CIPER revisó las cifras oficiales de los ingresos que recibieron en 2013 los sostenedores de colegios particulares subvencionados de la Región Metropolitana, y descubrió que en muchos casos se repiten los mismos propietarios bajo distinta razón social. Desenmarañando la madeja del “multirut” de los sostenedores, identificamos a los siete grupos que reciben más subvenciones: $62.253 millones en total. Una de las fórmulas que usan para sacar utilidades es pagar servicios o arriendos a sociedades de su misma propiedad. Sepa quiénes son y cómo operan los empresarios que lideran el negocio.

Walter Oliva es un democratacristiano que no está a gusto con el programa de Michelle Bachelet. Y se entiende, porque Oliva –quien fue vicepresidente de la DC en la directiva que encabezó Soledad Alvear-, es sostenedor de colegios particulares subvencionados, un negocio que Bachelet quiere clausurar con uno de los proyectos eje de su gobierno: la reforma que elimina el lucro con recursos públicos en la enseñanza básica y secundaria. En 2013, según los datos del Ministerio de Educación (Mineduc), los ocho colegios de Walter Oliva Munizaga recibieron $6.890 millones en subvenciones. De ellos, $1.312 millones correspondían a la Subvención Escolar Preferencial (SEP) destinada a mejorar las condiciones de aprendizaje de alumnos “vulnerables”, es decir, los más pobres. Como la ley obliga a ocupar la totalidad de los recursos SEP exclusivamente en mejoras educativas, prohibiendo en la práctica el lucro con ese dinero, algunos sostenedores dieron con la fórmula para obtener utilidades de los fondos SEP que el Estado les confía. Oliva es uno de ellos.

CIPER indagó esas fórmulas no escritas que aumentan las utilidades de los sostenedores, identificó a los siete principales grupos de “megasostenedores” que operan en la Región Metropolitana y cuantificó los recursos estatales que reciben. Walter Oliva encabeza uno de esos siete grupos, los que en conjunto captaron en 2013 una suma total de subvenciones que superó los $62.253 millones. La cifra equivale a más del 10% del total de recursos públicos ($604 mil millones) que se repartieron el año pasado entre los 2.076 colegios particulares subvencionados de la región (vea la nómina de todos los sostenedores de la Región Metropolitana con sus ingresos en 2013) .

Aunque las cifras que maneja el Mineduc indican que cerca del 80% de los sostenedores administra sólo un colegio y muchos de ellos lo hacen con dificultad para cuadrar su caja, en el 20% restante hay algunos que operan varios establecimientos y logran economías de escala que les permiten obtener mayores utilidades. Además de las ganancias que consiguen con la subvención, muchos de ellos contratan distintos servicios con sus empresas relacionadas y declaran gastos genéricos que aprovechan las exenciones tributarias reservadas para los establecimientos subvencionados. Sobre este tipo de sostenedores han puesto el foco los expertos del Mineduc que planifican la reforma.

Según las estimaciones ministeriales, el monto global del lucro en el sistema particular subvencionado, supera los US$300 millones anuales. Esa cifra equivale a cerca del 50% del volumen total que reciben los colegios privados con subvención estatal por concepto de “financiamiento compartido” (copago de los apoderados).

MIL MILLONES PARA LA ATE DE OLIVA

Los fondos SEP pueden gastarse en recursos materiales -como libros y computadores- y en asistencia o capacitación para la función docente. Si se ocupan en la segunda opción los sostenedores están obligados a contratar la asesoría de una consultora ATE (Asistencia Técnica Educativa) registrada previamente en el Mineduc. Walter Oliva tiene su propia ATE: Innovación Tres Limitada. Y se “autocontrató”. Entre 2011 y 2012 sus colegios le pagaron más de mil millones de pesos a su consultora.

Para acreditar cómo opera una de las fórmulas que acrecientan las utilidades de este negocio, CIPER pidió al Mineduc (por Ley de Transparencia) los pagos realizados en 2011 y 2012 por los colegios de Walter Oliva a su propia ATE. La respuesta de la cartera consignó que en ese periodo se registraron 500 facturas pagadas con recursos SEP por esos establecimientos a su consultora Innovación Tres Limitada, por un total que supera los $1.058 millones (vea el documento enviado por el Mineduc).

