Publicidad

La ley que forma el objeto del presente artículo es un verdadero arma, que podrá ser utilizada en contra de los que delatan los crímenes del sistema, acallando y reprimiendo cualquier resistencia.

Hola amigos, a continuación expondré algunas inquietudes que me han surgido al conocer sobre una ley que, al parecer, se implementará en España a partir del 25 de mayo del 2018. Dicha ley nos obligará a todos nosotros a entregar nuestros datos personales, incluidos los existentes en las redes sociales, que serán centralizados en una base de datos del gobierno. Prácticamente, estaremos obligados a ceder absolutamente todos los datos que hemos generado en las redes sociales, tal como se verá a continuación. Cualquier comentario, foto, video, etc figurará en la base de datos del gobierno. Para que conozcáis el alcance del dicho Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) de dicha ley, que os adjunto al final del artículo, os citaré algunas cosillas del mismo:

“Los requisitos funcionales de la herramienta a desarrollar se dividen en las siguientes capacidades:

La herramienta a desarrollar debe ser capaz de analizar diferentes tipos de información, ya sea en forma de feeds de Twitter, correo electrónico, imágenes, video, registro de centros de llamadas, notas clínicas de un médico, o prácticamente cualquier otro formato mediante una comprensión conceptual y contextual de todos los datos, junto con las capacidades de búsqueda y análisis avanzadas que le permiten ir más allá de la presentación de informes tradicionalmente conocidos como “retrospectiva” y descubrir elementos ocultos a simple vista. El objetivo es facilitar la toma de decisiones.

Debe realizar búsqueda y análisis, de tal forma que permita a los usuarios descubrir información nueva distinta, pero relacionada con la búsqueda en curso.

Gestionará los datos del PNR en el formato enviado por las aerolíneas y será capaz de cruzarlos con otro tipo de formatos de los existentes en las distintas bases de datos a las que se acceda.

Buscará y analizará datos, tanto estructurados como no estructurados, procedentes de distintas fuentes.

Tiene que permitir un modelado de datos detallado y flexible, reduciendo la necesidad de un modelado previo

Tiene que incluir capacidades de análisis de texto para la extracción de opiniones asignadas a cada concepto extraido.

Scoring con perfiles de riesgo.

Detección de patrones de comportamiento

Detección de cambio de tendencias”

El documento establece, en su primer artículo, que “El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) es la contratación del desarrollo e implantación del Sistema de Registro de Nombres de Pasajeros (PNR – Passenger Name Record) que permita dar apoyo a la lucha contra el terrorismo y crimen organizado”.

La amenaza del terrorismo es una repetición que se vuelve cansina últimamente, utilizada como justificación para implementar medidas que atentan claramente en contra de nuestros derechos fundamentales. A esta altura, gran parte de la sociedad conoce que los atentados terroristas son, en muchos de los casos, atentados de falsa bandera. Ayer mismo leí un artículo que deja evidencias claras de que Al-Qaeda tiene algunos de sus campos de entrenamiento en el territorio de los Estados Unidos.

https://dondelaverdadnoslleva.blogspot.ro/

Lo anterior es solo un ejemplo de los muchos que hay, que demuestra claramente que los atentados terroristas no son perpetrados, en gran parte de los casos, por terroristas, sino más bien son acciones encubiertas del Establishment, con el fin evidente de restringir nuestros derechos fundamentales e instaurar un estado policial orweliano. Lo anterior empezó con el 11-S, que a esta altura creo que no queda nadie que no conozca la verdad sobre lo ocurrido. Por si queda alguien que desconozca lo anterior, os adjunto un documento de hace unos años del periodista Rafael Palacio, que esclarece algunos datos muy importantes y muy a tener en cuenta.

