El Comité de los Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidad (ONU) resolverá este miércoles 15 una investigación contra el Estado mexicano en relación a la violación de los derechos de la periodista Lydia Cacho, nueve años después de su detención y tortura por parte del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín.

La ONU investiga la responsabilidad del Estado mexicano en la violación de los derechos de libertad de expresión, libertad personal, integridad personal, debido proceso y no discriminación contra las mujeres en el caso de la periodista Lydia Cacho.

El documento será presentado este martes ante el CDH de la ONU, en Ginebra, Suiza, donde acudirán Cacho y el director de Artículo 19 para México y Centroamérica, Darío Ramírez, siendo el primer caso relacionado con la libertad de expresión de periodistas y defensores de los derechos humanos.

En el comunicado emitido por Artículo 19 y Cacho se destaca que “presentar la petición ante el CDH de la ONU representa una oportunidad para que un organismo internacional obligue al Estado mexicano a tomar medidas que reparen los daños causados en su persona”. Con ello, alertan, también se permitirá “visibilizar la situación de violencia sistemática contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el país, así como la subsecuente impunidad”.

Nueve años después

Han pasado nueve años desde aquel 16 de diciembre del 2005 cuando Lydia Cacho fue detenida arbitrariamente, incomunicada y torturada, además de haber sido acusada de difamación y calumnia. En ese entonces, la Policía Judicial del estado de Puebla, en contuberbio con la Procuraduría General de Justicia del estado de Quintana Roo, detuvo a la periodista en Cancún sin estar legalmente habilitada para ello.

Durante el traslado de Quintana Roo a Puebla (unos 1500 kilómetros de distancia entre una y otra entidad), la periodista estuvo incomunicada y fue torturada. A Cacho se le acusaba de difamar en su libro Los demonios del edén al empresario de Puebla, Kamel Nacif, quien tenía nexos con una red de pederastas; buscando fuera enviada a prisión como una forma de castigarla y silenciarla por su trabajo periodístico y de defensa de derechos humanos.

Después de 20 horas de detención en Puebla, la activista y reportera fue liberada al depositar una fianza de 6 mil dólares, aunque posteriormente un juez del DF absolvió a la comunicadora.

Pese a ello, Lydia Cacho ha sido víctima de diversas agresiones, desde un atentado en mayo de 2007, múltiples amenazas de muerte recibidas entre 2009 y 2012, así como actos de acoso contra el Centro Integral de Atención para la Mujer (CIAM) que ella encabeza y contra su domicilio.

Pese a que existen cuatro denuncias por estos delitos, así como solicitud de medidas cautelares ante organismos nacionales e internacionales, las autoridades mexicanas siguen sin dar acceso a la justicia a Lydia Cacho.

En 2006 se llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCN), buscando ejerciera su facultad de atraer violaciones graves a derechos humanos, sin embargo, en noviembre de 2007 se declaró incompetente en el caso.

En ese contexto, se hicieron públicas varias grabaciones en las que el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, ofrecía a su amigo Kamel Nacif castigar a la periodista Lydia Cacho por lo que había publicado. Luego de un intenso proceso de defensa, al principio con los propios recursos de la periodista y luego con el acompañamiento de la organización Artículo 19, un año después se logró la resolución absolutoria para la periodista.

El CDH de la ONU se encarga de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ratificado por México en 1981), y tiene competencia para resolver casos individuales de violaciones a derechos humanos cometidas en territorio mexicano, como es el caso de la periodista y defensora de derechos humanos, Lydia Cacho.

El Comité está integrado por 18 expertos independientes que sesionan tres veces al año en Ginebra y Nueva York. La comunicación individual del caso se presentará formalmente en la última sesión del CDH-ONU de este año, es decir, este 15 de octubre en Ginebra.

Para Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión, representa la oportunidad para que el organismo internacional obligue al Estado mexicano a llevar verdad, justicia y reparación del daño a la periodista, así como visualizar la situación de violencia sistemática contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México. Sobre todo, en un contexto adverso por inseguridad, falta de acciones estatales en materia de prevención y de lucha contra la impunidad que dan muestra de un débil estado de derecho.

A continuación, un resumen multimedia del caso, preparado por la organización Artículo 19:

Resumen ejecutivo sobre violaciones en el caso de Lydia Cacho by ArticleXix

*Nota publicada el 14 de octubre de 2014.