España es un país con gusto por los extremos, y más por aquellos que se sesgan tanto que terminan tocándose. Es el país con mayores cotas de longevidad de toda Europa, pero es también el que tiene los números más modestos en natalidad, y como una cosa lleva inexorablemente a la otra, en unos años se habrá convertido en un país de viejos, de los más viejos del planeta. Es un problema que se pasea ante nosotros como un gigantesco paquidermo desde hace lustros, que hemos trampeado con flujos inmigratorios cuantitativamente desconocidos en el mundo en el últimos 80 años, y que terminará estallando en nuestras propias narices más pronto que tarde.

Una bomba cuya onda expansiva afectará al mantenimiento del Estado del bienestar en todas sus facetas y al avance diferencial de la economía y a los niveles de renta de los españoles. Mantenerlos exige incrementos de la población, dado que el estancamiento supone un lento envejecimiento del país muy costoso, y hay que admitir que ahora ni siquiera se mantiene cuantitativamente el volumen de moradores, pues la natalidad no cubre la tasa mínima de reemplazo.

La sociedad española ha quemado con una rapidez inusitada varias etapas que a otras más maduras les ha costado varias décadas digerir, y uno de los más paradigmáticos ejemplos es el ciclo demográfico, que se ha parado tras una montaña rusa de vaivenes en un punto muerto crítico. De hecho, este año se cerrará con un descenso vegetativo de población, con la menor tasa de la historia de natalidad sobre población, e incluso con un saldo migratorio negativo, cuando durante años ha sido el salvavidas al que se aferraban las estadísticas.

Tras décadas de flujos muy fuertes de nacimientos, que se aceleran más aún en los sesenta y setenta del pasado siglo en ese fenómeno conocido como baby boom que acompañó al desarrollismo tras el plan de estabilización del 59, los españoles entraron en un comportamiento crecientemente mustio de la reproducción hasta la anemia natalista de los noventa. Estadísticas demográficas en España hay desde 1858, pero fiables solo a partir de la Guerra Civil, aunque con unos primeros años de posguerra muy erráticos por los registros de nacidos en los últimos meses de la contienda, y muy condicionados los residentes por la mortandad bélica y el exilio.

Desde 1941 nunca registró España tasa tan encogida de natalidad como la actual, con solo 8,79 nacidos por cada mil habitantes, una cota con la que se coquetea desde hace más de 20 años, pero que es ni más ni menos que la mitad de la que tenía en 1978, cuando ya el baby boom era declinante. La última década de la pasada centuria el número de nacidos por cada mil moradores estuvo por debajo de 10, y solo se reanimó en el primer decenio de este siglo (llegó a superar el 11,27 por mil en 2008) por la llegada masiva de inmigrantes con tasas de natalidad notablemente más elevadas que las de los nativos. Pero con la última crisis España ha vuelto a las andadas, y ya ni siquiera la población inmigrante registra tasas crecientes de nacimientos.

De hecho en el primer semestre de 2017 los nacidos de madre extranjera (o española nacionalizada) han descendido al 18,2%, frente a casi un 19% un año antes. El saldo cuantitativo ha descendido hasta los 410.583 alumbramientos de 2016, que podría quedarse por debajo de los 400.000 este año si el desempeño de este segundo semestre es coherente con el del primero. Una cantidad que palidece con los casi 700.000 nacidos de 1964, cuando lo habitual eran los tres, cuatro o hasta cinco vástagos por pareja.

Esta contracción imparable de los nacimientos (el primer semestre de este año descendió un 6,3%) coincide con un avance nada despreciable de las defunciones. En toda la serie histórica desde la Guerra Civil, solo tres años han superado las 400.000, y los tres desde 2012: 2012, 2015 y 2016, y este ejercicio lleva el mismo camino a juzgar por los registros hasta el 30 de junio. Solo 1941 superó también tal barrera por el registro de fallecimientos causados por la guerra que no se habían contabilizado durante el conflicto bélico.

El saldo vegetativo es negativo en los últimos años, y lo es por vez primera en la historia, poniendo en marcha una espiral de reducción de moradores alarmante si no cambian las circunstancias de envejecimiento con efectos perversos para la economía y la sociedad. De momento, ni siquiera el saldo migratorio alivia el problema, y tampoco lo hará en los próximos lustros a juzgar por las estimaciones de población de Estadística de 2016, pero que debe corregir en 2018.

España está abocada a perder un millón de habitantes en 15 años

Entre tanto, hay que atenerse a las vigentes, y no auguran nada bueno. La tasa de fecundidad se mantendrá en 1,36 hijos por mujer durante varios años, con un retraso en la edad a la que las mujeres fértiles tienen su primer alumbramiento más allá de los 32 años, lo que llevará los nacimientos futuros de los 400.000 actuales a los 330.000 en 2030 y a poco más de los 300.000 en 2050. Y dado que en tal trecho temporal fallecerán los nacidos en el baby boom pese al espectacular tirón de la esperanza de vida, las defunciones superarán con creces los nacimientos. De los más de 400.000 anuales actuales se pasará a los 450.000 en 2030 y a los 550.000 en 2050.

