1.- El gobierno no entrega los dólares.

2.- Los controles del gobierno no dejan producir.

3.- Las leyes laborales reducen la productividad

4.- El gobierno lo que hace es expropiar empresas

5.- Los chavistas se han robado los dólares

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La guerra económica contra Venezuela, impulsada por sectores de la burguesía comercial-importadora y financiera, ha justificado su actuación sobre una serie de mentiras orientadas a evadir su responsabilidad y transferirla al gobierno bolivariano de Nicolás Maduro.Una rápida revisión permite identificar las siguientes:Esta es la principal mentira que muestran los más importantes conglomerados de empresas del país. Sin embargo un revisión detallada de las operaciones cambiarias en los últimos años revelan que solo en 2014 la cantidad de divisas otorgadas a esas empresas fue mayor si se compara con los años anteriores.Un examen de los montos autorizados a dos farmacéuticas, tres compañías de artículos de higiene personal y cuatro de alimentos desde el año 2004, muestra que hasta el mes de agosto de 2014 este conjunto de empresas obtuvo autorizaciones para adquirir divisas para importaciones por sumas que registraron incrementos de entre 33 por ciento y 544 por ciento con respecto a los aprobados entre 2004 y 2012 por parte de Cadivi, el anterior ente de administración cambiaria, según una investigación realizada por el blog informativo La Tabla.Mientras escaseaban pañales y tollas sanitarias, paradójicamente el mayor fabricante y distribuidor de este tipo de productos, la transnacional Procter & Gamble, recibió desde enero y hasta agosto de 2014, 469 millones de dólares, lo que equivale a un 30 por ciento de la suma total de 1 mil 465 millones de dólares autorizados por Cadivi hasta 2012. O lo que es lo mismo, a Procter le han adjudicado divisas incrementadas en casi 200 por ciento con respecto al promedio anual de 2004 a 2012.En realidad lo que ha ocurrido es que muchas empresas han desarrollado técnicas comerciales y contables para quedarse con la mayoría de las divisas autorizadas. Una forma de hacerlo es a través de la sobrefacturación de insumos, para lo cual elevan injustificadamente los “precios de transferencia” que usan sus casas matrices para “vender” insumos o productos terminados a las filiales.Eso explica que el 50 por ciento de las importaciones venezolanas son facturadas con empresas domiciliadas en países o áreas consideradas como “paraísos fiscales” y donde no hay una rigurosa vigilancia de las transacciones comerciales.Aunque los productos y servicios esenciales que tienen sus precios regulados no superan la veintena, el discurso empresarial y de los propagandistas de la burguesía insiste en que la venezolana es una economía profundamente intervenida y controlada por el Estado.En realidad el sector productivo venezolano cuenta con las suficientes libertades para fijar los precios con base en su estructura de costos conforme a la información proporcionada por el mismo empresario, según lo establece la Ley de Costos y Precios Justos.A partir de esa estructura de costos, el productor o importador puede definir los precios para obtener un margen de utilidad de hasta 30 por ciento. Esta tasa de ganancia supera la de todos los países donde hay regulaciones legales similares.En mayo de 2012 el comandante Hugo Chávez promulgó la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, que incorporó una importante reducción de la jornada laboral, nuevos días libres por semana, y algunas restricciones adicionales para los despidos.La entrada en vigencia de la normativa causó una especie de huelga silenciosa empresarial, ya que en lugar de contratar más personal para cubrir el tiempo libre de los trabajadores, simplemente optaron por suspender la producción o la prestación de servicios en los horarios nocturnos y de fines de semana.Asi en lugar de ceder eventualmente una fracción de su ganancia, el empresariado venezolano prefirió golpear la productividad y hasta perder la oportunidad de aumentar su utilidad en tanto mantuvieran o incrementaran los tiempos de operación.Otro de las mentiras favoritas de esa parte del empresariado venezolano es achacarle al gobierno bolivariano sus propios fracasos gerenciales.Siempre que quiebran, cierran o abandonan alguna empresa, acusan al gobierno de expropiarla si los trabajadores y el Estado intentan recuperarla.Eso ha pasado con centros de trabajo como la Compañía Nacional de Válvula (CNV), abandonada en el 2004 por su propietario Andrés Sosa Pietri, un expresidente de PDVSA que aprovechó ese cargo para buscar los mejores contratos para su empresa. Cuando fracasa el sabotaje petrolero, en el cual participó con una paralización de hecho de su producción, y ante las exigencias salariales de los trabajadores, se fue y abandonó todo.Hoy en día el intento de los trabajadores por reactivar la producción es condenada con la etiqueta de una confiscación.Y más recientemente ocurrió algo similar con la transnacional Clorox, productora de artículos de higiene del hogar, que notificó su cierre con un mensaje grabado por teléfono. Cuando el gobierno del presidente obrero, Nicolás Maduro, reactivó la producción la corporación desde EEUU acusó a la Revolución Bolivariana de una expropiación arbitraria y de un uso indebido de las marcas.El señalamiento de corrupción por parte de la dirigencia bolivariana ha sido una de las mentiras más contundentes para apuntalar la guerra económica.Contradictoriamente ha sido muy dura la persecución y la sanción a los hechos de corrupción por parte de las instituciones como el Ministerio Público, especialmente en lo referido al fraude cambiario.En noviembre de 2013 la ofensiva contra la guerra económica se centró en empresas como Daka y Tijerazo que habían recibido importantes asignaciones de divisas y pretendían obtener ganancias de mil y 2 mil por ciento.En agosto de 2014 la Fiscal General anunció la apertura de investigaciones a empresas transnacionales farmacéuticas como Merck, y a conglomerados de importación de alimentos vinculados con el sector financiero.Y hace apenas unos días la misma fiscal Luisa Ortega publicó la lista de 277 personas que han sido condenadas por fraudes con cupos de divisas para viajeros y estudiantes.Lo curioso es que no son los chavistas quienes figuran en esas listas sino “respetadísimos” empresarios y ciudadanos de clase media que militantemente desde posturas opositoras acusan al gobierno y a los militantes bolivarianos de corruptos.Y hace unas semanas también el país conoció que la activista opositora Andreína Chacín Lorenzo, dirigente del partido Voluntad Popular, (el de Leopoldo López) en Panamá es la representante y accionista de al menos 9 empresas venezolanas con un capital que supera los 3 millones de dólares