Rajoy convoca a los tres partidos de la oposición para responder a la aprobación de la hoja de ruta de la desconexión de Cataluña

EDITORIAL: El Estado no puede tolerar la desobediencia del Parlament

JAVIER OMS VÍCTOR MONDELO

Barcelona

El Parlament llevó ayer hasta el límite su desafío a la legalidad y abrió la puerta a alcanzar la independencia de Cataluña a través de la vía unilateral. La cámara catalana, con el único apoyo de los 72 diputados de los grupos de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP y el rechazo del resto de partidos, aprobó las conclusiones de la comisión del Proceso Constituyente, un documento que sienta las bases sobre qué pasos y hacia dónde debe avanzar Cataluña para «completar» la desconexión con España: primero con un reférendum unilateral entre sus ciudadanos y, como etapa final, con la aprobación de una Constitución propia para el nuevo Estado catalán.

La coalición Del Partit Demòcrata Català (PDC) -nueva denominación para Convergència- y ERC sumó sus votos a los diez diputados anticapitalistas para burlar las advertencias hechas por el Tribunal Constitucional (TC), que exigió la semana pasada a la Mesa del Parlament y a sus diputados que frenaran un debate cuya aprobación forzó al Gobierno a tomar decisiones de urgencia para frenarlo. Tras conocerse el resultado de la votación en Barcelona el presidente en funciones, Mariano Rajoy, convocó a los líderes de PSOE, Podemos y Ciudadanos en busca de una respuesta conjunta. El Ejecutivo también activará el viernes a la Abogacía del Estado para que presente un recurso ante el Constitucional.

La jornada en el Parlament estuvo marcada por algunos de los momentos de mayor tensión desde que en 2012 arrancara el procés soberanista y, sobre todo, desde que Carles Puigdemont fuera nombrado president de la Generalitat el pasado enero.

La división acabó plasmada en escenas para la historia de la cámara. Una de ellas cuando los grupos parlamentarios de Ciudadanos y PP al completo decidieron levantarse y abandonar en fila sus escaños para no estar presentes durante la votación final. Un hecho que cuenta con un antecedente, en 2013, cuando los mismos partidos actuaron igual tras ser acusados por la CUP de manifestarse el 12 de octubre junto a «xenófobos» y «neonazis».

Los otros dos grupos contrarios a la declaración unilateral de independencia -Catalunya Si que es Pot (CSQP) y PSC- optaron por permanecer ayer en sus escaños y evidenciar su oposición al plan independentista. Los 11 diputados de la marca catalana de Podemos votaron en contra de las conclusiones del Proceso Constituyente._Los socialistas, por su parte, no presionaron ningún botón para que constara su rechazo a las conclusiones.

Menos antecedentes guarda la confrontación que ayer demostraron los miembros de la Mesa del_Parlament, órgano sobre el que recaía la obligación de cumplir con la orden del TC de frenar el debate y la tramitación del_Proceso Constituyente. Dominada por la mayoría de JxSí -cuatro de sus siete miembros-, los tres representantes de C's, PSC y CSQP pidieron de forma inédita la palabra para mostrar su rechazo a un debate que tacharon de «sectario» y que describieron como un «fraude de ley».

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, obvió las quejas de la oposición y permitió que se modificara la orden del día, tal y como reclamaron los grupos de JxSí y la CUP y contempla la normativa de la cámara. La ex líder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) zanjó las críticas y los turnos de palabra de forma tajante: «El Parlament es soberano».

El desacato al TC entronca con la necesidad de Puigdemont de conseguir cuanto antes el respaldo de la CUP para superar la cuestión de confianza a la que se enfrentará el 28 de septiembre. Una fecha posterior a la Diada, al contrario de lo que le pedía ERC, y que el jefe del Ejecutivo catalán anunció antes de que JxSí y la CUP forzaran el debate. Puigdemont subrayó que en septiembre estará en juego «comprobar si el Govern tiene el apoyo necesario para poner Cataluña a las puertas de la independencia». Para superar el examen del Parlament, el president quiere convencer ya a los antisistema, por lo que ha aceptado el desafío al TC y avalado la vía unilateral, la opción preferida de la CUP.

La estrategia de Puigdemont no pasó desapercibida para la oposición. El portavoz de CSQP, Joan Coscubiela, enmarcó la votación de ayer como la «coartada» del president para superar la cuestión de confianza. Con más dureza se expresaron las tres fuerzas de la oposición que se negaron a votar.

La maniobra fue tildada de «auténtico golpe a la democracia» por la líder de C's en el Parlament, Inés Arrimadas. «No sólo quieren sacar a Cataluña de Europa, sino del siglo XXI, quieren llevarla al tiempo en que los gobernantes podían hacer cualquier cosa. ¿En qué tipo de régimen antidemocrático se han inspirado?», espetó. Xavier García Albiol, líder del PP, también habló de «golpe», en este caso al Tribunal Constitucional y, en una ya recurrente comparación, equiparó la unilateralidad con la del régimen venezolano de Nicolás Maduro.

Uno de los momentos más tensos del pleno se produjo cuando el popular advirtió a Puigdemont y Junqueras de que su desacato «no les va a salir gratis». «El Estado de derecho actuará contra los que vulneren la democracia y pongan en riesgo la libertad de los que no son independentistas», avisó Albiol, para enfado de Junqueras, quien le exigió conocer con qué castigo le estaba amenazando.

También el socialista Miquel Iceta alertó a los miembros de Junts pel Sí y la CUP de que «no tienen derecho a poner este Parlament fuera de la ley, porque no es suyo». Iceta consideró que desobedecer al TC «no acerca a Cataluña a la independència, sino que sólo conduce a un conflicto y fomenta una peligrosa división entre los catalanes».

Apenas unas horas después de que se aprobara el plan de desconexión unilateral con España, el bloque soberanista dio también luz verde a tramitar la proposición de ley de la Agencia de Protección Social de Cataluña, el embrión de la futura Seguridad Social catalana, informa Cristina Rubio.

La norma, eso sí, nace descafeinada para sortear la impugnación del Constitucional y se limita a organizar la gestión de parte de las 169 prestaciones actuales que pertenecen a la Generalitat. El resto, entre ellas las pensiones gestionadas por el Estado, no se incluyen en el nuevo organismo pese a que la proposición de ley deja la puerta abierta de forma intencionada a que asuma más competencias. La Agencia de Protección Social se convierte en el germen de la primera de las tres leyes -Transitoriedad jurídica, Hacienda y Seguridad Social- que el Govern impulsa para «desconectar» de España.