La Empresa Exportadora de Sal (Essa), aún propiedad del Gobierno federal y una de las más importantes del mundo, está sumida en una quiebra provocada por malos manejos y que suma desfalcos por 5 mil millones de pesos anuales, según una investigación de la Auditoría Superior de la Federación. Para tratar de sacarla de sus crisis se nombró a Jorge Guillermo Esquivel y Esquivel, uno de los involucrados en la construcción de la polémica Estela de Luz en el Distrito Federal, como titular de la Dirección de Administración y Finanzas.

Esquivel y Esquivel fue contralor del proyecto de la Estela de Luz, monumento que por órdenes del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa fue construido en para conmemorar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana en 2010. La obra tuvo un presupuesto inicial de 393 millones de pesos, pero un año después se disparó a mil 200 millones de pesos. Como otros funcionarios ligados a esa obra, fue señalado por el delito de uso indebido de atribuciones y por ejercicio indebido del servicio público (delitos que no son considerados como graves).

Fundada en 1954 y ubicada en la costa de Guerrero Negro, en Baja California Sur, el 51 por ciento de la salinera es propiedad del Gobierno federal y el resto pertenece a la empresa japonesa Mitsubishi Company, la cual, además de figurar como socia, desde 1977 mantiene contratos mercantiles de distribuidor exclusivo. Pero, lejos de generar una sociedad que reditúe lo equivalente a los 8 millones de toneladas que produce esta empresa, y que la ubica en el séptimo lugar mundial, la empresa registra desfalcos multimillonarios y está al borde de la quiebra.

Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).– La Empresa Exportadora de Sal (Essa), fundada en 1954 y que está ubicada en la costa de Guerrero Negro en Baja California Sur, atraviesa por una crisis económica e interna provocada por malos manejos de sus directivos, que suman un desfalco de 5 mil millones de pesos anuales, confirmó una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Miembros del sindicato salinero también manifestaron su descontento ante estos actos que, comentan, terminarán en la futura quiebra de la paraestatal.

Actualmente, el Gobierno federal es dueño del 51 por ciento de Essa, el resto pertenece a la empresa japonesa Mitsubishi Company, la cual, además de figurar como socia, desde 1977 mantiene contratos mercantiles de distribuidor exclusivo. Sin embargo, lejos de generar una sociedad que reditúe lo equivalente a los 8 millones de toneladas que produce esta empresa, y que la ubica en el séptimo lugar a nivel mundial, por el manejo de los precios de venta, la empresa registra desfalcos por 5 mil millones de pesos anuales.

A este hecho se añade que ya bajo la administración de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Economía (SE), dirigida por Ildelfonso Guajardo Villarreal, colocó el pasado 2 de enero en la Dirección de Administración y Finanzas a Jorge Guillermo Esquivel y Esquivel, quien fue contralor del proyecto de la Estela de Luz, monumento que por órdenes del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa fue construido en el Distrito Federal para conmemorar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana en 2010. La Estela de Luz tuvo un presupuesto inicial de 393 millones de pesos, pero un año después se disparó a mil 200 millones de pesos.

Jorge Guillermo Esquivel y Esquivel, al igual que otros funcionarios que participaron en el proyecto de la Estela de Luz, fue también señalado por el delito de uso indebido de atribuciones y por ejercicio indebido del servicio público (delitos que no son considerados como graves).

De acuerdo con los testimonios de diversos trabajadores, que solicitaron no publicar sus nombres por temor a las represalias que la administración actual ha ejercido contra otros empleados –tanto sindicalizados como personal de confianza– que se han manifestado en contra de las irregularidades en el manejo de la empresa, en reiteradas ocasiones Esquivel y Esquivel ha manifestado su desinterés por la paraestatal.

“Él ha dicho que la empresa no le importa. Que tampoco importaba en el ámbito nacional, que los trabajadores y los acuerdos del sindicato no le importaban, empezó a reducir gastos de herramientas, de reparaciones, de mantenimiento de las áreas”, comentó uno de los trabajadores; además, dijo, las afectaciones a la compañía han impactado negativamente a la comunidad sudcaliforniana.

