Alejandro Madrigal

Ahora son los padres de familia los que promovieron un amparo contra las autoridades educativas de Oaxaca y de la CNTE para exigir que se garantice el derecho a la educación consagrado en el artículo tercero constitucional.

Mientras, autoridades municipales de unos 20 poblados de los Valles Centrales anunciaron haber alcanzado acuerdos con docentes de la CNTE en sus asambleas comunitarias para que se desistan del paro y respeten el ciclo escolar.

En los documentos firmados por los mismos profesores se anexa que quien contravenga los acuerdos será suplido y expulsado de las escuelas.

En la mañana de ayer, representantes de mil padres de familia de unas 360 escuelas hicieron público el amparo que se presentó ante un juzgado de distrito de esta entidad.

El documento busca echar abajo el paro de labores anunciado por la sección 22 de la CNTE para el próximo lunes 22 de agosto.

Los promoventes, miembros de la denominada Coordinadora Estatal de Padres de Familia, buscan salvaguardar el artículo tercero constitucional a favor de la niñez oaxaqueña.

Por tal motivo, el amparo es contra el sistema educativo del estado de Oaxaca, en este caso el Instituto Estatal de Educación Pública (Ieepo) y la CNTE.

La presidenta del organismo, Luisa García, advirtió que los quejosos solo han hecho valer su derecho de audiencia ante los tribunales por la violación sistemática a los derechos de la educación de niños oaxaqueños que cometen los miembros de la CNTE.

Adelantó que en los próximos días buscarán reunir el mayor número de firmas ciudadanas, “lo que queremos es obtener poco más de 10 mil en el caso de Oaxaca, vamos a recorrer todos los municipios, escuela por escuela, para tener la presión legal necesaria que se requiere para que el Estado mexicano cumpla su responsabilidad de salvaguardar el derecho de la niñez a recibir una educación pública de calidad”.

Adelantó que también recurrirán ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Unicef y la Unesco, organismos de la ONU, para presentar el mismo alegato.

En tanto, el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Efraín Morales Sánchez, dijo que no será con marchas, bloqueo de calles o toma de escuelas como se habrá de lograr que los profesores paristas regresen a las aulas a dar clases, sino presionando al gobierno federal y estatal para que cumpla su responsabilidad en la tutela del derecho a la educación de los alumnos afectados y haga valer a cabalidad la reforma educativa federal.

Indicó que en 35 años de movimiento magisterial en Oaxaca se ha perdido poco más de nueve ciclos escolares, mientras tanto los indicadores de reprobación y deserción escolar son de los más bajos en el país.

“Nosotros convocamos al gobierno federal y estatal a que revisen sus propios reglamentos versados en la reforma educativa federal donde se marca su responsabilidad para garantizar el artículo tercero constitucional, por encima de intereses de grupos o partidos.

Mientras tanto la iniciativa privada local exigió se haga valer la reforma educativa sancionando con descuentos y despidos a los paristas.

El líder local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Benjamín Hernández, cuestionó la omisión del estado para resolver el conflicto magisterial que en 95 días ha generado pérdidas económicas por más de 4 mil millones de pesos, el cierre de 200 empresas y el despido de más de mil 800 trabajadores.



