@CdelCastilloM



MADRID.- Hace trece años que el vuelo 4230 de UM Airlines se estrelló al este de Turquía, junto al Mar Negro. En el avión tipo Yakovlev Yak-42D construido en 1988 volaban 62 militares españoles que volvían de Afganistán, doce miembros de la tripulación y un ciudadano bielorruso. Todos fallecieron.



Trece años después muchos interrogantes respecto a la tragedia siguen sin respuesta. Sigue sin conocerse por qué el Ministerio de Defensa contrató a unos "piratas aéreos que en condiciones límites transportan nuestro material y personal", tal y cómo los definió el comandante José Manuel Ripollés en un e-mail cuatro días antes de embarcar. O dónde están los contratos con esta subcontrata. O dónde están los de los 40 vuelos anteriores que se realizaron con ella. O por qué no se identificaron 30 de los 62 cuerpos.



"Esa documentación se ha escondido por parte del gobierno de aquel momento, y sigue oculta", afirma Francisco Cardona, vicepresidente de la asociación de familiares de las víctimas, que desde entonces pelean con Defensa por la memoria de sus padres, hermanos o hijos: "Es perseguir la verdad. Alguien sabe por qué ocurrió todo eso".



Transmitir las ideas, sensaciones y emociones que envolvieron a los familiares y al resto de involucrados en el desastre es la voluntad de la obra que Somnis Teatre estrenó este jueves en el Teatro del Barrio, en Madrid. A la compañía le ha costado tres años representarla en la capital. Por el camino han quedado espectadores cuya reacción "siempre es la misma: ¿pero de verdad ha pasado esto?", pero también la censura de algunas ciudades como Elche, u otras donde "la respuesta ha sido mira, no me quiero meter en esos berenjenales". Lo cuenta Cristina Aniorte, que junto a Rubén Pleguezuelos se encarga del texto, puesta en escena y dirección de la obra.

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El texto, una tragedia documental con escenas críticas y parte de comedia, será representado también viernes, sábado y domingo. Aniorte explica que gran parte del trabajo para preparar la obra ha sido de documentación. Profundizar en todos los "frentes abiertos" que sigue teniendo la tragedia del Yak-42, "que son muchos". Para ello han contado con la colaboración de la asociación de familiares de las víctimas, que han ofrecido todo su apoyo para que la obra saliera adelante.



En la representación, tres actores dan vida a nueve personajes. También a aquellos responsables de la no identificación de los cuerpos, así como de su prematura repatriación a España. Trece años después, uno de ellos ha muerto —el general Navarro, en 2010— y dos han ascendido —los capitanes médicos Ramírez y Saéz, hoy comandantes e indultados por el Gobierno de Rajoy—. El restante, el entonces titular de Defensa Federico Trillo, es el embajador de España en Londres y este jueves tuvo a bien volver a negar la participación española en la Guerra de Irak.



Además, tras la representación se celebrarán coloquios entre los espectadores, los actores y algunos invitados. Para la función del viernes está confirmada la participación del ex ministro de Defensa José Bono, mientras que el sábado acudirá el teniente expulsado del Ejército y colaborador de este medio Luis Gonzalo Segura.

"Nos expulsaron del Ministerio de Defensa"

En su conversación con este medio, el vicepresidente de la asociación de familiares de víctimas Francisco Cardona rememora los trece años de lucha por conocer la verdad sobre sus fallecidos. Trece años en los que "se les ha ocultado todo".

"Nos han llegado a expulsar del Ministerio de Defensa en la época de Federico Trillo. A mi mujer y a mí se nos envió una carta diciendo que deberíamos ir al psiquiatra porque nos estábamos volviendo locos, firmada por el secretario general de política de Defensa. A la semana siguiente otra diciendo que si nuestro hijo estuviera vivo estaría avergonzado del comportamiento de sus padres", rememora Cardona.



Para los familiares, la tragedia del Yak-42 "demuestra que en Defensa no había ningún control, tan solo una estructura organizada para la malversación de dinero público. Estamos hablando de que el gobierno paga 139.000 euros por el vuelo y que a la compañía solo llegan 32.500", denuncia, preguntándose: "¿Quién se ha quedado el resto? ¿Hubo más empresas involucradas? ¿Entonces dónde están los contratos?".



"Mi hijo no murió en un accidente. A mí me mataron un hijo. No fue un accidente, porque se podía haber actuado simplemente actuando con la diligencia con la que lo deberían de haber hecho".



