Desde que, en 1889, Otto von Bismark estableciera el seguro por vejez e incapacidad, el sistema jubilatorio de reparto se distribuye -entre los beneficiarios- lo que se recauda de los que trabajan. En primer término, se trató de una notoria fuente de ahorros en la que los políticos metían mano para financiar populismo y, tiempo después, se convirtió en un gran dolor de cabeza para todos los gobiernos que cuentan con este esquema jubilatorio.

Cabe recordar que Bismarck fijó las jubilaciones a partir de los setenta años de edad, en una instancia histórica en la que la esperanza de vida era de 35 años para los hombres y de 38 años para las mujeres, de tal suerte que las personas aportaban y morían prematuramente, dejando tras de sí una importante caja para el Estado. Cabe recordar que Bismarck fijó las jubilaciones a partir de los setenta años de edad, en una instancia histórica en la que la esperanza de vida era de 35 años para los hombres y de 38 años para las mujeres, de tal suerte que las personas aportaban y morían prematuramente,

En la Argentina, el problema del sistema previsional no sería tan diferente al del resto de los países que cuentan con un régimen de reparto, sino fuera -entre otras causas- porque, mediante una moratoria, se duplicó la cantidad de jubilados existente. En concreto, las personas que aportaron toda su vida para obtener una jubilación y los pensionados suman 3.127.562, contabilizándose un presupuesto anual de $1.342.667 millones, cifra que comprende un monto de $114.000 millones en concepto de reparación histórica. El primer dato a tener en cuenta es que, en un sistema de reparto, el financiamiento proviene de los aportes personales y de las contribuciones patronales. Los ingresos de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) en concepto de aquellos dos rubros -presupuestados para 2020- alcanzan los $1.551.808 millones. En otras palabras, en principio el sistema contaría con financiamiento propio, a pesar del trabajo en negro y del resto de los problemas que totaliza.

Más aún, los asalariados privados y empleados públicos registrados suman unas 9,2 millones de personas. Esto significa que existen tres personas en actividad por cada jubilado y pensionado que aportan al sistema previsional. Si bien el número correcto es de cuatro trabajadores en actividad por cada jubilado, el ratio de 3 por 1 es complicado, aunque no catastrófico.

El problema del sistema previsional estalló cuando el kirchnerismo decidió incorporar a 3.577.896 personas al sistema previsional, con lo cual más que duplicó la cantidad de personas entre las cuales se repartirían los recursos del sistema previsional. El presupuesto asignado a esos $3.577.896 millones es de $817.419 millones. Claramente, ese dinero no resulta suficiente, y lo que se ha hecho fue igualar las jubilaciones, en su conjunto, hacia abajo.

Si se tomare solamente el gasto de los 3,1 millones de jubilados que aportaron, el presupuesto asignado representa el 21,5% del presupuesto total de 2020. Si a ello se agregare la partida asignada a los 3,5 millones que no aportaron, el gasto en jubilaciones y pensiones asciende, pues, al 34,6% del total.

Otro detalle a considerar es que no es cierto que las jubilaciones de los que aportaron representen el 50% del Presupuesto, como alegremente se proclama en algunos medios de comunicación. El dato invita a considerar que ANSES tiene en su partida de $3.138.638 millones, que representa el 50% de presupuesto, incluídos los importes que corresponden a la AUH (Asignación Universal por Hijo), el subsidio a ex combatientes, Pensión por Adulto Mayor, Atención Subsidio de Contención Familiar, Atención Subsidio Tarifas, Atención Seguro de Desempleo, Asignaciones Familiares, Asignación Universal para Protección Social, Ayuda Escolar Anual, Atención Ex Presos Políticos, Pensiones a Madres con 7 hijos o más, Pensiones Otorgadas por Legisladores... y el listado continúa.

La totalidad de estos planes sociales nada tiene que ver con el sistema previsional. Adicionalmente, se verifica la existencia de todos los otros programas sociales repartidos en otros organismos, como ser el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Trabajo.

Es más; si a esos planes sociales se le agregaren los repartidos en otros segmentos del Presupuesto, como es el caso de las famosas Pensiones por Invalidez Laboral, Argentina Trabaja, Procrear, Becas Progresar, Hacemos Futuro, etc., el mayor peso sobre el gasto está en esos planes que en las jubilaciones de los que aportaron. Todo parece indicar que la idea es seguir igualando hacia abajo quitándole a los que aportaron, para financiar en parte el resto de los planes sociales.

