Era el turno del Tribunal Supremo, de Carme Forcadell y de los miembros de la Mesa del Parlament. El plazo que el magistrado del alto tribunal Pablo Llarena les concedió para que prepararan la defensa expiró este jueves, precisamente una semana después de que la Audiencia Nacional enviara a ocho exconsellers a prisión. Todos ellos investigados por rebelión, sedición y malversación.

Finalmente y después de más de doce horas en la sede del Alto Tribunal, el juez Llarena impuso prisión eludible con fianza de 150.000 euros para la presidenta del Parlament, en contra del criterio de la Fiscalía, que pedía para ella y para tres miembros de la Mesa (Guinó, Corominas y Simó) prisión incondicional. Para Guinó, Corominas, Simó y Barrufet acordó, no obstante, fianzas de 25.000 euros y el plazo de una semana para abonarlas. En el caso de Josep Joan Nuet, que votó en contra de la independencia, decretó libertad sin medidas cautelares.

A la espera de que aporte su fianza, Forcadell fue trasladada a la prisión de Alcalá-Meco para pasar la noche, una semana después de que la Audiencia Nacional dictara prisión incondicional para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete consellers del gobierno de Carles Puigdemont, que sigue huido en Bélgica.

Forcadell, que comparte presidio con las exconselleras Dolors Bassa y Meritxell Borràs, saldrá previsiblemente este viernes cuando abone la fianza. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) afirmó esta noche, a través de un mensaje en Twitter, que la "caja de solidaridad cubrirá las fianzas de los miembros de la mesa del Parlament".

Antes de la decisión del juez, tanto Forcadell como Guinó, Corominas y Simó utilizaron el turno de última palabra concedido por Llarena para desvincularse de la vía unilateral hacia la independencia, siguiendo así la estrategia de Barrufet, que ya lo hizo durante su declaración, cuando se desmarcó de la vía unilateral y reconoció que el referéndum del 1-O se desarrolló sin garantías y que no tiene validez. También que la salida pasa por el pacto. El resto simplemente habían acatado la aplicación del artículo 155 y habían restado valor a la declaración de independencia, al sostener que no tenía validez jurídica sino carácter simbólico.

En el auto, el magistrado atribuye a Forcadell una "actuación principal" en el proceso independentista, tanto "por su inervención medular" en él como "por la intensa repercusión que su propio liderazgo ha tenido". "Una actuación esencial que vino seguida por su presidencia del Parlament, en la que se perfiló el método que se iba a seguir para declarar la independencia y que aportó el aparente soporte legislativo que el proyecto necesitaba", señala.

El abogado de Carme Forcadell, Andreu van den Eyne, ya ha anunciado que recurrirá la decisión del juez del Supremo, porque entiende que ha dado un trato distinto a su clienta que al resto de los investigados.

Fianza civil de 6,2 millones

Por otro lado, el juez ha rechazado otra de las medidas que pidió la Fiscalía en su querella: el pago de una fianza de 6,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.

Esta decisión choca frontalmente con la tomada por la juez Carmen Lamela para el expresident Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras y todos los exconsellers: les dio tres días laborables, a contar desde sus declaraciones ante el tribunal, para pagar, un plazo que terminó el día 8 de noviembre y a partir del cual la magistrada podía empezar ya a embargarles sus bienes, algo que aún no ha hecho.