Pero si la farándula ya es por sí misma insoportable, el hedor alcanza cuotas jamás imaginadas en estos tiempos de efervescencia derechil. La España de los balcones es una España de banderas que han ido perdiendo el color a medida que el proceso catalán agonizaba a golpe de tribunales. A pesar de todo, aquel caldo de cultivo dio sus frutos y ha engendrado todo un animalario de patriotas que sueñan con ser presidentes. Y aquí tenemos, por fin, a la derecha trifachita con sus jusapoles, sus a por ellos y sus fusilamientos con amor, lo lo lo lo. Aquí tenemos este Brunete millennial en que se ha convertido la política española, una batalla de voxeros instagramers, mentirijillas de WhatsApp y bulos empaquetados y liberados a la deriva del algoritmo. Recién salido del laboratorio electoral andaluz, el monstruo de tres patas sueña con asaltar la Moncloa a golpe de discursos de odio y mentiras poco piadosas.

Se ha dicho poco o nada que estas son las primeras elecciones generales después del desarme y la disolución de ETA. Algunos líderes políticos, sin embargo, parecen haberse tomado esta circunstancia como un contratiempo y se han empeñado en resucitar el fantasma de la violencia. Así, Vox aprovecha su paso por Donostia y Bilbao para colgarse medallas de victimismo ante esa multitud que los ha recibido con abucheos. La mayoría mediática, en un nuevo capítulo de blanqueo, ha querido pintar a los manifestantes antifascistas como “violentos” o “radicales de la izquierda abertzale”. Las televisiones no nos ofrecen, qué pena, los saludos a la romana que algunos forofos de Vox han dedicado a la muchedumbre en Donostia. También el PNV se ha sumado a los lloriqueos de la extrema derecha y Aitor Esteban ha llamado “ultras” a quienes protestaban por la presencia de Abascal. No dicen que en la concentración de Bilbao, un disparo de foam de la Ertzaintza le ha partido dos veces la mandíbula a una joven de diecinueve años cuando se cumplen siete años del pelotazo mortal contra Iñigo Cabacas. Algunos no aprenden.

Pero el show de los abascales tiene una réplica de Ciudadanos en Errenteria, un municipio guipuzcoano gobernado por una alianza de partidos en la que participan EH Bildu, Izquierda Unida, Podemos y Equo. Albert Rivera, que jamás se había dejado ver por allí, organiza un acto político que perturba la vida cotidiana del pueblo. Se acordona la plaza y las calles se llenan de antidisturbios. Los vecinos están molestos y reciben al partido naranja con cacerolazos y con lazos amarillos prendidos de los balcones. Pero los titulares están escritos de antemano. Así es como Rivera se proclama mártir constitucional y el pueblo de Errenteria es retratado como una turba de indígenas sedientos de sangre. La plantilla criminalizadora de Altsasu. No nos cuentan, en cambio, que el acto de Ciudadanos obligó a paralizar la tradicional marcha del día de la República. Que entre la multitud indignada, vemos la tricolor republicana y el puño levantado del ex alcalde del PSOE, Adrián López. Los medios esconden la fotografía porque desbarata el relato de la resurrección de ETA. El bulo no termina aquí. Rivera acude a la Fiscalía y denuncia a EH Bildu por un delito de odio. Aporta como prueba documental una pancarta donde la imagen del líder de Ciudadanos aparece boca abajo “con una mancha roja en la frente”. Acudimos a la imagen original y es cierto que han dibujado a Rivera con una mancha roja. En la nariz.

Ciudadanos se está destacando en campaña como una de las más prolíficas factorías de noticias falsas. En su afán centralizador, los riveristas reclaman una tarjeta sanitaria única para toda España. No se puede permitir, dice Rivera, “que vayas a un centro de salud en otra comunidad autónoma y que te digan que no te pueden atender porque eres un desplazado”. El portavoz naranjista no sabe o no quiere saber que el derecho a ser atendido en cualquier comunidad autónoma está garantizado mediante la ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Cuando Albert Rivera viaja a Madrid, tiene derecho a recibir asistencia sanitaria “en las mismas condiciones e idénticas garantías que los ciudadanos residentes”.

También ha asomado por la campaña electoral el debate sobre los vientres de alquiler. No en vano, la gestación por sustitución es una de las banderas programáticas de Ciudadanos. De modo que la sección LGTB+ del partido recupera el soniquete liberaloide de Albert Rivera y reclama que se abran paritorios a la ucraniana o qué sé yo. “Yo solo pido una regulación para la gestación subrogada”, repite Rivera. La cuestión es que la maternidad por sustitución ya está regulada en España mediante la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida. El artículo 10.1 es explícito en este sentido. “Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero”. En otras palabras, que el alquiler de úteros ya es una práctica regulada. Prohibida, para más señas.

Sabemos que la campaña electoral es un territorio propicio para las falacias de brocha gorda, pero hay candidatos que se empeñan en batir todas las marcas. Pablo Casado, sin ir más lejos, proclama a voz en cuello que el rey “es el jefe del Estado que todos hemos votado”. El chiste se cuenta solo. Casado ha protagonizado algunos de los patinazos más sonados de estos días. En una entrevista en Onda Cero, el candidato del PP criticaba la subida del SMI a 900 euros y prometía situarlo en 850 euros. Esa es la cantidad, dice Casado, que acordaron Mariano Rajoy, los sindicatos y la patronal. Cuando la noticia trascendió, Casado trató de desmentir lo que todos habíamos visto y escuchado. “¿Quién ha dicho que yo voy a bajar el SMI? ¿Estamos en las fake news de la semana?”.

Los falsos desmentidos de Casado vienen de lejos. Se queja el portavoz popular de que su partido está siendo pasto de la posverdad en la prensa y cita como ejemplo una noticia que nos escandalizaba hace algunas semanas. Y es que el PP, entre sus medidas para fomentar la natalidad, proponía que las inmigrantes sin papeles no fueran expulsadas de España en caso de que entregaran sus hijos en adopción. La propuesta suscitó un encendido debate y Casado terminó calificándola de fake new. Las hemerotecas, sin embargo, son tozudas. En un doble tirabuzón, Casado aprovechaba para presumir de máster. “Pocos políticos pueden decir en España que tienen una sentencia del Supremo que califica su expediente académico de ‘intachable’”. Desde luego, no es el caso del expediente de Pablo Casado, ya que no existe ninguna sentencia del Supremo. Lo que sí existe es un auto en el que se señala que “no consta que hubiera asistido a clase ni que hubiera aportado trabajos”.

La campaña avanza y vamos para bingo entre el ruido de sables y los embustes de medio pelo. Confieso que me invade la pereza, ya lo he dicho, cada vez que amarramos a nuestros candidatos al detector de mentiras. Existe una leyenda urbana bien alimentada por el cine que tiene que ver con el empleo de un suero químico de la verdad en los interrogatorios policiales. Es cierto que la inyección intravenosa de tiopentato de sodio tiene un efecto desinhibidor, pero lo más probable es que el interrogado termine mezclando la realidad con sus propias fantasías. Hace falta una droga de la verdad que pueda suministrarse por ley a todos los candidatos. Me gusta imaginarlos como Jim Carrey en Mentiroso compulsivo, la historia de un abogado que está a punto de arruinar su carrera porque un hechizo mágico le impide mentir. Habrá que esperar algún milagro de la industria farmacéutica. Mientras tanto, nos queda el trabajo tedioso de la verificación. La campaña continúa y aquí seguimos, perezosos, con pinzas en la nariz, desinfectando las mentiras trifachitas.

https://ctxt.es/es/20190417/Firmas/25698/Jonathan-Martinez-el-mentidero-vox-pp-ciudadanos-campa%C3%B1a-elecciones.htm