De los $ 20,60 que cuesta cada botella de 1,5 litro de Coca Cola en el supermercado Carrefour de Vicente López al 100, casi $ 10,30 son impuestos que van a parar a las arcas estatales y que, por lo tanto, no ayudan a repagar los costos de las empresas productoras ni a abaratar los precios de los bienes que los consumidores eligen en las góndolas.

Traducido al lenguaje técnico, esto implica que el componente fiscal dentro del precio de venta de las bebidas analcohólicas (gasesosas, aguas y jugos) era hasta fines de 2015 de un 49,7% si se agregan, además de los impuestos, las cargas sociales de los trabajadores involucrados en la fabricación de esos productos. En la última década (entre 2005 y 2015), la presión tributaria de este sector creció 5,2%, sobre todo gracias a la expansión del impuesto a los ingresos brutos. Buenos Aires y Córdoba son las provincias en el que mayor componente impositivo existe en el precio final de una bebida.

Así lo calculó un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) elaborado por Sofía Devalle, Andrés Mir y Marianela Marcó para el sector al que accedió LA NACION. Entre las empresas alimenticias confirmaron los números privados y recordaron el impacto positivo que tuvo, en 1996, la decisión de bajar los impuestos internos de 28 puntos porcentuales a 4, hecho que "fue acompañado por los precios".

Pero el Gobierno desconfía de las empresas. Y por eso el proyecto de devolución del IVA para algunos productos de la canasta básica -entre los que hay bebidas- se trata justamente de una devolución electrónica y no de una rebaja. La idea, contaron en el Ejecutivo, es que todo beneficio se traslade directamente a los consumidores. El proyecto tuvo media sanción en Diputados.

Pero además, en el Ministerio de Hacienda y Finanzas relataron en off the record que se está "realizando un análisis integral del peso de los impuestos en la Argentina". Según agregaron, sería "la primera vez en años que se analiza integralmente lo que pesan los impuestos".

La semana pasada, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, almorzó con el Comité Ejecutivo de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal). De allí se llevó medidas de política tributaria y fiscal, sobre comercio exterior y de normativa alimentaria que mejorarían la competitividad de la industria de alimentos y bebidas (IAB), contaron en la entidad. Allí las caracterizaron como "reformas de segunda generación".

"En los últimos años subió la carga impositiva en general sobre toda la economía y esto afectó tanto a las bebidas como al resto de productos y servicios", explicó Sofía Devalle, economista del Iaraf.

"Las causas de la suba general en la presión tributaria fueron de dos tipos: por la falta de actualización de los parámetros de cálculo de ciertos impuestos a la inflación o por la suba de alícuotas de otros ya existentes", agregó. Y aclaró que, en la cuenta del Iaraf, no se pudo estimar el cálculo de la falta de ajuste por la suba de precios, porque eso depende de cada empresa.

Del precio total de una bebida sin alcohol, el 50,3% va al pago de insumos y beneficios para la empresa productora. El resto, un 49,7% (sin aportes personales, un 45,02%), son impuestos y pagos a la seguridad social. El costo impositivo estimado para 2005 era del 44,54% del precio final de las bebidas. Entrando a una desagregación fiscal, el impuesto con más peso es el IVA (16,7%). Les siguen Ingresos Brutos (7,5%), contribuciones patronales (6,8%), Ganancias (5,9%), aportes personales (4,7%), impuestos internos (4%) tasa municipal sobre ventas (1,9%), cheque (1,7%) y sobretasa por distribución de utilidades (0,6%). En los últimos años, fue el aumento del impuesto a los ingresos brutos lo que le imprimió más presión fiscal a las empresas. Esta situación, como contó LA NACION en septiembre pasado, se replica también en el cada vez más prohibitivo mundo de los alimentos.

En ese sentido, de cada 100 pesos que los consumidores argentinos gastan en alimentos, casi $ 40 son en realidad impuestos y van directamente a las arcas estatales.