CANCÚN, Q. Roo (apro).- Integrantes del colectivo Diversidad Sexual acusaron hoy al gobierno del priista Roberto Borge Angulo de “homofóbico” y “discriminatorio” al invalidar las dos primeras bodas entre personas del mismo sexo celebradas el pasado 28 de noviembre en las oficinas del Registro Civil de Kantunilkín, cabecera del municipio maya de Lázaro Cárdenas, gobernado actualmente por el Partido Acción Nacional (PAN).

Antes de que Sergio Arturo Monje Cruz y Manuel Reyes Chalé de la Fuente, y María Patricia Novelo Infante y Arely Castro García de Alba, recibieran la noticia de que sus matrimonios quedaban anulados, ya habían hecho dos intentos por formalizar su relación sin ningún éxito. La primera vez fue en Cancún y, la segunda, en Chetumal.

Pero en el tercer intento lo consiguieron, gracias a un resquicio legal en el Código Civil estatal que no incorpora el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero tampoco prohíbe expresamente esas uniones.

En su artículo 680, la referida legislación sólo establece como requisitos para los contrayentes:

“Las personas que pretendan contraer matrimonio presentarán un escrito al oficial del Registro Civil ante el cual celebrarán el contrato respectivo, que exprese:

“I.- Los nombres, apellidos, edad, ocupación, nacionalidad y domicilio, tanto de los pretendientes como de sus padres, si estos fueren conocidos. Cuando alguno de los pretendientes o los dos hayan sido casados, se expresará también el nombre de la persona con quien se celebró el anterior matrimonio, la causa de su disolución y la fecha de ésta.

“II.- que no tienen impedimento legal para casarse; y

“III.- que es su voluntad unirse en matrimonio”.

No obstante, las bodas gay tomaron por sorpresa a la administración, cuyo secretario de Gobierno, Luis González Flores, quien por cierto fungió como presidente de la Gran Comisión de la pasada Legislatura, cuando se reformó por última vez el Código Civil, apenas atinó a decir que se analizaría su validez legal.

Casi cinco meses después del enlace civil, las dos parejas fueron notificadas de la invalidez de su contrato matrimonial.

En rueda de prensa a la que convocaron hoy aquí, Monje Cruz, Chalé de la Fuente, Novelo Infante y Castro García de Alba expusieron que se casaron “a partir del principio de no discriminación, estipulado en el artículo 1° de la Constitución mexicana, y con base en la declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en agosto del 2010 estableció que el matrimonio entre personas del mismo sexo es constitucional, válido en todo el país, e incluso con derecho a la adopción”.

Recordaron que la representación del Registro Civil en Kantunilkín accedió a legalizar ambas uniones en virtud de que el Código Civil quintanarroense no las prohíbe, y se les expidió a cada pareja su respectiva copia certificada del registro de sus matrimonios.

Aunque la autoridad estatal no volvió a hacer más declaraciones sobre el asunto, sorpresivamente los dos matrimonios recibieron en febrero una notificación de un recurso de revisión promovido por Hilda Cauich Pool, una residente de Kantunilkín, quien se inconformó por la legalización de esas uniones.

“Se nos notificó como terceros perjudicados a juicio”, dijeron.

En respuesta, las dos parejas presentaron un escrito el 29 de febrero, fecha de la audiencia fijada para tal efecto.

Sin embargo, el 13 de abril, la Dirección General del Registro Civil, con sede en Chetumal, les notificó a ambas parejas “que habiendo dado entrada al recurso de revisión, resolvía declarar la nulidad de los matrimonios celebrados”.

Los afectados acusaron que con esta resolución el gobierno estatal viola sus derechos humanos, pues no respetó sus garantías de seguridad jurídica y legalidad, además de que el recurso de revisión promovido por Hilda Cauich “fue presentado de forma extemporánea, en instancia distinta a la que prevé la ley, además de que la ciudadana carece de interés jurídico en este acto”.

Y destacaron que, “a este notorio proceso que violenta el estado de derecho, se suma la sustracción y utilización de información confidencial y personal, por parte de las autoridades, sobre los matrimonios celebrados.

“Por ello, denunciamos la violación a los derechos humanos, en una clara intención de discriminación y homofobia del gobierno que encabeza Roberto Borge Angulo”, acusaron.

También anunciaron que tramitarán un amparo contra la resolución del Registro Civil, además de una querella ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, por el delito de “discriminación por orientación sexual”, tipificado en el artículo 132 del Código Penal local.