Desde finales del pasado agosto, el pueblo rohinyá está sufriendo masivas violaciones de los derechos humanos ante la pasividad de la comunidad internacional. Las operaciones del Ejército de Myanmar en respuesta a atentados contra policías en el estado de Rajine reivindicados por el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan han supuesto la muerte de al menos 400 personas, la destrucción de unas 10.000 viviendas, agresiones sexuales y violaciones sistemáticas de mujeres. Según la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 370.000 personas rohinyás, pueblo de religión musulmana que es minoritaria en el país, han buscado refugio en Bangladés. Este desplazamiento forzoso de población ha provocado una crisis humanitaria por insuficiencia de agua, comida y alojamiento adecuado para las personas que huyen, según el Programa Mundial de Alimentos. Amnistía Internacional ha denunciado los efectos letales de una campaña de colocación de minas antipersona -armamento prohibido por las convenciones internacionales- colocadas por el ejército de Myanmar en su frontera con Bangladés.

Esta crisis supone un castigo colectivo, que varias organizaciones de derechos humanos han considerado que podría suponer crímenes contra la humanidad como una expresión más de la gravísima situación del país tras décadas de dictadura militar. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Husein, ha denunciado que estos hechos suponen un caso claro de “limpieza étnica” contra las poblaciones rohinyás.

Desde Podemos exigimos al presidente de Myanmar, Htin Kyaw, a su consejera de Estado -y máxima dirigente de hecho- Aung San Suu Kyi y al ejército de Myanmar que paren de manera inmediata los castigos colectivos a las poblaciones rohinyás y la expulsión de personas así como que permitan el acceso de organizaciones humanitarias al estado de Rajine. Hacemos un llamamiento al gobierno de Myanmar para que ponga en marcha las recomendaciones de la Comisión Consultiva sobre el estado Rajine liderada por Kofi Annan, que entregó a las autoridades su informe final a finales de agosto. Nos sumamos a la llamada que más de una decena de premios Nobel han hecho a Aung San Suu Kyi para poner fin a esta gravísima situación recordando el apoyo que recibió con este premio y otros como el Sajarov durante su confinamiento de 15 años decretado por la Junta Militar del país.

Reclamamos a los países de la región y a la comunidad internacional en general su implicación en la resolución de esta crisis, priorizando la defensa de los derechos humanos y la protección de la población civil. Además, demandamos que el Consejo de Seguridad de la ONU lleve a cabo una reunión pública sobre la situación en Myanmar y se movilice para parar los castigos colectivos contra las poblaciones rohinyás. También exigimos el fin de la venta de armas, entrenamiento y apoyo al ejército de Myanmar hasta que finalice esta crisis que, según denuncian Stockholm International Peace Research Institute y varios institutos de investigación por la paz y medios de comunicación, están realizando, entre otros, Israel, Rusia, China, EEUU, Australia, Serbia, Alemania y Polonia. Pese al embargo de armas decretado por la Unión Europea se han registrado tareas de cooperación entre ejércitos o venta de material militar.

Finalmente reclamamos también a la Unión Europea y al gobierno de España la puesta en marcha de vías seguras para acoger población refugiada y medidas de apoyo a los países limítrofes que están acogiendo a las poblaciones expulsadas.