La jueza Mónica Aguirre de la Cuesta, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, considera que la trama de presunta corrupción dentro del partido Ciudadanos, investigada en la capital de España, es de “especial complejidad”, de acuerdo al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así se lo ha hecho saber ya a las partes personadas y al Ministerio Fiscal en un auto de fecha 25 de abril que hoy publica en exclusiva Extraconfidencial.com.

La magistrada Aguirre de la Cuesta abrió hace ya meses las diligencias previas 4679/2015 para investigar la supuesta falsificación documental, suplantación de identidad y cohecho, entre otros delitos, con respecto a la portavoz de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís, realizadas presuntamente por parte de la ex secretaria de organización de la formación naranja en la capital de España, Patricia Ocaña. Esta ex alto cargo del partido liderado por Albert Rivera falsificó presuntamente el contrato de Antonio López Martínez como asesor económico del partido en Madrid y suplantó la firma y la persona de Begoña Villacís, la portavoz municipal, en una guerra interna por el control de Ciudadanos en la capital de España, donde estás involucrados el portavoz y diputado de Ciudadanos, Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, número cuatro de la formación naranja por la capital de España y uno de los responsables que Albert Rivera ha puesto en el Congreso de los Diputados para controlar su partido; junto a él, el diputado autonómico Cesar Zafra, el otro gran controlador del partido en Madrid.

El portavoz de C´s, Miguel Ángel Gutiérrez, ha sido denunciado durante la instrucción de este caso de haber sido la persona que amenazó a la ex secretaría de organización de Ciudadanos en Madrid, Patricia Ocaña, durante las primarias de esta formación para que ésta renunciara a ir en las listas electorales. Así consta en su declaración judicial del pasado día 18 de marzo ante el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid y que fue publicada por nuestro periódico.

Caso muy complejo

La decisión tomada ahora por la titular del Juzgado nº 41 de Madrid de considerar la causa como de “especial complejidad” permitirá a la magistrada Aguirre de la Cuesta disponer de 18 meses para finalizar la instrucción en lugar de los seis meses que precisa la Ley como plazo máximo para investigar una causa, todo en virtud de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija los plazos de la instrucción para las causas sencillas y complejas. Esta decisión da una idea de la magnitud y dimensión de la trama de la supuesta corrupción dentro de Ciudadanos en la capital de España.

Según fuentes de la investigación, es tan abrumador el número de pruebas documentales en todos los formatos (llamadas, documentos, correos electrónicos, WhatsApp, etc.), los oficios pedidos, las personas con cargos relevantes susceptibles de ser llamadas a declarar en la calidad que estime oportuna Su Señoría (testigos o investigados), que Aguirre de la Cuesta ha optado por esta opción, con lo que equipara, en cierta manera, esta trama de presunta corrupción en Ciudadanos a otros juicios de gran importancia a nivel nacional que implican a los grandes partidos políticos, como el Caso Gürtel en el PP o el Caso de los Eres en el PSOE.

Según las mismas fuentes, “cuando se destape toda la trama de falsificaciones y suplantaciones, alguien va a salir muy mal parado políticamente. Sería una situación difícil para el partido de Albert Rivera si recibiera algún tipo de diligencia por parte del Juzgado antes de las próximas Elecciones Generales del 26J”.

Declaración inminente

El Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid tendrá que determinar en qué fecha llama a declarar a los altos cargos de Ciudadanos. El demandante Antonio López Martínez ha pedido ya al Juzgado la aprobación de todo el abrumador aporte documental que obra ya en poder de la Justicia y que se cite, “en la calidad que estime oportuna Su Señoría”, a Begoña Villacís Sánchez, portavoz del Grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, en cuanto la veracidad o falsedad de su firma y correo electrónico en los documentos y corroborar si conocía a no la existencia del mencionado demandante.

También al concejal del grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Sergio Brabezo, para confirmar si conoce personalmente a Antonio López Martínez tras haber mantenido una conversación entre ambas partes; a Ana Domínguez Soler, concejala del grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, como supuesta propietaria del número desde el cual se dirigió al demandante para darle información acerca del proceso de su contratación como asesor de Ciudadanos; Sofía Miranda Esteban, concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid con el objeto de aclarar el contenido de las conversaciones mantenidas con López; e Iván David Prieto, asesor del grupo municipal C´s en el Ayuntamiento de Oviedo, y que está siendo investigado por un grave escándalo de corrupción en Asturias como publicó Extraconfidencial.com, para que verifique según conversación telefónica, que el secretario de organización nacional de C´s, su amigo Francisco Hervías Chirosa, sabía de la existencia de Antonio López Martínez, así como del propósito de su estancia en Madrid y la misión que iba a desempeñar dentro del Grupo C´s.

Y, fundamentalmente, a Miguel Ángel Gutiérrez para que responda de las graves acusaciones y coacciones que salieron a relucir en la declaración prestada por Patricia Ocaña Cobos en ese Juzgado con fecha de 18 marzo de 2016. Se quiere depurar de una vez todas las responsabilidades pertinentes de los altos cargos de Ciudadanos involucrados en esta trama de presunta corrupción interna dentro del partido de Albert Rivera.