Manuel Buzón, número dos de Ciudadanos Andalucía, delegado territorial de esta formación y mano derecha del portavoz, Juan Marín, da órdenes para dejar claro que los grupos municipales y de las diputaciones solo pueden gastar el 70% de los fondos públicos que reciben y que el otro 30% debe quedarse en manos de la cuenta nacional, cuyos apoderados son José Manuel Villegas, secretario general, y Carlos Cuadrado, secretario de finanzas. Así queda registrado en la grabación de una conversación telefónica a la que ha tenido acceso El Confidencial.

En ese audio, Buzón discute con alguien no identificado, que se presenta como asesor de un grupo de Ciudadanos. Discrepan sobre el destino de los fondos públicos asignados. En concreto, su interlocutor le reclama que liberen más fondos porque en la cuenta de gastos del grupo no hay dinero y tienen que afrontar varios pagos. “Tenemos un problema con las cuentas de Barcelona”, indica, porque, según afirma, les obligan a reservar un 30% del dinero todos los meses.

Buzón forma parte del llamado ‘clan de la Manzanilla’ que controla el partido en Andalucía, es cuñado de Marín y ambos son de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde militaban en Ciudadanos Independientes de Sanlúcar (CIS), que se integró en Ciudadanos.

Límite de gasto

El número dos de Ciudadanos Andalucía explica con claridad que ya se les dijo que no podían gastar el 100% y que no pueden disponer de más del 70% de las asignaciones que reciben, de forma trimestral, desde la institución. Todo apunta a que se trata de la Diputación de Sevilla, aunque ese dato no aparece con seguridad en la grabación.

“Claro, pero el tema está en que se os dijo que no se podía gastar más del 70%. A vosotros y a todo el mundo”, señala Buzón. “Bueno, y ese dinero entonces al final dónde va, porque si no lo gastamos, lo perdemos”, le pregunta la otra persona con la que conversa. Se refiere a que legalmente ese dinero, que no se puede destinar a nada que no sean gastos del funcionamiento del grupo, no debería cobrarse si no se justifica su destino. La realidad es que las grandes lagunas que hay en la ley de financiación de partidos abren un agujero negro y falta fiscalización de estos fondos.

Buzón: “En qué se gasta el dinero no me corresponde. Ciudadanos es un partido a nivel vertical. Hay un principio de solidaridad”

“No, no se pierde, no te preocupes”, replica el delegado territorial de Ciudadanos Andalucía. “Entonces, en qué se gasta”, sigue inquiriéndole alguien que supuestamente trabaja para el partido. “Bueno, se gasta... Eso ya no me corresponde a mí. Ciudadanos es un partido a nivel vertical y en aquellos municipios donde no lleguemos se puede echar un cable”. Siguen las preguntas y Buzón zanja que es mejor no hablar más y que ese es “el principio de solidaridad” del partido.

Qué dice la ley

Tanto la ley de financiación de los partidos políticos, que delimita las subvenciones públicas, como la ley reguladora de bases del régimen local dejan claro que las asignaciones municipales que reciban los grupos políticos deben destinarse a los gastos de funcionamiento del grupo y no pueden servir para financiar los partidos políticos. Para eso existen cautelas legales como que la asignación municipal a un grupo no debe transferirse a la cuenta del partido sino a otra específica creada para el grupo municipal o provincial. En su artículo 73, la ley orgánica deja claro que estos fondos públicos no pueden destinarse a las remuneraciones de personal ni adquisición de bienes de los partidos.

La ley de transparencia obliga además a que las asignaciones aprobadas para los grupos municipales y su contabilidad, los gastos, contratos y destinos de estos fondos, sean públicos y accesibles para la ciudadanía.

Todo es “legal”

Desde la dirección nacional de Ciudadanos insisten en que sus cuentas son transparentes y todo es “legal”. Aseguran que todos los grupos municipales de más de 50.000 habitantes y las diputaciones depositan su dinero, “de forma voluntaria”, en una cuenta bancaria que permite controlar todos los gastos y que defienden como una forma de evitar irregularidades. "Desde el partido solo se ejerce un mecanismo de supervisión y orientación", señalan, "para evitar un mal uso de los fondos públicos". Sobre esa reserva del 30% explican, pese a lo que sostiene el número dos de Andalucía en estos audios, que es “voluntaria” y que “en ningún caso ese dinero se destina a otra cosa que no sea el mismo grupo municipal que recibe los fondos”.

