Autoridad Familiar en Aragón

En el Código de Derecho Foral Aragonés no se habla en ningún momento del concepto de patria potestad ya que el término utilizado es el de autoridad familiar.

Aunque ambos términos podrían parecer a primera vista similares la autoridad familiar del Código de Derecho Foral Aragonés reviste determinadas particularidades.

La autoridad familiar está recogida en el Código de Derecho Foral Aragonés como instrumento jurídico para cumplir el deber de crianza y educación de los hijos menores no emancipados.

Se trata ésta de una función inexcusable de los padres que debe ser ejercida personalmente aunque se pueda solicitar el auxilio y colaboración de terceras personas, que siempre deberán obrar en beneficio del menor.

El Derecho Foral Aragonés señala que en el ejercicio de la autoridad familiar los padres tienen una serie de derechos y deberes entre los cuales se pueden citar en tenerlos en su compañía, contribuir a su alimentación, alojamiento, vestido y asistencia médica, proporcionarles una formación de carácter integral y corregirles de forma moderada y prudente sin imponer nunca castigos humillantes ni que atenten contra sus derechos.

El hijo, por el contrario tiene el deber de contribuir en las tareas del hogar y en los negocios de la familia en la medida de su edad y circunstancias.

Los rendimientos del trabajo del hijo pueden servir para atender a los gastos de crianza y educación y los padres podrán destinar los excedentes sobrantes de estos rendimientos a la satisfacción de otras necesidades familiares.

Los padres, igualmente, pueden pedir la enajenación de los bienes de los hijos para la satisfacción de necesidades familiares, aunque en estos casos debe pedirse la autorización judicial y todo ello aunque el bien del hijo haya sido recibido por donación o sucesión, en la que el causante o donante nunca podrá excluir tal facultad.

La práctica judicial demuestra que antes de presentar una demanda tendente a la privación de la autoridad familiar del otro progenitor hay que preguntarse qué fin es el que se quiere conseguir con esa petición, puesto que al tener los Tribunales un criterio restrictivo sobre esta materia es posible que lo que se pretenda obtener con esta acción puede lograrse por otras vías, sin necesidad de recurrir a un procedimiento en el que no se tienen todas las garantías de que prospere la demanda.

En muchas ocasiones, cuando se presenta una petición de privación de autoridad familiar lo que en realidad se quiere conseguir es la adopción del menor por parte de la persona que convive actualmente con la madre, en otros casos, lo que se quiere conseguir es la supresión de las visitas y toda relación entre el hijo y el progenitor.

Por último y no desdeñable tampoco, es el motivo de algunas peticiones que lo que persiguen es no entorpecer el ejercicio de la autoridad parental por parte del progenitor que en solitario estaba asumiendo estas funciones y a las que el otro padre pone una cadena de obstáculos en cuanto a la toma de determinadas decisiones.

¿Quienes pueden ejercer la autoridad familiar?

Esta facultad podrá ser ejercida tanto por los padres como por los abuelos, los hermanos mayores o por el cónyuge del premuerto no progenitor.

Diferencia con la guarda y custodia

Es evidente que la autoridad familiar no es lo mismo que la guarda y custodia de los hijos menores manteniendo notables diferencias con respecto a esta última, aunque a menudo sea confundida.

La autoridad familiar hace referencia y engloba fundamentalmente decisiones de gran calado en la vida del pequeño referentes a su educación como puede ser a qué colegio va o, cambio de centro escolar, si estudia ética o religión, decisiones sanitarias como pueden ser intervenciones quirúrgicas o estancias hospitalarias o cuestiones de índole religioso.

Por el contrario, la guarda y custodia se refiere a los decisiones ordinarias y corrientes que deben ser tomadas diariamente en relación con los hijos como pueden ser por ejemplo cómo vestimos al niño o si puede acudir a una fiesta de cumpleaños o no, excursiones.

La autoridad familiar en Aragón es un instrumento en manos de los padres para cumplir con su deber y obligación de criar y educar a los hijos.

