La carrera del comisario Jaime Barrado comenzó a deslizarse la noche del 19 de mayo por una pendiente que el policía no podía adivinar en ese momento. Barrado era aún jefe de la comisaría de Chamartín, una de las zonas más acomodadas de Madrid, cuando citó a declarar a la doctora Elisa Pinto. Ante Barrado, la mujer identificó al comisario José Manuel Villarejo, a las órdenes del ministro del Interior en las maniobras policiales en Cataluña, como el hombre que la había apuñalado el 10 abril de 2014. Días después, Jaime Barrado fue desterrado a la comisaría de Carabanchel, una de las más conflictivas de la capital. La semana pasada le fue abierto el segundo expediente en el plazo de un mes, han informado a eldiario.es fuentes policiales.

La doctora Pinto identifica al comisario Villarejo como el hombre que la apuñaló "sin ningún género de dudas"

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La doctora Pinto atendió el requerimiento del comisario y se presentó en la comisaría de Chamartín en compañía de su abogado. Barrado quería que contara, una vez más, lo que en 13 ocasiones anteriores no había provocado una reacción profesional en los agentes. A saber, que Javier López Madrid, el consejero delegado del Grupo Villar Mir, uno de los hombres más poderosos de España y estrechamente ligado a la familia real, la había acosado sexualmente durante meses y que, cuando se atrevió a denunciarle, uno de sus hijos -un niño de 10 años ahora en tratamiento psiquiátrico- fue amenazado y tuvo que ver cómo su madre era apuñalada en dos ocasiones. El hombre que la acuchilló en la segunda ocasión, y que la mujer reconoce como Villarejo, le dijo: "López Madrid quiere que cierres la boca".

La doctora, una prestigiosa dermatóloga de la capital con una elitista cartera de pacientes, envió un escrito el 27 de febrero pasado a la Secretaría de Estado de Seguridad, harta de que sus denuncias en la comisaría de Barrado y ante la Guardia Civil cayeran en saco roto. Interior terminó dando traslado de ese escrito al Juzgado número 39 de Madrid, en el que está imputado López Madrid por acoso sexual a la doctora; y al Juzgado 26, donde se instruye otra causa, en este caso contra la doctora, a raíz de una denuncia presentada por el yerno de Juan Miguel Villar Mir en reacción a la que costó su imputación.

Esta segunda jueza se interesó por las irregularidades policiales que denunciaba Elisa Pinto y pidió explicaciones al responsable de la comisaría de Chamartín, Jaime Barrado. En el entorno del comisario defienden que si no había actuado hasta ese momento es porque sus subordinados no le habían trasladado la realidad de lo que ocurría a la doctora. El reconocimiento fotográfico de la doctora Pinto ante Barrado dejó poco margen para la duda.

La titular del Juzgado número 39, Belén Sánchez, citó el pasado viernes a la doctora para que ratificara esta última denuncia. Ante la jueza que mantiene imputado a López Madrid, la doctora se ratificó en una declaración que se prolongó cerca de dos horas, según fuentes jurídicas.

La fiscal y el abogado de López Madrid preguntaron a la doctora si la publicación de fotografías de Villarejo en la prensa –la tomada más recientemente, en eldiario.es- podía haber condicionado su reconocimiento en comisaría. Ella replicó que si había hablado en sus denuncias anteriores del comisario fue había sido el propio López Madrid quien le había advertido que le tenía a sueldo. En ese momento no podía relacionar aquel nombre con el rostro del hombre que la apuñaló porque no sabía quién era el tal “Pepe” Villarejo. Sólo cuando le ofrecieron las fotografías, continuó, pudo identificar sin dudarlo al hombre que la apuñaló, que ha resultado ser el mismo al que se refería su presunto acosador.

La noche del 19 de mayo, Barrado le mostró una decena de fotografías de hombres parecidos, entre las que Pinto, rápidamente y sin dudar, señaló una. Se trataba de una foto de Villarejo tomada hace más de 15 años. Con la misma facilidad repitió la operación en un segundo reconocimiento, ya con una foto más reciente. Tras escuchar a la doctora, la jueza ha ordenado una rueda de reconocimiento para próximas fechas en la que participarán la dermatóloga y su hijo, quien presenció el apuñalamiento.

Mientras, el comisario Barrado purga su supuesta osadía. En uno de los procedimientos administrativos abiertos contra él ha sido citada la propia doctora Pinto, algo poco habitual en un procedimiento interno de la Policía. La dermatóloga tendrá que ir a declarar a sede policial, pero esa no es la única excepcionalidad del procedimiento. Para instruir uno de los expedientes contra Barrado se ha llamado al comisario jefe de la Unidad Central de Extranjería y Fronteras, Juan Francisco Pérez Larumbe, quien ha tenido que interrumpir sus vacaciones.

Las fuentes policiales consultadas señalan que solo un comisario del mismo o más alto rango puede, según la normativa interna, instruir un procedimiento contra otro policía. En este caso, Barrado es comisario principal, el más alto en el Cuerpo. Eldiario.es intentó ponerse en contacto este martes con el mando en su nuevo destino de Carabanchel, pero uno de sus subordinados aseguró que se encontraba de vacaciones durante toda la semana.

La Dirección General de la Policía asegura que uno de los expedientes a Barrado ha sido abierto por la desatención que denunció Elisa Pinto en su carta a la Secretaría de Estado de Seguridad. Esa carta, sin embargo, está firmada el 27 de febrero y el expediente a Barrado se abrió a principios de junio, a los tres meses y solo después de que el comisario tomara las riendas de la investigación, citara a la doctora y ésta reconociera sin dudas a Villarejo.

En la carta de Elisa Pinto a Interior se cita en seis ocasiones al comisario Villarejo y ni una sola a Jaime Barrado, aunque la doctora califica en varias ocasiones de "negligente" la actuación de los funcionarios que la atendieron en la comisaría de Chamartín, subordinados todos ellos de Barrado. Al comisario Villarejo no se le ha abierto ningún expediente por las gravísimas acusaciones de la doctora, ni siquiera después del rotundo reconocimiento fotográfico. El otro expediente a Barrado, también abierto con el comisario destinado en otra comisaría, está relacionado con supuestas quejas de un ciudadano ajeno al citado asunto y fue abierto hace unos días, aseguró un portavoz oficial.

Esta no es la primera vez que la cúpula policial ligada ideológicamente al PP utiliza los mecanismos internos del Cuerpo para acosar en esta legislatura a los agentes cuyo trabajo perjudica al partido. Los policías que investigaron la financiación irregular del PP se vieron sometidos a interrogatorios de Asuntos Internos por la publicación en los medios de un informe sobre los presuntos vínculos de la entonces ministra de Sanidad Ana Mato con la trama de corrupción Gürtel. Mato se sentará finalmente en el banquillo como responsable civil a título lucrativo de los regalos que la trama hacía a su marido.

La pasada semana, dos comisarios -Telesforo Rubio y Miguel Ángel Santano- fueron destituidos tras publicar La Razón unas fotografías tomando café en un bar próximo al Congreso con el portavoz socialista de la comisión de Interior, Antonio Trevín. El diputado ha denunciado la utilización de servicios policiales para espiar a la oposición.

¿Quién es Villarejo?

Para entender la tormenta desatada contra el comisario Barrado hay que referirse a quién es el perjudicado por su reciente actuación policial. José Manuel Villarejo Pérez es un comisario de 63 años que ha realizado encargos secretos para casi todos los gobiernos de la democracia. En el seno del Cuerpo Nacional de Policía hay total coincidencia en poner nombre al nexo entre Villarejo y la actual cúpula del Ministerio del Interior: “Cataluña”. El comisario fue condecorado con la Medalla Roja al Mérito Policial –pensionada- en marzo de 2014, en reconocimiento de su participación en las maniobras policiales contra el proceso soberanista. Villarejo está vinculado a la declaración de la exnovia de Pujol Ferrusola ante la Audiencia Nacional y, según fuentes policiales, en otras investigaciones extrajudiciales a políticos vincualdos al proceso.

Pero fue con la publicación de la reunión con Ignacio González cuando su nombre salió a la luz con más fuerza después de décadas actuando en el anonimato. Según un informe escrito tras el encuentro por Villarejo y un pequeño extracto de la conversación filtrado a dos medios, González habría pedido al policía tapar el asunto del origen de su ático de lujo. El político asegura que Villarejo y otro comisario acudieron a chantajearlo. Por esta afirmación, Villarejo acudió a los tribunales, que rechazaron la querella.

Solo cuando El País publicó que el comisario amasa un patrimonio millonario, inédito en su escalafón policial, Jorge Fernández Díaz se vio obligado a anunciar una investigación interna por la grabación y por la fortuna del policía. Las dos fueron encargadas a un subordinado de Villarejo en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. Y las dos acabaron igual, con la conclusión del subordinado de Villarejo, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, de que no existía irregularidad alguna por parte del comisario.

El policía defiende que amasó su fortuna en los diez años que estuvo fuera de la Policía, entre 1983 y 1993, y que su entramado empresarial ha servido para dar cobertura a relevantes servicios al Estado. Después de que Interior exculpase al comisario, El País ha publicado nuevos datos sobre el dudoso origen de los fondos de los que se nutrían sus empresas. Antes incluso de las investigaciones de su subordinado, el ministro salió en público a defender al policía por los “relevantes servicios” prestados en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.

El respaldo del comisario por parte de la cúpula de Interior se volvió a evidenciar cuando, a cuenta del caso del Pequeño Nicolás y otras investigaciones, Villarejo se enfrentó al jefe de Asuntos Internos de la Policía, antes también implicado en la estrategia policial en Cataluña. El comisario Marcelino Martín Blas-Aranda ya no dirige Asuntos Internos y ha sido destinado a un puesto sin competencias.