Desde las “intolerables” manifestaciones del ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, sobre si existe concurrencia o no de infracción criminal, las “más graves manifestaciones” realizadas en prensa por la diputada por el Partido Popular Celia Villalobos a los exabruptos de los periodistas Francisco Marhuenda y Eduardo Inda, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha hecho público su enfado por el acoso a la jueza Rosa María Freire. La magistrada ha osado proponer procesar al PP por el asunto del borrado de los ordenadores de Bárcenas lo que también ha provocado el desacuerdo del fiscal. Tanto la AJFV como Jueces para la Democracia reclaman que el Consejo General del Poder Judicial rechace las presiones.

¿Será posible que el PP no tenga un momento de tranquilidad? Si no fuera poco con la que le está cayendo políticamente hablando y con el juicio de la primera pieza Gürtel que empezará el 4 de octubre con el desfile de militantes y altos cargos por la Audiencia Nacional, la propuesta de la jueza Rosa María Freire de que los populares sean procesados como persona jurídica por el borrado de los ordenadores de Bárcenas ha venido a trastornar más las cosas para los de Rajoy. Ante tal desaguisado la maquinaria se ha puesto en marcha. Mención aparte de la Fiscalía que ha recurrido este lunes contra el auto de la jueza quien señala a tres empleados (entre ellos la tesorera) para ocupar el banquillo, las críticas a su labor judicial han arreciado…desde los entornos próximos al partido.

Políticos, tertulianos… todos contra Freire

Así lo señala con indignación en un comunicado la Asociacion Judicial Francisco de Vitoria que dice: “Nuevamente asistimos, como ya viene siendo costumbre, a manifestaciones efectuadas por personas con importantes responsabilidades políticas y por periodistas y tertulianos en medios de comunicación que, haciendo directa referencia a la labor de jueces de instrucción a los que corresponde, por aleatorio reparto de asuntos, conocer de causas penales con implicaciones políticas”.

Los jueces de AJFV señalan que esas personas “se inmiscuyen en aspectos de su vida personal, ofreciendo datos poco contrastados cuando no simplemente falsos para así lograr poner en tela de juicio la imparcialidad de dichos profesionales, atacando de forma directa a su independencia”.

“En esta ocasión tal proceder ha afectado a nuestra compañera Dª. Rosa María Freire Pérez, titular del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid, a quien le ha correspondido por turno de reparto instruir una causa en la que se halla encartado el Partido Popular y cuyas últimas resoluciones han tenido repercusión en los medios de comunicación”, continúan.

Intolerable lo de Catalá

La Asociación calfica de “intolerable y poco ajustado a las exigencias de un Estado de derecho del ámbito europeo” que el ministro de Justicia del Gobierno, actualmente en funciones, realice manifestaciones públicas opinando "sobre la concurrencia o no de infracción criminal en unos hechos que se están instruyendo en sede judicial”.

“Tales manifestaciones - expresan- contravienen las más elementales normas de prudencia y respeto al principio de separación de poderes y a la independencia judicial que cabe exigir a tan alto responsable político, constituyendo una conducta que en cualquier país de nuestro entorno habría dado lugar a una seria reprobación política y social”.

Y lo de Villalobos aún más grave

Todavía más graves son, son para esta Asociación “las manifestaciones realizadas en un medio de comunicación por la Diputada por el Partido Popular Dª. Celia Villalobos, que, criticando de manera abierta las decisiones adoptadas por la Jueza de Instrucción nº 32 de Madrid en la instrucción de la causa antedicha, atribuye su sentido a la existencia de una relación de parentesco entre la misma y una persona perteneciente a un partido político de diferente signo”.

“Desde luego mueve a risa echarle la culpa al primo del juez pero no por ello dejan de ser afirmaciones que, expresadas en un medio público por una Diputada nacional, pretenden poner en tela de juicio la imparcialidad de Dª. Rosa María Freire Pérez, afectando a su dignidad personal y profesional”, reprochan.

Completando Inda y Marhuenda

Para completar el panorama de exabruptos, se refieren a dos de los habituales tertulianos aparentes puntales del partido de Mariano Rajoy : “se complementan con las intervenciones en el programa de televisión La Sexta Noche de los periodistas D. Francisco Marhuenda y D. Eduardo Inda, atribuyendo a Dª. Rosa María Freire Pérez una inexistente relación de amistad íntima con un vocal del Consejo General del Poder Judicial al que se le imputa una procedencia política de diferente signo al Partido Popular”.

“Este Comité Nacional quiere expresar su más contundente rechazo a la cada vez más extendida práctica de atacar en el terreno personal a los jueces que realizan de forma profesional y discreta su trabajo con plena sujeción al ordenamiento jurídico vigente por el simple hecho de conocer de causas con relevancia mediática y que guardan relación con la actividad política o con los actores de la misma”, aseveran.

Muestran su apoyo a la jueza Freire, de la que dicen que “durante una dilatada carrera ha mostrado la más elevada capacidad y disposición para el desempeño de su trabajo en todos los puestos de responsabilidad que por su cargo ha ocupado”. Y añaden: “consideramos inaceptables los ataques a su independencia y a su imparcialidad y absolutamente reprobables las referencias, muchas inexactas, a cuestiones estrictamente personales que corresponden a una esfera de su privacidad que debe ser respetada”.

¿Y el Consejo General del Poder Judicial?

La asociación Judicial Francisco de Vitoria señala también “la cada vez más generalizada situación de acoso a los jueces en el desempeño de su labor profesional”. Y exigen “al Consejo General del Poder Judicial que, en defensa de los más elementales principios de respeto a la independencia del poder judicial, y en garantía del necesario sosiego de que deben disfrutar quienes han de adoptar cotidianamente decisiones de gran relevancia y responsabilidad, otorgue el necesario amparo a cuantos jueces y magistrados se ven sometidos a estas situaciones”.

Añaden que también el CGPJ debe procurar que “el respeto a nuestro quehacer profesional sea equivalente al de los países europeos con democracias de calidad”.

La crítica al órgano máximo de gobierno de los jueces es también la de la asociación progresista Jueces para la Democracia, cuyo portavoz, Ignacio González de Vega manifestaba a ELPLURAL.COM que “es clamoroso el silencio del Consejo sobre un tema que atañe a la independencia judicial y a las presiones sobre los jueces”. “Es que incluso las declaraciones desacertadas de algunos dirigentes políticos , incluso con sesgo machista, diciendo que familiares de la jueza son los entendidos en informática… son una forma de presión”, explicó. Para JpD “se está poniendo en cuestión la confianza de los ciudadanos en las instituciones judiciales”.