La corporación petrolera, uno de los principales activos en el extranjero, se encuentra en el medio de dos polos, con el gobierno de un lado y la minera canadiense del otro, disputada que nació de la expropiación de un yacimiento de oro.

Según el acuerdo en un principio alcanzado, el gobierno de Nicolás Maduro completó un pago inicial de 425 millones de dólares, en gran parte en “valores líquidos”, el 23 de noviembre, de acuerdo a una presentación en la Corte de Justicia de Ontario, donde Crystallex ha estado operando desde 2011 bajo protección de acreedores.

Venezuela expropió un proyecto de minería de oro de Crystallex en 2011, lo que llevó al fallo de arbitraje en 2016.

A medida que los incumplimientos de pagos de la deuda de Venezuela se han acumulado y las sanciones de Estados Unidos han aislado al país, los acreedores han comenzado a ir tras los activos de Pdvsa en el extranjero como medio para recuperar su dinero.

Según la fuente, además del caso con Crystallex, Venezuela corre riesgos con Rosuro Mining por la expropiación de activos mineros, un pacto valorado en 1.300 millones de dólares el pasado mes de octubre.

Reuters indicó que las dos compañías canadienses desarrollan labores para buscar órdenes de tribunales en los Estados Unidos para llevar a subasta la matriz de Citgo.