Durante 2015, la CNDH realizó un total de 428 visitas de supervisión a centros de detención e internamiento administrados por autoridades de los tres niveles de Gobierno en los estados de Veracruz, Nuevo León, Sonora, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero. En su informe, la Comisión alerta de malas condiciones en las instalaciones, sobrepoblación, hacinamiento e incluso grupos de poder que operan en prisiones y ministerios públicos de estas entidades.

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer hoy su informe 2015 de Actividades del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNPT) en los centros de detención alrededor del país y alertó diversas violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en diferentes centros de detención, que van desde hacinamiento, falta de infraestructura adecuada y de servicios de salud, presencia de grupos de poder en algunas cárceles, y violaciones a sus garantías jurídicas.

La mayoría de estas “situaciones de riesgo”, de acuerdo con la CNDH, vulneran el derecho a recibir un trato humano y digno, a la legalidad y seguridad jurídica, a la protección de la salud, a la integridad personal, así como a aquellos derechos inherentes a grupos en situación de vulnerabilidad.

Entre las atribuciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), emanan del Protocolo Facultativo, a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que busca proteger, a través de la prevención, a las personas privadas de la libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La Comisión ha realizado revisiones en lugares de detención e internamiento estatales y municipales ubicados en los estados de Veracruz, Nuevo León, Sonora, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, visitas que han dado origen a los correspondientes informes del MNPT dirigidos a las autoridades de esos estados, donde se señalan situaciones de riesgo que transgreden los derechos ya mencionados.

El año pasado, dio seguimiento a los informes dirigidos a autoridades estatales y municipales de Veracruz, Nuevo León, Sonora y Quintana Roo; además de que se llevaron a cabo revisiones en otras entidades.

El informe de la CNDH detalla que en México existen alrededor de 5 mil lugares que albergan a personas privadas de la libertad, tales como cárceles, separos de seguridad pública, instituciones psiquiátricas, centros de internamiento para adolescentes que infringen la ley penal, estaciones migratorias, agencias del Ministerio Público y Fiscalías, entre otras.

Y desde su creación, el MNPT ha visitado 4 mil 104 de estos centros, entre ellos 581 Ceresos, 291 cárceles municipales, 960 separos de seguridad pública o de juzgados cívicos, 261 centros para adolescentes, 1,695 agencias del ministerio público, fiscalías y centros de arraigo, 97 albergues para atención a víctimas de delitos y/o asistencia social, 14 áreas de detención en hospitales, 113 instituciones psiquiátricas, 3 prisiones militares, 14 Ceferesos, 2 instituciones abiertas, 73 estaciones y estancias migratorias.

En tanto, el año pasado el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura emitió ocho informes iniciales relacionados con los lugares de detención e internamiento de los estados de Veracruz, Nuevo León, Sonora y Quintana Roo.

En cuanto a los estados de Tamaulipas, Michoacán y Guerrero la Comisión no ofrece otra observación que la de los centros visitados entre octubre y noviembre de 2015.

En el caso de Tamaulipas refiere que los observadores visitaron 38 lugares de detención, en donde se supervisaron 30 lugares dependientes del Gobierno del Estado.

Asimismo, de Michoacán menciona que visitaron 37 lugares de detención en donde se supervisaron 20 lugares dependientes del Gobierno del Estado.

Finalmente, de Guerrero indica que visitaron 38 lugares de detención en donde se supervisaron 25 lugares dependientes del Gobierno del Estado.

VERACRUZ:

La CNDH alertó en dos informes emitidos en 2015, de 493 situaciones de riesgo detectadas durante la revisión que realizó a centros de detención en Veracruz. Detalló que del 40 por ciento de los lugares visitados no cumple con los estándares internacionales para garantizar una estancia digna, principalmente en las áreas de detención de tres agencias del Ministerio Público, los centros de reclusión, el centro de tratamiento interno para adolescentes y en separos de Seguridad Pública.

La Comisión encontró que en al menos seis centros de reclusión de la entidad hay grupos internos que ejercen el control sobro otros presos. A través de entrevistas anónimas, detectó que hay presuntos cobros por alimentación, estancia, protección e incluso para el acceso de familiares, entre otros. Además de que en algunas celdas hay menos internos que en otras y cuentan con artículos electrónicos.

