Carlos Martín Beristain, uno de los cinco especialistas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para México de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) que participó en la investigación sobre Ayotzinapa, dice en entrevista con SinEmbargo que el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República electo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero es esperanzador y genera buenas expectativas para el caso.

El caso Ayotzinapa debe partir, en el próximo sexenio, con la apertura total de la información del 27 Batallón de Infantería y el deslinde de responsabilidades de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) y la investigación de las declaraciones que se dieron bajo tortura y que llevaron a la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, ex Procurador de la República, asegura.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).– La nueva etapa de la investigación prometida por Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República electo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, debe partir de la apertura total de la información del 27 Batallón de Infantería y el deslinde de responsabilidades de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) y la investigación de las declaraciones que se dieron bajo tortura y que llevaron a la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, ex Procurador de la República, dice Carlos Martín Beristain, uno de los cinco especialistas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para México de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).

“Para nosotros lo más importante es que si hay un regreso hipotético tendría que hacerse con las características similares a la capacidad que tuvo el GIEI. Habría que hacer una reevaluación no sólo a partir de los informes, sino de las líneas de investigación que se han seguido y que no se han seguido en este tiempo, y reforzar un análisis de nuevo del escenario, de las cosas que se han avanzado y no. Ver en qué punto están las recomendaciones que hicimos para el seguimiento del caso, para reactivar de nuevo la investigación y apoyo a las víctimas”, plantea en entrevista con SinEmbargo.

Beristain, quien participó en la investigación que rechazó la versión de que los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa) fueron cremados en basurero de Cocula y sus restos arrojados al Río San Juan, y que además concluyó que Tomás Zerón alteró la escena del crimen en el río, asegura que la reunión entre López Obrador y las familias de los 43 del pasado 26 de septiembre en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México fue positiva y arroja esperanzas para lo que viene en la nueva administración federal.

Sin embargo, debe haber una clara voluntad política de cambiar la narrativa del caso y aceptar abrir toda la información a la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa ordenada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, que incluye el acceso al 27 Batallón de Infantería con destacamento en Iguala, Guerrero.

“Nosotros dijimos desde el principio cuáles eran las líneas de investigación. Lo pedimos en la primera conferencia pública, en la primera relación con las autoridades. Pedimos de esas fuentes de información, porque ellos [los militares] estuvieron en varios de los escenarios de los hechos que sucedieron esa noche y seguimos creyendo que eso es importante. Encontramos unas revelaciones en el primer informe, otras en el segundo informe; incluso dijimos cosas que había que investigar directamente. Eso sigue siendo una asignatura pendiente en este caso muy importante, este caso no se va esclarecer sin un acceso a todas las fuentes”, asegura.

Después de la reunión entre López Obrador y los familiares, los padres de los normalistas dijeron a SinEmbargo que en privado el Presidente electo les habló de ir a fondo en las investigaciones y hacer justicia “sea quien sea”, sin poner sobre la mesa el perdón del que ha hablado con otras víctimas de la violencia en México.

Los padres de los 43 estudiantes insistieron en el regreso del GIEI a México para ser parte de la nueva Comisión de Investigación, y Alejandro Encinas Rodríguez, futuro Subsecretario de Gobernación que estará encargado del caso, dijo que se partiría de los informes de los expertos que llegaron al país en marzo de 2015 y que entregaron un informe final en septiembre de 2015, donde llegaron a la conclusión de que la incineración de los jóvenes definitivamente no ocurrió y que la investigación de la PGR contenía varias inconsistencias y deficiencias.

Los expertos continuaron en México durante seis meses más y en abril de 2016 dieron un último informe antes de salir del país en el que reafirmaron que la verdad que defiende Peña Nieto y que se basa en 80 tomos en el expediente de la desaparición de los normalistas en Iguala, no es creíble y carece de sustento.

El GIEI exhibió inconsistencias graves en la investigación que arrojó la “verdad histórica”, entre ellas que al menos 17 de las personas detenidas, relacionadas con el caso, sufrieron algún tipo de maltrato físico o tortura, entre ellos, los cinco presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos cuyas declaraciones son la base de la teoría sobre el homicidio y quema de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula.

