"Debemos lograr acuerdos medulares que cambien no sólo las reglas del juego, sino que nos permitan transitar eficazmente del conflicto político y la amenaza de parálisis a la cooperación y el consenso", expuso en el 93 aniversario de la Constitución política de México el Presidente Felipe Calderón.

Fuera del contexto de lo que ocurría en aquellos primeros días de febrero pasado, lo dicho por el mandatario hasta suena encomiable. El asunto es que mientras que en el discurso el mandatario insiste en que hay que dignificar el quehacer político, en los hechos no hace otra cosa más que tratar de provocar el encono.

En el 2009 se renovó la Cámara de Diputados en su totalidad. El PRI y su aliado, el Partido Verde, consiguieron la mayoría mientras que el partido de Calderón, el PAN, apenas logró el 29% de las curules. En estas condiciones el Presidente presentó su presupuesto para el 2010 afirmando que la crisis económica había provocado un boquete presupuestal de más de 300.000 millones de pesos (15.000 millones de euros) y que se requería un alza de impuestos para poder hacer frente a los compromisos financieros del gobierno.

Los diputados del PRI -no todos, pero sí los suficientes para conseguir mayoría con el PAN- aprobaron un alza generalizada en las contribuciones, y por lo que nos hemos enterado después, en aras de conseguir ese buen ambiente político para la discusión del presupuesto, el PAN se habría comprometido por escrito a no hacer alianzas con los partidos de izquierda para enfrentar al PRI en las elecciones locales de 2010 y 2011. El secretario de gobernación de Calderón, Fernando Gómez Mont, aparecía como testigo en la firma de estos acuerdos.

Apenas iniciado el año, el líder nacional del PAN anuncia con bombo y platillo que sí van por las alianzas con su otrora enemigo acérrimo, el PRD, para oponerse al PRI en la mayoría de las gubernaturas en disputa este año y con ello desconocen los acuerdos previos.

Se desencadena así una serie de disputas, reclamaciones y desmentidos que inicia con la renuncia de Gómez Mont a su militancia en Acción Nacional y culmina con un gravísimo encontronazo entre legisladores la semana pasada.

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados se escucharon toda clase de improperios, y los ánimos se caldearon hasta tal grado que una diputada del PAN llego a asegurar -minutos más tarde se retractaría- que el gobernador del Estado de México es un asesino, y se escuchó a un diputado del PRI decir en voz alta y con todas sus letras que Felipe Calderón se había robado la elección en el 2006 para conseguir ser presidente de la República, dando por cierto lo que no se ha cansado de repetir el candidato perdedor, Andrés Manuel López Obrador: que los resultados del 2006 fueron producto de un monumental fraude electoral.

Para ponderar la seriedad de esas acusaciones es conveniente decir que Peña Nieto, el gobernador acusado de homicida por la panista, es el precandidato más fuerte del Revolucionario Institucional para contender por la presidencia mexicana en el 2012, y se hace necesario recordar también que ante las acusaciones de fraude electoral de López Obrador en el 2006, el silencio del PRI y su aceptación de Calderón como ganador de aquella contienda fue lo único que impidió que nos viéramos envueltos en la crisis de constitucionalidad más grave de los últimos cien años.

Tanto César Nava, el incondicional de Calderón que hoy preside Acción Nacional, como Gómez Mont han asegurado ante la opinión pública que el presidente Calderón no sabía nada de los acuerdos que firmaron con priístas, afirmación que para la mayoría de los mexicanos resulta inverosímil, por decir lo menos.

Calderón apuesta por el enfrentamiento con el PRI por una causa que en opinión de la mayoría de los analistas políticos, y de acuerdo con las múltiples encuestas que se han hecho sobre preferencias electorales, no tiene la mínima posibilidad de concretarse en triunfos electorales pero sí de radicalizar la polarización y el encono entre los grupos políticos locales, sobre todo porque llevan como candidatos de las alianzas PAN-PRD a priístas resentidos porque no consiguieron la candidatura en su partido. ¿Vale la pena arriesgar tanto por tan poco?

El mandatario no sólo aprovecha la más mínima disputa entre fracciones parlamentarias para insistir en el falso dilema entre más política o más ciudadanos, sino que es él mismo el que se encarga de desacreditar el debate político provocando enfrentamientos inútiles.

Le guste o no al Presidente Calderón tendrá que convivir con la mayoría priísta en la Cámara de Diputados por los próximos dos años. ¿Por qué cancelar las posibilidades de aprobación de su propuesta de reforma política? ¿Por qué comprometer así los presupuestos del 2011 y 2012 (la llamada cámara baja tiene un papel preponderante en la aprobación de los mismos)? ¿Por qué arriesgarse a que las voces de los priístas se sumen a las de muchos que todavía hoy siguen pensando que su elección fue un fraude y exigen, algunos desde la tribuna del Congreso, que renuncie a su cargo?

Sin duda las circunstancias económicas y el narcotráfico han complicado mucho su administración, y nadie niega que muchas de las reglas de la convivencia política que sirvieron en otros tiempos han quedado rebasadas por las circunstancias políticas actuales, pero lo que no se entiende es que quien debería trabajar para atemperar las dificultades parece ser quien las agrava con dichos, hechos y actitudes.

El clima nacional no está como para hacer experimentos. La violencia en las calles sigue rampante, la presencia del Ejército en las calles sigue pendiente de la aprobación de una iniciativa de Ley presentada por Calderón al Senado para tratar de regularizar su situación, la economía apenas se recupera del golpe del año pasado y el desempleo ha alcanzado cifras que hace décadas no se veían.

Ante la lista de desaguisados que se van sumando día con día al escenario político mexicano, es imposible no preguntarse si estamos ante la falta absoluta de pericia para conducir los asuntos nacionales, o si se trata de un doble juego de quien nos gobierna para cancelar toda posibilidad de una convivencia política armónica.

La pregunta queda en el aire: si en México se apuesta por que falle la política ¿qué queda?