Además, en los mismos años, los establecimientos de Oliva contrataron, también con recursos SEP, la ATE de su ex esposa, Claudia Peirano, quien inicialmente había sido designada por la Presidenta Bachelet como subsecretaria de Educación, cargo que finalmente no asumió debido a los cuestionamientos por estos mismos conflictos de interés (vea los reportajes de CIPER “La incómoda mochila de la próxima subsecretaria de Educación” y “Nuevo nexo con escuelas de Walter Oliva hacía inviable permanencia de Claudia Peirano en Educación”). La consultora de Claudia Peirano –Grupo Educativo Limitada– recibió $56,7 millones de los colegios de su ex marido (vea el detalle en el documento del Mineduc).

En total, los fondos SEP que en 2011 y 2012 las escuelas de Oliva destinaron al pago de las consultoras de su propiedad y de su ex esposa, suman $1.114 millones. Una cifra que adquiere mayor peso específico si se compara con los recursos SEP que obtienen los colegios de Oliva en sólo un año: los registros del Mineduc revisados por CIPER indican que en 2013 estos establecimientos recibieron un total de $1.312 millones por este concepto.

En el Mineduc saben que la fórmula que utiliza Oliva de contratar con fondos SEP su propia ATE también la ocupan varios de los grandes sostenedores. Desde hace mucho tiempo la autoridad sabe que, así como los controladores de algunas universidades privadas burlaron la prohibición de lucrar contratando servicios de empresas relacionadas, aquí ocurre lo mismo. Con el agravante de que, cuando se trata de fondos SEP, se cortan tajadas del dinero destinado a los niños más desprotegidos del país.

Frente a este escenario, y por primera vez, el ministerio solicitó al Servicio de Impuestos Internos (SII) que le informe cuáles son todas las sociedades comerciales relacionadas con sociedades sostenedoras, para detectar si entre ellas existen pagos por servicios que comprometan recursos SEP o que se declaren como gastos que podrían ser objeto de rebajas tributarias improcedentes. En el SII confirmaron a CIPER que la solicitud del Mineduc ingresó el 13 de abril y que están trabajando en ella. La respuesta ha demorado, dicen en el SII, porque la nómina de sostenedores es muy extensa y establecer la red de sociedades relacionadas ha resultado una tarea compleja.

EL “MULTIRUT” DE LA EDUCACIÓN

Si los sostenedores de la Región Metropolitana se ordenan según el monto de los recursos que recibieron del Estado en 2013, en la cúspide de esa nómina aparecen fundaciones o corporaciones sin fines de lucro. El primer lugar lo ocupa la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), con un aporte de fondos públicos que totaliza $14.932 millones. Le sigue la Fundación Belén Educa, con $10.312 millones en subvenciones. Luego se ubican la Sociedad de Escuelas Católicas Santo Tomás de Aquino ($6.933 millones) y la Fundación Juan Piamarta (de la Congregación Sagrada Familia de Nazaret, con $5.390 millones). Pero el orden de esta nómina -confeccionada con los datos oficiales- no tiene más valor que el de una ilusión óptica.

CIPER revisó los registros del Diario Oficial para analizar la composición de las sociedades sostenedoras con fines comerciales (sociedades por acciones, anónimas, limitadas y de responsabilidad individual) que operaron en la Región Metropolitana en 2013. Y comprobó que, bajo distintas razones sociales se repiten los mismos socios, muchos de los cuales están emparentados por lazos familiares o por otros negocios: una suerte de “multirut” de los sostenedores. En las fichas que acompañan este reportaje, se puede ver el detalle de todas las sociedades a las que aparecen vinculados.

Esta concentración del mercado es corroborada por el director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, Gregory Elacqua, quien ha desarrollado diversas investigaciones sobre el sistema educacional: “El 80% de los sostenedores con fines de lucro son Pymes, la mayoría son profesores que tienen entre 300 y 400 alumnos. Luego tienes sostenedores que operan dos colegios o tienen un establecimiento grande. Eso dicen los datos oficiales, pero hay cosas escondidas en esos datos, como los sostenedores que son socios en distintos colegios. Y hay varios que están asociados a diversos RUT”.