También, que un día antes de que la PGR anunciara el hallazgo de una bolsa con restos en el río San Juan, peritos de la misma dependencia realizaron un recorrido en la zona que, si bien quedó registrado en video por reporteros locales, nunca fue reportado en el expediente oficial del caso.

El GIEI encontró que las evidencias sobre actividades de narcotráfico en esa parte de Guerrero no han sido investigadas como parte del contexto que rodeó el crimen cometido contra los estudiantes; como tampoco se profundizó en la existencia de un quinto camión utilizado por los normalistas y que tampoco fue reportado originalmente por la PGR.

Los expertos se encontraron con la fragmentación de la investigación en más de 25 averiguaciones previas, la dilación de meses en la realización de interrogatorios o diligencias, además de la imposibilidad de que elementos del Ejército Mexicano asignados al 27 Batallón ubicado en la zona respondieran a sus preguntas.

De acuerdo con el informe cuando ocurrieron los hechos de Iguala había entre 500 y 600 elementos en el destacamento del 27 Batallón Militar. El GIEI encontró que personal militar estuvo presente en varias de las escenas de los hechos violentos y que fueron testigos directos de los hechos en varios de los escenarios.

Aunque solicitaron en varias ocasiones entrevistarse con ellos, siempre les fue negado el acceso y en abril de 2016, durante su último informe, los expertos presentaron varias preguntas que hubiera planteados a los militares.

Uno de ellos es a un militar, un agente de inteligencia, que estuvo 45 minutos en el escenario del Palacio de Justicia. El soldado tomó fotografías de los hechos que en agosto de 2015 se incorporaron al expediente, pero no en originales, sólo en un Power Point.

Las preguntas que el GIEI le hubiera realizado son: ¿Cuándo vio todo esto, qué informó?, ¿qué instrucciones le dieron? y, ¿cuándo vio que agredían a los jóvenes, por qué no hizo nada para protegerlos?.

“No solamente están los informes y las líneas de investigación que señalamos, está la sentencia del Tribunal de Tamaulipas que muestra cuál es el camino a desarrollar. Habría que tener acceso a todas las fuentes de información, nosotros no tuvimos acceso a fuentes como el personal militar, a las fuentes de inteligencia.

Hay que hacer una investigación de los modos en que se ocultó la desaparición de los jóvenes. Hay que hacer una investigación no sólo en términos de deslindar responsabilidades, sino de buscar información sobre los jóvenes, porque el punto central del trabajo debe ser la búsqueda de los jóvenes y para eso hay que encontrar la verdad del caso: quién ha ocultado el caso en forma de impunidad”, dice Beristain desde Colombia.

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–Ya se va Enrique Peña Nieto y se va sin aceptar una verdad distinta a la “verdad histórica”. ¿Cómo ve este caso en el marco de otras denuncias internacionales de desaparición y genocidio?, ¿cómo ve este caso mexicano?

–La negación a aceptar la realidad y la negación de los hechos, las pruebas que llevó a cabo la investigación del GIEI y el equipo Argentino de Antropología Forense es una mala noticia. El primer paso para poder desarrollar una política de atención, prevención, sanción de las desapariciones forzadas es la aceptación de los hechos y las pruebas. Además es mala noticia, porque le provoca una herida a los familiares que ven una negación a su propia experiencia, un ataque a su sentir, con todo el dolor para ellos, que es la peor noticia. Hay un nuevo escenario en México que es la esperanza de que haya una nueva actitud de las autoridades y al caso. Siguen las líneas de investigación y revaluando muchas de las cosas que hayan podido aparecer en este tiempo y de las cuales no tenemos conocimiento.

–El caso mexicano, hasta ahorita lo que se observó con este Gobierno federal a comparación de cómo han reaccionado otros países, ¿cuál sería su evaluación?

