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Por los rincones del maremágnum que estamos atravesando, el más emocionante que muchos recuerdan, circulan noticias que jamás conquistan las portadas pero marcan tendencia, o incluso pueden ocultar bombas de relojería.

La cifra, 153.322 euros, no destaca. Está rodeada de unos telediarios que ya no informan de las apropiaciones indebidas cometidas por políticos del PP que no superen el millón de euros, pues el espectador podría cambiar de canal para no sentir la tentación de pensar que le debe al corrupto el favor de que esa vez no haya robado más, pudiendo hacerlo.

Pero como es probable que muy pocos sepan su origen, informar conviene. Podría proliferar el ejemplo y, con ello, su importe multiplicarse por diez, o por cien, y siempre en beneficio de la sociedad y para castigo de los ladrones. Porque me suena que nunca en este país un dinero para todos ha nacido de una decisión tan especial como en esta ocasión.

La noticia viene de Mallorca. Allí, en noviembre de 2015 y por iniciativa de los grupos parlamentarios de Més per Menorca y Més per Mallorca, el parlamento de Baleares aprobó una Proposición no de Ley sobre la financiación ilegal de la campaña electoral del PP en 2007. Se trataba de reclamar la devolución de subvenciones públicas electorales por importe de 153.322.- € porque, una vez conocidos los hechos tras las sentencias judiciales y la correspondiente resolución de la Sindicatura de Cuentas, ese importe fue pagado al PP en exceso, al haberse calculado con información que había sido falseada por los responsables del partido de Rajoy.

Para aplicar esa resolución parlamentaria, el pasado 21 de abril el gobierno balear inició la revisión de oficio del acto administrativo que aprobó la subvención citada de 2007. Aunque existe la prescripción penal, no es lo mismo para las decisiones administrativas. Además, y como también hay sentencia condenatoria con la financiación ilegal, se ha iniciado la revisión de las cuentas electorales del PP correspondientes a las elecciones de 2003, por lo que no se descarta que se ordene la petición de nuevas devoluciones.

En estas circunstancias, el PP tiene, a mi entender, tres soluciones.

La primera sería la de recurrir a los tribunales, que si no iniciaran sería una de las primeras señales de bandera blanca y desbandada, algo que terminará ocurriendo. Además de atacar el fondo del asunto buscarán algún error material o en el procedimiento. Pero lo que sí conseguirán es un nuevo incremento del gasto público aunque, al menos esta vez, no podrán meter en la caja su mano más oculta.

La segunda solución sería devolver de “motu propio” el dinero, aunque sea vendiendo parte del patrimonio de dudosa legalidad que han acumulado, o sacándolo de las cuentas bancarias de Suiza, que dicen que son de Bárcenas.

La tercera sería negarse a pagar pero, en este caso, el gobierno de Balears podría, supongo, retenerlo de futuras subvenciones, también electorales. No pagarán, quizás esperando una “vuelta de la tortilla” que les favorezca, para “indultarse” a sí mismos en el futuro.

Esta decisión implica un cambio importante para un PSOE que, por sí solo, nunca se hubiera atrevido a tomar esta medida por muchas condenas que recibiera el PP. Pero los socialistas, para gobernar en el archipiélago, necesitan el apoyo de Unidos Podemos y de Mes.

Por tanto, una primera conclusión que podemos sacar es la bondad de los pactos de gobierno en la lucha contra la corrupción. Lo que dos ojos son capaces de no ver brilla sin deslumbrar cuando son cuatro, seis o más los que están mirando.

Por otra parte, la difusión de noticias como esta es muy importante. A pesar de que la corrupción a gran escala ha acompañado y falsificado la democracia en España desde su regreso a finales de los 70, han sido muy pocas las ocasiones en las que los medios se han atrevido a poner en cuestión la legitimidad de los gobiernos constituidos tras los sucesivos procesos electorales. Ahora comienzan algunos, como el titulado “La legalidad de 16 procesos electorales, en cuestión por las ‘cajas B’ del PP”, de Paula Díaz. En este sentido, justo es reconocer que el trabajo de los historiadores Tardío y Villa arrojando sombras de duda sobre las elecciones de febrero del 36 puede haber estimulado la preocupación de muchos sobre indiscutibles delitos electorales masivos y actuales que los jueces van sentenciando, una oportunidad para la ley que los golpistas de aquel año abortaron, como tantas otras cosas, y millones de alegrías.

El nuevo papel de la Justicia es decisivo pues, de hecho, sin sentencias condenatorias previas los poderes legislativo y ejecutivo no podrían actuar con fundamento, dentro de sus competencias. Precisamente en Mallorca aún se recuerda la irrisoria condena a Jaume Font, cabeza de lista de los “populares” en Sa Pobla. Convicto y confeso de haber falsificado los votos en unas elecciones municipales en los años 80, solo fue inhabilitado para cargo público durante seis meses. Hoy es líder de un partido regionalista de derechas, al abandonar el PP por discrepancias internas tras más de 20 años en sus filas, después de aquella “condena”.

Y, a pesar de que no hay ley para castigar lo suficiente el delito de robar gobiernos mediante artimañas electorales, resulta evidente que recuperar el dinero legal que los tramposos hayan recibido de más resulta una acción política muy eficaz para debilitarlos.