Los partidos de la oposición del Ayuntamiento de Barcelona han forzado esta semana al Gobierno municipal a fijar un plan para proteger los “comercios artesanales, históricos y emblemáticos” de la ciudad y evitar su cierre. El primer paso será elaborar un censo de las tiendas que merece la pena conservar —se estima que hay unas 200— y el segundo será el de encontrar el sistema que garantice su continuidad. El gran desafío que tiene la medida aprobada el miércoles por la noche en la Comisión de Economía es el tiempo, ya que la lista de tiendas emblemáticas que desaparecen es cada vez más larga. El Palacio del Juguete o Juguetes Monforte son algunos ejemplos.

“Personalmente, creo que llegamos tarde”, reconoció la concejala de ICV-EUiA, Isabel Ribas durante la comisión. El responsable de la propuesta, Jordi Portabella, concejal de UpB (ERC en Barcelona), reclamó que todo este proceso se haga de forma “urgente” porque “las tiendas van cayendo”. Portabella destacó que estos establecimientos “forman parte del patrimonio de la ciudad” y consideró que hay que protegerlos, como se ha hecho con algunos recintos industriales del Poblenou. Desde el PP, Javier Mulleras, advirtió que el cierre de estos establecimientos “supone perder un atractivo de la ciudad y una parte de nuestra historia”.

La amenaza que tiene a los establecimientos históricos al borde del abismo es la entrada en vigor a finales de este año de la ley de arrendamientos urbanos (LAU), que eliminará las rendas antiguas que pagan los inquilinos y permitirá que sea el libre mercado quien fije los precios. Cuando el censo esté redactado, el Ayuntamiento tendrá que buscar la manera de compensarlo.

El abogado de la Asociación de Tiendas Emblemáticas de Barcelona, Josep Cruanyes, ha entregado una propuesta a todos los partidos que se inspira en los modelos de París y Roma. Según Cruanyes, es necesario “declarar las tiendas afectadas como patrimonio cultural y también las actividades que se realizan en su interior”, de manera que sus propietarios estén obligados a conservarlas. La nueva catalogación podría perjudicar económicamente a los propietarios de los locales que están esperando el 2015 para aumentar los ingresos que generan sus inmuebles. Pero para Cruanyes este es un problema menor y solucionable: “No estamos defendiendo los problemas de unas personas determinadas, estamos defendiendo un bien colectivo de la ciudad”. El beneficio del bien común es suficiente, según el historiador y abogado, para justificar los prejuicios que puede sufrir el propietario, “como cuando un Ayuntamiento expropia una vivienda para hacer pasar una calle”. La propuesta de la Asociación pasa por prorrogar los contratos de rentas antiguas y utilizar la mediación de la Administración pública cuando las dos partes no lleguen a acuerdos. “También se podrían ofrecer beneficios fiscales a los propietarios para compensar la carga que tienen que soportar por su función social”, propone el abogado.

El concejal de Comercio y Consumo, Raimond Blasi, reconoció que “el problema es grande” y aseguró que ya han movilizado distintos departamentos para solucionar el problema.

“La pregunta es: ¿queremos mantener las tiendas emblemáticas de Barcelona sí o no?”. La cuestión la plantea Josep Maria Roig, propietario de la centenaria pastelería La Colmena de la plaza Àngel de Barcelona y vocal de la Asociación de Tiendas Emblemáticas.

Si la respuesta es negativa, no hace falta mover ficha: la presión del mercado es suficiente para cerrarlas y convertirlas en la franquicia de alguna marca conocida. Pero si la ciudad quiere mantener sus establecimientos históricos hay que tomar cartas en el asunto y no se puede perder ni un minuto: “Ya estamos pisando fuego”, advierte Jordi Subirà, vicepresidente de la asociación y dueño de la cerería Subirà, fundada en 1761.

La eliminación de las rentas antiguas a finales de este año permitirá que los propietarios actualicen el precio del alquiler y la continuidad de estos negocios con las reglas del libre mercado es imposible: “La realidad no da para pagar el alquiler”, reconoce Roig. El precio mensual del local que ocupa La Colmena se disparará un 900% a partir del año que viene. Roig, que vende unos caramelos artesanos que solo se pueden encontrar en La Colmena, dice con resignación: “No sé lo que tendré que ofrecer para pagar esta cifra”.

Los dos comerciantes trabajan en la misma calle, en la Baixada Llibretaria, que comunica la plaza Sant Jaume con la Via Laietana. En pocos años, las tiendas que ellos conocieron unos metros más arriba cuando eran niños, como una antigua peletería o una tienda de arte, se han convertido en un supermercado y una heladería. El dinero que facturan estos negocios que no ofrecen productos artesanos es muy superior y la competencia es letal: “Es una desgracia para toda Cataluña”, dice Subirà.

Su caso es distinto porque toda la finca es propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, que esta semana ha decidido prorrogarle el contrato de arrendamiento. Las velas de Subirà continuarán vendiéndose, al menos durante 10 años más. También el histórico bar Marsella, en el Raval, continuará sirviendo absentas, ya que el Gobierno municipal ha decidido comprar la finca entera para evitar su cierre. Pero la asociación tiene una lista de establecimientos que se encuentran al borde del precipicio, como la tienda de ropa interior La Torre, la chocolatería La Farga, el colmado Quílez de la Rambla Cataluña o el Rey de la Magia, en la calle Princesa. Su suerte está en las manos del Gobierno municipal.