Angélica Mercado

El Senado aprobó en los general con 94 votos a favor y 23 en contra la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conocida como Ley 3de3, que si bien obliga a todos los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, les permite de manera discrecional no hacer públicos datos privados.

Aunque el PRD y PAN pactaron presentar junto con los senadores independientes una reserva para modificar el artículo 29 y darle la máxima publicidad a los formatos de declaración, como se propuso en la ley 3de3, perdieron la votación para modificar el artículo con 59 votos en contra del PRI y PVEM y 50 votos a favor, así como una abstención de la petista Ana Gabriela Guevara.

No obstante, poco después de la media noche el pleno aprobó las reservas presentadas por el senador de Nueva Alianza, Manuel Cárdenas, que amplían el catálogo de sujetos obligados y formaliza el adendum al artículo 29 propuesto por el PVEM y el PRI, según el cual, “las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos quede en resguardo de las autoridades competentes.

Se aceptó modificar el artículo 32, donde se señala que están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración de situación de patrimonial y de intereses ante las Secretarías u Órganos internos de control de conformidad con lo previsto en la presente Ley:

Los servidores públicos; cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con Entes públicos de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios.

Las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a que se refiere la fracción anterior. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.

Además, los particulares deberán presentar las declaraciones ante el órgano interno de control del Ente Público que le haya asignado los recursos o con el que haya contratado.

El debate para cambiar el artículo 29 se perdió porque no estuvieron los panistas Héctor Larios, José María Martínez; Jorge Luis Preciado, que se fue, al igual que la perredista Luz María Beristáin y Benjamín Robles, entre otros.

Poco después de las 2 de la mañana, se abrió un receso para reiniciar los trabajos hoy, con los tres dictámenes que quedaron pendientes, como son la ley de Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Ley Orgánica de la PGR que crea la fiscalía anticorrupción y la reforma al código penal que tipifica el deilto de corrupción.

El debate

Durante el debate, la panista Marcela Torres subrayó que la presentación de las tres declaraciones se convirtió en bandera de lucha desde que se lanzó la plataforma, que contiene los formatos que transparentan la evolución patrimonial de los servidores públicos.

“El mensaje que los mexicanos dieron a través de las urnas dieron un enrome compromiso: recuperar la confianza ciudadana en el sistema político mexicano”, aseveró la legisladora, al señalar que permitir que sea el Comité de Participación Ciudadana el que emita los formatos será como abrir la posibilidad de que sea la Suprema Corte quien defina qué es público del patrimonio de un funcionario y qué no lo es.

Los perredistas Zoé Robledo y Dolores Padierna sostuvieron que los 634 mil ciudadanos que firmaron la iniciativa 3 de 3 no pidieron que fuera un comité quien defina qué datos privados se pueden hacer públicos.

Robledo Rincón hizo énfasis en que obligar a la presentación de las tres declaraciones no es un acto de revancha o persecución, porque no se tienen que publicitar los datos de cuentas bancarias, nombres de dependientes o la situación patrimonial de la esposa o esposo, como se ha dicho.

Reconoció que el sistema nacional es un avance, pero las tres declaraciones se convirtieron en el símbolo emblemático de esta reforma.

La independiente Martha Tagle y la perredista Dolores Padierna cuestionaron que los consejeros de las empresas productivas del Estado no serán considerados como funcionarios públicos, por lo tanto sujetos a este régimen de obligaciones.

“El gol mayor es el beneficio a quienes confiesen su participación en la comisión de un delito, porque se les reducirá la sanción administrativa o penal”, criticó Tagle.

De su parte, la priista Cristina Díaz resaltó los beneficios de esta reforma. Explicó que contempla responsabilidades administrativas, no sólo para los servidores públicos, sino también para las personas físicas o morales que vulneran la ley, de modo que la corrupción se combate desde todos los frentes, sin dar lugar a la impunidad.

“Establece las conductas relativas, primero, a hechos de corrupción; segundo, a conflictos de intereses; tercero, desvío de funciones; cuarto, enriquecimiento ilícito. Además, brinda la oportunidad a la ciudadanía de participar activamente en el combate a la corrupción a través de la denuncia en completa confidencialidad”, expuso.

En tanto, el ecologista Pablo Escudero rechazó acusaciones de que se trate de una reforma “light” al detallar que se incluyeron temas como sanciones a los “moches”.

“Se ha dicho en esta tribuna que no teníamos un tipo administrativo para los moches o para la adquisición de los muebles a un precio inferior. En el artículo 52 dice que incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener por si o a través de terceros con motivo de sus funciones cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público que podría existir en dinero, en valores, en bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación de precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado, donaciones, servicios, empleos y de más beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles, o para terceros con los que se tenga relación profesional”.

Presumió que en el tema de la Ley 3 de 3, organizaciones como Fundar, Transparencia Mexicana, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, México contra la Corrupción, México Evalúa, Red por la Rendición de Cuentas y especialistas como Max Kaiser, Juan Pardinas, Pedro Salazar, José Roldan, entre otros, analizaron punto por punto los 30 reactivos que dictaminó la Comisión Anticorrupción.

“Y todas esas organizaciones han manifestado estar de acuerdo, en 29 puntos y nos han señalado uno, en ese momento, que era correspondiente a declaraciones patrimoniales, 29 puntos, avalando con una redacción, diciendo que avalaban estos cinco instrumentos”.