En los años 90s conocí a un estudiante graduado que enseñaba física en la Universidad Simón Bolívar. Él y su joven familia vivían en una pequeña casita cerca del campus. Su sueldo de ayudante académico le permitió comprar un carro, pagar la renta, los servicios y en general tener una vida ajustada, pero digna. En menos de una década, este estudiante graduado ya era profesor-investigador universitario; él y su familia habían evolucionado a la compra de una casa grande con jardín. No era una época fácil, los docentes se lamentaban por los bajos sueldos y por la inflación, pero la vida académica era una opción para quien tenía la vocación. Nadie, en el más oscuro de sus sueños imaginó que dos décadas más tarde habría profesores, empleados y estudiantes comiendo solo dos veces al día, con una dieta absolutamente fuera de balance, sin acceso a productos de higiene, hurgando en la basura o enviando a sus hijos pequeños al colegio sin desayunar.

El milenio llegó con cambios políticos muy drásticos. El resultado efectivo de esos cambios es que en la Venezuela de hoy hay dos economías: la oficial y el mercado negro o “paralelo”. El mercado negro surge porque la economía oficial no alcanza para cubrir las necesidades mínimas de todas las familias venezolanas. Sobre cuántas familias lo usan no hay cifras oficiales, pero sí les puedo decir una cosa: yo no conozco una sola persona que no necesite del mercado negro para subsistir.

La razón sí tiene cifras: en un informe realizado por varias organizaciones no gubernamentales, presentado ante la Naciones Unidas se lee ((Observatorio Venezolano de Salud, Fundación Bengoa, CIAAL, Acción Campesina en coalición con Sinergia, Aula Abierta Venezuela, Movimiento Vino Tinto y Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), Contribución para Segundo Ciclo del Examen Periódico Universal de Venezuela, en el Período de Sesiones N°26 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas)).

El abastecimiento de alimentos en Venezuela presenta una alta dependencia externa como resultado de una intensa política de importaciones de productos terminados, especialmente alimentos, mantenida por el Estado mediante altos ingresos fiscales que obtuvo de continuas alzas de precios del petróleo entre 2003-2012, además de un creciente endeudamiento público y privado y controles permanentes sobre precios, tipo de cambio, tasas de interés y comercio exterior. Entre 2010-2014, casi 90% de los alimentos adquiridos por el Estado procedían de compras internacionales realizadas por la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas y otras empresas públicas. […]En 2014, el Estado recortó las divisas para importar alimentos en más de 60%, según el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), generando una caída drástica de las importaciones sin planes para cubrir el déficit interno, frente al cual los productores nacionales han manifestado estar en capacidad de aportar sólo 31%.’

Desde los años 80s, los sueldos de los profesores universitarios están homologados, lo que significa que todos los profesores de las universidades públicas nacionales ganan lo mismo de acuerdo con su nivel en el escalafón. En la tabla 1 se pueden ver los sueldos actuales de profesores-investigadores ((Los profesores-investigadores son a dedicación exclusiva, lo que significa que bajo la ley de universidades no pueden tener otro trabajo)) en el nivel más bajo del escalafón (instructor) y en el más alto (titular), en bolívares fuertes (VEF) y en dólares.

En esa economía paralela a la oficial, que es la vida real la mayor parte del tiempo, un profesor universitario no llega a ganar 100 dolares mensuales. Si queremos hacer estimaciones y cálculos en bolívares fuertes (VEF), la moneda de curso legal en Venezuela, podemos usar los datos del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores: CENDA. Según los estudios de esta oficina, en septiembre 2016, la canasta básica mensual (( Incluye alimentos, productos de higiene personal, vestido, servicios básicos, vivienda, educación y salud, detalles aquí )) se ubicó en VEF 396.967,56 y canasta alimentaria (solamente la comida) en VEF 299.271,48. Esto quiere decir que el Instructor necesita 3 sueldos para cubrir sus necesidades básicas y 2,3 sueldos solo para alimentar a su familia. En un país en el que la inflación anual acumulada es de 3 cifras, la situación empeora mientras escribo.

