En el polémico procesamiento de Daniel Santoro, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla ordenó investigar si las notas del periodista constituyeron “operaciones de acción psicológica” para imputar a ex funcionarios K en la Justicia e hizo una serie de consideraciones teóricas sobre el rol de la prensa parecidos a los de la llamada doctrina del “lawfare” (guerra judicial) que usa la ex presidenta Cristina Kirchner.

Se trata de dos datos claves porque el ex miembro de la Corte Eugenio Zafaroni desempolvó el mes pasado la teoría del lawfare que usa el kirchnerismo para criticar a la Justicia y sostener que las casi 60 causas judiciales por corrupción contra ex funcionarios K son “inventos” de los jueces de Comodoro Py y de los medios de comunicación.

Santoro fue procesado como partícipe de la supuesta tentativa de extorsión de Marcelo D'Alessio al empresario K, Mario Cifuentes, y por una supuesta coerción al ex directivo de PDVSA Gonzalo Bruza Dobat, embargado en 3 millones de pesos y limitado para sus salidas del país, entre otras medidas. El procesamiento fue sorpresivo ya que el juez había dicho que resolvería la situación procesal del periodista a mediados de agosto.

En la resolución de 360 páginas, Ramos Padilla -un juez afín del kirchnerismo que fue abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo- dispuso una medida de prueba inédita: ordenar a la Comisión Provincial de la Memoria -que preside el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel- que investigue si las notas de Santoro fueron medidas de “acción psicológica” que violan la ley de Inteligencia 25.520. Esa comisión no es un auxiliar usual de la Justicia, como lo son las fuerzas policiales federales, a la que el juez le dio intervención porque el falso abogado Marcelo D'Alessio hablaba en un chat de “extracción de personas” de Venezuela, lo que fue entendido una violación a los derechos humanos de una persona cuando, en realidad, es una frase militar que supone sacar personas de una zona en conflicto.

Dijo el juez que “se habrá de disponer una medida de prueba para analizar el alcance de la intervención de la organización delictiva en los medios de prensa en cuanto resulte jurídico-penalmente relevante (cfr. art. 4 inc. 3º de la ley 25.520). La medida de prueba que se habrá de disponer busca determinar también, a partir del conocimiento de esta faz prohibida de las actividades de inteligencia que desarrollaba la organización, “la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y de los peligros causados ”.

El juez no aceptó ninguna de las 20 medidas de pruebas que solicitó Santoro en su defensa pero ordenó “evacuar las citas del propio imputado, quien en su declaración indagatoria manifestó que con D´Alessio lo unía un vínculo estrictamente periodístico, que nunca publicó información proveniente de él de forma directa y que había sido su fuente en muy pocas ocasiones”. Las notas de Santoro sobre el empresario K, Mario Cifuentes, y el ex directivo de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat están basadas en hechos comprobables.

Sin embargo, el magistrado requirió “a la Comisión Provincial por la Memoria -organismo público que ya ha venido actuando en el proceso y el único que la experticia necesaria y acceso a la prueba digital del expediente en condiciones de confidencialidad- que describa todas aquellas operaciones de acción psicológica que puedan ser identificadas en los diferentes hechos que conforman el objeto procesal de esta causa que pudieran tener vinculación con las publicaciones y actividad del periodista Daniel Santoro”.

Remarcó “en consonancia con lo ya expuesto, que no se trata de una medida tendiente a juzgar la conducta profesional de este periodista, sino que con ella se pretende mensurar el alcance de las acciones de inteligencia y espionaje ilegales en los términos del artículo 4º de la ley 25.520 y, además, de aportar otro elemento para el análisis de su posible participación en la asociación ilícita investigada”. El director ejecutivo de la comisión es Roberto Cipriano García.

Pese a que procesó a Santoro por su trabajo periodístico, usó varias páginas del fallo para intentar reivindicar la libertad de expresión.

“No es este el espacio específico para desarrollar un extenso debate respecto de la naturaleza, límites y alcance del derecho a la libertad de expresión; sin embargo, resulta necesario realizar un breve análisis para comprender la forma de actuar de la organización criminal aquí investigada, y la utilización de nichos de intensa protección constitucional para lograr el “lavado” de información obtenida mediante tareas de espionaje ilegal”, agregó. La referencia a “nichos” alude a la libertad de expresión y el secreto profesional de los periodistas consagrados por la Constitución Nacional. Santoro solicitó la destrucción de un informe con sus llamadas telefónicas de los últimos tres años.

