Liderada por el fiscal Pablo Gómez, la causa tiene –en su etapa final– varias aristas y 16 acusados, por distintos delitos tributarios ligados a financiamiento ilegal de la política y, además, a cohecho y soborno, todo lo cual deberá ser conocido y resuelto en juicio oral, en los próximos meses, por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

En el contexto de lo que se conoce como la “arista royalty” del proceso, destaca la acusación que el Ministerio Público dirige contra Pablo Longueira por cohechos reiterados. La Fiscalía acusa al histórico coronel UDI por haber infringido sus “deberes del cargo”, primero como senador y luego como ministro de Estado. Según el órgano persecutor, favoreció desde su puesto los “intereses particulares” de SQM por encima de “los intereses generales de quienes representa”, actuaciones que fueron a cambio de dinero que los investigadores calculan en no menos de 700 millones de pesos. De acuerdo al mérito de la investigación criminal, estos delitos tienen sanciones contempladas en el artículo 248 bis del Código Penal, ya que “ha intervenido en calidad de autor en los términos del artículo 15 Nº 1 del Código Penal”.

Se prevé que las audiencias del juicio oral en el bullado caso SQM –el más grande de la historia política chilena–, que abarca cohecho, soborno y pagos ilegales a políticos y partidos de casi todo el espectro nacional, y que salpica también a varias candidaturas presidenciales, se prolongarán por varios meses. Todavía no se ha fijado la fecha exacta para su inicio, pero falta poco, porque ya fue presentada la acusación en contra de aquellos investigados por los mencionados delitos.

La Fiscalía considera citar a declarar a 615 testigos. Algunos muy vinculados a los hechos investigados y que se “salvaron” de ser acusados como autores, cómplices o encubridores, así como otros con conocimiento más lejano de los actos bajo investigación, y peritos de muchas especialidades.

Entre los 615 citados a declarar más “ilustres” del actual Gobierno, además del Presidente Sebastián Piñera, se encuentran dos importantes miembros del gabinete, el más influyente de los asesores de La Moneda y una ex candidata presidencial de la derecha y hoy alcaldesa.

En efecto, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín; el titular del Trabajo, Nicolás Monckeberg; el jefe de asesores del segundo piso del Palacio Presidencial, Cristián Larroulet; y la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, deberán ir a los tribunales de justicia para aportar la información que tienen en relación con algunos de los graves delitos investigados. El Mandatario puede declarar por oficio.

Respecto a los delitos de cohecho y soborno que se les imputa al ex gerente general de SQM Patricio Contesse y a Longueira, la tesis de la Fiscalía para acreditar dichos ilícitos incluye la referencia detallada a los proyectos que el primer Gobierno de Piñera presentó con el fin de recaudar impuestos especiales para financiar la recontrucción posterior al terremoto de febrero de 2010.

En primera instancia, se presentó, discutió y aprobó el proyecto que terminó convertido en la Ley 20.455. La iniciativa consideraba inicialmente un royalty a la minería, pero no fue aprobado por el Congreso. “El proyecto establecía un aumento de la tasa impositiva variable entre un 3,5% y un 19,5% sobre el margen operacional, con un tope de 9%, aumentando los años de invariabilidad tributaria en 8 años más, lo que fue desestimado por la oposición, al estimar que la tasa era baja y el período de invariabilidad excesivo”, según establece la Fiscalía en los antecedentes que fundan la acusación.

Para el organismo persecutor, que el royalty minero quedara fuera de dicha ley se debe, en parte relevante, al actuar doloso de Contesse y Longueira.

La empresa SQM S.A. y sus filiales no cumplían las exigencias que contemplaba el proyecto de ley para poder acogerse a exención del royalty, de modo que no habría podido optar por este beneficio tributario de haber sido aprobado en los términos establecidos. “Como consecuencia de aquello, en el mes de agosto de 2010, el Ejecutivo insistió en el aumento del royalty, enviando al Congreso un nuevo proyecto de ley exclusivamente destinado a aumentar el impuesto específico a la gran minería chilena, el que finalmente se aprobó y entró en vigencia como Ley 20.469".

