Los Presupuestos Generales del Estado no destinan desde 2013 un solo euro a la Ley de Memoria Histórica. Durante décadas, y especialmente en aquellos 90 en los que parecía que todas éramos ricas y famosas, el franquismo y sus cómplices posfranquistas vendieron con bastante éxito la moto del olvido, del cerrar heridas, del no remover los rencores del pasado, del dejar en paz a los muertos. Insistieron con empeño en que ese era el punto de partida necesario para construir una verdadera democracia, basada en la reconciliación y el consenso.

Era una falacia que les convenía. Porque en el saco de esa reconciliación cabían los huesos de todos los muertos, lo que en última instancia suponía equiparar a uno y otro bando de la guerra civil. Y no, no es posible tal equiparación: los franquistas llegaron al poder tras una guerra provocada por su sublevación militar contra un Gobierno legitimado por las urnas, los franquistas tomaron el poder por la fuerza y la violencia de las armas. Y una vez en el poder, se vengaron de los vencidos; depuraron a las personas progresistas de todos los ámbitos de la sociedad; encarcelaron y torturaron a los disidentes; obligaron a intelectuales, artistas, profesores, obreros al desarraigo del exilio; reprimieron a cuantos osaron alzar su voz contra los abusos del régimen; robaron sus niños a las presas políticas republicanas; atemorizaron, silenciaron, clericalizaron todos los estamentos de la vida; destruyeron un sistema educativo que había comenzado su reforma inspirándose en la pedagogía renovadora del krausismo, superada incluso en España por la Institución Libre de Enseñanza; pisotearon los recién conseguidos derechos de las mujeres, condenándolas de nuevo al papel de vírgenes o de madres; vulneraron todos los derechos y liberades sociales, políticas y culturales.

Al menos hasta los años 50 hubo en España más de 100 campos de concentración, donde se calcula que fueron asesinados alrededor de 50.000 “rojos”. El franquismo había fusilado casi a diario y fusiló hasta el final de sus días: el 27 de septiembre de 1975 fueron ejecutadas cinco personas por las que pidió clemencia hasta el papa Pablo VI. Los pelotones estaban compuestos por diez guardias civiles o policías, de quienes cabe destacar que eran voluntarios. El párroco de Hoyo de Manzanares, donde fusilaron a tres, contó después lo siguiente: “Además de los policías y guardias civiles que participaron en los piquetes, había otros que llegaron en autobuses para jalear las ejecuciones. Muchos estaban borrachos. Cuando fui a dar la extremaunción a uno de los fusilados, aún respiraba. Se acercó el teniente que mandaba el pelotón y le dio el tiro de gracia, sin darme tiempo a separarme del cuerpo caído. La sangre me salpicó”.

A la muerte de Franco, la transición democrática fue orquestada por franquistas, con Fraga Iribarne a la cabeza, que creó con otros jerarcas franquistas el partido Alianza Popular, antecesor del actual PP. Altos cargos franquistas o afines al Régimen siguieron en el poder sin rendir cuentas ante la justicia por su colaboración y apoyo a la dictadura; entre ellos, y solo para empezar, el almirante Carrero Blanco (si alguien no hubiera hecho volar por los aires el anhelo continuista de Franco), Carlos Arias Navarro (conocido como el ‘carnicerito de Málaga’ por su participación en la brutal represión que siguió en esa ciudad a su toma por los militares golpistas), Rodolfo Martín Villa (responsable de la matanza de trabajadores en Vitoria en 1976, y a quien el Ayuntamiento de Barcelona ha tenido la dignidad de retirar la Medalla de Oro de la Ciudad), el falangista Adolfo Suárez (que con su UCD llevó al Movimiento a triunfar en las urnas) y Juan Carlos de Borbón (rey por designación del dictador). En la Transición los franquistas se quedaron y muchos de ellos, de sus hijos, de sus familiares, de sus herederos políticos y económicos están en el actual Gobierno de la nación, en todos aquellos municipios del Estado español donde gobierna el PP y en los consejos de administración del Ibex35. Porque en la Transición se hizo reforma cuando tocaba hacer ruptura.

