Foto: web del Ministerio de Seguridad

La crisis generada por la muerte del fiscal Alberto Nisman, en enero, iluminó algunas pocas zonas oscuras de los servicios de inteligencia que desde hace decadas actúan impunemente. A diez meses de su muerte, no se sabe si Nisman se mató o lo mataron. Pero lo que sí se sabe es que en doce años y medio el kirchnerismo no modificó los métodos y prácticas, legales e ilegales, que se implementan desde el “criptoestado”. Por el contrario, los preservó y hasta modernizó. Desde espías hasta tecnología de punta, Cristina le deja a Macri un sistema de espionaje interno de lo más sofisticado.

Buenos muchachos

El país está lleno de espías, financiados por los estados nacional y provinciales, que se infiltran en organizaciones de trabajadores, en partidos de izquierda, organismos de derechos humanos y hasta medios de comunicación. Obviamente actúan camuflados y con identidades cambiadas.

Los casos de Américo Balbuena (Policía Federal) inflitrado durante una década en la Agencia de noticias Rodolfo Walsh y el de Raúl Tarifeño (Ejército) infiltrado en la regional Neuquén del MST, son apenas una muestra del pelotón conformado por más de 5000 espías, sólo contando las fuerzas federales, financiados con un presupuesto de $2.500 millones anuales.

En el libro del periodista Claudio Savoia, “Espiados”, se detallan los controles que el Estado realiza sobre todos los argentinos, desnudando la relación que hay entre el espionaje legal e ilegal y la criminalización del pueblo trabajador, en particular a sus expresiones sociales y políticas.

Según la investigación de Savoia, las dos direcciones nacionales que concentran la tarea a nivel federal (Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad e Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa) tienen más de 5000 espías, muchos infiltrados entre nosotros. Y muchos provenientes de la dictadura.

En la Agencia Federal de Inteligencia revistan 2500 agentes, 600 dedicados específicamente a infiltrarse y el resto a tareas administrativas y logísticas. Ninguna medida tomada por el gobierno trastocó la estructura de la vieja SIDE. El capomafia Antonio “Jaime” Stiuso trabajó allí entre 1972 y 2014 al servicio de todos los gobiernos. Y hoy siguen muchos de sus viejos compañeros.

Pero no sólo la AFI espía y se infiltra, alterando las propias reglas fijadas por la Ley Nacional de Inteligencia. En cada fuerza de seguridad o defensa hay cientos de “servidores” del Estado.

En la Policía Federal son mil los agentes secretos de la división Reunión de Información. Se los llama “Plumas”. Entre ellos está Américo Balbuena y otros conocidos como José Alberto Pérez, infiltrado en la AMIA entre 1986 y 2000 y Alberto Amarilla, durante años “colaborador” de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Gendarmería Nacional tiene a unos 200, llamados “sapitos”. Prefectura Naval 350, son los “orejas de goma”. Unos 100 tiene la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y el Servicio Penitenciario Federal tiene a “La 50”, un grupo de 250 espías.

Por el lado de las Fuerzas Armadas hay 3250 espías distribuidos en todo el país. Los “solapas” son los del Ejército, unos 2000 según Savoia. Los de la Fuerza Aérea son 450 y les dicen “sifones” (por SIFA).Y la Armada recluta a unos 800.

Vale recordar que con César Milani, el genocida que Cristina puso a la cabeza del Ejército y bancó hasta que pudo, el presupuesto para inteligencia del Ejército pasó de $74 millones en 2007 a $431 millones en 2014, más $1325 millones extra para inteligencia en el Escudo Norte, al nordeste del país.

Y no hay que olvidar qe cada fuerza provincial tiene sus propio espionaje interno. Por ejemplo, la Bonaerense tiene unos 400 “patas negras” (muchos vienen de la dictadura). Y la Metropolitana de Macri unos 50, muchos trasladados desde la Federal por el “Fino” Palacios.

No sabe no contesta

El caso del Proyecto X de Gendarmería demostró que una tarea central de las fuerzas represivas es espiar, sistematizar información y armar “pruebas” para causas judiciales. Frente al escándalo, a mediados de 2012, la ministra de Seguridad Nilda Garré quiso minimizar la denuncia. Pero dos años después, a mediados de 2014, los “gendarmes caranchos” que quisieron aniquilar la lucha de los trabajadores de Lear en la Panamericana, demostraron que esa fuerza sigue haciendo lo mejor que sabe.

En abril de 2014, a un año del desenmascaramiento del agente Balbuena, el diputado nacional Nicolás del Caño le preguntó al entonces Jefe de Gabinete en una interpelación en la Cámara qué estaba haciendo el Estado con ese espía. La respuesta fue una verdadera tomada de pelo. Jorge Capitanich respondió que “en relación al caso de Américo Balbuena, cuando el Ministerio de Seguridad tomó conocimiento de sus actividades en la Agencia Walsh se inició una investigación sumaria para determinar si hay incompatibilidad entre su desempeño como oficial de inteligencia y su participación en la agencia de noticias”. Balbuena había quedado en “disponibilidad preventiva” pero no fue echado.

La abogada y diputada nacional del PTS, Myriam Bregman, fue una de las denunciantes del Proyecto X y del espía Balbuena, entre otros casos donde el Estado atacó libertades democráticas elementales. Ella recuerda que “cuando denunciamos el Proyecto X el juez Oyarbide nombró a un agente secreto de la Secretaría de Inteligencia para que controle las pruebas y participe en las pericias. Seguramente fue manteniendo al tanto a sus superiores de cada cosa que fuimos descubriendo”.

