La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados informó que el jurídico de esta soberanía concluyó que era improcedente la constitución de una comisión especial investigadora para el caso Monex, solicitada por los partidos de izquierda.

En conferencia de prensa, el diputado panista Ricardo Anaya Cortés explicó que la Dirección Jurídica concluyó que la improcedencia es en los términos en que fue planteada la comisión investigadora.

Ello no implica que no pueda ser planteado nuevamente en los términos jurídicos correctos por los diputados de Movimiento Ciudadano, fuerza política que hizo la petición, precisó.

Expuso que el argumento central es que el Artículo 93 de la Constitución es muy claro en términos de establecer qué tipo de organismos son los que pueden ser investigados mediante las comisiones especiales, pues se pedía investigar a la Comisión Nacional Bancaria, a bancos como Banorte y Bancomer, así como al IFE.

Por ello, detalló, el Jurídico señaló que la Cámara de Diputados estaría impedida para conformar una Comisión de Investigación en los términos propuestos, debido a que el tercer párrafo del Artículo 93 de la Carta Magna prevé indagar organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria.

Los entes solicitados para su investigación no tienen dicha naturaleza, excepto la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, añadió.

Anaya Cortés precisó que en el caso del Partido Acción Nacional (PAN), no reconoce que la pasada elección se haya caracterizado por haber sido en todos sus términos transparente y limpia.

“Sin embargo, hemos reconocido a las autoridades correspondientes en términos de la resolución del triunfador de la elección”, dijo el diputado, y recordó que su partido presentó en junio pasado una queja ante el Instituto Federal Electoral (IFE) respecto al caso Monex.

A su vez, el coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro, Silvano Aureoles Conejo, consideró que el rechazo a la solicitud conformar la comisión investigadora del caso Monex es una falta de voluntad política.

“No se quiere entrar en el tema, porque jurídicamente está sustentado, la materia de la Comisión está claramente expuesta y el número de diputadas y diputados que se requiere para solicitar la integración de dicha comisión investigadora los reunimos de sobra, porque la firman 135 diputadas y diputados”, aseveró.

La Constitución, expuso el perredista, establece en el tercer párrafo del Artículo 93 que con una cuarta parte de los mismos se puede solicitar la integración de un grupo investigador como el que proponían.

Agregó que insistirán, para que se constituya dicha comisión investigadora y refirió que hay antecedentes de que se han integrado comisiones especiales de esa índole en muchos casos y “que han estado sustentadas en estos principios jurídicos a los que nosotros hemos hecho referencia”.

Cuatro días después de la elección presidencial del 1 de julio de 2012, el Movimiento Progresista acusó que dos empresas privadas pagaron 165 millones 033 mil 669 pesos al Grupo Financiero Monex sólo por carga de saldos en un número desconocido de tarjetas de prepago.

El asunto creció cuando la izquierda dijo que detectó facturas de las cuentas del Grupo Monex que pertenecían a las empresas Inizzio y Grupo Efra por un monto total de 179 millones 639 mil 71 pesos, presuntamente relacionadas con tarjetas prepagadas utilizadas para la compra y coacción del voto.

Después de que el PRI aceptó que utilizó tarjetas Monex, pero sin rebasar los topes de campaña, la Unidad de Fiscalización del IFE abrió cinco líneas de investigación relacionadas con el caso Monex, entre las que destaca el uso, vinculación y origen de los recursos con los que presuntamente se financió la campaña del candidato a la Presidencia por el PRI, Enrique Peña Nieto.

Con información de Notimex.