De 2010 a 2013 el ex diputado Raúl Súnico (PS) operó en la Municipalidad de Talcahuano impulsando demandas favorables a la pesca industrial. En el mismo lapso, su cónyuge hizo 34 boletas para la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes). Pese al eventual conflicto de interés, el ahora subsecretario de Pesca ha mantenido en reserva este dato, aun cuando Asipes es investigada por financiamiento político ilegal. CIPER tuvo acceso a documentos de Asipes que muestran cómo Súnico ha favorecido a la industria en la tramitación de normas que regulan el sector, desconociendo el programa de gobierno.

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A solo siete meses de iniciado el segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, el subsecretario de Pesca, Raúl Súnico (PS), tiró por la borda el programa de gobierno. Lo hizo en una reunión con el entonces presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros del Bío Bío (Asipes), Luis Felipe Moncada. La cita tuvo lugar en la tarde del 13 de octubre de 2014 y hasta hoy permanecía en reserva. Un correo electrónico escrito por Moncada y enviado al día siguiente a tres miembros del directorio de Asipes –bajo la advertencia “RESERVADO NO REENVIAR­” (con mayúsculas en el original)–, resumió su conversación con Súnico.

El correo estaba dirigido a Jan Stengel, Rodrigo Sarquis y Alberto Romero. En él, Moncada les informó que el subsecretario Súnico le confirmó que no se cumpliría uno de los puntos del programa de Bachelet más resistido por los industriales pesqueros: terminar con la pesca de arrastre, método extractivo duramente criticado por el ambientalismo. Para sepultar esa promesa programática, escribió Moncada, Súnico le señaló que se había autorizado por cinco años la pesca de arrastre del langostino en la Región de Coquimbo, lo que garantizaba que esa controversial fórmula de captura no sería desterrada por este gobierno y sobreviviría, al menos, hasta la próxima administración.

“Se ha tenido en cuenta el principio general que los puestos de empleo no hay que arriesgarlos”, fue el argumento que dio Súnico, según escribió Moncada.

El mensaje de Luis Felipe Moncada también consigna que en esa misma reunión el subsecretario le ofreció una fórmula para acordar con Asipes los cambios a un proyecto de ley que generaba fuertes críticas de los industriales: la autorización para que el sector artesanal pudiese capturar jurel con “línea de mano”, fuera de la cuota anual asignada para la extracción de esa especie. La Asipes se oponía a ese proyecto y Súnico se ofreció a poner un límite a las capturas que pudiesen hacer los pequeños pescadores, pero, para concretar el plan, el subsecretario pidió a Moncada que la senadora Jaqcueline Van Rysselberghe (UDI) destrabara la discusión legislativa.

La confianza entre Moncada y Súnico que fluye de la lectura de este correo, no es de extrañar. Ambos han sido durante años actores públicos clave en la costa del Bío Bío. Moncada como líder empresarial y Súnico como cacique político (desde sus años como dirigente de la Universidad del Bío Bío en los ‘80 hasta convertirse en diputado por Talcahuano entre 2006 y 2010). Pero hay otro vínculo, hasta ahora desconocido, que une al subsecretario con la asociación que dirigía Moncada: entre 2010 y 2013 la esposa de Súnico, Marcela Alejandra Viveros Garay, cobró $33 millones a través de 34 boletas que le pagó Asipes. Súnico y Viveros se casaron en febrero de 2010, tres meses antes de que ella recibiera el primer pago.

BOLETAS EN FAMILIA

CIPER consultó a la Asipes por estos u otros honorarios que pagó a Marcela Viveros y si tenía informes u otros documentos que certificaran que los trabajos encomendados a la esposa de Súnico efectivamente se ejecutaron. La asociación se excusó de entregar información aduciendo que esos mismos antecedentes forman parte de una investigación del Ministerio Público por los aportes políticos ilícitos hechos por pesqueras: “Por tratarse de una investigación en curso y reservada en algunas de sus partes, no es posible dar respuesta a su consulta”.

A pesar de que los honorarios pagados por Asipes a su esposa podrían constituir al menos un conflicto de interés, Súnico ha mantenido en reserva los nexos laborales de su cónyuge con una de las principales asociaciones gremiales del sector que él debe fiscalizar y controlar como autoridad pública. Y ello, a pesar de que Asipes está siendo investigada por el Ministerio Público bajo la sospecha de haber financiado actividades políticas de manera ilegal, precisamente a través de boletas de honorarios (vea el reportaje de CIPER “Las evidencias de los pagos políticos de las pesqueras del sur”). Nuevos antecedentes sobre posibles aportes ilícitos realizados por Asipes a políticos de todos los sectores fueron publicados en un extenso reportaje de La Tercera de este viernes 20 de enero, el que cita documentos que fueron incautados desde la sede de la asociación empresarial.

