Todavía a más velocidad que aquella ya supersónica que permitió aprobar la ley mordaza y sustituyó al Poder Judicial por la discrecionalidad gubernativa que ampara imponer multas de entre 600 y 30.000 euros por protestar contra un desahucio, la mayoría popular ha retirado una propuesta que pretendía proscribir esa estafa legal llamada "cláusulas suelo".

Según informa la Cadena Ser, el texto, presentado por un "error administrativo", proponía modificar la ley de 2013 que mejoraba muy levemente la protección a los deudores hipotecarios. El "error administrativo" popular reconocía la desprotección de los afectados y la posición dominante de las entidades financieras que les permite una relación asimétrica y obligar al consumidor a "adherirse al contrato, aun cuando alguna de sus cláusulas pueda ser abusiva".

El "error administrativo" popular derogaba las cláusulas desde ya, aunque sin carácter retroactivo, dejando en el limbo la cuestión de la devolución del dinero cobrado de manera manifiestamente abusiva e inmoral por la banca.

La propuesta se registró el 3 de febrero y se retiró la día siguiente. Más de cuatro millones de familias deberán seguir abonando sus cláusulas suelo a voluntad de su banco y los costes de acudir a la Justicia para que les sean anuladas.

Nada ilustra mejor la armoniosa cooperación entre banca y Gobierno que las políticas de vivienda. Nada ejemplifica con tanta exactitud cómo se ha ido transformando nuestro régimen democrático en un régimen cada vez más plutocrático, en manos de los propietarios de la riqueza y manejado por plutócratas que trabajan alternativamente en lo público y lo privado sin otra prioridad que servir a esos propietarios.

Primero se financió el negocio hipotecario de la banca exprimiendo a su favor la política fiscal. Ahora España se ha convertido en el país de los 100 desahucios diarios. La UE ha dictaminado repetidamente que nuestra Ley Hipotecaria contraviene la regulación comunitaria porque deja indefenso al deudor frente a un omnipotente acreedor. Ni el Gobierno de Zapatero ni el Gobierno de Rajoy se han planteado nunca acabar con esa ilegalidad de dudosa constitucionalidad.

La única razón capaz de explicar semejante unanimidad reside en que, si se reformase la Ley Hipotecaria, la banca debería anotar como hipotecas dudosas créditos que ahora cuantifica en sus balances como seguros.

A pesar de haber dedicado más de 225.000 millones a previsiones y coberturas de riesgo entre 2008 y 2013, pese a las cuantiosas ayudas públicas indirectas recibidas, los cinco grandes de la banca deben purgar aún más de 100.000 millones de euros en créditos inmobiliarios. De esos 100.000 millones, el 55% se consideran dudosos o en riesgo de impago. La mal llamada banca "privada" española solo tiene cubierta la cuarta parte.

Si la legislación hipotecaria se reformase como manda Europa para equilibrar la relación entre banca y clientes hipotecados, el castillo que guarda la aparente solvencia de la banca "privada" española se parecería demasiado a uno hecho con naipes. Más vale rezar para que nos pille confesados.