En una reunión de 25 minutos, con un único punto del orden del día y sin debate el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid aprobó el 26 de marzo de 2007 un aumento de gasto de 1.632 millones de euros a pagar en 32 años a la empresa Calle 30, una sociedad mixta formada por el propio Ayuntamiento y una unión de empresas que construyó y mantiene la M-30.

La Cámara de Cuentas de Madrid concluye que el contrato de la M30 buscó blindar los beneficios de Dragados y Ferrovial

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La decisión adoptada por la Comisión de Vigilancia y Seguimiento de la Gestión Integral de la M-30, un órgano municipal formado por dirigentes políticos de la máxima confianza de Gallardón como el exconcejal Manuel Cobo y el actual consejero delegado de Metro de Madrid, Juan Bravo, supuso encarecer en un 18,61% el presupuesto por el que se había adjudicado el proyecto estrella de Gallardón dos años antes.

"No tengo las cifras en la cabeza, y mucho menos para un asunto para el que hay que tener la documentación, con ese volumen de la obra", responde Cobo: "Si dijera cualquier cosa, te estaría engañando. Es imposible responder sin toda la documentación. La obra de la M-30 son cantidades públicas, y recibió toda la crítica por parte de la oposición y de asociaciones ecologistas. Cuando te hacen críticas, se puede argumentar y contraargumentar con la documentación: es el Ayuntamiento el que tiene toda la documentación".

Bravo, por su parte, ha declinado responder: "No hago declaraciones sobre estos asuntos".

Según el acta de ese comisión, en poder de eldiario.es la decisión se despachó en 25 minutos. La reunión comenzó a las 17.30 horas del día 26 de marzo y finalizó a las 17.55. El presidente ocasional de la comisión, Juan Bravo, que sustituía a Cobo, quien disculpó su ausencia, los vocales Ignacio López-Galiacho Perona y Manuel Arnaiz Ronda, y el secretario Juan Alfaro Grande aprobaron el acta de la reunión anterior y dieron luz verde por unanimidad a la modificación contractual en 25 minutos.

El turno de ruegos y preguntas no se utilizó. La decisión de aprobar esos pagos que se dilatarán hasta 2040 se apoyó sobre dos informes de la Subdirección General de Construcción de Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid que concluyen que por "las causas nuevas e imprevistas imposibles de prever en el momento de la aprobación del contrato se hace necesario incrementar el precio un 18,61%": es decir, la modificación se argumentó como necesaria para pagar los sobrecostes de las obras y, por otro lado, del mantenimiento.

El soterramiento de la principal arteria de circunvalación de la capital se había encargado en 2005 antes a un consorcio de constructoras integrado por Ferrovial, Dragados (del Grupo ACS, que preside Florentino Pérez), tras un concurso en el que participaron varias constructoras.

Para que el coste de las obras de la operación –incluida la construcción–, 6.000 millones de euros, no computase como deuda del Ayuntamiento, aquel Gobierno municipal ideó una empresa mixta, Calle 30, donde el consistorio tiene el 80% de la sociedad y la UTE el 20% restante. Solo dos años después del concurso público que adjudicó en 2005 el proyecto a la UTE de Ferrovial, Dragados y Api, el Gobierno municipal autorizó un modificado del presupuesto para hacer frente a los imprevistos que aparecieron durante las obras –de una extrema complejidad– y ampliar el mantenimiento de la infraestructura –Ferrovial y Dragados por separado también particiàron en la construcción, además de otras empresas–.

El sobrecoste que el Gobierno municipal autorizó a Calle 30 suma 1.632.642.000 euros, a pagar hasta 2040 en anualidades idénticas de 49.474.000 euros. Solo en mantenimiento supone pagar 330 millones más durante 33 años. Esa primera revisión de los costes de conservación de la vía (un capítulo que ingresa el socio privado) encareció la factura anual en 10,5 millones de euros cada año: pasó de 12,2 millones en 2005 a a 23 millones en 2007. Hoy ese capítulo cuesta a las arcas municipales 28 millones de euros. El cambio se sustentó tomando como base un informe de 55 páginas repleto de generalidades. El apartado de mantenimiento que se paga al socio privado prácticamente se duplicó pero como el contrato abarca la construcción y conservación, el Ayuntamiento pudo alegar que el importe total solo se encarecía un 18,9% y cumplió con el límite que la ley impone a los modificados (el 20% del presupuesto total).

La fórmula utilizada por Gallardón para levantar su obra estrella ha sido cuestionada reiteradamente por el Gobierno de Ahora Madrid que preside Manuela Carmena, que además ha amenazado con emprender sanciones contra la adjudicataria después de que los técnicos municipales hubiesen detectado pagos por duplicado a las constructoras e incluso facturas por servicios que no se realizaron.

Que la tramitación del proyecto es polémica lo evidenció la propia Cámara de Cuentas de Madrid en su informe de fiscalización de la obra conocido hace unos meses y en el que advirtió que el contrato es oneroso para las arcas municipales y que la sociedad mixta no tiene más razón de ser que pagar unos intereses del 7% a las empresas constructoras. La Cámara de Cuentas propuso rescatar la concesión, sobre todo porque desde 2011 el Ayuntamiento ya tuvo que asumir como propia la deuda de la obra. Tras la comisión de investigación sobre la venta de las viviendas sociales a los fondos buitre que concluyó esta semana, la obra de la M30 es la próxima que fiscalizará el Ayuntamiento de Madrid.