Empresa Exportadora de Sal, al ser paraestatal, está dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND), por lo que debe realizar acciones que correspondan a una empresa socialmente responsable y participativa. Actualmente se maneja un fideicomiso con dinero de propio y del ayuntamiento, una parte se destina al mejoramiento de alumbrado, para la recolección de basura, seguridad, mantenimiento de escuelas y otros servicios. “Esos apoyos están en riesgo si Esquivel y Esquivel se mantiene en la administración […] Queremos su destitución; la relación entre la Dirección y los trabajadores siempre había sido de respeto y armoniosa Ahora se quebró y sabemos que las cosas no van a funcionar mientras esté el”, comentó otro de los trabajadores.

El funcionario, además, es el encargado administrar y fijar los precios de la tonelada de sal en la empresa de Guerrero Negro.

Si se compara los precios actuales en el mercado internacional con las cotizaciones que se fijan en la salinera de Baja California, el resultado es que esos precios están castigados, porque quien fija la cotización es –junto con la Dirección de Administración y Finanzas, representantes de la SE, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)– un representante estatal y Mitsubishi Company, socia del Gobierno federal y que es dueña del 49 por ciento de la salinera de Guerrero Negro.

El precio, que ronda entre los 10 y 15 dólares por tonelada métrica, no alcanza a cubrir los costos de producción, además de que Mitsubishi, a pesar de comprar a mínimos precios, puede comercializarla en la cantidad que desee, ya que de acuerdo con la investigación de la ASF, las autoridades sólo validan el contrato de exclusividad que no contempla la posibilidad de modificar los precios, además de que se ha dejado de lado una política que supervise los precios de venta.

En este contexto, ni la SE ni el Gobierno federal se han preocupado por mantener estable a la salinera, que es la principal fuente de empleos de Guerrero Negro y que explota gran parte de los recursos naturales de la costa Ojo de Liebre del municipio de Mulegé, donde está ubicada.

Tras el contrato de exclusividad mercantil establecido con la japonesa Mitsubishi Company desde el año de 1977, que además tiene vigencia hasta el 2055 bajo los estatutos de renovación automática por periodos sucesivos de 20 años, se han venido generando condiciones que han deteriorado la competitividad de la venta de Essa, más no de la venta de sal por parte de la japonesa a países como Canadá, Taiwán, Japón y Estados Unidos.

Esto debido a que Mitsubishi, a través de contratos sin firmas y que no son traducidos al español, o incluso sin contratos de por medio, ha realizado ventas millonarias gracias a que por negociaciones con funcionarios de la SE, de la Coordinación de Minería federal y autoridades estatales han fijado precio a la tonelada métrica de sal; un precio que no cubre siquiera los costos de producción, dicen los demandantes.

MÉXICO PRODUCE, JAPÓN FIJA LOS PRECIOS

La principal problemática detectada tanto por los trabajadores como por la Auditoría Superior de la Federación, que hizo una revisión de los ingresos por venta de bienes y servicios, es el establecimiento de los precios de la tonelada métrica: actualmente, la tonelada métrica de sal mexicana tiene un precio promedio de 10.39 dólares, mientras que el precio promedio mundial está en 50 dólares, aunque en algunos países puede llegar a colocarse en 70 o 100 dólares.

El precio, establecido por Mitsubishi Company y por autoridades nacionales, no cubre siquiera el costo de producción de la cantidad vendida que es de 15.25 dólares.

Tras la investigación de la ASF, iniciada por la inestabilidad y poca claridad en los precios de la tonelada métrica es que se concluyó que el desfalco anual podría llegar a los 5 mil millones de pesos.

En 2013, Essa tuvo ganancias totales por 16 mil 915 millones 310 pesos, pero desde ese mismo año el costo ha sido inferior a los 15.25 dólares por tonelada métrica y ha llegado a los 10 dólares, registrando pérdidas por 438 millones 168 mil pesos, que es sólo el equivalente a los costos de producción.

El Consejo de Administración que fijó los precios desde 2012 estuvo conformado por dos representantes de la Secretaría de Economía, uno de la SHCP y uno del gobierno de Baja California Sur.

Los precios de los 26 contratos sin firma no coinciden tampoco; cuatro rebasan el precio, en diez es menor y unos no establecen el precio.

De acuerdo con la Ley Federal de Entidades Paraestatales es facultad indelegable del Consejo de Administración –es decir, de Esquivel y Esquivel– fijar y ajustar los precios de venta; sin embargo, por las condiciones de los contratos, esto ahora es tarea de la empresa japonesa.

Por otra parte, aunque en los últimos años la SE no ha realizado las tareas necesarias para verificar los precios de venta de sal, en conjunto con la Coordinación General de Minería, aprobaron los precios de venta para 2015; se trata de 25 precios diferentes que van de los 11 a los 15 dólares, lo que significa que en el mejor de los casos, el costo sólo alcanzará a cubrir los gastos de producción.

El Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, establece que el precio preliminar por tonelada métrica es de 50 dólares. En Estados Unidos, el estudio Mineral Commodity Summaries (Resumen de comodities minerales) de 2014 estimó un precio por 70 o 73.08 dólares.

En China, el precio por tonelada métrica puede llegar a los 100 dólares. Para 2013, el precio promedio fue de 17.50 dólares en Essa.

Esto, según la ASF, evidencia que no hay una política que supervise los precios de la venta de sal, por lo que insta a la SE a revisar y modificar los contratos vigentes con Mitsubishi Company, que además es comprador único y desde que se iniciaron relaciones, ha establecido las condiciones finales de venta.

Otro tema que ha facilitado la variedad de precios y la facilidad para modificarlos es el de los contratos de la sociedad Essa-Mitsubishi. En 25 de los 26 contratos vigentes no figura la posibilidad de que el precio de la sal pueda modificarse o actualizarse, además de que la ASF detectó ventas de 401 millones 175 mil pesos que carecían de contratos y si llegaban a tenerlos, éstos carecían de firmas.

De 26 contratos mercantiles, 19 fueron elaborados en inglés y sólo 12 se tradujeron, lo que violó el manual de políticas para la venta de sal; otros documentos están firmados por cuatro personas de las que no viene el nombre. Lo mismo ocurrió con otros acuerdos en el que vienen tres firmas de representantes de Essa, otras de gente de Mitsubishi Company y una más de un representante del Fideicomiso de Fomento Minero, aunque al igual que el anterior, el documento carece de nombres de los firmantes y sus cargos.

DESMANTELAMIENTO DE EMPRESAS PRODUCTIVAS

De acuerdo con Alfredo Bravo Olivares, académico en Economía Política de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se trata de un tendencia al desmantelamiento de grandes bastiones económicos que son propiedad del Estado, “Ese tipo de acciones gubernamentales se han convertido en un rompimiento con los intereses de la gente y con la obtención de beneficios de unos cuantos”.

Desde su perspectiva, son las características propias del patrón de acumulación, “lo que les interesa es abrir los mercados de las industrias productivas y hacerse de los recursos que las comunidades poseen y convertir en negocios de unos cuantos, actividades productivas que son propiedad del Estado y que podían llegar a ser en determinado momento, redituables. Ahora es el caso de la sal, pero es lo mismo con el petróleo, la electricidad, que se trata de actividades altamente redituables pero que el Estado entrega a los privados para que estos gocen de los beneficios”.

Y es que de acuerdo con las conclusiones de la ASF, el actuar de la Secretaría de Economía viola diferentes leyes como la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley de Competencia Económica, esta última que establece como prohibidas las prácticas que disminuyan, dañen o impidan la competencia y libre concurrencia en la distribución y comercialización de bienes o servicios; también son considerados como prácticas monopólicas aquellos contratos, convenios, procedimientos o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda desplazar indebidamente a otros agentes del mercado o establecer ventajas exclusivas a favor de una persona.

En el caso de ESSA, se puede observar que se trata de la fijación de la comercialización y/o distribución objetiva, la imposición del precio y las condiciones impuestas por el distribuidor.

En 2010, un contrato estableció que ESSA sólo puede establecer contratos con Mitsubishi Company, cualquier otro contrato depende siempre de la distribución exclusiva establecida.

Este mecanismo de comercialización es el que establece que Mitsubishi Company puede establecer contratos con terceros, aunque de acuerdo con gente de la empresa, esto funciona como una camisa de fuerza y provoca insuficiencia operativa, además de la pérdida de oportunidades de negocio que pudieran ser atractivas y beneficiosas para ESSA.

Por otra parte, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece que la empresa se debe conducir conforme a objetivos de planeación nacional, que deben procurar una gestión sana, eficiente y productiva, para generar más rentabilidad, mejores beneficios económicos, sociales y de todo tipo que sean posibles para el Estado, todo con ventajas a corto, mediano y largo plazos. Una situación que en voz de los trabajadores y de documentos oficiales, no ha sucedido.