Los espionajes ilegales realizados por la Policía Nacional durante los últimos años tuvieron a otro beneficiario de relevancia pública: Juan Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, antiguo miembro de la Brigada Político Social sobre el que pesan más de una treintena de querellas por torturas a opositores al franquismo.

Miembros de la Comisaría General de Información también facilitaron datos confidenciales de particulares a González Pacheco, quien, como desveló EL MUNDO, posee una empresa de seguridad a nombre de su mujer y que radicó en su domicilio madrileño.

Según ha podido saber este periódico a través de fuentes policiales Billy el Niño mantenía encuentros periódicos con el inspector jefe de la Comisaría General de Información Constancio Riaño, al que le solicitaba datos vinculados con tráfico de llamadas de particulares para comercializarlos a través de su sociedad. La filtración de información confidencial a González Pacheco llegó a provocar que se apercibiera internamente a Riaño para que dejarse de tener relaciones con Billy el Niño y evitase cualquier filtración información confidencial.

La empresa creada por González Pacheco es Spas Consultores, cuyas siglas hacen referencia a su objeto social -Servicios de Prevención de Atracos y Secuestros-, que creó junto al comisario Jesús Martínez Torres. Esta sociedad, constituida en enero de 1997 para «actividades de seguridad privada», ha estado activa y ha presentado cuentas anuales hasta 2016.

El ex responsable de la Unidad Central Operativa (Ucao), el comisario Enrique García Castaño, puso sobre la pista a los investigadores en una de sus últimas declaraciones, tal como adelantó Vozpópuli. La revelación de este hecha la llevó a cabo en el marco de la amplia confesión que ha venido prestando durante los últimos meses ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en el llamado caso Villarejo.

Este ex alto mando policial ha revelado al juez Manuel García Castellón y a la Fiscalía Anticorrupción que fueron realizadas consultas de información solicitadas por González Pacheco por parte de algunos miembros de la unidad sin su autorización ni su consentimiento.

Habitualmente, este tipo de consultas comprendían el tráfico de llamadas telefónicas, información sobre cuentas bancarias o datos notariales. Datos todos ellos a los que accedía la Comisaría General de Información bajo el pretexto oficial de que los necesita para operaciones vinculadas con el terrorismo, la corrupción o el crimen organizado.

En este sentido, la confesión ha señalado a la figura del inspector jefe Constancio Riaño, quien ya ha sido identificado por los investigadores como el funcionario que realizó espionajes para las empresas del comisario jubilado José Manuel Villarejo en el marco de la investigación encargada por el BBVA para neutralizar el asalto al banco por parte del ex presidente de Sacyr Luis del Rivero.

No en vano, Riaño fue la persona que espió ilegalmente para las empresas del ex alto mando encarcelado en Estremera a un grupo de periodistas económicos a los que se rastrearon sus llamadas telefónicas. Así lo acredita la información intervenida al socio de Villarejo Rafael Redondo, al que Asuntos Internos confiscó un ordenador portátil con archivos encriptados a cuyo contenido consiguió acceder recientemente.

Riaño hacía llegar los datos al ex policía Antonio Bonilla, que ponía la información en manos del destinatario final con correos electrónicos que revelan una estrecha relación con Rafael Redondo.

Esta operativa, que salpica ahora a Billy el Niño, pone de manifiesto el tráfico de datos confidenciales de la Comisaría de Información de manera masiva y continuada por parte de Riaño que, según las pesquisas, llegó a utilizar las claves de compañeros y subordinados para obtener los datos necesarios sin dejar rastro.

El mayor exponente de este modus operandi es, sin lugar a dudas, el espionaje ordenado y pagado por el BBVA durante la presidencia de Francisco González, en el que se llegaron a rastrear 15.000 llamadas del denominado Grupo Hostil, encabezado por Del Rivero. Este episodio ha desembocado en la imputación del ex jefe de Seguridad de la entidad financiera, Julio Corrochano, que se encuentra en libertad bajo fianza por estos hechos, y otros siete directivos de la entidad, entre los que se encuentra el ex consejero delegado del banco Ángel Cano. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye a todos ellos presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos y de cohecho activo.