CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una década, la empresa Sea Dragon de México se convirtió en una de las principales arrendadoras de plataformas de perforación en aguas ultraprofundas para Pemex; los seis contratos que obtuvo durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sumaron 2 mil 838 millones de dólares.

Lo paradójico es que Sea Dragón de México nunca tuvo una sola de estas plataformas: desde un principio, fue diseñada como una cáscara vacía, cuya única función se limitó en subarrendar a Pemex plataformas que ella misma rentaba a sociedades de papel incorporadas en paraísos fiscales.

Fundada por José Farrera Redondo, un empresario panista radicado en Campeche e integrante del círculo político de Felipe Calderón, la empresa siempre fue el último eslabón de complejas estructuras offshore.

A lo largo de los últimos diez años, la empresa cambió de dueño en tres ocasiones: primero perteneció a una sociedad de inversionistas británicos establecida en las Islas Caimán, luego pasó a manos del banco Lloyds, de Londres, y finalmente terminó en la cartelera de sociedades de Seadrill Limited, el gigante de la perforación en aguas profundas fundado por noruegos en el paraíso fiscal de las Bermudas.

Durante todo ese tiempo, Appleby, el despacho especializado en servicios offshore con sede en Bermudas, siguió de cerca los movimientos y reacomodos de la empresa mexicana en los diversos esquemas que la incluyeron. Es más, participó en cada uno de ellos, ya que muchos de los actores involucrados en estas estructuras –incluyendo a Seadrill– fueron sus clientes.

Seadrill creó en febrero de 2014 la sociedad SeaMex Ltd. en las Bermudas, junto con Fintech, el fondo de inversión del millonario mexicano David Martínez. SeaMex Ltd es una sociedad de papel que opera las cinco plataformas que Pemex rentó a Sea Dragon de México en 2014, mediante cinco contratos otorgados por adjudicación directa –en febrero y noviembre–.

En ese periodo, Emilio Lozoya Austin desempeñaba como director general de la empresa petrolera. En marzo de 2014, durante una comparecencia ante las comisiones de Energía y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, la bancada panista cuestionó al entonces funcionario federal sobre la decisión de Pemex de no pasar por un proceso de licitación pública.

“En el mercado mundial no hay plataformas autoelevables disponibles”, se defendió Lozoya, a quien altos exdirectivos de la empresa brasileña Odebrecht señalaron por recibir sobornos millonarios, primero como coordinador internacional de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y luego como director general de Pemex. Los sobornos, dijeron los executivos brasileños, se otorgaron a través de sociedades offshore y a cambio de contratos de obra pública.

Appleby en la explotación de hidrocarburos

Documentos internos de Appleby, filtrados al periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y 97 medios aliados –entre ellos Proceso–, muestran que, en el sistema offshore, la explotación de hidrocarburos dejó de ser un asunto de ingenieros y geólogos.

Ahí reinan financieros y banqueros, guiados por los rendimientos del capital, que acuden a los paraísos fiscales para maximizar sus ganancias. Y para ello, contratan despachos fiscalistas y empresas internacionales de contaduría de élite. Appleby diseñó estructuras offshore para sus clientes interesados en el jugoso negocio mexicano del petróleo, según los documentos.

Asesoró por ejemplo al fondo de inversiones EnCap Investments L.P. –incorporado en las Islas Caimán– en la creación de Sierra Oil & Gas, la primera empresa con capital extranjero que ganó licitaciones en la Ronda Uno para la operación de campos petroleros en México.

El despacho también participó en la elaboración de contratos de financiamiento de plataformas que fueron rentadas a Pemex a través de sociedades offshore, como la plataforma Menadrill I –que se incendió en marzo de 2014– o la plataforma Iolair –que pertenece a una sociedad de Luxemburgo y que la empresa mexicana Cotemar subarrendó a Pemex–; asimismo, participó en el registro en las Bermudas de Nabors Drilling International II Limited, una filial del grupo estadunidense Nabors destinada a celebrar contratos con Pemex.

Appleby también incorporó una red de tres entidades en las Bermudas para la empresa Constructora y Perforadora Latina. Estas compañías se convirtieron en las dueñas legales de plataformas petroleras, dos de las cuales –Santa María y Covadonga– fueron rentadas a Pemex para el periodo 2014-2020, por un monto total de 760 millones de dólares, por adjudicación directa.

El “Proyecto Escorpión”

Sea Dragón de México obtuvo su primer contrato el 20 de junio de 2007. Fue uno de los primeros que Pemex otorgaba para la explotación de petróleo en las aguas ultraprofundas del Golfo de México, por un precio que rodeaba los 958 millones de dólares. El contrato planteaba que la plataforma entraría en operación el 31 de marzo de 2010 a más tardar, por una renta diaria de 555 mil dólares y con una duración de cinco años.

El mismo 20 de junio, Pemex otorgó otro contrato multimillonario a Grupo R y su filial Industrial Perforadora de Campeche, propiedades de José Ramiro Garza Cantú. En el documento, la paraestatal se comprometía a rentar una plataforma de perforación en aguas ultraprofundas.

