La Asociación de Escribanos protestó en la mañana de este lunes frente a la Torre Ejecutiva en reclamo de la entrada en vigencia de las últimas disposiciones de la ley de Inclusión Financiera. La nueva reglamentación, que comenzará a regir el 1º de abril en busca de un mayor control del lavado de dinero, prohíbe el pago en efectivo en operaciones de montos superiores a US$ 5.000 en negocios de compraventa de inmuebles y vehículos.

Esta normativa agrega a los escribanos la tarea de dejar constancia del medio de pago utilizado en cada documento que respalda la transacción de estos bienes.

La presidenta de la Asociación de Escribanos, Ana María Ramírez, dijo a canal 10 que "lo más trascendente" es que cada persona que tenga compromisos de compraventa y cuyo pago no esté registrado deberá dirigirse de forma urgente a su escribano para "dar fecha cierta a toda la documentación que tiene". "Si no, se va a despertar el 1° de abril pensando que es propietario de un auto o de una casa, y no es propietario, y va a tener una imposibilidad de poder acreditar esos pagos".

Luego de la manifestación, Ramírez ingresó a la Torre Ejecutiva para entregarle al presidente Tabaré Vázquez una carta con sus reclamos.

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La normativa prevé además una multa de 25% sobre el monto abonado en transacciones de estos bienes hechas en efectivo luego del 1° de abril. Ramírez dijo que en estos casos las sanciones al escribano pueden abarcar desde la inhabilitación entre cuatro y ocho años hasta la pérdida del título.

En respuesta a la movilización, el coordinador de Inclusión Financiera en el Ministerio de Economía, Martín Vallcorba, señaló en canal 10 este lunes que la nueva reglamentación no traerá "grandes transformaciones" y que esta restricción es una tendencia a nivel mundial. "La realidad es que estas transacciones a nivel general hace mucho tiempo no se hacen en efectivo", afirmó.

Respecto a la tarea adicional de los escribanos, el funcionario agregó que no es "tan significativa". "Es cierto que se les han ido asignando otras responsabilidades por otras leyes en materia de lavado en control de origen de los fondos, pero eso no tiene que ver con la ley de inclusión financiera, sino que viene de mucho antes", indicó.

"Después surgen casos como los de Balcedo y se cuestiona sobre los problemas de control". Coordinador de Inclusión Financiera en el Ministerio de Economía, Martín Vallcorba.

La Asociación de Escribanos recibió el apoyo de otras gremiales, como la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este (Crece). Según Vallcorba, esta gremial cuestiona filosófica y políticamente los términos de la ley de Inclusión Financiera.

"Después surgen casos como los de Balcedo y se cuestiona sobre los problemas de control. En el mundo hay estudios que demuestran que las operaciones de lavado de activos se concentran en gran medida en operaciones inmobiliarias y realizadas con efectivo", puntualizó.