Los acreedores externos e internos de Argentina (tenedores no bancarios de LEBACs, LETES en pesos, LETES en dólares, Bonos en dólares y en pesos bajo ley argentina y bonos bajo ley extranjera) tienen crecientes temores de que, apenas asuma un nuevo gobierno el 10 de diciembre de 2019, se produzca el default de la deuda interna y externa tal como ocurrió apenas asumido el gobierno de Duhalde en enero de 2002. Incluso, si se generaliza este temor, algunos predicen que el gobierno de Macri, aunque esté determinado a evitar el default, no podrá resistir la licuación de la deuda interna en pesos, mediante la aceleración inflacionaria extrema, lo que sería sólo el inicio del proceso de default de la deuda emitida bajo ley argentina.

Este temor de los acreedores se funda no tanto en la existencia del déficit fiscal primario y al riesgo de que el gobierno pueda no cumplir con las metas fiscales comprometidas en el acuerdo con el FMI, sino en el deterioro del apoyo popular al gobierno de Macri y la aparición como alternativa de una corriente de opinión que bregue por una salida semejante a la de la “Mesa del Diálogo Argentino” del final del 2001, inspirada por Duhalde y que, esperan, será bendecida por el Papa Francisco.

Quienes están llevando a cabo la campaña comunicacional para abonar esta alternativa, utilizan la imagen de Roberto Lavagna como ministro de Duhalde y de Kirchner, pero esconden, con lógica inteligencia goebbelliana, que los superávits gemelos que tanto cautivan a muchos economistas, incluso a buenos profesionales, fue producto del default de la deuda interna por la que bregó con éxito Ignacio de Mendiguren y que tuvo que implementar, aun a disgusto, Jorge Remes Lenicov.

Para abonar aún más la perspectiva de que el gobierno de Macri pierda el apoyo del electorado y no sea reelegido, se ha comenzado a instalar, incluso con la complicidad de algunos economistas que dicen querer apoyar al gobierno, que la estrategia de crecimiento debe basarse en el “tipo de cambio real alto”, aunque sea logrado a partir de la indexación del tipo de cambio nominal, a partir de un nivel tan alto como el actual, sin preocuparse por eliminar el sesgo anti-exportador estructural que ha sido, desde siempre, el responsable del estancamiento de nuestras exportaciones.

Hasta ahora, y a pesar de los mensajes que ha enviado la realidad desde abril en adelante, muchos economistas profesionales que quieren apoyar al gobierno, incluidos varios miembros actuales y anteriores del equipo económico y parte del staff del FMI, siguen argumentado que el tipo de cambio flotante y la no intervención del Banco Central en el mercado cambiario, va a permitir que la crisis de la deuda derivada de la interrupción repentina del flujo de capitales hacia el país, sea más fácil de resolver de lo que era en el año 2001. Mucho convendría que estos mismos profesionales analicen, además de la experiencia del 2001, la de 1995, cuando la salida de capitales provocada por el impacto de la crisis mejicana, fue incluso mucho mayor de la que se está produciendo en la actualidad.

Además de advertir cual es la causa más importante del pesimismo de los acreedores reflejado en la tasa de riesgo país, es importante que el gobierno renegocie con el FMI no sólo el cronograma de desembolsos y se comprometa a un ajuste fiscal más fuerte del que había prometido en mayo, sino, sobre todo, que consiga un compromiso firme del FMI para apoyar una política monetaria y cambiaria que logre estabilizar el peso y remover del horizonte el riesgo de una acentuación y prolongación indefinida de la estanflación.

Dado el actual clima político, la única concertación que me parece conducente es la del Gobierno Nacional con todos los gobernadores y con las centrales empresarias y gremiales. Los dirigentes políticos del Peronismo pueden ayudar, pero no lo harán aquellos que ya están embarcados en la estrategia Duhaldista de bregar por una solución como la del 2002 o en la del regreso de las políticas económicas kirchneristas.