El Gobierno acaba de presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia un recurso contra el 'veto parental' implantado en la comunidad y ha solicitado, como medida cautelar y con carácter de urgencia, su suspensión. Lo hace un día después de que venciera el plazo que dio el Ministerio de Educación y Formación Profesional a la Consejería de la comunidad autónoma para retirar la medida por considerar que incurre en una "ilegalidad". Entonces, el departamento dirigido por Isabel Celaá dio el primer paso del procedimiento y envió un requerimiento que el Gobierno autonómico, de PP y Ciudadanos, ha desoído.

Los profesionales de las charlas a las que ataca el veto parental: "Estos talleres pueden cambiar la vida de los alumnos"

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El veto parental, una de las medidas exigidas por Vox para aprobar los presupuestos de la región, permite a los progenitores impedir a sus hijos e hijas que acudan a actividades en los colegios que cuestionan sus convicciones morales, ideológicas o religiosas. En el centro de la diana están las charlas y formaciones vinculadas a la educación afectivo sexual y LGTBI. El veto está vigente en Murcia desde principios de curso en forma de instrucciones a los centros educativos, que es exactamente lo que ha llevado a la justicia Educación, pero el pasado enero el Gobierno de coalición acordó blindarlo por decreto.

Entonces, el ministerio ya había anunciado que ponía en marcha la maquinaria para acudir a la vía judicial al entender que "vulnera los derechos de los alumnos y alumnas" y excede las competencias que tienen atribuidos los centros educativos. Celaá recordó al explicar el requerimiento enviado que se trata de actividades obligatorias para el alumnado y permitir su veto sería una especie de "objeción de conciencia encubierta que va en contra de la legislación española" y de los derechos fundamentales del alumnado.

El Gobierno de Murcia ha reiterado en varias ocasiones que mantendrá la medida a menos que ordene su retirada una instancia judicial porque considera que "cuenta con el aval suficiente del informe jurídico y el de inspección educativa que le dan soporte", señaló este lunes el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán.

Por su parte, el Ministerio de Educación apunta a que la medida confronta con buena parte de la normativa española en vigor. Desde convenios internacionales ratificados por España a leyes estatales como la Ley Integral contra la Violencia de Género, la ley del Aborto, que señala que los poderes públicos apoyarán a la comunidad educativa en "la realización de actividades formativas relacionadas con la educación afectivo sexual" o las leyes LGTBI autonómicas, que profundizan en la necesidad de incluir la educación en diversidad por orientación sexual e identidad de género en las aulas.

Los bulos difundidos por Vox

Desde las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo Vox presiona para que las diferentes comunidades en las que la derecha gobierna gracias a su apoyo introduzcan el 'veto parental'. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha defendido en varias ocasiones que "no hay adoctrinamiento" en las aulas madrileñas, pero, tras la polémica, el Gobierno que preside la popular ha ordenado a los centros educativos publicar sus programaciones anuales para allanar el voto de Vox a los presupuestos.

Para justificar la supuesta necesidad de una medida que en realidad nunca se ha tratado en los debates de política educativa, el Consejo Escolar o la inspección, el partido de extrema derecha han difundido bulos y manipulaciones sobre este tipo de charlas y actividades.

Uno de los más sonados fue el de "proteger a los niños" de "los juegos eróticos" que, según afirmó el líder del partido, Santiago Abascal, se les están enseñando en algunos colegios. La referencia está sacada de contexto y pertenece al programa de educación afectivo sexual Skolae, vigente en Navarra desde 2017, un plan que pretende educar a los niños y niñas en igualdad, prevenir el abuso sexual infantil y fomentar el autoconocimiento sin tabúes. Skolae fue premiado por la UNESCO el pasado verano.

Una oposición contundente

El 'veto parental' ha desatado una gran oposición por parte de la comunidad educativa y, en concreto, de los y las profesionales que se dedican a impartir este tipo de formaciones. "Estos talleres pueden cambiar la vida de los alumnos", sostenía Lolo López, coordinador de Educación del colectivo LGTBI sevillano DeFrente. Hace unos días, se ha convertido en viral el vídeo de Diego Reina, un profesor murciano que se ha declarado objetor del 'veto parental', que ha calificado de "censura encubierta".

La misma idea, pero desde el otro lado, sostienen muchos chicos y chicas que han asistido a estas actividades y reconocen haber sido de utilidad: "Los que me insultaban cambiaron de mentalidad y me llegaron a pedir perdón por el daño causado", comentaba Airan, un joven al que le hicieron bullying homófobo en clase.

Colectivos LGTBI y de educación también han mostrado su rechazo a las instrucciones aprobadas por la región de Murcia. La Plataforma Estatal por la Educación Pública, integrada por familias, estudiantes y sindicatos de enseñanza, ha denunciado que es una "intromisión educativa" que "vulnera el derecho a la educación integral de nuestros niños y niñas". La organización incide en que los centros ya cuentan con los mecanismos adecuados para que los progenitores ejerzan el control correspondiente sobre los contenidos que se imparten en las aulas.

Por su parte, los colectivos LGTBI y feministas señalan la necesidad de que la formación en diversidad afectivo sexual no solo no se reduzca, sino que se generalice aún más porque permitir el veto de los progenitores priva a los chicos y chicas de "su derecho a conocer la realidad" y "deja desprotegida en las aulas a la infancia LGTBI", anuncia la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB).