Los medios públicos catalanes han faltado al deber de imparcialidad y servicio público al que están obligados. TV-3 y Catalunya Ràdio han sido utilizados como instrumento de propaganda de las tesis independentistas, y su programación ha contribuido a una visión sesgada de la realidad. La absoluta falta de pluralidad se ha traducido en un peso desproporcionado de representantes de las tesis separatistas en los debates, dejando siempre en minoría a quienes están en contra del procés. A la hora de seleccionar los asuntos a tratar, se ha dado prioridad a los intereses de la agenda independentista, ignorando otros asuntos que podían interesar a los ciudadanos. Una buena parte del sesgo ha consistido en endosar la causa de cualquier aspecto negativo a España.

Como hemos sostenido otras veces con relación a TVE, la radio y la televisión públicas no deben ser un apéndice del Gobierno, ni actuar como correa de transmisión del partido en el poder. Los medios públicos catalanes han sufrido periodos de partidismo extremo y no es casualidad que una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Artur Mas al volver a la Generalitat fuera revertir las reformas emprendidas por el Gobierno tripartito para evitar el control gubernamental de los medios públicos, algo similar a lo que hizo Mariano Rajoy respecto de la reforma aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Ahora, el control de los medios públicos catalanes está en manos de la mayoría parlamentaria, y el resultado ha quedado en evidencia con el nombramiento del actual director de TV-3, un militante de la causa independentista en cuyo nombramiento han pesado más sus posiciones ideológicas que las razones profesionales.

TV-3 no solo es una televisión partidista. Es una televisión al servicio de una causa. Las noticias sobre el procés no solo monopolizan los informativos, sino que toda la programación está marcada por la dialéctica ellos/nosotros, donde todo lo relativo a ellos suele ser negativo, y todo lo relativo a nosotros, positivo. Este planteamiento impregna desde los espacios infantiles hasta los de humor, en los que los soberanistas suelen ser ridiculizados de forma amable, y los españolistas, de forma degradante. El espíritu militante ha llegado hasta el extremo de suspender el programa satírico Polònia por el encarcelamiento de varios miembros del Gobierno, alegando que ese día no tenían ganas de reír. La programación de TV-3 busca fijar unos parámetros de interpretación de la realidad favorables al independentismo; de ahí la resolución de la Junta Electoral para que deje de referirse a Carles Puigdemont como “presidente en el exilio”, obviando que está cesado y ha huido para eludir la justicia.

En la aplicación del artículo 155 de la Constitución se barajó la posibilidad de intervenir los medios públicos. No se hizo porque no hubo consenso y por no dar pie a acusaciones de querer cercenar la libertad de expresión. Cataluña afronta ahora unas elecciones cruciales, para ella y para la democracia española. Es extremadamente importante que los medios públicos respeten la pluralidad de la sociedad catalana. Esperamos una cobertura exquisitamente neutral de la campaña electoral. Por el bien de la sociedad y por su propio bien, pues de ello dependerá su futuro.

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