En un sector de los tribunales federales de Comodoro Py y en el Gobierno se observa con preocupación el retraso en iniciar juicios orales contra ex funcionarios K que ya fueron elevados a esa instancia, más que la seguidilla de excarcelaciones de procesados sin condena.

El más emblemático de esos retrasos es el caso del supuesto encubrimiento de cinco iraníes en el atentado contra la AMIA que ya tiene más de un año y medio de haber sido pasado a esa instancia superior. El Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) pidió, en febrero pasado, más empleados y computadoras a la Corte para iniciar el juicio, pero siete meses después sugestivamente aún no recibió respuesta.

Incluso el TOF 8 excarceló al ex líder de Quebracho Fernando Esteche advirtiendo que es "materialmente" imposible comenzar con el debate y que tampoco sabe cuándo empezará la causa en que está procesada la ex presidenta Cristina Kirchner y más repercusiones internacionales tendrá.

Fuentes allegadas a la defensa creen que el TOF 8 ya tiene, incluso, redactado los pedidos de testigos y pruebas pero espera una señal de la Corte. Todas las fuentes coinciden que esa señal seguramente llegará después de las elecciones presidenciales del 27 de octubre.

En este sentido, el empresario K y dueño de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, pronosticó la semana pasada que "el juicio por la causa de los Cuadernos no va arrancar nunca y el de la AMIA, tampoco".

Ferreyra apoya su esperanza en que el llamado “Operativo Puf” haga caer Cuadernos, pero el intento ya fracasó, así que ahora hay sutiles jugadas sobre el juicio abierto por la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman y otras causas. No se trata de condenar a nadie pero sí que empiecen los juicios orales y se condene o absuelva según la solidez de las acusaciones, dicen las fuentes.

Esas jugadas repercuten distinto en la Justicia Federal. Algunos jueces, como Rodolfo Canicoba Corral, sostienen: "No me puso nervioso que dijera Alberto Fernández que hay que revisar algunos fallos judiciales. Para nada. Me parece bien". Otros magistrados, en cambio, están preocupados.

El clima de incertidumbre se rompe con algunos chistes, como un par de jueces federales que reciben a sus amigos con una broma: hacen con las manos el saludo de la V peronista y dicen “Vamos, Viendo” quién ganará en las elecciones. Una ironía sobre el panquequismo judicial.

Pero a diferencia de la salida de Carlos Menem del gobierno en 1999, cuando la mayoría de las investigaciones por corrupción estaban aún en el nivel de instrucción y los procesos duraban 16 años en promedio, en 2019 las causas de la Ruta del Dinero K, fraude por Oil, Vialidad y otras están en pleno juicio oral y otras ya en gateras.

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“Ahora los operadores políticos y la opinión pública van a mirar con lupa a los ocho tribunales orales federales”, contó un juez de instrucción de Comodoro Py.

Por algo, si Alberto Fernández gana las elecciones, retiraría los casi 150 pliegos de jueces y fiscales propuestos por Mauricio Macri al Senado, poniendo especial atención en las vacantes en los tribunales federales.

Los tribunales orales que juzgan esos casos, más el TOF 5 que prepara los juicios a la senadora y candidata a vicepresidenta, Cristina Kirchner, y sus hijos por las causas "Los Sauces" y "Hotesur", tienen lugares vacíos.

Esas vacantes, junto con la designación de un Procurador General de la Nación -que es el jefe de los fiscales-, serán clave para el avance de las causas. Si bien circula la versión de que Alberto Fernández propondría al Senado al juez federal Daniel Rafecas para ese cargo clave, en los tribunales federales se afirma que el candidato "hace como el tero, pega el grito por un lado pero pone los huevos en otro", porque “el verdadero candidato sería el miembro de Casación, Alejandro Slokar”.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, uno de los preocupados por aquellos atrasos, relativiza las excarcelaciones. Dijo que las prisiones preventivas "deben ser analizadas caso por caso". Y agregó: "No podemos caer en generalizaciones en las prisiones preventivas porque, además, tienen una revisión de la Cámara de Apelaciones, otra revisión de la Cámara de Casación Penal y, eventualmente, otra de la Corte".