CIPER agrupó las sociedades sostenedoras según estos nexos no declarados y reordenó el ranking de los que obtuvieron más recursos públicos en 2013 en la Región Metropolitana. El resultado: siete grupos de sostenedores, que no aparecen en los primeros lugares del ranking confeccionado con datos oficiales, irrumpen en la cima de la nómina. Con el nuevo orden, la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP) ya no lidera los colegios que reciben más subvenciones, sino el grupo de sostenedores de la familia Hasbún-Ramírez (con $15.166 millones de subvenciones). La SIP se ubica en segundo lugar y le siguen el grupo Cifuentes-Narváez, Belén Educa, el grupo Alicante-Alcántara, las Escuelas Católicas Santo Tomás de Aquino, el grupo Romo, el grupo Oliva, el grupo Boston College y la Fundación Piamarta. Cierra el cuadro el grupo Cemsu-Edutep (vea el ranking elaborado por CIPER con los 50 sostenedores metropolitanos que recibieron más subvenciones en 2013).

Los ingresos de estos siete grupos de “megasostenedores” contrastan con los montos que exhiben las restantes sociedades que participan en el rubro. En la Región Metropolitana opera un universo cercano a los 1.700 sostenedores de colegios particulares subvencionados. De ellos, sólo un centenar obtuvo en 2013 ingresos por sobre los mil millones de pesos y apenas una treintena registraron ingresos superiores a los $2 mil millones.

LOS SIETE GRUPOS “MEGASOSTENEDORES”

De acuerdo con el ranking elaborado por CIPER con datos del Mineduc, en la cúspide de los sostenedores de la Región Metropolitana con más ingresos totales (subvenciones más copago) se ubica el grupo Alicante-Alcántara. Entre sus socios relevantes figuran Jaime Melnick, David Gottlieb, Sergio Gloger, Juan Andrés Silberstein y René Peter Silberstein. El grupo está compuesto por nueve sociedades sostenedoras que operan igual cantidad de colegios, los que suman una matrícula de 16.786 alumnos. En 2013 este grupo recibió $9.495 millones de recursos públicos (la suma de la subvención normal y SEP). Y con el copago que cobró a sus apoderados, la cifra de sus ingresos totales se elevó a $18.704 millones (vea la ficha con las cifras e historia del grupo Alicante-Alcántara).

El segundo lugar del ranking lo ocupa el grupo Ramírez Hasbún, conformado por los miembros de las familias Ramírez Caselli y Hasbún Ramírez. Uno de ellos, Alejandro Hasbún Ramírez, es vicepresidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares Subvencionados (Conacep), agrupación que lidera la oposición a la reforma que impulsa el gobierno. Otro socio relevante es Luis Ramírez Valle, presidente de la entidad que reúne a los colegios del grupo: la Corporación San Isidoro. Aunque recibió el nombre de “corporación”, todos sus colegios son con fines de lucro.

Los diversos integrantes de las familias Ramírez Caselli y Hasbún Ramírez forman parte de 14 sociedades sostenedoras que administran 19 colegios, los que en conjunto atienden a un total de 22.900 alumnos. El grupo recibió en 2013 fondos estatales por más de $15.166 millones y sus ingresos totales se elevaron a $17.937 millones al agregar el aporte de los apoderados (vea la ficha del Grupo Ramírez Hasbún).

El grupo Cifuentes Narváez es el tercero del ranking. Lo componen las sociedades de Filomena Narváez y de su sobrino, Jorge Cifuentes Narváez. Cuenta con diez sociedades sostenedoras que administran 20 colegios en la Región Metropolitana, en los que estudian 17.500 alumnos. Cuatro de estas sociedades están integradas por Filomena Narváez y sus hijos. Las otras seis son de Jorge Cifuentes. El grupo, en conjunto, recibió subvenciones por una suma superior a $13.038 millones. Los ingresos aumentan a $15.160 millones al sumar el copago de los apoderados (vea la ficha del Grupo Cifuentes Narváez).

En la cuarta posición está el grupo Boston College. Entre sus socios relevantes se cuenta a los hermanos Julio, Francisco y Claudio Martínez Cárcamo. El grupo cuenta con siete establecimientos administrados por igual número de sociedades sostenedoras, los que ofrecen una matrícula global de 10.900 alumnos. Sus ingresos totales en 2013 sumaron $9.418 millones, de los cuales $5.966 millones correspondieron a subvenciones (vea la ficha del grupo Boston).

El grupo Oliva ocupa el quinto puesto. Son cuatro las sociedades sostenedoras en las que participa Walter Oliva y su madre, Aurelia Munizaga. El grupo opera ocho establecimientos, con una matrícula que alcanza a los 9.200 estudiantes. En 2013 recibió recursos públicos que ascendieron a $6.890 millones y sus ingresos totales se elevaron a $8.440 millones con el copago (vea la ficha del grupo Oliva).

En la sexta posición se ubica el grupo Romo. Está integrado por 13 colegios administrados por 12 sociedades sostenedoras: dos son de Marta Romo Valdivia y sus hijos; dos pertenecen a Osvaldo Romo Valdivia y Elena Figueroa Navarrete; tres son de Raúl Orlando Romo Rojas y su familia; seis están manos de Pedro Gerardo Romo Rojas y Sonia del Pilar Alvariño.

Los colegios del grupo Romo, en conjunto, ofrecen enseñanza a 9.756 alumnos y en 2013 obtuvieron subvenciones que alcanzaron a $6.808 millones. Gracias al aporte de los apoderados, sus ingresos totales superaron los $7.770 millones (vea la ficha del grupo Romo).

Cerrando el cuadro está el grupo Cemsu-Edutep, cuyos principales socios son Jorge Ernesto Valenzuela Rudy, Leyla Elena Armijo Abdo y David Mauricio Valenzuela Rudy. A través de cinco sociedades sostenedoras cuenta con el mismo número de colegios, los que imparten educación a 7.400 alumnos. El año pasado registró ingresos por subvenciones que ascendieron a $4.887 millones, con el aporte de los apoderados esa cifra subió a $ 6.938 millones (vea la ficha del grupo Cemsu-Edutep).

UTILIDADES ENTRE 8% Y 15%

En un reportaje publicado por El Mostrador el 8 de mayo pasado, el gerente del sector educación de la Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., José Ruiz, arrojó las primeras luces sobre un tema que hasta ese momento transitaba por la penumbra: las utilidades que deja el negocio de los colegios particulares subvencionados. Ruiz conoce bien el rubro, pues Norte Sur ha adquirido el 50% de las sociedades sostenedoras de 12 colegios, la mitad de ellos en la Región Metropolitana.

Hasta 2007, Inversiones Norte Sur era uno de los controladores del Banco del Desarrollo, el que fue vendido a Scotiabank en una operación que le reportó más de US$400 millones. Desde entonces ha invertido en diversos rubros que arrojan buenos márgenes de ganancias. Uno de los mercados sobre los que apostó fue la educación particular subvencionada. Ya había incursionado en el sector de la Educación Superior, primero ingresando a la Universidad de Viña del Mar, participación que en 2009 le vendió al grupo Laureate, y después, en 2011, con un fallido intento de hacerse del control de la Universidad Central (vea el reportaje de CIPER). Uno de los empresarios que encabeza este grupo inversionista es Vicente Caruz, reconocido como un histórico simpatizante de la Concertación y financista de sus campañas.

En el artículo de El Mostrador, el gerente José Ruiz declaró: “Cuando un colegio no reinvierte, el dueño se puede llevar el 15% de los ingresos (como utilidad). En nuestro caso, la rentabilidad está entre el 8% y el 10%”.

En el Mineduc concuerdan con estos números. Quienes están trabajando en el diseño de la reforma estiman que las utilidades oscilan entre el 10% y el 15% de los ingresos totales que recibe un sostenedor (la suma de la subvención normal más la SEP y, eventualmente, el copago).

Los especialistas calculan que las utilidades se aproximan al 15% de los ingresos cuando el sostenedor maneja varios colegios y logra una economía de escala significativa. Así, por ejemplo, y bajo un cálculo conservador que sitúe las utilidades en un 10% de los ingresos anuales, un grupo tan extenso como el de las familias Ramírez Hasbún, que recibió más de $17.937 millones en 2013, pudo haber registrado utilidades cercanas a $1.700 millones.