http://www.lacajadepandora.eu/descarga-del-periodico-jaque-mate/

El Pliego de Transcripciones técnicas que forman objeto del presente artículo es, a mi opinión alarmante, ya que, prácticamente, se nos aplica a todos y de forma indiscriminada una presunción de culpabilidad. Cito del respectivo documento: “Una de las áreas a destacar es la siguiente: Aplicación de metodologías analíticas que sirvan para dar respuesta a las necesidades de PNR en materia de “gestión inteligente de información”, relacionada principalmente con la identificación de patrones de comportamiento, creación de perfiles de riesgo, anticipación preventiva de posibles delitos y el enriquecimiento de perfiles mediante el acceso y explotación de bases de datos externas. El organismo responsable de la implementación de la presente es el Secretario de Estado de Seguridad, bajo la inmediata autoridad del Ministro del Interior”.

Lo anterior demuestra claramente que se crearán perfiles ideológicos de todos y cada uno de los ciudadanos de España que suban a un avión, y de los ciudadanos de los demás países, que viajen a o desde España, en avión. Dichos perfiles se crearán automáticamente, por el sistema informatico. Mencionar que dicha ley fue debatida por los órganos competentes europeos, siendo denegada, hasta la fecha, su implementación en todos los estados europeos, menos en España. En España se intentó una medida parecida cuando, en el 2012, se intentó implementar un chip subcutáneo, asunto del que se habló mucho en las redes y que, afortunadamente, no llegó a concretarse en la práctica.

Pero ¿de qué datos se trata, exactamente? La respuesta nos la da el mismo documento, del que cito: “El contratista deberá proveer de un sistema de incorporación de información de fuentes abiertas

principalmente de redes sociales, que podrán ser: Twitter, Google, Plus, Linkedin, Tumbrl, Instagram, Flickr.

Otras fuentes como RSS, foros, blogs y páginas genéricas

Fuentes multimedia de video: YouTube, Vimeo, LiveLeak

Buscadores: Google, Bing, Yahoo y Duck Duck Go

El sistema deberá extraer información de forma continua de las fuentes soportadas, de forma que pueda crearse un histórico de información. También deberá ser capaz de realizar búsquedas especificas de datos nuevos ante eventos particulares.

La tecnología anterior deberá proporcionar soluciones para los siguientes problemas de negocio:

Evaluación de riesgos Identificación y tipificación de perfiles conocidos Ientificacion y tipificación de perfiles no conocidos Detección y caracterización de patrones comportamentales anómalos o atípicos Identificación de reglas de identificación de grupos o agrupaciones de individuos o patrones organizados Análisis de redes para la detección de patrones complejos y organizados, de la misma manera que deberá aportar solución de TextMining

Inteligencia analítica avanzada Identificación y clasificación de perfiles potencialmente criminales Generación de scoring de riesgo asociado a cada individuo según clasificación de perfiles identificados”



Una curiosidad que despertó repentinamente en mí fue la fecha del nombrado documento, que es del 2015. Sin embargo, el proyecto de ley fue dado a conocer en el mes de enero de este año. Al final del documento se menciona: “PLAZO DE EJECUCIÓN: Los trabajos se realizarán durante 4 meses a iniciar el 1 de agosto del 2015, debiendo estar finalizados antes del 10 de diciembre del 2015. El documento está firmado el día 26 de enero del 2015”.

Personalmente, considero que, si dicha ley se lleva a poner en aplicación, España será el primer país orweliano del mundo. Por los que desconocéis el término, aclaro que se trata de la novel “1984”, escrita por George Orwell, que describe una sociedad donde se manipula la información y se practica la vigilancia masiva y, asimismo, la represión política y social, un estado totalitario y represivo.

https://es.wikipedia.org/wiki/1984_(novela)

Aunque lo más importante, a mi entender, es que dicha ley contraviene totalmente a lo previsto en la Constitución Española, a la actual Ley Organica nº 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (que se modificará justo un día antes de la entrada en vigor de la ley a la que me refiero en el presente post – una entra en vigor el 25 de mayo, la otra el 24 de mayo) y también a algunos tratados internacionales. A continuación, dejaré algunos articulados de dicha normativa.

