(Nicolás Aboaf)

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques le pidieron al juez Julián Ercolini que embargue más de 180 bienes que pertenecen a la ex presidente Cristina Kirchner, al ex ministro de Planificación Julio De Vido y al resto de los procesados en la causa que investiga las irregularidades y el direccionamiento en la obra pública. Hay decenas de vehículos, cajas de seguridad y cuentas bancarias.

En los embargos se incluyen los bienes que la ex presidente les cedió de manera gratuita a sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner. Son 25 propiedades, acciones en distintas sociedades, el dinero depositado en las cajas de seguridad (US$ 5.696.144 y $53.280), y hasta una camioneta Honda CRV.

El listado de los bienes de todos los procesados incluye 145 inmuebles, 42 autos, 2 embarcaciones, y 18 productos bancarios y participaciones en 11 sociedades.

La mayoría pertenecen a Lázaro Báez, que totaliza 81 inmuebles y 4 vehículos, entre otros bienes.

En el caso de las cajas de seguridad que fueron franjadas durante la investigación (2 de Julio De Vido, 1 de José López y 3 de Carlos Kirchner), los fiscales le solicitaron al juez que ordene un inventario y el secuestro de su contenido. Respecto a los otros bienes embargados, reclamaron una tasación para determinar el valor real.

El embargo preventivo es una medida cautelar que suelen pedir los fiscales para garantizar el eventual decomiso de los bienes de los imputados, y a su vez para satisfacer la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso luego del juicio.

En este caso, el juez Ercolini ya había embargado los bienes de los imputados al momento de procesarlos. Primero ordenó un embargo hasta $10.000.000.000, y luego sumó otro por $2.500.000.000 cuando amplió el listado de procesados. Pero la medida recién se hace efectiva cuando quedan identificados todos los bienes y se comunica a los registros oficiales.

En el mismo escrito, al que tuvo acceso Infobae, los fiscales también pidieron al juez que disponga la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar sobre las acciones de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto Construcciones, Gotti SA, Sucesión de Ademo Biancalani SA y K-SANC SA.

La causa está a un paso del juicio oral. Hace pocos días, con los procesamientos confirmados por la Cámara Federal, el juez Ercolini declaró clausurada la instrucción y le corrió vista simultánea a los fiscales, a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Oficina Anticorrupción (OA), ambas querellantes, para que pidan la elevación a juicio oral.