Por último, la reedición de este manifiesto nos da pie a presentar la segunda fase del trabajo de ReCommonsEurope, que se centra en «El impacto en el sur de las políticas financieras y las estrategias de cooperación para el desarrollo de Europa y las posibles alternativas». Esta segunda fase se refiere a los siguientes ámbitos: la política del endeudamiento de los países del Sur con los países del Norte, las políticas de libre comercio, las políticas migratorias y gestión de las fronteras, el militarismo, el comercio de armas y las guerras, y, por último, las políticas de reparación en relación con el expolio de bienes culturales. Publicaremos cada uno de estos ejes como capítulos separados en las próximas semanas.

El Manifiesto ReCommonsEurope ha sido elaborado por un grupo de investigadores y activistas de una docena de países europeos que quieren proponer un plan para ser implementado por las fuerzas de izquierda que quieran promover el cambio favorable a la mayoría social y que llegasen al gobierno en un país europeo con el apoyo del pueblo movilizado. El documento forma parte del proyecto ReCommonsEurope iniciado por dos redes internacionales, el CADTM y EReNSEP, así como el sindicato vasco ELA, con el objetivo de contribuir a los debates estratégicos que atraviesan la izquierda en Europa hoy. El texto se desarrolló durante las reuniones celebradas en 2018 y se escribió colectivamente en 2019. Este amplía la propuesta « Setenta personalidades de distintos países europeos firman un manifiesto para desobedecer tratados europeos ’injustos’ », un texto colectivo presentado por más de 70 co-signatarios en febrero de 2017.

Es en este contexto que pensamos que es pertinente invitar de nuevo a la lectura del Manifiesto ReCommonsEurope para un nuevo internacionalismo de los pueblos. Frente a las políticas de defensa de los intereses del capital, este manifiesto propone un programa de emergencia "que un gobierno de izquierda popular debería implementar en el primer año de su mandato para proporcionar respuestas inmediatas a la emergencia social y ecológica y superar la resistencia que ofrecerán las fuerzas conservadoras y las instituciones que las representan”. Esto también se refiere a la necesidad de una política sanitaria eficaz y justa, que responda sólo a los intereses y necesidades de la mayoría, pero que no olvide que esta política debe formar parte de un conjunto más amplio.

Como nos recuerda Alexis Cukier en un artículo publicado recientemente , «los que mueren de enfermedades coronavirus, de Covid-19, están infectados con el virus SARS-CoV-2 pero mueren por decisiones políticas que, al defender las condiciones de trabajo, de atención y de vida necesarias para el capitalismo, no han impedido ni permiten contener la pandemia ni diagnosticar y tratar a los enfermos».

Esto es así en países de África, Asia, América Latina y Caribe, y en los países del exbloque del Este (en Rusia y en otras exrepúblicas de la difunta URSS, Europa central y oriental). Pero esto también concierne, evidentemente, a países como los Estados Unidos, donde 89 millones de personas no tienen una verdadera cobertura de salud, así como a países como Italia, Francia, Grecia y otros países europeos.

Utilizando el pretexto de la necesaria austeridad presupuestaria para poder pagar la deuda pública, los gobiernos y las grandes instituciones multilaterales como el Banco Mundial , el FMI y los bancos regionales, por ejemplo, el Banco africano de desarrollo, generalizaron las políticas que deterioraron los sistemas de salud pública: supresión de puestos de trabajo y precarización de los contratos de trabajo, supresión de camas hospitalarias, cierre de centros médicos de proximidad, aumento del coste de la atención médica y de los medicamentos, reducción en las inversiones en infraestructuras y equipamientos, privatización de diferentes sectores de la sanidad, reducción de inversión pública en la investigación y el desarrollo de tratamientos en beneficio de los intereses de los grandes grupos farmacéuticos, etc.

La pandemia del coronavirus constituye un gravísimo problema de salud pública y los sufrimientos que la difusión del virus provocará serán enormes. Si alcanza masivamente a los países del Sur global cuyos sistemas de salud pública, que ya eran muy frágiles, fueron terriblemente maltratados por 40 años de neoliberalismo y, por lo tanto, habrá una grandísima cantidad de muertos. Sin olvidar la situación dramática de la población iraní víctima del bloqueo decretado por Washington, bloqueo que incluye la importación de medicamentos y equipamiento sanitario.

