El 'caso Púnica' no ha hecho nada más que empezar. Uno de los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporados al sumario detalla "hasta doce líneas de investigación" que los agentes tienen abiertas y el estado de todas ellas. En el documento, los agentes reconocen que mientras algunas están muy avanzadas y "quedan sólo por realizar diversas declaraciones policiales" para confirmar algunos extremos, en otras aún está casi todo por hacer. Fuentes cercanas a la investigación añaden que la reciente y extensa declaración de David Marjaliza, el socio de Francisco Granados, 'tirando de la manta' va a agilizar algunas de ellas, pero también permitirá al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, iniciar nuevas pesquisas.

La causa acumula 43,5 terabytes de datos informáticos, miles de 'emails' y llamadas telefónicas, más de cien declaraciones, información sobre centenares de cuentas bancarias y un sin fin de contratos públicos

El informe de la UCO detalla que, hasta el momento, la causa acumula 43,5 terabytes de información en soporte informático intervenidos durante los diferentes registros, a los que hay que sumar la recogida en soporte papel, miles de correos electrónicos y llamadas telefónicas intervenidas, las más de cien declaraciones prestadas por testigos e imputados en sede policial y ante el magistrado, los datos de centenares de cuentas bancarias y un sinfín de contratos públicos. Un ingente volumen que los agentes reconocen no haber podido analizar al detalle en su totalidad, pero que ya les ha permitido abrir "de manera paralela" esa docena de pesquisas independientes.

De ellas, dos son las que están más avanzadas y los agentes auguran que su "finalización está próxima". Se trata, en concreto, de la vinculada a diferentes departamentos del Gobierno de la Región de Murcia y de la que centra el foco en la Diputación de León. De ambas, los agentes consideran que en estos últimos meses se "ha avanzado de manera significativa" y ya se han analizado "las evidencias procedentes de la intervención telefónica, declaraciones policiales y judiciales, y requerimientos de documentación". La Guardia Civil considera que ya ha quedado demostrado en las dos que las empresas del llamado 'conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro, prestaron servicios de reputación 'online' "para autoridades de ambas administraciones" y que, en el caso de Marcos Martínez Barzón, responsable de la Diputación de León, se le intentó "posicionar favorablemente en el seno del Partido Popular nacional" para que se le eligiera como candidato a repetir en dicho puesto tras las elecciones del pasado mes de mayo.

El 'ladrillazo' de Valdemoro

También muy avanzadas están las pesquisas sobre una de las dos líneas de investigación abiertas en Valdemoro, el municipio de la Comunidad de Madrid considerado el epicentro de la trama. En concreto la que se refiere a la"actividad urbanística" que, según las investigaciones permitió a los dos presuntos cabecillas, Granados y Marjaliza, "amasar una ingente fortuna que, en parte, se desvió a paraísos fiscales". En este caso, la UCO asegura haber conseguido "trazar los hitos temporales relevantes de la planificación y desarrollos urbanísticos de este municipio desde que Francisco Ganados asumió la Alcaldía" y analizar "aquellas operaciones urbanísticas que a juicio policial revisten diversas irregularidades". Entre ellas, los agentes destacan las desarrolladas en los sectores R6 El Caracol y en el R2 Cantonegro, así como la compra de dos chalés en Marbella para el propio dirigente político y su sucesor en el consistorio, José Manuel Moreno Torres, también imputado.

La investigación sobre las adjudicaciones en Valdemoro se ha visto retrasada por "la destrucción de pruebas por parte de personas vinculadas" a Granados

Respecto a la otra línea de investigación en Valdemoro, el informe detalla que se refiere a la "contratación administrativa" por parte del Ayuntamiento. Los agentes están convencidos de que ésta se va a dilatar "más en el tiempo", entre otros motivos por "la dificultad de auditar dichos contratos y determinar la participación en cada uno de los investigados". Además, recuerda que en este caso se ha detectado "destrucción de pruebas por parte de personas vinculadas a alguno de los principales investigados", en referencia a Francisco Granados. La UCO tiene previsto realizar "algunas actuaciones policiales" de las que presume "resultarán nuevas imputaciones sobre nuevos cargos públicos y particulares".

También en la contratación pública de ayuntamientos se han centrado otras tres líneas de investigación, cada una dirigida a un consistorio de la Comunidad de Madrid cuyas sedes fueron registradas en la primera fase de la operación policial. Se trata de los de Casarrubuelos, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle. En los tres casos, la Guardia Civil reconoce no haber podido estudiar con detalle toda la documentación intervenida, pese a lo cual cree haber "constado ya evidencias de delito" de que sus responsables supuestamente habían "orquestado" diversos procedimientos de contratación pública para intentar ocultar las supuestas irregularidades. El informe incide que de los 'pinchazos' telefónicos han aportado numerosas "evidencias", pero que se necesita "progresar en el análisis documental" y tomar nuevas declaraciones para "delimitar suficientemente" la implicación de personas, empresas y cargos públicos.

