La apertura de un expediente disciplinario contra la presidenta de la Comisión de Garantías de Podemos ha soliviantado a una buena parte del partido morado que, en estos últimos días, se ha rebelado contra esta decisión y en defensa a Olga Jiménez. La ofensiva más contundente está llegando de la mano de los tribunales de garantías autonómicos de Podemos, que han aprobado dictámenes pronunciándose a favor de Jiménez y exigiendo el respeto a la independencia de su órgano superior, el encargado de estudiar y resolver los conflictos internos en el partido.

Las críticas, que se extienden por toda la organización, cargos públicos incluidos, ven en la maniobra sancionadora contra la presidenta del tribunal como un intento por parte de la dirección encabezada por Pablo Iglesias de purgarla para apartarla del cargo después de que Jiménez impulsara un dictamen que declaraba nulo el nuevo régimen disciplinario.

El capítulo sancionador recogido en los nuevos estatutos -redactados por la Ejecutiva [léalos en PDF]- había desatado una gran polémica porque persigue y castiga duramente a los miembros de Podemos que hablen con la prensa sobre «información interna que comprometa la actuación de sus órganos, la acción política de la organización o la buena imagen de las personas que la representan». La presidenta del tribunal, junto a otros dos de sus miembros, denunciaba que la Ejecutiva había impuesto unos cambios en los estatutos que no habían sido aprobados en el congreso.

La reacción vino de otros miembros del tribunal, que pidieron la apertura de un expediente disciplinario contra Jiménez por «excederse de sus funciones».

Crece la protesta mientras la Ejecutiva intenta purgar a la dirigente que denunció los Estatutos

Esta medida sancionadora ha desatado las críticas de parte del partido que ve en peligro la independencia del tribunal. Tal es así que ya han sido cuatro las comisiones de garantías autonómicas que se han levantado y solidarizado con Olga Jiménez. Las de Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja. Asimismo, varias fuentes internas revelan que en los próximas días habrá nuevas resoluciones en otras federaciones. Lo que aumentará esta rebelión.

Este apoyo pone en aprietos a la dirección nacional y abre una crisis sin precedentes dentro de un órgano especialmente sensible, y que parecía haber encontrado la paz tras su elección en febrero, en el marco del congreso de Vistalegre II, donde Jiménez fue la más votada con un 51,24% de los votos.

Choque total Olga Jiménez. Tres miembros del tribunal de Podemos -la presidenta, Olga Jiménez; la titular Nuria Martín y el suplente Jesús Calpe- emitieron un dictamen anulando los nuevos estatutos por recoger cambios que no estaban contemplados en el documento ganador en el congreso de Vistalegre II. Los denunciantes. Otros miembros del tribunal, con la secretaria María del Rosario Rodero a la cabeza, denuncian a Jiménez por «excederse en sus funciones» pidiendo la apertura de expediente. Sostienen que los 'suplentes' no tienen derecho a voto, algo que sí ocurría en la anterior comisión y que el documento ganador no modificaba en modo alguno. Según Rodero se votó internamente permitir su voto y fue rechazado por tres a dos, sin embargo, otras fuentes replican que se aprobó por seis votos a favor y tres abstenciones el 17 de febrero, cuando se constituyó el órgano.

A las críticas se unió ayer la corriente Profundización Democrática que en la cita de Vistalegre II se unió a la candidatura de Íñigo Errejón. En un durísimo comunicado, asegura que «se socava gravemente la democracia interna» y la «separación de poderes». Asimismo, denuncia que todos los cambios en los estatutos que no fueron aprobados por las bases (en el documento organizativo) en el congreso son «claramente ilegítimos».

Fuentes internas dicen que el asunto genera mucho revuelo y que si no ha trascendido más es por las vacaciones. De hecho, ya se han visto en las redes discusiones entre diputados madrileños, con miembros anticapitalistas apoyando a Jiménez.

Castigo de hasta 3 años a quien dé información interna La actualización que la Ejecutiva de Podemos ha hecho del régimen disciplinario ha provocado una gran polémica después de que se hayan incluido unilateralmente nuevas conductas sancionables que no fueron votadas en el congreso de Vistalegre II. Destaca sobremanera la persecución contra los miembros del partido que hablen con la prensa sobre información interna «comprometida», estableciendo un duro castigo que puede llegar hasta los tres años de inhabilitación. Siendo el mínimo previsto de hasta de seis meses. Además, acarrea una suspensión de militancia de tres a nueve meses. En concreto, el código sancionador califica que será una infracción «grave» el «transmitir o filtrar información interna que comprometa la actuación de sus órganos, la acción política de la organización o la buena imagen de las personas que la representan». Podemos también amplía la infracción grave que castigaba la propagación «de noticias falsas que desprestigien a Podemos, sean descalificatorias de la organización o de sus órganos». Ahora, el partido de Pablo Iglesias incluye también la difusión de noticias «manipuladas». También califican como infracción grave la de «cometer indisciplina pública en relación con las legítimas decisiones de los órganos competentes de Podemos o desobedecer las instrucciones o directrices».