En un gesto de evidente significado, Meritxell Batet estrenó ayer su cargo como ministra en Barcelona. Una escenificación que disuelve dudas sobre su papel como interlocutora con Cataluña y que afianzó con una oferta de mano tendida a la Generalitat y varias promesas para «acabar con la crisis». La titular de Política Territorial y Función Pública fue ambiciosa en ese aspecto: abrió la puerta a recuperar artículos del Estatut considerados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (TC) en 2010 y tildó de «urgente» lograr una reforma de la Constitución.

Consciente de que abrir el melón de la reforma constitucional exigirá todavía un consenso cuando menos complejo -PP y Ciudadanos criticaron ayer la propuesta tan solo escucharla-, Batet puso sobre la mesa otros objetivos que, a priori, considera más factibles. En un acto celebrado por el PSC, ofreció a la Generalitat volver a negociar las 45 reivindicaciones económicas y sociales que Carles Puigdemont trasladó en su día a Mariano Rajoy y que quedaron en nada al ir acompañadas de la exigencia de un referéndum de autodeterminación.

También propuso planificar el pago de inversiones y atrasos a Cataluña retenidos por el Gobierno de Rajoy. Como primer paso, no obstante, el PSOE contempla la posibilidad de recuperar el Estatut en su estado original antes de que el TC lo corrigiera en 2010, hecho que los socialistas interpretan como el origen del proceso soberanista.

Hace ocho años el TC interpretó 27 artículos y anuló otros 14 del Estatut de 2006. Entre los redactados afectados se incluyó la supresión de la referencia al catalán como «lengua preferente» en Cataluña -aunque se avaló el sistema educativo basado en la inmersión-, o la limitación del papel del Síndic de Greuges, el defensor del Pueblo catalán. La peor parte se la llevó el Consejo de Justicia de Cataluña, un órgano descentralizado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cuyas funciones cercenó por completo el TC, que evitó así que se pusiera tan siquiera en marcha la aspiración a un sistema judicial independiente.

Batet no especificó ayer qué artículos querría recuperar el Gobierno de manera prioritaria o de qué manera se haría. Se limitó a proponer «reformas legislativas para recuperar partes del Estatut» en una fórmula que, en todo caso, no es inédita. El PSOE ya aprobó esa misma estrategia durante un Foro Político en marzo de 2017, en el que pidieron «restaurar» el Estatut a su estado antes de la sentencia del TC como salida al desafío independentista. Entonces el PSOE sí mencionó de forma explícita el debate lingüístico, comprometiéndose a una mayor protección para el catalán en las instituciones.

Batet sí se explayó en más detalles sobre una reforma de la Constitución «urgente, viable y deseable». Aunque todavía no cuenta con un calendario realista ni se ha debatido en el Consejo de Ministros, el Gobierno cree que se trata de la solución para acabar con las tensiones entre territorios y enfriar en paralelo al independentismo. Batet aseguró que el nuevo Ejecutivo «está preparado para ella». «Somos una democracia consolidada con la fortaleza suficiente para afrontar una reflexión profunda conjunta», dijo en Barcelona.

El guión que dejó entrever ayer la titular de Política Territorial comenzaría con un acercamiento de todos los partidos a la Comisión de Reforma del Modelo Territorial que el PSOE impulsó a finales del año pasado. Una propuesta que nació coja por el rechazo de Unidos Podemos, ERC y el PNV y el escepticismo de PP y Ciudadanos.

Batet, en todo caso, se esforzó ayer en demostrar que la prioridad del Gobierno pasa por rebajar de forma inmediata la tensión en Cataluña y ofrecer una cara amable. A lo largo de su intervención en el acto del PSC repitió conceptos como «diálogo» o «consenso» y verbalizó aspectos en los que ambos gobiernos pueden empezar ya a trabajar.

En concreto, se abrió a negociar las 45 demandas de la Generalitat que cayeron en saco roto cuando Puigdemont se las trasladó a Rajoy. Las razón esgrimida por el entonces presidente del Gobierno fue la negativa de Puigdemont a apartar de la mesa de negociaciones la exigencia número 46, referente a la independencia de Cataluña. El nuevo Gobierno del PSOE tampoco contempla negociar sobre la secesión. Batet, no obstante, sí se mostró dispuesta a abrir conversaciones «en una infinidad de decisiones políticas que se pueden tomar». La lista incluye desde exigencias económicas y mejoras fiscales hasta el pago de atrasos.

Entre otras cosas se contemplan el traspaso total y la mejora de la red de Cercanías, el desarrollo del Corredor Mediterráneo o los 500 millones de euros que el Gobierno no ha abonado a la Generalitat por el despliegue de los Mossos d'Esquadra, que finalizó en 2011. También los más de 700 millones incluidos en la disposición adicional tercera del Estatut que obligaba a invertir en Cataluña, durante siete años, en proporción con su aportación a la caja común de las autonomías.