En todo caso, dicen en el Mineduc, esto no significa que los sostenedores se llevan esa suma “para la casa”. Muchos de ellos están pagando deudas contraídas para levantar la infraestructura de sus colegios o recuperando el capital propio que invirtieron con ese mismo objetivo. En ese ministerio sostienen que las fórmulas que se barajan, en el contexto de la reforma en curso, para que el Estado compre inmuebles a los sostenedores que no deseen seguir en el rubro, no es más que el “sinceramiento” de lo que ya ocurre: los sostenedores pagan o recuperan su inversión en edificios y terrenos con los recursos públicos provenientes de la subvención. Según el informe financiero de la Dirección de Presupuestos que acompaña al proyecto de la reforma, la compra de inmuebles puede demandar un gasto de hasta US$5 mil millones en 12 años.

Para cotejar los cálculos sobre utilidades y recuperación de las inversiones de los sostenedores, CIPER solicitó entrevistas con Alejandro Ramírez Hasbún y Luis Ramírez Valle (del grupo Ramírez Hasbún), Ana Humeres (del grupo Alicante-Alcántara), Jorge Cifuentes (del grupo Cifuentes Nárvaez), Julio Martínez y Claudio Martínez (del grupo Martínez Cárcamo), Walter Oliva (del grupo Oliva), Rodrigo Bosch (ex presidente de Conacep) y Hernán Herrera (presidente de Conacep). El único que respondió los mensajes fue Rodrigo Bosch, pero rechazó dar entrevista.

RENDICIONES DE CUENTAS

Sólo un representante de los grandes grupos de sostenedores aceptó conversar con CIPER, pero bajo reserva de su identidad. Reconoció que una parte importante de las utilidades provienen de negocios con sociedades relacionadas y que la mayoría de los grandes sostenedores son dueños también de consultoras ATE que contratan en sus colegios. Señaló además, que la fiscalización de los recursos SEP por parte de la Superintendencia de Educación es particularmente puntillosa respecto de que se usen exclusivamente en mejoras educativas. Pero no verifica si hay contratos con sociedades relacionadas ni la calidad de las asesorías. Tampoco la posibilidad de que se facture con sobreprecio.

El mismo sostenedor afirmó que la fiscalización de los gastos que se financian con la subvención normal, es muy laxa. Y las razones que da para ello CIPER las escuchó reiteradamente de otros actores del sistema: la superintendencia no tiene ni recursos humanos ni materiales para auditar al detalle las rendiciones de cuentas de los sostenedores. En el Mineduc están conscientes de que la fiscalización es laxa, porque pesquisar los vínculos entre sostenedores y sus sociedades relacionadas no era relevante, lo que cambiaría ahora por la reforma educacional que plantea el fin del lucro. De hecho, el ministerio ya está recabando antecedentes acerca de consultoras ATE pagadas con fondos SEP que aparentemente abultan el cobro de sus servicios de común acuerdo con el sostenedor, para luego repartirse el excedente.

En las rendiciones de cuentas que recibe la superintendencia se incluyen gastos en alimentación, transporte, peajes, recursos informáticos, impresión, publicidad y capacitación, entre otros, que pueden ser provistos por empresas relacionadas sin que se tome nota de aquello. Ocurre lo mismo con el pago de los arriendos de los inmuebles que ocupan los colegios. Desde fines de la década pasada muchas sociedades sostenedoras se dividieron, dando origen a sociedades de inversión y sociedades inmobiliarias. Según explican los sostenedores, esto se debe a que cuando ofrecían en garantía los inmuebles para obtener un crédito, los bancos les exigían que la propiedad no estuviese asociada al giro educativo. Esto, porque si el deudor no paga, el banco prefiere liquidar la deuda enajenando sólo el inmueble, pero no desea hacerse cargo de los problemas que acarrea el cierre de un colegio, como la cancelación de las matrículas y el finiquito de los docentes.

Producto de estas divisiones, las sociedades sostenedoras se quedaron con el giro educacional, pero transfirieron gran parte de su patrimonio a las nacientes sociedades de inversión e inmobiliarias. Así, los inmuebles en los que funcionan sus colegios pasaron a ser patrimonio de las nuevas sociedades. En consecuencia, los sostenedores ahora se pagan arriendo por el uso de sus propios edificios, tal como ocurre en las universidades privadas que por esta vía burlan la prohibición de lucrar.

A diferencia de lo que sucede en las universidades, en el sistema escolar subvencionado no está prohibido el lucro -al menos mientras no se apruebe la reforma-, por lo que declarar el arriendo como gasto no transgrede norma alguna de las leyes de educación, pero tiene el efecto de enmascarar una parte significativa de las utilidades. No obstante, esta figura podría vulnerar las normas tributarias.

