El Gobierno empezó a desguazar el PAMI y ya lleva adelante un plan para transformarlo en una fundación.

Así se desprende de la Resolución 0956, donde se constituyó la Fundación PAMI – INSSJP. El portal El Disenso reveló los documentos que el nuevo titular del PAMI firmó ante esta nueva forma jurídica.

Sergio Daniel Cassinotti, quien reemplazó a Carlos Regazzoni al frente del PAMI, intenta por orden del macrismo transformar a a la obra social de los jubilados en una ONG cuyo objetivo es “coadyudar a la atención y promoción de la salud y la asistencia social de los beneficiarios del PAMI mediante el desarrollo e implementación de nuevos modelos de gestión“.

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"Al constituir el organismo una forma jurídica propia del derecho privado, la misma carece completamente de controles estatales y desaparece la obligación de, por ejemplo, realizar licitaciones. A partir de ahora la contratación directa y arbitraria será la regla y recordemos que Cassinotti viene de estar al frente del IOMA, obra social en la que se cometieron fraudes por más de 3000 millones de pesos a través de estafas con sobreprecios, empresas fantasmas y controvertidas contrataciones de ambulancias para los afiliados", relata el portal sobre la decisión del PAMI.

Y revela que como una fundación puede disolverse de un día para el otro y no se encuentra obligada a prestarle ayuda a una persona determinada, como los fondos del PAMI provienen obligatoriamente del 3% de los haberes jubilatorios, el criterio de una fundación es discrecional y no hay instrumento que expresamente garantice las prestaciones universales como ocurre ahora.

El patrimonio inicial de la Fundación PAMI – INSSJP estará integrado por la suma de $100.000 aportados por “el fundador”, es decir, el actual PAMI.

"En estas condiciones, al no integrar la Fundación PAMI los cuadros de la administración ni pertenecer a la administración central o descentralizada tal cual surge del precedente sentado por la propia Corte Suprema de Justicia (fallos 330:4024 y 339:536), si algún día la entidad dejara de prestar servicios, o eventualmente quebrara, el Gobierno ya no sería responsable", cuenta El Disenso.