El pasado 20 diciembre los españoles votamos por las diversas opciones que nos ofrecían los partidos políticos en liza. El Partido Popular y la derecha invitaban a mantener políticas de austeridad y obediencia a las directrices marcadas por Alemania y la Comisión Europea. Las alternativas de izquierdas proponían conciliar las directrices de la Troika con medidas sociales,(Partido Socialista), o demostrar que otras políticas económicas son posibles (Podemos).

A la vista de las posiciones adoptadas por el Partido Socialista, Ciudadanos y obviamente el Partido Popular, parece que la puesta en marcha de políticas concretas que solucionen o amortigüen los problemas de los españoles, es una cuestión secundaria. El conflicto catalán se ha interferido en las conversaciones trazando una línea roja, más propia de una vieja política de confrontación que de una sociedad democrática consolidada y pluralista que tiene asumidos unos valores comunes.

A la vista de la posición del Partido Socialista sobre un posible referéndum en Cataluña, algunos tenemos la sensación de que está traicionando la voluntad de sus electores, utilizando argumentos que no vienen a cuento, ante las urgencias sociales y la sangría humana que están originando los recortes en los derechos económicos, sociales y culturales de una gran parte de los ciudadanos españoles.

Parece nefasta la costumbre de embarullarlo todo sacando conclusiones equivocadas, salvo que sea para engañar una vez más a los electores y justificar la imposibilidad de llegar a acuerdos que construyan políticas sociales dejando en manos de la derecha, las políticas económicas cuyos resultados ya hemos experimentado.

Es recomendable no colocar en el mismo plano temas de naturaleza muy distinta. La cuestión catalana viene de lejos y por tanto nada tiene que ver con lo que se debatió y se votó el día 20 de diciembre. Para abordarla, no tiene sentido remontarse a períodos históricos que pudieran tener algún interés para los estudiosos y académicos, me parece más interesante situarnos en tiempos cercanos que todavía basculan sobre la política española.

El conocido como Pacto de San Sebastián del año 1929, acordó traer de nuevo la República a España. Una república liberal que alumbró una Constitución ejemplar, avanzada para los tiempos en que se redactó y precursora del constitucionalismo que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Para los no avisados conviene recordar que concluye con un apartado, en el que los futuros gobernantes se comprometen a tener en cuenta la especificidad de Cataluña.

Durante la República se tuvo que hacer frente a un intento de secesión unilateral que fue castigada con arreglo a la legalidad vigente, restableciéndose la normalidad institucional que contemplaba también un estatuto especial para el País Vasco, que se promulgó en plena guerra civil y otro para Galicia que no fue posible terminar antes de que los que defendían la legalidad democrática, fuesen derrotados por los militares golpistas.

Muchos ignoran que, en plena dictadura, en el año 1962, el denominado Movimiento Democrático Europeo, reunió en Munich a 118 políticos españoles del interior y del exilio, algunos tan inequívocamente demócratas como conservadores: Joaquín Satrústegui o Iñigo Cavero. El régimen reaccionó histéricamente acuñando el famoso anatema del "contubernio de Munich". Sin embargo no se atrevió a encarcelar a los que regresaron a España, limitándose a desterrarles a las Islas Canarias. Una vez más, los reunidos reconocieron las peculiaridades de Cataluña.

Ninguna Constitución española precedente, había proclamado en sus textos, esa especie de sagrada unidad e integridad territorial, salvo en la fórmula de juramento que Fernando VII exigía a los altos cargos de la Nación.

El régimen dictatorial, fiel a sus postulados, proclama, según los inmutables Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, la unidad entre los hombres (las mujeres quedan fuera) y las tierras de España. La integridad de la patria y su independencia, son exigencias supremas de la comunidad nacional. Los ejércitos de España deberán poseer la fortaleza necesaria para mejor servicio a estos principios.

La cuestión catalana incide de nuevo en la redacción de la Constitución vigente de 1978 que alude, por primera vez en un texto político democrático, a la indisoluble unidad de la nación española, como patria común e indivisible de todos los españoles aunque reconoce la existencia de nacionalidades. Encomienda a las Fuerzas Armadas la defensa de la integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Esta mística unionista, anclada en pasadas glorias, llevó a José Calvo Sotelo a pronunciar una frase antológica: "Prefiero una España roja a una España rota". Semejante contradicción ideológica, fue adoptada por la fraseología del régimen dictatorial. La expresión romper España, por tanto debe ser utilizada con una cierta cautela si no se quiere rememora las lacras de un pasado antidemocrático.

Me parece intolerable subordinar las urgencias del presente como el creciente desempleo, la precariedad en el trabajo, el desmoronamiento del sistema de pensiones, la instauración de un sistema educativo en el que primero los valores ciudadanos y cívicos o el mantenimiento de una sanidad universal, poniendo como escudo la infranqueable línea roja de la inexistente exigencia de que se celebre un referéndum en Cataluña.

La Presidenta de Andalucía debe cuidar su lenguaje para no caer en la misma terminología de los franquistas ortodoxos. Ni España se rompe ni el referéndum catalán es una perentoria necesidad o como diría nuestro actual Presidente en funciones, una ocurrencia de Podemos.

Si tan seguros están los socialistas de que solo Podemos exige este referéndum, que hagan un sondeo entre sus militantes en Cataluña para comprobar si no es abrumadoramente mayoritario el sentimiento de los catalanes de todas las tendencias políticas y de los sectores más equilibrados y sensatos intelectualmente, los que reclaman, algo tan elemental, como el derecho a decidir.

Por favor, vuelvan a la realidad, cumplan con sus promesas electorales, recobren la sensatez y planteen políticas sociales, sin esgrimir la coartada del equilibrio presupuestario. Fuimos muchos los que nos opusimos a la modificación subrepticia del artículo 135 de la Constitución realizada bajo la presión insoportable de los mercados. Alemania en numerosas ocasiones ha demostrado que no es un dogma intocable. Grecia y Portugal y ahora Renzi en Italia, se han rebelado contra la dirección de la política económica por el Banco Central y el sistema financiero alemán. El principio de solidaridad que impone el artículo 2 de la Constitución y el texto del artículo 135, permiten y yo diría que incluso obligan a superar el déficit en casos de recesión económica o situaciones de emergencia extraordinarias.

Es perfectamente posible como se ha demostrado en Portugal, subir el salario mínimo y las pensiones, sin caer en el sarcasmo del actual Gobierno en funciones que ha decidido una subida de un 1% en el salario mínimo y un 0,25 % en las pensiones.

Pónganse a trabajar antes de que nos veamos abocados a nuevas elecciones. Los cálculos pueden resultar fallidos. Todos los partidos políticos, deben pensar que, como dice la letra de una canción, nunca duró una flor dos primaveras.