Pedro Sánchez pavimentó su camino hacia la Moncloa con la promesa de mandar al desván las leyes más regresivas impuestas por el PP durante la legislatura en que disfrutó de mayoría absoluta. Cuando fue candidato socialista a la Presidencia del Gobierno por primera vez, en 2015, empeñó su palabra con especial vehemencia en la derogación íntegra de la reforma laboral. Proclamó su firme voluntad de llevarla a cabo de forma inmediata en cada mitin que dio, en cada entrevista que le hicieron y en el cara a cara que mantuvo en televisión con Mariano Rajoy. Sin embargo, ese compromiso se ha diluido conforme se acercaba el momento de cumplirlo.

Con motivo del infructuoso acuerdo de investidura con Ciudadanos, en 2016, sobre cuya reedición lleva semanas advirtiendo Pablo Iglesias, Sánchez pasó a hablar, no ya de la derogación íntegra de la reforma laboral, sino sólo de sus "aspectos más lesivos". Entre ellos, dos que socavaron gravemente la fuerza de los sindicatos en la negociación colectiva: la supremacía de los convenios de empresa y el fin de su ultraactividad, que de hecho concedió a los empresarios la posibilidad de acogerse cuando les conviene a los de ámbito superior. Sin embargo, desde que tiene prácticamente garantizada su continuidad, Sánchez evita referirse a cualquier tipo de derogación, total o parcial, y lo fía todo a un nuevo Estatuto de los Trabajadores a negociar en la legislatura que está a punto de inaugurarse.

La reforma laboral de febrero 2012 tiene un carácter totémico para los partidarios de las políticas que contribuyeron a demoler derechos sociales conquistados a lo largo de las últimas décadas, so pretexto de reanimar una economía puesta en jaque básicamente por los excesos del sector financiero. De ahí que la defiendan sin pudor quienes la inspiraron, la aprobaron, la aplaudieron o llevan siete años largos aprovechándose de ella. Pero la reforma laboral también es un símbolo para los que la han sufrido y, en general, para todos los trabajadores, cuyas condiciones laborales tanto se han deteriorado desde que entró en vigor. Por eso, como ya he escrito alguna vez, no debe ser enterrada de tapadillo, sino con un funeral de primera.

No sé si será fácil con la aritmética parlamentaria resultante de las elecciones del domingo pasado, que si algo demostraron es la resistencia de los españoles a ser gobernados por las derechas y menos aún con el concurso de la más extrema. Hay fuerzas políticas conservadoras en el ámbito nacionalista, a las que Sánchez puede necesitar, que quizás prefieran una solución que no disguste demasiado a sus beneficiarios. Y dudo también que el propio presidente esté dispuesto a contrariar abiertamente a quienes desde algunas instituciones internacionales piden incluso que se endurezca. Pero poner fin a la reforma laboral sin contemplaciones es un resarcimiento que los trabajadores se merecen.

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