La emergencia es la condición permanente del estado de Guerrero y, sin embargo, no ha servido para que mejoren las políticas públicas en la entidad, resultado de una desafortunada combinación de ineptitud, falta de recursos, improvisación, irresponsabilidad, corrupción y despilfarro.

Como si no bastara con el crimen organizado, los temblores, el movimiento magisterial, ahora las lluvias inundaron los centros económico (Acapulco) y político (Chilpancingo) guerrerenses, además de amplias porciones de la entidad suriana, sin que las autoridades estatales tomaran mínimas medidas preventivas ante el potencial devastador de la tormenta tropical Manuel. En 1997 gobernaba Ángel Aguirre Rivero, y también el huracán Paulina lo tomó por sorpresa. Dieciséis años después ocurre lo mismo: mientras la desgracia se ceba en los asentamientos irregulares en las faldas de los cerros, en quienes viven a la orilla de los ríos (el Huacapa, en Chilpancingo) o en los lechos de los mismos (ciudad Renacimiento, en la entrada de Acapulco), lo único que el gobernador es capaz de articular con precisión es el monto de los recursos del fonden que necesitará para solventar la crisis (un cálculo conservador de 5 mil millones de pesos). Esperemos que no les dé el mismo uso que Andrés Granier.

Guerrero, que aporta al pib nacional apenas el 1.5%, comparte con Oaxaca y Chiapas los más bajos índices sociales del país; pero, a diferencia de ellos, su posición estratégica en el trasiego de drogas lo ha colocado en una posición cualitativamente peor, particularmente en cuanto a violencia se refiere. La crisis de los cultivos tradicionales y los bajos salarios en el campo provocaron una fuerte migración internacional (aproximadamente un millón de guerrerenses viven en los Estados Unidos y Canadá) pero, sobre todo, hacia las plantaciones agrícolas del norte del país (en calidad de trabajadores temporales viajan cada año familias enteras) y a los estados circunvecinos. La entidad ocupa el primer lugar nacional en migración interna e incrementó notablemente la emigración a las ciudades principales; tan solo el municipio de Acapulco concentra más de un tercio de la población suriana y, en cuarenta años, Chilpancingo multiplicó por diez el número de habitantes.

Con una oferta laboral concentrada en el sector terciario, si bien con un desempleo elevado y salarios bastante bajos (alrededor de dos salarios mínimos en promedio), los asentamientos urbanos crecieron sin la menor planeación y con servicios precarios, por decir lo menos. Chilpancingo, rodeado de cerros habilitados actualmente como villas miseria casi inexpugnables, padece un desabasto crónico de agua potable (el sistema Cutzamala realizado por el gobierno de López Portillo benefició exclusivamente a la ciudad de México y no a la entidad de donde se extraía el líquido) y, en medio siglo, ninguna administración local (todas priístas) elaboró un plan sensato para recuperar las aguas pluviales pues, como es evidente en la catástrofe de hoy, en la capital guerrerense llueve mucho, pero toda esa precipitación se desperdicia año con año. La magna obra de la década pasada en la capital estatal fue el bulevar que acompaña el cauce de las aguas negras (el Huacapa), que hace tres generaciones era un río cristalino donde la gente iba a pescar.

Desde que se fragmentó el cártel de los Beltrán Leyva, la violencia en el corredor Cuernavaca-Acapulco creció descomunalmente. La ciudad de Chilpancingo padece la extorsión cotidiana del crimen organizado, por lo que hace un par de meses el empresariado local y las autodefensas ciudadanas emitieron una declaración conjunta en la que advirtieron que actuarían por su cuenta si el Estado no se hacía cargo de su seguridad y la de su patrimonio, e incluso la dirigencia de la coparmex estatal acudió a la secretaría de Gobernación a exponer la urgencia de la situación.

En medio de la tragedia, con un Estado disfuncional y ahorcados los ciudadanos por la delincuencia, las preguntas obligadas son cómo podrá resolverse esta crisis, si pronto recuperarán la capital guerrerense y Guerrero la marcha normal (en los términos que esto se entienda), si la población podrá rehacer los vínculos de solidaridad indispensables para responder a la emergencia natural y si las autoridades estarán a la altura de las circunstancias. Para esto no bastará un promocional con Luis Miguel. En las respuestas se juega mucho, porque el poder criminal puede avanzar todavía más en una ciudad y una entidad bastante castigadas, mostrando a una ciudadanía desesperada quién realmente manda.

Carlos Illades es autor de Guerrero. Historia breve (FCE/El Colegio de México, 2010).