Locales

El abogado Hoenir Sarthou consideró "muy grave" que la IM reconociera que clausuró la fiesta que premiaba a las chicas que concurrieran en shorts o calzas por motivos distintos a los invocados.

La Intendencia de Montevideo clausuró semanas atrás el local de la fiesta Mega Week tras constatar que no contaba con las habilitaciones del INAU y la comuna. La IM anunció que citaría a los organizadores del evento a partir de las denuncias por ofrecer consumiciones gratis a chicas que concurrieran "de short o calza".

"Las primeras 100 en ingresar de short o calza se llevan una consumición de regalo", promocionaba la fiesta en su cuenta de Facebook, convocando a asistir a la fiesta para mayores de 14 años prevista para este jueves 7 de julio, en un pub ubicado en Rivera y Bustamente.

La razón que se argumentó para el cierre del local fue su falta de habilitación, no la naturaleza de la fiesta, pero jerarcas de la comuna reconocieron que se trató de una "excusa" para impedir que la fiesta se llevara a cabo.

Así lo denuncia el abogado Hoenir Sarthou en una columna escrita para el semanario Voces.

Sarthou recuerda que en una entrevista con María Inés Obaldía y Gerardo Sotelo en el programa "La tarde en casa", de Canal 10, Patricia González, responsable de la "Secretaría de Equidad y Género" de la Intendencia de Montevideo, reconoció que esto fue así.

Formalmente se denegó el permiso invocando que no estaba concluido un trámite ante Bomberos, pero "la verdadera razón fue que ella y Fabiana Goyeneche consideraron que premiar el uso de calzas o shorts implicaba ‘sexualizar' a las jóvenes concurrentes y ‘exponerlas a redes de explotación y a peligro de violencia de género'", dijo Sarthou.

"No vale la pena considerar si es deseable o indeseable que se premie con un refresco el uso de cierta prenda o la llegada tempranera a una fiesta. Porque mucho más grave es que la jerarca de un organismo público afirme por televisión que denegó un permiso no por los motivos invocados sino por otros (eso implica la anulabilidad de la decisión por haberse dictado con desviación de poder). Y mucho más grave es si los hechos que verdaderamente motivaron la decisión, aunque contravengan la ideología de las jerarcas, no configuran falta ni infracción a ninguna norma", argumentó Sarthou

"Usar shorts o calzas es legal; regalar un refresco a quienes asistan a un lugar vistiendo esas prendas no constituye tampoco ninguna falta. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la decisión de las jerarcas de la Intendencia? ¿Qué norma las habilita para prohibir lo que no está prohibido y para justificarlo invocando motivos falsos?", continuó.

"A mí tampoco me gusta la lógica de esas fiestas para adolescentes y no veo con simpatía que se estimule a los chiquilines y chiquilinas a consumir ciertos productos o a usar ciertas prendas. Pero hay algo que debería estar marcado a fuego en la cabeza de toda persona que ocupa un cargo público: ¡el poder público debe ser usado siempre para cumplir las normas vigentes y nunca para satisfacer convicciones, obsesiones o caprichos personales de los funcionarios! ¿Se entiende la gravedad de lo ocurrido?", explicó Sarthou en la columna de Voces.

Agregó que "la responsable de un organismo público aparece en televisión, muy suelta de cuerpo, diciendo que impidió deliberadamente algo que no estaba prohibido, y que, para hacerlo, invocó y aplicó otra norma que no es de su competencia (el control de la habilitación de Bomberos es ajeno a la Secretaria de Equidad y Género) y que no habría aplicado en condiciones normales".

"¿Cuál es entonces la regla para la organización de bailes o fiestas en el Departamento de Montevideo?

De estar a lo declarado por Patricia González, la respuesta es obvia: se puede hacer lo que a las autoridades departamentales ‘de género' les parezca bien, y no se puede hacer lo que les parezca mal. Cuando el responsable de un organismo público desea regular algún tipo de actividad, debe lograr antes que el organismo legislativo competente (en este caso la Junta Departamental) vote una reglamentación en la que se establezca claramente qué se puede y qué no se puede hacer. Lo contrario es la arbitrariedad, el capricho del que ejerce el poder, con el riesgo, además, de que la situación se preste para presiones y extorsiones".

Otros casos

"Ojalá este fuera un episodio aislado. Pero no lo es. La Intendencia de Montevideo tiene un historial complicado en esta materia", cree Sarthou, que pone como ejemplos el episodio de la milonga en la Plaza Fabini, en el que "se quiso someter al organizador de la milonga a una especie de reeducación ideológica obligatoria" y la "transformación compulsiva del concurso de Reina de las Llamadas, desde siempre un concurso de belleza femenina".

También recuerda la nota de la revista Miss Quince, a la que se presionó para que pidiera disculpas por una nota en que se recomendaba a las chicas a que evitaran los celos de sus novios. Sarthou asegura que se trata de "control y censura previa de un órgano de prensa por parte de una jerarca de la Intendencia", y que Fabiana Goyeneche "lo contó en Facebook como un éxito".

Recuerda también las menciones especiales en el premio literario "Juan Carlos Onetti" para obras que trataran temas de diversidad sexual y violencia de género.

"Cuando una concepción de la vida social se basa en el conflicto entre los sexos, o entre las diversas actitudes identitarias ante lo sexual, y además exacerba esos conflictos invirtiendo -en lugar de superar- las inequidades existentes, sólo puede definirse como una ideología sexista. Por todo lo dicho antes, es necesario admitir que en el Uruguay vivimos el fuerte embate de una ideología sexista", argumentó.

"Nada de lo que digo debe tomarse como un cuestionamiento a los derechos de las mujeres ni de las personas homosexuales. Mi objeción es a ciertas organizaciones profesionalizadas de militantes feministas y homosexuales, que se arrogan el derecho de hablar por todas las mujeres y por todas las personas homosexuales. Y, sobre todo, al control y al lobby que algunas de esas organizaciones ejercen sobre varias áreas del Estado", concluye.