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Empresarios promovieron ante el Poder Judicial federal una demanda de amparo por actos y omisiones gubernamentales referentes a los bloqueos del magisterio disidente, que han generado pérdidas millonarias durante al menos 11 semanas.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walther, quien estuvo acompañado por los dirigentes de los centros empresariales de los estados más afectados por este conflicto, dijo que sus derechos constitucionales han sido violentados.

Informó que la demanda fue turnada al Juzgado 11 en Materia Administrativa, a cargo del magistrado Agustín Tello Espíndola, y en ella se quejan de la violación de los derechos colectivos de los empresarios y ciudadanos.

Expuso que se trata de bloqueos y tomas impunes en ocho entidades, con afectaciones mayores en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Ciudad de México, donde la actividad económica ha sido afectada, lo que es inadmisible en un régimen democrático donde debe imperar el Estado de derecho.

De Hoyos Walther argumentó que diversos sectores de la sociedad han pedido a autoridades de diferentes niveles de gobierno que intervengan para restablecer la paz y el libre tránsito en los municipios y ciudades afectadas, sin que hasta hoy hayan obtenido una respuesta concreta y contundente.

El dirigente de la Coparmex recordó que no se trata de bloqueos temporales en vías de comunicación e instituciones públicas y privadas, sino que son tomas prolongadas que afectan gravemente todas las actividades sociales, económicas y educativas del país.

Reiteró que no buscan represión de los movimientos sociales, cuando estos son legítimos y respetuosos del contexto social, económico y del desarrollo.

"Pedimos que se restablezca la paz, que se respeten las garantías constitucionales de libre tránsito, de derecho al trabajo, a la educación y la libertad económica", remarcó.

Según expuso, la demanda es que las negociaciones entre el gobierno federal y la CNTE vayan más allá de decisiones unilaterales, como el pago de salarios a comisionados sindicales que no trabajan o la reinstalación de profesores que no cumplen con la evaluación considerada en la reforma educativa.

Eso no resuelve el problema, continuó, ya que en cualquier momento los grupos violentos volverán a utilizar esos métodos de chantaje para obtener más concesiones, por lo que la ley debe aplicarse y no negociarse.

Añadió que estarán atentos al seguimiento que el Poder Judicial le dé a su demanda, “confiando en que recibirán el amparo y protección de la justicia federal”, para restablecer el orden en las entidades afectadas por las movilizaciones del magisterio disidente.





CPR