Con 117 votos a favor y una abstención fue aprobado el proyecto de ley que elimina privilegios eclesiásticos, por lo que la iniciativa continuará su tramitación en el Senado.

El proyecto introduce modificaciones en el Código de Procedimiento Civil, ya que, del artículo 361, en el N°1, se suprime la oración “el Arzobispo y los Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores, los Vicarios y Provicarios Capituales; y los Párrocos, dentro del territorio de la parroquia a su cargo”. También elimina el N°3.

Además suprime, en el N°1 del artículo 389 la siguiente oración: “el Arzobispo y los Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores, los Vicarios y Provicarios Capituales”.

El diputado René Saffirio, principal impulsor de este proyecto, dijo que “no nos parece razonable que en el Chile del siglo XXI aún subsista un privilegio procesal de esta naturaleza, en favor de las autoridades eclesiásticas, ya que no ejercen ningún tipo de función pública. Se trata de una norma que viene desde los tiempos en que no existía separación entre la Iglesia y el Estado, pero que en la actualidad no solo es anacrónica, sino que además no corresponde en un Estado laico”.

“Los legisladores debemos moldear un ordenamiento jurídico coherente y armónico, y también depurarlo de toda norma o institución anacrónica, y que constituya un resabio de prerrogativas indebidas en una sociedad democrática. En un Estado de Derecho del siglo XXI, debemos consolidar una función jurisdiccional que no sólo se ejerza con pleno respeto a las garantías fundamentales de los ciudadanos, sino que también con mayor igualdad y sin privilegios o fueros procesales para ningún sector determinado”, agregó.

Terminada la votación, Saffirio introdujo un nuevo proyecto de ley, que busca modificar el Código de Procedimiento Civil para eliminar Privilegios Procesales, esta vez de las autoridades del poder legislativo, ejecutivo, judicial y alcaldes.

Este nuevo proyecto afectará a senadores, diputados, subsecretarios, delegados presidenciales regionales y provinciales, alcaldes, jefes superiores de servicio, miembros de la Corte Suprema o Cortes de Apelaciones, fiscales judiciales, jueces letrados, fiscal nacional y regionales, oficiales generales activos o en retiro, oficiales superiores y oficiales en jefe.