La concesionaria del túnel del Pertús, para el AVE, a concurso de acreedores.

CS podrá reclamar el pago de casi 300 millones a España como compensación por la caída de TP Ferro. El Juzgado de Gerona declaró ayer el concurso de acreedores de la filial de la constructora española y Eiffage, que gestionan el Túnel de Pertús que une el AVE entre España y Francia.

Explican Rubén Esteller y Javier Mesones en ‘El Economista‘ este 3 de septiembre que esta decisión supone que será el magistrado el que tenga que dictaminar si España y Francia deberán pagar una compensación a ambas constructoras, ya que al igual que pasó con el almacén de gas Castor, el contrato de la concesión incluye una cláusula equivalente a la Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA), que podría obligar a ambos gobiernos a desembolsar hasta 420 millones.

Algunas fuentes señalan que a España le correspondería cerca del 60% del endeudamiento, es decir, más de 255 millones. Para Francia, el importe superaría ligeramente los 170 millones. No obstante, otras fuentes se remiten a la proporción al 50% de la participación de las constructoras, lo que supondría 214 millones para cada país.

Insolvencia

El juez ha constatado la situación de insolvencia en la que se encuentra la empresa en un auto fechado el 1 de septiembre, en el que además otorga a TP Ferro un plazo de dos meses para presentar un informe sobre la situación de la compañía.

El auto del juzgado mercantil declara de esta forma el concurso que la sociedad gestora de la línea solicitó voluntariamente el pasado mes de julio, al no lograr refinanciar su deuda ni con sus bancos ni con los gobiernos, que además han rechazado varias solicitudes millonarias de indemnización realizadas por las dos constructoras.

TP Ferro se encontraba en preconcurso desde el pasado 19 de marzo y el plazo para llegar a un acuerdo con la banca y los fondos acreedores finalizó el pasado 19 de julio. Al no haber alcanzado un acuerdo ni con los acreedores, que se dividen prácticamente al 50% entre fondos de inversión internacionales (Avenue, BlueMountain, Neuberger Beman) y entidades financieras (ING, BBVA, Bankia, Caixabank o Novo Banco).

Además, los Gobiernos de España y Francia se habían negado en rotundo a aportar los 140 millones de euros que pedían TP Ferro y los acreedores de la infraestructura para refinanciar la deuda y evitar la quiebra.

ACS y Eiffage, las propietarias de TP Ferro, acordaron en julio con los Estados inyectar cuatro millones, suficientes para mantener la operativa hasta marzo de 2016.

Seguirán negociando

A partir de ahí, las partes seguirán negociando para intentar lograr la viabilidad del proyecto, cuyos costes financieros son, en este momento, inasumibles para la concesionaria, que ya ha denunciado a los países por los retrasos iniciales en la construcción de las vías y por las erráticas previsiones de tráfico, entre otras cuestiones.

Para ACS, Eiffage y los acreedores todo pasaba porque los Estados insuflasen capital. Un dinero público que, con las elecciones a la vuelta de la esquina, el Gobierno español no estaba dispuesto a aportar -tampoco el francés-, tal y como reiteró la ministra de Fomento, Ana Pastor.

ACS y Eiffage se habrían comprometido a aportar 50 millones, siempre y cuando los Estados asumieran su parte. De los 190 millones totales, una parte fundamental se destinaría a recomprar deuda y el resto al negocio, cuyas perspectivas, en cualquier caso, son mucho más positivas que hace unos meses.

España y Francia negocian varias alternativas. Por un lado, estudian la creación de una sociedad económico-financiera de capital público que se haría cargo de la gestión del AVE entre ambos países.

Esta vía es la preferida por el Ejecutivo francés. La otra opción es que Adif asuma la concesión en las líneas del territorio español y que la RFF, el gestor ferroviario galo, haga lo propio en Francia. En este caso, existen «complicaciones derivadas de los protocolos de seguridad».

Ambas soluciones, obligan a los Estados a enfrentar una deuda millonaria que repercutiría en el déficit público.

Ambos gobiernos se negaron a aportar los 100 millones de euros -50 millones cada uno- que los fondos acreedores, que tienen más del 50% de la deuda, exigieron al consorcio que integran ACS y Eiffage.

Estos fondos propusieron que si TP Ferro desembolsaba 100 millones se le eximía durante siete años de amortizar el principal de la deuda, aunque seguirían haciendo frente a los intereses. Fue el ultimátum de los acreedores, que no obtuvo respuesta positiva por parte de la sociedad, lo que a su vez trató de involucrar a las administraciones española y francesa, sin éxito, con el pretexto de que se trata de una concesión administrativa y de que no se han cumplido las previsiones de tráfico de viajeros iniciales.