–Yo creo que en el caso de México se han hecho algunas cosas por asimilación: si en Colombia hubo una Ley de Víctimas, [en México] se hizo una ley. Si acá se hizo una Unidad de Víctimas, ahí se hizo una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ahí digamos por asimilación de cosas que se han desarrollado en otros países, pero sin tener en cuenta la perspectiva de cambio que eso significa, manteniendo sus políticas, tratando desarrollar ciertas acciones que eran importantes. Cuando llegó el Presidente que el mandato está por finalizar, hubo una discusión en el país sobre el número de desaparecidos: si eran 26 mil, 20 mil, 15 mil, pero ha llegado el momento que ni siquiera se discuten esas estadísticas, lo cual muestra que han dejado evolucionar una política; ha pasado mucho tiempo, muchas más cosas, desgraciadamente el tiempo se ha ido y ese tiempo pasa y se aleja. También hay dolor que se hace más permanente a los familiares; sin embargo, ese el único tiempo que tenemos. Es importante que se tomen medidas que reorienten esa investigación y la política en el país respecto a los casos de desaparición.

–El Presidente electo ha dicho que va a pedir que regrese el GIEI; incluso Alejandro Encinas, que es quien le va a dar seguimiento directamente al caso, ha dicho a los medios que se iniciaría la nueva investigación con los informes del GIEI. Lo dijo el día que se reunió con los familiares. ¿Bajo qué condiciones regresaría el GIEI?, ¿cómo sería este regreso?

–Primero se tienen que poner de acuerdo entre las partes. El GIEI fue un mecanismo para el cumplimiento de las medidas cautelares dela Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hubo un acuerdo de la Comisión, del Estado y representantes de las víctimas. Esas medidas siguen vigentes y el mandato del GIEI se podría activar de nuevo, esa es una decisión que le corresponde a todas las partes. Para nosotros lo que es importante es, que si hay un regreso hipotético, tendría que hacerse con las características simulares a la capacidad que tuvo el GIEI. Habría que hacer una reevaluación no sólo a partir de los informes, sino de las líneas de investigación que se han seguido y que no se han seguido en este tiempo, y reforzar un análisis de nuevo del escenario, de las cosas que se han avanzado y no. Ver en qué punto están las recomendaciones que hicimos para el seguimiento del caso, para reactivar de nuevo la investigación y apoyo a las víctimas.

–De los hallazgos que manejan en su último informe, ¿cuáles serían lo más importantes que se tendrían que tomar en cuenta para arrancar a partir del 1 de diciembre?

–No solamente están los informes y las líneas de investigación que señalamos, está la sentencia del Tribunal de Tamaulipas que muestra cuál es el camino a desarrollar. Habría que tener acceso a todas las fuentes de información; nosotros no tuvimos acceso a fuentes como el personal militar, a las fuentes de inteligencia. Hay que hacer una investigación de los modos en que se ocultó la desaparición de los jóvenes. Hay que hacer una investigación no sólo en términos de deslindar responsabilidades, sino de buscar información sobre los jóvenes, porque el punto central del trabajo debe ser la búsqueda de los jóvenes y para eso hay que encontrar la verdad del caso: quién ha ocultado el caso en forma de impunidad.

–Sobre la participación del Ejército, ¿se tendría que abrir ahora sí la información del 27 Batallón?

–Nosotros dijimos desde el principio cuáles eran las líneas de investigación. Lo pedimos en la primera conferencia pública, en la primera relación con las autoridades. Pedimos de esas fuentes de información, porque ellos estuvieron en varios de los escenarios de los hechos que sucedieron esa noche y seguimos creyendo que eso es importante. Encontramos unas revelaciones en el primer informe, otras en el segundo informe, incluso dijimos cosas que había que investigar directamente. Eso sigue siendo una asignatura pendiente en este caso muy importante, este caso no se va esclarecer sin un acceso a todas las fuentes.

–¿Se tiene que investigar lo sucedido con el quinto autobús?

–Se investigó de forma parcial. Ahí había participación de la Política Federal de Iguala al menos en el desvío de ese camión y no ha habido investigación efectiva sobre esa cuestión. Luego está la ayuda internacional que pedimos; llegaron unas escuchas hechas por la DEA [Drug Enforcement Administration], sería importante tener acceso a toda esa información, no a una versión editada de ese material probatorio, sino un acceso a toda la prueba para poder determinar nosotros sobre la cuestión en términos del ataque a los jóvenes. También en términos del móvil del quinto autobús y las implicaciones de autoridades locales, el tema del narcotráfico como un punto central de la investigación del caso.

