El abogado inglés que representa a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart ante la ONU, Ben Emmerson, anunció ayer que este miércoles saldrá a la luz el informe del grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas sobre el encarcelamiento de los tres líderes políticos y sociales. Un documento que ya se habría filtrado y que se posiciona como una victoria para los independentistas.

Según avanza El País, el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria (WGAD, por sus siglas en inglés) de la ONU considera que las detenciones de Junqueras y los ‘Jordis’ fueron arbitrarias. Creen que la privación de libertad de estos tres líderes vulnera los principios de la declaración universal de derechos humanos. Por este motivo pedirán hoy abiertamente la puesta en libertad inmediata de los presos, indemnizaciones a los encausados y una investigación exhaustiva e independiente.

La ONU se pronuncia tras el varapalo del TEDH a los líderes del ‘procés’

Este comunicado coincide con la recta final del juicio del procés, que es donde se dictaminará si los presos continúan en prisión o no, y justo un día después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desestimara de forma contundente el recurso de los líderes del procés contra la suspensión del pleno del Parlament que debía proclamar la independencia unilateral de Catalunya.

Mediante un tuit Emmerson explicó que la esperada decisión del equipo de trabajo de la ONU será comunicada y debatida en una rueda de prensa en la Law Society de Londres, el equivalente al Colegio de Abogacía.

En invierno de 2018 este abogado especializado en derechos humanos presentó una petición para que el WGAD revisara el encarcelamiento y dictaminar si vulnera los derechos fundamentales de los líderes de un “movimiento político pacífico”. La petición instaba a este Grupo de Trabajo a exigir al Gobierno español la libertad inmediata de Junqueras y los ‘Jordis’ y poner “punto y final a las numerosas” violaciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El pasado mes de julio la demanda se amplió a los exconsellers Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, encarcelados en marzo de 2018. Emmerson también presentó una demanda en nombre de Carles Puigdemont ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU contra el Estado español.

La actuación del Gobierno podría ser un “peligroso precedente”

Según los letrados, la actuación del Gobierno supone un “peligroso precedente” a nivel internacional y vulnera los compromisos del Estado con la comunidad mundial porque se encarcelaron a líderes de movimientos políticos pacíficos. El texto tenía 26 páginas con cerca de 170 puntos y 37 anexos con documentación sobre el proceso judicial, noticias y otros informes.

El escrito repasaba el proceso judicial desde octubre hasta finales de enero de 2018 y las supuestas faltas de garantías procesales. También hacía referencia a precedentes internacionales parecidos en Francia, Marruecos o Venezuela, donde la ONU se ha pronunciado, e incluye declaraciones de la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaria, y del exministro del Interior, Ignacio Zoido, que evidencian la supuesta parcialidad del Gobierno y los tribunales españoles, que habrían actuado de manera diferente en los tribunales catalanes, a la jurisprudencia anterior de la Audiencia Nacional y a la opinión del redactor del delito de rebelión en el Código Penal, Diego López Garrido.

Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Josep Rull y Raül Romeva en noviembre en la prisión de Lledoners (LV)

Las conclusiones de este organismo de la ONU no son vinculantes, pero son un elemento “importante” para el Estado y para cualquier tribunal internacional. Este Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas ha fijado una posición sobre la vulneración de derechos humanos en países como Venezuela, Ruanda, Reino Unido o Irán.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria es un mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahí varios expertos en la materia investigan detenciones que puedan atentar contra los principios establecidos por tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Este organismo ya emitió un comunicado después del referéndum del 1 de octubre donde hacía un llamamiento al Gobierno para que respetara de lleno los derechos fundamentales, como la libertad de reunión y asociación, e instaba a que hubiera diálogo político.

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