MADRID.- El Gobierno conservador que preside Mariano Rajoy ha recorrido en solitario buena parte de los casi cuatro años de la legislatura que está a punto de finalizar. En ese tiempo, alrededor de dos tercios de su producción legislativa se ha aprobado con el único apoyo del grupo parlamentario popular. Pero, es más: si no se tienen en cuenta aquellas iniciativas de carácter técnico – principalmente transposiciones de directivas de la UE a la legislación española – entonces la soledad de Rajoy y del PP aumenta sensiblemente.



El rechazo de los grupos de la oposición a los proyectos legislativos del Ejecutivo ha sido constante y se ha manifestado desde las enmiendas a la totalidad a los diferentes presupuestos generales del Estado, sin duda los proyectos más importantes de cada año, hasta iniciativas legales como la imposición de tasas judiciales o declaración de parque natural de la Sierra de Guadarrama, por poner dos ejemplos bien diferentes.



Desde las primeras semanas de enero de 2012 hasta los primeros días de este mes de agosto el Gobierno ha presentado al Congreso de los Diputados 223 iniciativas legales, de las cuales 73 han sido reales decretos-ley. De esa cantidad tan solo 13, entre ellos el proyecto de PGE para 2016, se encuentran todavía en tramitación, la mayoría en su recta final en el Senado.



De las 210 leyes aprobadas hasta estos momentos más de dos tercios no han contado con otro respaldo parlamentario que del grupo popular, según diversas fuentes parlamentarias. El Gobierno no ha tenido tampoco dificultad alguna en tramitar también las leyes de carácter orgánico – con rango superior – que requieren la mayoría absoluta de las dos cámaras para su aprobación. El PP tiene en su bancada a 185 diputados, nueve más de la mitad más uno de la Cámara baja. En el Senado esa mayoría es todavía más amplia.



Pero del tercio de leyes tramitadas que han recibido un respaldo de otros grupos parlamentarios más de la mitad proceden del grupo de CiU y, en menor medida, del PNV, ambas formaciones nacionalistas de corte centrista. Una parte de ese porcentaje de apoyos se ha prestado de forma conjunta por parte de los grupos catalán y vasco en las votaciones finales.



Apenas un 10% de las iniciativas legales del Gobierno ha recibido el respaldo del grupo socialista, el principal grupo de la oposición, fundamentalmente en aquellos textos de carácter técnico. En el ámbito político apenas ha habido acuerdos: en la ley de Seguridad Nacional y en el de la aplicación del pacto antiterrorista suscrito entre PP y PSOE para endurecer las penas a los autores de atentados con resultado de muerte. En poco más ha habido sintonía.



Las leyes aprobadas con el respaldo de más de tres grupos parlamentarios distintos al popular “se pueden contar con los dedos de las dos manos”, explican diversas fuentes parlamentarias. “Es la consecuencia de una legislatura marcada por la mayoría absoluta de un grupo político”, concluye una veterana diputada ahora en la oposición. Diputados del PP que piden el anonimato manifiestan la misma opinión.



En cuanto a los reales decreto-ley la tramitación parlamentaria ha seguido un camino similar, pero con un mayor divorcio entre el Gobierno y el resto de grupos de la oposición. Restados los decretos legislativos de carácter técnico – principalmente los que pretendían paliar daños por diversas catástrofes - la proporción de dos a uno se mantiene a la hora de evaluar aquellos que no recibieron respaldo parlamentario ajeno al de los diputados del PP. Pero en este trámite, además, la mayoría parlamentaria de los conservadores impidió su tramitación como proyectos de ley una vez fueron convalidados.



Se da la circunstancia de que el Gobierno de Mariano Rajoy ha usado esta vía legislativa, prevista en la Constitución para casos de “extraordinaria y urgente necesidad”, con gran profusión; un tercio de su “producción” legislativa ha empleado este método, un porcentaje extremadamente alto en cualquier legislatura hasta el m omento y más si cabe para un Gobierno que dispone de una mayoría absoluta en ambas cámaras parlamentarias.



Desde el grupo socialista hasta las formaciones minoritarias que integran el grupo mixto han manifestado a Público para elaborar esta información que la voluntad negociadora del Gobierno y del en el ámbito parlamentario ha sido “entre escasa y nula”. Los ejemplos que se aportan son incontables, a cual más llamativo.



Varios portavoces del grupo mixto aseguran que habitualmente los representantes del grupo parlamentario popular “pasan” de contactar con ellos en los momentos de establecer negociaciones sobre los contenidos de la mayoría de las iniciativas legislativas en tramitación. Otros grupos como UPyD también han denunciado este estado de hechos en varias ocasiones.



En realidad, no aparecen voces que resalten la capacidad negociadora del Gobierno y del PP en el ámbito legislativo. “Se va a ver en la tramitación de estos PGE para 2016; seguro que no admiten ni 10 enmiendas de las miles que presentaremos la oposición”, sentencia otro experto parlamentario. Los antecedentes avalan esa declaración.