Los sostenedores gozan de beneficios tributarios respecto de los gastos que hacen con la subvención. Estas exenciones están detalladas en el decreto DFL Nº2 de 1996 de Educación. La norma establece que no pagan impuestos “los gastos destinados al pago de remuneraciones del personal, la administración, reparación, mantención o ampliación de las instalaciones de los establecimientos beneficiados o cualquier otra inversión destinada al servicio de la función docente”. Según especialistas tributarios consultados por CIPER, el proyecto de reforma educacional ha provocado que el SII preste especial atención a estos criterios. Un punto que debe definirse es si podrían existir irregularidades en el pago de arriendos a sociedades relacionadas con los sostenedores.

Para evitar la fuga de dineros por la vía de los arriendos u otros contratos o convenios con entidades relacionadas, la reforma propuesta por el Mineduc establece que todos los sostenedores deben convertirse en fundaciones o corporaciones sin fines de lucro y ser dueños de los inmuebles donde operan sus colegios. Además, tendrán prohibido comprar bienes y celebrar contratos con sociedades relacionadas y estarán obligados a entregar memorias y balances auditados a la Superintendencia de Educación. De prosperar la reforma, este organismo estará dotado de nuevas facultades de fiscalización y auditoría. Por ejemplo, podrá pedir al SII que avalúe los bienes adquiridos por los sostenedores, para evitar transacciones con sobreprecios.

Un cambio radical al sistema de fiscalización y al monto de los fondos destinados para ello es uno de los requisitos para el fin del lucro. Porque hasta ahora la fiscalización del Ministerio de Educación a los colegios particulares subvencionados se ha concentrado principalmente en una sola irregularidad: la adulteración de las planillas de asistencia de los alumnos. Los sostenedores han desarrollado distintas triquiñuelas para abultar estos índices dado que la subvención se paga por los alumnos que efectivamente asisten a clases. Y a pesar de que en muchos casos las visitas de los fiscalizadores son advertidas con anticipación a los colegios, en los últimos años el Ministerio de Educación ha aumentado las sanciones e incluso el cierre de establecimientos, debido a la reiteración de esta irregularidad que bordea lo ilícito.

El detalle del nuevo sistema de fiscalización quedará plasmado en un reglamento que debe ser promulgado a más tardar un año después de la aprobación de la ley que consagre la reforma. Pero todo esto corre el riesgo de convertirse en letra muerta si no se aprueban los fondos suficientes para dotar a la Superintendencia de Educación de personal capacitado a la altura de la complejidad de sus nuevas funciones. Fue precisamente esta carencia lo que posibilitó el negocio de la Educación Superior, al no existir ni reglamento que sancionara el lucro ni organismo que lo fiscalizara.

RECONVERTIRSE O “BAJAR LA CORTINA”

Los cálculos del Mineduc indican que para el 80% de los sostenedores que hoy tienen fines de lucro, el cambio propuesto en la reforma educacional sería beneficioso. Ese es el porcentaje de sostenedores pequeños, que tienen sólo uno o dos establecimientos y que captan hasta $300 millones anuales en subvenciones. Como consecuencia del fin del copago que impulsa la reforma, la subvención se incrementará para compensar la eliminación de los aportes que hoy hacen los apoderados. Esa es la “zanahoria” que ofrece la reforma a los pequeños sostenedores: los que hoy no cobran copago verán incrementados sus ingresos por el aumento de la subvención, mientras que aquellos que hoy reciben aporte de las familias, igual serían beneficiados, pues contarían con un ingreso fijo en reemplazo del monto variable que hoy recaudan con el financiamiento compartido.

Como la mayoría de estos colegios atienden alumnado de escasos recursos, y la reforma plantea duplicar el aporte público para los estudiantes del primer y segundo quintil, estos establecimientos serán los más beneficiados. Una vez que entre en régimen la reforma, la subvención por cada uno de esos alumnos alcanzará una suma mensual de $140 mil.

Sin embargo, también existe preocupación en algunos sostenedores de menor tamaño, por el traspaso que deberán hacer de los inmuebles a las entidades sin fines de lucro. Muchos de ellos lo consideran una pérdida del principal patrimonio que han acumulado en años de trabajo.

