La Generalitat tiene un plan y así se lo ha hecho saber al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. En esencia, se trata de crear un consorcio que aúne la gestión de todas la autopistas de peaje catalanas, tanto las que dependen de una concesión de la Administración catalana —Terrassa-Manresa, por ejemplo— como las de concesión estatal —la AP-7—. La gestión conjunta de las concesiones sería para desplegar la denominada 'euroviñeta', un modelo que supondría que los catalanes pagarían unos 80 euros al año por acceder a todas las vías rápidas catalanas. Sería una prueba piloto en Cataluña con el objetivo de extender el modelo en pocos meses al resto de España.

Este modelo, que la Generalitat ya casi ha consensuado en un grupo de trabajo en el que participan empresas concesionarias, agentes sociales y administraciones locales, debería ponerse en marcha antes de 2018, cuando acaba la concesión de la AP-1, la autopista entre Burgos y el País Vasco. Así se lo ha comunicado al ministro su homólogo catalán, el 'conseller' de Territori y Sostenibilidad, Josep Rull, según han explicado fuentes del sector.

De la Serna ha recibido la propuesta con escepticismo, si bien tampoco se ha negado en redondo. Íñigo de la Serna heredó el problema de los peajes de su predecesora, la actual presidenta del Congreso, Ana Pastor; la cual abogaba por que las concesiones vencieran y convertir las autopistas en gratuitas a medida que el calendario de las concesiones fuera finalizando.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. (EFE)

El enfoque de la Generalitat es diferente. Plantea el modelo de la UE de la denominada euroviñeta: un sistema de pago por uso en función de los tipos de vehículos que sirve para mantener las autopistas sin coste para los Presupuestos y supone un impacto económico para los usuarios mucho menor. En la práctica, lo que propone la Generalitat es que Cataluña sirva primero de prueba piloto y el sistema se aplique de manera extensiva y posterior al resto de España en pocos meses. Y, sobre todo, antes de que venza la AP-1 de Burgos.

Las reticencias de De la Serna no son solo técnicas, también políticas. La euroviñeta sería más barata para los catalanes pero más cara para los usuarios del resto de España. Lo mismo pasaría, pero al revés, con el resto de autopistas del territorio español cuando el modelo se generalizase para todo el sistema viario.

La Generalitat ha intentado conseguir apoyo social a esta iniciativa. Pero ya han surgido algunas voces discrepantes. La primera, la de Salvador Alemany, presidente de Abertis, que en unas declaraciones en Catalunya Ràdio apuntó: “ [Esta idea] tiene muchas dificultades y yo estoy más a favor, obviamente, de la distancia recorrida. Es la alternativa europea a la euroviñeta y está orientada a la sostenibilidad, y creo que debe ser el sistema. Nosotros en eso podríamos llegar a ser neutrales; ahora, técnicamente, todavía se tiene que trabajar mucho ".

La importancia del precedente

Las prisas de la Generalitat se deben a la importancia del precedente en este caso y los agravios comparativos entre territorios. Por eso, por ejemplo, es tan determinante el final de la concesión de la AP-1 de Burgos. Si esa concesión vence y la autopista de Burgos acaba siendo gratuita, no se podrá aplicar ningún sistema de pago por uso cuando al año siguiente, en 2019, venza la AP-7 entre Tarragona y Alicante, y en 2021 entre Tarragona y la frontera francesa. Será imposible defenderlo políticamente gobierne quien gobierne.

La ventaja del nuevo modelo es homologar: evitar nuevos agravios territoriales o entre las diferentes administraciones concesionarias de las vías

La Generalitat teme dos cosas: el colapso de una vía como la AP-7 cuando se convierta en gratuita y el coste de mantener una infraestructura como esta —más de 650 kilómetros— en su actual estado. Pero todo esto será inevitable si la AP-1 termina siendo de libre acceso.

Además, el tramo de la AP-7 que vence primero será el que une Tarragona con Alicante, por tanto hace falta un política de Estado de autopistas para no iniciar un agravio interterritorial, en este caso entre Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Problema Cataluña-España

Por el mismo criterio, la Generalitat, cuyas autopistas tienen vencimientos más tardíos, se vería en la misma tesitura pero esta vez en comparación con la AP-7. Esta autopista vencería y se convertiría en gratuita mientras que en las otorgadas por la propia Generalitat los catalanes seguirían abonando un peaje. Un dilema político que resultaría difícilmente sostenible en una cuestión que, además, despierta muchísima sensibilidad entre los catalanes.

Autopista AP-1.

Para evitar agravios entre territorios o entre administraciones concesionarias, la Generalitat pretende que el ministro asuma su modelo. En pocas palabras, que se imponga un mismo esquema de gestión de autopistas para toda España, de manera que se desactive lo que puede ser una bomba de relojería de alta tensión política.

Pero ese no es el único peligro latente. También está el presupuestario. España es el país europeo con más vías rápidas. Por tanto, el impacto en sus cuentas públicas del mantenimiento de toda esta red sería enorme. El nuevo sistema sería también una salida a esta crisis que se está larvando en este momento.