Por su parte, el abogado Ricardo Monner Sans explicó que “la llamada doctrina Irurzun” sirvió en los últimos dos años para evitar que se destruyeran pruebas o compraran testigos.

“Ahora muchas de las excarcelaciones son jurídicamente correctas, sobre todo en la causa de los cuadernos de las coimas porque el caso pasó a juicio oral”, agregó el presidente de la fundación Argentina contra la corrupción.

En cambio Monner Sans, luego del voto de la mayoría de la Corte por las bajas al IVA y Ganancias, sospecha que el máximo tribunal comenzará a recibir recursos de queja para que el juicio por el pacto con Irán y otros no arranquen.

Antes de las PASO, ya la Corte intentó frenar el inicio del juicio oral conocido como causa Vialidad en el que se juzga el direccionamiento de 3 mil millones de dólares en obras a las empresas de Lázaro Báez. Las quejas que provocó esa decisión la llevaron, por ahora, a dar marcha atrás.

El retraso del juicio por el encubrimiento de Irán tiene, entre otros motivos, la resistencia de Cristina a verse sentada en el banquillo de los acusados junto a, por ejemplo, Esteche, el piquetero ultra K Luis D'Elía y el espía inorgánico Alan Bogado, entre otros.

El abogado Tomás Farini Duggan -representante de los familiares de víctimas del ataque terrorista a la AMIA de 1994, Luis Czyzewski y Mario Averbuch- espera desde febrero que la Corte responda los pedidos de apoyo logístico para el TOF 8. El caso fue elevado a juicio oral por el juez Claudio Bonadio el 5 de marzo del 2018, pero su inicio se viene demorando por una u otra razón. Primero por el cambio de dos de los tres jueces del TOF 8 y ahora por “falta de personal” y elementos logísticos.

En febrero pasado, el TOF 8 pidió a la Corte 10 secretarios más para sustanciar un juicio tan amplio y la Corte le iba a aprobar “por lo menos 8” pero la cuestión “logística” quedó estancada dentro del máximo tribunal.

Sin bien se observa esa dilación, en marzo de este año la Corte había confirmado la prisión preventiva y procesamiento por encubrimiento agravado de los iraníes a Cristina, y otros, al rechazar un recurso de queja. La ex presidenta está procesada en esta causa desde el 6 de diciembre de 2017 por el juez federal Bonadio.

El retraso también tiene que ver también con los cambios de jueces. En marzo de este año, el juez federal Daniel Obligado fue designado, por sorteo, para integrar el TOF 8 en reemplazo del fallecido Jorge Tassara. Así el tribunal quedó integrando por Gabriela López Iníguez y José Michilini y Obligado. El 19 de febrero, los jueces confirmados del TOF 8 pidieron mayores recursos a la Corte para poder afrontar el debate. El pedido fue formulado por la jueza López Iñiguez en nombre de todo el tribunal. Reclamó “poder contar con un equipo exclusivo compuesto por tres secretarios de cámara, dos prosecretarios, dos oficiales y tres escribientes auxiliares”.

Por otra parte, hace más de dos años que Bonadio elevó a juicio oral la causa llamada dólar futuro en que están procesados Cristina y el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, entre otros. Tras una serie de apelaciones, recién el 6 de julio de 2018 se conformó la integración del Tribunal Oral Federal 1, que realizará las audiencias orales, con los jueces Adrián Grunberg, José Michilini y Ricardo Basílico. Pero aún no fijaron la fecha de inicio del juicio, que seguramente será en 2020, cuando posiblemente Kicillof ya sea gobernador de Buenos Aires.

En las fuentes consultadas, se cree que en las causas judiciales que soporten las presiones políticas y puedan llegar a juicio oral, si hay pruebas, habrá condenas porque ningún juez se va a “inmolar”. Los militares condenados por delitos de lesa humanidad apostaron a una “esperanza blanca” con la victoria de Mauricio Macri en el 2015, pero “el presidente, ni ningún juez se puso adelante de los militares” para frenar esos juicios.

Ahora hay más de 100 ex funcionarios K procesados y “ningún juez se podrá delante de por ejemplo, Julio De Vido, para evitar que sea condenado”, comentó un magistrado federal con mucha experiencia en la compleja trama de Comodoro Py.