeron que fueron extorsionados para hacer aportes de campaña al Frente para la Victoria y la negociación previa permitió que el primo presidencial no pasara más de una hora en los tribunales. No en Tribunales, sino en el foro patronal, Paolo Rocca sostuvo que la transnacional italiana Techint no formó parte del esquema corrupto que investiga la justicia, sino que pagó un rescate para conseguir que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela permitiera la repatriación de los técnicos argentinos de la expropiada Siderúrgica del Orinoco (SIDOR). La misma versión había ofrecido en los tribunales el principal operador de Techint, Luis María Cayetano Betnaza, CUIT 20115063163, según los datos que suministró al presentarse al blanqueo de capitales que cerró en 2017. ¿Podría perder ese beneficio al implicarse su participación en un ilícito o se aceptará su versión de que fue víctima de un chantaje y estaba en juego la vida de los trabajadores?

El propio Macrì validó esa coartada al afirmar ante la cumbre patronal del Hotel Sheraton que cualquier empresario que recibiera un pedido indebido podía acudir a él para denunciarlo. La idea de los hombres de negocios como víctimas de los gobernantes no se sostiene, como lo explica con ejemplos impactantes en esta edición de El Cohete a la Luna el creador y primer titular de la Oficina Anticorrupción, José Massoni, a quien los adjudicatarios de la hidrovía trataron de implicar en sus acuerdos subterráneos para mejor esquilmar al Estado. La versión de Macrì como garante de la transparencia es sólo un mal chiste. En 1993 publiqué el primer documento que se haya conocido acerca de las relaciones entre los mayores grupos económicos que operaban en el país y las fuerzas principales del sistema político, a propósito del gasoducto Loma de la Lata, construido por Techint, Pérez Companc y Macrì. La financiera cautiva de Techint, Santa María, recaudaba los aportes, proporcionales a la participación de cada grupo en el consorcio, y pagaba las “Prestaciones de sede” a funcionarios y políticos, tanto radicales como peronistas, y a competidores excluidos del negocio, para que no protestaran. Sólo en el año 1987 se pagaron en tangenti por esa obra 11.527.000 dólares, o expresado con la técnica financiera de las planillas de Santa María: 11.527 U$S x10 a la tercera. El actual presidente ya era vice del grupo familiar. En la década siguiente, la carrera política de Juan Carlos Rousselot llegó a un abrupto fin, por el contrato con Maurizio Macrì (no con Franco) para construir cloacas en Morón, a alto precio y sin licitación. También los jueces de la Corte Suprema Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O’Connor fueron destituidos en juicio político por obstruir la investigación contra Macrì (y en este caso también su padre), por contrabando de automóviles, que eran vendidos en partes, como exportación definitiva al Uruguay, por la que percibían reintegros, pero luego reingresaban al país como vehículos completos sin pagar tributos. Pérez Companc salió del negocio de la construcción, Macrì saltó del obrador al gobierno y Techint constituyó la única multinacional con cabeza en Buenos Aires que juega en la economía global, como primer productor mundial de tubos sin costura y, desde Tecpetrol, primer productor de gas no convencional en el área Fortín de Piedra, de Vaca Muerta. Desde que los cuadernos ganaron la agenda pública la capitalización de Techint en el mercado mundial cayó 20%, también podría abrirse una investigación en la SEC estadounidense y habría interesados globales en la compra de sus activos a precio muy reducido. Un dato curioso: para ilustrar la nota sobre el foro empresarial del Sheraton, Clarín escogió una foto de un encuentro anterior en el que se ve a Paolo Rocca junto a Betnaza y a alguien que, con la cara tapada por la mano, podría confundirse con el presidente Macrì. Rocca estuvo en el Seminario, pero Betnaza no.

Algunos columnistas subsidiados por la pauta oficial pretenden que al provenir de esas estructuras putrefactas, Macrì estaría en mejores condiciones que nadie para sanear la ciénaga. Ese relato, que parece inspirado en la conversión de los santos que dejan una vida disipada para consagrarse al estudio y la oración, sólo sería creíble si el Presidente y su gobierno hubieran mostrado una conducta nueva desde que pasaron al otro lado del mostrador. Lejos de eso, se han servido del Estado para sus negocios particulares.

Sobre llovido, mojado

La frase atribuida por Carlos Pagni a un ministro del gabinete nacional, “si no hay pan, que haya circo”, revela que desde el gobierno alguien pensó que el desfile de los arrepentidos desviaría la atención de los problemas económicos.

Esto no pasó de ser una expresión de deseos, porque aun en el segmento “Indignados” de las encuestas de opinión, el tema genéricamente denominado de la corrupción es precedido por las cuestiones económicas, como inflación y tarifas. Los problemas del gobierno siguen siendo la insuficiente generación de dólares genuinos, el cierre del financiamiento para el Estado y para las empresas argentinas por la desconfianza sobre el repago de una deuda que creció de modo vertiginoso, la fuga incesante de capitales y la resistencia social a sus políticas destructivas de la producción y el empleo.