Los registros oficiales indican que el 70% de los sostenedores que operan en la Región Metropolitana (cerca de 1.200) recibieron en 2013 un aporte de subvenciones igual o menor a $300 millones. Si sus utilidades fueron equivalentes al 10% de sus ingresos, tal como calculan los especialistas, eso significa que sus rentas mensuales no superan los $2,5 millones. Por ello, aún cuando la reforma les exija convertirse en entidades sin fines de lucro, es factible que los sostenedores conserven ese nivel de ingresos, ya no como utilidades, sino como un sueldo fijo por su labor directiva y de administración. Incluso, se espera que con el nuevo formato puedan ampliar su capacidad para captar donaciones, como ya lo hacen los sostenedores que administran colegios bajo la figura de entidades sin fines de lucro (ver recuadro).

Por todos estos factores, la apuesta de los impulsores de la reforma es que en este grupo de sostenedores, la mayoría aceptará las nuevas condiciones. Pero las cuentas del Mineduc no son claras cuando se refieren a lo que ocurrirá con los sostenedores con fines comerciales que cobran copagos por sobre los $60 mil mensuales. En este segmento parece difícil que la nueva normativa les permita igualar las utilidades actuales. Tampoco está claro que el aumento de la subvención compense el aporte que hoy reciben de las familias. Entre estos sostenedores impera el sentimiento de que simplemente serán “expropiados”.

Es probable entonces, que en este grupo se concentre la mayor cantidad de sostenedores que optaran por “bajar la cortina” y traspasarle el colegio al Estado. Este será uno de los flancos más conflictivos de la reforma que actualmente se discute en el Congreso. No sólo por la dura negociación para valorar los activos, sino por el universo de familias que se verían afectadas. A la luz de las cifras, aparece poco probable que muchos de estos establecimientos se reconviertan en particulares pagados. El nicho de la educación privada atiende apenas al 7% de la matrícula total del país. Un mercado muy acotado, que parte en los $150 mil mensuales por alumno, y por lo mismo, con escasas posibilidades de ampliación.

-Se está generando un mito sobre la cantidad de colegios que podrían pasar a particular pagado. Un estudio del Instituto de Políticas Públicas mostró que entre 2010 y 2013 más de cien colegios particulares pagados pasaron a subvencionados con financiamiento compartido. Cambiaron porque las familias no podían pagar $140 mil. Esos colegios tenían muchos problemas de morosidad –corrobora el experto en educación de la UDP, Gregory Elacqua.

COMPETENCIA CON LA EDUCACIÓN PÚBLICA

La reforma que impulsa el gobierno no se agota en el proyecto que aspira a eliminar el lucro, el copago y la selección. Lo que viene ahora promete ponerle más problemas a los sostenedores de colegios particulares subvencionados, pues la idea del Mineduc es que los establecimientos públicos efectivamente queden en condiciones de disputarles el mercado y revertir la tendencia a la baja en las matrículas del sector de dependencia estatal.

En lo inmediato dos son las tareas urgentes en este ámbito. La primera, elaborar los detalles del nuevo sistema de administración que tendrá la educación pública desmunicipalizada. La segunda, poner en marcha un plan para financiar cien obras que en el Mineduc califican de “emblemáticas”. Un centenar de liceos y escuelas, repartidos por todo el país, serán reacondicionados con estándares de primer nivel. La idea es que queden con una infraestructura similar a la del remozado Liceo de Aplicación. El programa contempla inyectar recursos hasta por $5 mil millones en cada obra y la Dirección de Presupuestos ya confirmó que habrá fondos disponibles, aunque advirtió que tomará al menos dos años y medio que la pesada maquinaría administrativa del sector público permita poner en marcha los trabajos.

A la par, se lanzará una campaña comunicacional para mejorar la imagen de los establecimientos públicos. La campaña tendrá una versión nacional, otra regional y una comunal, para frenar la competencia de los colegios particulares subvencionados.