Lista de las y los primeros 150 firmantes aqui Alemania

Jakob Schäfer (militante de la izquierda sindical, Alemania)

Angela Klein (Revista SOZ, Alemania)

Austria

Christian Zeller (profesor de geografía económica, miembro de Aufbruch für eine ökosozialistische Alternative, Austria)

Bélgica

Anne-Marie Andrusyszyn (directora del CEPAG, Bélgica)

France Arets (militante feminista y antirracista, activa en la defensa del derecho a refugio y por los derechos de las personas migrantes, Bélgica)

Eva Betavazi (CADTM, Bélgica y Chipre)

Olivier Bonfond (economiste en el CEPAG, Bélgica)

Camille Bruneau (CADTM Bélgica)

Juliette Charlier (CADTM Bélgica)

Tina D’angelantonio (CADTM Bélgica)

Virginie de Romanet (CADTM Bélgica)

Jean-Claude Deroubaix (sociologue, Bélgica)

Ouardia Derriche (Bélgica)

Grégory Dolcimascolo (ACiDE, Bélgica)

Anne Dufresne (socióloga, GRESEA, Bélgica)

Chiara Filoni (CADTM, Bélgica e Italia)

Corinne Gobin (politóloga, Bélgica)

Gilles Grégoire (militante pour la auditoría ciudadana de la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.

Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.

Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. ACiDe, CADTM Bélgica)

Giulia Heredia (CADTM, Bélgica)

Nathan Legrand (CADTM, Bélgica)

Rosario Marmol-Perez (militante sindical en la FGTB, artista, Bélgica)

Herman Michiel (editor de la página Ander Europa, Bélgica y Países Bajos)

Alice Minette (CADTM Bélgica)

Christine Pagnoulle (Universidad de Lieja, ATTAC, CADTM, Bélgica)

Adrien Péroches (militante, CADTM Bruselas, ACiDe Bruselas, Bélgica)

Madeleine Ploumhans (ACiDe, CADTM Lieja, Bélgica)

Brigitte Ponet (trabajadora social, CADTM Bélgica)

Daniel Richard (secretario regional interprofesional de la FGTB Verviers, Bélgica)

Christian Savestre (Attac Bruselas 2, RJF, Acide, Bélgica)

Éric Toussaint (politólogo, economista, portavoz de la red international CADTM, Bélgica)

Felipe Van Keirsbilck (secretario general de la Centrale Nationale des Employés (CNE), Bélgica)

Christine Vanden Daelen (militante feminista, CADTM Bélgica)

Magali Verdier (militante feminista, Bélgica)

Roxane Zadvat (actriz, Teatro Croquemitaine, CADTM Bélgica)

Bosnia-Herzegovina

Selma Asotić (poeta, Bosnia-Herzegovina)

Danijela Majstorović (Universidad de Banja Luka, Bosnia-Herzegovina)

Svjetlana Nedimovic (activista, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina)

Tijana Okic (filósofa, militante política, Bosnia-Herzegovina)

Chipre

Stavros Tombazos (economista, Chipre)

Croacia

Dimitri Birac (coordinador de la organización Croatian Center for Workers’ Solidarity, Croacia)

Stefan Gužvica (historiador y activista en Croacia y Serbia)

Dinamarca

Poya Pakzad (asesor en política económica, Alianza Roji-Verde, Dinamarca)

Eslovenia

Ana Podvrsic (sociologue, économiste, Slovénie)

Estado español

Walter Actis (miembro de Ecologistas en Acción Acción Título mobiliario emitido por una sociedad de acciones. Este título representa una fracción del capital social. En particular otorga a su titular (el accionista) el derecho a percibir una parte de los beneficios distribuidos (el dividendo) y de participar en las asambleas generales de la empresa. , Estado español)

Daniel Albarracin (economista, Podemos, Estado español)

Yago Alvarez (periodista, activista miembro de la PACD, Estado español)

Cari Baena, (Fundación Socialismo Sin Fronteras, Estado español)

Alfons Bech, (sindicalista de CCOO, Catalunya, Estado español)

Joana Bregolat (miembro de Desbordem, militante de Anticapitalistes, Catalunya - Estado español)