La Constitucion Española establece, en su artículo 18, los siguientes derechos FUNDAMENTALES: “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. (…) Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.

El artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, dice que: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor en 1976, dice en su artículo 17: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica, de 1969, dice en su artículo 11 que: “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”. He nombrado esta convención debido a que, evidentemente, muchos de los sujetos expuestos al Proyecto PNR serán ciudadanos de países extranjeros.

Incluso, la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, de 2003, establece, en su que: “Los Estados deberían esforzarse por proteger la privacidad de las personas y la confidencialidad de los datos genéticos humanos asociados con una persona, una familia o, en su caso, un grupo identificables, de conformidad con el derecho interno compatible con el derecho internacional relativo a los derechos humanos”.

Es evidente que todas las normas anteriores, cuyo poder jerarquico es superior a cualquier ley nacional, establecen que cualquier excepción a los mismos solo se puede dar con un objetivo legitimo, y solamente para cumplir dicho objetivo. Si el objetivo de la ley en causa es el presunto “terrorismo”, hay que decirlo claro: es una MENTIRA, la finalidad siendo el total control de la población y la aniquilación de los que se resisten a aceptar un sistema cada vez más absurdo, más abusivo y más orweliano.

Por otro lado, en caso de excepciones de las anterior mencionadas leyes internacionales, SIEMPRE tiene que haber garantía judicial, ante la interferencia estatal sobre la vida de los ciudadanos de una nación, garantía que es evidente que no existe en el presente caso. Por otro lado, la excepción se permite solamente si no existe otra alternativa menos intrusiva.

Si la vulneración de la privacidad no se orienta hacia un individuo en particular (alguien imputado por un delito, por ejemplo), sino que es masiva e indiscriminada, ello constituye una violación masiva de los derechos humanos. Es lo que dijo el letrado británico Ben Emmerson, en un informe formal ante la Asamblea General de la ONU: “La dura verdad es que el uso de la tecnología de vigilancia masiva suprime efectivamente el derecho a la privacidad de las comunicaciones en Internet por completo. Con la vigilancia masiva, las comunicaciones de literalmente cada usuario de Internet están potencialmente abiertas para la inspección de agencias legales y de inteligencia de los Estados concernidos. […] Los individuos tienen derecho a compartir información e ideas con otros sin la interferencia del Estado, con la certeza de que sus comunicaciones serán leídas sólo por sus destinatarios”.

Consecuencia de la revelación de programas de vigilancia global masiva, por parte de Edward Snowden, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 18 de diciembre de 2013 una resolución donde se reconocía el respeto a la privacidad como parte de los derechos humanos, sin la cual tampoco es posible ejercer otros derechos, como la libertad de expresión. El Alto Comisionado del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la agenda de la 24º sesión, del mes de septiembre del 2013, reafirmó que la amenaza de la vigilancia masiva para los derechos humanos se encuentra entre las más acuciantes situaciones de la actualidad.

El 24 de marzo de 2015 se publicó la resolución de Naciones Unidas titulada “El derecho a la privacidad en la era digital”, que establece que el marco legal para la vigilancia debe estar claro y ser públicamente accesible, considerando la intercepción de los metadatos de las comunicaciones un acto intrusivo.

Para concluir, dejaré claro mi opinión: la ley que forma el objeto del presente artículo es un verdadero arma, que podrá ser utilizada en contra de los que delatan los crímenes del sistema, acallando y reprimiendo cualquier resistencia. Es un afronte directo a nuestros derechos y libertades fundamentales y un flagrante en contra de varias normativas internacionales y de la misma Carta Magna de España. Es evidente que el gobierno de España teme el aumento de la resistencia en contra de la servidumbre y de las ansias de control del Establisment, pero en lugar de remediar el problema, reprime a los que intentan hacerlo.

A continuación, os voy a dejar el pliego de la ley sobre la que acabo de hablar, además de un video que habla sobre lo mismo:

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/…/DOC20150324125011PPT+PNR.pdf?.