Declaraciones del regidor de Presidencia del ayuntamiento, Eloi Badia. / PATRICIA MATEOS/ACN

Sin apenas luz (lo cual, por la cuestión de que se trata, es toda una ironía), el Ayuntamiento de Barcelona y las dos grandes compañías que dominan el mercado de la electricidad en la ciudad, Endesa y Gas Natural, están a punto de consumar un divorcio de consecuencias impredecibles. El pasado viernes finalizó el plazo para presentar ofertas cara al nuevo contrato municipal de suministro eléctrico. El presupuesto de la licitación es una suma importante, 65 millones de euros. Sucedió, sin embargo, algo imprevisto. Ni Endesa ni Gas Natural presentaron ofertas. No es ningún secreto que ambas están disconformes con una de las cláusulas del concurso, que obliga a aceptar las medidas públicas de lucha contra la pobreza energética. Fuentes municipales sospechan que las empresas obraron así, de forma coordinada o no, convencidas de que ninguna otra compañía se presentaría al concurso. El ridículo municipal habría sido espantoso. Si esa era la apuesta de las empresas, se equivocaron. Se presentaron al concurso pequeñas empresas. Puede que Barcelona acabe de abrir una vía de agua en un rompehielos, el eléctrico, que parecía a prueba de icebergs.

Endesa se considera discriminada Fuentes de Endesa han puntualizado que la empresa eléctrica sí quiere ir al concurso público convocado por el Ayuntamiento de Barcelona para suministrar energía eléctrica a todos los edificios municipales de la ciudad, así como a la red de alumbrado de las calles, con un presupuesto de 65 millones de euros. Sin embargo, la empresa considera que el nuevo proceso de licitación dictado por el consistorio dirigido por Ada Colau se lo impide por discriminatorio, ya que no puede competir en igualdad de condiciones con las pequeñas compañías que no tienen ningún cliente vulnerable al que proteger puesto que operan solo en el mercado libre, señala Endesa. Estas compañías, considera Endesa, pueden aceptar las condiciones contra la pobreza energética sin apenas riesgo de verse afectadas por ellas.

La empresa suministradora indica asimismo que las cláusulas que establece el concurso del Ayuntamiento de Barcelona pueden provocar incertidumbres jurídicas, ya que existe una ley estatal tramitándose sobre la misma materia. «Lo lógico –concretan fuentes de Endesa– sería esperar a que este proceso legislativo se haya terminado» antes de establecer nuevas condiciones para el contrato municpal de la luz en Barcelona.

La compañía eléctrica, además, remarca que lleva más de dos años trabajando en materia de pobreza energética y que cumple la normativa catalana al respecto («a pesar de que no es obligatoria, de momento, su aplicación», subraya), entre cuyas medidas principales figura la de comprobar con los servicios sociales que un abonado no figura en la lista de personas vulnerables antes de cortarle el suministro por impago.

Nexus, Som Energia, Factor Energia, Aura… Una batería de empresas pequeñas y medianas del sector eléctrico se repartirán el contrato de la luz de Barcelona los próximos dos años. El ayuntamiento decidió dividir el conjunto del servicios en tres lotes, dos de baja tensión y uno de media tensión, y a ellos han optado esas compañías. A efectos de comprensión para profanos en la materia, se trata de proveer de energía a todos los edificios municipales de la ciudad (oficinas, equipamientos…) y a la red de alumbrado de las calles. Total, 65 millones de euros.

POBREZA ENERGÉTICA

Ninguna empresas podrá recibir la adjudicación de más de dos lotes. El choque con Endesa y Gas Natural, sin embargo, no tiene su origen en esa nueva fórmula de reparto, sino en la cláusula que supedita la concesión a que se acepte la ley catalana 24/2015, que establece una serie de obligaciones a las eléctricas para que se corresponsabilicen en la lucha contra la pobreza energética. Las grandes compañías ponen reparos, por ejemplo, a que antes de cortar el suministro a una familia deban solicitar un informe a los servicios sociales para saber si se trata de personas en riesgo de exclusión social. También se resisten a establecer mecanismos de información sobre las tarifas sociales y otras ayudas previstas en el frente común institucional para abordar la pobreza energética.

