13:30 – A raíz de un choque ocasionado por el intendente de Río Gallegos Pablo Grasso y su chofer, el 6 de febrero en la ruta nacional Nº 3 utilizando una camioneta Amarok color negra, cuando se desplazaban a unos 80 Kms de Güer Aike y embistieron un guanaco, la noticia tomó vuelo en varios medios provinciales y de Chubut, sin que lo informado fuera más allá de lo meramente descriptivo sobre los hechos ocurridos.

Sin embargo, la fotografía de la camioneta y el dominio de la misma que en algunos medios salió tapado o difuminado, llamó la atención de quienes nos interesamos por conocer siempre todos los detalles, quién está detrás de cada hecho y en este caso, saber a quién correspondía el vehículo.

La chapa patente resultó ser la AB763PR y de acuerdo a los datos del Registro Nacional del Automotor el propietario de la camioneta es el Banco Santa Cruz y el poseedor del vehículo es la empresa ACRI CONSTRUCCIONES SA, la cual la tiene afectada en condición de leasing y a su vez tiene oficialmente autorizado al intendente Pablo Grasso a manejar la Amarok.

El problema es que ACRI CONSTRUCCIONES SA es una empresa contratista del Estado, conforma una de las “preferidas” de Alicia Kirchner y especialmente de Pablo Grasso en los cuatro años que estuvo en el IDUV y el tiempo que lleva como intendente en Río Gallegos. ACRI ha desempeñado y desempeña labores en varios municipios y en todos, resume una fuerte vinculación con intendentes del lugar. Es, además, quien usa los camiones de Austral Construcciones Sa, liquidada por la justicia y con activos embargados, como dejamos expresado en nuestras investigaciones periodísticas, sin ningún tipo de repercusión judicial.

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La ley es especialmente cuidadosa en legislar respecto de la vinculación entre los funcionarios públicos y las empresas proveedoras e inclusive hay muchos juicios que se han instruido y se siguen instruyendo por dádivas o cohecho (coimas) debido a que no siempre el intercambio de favores se paga en dinero “cash”; la justicia considera incompatible la relación de un funcionarios público con empresas que facturan al propio Estado y el paradigma de este delito en el ex Ministro de Transporte Ricardo Jaime.

Al final de este informe colocaremos algunos links de informes producido por OPI en estos años, donde queda plenamente establecido y corroborado el estrecho lazo que existe entre Pablo Grasso con un conjunto de empresas con las cuales viene contratando desde que estuvo supliendo a Raúl Cantín en el municipio local y los 4 años que lleva al frente del IDUV. Sin embargo, debemos ser sinceros en este punto, no ha sido solo Grasso el único cómplice con las constructoras VIP del gobierno provincial, también los municipios en manos de Radicales como el de Roquel y Giubetich, han sido pocos transparentes al momento de contratar obra pública, respondiendo a la cartelización que sigue existiendo en esta provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)

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