El Reporte de Emergencia Humanitaria Compleja sobre el Derecho a la Educación en Aragua refiere, además, que en 75 % de los planteles oficiales se han reportado amenazas, asaltos y agresiones físicas y verbales a los docentes, además de daños a los vehículos del personal por parte de los estudiantes en los que tienen influencia estos grupos delictivos.

Maracay. Las escuelas de Aragua trabajan en ambientes inseguros: 90 % ha sido objeto de robos y atracos al personal. Desde las cárceles, grupos de reclusos ejercen control en 50 % de los planteles de los principales municipios del estado.

«Es público y notorio -señala el reporte de Emergencia Humanitaria Compleja sobre el Derecho a la Educación en Aragua, noviembre 2018- la presencia en estas prácticas del denominado ‘Tren de Aragua’, conformado por reclusos de alta peligrosidad. Este control abarca protección y seguridad, injerencias en el Plan de Alimentación Escolar, intervención en la designación y remoción de cargos directivos, cargos docentes, administrativos y obreros, y microtráfico de drogas en las escuelas con participación de estudiantes. Como consecuencia, en 75% de los planteles oficiales se han reportado amenazas, asaltos y agresiones físicas y verbales a los docentes, además de daños a los vehículos del personal por parte de los estudiantes en los que tienen influencia estos grupos. De hecho, al menos 50 % de las solicitudes de traslado de docentes obedece a la inseguridad, lo que agrava la falta de personal para impartir materias del programa escolar debido a que muchos renuncian por los bajos sueldos y la ausencia de transporte público».

«La violencia escolar en Aragua se ha incrementado por causa de la discriminación y la intolerancia a la diversidad, debido a la ausencia de programas de capacitación y convivencia». Estas son algunas de las conclusiones recogidas en el reporte y que, a decir de Liliana Peña, de Padres Organizados de Venezuela, son sumamente graves y deberían prender las alarmas de todos los ciudadanos y de los organismos nacionales competentes para que tomen acciones correctivas de la situación.

“En una institución del Municipio Girardot un estudiante de educación media general fue víctima de discriminación, siendo quemado por sus compañeros de clase debido a su orientación sexual. Fue rociado con gasolina y, posteriormente, prendido en fuego. Otro caso de acoso fue reportado en una institución en el Municipio Santiago Mariño, donde dos estudiantes, presuntamente, colocaron veneno para ratas en el desayuno de una compañera en represalia por sus altas calificaciones. En esta misma Unidad Educativa también se evidenció la demostración de intolerancia y acoso hacia una docente que fue víctima de envenenamiento por parte de una estudiante, quien, presuntamente, colocó veneno de rata en su café por no haber aprobado en su materia”. Estas son algunas de las historias de violencia que se viven a diario en las escuelas de Aragua y que se muestran en el reporte.

Al tema de la violencia en los planteles educativos de Aragua se suma el hambre y la falta de comida que padecen estudiantes de la región.

“Cerca de 65 % de los estudiantes de Aragua no están en condiciones de lograr las competencias esperadas debido a desmayos o desconcentración por falta de alimentación… Su capacidad de concentración está severamente disminuida. En muchas ocasiones, para intentar que permanezcan, al menos, dos horas en el aula, los docentes les proveen alimentos que estén a su alcance. Según testimonios de alumnos, muchos están atentos del día que llega el programa de alimentación para asistir y comer en la institución. El programa de alimentación escolar presenta graves fallas. Los estudiantes no reciben los alimentos regularmente, llegan en pocas cantidades y las comidas no son balanceadas. Usualmente se sirve solo arroz y granos. Esto, lejos de ser una solución, se ha convertido en uno de los motivos de la deserción escolar, que ronda el 65 % en Aragua”.

