El desembarco de Uber en Argentina es aún materia de disputas. La aplicación que ofrece un servicio de conexión entre pasajeros y conductores a través de un teléfono celular es resistida por los taxistas y también por espacios políticos. Acaso esa posición haya sido el disparador de un proyecto que establece restricciones para sitios de Internet en el ámbito de la Ciudad.

Los legisladores Daniel Presti (PRO) y Claudio Palmeyro (cercano al jefe de los taxistas, Omar Viviani) presentaron una iniciativa que prevé modificar el artículo 18 de la Ley N° 12 (de Procedimiento Contravencional), incorporando entre las medidas precautorias ya establecidas "la posibilidad de bloquear o denegar el servicio de Internet cuando se realicen conductas ilícitas utilizando este medio, dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o cuando se produzcan sus consecuencias dentro de ésta".

Los rechazos no se hicieron esperar. La ONG Access Now, el Centro de Tecnología y Sociedad (Universidad de San Andrés), el Centro de Estudios para la Libertad de Expresión y Acceso a la Información (Universidad de Palermo) y el profesor e investigador del Conicet Martín Becerra alertaron de inmediato que la medida ponía en riesgo la libertad de expresión.

"El proyecto pone en serio riesgo esta herramienta al permitir que autoridades administrativas -entre ellas la fuerza policial- pueda censurar contenido para prevenir contravenciones locales", plantearon en una carta. Y sostuvieron que "desconoce que la Constitución Nacional ha reservado a la Nación en el artículo 75 inc. 13 la regulación del comercio interjurisdiccional, materia dentro de la cual se encuentran las comunicaciones".

Ante la consulta de Infobae, desde la bancada de Presti minimizaron el proyecto, aclararon que todavía no se sabe si lo van a impulsar y que se están haciendo modificaciones.

El proyecto indica entre las medidas precautorias "tanto las autoridades preventoras como el o la Fiscal" pueden disponer la: e) Suspensión o Bloqueo del servicio de internet. En caso de conductas que sean realizadas mediante la utilización de la red global de difusión de información "internet" o cualquier otro medio de comunicación, se podrá ordenar a las empresas prestatarias del servicio de "internet" bloquear, o denegar el acceso al dominio o aplicación de que se trate en forma parcial o total según la conducta ilícita sea generada dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o produzca sus consecuencias dentro de ésta.

Entre las objeciones que señalaron los académicos, se apunta contra el otorgamiento de facultades de bloqueo o denegación de acceso a autoridades administrativas con facultades 'preventoras', en estadío cautelar (es decir a fines de prevención de contravenciones). "Esta facultad de prevención de contravenciones mediante la supresión de discurso violenta todos los estándares de libertad de expresión que exigen la limitación al discurso por autoridades judiciales y excepcionalmente por autoridades administrativas con facultades jurisdiccionales", especificaron.

"Además de vulnerar la libertad de expresión, el proyecto de Ley vulnera la libertad de prensa", dado que al abarcar conductas realizadas mediante la utilización de internet y permitir "bloquear, o denegar el acceso al dominio o aplicación de que se trate", con esta iniciativa "podría autorizarse el bloqueo del dominio o de la aplicación correspondiente al medio de prensa en el que se hubiera realizado la conducta, vulnerando el artículo 14 de la Constitución Nacional que prohíbe la censura previa", indicaron.

Fuente: Télam