Uno de los objetivos de la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 era retrasar progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027. Por el momento, en 2020 la edad legal se sitúa en 65 años y 10 meses. Pero esa no es la edad efectiva a la que se retiran los trabajadores, que de media están abandonando el mercado laboral a los 64,4 años, es decir, más de un año por debajo. Sin embargo, y a pesar del 'boom' de prejubilaciones, España alcanzó en 2019 el máximo histórico de ocupados mayores de 65 años: ya superan los 200.000, un 40% más que hace solo una década.

Entre esos cientos de miles se encontraba hasta hace poco Dolores Agra Rodríguez. Loli, como le dicen sus allegados, acaparó los titulares de la prensa el pasado verano. Y no era para menos: la trabajadora que más años había cotizado a la Seguridad Social se jubilaba. A sus 78 y después de haber contribuido al sistema durante 64 años, esta autónoma decidió retirarse de la vida laboral. Tal y como explicaba en una entrevista con La Información, si no lo hizo antes fue porque tras haber cotizado por la mínima durante toda su vida –como la mayoría de los autónomos, que de hecho son los que más alargan su vida laboral– con la pensión que le quedaba no llegaba ni a 'mileurista'.

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La evolución de este colectivo de trabajadores sénior es exponencial. Si en el año 2002, donde empiezan las estadísticas del INE, había unos 100.000 ocupados mayores de 65 años, a finales de 2009 eran 158.300 y diez años después, a cierre de 2019, ya alcanzaban los 218.300. Es más, durante el tercer trimestre del año pasado se batió el récord histórico en este grupo de ocupados, con 220.700 personas entre trabajadores por cuenta propia y asalariados, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Un vistazo a la serie histórica de la EPA revela que la evolución de los mayores que se mantienen activos en el mercado laboral ha ido de la mano de la situación económica. Prueba de ello es que durante lo peor de la crisis, entre el segundo trimestre de 2012 y el primero de 2014, el número de ocupados con más de 65 años cayó desde los 161.000 hasta los 127.000. Y cuando la economía volvió a repuntar empezó a crecer también la cantidad de personas que seguían trabajando más allá de los 65 años.

Así hasta alcanzar el nivel máximo actual que, sin embargo, se encuentra muy por debajo de las economías del entorno. Según detalla un reciente informe de Crédit Suisse presentado en el WEF de Davos –y como se puede apreciar en el gráfico que precede estas líneas– España es el país de la OCDE con menor porcentaje de trabajadores mayores de 65 años aún en activo, con una cuota de apenas el 2%, frente al 11% que contabilizan de media en el conjunto del 'club de los países ricos'.

Nunca antes ha habido tantos mayores activos como ahora. Pero lo cierto es que tampoco se ha contado antes con tantos españoles en edad de retirarse. Según los datos del padrón continuo del INE, en 2019 se superaron por primera vez los 9 millones de personas mayores de 65 años en España (en concreto, 9.057.193) frente a los 6.501.444 que había en el año 1998, cuando empezaron los registros. Y de acuerdo con las proyecciones demográficas del Banco de España, la ratio de población mayor de 65 años sobre población en edad de trabajar (16-64) aumentará de forma significativa, desde el 30% actual hasta el 50-70% en 2050.

El 'lastre' de las jubilaciones forzosas

A la vista de este pronóstico, y a pesar del repunte del colectivo de mayores ocupados, el presidente de la Fundación de Activos de Gran Experiencia (AGE) Tomás Arrieta descarta un cambio de tendencia, al menos a corto plazo. A su juicio, la sociedad, alentada por las prejubilaciones promovidas por las grandes empresas, "ha convertido a los trabajadores de cierta edad en una especie de fósiles inútiles que hay que expulsar del mercado de trabajo".

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Arrieta denuncia que la regulación del mercado laboral a través de prejublaciones, retiros forzosos e incorporaciones simultáneas de trabajadores jóvenes lo que provoca es "más precariedad en el empleo, tanto por arriba en los más mayores como por abajo, entre la juventud". Recuerda, además, que una persona con más de 55 años tiene muy difícil la reincorporación al mercado de trabajo e insiste en la necesidad de que estos trabajadores se reinventen. Para esto, insiste, "necesitan de la ayuda de la sociedad, que es quien debe tomar la decisión". "No podemos esperar una década. Esto tiene que cambiar en un plazo máximo de dos años", advierte este experto.

El presidente de la AGE lo tiene claro: el cauce para solucionar esta situación pasa por hacer plenamente compatible el trabajo y la pensión. Es decir, que los jubilados puedan seguir trabajando e ingresar un salario por esa actividad mientras cobran el 100% de la prestación pública, y no solo el 50% como está regulado ahora para la denominada jubilación activa para el trabajo por cuenta ajena (los autónomos pueden cobrar la pensión completa si cumplen estos requisitos).

El Gobierno anima a la jubilación activa

El Gobierno ya ha empezado a animar a los trabajadores para que sigan en activo tras los 65. Tal y como reveló La Información, a finales del año pasado el Instituto Nacional de la Seguridad Social activó el envío masivo de cartas dirigidas a miles de afiliados con largas carreras de cotización y que se encuentran próximos ya al momento de su jubilación. En la carta se facilita toda la información sobre las ventajas que pueden obtener si deciden prolongar su vida laboral durante unos meses más o si optan por compaginar el cobro de una parte de su pensión con el mantenimiento de su actividad profesional.

El negocio, en principio, es bueno tanto para el trabajador como para la Seguridad Social. Para el primero porque verá incrementada su remuneración real durante el tiempo que desee, no solo por el 'extra' derivado de la percepción de la mitad de la pensión que le correspondería cobrar si se jubilara, sino porque su sueldo se verá incrementado por la reducción de los conceptos por los que habrá de cotizar; y para la Seguridad Social porque se ahorra la mitad de la pensión que tendría que pagar si el trabajador se jubilara y además continúa manteniendo activa una cuenta de cotización, lo cual apuntala las cuentas del sistema público.