CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No hay economía, ahorro o medida de austeridad que compense o justifique que la salud, la integridad o la vida de las personas se ponga en riesgo o se comprometa innecesariamente”, sostuvo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

En medio del debate público sobre la reducción presupuestal al sector salud, tal como lo denunció Germán Martínez Cázares al renunciar a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el ombudsman recordó que es responsabilidad del Estado “hacer vigentes y garantizar el ejercicio de derechos humanos”.

En ese sentido, puntualizó que los Estados, sin menoscabo de las medidas que adopten para propiciar el mejor y más efectivo manejo de los recursos públicos, “deben asignar al máximo de sus capacidades los recursos necesarios para que los derechos humanos sean vigentes, obligación que subsiste aún frente a recortes presupuestales”.

En su discurso inaugural en el Foro Internacional Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, que se lleva a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, puntualizó:

“Hay rubros en los que la asignación de recursos públicos no puede sólo depender de cálculos presupuestales o decisiones administrativas de carácter programático, como lo son los servicios de salud pública, donde la falta de recursos económicos, materiales o de personal debidamente calificado, implica la diferencia entre la salud o la enfermedad de las personas, e inclusive en casos graves o urgentes, entre su vida o su muerte”.

El ombudsman consideró que, puesto sobre la mesa el debate, es momento ideal para “incorporar una perspectiva de derechos humanos en la materialización del Plan Nacional de Desarrollo y en la agenda pública de los tres órdenes de gobierno para que nadie se quede atrás, y las y los mexicanos puedan hacer vigentes por igual sus derechos”.

En la inauguración del Foro, González Pérez resaltó que la pobreza, el hambre, la corrupción y la vulneración sistemática de los derechos humanos “son obstáculos al desarrollo sostenible y no pueden permitirse si se desea alcanzar un nivel de vida digno para todas las personas”.

Resaltó que en el mundo hay 780 millones de personas en el umbral de la pobreza, de los cuales, hasta 2016, a México le correspondían 53.4 millones de personas pobres y 9 millones en pobreza extrema, además de que 40.6% de la población reporta al menos tres carencias sociales, siendo la seguridad social la más recurrente, con 80.1%.

En la inauguración del evento estuvieron presentes el gobernador Rutilio Escandón Cárdenas; el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Natarén Nandayapa, así como autoridades estatales y municipales, representantes de los poderes Legislativo y Judicial locales y los titulares de los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) de las entidades federativas, así como ombudspersons de Centroamérica y representantes de organismos internacionales.