Los nombramientos de los 12 nuevos notarios que Eruviel Ávila Villegas hizo a sólo unos días de dejar el Gobierno del Estado de México tuvieron un nuevo revés: un tribunal ordenó que suspendieran sus actividades ante un amparo promovido que forma parte de la batalla legal que emprendió un grupo de aspirantes a fedatarios y abogados para echarlos abajo.

Los beneficiados por el ex mandatario, y hoy defendidos por el Gobierno de Alfredo del Mazo Maza, son parte o cercanos de la clase política mexiquense y sus tentáculos llegan hasta la Presidencia de la República.

Para el doctor José Óscar Valdéz, quien ha patrocinado los amparos y encabeza la cruzada, es claro que que está peleando no contra 12 notarios sino contra un gobierno. “Si el gobierno no respondiera por ellos esto ya hubiera terminado, el gobierno ya está con ellos. Están el PAN, el PRI, están todos, la familia revolucionaria”, afirma.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).– Las 12 notarías que Eruviel Ávila Villegas entregó a políticos y personajes cercanos a la clase empresarial deberán suspender sus actividades debido a un amparo que se interpuso en su contra. El pasado 14 de julio –dos meses antes de dejar el cargo– los mexiquense se despertaron con nuevas 12 fedatarios, Eruviel Ávila argumentó que “actualmente cada una de las 182 notarías del Estado de México está al servicio de alrededor de 93 mil personas”. Y detalló que los “notarios provisionales que estarán sujetos a prueba por un año” y después podrían obtener la titularidad.

Pero lo que no dijo el ex mandatario Ávila Villegas –quien hoy es vicecoordinador de la campaña del precandidato priista a la presidencia José Antonio Meade Kuribreña– es que los nombramientos fueron para beneficiar a familiares de la clase política mexiquense pertenecientes a los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), de Revolución Democrática (PRD), y Acción Nacional (PAN), así como al sobrino de uno de sus ex colaboradores más cercanos, un ex Secretario de su gobierno, y de personajes ligados directamente al Gobierno de Enrique Peña Nieto, y a la cúpula empresarial.

Los ungidos fueron:

Alfredo Jaramillo Manzur, sobrino del ex Secretario general de Gobierno del Estado de México y actual delegado especial del PRI en la Ciudad de México, José Sergio Manzur Quiroga (Notaría 190, Toluca). Erasto Martínez Rojas, quien fungió como vicecoordinador de la campaña de Alfredo del Mazo Maza, y como jefe de oficina del Gobernador, Secretario de Finanzas, y de Infraestructura en el sexenio de Eruviel Ávila (Notaría 191 Naucalpan) Lorena Gárate Mejía, hija del ex dirigente del PAN en el Edomex y ex representante de su partido ante el INE, Francisco Gárate Chapa (Notaría 189 Tlalnepantla) Luz María Angélica Alatorre Carbajal, ex magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y empresaria. Ella es esposa del Diputado federal ex Senador y ex legislador mexiquense, Ulises Ramírez Núñez (Notaría 186, Atizapán) Omar Martínez Vargas, hermano del ex Diputado federal, ex secretario de asuntos elecctorales del PRD y hoy precandidato a la Alcaldía de Ecatepec, Octavio Martínez Vargas (Notaría 58, Tultitlán) Héctor Javier Astudillo Calvo, hijo del actual Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores (Notaría 193, Atizapán) Ricardo Giovanni Arredondo Lino, sobrino del secretario particular del Presidente Enrique Peña Nieto, Erwin Lino Zárate (Notaría 188, Huixquilucan) Beatriz Mercedes Corona Mercado, ex diputada suplente por el PRI e hija del secretario auxiliar del Presidente, Jorge Corona Méndez (Notaría 187, Metepec). Alejandro Agundis Arias, miembro del consejo político del PVEM y ex diputado y ex líder estatal del mismo partido (Notaría 183, Naucalpan) Gustavo Fernández Sauri, ex funcionario de la Procuraduría General de la República, y de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, así como subdirector de Asistencia Alimentaria del DIF de Veracruz, en tiempos de Javier Duarte de Ochoa (Notaría 183, Naucalpan) Marcelo Rosseto Armida, quien se ha desempeñado como director jurídico de la empresa ICA (Notaría 185, Naucalpan) Francisco Xavier Borrego Hinojosa, Vicepresidente Jurídico de Grupo Salinas (Notaría 192, Tlalnepantla)

LA BATALLA

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito con sede en Naucalpan avaló esta semana la suspensión de labores ante el recurso de revisión 419/2017 que promovió Carlos Ruiz Domínguez, después de que un juez le negara un amparo contra las designaciones.

El recurso legal forma parte de los 21 que fueron patrocinados por el abogado constitucionalista José Óscar Valdéz Ramírez, quien también ha emprendido acciones legales en contra del gasolinazo y las fotomultas de la Ciudad de México.