A la incapacidad del gobierno para dominar la corrida cambiaria, porque obedece a razones estructurales que no se corrigen con voluntarismo, y a las consecuencias económicas y sociales del ajuste pactado con el FMI, se suman desde hace tres semanas los efectos colaterales del cuadernazo, como la interrupción de las obras comunicada el viernes 17.

Contra lo que el gobierno esperaba, la prensa internacional no prestó mayor atención a las denuncias contra Cristina, pero los reguladores bancarios y bursátiles están muy atentos a las confesiones de empresarios que demandan financiamiento para nuevas obras en la Argentina, ya sea mediante crédito o colocación de obligaciones negociables.

La Guardia Nacional

Mientras el ministro de Defensa de Estados Unidos, general John Mattis, comenzaba en Buenos Aires su primera gira por lo que el Comando Sur llama Hemisferio Occidental, y el gobierno argentino daba comienzo al despliegue de Fuerzas Armadas en la frontera norte, los dos principales diarios de su país minimizaban la amenaza terrorista no sólo en la Argentina y las Américas sino también en el resto del mundo, y desaconsejaban el empleo de los militares en tareas vinculadas tanto con su represión como con el comercio ilícito de sustancias estupefacientes de consumo prohibido por las autoridades sanitarias. Ni el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, ni el de Macrì exponen con claridad cuál es el sentido del regreso de los militares al primer plano. El 27 de abril dimos en El Cohete a la Luna una primicia que tuvo mayor repercusión dentro que fuera de las Fuerzas Armadas. Con el título Militares En Guardia [Nacional] contaba que “el gobierno nacional contempla el reemplazo de las Fuerzas Armadas por una Guardia Nacional, al estilo de Panamá y Costa Rica. El planteo fue formulado por el Secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, quien bajo la dependencia de Gustavo Lopetegui dirige en la jefatura de gabinete la Secretaría de Asuntos Estratégicos” creada por decreto sobre el modelo de la asesoría de seguridad nacional de Estados Unidos. Pompeo es uno de los funcionarios más próximos a Macrì y proviene del justicialismo, como Ramón Puerta, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Miguel Pichetto. Hoy es más fácil de entender lo que allí se afirmaba y sus consecuencias. Al mismo tiempo que desaparecen del papel moneda las Islas Malvinas, reemplazadas en el billete de 50 pesos por un pájaro, se replantean las competencias, estructura y organización de las Fuerzas Armadas. La conducción de los militares destinados al operativo Frontera Norte, inaugurado el viernes 17 por el Poder Ejecutivo, queda en manos de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. De este modo, y con un perverso recorte y pegatina de partes de distintas de leyes y decretos, los militares son sustraídos de su misión primaria de Defensa Nacional y degradados a fuerza auxiliar de las policías, pero no en forma excepcional y con intervención del Congreso y el Comité de Crisis, como prevé la en teoría vigente ley de seguridad interior, sino de modo permanente y sin control. La histórica meta de actuación conjunta de las Fuerzas Armadas se invoca como coartada para una nueva reducción de personal y para la desocupación de grandes predios de alto valor inmobiliario en la periferia de las grandes capitales.

Horas antes de que Macrì encomiara el despacho de un primer contingente militar a la frontera, la Asamblea Popular de la Puna repudió la instalación de una Base Militar en La Quiaca “con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y el terrorismo” y señala que es consecuencia del “Acuerdo que firmó el Gobierno Nacional en noviembre de 2016 con la Guardia Nacional de Georgia, perteneciente al Ejército de los Estados Unidos”, que “incluye la subordinación del Gobierno y del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas argentinas a los objetivos y al mando del Ejército de los Estados Unidos».

En 2017, cuando se firmó el convenio, consignamos que el Programa de Asociación Estadual (The State Partnership Program) iniciado en 1991 para asistir a las naciones surgidas del extinto bloque soviético sin suscitar la suspicacia que hubiera producido la presencia directa de los marines o el US Army cerca de la frontera de Rusia, se convirtió en una herramienta clave para los intereses de seguridad de Estados Unidos y los Comandos de Combate de sus Fuerzas Armadas, que así supervisan el proceso político y obtienen mano de obra militar barata. Luego se expandió a Latinoamérica y el Caribe.

«Además», dice la Asamblea Popular de La Puna, «establece la instalación de Bases Militares encubiertas en áreas de recursos naturales estratégicos como Neuquén, Misiones y Jujuy, que bajo la subordinación mencionada favorece a la diplomacia estadounidense para coercionar sobre el actual y los sucesivos gobiernos nacionales con el fin de obtener ventajas en la adjudicación de explotaciones de esos recursos. Por último, habilita en territorio nacional, escenarios de intimidación militar y abre la posibilidad de incursiones del Ejército Argentino bajo mando extranjero en agresiones a países sudamericanos”.

El acto oficial se realizó a metros de la frontera con Bolivia, nada menos que en el aniversario de la muerte de San Martín.

La música que escuché mientras escribía esta nota.