Pontevedra conection: sobrino de Rajoy golpeó a la mafia PP

Pagaban con dinero público viajes a Brasil y no cuadran los gastos

“Me pusieron un bolígrafo a la altura de la nuez y me pidieron que firmara mostrando una actitud muy agresiva”. “La Cámara no realiza ningún control respecto a la verificación de los viajes ni exige la justificación económica de los gastos producidos”. En algunos casos, la documentación justificativa aportada “no resulta suficiente para acreditar la realidad de los desplazamientos y la efectividad de los gastos producidos”. Estas noticias del diario digital “Pontevedra Viva”, que ha desafiado a la corrupción pontevedresa del PP junto a “Diario de Pontevedra”, ayudan a comprender por qué el joven Andrés de Vicente agredió a Mariano, el marido de su tía “Viri”, prima de su madre. Desequilibrado o abrumado por su situación familiar, fuentes próximas al agresor han hecho llegar a “Espía en el Congreso” que el sobrino de Rajoy le pegó porque “estaba convencido de que el PP había corrompido a su padre”.

Manuel y María eran un matrimonio ejemplar hasta que él decidió trabajar con el PP en la Cámara de Comercio aprovechando los contactos de ella. La prima de María Fernández es “Viri” Fernández, esposa de Mariano Rajoy. Contrariamente a lo que ha divulgado el PP y la prensa del régimen, habían estudiado juntas y estaban muy unidas, así que no le costó mucho. Pero el pato lo pagó su hijo Andrés: el sobrino de “Viri” y Mariano le pegó un puñetazo porque estaba harto de oír halagos a la hipócrita actitud de su padre, acusado de corrupción. Y el Instituto al que lo enviaron, el mismo que el de Rajoy, lo machacaba con su propaganda:

“«Yo estudié primero en un colegio privado, el de los jesuitas en León, y luego ya en Pontevedra en un colegio público, el instituto Sánchez Cantón. Y en ambos estuve a gusto», ha declarado Rajoy. La periodista María Conde descubrió que el instituto firmó una de las felicitaciones que recibió Rajoy cuando llegó a la Moncloa. Y en el Sánchez Cantón destacaban a menudo «el orgullo» que suponía que uno de sus estudiantes fuera a dirigir el país, aunque “su expediente se guarda bajo llave en una caja fuerte por cuestiones de confidencialidad”. Andrés de Vicente estaba harto de esa doble moral y estalló: su padre acusado de corrupto y el líder de su partido, emblema de su instituto. Hoy a quien algunas pintadas proponen como presidente es al agresor, que ya ha logrado transmitir a un miembro de su antiguo círculo de amistades algo que se ha corrido como la pólvora por el Sánchez Cantón, el San Estanislao de Kotska (SEK) y Los Sauces, colegios en los que estuvo: cree que Rajoy y el PP corrompieron a su padre porque él antes no era así. Y podría darse la paradoja de que entrara en la cárcel el padre antes que el hijo.

¿Tiene algo de razón Andrés de Vicente o es un desequilibrio más? El Consello galego de Cámaras “pagó casi 30 mil euros por un estudio sobre una posible reestructuración. Los responsables de la entidad cameral comunicaron oficialmente el despido de cuatro de sus empleados, un trámite que finalizó con un amago de infarto, una denuncia por coacciones ante la Policía Nacional y otra denuncia ante la Inspección de Trabajo por acoso laboral”, dice el diario “Pontevedra Viva”. Y no acaba ahí: “los trabajadores intentaron acceder a la Cámara de Comercio por la tarde, pero comprobaron como las cerraduras de la sede, situada en los Jardines de Vicenti, habían sido cambiada. Fue después de que acudiesen al Juzgado para presentar una nueva denuncia contra varios miembros de la entidad cameral. Se referirían, según ha trascendido, a presuntas irregularidades en contrataciones y presupuestos”.

El fiscal investiga a la directiva Charo Lorenzo “y será llamado a declarar el empresario del que presuntamente recibió el dinero, José María Lago, además se practicarán otras diligencias, probablemente de tipo contable”, afirmó el fiscal. Lorenzo se enfrenta a una pena de cárcel y la inhabilitación si, además de un posible delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, se constata el de prevaricación y cohecho por los 15.720 euros que habría cobrado. La empresa contratada por la Cámara es Contrato Em Comunicaçoes Empresariais, que a cambio de asesoramiento en Brasil, recibe 3.800 dólares mensuales subvencionados por la Xunta. “Pontevedra Viva” intentó contrastar la información con el presidente de la Cámara, Eduardo Barros, pero este respondió que “hoy no toca”.

El contable de la Cámara, Manuel de Vicente, padre del sobrino de Rajoy, y la hermana de la secretaria cameral, Isabel Lorenzo, también han declarado por la corrupción pontevedresa. Todos están imputados por varios delitos, entre ellos los de fraude de subvenciones y falsedad documental por las facturas emitidas y la forma en que se contrató a una empresa externa la gestión de eventos como Ferpalia, Pomóvil o Pontus Veteris. Esta toma de declaraciones se enmarca en una de las tres investigaciones abiertas por la Fiscalía de Pontevedra sobre la Cámara de Comercio de Pontevedra. En esta ocasión, la abrió Delitos Económicos a raíz de la denuncia por presuntas irregularidades realizada por ex empleados de la Cámara de Comercio. Además de estas cuatro personas, hay imputadas al menos nueve más, entre ellos ocho integrantes del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio entre 2009 y 2012 y la secretaria general, Rosario Lorenzo.

