El colectivo #SeguridadSinGuerra, integrado por más de 300 organizaciones sociales, pidió a Andrés Manuel López Obrador la abrogación de la Ley de Seguridad Interior, y que reconsidere la creación de una Guardia Nacional, pues consideran que estas medidas van contra la desmilitarización del país.

A través de un comunicado, #SeguridadSinGuerra expresó su preocupación por “la existencia de obstáculos que pueden comprometer la construcción de paz. Uno de ellos es la promesa de campaña para crear una Guardia Nacional (…), así como la vigencia de la Ley de Seguridad Interior”.

Las organizaciones también comunicaron al equipo del candidato que “al inicio de la siguiente legislatura, es posible superar esos obstáculos de la mano de la sociedad civil, para comenzar el proceso de reconciliación y paz a partir del 1° de diciembre”.

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“Consideramos que con la mayoría legislativa que alcanzará la coalición más votada el pasado 1° de julio, aunada al diálogo con otras fuerzas políticas, no existe motivo alguno para posponer la abrogación de la Ley de Seguridad Interior”, indicaron.

El colectivo señaló que “esa ley no contribuye a la paz y su simple existencia amenaza e inhibe el ejercicio de los derechos humanos”, por lo que dijeron, su abrogación no debe depender de las consideraciones que tenga sobre su constitucionalidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En la misiva, las organizaciones saludaron la propuesta de Alfonso Durazo, propuesto para la Secretaría de Seguridad Pública en el gabinete de López Obrador, de capacitar a policías y mejorar sus condiciones económicas, así como la de legalizar la siembra, trasiego y uso lúdico de la mariguana, impulsada por Olga Sánchez Cordero, anunciada por el candidato como la próxima secretaria de Gobernación.

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“Lo que Andrés Manuel ha expresado en los últimos días –en torno al inicio de un proceso de reconciliación del país como prioridad- debe traducirse en la construcción de una agenda de paz con la participación de las víctimas de una grave crisis de derechos humanos y quienes les acompañan, así como de académicos, especialistas y quienes formarán parte del nuevo gobierno y el próximo Congreso”, aseveraron.

El pasado 21 de diciembre, el presidente Enrique Peña promulgó la Ley de Seguridad Interior, aunque dijo que no emitirá la declaratoria de protección para alguna zona, prevista en la legislación, hasta que la SCJN se pronuncie sobre su constitucionalidad.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como algunos municipios del país, presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, por considerar que la Ley de Seguridad Interior autoriza el uso de fuerzas armadas sin supervisión y contraviene los principios establecidos en la Constitución.

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Hasta ahora, dos jueces federales, uno en Ciudad de México y otro en el estado de Guanajuato, concedieron amparos contra la Ley de Seguridad Interior al considerarla inconstitucional.