Por: Layda Negrete (@LaydaNegrete)

El sistema de juicios orales aprobado este año, llamado técnicamente sistema acusatorio en materia penal, está tambaleándose. En unas horas sabremos si la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprueba sin reservas un dictamen capaz de paralizar la mitad del corazón de la reforma destinada a modernizar la justicia penal en México. Las propuestas a discusión, todas desarrolladas en secreto y sobre las rodillas de funcionarios de la PGR, giran alrededor de un solo objetivo: mantener el control sobre el proceso penal que guardan las procuradurías hoy.

Son malas noticias para los ciudadanos: la oferta legislativa se resume en corrupción e impunidad, todo lo contrario a lo que prometió Enrique Peña Nieto en su decálogo. De aprobarse las contrarreformas a los juicios orales, las personas que no pertenezcan a las élites políticas o económicas seguirán padeciendo el sistema de justicia que hoy tenemos. Por un lado, se mantendrá el monopolio de la extorsión en las agencias del Ministerio Público y, por otro lado, seguirán vigentes las deficiencias de operación de una policía minúscula en procuradurías –llamada, según el caso, policía judicial, policía ministerial o policía de investigación– que no cuenta con las condiciones organizacionales para investigar con efectividad los delitos violentos que azoran a la población.

Este retorno al pasado o, más bien, la perpetuación del presente, se refleja en los siguientes puntos de la contrarreforma, como el control de las pruebas por el Ministerio Público y la exclusividad de la investigación por policías adscritos a las procuradurías. Existen también otros temas cruciales, como la capacidad que tendrá el sistema para que no se fuguen personas que podrían transitar su proceso penal en libertad. En este artículo desarrollaré el primer asunto de preocupación, el del control de las pruebas por el Ministerio Público.

Dios te agarre confesado en una agencia del MP o el control de las pruebas por tu propio acusador

La contrarreforma a los juicios orales propone que el Ministerio Público (MP) pueda, al inicio del proceso, decidir cuáles pruebas de la defensa admitir o no. Lo leyó usted bien. El MP, quien es el acusador y la contraparte de la defensa, sería el encargado de decidir si admite o no la prueba de su contrario en la audiencia inicial. Esta propuesta es lo que parece: la posibilidad de que el Ministerio Público sea juez y parte se refleja en las propuestas de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 314, 315 y 320.

La idea de tener un Ministerio Público que controla las pruebas al inicio del proceso sin supervisión ni contrapeso externo ha confirmado ser el método idóneo para que la corrupción aflore. Es el sistema actual en la mayoría de los estados. Al día de hoy, el Ministerio Público tiene toda la libertad de construir y editar, a su gusto, la averiguación previa –documento que plasma la investigación. Dado este poder sin supervisión, el querido maestro Germán Dehesa denominaba al MP el “misterio” público. El término sigue siendo atinado: las oficinas de la procuraduría que hemos conocido con el nombre de delegaciones, separos, agencias, o MPs y que hoy se desgastan en parirse nominalmente como fiscalías son cajas negras. Los funcionarios de la PGR y de las PGJs de los estados operan a la sombra de la ley, construyen una acusación secreta y, simultáneamente, recolectan “rentas” de acusados y víctimas para que la averiguación previa sostenga tal o cual cosa. Este fenómeno de corrupción endémica se da gracias a un espacio de actuación que carece de contrapesos. El “misterio” del que hablaba Dehesa subsiste para el ciudadano que no entiende los resultados tan pobres de nuestra justicia, pero el secreto ha sido revelado a usuarios del sistema y a abogados litigantes, quienes son víctimas o testigos cotidianos de la extorsión legalizada de las procuradurías.

La propuesta de un sistema acusatorio o de juicios orales pretendía atacar el fenómeno que acabo de describir. El remedio propuesto era mandar al MP o fiscales, junto con el acusado y su defensa, a una audiencia pública de cara a los ciudadanos. En esta audiencia, un verdadero juez controlaría las pruebas al inicio del proceso, eliminando así el monopolio de la extorsión que prevalece. Son estas aspiraciones las que están a punto de ser aplastadas, de aprobarse la contrarreforma: la aspiración de iluminar lo que antes sucedía en la oscuridad de las procuradurías y la aspiración de sujetar a controles y contrapesos a nuestros agentes del MP.

¿Seguirán funcionando las oficinas del Ministerio Público como puertas giratorias, donde escapa el culpable y se acusa al pobre despistado? Probablemente. Hoy, poco tienen que ver los “méritos de la investigación” con las decisiones de iniciar un proceso penal. Explicado por la opacidad en la que se mantienen las procuradurías, la acusación –llamada consignación– está en venta. Así la capacidad económica de un individuo o su posición política son mejores predictores del resultado del proceso que el mérito de la investigación penal. Es por esto que la discusión que se dé en la Comisión legislativa es delicada. La capacidad misma del sistema penal para investigar y acusar con justicia está en juego.

¿Habrá final feliz?

No habrá final feliz si los ciudadanos curiosos, estudiosos o preocupados por la justicia no nos movilizamos en cuestión de segundos, hoy. No habrá final feliz si la Comisión de Justicia decide aprobar fastrack las contrarreformas. Es urgente que la discusión de estas modificaciones se aplacen para el próximo periodo de sesiones. México Evalúa, como otras organizaciones de la sociedad civil, al lado de académicos y abogados experimentados que fuimos originalmente convocados a la discusión del Código y que duró más de un año, iremos este lunes a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados a apelar a su sentido de responsabilidad. Su sesión inicia a las 10:30 de la mañana: los interesados que permanezcan en la ciudad y que quieran acudir, nos reuniremos en la Puerta 1 del Congreso a las 9:30. El derecho de audiencia de los ciudadanos en la discusión del destino de nuestro sistema de justicia penal es lo que pedimos como mínimo. Este derecho sólo puede ejercerse si los diputados convocan formalmente a audiencias públicas fuera del periodo de frenesí Guadalupe-Reyes. Esa será nuestra petición. Pedimos sólo eso: tiempo y espacio para una discusión democrática donde los representantes de la PGR se den la oportunidad de probar que estamos equivocados.

* Layda Negrete es Investigadora Asociada de México Evalúa (@mexevalua) y co-realizadora de Presunto Culpable.