







La memoria colectiva de una sociedad, la forma como se piensa y se ve a sí misma, va de la mano de las herramientas para, justo, verse: los archivos, los testimonios y los recuentos son parte de un entramado de mecanismos que nos permiten explicarnos quiénes somos, qué buscamos ser y cómo esperamos ser en el futuro.

Esta memoria colectiva puede fracturarse: guerras civiles, violencia desatada, crímenes de Estado… los traumas que afectan y rompen a una comunidad se vuelven espacios en blanco por el trauma mismo, pero, también, por las políticas que, desde ese mismo Estado, buscan dejar intacto ese vacío. Sin embargo, es necesario rellenarlo, confrontar el impacto y el crimen para reconstruir una comunidad devastada, una sociedad quebrada y una memoria desarticulada, como escribe el Centro de Memoria Histórica de Guatemala, en su reporte Guatemala. Memoria del silencio:

“a pesar del choque que puede sufrir la nación al mirarse en el espejo de su pasado, es necesario conocer y hacer pública la verdad. Esperaban que la verdad condujera a la reconciliación, aún más, que hacer frente a la verdad es camino indispensable para conseguir este objetivo.” (Vía: Memoria…)

Los archivos históricos son una herramienta central para entender cómo se construye la violencia y el genocidio, cómo se argumenta y estructura el lenguaje y la representación de la guerra hoy, en un momento como éste, en el que se están cumpliendo diez años de una guerra (que resultó no serlo, pero que los archivos confirman que así se le nombró), que un general del ejército sin control civil alguno puede exigir un “marco jurídico” para normalizar una violencia que no es normal, que, de revisar los archivos, es síntoma y dèja vú de un poder que podría correr desatado.

La Ley General de Archivos que actualmente se discute en el Senado de la República forma parte de una reforma constitucional que comenzó en 2012: las leyes generales de datos personales y de archivos buscaban responder cómo es que el Estado va a procesar, documentar y archivar los datos de sus ciudadanos, y cómo va a proteger esos mismos datos mientras que sigan siendo información sensible. (Vía: El Universal)

Y, es cierto, actualmente el Archivo General de la Nación (AGN) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) requieren reformas urgentes, desde presupuestos que les permitan operar a todo su potencial, como reorganizar sus funciones y su trabajo cotidiano. El problema es que estas reformas permitieron que, en el AGN, los archivos empezaran a ser clasificados como “históricos confidenciales”, “públicos con contenido sensible” y otras categorías que impedían a investigadores y usuarios en general acercarse a estos documentos. (Vía: Animal Político)

La propuesta que se planteará en el pleno del Senado busca darle el control de los archivos históricos de la nación no a un grupo de especialistas, sino a la Secretaría de Gobernación, con un titular de comisión elegido por el presidente y, además, indica que los archivos serán “revalorados” a lo largo de los dos años que sigan, una vez aprobada la ley. Si bien toda la propuesta es preocupante para investigadores y defensores del derecho a la información, este último apartado es el que ha levantado más alerta, pues podría ser una oportunidad para una lectura y manipulación política del archivo histórico, algo a lo que ya se han enfrentado quienes investigan temas como la Guerra Sucia o la corrupción estatal, como reporta David Mora Vera:

Periódicos de los años setenta con rostros tachados, actas judiciales de inicios del siglo XIX con nombres suprimidos, reportes y oficios de policía secreta testados… algunos ejemplos de la política de censura de archivos históricos que en los últimos días historiadores, historiadoras y archivistas han difundido en redes sociales. Todos son reclamos completamente legítimos. Desde la publicación de la Ley Federal de Archivos en 2012, a esta comunidad se le ha negado paulatinamente la condición más elemental de su oficio: la consulta en vivo y en directo de las versiones íntegras y originales de los documentos históricos alojados en diversos archivos del país. (Vía: Animal Político)

Frente a este intento de censura política de la memoria colectiva, cientos de investigadores han presentado un oficio al Congreso de la Unión: no es posible negar que el AGN y otros archivos estatales, municipales y de diversas dependencias federales, requieren reformas en sus marcos legales, requieren, también, apoyo económico (en el presupuesto de 2017, el AGN sufrió un recorte del 87%) y una coordinación clara con el INAI y con las diversas comisiones de la verdad que, hoy, están trabajando por aclarar crímenes de Estado como la noche de Iguala, Acteal, Tlatelolco, Aguas Blancas, la Guerra Sucia completa… (Vía: Animal Político)

Una vez que, en varios países latinoamericanos, regresara el proceso democrático después del terror de las dictaduras de juntas militares o guerras civiles, fue urgente resarcir la memoria colectiva: para que los actos de violencia y la muerte no quedaran en crímenes “gratuitos” y para confrontar a la sociedad con esa misma violencia de la que fue capaz, fueron necesarios los archivos históricos, fue necesaria una investigación en y por entre miles de documentos a los que las Comisiones de la Verdad y de la Memoria pudieron tener acceso para, antes aun de juzgar a los culpables, la sociedad pudiera volver a verse a los ojos.

El “Palacio negro” de Lecumberri fue una de las prisiones más terribles durante el esplendor del priísmo en las décadas del cincuenta y el sesenta y, en un acto no sólo simbólico sino plenamente significativo, se convirtió en el resguardo del Archivo General de la Nación: donde antes aquellos que el Estado buscaba que fueran olvidados, ahora alberga los mecanismos para traer esos mismos nombres a la memoria. Tal como está siendo propuesta la Ley General de Archivos, esos nombres podrían volver a perderse en el olvido y el silencio.