El dispositivo Toga cumplirá en pocos días los siete meses de vigencia hipotecando cada día a cerca de 400 mossos d’esquadra. El operativo se puso en marcha en febrero por orden del presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, con el objetivo de blindar las sedes judiciales de eventuales ataques con excrementos de los CDR que en aquella época protestaban por el inminente enjuiciamiento de los líderes independentistas en el Supremo. Desde entonces el operativo se ha mantenido y ha suscitado numerosas críticas, las más explícitas las de los sindicatos policiales que consideran que el despliegue es desproporcionado en un contexto de falta de efectivos y de aumento de la delincuencia, sobre todo, en Barcelona.

Sin embargo, el TSJC parece no estar por la labor de retirar o rebajar el alcance del operativo, subrayando que depende de los Mossos “evaluar el riesgo” y pedir alguna modificación si lo creen conveniente. Cabe recordar que en el calendario próximo se espera la sentencia del Supremo, la Diada y el segundo aniversario del 1-O. El TSJC recuerda como a los tres meses de la puesta en marcha del operativo, los Mossos solicitaron una rebaja y el presidente del tribunal lo avaló. “Ahora, no han propuesto ninguna modificación”, remarca el tribunal.

Quiere agentes en las calles El conseller de Interior planteó que sea la vigilancia privada quien custodie los juzgados

Por su parte, los Mossos y la conselleria de Interior, en plena recuperación de relaciones con la judicatura– todavía frágiles tras el episodio de desconfianza que supuso el 1-O– evitan cuestionar las órdenes del poder judicial.

Aun así, el conseller de Interior, Miquel Buch, expresó de forma elocuente el lunes pasado en RAC1 que prefiere que los agentes que ahora están destinados al dispositivo Toga estén patrullando en las calles. “No tenemos un exceso de mossos y preferimos que estén en la calle investigando y evitando hechos delictivos que no vigilando piedras. La ley permite que lo haga alguien más”. El conseller puso encima de la mesa la posibilidad de que los juzgados fueran custodiados por vigilancia privada igual que ocurre con los edificios públicos de la Generalitat. Esta posibilidad, según algunas fuentes, ya fue planteada por el anterior comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius, y fue rechazada de plano por el presidente del TSJC. En cualquier caso, Buch dejó claro en la entrevista que no cuestionará la orden al presidente del tribunal y certificó que “mientras el TSJC mantenga la orden de velar o vigilar los edificios judiciales, el cuerpo de Mossos tendrá que hacerlo”.

Los Mossos d’Esquadra, a nivel oficial, mantienen un perfil discreto y prudente y se limitan a decir que cualquier solicitud la plantearán directamente al presidente del TSJC.

Los sindicatos policiales son más explícitos. El portavoz de Fepol, Toni Castejón, cree que el dispositivo se tenía que haber cubierto con horas extras y no sacando a los agentes de su jornada de trabajo ordinaria, lo que ha provocado que queden descubiertos algunos servicios porque los agentes están vigilando los juzgados. Por ejemplo, en agosto, una patrulla Mossos pidió refuerzos por unos altercados que se produjeron en Girona por parte de los aficionados del equipo de fútbol del Montpellier. La petición fue denegada, a pesar de que a escasos 100 metros había una patrulla vigilando el juzgado.

Las comisarías más pequeñas son las más exigidas por el dispositivo Toga. En muchas ocasiones invierten el 50% de sus patrullas a la vigilancia de los juzgados sin poder atender otros servicios urgentes. El sindicato Uspac recogió en un comunicado una situación en la que una patrulla de Mossos no pudo atender a una víctima de violencia de género por estar en el dispositivo Toga. Fue en Tarragona donde un agresor por violencia doméstica reincidente y con orden de alejamiento había agredido al padre de la víctima. “Los Mossos no pudimos ir, estábamos en el dispositivo Toga No pudimos ir por falta de efectivos”.

¿Hacen falta más policías en Barcelona?