Por presión y para salvar cara, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados modificó la iniciativa de creación de la Guardia Nacional. En la propuesta aprobada ayer por la Comisión de Puntos Constitucionales, se incluyeron cambios sobre la adscripción y el mando de la nueva corporación.

Según la nueva redacción, el mando de la Guardia Nacional se ubicará en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pero temporalmente, durante sus primeros cinco años, estará adscrita administrativamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En jerga técnica, esa maniobra se conoce como taparle el ojo al macho. Durante los primeros cinco años de vida de la Guardia Nacional, la Sedena va a controlar el presupuesto, los ascensos, los nombramientos, la organización interna y el régimen disciplinario, pero ¿el mando lo va a tener la SSPC? Con todo respeto, ¿sobre qué va a mandar? ¿con qué instrumentos? ¿por qué al general que encabece la Guardia Nacional le importaría lo que diga o no diga Alfonso Durazo? Siendo sinceros, la SSPC no va a decidir otra cosa que no sea el tipo de galletas que se sirva en las reuniones (si es que no las han suprimido por austeridad republicana).

Sobre el plazo de cinco años para pasar la corporación a la SSPC, se impone una pregunta: si los legisladores consideran que la Guardia Nacional debe estar ubicada administrativamente en una secretaría civil, ¿por qué no enviarla de una vez a su destino final? ¿por qué esperar cinco años? La respuesta es evidente, pero impronunciable: por razones de poder, presupuesto y administración, los militares se resisten a ser trasladados a una dependencia civil. Pero si se resisten hoy, se van a resistir igual en cinco años. O peor: para 2024 van a llevar un lustro de control total sobre la seguridad pública. En esas circunstancias, la presión para ampliar el plazo de permanencia de la Guardia Nacional en la Sedena va a ser insoportable.

Pero, dicen algunos optimistas, no importa tanto la ubicación administrativa de la Guardia Nacional, ya que, al fin y al cabo, el comandante supremo de las fuerzas armadas es el Presidente de la República. Eso haría civil el mando, sin importar qué o quién estuviera entre el mandante y los mandados.

Y pues sí, pero pues no. Ese argumento parte de desconocer algunos datos básicos sobre la relación entre civiles y militares en México. Desde que los generales de la Revolución entregaron el poder a los licenciados a mediados de los cuarenta del siglo XX, la relación entre las fuerzas armadas y las instituciones civiles ha estado regida por un arreglo implícito: los militares no se meten en política y los políticos no se meten en asuntos militares.

Así ha sido: no ha habido un intento de asonada en 80 años, pero tampoco ha habido mayor control civil sobre los cuarteles. Desde 1946, no ha habido un solo secretario de la Defensa Nacional que haya sido removido de su cargo antes de finalizar el sexenio. En la Secretaría de Marina, solo ha ocurrido un cambio de titular a medio sexenio desde 1958 (sucedió en 1990, por si alguien quiere impresionar a sus parientes en esta Navidad). Además, México es, junto con Guatemala, el único país latinoamericano que nunca ha tenido a un civil de ministro de Defensa.

Y si piensan que con López Obrador va a ser distinto, que 30 millones de votos dan para todo, consideren lo siguiente: además de la Secretaría de Hacienda, las únicas dos dependencias que van a conservar su propia oficialía mayor en este sexenio van a ser la Sedena y la Semar.

Entonces, si alguien dice que la Guardia Nacional va a estar bajo mando civil, no queda más que responder con una carcajada. O, más bien, con llanto incontrolable.



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