Tribunal Constitucional

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MADRID // Un debilitamiento del Poder Judicial y del Estado de Derecho. Esa es la consecuencia que tienen las acciones tomadas por el Gobierno del PP durante esta legislatura, según las asociaciones de jueces, magistrados y abogados Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, a las que se ha sumado Rights International Spain para denunciar ante la ONU las “graves injerencias del Gobierno en la independencia judicial”.

En un escrito dirigido a la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, las asociaciones piden que la ONU actúe ante las iniciativas que está tomando el Gobierno que, según dicen, “están erosionado el principio de separación de poderes”.

A la denuncia ya realizada con anterioridad se suma esta vez el reciente nombramiento del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sala de lo Contencioso-Administrativo encargada de denuncias contra la administración pública, es decir, el Estado, por delitos como prevaricación. Las organizaciones denuncian que la no renovación del anterior presidente, José Manuel Sieira Míguez, “marca un hito al tratarse de la primera vez en la historia del Alto Tribunal que un presidente de sala no es renovado para un segundo mandato”.

El comunicado denuncia que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -órgano de gobierno del Poder Judicial en España- no ha dado explicaciones para justificar esta decisión, deslizando que se trata de un nombramiento político y que no atiende a los criterios de “objetividad y basados en la integridad y capacidad profesional”.

El nombramiento del nuevo presidente, explica el comunicado, supone “una manifestación más de la situación difícil que atraviesa la independencia judicial en España y, en concreto, de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, cuya consecuencia está siendo una merma en la independencia judicial”.

En este escrito, las asociaciones reiteran su denuncia del pasado abril sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aseguran que ponen en peligro la “seguridad jurídica” y que son contraproducentes en la lucha contra la corrupción, ya que, por ejemplo, al establecer plazos para limitar las instrucciones en delitos penales se podría impedir a los jueces terminar las investigaciones necesarias para descubrir hechos delictivos, según las asociaciones.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquím Bosch, ha manifestado que existen intentos políticos “de influenciar a los altos tribunales”. “En nuestro país la división de poderes corre riesgos muy serios y por eso necesitamos la intervención de los organismo internacionales”, se ha lamentado, asegurando que las presiones «del poder político para controlar la judicatura no tienen equivalentes en toda la etapa democrática”.