Los reclamos de los senadores oficialistas y de los empresarios de cooperativas de telefonía y de TV por cable serán escuchados y el proyecto de ley de telecomunicaciones del Poder Ejecutivo sufrirá importantes modificaciones antes de su debate en el recinto del Senado, previsto para el miércoles de la semana próxima.

Uno de los cambios más importantes será la prohibición a las compañías telefónicas de ofrecer televisión satelital directa. La medida favorecerá a las pequeñas operadoras del interior, pero también le permitirá a DirecTV mantener la exclusividad del servicio.

También se espera la inclusión de un mecanismo de gradualidad para la apertura de las redes domiciliarias. En las conversaciones que los senadores mantienen con el Gobierno todavía se discuten los parámetros (número de abonados, de habitantes, un cronograma a cinco años) que se utilizarán para evitar que las telefónicas tengan acceso a redes ajenas en el interior del país.

La introducción de cambios fue confirmada por Liliana Fellner (FpV-Jujuy), presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, ámbito en el que desde hace dos semanas senadores, especialistas y empresarios vienen advirtiendo del impacto negativo que tendrá el proyecto para las pymes y cooperativas del interior del país el ingreso de las grandes telefónicas (Telecom y Telefónica de Argentina) sin restricciones a las redes de fibra óptica y de cable desarrolladas por esas empresas.

Fellner confirmó los cambios ante una nueva ronda de reclamos que pequeños operadores de telefonía y TV por cable lanzaron ayer durante una reunión en el Senado con legisladores integrantes de la Red Nacional de Parlamentarios Cooperativistas.

En un ambiente de amplio consenso con la necesidad de modernizar el marco regulatorio de las denominadas tecnologías de la información y la comunicación, los empresarios volvieron a machacar con su temor a sucumbir ante el poder de las empresas más poderosas del sector.

"Nos preocupa la posibilidad de que las grandes telefónicas usen las redes de las cooperativas y mucho más aún la instalación de TV directa por satélite en los hogares", planteó Luis Costanzo, de una cooperativa de Cutral-Có (Neuquén).

Por su parte, Raúl Parodi, ingeniero en telecomunicaciones que acompañó a la delegación de la Federación de Cooperativas Telefónicas (Fecotel), pidió tener en cuenta "el timing para la apertura de las redes, para no terminar en medio de la selva y víctimas del león". Se refirió así a las telefónicas que, dijo, "tienen una capacidad predatoria que puede destruir a todas las cooperativas".

El reclamo de los empresarios encontró eco en la senadora ultraoficialista María Esther Labado (Santa Cruz). "Es necesaria la reforma de la ley (por el proyecto), porque el Frente para la Victoria de Santa Cruz lo que ha buscado siempre ha sido incluir, y no excluir", afirmó.

Ante los pedidos, Fellner destacó el "paso fundamental" que implica el proyecto en la democratización de las comunicaciones, pero también admitió que en las audiencias se escucharon "muchas voces que alertaron de que esto (por el proyecto) no estaba bien redactado".

"Tema estructural"

Ahí fue cuando confirmó la prohibición a las telefónicas de ofrecer TV satelital. "Es un tema estructural y estamos totalmente de acuerdo en que no podemos permitir que tengan servicio de TV directa por satélite al hogar", dijo Fellner.

Sobre la apertura de redes, la senadora dijo a LA NACION que se encuentra trabajando con el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, "en los parámetros que se usarán para establecer un sistema de gradualidad".

No obstante, Fellner rechazó el pedido para que se diera marcha atrás con la eliminación de la larga distancia en las comunicaciones telefónicas, pero dijo que también se trabaja en volver a la declaración de servicio público de la telefonía fija (que el proyecto elimina al derogar la ley vigente) y en la introducción en el proyecto de una definición más clara del concepto de neutralidad de la red.

El texto definitivo se conocerá mañana, a las 9.30, cuando el oficialismo tiene decidido firmar dictamen al proyecto.