Los supermercados no solo están subiendo los precios durante la pandemia de coronavirus. También están retirando productos frescos de los lineales y engañando en el etiquetado por toda la Unión Europea (UE), entre otras prácticas comerciales desleales, según han denunciado agricultores y cooperativas agrícolas europeos.

En concreto, en el informe ‘El impacto del COVID19 en los sectores agrícola, forestal y pesquero’ elaborado por agricultores y cooperativas agrarias de la UE agrupados en el COPA y la COGECA, denuncian prácticas comerciales desleales “a lo largo y ancho de la UE” tales como “cambios unilaterales a los contratos, alegando circunstancias de fuerza mayor”; cambios unilaterales de los precios impuestos a los proveedores, especialmente en el caso de los productos frescos perecederos, mientras que el precio al consumo permanece intacto; la retirada de líneas de productos frescos de las tiendas, decidida de forma unilateral, y el consiguiente rechazo de las entregas de dichos productos; el uso de etiquetado de origen engañoso (por ejemplo: declarar el cordero de origen neozelandés como origen “UE”); o la imposición de sanciones contractuales en casos de que el proveedor no entregue los volúmenes acordados, cuando la causa se escapa de su control directo”.

Por todo lo cual el sindicalismo agrícola europeo insta a la Comisión Europea (CE) a incitar a los estados miembros a operar una transposición y una aplicación apropiadas y fluidas de la directiva de la UE para combatir estas prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agroalimentario.

Como ya publicó recientemente ‘FemeninoRural.com’, seis grupos se guisan y se comen el sector de la alimentación en el Estado español: Mercadona, Carrefour, Día, Eroski, Lidl y Auchan. Juntos suponen un 54,4% del volumen de ventas a nivel estatal, según denunciaron en su día organizaciones agrarias.

El 82,8% de los consumidores ha detectado subidas de precios en el estado de alarma, según Facua

Las subidas de precios en los supermercados desde que se desató la pandemia es algo que están notando los usuarios. El 82,8% de los consumidores ha detectado subidas de precios en las cadenas de supermercados durante el estado de alarma, según ha denunciado Facua-Consumidores en Acción a partir de un sondeo en el que han participado más de 10.000 personas. El 19,2% de los consumidores aprecia que las subidas se han dado en la mitad de los productos que adquieren en los supermercados donde compran y el 48,2% cree que se han producido en la mayoría.

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos también señala que a raíz del estado de alarma se han modificado los hábitos de consumo alimentario de los españoles, –primando, por ejemplo, ciertos productos procesados– y haciendo prevaler la gran distribución en detrimento de muchos mercados locales al aire libre que han tenido que cerrar por las restricciones sanitarias impuestas por el Gobierno, pese a las continuas demandas de organizaciones miembros de la Unión de Uniones en diferentes territorios.

Por este motivo, Unión de Uniones pide apoyos de las administraciones para que se reorienten las producciones y se busquen nuevos canales de comercialización, así como que se permitan los mercados locales al aire libre con las mismas garantías sanitarias que los supermercados.

“En este momento seguramente muchos lo estamos pasando muy mal por unas u otras razones” señalan desde la organización. “Lo cierto es que dentro de la cadena alimentaria algunos están viendo aumentar sus ventas de manera importante porque el coronavirus les ha barrido la competencia y el diferencial de precios entre lo que nos pagan a los agricultores y ganaderos sigue siendo abusivo para ambos”, añaden.

“El consumidor paga un 7% más por su cesta de la compra respecto a 2015 y este incremento no lo han percibido los productores”

Pero estas subidas de precios vienen de atrás. La Unión de Uniones destaca “el notable incremento de la brecha que se ha producido entre los precios pagados por los consumidores y los precios percibidos por los productores durante los últimos años a nivel estatal, sobre todo en determinados productos como el aceite, las leguminosas o los cítricos”.

Unión de Uniones, de acuerdo con los datos de Eurostat, resalta que en febrero de 2020, “el consumidor paga un 7,1% más por su cesta de la compra respecto a 2015 y este incremento no lo han percibido los productores”. Por productos, según los datos del MAPA, el aceite de oliva, las leguminosas y los cítricos son de los que perciben los precios más bajos, situándose en 2019 un 30%, 12% y 11% por debajo respectivamente respecto a los que percibían en 2015.

