La gente corre a comprar dólares para cubrirse de una inflación que pulveriza los salarios; los cortes de electricidad sofocan a la población, y el enorme gasto público hace caer al Estado en un déficit fiscal que el Gobierno intenta financiar con emisión monetaria. Esta descripción, que bien podría retratar lo que sucede en el país en la actualidad, corresponde en realidad a lo que sucedía en la Argentina hace tan sólo tres décadas: como en un inexorable dé jà vu económico y social los argentinos viven por estos días una "vuelta a los ochenta".

El fantasma de una inflación desbocada que hace perder la noción del precio de las cosas no es lo único que hermana a esta época con aquella. Una de las mayores similitudes es el deterioro en la calidad de los servicios públicos, que tanto ayer como hoy es la consecuencia de un congelamiento de tarifas que desalienta la inversión destinada a una mejora de la infraestructura y al aumento de la producción de energía.

Una tercera semejanza está dada por los subsidios a los servicios públicos, que en los ochenta no eran otra cosa que las transferencia de fondos desde el Tesoro hacia las empresas del Estado. En ambos casos, éstos fueron exagerados y usados de modo ineficiente, por lo que terminaron por provocar déficit fiscal, situación que desemboca en un cuarto paralelismo: la emisión de pesos. Con la ilusión de que así se puede apagar el incendio, se logra exactamente el efecto contrario, porque una mayor cantidad de dinero circulante no hace otra cosa que incrementar la inflación.

La simetría no se detiene allí. Orlando Ferreres, director de la consultora Ferreres y Asociados, señala que también la pobreza empezó a crecer en los ochenta, al igual que ahora. "A inicios de la década estaba en 5/8% y nueve años después llegó a 45%, mientras que ahora ya está en 25%", comenta el economista. "La inflación es lo que más genera pobreza", agrega.

Ezequiel Asensio, economista y director de Balanz Capital, observó hace un tiempo que se iba camino a caer en el "casillero" de los ochenta. Para él, el punto principal para la comparación está en la inflación, porque, si bien ahora no se sabe si terminará en una hiperinflación, como en 1989, sí es claro que el índice se fue por las nubes: 33%, si se mide entre enero de este año y el mismo mes de 2013. "Hay una carrera de los salarios con la inflación, en la que siempre gana esta última", afirma Asensio.

Roberto Frenkel, director del Centro de Estudios del Estado y Sociedad (Cedes), comenta que hay un quiebre cuando la inflación pasa de 30% anual, por lo que se va hacia una aceleración caótica del índice. "El empresariado reacciona igual ahora que en los ochenta –dice el economista–, porque cuando hay incertidumbre sobre la recuperación del capital de trabajo, se tiene que «preciar» pensando en el tipo de cambio futuro. La conducta defensiva es subir el margen."

Además, ahora como en aquellos años, se cierne sobre los argentinos la sombra del desabastecimiento. Por un lado, porque no hay inversión para aumentar la oferta de productos al ritmo de una demanda fogoneada desde el Gobierno, y por otro, porque los comercios prefieren no vender antes que hacerlo a un precio que luego no les permita reponer su mercadería.

Quien tenga más de 35 años recuerda bien lo que era ir al mercado y encontrarse con que le escondían los paquetes de yerba o de azúcar; algo que ya empezó a ocurrir nuevamente. También recordará cómo se apuraba a comprar lo que necesitaba, porque por la tarde o al otro día ya costaba mucho más. El ciclo se vuelve a repetir y, como dice Frenkel, lo malo es que no sucedió hace 200 años, sino que fue ayer nomás.

El problema del desempleo, además, ya empieza a evidenciarse en las estadísticas al igual que hace tres décadas. Ricardo Alfonsín inició su gobierno con 4,70% de desocupación y dejó su cargo con 7,6 por ciento. Hoy existen dudas de que sea fidedigno el 6,7% que publica el Indec; pero aun así, hay estimaciones privadas que indican que la tasa podría aumentar en los próximos meses.

En efecto, el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), informó que en enero la demanda laboral se contrajo 14,7% frente al mismo mes del año pasado. En tanto, en el último informe de la encuesta continua sobre gestión de recursos humanos que SEL Consultores elabora entre 150 empresas líderes, el 15% de esas firmas prevé reducir su dotación en 2014. A principios de 2013, sólo 9% de las compañías preveía llevar a cabo recortes de personal a lo largo del año.

Por otro lado, también ahora parte del empleo corresponde a empresas del Estado, como Aysa que engordó su plantilla 50% desde 2006. Pero ese tipo de contrataciones no aumenta la producción. En los ochenta también reinaba esa idea de que la generación de trabajo estaba en las compañías públicas y que sustentarlo con subsidios financiados por la emisión no era dañino. El tiempo demostró que era un error, porque el sistema colapsó.

También por aquellos años se corría detrás del dólar para protegerse de la depreciación del peso. Según cuenta Ferreres, la gente cobraba y "volaba" a comprar moneda estadounidense. Además, como sucede hoy, solo se podía adquirir una suma máxima y había cupo para comprar con tarjetas de crédito en el exterior.

En los ochenta, como ahora, también hubo pérdida de las reservas internacionales en el Banco Central (BCRA), sólo que en aquel entonces se partía de niveles más bajos. Entre 1988 y 1989 se pasó de US$ 6584,9 millones a US$ 3419,4 millones. En la actualidad, el derrumbe es mayor, pero también se cuenta con un colchón más amplio, ya que el buen precio de la soja permitió cierta acumulación. Es decir, caen US$ 10.000 millones por año, pero aún queda resto. Una película de su erosión muestra que en 2011 eran US$ 52.300; en 2012, US$ 43.000 millones; 2013 cerró con US$ 30.000 millones, y en solo dos meses de 2014 se perdieron US$ 2000 millones.

