A un año de que cientos de personas, en su mayoría jóvenes, se lanzaran a las calles a marchar contra el gobierno de Enrique Peña Nieto y la criminalización de la protesta social, Animal Político aborda en la tercera entrega de este especial en cuatro partes las consecuencias jurídicas y legales de las movilizaciones para los manifestantes y las autoridades.

El 9 de mayo de este año, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció la “aceptación integral de la recomendación 7/2013”, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del DF, luego de comprobar que la policía capitalina incurrió en graves irregularidades durante el operativo del 1 de diciembre de 2012, con el cual fueron disueltas las manifestaciones sociales realizadas ese día por la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto.

Según la recomendación 7/2013, entre estas actuaciones anómalas de la policía destacan el haber brindado impunidad a un grupo de 50 personas que protagonizó los disturbios públicos, a los cuales la autoridad dejó operar sin contención alguna; otra irregularidad fue que, al tiempo que se dejaba actuaba al grupo violento, la policía arremetía en contra de manifestantes pacíficos, capturando ilegalmente a 99 personas que no habían cometido ningún delito, además de que seis de estos detenidos fueron torturados por los granaderos capitalinos –un sólo adolescente recibió más de 200 patadas de policías, tal como documentó la CDHDF–.

Por todo ello, informó en mayo el gobierno local, “se ha decidido aceptar la totalidad de los puntos recomendatorios” formulados por Derechos Humanos y, más aún, la autoridad capitalina anunció que “se compromete a instrumentar los procedimientos administrativos y legales que permitan que los hechos sean efectivamente investigados”.

Sin embargo, aún cuando esta postura fue anunciada públicamente , difundida por las autoridades del DF entre la ciudadanía y la prensa nacional, en los hechos, una de las exigencias más importantes de la recomendación 7/2013, incluida en el Punto Recomendatorio Número 6 –el cual demanda iniciar procedimientos penales contra los mandos de policía que coordinaron el operativo– oficialmente fue rechazada por el gobierno de Mancera, tal como se desprende del Informe de recomendaciones sujetas a seguimiento , elaborado por la CDHDF y actualizado al 31 de octubre.

A la letra, el punto 6 de esta recomendación, y que se encuentra en el estatus de “No aceptado”, establece “que en un plazo no mayor de 15 días naturales, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se formule denuncia ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, de la Procuraduría General de Justicia del DF, a fin de que se investiguen los delitos en que pudieron incurrir los mandos medios y superiores de la policía adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, por sus acciones y omisiones en el operativo del 1 de diciembre de 2012″.

Responsabilidades de alto nivel

Aún cuando la recomendación 7/2013 señala que, en el terreno, las distintas violaciones a derechos humanos del 1 de diciembre de 2012 fueron cometidas por elementos de tropa, también destaca distintas actuaciones irregulares por parte de los mandos medios y altos de la SSP-DF, que dieron pie a que los abusos en el campo de operaciones se concretaran.

En primera instancia, la Comisión de Derechos Humanos del DF concluyó que, “a pesar de que los propios elementos policiales alertaron al menos 30 minutos antes a los mandos superiores, de los riesgos a los bienes públicos y privados establecidos en las avenidas Juárez y Paseo de la Reforma, no se tuvo la previsión de protegerlos de los inminentes daños“, lo que dejó una veintena de hoteles, instituciones bancarias y oficinas públicas a merced del reducido grupo de agresores que protagonizaron disturbios, en el marco de una manifestación en el que la gran mayoría de los asistentes actuaba de forma pacífica.

Para la CDHDF, “esa actitud omisa y permisiva” por parte de los mandos que coordinaban el operativo “contravino la obligación de custodia y vigilancia y, por ende, de protección de los bienes públicos y particulares, en agravio de los derechos de los propietarios de los establecimientos, sus empleados y en detrimento del patrimonio de la Ciudad de México”.

Más aún, la Comisión de Derechos Humanos del DF concluyó que, durante el operativo del 1 de diciembre del año pasado, la prioridad del “puesto de mando de la SSP” no fue garantizar la seguridad de los manifestantes y de los bienes públicos y privados, sino impedir que la protesta pacífica llegara al Zócalo, ya que, “el operativo implementado por SSP-DF, más allá de dirigirse a mantener el orden público, la protección de la integridad física y patrimonial de las personas y la prevención de conductas delictivas, se encauzó a impedir que las personas que se manifestaban legítima y pacíficamente llegaran a una ubicación estratégica para la difusión de sus ideas, como lo era el Palacio Nacional”.

De hecho, la CDHDF subraya que varias detenciones arbitrarias realizadas por policías capitalinos en las inmediaciones del Zócalo, se realizaron “en cumplimiento a las órdenes del puesto de mando de la SSP-DF”.

Por último, se destaca que “la falta de previsión y de materialización de decisiones en tiempos adecuados, por parte de los mandos superiores, generó sin duda alguna una sobreexposición de los elementos de la policía a los actos de violencia”.

Todas estas acciones, insistió el ombdusman capitalino, vulneraron el derecho a la libertad, a la seguridad e integridad personales, el derecho a manifestarse de manera pacífica y el derecho a la libertad de expresión.

Los nombres

Aunque la recomendación 7/2013 no enlista a todos los mandos medios y altos de la SSP-DF que intervinieron en el operativo del 1 de diciembre de 2012, sí menciona por su nombre a los principales responsables del despliegue policial, empezando por Darío Chacón, entonces subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y quien fue designado como “mando único” del operativo. Chacón, actualmente, funge como coordinador de Restablecimiento del Orden Público de la Policía Federal.

Además, se menciona a Luis Rosales Gamboa, entonces encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, y que a la fecha ocupa el cargo de subsecretario de Control de Tránsito de la policía capitalina.

Asimismo, la recomendación 7/2013 identifica la participación de Héctor Hidalgo, José Francisco Villagómez Pulido, Germán Pérez y Adriana Campero, quienes entonces fungían como subdirector del Grupo Especial de la Policía Metropolitana, director de la Zona Centro, director de la Zona Norte y directora de Enlace Institucional, respectivamente, y cuyas funciones actuales no pudieron ser determinadas, debido a que la SSP-DF no ha hecho público su nuevo organigrama de mandos –a casi un año de haber arrancado la actual administración–.

La recomendación, además, menciona la participación del entonces director General de la Policía Metropolitana y de cinco directores de Zona de la Policía de Proximidad, aunque no menciona sus nombres.

Cabe destacar que, para conocer la postura del Gobierno del Distrito Federal, y de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, en torno a los incumplimientos a la recomendación 7/2013, aceptada hace ya siete meses, Animal Político solicitó entrevistas tanto con la Secretaría de Gobierno como con la SSP-DF.

En el caso de la Secretaría de Gobierno, ésta accedió a brindar la entrevista, aunque, en los hechos, nunca la concedió; y en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, la petición de entrevista fue abiertamente denegada.