–¿Cómo ve el mensaje que dio López Obrador el día que se reunió con las víctimas? Los familiares de lo muchachos nos decían que en la reunión privada les dijo que sea quien sea iba a hacerse justicia, salieran los implicados que salieran en la investigación; a diferencia con otras víctimas de desaparición, feminicidios, aquí nunca habló de perdón con los padres de los 43, sino de justicia y de ir a fondo. ¿Qué le dice a usted este mensaje?

–Bueno, el mensaje para los padres es positivo. Junto con la investigación y el esclarecimiento de quién esté implicado en distintas responsabilidades del caso, me parece que es la respuesta clave que los familiares esperan o esperaban. Entonces es la esperanza clave de los familiares y hay que ser consistente con esta esperanza; espero que sea así. El perdón es una condición que no se puede imponer a las víctimas. Primero hay que investigar los casos, hay que saber la verdad, hay que esclarecer responsabilidades y luego pueden ponerse en marcha ya otro tipo de medidas, pero no se puede sustraer la verdad y la investigación del caso sin ese tipo de procesos. Me parece que es parte que las autoridades reflexionen y tengan claro. El caso de los 43 es una esperanza para muchos otros familiares: que esto sea el principio de un proceso que permita un esclarecimiento de la verdad en muchos casos del país.

–¿Qué tendría que pasar con Tomás Zerón de Lucio?, que bueno ustedes fueron claros cuando lanzaron su segundo informe y a Tomás Zerón nada más se le removió del cargo, y luego le dieron otro y mejor. ¿Qué tendrá que suceder con Jesús Murillo Karam?

–Nosotros dejamos unas líneas de investigación muy claras que hablan del papel que jugaron ciertas autoridades. El caso del Río San Juan debe ser esclarecido, hay un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que aborda eso. Hay que seguir con la investigación para evitar el desvío de lo que se ha hecho hasta el momento y que las pruebas que están ahí conduzcan a una investigación efectiva. Me parece que se puede hacer una investigación sobre los casos de tortura que nosotros señalamos y donde hay serios indicios de esa evidencia, luego el Alto Comisionado sacó un informe de más de 40 casos y eso tiene que ser investigado. Quien haya cometido esas acciones debe ser investigado, que se esclarezcan los niveles de responsabilidad es muy importante para las dos cosas: por una parte, para tener una respuesta efectiva frente a esos mecanismos de impunidad y, por otra, para buscar información sobre el destino de esos jóvenes.

–¿Por qué la cerrazón de este Gobierno de no aceptar otra verdad, sólo la “verdad histórica”?, ¿están protegiendo a alguien?, ¿a los militares quizás?

–Eso es parte de lo que hay que investigar y saber: ¿qué es lo que hay detrás de esa negación a aceptar las pruebas y a seguir una versión de los hechos que no corresponden con las pruebas de la realidad? Para nosotros una de las cosas importantes es que haya un cambio de la narrativa del caso. A pesar de que nosotros publicamos los informes con pruebas contundentes y la respuesta fue que nuestras pruebas y nuestros informes entrarían en la investigación del caso , pues lo que no ha habido es un cambio de la narrativa del caso; cambiar la narrativa sería una señal de voluntad política importante para los familiares y el país.

–Si el GIEI regresa, ¿sería el mismo equipo de expertos o serían otros?

–Eso está en discusión. El GIEI de México fuimos nosotros hace tiempo [Alejandro Valencia, Ángela María Buitrago, Claudia Paz, Francisco Cox y Carlos Beristain], hay que ver las condiciones para poder hacer nuestro trabajo. Tenemos que buscar la manera y las condiciones que habría para hacer nuestro trabajo o no. Aún no lo tenemos claro, el GIEI de México somos esos cinco expertos, para el tipo de trabajo, la calidad de ese trabajo estaba asociado a quiénes hicimos ese trabajo en el pasado, pero bueno no sabemos que pasará en el futuro; nos gustaría que eso se pudiera mantener, pero eso no dependerá de nosotros, sino de circunstancias laborales, la CIDH, los padres y el Gobierno.