Hoy seguimos en el posfranquismo. Y los franquistas, que se disfrazaron de demócratas, siguen aquí, en la impunidad. Por eso están pasando las cosas que están pasando, impropias de una democracia real. Las más preocupantes son las que atentan contra una libertad, la de expresión, que los franquistas de Franco cercenaron como en cualquier régimen totalitario y los franquistas posfranquistas del PP consideran una amenaza contra sus históricos privilegios económicos, contra sus privilegios ideológicos -encarnados de manera principal en el poder que aún mantiene la iglesia católica- o contra su manipulación de la memoria histórica, a la que los Presupuestos Generales del Estado no destinan un solo euro. Su posverdad: quisieron y quieren afianzar su impunidad con las mieles del olvido.

La condena e inhabilitación de Cassandra por hacer chistes sobre un militar franquista forma parte de una reacción general de los franquistas posfranquistas, que ven que con el paso del tiempo se van desmontando sus falacias conciliadoras, se va desenmascarando a los artífices de su posverdad y, por tanto, se van haciendo más inadmisibles esos privilegios y esa impunidad. Los posfranquistas ven que los procesos de cambio político que se están produciendo en España en los últimos años cuestionan el consenso de la Transición, apelan a la reforma de la Constitución y exigen responsabilidades históricas como las que han asumido la Alemania del nazismo o la Italia del fascismo.

En la misma línea de vulneración de la libertad de expresión se inscribe la vergüenza de que la Audiencia Provincial de Madrid haya admitido a trámite la querella interpuesta por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos contra Gran Wyoming y Dani Mateo por hacer chistes sobre ese monumento a la infamia franquista cuya construcción enriqueció a muchos nombres y empresas que hoy siguen cotizando. Una demanda y una admisión a trámite que tienen su encaje en la reacción de esa ultraderecha que el PP y sus cómplices acogen en su seno, de esos franquistas posfranquistas que se agazapan en sus filas y en las filas del poder judicial.

La posverdad de los posfranquistas ha estado marcada por varios hitos: la Ley de Amnistía de 1977, que ha impedido juzgar delitos cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista; el boicot al juez Baltasar Garzón, a quien se impidió investigar la desaparición de las víctimas del franquismo; el desprecio de Rajoy por la Ley de Memoria Histórica desde que llegó a la presidencia del Gobierno (y que encontró su más repugnate eco en Rafael Hernando, actual portavoz del Gobierno en el Congreso, que declaró en la tele: “Los familiares de las víctimas del franquismo se acuerdan de desenterrar a su padre solo cuando hay subvenciones”); la orden de Rafael Catalá, actual ministro de Justicia, de denegar la extradición de los exministros franquistas acusados por crímenes de lesa humanidad, a quienes la jueza argentina María Servini había ordenado detener y extraditar (entre ellos, Martín Villa y José Utrera Molina -suegro de Alberto Ruiz-Gallardón, que también fue ministro de Justicia, así como alcalde de Madrid-, imputado por su responsabilidad en la pena de muerte de Salvador Puig Antich, último ejecutado a garrote vil en España). La persecución actual de la libertad de expresión que conlleve disidencia política es el último eslabón de esa cadena que descarga a los franquistas y posfranquistas de sus culpas y obliga a sus víctimas y a todas las personas demócratas a arrastrar el peso de la indignidad.

Mientras España no juzgue los crímenes franquistas, como incluso le ha recomendado Naciones Unidas; mientras no se repare la memoria de unas víctimas cuyos restos siguen ocupando las cunetas de todo el territorio nacional; mientras los apellidos y las grandes familias franquistas no sean apartados de la vida política española, no solo no se cerrarán definitivamente aquellas páginas de nuestra historia sino que caeremos en etapas de nueva persecución y represión, como las que están sufriendo Cassandra, Wyoming y Dani Mateo, entre otros. Porque quienes persiguen y reprimen son los de siempre: los franquistas del posfranquismo. Y lo hacen a golpe de posverdad.