Para Ferreres, son precisamente las reservas las que le dan más aire al actual Gobierno, porque si tuviera la cantidad que había en la época en que fue presidente Raúl Alfonsín, ya no podría soportar el alto nivel de gasto público. "Por eso, ahora habrá una agonía lenta, a diferencia del choque abrupto que terminó con la administración radical hace 25 años", concluye el especialista.

A la hora de hablar sobre los servicios públicos en una y otra época, hay que hacer una disquisición: en los ochenta las empresas proveedoras de estos servicios eran todas del Estado, mientras que ahora, si bien el Estado avanzó sobre varias de ellas, hay algunas que mantienen su estatus de privadas. Por eso, mientras que lo que ahora se gasta para mantener las tarifas planchadas se denomina subsidio, en los ochenta recibía el nombre de transferencia del Tesoro a empresas estatales.

Santiago Urbiztondo, especialista en servicios públicos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), señala además que en los ochenta estaba incluida entre las compañías estatales la de telecomunicaciones, algo que hoy no ocurre. Pero aún sin ese enorme peso, que en los ochenta se llevaba la mitad de los subsidios, el gasto hoy es mayor: mientras que en 1989 representaba 3,5% del producto bruto interno (PBI), hoy significa 5% del PBI (se pasó de $ 20.000 millones en 2004 a $ 105.000 millones en la actualidad).

Otra similitud, indica Urbiztondo, es que la regulación de los servicios públicos no se usa como es debido; porque normalmente la intervención del Estado está admitida en función de que se trata de servicios donde la competencia no funciona del todo bien. Es decir, se necesita una lógica de injerencia dirigida a evitar abusos de precios. "Pero cuando el objetivo muta, como también ocurrió en los ochenta, la regulación se hace mal", concluye el economista.

En los ochenta se pisaron las tarifas para controlar el índice de inflación y evitar así que aumentaran los contratos que estaban indexados (ajustados) por esa variable. Hoy estamos en lo mismo, dice Urbiztondo, ya que algo que se originó en una cuestión populista termina siendo parte de una política antiinflacionaria.

Lo que hacen los subsidios es propiciar una inducción a la ineficiencia, que toda la perspectiva sea ganar hoy y no invertir en infraestructura. Entonces, el deterioro en la calidad de los servicios públicos es creciente, tal como sucedió en los ochenta. Por ejemplo, especialistas consultados afirman que hoy se llegó a un nivel de servicio eléctrico peor que el de los ochenta (en aquella época había cortes programados y algunos duraban hasta uno o dos días, pero en diciembre último hubo interrupciones de más de 30 días en algunas zonas).

También como en la época de Alfonsín, el país cayó ahora en déficit fiscal. Esto, según explica Ariel Barraud, economista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), es consecuencia de la costumbre nacional de gastar más de lo que se tiene. De hecho, el país tiene el triste récord de que 22 de sus últimos 30 años tuvo déficit fiscal. "En 1984 arrancamos con un déficit muy grande, casi 9% del PBI, y ahora estamos aproximándonos al 5% del PBI", precisa Barraud.

En cuestión de presión tributaria, el gobierno de Alfonsín aumentó la carga fiscal de 11,5% del PBI en 1983 a 21,6% en 1989. El kirchnerismo, en tanto, engordó esa presión todavía más, al pasar de 25,7% a 38,6% del PBI. El peso relativo del Estado en la economía, entendido como gasto primario consolidado de Nación, provincias y municipios, en porcentaje del PBI, también creció en ambos casos: entre 1983 y 1989 pasó de 22,6% a 28,9%; mientras que entre 2003 y 2013 varió de 25,1% a 42,5 por ciento.

José Luis Machinea, quien ocupó el cargo de presidente del BCRA desde 1986 hasta 1989, dice que puede haber cierta similitud en el deterioro de algunos servicios, pero la enorme diferencia es el contexto. Mientras que la década del ochenta se ha llamado «la década perdida de América latina», durante los años de gobierno kirchnerista el país ha tenido uno de los mejores contextos externos de su historia. "Tener una crisis con este marco, sería un récord mundial", afirma quien también fuera subsecretario de Política Económica del Ministerio de Economía en épocas de Alfonsín.

Según recuerda Machinea, Alfonsín heredó en el último trimestre de 1983 una inflación de 600% anual, la deuda privada había sido estatizada y había una exorbitante deuda pública. Además, durante la crisis de la deuda de los ochenta, la Reserva Federal subió la tasa de interés a 16% (se mantuvo en 8% en la mayor parte de la década), mientras que en la actualidad esa tasa es de 0,25 por ciento.

En cuanto al fin del ciclo, el ex funcionario no cree que pueda terminar como en 1989, entre otras cosas, porque en aquel momento, recuerda, el candidato opositor, Carlos Menem, llamaba a no pagar la deuda, a duplicar los salarios y a tener un tipo de cambio alto. "Aunque luego hizo exactamente todo lo contrario, sus dichos ayudaron a acelerar el desenlace abrupto", recuerda Machinea.

Urbiztondo, sin embargo, considera que la situación actual es peor que la de fines de los ochenta. Para él, el colapso de esa organización daba como posibilidad una salida hacia algo más promercado y con una alternativa para convencerse de que lo anterior estaba mal y que se debía hacer algo distinto. "Pero hoy eso no está, porque todo lo relacionado con el libre mercado es demonizado", concluye.