La promesa oficial aún está fresca: la nueva SIDE no tendría nada que ver con la del súbitamente perverso Jaime Stiuso, y para acabar de una vez con las suspicacias el área más sensible de las que manejaban los espías –la apetecible dirección de Observaciones Judiciales, encargada de las pinchaduras telefónicas– pasaría a las manos independientes de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Pero la ilusión duró poco: una denuncia penal que el lunes a primera hora llegará a los tribunales federales asegura que la encargada de las escuchas judiciales, Cristina Caamaño, habría ordenado seguir, pinchar llamadas e intervenir mensajes de varios dirigentes de la organización antimafia La Alameda.

“La información recibida hace ya unos días y debidamente analizada y validada, indica que el mentado organismo conducido por la Dra. Cristina Caamaño Pais, no solo dirige las escuchas legales judiciales, sino que también conduce la totalidad o buena parte de las escuchas ilegales realizada por el Gobierno Nacional”, dice en la denuncia el diputado porteño Gustavo Vera, titular de La Alameda.

“Poseo información, que aportará el testigo, referente a que existiría un memo interno sin firma pero con membrete oficial de la Procuraduría, donde hacía especial hincapié en el espionaje de los celulares, mail, mensajes y whatsapp de “los alamedenses” (sic según mi fuente). Es más, pude confirmar que se vertían los nombres y apellidos de mi persona, los dos letrados de la Fundación Alameda, Mario Fernando Ganora y Carlos Beizhun, y otros miembros de la Fundación, y mis asesores en la Legislatura porteña, Lucas Enrique Schaerer y Facundo Carlos Antonio Lugo”, detalla Vera.

“El memo del espionaje circuló el día 12 de agosto del corriente año, el mismo día que regresaba de una estadía en el Vaticano”. Vera afirma que en la sede de la Procuraduría, en Avenida de Mayo 760, habría “varias oficinas, aparentemente ubicadas en los pisos primero y segundo”, que funcionarían como “áreas absolutamente restringidas” desde las cuales se trabajaría en el espionaje ilegal.

Aunque los datos fueron recogidos por personal dependiente de Gils Carbó que alertó a los espiados, la denuncia ofrece el testimonio de Jorge Rodríguez, ex miembro del ministerio de Seguridad que trabajó bajo órdenes de Caamaño durante dos años y medio. Según afirma este ex agente, “esta estructura de espionaje dispone de un galpón en cercanías del ex Hospital Francés. En realidad son tres fincas ubicadas en la calle Estados Unidos 3045, 3057 y 3059.” Rodríguez dice que ese inmueble sería una “cueva” desde donde se concretaría “toda la operatoria ilegal con las consabidas escuchas y espionajes, y habría allí buena parte del hardware millonario”.

“La fuerza de tareas de Caamaño, de reciente formación, está integrada por empleados y funcionarios kirchneristas de la Procuración, y fue ‘fortificada’ con militantes de la agrupación La Campora. Asimismo el espionaje político ilegal cuenta con un célula de cinco hackers y un grupo operativo de rompe puertas, que se dedican al seguimiento de los miembros de la Alameda”, asegura la denuncia.

Rodríguez afirmó a Clarín que “a Caamaño se le confundieron el aparato de inteligencia legal y el ilegal, y así trascendió su orden de espiar a La Alameda.” Caamaño afirmó ayer a Radio Télam que “esta denuncia es absurda. Vera necesita prensa. Acá se graban 3 mil CDs por día, lo que menos tengo tiempo es ver a quién pertenece el teléfono. Si a Vera se lo está escuchando es porque hay un juez que pidió que se lo escuche”.