Otro de los que deberá declarar es el actual jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Cristián Larroulet. En agosto de 2010 era ministro de la Segpres, enlace entre el Ejecutivo y el Congreso. Según la Fiscalía, el 11 de agosto de ese año, Longueira, “con infracción a los deberes de su cargo y ejerciendo influencias, remitió desde su cuenta personal” un correo a Larroulet con la misma propuesta que Contesse había enviado días atrás y que favorecía a SQM, para que fuera incorporada en el mensaje presidencial.

El proyecto parecía aún más beneficioso para el fin de aumentar la recaudación fiscal desde la industria minera, “considerando las objeciones de la oposición para su aprobación, (el proyecto) aumentaba el impuesto actual a una tasa variable de entre un 5% y un 34,5% sobre el margen operacional minero, con un tope de 14%, con el propósito de aumentar la recaudación fiscal para financiar. Igualmente para incentivar lo anterior, el proyecto contemplaba una extensión de 6 años adicionales de invariabilidad tributaria, reduciendo así el plazo de extensión de la misma, contemplado en el proyecto anterior”.

Sin embargo, todavía dejaba fuera a SQM del beneficio de invariabilidad tributaria. Según la Fiscalía, “en este contexto tuvo lugar la intervención del entonces Senador de la República Juan Pablo Longueira Montes, quien actuando con infracción a los deberes del cargo, promovió ante el Ejecutivo, la incorporación en el mensaje de una norma, que finalmente se plasmó en el artículo cuarto transitorio de la Ley 20.469 y que permitió a SQM y sus filiales, acogerse al régimen de invariavilidad tributaria”.

Es decir, Longueira habría logrado con sus gestiones al interior del Gobierno que se incorporara finalmente el artículo cuarto transitorio, que permitía a SQM acceder a los beneficios tributarios. Como la ley proviene de un mensaje presidencial, es decir, desde el Ejecutivo, instancia en que –según las pruebas presentadas– intervino directamente Longueira, entre los citados como testigos está el Presidente Piñera, que ocupaba el mismo cargo al momento de tramitarse dicha ley.

De acuerdo a la acusación, Piñera “declarará acerca de los antecedentes previos (sic) coetáneos y posteriores a la incorporación del artículo transitorio incorporado al mensaje presidencial y demás circunstancias que son materia de la investigación”. Según agrega la Fiscalía en los fundamentos de la acusación, el texto incluido y aprobado en el proyecto de ley es prácticamente igual al que proponía SQM y que la empresa hizo llegar al Congreso a través de Longueira.

Pero el comienzo de la tramitación no fue fácil para los objetivos de la minera no metálica. El 5 de agosto de 2010, Longueira recibió el texto del proyecto, de parte del abogado Franco Devilaine, quien era fiscal del Ministerio de Minería. En esa versión, SQM no podía acceder al beneficio tributario. Inmediatamente Longueira lo envió a Contesse, quien ese mismo día le responde: “Te envío propuesta correspondiente, pues la que te enviaron es una burla”.

Alfombra roja

Otro de los que deberá declarar es el actual jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Cristián Larroulet. En agosto de 2010 era ministro de la Segpres, enlace entre el Ejecutivo y el Congreso. Según la Fiscalía, el 11 de agosto de ese año, Longueira, “con infracción a los deberes de su cargo y ejerciendo influencias, remitió desde su cuenta personal” un correo a Larroulet con la misma propuesta que Contesse había enviado días atrás y que favorecía a SQM, para que fuera incorporada en el mensaje presidencial.

Por eso, la Fiscalía pide que Larroulet declare “acerca del procedimiento de gestación, desarrollo y redacción que dio lugar al mensaje de la ley del royalty, sobre la redacción del mensaje en general y sobre la incorporación al texto del artículo cuarto transitorio en particular, sobre el reconocimiento de correos que recibe y envía sobre la materia, sobre la intervención de Pablo Longueira en la incorporación del artículo cuarto transitorio, sobre el origen de dicha redacción y sobre las demás circunstancias materia de la investigación”.

