La red corrupta Púnica, especializada en el cobro de mordidas para favorecer desde distintas instituciones a empresas privadas, tiene ya 92 imputados y salpica a cuatro autonomías (Madrid, Valencia, Murcia y Castilla-León) y una decena de ayuntamientos, según el auto dictado ayer por el juez instructor, Eloy Velasco, donde decreta el levantamiento del secreto de sumario tras nueve prórrogas dictadas desde octubre pasado, cuando estalló el escándalo.

La supuesta trama delictiva, cuyos dos principales cabecillas eran Francisco Granados, exconsejero autonómico, exsenador y ex secretario general del PP de Madrid; y su amigo constructor David Marjaliza, tiene tantas derivadas que muchos de los negocios ilegales destapados por la investigación judicial se hicieron al margen de estos dos supuestos cerebros. La investigación avanzó y descubrió la mayor parte de las irregularidades a raíz de la intervención secreta de las comunicaciones de Granados y Marjaliza.

La construcción de colegios; la organización de fiestas populares; la recalificación de suelos; la venta de parcelas públicas; la adjudicación de servicios de eficiencia energética; o la contratación de propaganda institucional permitió a diversos empresarios enriquecerse a costa del trato de favor que, a cambio de regalos o dinero, les daban políticos que gobernaban en las instituciones.

El juez Velasco resume así en su último auto la estructura de la última trama de corrupción política conocida en España, que salpica mayoritariamente a instituciones gobernadas por el Partido Popular:

1.- El origen de la investigación. La Fiscalía Anticorrupción presentó en junio de 2014 una querella contra Francisco Granados y David Marjaliza donde denunciaba que ambos y sus respectivas mujeres tenían varias cuentas en un banco suizo con dinero de origen no justificado, un indicio suficiente de un delito de blanqueo de capitales. En esa querella se detallaban movimientos sospechosos de dinero desde una cuenta de Singapur que se justificaban como operaciones de exportación de obras de arte. Anticorrupción llevaba seis meses investigando el caso tras recibir de la Fiscalía suiza los datos de las cuentas bancarias de Granados y Marjaliza. En su querella, Anticorrupción explicaba que había "constatado" la existencia de "dudosas actuaciones y contrataciones" llevadas a cabo en Valdemoro, el municipio donde Granados había sido alcalde a finales de los años noventa del siglo pasado.

Granados, que luego fue consejero de Transportes en el primer Gobierno de Esperanza Aguirre, para desempeñar diversos cargos institucionales en la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2011, había favorecido a los constructores Ramiro Cid y David Marjaliza y a la promotora Dico a cambio del cobro de comisiones ilegales. La querella detallaba que durante el "boominmolibiario" se vendieron parcelas de suelo municipal muy por debajo de su valor a los amigos de Granados, y se amañaron contratos de servicios públicos a favor de determinadas empresas privadas. Entre los cohechos que se apuntaban en la querella destacaban chalets en Marbella o una vivienda unifamiliar en Valdemoro para el matrimonio Granados. El escrito de Anticorrupción incorporaba una denuncia anónima sobre el pago de sobreprecios a la empresa Waiter Music para la organización de fiestas en municipios madrileños.

2.- Primeros pinchazos telefónicos. El juez admitió a trámite la querella e inició la investigación ordenando la intervención de las comunicaciones de los principales implicados. Así descubrió una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Valdemoro de la que participaban supuestamente el alcalde, José Manuel Boza, su jefe de gabinete, el concejal de Hacienda e incluso el arquitecto municipal. Todos trabajaban para beneficiar a determinadas empresas privadas, entre ellas las de David Marjaliza.

3.- Construcción y gestión de colegios privados. Marjaliza no sólo recibió trato de favor de Valdemoro, sino que se convirtió en intermediario para facilitar negocios públicos a otras empresas, para las que trabajaba a cambio de una "una comisión pactada". La investigación "detectó este tipo de comportamiento en relación con la sociedad ALFEDEL para conseguir la adjudicación de la construcción y gestión de colegios privados y concertados".

4.- El negocio de la eficiencia energética. Marjaliza, según el relato del juez Velasco, intermedió para lograr que los ayuntamientos de Móstoles, Casarrubuelos, Torrejón de Velasco, Collado-Villalba, Serranillos del Valle y Parla y Moraleja de Enmedio adjudicaran contratos millonarios de eficiencia energética a la empresa Cofely del grupo internacional GDF Suez.

5.- El pago con dinero público de la reputación en Internet. Las intervenciones telefónicas condujeron a Alejandro de Pedro, un empresario que mantenía contactos con políticos autonómicos de Madrid, Murcia, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. "En la Comunidad de Madrid se conocieron contactos entre De Pedro y funcionarios y autoridades" entre los que cita a dos exconsejeros, Lucía Figar (Educación) y Salvador Victoria (Presidencia), "para conseguir adjudicaciones de nuevos contratos de reputación en la red o bien para la realización de trabajos para alguno de ellos relacionados con la mejora de su imagen en Internet". El juez Velasco sostiene que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pagaba en parte los servicios de De Pedro con dinero de empresas privadas a las que adjudicaba contratos, por lo que ha imputado, entre otros a exdirectivos de Indra entre los que estaba Javier de Andres, consejero delegado de la compañía.