También observó situaciones relacionadas con la escasez de agua corriente, carencia de servicios sanitarios, falta de planchas y colchonetas para dormir, falta de mantenimiento preventivo y correctivo en paredes, techos, puertas, ventanas y pisos, así como en instalaciones sanitarias, y otras; obstrucción de los sistemas de drenaje, fugas en las redes hidráulicas que provocan encharcamientos y filtraciones.

Además, en las agencias del Ministerio Público de la entidad, así como en dos separos de Seguridad Pública, visitados por la CNDH, no se proveen alimentos a los detenidos, debido a que no se asigna una partida presupuestal para tal efecto. Mientras, en los centros de reclusión la Comisión obtuvo información sobre alimentos de mala calidad e insuficientes, así como la falta de utensilios para su consumo, por lo que la comida se sirve en recipientes de plástico de diferentes tamaños, lo que provoca una distribución inequitativa.

El documento alerta además de sobrepoblación y hacinamiento en al menos 10 centros de reclusión visitados en la entidad; en tanto, en 25 ministerios públicos no cuentan con área de aseguramiento y los detenidos tienen que ser alojados en separos de Seguridad Pública; mientras en 11 penales no hay suficientes teléfonos públicos para los presos.

La CNDH alertó que en la Agencia Primera del Ministerio Público Investigadora en Veracruz se les informó del retraso de hasta seis horas para poner a disposición a un detenido ante un representante legal. Halló también en 21 agencias del Ministerio Público, de 33 visitadas, inconsistencias en registros de las personas detenidas; mientras que en los centros de reclusión visitados encontraron como una constante la carencia de reglamentos y manuales para la actuación de las aturodiades.

NUEVO LEÓN:

En junio de 2015, la CNDH emitió un informe al Estado de Nuevo León donde alertaron de 395 situaciones de riesgo halladas en lugares de detención visitados en la entidad. En esa entidad, en 24 de los 27 separos de Seguridad Pública y en cinco de seis cárceles visitadas se observaron carencias en los dormitorios, en los baños, falta de mantenimiento e higiene y específicamente en los penales, filtraciones y humedad, así como fauna nociva.

El informe detalla que en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciénega de Flores y en la Cárcel Municipal de Guadalupe se presenta sobrepoblación de 50 por ciento y 62.5 por ciento, respectivamente; en seis lugares de arresto se detectó hacinamiento pues no se realiza una distribución equitativa de las personas privadas de la libertad en las celdas disponibles: “en la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca había 27 personas arrestadas en una estancia sin camas”, ejemplifica. Mientras, en 24 centros de detención visitados, entre ellos seis penales, no hay áreas exclusivas para mujeres.

En 18 separos visitados y en cinco cárceles obtuvieron información de que las personas detenidas y presas únicamente reciben alimentos dos veces al día y entrega de despensa semanal escasa y de mala calidad.

Además, detalla la CNDH, en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad en Monterrey se permite que los detenidos sean entrevistados y fotografiados por la prensa. Encontró que en 15 separos las sanciones administrativas son impuestas por autoridades no competentes; mientras en 12 centros de arresto las entrevistas y la comunicación con familiares se lleva a cabo sin privacidad.

Además, en 22 centros de detención, entre ellos cinco penales, no se cuenta con reglamentos internos o manuales de procedimientos; en tres de ellos no se realizan exámenes de certificación de integridad física; cinco cárceles crecen de servicio médico y dos no tienen personal profesional suficiente; y en cinco separos visitados las revisiones médicas se han sin condiciones de privacidad.

SONORA:

En el estado de Sonora la CNDH alertó de 422 situaciones de riesgo en centros de detención e internamiento, que quedaron aventados en un informe emitido en agosto del año pasado. En esa entidad se detectó que en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos de Homicidios, Feminicidios y Lesiones Graves Dolosas, en Hermosillo, y de la Dirección General de Justicia de la Policía Estatal Investigadora, en Cajeme; 12 centros de reclusión y los centros de tratamiento interno para adolescentes, no cumplen con los estándares internacionales para garantizar una estancia digna, principalmente en las áreas de detención de dichos establecimientos.

Se halló que 26 ministerios públicos no cuentan con las áreas de aseguramiento necesarias y que en 11 penales hay sobrepoblación y hacinamiento; y en ocho centros de reclusión las secciones exclusivas para mujeres no cuentan con áreas de protección, cocina, de visita, entre otras.