Tras el anuncio de Ávila Villegas , el doctor Valdéz Ramírez, otros 15 aspirantes a fedatarios, así como otros cinco abogados iniciaron una batalla legal para echarlos para abajo.

El doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acusó que este reparto que beneficia a integrantes de casi todos los partidos que operan en la entidad mexiquense “es un pago de favores, Al final te das cuenta que lo que hacen es dárselos a sus amigos, evitas la legislación y pones a tus amigos. Por ejemplo, dime tú ¿qué tiene que hacer el hijo del Gobernador de Guerrero en el Estado de México?”.

“A mi lo que me molestó de las notarías es que ningún notario cumple los requisitos y la verdad es que el Gobernador Eruviel se manchó poniéndolos, y vulneró el Estado de derecho. Pon a gente que cumpla los requisitos, punto”, expuso.

Como originario de Toluca y estudioso de las leyes, Valdéz Ramírez explicó que lo que le “encabrona es que la gente no respete la Ley, y más la autoridad. Tiene que respetar la ley a como dé lugar”. Y explicó que patrocinar los amparos tiene como fin que los ciudadanos conozcan y puedan hacer valer las leyes. “Hay gente que te dice ‘las quejas ante Derechos Humanos son para jodidos y los amparos para los ricos'”.

Tras el primer desechamiento y revisión del primer amparo promovido por el aspirante a una notaría Gabriel Escobar Ceballos, el Cuarto Tribunal Colegiado de Amparo en Materia Civil-Administrativa de Naucalpan ordenó que los nuevos notarios frenaran sus actividades en septiembre pasado en tanto se estudiara y se resolviera de fondo el amparo.

El interesado denunciaba que los beneficiados con las notarías no cumplían con los requisitos para dar fe pública en la entidad y que el proceso negaba el derecho a la transparencia y la imparcialidad a los ciudadanos.

Pasados unos días, el Gobierno del Estado de México, ya encabezado por el también priista Alfredo del Mazo Maza interpuso una queja en contra de la resolución ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito con sede en Naucalpan, por considerar que entre otros argumento, el juez se había extralimitado en sus funciones. Finalmente, un juez desistió de la medida contra los nuevos fedatarios en diciembre pasado.

El segundo amparo en curso fue interpuesto por el litigante Carlos Ruiz Domínguez, a quien también se le negó el recurso e una primera instancia, por lo que fue llevado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito para su revisión.

Esta último fue el que concedió la suspensión definitiva a los ungimientos para que se suspendan hasta ver el fondo del amparo, que dejarían de entre dos y tres meses fuera de funciones a los fedatarios, aunque “se van a respetar los trámites que hayan hecho”.

El doctor en derecho constitucional apuntó que lo que hizo el actual “Gobernador fue intentar frenarnos, pero con esto le estamos demostrando que está mal. Quiere respetar los pactos negociados […]. Te apuesto que el tercer round lo van a perder, por qué la necedad de esperar, en lugar de hacer una nueva convocatoria”.

El Estado de México es el más poblado del país (más de 16 millones de habitantes). Ahí la importancia de las oficinas que dan fe pública. “Las notarías, en el mercado negro, como se le conoce, te las dejan hasta en el millón de dólares aproximadamente la patente. Obviamente en el Estado de México son tan codiciadas por la cantidad de gente que vive ahí, imagínate lo que significa. Si el estado te da una fe publica, pues te haces millonario”.

Para el doctor Valdéz Ramírez es evidente que hay “un línea del gobierno del estado a los jueces federales” debido a que a que los tribunales colegiados “les han enmendado la plana”.

“De independiente [el poder judicial] no tiene ni madres, porque ya lo estamos demostrando […]. Tenemos una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal y estamos mostrando cómo se están haciendo las cosas”, señaló respecto a a la denuncia que interpuso contra cuatro impartidores de justicia que les negaron los amparos.

“Vamos a buscar una responsabilidad, nos nos vamos a quedar así. Vamos a ver hasta donde está su responsabilidad, porque la debe de haber”, advirtió.

Sin embargo, el litigante sostuvo que este problema no es exclusivo del Edomex, sino del país en general: “El problema del país está en la corrupción y la impunidad, y donde está eso, pues en el Poder Judicial”.

Ante la defensa de los gobiernos mexiquenses y el involucramiento de los personajes ligados al poder, Valdéz Ramírez dijo que es claro que “estamos peleando no contra 12 notarios sino contra un gobierno, si el gobierno no respondiera por ellos esto ya hubiera terminado, el gobierno ya está con ellos. Está el PAN, el PRI, están todos, la familia revolucionaria”.

Y concluyó: “El amparo se está ganado, y lo que pedimos es que esto no se vuelva a repetir y que siente un precedente para que todos los gobernadores no vuelvan a hacer ninguna pendejada, que respeten el Estado de derecho y solamente le den entrada a la gente que tiene la capacidad”.