España ha cerrado 2018 con un déficit del 2,7% del PIB, es decir, unos 32.400 millones de euros de desfase entre lo que ha ingresado y lo que ha gastado, según ha adelantado la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda.

Con este año se encadenan así once ejercicios seguidos en los que el país no ha conseguido ingresar lo suficiente para financiar sus gastos, y de todos ellos sólo en dos ejercicios fue capaz de cumplir con el objetivo de déficit que había pactado con Bruselas.

Para 2019, el Gobierno se ha comprometido -obligado por la mayoría absoluta del PP en el Senado- a cerrar el año con una desviación del 1,3% del PIB, ya que su objetivo inicial era pasarse en un 1,8% y contaba con el beneplácito de la Comisión Europea.

Sin embargo, el Banco de España cree que el país tampoco podrá cumplir este propósito si saca adelante las cuentas de sus Presupuestos y apunta a que en realidad el déficit será del 2% (24.000 millones en vez de 15.600).

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es todavía más pesimista y augura un déficit del 2,2% del PIB (unos 26.400 millones), lo que lleva a pensar que España probablemente incumplirá de nuevo.

Un problema endémico

En cualquier caso, el problema del déficit es coyuntural a la economía española. Según datos de Eurostat, desde el año 1995 en que se inició el registro, la economía española sólo ha estado en situación de superávit durante la época de la burbuja del sector inmobiliario.

El país cuadró sus cuentas en 2004 y registró un superávit del 1,2% en 2005, el 2,2% en 2006 y el 1,9% en 2007, después de casi una década (1995-2004) de déficit.

Con el estallido de la crisis, el país pasó de nuevo a los números rojos en el año 2008 al registrar un déficit del -4,4%, que se agudizó hasta alcanzar el peor dato al año siguiente, cuando cerró en -11%.

El país entró así en el procedimiento de déficit excesivo, que está regulado por el Tratado de Funcionamiento de la UE, y es por el que se rigen aquellos países cuyos déficits presupuestarios son superiores al 3% del PIB.

A esos países Bruselas les exige que presenten de forma periódica planes con las medidas y políticas correctivas que van a aplicar, así como los plazos de implementación, por lo que se puede decir que están continuamente bajo la lupa de Europa.

Lo primero que se analiza es la evolución de su déficit y, una vez cumplidos los objetivos, se estudia si su deuda pública es superior al 60% de su PIB, como ocurre en España donde esta ratio ronda el 97% del PIB. Para 2019 el Gobierno quiere reducirlo hasta el 95,4%.

Si se cumple el avance de la secretaria de Estado de Presupuestos y el déficit cierra 2018 en el 2,7% del PIB, España habrá conseguido salir de este estricto procedimiento después de diez años.

Nunca cumplimos

Sin embargo, a pesar del logro, de nuevo el país incumplirá con su objetivo del 2,2% que había pactado para 2018.

El incumplimiento reiterado del déficit ha llevado a España a tener que afrontar multas de miles de euros a la Comisión Europea, incluso a pesar de que en alguna ocasión -como ocurrió en 2016- Bruselas ha optado por perdonarle la multa a cambio de promesas de reformas estructurales.

En la última década España solo ha cumplido su objetivo en el año 2017, cuando sus cuentas cerraron con un desfase del -3,1% como estaba previsto, y en 2009, cuando se preveía un déficit del -11,4% y finalmente fue tres décimas inferior (-11%).