Un informe sobre el desempeño del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) presentado este lunes por la Fiscalía General de la Nación concluyó que en 2019 los fiscales lograron un promedio mensual de imputaciones que es 29% superior al que lograron los jueces en 2017, cuando regía el proceso penal anterior y eran los magistrados quienes llevaban adelante las investigaciones.

De acuerdo al estudio –"Desempeño del sistema penal uruguayo: balance a dos años de la implementación del CPP"–, disponible online, la Justicia hoy es más efectiva que dos años atrás.

"Entre febrero y octubre de 2017 se habían alcanzado un promedio de 1.063 procesamientos por mes, mientras que en igual período de 2019 se lograron 1.373 imputaciones, es decir, un 29% más. Se trata de un incremento muy significativo si se tiene presente que la cantidad de recursos policiales, fiscales y judiciales se mantuvo prácticamente incambiada", dice el informe.

En conferencia de prensa, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, celebró este resultado. "Estos son números de la Fiscalía General de la Nación, algunos chequeados por otras instituciones, pero son el logro del trabajo de mujeres y hombres a lo largo y ancho de todo el país. No son número del fiscal de Corte", resaltó el jerarca, que agregó que hacían referencia a "los mismos fiscales y policías cuestionados por algunas de sus decisiones".

"Creo que es bueno resaltarlo y que empecemos a reconocer el trabajo de estos servidores públicos", añadió.

El informe también destaca que en octubre de este año se dio el récord de imputaciones, al haberse alcanzado 1.622 denuncias con al menos un imputado.

Por otra parte, el estudio señala que, si se discrimina por tipo de delitos, "la comparación es aún más favorable al CPP".

"Entre febrero y octubre de 2019 se lograron 61,7% más imputaciones por denuncias de rapiña que en igual período de 2017. Mientras que las imputaciones en el marco de denuncias de hurto aumentaron un 35,6% en 2019 respecto al primer trimestre de 2017.

También ha disminuido la cantidad de resoluciones mediante "vías alternativas" que permite el nuevo sistema, como la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios entre víctimas y victimarios. Esas vías no convencionales pasaron de un 25,8% del total de resolución de casos que había en los primeros seis meses de funcionamiento del nuevo proceso –que comenzó a regir en noviembre de 2017–, al actual 15,5%.

Respecto a los juicios orales, el "mecanismo previsto para resolver las investigaciones más complejas", el informe indica que también han aumentado, y que su evolución "está en línea con experiencias internacionales exitosas".

"En el último semestre analizado (mayo a octubre de 2019) se utilizó en el 3,6% de las denuncias con investigación concluida. Esto es, un porcentaje levemente superior al que había alcanzado Chile nueve años después de iniciada su reforma procesal", dice el documento.

"Creo que podemos decir con orgullo que nuestra institución rinde cuentas, que lo hace públicamente, que publica sus números y que responden toda vez que hemos sido convocados a rendir cuentas sobre las actuaciones", concluyó Jorge Díaz.