En medio de las esquirlas que expandió esta indagatoria de la fiscalía, detonada originalmente por los pagos de Corpesca a la diputada Marta Isasi y al senador Jaime Orpis, el 30 de noviembre pasado Luis Felipe Moncada debió abandonar la presidencia de Asipes. Le sucedió la ex jefa de Sustentabilidad de la asociación, Macarena Cepeda.

La semana pasada CIPER solicitó una entrevista con el subsecretario Raúl Súnico, pero su encargado de comunicaciones señaló que éste no estaría disponible durante dos semanas, porque viajaría al exterior por razones de trabajo. Tampoco accedió a un contacto telefónico o videoconferencia.

Los antecedentes sobre las boletas extendidas a Asipes por la esposa de Raúl Súnico podrían caer dentro de la investigación del financiamiento político ilícito que lleva adelante el Ministerio Público. Esto, porque los pagos a Marcela Viveros fueron hechos por los empresarios pesqueros entre 2010 y 2013, el mismo periodo en que Raúl Súnico preparaba su campaña de retorno a la Cámara de Diputados.

El actual subsecretario de Pesca abandonó la Cámara en marzo de 2010, tras ser derrotado en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2009. Solo dos meses después de su salida del Congreso Nacional comenzaron los pagos de Asipes a su esposa, los que se extendieron hasta enero de 2013, año en que volvió a lanzarse en una campaña electoral para reconquistar un sillón parlamentario, aunque nuevamente no tuvo éxito.

Marcela Viveros es contadora auditora y trabajó entre 2006 y 2010 para la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior en la zona penquista.

Inmediatamente después de su salida de la Cámara de Diputados, Súnico comenzó a trabajar en la Municipalidad de Talcahuano. Tras el terremoto de 2010, el alcalde Gastón Saavedra, quien también es socialista, lo contrató para que asesorara la reconstrucción del puerto, lo que incluía promover inversiones en esa área y entenderse con el sector pesquero. Según registros del municipio, sus honorarios eran de $1,8 millón mensual.

Así fue cómo Súnico se convirtió en un estrecho colaborador de Saavedra y en interlocutor municipal del mundo pesquero. El alcalde Saavedra también figura como receptor de recursos provenientes de Asipes en un correo electrónico de Luis Felipe Moncada fechado el 9 de octubre de 2012. En ese correo se mencionan otros aportes a candidatos de las elecciones municipales de ese año. Según se desprende del mail suscrito por Moncada, estos aportes a Saavedra debían ser desembolsados por la Pesquera Landes –propiedad de Eduardo Fosk y Eduardo Bohorodzaner–, socia de Asipes. El correo señala que Landes debía destinar $2,5 millones a Gastón Saavedra.

CIPER preguntó a la Asipes por estos aportes a distintos candidatos que habrían sido coordinados por Moncada. La respuesta, entregada por escrito, fue: “Por tratarse de una investigación en curso y reservada en algunas de sus piezas, no es posible dar respuesta a su consulta, dejando constancia que la asociación gremial, así como sus asociados han prestado la colaboración y entregado los antecedentes que le han sido requeridos a la fecha”.

En su época de asesor del alcalde Saavedra y mientras se discutía en el Congreso Nacional la nueva Ley de Pesca, Rául Súnico impulsó las demandas del sector industrial. En el controversial escenario de la tramitación de esa norma, tanto Súnico como Saavedra fueron acusados por dirigentes artesanales de trabajar al servicio de los pesqueros industriales. Según un registro publicado por la Radio del Mar, el 19 de noviembre de 2012 Saavedra y Súnico viajaron al Congreso en Valparaíso donde participaron en una manifestación de los trabajadores de las empresas de Asipes en apoyo a la Ley de Pesca impulsada por el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira.

El apoyo del actual subsecretario Raúl Súnico a los intereses de la pesca industrial no es una novedad. Cuando finalizaba el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, el entonces diputado Súnico votó en contra de un proyecto que buscaba prohibir la pesca de arrastre. Su argumento: “La pesca industrial es vital para la economía del país, por lo que cualquier proyecto referido al arrastre debe formularse en base a estudios rigurosos, situación que no ocurre con este proyecto de ley. Por eso, no veo espacio para su aprobación, pues no tiene el fundamento técnico que lo avale”, señaló en declaraciones recogidas por el portal especializado Aqua.

LA MINUTA DE MONCADA

El correo suscrito por Luis Felipe Moncada y enviado a los directores de Asipes el 14 de octubre de 2014, abordó varios puntos de la conversación reservada que sostuvo con Súnico el día anterior. El primero, ya mencionado, es el referido a la decisión de no poner fin a la pesca de arrastre. Sobre este tema, la información que envió Moncada a los directores de Asipes, señala:

“(El subsecretario) planteó que el que no se haya cerrado el arrastre en la IV Región para los langostinos y permitiendo la operación (dentro) de las cinco millas (reservadas para la pesca artesanal), hace que ‘el tema del arrastre esté resuelto’ ya que habría sido el momento para cerrar el arrastre, cumpliendo con el programa de gobierno. La autorización para la pesca de langostinos se hizo, además, por cinco años, para exceder expresamente el plazo de duración de este gobierno”.

Moncada también informó en su correo a los directores de Asipes cuál habría sido su respuesta a ese planteamiento de Súnico:

“Le hice ver que una situación era la de la IV (región), con un trabajo con senadores asequibles como (Jorge) Pizarro y Adriana Muñoz, y otra la de senadores y diputados que consideran (que) el arrastre es culpable del estado de los recursos, que estaban en una postura distinta. Que esperaba (que) su razonamiento tuviera razón, pero había permanentes planteamientos de supresión de la pesca de fondo y nadie podía asegurar lo que podría ocurrir con un proyecto votado de improviso en las cámaras”.

Frente a esto, Moncada escribió que Súnico “reconoció que el ‘subconsciente colectivo’ tiene la idea de que la pesca de arrastre es mala en sí. Incluidos los tomadores de decisiones”.

En su mensaje, Luis Felipe Moncada informó a los directores de Asipes que Súnico le comunicó que estaba operando para bajar el perfil al Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), la organización de pescadores artesanales más crítica del sector industrial y que exige la anulación de la Ley de Pesca: “Dijo (que) se ha efectuado un trabajo para disminuir el peso relativo de Condepp, aislando a Bustos (Jorge, su presidente), trabajando con Nelson Estrada (su vicepresidente) y una serie de dirigentes de la XIV, X, XI y XII regiones”.

La versión de Moncada indica que Súnico también le informó que tenía un problema con la permanente exigencia de los pescadores artesanales de cumplir con “un compromiso doble del programa”: extender al sur de la Región de Los Lagos las cinco millas exclusivas para la pesca artesanal y cerrar la pesca de arrastre en los Ecosistemas Marinos Vulnerables. Sobre este último punto, Moncada escribió que el subsecretario “escuchó” la petición de usar el Artículo 5º de Ley de Pesca para cerrar la pesca de fondo en los ecosistemas de los llamados “montes submarinos”. En concordancia con los intereses de Asipes, ese artículo no “sataniza” la pesca de fondo, pues, aunque la prohíbe, deja abierta la posibilidad de que un estudio científico demuestre que no afecta al ecosistema.

Según relata Moncada en su correo, tras oír la solicitud de usar el Artículo 5º para cerrar los montes submarinos, Súnico planteó “una especie de condición”: que la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, quien presidía en ese momento la Comisión de Pesca de la Cámara Alta, no siguiera demorando la tramitación del proyecto que autorizaba la pesca artesanal de jurel con “línea de mano”. La Asipes se oponía férreamente a esta iniciativa, porque esa pesca no se contabilizaría dentro de la cuota anual autorizada para la captura de jurel y, a juicio de Moncada, se prestaría para una extracción indiscriminada. La asociación exigía que se contabilizara dentro de la cuota anual destinada a los artesanales y la senadora Van Rysselberghe paralizaba el proyecto.

Moncada transcribió su respuesta a Súnico: “Le indique que este gremio no ha pedido a la senadora (Van Rysselberghe) que detenga el proyecto, sino solo le ha informado el problema que puede traer su aprobación para que se pesque jurel fuera de cuota, en cantidades importantes. Que habría que establecer un límite y que lo más adecuado es que las capturas se imputen a la cuota artesanal (…). Le señalé que haría ver su planteamiento a la senadora, a fin de que el proyecto avanzara”. Y así fue.

Los hechos indican que, después de varios meses en que el proyecto estuvo congelado en la Comisión de Pesca, tras la reunión entre Súnico y Moncada la tramitación se aceleró. Entre junio de 2014 (cuando la iniciativa llegó a la comisión) y octubre de ese mismo año, la Comisión de Pesca del Senado no sesionó. La senadora Van Rysselberghe era su presidenta y de ella dependía citar a reuniones. Luego de casi cuatro meses de inactividad, otros integrantes se autoconvocaron el 8 de octubre de 2014. Aunque a esa sesión no asistió Van Rysselberghe, el proyecto de todas formas fue aprobado en general y despachado a la sala con los votos de las senadoras Carolina Goic y Adriana Muñoz y del senador Juan Pablo Letelier.

