El director de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior (Unicom), Fernando Gil, publicó este martes en su blog personal que Uruguay "se apronta a reconocer, con datos objetivos, una de sus peores estadísticas de delitos desde que se lleva registro".

Según adelantó El Observador este sábado, a fines de julio la cartera informará, entre otros datos negativos, que se constató un aumento de cerca del 50% de las rapiñas respecto a 2015, año de inicio de la tercera administración del Frente Amplio.

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Originalmente, el gobierno se había trazado la meta de reducir los asaltos en 30%, aunque en agosto pasado se informó que faltarían seis puntos para lograr esa cifra. Pero desde fines de 2017 la inseguridad tuvo un crecimiento exponencial.

Gil, uno de los directores más próximos al ministro Eduardo Bonomi, cree que este "triste récord en materia de violencia" que tendrá el país este año se debe a una "combinación de varios factores", y que su solución solo será posible si tiene lugar un "cambio cultural".

Entre las causas que identifica el director, está la actuación del Poder Judicial, un aspecto señalado por Bonomi en varias oportunidades, sobre todo a partir de la puesta en funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal que rige desde noviembre de 2017.

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"Tristes fallos que se contraponen al sentido común y a toda lógica dejan vía libre a delincuentes que viven del delito y no encuentran sanción acorde a su conducta", evalúa Gil, en la misma línea que lo ha hecho el secretario de Estado.

Las críticas a los magistrados se han enfocado en algunas de sus decisiones cuando juzgan casos de violencia doméstica o que involucran a testigos protegidos, para los que ordenan custodia policial, lo que obliga a la cartera a destinar efectivos que podrían utilizarse en tareas de patrullaje.

"Decisiones judiciales que asignan custodias (en casos de violencia doméstica principalmente) restan fuerza efectiva al patrullaje y desarman la respuesta policial planificada", según Gil. Más adelante, agrega que esto tiene consecuencias "nefastas: menor respuesta operativa de las Unidades de Respuesta Policial en todo el país (con la mayor concentración en Montevideo y Canelones)".

Fernando Gil también opina que otros de los factores que contribuyen a las estadísticas que dan cuenta de un incremento de la delincuencia son las "nuevas tecnologías que mejoran los registros policiales", y cita como ejemplo las tabletas con que ahora cuentan los efectivos para registrar las denuncias de los ciudadanos. Eso produjo, de acuerdo al jerarca, un aumento del 40% de los registros, y el logro de la meta de "bajar la cifra de no denuncia".

La cartera también responsabiliza a los fiscales que, habilitados por las nuevas disposiciones del actual proceso penal, llegan a acuerdos con los delincuentes y se imputan penas menores a cambio de que los acusados confiesen su responsabilidad delictiva. De esa forma el juicio se vuelve más breve y los fiscales tienen menor exigencia probatoria.

Durante la interpelación del 18 de abril, motivada por el senador colorado Pedro Bordaberry, Bonomi se refirió a este punto. Dijo: "No necesariamente compartimos esa estrategia de negociación con los criminales para lograr el procesamiento de otros. Pero eso corresponde al ámbito de la Fiscalía y la Justicia. Desde la perspectiva de la seguridad pública, a estas bandas criminales hay que reprimirlas duramente, un día sí y otro también".

Como sea, Gil reconoce que Uruguay atraviesa actualmente una violencia que "va en aumento y que parece no tener un techo, por lo menos en el corto plazo".

Cuando se presenten los números a mediados de julio, dice Gil, "vendrán las críticas a la gestión de un ministro, y llegarán a un presidente que lo sostiene, pero ninguna crítica explicará ni intentará explicar la razón de esa violenta escalada".

La situación actual del país en materia de seguridad es, de acuerdo el diagnóstico del director de Unicom, como la de un enfermo que se encuentra en "terapia intensiva sin síntomas de mejora, por ahora".