Es como un Canalejas en pequeñito, pero con el añadido de que, al más puro estilo de David contra Goliat, esta trama ha supuesto ya la imputación de cuatro altos cargos de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, ante la evidencia de un delito de prevaricación cuando Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella estaban al frente del consistorio.

Se trata del edificio ubicado en el número 13 de la calle Juan de Mena, a pocos metros del Palacio de Cibeles, un codiciado inmueble cuyas obras han sido declaradas ilegales por el consistorio ahora en manos de Manuela Carmena.

Según un escrito del pasado 16 de junio, al que ha tenido acceso este medio, el Ayuntamiento considera que "las obras han sido finalizadas sin ajustarse a la licencia concedida" y emplaza a los responsables a que "procedan, en el plazo de dos meses, a ajustarse a los términos de la licencia".

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. (EFE)

Además, les advierte de que si no logran legalizar su proyecto, deberán demoler el inmueble, restablecer los elementos protegidos y enfrentarse a la "incoación del oportuno expediente sancionador", un pronunciamiento que alimenta el conflicto judicial en el que ya está inmerso el edificio.

A pesar de este duro escrito, firmado por el jefe del Servicio de Disciplina Urbanística, fuentes conocedoras aseguran que su posible ejecución está en el aire, ya que en paralelo a este procedimiento se habían iniciado conversaciones en el seno de la CIPPHAN (Comisión de Patrimonio Histórico Artístico), para elaborar un informe que permita sacar adelante una modificación de la licencia que permita autorizar esta obra.

Indicios de prevaricación

Como adelantó este medio, el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid admitió a trámite, la pasada primavera, una querella presentada por la promotora Invergrand 2000, cuya filial, Parques y Edificiaciones Artal, era la anterior propietaria de Juan de Mena 13, contra cuatro ex altos cargos de Urbanismo.

El Ayuntamiento advierte de que si no legalizan su proyecto, deberán demoler el inmueble y enfrentarse a la incoación de un expediente sancionador

Artal acusa al anterior equipo de prevaricación, tras haberle paralizado su obra del edificio, cuando estaba ejecutada al 70%, y de haber mantenido la situación de bloqueo, a pesar de varios informes a su favor, hasta que la promotora fue a la quiebra y el edificio, embargado por la banca.

Frente a esta rigidez, la compañía denuncia que la anterior corporación apenas tardó nueve meses en dar luz verde a Blig 13-13, sociedad creada 'ad hoc' por José Ignacio Comenge, una de las mayores y más discretas fortunas de España, que adquirió el edificio a la banca poco después de ser embargado.

Tras el cambio de Gobierno al frente del Palacio de Cibeles, y la profunda remodelación que ha habido en la primera fila directiva de Urbanismo, los pronunciamientos del consistorio han empezado a ser opuestos a los intereses de Blig 13-13, a quien el pasado abril se le negó la licencia de primera ocupación ante el rosario de irregularidades detectadas.

Un juez ha imputado a cuatro altos cargos de Urbanismo de las épocas de Botella y Gallardón.

Justo un mes después de que el equipo de Carmena tomara esta decisión, fue cuando la Justicia imputó a los cuatro ex altos cargos, y ahora la situación vuelve a complicarse al declarar que las obras no se ajustan a la normativa.

No obstante, contra el pronunciamiento de Disciplina Urbanística cabe la posibilidad de presentar recurso, algo que, según fuentes consultadas, ya ha sido llevado a cabo por parte de Blig 13-13.

Callejón sin salida

Unas conversaciones que, sin embargo, se mueven en el filo de la navaja, ya que esta sociedad continuó el proyecto sobre la estructura que ya había ejecutado Artal y, por tanto, cualquier pronunciamiento en favor de ellas supondría reconocer la prevaricación del anterior equipo.

Desde el consistorio se recuerda que, como regla general, y debido al rosario de casos judicializados que ha heredado, su línea de actuación se basa en esperar a conocer las resoluciones de los tribunales.

Además, como ha ocurrido en Canalejas, en esta ocasión el consistorio también se enfrenta a la destrucción de patrimonio protegido, lo que puede derivar en una sanción, "pero eso no significa legalizar", puntualizan desde el consistorio.