Solo tres semanas después de la reunión de Súnico con Moncada, el proyecto fue discutido en la sala del Senado y desde esa fecha la senadora Van Rysselberghe volvió a participar en su tramitación. El 22 de abril de 2015 el Congreso despachó la iniciativa tal como la quería la Asipes: la pesca se imputaría a la cuota anual de jurel de los artesanales.

Para preguntarle sobre sus reuniones con Súnico, CIPER intentó contactar a Luis Felipe Moncada por intermedio de su abogado, Rodrigo de la Barra, quien informó que el ex presidente de Asipes no estaba disponible para responder las consultas, que no tenía nueva información y que las respuestas oficiales las entregaría la asociación.

Sobre el contenido de los encuentros entre Moncada y Súnico, la Asipes señaló a CIPER: “El motivo y contenido de dichas citas, así como las que sostuvieron durante este tiempo otros dirigentes gremiales, sindicales o laborales de todas las actividades o industrias que son reguladas por la Subsecretaría de Pesca, deben encontrarse disponibles en los mecanismos de acceso a la información pública”. Una buena declaración de intenciones, porque como la reunión referida en el correo de Moncada tuvo lugar en octubre de 2014, no hay registro público de la cita, ya que tuvo lugar un mes antes de que entrara en vigencia la Ley de Lobby, la que estableció para las autoridades la obligación de llevar un registro de sus audiencias.

LAS CIFRAS DE LA JIBIA

Otro episodio que grafica la cercanía y confianza entre el subsecretario y Luis Felipe Moncada ocurrió en mayo de 2014, cuando Raúl Súnico apenas llevaba un par de meses en el cargo. El 27 de ese mes Moncada escribió a una dirección de correo electrónico privada del subsecretario, correspondiente a la sociedad comercial “Raúl Súnico Galdames Importadora, Exportadora, Comercializadora y Representación EIRL”, cuyo nombre de fantasía es “Don Alonso”. En el mensaje, Moncada le pidió información sobre el origen y destino (toneladas por región) de la pesca artesanal e industrial de jibia.

Los antecedentes sobre la captura de jibia que pidió Moncada no son difundidos por la Subsecretaría de Pesca. Un periodista de CIPER los solicitó el pasado jueves 12 de enero y la respuesta de la Oficina de Informaciones (OIRS) de la subsecretaría fue que esos datos deben ser requeridos por Ley de Transparencia y que la respuesta puede demorar 20 días hábiles. Para Moncada la espera fue de apenas tres días.

El intercambio de correos entre Luis Felipe Moncada y Raúl Súnico indica que el miércoles 28 de mayo de 2014, al día siguiente de la petición hecha por el timonel de la Asipes, el subsecretario le encomendó a un funcionario que recopilara los datos. El subalterno se los remitió a Súnico el jueves 29 y el viernes 30 el subsecretario se los envió finalmente a Moncada.

Asipes necesitaba con urgencia esos datos porque los industriales pesqueros estaban envueltos en una controversia con el sector artesanal por la captura de jibia. Los artesanales acusaban a los grandes empresarios de intentar apropiarse de la cuota de esa especie que correspondía a los pequeños pescadores. Desde el sector industrial, la acusación era a la inversa. La polémica se había suscitado porque en 2014 la pesca artesanal comenzó a exigir que la jibia solo se pudiera pescar con “línea de mano”, para evitar que los industriales la capturaran con arrastre.

Hasta el año 2019, el 80% de la cuota anual de jibia será para los artesanales y el 20% para los industriales. Un ejecutivo pesquero señaló a CIPER que, cuando vence el plazo de un acuerdo de repartición de cuotas, “se hace historia sobre la especie” y se reasignan los porcentajes de pesca según lo que cada sector realmente capturó en el periodo anterior. Así, cuando en 2019 se vuelva a negociar la cuota de la jibia, es probable que los industriales intenten demostrar que los artesanales pescaron menos de lo que declaraban y que no alcanzaban a completar su cuota, para pedir un aumento de sus propias capturas. De allí la importancia de los datos que el presidente de Asipes pidió al subsecretario.

En el intercambio de correos entre Moncada y Súnico el entonces presidente de Asipes explicitó su objetivo: “Va a servir para validar a qué planta le han vendido (los artesanales) lo que dicen haber pescado, que no nos cuadra para nada. Si aparece que hay venta en fresco, sabemos que es mentira… que le pidan los documentos tributarios. Creemos que estás siendo objeto de un chantaje de un grupo menor”.

Dos meses después, con un informe técnico favorable de la subsecretaría, se aprobó fraccionar los porcentajes de pesca de jibia en 80% para los artesanales y 20% para los industriales. En los hechos, eso significó mantener la pesca de arrastre en la extracción de la especie, lo que fue denunciado por los sindicalistas de la Condepp como “una traición” de Súnico al programa de gobierno.