Las familias sin hijos menores de edad que ingresen más de 807 euros al mes no podrán acceder al bono social eléctrico que pretende implantar el Ministerio de Energía. Y si cobran menos, el pequeño descuento del que podrán beneficiarse en la factura sólo afectará a los primeros 100 kWh que consuman cada mes. Son dos ejemplos del que para FACUA-Consumidores en Acción es un aberrante modelo de bono social que no hará más que ayudar a seguir agravando la pobreza energética existente en España.

FACUA denuncia que el insolidario modelo de bono social diseñado por el Gobierno llega al extremo de que familias adineradas podrán acceder a él por el único hecho de ser numerosas, como la de la infanta Cristina y la de la hija del expresidente Aznar -si vivieran en España-, pero estará vetado para familias con muy reducidos ingresos y cuya renta disponible les provoque una situación de asfixia económica.

La asociación ha mostrado su absoluto rechazo los proyectos de real decreto y su orden de desarrollo presentados por el Gobierno, por los que se regularán la figura del consumidor vulnerable y el bono social. El Ministerio ha cumplido con el trámite obligatorio de exposición pública del proyecto de orden en pleno mes de agosto: lo hizo público el 2 de agosto y dio de plazo hasta el 18 para presentar alegaciones, que en el caso de FACUA ponen de manifiesto cómo la regulación llega a ser una disparatada pantomima.

Quiénes podrán acceder

Con carácter general, para tener derecho al bono social, el Gobierno plantea que las familias sin hijos menores deben ingresar una renta no superior a 1,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que está actualmente en 537,84 mensuales. Es decir, si en un hogar entran más de 807 euros al mes no podrá accederse al bono si en él vive una persona, una pareja sin niños menores o una con hijos de más de 18 años, por ejemplo.

Si en la unidad familiar hay un menor de edad, sólo se podrá acceder al bono social si los ingresos no superan el doble del Iprem, 1.076 euros mensuales. Si hay dos o más menores, el bono estárá restringido para las familias que ingresen no más de 2,5 veces el Iprem, 1.345 euros.

Para los pensionistas, la cosa está también dura: el bono sólo podrá solicitarse si todos los miembros de la unidad familiar perciben la cuantía mínima vigente por jubilación o incapacidad permanente.

El bono ya no será accesible para los usuarios que tengan una potencia contratada inferior a 3 kW. Eso sí, el Gobierno pretende que todas las familias numerosas sigan accediendo al bono social. No importarán sus ingresos, por lo que FACUA denuncia que se llegará a la aberración de que gente con elevado nivel adquisitivo se beneficiará de descuentos vetados para multitud de familias con pocos recursos. Incluso las mayores fortunas del país podrán disfrutar del bono social.

Consumidor vulnerable severo

El proyecto normativo introduce la nueva figura del consumidor vulnerable severo, para el que los descuentos serán del 40% en lugar del 25%. Pero para entrar en esta categoría, los límites de ingresos son el doble de restrictivos, llegándose al extremo de que una familia sin hijos menores que sólo ingrese 400 euros al mes no sería considerada vulnerable severa.

Así, según el proyecto serán consideradas vulnerables severas las unidades familiares sin menores que no superen 0,75 veces el Iprem, es decir, 399,38 euros. También lo serán las unidades familiares con un menor o en las que todos los miembros con ingresos sean pensionistas, cuando no superen el Iprem - 537,84 euros-. Y en tercer lugar, las familias con dos menores que no superen 1,25 veces el citado índice -672,30 euros-.

El descuento sólo afectará a entre 100 y 300 kWh al mes

Pero además, el nuevo bono social que quiere implantar el Gobierno trae otros recortes. Si el vigente representa un descuento del 25% sobre el importe de la factura de los usuarios, el nuevo supondría la misma reducción, pero con un límite en los kWh consumidos. Así, una unidad familiar sin menores sólo tendría bonificados los primeros 1.200 kWh que consumiese al año: se trata de una media de sólo 100 kWh mensuales, frente los 366 kWh que consume el usuario medio en España según los análisis de FACUA.

La unidad familiar con un menor tendría bonificados los primeros 1.680 kWh consumidos en el año, las familias con dos menores y los pensionistas con derecho al bono los primeros 2.040 kWh. En cuanto a las familias numerosas, el límite es mayor: 3.600 kWh, lo que representa nuevamente una contradicción: una familia numerosa con cinco miembros -sea cual sea su nivel adquisitivo- tendrá bonificado el triple que, por ejemplo, una pareja de parados que vivan con uno de los suegros y dos hijos mayores de edad. Y eso si cumplen con los requisitos para acceder al bono.

Alegaciones de FACUA

A pesar de los intentos del Gobierno por hacer pasar desapercibida la exposición pública del proyecto de orden de desarrollo del futuro real decreto del bono social, FACUA ha presentado una serie de alegaciones, que además de criticar los excesivos límites de ingresos establecidos para acceder al bono social, apuntan a la falta de garantías de los usuarios a la hora de solicitarlo.

En este sentido, la asociación critica que únicamente se tengan en consideración los ingresos brutos y no la renta disponible tras hacer frente a otros pagos esenciales como los propios de la vivienda (alquiler, hipoteca...), el suministro de agua. También se muestra contraria a que se tome como referencia el Iprem, que sustituyó al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como índice de referencia, y que hace años que no se actualiza. De hecho, en la actualidad el Iprem es de 532,51 euros, mientras que el SMI es de 707,70 euros.

FACUA también ha presentado una alegación contra la indefensión que genera en el ciudadano el hecho de que, a pesar de existir distintas vías para solicitar el bono social, no en todos los casos se prevé facilitar al solicitante un justificante, certificado, código de referencia o comprobante que demuestre que dicha solicitud se ha realizado. Así ocurre en los casos de presentación telefónica, por fax o mediante envío postal de la misma.

Además, la asociación se muestra totalmente contraria a la pretensión de que las familias tengan que poner a disposición de las compañías eléctricas datos protegidos, como es el caso de sus declaraciones del IRPF. Es el procedimiento que contempla el proyecto de orden hasta la puesta en funcionamiento de la aplicación telemática establecida en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto, como mecanismo para comprobar la renta familiar.

FACUA denuncia que esta provisionalidad, que se traduce en inseguridad para los consumidores, es producto de la irresponsable demora del Gobierno para regular el bono social.