Ahora, bien; si nos concentramos estrictamente en el ajuste por inflación de las jubilaciones, en rigor, lo que ha hecho Cambiemos fue un disparate, por cuanto las jubilaciones son función de: 1) la tasa de impuesto que se aplique a quienes trabajan en blanco, 2) el salario real sobre la que se aplica esa tasa, c) la relación entre trabajadores que se hallan en actividad y jubilados y, d) la tasa de las personas que trabajan en negro.

La legislación laboral argentina estimula el trabajo en negro, en razón de los elevados costos directos e indirectos. Pero, amén de ello, los beneficiarios de planes sociales también prefieren trabajar en negro porque, si se registraran en blanco, dejarían de percibir los planes sociales. De manera tal que el sistema está claramente armado para que haya pocos aportantes al sistema previsional, mientras la esperanza de vida se incrementa, gracias a la medicina.

En consecuencia, el ajuste de las jubilaciones en un sistema de reparto debería ser función de la recaudación de los aportes y contribuciones patronales y no de la inflación. El problema es que se han mezclado tantas cuestiones y unos pobres financian a otros pobres, que ya nadie sabe dónde está parado, y todos pelean por una parte del ingreso que resulta ser cada vez menor, dados los evidentes desestímulos a la inversión que se conocen en la Argentina. Esa carencia de estímulos hace que la productividad sea baja, que el salario real sea bajo y, transitivamente, que las jubilaciones sean miserables. Si a todo ello, se agrega que también son utilizadas para financiar otros planes sociales, los jubilados presentes y futuros están condenados a la miseria.

Complementariamente, si una persona en actividad, previendo que recibirá una jubilación miserable, ahorra en propiedades para contar con una renta al momento de su retiro (tal como lo hacían nuestros bisabuelos y abuelos), hoy, el Estado los castigará, cobrándoles el Impuesto a los Bienes Personales. Finalmente, ese mismo Estado condena al jubilado a vivir en la miseria, provisto que lo reprende desde el monto de la jubilación, y haciendo lo propio si aquél decidiere ahorrar en propiedades. Al cierre, el Estado se exhibe como una entidad que obliga a vivir en la miseria a jubilados presentes y futuros.



Ahorro individual

Frente al recurrente fracaso del sistema de reparto, lo mejor es retornar a un sistema de capitalización, pero que evidencia una mayor libertad de las personas a la hora de seleccionar los instrumentos en los cuales ahorrarán para su vejez, por cuanto queda expuesto que es absolutamente falso afirmar que, si los políticos se encargarán de la vejez de las personas, éstas vivirán dignamente sus últimos años.

En rigor, el Estado argentino ha estafado a generaciones enteras, condenándolas a la miseria más absoluta en nombre de la solidaridad, palabra que remite al ejercicio de un acto voluntario con los recursos propios. Pero la solidaridad en realidad nada tiene que ver con la compulsión hoy evidenciada a partir del uso discrecional de los recursos de los demás.

En su ensayo La Ley, Frédéric Bastiat, al referirse a la expoliación legal, sentencia: '¿Cómo reconocerla? (a la expoliación legal). Es muy sencillo. Corresponde examinar si la ley quita a algunos lo que les pertenece, para dar a otros lo que no les pertenece. Cabe examinar si la ley realiza, en provecho de un ciudadano y en perjuicio de los demás, un acto que aquél ciudadano no podría realizar por sí mismo, sin incurrir en criminalidad. Perentoriamente, habrá de derogarse tal ley; no constituye solamente una iniquidad, sino que es ella una fuente fecunda de iniquidades...'.

Para concluir luego Bastiat: 'La quimera de hoy es la de enriquecer a todas las clases, las unas a expensas de las otras; es la de generalizar la expoliación, bajo el pretexto de organizarla'.

Esto es lo que sucede en la Argentina: se ha generalizado la expoliación en nombre de la solidaridad. En consecuencia, ya muy pocos ciudadanos cuentan con estímulos para producir: unos, porque pretenden seguir siendo mantenidos por quienes producen. Los otros, que producen porque cada vez le encuentran menos sentido a producir, conforme saben que terminarán siendo expoliados -impuestos mediante- impositivamente por el Estado.





