El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, anunció una propuesta con reformas para que los amparos no puedan frenar obras públicas que “representan un beneficio para la comunidad”.

Monreal Ávila criticó en un comunicado que hay proyectos impulsados por el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador que “han sido frenados por suspensiones concedidas a través de amparos, ocasionando un perjuicio en el progreso económico y social”.

El año pasado, el colectivo #NoMásDerroches promovió 147 demandas de amparo y consiguió siete suspensiones –que finalmente fueron revocadas en octubre– que impidieron momentáneamente la construcción del aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México.

López Obrador acusó que dichos recursos legales habían sido un intento de boicot, mientras #NoMásDerroches ha defendido que su interés es procurar que en el país haya un uso adecuado de los recursos públicos..

La propuesta que el senador de Morena llevará al Pleno de la Comisión Permanente contempla la adición de un párrafo al artículo 25 de la Constitución y una fracción al artículo 129 de la Ley de Amparo, para que se impidan casos como éste.

Según su comunicado, la obra pública e infraestructura en materias de educación, salud, medio ambiente, seguridad pública, seguridad nacional, penitenciaria, comunicaciones, transportes, hidráulica, energética, turística y “cualquier otra rama o servicio público que impacten directamente en el bienestar de las personas, así como en el goce y ejercicio de sus derechos humanos”, será considerado de interés social, protegido por la Constitución y las leyes.

En el caso de la Ley de Amparo, propone adicionar una fracción XIV al artículo 129 “para establecer como una causal de improcedencia de la suspensión, que se provocan perjuicios al interés social”, cuando se impida o interrumpa la ejecución de obra pública e infraestructura que impacten directamente en el bienestar de las personas, como las citadas antes.

Monreal Ávila dijo que su propuesta coincide con los criterios del Poder Judicial de la Federación, que “colocan al interés colectivo por encima del interés particular, precisamente, en obras que por su naturaleza no deben suspenderse”.