El decreto ley llamado de “segunda oportunidad”, dirigido a aliviar la deuda de famiias y empresas y que este viernes se presentará al Consejo de Ministros tras ser anunciado en el Debate sobre el Estado de la Nación por Mariano Rajoy, no ha salido de la chistera del presidente del Gobierno. Desde hace prácticamente un año, concretamente desde el 12 de marzo de 2014, la Comisión Europea insta a España y a los pocos países de la UE que no han adoptado un marco regulador a reconocer la insolvencia de personas físicas y jurídicas y obrar en este sentido.

La recomendación lanzada en marzo de 2014 se centraba básicamente en las empresas, pero también invitaba a los estados miembros a aplicar medidas calcadas relativas a las familias sobreendeudadas “porque las bases de la Recomendación son las mismas para unos y otros”, reconocía entonces la Comisión. El 5 de febrero, el eurodiputado del grupo socialista Javier López remitió una pregunta a la comisaria de Consumo, la checa Věra Jourová, para preguntar entre otras cosas por la situación de España.

La respuesta de Jourová refuerza la teoría de que España ignoró la recomendación de marzo de 2014. “Aunque nuestra recomendación se centró en las empresas y los empresarios”, decía la contestación, “reconocemos que el sobreendeudamiento y la insolvencia de los consumidores también son ámbitos pertinentes”.

La comisaria señala en su respuesta que Bruselas “está analizando exhaustivamente la legislación de insolvencia de los Estados Miembros” y asume que con toda seguridad se pedirá “adoptar medidas adicionales” a los que no lo cumplan. El miércoles eldiario.es contactó con la Comisión sobre este asunto, pero no obtuvo respuesta.

No es la primera recomendación que organismos internacionales proponen a España: un informe del FMI situaba a España en julio de 2014 a la cola en segundas oportunidades, esto es, la posibilidad de una familia o una empresa de reestructurar parte o toda la deuda contraída si ésta se convierte en impagable para el deudor.

El europarlamentario Javier López, del PSC, lleva meses trabajando la cuestión de las segundas oportunidades para tratar de sacar adelante una regulación europea encaminada a abordar las insolvencias a pequeña escala.

De acuerdo con la documentación que ha preparado López para llevar al Parlamento Europeo, “el ordenamiento jurídico español es, junto a Bulgaria y Grecia, el único en Europa que no dispone de un procedimiento singular para tratar la insolvencia de los consumidores y personas físicas”. Existe un proceso de insolvencia para las empresas recogido en la Ley Concursal, pero resulta insuficiente a la luz de los datos arrojados por el FMI en verano pasado.

Menos de 1.000 al año

La documentación del eurodiputado socialista recoge numerosas estadísticas oficiales, muchas ya conocidas, que evidencian el alto endeudamiento de familias y empresas españolas. El número de hipotecas en España, por ejemplo, es muy superior a la media de la UE. Y en el año 2011, España reconoció 999 casos de insolvencia de personas físicas frente a 145.000 Reino Unido y 130.000 Alemania. “Nos gustaría contar con datos más actualizados, pero las estadísticas oficiales muchas veces no recogen lo que nos gustaría”, lamenta López.

El decreto que presentará el Gobierno este viernes también incluye las deudas hipotecarias aunque en un principio el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijera lo contrario.