Así, durante cada uno de los próximos 20 años la población residente descenderá en 100.000 personas y en torno a 200.000 cada uno de los años que siguen hasta 2065. Dado que el saldo migratorio estimado ahora es de menos de 100.000 personas en cada uno de los ejercicios, la pérdida de pulso demográfico será muy intensa, y de los 46,5 millones de moradores actuales, España perderá un millón en 15 años, y 5,3 en 45 años.

Pocos y ancianos. En España hay unos cuantos buenos demógrafos, pero no han sido capaces de alertar a los Gobiernos ni a la sociedad civil de la ratonera en la que se encerrará la sociedad en pocos años. De las mejores tasas de natalidad de Europa se pasó a las peores sin explicación convincente y se dejó en manos de una inmigración masiva un débil equilibrio demográfico, que se ha roto en cuanto la crisis ha forzado el retorno de muchos colectivos de extranjeros y ha contagiado también en los naturalizados la anemia reproductiva nacional.

El coste económico de los hijos (entre 6.000 y 11.000 euros el primer año y algo más de 100.000 euros hasta llegar a los 18 años, según un informe de la Federación de Consumidores Independientes); un giro radical en los valores sociales que relega la paternidad y maternidad en el orden de prioridades de los españoles; la crisis económica que volatiliza las expectativas y retrasa la emancipación de los jóvenes y la consolidación de la posición laboral y profesional, y una política natalista inexistente o como mucho con propinas electorales, y con las ayudas económicas a los hijos más paupérrimas de Europa son los factores que están detrás del derrumbe de la natalidad.

Unas tienen más arreglo que otras, pero bastaría con copiar aquello que sociedades más maduras han ensayado antes y que ha funcionado, como Francia, que ha dado la vuelta a la situación en los últimos 25 años con estímulos muy poderosos a la natalidad. Las ayudas fiscales intensas y sostenidas para tener hijos deben considerarse siempre inversión y nunca gasto, y políticas activas de conciliación que no quiebren las carreras profesionales deben intensificarse normativa y fiscalmente.

Esto se hace en menos que canta un gallo si se tiene claro, pero sus efectos tardan décadas en cristalizar. Nunca es tarde, pero hay asuntos que apremian más que otros, y solo pueden corregirse con cirugía, especialmente el que el envejecimiento provoca en el gasto en pensiones y sanidad. El marchamo de la demografía solo tiene la virtud relativa de que solventará el desempleo endémico del país, con una desaparición de la tasa de paro. Pero todo lo demás son malas, muy malas noticias.

Los hijos deben considerarse inversión, no gasto. Francia ha dado la vuelta a la situación con potentes ayudas fiscales

Tal como ya contamos en junio (La falla demográfica lleva hasta el pleno empleo, pero agravará las pensiones, 16-6-2017), la tasa de paro actual puede descender hasta el cero en nueve años si el empleo crece al 2,5% anual (lleva cuatro años haciéndolo al 3%), y al 3% en la misma fecha si la ocupación avanza al 1,5% anual, una tasa más creíble dado que el ciclo empieza ya a madurar.

El sistema de pensiones públicas ya ha entrado en crisis, con un déficit de 17.000 millones al año, y así se mantendrá pese al récord de cotizaciones y el pleno empleo que se avecina. Además, la tasa de dependencia se disparará en los próximos años, y si hoy solo el 18% de españoles tiene 65 o más años, estarán en esa edad el 25% en 15 años y el 35% en 2065. Con el agravante de que las nuevas pensiones son un 35% más caras que las que decaen, las cotizaciones individuales están estancadas por la devaluación salarial y la esperanza de vida de los pensionistas, que ahora es de 18 años entre los varones y de 22 entre las féminas, llegará a 21 en 2031 entre los hombres y a 24,7 años entre las mujeres.

Pensiones más caras para mucha más gente que vivirá mucho más tiempo. Desde el punto de vista de los particulares, son circunstancias para celebrar, pero no le arriendo la ganancia a quien tenga que gestionar los números del sistema público de prestaciones y sanidad si no se recortan pronto las pensiones o se suben las aportaciones.

Como tal asunto les quema las manos a los políticos, estamos en las del factor de sostenibilidad, que la UE obligó a incluir en la Ley de Seguridad Social en 2013, y que no es otra cosa que una guillotina automática que recorta las nuevas pensiones desde 2019 si el crecimiento de la economía y la productividad esperadas, la evolución demográfica, los salarios y el empleo y la esperanza de vida así lo aconsejan; y parece que lo aconsejarán. Por tanto, un recorte muy severo en la perspectiva de pensión pública que no será compensado con fondos privados en un país que confía demasiado en el Estado, que no ahorra y que gasta más en timbas que en fondos de pensiones. Una circunstancia en la que algo tendrán que ver las últimas reformas fiscales, más ideológicas que lógicas, que han parado las aportaciones.

El desgarro en el gasto de la pirámide intergeneracional se reproducirá también en los impuestos generales, que con un desequilibrio como el que nos reserva el porvenir generará déficits crecientes en un país que no acaba de salir de la crisis fiscal y sobre cuya financiación los mercados mantienen una notable reserva. Ahora está anestesiada un poco por los ligeros descensos del endeudamiento público y privado, y un mucho por el activismo monetario del BCE. Pero no pasará mucho tiempo sin que nos echen el alto por emitir deuda para pagar las pensiones sin poner ninguna solución quirúrgica que no sea la afilada guillotina de 2019.