"Yo me topo con este engendro en el años 2003. Entonces descubrí lo que era el Síndrome de Alienación Parental, y soy una de las primeras 'usuarias' (así nos definen) de los puntos de encuentro familiares. Me ha comido todo el sistema: mediación familiar, puntos de encuentro y arrancamiento... Porque hay que llamar a las cosas por su nombre. No son retiradas de custodia, a los hijos e hijas nos los arrancan de la manera más cruel que se pueda imaginar".

Así explicaba su caso Ester Ruiz, enfermera especialista en psiquiatría y responsable de la Plataforma Luna contra el SAP, en una jornadas multidisciplinares celebradas recientemente en Igorre (Vizcaya), para denunciar la utilización de este síndrome inexistente en juzgados, equipos psicosociales y servicios sociales de diversas comunidades.

Ella denunció a su expareja por posibles abusos y maltrato y acabó sin la custodia de su hija y peleando contra un sistema del que entonces conocía muy poco. Por eso, al cabo de los años, una vez recuperada a su hija, montó la primera asociación de ayuda y apoyo a las víctimas del SAP.

El 4 de agosto de 2017, Irune Costumero vivió una situación similar. Una llamada de los servicios sociales de Vizcaya la citó en su sede sin más explicaciones. Al llegar, una decena de policías, guardias de seguridad y Ertzainas uniformados estaban en la sala. Sin ningún tipo de advertencia una trabajadora social cogió a la niña, se la llevó entre gritos de la menor que llamaba a su madre y pedía auxilio, mientras que a ella la sujetaron para que no pudiera salir en su búsqueda.

Los audios de esta escena, a los que ha tenido acceso este diario, resultan estremecedores y han sido una de las pruebas admitidas contra los responsables de los servicios sociales de Vizcaya, cuatro de los cuales han sido imputados por la Audiencia Provincial por prevaricación y delito de lesiones y se sentarán en el banquillo en breve. Entre ellos figuran el el máximo responsable del departamento de Acción Social, Sergio Murillo; la jefa de la Sección de Recepción, Valoración y Orientación, Antonia Giner, la jefa del Servicio de Infancia, Consuelo Alonso y la trabajadora social que aplicó la orden, Maika Urrutxurtu.

"Tardé tres meses en ver a mi hija y la primera vez que la vi fue en un punto de encuentro vigilada en el que me amenazaban cada vez que le decía que consideraban dañinas"

"La orden que me leyeron esa mañana encerrada en esa sala, mientras escuchaba alejarse los gritos de mi hija, decía que la Diputación foral de Vizcaya asumía temporalmente la tutela de la niña y le cedía provisionalmente la estancia al padre. No podía tener ningún contacto con ella durante un mes y luego ya se vería. Tardé tres meses en verla y la primera vez que la vi fue en un punto de encuentro vigilada en el que me advertían y amenazaban cada vez que le decía a mi hija cosas que ellos consideraban dañinas, como que cuando viniera a casa vería a su perro", narra Costumero.

Han pasado casi tres años y Costumero sólo ve a la niña dos veces por semana durante dos horas, sin derecho a pernoctas, fines de semana o vacaciones. Ni la denuncia a los máximos responsables de los servicios sociales de Vizcaya, ni su posterior imputación por la Audiencia han conseguido que se revierta la retirada de custodia a la madre, que se realizó sin la intervención del juzgado que había decretado una custodia compartida entre los progenitores. Su delito, según los servicios sociales que decretaron un desamparo de la menor: ser una mala influencia para su hija y no permitir la revinculación con el padre, a quién había denunciado por malos tratos y al que la niña se negaba a ver.

Lo que ha cambiado es el miedo de las madres a perder la custodia de sus hijos si denuncian las violencias y abusos sexuales

Entre el caso de Ruiz y hoy han pasado cerca de 20 años, pero las cosas han cambiado poco o nada. Tal vez, apuntan diversos expertos, lo que ha cambiado es el miedo de las madres a denunciar violencias o abusos sexuales de sus parejas hacia sus hijos e hijas por miedo a no ser creídas y acabar perdiendo la custodia tras un largo proceso judicial.

