ECONOMíA › ENTREVISTA A LOS INVESTIGADORES ALEJANDRO LóPEZ ACCOTTO, CARLOS MARTíNEZ Y MARTíN MANGAS

En diálogo con Página/12, los docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento advierten sobre cómo ha venido perdiendo participación el impuesto Inmobiliario en la recaudación y cómo eso deriva en un sistema impositivo más regresivo.

Por Fernando Krakowiak

En las últimas dos décadas, el impuesto Inmobiliario ha ido perdiendo incidencia en el conjunto de la recaudación, lo que agudizó la regresividad del sistema impositivo. Los investigadores de la Universidad de General Sarmiento, Alejandro López Accotto, Carlos Martínez y Martín Mangas, publicaron el libro Finanzas provinciales e impuesto Inmobiliario en Argentina, donde analizan las causas de esta tendencia. En diálogo con Página/12, advirtieron sobre los riesgos que supone y remarcaron la necesidad de avanzar hacia un esquema de mayor progresividad.

–Ustedes afirman que la presión fiscal del impuesto Inmobiliario ha venido descendiendo durante la última década en un contexto de crecimiento económico inédito con fuerte suba en el precio de las propiedades. ¿Cómo se explica esa situación?

Alejandro López Accotto: –Lo que pasa es hay un conjunto de impuestos que se indexan automáticamente con el crecimiento de la producción y los precios, mientras que en el caso del Inmobiliario la mayoría de las provincias no tiene un mecanismo automático de actualización. Esa actualización se tiene que hacer todos los años en los Parlamentos provinciales y muchas provincias no lo han hecho porque tiene un costo político visible. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que es la más grande, el impuesto Inmobiliario tiende a desaparecer.

Martín Mangas: –El problema de los impuestos patrimoniales es que cuando no está prevista una actualización en una regla macrofiscal tenés un conflicto político cada vez que querés hacerlo, principalmente en el caso del Inmobiliario Rural, donde hay tres o cuatro cámaras empresarias que tienen una capacidad de lobby muy fuerte sobre las autoridades provinciales. Entre Ríos lo resolvió hace muchos años y actualiza de manera automática todos los años. El resto lo debería haber hecho, sobre todo en un contexto de crecimiento de la actividad económico como el que se registró en los últimos años.

–¿Qué variable se podría tomar en cuenta para actualizarlo?

M. M.: –Una posibilidad es tomar la evolución de los precios acordados en las transacciones de compra-venta de bienes inmuebles. En el libro planteamos algunas otras alternativas, porque no es lo mismo la vivienda única urbana, donde podrías tener como referencia el índice de salario, que la situación de aquellas personas que tienen varias propiedades que las arriendan para obtener una renta.

–En el libro mencionan que, en 2010, el Inmobiliario representó en la Argentina el 0,35 por ciento del PIB, muy por debajo de Estados Unidos (3,03) y Gran Bretaña (3,40), pero cerca de Brasil (0,42), Chile (0,50) y Colombia (0,58 por ciento). ¿A qué nivel puede aspirar el país?

Carlos Martínez: –El problema principal es la tendencia. En 1990, la Argentina tenía la presión fiscal del Inmobiliario más alta de Latinoamérica, e incluso era el doble que la de algunos países desarrollados como Alemania y Bélgica; pero desde entonces el impuesto viene perdiendo participación, pese a que aumentó mucho el valor de las propiedades.

A. L. A.: –Los impuestos patrimoniales son netamente progresivos. Eso es positivo porque los que más tienen, deben pagar más; pero si se reduce la presión de esos impuestos, se deja de cumplir con esa regla.

M. M.: –Nosotros tenemos claro que los impuestos patrimoniales tienen un impacto macro marginal. En los países más desarrollados llegan a 3 o 4 puntos, pero en la Argentina, un país de desarrollo medio que está entre las treinta economías más grandes del mundo, todos los patrimoniales representan 1 punto y deberían estar más cerca de 2 o 3 puntos.

A. L. A.: –Las discusiones presupuestarias siempre son en el margen, incluso las referidas a los gastos. Es un porcentaje pequeño del ingreso total, pero puede resolver el déficit fiscal de una provincia o ayudar a resolver el conflicto salarial de un gremio como el de los docentes.

–En los últimos años, la presión fiscal creció y mucho tuvieron que ver los derechos de exportación. Cuando la provincia de Buenos Aires intentó actualizar el Inmobiliario Rural, las corporaciones del agro argumentaron que ya estaban haciendo un aporte fuerte con el pago de las retenciones.

