El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha acordado sentar en el banquillo de los acusados a la infanta Cristina como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, al considerar que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente 'pantalla' de la que ambos son propietarios.

Así lo ha decidido en el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos (PDF), que ha dictado este lunes y en el que finalmente ha resuelto no aplicar sobre la Duquesa de Palma la denominada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, en este caso Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para la hermana del Rey Felipe VI.

En un auto de 150 páginas contra el que, según su criterio, no cabe recurso alguno, Castro rebate los argumentos de la defensa de la duquesa de Palma y, particularmente, los de la Fiscalía Anticorrupción, que presentaron escritos reclamando el sobreseimiento de la causa respecto a ella en aplicación de la doctrina Botín. Además, el juez impone a la infanta el pago de 2,6 millones de euros en concepto de responsabilidades pecuniarias.

Por su parte, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el perjudicado por los delitos presuntamente cometidos, la Agencia Tributaria, apuntan a la existencia de indicios criminales sobre ella.

Socia de Aizoon

En su resolución judicial, Castro apunta que la Infanta contribuyó, como socia de Aizoon, a que Urdangarin facturase a través de esta sociedad, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta de 2007 y 2008.

Para justificar su petición de ocho años de cárcel —cuatro por cada uno de los dos delitos fiscales—, Manos Limpias considera que la duquesa incurrió en una agravante, y fue la de haber interpuesto una sociedad para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios.

De hecho, Manos Limpias, al igual que la Fiscalía, considera que Aizoon era una de las mercantiles ficticias que integraban el entramado societario presuntamente urdido por Urdangarin y su exsocio Diego Torres con el objetivo de desviar los fondos obtenidos por el Instituto Nóos desde las Administraciones públicas. Mediante esta trama ambos se habrían apoderado de hasta 6,2 millones de euros de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.

Según el sindicato, la defraudación presuntamente efectuada por Urdangarin "nunca hubiera podido tener lugar" sin la "necesaria intervención" de Cristina de Borbón, de ahí que sea considerada cooperadora necesaria de los dos delitos contra la Hacienda pública en que incurrió su esposo.

Doctrina Botín

"La Infanta sabía que todo lo que estaba haciendo era ilegal, pero aún así hizo como que miraba para otro lado. Pero eso sí, manteniendo viva su mercantil Aizoon a pesar de las advertencias de ilegalidad que pesaban sobre la misma", abunda la entidad en su escrito de acusación, en el que reclama además que la Duquesa haga frente a multas que ascienden a 2.022.861 euros.

El juez Castro ha desestimado de este modo la petición efectuada por la defensa de Doña Cristina, cuyos abogados, Miquel Roca y Jesús María Silva, aludieron a la doctrina Botín pedir el sobreseimiento de la causa contra la hermana menor del Rey, al considerar "jurídicamente inadmisible" que pudiera sentarse en el banquillo. Los letrados sostienen que sobre su patrocinada no pesa responsabilidad penal alguna en el marco de estas pesquisas.

Del mismo modo, el fiscal Pedro Horrach solicitó archivar la imputación de la Infanta al recriminar que se le acuse en base a "sospechas" y a un "raquítico 'pudo saber'", lo que a su juicio la sitúa en una "posición de indefensión". De hecho, considera que no hay "dato, indicio, documento o declaración que acredite lo que hasta el momento ha sido incapaz de justificarse: una mínima prueba de cargo indiciaria y objetiva" de la participación de la Duquesa en fraude al fisco.

En respuesta a los reproches del fiscal del caso sobre la supuesta indefensión de la infanta ante la actuación de Castro, el juez asegura que "ninguna imputación ha sido tan profusamente fundamentada", y que de haber diferencia de trato sería por haber sido con ella "incluso aun más garante que con los demás imputados. "La alegada indefensión, si es que existe en algún recóndito tramo que no es adivinable, será la misma que padecerían todos los imputados en esta causa y de todas las demás que se siguen en España".

El juez instructor ha dejado fuera de la lista de 20 imputados que fijó la Audiencia de Palma al vicealcalde de Valencia Alfonso Grau, y a los exdirectivos de Madrid 2016 Miguel de la Villa y Gerardo Corral.

Por su parte, la infanta Cristina no ha tomado la decisión todavía de renunciar a sus derechos de sucesión —ocupa la sexta posición en la línea sucesoria—, una decisión que solo ella podría tomar. Su hermano, el rey Felipe VI, sí podría retirarle el duquesado de Palma, y los privilegios que ello conlleva, aunque todavía no ha tomado esa decisión.

Un total de 61 millones en fianzas

El juez Castro ha dictado para los diecisiete acusados que serán juzgados por la Audiencia de Palma fianzas por responsabilidades pecuniarias que suman un total de 61,35 millones de euros y que habrán de consignar en un plazo de veinte días.

La fianza individual más cuantiosa la tendrá que prestar Iñaki Urdangarin, para quién Castro ha fijado la cantidad de 14,7 millones de euros, mientras que su esposa, la infanta Cristina, acusada como cooperadora en dos delitos fiscales, deberá consignar casi 2,7 millones de euros.

Diego Torres tendrá que abonar 15,8 millones de euros de forma solidaria con su esposa, Ana María Tejeiro.

Urdangarin y Torres ya depositaron durante la fase de instrucción de la causa una fianza conjunta de 5,9 millones de euros para cubrir posibles responsabilidades, medida que hoy ha ratificado el instructor.

El juez Castro explica en el auto con el que cierra definitivamente la instrucción que las fianzas establecidas son la suma de las posibles responsabilidades civiles y las multas que solicitan las acusaciones para los diecisiete acusados, más un tercio de las cantidades resultantes, como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

"Tales fianzas se prestarán en cualquiera de las formas admitidas en derecho bajo apercibimiento de que, de no hacerlo en el plazo de veinte días, se procederá al embargo de los bienes en cuantía suficiente para cubrir las sumas fijadas" precisa.

El expresidente del Govern balear Jaume Matas debe prestar una fianza de 3,5 millones junto con los altos cargos de su administración José Luis Ballester y Gonzalo Bernal; el exsecretario del Instituto Balear de Turismo Miguel Ángel Bonet, 167.421 euros; y el exdirector del mismo organismo, Juan Carlos Alía, 155.421 euros.