“La investigación la lleva uno de los dos fiscales de delitos económicos, Jesús Calles, que está tratando de averiguar cómo operaba la Cámara a la hora de contratar las ferias, que se pagaban con fondos públicos de instituciones como el Concello de Pontevedra y dio lugar a facturas corregidas en varias ocasiones. Esas presuntas irregularidades que investiga el Ministerio Público las detectó también el Consello de Contas en un informe demoledor sobre la gestión económica de la entidad. El informe constata, entre otras cuestiones, que los contratos de servicios adjudicados por la Cámara para la organización de Ferpalia y Pomovil, los servicios de agencia de viajes y de promotor de negocios de Brasil se adjudicaron directamente a la misma empresa en los dos años fiscalizados a pesar de que el valor estimado de esos contratos requería tramitarlos a través de un procedimiento abierto”. De esta forma, el Consello de Contas sostiene que “no se garantizaron los principios de publicidad, concurrencia, transparencia e igualdad” exigibles.

“Según sostiene el informe, esas anomalías detectadas afectaron al cumplimiento de la normativa de subvenciones, ya que la organización de esas ferias tenían financiación tanto del Concello de Pontevedra como de la Diputación Provincial y no consta que se haya comunicado a ambas entidades la disminución del gasto facturado inicialmente. Las irregularidades constatadas en ambos eventos también existen en la tesorería del ente cameral. Así, advierte de que no se formalizan actas de arqueo ni siquiera al final de cada ejercicio, práctica que impide que se puedan acreditar los fondos existentes en la caja en una fecha determinada. Además, detectan discrepancias entre los saldos contables y bancarios que no han sido justificadas y diferencias entre el importe de los asientos contables y la cifra resultante del programa de recaudación de las que no se ha dado explicación ni justificación”.

Otro ámbito en el que alerta de anomalías es la gestión de los gastos que se realizan en desplazamientos tanto dentro de Galicia como al extranjero. Así, la Cámara no realiza ningún control respecto a la verificación de los viajes ni exige la justificación económica de los gastos producidos. En algunos casos, la documentación justificativa aportada “no resulta suficiente para acreditar la realidad de los desplazamientos y la efectividad de los gastos producidos”. Un informe del Consello de Contas detectó que la Cámara de Comercio adjudicó a dedo varios contratos que debían otorgarse por medio de un procedimiento abierto”, escriben los periodistas Jorge Sainz y Daniel Ramírez. El padre del agresor de Rajoy, Manuel de Vicente, declaró en junio como imputado por fraude de subvenciones y falsedad documental. El escándalo ha propiciado la imputación de varios miembros de la Cámara, incluidos sus expresidentes Francisco Moldes y Ricardo Mirón.

El fiscal ha pedido la declaración como imputados de todas las personas que aquel 26 de diciembre de 2012 se reunieron y acordaron el despido de lops trabajadores denunciantes de la corrupción, esto es, todos los miembros del Comité Ejecutivo que acudieron a la reunión; el ex presidente de la Cámara, Antonio Gómez Rivera (ahora jubilado); y la secretaria general, Charo Lorenzo. El 28 de diciembre de 2012, esto es, dos días después de aquella reunión, tres trabajadores fueron despedidos alegando la Cámara razones económicas y organizativas. Los tres y otros dos habían presentado varias denuncias previas que propiciaron que el fiscal de Delitos Económicos, Augusto Santaló, abriese diligencias por las irregularidades y por un posible delito de negociaciones prohibidas a funcionarios en el que está imputada Charo Lorenzo.

Tras el despido, en enero de 2013, estos trabajadores denunciaron ante la Fiscalía que entendían que se había roto su contrato por represalias por las denuncias y que las causas de estos despidos no eran objetivas. Tras tomarles declaración, Juan Carlos Aladro decidió abrir un nuevo procedimiento por el citado delito contra la Administración de Justicia por el que prestaron declaración. Entre los trabajadores despedidos y cuyo nombre figura en el comunicado remitido a los miembros del Pleno cameral figuran el vicesecretario general de la Cámara, Augusto Aláez, la técnica del Vivero de Empresas, Cristina Montenegro, el responsable del gabinete de prensa, Mateo Benavides y Francisco Javier Fernández, otro de los que denunció las supuestas irregularidades en la gestión de la Cámara.

Fue este último, según testigos presenciales, quien sufrió un principio de infarto ante la tensión vivida en el interior de la Cámara de Comercio. Fue trasladado en ambulancia al Complejo Hospitalario de Pontevedra. Fue el principio, según relatan los trabajadores, de una sucesión de eventos “surrealistas”. Explican como “personas ajenas a la Cámara” llamaron a José Espiña, delegado de personal de la institución provincial, para que firmara unos papeles “que no le dejaron leer”. Según relata él mismo a Diario de Pontevedra “me pusieron un bolígrafo a la altura de la nuez y me pidieron que firmara mostrando una actitud muy agresiva”. Tras negarse, llamó a la Policía Nacional ante la que presentó una denuncia por coacciones. Estos mismos trabajadores intentaron acceder a la Cámara de Comercio por la tarde, pero comprobaron como las cerraduras de la sede, situada en los Jardines de Vicenti, había sido cambiada. Fue después de que acudiesen al Juzgado para presentar una nueva denuncia contra varios miembros de la entidad cameral. Se referirían, según ha trascendido, a presuntas irregularidades en contrataciones y presupuestos.