En este sentido, la organización insiste en que esta gran brecha no está justificada por motivos de mercado y considera que sólo es una señal del poder que tiene la industria y la distribución a lo largo de la cadena. “La brecha de precios es un claro indicador de que los instrumentos hasta ahora utilizados para mejorar la posición de los productores y consumidores no ha valido de nada” declaran desde Unión de Uniones.

La organización ya ha trasladado a los distintos partidos políticos sus propuestas de enmiendas en relación a la modificaciones que se harán en la Ley 12/2013 sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria. Asimismo, considera que en el marco del Plan Estratégico de la futura PAC debe contemplarse como indicador la brecha de precios entre consumidor y productor, en concreto, dentro del marco de seguimiento y evaluación del objetivo 3 sobre cadena alimentaria.

Olivareros: “Los especuladores se están beneficiando de esta situación”

Un ejemplo de producto que sigue provocando las denuncias de los agricultores es el aceite de oliva, sector que prendió la mecha de las recientes protestas del campo. Desde que comenzó el estado de alarma, el consumo de aceite de oliva se ha incrementado en los hogares españoles, algo de lo que se están aprovechando los buitres de Deoleo, que se dispararon un 78% en Bolsa el pasado 20 de abril tras volver a los beneficios -de 4,5 millones de euros- después de seis años. No así los productores, que siguen sufriendo unos precios en origen que no les permiten cubrir los costes de producción.

Concretamente, el consumo de aceite de oliva en los hogares de España ha subido de media más de un 25,5% en el último mes (+97,7% la primera semana de confinamiento; +13,6% la segunda semana; +13,3% la tercera; +1,6% la cuarta; y -1% la quinta), con respecto al mismo periodo de 2019, motivado por la mayor compra en los domicilios ante la pandemia del Covid-19 y el estado de alarma. El responsable de la Sectorial de Aceite de UPA y secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, critica que “la única razón de que los olivareros continuemos con unos precios en origen de ruina hay que buscarla en los especuladores, que son los que se están beneficiando de esta situación”.

Por eso, Cristóbal Cano reivindica la aplicación real de la renovada Ley de la Cadena Alimentaria. Porque hasta el momento, y a pesar del aumento del consumo de aceite a nivel nacional, “los precios que recibimos los olivareros se encuentran en los 2,14 euros por kilo de virgen extra. Seguimos perdiendo dinero porque no se cubren, ni por asomo, los costes de producción, cifrados por algunos informes, entre ellos los del Ministerio de Agricultura y del Consejo Oleícola Internacional, en 2,70 euros por kilo de aceite en el olivar tradicional que es el mayoritario en nuestro país”, informa.

Por último, Cristóbal Cano lanza una petición al Ministerio para que ponga en marcha, ya, el observatorio de precios que se incluye en la normativa, y reclama un cambio de tendencia en el sector olivarero. “Día a día se demuestra que tenemos un mercado que sigue vivo. Se sigue exportando aceite, se sigue consumiendo aceite, incluso hemos recuperado terreno perdido a nivel nacional. El aceite de oliva está cada vez más reconocido como una de las mejores grasas vegetales que se puede consumir. Y, sin embargo, los precios en origen continúan hundidos. Porque es perfectamente posible que, con lo que actualmente paga el consumidor, con un reparto justo y equitativo para todos los eslabones de la cadena, podamos seguir los olivareros al frente de nuestras explotaciones”, concluye.

Otra organización agraria, Asaja, también denuncia desde Salamanca “la especulación de algunos agentes de la cadena agroalimentaria que, con su forma de actuar, pretenden hundir los precios de ciertas cotizaciones”. En concreto, en los sectores del ibérico y el vacuno de carne. Desde Asaja advierten incluso que “muchos industriales pretenden comprar a precios de crisis productos frescos como jamones y paletas que en aproximadamente dos años venderán a su precio habitual, por lo que multiplicarán sus beneficios mientras el ganadero ve cómo se pone en peligro la viabilidad de su explotación”.

Ante esta situación, Asaja Salamanca advierte de que “estas prácticas provocarán picos de sierra en precios y producciones que no serán beneficiosos para ninguno de los agentes de la cadena agroalimentaria”. Por lo que solicita al Gobierno que “persiga y sancione las prácticas desleales como medida de defensa del sector primario que, en esta situación de crisis sanitaria, sigue siendo imprescindible para la población”.