El exministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa evitó declarar, incluso como testigo, en el juicio por el Yak-42, pero deberá hacerlo, como codemandado, el próximo miércoles en el Juzgado de lo Social número 5 de Madrid, donde se juzgará la denuncia por acoso laboral presentada por una exsecretaria de la Embajada de España en Londres. Lo hará, eso sí, por videoconferencia, pues el político y embajador español ha alegado que compromisos ineludibles le impiden desplazarse a Madrid.

La demandante es Teresa Hernández, contratada laboral de la Embajada, donde trabajó desde el 1 de noviembre de 2007 hasta que, el 21 de agosto de 2014, fue despedida por razones disciplinarias. Desde el 1 de abril de 2011 fue secretaria social del embajador, primero del diplomático Carles Casajuana y luego del propio Trillo, responsable de organizar eventos sociales, entre otros cometidos.

Los problemas empezaron, según la demanda, cuando Trillo se llevó a Londres a su asistente personal durante años, Julieta de Micheo, quien tomó el control de la agenda del embajador, sin informar a las secretarias de la Embajada, lo que provocó problemas de coordinación. Hernández asegura que ésta le daba instrucciones por correo electrónico a través de su secretaria en Madrid, sin comunicárselo directamente, aunque ambas estaban en la Embajada.

Uno de los primeros incidentes tuvo lugar, según la demanda, en junio de 2012, con motivo de una recepción, cuando se produjo una confusión sobre el número de invitados. Trillo pidió a Hernández un informe sobre lo sucedido, pero lo juzgó insuficiente, así como las disculpas por escrito que la secretaria le presentó meses más tarde.

Durante la recepción, De Micheo llamó a Hernández, alegando que no le contestaba Trillo, y esta le pasó su móvil al embajador lo que, según la demanda, le valió una severa reprimenda pública, supuestamente porque debía haberle entregado el teléfono por medio del mayordomo.

En julio del mismo año, Trillo llamó a la secretaria, pero le saltó el contestador, ya que en ese momento estaba enviando un fax. “Llamé al embajador y, sin dejarme hablar, me dijo entre gritos que estaba harto de mí y que, cuando todo acabase, vería si conservaba mi puesto de trabajo”, asegura Hernández.

A partir entonces, Trillo se negó a trabajar con ella, alegando que había perdido su confianza, por lo que la secretaria pidió cambiar de puesto en la legación diplomática, según la demanda. El traslado nunca se realizó y Hernández pasó meses mano sobre mano sin que se le asignase ninguna tarea. Al final, tomó la baja por depresión y se sometió a tratamiento psicológico.

El 9 abril de 2013, pidió que se le aplicara el protocolo por acoso laboral, pero Exteriores alegó que todo respondía a una reordenación de funciones del personal de la Embajada que era competencia de Trillo.

El 15 de julio de ese año se le notificó la primera sanción, por faltar dos días al trabajo, pese a que que entregó la baja médica, y el 6 de febrero de 2014 se le abrió un expediente disciplinario, en el que se la acusaba de no haber realizado el inventario que se le ordenó y de entrar en la Embajada fuera del horario laboral, llevándose una carpeta.

Hernández alega que sí hizo el inventario, que ninguna norma limitaba el acceso del personal a la Embajada y que la carpeta contenía efectos personales. Lo sorprendente es que se le imputó otra falta muy grave por aportar en su defensa documentos que prueban que hizo el inventario, engordando así el expediente que acabaría con su despido.

Para Hernández, su persecución fue impulsada por Trillo, por lo que pide que se le condene, junto a la Subsecretaría de Exteriores. La exsecretaria reclama la nulidad de su despido y una indemnización de 30.000 euros, por los daños sufridos.

Una de las cuestiones a dilucidar en el juicio es el papel que jugaba De Micheo en la Embajada y si Exteriores estaba al corriente. De Micheo es diputada del PP y ocupa precisamente el escaño que dejó Trillo cuando fue nombrado embajador.

Consultada por EL PAÍS, la Embajada de España en Londres remitió a la Oficina de Información Diplomática (OID), que rehusó comentar “un asunto que está en los tribunales”.