José Cabayol Virallonga (Presidente de SICOM - Solidaritat i Comunicació, periodista, Catalunya, Estado español)

Laura Camargo (profesora, miembro de la Diputación Permanente del Parlament de les Illes Balears, militante de Anticapitalistas, Estado español)

Raúl Camargo (diputado de la Asamblea de Madrid, militante de Anticapitalistas, Estado español)

Pablo Cotarelo (EReNSEP, Estado español)

Sergi Cutillas (EReNSEP, CADTM, Catalunya – Estado español)

Josu Egireun (revista Viento Sur, Estado español)

Laia Facet (Anticapitalistes, Catalunya, Estado español)

Sònia Farré (militante, ex-diputada por En Comú Podem, Catalunya - Estado español)

Ignacio Fernández del Páramo ( Arquitecto-Urbanista, Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente Ayto de Oviedo, SOMOS OVIEDO-UVIEU, Asturies, Estado español)

Iolanda Fresnillo (socióloga, PACD, Estado español)

Anna Gabriel (Exdiputada por la CUP en el Parlament de Catalunya, actualmente en el exilio en Suiza)

Ricardo García Zaldívar (economista, excoordinador de ATTAC España)

María Gómez Garrido (profesora de sociología, Universidad de las Islas Baleares, Anticapitalistas, Estado español)

Laura Gonzalez De Txabarri (sindicato ELA, Euskadi - Estado español)

Joana Garcia Grenzner (Periodista especializada en gènero y comunicación, activista feminista, Catalunya, Estado español)

Yayo Herero (anthropóloga, ecofeminista, miembro de Ecologistas en Acción, Estado español)

Cuca Hernández (cordinadora de ATTAC España)

Juan Hernández Zubizarreta (profesor de universidad, miembro del Observatorio de las multinacionales en América latina - OMAL-, Estado español)

Petxo Idoiaga (Funcación Hitz&Hitz, Viento Sur, Estado español)

Joxe Iriarte «Bikila» (Activista social, escritor y militante de Alternativa- EHBIldu, Pais Vasco)

José L. Gómez del Prado (Universidad de Barcelona, Centro de estudios internacionales, Escuela diplomática de Barcelona, AEDIDH, Estado español)

Janire Landaluze (sindicato ELA, Euskadi – Estado español)

Monique Lermusiaux (militante sindical jubilada, Bélgica)

Mats Lucia Bayer (CADTM, Estado español)

Fátima Martín (periodista, CADTM, Estado español)

Francesc Matas, La Aurora (organización marxista), Estado español

Alex Merlo (asistente parlamentario del eurodiputado de Podemos Miguel Urbán, Estado español)

Anna Monjo (editora, Barcelona, Catalunya, Estado español)

Natalia Munevar (militante, PACD, asistente parlamentaria del eurodiputado de Podemos Miguel Urbán, Estado español)

Mikel Noval (sindicato ELA, Euskadi – Estado español)

Jaime Pastor (jefe de redacción de la revista Viento Sur, Estado español)

Laura Pérez Ruano (profesora y abogada, diputada por Orain Bai-Ahora Sí, Navarra - Estado español)

Griselda Piñero Delledonne (CADTM, Catalunya – Estado español)

Eulalia Reguant (miembro del Secretariado Nacional de la CUP, ex diputada y concejal, Catalunya)

Jorge Riechmann (filósofo, escritor, miembro de Ecologistas en Acción, Estado español)

Rubén Rosón (médico, concejal de economía y empleo en el Ayuntamiento de Oviedo, miembro de Somos Oviedo-Uvieu, Asturies - Estado español)

Sol Sánchez Maroto (Coportavoz de Izquierda Unida Madrid, Estado español)

Carlos Sánchez Mato (responsable de políticas económicas de Izquierda Unida, Estado español)

Ana Taboada Coma (abogada, vicealcaldesa de Oviedo, portavoz de Somos Oviedo-Uvieu, Asturies - Estado español)

Aina Tella (Coordinadora de Relaciones Internacionales de la CUP, Catalunya)

Mónica Vargas Collazos (antropóloga, militante, Bolivia y Catalunya - Estado español)

Lucía Vicent (profesora de economía de la Universidad Complutense de Madrid, Estado español)

Esther Vivas (periodista, Catalunya – Estado español)