Para el profesor universitario de hoy, es simplemente ridículo planear la compra una casa o un auto: lo único importante es qué comerá mañana, cómo completará para pagar la renta o decidir si es una opción perder más de 4 horas en filas para comprar los pocos productos cuyos precios han sido regulados por el gobierno. Como consecuencia, los docentes necesitan tener otros trabajos para mantenerse. Es evidente que esta realidad atenta contra el avance de la ciencia y la calidad de la docencia en Venezuela.

La mengua del presupuesto universitario

Los contratos colectivos universitarios, con los logros sociales alcanzados en las últimas décadas del siglo XX, han venido siendo violados por el gobierno en los últimos 17 años. En dichos contratos están estipulados los lineamientos sobre los aumentos de sueldos y de presupuesto, de acuerdo con la inflación. Aumentos que no se han cumplido. Desde hace más de una década, el déficit presupuestario ya es calificado de asfixiante. No solamente los sueldos de los profesores han sufrido, también los laboratorios, los hospitales universitarios, la infraestructura en general, las bibliotecas y los servicios básicos.

El portal de noticias de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela, reporta sobre los problemas que enfrenta su biblioteca

“Desde el año 2013, la Biblioteca de la Universidad Simón Bolívar no ha tenido acceso a divisas para la adquisición de libros y el presupuesto 2016 de la Biblioteca apenas alcanza para comprar un libro de texto de $ 100, siempre y cuando el libro se encuentre en el cada vez más reducido mercado nacional, lo que claramente atenta contra la excelencia de los programas de docencia, investigación y extensión de la Universidad Simón Bolívar tanto en la sede de Sartenejas como en la sede del Litoral”, expresó el director de la Biblioteca, Alejandro Teruel, quien agregó como referencia que el estándar latinoamericano de bibliotecas académicas indica que nuestra Biblioteca debería adquirir más de 1.300 libros por año.

Las bibliotecas han dejado de pagar las suscripciones a revistas científicas. Desde hace varios años mis excolegas universitarios en Venezuela no tienen acceso a una buena cantidad de revistas electrónicas y están obligados a recurrir a grupos de Facebook y páginas de descarga de artículos para poder trabajar.

En un informe sobre derechos humanos, en partícular sobre el derecho a la educación superior, elaborado por varias universidades públicas nacionales ((Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), creado en 2014 y dedicado a la promoción y defensa de la libertad académica y la autonomía universitaria. Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia (LUZ), constituida en 2014 con la misión de promover los derechos humanos y la democracia en el estado Zulia y el país en general. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), creado en 1999 con mandato en derecho a la libertad de expresión, derecho a la participación, derechos de los refugiados y migrantes y sistemas internacionales de protección de derechos humanos)), están descritas las dificultades que éstas atraviesan por falta de recursos.

Las universidades autónomas que dependen del presupuesto público están sistemáticamente sometidas a prácticas de obstaculización para tener acceso a los recursos económicos que ha debilitado seriamente su capacidad de funcionamiento y las condiciones mínimas adecuadas para ejercer las actividades académicas. Éstas consisten en prácticas de opacidad, recortes y asignaciones fraccionadas e insuficientes que han reducido severamente la disponibilidad de recursos y generan serios problemas de ejecución en detrimento de los estándares de la calidad académica. Generalmente, las universidades autónomas públicas reciben entre 30% a 50% del presupuesto que solicitan anualmente, debiendo esperar por créditos adicionales de los que finalmente se obtiene entre 5% a 10%. Las decisiones respecto del presupuesto y compras están centralizadas y las cuotas llegan con severos retrasos. Además, se establecen limitaciones a las solicitudes para gastos que no sean de funcionamiento o personal, afectando las inversiones en infraestructura y servicios; adicionalmente, los costos deben ser calculados según un sistema de control de precios irreales, que no permite cubrir las dotaciones de los comedores, laboratorios, oficinas y transporte.

La diáspora y el decaimiento de la investigación científica

Durante un acto académico en la Universidad Simón Bolívar (USB), el profesor Enrique Planchart, rector, manifestó que la esencia de la universidad son sus profesores y que la “mayor tragedia” que vive la educación venezolana en la actualidad, y en particular la USB, es la fuga de talento, “Los profesores que se han ido del país son una pérdida para la Universidad difícil de recuperar”, se lamenta.