El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Manuela Carmena, cree que es una "vergüenza" que existan en España los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Las administraciones locales no tienen competencias sobre ellos, ya que están controlados por el Ministerio del Interior, pero el consistorio de la capital cree que es su obligación "monitorizar lo que en ellos ocurre" y vigilar que en estas instalaciones se cumplan "los derechos humanos". En Madrid solo hay uno, en el barrio de Aluche, pero la Concejalía de Salud, Seguridad y Emergencias ya diseña un plan para colaborar con las asociaciones y ONG que trabajan con las personas internadas en este CIE. El equipo municipal espera que Interior colabore y no lo vea como un desafío.

"Es imprescindible afrontar con valentía uno de los puntos negros en materia de inmigración, una barrera que todavía a día de hoy está en pie y de la que sentimos vergüenza". Son palabras que Carmena pronunció a finales de octubre en la ciudad suiza de Ginebra. La alcaldesa acudió a la Conferencia sobre Migrantes y las Ciudades: "Afrontar el tema de los CIE es esencial y desde el Ayuntamiento de Madrid jamás se hará desde una perspectiva punitiva ni coercitiva, sino desde el fomento de la igualdad y la integración de todas las personas que habitan en la ciudad", adelantó entonces la regidora.

Carmena ya anunció en octubre en Suiza que los CIE suponían un punto negro en la política de inmigración

El objetivo que persigue la concejalía dirigida por Javier Barbero es complicado. Los CIE suelen ser centros opacos, controlados por el Ministerio del Interior, que suele dar poca información sobre ellos. "El ayuntamiento intentará trabajar con las asociaciones que atienden y visitan a las personas internadas en los CIE", explican fuentes municipales, mejorando sus recursos. "También se pondrá especial celo en las denuncias que hagan esas asociaciones". El equipo municipal de Carmena lo tiene claro: "Los derechos humanos sí son competencia de un ayuntamiento".

El 70% no es expulsado

"Vulnera esos derechos el hecho de que una persona en situación irregular administrativa, es decir, una persona que no ha cometido ningún delito, esté privada de libertad durante dos meses mientras se instruye su proceso de expulsión", señalan las mismas fuentes, sobre todo teniendo en cuenta que, según los datos que manejan algunas ONG, el 70% de las personas que pasan por los CIE finalmente no son expulsadas de España tras pasar un periodo medio de internamiento de 35 días. "Hay que intentar ayudar a ese alto porcentaje, intentar dar una cobertura a esas personas".

La alcaldesa Manuela Carmena.

Los últimos datos oficiales, de 2014, revelan que 7.286 extranjeros fueron internados en los siete CIE que hay en España. De todos ellos, casi 4.000 no fueron expulsados y salieron en libertad tras pasar un tiempo de internamiento. Por el CIE de Madrid pasaron 1.237 personas. La asamblea 'Madrid Libre de CIE', formada por varios colectivos y ONG, presentó una propuesta en la web de Gobierno Abierto del Ayuntamiento para convertir la capital "en una ciudad de acogida e integración, libre de CIE, deportaciones forzosas y redadas racistas". La propuesta será trasladada al consistorio. Clara García, portavoz de SOS Racismo, asegura que su campaña es estatal y que es importante "pedir el posicionamiento de las instituciones locales contra prácticas que vulneran los derechos. Queremos que el ayuntamiento inste al Gobierno central a que cierre los CIE. Y que al mismo tiempo haga una labor de fiscalización de lo que ocurre en ellos".

Entre otros aspectos, esta plataforma solicita al ayuntamiento que cree una "oficina observatorio" para la defensa de los derechos de los extranjeros internados, haga un seguimiento de su situación, elabore informes y recomendaciones. También pide habilitar un portal de denuncias ante prácticas racistas y xenófobas, como "son las identificaciones en vía pública o posibles abusos policiales". Precisamente las líneas en las que quiere trabajar el ayuntamiento.

Rifirrafe por una campaña sanitaria

El Ayuntamiento de Madrid se ha tomado muy en serio su papel como garante de los derechos humanos. Hace unas semanas, puso en marcha la campaña publicitaria 'Madrid te cuida', para informar a los inmigrantes sin papeles que tienen derecho a la atención sanitaria. Bajo la tutela del ayuntamiento hay 16 centros de salud, que no disponen de médicos, pero donde sí se realizan laborales de información y prevención sanitaria. Esta campaña molestó a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que reclamó a Carmena que se ocupara de sus funciones "y no se atribuyera los métodos de otros", ya que la competencia en materia de Sanidad es autonómica, no local. Desde septiembre de 2015, la Comunidad de Madrid ha devuelto la asistencia gratuita a los inmigrantes que no tienen regularizada su situación legal.

La respuesta de Carmena ha sido la de ampliar la campaña, presentada el pasado 9 de diciembre por el concejal de Salud, Seguridad y Emergencias. Ahora, en una nueva fase, se implicarán, además de los centros de Salud, las juntas municipales de Distrito, SAMUR Social, los centros de Atención a las Drogodependencias (CAD), los servicios sociales del Ayuntamiento y los servicios de información de Línea Madrid. En total, el consistorio ha formado ya a más de 300 profesionales del ayuntamiento. La campaña 'Madrid sí cuida-Madrid libre de exclusión sanitaria' se desarrollará durante toda la legislatura.