Albert Rivera, junto a Juan Marín, en la presentación de Javier Millán como candidato a la alcaldía de Sevilla. (EFE)

No saben lo que es ese “principio de solidaridad” al que apela Buzón para explicar dónde van esas asignaciones y que el partido dé dinero a otros que tengan menos recursos. La dirección de Albert Rivera insiste en que es una especie de custodia de los fondos y que ellos actúan como banco. “Ese dinero siempre pertenece y regresa a la agrupación o a la institución de la que ha venido y nunca se lo queda el partido”, subrayan contradiciendo lo que dice el número dos de Andalucía.

“Es que ese 30% no lo vais a gastar nunca. Eso es lo que te quiero dar a entender”, insiste Buzón en la grabación. El número dos de Ciudadanos Andalucía, junto al edil sevillano Javier Millán, está entre los nombres que el PP ha llamado a declarar en la comisión de investigación de financiación de los partidos abierta en el Senado y que todos los partidos han plantado acusando a los populares de tratar de organizar “una farsa” para tapar sus supuestas irregularidades.

Los extractos bancarios de la cuenta de C's en la Diputación de Sevilla muestran una asignación mensual que retiene el 30% y tres pagos puntuales

Para explicar que no hay ninguna irregularidad, la secretaría de finanzas de Ciudadanos aporta extractos bancarios de la Diputación de Sevilla desde octubre de 2015 hasta abril de 2017. Esos movimientos muestran cómo hay una transferencia trimestral desde la Diputación a esta cuenta radicada en Madrid de 16.550 euros y cómo el partido transfiere al grupo de Ciudadanos en esta institución un total de 3.850 euros al mes. Es decir, se queda en la cuenta el 30% con la salvedad de que hay pagos extraordinarios en noviembre de 2015 y en abril de 2017, lo que arroja una remanente, que queda en esta cuenta bancaria, de 16.000 euros. El último saldo en esa cuenta, según esos documentos, es de 32.500 euros para imprevistos, defiende el partido.

Pese a que Ciudadanos insiste en que esa caja central es voluntaria, este periódico ha tenido acceso a un protocolo que se obliga a firmar a los grupos en municipios mayores de 50.000 habitantes y diputaciones. La firma de ese protocolo suele acompañarse de un documento adjunto que explica que en determinados momentos este acuerdo permite que el partido actúe como "un banco". El partido realiza la compra y el grupo municipal o la Diputación lo abona al mes siguiente.

"Es fundamental para los grupos municipales que tienen asignación y una manera de cubrirnos las espaldas para que no haya gastos indebidos", señala ese comunicado con la indicación 'Información sobre la documentación a firmar'. "Además, si hay que hacer una compra que como grupo municipal no se puede, como partido sí existe más flexibilidad al respecto", añade. Esas asignaciones públicas jamás deberían destinarse a la adquisición de bienes de los partidos.

El acuerdo-marco entre Ciudadanos y el grupo municipal obliga a realizar a través del partido la compra de cualquier bien o el abono de servicios. En un listado anexo enumera el suministro de sistemas informáticos, los locales, otros bienes muebles, servicios para la dotación y mejora de la imagen corporativa, de asesoramiento jurídico, de asesoramiento contable y fiscal, de gestión de nóminas, otros servicios o trabajos auxiliares y servicios de asesoramiento en organización y gestión.

Dimisión del dirigente de Sevilla

No es la primera vez que una grabación pone en apuros a Ciudadanos Andalucía. Los audios desvelados por este periódico costaron el cese de Eugenio Rodríguez, que era subdelegado territorial del partido en la comunidad autónoma y que se presentaba como número dos en Sevilla por detrás de Manuel Buzón. En esas grabaciones daba instrucciones precisas para contratar asesores para la campaña electoral con cargo a los fondos municipales del Ayuntamiento de Sevilla, algo que impide la ley.

En otro momento de la conversación, se puede escuchar cómo el dirigente de Sevilla da la orden de reservar un porcentaje fijo que deberá destinarse al partido. “Tienes que tener en cuenta dejar siempre una reserva del 25 o 30% del total porque creo que lo obliga”, dice refiriéndose a la dirección nacional de la formación naranja. De hecho, ante las preguntas de sus interlocutoras, insiste en que en los próximos días les pasarán “el protocolo oficial”.

Eugenio Rodríguez dimitió de sus cargos, por presiones desde la cúpula nacional, al desvelarse estos audios. El partido niega que haya sido colocado como asesor en la Diputación de Sevilla, aunque en las últimas semanas haya acudido a esta institución a diario, según acreditan varios testigos del propio grupo consultados por este periódico. El partido no desmiente sus visitas a la institución. Tras su dimisión, Rodríguez ha seguido muy vinculado al partido en Sevilla y, de hecho, fue uno de los invitados en la boda de la diputada por Sevilla Virginia Millán Salmerón con el número tres de la formación, Fran Hervías, que se celebró en El Rocío (Huelva) el pasado mes de mayo.