El concurso, de hecho, ha sido recurrido por Endesa y Gas Natural ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, dependiente de la Generalitat. El Ayuntamiento de Barcelona no podrá resolver el nuevo contrato eléctrico hasta que este tribunal tome una decisión. La espera, no obstante, será breve. Puede que esta misma semana dicte sentencia. De este modo, el concurso, abiertas ya las plicas, se resolvería el próximo viernes.

¿Qué argumentan las empresas ante el tribunal? Que las cláusulas del nuevo contrato resultan discriminatorias para ellas. La tesis principal es simple. Sostiene que sus competidores, las pequeñas compañías, apenas tienen clientes en Barcelona, así que aceptar las medidas contra la pobreza energética les sale gratis. Es un argumento que, incluso en caso de ser considerado sólido, no contribuye precisamente a mejorar la imagen de estas compañías.

EFECTO CONTAGIO

Las fuentes municipales consultadas constatan que lo ocurrido, aunque hasta ahora no haya trascendido, es un terremoto. El problema es que no hay sismógrafos precisos para evaluar aún qué daños ha causado. Por tratarse de Barcelona, cabe la posibilidad de que más pronto que tarde otros municipios del área metropolitana renueven sus contratos con idénticas o similares cláusulas. En cierto modo, lo sorpendente del caso es que esta batalla no se ha librado en un campo periférico, en un municipio pequeño, fuera de los focos, sino en la capital. El efecto contagio, señala el consistorio barcelonés, es una posibilidad a tener en cuenta.

La otra cuestión a tener en cuenta es la duración del contrato. Máximo, dos años. El propósito, sin embargo, es que sea más corto. El Ayuntamiento de Barcelona prevé tener a punto antes de que finalice ese plazo su propia empresa comercializadora de energía eléctrica. Tiene sus propias fuentes de producción, como al incineradora del Besòs, la placa fotovoltáica del Fòrum y una red de pequeñas instalaciones productoras en los tejados de decenas de equipamientos públicos. Con esa potencia calcula que podrá autoabastecerse, es decir, iluminar la ciudad y los edificios públicos con su propia compañía, y tener todavía un excedente para ofrecer servicio a unos 20.000 hogares de Barcelona.

Tras las privatizaciones, las remunicipalizaciones Ha sido una letanía bajo cuyo tono monocorde han crecido varias generaciones. Ha sido ese mantra repetido una y otra vez, que el sector público no tiene el oficio y la profesionalidad del privado. Ha sido la música que ha acompañado, pues, a decenas de privatizaciones de servicios esenciales. Telefonía, agua, electricidad… En Barcelona, sin ir más lejos, con Xavier Trias como alcalde, la red pública de aparcamientos subterráneos (un arma fundamental para regular el tráfico) pasó a manos privadas. De eso no hace ni cuatro años. El signo de los tiempos, sin embargo, parece que está cambiando. O al menos así se pretende. El objetivo del Ayuntamiento de Barcelona de disponer de su propia empresa de generación y venta de energía dentro de dos años parece menos ciencia ficción a la vista del nuevo contrato municipal de electricidad, que ha dejado fuera de combate a Gas Natural y Endesa. Las grandes compañías seguirán dominando el mercado de los particulares, pero tal vez no el municipal, el de Barcelona y el del conjunto del área metropolitana. Son 36 municipios. Esa iniciativa tiene su réplica en otros sectores. En el funerario, por ejemplo. El ayuntamiento ha dado varios pasos administrativos para volvera a tener su propia empresa de pompas fúnebres. La tuvo. La privatizó. El resultado no agrada al actual equipo de gobierno, de ahí que pretenda volver al punto de partida y lograr así una rebaja del 30% en la prestación del servicio. Actualmente operan en Barcelona dos empresas funerarias privadas, Mémora y Áltima. Con la municipal serían tres. Pero de todos los procesos de remunicipalización, el más popular es, sin duda, el del suministro de agua. El progresivo encarecimiento de las facturas domésticas ha impulsado a varios municipios metropolitanos a analizar las fórmulas jurídicas para recuperar la gestión del agua. Barcelona entre ellos.