GUADALAJARA.- Los familiares de víctimas del franquismo que quieran exhumar y posteriormente inhumar restos en el cementerio de Guadalajara no tendrán que volver a abonar la tasa del cementerio a pesar de que el Partido Popular, formación que gobierna la ciudad, se ha opuesto a la medida.

Así lo ha decidido el último Pleno del año del Ayuntamiento tras aprobar la moción del grupo municipal Ahora Guadalajara dirigida a modificar la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de los Servicios del Cementerio Municipal, que incluye una exención específica en esos casos.

La propuesta, que ha contado con el apoyo de los concejales del PSOE y Ciudadanos, apela a razones de interés social y a la Ley de Memoria Histórica para solicitar dicha exención; así como a la propia “sensibilidad” del Consistorio, según ha comentado Elena Loaisa, concejala de Ahora Guadalajara que ha defendido la iniciativa.

Precisamente, hace casi un año, a instancias de la jueza argentina María Romilda Servini, se procedió a la exhumación de los supuestos restos de Timoteo Mendieta -publico.es desvelaba ayer que dichos restos no se corresponden finalmente con los de Mendieta- y de 21 desaparecidos más.

LAS VERGONZOSAS FACTURAS A LA ARMH

La polémica surge cuando el equipo de Gobierno del PP, que lidera el conservador Antonio Román, pasó a las familias de las víctimas una factura de liquidación por los gastos correspondientes por la exhumación de los restos, algo que desde Ahora Guadalajara no han dudado en calificar como “falta de respeto”.

Según los datos a los que ha tenido acceso periodicoclm.es, los ‘populares’ cobraron a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), a través del Ayuntamiento de Guadalajara, una tasa de 73,48 euros por cuerpo exhumado, así como otro impuesto de 63,69 euros por la inhumación de cada represaliado, algo que asciende a 1.396,12 euros si tenemos en cuenta que el Consistorio solamente facturó en un primer momento la recuperación de diecinueve desaparecidos.

Una vez terminada la exhumación, el Consistorio remitió una segunda factura a dicho colectivo con el importe de otros tres cuerpos más, puesto que en la fosa común se encontraron finamente los restos de veintidós personas. Esta factura aún no ha sido abonada y asciende a 220,44 euros.

Es decir, a pesar de todos los convenios internacionales de derechos humanos indican que es el Estado el que se debe encargar de la búsqueda de los desaparecidos y de sus exhumaciones, y a sabiendas de que la Ley de Memoria Histórica delega esa responsabilidad en familias y asociaciones, el PP de Guadalajara no ha dudado en hacer negocio con las víctimas del franquismo hasta hoy.

EL CONTENIDO DE LA MOCIÓN APROBADA

Además de impedir que se tenga que pagar una tasa para las exhumaciones e inhumaciones de los represaliados por la dictadura, la moción de Ahora Guadalajara recoge que, en el caso de haber algún impedimento de índole legal para incorporar la citada exención, el Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a habilitar una partida presupuestaria para subvencionar este gasto a las víctimas.

Durante el debate en el Pleno, el regidor ‘popular’, Antonio Román, ha argumentado el voto en contra de su partido diciendo precisamente que “existen problemas legales” para aplicar la exención del impuesto. Ante esta tesitura, Ahora Guadalajara ha propuesto al conservador retirar la modificación de la tasa si se respeta la creación de una subvención, algo que el PP tampoco ha querido apoyar.

La propuesta aprobada también exige que el Ayuntamiento permita dejar colocadas de manera definitiva las placas individuales conmemorativas en la Fosa Común del cementerio.

Para finalizar, cabe recordar que el equipo de Gobierno del PP sigue sin retirar las calles franquistas de Guadalajara a pesar de que se aprobó en acuerdo plenario el pasado mes de septiembre de 2015. Una de las excusas de los conservadores es la molestia que ocasionaría a los vecinos, aunque la verdad es que, de los más de 80.000 habitantes que tiene la ciudad, solo se han recibido 53 quejas, una cifra irrisoria si se tiene en cuenta que incluso el alcalde animaba a presentar reclamaciones.