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Así surge de un estudio elaborado por los economistas, José Gasparin, Jimena Rubio, Gonzalo Dieguez y Lucía Aruanno en el que se consigna que:

La estructura de la Administración Pública Nacional central creció un 3% entre 2015 y 2019.

El porcentaje de directores nacionales y generales designados de manera transitoria se incrementó de 87% a 91% entre 2015 y 2019.

La proporción de directores nacionales y generales exceptuados de requisitos disminuyó pero todavía se mantiene en niveles altos: de 84% en 2015 a 77% en 2019.

Si bien el número de llamados a concurso para funciones ejecutivas se incrementó significativamente respecto al período de gobierno anterior, representan sólo el 5% del total del espacio directivo.

Durante el primer año de gestión del gobierno que asumió en diciembre de 2015, la administración creció en sus distintos niveles: ministerios (de 18 a 23), secretarías (de 69 a 85), subsecretarías (de 165 a 204), direcciones nacionales (de 290 a 398) y direcciones generales (de 127 a 144).

El gabinete del Poder Ejecutivo nacional alcanzó su máximo histórico desde el regreso a la democracia y se ubicó entre los gabinetes más grandes de América Latina.

En septiembre del 2018 eliminó 10 ministerios.

Entre 2015 y 2017 la estructura organizacional de la APN central creció un 32%, para luego volver a reducirse un 22% entre 2017 y 2019.

Precariedad

Si bien el gobierno de Cambiemos enarbola como uno de sus logros la desburocratización del Estado, el estudio de CIPPEC arroja que simplificar trámites no significó reducción de estructuras. Por el contrario, “hubo una expansión del tamaño de la administración pública central acompañado de un fuerte recambio en los cargos directivos”, sostiene el documento.

El estudio también advierte sobre la precariedad en materia laboral en el Estado ya que “solo el 24% de los funcionarios políticos (secretarios y subsecretarios) y el 17% de los funcionarios técnicos (directores nacionales y generales) se mantuvieron en sus rangos durante los cuatro años de gestión”.

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Esta situación provoca -se señala- la imposibilidad de fijar políticas públicas de mediano plazo afectando de manera particular áreas clave como Educación o Salud.

“La baja permanencia de los funcionarios técnicos muestra que faltaron políticas de profesionalización, como procesos meritocráticos de selección y de trayectoria profesional con cierta independencia de los vaivenes políticos”, sostiene Gonzalo Diéguez, director de Gestión Pública de CIPPEC y coautor del documento.

“El país necesita una estructura estatal relativamente estable y coordinada que sea reflejo de una visión estratégica de largo plazo sobre las prioridades de políticas públicas necesarias para un desarrollo sostenible y un espacio directivo profesional con cierta autonomía de la discrecionalidad política”, enfatiza el director de Gestión Pública de CIPPEC.

“La buena noticia es que el sector público nacional cuenta con más y mejor información para una transición ordenada de la administración gubernamental”, asevera Diéguez.

Déficit

El gasto público de la administración pública nacional se contrajo: pasó de ser el 24% del PBI en 2015 a representar el 21% del PBI en 2019. Sin embargo, la estructura organizacional de la Administración Pública Nacional central creció levemente, un 3%, entre 2015 y 2019.

Mientras los ingresos de la Administración Pública Nacional disminuyeron a un ritmo promedio del 5% en términos reales, los gastos lo hicieron al 2%, deteriorando así el resultado fiscal para el período 2015-2018.

Una gran proporción del gasto público es las erogaciones principalmente jubilaciones y pensiones que representan el 60%.

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En tanto los servicios de la deuda pública representan el 22%, y el 18% restante está compuesto por las transferencias corrientes a universidades y los salarios. Esta situación provoca una alta proporción de rigidez en el gasto público.

Por lo tanto, cualquier ajuste del gasto va a demandar un trabajo muy “preciso de administración y gerenciamiento de las obligaciones contraídas por el Estado nacional”, señala el trabajo de CIPPEC.

Sin embargo, también “será necesario generar un marco de recuperación de la actividad económica para relajar restricciones y reordenar las cuentas estatales, explica José Gasparin, investigador de Gestión Pública de CIPPEC.

El resultado fiscal pasó de -3,7% en 2015 al -5,6% en 2018 y rondaría el -4% del PBI en 2019, y expone “la dificultad de reordenar las cuentas públicas” afirman los economistas.

Esto se explica, en parte, por el deterioro de los ingresos al arca del Estado, por la reducción de impuestos, la devolución a las provincias de los fondos que financiaban ANSES, así como también por los bajos niveles de actividad económica.

Los cambios fiscales implicaron un cambio en los gastos públicos, por ejemplo, los subsidios disminuyeron pasando a representar del 21% al 10% del gasto total. La contracara es que el peso de los servicios de la deuda aumento del 8% al 18% del total de erogaciones entre 2015 y 2019.