El Tribunal Ciudadano de Justicia (TCJ), colectivo perteneciente al 15M y surgido raíz de las movilizaciones de mayo del 2011, inicia una campaña de difusión y recaudación para recurrir ante el Tribunal Supremo el archivo de la querella contra 24 directivos de Caja Madrid. La demanda, que había sido presentada ante la Audiencia Nacional, admitida y posteriormente archivada, acusa a los directivos de delitos de estafa, administración desleal y asociación ilícita. Entre los querellados se encuentran el expresidente de la entidad, Miguel Blesa, y el vicepresidente y vocal en el consejo de administración, José Antonio Morán Santín, nombrado por PP, PSOE e IU, de cuya formación fue suspendido de militancia en 2012.

El Tribunal Ciudadano de Justicia inició ayer una campaña de difusión en redes sociales bajo el haghstag #Querella15M y busca financiación para hacer frente a los costes del recurso ante el Tribunal Supremo. "En una primera fase, queremos llegar a la opinión pública para que tengan en la memoria todo lo que supone este caso, para que la gente conozca el proyecto y se involucre en este recurso de casación que presentamos ante el Tribunal Supremo", relata a cuartopoder.es uno de los portavoces del TCJ, José Luis Noriega. La querella fue archivada por la Audiencia Nacional el pasado mes de julio tras un proceso cerca de tres años.

Y es que esta lucha del Tribunal Ciudadano de Justicia tiene ya historia. La querella fue presentada ante la Audiencia Nacional en noviembre de 2013 por delitos de estafa, administración desleal y asociación ilícita. En ella, este colectivo argumentaba que "los miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid orquestaron y tramaron la concesión de una cantidad desorbitada de créditos hipotecarios por importe de 53.208 millones de euros, según la inspección del Banco de España del 20 de julio de 2009". "Esta ingente cantidad permitió a los gestores inflar sus altísimas retribuciones, que quedaron fijadas en función del volumen de negocio de la entidad, aún en el caso de pérdidas de la Caja, y generaron un agujero de millones de euros", insistía la querella. En ella se explica además que "el importe de los préstamos hipotecarios concedidos por Caja Madrid es superior al precio de compraventa en una media del 156%" y que "el importe concedido en la inmensa mayoría de los préstamos es superior, de media, al 96% de la tasación realizada, llegando al 99% en los años 2006 y 2007". La empresa tasadora, TasaMadrid, pertenece al grupo Caja Madrid, "incumpliendo la normativa que exigía la independencia entre prestamista y tasadora", argumentaba la querella. A pesar de que el Banco de España alertaba ya en 2009 del alto índice de préstamos concedidos sin control, no se tomó ninguna medida al respecto.

El 30 de marzo de 2016 el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional admitió la querella y dio comienzo un proceso en el que la Fiscalía se opuso a la admisión a trámite desde el primer momento. "La Fiscalía puso toda serie de trabas y reconoció que la sobretasación de los inmuebles era práctica generalizada", denuncian desde el Tribunal Ciudadano de Justicia. “El hecho de que la sobrevaloración de las tasaciones pudiera haber sido en España y otros países una práctica generalizada en el período anterior al estallido de la crisis de 2008 y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria no puede, sin embargo, justificar cualquier práctica", respondió el juez instructor, De la Mata, según unos documentos aportados por el Tribunal Ciudadano de Justicia. "Esto es muy importante, porque esto demuestra que la estafa no era sólo cuestión de Caja Madrid, sino que era una práctica generalizada de toda la banca", explica a este medio Noriega.

Tras estas y otras dificultades, con la clara y constante oposición de la Fiscalía, la querella fue archivada el pasado día 19 de julio de 2016 por la Sala número 3 de lo Penal de la Audiencia Nacional. "La Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, de acuerdo con la Fiscalía y los abogados defensores de los querellados, deciden archivar la querella, ya que no aprecia indicios de delito por la sobretasación en los préstamos hipotecarios, al considerar que los 100 expedientes aportados como prueba no representan una práctica sistemática respecto del conjunto de los préstamos concedidos", denuncian desde el Tribunal Ciudadano. "En este punto, conviene señalar que los técnicos del Banco de España realizaron en los años 2009 y 2010 distintas inspecciones a Caja Madrid con un número similar de expedientes", añaden. El auto de archivo de la Sala afirma: “lo que es difícil de probar se convierte en un delito imposible”. Este argumento, para el Tribunal Ciudadano de Justicia, es "indigno de un Tribunal que pagamos todos para que defienda la ley y a la población de conductas socialmente dañinas".

Frente a esto, el Tribunal Ciudadano de Justicia sigue adelante con su lucha y recurrirá al Tribunal Supremo. "Este recurso ante el Tribunal Supremo es sólo el inicio, pues queremos demostrar y denunciar unas prácticas que involucran a todo el sistema financiero", advierten. Por estos motivos, este colectivo del 15M lanza esta campaña. "Archivaron la causa a pocos días del parón estival, por lo que tenemos sólo hasta el 19 de septiembre para presentar el recurso", alerta este portavoz.