A la espera de las Comisiones Rogatorias

Como octava línea de investigación, el informe de la UCO sitúa "la parte internacional de la trama". De ella, destacan que ya "han logrado reconstruir una parte significativa de la operativa de cuentas bancarias y blanqueo de que había dispuesto la trama", pero reconocen que "la propia dilación y complejidad de las peticiones de información a autoridades extranjeras" plasmadas en varias comisiones rogatorias a diversos países, harán que también ésta "se dilate en el tiempo". En este sentido, recuerdan que las autoridades suizas enviaron "diez cajas de documentación" con el sumario que en su momento instruyeron por las actividades de Granados y Marjaliza en el país helvético, y cuyo estudio está pendiente ya que ha habido que escanear y traducir. Los agentes creen que de su análisis "es previsible que resulten nuevas imputaciones".

La línea de investigación sobre Waiter Music ha constatado que su propietario realizaba contraprestaciones "al partido político al que pertenecen los alcaldes" que le adjudicaban los festejos

A partir de aquí los agentes enumeran las últimas cuatro líneas de investigación abiertas y que son las que presentan "especiales condiciones de complejidad" por el número de administraciones públicas implicadas y de diligencias pendientes de practicar. Una de ellas es la que gira en torno a Waiter Music, la empresa especializada en organizar festejos que acaparaba concursos públicos en municipios gobernados por el PP gracias a "al tráfico de influencias cometido por Francisco Granados". En estas pesquisas los agentes creen que ya han hallado "pruebas" de que el propietario de dicha compañía, José Luis Huerta, realizaba contraprestaciones "al partido político al que pertenecen los alcaldes y concejales donde se adjudicaban contratos" y que éstas consistían en la "organización de eventos tanto particulares como para el partido". La UCO destaca que el coste de dichas dádivas era cargado "de forma fraudulenta" a las propias arcas públicas.

Más avanzadas están las pesquisas sobre los contratos adjudicados por diferentes ayuntamientos a la empresa de eficiencia energética Cofely-GDF Suez, aunque los guardias civiles recalcan que el número de consistorios implicados "excede en gran medida al que resultó afectado por las diligencias practicadas en octubre de 2014", cuando se hicieron las primeras detenciones. Entonces, los consistorios investigados eran media docena. Ahora, la UCO cree haber encontrado "evidencias de contratación pública fraudulenta" en trece. "Esta parte de la investigación resulta de gran importancia no sólo por el número de ayuntamientos implicados, sino también por el importe de la contratación pública afectada y de las comisiones acordadas con cargos públicos por la adjudicación", señalan a la que vez recalcan que sólo en Parla los políticos implicados se iban a recibir comisiones por un valor de 2,7 millones de euros. Los agentes anuncian que aún será "necesario practicar nuevos requerimientos de documentación, entradas y registros, tomas de declaración, etc en buena parte de estas administraciones locales".

"Nuevos requerimientos"

También se ha expandido de modo importante desde los primeros arrestos la línea de investigación centrada en los trabajos de reputación 'online' realizados por las empresas del 'conseguidor' Alejandro de Pedro. "La documentación incautada ha permitido ampliar las investigaciones a nuevas Administraciones, detectando prácticas equivalentes de contratación y facturación pública irregular a cambio de trabajos de reputación en la red", detalla el informe. En el mismo, también se destaca que la Guardia Civil sigue recibiendo documentación de diferentes organismos que se sigue analizando y que es previsible que haya que hacer "nuevos requerimientos de información así como otras actuaciones policiales de cara a esclarecer los hechos investigados".

Las pesquisas sobre la construcción de colegios privados concertados son las que van más retrasadas dada "la amplitud de la investigación y la limitación de medios"

Finalmente, la más retrasada de las doce líneas de investigación es la que se ha centrado en la empresa Alfedel y la construcción y puesta en marcha de más de una docena de colegios privados concertados. En este caso, los agentes aseguran que ya han iniciado "ciertas indagaciones", pero que no les ha sido posible "ni siquiera comenzar el análisis pues la amplitud de la investigación y la limitación de medios afectados a esta investigación no lo ha permitido". Un informe de la Agencia Tributaria concluye que empresas ligadas a la trama se embolsaron con estos centros educativos cerca de 223 millones de euros.