El partido de Pablo Iglesias limita los nombramientos políticos al consejero y al viceconsejero, y que el resto (que pueden superar la docena por departamento) sean sustituidos por funcionarios. También pide “vaciar” las cuentas de la Junta con los bancos que permitan desahucios

La letra pequeña de las condiciones de Podemos para apoyar la investidura de Susana Díaz hacen difícil de pronosticar un acuerdo en el horizonte. El partido de Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez exige al PSOE que en cada consejería sólo haya dos altos cargos asignados a dedo (el consejero y el viceconsejero), todos los demás (en algunos casos pueden alcanzar la veintena) serían sustituidos por funcionarios de la casa; también pide “revisar uno a uno” los contratos bancarios donde la Junta tiene depositadas todas sus cuentas (27 bancos) y exige “vaciar al máximo” las cuentas en las entidades que hayan propiciado desahucios a familias en riesgo. Por último, igual que ha planteado Ciudadanos, reclaman la “dimisión inmediata” de los expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por su “responsabilidad política” en el fraude de los ERE.

Podemos es el último partido que va a sentarse a negociar con el PSOE (previsiblemente mañana), después de que éste haya aceptado alguna de sus condiciones de partida: publicar el orden del día de los temas que se abordarán en esa reunión –las medidas de Podemos, las propuestas de Susana Díaz para llegar a grandes acuerdos, la constitución de la Mesa del Parlamento y la investidura-. El partido de Pablo Iglesias ha concretado en un documento remitido al PSOE las tres condiciones que Teresa Rodríguez presentó a Díaz en su primer encuentro tras las elecciones para apoyar su investidura como presidenta.

La primera medida es un acuerdo político para que los partidos asuman la responsabilidad subsidiaria de sus miembros en caso de que hayan cometido apropiación indebida, es decir, las formaciones tendrían que devolver el dinero defraudado por ellos. Con esta medida va aparejada “la dimisión inmediata de Chaves y Griñán al margen de la investigación judicial, porque son responsables políticos de las actividades delictivas contra el erario público ocurridas durante su mandato”. Esta es la primera línea del documento que Podemos ha entregado al PSOE, la verdadera “línea roja” del partido, que comparte también con Ciudadanos.

La segunda medida es la reducción de altos cargos de la Junta, para que sean sustituidos por funcionarios. Esta propuesta se concreta en un ahorro de 23,3 millones de euros prescindiendo de personal de confianza, aunque Podemos admite que es un cálculo aproximado, porque no ha tenido acceso al listado de directivos y asesores contratados a dedo en agencias públicas, fundaciones, consorcios y otros entes públicos. Según las cifras de este partido, el ahorro de altos cargos en las consejerías sería de 8,5 millones: se limitaría el número de directores generales a dos por departamento (ahora puede llegar a haber hasta diez); 319.649 euros en los órganos consultivos; 1,2 millones en las agencias administrativas y de régimen general; 4,5 millones en eventuales de confianza y 8,7 millones en “directivos de nombramiento político en la administración paralela”, término éste que usa el PP para denunciar que el PSOE tiene colocados en la Junta a muchos cargos de confianza.

Con este ahorro, calcula Podemos, se podrían ampliar las plantillas en educación y sanidad: 892 maestros, 790 profesores, 660 pediatras, 931 enfermeros o 1.298 auxiliares de enfermería.

La tercera medida implica que el Gobierno andaluz “deberá limitar sus relaciones con entidades financieras a aquellas que de manera fehaciente cumplan con los estándares internacionales en materia de desahucios”, es decir, que rompan su relación contractual con los bancos que ejecuten desalojos a familias en riesgo de exclusión. La propuesta también obligaría a las entidades financieras a “demostrar sus buenas prácticas anteriores”, así como “su compromiso a futuro” en materia de desahucios. “En el caso de convenios pendientes de vencimiento”, dice el documento, “se iniciará de inmediato un procedimiento de revisión de cada uno de los convenios para verificar el cumplimiento de estas condiciones”. Podemos pide publicar el nombre de los bancos que “no quieran comprometerse” a cumplir estas medidas, y “quedará reducido el contenido de los convenios al mínimo legalmente exigible, vaciando al máximo las cuentas que en estas entidades tuviese abiertas la Junta”.

Podemos presenta la lista con los nombres de las 27 entidades financieras en las que el Gobierno andaluz tiene depositadas sus cuentas, a través de las cuales los administrados pueden efectuar ingresos públicos a la Junta. Entre ellas están los grandes bancos del Ibex 35, como el Santander, el BBVA, La Caixa, Bankia, el Sabadell o Unicaja (con algunos de ellos Susana Díaz suscribió préstamos millonarios). Podemos quiere regular esta limitación en las relaciones de la Junta con los bancos a través de una norma con rango de ley.