El problema de la carta secreta de Rajoy a Juncker, presidente de la Comisión Europea, va mucho más allá de la mera mentira de un líder político que no dice una verdad ni por casualidad. Ojalá fuera una más de las muchas mentiras compulsivas que envuelven como la niebla a la Moncloa. Porque si De Guindos miente cuando habla, Luis Garicano y Jordi Sevilla, los economistas del frustrado gobierno Ciudadanos y PSOE, mienten por omisión. El estado de la cuestión del Estado español no reside en que Rajoy vuelva a engañar a los electores, que Rivera enmudezca y que Sánchez calle; la cuestión de fondo real es que los tres eluden poner sobre la mesa los nuevos recortes sociales que Angela Merkel impone.

Las cifras son públicas. España deberá, en un año y medio, reducir su déficit en 8.000 millones de euros. Antes, nada más cerrarse las urnas, se conocerá si, además, habrá que sumar a esta cantidad una multa de 2.200 millones de euros por haber incumplido los anteriores objetivos de déficit. O sea, un total de 10.000 millones doscientos mil euros, desde este julio de 2016 hasta diciembre de 2017, que saldrán de una nueva reducción de los gastos sociales en sanidad, educación, subsidios y pensiones. Este es solo el aperitivo de lo que será una tensa XII Legislatura, y que comenzará bajo dos espadas de Damocles: un déficit público del 5,1, el segundo más elevado del eurogrupo, y una deuda pública que supera el 100% del PIB.

Si Zavalita, el personaje de Vargas Llosa, tuviera que responder a la pregunta, ¿cuándo se jodió España?, respondería que en el Tratado de Maastricht. Casi un cuarto de siglo después es muy fácil la respuesta, a pesar de que los euroilusos que lo firmaron prefieran olvidarlo, y nunca reconocerán la mucha razón que tuvo entonces Julio Anguita al denunciar los previsibles riesgos de este nefasto texto. Más tarde, la precipitación de Aznar, desoyendo la propuesta sensata de Romano Prodi de ralentizar la entrada de España e Italia en el euro, culminó el desastre. Y por último, la genuflexión de Zapatero, al introducir la reforma del artículo 135 de la Constitución, evidenció las anteojeras euroilusas del bipartidismo. De esa Unión Europea soñada, solo existe hoy el Banco Central Europeo.

Cuando Rajoy, Rivera y Sánchez polemizan sobre medidas fiscales, laborales o sociales, para cuadrar los números rojos de la Comisión Europea, pierden el tiempo. Es una polémica tan bizantina como aquella que pretendía averiguar la identidad sexual de los ángeles. Porque saben que sin la derogación de la reforma de ese artículo 135 de la Constitución, que consagra como primera obligación constitucional el pago de una deuda impagable, no se puede hacer nada; por eso Rajoy recurre a las mentiras y Rivera y Sanchez optan por el silencio. Y lo más patético, es que la derogación inmediata de este artículo sería posible. Ningún otro país de la Unión Europea, salvo Alemania, contempla en su ordenamiento este imperativo, que, en definitiva, lo que supone es la ilegalización de Keynes y, por lo tanto, de la política socialdemócrata.

Que desde la derecha se nos venda la teoría de la impotencia, según la cual los españoles carecemos de libertad para elegir la política económica, es tan lógico como coherente con los intereses que representan. No lo es, sin embargo, desde una óptica progresista. Es una falacia sostener que todo gobierno de progreso está condenado a incumplir su propio programa electoral. De ser así, el no se puede del Partido Popular y Ciudadanos vencería en las elecciones por mayoría absoluta, desmintiendo ese rotundo sí se puede de Unidos Podemos que emerge, según las encuestas, de las urnas del 26 de junio. Es muy evidente, que no cabe aplicar una alternativa progresista, claro está, sin un sostenido propósito de lucha y negociación de la Europa del Sur con la Europa del Norte.

Basta observar como se sataniza a Garzón e Iglesias para constatar que ni los teóricos de la impotencia se creen sus falacias. Si fuera como nos describen, no hubieran perdido todo un muy largo trimestre en imponer un imposible gobierno Rivera-Sánchez, ni harían funcionar la máquina del fango en la campaña electoral, ni volverían una vez más a presionar a Sánchez para que el PSOE no se sume a Unidos Podemos en el gobierno de progreso que salga de las urnas. Precisamente porque Rajoy miente, Rivera omite y Sánchez calla, los poderosos e impotentes intentan socializar la resignación política y social a esos dictados económicos de intereses ajenos a la soberanía popular y nacional de España.