En los últimos años, las amenazas y las agresiones a los profesionales sanitarios de Osakidetza han sido una constante. Se trata de un fenómeno emergente, que durante 2014 registró un total de 396 agresiones, contando golpes físicos y violencia verbal. “Los datos serían todavía más alarmantes si los profesionales denunciasen todos los ataques que realmente sufren”, advierten los sindicatos. El personal sanitario tiene 16 veces más probabilidades de sufrir un episodio violento que cualquier otro trabajador.

Osakidetza formará mediadores para atajar las agresiones al personal sanitario

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Los 396 ataques contabilizados en 2014 se han traducido en 41 intervenciones de la asesoría jurídica que Osakidetza ofrece a sus empleados y han derivado en una veintena de denuncias interpuestas por los trabajadores ante los juzgados: dos de ellas como delito, dos más como delito/atentado y ocho como faltas. De los casos judicializados, cuatro se han traducido en sentencias condenatorias.

Y entre la plantilla, las enfermeras y auxiliares son el colectivo más vulnerable al tener un contacto más estrecho y prolongado con los usuarios que acuden a los centros de la red pública. Pero también por ser mujeres. Un total de 323 ataques de los 396 contabilizados tuvieron como víctima a una trabajadora.

Es el caso de Naiara, una enfermera que sufrió violencia física y verbal por parte del familiar de una paciente y lo narra así en el Libro del respeto, una iniciativa impulsada por el Sindicato de Enfermería de Euskadi-Satse con el que trata de sensibilizar a la sociedad sobre este problema. “Acudí al domicilio para una extracción de sangre. La hija de la paciente me estaba esperando indignada porque según ella, yo tenía que haber llegado antes. Cuando le dije que por favor no me gritara, se acercó hacia mí insultándome y amenazándome. Tuve miedo porque estábamos en su casa y yo estaba sola. Me enganchó de la chaqueta mientras me gritaba: ‘voy a poner una queja contra ti. Si no te gusta lo que haces quédate en casa fregando; sois todos unos vagos. Yo tengo cosas que hacer y no puedo estar todo el día esperándote. Si sois pocas que pongan más que para eso pago’. Saque la analítica y me marché llorando de su casa. Luego se me acabó el contrato”.

Además del libro, los afectados pueden dar a conocer esta lacra a través de un blog en internet, donde relatan bajo seudónimo las agresiones que han sufrido. “Las agresiones son un riesgo laboral que daña y deja importantes secuelas en la salud mental de quien las padece. La enfermería somos uno de los colectivos más vulnerables”, denuncia Satse.

Para Rosa, seudónimo de otra enfermera de salud mental, la agresión de un paciente le acarreó secuelas psicológicas. “Uno de mis pacientes me arrinconó entre la mesa y la pared impidiéndome el acceso a la puerta de salida mientras me golpeaba en el tórax y en el rostro furiosamente. El ruido hizo que otro de mis compañeros alarmado entrara a tiempo para evitar mayores lesiones. Necesité atención médica y sutura quirúrgica de alguna de mis heridas. Estuve bastante tiempo afectada por el suceso. Incluso tuve episodios de pánico pensando en el momento de volver al trabajo”.

Atentado

AtentadoSin embargo, no denunció a su agresor. “No denuncié porque me sentí amenazada. Lo peor era saber que mi agresor era también mi paciente y yo seguía teniendo la obligación de atenderle. Desde entonces soy otra persona. Ese episodio marco un punto de no regreso en la ilusión por mi profesión.

Desde el pasado 1 de julio está en vigor el nuevo Código Penal que considera atentado los ataques a funcionarios sanitarios durante el ejercicio de sus funciones. Esta calificación conlleva penas de hasta tres años de prisión para los autores. La norma general se iguala a la doctrina que ya se seguía en Euskadi desde 2007. Ese año, los colegios médicos del País Vasco firmaron un protocolo de actuación con la Fiscalía, que considera atentado las agresiones a los facultativos durante su trabajo. De hecho, este acuerdo sigue teniendo una aplicación más amplia, ya que extiende esta consideración a los médicos no funcionarios en el caso de agresiones producidas en relación con su intervención en casos concertados con el sistema público de salud.