"El Síndrome de Alienación Parental no está reconocido por ninguna institución médica, y si lo llegara a estar habría que cuestionarlo como se hizo con la patologización de la homosexualidad, para sacarlo de los manuales de psicología", afirmó durante las jornadas Enrique Stola, psiquiatra argentino especialista en violencia y género.

Este experto explica que el SAP es una reacción a los avances y fortísimos cambios conseguidos por las mujeres en la década de los 60 y 70 en Estados Unidos, en que lograron, entre otras cosas, el aborto, la liberación sexual, pusieron de relieve que el lugar más peligroso para las mujeres era la propia casa o visibilizaron el incesto paterno-filial.

"El SAP es un instrumento dentro del poder judicial para disciplinar a las mujeres y para aterrorizar a las niños y niñas"

"El SAP es un instrumento dentro del poder judicial para disciplinar a las mujeres y para aterrorizar a las niños y niñas y con eso controlar a las mujeres. Es un instrumento terrorista, porque lo que produce es temor en muchísimas mujeres a denunciar por miedo a que les saquen a sus niños o niñas. Es un instrumento que favorece a los hombres golpeadores, maltratadores, a los abusadores sexuales y a los que cometen incesto paterno-filial", afirma Stola.

Según este experto, a los niños y niñas se les obliga a repetir muchas veces las escenas de trauma y lo que les van haciendo sentir es que ellos no son creíbles. "Lo que se produce es un reacomodamiento en ellos porque ven que no sirve hablar. Y cuando los funcionarios comienzan a aplicar casa uno de los paso del SAP, como la teoría de la amenaza, y les dicen que si siguen diciendo lo que cuentan no verán más a su madre, los niños y niñas pasan a ser acusados y activan lo que se llama: conducta defensiva de los menores".

"Tratan de mantener el equilibrio psíquico y tratan de decir lo que suponen que les puede atenuar la presión dentro del poder judicial. Si sienten que no los creen, repetirán ya sin carga emocional la situación traumática y hasta pueden entrar en un absoluto silencio, profundizándose la dinámica del trauma y de estigmatización porque supone un golpe a su autoestima y horada su criterio de realidad", añade Stola.

El SAP es una tortura

La aplicación de esta inexistente patología es, según aquellas que lo viven, una auténtica tortura. Y no en sentido figurado. Es decir, un castigo físico o psíquico on el fin de que confiese algo y un sufrimiento continuado.

Tal como explica Ruiz, aunque no existen datos oficiales porque nadie los recoge, "calculamos que más del 80% de las mujeres que en nuestro país denuncian abusos sexuales o violencia de género, acaban aplicándoles este supuesto síndrome (o algunos de los eufemismos con los que se activa) y un altísimo porcentaje acaba sin la custodia de sus hijos o hijas".

"Con lo que nos encontramos es que si denuncias violencia o abuso de tu pareja hacia tus hijos, esto se archiva. Se da por bueno que no ha existido y vas a la mediación familiar. Y si no te humillas y te sometes te tachan de no colaboradora, de obstaculizadora e instrumentalizadora y te acaban arrancando al los hijos. Y lo hacen con violencia. A ellos no los preparan, no les explican nada. Porque difícilmente se les puede explicar que se los van a llevar con el padre que los violenta porque tu madre te quiere mucho y te intenta proteger, pero vamos a decir que está loca", afirma Ruiz.

Ruiz admite que en los últimos tiempos se habla más sobre este síndrome inexistente y se hablará cada vez más de él, "porque las madres como yo que ya tenemos a nuestros hijos que han cumplido los 18 años, a las que no nos pueden amenazar con quitárnoslos estamos alzando la voz e incendiando las redes. Yo misma con mi nombre y apellidos estoy constantemente expuesta. No voy a dejar de hacerlo. Porque aquí no se está protegiendo a la infancia. El único objetivo que tiene este inexistente síndrome es anular y humillar a las mujeres y seguir manteniendo el sistema machista y patriarcal que durante años se ha establecido. Y no lo vamos a permitir", concluye Ruiz.