Francia

Marion Alcaraz (NPA, Le temps des Lilas, Francia)

Olivier Besancenot (antiguo portavoz del NPA, Francia)

Martine Boudet (coordinadora del libro interasociativo Urgence antiraciste - Pour une démocratie inclusive - Le Croquant, 2017, Francia)

Myriam Bourgy (paysanne, CADTM, Francia)

Vicki Briault Manus (PCF, CADTM Francia)

François Chesnais (economista, profesor emérito de la Universidad de Paris 11, Francia)

Jeanne Chevalier (candidata de la France insoumise para las elecciones europeas de 2019)

Annick Coupé (sindicalista, ATTAC Francia)

Léon Crémieux (sindicalista del transporte aéreo jubilado, NPA, Francia)

Alexis Cukier (filósofo, Ensemble!, EReNSEP, Francia)

Véronique Danet-Dupuis (cuadro en el sector bancario, delegada sindical y defensora de los asalariados, animadora del programa en cuestiones bancarias de la France Insoumise, Francia)

Penelope Duggan (International Viewpoint,Francia)

Pascal Franchet (presidente del CADTM Francia)

Isabelle Garo (folósofa, Francia)

Norbert Holcblat (economista, NPA, Francia)

Michel Husson (economista, Francia)

Pauline Imbach (panadera - CADTM Grenoble, Francia)

Pierre Khalfa (Fondation Copernic, Francia)

Yvette Krolikowski (CADTM France)

Michael Löwy (sociólogo, Francia)

Laurence Lyonnais (Ensemble Insoumis, ecosocialista, candidata por la France insoumise a las elecciones europeas de 2019, Francia)

Jan Malewski (periodista, revista Inprecor, Francia)

Myriam Martin (portavoz de Ensemble!, Francia)

Christiane Marty (ingeniera, Fondation Copernic, Francia)

Gustave Massiah (economista, altermondialista, Francia)

Corinne Morel Darleux (autora y militante ecosocialista, Francia)

Ugo Palheta (sociólogo, NPA, Contretemps, Francia)

Gilles Perret (codirector de la película «J’veux du soleil», Francia)

Mireille Perrier (actriz y directora de teatro, Francia)

Dominique Plihon (economista, ATTAC Francia)

Laura Raïm (periodista, Francia)

Marlène Rosato (Ensemble, EReNSEP, Francia)

Pierre Rousset (ESSF www.europe-solidaire.org, Francia)

Catherine Samary (economista, ATTAC Francia, NPA)

Mariana Sanchez (sindicalista, France)

Patrick Saurin (CADTM Francia)

M. Sofia Brey (escritora, antigua funcionaria del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los DDHH, Francia)

Alejandro Teitelbaum (abogada en derecho internacional y los DDHH, Francia)

Aurélie Trouvé (economista, ATTAC Francia)

Sophie Zafari (sindicalista FSU, Francia)

Roseline Vachetta (antigua diputada europea, militante internacionalista, NPA, Francia)

Grecia

Marie-Laure Coulmin (CADTM, Grecia)

Katerina Giannoulia (miembro del Consejo general de ADEDY – confederación de la función pública - miembro de Unidad Popular, Grecia)

Stathis Kouvelakis (EReNSEP, Grecia y Reino Unido)

Costas Lapavitsas (economista, SOAS – Universidad de Londres, EReNSEP, Grecia y Reino Unido)

Moisis Litsis (periodista, Grecia)

Sotiris Martalis (DEA, Grecia)

Sonia Mitralias (feminista, CADTM, Grecia)

Giorgos Mitralias (periodista, Grecia)

Antonis Ntavanelos (DEA, Grecia)

Spyros Marchetos (historiador, School of Political Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Grecia)

Hungría

Judit Morva (economista, militante, Hungría)

Irlanda

Brid Brennan (analista político, militante, Irlanda)

Andy Storey (School of Politics and International Relations, University College Dublin, Irlanda)

Italia

Marta Autore (Communia Network, Italia)

Fabrizio Burattini (sindicalista de la Unione Sindacale di Base, Italia)

Eliana Como (miembro de la dirección nacional de la CGIL, Italia)

Gippò Mukendi Ngandu (maestro, Sinistra Anticapitalista, Italia)

Cristina Quintavalla (ATTAC-CADTM Italia)

