Casa Hogar Betania de La Línea. Casa de acogida cuyo inmueble es propiedad del Obispado de Cádiz que ha iniciado los trámites para el desalojo. Foto Viva Cádiz, VCG

Una de las mujeres alojadas en la Casa de acogida en la habitación que comparte con su hijo. Foto Viva Campo de Gibraltar. VCG

Los desahucios, los lanzamientos y el dejar a las personas en la calle despojándolas de sus vivienda es algo siempre muy duro, cruel y muy difícil de asimilar en una sociedad que se dice democrática y que mira los países de Occidente como referencia política.Detrás de cada acto de esta lacra social hay un propietario y unos intereses económicos. Estamos acostumbrados a ver que son las entidades financieras quienes protagonizan en nombre del sacrosanto derecho a la propiedad privada que prevale frente al derecho a la vivienda. Los bancos que en su día ganaron millones y millones prestando más dinero de lo necesario sin detectar que una crisis estaba en ciernes, recuperan sus adelantos vía judicial por desalojos. En otros casos son empresas inmobiliarias, aquellas mismas que junto a la banca crearon la burbuja inmobiliaria -porque entonces les convenía- las que con el amparo de una legalidad despiadada con el débil ponen de patitas en la calle a familias enteras.Todo ello, aunque injusto e inhumano, es "comprensible" desde la lógica del mercado, del sistema y de una legislación que pide día a día ser modificada. Lo que no cabe en la razón y es imposible de digerir es que precisamente la Iglesia Católica, la que basa su mensaje evangélico en la defensa de los humildes y de lo más necesitados y en la "expulsión de los mercaderes del templo", se suba al carro del desahucio de familias.Y lo hace mucho más ininteligible a la luz del raciocinio humano el hecho de que el objeto de expulsión sean familias ya desahuciadas anteriormente, seis mujeres y cuatro menores de entre 4 meses y 10 años, ubicados en una casa de acogida dirigida por personas que aun respiran por los poros de la generosidad y de la solidaridad. Una casa propiedad de la Iglesia.El hecho que estremece y que no debería de culminarse con tan lamentable final se puede producir en la localidad gaditana de a Línea, zona afectada como un látigo dañino por el paro y la exclusión social. Como informa en exclusiva el periódico Viva Campo de Gibraltar y la edición digital del grupo Andaluciainformacion.es seis mujeres y cuatro menores de entre 4 meses y 10 años podrían volver a quedarse en la calle, sin nada, sin tan siquiera un techo en el que cobijarse. Así lo advirtió ayer 'Nuevo Hogar Betania', asociación sin ánimo de lucro que gestiona un centro de alojamiento destinado a personas sin hogar y la casa residencial de la que podrían desalojarlas en cualquier momento.Según informa el rotativo linense el inmueble es propiedad del Obispado de Cádiz y estaba en régimen de alquiler desde mayo de 2013. Pero el contrato de este inmueble situado en la avenida Menéndez Pelayo, con una renta muy baja, de 50,60 euros mensuales, expiró el pasado 31 de mayo. Desde el Obispado se remitió un burofax a Hogar Betania el pasado mes de abril recordando “la voluntad de la propiedad de no continuar con el referido arrendamiento” y en el que se pedía información sobre cómo se realizaría la entrega de llaves.“El lunes volvieron a llamar preguntándonos dónde íbamos a dejar las llaves y les comunicamos que no íbamos a hacerlo”, relata a VIVA Manuel Cañestro, Educador Social. “No tienen a nadie. Estaban en la calle, son todas personas sin hogar. Cada una tiene una historia completamente diferente, desde una nigeriana que vino en patera embarazada a otra mujer a la que le dijeron que se La Línea para un trabajo y la dejaron plantada con la niña en la estación de autobús”, explica.La casa residencial cuenta con tres habitaciones grandes, cuatro cuartos de baño, oficina, patio, lavandería, ascensor, salón y cocina. Tiene una capacidad para 12 personas, ya que cuenta con literas y camas normales, además de las cunas para los más pequeños. Desde Hogar Betania han informado que indican pidieron una audiencia con el obispo, que les atendió y plantearon las necesidades de estas mujeres. “Nos dijo que lo hablaría con los asesores jurídicos”. Sin embargo, la respuesta fue “que buscáramos otra ubicación”, lamenta Cañestro.Una de las sugerencias del propio Obispado fue que reubicaran a las mujeres y niños en el centro de alojamiento que tienen en la calle Gibraltar, en la antigua residencia de ancianos cedida por el Ayuntamiento de La Línea. “Pero allí hay actualmente 17 varones. Poner en un mismo pasillo a hombres que vienen de la calle con mujeres y niños pequeños, no lo vemos. Además, el edificio está la mitad en obras”, argumenta. Así, Hogar Betania considera que es necesario que existan dos centros diferenciados. VIVA ha contactado con el Obispado que, por el momento, no ha querido pronunciarse sobre el conflicto y el futuro tanto del inmueble como de sus actuales inquilinos.La Asociación sin ánimo de lucro Nuevo Hogar Betania considera una “injusticia” el comportamiento del Obispado en torno a este asunto. Recuerdan que inicialmente pertenecían a Caritas de Cádiz pero que, en 2012 se cortaron las ayudas que recibía Cáritas de la Junta de Andalucía para mantener su centro residencial para personas sin hogar y les informaron de que tenían tres opciones: echar a las personas a la calle de noche (centro de día) o echarlos de día a la calle (albergue nocturno) o cerrar. Fue en ese momento cuando sus integrantes optaron por crear una asociación sin ánimo de lucro para buscar subvenciones, ayudas y mantener el centro abierto. A duras penas y con el trabajo como voluntarios, consiguieron sacar el proyecto adelante.Posteriormente el Obispado les alquiló el inmueble y aunque inicialmente se retrasaron en los pagos, actualmente aseguran estar al día. “Desconocemos las razones por las que el Obispado de Cádiz nos trata de esta forma”, indican, y lamentan que ni siquiera se preocuparan de los motivos por los que se habían retrasado en los pagos y amenazaran con hasta tres burofaxes con el desahucio.Esperan que el Obispado se replantee su decisión de no renovar el contrato y destacan que la labor que realizan “es única en la provincia de Cádiz y no tenemos noticias que exista un proyecto igual en España”. Según explican, casi la totalidad de sus residentes (hace unos meses personas que dormían en cajeros de bancos, que se habían visto en la calle por un desahucio, por perder su trabajo, etc) están realizando prácticas empresariales en empresas de la comarca. “Ya no somos un centro asistencialista que solo pretende poner paños calientes. Ahora somos un grupo de profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, maestros, antropólogos, psicopedagogos, educadores sociales… ) que trabajamos para que estas personas normalicen sus vidas”, argumentan.