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as cámaras del Congreso han consumado el golpe contra la nación. La llamada reforma energética, las reformas a los artículos constitucionales 25, 27 y 28 constituyen la entrega del subsuelo mexicano a intereses ajenos y contrarios a los de México y a los de la mayoría de los mexicanos, y representan la consumación de la total subordinación de nuestro país a los intereses que dominan la economía y la política de Estados Unidos.

La apertura a la cesión del subsuelo y sus recursos culmina el proceso que hace depender nuestras finanzas, los principales aparatos productivos, la política internacional y la interna, de los intereses dominantes del país vecino, que además ha incluido a México en la jurisdicción de su comando militar del hemisferio norte de nuestro continente y lo considera territorio de su primer círculo de defensa.

Nunca, a lo largo de nuestra historia independiente, el país había visto tan desmanteladas las defensas de su soberanía y autodeterminación. Nunca se había tenido un gobierno tan proclive a la desnacionalización económica y al sometimiento de su voluntad política.

Las motivaciones de quienes convinieron en realizar y han dirigido la instrumentación de la cesión del subsuelo y afianzado así la dependencia de nuestro país, son verdaderamente miserables: tener acceso a jugosos negocios, a recibir sustanciosas comisiones, así como el aplauso y el elogio internacional y nacional de los grandes beneficiarios de este crimen contra la nación. En este acto no ha habido ni ingenuos ni inocentes. A los peones de la ejecución, de los que muchos, aun en contra de su convicción íntima, no se atrevieron a desafiar el poder, algunas migajas les tocarán, que vendrán, piénsese lo que se piense, tarde o temprano, acompañadas del desprecio público.