“Ya se me murieron entre 15 y 20 animales grandes y chicos”. Mónica Burgos es de la finca Puesto La Mina, ubicada a unos 400 kilómetros de Salta Capital, en el departamento San Martín. Se llega por la ruta 81, en el kilómetro 1810. Un punto de referencia no menor es que se encuentra a solo 20 metros de la finca El Yuto, de empresas de la familia Macri. Los divide un camino. Ambas están en el límite del departamento San Martín con Rivadavia, en la ecorregión del Chaco salteño.

La denuncia de la situación vino del Frente Nacional Campesino (FNC), presidido por Benigno López, del Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR), quien indicó que al menos las 200 familias que forman parte de su movimiento en Salta sufren la sequía en los distintos puestos de los departamentos San Martín y Rivadavia. Estimó que hay 200 hectáreas con suelos erosionados por cada puesto, lo cual sumaría unas 40 mil hectáreas en esa condición.

“La lluvia no es pareja. No es que en todos lados del Chaco salteño llueva lo mismo. Los productores denuncian que ahora la sequía llega más rápido. Hay eventos extremos de mucha lluvia y mucha sequía que es un claro efecto del cambio climático, además de muchos desmontes en San Martin y Rivadavia y el cambio del uso de suelo”, afirmó López al hablar con Salta/12.

A la irregularidad de la lluvia se suma la falta de infraestructura para manejar el agua, esto se puede notar en el contraste entre las fincas La Mina y El Yuto. Los campesinos improvisan pozos superficiales a fuerza de pala para llevar un poco de agua al bebedero de los animales. En la finca de las empresas, por el contrario, se ven las regaderas que se extienden sin problemas.

López sostuvo que con el fin de tener un agua de mayor calidad se trabaja con el INTA en la construcción de cisternas para cosecha del agua de lluvia, que es un símil a un aljibe. Explicó que son depósitos de 16 mil litros. Es un proyecto que emula el programa Hambre Cero que aplicó el ex presidente de Brasil, Lula da Silva. El problema es que al no haber lluvia, no hay agua para cosechar.

Agronegocios y consecuencias

Si bien la zona de los departamentos San Martín y Rivadavia están en el ordenamiento territorial de bosques nativos (OBTN), de Salta en la llamada zona “amarilla”, es decir, en las que no puede haber desmonte, el gobierno de la provincia la “recategorizó” y la dejó expuesta al desmonte.

El amarillo indica que existe una indefinición sobre la propiedad de la tierra y, por lo tanto,hay conflictividad social. Los Burgos, como muchos otros puesteros, no están libres de la situación. En 2017 denunciaron haber sido increpados por representantes de la finca El Yuto primero y por los de la empresa Tranquera del Norte, después.

Se corroboró que los catastros en disputa entre la empresa y los Burgos eran las matrículas 16.701, 16.702, 16.703, 16.704, y 20.476. En 2017 todas estas matrículas esstaban a nombre de Patricia Mónica Scianca, Bernardo Gustavo Custo y Luis Germán Jahn. En Nuevo Diario se publicó en ese año que “Jahn fue designado por el presidente Mauricio Macri en 2016 como el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda". Y según el currículum de Custo, "es uno de los directores y gerentes de las empresas de la familia Macri como Socma Americana SA, o Sideco Americana SA". Además, en la integración de la sociedad Tranquera del Norte SA (...) aparece el actual ministro de Modernización de la Nación, Andrés Horacio Ibarra”.

El último conflicto en la zona es de los Burgos con la comunidad wichí Las Llanas por la donación de una bomba de agua para el territorio que los Burgos reclaman como propio. Ya hubo golpes y enfrentamientos entre originarios y criollos. Se especula sobre la posibilidad de un impulso del conflicto por parte de quienes quieren a los Burgos fuera de la zona. Ambas comunidades, sin embargo, precisan del agua.

Los ríos también en bajante

El consultor de PROADAPT (que trabaja sobre los efectos del cambio climático) en el Chaco Salteño, Luis María de la Cruz, quien realiza su labor recorriendo la cuenca del Pilcomayo, sostuvo que hay una sequía importante en toda la región. “Hay temperaturas más altas de lo normal y vientos intensos del norte y sur que provocan una situación de sequía en todo el Chaco (argentino), en general pero en el salteño mucho más”. Sostuvo que en Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, “hay una sequía tremenda”, igual que en Rivadavia Banda Sur.

A este panorama agregó que los ríos Bermejo y Pilcomayo "están con una bajante importante”, al punto que en Salta, Chaco y Formosa se declaró “un estado de atención y adelantaron la veda de pesca porque la situación actual provocaría una depredación muy grande”. En Formosa la zona de bañados del Pilcomayo “ya está en plena sequía”. El paso del agua de este río por el municipio de Santa Victoria también es crítico, “y todavía nos queda todo el mes de octubre que pasar”.

Una erosión visible

Las fotos del puesto de los Burgos sorprenden. El suelo erosionado por la sequía muestra la tierra agrietada con animales que se juntan a beber agua con barro de los bebederos que se pudieron improvisar.

Esta situación no estaría ajena de la información que ayer dio el INTA al indicar que “el 36% del suelo argentino sufre procesos de erosión”. Según indicó, un estudio de la entidad y del Centro para la Promoción de la Conservación del Suelo y del Agua (PROSA) determinó “el avance de los procesos de erosión hídrica y eólica en el último cuarto de siglo. Este porcentaje representa alrededor de 100 millones de hectáreas en el país”.

Según la publicación, esa erosión tiene que ver con un manejo al menos inadecuado de la agroganadería. Y esto devuelve el tema sobre el desmonte como origen.

El libro “La Deforestación del Chaco salteño 2004-2015”, de la Fundación Refugio, detalla que en el registro oficial desde 1976 hasta 2015, en esta región salteña se deforestaron más de 2,2 millones de hectáreas de bosque nativo. Entre 2004 y 2015 se desmontó el 45% de esa superficie, o sea 1.002.657 de hectáreas. Detrás del desmonte están las iniciativas particulares y empresariales de la agroganadería, indican los autores del libro.

