El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado en el pleno que ha empezado este martes la hoja de ruta aprobada por el Parlament el pasado octubre, resolución que acordaba celebrar el referéndum sobre la independencia de Catalunya en el 2017 y ha autorizado a la Fiscalía a abrir una nueva vía penal contra la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell y a proceder contra cuatro miembros de la Mesa.

Corresponde al fiscal determinar si abre causa penal o no, una cuestión sobre la que el TC no se puede pronunciar, han señalado fuentes de este órgano. La resolución dada a conocer por el tribunal de garantías entra en el fondo del incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno contra las resoluciones del Parlament, cuya admisión supuso la suspensión cautelar de las mismas.

También se insta a proceder contra cuatro miembros de la mesa del Parlament

Esta decisión fue notificada de forma personal el pasado 20 de diciembre a Forcadell y a los miembros de la Mesa, que según la demanda permitieron la tramitación impugnada, que son el vicepresidente primero de la Mesa, Lluís Corominas (JxSí); las secretarias primera y cuarta, Anna Simó y Ramona Barrufet (JxSí) y el secretario tercero, Joan Josep Nuet (SíQueEsPot), que votaron a favor. Contra todos ellos podrá actuar a partir de ahora la Fiscalía.

Carme Forcadell ya se encuentra investigada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) como consecuencia de una autorización anterior del TC a la Fiscalía, por permitir el debate y la votación de la conclusiones de la comisión del proceso constituyente. El tribunal de garantías le había instado a impedir la discusión de este asunto en el Parlament por considerarlo un desarrollo de la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015 que este órgano había suspendido por inconstitucional.

Forcadell ya ha reaccionado en su cuenta de Twittter: “El único diálogo que se nos ofrece es con los tribunales. A pesar de todo, continuamos defendiendo la libertad y el derecho de iniciativa de los diputados”, ha escrito la presidenta de la Cámara tras conocer la resolución del tribunal de garantías. Por su parte, el Govern, por medio de su portavoz y vicepresidenta, Neus Munté, ha asegurado que mantiene el camino hacia el referéndum a pesar de las resoluiciones del TC.

La anulación acordada este martes afecta a varios apartados de los capítulos titulados “Referéndum” y “Proceso Constituyente”, incluidos en el Título I de la resolución del Parlament sobre “El futuro político de Catalunya”. Como consecuencia de la estimación del incidente de recusación se declara la inconstitucionalidad y nulidad de todos esos apartados, según ha concretado el TC en una nota de prensa.

Advertencia a Puigdemont

El Tribunal estima también la petición de la Abogacía del Estado relativa a la notificación personal de la presente resolución y a la realización de apercibimientos. Así, acuerda notificar personalmente el auto a la presidenta del Parlament, a los demás miembros de la Mesa, al secretario general de la Cámara autonómica, al President de la Generalitat, Carles Puigmdemont, y a los demás miembros de su Consejo de Gobierno.

Les advierte de “abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento” a la resolución aprobada el pasado mes de octubre en lo que se refiere a los apartados anulados y de su deber de “impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de esos apartados de dicha Resolución, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este Tribunal”.

Deducir testimonio de particulares

Por último, el Pleno acuerda “deducir testimonio de particulares a fin de que el Ministerio Fiscal proceda, en su caso, a exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a Forcadell y a los otros 4 parlamentarios por incumplir el mandato del párrafo primero del art. 87.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) en relación con los hechos objeto del presente incidente de ejecución”. La Abogacía del Estado solicitó la investigación de los puntos de la propuesta de resolución del Debate de Política General que van de las 1 a la 9 --que hacen referencia a “la convocatoria del referéndum y la ley de régimen jurídico”-- y de la 13 a la 16 --que hablan del proceso constituyente--. Estos apartados son los que han sido ahora anulados.

Durante el Pleno en el que se debatieron las propuestas declaradas ahora inconstitucionales el portavoz del PP en el Parlament, Enric Millo, y el de C’s, Carlos Carrizosa, advirtieron de que la resolución contravenía el dictamen del TC, y se negaron a votarla, pese a lo cual la presidenta sometió a votación las resoluciones.

En su demanda, la Abogacía del Estado ve un incumplimiento al aprobarse esas propuestas de resolución que “generan una situación de perturbación extremadamente grave del orden constitucional, pues el Parlamento catalán pretende formalizar una vez más la convocatoria de un referendo, la apertura de un proceso constituyente y la desconexión con el Estado de manera unilateral”.

“Las resoluciones aprobadas vuelven a constituir un manifiesto desprecio al régimen jurídico establecido por la Constitución”, concluía la petición de los Servicios Jurídicos del Estado, que pedían contundencia al advertir de las consecuencias de continuar el proceso independentista, no sólo a los miembros de la Mesa, sino también al presidente de la Generalitat y a los miembros de su Gobierno.

El Constitucional se planteó esperar a su renovación, que debería producirse antes de mediados de marzo, para discutir y dictar esta sentencia. Pero la resolución que declara inconstitucionales las disposiciones y previsiones de la cámara catalana sobre el referéndum ya estaba terminada.

El Tribunal no ha esperado a su renovación

Durante las últimas semanas, en el TC ha habido ciertas dudas sobre la conveniencia de que la resolución sobre la hoja de ruta soberanista se dicte cuando se hayan incorporado a la institución los cuatro nuevos magistrados que debe nombrar el Senado antes de mediados de marzo. Pero la posible aceleración del calendario político en Catalunya, y la hipótesis de que el referéndum previsto para septiembre se adelante al próximo mes de abril, ha hecho que el TC opte por no retrasar la discusión de la sentencia.

El TC tiene una doctrina muy asentada en el sentido de que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, y no en una parte de él, y sobre quién y cómo puede convocar un referéndum. Si ahora el TC se había planteado esperar a que el Gobierno y el PSOE pacten los nombres de los nuevos magistrados que debe designar la Cámara Alta es precisamente porque no veía razones para tomar una rápida decisión sobre una materia que considera esencialmente resuelta en anteriores sentencias.