Todos estos planes, con un alto costo, son, finalmente, cosméticos. Porque como todos los expertos han insistido en estos días, el principal factor que ha socavado la enseñanza pública es la calidad. Y uno de los componentes que urge atacar es el nivel de los profesores. Un ítem que está en la agenda. En estos días ya se instaló la mesa de negociación entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores para abordar la tantas veces postergada reforma a la “carrera docente”. Uno de sus más ambiciosos objetivos es cambiar radicalmente la composición de las remuneraciones de los profesores. Actualmente sólo el 4% del sueldo que recibe el profesor está determinado por su desempeño y mérito.

El académico Elacqua valora la puesta en agenda del proyecto que modifica la carrera docente, un punto crítico por las presiones corporativas del gremio de los profesores que se prevén:

-Sabemos que el factor que más incide en calidad de la enseñanza es el profesor. Pero es un error pensar que las reformas ya presentadas no apuntan a mejorar la calidad, porque la selección perjudica la calidad, el financiamiento compartido crea una barrera que puede generar segregación y respecto del lucro no hay evidencia de que genere calidad. Las reformas que ya se presentaron son correcciones necesarias para poder aprovechar mejor las que vendrán ahora.

MATTE Y ASTORECA: UN MODELO SIN FINES DE LUCRO Las fundaciones o corporaciones sin fines de lucro, que ya operan como sostenedoras de colegios particulares, han acumulado una experiencia en la administración de establecimientos que el Ministerio de Educación observa con especial interés. Su sistema de gestión puede servir de modelo para los sostenedores con fines comerciales que tendrán que reconvertirse, bajo las nuevas normas que estipula la reforma para eliminar el lucro. Una de estas entidades es la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), administradora de la red de colegios Matte, que recibe los montos de subvención más altos entre aquellas que no persiguen fines de lucro. En 2013 registró ingresos por subvenciones que sumaron $14.932 millones, con los que financió la educación de 19 mil alumnos distribuidos en 18 colegios de sectores vulnerables. Su presupuesto anual contempla además ingresos por donaciones privadas, destinadas a proyectos específicos (infraestructura o programas de formación), que el año pasado alcanzaron los $1.600 millones. El fin del copago impacta en el modelo SIP, porque cuentan con financiamiento compartido en todos sus colegios. El promedio que pagan las familias es de $12.800, pero lo cancela sólo el 45% de los alumnos. El resto recibe subvención SEP. “Si el ministerio compensa esos ingresos con un aumento en la subvención, bien, porque nos generaría mayor estabilidad en los ingresos. Pero es importante que esos recursos se puedan usar de un modo flexible, no restrictivo, porque es lo que nos permite invertir en obras y proyectos de mejoramiento en la calidad” sostiene Lily Ariztía, gerente general de la SIP. En las escuelas Matte, el proceso de selección de alumnos se realiza por medio de una tómbola para llenar los cupos que quedan disponibles después de recibir hermanos de alumnos e hijos de funcionarios. Cada colegio opera como una unidad independiente al alero de un proyecto educativo común. La clave, explican, es el soporte que entrega la casa central, el cerebro de la corporación, con 70 profesionales que asesoran a los colegios en las áreas pedagógica, administrativa y operacional, todo financiado con la subvención. -Somos muy estrictos en el diseño y control presupuestario, involucramos directamente a los directores de cada colegio, para equilibrar lo que es posible hacer con los sueños que tenemos. Es la única forma de financiarse y poder dejar fondos para invertir en programas de apoyo y mejoramiento- asegura Lily Ariztía. La Fundación Marcelo Astoreca es otra institución sin fines de lucro observada con atención por los impulsores de la reforma. Tiene un modelo de gestión similar a la SIP, pero con mucho menos alumnos. Administran tres colegios, el último recién abierto en marzo en Lampa. En 2013 recibieron aportes del Estado por $1.386 millones para atender a 1.646 alumnos. Ana María Lyon, gerente general, explica que cada establecimiento es una unidad independiente, con una administración central que apoya el manejo financiero y académico: “La fórmula que nos permite tener buenos resultados es un directorio comprometido, que se reúne semanalmente y lleva el pulso al detalle de lo que ocurre en cada colegio”. Los terrenos de los colegios los recibieron en comodato y la construcción la financiaron con aportes privados. No tienen deudas bancarias. Una de las fuentes de financiamiento de Fundación Astoreca son los llamados “padrinos”, personas naturales que contribuyen con un aporte mensual a financiar parte de los gastos operacionales. No reciben copago y la selección de los alumnos es vía tómbola.