El camarista Martín Irurzun desplazó al magistrado del caso que investiga los aportes a la campañas de Cambiemos de 2015 y 2017 Fuente: Archivo

Candela Ini Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de febrero de 2019 • 09:32

El camarista federal Martín Irurzun apartó al juez federal Sebastián Casanello de la causa conocida como "aportantes truchos", vinculada a las irregularidades en los aportes para las campañas electorales de Cambiemos en 2015 -presidencial- y 2017 -legislativa-.

Las causas judiciales surgieron tras la difusión de la investigación periodística de El Destape, y luego se sumaron elementos que aportó a la Justicia la exdiputada Margarita Stolbizer y la organización no gubernamental La Alameda. También se tomó en cuenta la investigación difundida por Chequeado, en la que se reveló que se habría utilizado la identidad de empleados del Estado para encubrir el aporte de empresas contratistas.

Varios tramos de la causa, como los hechos vinculados a la campaña en la provincia de Buenos Aires que fueron revelados por el El Destape, ya habían sido derivados a la justicia electoral de La Plata, después de una pulseada entre el juez de esa jurisdicción, Adolfo Ziulu, Ernesto Kreplak y Casanello, quienes buscaban quedarse con la instrucción de los expedientes.

Ziulu, de competencia electoral, había solicitado a Kreplak (de La Plata) y Casanello que se declararan incompetentes y remitieran los expedientes a su juzgado.

Casanello se desprendió de algunos elementos de la investigación, se declaró competente para instruir un tramo y rechazó enviar parte de la causa la causa a la justicia electoral. Ordenó medidas de prueba y prosiguió con la instrucción del tramo vinculado a las empresas que aportaron de manera clandestina y del uso de la identidad de empleados estatales para simular esos aportes. Por otro lado, Stornelli había firmado un dictamen donde se declinaba la competencia y se solicitaba a Casanello que se apartara de la causa. Cuando Casanello rechazó ese recurso del fiscal, desglosó los expedientes, radicó uno nuevo, y se sorteó nuevamente la sala de la Cámara que debía intervenir en el caso.

Irurzun, camarista al que se interpreta como afín al Gobierno, consideró que Casanello siguió un "sendero errático" y que "aportó confusión" al trámite del proceso judicial. No se refirió a las cuestiones de competencia sino a la forma en que Casanello prosiguió con la instrucción. Entonces se sorteó nuevamente este tramo de la causa y recayó en el juzgado de Luis Rodríguez.

La investigación

Casanello investigaba casos en los que se había utilizado la identidad de empleados para encubrir el aporte prohibido de empresas privadas que ya eran contratistas del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, como la firma Murata, para la campaña de Vamos Juntos, así como también para la campaña presidencial del 2015.

También se incluía en este tramo de la instrucción el caso de dos exasesoras del Ministerio de Modernización que denunciaron figurar falsamente como aportantes de la campaña de 2015, y el caso de otro denunciante, Alejandro Morreale, que negó su condición de aportante a la campaña 2015.

Cuando el magistrado se declaró competente para instruir dichos tramos, justificó que estos "ocurrieron en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las hipótesis por las que se promovió la acción apuntan a la presunta comisión de delitos de naturaleza federal (presuntas falsedades documentales, delitos contra la administración pública y lavado de activos)".

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