Mientras define los ajustes para las facturas de luz que regirán desde febrero, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, anotó el primer éxito importante para la administración de Macri en su sector: Un joint venture de las mexicanas ICA y CFE, junto a la española Acciona, invertirán 3.000 millones de dólares en plantas generadoras de electricidad.

La inversión, una de los más importantes de lo que va del gobierno de Macri fue parte de las más de 100 “manifestaciones de interés” para encarar obras de ampliación en el sector eléctrico que consiguió el ministro.

Encuadrados dentro del nuevo “régimen de iniciativa privada de energía eléctrica” que Aranguren había lanzado a mediados de noviembre, los anteproyectos de obras en juego implicarían a mediano plazo la concreción de un paquete de inversiones del orden de los 10.000 millones de dólares.

Dentro de las iniciativas que recibió el Gobierno sobresale el proyecto impulsado por un grupo privado-estatal de empresas mexicanas y españolas que cuentan con el apoyo de las distribuidoras eléctricas de Córdoba (EPEC) y Entre Ríos (Enersa) y que prevé invertir alrededor de 3.000 millones de dólares en dos usinas térmicas y una planta regasificadora para importar gas por barco.

La inversión de las mexicanas ICA y la estatal CFE, junto a la española Acciona, representa una de las inversiones más importantes que consiguió la administración Macri.

Se trata del consorcio integrado por las aztecas Advance Corp. (una empresa constructora y de ingeniería energética del poderoso grupo ICA de Davis Martínez), la gasífera Enagás, CFEnergía (el brazo internacional de la estatal Comisión Federal de Electricidad) y el grupo constructor español Acciona.

El proyecto en juego contempla la construcción de dos centrales térmicas General Electric (GE) de 840 MW de potencia cada una en Córdoba y Paraná y la instalación de una terminal portuaria de operaciones “ship-to-ship” en el Paraná de las Palmas con una capacidad de regasificación de 17 millones de metros cúbicos diarios de gas natural para abastecer a las usinas.

Jaime Hernández, presidente de la estatal Comisión Federal de Electricidad de México.

Las otras ofertas

Si bien el anuncio de ICA-CFE junto a Acciona fue el más impactante, hubo otras ofertas de inversión importantes:

-Aracaria y SPI Energy: Presentaron un “paquete” de siete proyectos. Uno de ellos es para instalar una usina de ciclo combinado de 610 MW en Montecristo (Córdoba) y otra similar en Paraná. En Campana, propuso llevar adelante una iniciativa de cogeneración con la petrolera Axión de 162 MW, mientras que San Pedro y Zárate prevé cerrar los ciclos combinados y ampliar la capacidad de generación de las usinas térmicas que tiene actualmente en construcción y que entrarán en servicio a fines de 2017. A eso se agregan otras dos propuestas de generación para Formosa y Santa Cruz.

-SO Energy: Elevó dos proyectos para ampliar la usina generadora que está montando en Río Tercero (Córdoba) y construir una nueva cerca de Bahía Blanca.

-Sullair y Wartsilla: Propusieron instalar dos usinas de 100 MW cada una en Comodoro Rivadavia y Barranqueras (Chaco).

-Aggreko: Asociada con empresarios locales se anotó para plantar tres centrales térmicas en la provincia de Corrientes que serán abastecidas con GLP.

-Río Energy: la empresa que encabeza Manuel Santos Uribelarrea apuesta a cerrar el ciclo combinado de la usina bonaerense de General Rojo y a montar una nueva generadora en la capital de Entre Ríos.

En el caso del grupo Sadesa –la sociedad que cuenta entre sus principales accionistas a Nicolás Caputo, el socio e íntimo amigo del presidente Mauricio Macri—el proyecto elevado apuntaría a instalar una central de ciclo combinado de 1.600 MW en la zona de Zárate-Campana.

Según las reglas de juego que había fijado la resolución 420 de la Secretaría de Energía, las iniciativas presentadas deben incluir “todas las obras de infraestructura que sean necesarias para asegurar el abastecimiento a las centrales tanto de gas natural por redes, como de combustibles líquidos alternativos”.

A partir de ahora los funcionarios de Energía deberán analizar la viabilidad técnica de cada iniciativa y definir cuáles serán las que se llevarán adelante mediante una licitación “abierta, competitiva y transparente”, donde los impulsores de las obras correrán con ventaja.

En principio, la intención del Gobierno es que los privados financien y operen las usinas por su cuenta y luego recuperen las inversiones con el cobro de cánones fijos y con contratos de venta de energía por 20 o 30 años a la estatal CAMMESA.