A través de su publicación en el Boletín Oficial, y con la firma de Alberto Fernández, se derogó el decreto 591/2019 el cual había flexibilizado el ingreso al país vía importación de desechos domiciliarios, industriales y comerciales. El cambio implicaba que ya no era obligatorio presentar un certificado del país de origen que acredite que no se trata de residuos peligrosos para la salud o el ambiente.

El decreto explicaba que: "Dado los avances, aquellos residuos que han pasado por operaciones adecuadas y suficientes de tratamiento, incluyendo la segregación, acopio y/o acondicionamiento para fines específicos, según los criterios técnicos, dejan de ser considerados como tales y actualmente son destinados a un proceso productivo e incluso son comercializados como insumos, materias primas o productos, tales como los desechos de papel y cartón, la chatarra ferrosa, la chatarra de aluminio, los desechos de material plástico y el cascote de vidrio, entre otros".

El decreto de derogación estableció un plazo de 180 días para formular una nueva propuesta "que promueva una gestión integral de los residuos en el marco de una economía circular”.

En los considerandos, el texto destacó que las modificaciones "dejaron sin efecto la exigencia de contar con un certificado de inocuidad sanitaria y ambiental" lo que "constituye un retroceso en materia ambiental que coloca a nuestro país en una situación de riesgo ante el posible ingreso de residuos peligrosos".

"Es indigno y un descalabro permitir la importación de basura, no hay ninguna razón para importar residuos, por eso en los próximos días se va a derogar el decreto", había dicho el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, al referirse al marco normativo.

En ese marco, el funcionario anticipó que "están preparando una propuesta superadora con respecto al tratamiento de la basura porque somos bastante medievales con el tratamiento de la basura; tenemos 5 mil basurales a cielo abierto en todo el país".