Tras el rechazo al aborto legal en el Senado, el Gobierno evalúa impulsar la despenalización de la mujer en la interrupción voluntaria del embarazo en el proyecto de reforma del Código Penal que enviará este mes al Congreso. De ese modo no habrá que esperar al próximo tratamiento con fecha incierta para avanzar en ese paso que en la Casa Rosada consideran menos controvertido, aunque la asistencia médica garantizada por parte del Estado quedaría limitada a los casos de violación y riesgo de vida de la mujer.

La despenalización, de todos modos, podría generar una nueva polémica y ya abrió un debate dentro del propio Gobierno. Según el proyecto de reforma de Código Penal que adelantó Clarín, por ahora la despenalización queda a criterio de cada juez. Lo que se evalúa ahora, a la luz del debate, es ir un paso más allá y directamente sacar el castigo para las mujeres. Esto impulsa, por caso, el ministro de Justicia, Germán Garavano.

En la Casa Rosada corrieron los análisis sobre el impacto político del rechazo al proyecto de legalización, luego de que Mauricio Macri habilitara el debate y tomara mayor impulso con la media sanción en Diputados. Las especulaciones van desde el efecto neutro hasta cierto impacto negativo o la pérdida de capitalizar una ley histórica. “No importa cuál sea el resultado, hoy ganará la democracia”, dijo en la mañana del miércoles el Presidente, tomando distancia con la decisión del Congreso luego de haber arrancado “en defensa de la vida” y más adelante expresar una opinión diferente en privado: “El tema central es el derecho de las mujeres a decidir”. El Presidente encadenó reuniones en Olivos durante toda la jornada y no siguió el debate, según contaron sus colaboradores.

La alternativa de avance acotado en el Código Penal será analizada en las próximas horas. “Sabemos que por un tiempo es la única chance que queda”, dijo a Clarín uno de los funcionarios a favor de la legalización y con la mirada en que la despenalización de la mujer reúne consenso, aun de los sectores que resistieron el proyecto.

De acuerdo con un informe de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, desde el 1° de marzo de 2011 hasta el 29 de febrero de 2016 se iniciaron 167 causas contra mujeres por el delito de aborto propio (provocado o consentido por la mujer, artículo 88 del Código Penal) y sólo se informaron dos condenas y una suspensión de juicio a prueba. Aun con esas cifras insignificantes en comparación con la cantidad de abortos estimados, la Defensoría marcó que la sanción opera en sí misma como castigo “por la angustia y dificultades que generan en la vida de las mujeres”.

Para la reforma del Código, la comisión de expertos deja en manos del juez la posibilidad de despenalizar a la mujer -para la que se prevén de 1 a 3 años de prisión por abortar-, pero el Ministerio de Justicia buscaría que directamente quede sin sanción en la redacción. De ese modo el aborto seguiría configurado como un delito, aunque no habría pena para la mujer (se mantendrá para médicos, cirujanos, farmacéuticos, como en el actual Código).

Eliminar el aborto del texto, la “opción de máxima” como calificó un integrante del Gabinete, quedó descartada: “Sería volver a generar una discusión muy fuerte. El consenso que vislumbramos en la sociedad e incluso en la Iglesia, aunque no lo expresen abiertamente, es que la mujer no sea penalizada. Es algo que todas las partes tolerarían”.

En esa reforma a su vez el Ejecutivo propondrá convertir en ley los pronunciamientos de la Corte Suprema en el fallo “F.A.L”, de 2012 y garantizar un protocolo de asistencia médica para los abortos producto de una violación o por riesgo de vida de la mujer. Un sector de los impulsores de la legalización exploraron llevar al recinto del Senado una iniciativa en esa línea, ante la perspectiva desfavorable en la previa.