Revés judicial para la Argentina en EE.UU.: fallo beneficia a fondo buitre en juicio por estatización de YPF

Revés judicial para la Argentina en EE.UU.: fallo beneficia a fondo buitre en juicio por estatización de YPF

Determinó que el litigio con un fondo buitre que reclama u$s3.000 millones continúe en los tribunales de ese país en lugar de los federales argentinos

La Corte del Distrito Sur de Nueva York falló en contra de la Argentina y resolvió que la demanda de un fondo buitre por u$s3.000 millones por la expropiación de YPF siga adelante en norteamérica y no en Buenos Aires como habí­a solicitado el Ejecutivo.

La millonaria demanda fue impulsada por el fondo Burford Capital, que se quedó con las acciones que estaban en poder del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi.

El fondo reclama u$s3.000 millones, que se sumarí­an a los u$s5.000 que se pagaron a Repsol. Al momento de la reestatización, la Argentina debió haber hecho una oferta por todas las acciones y no solo por el 51 por ciento, según reclama el fondo litigante. Así­ se desprenderí­a del estatuto de YPF de 1993, presentado ante la comisión de valores estadounidense.

Argentina aspiraba a trasladar la controversia a los tribunales locales y alejar la demanda del fondo Burford Capital, que se quedó con las compañí­as del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, para quedarse con el poder de litigar.

Ahora el Gobierno podrá apelar ante la Corte de los Estados Unidos en busca de trasladar la controversia a los tribunales locales, aunque las perspectivas no son las mejores. Tras este revés, se preparan nuevas estrategias de defensa.

Entre otras cuestiones, la Procuración del Tesoro podrí­a requerir un procedimiento llamado "discovery process", que obligarí­a a la Justicia de Estados Unidos a investigar a los dueños del fondo Burford, responsables de la demanda.

¿Cómo surgió el reclamo?

Los inversores compraron dos empresas residuales que pertenecí­an a los Eskenazi, Petersen Energí­a Inversora y Petersen Energí­a, que se constituyeron hace una década, cuando los empresarios nacionales ingresaron a YPF, entonces controlada por Repsol, de la mano de Néstor Kirchner.

Hace poco más de un año, en abril de 2017, Burford informó que vendió un 15% de esa participación -por la que ahora reclama u$s3.000 millones- en 66 millones de dólares.

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La demanda, en los papeles, fue iniciada por las firmas españolas Petersen Energí­a Inversora y Petersen Energí­a, que la familia Eskenazi constituyó para adquirir entre 2008 y 2011 el 25% de las acciones de YPF. El argumento de los demandantes es que la estatización de YPF violó las leyes de oferta pública en los Estados Unidos.

En nuestro paí­s, Elisa Carrió y Paula Oliveto, de la Coalición Cí­vica, pidieron al juez Ariel Lijo investigar la transferencia del Grupo Petersen al fondo Burford Capital.

En su presentación, las legisladoras advirtieron que se trató "de un negocio financiero que se aleja de la necesidad de explotación y exploración que debí­a ser objetivo de una empresa con el objeto social de YPF".

El Grupo Petersen, que durante el kirchnerismo llegó a manejar el 25% de YPF, siempre enfatizó que no tení­a nada que ver con los buitres.

"El Grupo Petersen está al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior", señaló a través de un comunicado cuando se conoció el juicio. Y alega que el ingreso de Burford lo definió la Justicia española en el proceso de quiebra de sus compañí­as residuales.

A fines de 2007, Enrique Eskenazi, titular del Grupo Petersen, adquirió el 14,9% del capital accionario de YPF por 2235 millones de dólares, con opción a ampliar su participación. La red financiera incluyó una red de diferentes bancos y un crédito de la española Repsol, que controlaba la petrolera. El Grupo Petersen pagó luego gran parte de la deuda con los dividendos que dio después la propia YPF.

Por la estatización, el gobierno de Cristina Kirchner compensó a Repsol con unos u$s5.000 millones, mientras que las firmas de la familia Ezkenazi terminaron por ser vendidas por la imposibilidad de cubrir las deudas, entre otras, la contraí­da con la propia Repsol.

El proceso de quiebra fue el preámbulo de la llegada de Burford al juzgado del inmemorial juez Thomas Griesa, quien murió en 2017 a los 87 años. Su lugar lo ocupó la jueza Loretta Preska quien ya habí­a fallado en contra de la Argentina.

Ahora tres magistrados de la Corte del Distrito Sur de Nueva York le dieron la razón a Budford en contra de las esperanzas argentinas.