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En la Argentina existen sólo dos empresas que fabrican respiradores artificiales. Las dos están en Córdoba. Una se llama Tecme, que concentra el 70 por ciento del mercado, y la otra es Leistung. Eso supone una ventaja comparativa crucial para el país respecto de otros países latinoamericanos que, con excepción de Brasil, no cuentan con fabricación propia.

“Estoy tentado de tomarme un avión a Córdoba y agradecerles personalmente a los dueños y trabajadores de la empresa que fabrica los respiradores durante las 24 horas del día”, dicen que dijo el presidente Alberto Fernández el martes pasado, en teleconferencia con los gobernadores.

Sería natural pensar que la Nación, que intervino las dos fábricas, desplegó también ayuda en todos los frentes –financiero, laboral, administrativo– para facilitarles las cosas y que se dediquen a hacer sólo lo que la Argentina necesita: respiradores. Pero no.

Algunos de los datos incluidos en esta nota fueron obtenidos por fuentes directas de las empresas. Otros, a través de terceros vinculados a dichas compañías.

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Puertas adentro

Tecme tiene una planta en Córdoba capital, en Circunvalación norte, y una segunda en Atlanta, Estados Unidos, donde completa el armado de los equipos enviados desde Córdoba. Cuenta con 250 empleados, pero ahora se ha ampliado el plantel, dado el incremento de producción. Esta semana agregaron un segundo turno.

Leistung tiene su planta también en la ciudad de Córdoba, en la zona de Los Boulevares, y una segunda fábrica en Brasil, en Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina. Tiene 70 colaboradores y estos días aumentó 30 por ciento su dotación, trabajando dos turnos. De hacer entre 300 y 400 respiradores por año, está produciendo ahora 30 equipos a la semana.

El ministro de Salud, Ginés González García, les envió una carta el 25 de marzo, en la que les indicaba que ya no podían “comercializar o entregar equipamiento a destinatario alguno sin la previa intervención” de esa cartera.

Antes de eso, ambas habían suspendido las exportaciones por decisión propia. El decreto que dispuso la cuarentena lo oficializó, y una semana después llegó la intervención, que cortó de cuajo no sólo las ventas desde entonces, sino la entrega de lo ya vendido.

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En ninguna de las firmas “desembarcaron” funcionarios nacionales. Son contactos telefónicos: una vez a la semana, deben informar el stock disponible. Las empresas no cuestionan la decisión estatal de centralizar. Pero tienen múltiples problemas.

En Leistung descontaban la intervención del Estado, porque Brasil lo hizo. En el vecino país es tan crítica la situación que es la Justicia la que define dónde van los respiradores.

Aquí, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, cuestionó duramente a Ginés González García porque su provincia había comprado 100 respiradores y no los podía tener. Se sumaron a los reclamos los gobernadores de Corrientes, Jujuy y Chubut, y la semana pasada, el propio Juan Schiaretti.

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“Si nos venden los 290 respiradores que hemos intentado comprar llegaremos a las 853 camas críticas”, dijo el gobernador, cuando dio cuenta de cómo en 20 días el sistema había crecido 73 por ciento y aspira, con ese equipamiento, a duplicarse. El Gobierno de Córdoba determinó, antes de la cuarentena, que necesitaba 410 respiradores. Pero Tecme pudo sólo entregarle 120.

Leistung tiene ocho clientes, a quienes les vendió y cobró una treintena de respiradores, que por el momento no puede entregar. Confía en que podrá, con autorización de Nación, ir entregándolos de a poco. Están a punto de cerrar una alianza con un proveedor que les permitirá escalar significativamente la producción, al punto de cuadruplicarla.

Pero en Tecme la situación es más grave. Allí se quedaron con órdenes de compra de 18 provincias y privados del país, que habían pagado su equipamiento. Ahí están las entregas pendientes que reclaman los gobernadores. Hay municipios y varias clínicas privadas que también esperan.

El temor es que, pasada la pandemia, la empresa cordobesa deba enfrentar las demandas judiciales de sus clientes que no atendió.

Pero hay un dato adicional: el Ministerio de Salud no paga lo que se está llevando. En las empresas confían en que esos fondos llegarán en 60 días.

Tampoco el Ministerio de Producción que conduce Matías Kulfas, por ejemplo, ofreció ayuda inmediata para acelerar la producción. ¿Cómo hace una pyme a la que se le pide que duplique, triplique o quintuplique si puede su producción y a la que no se le provee un peso de capital de trabajo?

Por el momento, fue el Banco Santander el que en 24 horas les aprobó una línea para financiar la compra de insumos al 20 por ciento anual. Ambas tomaron para capital de trabajo y una de ellas, incluso, tomó la del 24 por ciento para afrontar el pago de sueldos. De nuevo: se endeudó con la banca privada para pagar salarios.

La semana que viene, el Santander entregará un segundo tramo del crédito aprobado que tiene una de ellas. Ambas negocian con Banco Nación: creen que habrá ayuda, pero todavía –más por burocracia que por desidia– el crédito no llegó. Buscan que sea barato, cercano al 10 por ciento. Y procuran que sea el Nación, por un temor lógico: que el Estado no les pague.

La otra pregunta tiene que ver con el precio que paga el Estado. ¿Paga bien, dado que bloqueó toda posibilidad de tener otros clientes? ¿Paga mejor? ¿Paga como cuando compró alimentos?

En el mundo, estados y privados en estas circunstancias no sólo no regatean, sino que desembolsan hasta 10 por ciento más por los aparatos. Acá, Nación les fijó el precio: un equipo arranca en 750 mil pesos y llega hasta tres millones, según la complejidad.

Más allá del precio, al acaparar la producción, la Nación los dejó expuestos a demandas, y además hasta ahora no les aportó un peso.

Excelente que el presidente quiera abrazarlos. Pero debería empezar por pagarles, para que puedan ampliar su producción.

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Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado el 11/04/2020 en nuestra edición impresa.