En efecto, una vez que Larroulet recibe el correo de Longueira, lo envía a Laurence Golborne, entonces ministro de Minería, con el mensaje: “Ve esto”.

Clave en la gestación de dicho proyecto fue una “mesa técnica” que se constituyó con funcionarios de los ministerios de Hacienda y Minería el 1 de agosto de 2010, para estudiar todos los detalles que serían incluidos en la iniciativa. Es en este contexto que el Ministerio Público pide el testimonio del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien para esa época ocupaba el mismo cargo.

Más específicamente, la Fiscalía pide que Larraín declare “sobre su vinculación con Rodrigo Álvarez Zenteno (entonces subsecretario de Hacienda), Carolina Fuenzalida, Franco Devilaine, entre otros, sobre la constitución de la mesa técnica que trabajó la redacción de la Ley del Royalty, sobre el procedimiento de gestación, desarrollo y redacción del mensaje de la referida ley, sobre los asuntos que eran de interés en el Congreso, sobre su vinculación con el Congreso Nacional sobre este punto, sobre la intervención de Pablo Longueira Montes en la misma y demás circunstancias materia de la investigación”.

Durante la tramitación, Larraín defendió el mecanismo de invariabilidad que incluía el proyecto, afirmando que la iniciativa “no solo tiene por objeto allegar recursos para la reconstrucción, sino que aspira también a determinar un esquema de largo plazo para la tributación de la minería del país". A su vez, sostuvo que la iniciativa tendía a mejorar "la distribución regional de los recursos”.

Del actual gabinete de Piñera también ha sido citado a declarar el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg. En esa época era diputado y formaba parte de la comisión investigadora de la Cámara por el caso Cascadas, que también abarca a SQM, por cuanto es el mecanismo ideado por Julio Ponce Lerou para controlarla. El informe de esa comisión fue rechazado por la Cámara Baja y Monckeberg apuntó a los entonces diputados DC Roberto León y Ricardo Rincón como quienes, en vez de investigar, hacían de voceros de la empresa, interviniendo con los mismos argumentos.

En lo que podría servir para una nueva acusación, la Fiscalía pide que Monckeberg declare precisamente “acerca de la intervención del ex diputado Roberto León Ramírez en la comisión investigadora, oficios remitidos a la Superintendencia de Valores y Seguros, a iniciativa del diputado León y firmados por éste”.

Por último, otra de las figuras del oficialismo que el organismo persecutor quiere tener como testigo es la actual alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei, quien como senadora en la época de los hechos investigados formaba parte de la Comisión de Hacienda, donde la ley para mayor tributación de las grandes empresas mineras fue aprobada por unanimidad, incluido el controvertido artículo cuarto transitorio que eximió de pagar a SQM.

Matthei, desde ese puesto en el Senado, defendió la ley, pidiendo que se incorporaran aspectos controvertidos como la invariabilidad tributaria. Pedía incluir “el establecimiento de un régimen general permanente que tome en cuenta la realidad de países con los que Chile puede compararse en factores como estabilidad política, costos de producción, cercanía con los mercados, etc.; la revisión del decreto ley N° 600, que fue publicado en un contexto de crisis política, económica y social muy diferente del actual; y la urgencia por contar con recursos extraordinarios (…). Acceder a ellos, por la vía impositiva y sin recurrir al FESS o al endeudamiento, ni mucho menos a un crédito tributario a favor de las empresas, exige, ciertamente, el otorgamiento de un plazo de invariabilidad a cambio”, según se consigna en la tramitación de la ley.

Por eso, la Fiscalía pide que concurra como testigo, para que declare sobre “el procedimiento que siguió en la redacción, discusión, votación y promulgación de la Ley del Royalty; de las intervenciones y aspectos materia de discusión y análisis; sobre los aspectos técnicos vinculados a la incorporación del artículo cuarto transitorio...”.

Todo anticipa un largo juicio con desfile de políticos.