Sin embargo, señaló el juez “la libertad de expresión y de prensa se ha erigido fundamentalmente con la finalidad de garantizar el acceso a la información verídica por parte del gran público y que la intromisión en la labor de los medios de prensa por parte de los miembros de la organización criminal que se investiga, realizando actividades de espionaje ilegal y operaciones de acción psicológica, puede poner en peligro, al igual que en el ámbito judicial, este fundamental apotegma de la búsqueda y conocimiento de la verdad y de este modo vulnerar uno de los más preciados valores democráticos”. D'Alessio era fuente de unos 20 periodistas, se comprobó en la causa.

El magistrado sostuvo que los supuestos hechos investigados en la causa “configuran operaciones de inteligencia ilegal que, para alcanzar sus fines, se complementaban con una segunda etapa que se podrían denominar estrategias de acción psicológica. Se refiere aquí a las operaciones que consistían en efectuar una reunión de información por medio de las herramientas propias del espionaje ilegal y luego hacer pública o “blanquear” la misma –en su totalidad o en parte, o una formulación total o parcialmente engañosa de ella- por intermedio de periodistas y medios de comunicación, advertidos o no de su origen espurio”.

La posición de Ramos Padilla va en contra de una doctrina jurídica según la cual los periodistas no son responsables por lo que hacen o dicen sus fuentes.

En la historia reciente, por ejemplo la justicia argentina nunca persiguió a periodistas por la filtración de documentos confidenciales o secretos. Por ejemplo cuando Horacio Vertbisky publicó, amparado en el secreto profesional, parte de la lista de aquellos argentinos que se habían acogido al último blanqueo -entre ellos el hermano del presidente Mauricio Macri-, la Justicia investigó a las fuentes del periodista pero no al propio Vertbisky.

En el 2001, la Cámara Federal porteña sobreseyó a Marcelo Bonelli de Clarín, cuando se lo intentó imputar por haber publicado un informe fiscal sobre el ex titular del PAMI, Carlos Alderete -investigado por casos de corrupción- y, en esa ocasión, se dirigió la imputación contra quienes, desde el Estado, habían filtrado esa información.

En septiembre de 2006, el Diario “Página 12” publicó el legajo secreto del diputado Juan José Álvarez, como ex miembro de la SIDE, y a nadie se le ocurrió imputar a los periodistas por esta publicación. Igual criterio usó el Juez Federal Daniel Rafecas para procesar a dos ex altos funcionarios de la AFIP, por poner en marcha una denuncia contra la diputada Elisa Carrió, sin cuestionar el derecho de la revista "Veintitrés" -dirigida, entonces, por Sergio Szpolski- a investigar los que, creían, datos sospechosos sobre la legisladora y a publicar la nota titulada "La Chacra de Carrió", entre otras decenas de casos.

Igual criterio se puede contar de las entrevistas realizadas en la cárcel por Raul Kollman a Carlos Telleldín -imputado por entregar el vehículo como cochebomba en el atentado a la AMIA- y la firma de un contrato para escribir un libro en forma conjunta.

En su fallo, Ramos Padilla destacó que aquellas supuestas actividades “cuando son llevadas a cabo conforme a los fines ilícitos de la organización, podrían resultar violaciones concretas al art. 4 inc. 3º de la ley nacional de inteligencia Nro. 25.520 en cuanto se prohíbe “influir de cualquier modo (…) en la opinión pública, en personas, en medios de difusión (…)”.

Más adelante afirmó que esto no implica que “la investigación deba hacer ceder tales derechos con el fin de reunir prueba o atribuir responsabilidades penales, sino lo contrario: se debe extremar la cautela al momento de establecer los juicios de responsabilidad ya que, de no ser así, se podría continuar perjudicando y debilitando las estructuras democráticas más básicas de nuestro Estado constitucional de derecho”. La frase parece otra alusión a las notas de investigación sobre casos de corrupción y las más importantes causas, como cuadernos de las coimas y ruta del dinero K, que el juez se encargó de señalar en su fallo pese a que no son el objeto procesal de su causa.