A. L. A.: –Son cosas diferentes. Las retenciones están vinculadas con precios extremadamente elevados de un conjunto de productos con relación al costo de producción que tienen en la Argentina, pero además esos precios generaron un aumento muy alto en el valor de las propiedades que no se ve reflejado en lo que se paga del impuesto Inmobiliario.

C. M.: –Otro problema es que al campo se lo trata como un sector indiferenciado y en la práctica no lo es. El último intento de actualización del Inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, que era por debajo de la inflación, no afectaba al 85 por ciento de las partidas de los campos, que son de productores más pequeños. Afectaba al otro 15 por ciento que fue el que evitó que se hiciera.

M. M.: –El aumento del Inmobiliario que se propuso a fines de 2013 en la provincia de Buenos Aires era del 18 por ciento. Era una actualización muy moderada. El crecimiento promedio en la tasa anual era de 9 pesos por hectárea. Menos que un café y finalmente no hicieron ni eso.

–¿Cuánto representa el Inmobiliario en la recaudación de Buenos Aires y cuánto en una provincia que actualiza el impuesto, como Entre Ríos?

A. L. A.: –En Entre Ríos, el 17 por ciento; y en la provincia de Buenos Aires, el 6 por ciento, de los cuales sólo 2 puntos aporta el Inmobiliario Rural. Ahora bien, en Buenos Aires, en 1984, representaba el 36 por ciento. Si se cobrara el Inmobiliario como se cobraba en 1984, la provincia de Buenos Aires recaudaría con ese impuesto seis veces más de lo que se está recaudando. Eso considerando un parque de viviendas estático, pero, ¿cuántas viviendas más se construyeron en los últimos treinta años?

M. M.: –Hablamos de Buenos Aires, pero otras provincias grandes, como Santa Fe y Córdoba, están en la misma situación. Estas tres provincias se financian en más de un 70 por ciento con el impuesto a los Ingresos Brutos. En el caso de Córdoba, el Inmobiliario Rural además es un mamarracho, porque la alícuota es plana. No tiene tramos por escala. Se paga lo mismo por 10 mil hectáreas que por 100 hectáreas.

–Con otros impuestos progresivos como Bienes Personales, los sujetos deben empezar a pagar si tienen un patrimonio de más de 305 mil pesos, pero en los hechos casi nadie paga y la AFIP no hace nada. ¿La actualización del Inmobiliario garantizaría de por sí una mayor recaudación?

M. M.: –En Bienes Personales se paga en base a una declaración jurada, pero en el impuesto Inmobiliario llega la partida a cada casa.

C. M: –Bienes Personales además es fácilmente eludible porque se aplica sólo sobre personas físicas. Entonces, muchas personas que tienen bienes por encima de los 305 mil pesos crean sociedades fantasma y no pagan ese impuesto porque las sociedades están exentas. En cambio, el Inmobiliario se aplica a la partida inmobiliaria. Si se transfiere la partida a nombre de una empresa, esa empresa igual tiene que pagar el impuesto.

A. L. A.: –Cuando se creó el impuesto a los Bienes Personales representaba el 3 por ciento de lo que recaudaba el impuesto Inmobiliario en todas las provincias, y hoy recauda más Bienes Personales que lo que recaudan las provincias con el Inmobiliario. Incluso varios funcionarios provinciales no han dicho que no querían aumentar la valuación fiscal para no perjudicar a los propietarios de sus provincias y que tuvieran que entrar a pagar Bienes Personales, lo cual es una barbaridad.

C. M.: –En la ciudad de Buenos Aires es peor todavía. Se establece una valuación fiscal oficial, que es la que debe tomar la Nación para cobrar Bienes Personales, pero después se multiplica esa valuación por cuatro para cobrar el Inmobiliario. La Ciudad creó un mecanismo sólo para que el contribuyente porteño eluda Bienes Personales.

–¿El hecho de que la potestad recaudatoria del impuesto Inmobiliario sea provincial favorece o dificulta la actualización y el revalúo?

C. M.: –En muchos países cobran las provincias o los municipios. El problema de la descentralización es la capacidad que tienen esas jurisdicciones para imponerse sobre actores económicos concentrados.

A. L. A.: –La teoría dice que los impuestos de inmuebles tienen que ser cobrados por las autoridades locales. La práctica muestra situaciones diferentes. En la Argentina, el impuesto lo cobran las provincias y algunas lo han descentralizado a los municipios. Argumentan que la cercanía puede hacer que se cobre más, pero la evidencia muestra lo contrario. En eso inciden motivos políticos, pero también técnicos, como la dificultad para tener un catastro actualizado y una administración eficiente.

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