Si hay un mito urbano, es el que dice que Eugenio Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema argentina, y candidato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es una eminencia celebrada en todo el mundo académico y cuya repercusión internacional alcanzó a las más reconocidas instituciones de altos estudios.

Para desarticular la mitología construida en torno de la figura de Zaffaroni, es suficiente analizar los datos disponibles en su cv público. Por empezar, el único título de posgrado con el que cuenta es el de Doctor en Ciencias Jurídicas extendido por la Universidad Nacional del Litoral. El resto de su formación se compone de cursos de posgrado realizados en la década de los ‘60, de los cuales ni siquiera se especifica el título o la certificación académica obtenida.

Es cierto que, además, recibió 31 doctorados honoris causa. Este reconocimiento concedido «por causa de honor», supone la buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones de servicio intachables. Pero es posible matizar estas distinciones recordando que la Universidad de Lanús le otorgó la misma distinción a Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El honoris causa, en nuestras apreciaciones tan lábiles, suele ser una distinción política y no académica. La actividad política de Zaffaroni se trasunta en sus premiaciones endogámicas. Pues ¿cuáles son las universidades que otorgaron estas distinciones? Veinte centros académicos latinoamericanos, ocho argentinos y sólo tres en el resto del mundo: dos de Italia y uno de España. Analicemos la calidad de estas universidades a partir del “Ranking Mundial de Universidades en la Web”, iniciativa del CSIC, el mayor centro nacional de investigación de España. Entre las que otorgaron el honoris causa a Zaffaroni, la mejor rankeada es la Universidad de Castilla-La Mancha, en el puesto 525. La peor es la Universidad Nacional del Pilar, de Paraguay, rankeada 19.739. Nunca recibió una distinción de las universidades acreditadas por su excelencia académica. En el ámbito iberoamericano, ni siquiera la Universidad de San Pablo (puesto 34), la Complutense de Madrid (89) o la Universidad de Buenos Aires (307) le concedieron distinción alguna.

Sea a través del abolicionismo franco, o a través de la retirada estratégica hacia el agnosticismo penal, el resultado de las teorías de Zaffaroni es similar: deslegitimar la ley. La pregunta evidente es por qué él sigue dedicado a esa especialidad si no cree en ella, o peor aún, si cree que es ilegítima. Zaffaroni responde a ese interrogante diciendo que su función como juez es limitar ese derecho penal inmoral, que desgraciadamente no puede borrar.

En una de sus conferencias, Zaffaroni cree justificar su posición comparando su función de juez con la de la Cruz Roja en una guerra ilegítima. Es evidente que esta explicación de Zaffaroni no es válida: un miembro de la Cruz Roja puede sin contradicción ser antibelicista y atender a los heridos. Pero un juez no puede jurar respeto a las leyes y, sin contradicción, denunciar al sistema penal por ilegítimo. De allí que, para salvar sus propias contradicciones personales, Zaffaroni proponga un minimalismo penal rayano en la extinción de las penas. Una vez más, el ciudadano de a pie debe de estar atento al divorcio entre la ciudadanía y la dirigencia política e intelectual.

Tal vez una mirada desde fuera de la burbuja en la que convivimos los argentinos en materia penal la ofrezca el Prólogo firmado por el filósofo y político de izquierda Gianni Vattimo a La palabra de los muertos, libro de Zaffaroni publicado en 2012. Un desorientado Gianni Vattimo confiesa allí su perplejidad: “No sé hasta qué punto el autor, que no es sólo un académico sino también un juez que ejerce funciones prácticas en el sistema penal, pueda concordar con las conclusiones positivistas y también algo anárquicas que me parece que pueden extraerse del libro”. La contradicción entre las obligaciones de impartir justicia y la defensa acérrima de una teoría que, como el propio Zaffaroni reconocería hace unos meses, puede ser discutida en los bares de París aunque impracticable como política penal, es señalada una vez más cuando Vattimo pone en duda su aplicabilidad: “No sé hasta qué punto, en las estadísticas que Zaffaroni cita, se comprenden -y en qué medida- los homicidios de la calle, o sea, los cometidos por los malos que la justicia criminal persigue legítimamente”. Como el niño de “El traje nuevo del emperador”, un adalid no contaminado del progresismo europeo como Vattimo no termina de entender el núcleo doctrinario de Zaffaroni y de la corte de sus seguidores del cajoneado Código Penal, como no termina de entender las contradicciones de un autor que trascendió la discusión académica y puso en práctica lo que resultó un plan de exterminio de los más vulnerables, los mismos que su ideario se ufana de proteger.

El ex juez tuvo la libertad de colonizar con su doctrina y su innegable carisma, no sólo a la justicia sino a los segmentos más esclarecidos de la sociedad. Es el mito que debe ser derribado. Porque una vez que su doctrina trascendió la inocuidad de la academia y se puso en práctica, sus efectos “extramuros” dejaron a la sociedad argentina en el peor de los desamparos, como bien lo advierte Vattimo, una vez puesto a prueba en una encrucijada imposible: prologar el libro de un juez en ejercicio de sus funciones que, paradójicamente, aspira a implosionar el sistema penal.

No es que muerto el perro, se acabó la rabia. Porque siguiendo con la metáfora zoológica, no es de extrañar que en la próxima Corte Suprema de Justicia nos vendan gato por liebre.

Diana Cohen Agrest

Doctora en Filosofía y ensayista. Miembro de Usina de Justicia