La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha remitido un dictamen al Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria en el que considera que, "sin perjuicio de una ulterior calificación jurídica", el juez Salvador Alba ha podido cometer "al menos" un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos al mantener un encuentro con el empresario Miguel Ángel Ramírez.

El abogado de Soria llama "conversaciones privadas" al amaño del juez Alba contra la jueza Rosell

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El Ministerio Público indica en un comunicado que el dictamen radica en la pieza separada incoada en el marco de las diligencias previas que investigan la posible relevancia jurídico penal de los hechos puestos de manifiesto el pasado 11 de mayo por el propio Ramírez, quien entregó una grabación que refleja la reunión con Alba.

Según se desprende del audio, el magistrado sustituto de la exdiputada de Podemos Victoria Rosell en el Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria redactó el informe que resultó clave para que el Tribunal Supremo admitiera a trámite la querella que el exministro José Manuel Soria presentó contra la jueza, después de mantener un encuentro con el acusado.

Dicha grabación sugiere que el Alba acordó con Ramírez cuál debía ser el contenido y sentido de su testimonio, con el fin de sostener las acusaciones contra Rosell y archivar la causa que afecta al empresario, en base a una supuesta nulidad de las actuaciones de la magistrada.

El portavoz de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, ha solicitado del citado Juzgado que eleve el caso a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), por ser la competente para el conocimiento de los presuntos delitos cometidos por jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones.