Por Daniel Basurto González*

El principal opositor a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), Andrés Manuel López Obrador, se refirió desde su candidatura como una obra que estaba condenada a sufrir hundimientos, afectar la fauna de la región, altos costos e indicios de corrupción, ya que, dijo, por intereses particulares se decidió realizar en el peor sitio del Valle de México.

La realidad es que la viabilidad del Aeropuerto de Texcoco fue producto de un minucioso estudio de más de una década sobre el mejor lugar para extender la capacidad aérea en la zona metropolitana y sus alrededores. Había sido aprobado por autoridades aeronáuticas reconocidas a nivel internacional, contaba con todos los permisos incluyendo aquellos relacionados al impacto ambiental, posicionaría a la Ciudad de México regionalmente y lo más importante, costó la friolera cantidad de 75 mil millones de pesos.

El desarrollo del Aeropuerto de Santa Lucía en sus inicios tendría un costo de 70,342 millones de pesos, sin embargó mostró una alza a 78,557 millones, debido a que era necesario adquirir más terrenos de lo que en un inicio se había estimado. Pese a que se muestra un incremento en la inversión para la construcción del proyecto, López Obrador asegura se ahorrará 120 mil millones de pesos con el seguimiento de la obra.

La corrupción es la excusa principal que ha utilizado López Obrador ante la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, sin embargo, no es suficiente. El Presidente no ha ofrecido justificantes sólidos. No es solo que Santa Lucía no cuenta con los requerimientos técnicos, ni la capacidad o ubicación ideales.

El proyecto propuesto por el Presidente y respaldado en la consulta ciudadana carece de estudios de impacto ambiental, así como investigaciones relacionadas al abastecimiento de agua y suelo que abalarán la viabilidad del proyecto.

Así lo explica la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, de Daniel Basurto González, organización conformada por más de 200 expertos, que desde 2013 busca fungir como organismo de consulta de las autoridades ambientales y servir de interlocutor público en términos de políticas, planes y programas, además de ser responsable del 80% de las manifestaciones de impacto ambiental en el país.

“La autorización de impacto ambiental para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía se expidió como si fuera una licencia de conducir, puesto que no se establecieron condiciones acorde con la magnitud de este proyecto”, comentó Basurto González.

Es importante destacar que quien ha realizado los estudios para el desarrollo del proyecto de Santa Lucía es la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de Luis Cresencio Sandoval, quien de acuerdo al articulo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública General, establece que dentro de las funciones de la Sedena se encuentra organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, y no habla de diseñar, construir o administrar un aeropuerto civil de talla internacional.

No obstante, la Sedena especificó en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), estudio avalado por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dirigida por Víctor Manuel Toledo Manzur, que la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía traerá consigo una fuerte generación de empleos, derrama económica y no conllevará afectaciones ambientales graves, sin embargo se establecieron 16 condicionantes para compensar afectaciones futuras.

El Presidente de la AMIA, Basurto González, ha explicado que la entrada en operación del aeropuerto de Santa Lucía traerá consigo problemas ecológicos como desabastecimiento de agua, impacto de ruido, mismo que podría ahuyentar de manera significativa a la población de aves, remoción de árboles, mala calidad del aire, aumento de tráfico y afectaciones a la salud por emisión de contaminantes y polvos.

Señaló que todas estas cuestiones ponen en duda las acciones que serán llevadas a cabo respecto a la construcción del aeropuerto, por lo que la 4T tiene en Santa Lucía la oportunidad de que sean los mismos especialistas del tema quienes den el visto bueno respecto a impacto ambiental de la construcción del mismo, dándole cabida a especialistas y no a autoridades ajenas a la materia.

*El autor es Presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIA).

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

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