En Aragón el padre que no convive con el hijo no se ve privado de la autoridad familiar salvo que una decisión judicial así lo haya dictado, no siendo el Código Civil de aplicación directa ni supletoria.

La autoridad familiar corresponde a ambos progenitores salvo que el Juez disponga otra cosa.

Dentro de este concepto hay que distinguir entre la titularidad del derecho y su ejercicio, ya que el Código de Derecho Foral Aragonés establece que el que se ve privado de la titularidad mantiene las obligaciones entre las que se encuentra la de alimentarlo, visitar y relacionarse con el menor aunque se vea privado del ejercicio de la autoridad familiar, pero no de su titularidad.

Privación de la autoridad familiar

Es una medida de carácter sancionatorio, muy dura y que se aplica por los Tribunales de forma restrictiva.

Según La ley de derechos de la persona el ejercicio de la autoridad familiar corresponde a uno solo de los padres en los casos de exclusión, privación o suspensión de la autoridad familiar del otro e igualmente cuando así se haya resuelto judicialmente.

Lo anterior quiere decir que si no hay sentencia judicial el ejercicio de la autoridad familiar corresponde a los dos padres.

Sin embargo, existen supuestos en que aunque corresponda la autoridad familiar a ambos progenitores solamente lo ejerce uno de ellos.

La privación o suspensión de la autoridad familiar no implica la extinción de las obligaciones de los padres entre las que se encuentra las de visitarlo y relacionarse con él.

El derecho de visitas es una facultad legal que se dispone siempre por Ley en beneficio de los hijos y la privación de este derecho, es decir, su modificación, suspensión, denegación o supresión solamente se puede pedir cuando la relación con el pariente en cuestión, normalmente, el padre pueda ser perjudicial para el niño.

Los Tribunales ordinariamente suelen atender al principio del interés del menor y aunque este sea un concepto jurídico indeterminado, para la privación de la autoridad parental suelen tomarse en consideración conceptos como pueden ser la estabilidad personal del padre, si el mismo ha tenido relaciones comunicativa con el hijo, si ha atendido sus obligaciones, posible adicción a las drogas, incumplimiento graves con el niño, impago de pensiones alimenticias.

La privación de la autoridad parental deberá ser una decisión, que deberá ser tomada de forma motivada por el Juez cuando existan razones muy graves que la puedan justificar, sin que la simple desatención del hijo menor en el pasado signifique necesariamente que vaya a ser así en el futuro, aunque pueda ser un claro indicio previo que siempre valorarán los Jueces para permitirles decidir qué es lo mejor para el menor.

En Aragón el progenitor que venga ejerciendo la autoridad familiar es el que está legitimado para reclamar judicialmente que se excluya al otro de dicho ejercicio.

Cuando la situación de divorcio de los padres, derivado de una crisis matrimonial grave ha acabado en los Tribunales, no existe problema en que los padres lleguen a acuerdos en cuanto el ejercicio de esta Autoridad sobre los hijos menores siempre que así se haga constar en el convenio regulador que debe ser ratificado por el Juez en el procedimiento correspondiente.

De modo que si estos deciden en su pacto de relaciones familiares que la autoridad la ejerza solo uno de ellos y el pacto es homologado ante el juez será este último el que lo confirme y el que lo decrete.

El Juez en estos casos, no se fundamentará tanto en el Pacto de Relaciones Familiares, sino más bien en el interés del menor, ya que estatal privación de la autoridad familiar es una cuestión que queda fuera del ámbito de la autonomía de la voluntad de las partes por decisión de la Ley, situación absolutamente distinta de los acuerdos a los que se pueda llegar en materia de guarda y custodia de los pequeños.

La privación de la autoridad familiar no implica que el padre al que se le ha privado del ejercicio no tenga que seguir cumpliendo con sus obligaciones familiares respecto de los alimentos fijados judicialmente.

El Código de Derecho Foral de Aragón no permite que por pacto entre cónyuges quede excluido uno de los padres del ejercicio de la autoridad familiar.

¿En qué supuestos se puede privar de la autoridad familiar?