Se trató de la plataforma Bicentenario, que también transitó por un complejo esquema internacional para llegar Pemex –implicó operaciones en Seychelles, Bélgica, Madeira, Singapur y Panamá–, el cual fue diseñado por el despacho de abogados Mossack Fonseca, como lo reveló Proceso en la investigación global Panama Papers, publicada en abril del año pasado.

En aquel entonces, Sea Dragon de México tenía apenas dos meses de existencia: José Farrera Redondo la incorporó el 14 de abril de 2007 en el Registro Público de la Propiedad de Campeche, después incluso que Pemex publicara en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria a la licitación pública para la renta de la plataforma.

El 8 de junio, Farrera vendió las acciones de Sea Dragon de México a las sociedades SeaDragon Offshore Limited y SeaDragon Consulting Ltd., la primera incorporada en las Islas Caimán, la segunda en Inglaterra, y ambas operadas por los financieros británicos Stephen Alexander Baird y Matthew Alexander Thompson.

Ninguna de estas empresas tenía experiencia formal en el sector energético, y aun así, Sea Dragón de México ganó el contrato.

Farrera es un empresario de origen chiapaneco, contratista de Pemex durante la administración panista y esposo de la actual diputada federal Rocío Matesanz Santamaría, también del PAN, quien formó parte del primer círculo político de Felipe Calderón.

Matesanz también fue contratista de Pemex a través de la empresa Tecnogolfo, S.A. de C.V., y estuvo cercana a Mario Ávila Lizárraga, otrora director de mantenimiento logístico de la Coordinación de Servicios Marítimos de Pemex Exploración y Producción (PEP), según reportó Proceso en noviembre de 2013.

Con el contrato de Pemex en la mano, SeaDragon Offshore Limited, entonces dueña de Sea Dragón de México, pudo conseguir unos préstamos del Lloyds Bank de Londres –uno por 85 millones y otro por 34 millones de dólares– que le permitieron seguir con la construcción de dos plataformas petroleras, cuyos cascos se estaban montando en los astilleros de la empresa Sevmash, en Rusia.

En paralelo, los financieros británicos trataron de vender el “paquete offshore” de SeaDragon Offshore Limited en el sistema financiero internacional. Ese paquete contenía tres sociedades de las Islas Caimán –dos de ellas eran las dueñas respectivas de las plataformas petroleras Oban B y Gander, que todavía estaban en construcción–, un contrato con Pemex, dos compañías incorporadas en el Reino Unido y una en México.

Al estar incorporadas en las Islas Caimán, la compañía madre, SeaDragon Offshore Limited, y las dos sociedades dueñas de las plataformas tenían la garantía de no pagar impuestos sobre el capital ni sobre sus ganancias, y esto por lo menos hasta 2026, según un análisis interno de Appleby.

En estos meses, el precio del barril de petróleo rodeaba los 138 dólares. La oferta sedujo a varios inversionistas y la empresa hindú Great Offshore Limited fue uno de ellos. En el verano de 2007, contrató a Appleby y a otros despachos contables para concretar el negocio, inicialmente previsto para principios de 2008. El despacho de las Bermudas bautizó el negocio “Proyecto Escorpión”.

El plan era el siguiente: el comprador inyectaría dinero para terminar a tiempo la construcción de las plataformas en los astilleros de Teesside, en Escocia, y la flamante plataforma West Pegasus –entonces llamada Oban B–, registrada con una bandera de Bahamas, entraría en operaciones para Pemex en marzo de 2010, como estipulaba el contrato.

Pero no salió como previsto. Estalló la crisis financiera global, la empresa hindú sufrió una dramática pérdida de liquidez y la venta no procedió. El gobierno británico, por su parte, inyectó 47 mil millones de dólares de dinero público a distintos bancos –el Lloyds Bank incluido– para evitar el colapso del sector financiero del país.

En enero de 2009, SeaDragon Offshore Limited decidió terminar las plataformas en los astilleros de Jurong, en Singapur. Ello provocó un escándalo en Gran Bretaña: Sectores de la población se indignaron que Lloyds, el banco que respaldaba el proyecto con dinero público, haya sacrificado los centenares de empleos que implicaba la construcción de las plataformas en los astilleros escoceses de Teesside.

Seis meses más tarde, en junio de 2009, el Lloyds Bank, que había prestado más de 100 millones de dólares para la construcción de las plataformas, tomó el control de SeaDragon Offshore Limited –y con ella, de Sea Dragón de México–.

El banco intentó, a su vez, vender el paquete. A finales de 2010, el mercado del petróleo se había recuperado, y la empresa noruega de inversión Aker Asa envió a Appleby un correo en el que expresó su interés en comprar las sociedades offshore, ya que existía detrás un negocio de “más de mil millones de dólares”.

No tuvo éxito: en enero de 2011, Seadrill se hizo de SeaDragon Offshore Limited por un precio evaluado en mil 200 millones de dólares, y trasladó toda la estructura offshore de las Islas Caimán a Bermudas.

Entregó la plataforma West Pegasus a Pemex en agosto de 2011, con un retraso de año y medio, por lo que pagó una multa de 25.5 millones de dólares. Pero esto no importaba mucho: el gigante había realizado su primer paso en México.