Cerca de 400 ciudadanos chilenos y venezolanos solicitaron al Estado chileno asumir las pensiones impagas del Gobierno de Nicolás Maduro. Por este hecho presentaron un recurso en la Corte de Apelaciones.

Se trata de gente que se pensionó en el sistema previsional de Venezuela y posteriormente se radicaron en Chile.

De acuerdo a lo señalado por el Diario Financiero, en su mayoría son chilenos que se vieron afectados cuando en 2016 Maduro dejó de pagar las pensiones sin un motivo oficial.

De esta forma, la Asociación Gremial de Pensionados de la República Bolivariana de Venezuela en Chile (Pensivech) inició gestiones para poder solucionar el problema que los aqueja.

Los integrantes de la asociación ya acudieron a Cancillería y se reunieron con parlamentarios, sin embargo, ahora presentaron un recurso de protección en contra del Estado Chileno en la Corte de Apelaciones.

La razón es que nuestro país firmó un convenio de seguridad social con Venezuela en 2001, que entre diversos puntos, estableció el envío de remesas de pensiones a una cuenta de BancoEstado, y desde ahí se depositaban a las cuentas de ahorro de las personas afectadas.

Así, según manifestaron, ahora le correspondería al Estado Chileno ejecutar el convenio y solicitar “libre movilidad” de las pensiones entre ambos países.

Con esto, se espera que Chile pague una pensión provisoria y sustitutiva mensual a cada uno de los beneficiarios del convenio. Además solicitaron al presidente Sebastián Piñera las diligencias necesarias para restablecer el flujo de pensiones.

En tanto, la respuesta de Cancillería a la Corte Suprema informaba que se rechazaba la solicitud de la asociación ya que, si bien reconocieron el acuerdo entre Chile y Venezuela, aseguraron que las partes no firmaron un documento administrativo que lo permita “optimizar”.

Además indicaron que han hecho las gestiones para que se restablezca el flujo de pensiones, otorgando poderes a funcionarios consulares chilenos para efectuar trámites, presentación de antecedentes ante la autoridad previsional venezolana y otra gestiones para velar por los intereses de los chilenos en dicho país.

Según argumentaron, como los afectados cotizaron en el sistema de Venezuela, le corresponde a ese país asumir los pagos.