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El abogado Ben Emmerson, el mismo que aseguró que el 11 de septiembre del 2019 Cataluña ya sería una república, reclama "una investigación exhaustiva e independiente" e impulsar "una moción de censura" contra España en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debido a "claras violaciones de los principios fundamentales".

Emmerson, defensor del líder de ERC, Oriol Junqueras; del expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha dirigido un escrito en estos términos al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.

El Gobierno responde

Este grupo de trabajo es el mismo que calificó de "arbitraria" la privación de libertad de los tres líderes independentistas y reclamó su excarcelación, lo que llevó al Gobierno de España a remitir una carta a la Alta Comisionada de la ONU para expresar su malestar e instarla a revisar ese documento por considerar que contiene "errores y distorsiones".

Además, España considera que "hay un conflicto de intereses" entre dos de los cinco miembros del grupo de trabajo --cuya inhabilitación pidió formalmente-- y el abogado británico, quien formó parte de otros órganos similares de derechos humanos de la ONU en los que trabajó con ambos en al menos dos causas.

Emmerson: "Reprimenda formal al Gobierno de España"

Ello también lo rebatió Emmerson, que calificó de "infundadas" las alegaciones presentadas por el Gobierno y "una cortina de humo" para "restar valor" a la labor desempeñada por ese grupo. Se trata, a su juicio, de "un abuso extraordinario de los mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas que exige una acción inmediata en forma de una reprimenda formal al Gobierno de España".

Este es un "ultraje" a la ONU que, sostiene Emmerson, debe ser llevado "inmediatamente" al Relator Especial sobre la independencia de los jueces y abogados y al Relator Especial sobre la protección de los defensores de los derechos humanos además de ser inevitablemente "rechazado lo más rápidamente posible".

"Grave corrupción política"

"La conducta de España es una afrenta directa al supuesto de buena fe que está destinado a sustentar la labor del propio Consejo de Derechos Humanos", señala el texto, que tilda los hechos de "un acto de grave corrupción política". Así, el letrado pide al grupo de trabajo que haga llegar su carta al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, al Relator Especial sobre la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos y a la presidencia del Consejo de Derechos Humanos.

Reclama, asimismo, que se publique ya el informe sobre los casos de otros independentistas presos, en concreto de Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa.