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Yo sé cuánta fatiga, sobre el otero en llamas,

cuánto sudor y sol ardiente se precisa,

para engendrar mi vida y para darme el alma

El alma del vino, Charles Baudelaire

Las cinco de la mañana. Navaja, esportón y una linterna de cabeza. José Álvarez, su hijo José Francisco y Manuel Infante el Coco, como otros miles de jornaleros de Tierra de Barros durante estas fechas, ya están en el corte. Son los mineros de la uva, las cuadrillas del dios Baco. La noche está estrellada y tiritan azules el carro, las mulas y todos los astros, a lo lejos. Pero no se ha venido aquí a escribir poemas de amor ni canciones desesperadas, sino a cortar racimos a paso vivo, a mover la espuerta con brío o a arrastrarla si flaquean las fuerzas, a doblar la rabailla con afán hasta que no se sientan los huesos.

“Pionero en tantas cosas, Carlos Falcó fue el primero en instaurar la vendimia nocturna”, escribía hace seis años Carlos Delgado, crítico enológico del periódico El País, exaltando el espíritu innovador del Marqués de Griñón y presidente del Círculo Fortuny, la patronal española del lujo, al tiempo que enaltecía “el embrujo de la vendimia nocturna”. Pero no parece que a muchos de los que tienen que recolectar la uva les produzca la misma fascinación. “Esto de trabajar en el campo sin verse, con las linternas, me parece sangrante. Nos sacan la pringue todo lo que quieren y más… Pero esto es lo que hay”. Quien así habla es Antonio, un temporero de Almendralejo, de 64 años, que trabajó mucho tiempo de encofrador y que, cuando la construcción reventó, volvió al campo.

Pero, de un modo u otro, con linterna o sin linterna, sea uva negra o uva blanca, la dureza de la vendimia es ineludible. En Extremadura, la cosecha se sigue haciendo a mano, con esportones a la cabeza. “La media que se corta una persona son 1500 kilos de uva y si la viña está buena y se dan las condiciones uno puede llegar a vendimiar hasta 200 arrobas. Echa cuentas, a once kilos y medio la arroba. Y si la viña está mala trabajas más porque tienes que llevar el esportón arrastro, sin llenarlo. Y antes el compañero te echaba la mano y te lo ponía en la cabeza, pero ahora ya no. Y eso te deja la espalda hecha polvo”. Ahora quien tercia es José Martínez, trabajador de Ribera del Fresno y uno de los militantes de la comarca más activos en la Organización de Defensa de lo Público y en los Campamentos Dignidad.

El mundo del vino es uno de los grandes exponentes de lo que Rafael Chirbes denominaba con ironía “el estadio superior de los buenos modales”, un bien cultural más del botín de los vencedores. Tras la acumulación primitiva de capital, tras el momento caníbal, escribía Chirbes, viene la etapa de la moral pública y “hay que aprender a servir el banquete, a elegir las mantelerías y vajillas, a poner orden en la mesa, a saber dónde se sienta cada cual, el nombre del cocinero que prepara el menú, el orden en que tienen que ir apareciendo los platos, las etiquetas de los vinos, la calidad de las añadas”. Tras la jerga oscura del sumiller y la excelencia elitista del gusto, la opresión anónima de los jornaleros.

El 15 de septiembre de 1976 el periodista José María Pagador escribirá en la prensa regional un artículo que levantará ronchas entre la clase empresarial de la comarca, criticando el carácter elitista de la Fiesta de la Vendimia: “El sábado por la noche en Almendralejo, en el cine Carolina Coronado y en la cena que siguió, había mucho oropel, mucha joya, mucha piel y mucho lazo en cuello almidonado. Pero no vimos al pueblo por ninguna parte; todo lo más, un puñado de curiosos jóvenes a las puertas de un acto que no era para ellos”. Por aquellas mismas fechas, hace 42 años, cuando todavía no había sindicatos legales, los jornaleros de Tierra de Barros protagonizarán una potente huelga arrancando el primer convenio de la vendimia. La cosecha de este año viene rezumando dignidad.

La huelga del 76: el retorno del sueño jornalero

“No queremos que nos sigan comprando en la plaza como lechugas”. Es 19 de septiembre de 1976 y la frase es un titular del diario Hoy informando de la segunda jornada de huelga de los vendimiadores en Villafranca de los Barros. Quinientos trabajadores han participado en la asamblea celebrada en el teleclub y alguno de ellos ha utilizado esa expresión tan elocuente.

En cada huelga late el socialismo, afirmaba temeroso un ministro de Bismarck. Y en la huelga que están comenzando los jornaleros de Tierra de Barros, late también la memoria de las luchas primeras, el espectro del 25 de marzo, la revolución pendiente de los campesinos. La esperanza no ha parado de bregar un solo momento, pasando de una faena a la otra, de una mano a otra mano.

Fernando Cid, Felipe Meneses, José Santos y Antonio García, son algunos de los jornaleros de Villalba de los Barros que participaron en las huelgas de los 70 y en su laboriosa sementera. Aquí, como en tantos pueblos, la represión posterior a la guerra fue feroz y la codicia de los vencedores no le anduvo a la zaga. En la localidad, el monte comunal conocido como El Carrascal, con 1.800 fanegas de buena tierra, se lo quedaron dos de los señoritos con mando en plaza; uno de ellos, Sebastián García Guerrero, llegaría a ser presidente de la Diputación Provincial y su cuadro aún cuelga, solemne, en los salones de la institución.

Los años cuarenta y cincuenta serán años de hambre y penalidades de todo tipo. “Mis hermanos salían a por bellotas. Salían de noche y lo que te podías coger era una camisa grande, luego se descargaban en casa y por lo menos teníamos para hacer unas migas”, recuerda Felipe Meneses. En la memoria del pueblo quedará grabada la muerte en 1946 de Marcos, un jornalero que murió hinchado de hambre. Y también la de Jiménez, el guarda de fincas al que Antonio Benítez el Pichirichi, harto de hambre y de palos, mató con un hacha. La emigración desangrará el pueblo también en esas décadas: la población se reducirá a la mitad, pasando de 3.300 habitantes en la década de los cincuenta a los 1.700 en la década de los setenta y a los 1.500 actuales.

Pero, a pesar de todo, de la represión, de la matanza de Badajoz, de las fosas comunes, del nuevo saqueo de los terratenientes, del hambre, del acoso pertinaz de la guardia civil y de la emigración, el viejo topo de la resistencia campesina no ha dejado de excavar durante la larga dictadura. El pueblo vuelve a organizarse, vuelve a emerger el coraje reprimido. Y lo hace tejiendo todos los hilos de la rebeldía y de la memoria. Unos, como Felipe, emigrante en Alemania, han contactado con la oposición antifranquista y traen a su retorno todas las artes de la disidencia aprendidas a orillas del Rin. Otros, como Fernando, han mantenido el contacto con Julián y Pablo Pozo, los Capotillo, trabajadores de Aceuchal detenidos ya en 1972 por su militancia en el PCE. Y todos ellos van aprendiendo de las nuevas luchas, de las huelgas del arroz y del tomate en las vegas del Guadiana, del pulso incesante en el Marco de Jerez y del enorme movimiento popular que va tomando cuerpo durante 1975 y 1976 en todo el país.

Los sindicatos no son legales aún. Pero miles de tallos de un sindicalismo de nuevo tipo han ido surgiendo en los últimos años. Y la plaza no es ya la lonja servil donde el patrón o el manijero eligen a quienes han de trabajar, no es sólo “la esquina de los paraos donde tantos hombres van con la esperanza diaria de conseguir un jornal”, como cantará Gente del Pueblo, sino que ahora empieza a ser una herramienta de unidad, un instrumento de negociación colectiva, la garantía de que si estamos juntos no pueden comprarnos como lechugas. Y, de ese modo, el Parque en Villafranca, la Plaza de San José en Almendralejo, la travesía de las cuatro esquinas en Ribera o la Fuente del Pilar en Fuente del Maestre se convierten en el espacio de las asambleas, donde se afirma la autonomía y la fuerza de la clase jornalera.

La organización sindical del régimen será otro de los lugares donde el nuevo sindicalismo pugne por abrirse camino. En Almendralejo, ya en 1973, “los dirigentes locales de la Unión de Trabajadores y Técnicos (UTT) de la Cámara Agraria habían intentado negociar un convenio local para las tareas agrícolas” (José Hinojosa). Y tras el verano del 76 algunos dirigentes de la UTT, como Román Franganillo o Pedro Ortiz, se incorporarán a CCOO.

Pero será en Villafranca donde se rompa la baraja. En septiembre de 1976 estalla la huelga de la vendimia, reivindicando 1.500 pesetas por una jornada de siete horas y oponiéndose al destajo. Los de arriba comprenden la trascendencia del desafío. José Martínez cuenta una anécdota que ilustra el intento de represaliar a los principales promotores de la huelga. Un día antes del paro, Joaquín Macías, un destacado dirigente obrero en la comarca -primero en CCOO y ya por esas fechas en el Sindicato Unitario- se había reunido con un pequeño grupo de trabajadores de Villafranca para preparar la huelga. Alguien les avisó de que la Guardia Civil iba a detener a Macías y los trabajadores le ayudaron a escapar. ”El Rejas y Cachana le sacaron de allí con un 4L. Cuando llegó la guardia civil ya no estaba. Al día siguiente, una representación sindical se reunió con los empresarios en el ayuntamiento, con la mediación del alcalde. Uno de los patronos dijo que estaban dispuestos a pagar lo que estaban pidiendo los sindicatos siempre y cuando revelaran el nombre de quienes se habían reunido la noche anterior. Y, para sorpresa de todos, el entonces alcalde franquista dio un puño en la mesa y dijo que los trabajadores no tenían por qué delatar a nadie”.

La respuesta es unánime en Villafranca y Fuente del Maestre. Tras cuatro días de huelga se llega a un acuerdo, que constituirá una victoria emblemática para los trabajadores. Se establece una jornada de siete horas y un salario de 1.200 pesetas por día, justo el doble de la retribución que se percibía hasta entonces. El nerviosismo de los jerarcas del sindicato vertical es notorio. “Las 1.200 pesetas para la uva ya se habían acordado para Almendralejo. No entiendo cómo se han producido los problemas en Villafranca o Fuente del Maestre”, declara a la prensa, cinco días después de la resolución del conflicto, José María Naranjo, presidente de la UTT en la Cámara Agraria y diputado provincial franquista.

Del pulso de la vendimia al PER: el clientelismo guarda la viña

Un duro pulso ha comenzado en Tierra de Barros. Durante años, la vendimia se constituirá en el corazón de la lucha de clases en el campo extremeño. La recolección de la uva será la trinchera donde se diriman el salario y los derechos. El 15 de septiembre de 1977 seis mil personas se manifiestan en Almendralejo. Alfonso González Bermejo, máximo dirigente socialista en Extremadura por aquellas fechas -González y Guerra se encargarían de purgarlo por izquierdista en beneficio de Ibarra un año después- lo recuerda así: “El silencio resultó demoledor. Se oían las suelas de los zapatos y esa riada de gente, pues no he vuelto a ver, en mi pueblo, mayor manifestación que aquella. Llegamos a la puerta del Ayuntamiento entre las doce y doce y media y esa exactitud es debida a que no se había terminado la misa de doce en la Iglesia. Como al llegar a la puerta del Ayuntamiento todos nos sentamos en el suelo, ocupábamos toda la plaza y los de misa no se atrevieron a salir. Así que nunca sabré si fue Isabel Monterrey, que era una magnífica negociadora, o fue ese silencio de tanta gente sentada, el caso es que se consiguió el mejor precio para la uva y la aceituna que se recuerda”. Al día siguiente una huelga general en toda la comarca respalda el envite de los jornaleros. La hegemonía en acto y no en discurso, la clase obrera condensando la voluntad colectiva de todo el pueblo. La patronal se rinde y el día 19 se llega a un acuerdo que establece ahora el jornal en 1.600 pesetas diarias para la recogida de uva y 1.400 para la aceituna.

En 1978 el movimiento da otro salto decisivo. Los trabajadores reclaman una subida salarial que supera ampliamente los topes establecidos en los Pactos de la Moncloa pero, sobre todo, insisten ahora en la abolición del destajo y aspiran a extender el convenio a todas las tareas del cultivo de la vid. El destajo, la forma de organización del trabajo que interesa a los patronos, que divide a los obreros en función de su edad, destreza o rebeldía, se convierte en una batalla fundamental. “Reclamamos que nadie se quedara sin trabajar. Ellos quisieron que se quedaran sin trabajar algunos compañeros, como el Cojo, el Repeón, Ezequiel y unos cuantos más, pero dijimos que aquí no se echaba mano hasta que no fueran todos. Y al final así se hizo. Se trabajó a jornal y se asignó a cada empresa un número de trabajadores con lo cual se empleó todo el mundo”, explica Fernando Cid.

La patronal se niega rotundamente y el 20 de septiembre comienza la huelga. En cada carretera y cada camino de la comarca se alza un piquete, un emblema del poder de los de abajo, “una autoridad paritaria y antagónica a la autoridad atávica de los patronos, la punta del iceberg de la comunidad obrera” (Paolo Virno). José Santos, jornalero de Villalba, evoca la organización del piquete en la vendimia: “Aunque estábamos en contacto con Almendralejo y Aceuchal la organización de la huelga la decidía cada pueblo. Nos reuníamos la noche de antes, en la sede de CCOO, y allí nos repartíamos. Quince o veinte compañeros con una candela en el cruce de Aceuchal y otros tantos en cada camino de salida del pueblo. A las seis de la mañana ya estaba el piquete con la candela para que nadie saliera”.

Un nuevo sindicalismo de plaza y candelas, de asamblea y piquetes, se va alzando en cada pueblo. Y la patronal vuelve a morder el polvo. A Doña Amparo Cabeza de Vaca, Condesa de Luque y terrateniente íntima de la Casa Real, y a los grandes propietarios de la comarca, acostumbrados todos al ordeno y mando, no les queda más remedio que sentarse a negociar. Tras nueve días de huelga, llega el acuerdo que establece el salario para el corte de uvas en 2.000 pesetas y un salario mínimo de 1.050 para cualquier otro trabajo de viticultura. El derecho de los trabajadores nace en las fogatas de la asamblea y el piquete.

A pesar de sus limitaciones, el convenio prolonga el aumento exponencial de los jornales que se inició con la huelga del 76 y desborda el tope salarial decretado en los Pactos de la Moncloa, un acuerdo que, como indica Isidro López, constituye la respuesta política a la espiral de creciente poder de los trabajadores en todo el país y cuya función estratégica es, arropada en la cantinela del consenso, fomentar la desmovilización social.

En los dos años siguientes la pugna se mantiene y de nuevo la movilización se cobra avances sustanciales. En 1980 se alcanza por fin un convenio del campo que afecta a casi 40.000 trabajadores, abarcando a toda la provincia de Badajoz y a todas las faenas. Recapitulemos: durante cinco años de movilización constante los jornaleros han conseguido pasar de los convenios particulares y locales de la vendimia al convenio provincial del campo, elevando los salarios y reduciendo la jornada de modo sorprendente. Hasta el extremo de que el representante de la Federación de Agricultores y Ganaderos, Juan Moralo, afirmará -exageradamente claro está- que en la comarca está implantado “el salario de recogida de uva más caro del mundo”. Además –y quizás es la conquista más importante- han logrado eliminar el destajo, la raspa, como se le llama en la zona. Y han puesto en pie poderosos sindicatos de clase, bregados en la combinación de la presión y la negociación.

Pero a partir de ahora el conflicto fundamental tenderá a desplazarse de los convenios a las reivindicaciones del empleo comunitario y al espacio institucional. La primera razón es el incremento vertiginoso del paro que acompaña a la crisis económica de finales de los setenta y que se agrava con el cierre de la emigración como “salida alternativa”. El Empleo Comunitario es una medida asistencial dirigida a los trabajadores agrícolas eventuales de Extremadura y Andalucía, que consiste en la transferencia de fondos a los ayuntamientos destinada a obras públicas en el medio rural. Comenzó a aplicarse en 1971, en pleno franquismo, con el objetivo no confesado de mantener el orden público, pero en el nuevo contexto de paro y empoderamiento obrero, se convertirá en el eje fundamental de la movilización. La batalla por incrementar los fondos destinados al empleo comunitario será constante y adquiere en algunos casos proporciones épicas. Los encierros, las marchas, las ocupaciones de fincas y los cortes de carretera se suceden. “En el 80, en una de las movilizaciones estuvo cortada la carretera durante 16 días seguidos y por allí no pasaba ni un pájaro” recuerda Fernando, de Villalba. El 10 de julio de 1980 quinientos jornaleros cortan la carretera de Almendralejo a Villafranca, con motivo de la Vuelta Ciclista a España. Varios trabajadores resultan heridos, así como un teniente y dos números de la Guardia Civil. La lucha salta de un pueblo a otro, incontrolable para el poder. En 1981, la movilización ascendente arranca la garantía de, al menos, 16 días de empleo comunitario al mes para cada jornalero.

Así, los ayuntamientos se convierten en un nuevo frente para el movimiento. En nuestros días, acostumbrados a la cultura política meritocrática y a la exhibición, a veces fraudulenta, de masters y títulos académicos, puede sorprender el gran número de alcaldes jornaleros electos en 1979: Villalba, Solana, Torremejía, Arroyo de San Serván, Llera, Maguilla… Decenas de licenciados en liños y sarmientos, de peritos en las artes del campo pero también en las de la unidad, llegan a las corporaciones municipales. La detención del alcalde de Torremejía, Benito Benítez, que formaba parte de un piquete informativo durante la huelga de la vendimia en 1979, o el arresto del alcalde de Villalba, Pedro Peseguero, junto a otros siete compañeros, en 1980 durante una acción reivindicando más jornales para el empleo comunitario, son sólo dos pequeñas muestras de la estrecha vinculación entre algunos de los nuevos ayuntamientos y el mundo jornalero.

Y así, llegamos a 1984, la fecha en la que el nuevo gobierno implanta el sistema de subsidio agrario, más conocido como PER (Plan de Empleo Rural). En la propuesta se alían dos temores bien vivos, el primero el de los grandes propietarios de la tierra, que han visto cómo resurgía el anhelo de la reforma agraria –el irreductible sueño campesino que el poder daba ya por liquidado- y además han comprobado la capacidad de organización y lucha de los trabajadores. Pero hay un segundo desasosiego, más decisivo aún en este momento, el del partido político que ya gobierna tanto en las dos comunidades autónomas afectadas por el Empleo Comunitario como a nivel estatal. José Caballos, secretario provincial del PSOE en Sevilla, lo teoriza por derecho. Hay que apagar el volcán, hay que acabar con la permanente conflictividad en el medio rural, con el sindicalismo que representan las Comisiones Obreras o el Sindicato de Obreros del Campo.

El PER remueve todas las fichas en el campo extremeño y andaluz. El eco de la reforma agraria se hace cada vez más débil – en enero de 1987, en lo que constituye quizás una de las últimas movilizaciones por la reforma agraria en la región, centenares de jornaleros ocupan La Rusal, uno de los mayores latifundios de España, ubicado en los términos municipales de Valencia de las Torres y Maguilla, donde acostumbra a venir de caza Juan Carlos de Borbón. Los convenios colectivos se convierten progresivamente en papel mojado. Y el jornalero, a cambio de un subsidio exiguo, sufre el “férreo control social y clientelar por parte de los patronos y políticos locales”. El economista andaluz Óscar Jurado elaboró hace unos años un diagnóstico que tiene plena vigencia: “las consecuencias de este sistema de protección social pueden resumirse en las siguientes: a) se ha convertido en un mecanismo de control social muy barato que ha hecho desaparecer la reivindicación jornalera de la reforma agraria; b) ha sido un medio de subsidiación de la fuerza de trabajo para mantener bajos los salarios en la agricultura latifundista del sur; c) ha propiciado el clientelismo, la dependencia y la marginación de estos territorios y de las gentes que viven en él”.

Las uvas de la mentira. Breve apunte sobre la vendimia en 2018

Rafael: ¿Nos va a dar el sello?

Don Paco: ¿El sello? ¿Te has hecho coleccionista?

Rafael: ¡Exijo que nos den el sello! ¡Tenemos derecho a él! ¡Usted no se puede negar a eso porque es una obligación que tiene!

Don Paco: ¡Sellero, que eres un sellero! Mis obligaciones las sé yo mejor que tú. ¿Estos también quieren el sellito? (Nadie contesta; ve el temor que hay en la cara de todos los jornaleros y se crece. Violentamente:) ¿Alguno de vosotros quiere también el sello? (Nadie contesta. Muchos bajan la cabeza) ¡Os estoy hablando a vosotros! ¿Es que no tenéis lengua para hablar? A ver, ¿quién más quiero el sello? ¡Que levante la mano! (Silencio. A Rafael) ¿Ves? Nadie quiere ni sellos ni mierda. Pero no lo haces por el sello, sino por ganas de armar camorra, lo mismo que tu padre.

Paredes, un campesino extremeño. Patricio Chamizo

El sello, el cupón, la peonada, que de todas formas se le ha llamado y se le llama en el campo extremeño. Patricio Chamizo escribió esta obra en 1971, va para 50 años. Y, sin embargo -causa escalofríos pensarlo-, el fraude empresarial que describe no sólo no ha desaparecido, sino que es aún mayor que entonces y los jornaleros siguen teniendo que suplicar en muchas ocasiones que les den de alta.

Hace unas semanas varios dirigentes de la patronal agraria extremeña “denunciaban” con grandes aspavientos la falta de jornaleros para la vendimia, confrontando esa situación con el alto nivel de desempleo en la región y poniendo a circular la insidia rastrera de la vagancia de los trabajadores. “La mano de obra autóctona brilla por su ausencia”, declaraba uno de ellos. ¡Hace falta tener poca vergüenza! Lo que no cuentan estos emprendedores de la subvención y del sudor ajeno es las condiciones en las que se está trabajando. Hagamos un somerísimo repaso.

Cualquiera que se arrime a la vendimia podrá comprobar que la inmensa mayoría de las peonadas no se cotizan (como mínimo, siendo prudentes en el cálculo, el 80% de ellas). Alrededor de 300.000 jornales en la vendimia y de 800.000 en el conjunto de las tareas agrarias en la recolección de frutas y hortalizas son objeto de la estafa. Es decir que el robo del salario diferido e indirecto de los trabajadores está generalizado. Y parece que los únicos que lo desconocen son los inspectores de trabajo, o mejor dicho, los políticos que los dirigen. Todo está montado para que los empresarios agrarios puedan saltarse tan ricamente la ley, empezando por el procedimiento de tramitación de altas y bajas. “Hace poco llegó a nuestra cuadrilla un inspector de trabajo y le pregunté si ellos comprobaban si nos tenían dados de alta todos los días que trabajábamos. Me contesto que no, que ellos sólo se preocupaban de si estábamos dados de alta, pero que no podían hacer el seguimiento del número de jornadas reales”, señala José Martínez. Un fraude gigantesco a los trabajadores –basta recordar que la cuantía de la renta agraria se calcula en proporción al número de peonadas declaradas- y a la Seguridad Social, es decir al conjunto de la comunidad, que sería imposible de consumarse sin la complicidad o negligencia del poder político. ¿Cuántos millones de euros habrán defraudado los empresarios agrarios en las últimas décadas? ¿Por qué no se hacen estudios ni seguimiento sobre esta realidad, tan evidente por otra parte?

La vendimia y, en general, las condiciones de trabajo en el campo han sufrido un enorme retroceso. Los salarios actuales de los trabajadores eventuales del campo son irrisorios: 38,57 euros al día para la generalidad de las faenas y 42,53 para la vendimia. Una simple mirada comparativa, aunque sea de reojo, a los convenios alcanzados en los años setenta nos desvela la regresión brutal de las últimas décadas. Los salarios reales de la vendimia llevan congelados alrededor de 18 años. En esta campaña la media del jornal se sitúa en 50 euros, eso sí en muchos casos sin la peonada, o sea que en la práctica es de menos de 40 euros, por debajo de lo que establece un convenio ya de por sí miserable.

“La vendimia hoy está reventada. Hace unos años se ganaba más dinero que ahora mismo. Luego ha entrado el destajo, cortando uva a 3 céntimos el kilo, por la noche. Aquí no hay ni guardia civil, ni inspectores, ni nada y cada patrón paga lo que le da la gana”, relatan Fernando y Felipe, de Villalba. “En los setenta y ochenta el jornal de vendimia era, como mínimo, el doble que el normal. Y si se iba a raspa, más todavía. Y ahora es un jornal corriente. Un trabajador que echara una buena campaña de vendimia ahorraba lo suficiente para pasar el invierno sin necesidad. El convenio actual del campo es desastroso”, concluyen José y Juan Viera, de Villafranca.

Y aún es peor en la aceituna de verdeo o en los ajos. Prácticamente toda la aceituna de verdeo se coge ya por esportones, a destajo. “Y claro consiguen dividir a la clase trabajadora. Tú tienes más cojones que éste, cómo le vas a sacar tú las castañas del fuego. Por lo menos, la raspa en la vendimia se cogía en común. Ahora en la aceituna, no. A 3’50-4 euros el esportón y tira millas. Así está la aceituna pero si te vas a mallar ajos se está pagando por horas, a 4´80”.

El grado de explotación laboral se intensifica progresivamente. Y en el último eslabón de la cadena, los trabajadores inmigrantes, se hace aún más lacerante. Marroquís y rumanos, que son los dos principales colectivos extranjeros, sufren además las consecuencias del desarraigo y del racismo creciente. Por un lado una legislación que, más allá del discurso multicultural, es claramente discriminatoria: baste como muestra señalar que uno de los requisitos para poder acceder a la renta agraria es haber residido o estar empadronado un mínimo de 10 años en Extremadura o Andalucía. Y, después, el minucioso siseo de los empresarios más desaprensivos: “El año pasado, en la finca que yo estaba, le pagaban a los rumanos un euro menos por esportón en el verdeo”, detalla Jesús, de Almendralejo. Los pisos patera, el hacinamiento y la estigmatización completan el panorama. En todas las migraciones es siempre la misma historia. Las ruidosas “conchitas” españolas en París –así les llamaban a las trabajadoras españolas en los sesenta-, o los jornaleros de la gran depresión en Estados Unidos: “Cuando nos necesitan nos llaman emigrantes, y cuando ya les hemos recogido la cosecha, somos vagabundos y tenemos que largarnos” (John Steinbeck).

¿Cómo se explica el gran retroceso de la clase trabajadora en el campo, cómo combatirlo, como volver a tomar la iniciativa? La globalización del llamado mercado de trabajo, la destrucción de la fuerza de negociación de los trabajadores, la reducción drástica del salario, es un proceso común en todas las ramas de la producción y países impuesto por la “revolución neoliberal”. Sí, pero si queremos transformar la realidad, estamos obligados además a conocer los dispositivos específicos que hacen posible en cada caso que la trituradora de derechos sociales funcione a pleno rendimiento.

Hace ya bastantes lustros que no hay huelgas laborales en el campo extremeño. Una de las razones, sin duda, tiene que ver con los efectos disruptivos que ha tenido el sistema de subsidio agrario sobre la negociación colectiva. Como se ha apuntado, el PER “ha actuado como un instrumento eficaz y muy barato para alcanzar la paz social, sin cambiar las estructuras socioeconómicas generadoras de desigualdad e injusticia. Ha significado, por un lado, votos para el poder político y, por otro, subordinación y subvención de la fuerza de trabajo disponible para los latifundistas” (Óscar Jurado).

Otra razón de peso tiene que ver con la instrumentación de las políticas neoliberales en el campo y en Extremadura. La reconversión agraria que ha proletarizado a decenas de miles de pequeños agricultores, la destrucción del movimiento cooperativo construido en los años 80 y 90, el nuevo proceso de concentración y latifundismo, el despojo y bancarización de las cajas de ahorro, la actitud mendicante de los poderes públicos hacia grupos multinacionales, fondos de inversión especulativos o jeques… Son sólo algunos elementos y síntomas que nos hablan de la emergencia durante las últimas décadas de una clase parasitaria, económica y política, al servicio del capital financiero y de las grandes corporaciones foráneas.

Lo que ocurre con la venta a granel de vino es una buena muestra de lo que decimos. “Mientras las grandes y afamadas zonas vinícolas del país se llevan nuestros caldos y los envasan con etiquetas foráneas, aquí seguimos, sin más, dedicados al festejo de élite”. Esto escribía José María Pagador en 1976. Cuarenta años después, el 80% del vino producido en Extremadura se sigue vendiendo a granel, se continúa fugando el valor añadido. Los gobernantes extremeños, en lo fundamental, han sido y son meros gestores de las intocables leyes del colonialismo interno, de las lógicas del intercambio desigual. Extremadura es una colonia, endulzada con perrunillas, sí, pero colonia.

La alternativa a la explotación laboral y al expolio como comunidad está en el pueblo, en su empoderamiento y movilización. El convenio del campo cumple su vigencia el 31 de diciembre. Toca preparar el próximo convenio del campo con la participación de los trabajadores y trabajadoras, construyendo de modo asambleario un proceso de movilización, uniendo a todos, con independencia de dónde hayan nacido. La lucha social y política es praxis colectiva, no sólo elecciones o discurso.

Como decía el gran historiador Josep Fontana, recientemente fallecido, “los avances sociales nunca se regalan. Proceden siempre de luchas colectivas reales o se arrancan por el miedo que puedan sentir las clases dominantes. Pero nunca se trata de concesiones graciosas». Mirarse en la fuente clara de las huelgas de los 70. Mirarse en la lucha generosa de miles. La memoria está cargada de futuro.

Manuel Cañada

Este artículo es un homenaje y reconocimiento a todas las personas que pusieron en pie las huelgas de la vendimia y del campo en los años 70 y 80, ejemplos de lucha y dignidad. A los luchadores anónimos de la clase obrera y el pueblo digno de Extremadura.