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Publicada el 19/01/2015 a las 18:54 Actualizada el 19/01/2015 a las 19:15

El Consejo de Estado ha pedido a la Dirección General de Tráfico (DGT) que reconsidere el proyecto depara que pueda ser aprobado, y achaca que existen "notables imprecisiones" en el texto. Entre sus puntos más polémicos, está la imposición dey que se les obligue a pasar un control de alcoholemia y drogas si cometen alguna infracción.Así, el Informe del Consejo de Estado, al que ha tenido acceso Europa Press, se muestra contrario a la definición deque realiza la DGT, y que puede abarcar a conductores de vehículos y peatones, obligando a éstos a realizar pruebas de alcohol y drogas cuando se hallenA su juicio, esta conclusión es "insostenible", pues lospor el territorio nacional y a la intimidad personal de la Constitución, se verían dañado "por el simple hecho de que pasear por las vías se sometiera a estas restricciones".En este sentido, alega que, de llevarse a cabo la norma pretendida "los españoles habrían deo de asistir a bodas y celebraciones en las que se consume habitualmente alcohol, ya que podrían verse sometidos a un control de alcoholemia si, en las inmediaciones, un vehículo sufre un accidente".Del mismo modo, se refiere a las personas que toman habitualmenteque contengan codeínas, benzodiacepinas, opiáceos o semenjantes, que darían positivo en el test de drogas y que, según el Consejo de Estado, sólo "podríanmédicas".Este concepto de usuario de vía, también influye a la hora de imponer unos límites de velocidad. Así, la norma propuesta por la DGT pretende introducir una los peatones mediante el texto: "Los vehículos en los que su conductor circule a pie no sobrepasarán la velocidad del paso humano" lo que, para el Consejo de Estado supondría "la, un deporte extendido en estos tiempos". Además, apunta en el informe que "quien circula a pie es peatón, de manera que mal puede ser un conductor, pero en todo caso quien circula a pie siempre se mueve a velocidad de su propio paso".Los cambios de límites de velocidad en las diferentes vías es otro de los temas más aludidos por el Consejo de Estado. El organismo señala que la DGT no ha calculado losy que no ha documentado algunas de las cifras que presenta y que relacionan la velocidad con la siniestralidad en ciertas vías.Asimismo, le recrimina que ante las diferentesde administraciones, empresas, asociaciones y organizaciones "no se ha dado respuesta alguna".En cuanto a la reducción de velocidad en zonas urbanas, el Consejo de Estado se muestra contrario a su aprobación porquey apunta que, de llevarse a cabo esta norma, será "objeto de una inmediata impugnación por parte de los ayuntamientos". Además, éstos han mostrado su oposición a la misma, al considerar que podría "colapsar" la circulación de las ciudades.Entre las principales razones por las que el organismo no aconseja a la DGT modificar los cambios de velocidad es "porque la ciudadanía no los ha demandado", así como que ely de 90 km/h a, en muchos casos, 50 km/h en la red secundaria "ralentizará necesariamente todos los desplazamientos en España".Del mismo modo, pone en duda la ejecución de los aumentos de velocidad en autopista a 130 km/h, en, que, según el texto, se señalizarán en los paneles con mensaje variable. El Consejo de Estado cuestiona "las posibilidades que tienen los conductores para probar que cuando circulaban a 130 km/h en autopista lo hacían en cumplimiento de la norma fijada en un panel".El Ministerio de Fomento ha expresado su opinión sobre esta medida que, a su jucio, "supone unapor parte de los conductores", según recoge el informe del Consejo de Estado.En cuanto a la normativa hacia los ciclistas, el Consejo de Estado, la denomina como, con situaciones que considera "absurdas", como, por ejemplo, fijar límites de velocidad para estos vehículos, cuando no poseen medidores.Además, apunta que la autorización para transportar niñospor cualquier ciclista "contradice las regulaciones sobre medidas de seguridad vial de los menores" y que este reglamento "altera el modelo urbano en España, en el quede circulación, sino un espacio de convivencia de los ciudadanos".Finalmente, se pone en duda la decisión tomada por el departamento que dirige María Seguí, en relación a la obligación de los conductores de ciclomotor de llevar un. El Consejo de Estado no duda que la inversión de estos conductores en los cascos sea beneficioso a cambio de la seguridad que reciben, pero critica que en el texto se contabilicen los gastos señalando que este equipamiento cuesta 20 euros, cuando