La referente del CeProDH también debió luchar contra el Estado y su Inteligencia tras la desaparición de Jorge Julio López en 2006. “Cuando desapareció Julio los agentes de la ex SIDE fueron parte del desvío de la investigación desde los primeros días”, afirma. Y agrega que “junto a la Policía Federal y a la Bonaerense llevaron expedientes paralelos sin ningún control, sin siquiera investigar el entorno de Etchecolatz. Se ocuparon de interferir la investigación otorgando a familiares y allegados de López una flota de teléfonos celulares y radio, que estaban a nombre del propio Stiuso. Eso demuestra el poder de los servicios durante el kirchnerismo”.

Tecnología de punta

En algunos hospitales públicos no hay tomógrafos computados. Pero si hay que asegurarse el control de la sociedad, el Estado no escatima en tecnología.

En los últimos años se inflaron muchas partidas presupuestarias para mejorar el desarrollo tecnológico en Inteligencia. El Ministerio de Defensa, por ejemplo, invierte miles de millones de pesos para desarrollar, junto a la empresa INVAP, tres modelos de drones. El más sofisticado ya lleva invertidos $2 mil millones.

En la Ciudad de Buenos Aires la Policía Federal tiene 2000 cámaras de seguridad, una cantidad similar a la que Macri le deja a Rodríguez Larreta. Si se suman otras 2000 que proyecta instalar el macrismo, la capital llegará a 6000 “ojos vigilantes” en breve. Según datos oficiales, entre la Ciudad y los municipios del Conurbano funcionan unas 12.600 cámaras. El Tigre de Massa hace punta con 1.300.

El DNI de cada ciudadano es otro recurso estatal de control. Desde que Randazzo implementó el nuevo formato de documento con chips, esas tarjetas contienen información preciada. Además de la foto, el número la huella digital, pueden incorporar datos de historias clínicas, de ANSES y hasta de la tarjeta SUBE.

SINTyS y SIBIOS

El Estado posee dos sistemas de centralización de información variada. El SINTyS es el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social (conducido durante todo el kirchnerismo por Alicia Kirchner). Coordina el intercambio de información entre organismos nacionales, provinciales y muncipales. Es una enorme base de datos que contiene el domicilio de cada ciudadano, datos sobre quién trabaja y quién es jubilado o pensionado, quién tiene seguro de desempleo o un plan social; quién es cliente y pacientes del sistema de salud, quién estudia y dónde, quién vive en un vivienda social; quién tiene auto, inmuebles y embarcaciones, quién es deudor financiero y quién debe impuestos. Y hasta quiénes usan servicios públicos y reciben subsidios.

En su libro, Savoia afirma que SINTyS es “una gigantesca canasta, en la que todos ponen y todos sacan. Es la red de datos estatales más grande e impresionante del país, concebida para que ’los organismos públicos compartan su información para una correcta toma de decisiones’. Tiene más de 380 organismos nacionales, provinciales y municipales adheridos, y una red de 1695 bases de datos, con información de ’40 millones de personas físicas y más de 1,2 millones de personas jurídica’”. La información viaja online entre la central y cualquier computadora pública del país. También pueden acceder jueces y fiscales.

Cristina Fernández dijo alguna vez que “Alicia, en el SINTyS tiene la base de datos sociales, y, fundamentalmente, de los que por allí no están en ningún otro lado. No están en la AFIP, porque no son contribuyentes, no están en el SIPA, porque no son trabajadores registrados. Tiene una cantidad de datos que muchos, inclusive de la propia administración, desconocían”. Esos datos, claro está, pasarán en masa a manos de Mauricio Macri.

El SIBIOS nació por decreto a fines de 2011. Es el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad, que centraliza registros patronímicos y biológicos individuales para identificar personas y rastros sin error. El sistema “lee” las huellas dactilares, los rasgos faciales y hasta el iris de los ojos. Cruzando esos datos en una misma base, quien lo maneja sabe cómo somos hasta en lo más mínimo. Ya lo usan todas las fuerzas federales y muchas provinciales. Así, agentes como Balbuena, o los “gendarmes caranchos” o los excompañeros de Stiuso, cuentan con una más que útil herramienta. Esos datos, claro está, también pasarán a manos de Macri.

¿Qué podemos esperar?

Entre 2003 y 2015 el presupuesto para inteligencia creció un 1000 %, pasando de $228 millones a $2.411 millones. Del presupuesto de este año, $837 millones fueron para el Ministerio de Defensa, 773 para el Ministerio de Seguridad y 801 para la AFI. La superiodidad en Defensa es sobre todo una conquista de Milani, quien logró que el presupuesto en Inteligencia para las Fuerzas Armadas aumentara exponencialmente durante su gestión.

En el Congreso Nacional está la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Actividades de Inteligencia del Congreso, puesta en funcionamiento en 2004. Al año 2013 su presupuesto fue de $6,6 millones. Pero en diez años de funcionamiento apenas produjo 31 dictámenes, unos 3 informes promedio por año. Y ninguno de esos dictámenes implicaron un riesgo para que el “criptoestado” siga funcionando a pleno.

El relato de los “derechos humanos” y la “no criminalización de la protesta” recreado por el kirchnerismo fue quedando en el olvido durante los últimos años. La coronación de ese abandono fue la campaña de Scioli, orientada claramente a la derecha. Pero con Macri en el poder ya ni el relato quedará.

El robustecido aparato represivo del Estado, con sus “servicios de inteligencia” sofisticados para controlar, perseguir y reprimir al pueblo trabajador, es quizás uno de los legados más peligrosos que deja la gestión kirchnerista. Un “servicio” de Cristina a Macri para que cuente con más y mejores armas a la hora de implementar el ajuste que piden a gritos los empresarios.