El gobierno de Axel Kicillof postergó por seis meses el aumento del 25% promedio en la tarifa eléctrica para los usuarios de la Provincia. Es el ajuste que había dispuesto la ex gobernadora María Eugenia Vidal al otro día de las elecciones generales del año pasado. Esa decisión provocó los primeros cortocircuitos de la transición entre ambas gestiones.

A través de una resolución del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone, se firmó un acta de acuerdo con las prestadoras del servicio para suspender por 180 días los incrementos, amparado en la Ley de Emergencia aprobada por la Legislatura a fines de diciembre.

El convenio tiene el aval de Rogelio Pagano, el CEO de la empresa que controla Edelap, Eden, Edes y Edea, las firmas encargadas de la distribución energética en el interior bonaerense y que alcanza 1,4 millones de usuarios. El sistema provincial se completa con casi 200 cooperativas de servicios que están alcanzadas por esta resolución y que proporcionan electricidad a 936 mil hogares en pueblos y localidades bonaerenses.

Los servicios para clientes del Gran Buenos Aires los proveen Edenor y Edesur, pero no estaban incluidos en este cronograma de incrementos.​



El acta incluye un apartado para "realizar una revisión integral de cada uno de los elementos que componen la tarifa eléctrica para analizar cómo serán las actualizaciones en el caso de haberlas", luego de cumplido el plazo de congelamiento. También se estudiarán los avances de las inversiones y los indicadores de calidad del servicio, dijeron en el ministerio de Infraestructura.

El 28 de octubre del 2019, las autoridades provinciales dispusieron un aumento del 50% para enero en la distribución eléctrica. Esto impactaría en una suba de 25% en las tarifas de los hogares. "Ese aumento lo vamos a dejar sin efecto”, anunció Kicillof en la primera reunión de transición con el gobierno de Juntos por el Cambio.

Vidal había dispuesto con la Resolución 1.713 del Ministerio de Infraestructura bonaerense, que a partir del 1° de enero de 2020 se continuaría aplicando el Incremento de Costos Tarifarios (ICT) -pérdidas por inflación y devaluación del peso- hasta que se recuperen las diferencias no obtenidas por el periodo 1° de enero al 31 de diciembre de 2019.

Ese esquema quedó suspendido con el acta acuerdo que rubricaron este viernes las autoridades provinciales y los responsables de las empresas distribuidoras.