El plan del Gobierno para evitar saqueos y episodios de violencia durante los últimos días del año tendrá también su capítulo legislativo: la Cámara de Diputados avanzará en la sanción de una ley para castigar con penas de hasta ocho años de cárcel a los policías que hagan huelga o abandonen sus puestos de trabajo sin justificación.

El proyecto, aprobado por el Senado en julio pasado, se tratará hoy, a las 15, en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, que preside Patricia Bullrich (Pro). El oficialismo tiene previsto emitir dictamen y llevarlo al recinto lo antes posible.

Si hay acuerdo con la oposición, se trataría sobre tablas en la sesión de mañana; si no, quedaría para el 3 de diciembre, en el plazo de prórroga de las sesiones ordinarias dispuesto por el Poder Ejecutivo. Pero es seguro que será ley antes de fin de año, confirmaron a LA NACION en el bloque kirchnerista, que preside Juliana Di Tullio.

La iniciativa fue presentada por el senador Aníbal Fernández en diciembre del año pasado, como reacción ante los acuartelamientos policiales que posibilitaron episodios de saqueos en varias provincias, con 14 víctimas fatales.

La Presidenta había incluido el proyecto en la agenda de las sesiones extraordinarias del año pasado. Finalmente, su tratamiento se pospuso. Pero ahora, ante los temores reconocidos por el Gobierno a que se reiteren los hechos de violencia, el oficialismo parlamentario decidió actuar.

El tratamiento del proyecto avanza en paralelo a la puesta en marcha de un plan antisaqueos que coordina el secretario de Seguridad, Sergio Berni. La suspensión de las vacaciones para el personal de calle de las fuerzas de seguridad nacionales y un trabajo conjunto con la Procuración General de la Nación son parte de ese plan.

La Casa Rosada acusó en público y por adelantado a dirigentes sindicales y a intendentes del Frente Renovador por posibles estallidos de episodios de violencia. Apuntaron en especial al jefe del gremio gastronómico, Luis Barrionuevo, que había pronosticado un escenario caótico para el último tramo del año.

El proyecto que se tratará hoy en la Comisión de Legislación Penal propone que se apliquen ocho años de prisión a los efectivos de seguridad en los casos en que, como consecuencia del abandono de su puesto, se produjeran daños, lesiones o muertes. Justo lo que pasó a fines del año pasado.

Pena de prisión

La iniciativa introduce modificaciones al artículo 252 del Código Penal, que contempla castigos para los funcionarios públicos que abandonen sus tareas y para los militares que deserten en tiempo de conflicto armado o zona de catástrofe.

La propuesta de Aníbal Fernández agrega dos párrafos destinados a los miembros de fuerzas de seguridad nacionales o provinciales. "El que a sabiendas -dice el texto- abandonare injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitiere la prestación regular de su función será reprimido con pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena."

En el párrafo siguiente se establece que si, como consecuencia de esos actos, "se produjeran daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se aplicará una pena de prisión de dos a ocho años e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos".

La diputada kirchnerista Diana Conti, vicepresidenta de la Comisión de Legislación Penal, explicó que el castigo propuesto para los efectivos de fuerzas de seguridad es un intermedio entre las penas previstas para los funcionarios y las contempladas para los militares. "Es clave tipificar estas conductas porque la policía tiene el monopolio de la fuerza pública, por lo que sus acciones pueden generar mayor desprotección de la ciudadanía", dijo la diputada.ß