El Gobierno central ha decidido imponer sanciones económicas a un par de concejales de IU en el Ayuntamiento de Sevilla (Daniel González Rojas, portavoz del grupo) y Eva Oliva), a su coordinador en la ciudad, Ismael Sánchez, y a otros dos ediles de Participa Ssevilla, Susana Serrano (portavoz) y Julián Moreno, por haber apoyado el pasado 7 de junio una protesta de extrabajadores eventuales de la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam), que terminó en un violento desalojo por parte de una veintena de agentes de la Policía Local. Al menos seis de los exempleados municipales que protagonizaron la protesta también han sido sancionados, en estos casos por infracción grave.

Una veintena de policías desaloja del Ayuntamiento de Sevilla a empujones a concejales y extrabajadores municipales

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Los acuerdos sancionadores suscritos por el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano, se adoptan en virtud de la sanción leve prevista en el artículo 37.4 de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, que prevé multas de entre 100 y 600 euros por "faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal".

Según las sanciones, todas ellas de iguales características y que los concejales de ambas formaciones están estudiando recurrir, explican que "con motivo de la ocupación no autorizada en la sede del Ayuntamiento de Sevilla, la Policía Local identificó a un grupo de personas que procedieron a ocupar y sentarse en la escalera principal, impidiendo el paso de personas y dotadas de pancartas y gritando diversas consignas sindicales en defensa de sus derechos laborales".

Dice el acuerdo sancionador que "el jefe del dispositivo policial les comunicó en tres ocasiones que debían desalojar las instalaciones municipales, sin que estas atendieran al requerimiento. El denunciado apoyó en su actitud a los ocupantes, increpando a los agentes para que, primero, no fuesen desalojados y, posteriormente, para que les permitieran de nuevo el acceso".

Los trabajadores contratados intermitentemente entre 2013 y 2016 por Lipasam, cuya situación vienen denunciando desde hace tiempo, han sido sancionados por "infracción administrativa grave" de la citada Ley Mordaza. Los escritos, como los notificados a los concejales, habilitan un plazo de 15 días para formular alegaciones y en caso de no haberlas, los procedimientos serán resueltos con sanciones de 601 euros, la multa de menor cuantía que determina dicha ley para este tipo de infracciones.

En declaraciones a este periódico, el portavoz de IU en Sevilla capital, Daniel González Rojas, considera "un atentado y una cosa muy grave" el hecho de que estas actuaciones sean castigadas. "Hemos llegado al absurdo de que a unos concejales se les multa por hacer su actividad política en la casa de todos. Los extrabajadores entraron por el registro, como entra cualquiera que se quiera reunirse con un grupo, y de repente se les desalojó impidiendo unas reuniones".

Además, considera "grave que no nos dejaran entrar después" ya que, a su juicio, "la ley corta derechos fundamentales de reunión". También cree que esta situación "pone de manifiesto la deriva reaccionaria del PSOE en el Ayuntamiento, con el PSOE más de derechas de todo el Estado. Cosas que no pasaban con Zoido están pasando con el actual alcalde, Juan Espadas", dice. Tres meses después de aquellos hechos, IU sigue esperando los registros gráficos de las cámaras de seguridad que fueron solicitados, según lamentan.

"No podemos tolerar que el Ayuntamiento sea su cortijo. Los policías actuaron por una orden. Ya dijo el sindicato de policía que no se estaban produciendo altercados antes del desalojo", añade González, que recuerda que presentaron una denuncia para investigar al delegado municipal de Seguridad, Juan Carlos Cabrera, a quien han pedido su dimisión". "¿Qué peligro había? Tan solo intentamos intermediar con la Policía", concluye.

"Queríamos recibir a unos trabajadores"

Por su parte, el edil de Participa Sevilla Julián Moreno también ha querido expresar su "sorpresa y desagrado al recibir una multa a dos de los concejales por lo que ocurrió cuando fuimos expulsados del Ayuntamiento por estar acompañando en su reivindicación a ex trabajadores de Lipasam".

"La aplicación de la Ley Mordaza no hace más que reprimir un derecho legítimo de protesta y de reivindicación como se ejercía aquel día. Estamos en contra de esta criminalización de la protesta, ya que no es ilegal sino un derecho que tiene cualquier ciduadano", apunta en declaraciones a eldiario.es Andalucía.

"Simplemente estábamos haciendo nuestro trabajo en nuestro lugar de trabajo, como es recibir en nuestro despacho. Queríamos recibir a unos trabajadores. Esta Ley Mordaza no nos va a parar, ni nos vamos a resignar. Recurriremos la multa y seguiremos defiendo aquellas causas que consideremos justas", concluye.