Con nocturnidad y alevosía, guardando los documentos sobre las negociaciones bajo llave, lejos del alcance de los eurodiputados elegidos por los ciudadanos europeos, y manteniendo más reuniones con los lobbies que con los representantes de la sociedad civil; así es como gestiona la UE la información sobre el polémico Tratado de Libre Comercio entre Bruselas y Washington, según denuncian decenas de europarlamentarios, activistas y representantes de la sociedad civil.

Un año y cuatro meses después del inicio de las negociaciones entre la UE y EEUU para crear la mayor área de libre comercio del mundo, apenas ha trascendido información sobre estas reuniones hasta la fecha, pero es suficiente como para que distintas voces en varios países se hayan alzado contra el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP, en inglés).

Sánchez: "Va a atacar a la regulación medioambiental, a la soberanía de los estados, a la propiedad intelectual y a los servicios públicos" "Su envergadura es enorme. Afectará a todos los ámbitos de la legislación que se supone que nos protege", advierte a Público Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos. "Va a atacar a la regulación medioambiental, la soberanía de los estados, la propiedad intelectual o a los servicios públicos", apunta . Por ejemplo, en lo que respecta al medio ambiente, y a pesar de que el anterior comisario europeo en esta materia, Janez Potocnik, no pudiera nombrar estudios sobre el impacto de la alianza comercial en el medio ambiente europeo, el TTIP podría servir para importar la "desregulación total sobre fracking que hay en EEUU hasta Europa", como apunta Sánchez. "Nos va a poner en manos de EEUU para usar una técnica peligrosa, que provoca terremotos, que emplea productos químicos hasta ahora prohibidos", denuncia la representante de Podemos.

La eurodiputada arranca este viernes, en Sevilla, una gira por cuatro ciudades españolas para advertir de los peligros de este tratado, que en su opinión recibe el apoyo de las fuerzas políticas, únicamente porque estas "están vendidas a los intereses de las grandes empresas y de los inversores, y sólo les interesa que el Íbex vaya bien". Con estas charlas, en las que le acompañarán representantes de plataformas contra el fracking, la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC) o de la plataforma No al TTIP, la eurodiputada pretende "que la gente se ponga en marcha, que sepa lo que está pasando", ya que en nuestro país hasta hace poco era un tema completamente desconocido. "Está fuera del debate público y político: los grandes medios no están informando, la televisión no dice nada, y está fuera de la agenda pública", denuncia Sánchez.

Incluso para los eurodiputados, elegidos por los ciudadanos europeos, la opacidad es total. "El secretismo que hay es indignante, no paramos de denunciarlo. En Bruselas hay una Reading room en la que se custodian algunos de estos documentos, en la que sólo pueden entrar los coordinadores de la Comisión de Comercio Internacional [siete, uno por cada grupo en la Eurocámara], y lo hacen sin bolígrafos, sin móvil, y en teoría no pueden contar lo que han visto. Luego viene el jefe de las negociaciones por parte de Bruselas, Ignacio García Bercero, y dice que hay muchísima transparencia, que no sabe por qué nos alarmamos", critica Sánchez.

La semana pasada, cerca de una treintena de eurodiputados (entre ellos todos los de Podemos y varios de IU) protestaron ante la puerta que les impide consultar los documentos, a pesar de sus reiteradas peticiones de acceso. "La Comisión Europea no quiere que sepamos qué se está hablando en las negociaciones, por las consecuencias que esto va a tener en nuestro día a día", denuncia Sánchez, recordando que Bruselas tumbó en septiembre una iniciativa ciudadana que pedía la derogación del TTIP.

La europarlamentaria recuerda que el acuerdo incluye un mecanismo de protección de inversiones (ISDS) que permitirá a las empresas denunciar a los estados en los que hayan invertido si consideran que las normativas que apliquen estos estados afectan de alguna forma a estas inversiones

"Es un golpe de Estado, un ataque a la democracia, y va a restar soberanía a los estados" Lo harán ante paneles arbitrales, y no ante los tribunales nacionales, pudiendo exigir compensaciones millonarias. Y, aunque no logren que estos paneles arbitrales, formados por juristas, les den la razón, la factura para los estados que se vean inmersos en estos procesos puede ascender a miles de euros por hora de trabajo. Los más prestigiosos expertos en esta materia cobran entre 600 y 800 euros por hora de trabajo, y el negocio del arbitraje está en manos de unas pocas empresas, en su mayoría estadounidenses, que obtienen beneficios millonarios por sus servicios.

"Las empresas van a tener libertad total para hacer lo que les de la gana, y el mayor ejemplo es el mecanismo de solución de controversias entre estados y empresas; esta denominación es ya una barbaridad, porque pone a multinacionales y países en un plano de igualdad. El TTIP da mucho miedo, porque las corporaciones podrán demandar a gobiernos centrales, regionales o ayuntamientos, si estas administraciones efectúan cambios regulatorios, aunque sea para proteger a sus ciudadanos. Es un golpe de Estado, un ataque a la democracia, y va a restar soberanía a los estados. Si quieren defender a sus ciudadanos, se enfrentarán a demandas millonarias. O eso, o tendrán que abstenerse de aplicar estas regulaciones", razona Sánchez.

Para encontrar precedentes de este tipo de demandas, basta recordar el caso de las acciones legales emprendidas por varias empresas multinacionales contra España, por retirar las subvenciones y ayudas a las energías renovables, o el caso de Argentina con los fondos buitre. "Podría pasar algo semejante incluso con la Asociación del Rifle, si quieren que aquí se regule como en EEUU", apunta la eurodiputada.

"El TTIP está fuera del debate público y político; los grandes medios no están informando, la televisión no dice nada" El grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL) lleva meses alertando de los riesgos del tratado, como también han hecho Los Verdes, pero el silencio de los grupos más poderosos de la Eurocámara (conservadores, socialistas y liberales) ha dado alas al tratado. "Últimamente hay unidad a la hora de criticar la falta de transparencia, pero en el fondo, socialistas, conservadores y liberales están de acuerdo: apoyan el TTIP, aunque pidan información, y veremos a ver qué pasa a la hora de votar", apunta Sánchez, que no obstante cree que hay esperanzas de que el acuerdo no sea ratificado, si se ejerce suficiente presión social. "El Parlamento Europeo paró el ACTA (Acuerdo Comercial Antifalsificación) por la presión social, porque los eurodiputados de Alemania o de Reino Unido sintieron la presión de los ciudadanos", recuerda.

En mayo, Izquierda Plural pidió al Congreso de los Diputados que paralizara las negociaciones, algo a lo que se negó la aplastante mayoría de la cámara. En segunda instancia, de nuevo rechazaron la petición de IU de convocar un referéndum para que los españoles opinasen sobre el TTIP y, por último, el PP hizo uso de su rodillo de mayoría absoluta para aplastar también la petición de formar un comité que en el plazo de seis meses informara a los ciudadanos españoles sobre los posibles efectos del TTIP en nuestro país, ya que Bruselas se agarra a las previsiones más optimistas, y no parece ver ninguno de los peligros del tratado.

El ciclo de charlas Desmontando el TTIP arranca en Sevilla, este viernes, para después llevar a Sánchez hasta Palma de Mallorca (29 de octubre, junto a la eurodiputada Tania González), o Valencia (30 de octubre). Si todo va según lo previsto, la eurodiputada planea también recalar en Madrid y Barcelona, para denunciar la cara oculta de un acuerdo "que supondrá un reequilibrio de poder entre estados y corporaciones, que lo puede cambiar todo".