Las cifras forman parte del más reciente reporte sobre la Emergencia Humanitaria Compleja en el Derecho a la Educación, noviembre 2018, elaborado por Asamblea de Educación, Camino Democrático, Centro de formación para la democracia, EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación, Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes – Anzoátegui, Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes – Zulia, Fundación REDES – Táchira, Padres Organizados de Venezuela, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza del estado Anzoátegui, Veedores de la Educación – Aragua y Civilis Derechos Humanos, en el que se señala que mientras la desnutrición en estudiantes se agudiza, el Programa de Alimentación Escolar solo llega dos veces a la semana y sus provisiones son irregulares, insuficientes, de mala calidad y de bajo contenido calórico.

Liliana Peña, miembro de Padres Organizados de Venezuela, explica que este informe fue elaborado en al menos seis estados piloto de Venezuela, entre ellos Carabobo y Aragua, y que en él participaron docentes activos, directivos, padres, representantes y comunidades educativas de por los menos nueve de los 18 municipios de la región aragüeña.

A este riesgoso panorama para el sistema educativo nacional y su futuro, se suma que 60 % de los estudiantes de Aragua no asiste regularmente y 70 % desertó por falta de transporte, necesidad de trabajar, buscar alimentos y el embarazo precoz. El cierre de escuelas de Aragua por severo deterioro físico y la fusión de escuelas en “complejos educativos” han traído hacinamiento, peor alimentación e inaccesibilidad geográfica. La reinauguración de viejas estructuras escolares con nuevos nombres, nóminas y gastos, sin eliminar los gastos y las nóminas de las anteriores escuelas también forma parte de la realidad educativa que fue recogida en este detallado informe.

La creciente modalidad de los “complejos educativos” obedece, en realidad, al cierre técnico de escuelas por el severo deterioro de la infraestructura de las plantas físicas. Estudiantes y personal docente son reubicados en otras instituciones educativas en funcionamiento, lo que trae como consecuencia hacinamiento dentro de los planteles, empeoramiento del acceso al programa de alimentación escolar, de por sí insuficiente, y aumento de las dificultades de traslado por la carencia de transporte público.

En el reporte, también se hace mención a la disminución en 70 % del programa académico y su sustitución por contenido político partidista, obligando a los estudiantes a asistir a actividades proselitistas en horario escolar.

La mayoría de las escuelas de Aragua no tiene presupuesto para mantener la higiene, iluminación y ventilación, por lo que los docentes y representantes asumen los costos y las tareas de limpieza y reparación. Ello ha ocasionado un repunte de enfermedades endémicas por falta de agua potable en 80 % de las escuelas de Aragua, mientras que en 70 % de las escuelas oficiales no funcionan los planes de salud para los estudiantes. Además, 40 % de los estudiantes reciben clases sentados en el piso por la falta de pupitres y 95 % de la infraestructura escolar presenta un severo grado de deterioro.

En las escuelas públicas de Aragua se eliminaron los concursos de credenciales, los docentes están en precarias condiciones económicas y deben tener “carnet de la Patria” para recibir exiguos beneficios. La ley del ejercicio de la profesión docente es completamente ignorada en todos los planteles educativos oficiales de Aragua. Los cargos docentes y directivos no son asignados por concurso sino por criterio político, sin que se tomen en cuenta las competencias requeridas para el ejercicio de la enseñanza. Si algún docente se niega ir a actos políticos, es víctima de acoso laboral. La adhesión política limita el reclamo de los docentes por las condiciones y fallas que presentan las instituciones educativas. Debido al sueldo ínfimo de los docentes, estos se ven obligados a realizar otras actividades económicas, lo cual origina renuncias, inasistencia y desmotivación para desempeñar sus labores.

«El propósito de este estudio -explica Peña- es vencer la opacidad oficial y demostrar fehacientemente que existe en nuestro estado una emergencia humanitaria compleja en educación, que el Estado Venezolano perdió el control de la situación, que hay un quiebre en sus capacidades que no le permiten resolver, sin apoyo de otros sectores, la situación de emergencia por la que estamos pasando y visibilizar los daños que se han producido a los actores de la educación, lo que sin duda alguna constituye una violación flagrante y masiva al derecho humano a la educación en todos sus atributos».

Fotos: Gregoria Díaz