El ex presidente Carlos Menem fue condenado a siete años de prisión efectiva por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, en la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.

El ex mandatario fue considerado coautor del delito de contrabando agravado y se pedirá su desafuero como senador nacional para que se concrete la sentencia.

Se trata del primer ex presidente de la democracia que recibe una pena a prisión efectiva. El ex jefe de Estado fue condenado tras 18 años de investigación por el envío ilegal de 6000 toneladas de armas del Ejército a Ecuador y Croacia durante la década del 90.

Menem probablemente apelará el fallo ante la Corte Suprema. Además, podría solicitar, y casi seguro lo obtendría, el beneficio del arresto domiciliario, debido a su edad, ya que tiene 82 años.

El fallo se leyó, pasadas las 15, en los tribunales de Comodoro Py 2002. El ex presidente no concurrió a la sala por recomendación médica.

Otros condenados

Además de Menem, el tribunal condenó al ex ministro de Defensa Oscar Camilión a cinco años y medio de prisión efectiva. El ex funcionario quedó inhabilitado por once años para ejercer como funcionario público y para ejercer el comercio durante dos años. Se trata de los dos máximos funcionarios imputados, en una causa que además tiene a otros 16 acusados.

El tribunal se expidió sobre otros diez acusados, entre los cuales figura el supuesto traficante de armas Diego Palleros.

Largo proceso

A pesar de recibir una pena a siete años de prisión, en tribunales se da por descontado que Menem no irá a prisión este año ni probablemente el próximo, pues resta el desafuero en el Senado de la Nación y que la Corte Suprema deje firme el fallo condenatorio. En tanto, se prevé que los acusados recurran el fallo ante el Máximo Tribunal.

El proceso que desembocó en el fallo de hoy, duró más de 18 años. En 2011, el ex presidente Menem y los otros 17 acusados en el proceso habían sido absueltos por el TOPE 3, que -por mayoría- entendió que la venta de armas no consistió en "acto de contrabando", sino que fue una "decisión de política exterior y un acto político no judiciable".

Pero el 8 de marzo pasado la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión, y ordenó a los mismos jueces que ahora impongan las penas.