Además, el documento detalla que en ocho penales se detectaron grupos internos de poder que cobran para proteger a otros internos, para asignarles un sitio dónde dormid, el uso del teléfono y el acceso a sus familias, entre otras cuestionas; además de estancias que están habitadas por menos presos y que cuentan con mobiliario y artículos electrónicos.

En 13 Ministerios Públicos se detectó que no se cuenta con defensores públicos y en nueve agencias comunicación las entrevistas de detenidos con abogados y su comunicación telefónica se lleva a cabo sin privacidad; mientras en la a Agencia Investigadora del Ministerio Público Sector 2, en Navojoa, la puesta a disposición de un detenido ante un representante social tarda hasta ocho horas.

En tanto, Centro de Reinserción Social Hermosillo I, carece de registros de ingresos, egresos y traslados de los internos, mientras que los centros de tratamiento interno para adolescentes “Granja Lic. Marco Antonio Salazar Siqueiros” y “Granja San Antonio”, ambos en Hermosillo,Informe de Actividades del MNPT 2015 63 no cuentan con un registro de los traslados de los menores de edad.

QUINTANA ROO:

En mayo de 2015 se llevó al cabo una visita a 40 lugares de detención del Estado de Quintana Roo, en donde se supervisaron 25 lugares dependientes del Gobierno del Estado. Para ellos, la CNDH señaló 179 situaciones de riesgo.

En sus observaciones, la Comisión menciona pobres condiciones de las instalaciones, pues refiere que además de precarias condiciones de higiene e infraestructura anticuada, los internos carecen de algunos servicios como camas, lavados, agua, entre otros.

Asimismo, señala que en algunas agencias del Ministerio Público no se le da de comer a los detenidos por falta de presupuesto para ello, además de que en dos centros de reinversión social (Chetumal y Cozumel) los alimentos son insuficientes.

De acuerdo con la CNDH, un problema común es el de sobre población y hacinamiento. En ese sentido menciona el caso de la Agencia del MP No. 11, en donde explica que dos celdas de aproximadamente cinco por tres metros cada una alojaban a 25 y 15 personas respectivamente.

Entre otras cuestiones, la CNDH encontró que en algunos centros de detención no existen áreas designadas para alojar exclusivamente a mujeres; que existen grupos de reos que ejercen presión sobre los internos para el cobro de cuotas y la extensión de privilegios; que en algunas agencias del MP no se cuenta con defensores públicos adscritos; que al menos tres centros de reinserción no cuentan con teléfonos públicos “para el uso de personas privadas de la libertad”; así como fallas en la clasificación de reos, denuncias de actos de tortura o maltrato y la falta de recursos e instalaciones medicas adecuadas.

Finalmente, la Comisión menciona que algunos centros no cuentan con suficiente personal o que no cuentan con capacitación; que en muchas de las agencias visitadas no se supervisa el trato que reciben los internos; así como la falta de aplicación de programas para la atención de adicciones y de discapacidades psicosociales.

CHIAPAS:

En marzo de 2014, la CNDH supervisó los avances alcanzados en 56 lugares de detención e internamiento bajo la jurisdicción del ejecutivo local del estado de Chiapas. Entre sus observaciones se encuentran las siguientes:

En cuanto al “derecho a recibir un trato humano y digno”, la Comisión menciona que en algunos centros no se proporcionan alimentos ya que el ayuntamiento “no asigna una partida para tal efecto”; además de que en algunos de ellos no hay una área exclusiva para mujeres, por lo que son alojadas inclusive en áreas abiertas.

Del “derecho a la legalidad y seguridad jurídica” indica que en algunos lugares de detención no cuentan con registro de las personas que visitan a los arrestados, además de que no hay un reglamento interno ni manuales en los que se precisen los procedimientos que deben seguir los servidores públicos durante el ingreso, estancia y egreso de las personas privadas de la libertad.

En cuanto al tema de la salud, la Comisión menciona que en algunos centros (no especificados) la certificación de integridad física se realiza en presencia de personal policial, un aspecto positivo.

Sin embargo, de los centros supervisados la CNDH menciona que el derecho a la integridad personal se ve vulnerado debido a la existencia de jueces que no han recibido capacitación en materia de prevención de la tortura, así como la carencia de programas para prevenir y, en su caso, enfrentar situaciones de emergencia o eventos violentos.

Finalmente, la dependencia señala que muchos de los centros de detención no cuentan con las instalaciones o las condiciones suficientes para facilitar la accesibilidad de las personas con alguna discapacidad física.