El anuncio que hizo la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que su gobierno iba a llevar a cabo “la mayor bajada de impuestos de la historia” fue criticado por la oposición de izquierdas en el Parlamento regional pero también ha abierto un encendido debate en otras partes. El PP madrileño lleva años haciendo bandera de una menor presión recaudatoria hasta el punto de que nadie paga por patrimonio y el impuesto de sucesiones es testimonial, pues las herencias entre cónyuges e hijos se bonifican al 99%. El sistema de financiación de régimen común también permite variar el mínimo y el máximo tributario en el 50% cedido por el Estado del IRPF, aunque sin poder modificar su carácter progresivo. El resultado es que en Madrid es donde pobres y ricos pagan menos. Los primeros tributan al 18% y los segundos al 43,5%, mientras que en Catalunya, por ejemplo, los que menos aportan pagan el 21,5% y las rentas altas hasta el 48%. Para esta nueva legislatura, Díaz Ayuso ha prometido bajarlo medio punto más en todos los tramos autonómicos, aumentar los mínimos personales y familiares exentos, e introducir más deducciones. En total anuncia una rebaja del 5,5% en el impuesto de la renta.

Desde una óptica socialdemócrata esas políticas son criticables porque benefician sobre todo a los más ricos con la excusa de ayudar a la clases medias y perjudican la financiación de los servicios públicos esenciales, como sanidad o educación, con un gasto por debajo de la media española. Pero lo que no tiene ningún sentido es convertir esta opción ideológica que abandera el PP en Madrid en otro agravio territorial y, menos aún, desde posiciones favorables a la descentralización o soberanistas. No se puede querer la autonomía fiscal y criticarla cuando creemos que nos perjudica. En Catalunya, se habla demasiado a la ligera de “competencia desleal” y se afirma que si Madrid ha hecho esas políticas es gracias a “una capitalidad que el poder estatal ha hecho centralizadora”, según Jordi Amat, articulista y miembro de la Junta del Cercle d’Economia. En realidad, el poder estatal no ha hecho más que descentralizarse en España y si Madrid ha ganado posiciones como el centro económico que no fue durante el franquismo es porque ha sabido jugar mejor sus cartas como capital europea e iberoamericana. En cambio, Catalunya es hoy comparativamente menos atractiva en buena parte como consecuencia de las políticas nacionalistas hasta el punto que ha perdido la sede fiscal de miles de empresas tras el 1-O.

Mayor coordinación fiscal

La capacidad de subir o bajar tributos propios es parte fundamental del principio de autonomía. Pero la riqueza que se genera en Madrid, principalmente a través de la recaudación del IVA, IRPF e impuesto de sociedades, contribuye como ningún otro territorio a la financiación general. La auténtica disfunción del modelo autonómico no es que haya margen para políticas fiscales diferentes con los impuestos cedidos, aun a riesgo de que algunas comunidades compitan para atraer a los contribuyentes más ricos, sino la foralidad vasca y navarra, que quiebra por la base el principio de solidaridad entre españoles. Ese debería ser el verdadero objeto de la crítica desde Catalunya, excepto que se esté pidiendo una vuelta general al centralismo. Lo coherente sería proponer una mayor coordinación fiscal y el establecimiento de un mínimo federal de armonización en patrimonio, sucesiones y donaciones para solo poder subir los impuestos en lugar de fulminarlos hacia abajo como ahora sucede.

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Es cierto que Madrid se beneficia de la presencia de muchos funcionarios ministeriales y desde hace algunas décadas de un mayor número de altos ejecutivos de empresas con unas bases imponibles medias más altas. Por tanto, puede aplicar un IRPF más bajo sin hundir su recaudación. Pero no está claro que esa bajada de impuestos perjudique de forma relevante los ingresos de las otras comunidades porque el número de contribuyentes muy ricos dispuestos a cambiar de residencia fiscal es pequeño. Finalmente, Madrid tampoco dispone de una financiación autonómica superior, ya que con los datos del 2009 al 2017 se encuentra en torno a la media, al igual que Catalunya. Así pues, el modelo territorial español no es centralista sino de naturaleza federal, aunque se ve erosionado por la existencia de los cupos forales y los intentos de algunas élites territoriales por liquidar la solidaridad y la justicia fiscal. Ahora, tras el fracaso chantajista del 'procés', el nuevo mantra es acusar a Madrid de aprovecharse de su capitalidad y de quererse fugar con el dinero de todos.