La Cámara de Diputados contrata empresas externas que ofrecen servicios con los que ya cuentan en San Lázaro, y que obtienen de al menos cuatro fuentes de generación de información, monitoreo y análisis, además de cinco centros de estudios, y tres oficinas más para tareas de documentación.

Los diputados realizaron un contrato por servicios informativos y especializados de la consultora “Pulso Legislativo”, con el objetivo de que fueran accesibles y oportunos a cada uno de los legisladores federales. La nota ocupó la primera plana del periódico Reforma el día de ayer por el costo que tendrá. Esto provoca preguntarnos si el servicio contratado es necesario, si su pago es acorde con los insumos que proporcionan y si hay suficiente transparencia en el manejo de los recursos legislativos.

Equivalencias

La cifra de 115 millones de pesos reportada por el periódico Reforma es el costo de la cobertura informativa de tres años que proporcionará la consultora. Cubre 550 licencias de acceso con un costo unitario de $5,636.00 por mes; forma un total que rebasa los 37 millones de pesos anuales. El costo anual por la información que provee “Pulso Legislativo” a los diputados, rebasa al presupuesto por sueldos base del personal de la cámara baja, de mes y medio; cálculo realizado con base al Informe del Presupuesto Ejercido del periodo enero-junio 2012 en la Cámara de Diputados.

El presupuesto disponible para el funcionamiento de la Cámara de Diputados en 2013 es de 6 mil 529 millones de pesos. El costo anual de los servicios de Pulso Legislativo equivale al 1.5 por ciento del gasto disponible por el concepto de Servicios Generales de la Cámara.

De acuerdo con su portal, la consultora proporciona servicios informativos: intervenciones, declaraciones, asuntos relacionados con el legislador, comisiones, radar semanal, barómetro político, reportes de la sesión y especiales. Cabe preguntar si la Cámara de Diputados con su estructura interna, staff de grupos parlamentarios y comisiones genera estos insumos.

Hagamos historia

En 1997 se formó el G-4 por los grupos parlamentarios de oposición (PAN, PRD, PVEM y PT) para formar mayorías legislativas y construir una gobernabilidad inexistente. El enramado legal de la Cámara de Diputados no consideraba reglas del funcionamiento de comisiones, detalles del proceso legislativo y mucho menos consideraba una asesoría institucional que generara insumos para el análisis y debate de las reformas legislativas.

Es entonces que los diputados consideraron establecer un servicio civil de carrera como estructura de la cámara baja. Con el tiempo, se desarrollaron distintos centros de estudios. Adicionalmente, los grupos parlamentarios cuentan con staff partidista que asesora a los legisladores. En el caso del PAN por ejemplo, cuenta con la Fundación Miguel Estrada Iturbide, que funciona con las ministraciones que la cámara le proporciona a los grupos parlamentarios.

Insumos oficiales

San Lázaro tiene por lo menos cuatro fuentes de generación de información, monitoreo y análisis: Comunicación Social, la Secretaría de Servicios Parlamentarios, comisiones y el staff de grupos parlamentarios. Se encargan de realizar la cobertura de las sesiones plenarias, de comisiones, grupos de trabajo, grupos parlamentarios, comparecencias. Generan análisis temáticos, específicos, de coyuntura y comparativos.

Cuenta con cinco centros de estudios que son: Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEPF), Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria (CEDIP), Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA). Generan reportes, revistas, concursos de premios nacionales, foros, documentos de consulta y se rigen por disposiciones internas.

La Cámara de Diputados también cuenta con la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis (SEDIA), Servicio de Investigación y Análisis (SIA) y el Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria (INFOPAL).

¿Son insuficientes las 209 personas que trabajan para generar insumos a los diputados? Únicamente se considera al personal del área de Comunicación Social, SIEDA y los centros de estudios. Resta considerar el personal de apoyo a comisiones, el staff de grupos parlamentarios (asesores y áreas de comunicación social).

Compromisos de transparencia

El National Democratic Institute (NDI) promueve la apertura y la rendición de cuentas mediante el impulso de acciones ciudadanas y organizaciones que fortalezcan la democracia. Es uno de los participantes de la organización Opening Parliament. Con la dinámica de parlamento abierto y transparente, distintos miembros se reunieron en las últimas dos semanas con legisladores y las organizaciones encargadas de monitorear la transparencia legislativa en México.

Daniel Swislow, integrante de NDI, presentó un reporte de los avances de trabajo en el que señala muestras de cooperación con la Cámara de Diputados en relación con la reestructura de su portal de internet, la agenda digital y una reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. Así como con el Senado por la disposición de impulsar la transparencia en la cámara alta.

Fundar, Visión Legislativa e Impacto Legislativo son las tres organizaciones que monitorean los avances de la Declaratoria de Transparencia en México y en ese sentido amerita preguntar a la Cámara de Diputados ¿cuál es el objetivo de contratar un servicio de insumos legislativos y especializados, si cuentan con una estructura interna que les suministra la misma información? O en su defecto: ¿cuál es la información que les interesa conocer que ellos mismos no generan? siendo incluso que cuentan con el presupuesto para hacerlo.

Desarticulación

Existe una clara desarticulación de la información que genera la Cámara de Diputados. Cada área presenta sus logros de forma aislada y particular. El verdadero reto es que los diputados decidan generar un acceso transparente y sencillo de la información que su actividad genera. El Poder Legislativo requiere de un amplio y profundo asesoramiento específico en cada tema que se requiera reformar, decidir, negociar, investigar y fiscalizar.

Es una decisión de voluntad política. El concepto de datos abiertos (open data) implica generar información con una estructura, articulación, clasificación y accesibilidad en bases de datos para que los datos que se generen se utilicen para análisis y seguimiento histórico. Lo que regularmente realizan las consultoras es articular la información que públicamente existe, para permitir generar numeralias, comparativos, hacer consultas didácticas, temáticas y de ahí saltar al análisis especializado.

Es indispensable que la Cámara de Diputados se haga responsable de la articulación de la información. Es momento de dejar de lado la formación de una agenda digital para pasar a las acciones y con la estructura existente potencializar los datos, seguimiento y análisis que ya genera.

Es urgente que el Senado se sintonice en la misma dinámica junto con los 32 congresos locales del país. Tienen recursos públicos y apremia que sean utilizados de la mejor manera. Los ciudadanos requieren un aparador completo, claro y transparente del actuar de sus representantes.

¿Por qué los diputados no quieren ser usuarios de sus propios servicios? Esperamos una respuesta clara de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Aquí puedes firmar la petición de un grupo de ciudadanos para frenar el gasto millonario de los diputados en la contratación de servicios de “inteligencia legislativa”.