El grupo del PP en el Congreso ha presentado esta mañana una proposición de ley orgánica para modificar el Código Penal y convertir en delito castigado con penas de hasta cinco años la organización de un referéndum ilegal. Los populares no ocultan en la exposición de motivos que la iniciativa obedece a lo ocurrido el 1 de octubre del año pasado en Catalunya cuando el entonces presidente Carles Puigdemont impulsó una consulta independentista.

En la exposición de motivos de la propuesta del PP se recuerda que en el año 2003 se reformó la ley penal y se empezó a castigar “con penas de tres a cinco años de prisión e inhabilitación a la autoridad que convocara procesos electorales o consultas populares por vía de referéndum careciendo de competencias para ello”. Además, con esa reforma se penalizaba también a quienes facilitaran la celebración de las consultas y a los funcionarios que trasfirieran fondos a partidos disueltos o suspendidos.

Sin embargo, “con posterioridad, el legislador consideró oportuno despenalizarlas”, añade el texto. Los populares proponen recuperar estos delitos para adaptarlo así “con rigor a los acontecimientos sociales que supongan un reto o amenaza a los principios básicos de convivencia social” y porque “transcurridos más de diez años desde dicha despenalización, los acontecimientos recientes de la historia de España demuestran que la normativa actual es insuficiente”.

La propuesta pasa por incluir tres nuevo delitos. El primero, castigado con pena de tres a cinco años, lo cometería la autoridad o funcionario que convoque elecciones y consultas sin tener competencia para ello. La comisión de este delito también comportará pena de inhabilitación. El segundo lo cometerían las autoridades y funcionarios que “facilitan” esas elecciones o consultas ilegales y conllevaría una pena de uno a tres años.

Por último, las personas que participasen como interventores o facilitasen y promoviesen esos procesos una vez ya declarados ilegales serían castigados con una pena de prisión de seis meses a un año o una multa de 12 a 24 meses.