Luxemburgo

Justin Turpel (antíguo diputado de déi Lénk – la Gauche, Luxemburgo)

David Wagner (diputado de déi Lénk – la Gauche, Luxemburgo)

Países-Bajos

Willem Bos (SAP-Grenzeloos, Países Bajos)

Maral Jefroudi (codirectora del IIRE, Países Bajos)

Polonia

Katarzyna Bielińska (filósofa y politóloga, Polonia)

Zbigniew Marcin Kowalewski (investigador de los movimientos sociales, Polonia)

Stefan Zgliczyński (directeur de l’édition polonaise du Monde Diplomatique, Pologne)

Portugal

Francisco Louça (economista, Bloco de Esquerda, Portugal)

Rita Silva (activista de Habita - Colectivo pelo Direito in Habitação and Cidade e investigadora universitaria, Portugal)

Alda Sousa (profesora en la Universidad de Oporto, Bloco de Esquerda, antigua eurodiputada de 2012 à 2014, Portugal)

Rui Viana Pereira (traductor, diseñador de sonido, CADTM, Portugal)

Reino-Unido

Gilbert Achcar (profesor en SOAS – Universidad de Londres, Reino Unido)

Grace Blakeley (comentarista de economía de New Statesman, Reino Unido)

Terry Conway (Resistance Books, Reino Unido)

Fanny Malinen (investigadora, activista, Reino Unido)

Michael Roberts (economista financiero, Reino Unido)

Grace Blakeley (economista, revista New Statesman, Reino Unido)

Serbia

Andreja Zivkovic (sociólogo, Marks21, Serbia)

Suiza

Jean Batou (profesor de historia contemporánea, diputado, SolidaritéS, Suiza)

Marianne Ebel (antigua diputada SolidaritéS, vicepresidenta de la Marcha mundial de las Mujeres Suiza)

Sébastien Guex (profesor en la Universidad de Lausana, solidaritéS, Suiza)

Stéfanie Prezioso (profesor de historia internacional en la Universidad de Lausana, SolidaritéS, Suiza)

Beatrice Schmid (profesora, Suiza)

Juan Tortosa (CADTM Suiza)

Charles-André Udry (economista, director de la página alencontre.org y de las ediciones Page 2, Suiza)

Las personas siguientes han participado directamente en la redacción de este manifiesto:

Walter Actis (miembro de Ecologistas en Acción, Estado español)

Daniel Albarracin (economista, Podemos, Estado español)

Jeanne Chevalier (France Insoumise, Francia)

Pablo Cotarelo (ingeniero, EReNSEP, Estado español)

Alexis Cukier (filósofo, EReNSEP, Francia)

Sergi Cutillas (economista, EReNSEP, CADTM, Cataluña – Estado español)

Yayo Herero (antropóloga, ecofeminista, miembro de Ecologistas en Acción, Estado español)

Stathis Kouvelakis (filósofo, EReNSEP, Grecia y Reino Unido)

Janire Landaluze (sindicalista, ELA, País Vasco – Estado español)

Costas Lapavitsas (economista, EReNSEP, Grecia y Reino Unido)

Nathan Legrand (CADTM, Bélgica)

Mikel Noval (sindicalista, ELA, País Vasco – Estado español)

Tijana Okic (filósofa, militante política, Bosnia-Herzegovina)

Catherine Samary (economista, ATTAC Francia, NPA, Francia)

Patrick Saurin (CADTM, Francia)

Éric Toussaint (politólogo y economista, CADTM, Bélgica)

Han coordinado la redacción final: Alexis Cukier, Nathan Legrand y Eric Toussaint

Traducción del inglés al castellano : Sergi Cutillas (EReNSEP, CADTM) , Pablo Cotarelo (EReNSEP) , Griselda Piñero (CADTM) y el equipo de traducción de la Revista Viento Sur.

Contenidos

Prólogo

Introducción

Capítulo 1. - Primeros pasos de un gobierno popular

Capítulo 2.- Los Bancos

Capítulo 3. - La Deuda

Capítulo 4. - Trabajo, empleo y derechos sociales

Capítulo 5. - Ecosocialismo y transición energética

Capítulo 6. - Feminismo

Capítulo 7. - Salud y Educación

Capítulo 8. - Relaciones internacionales

Capítulo 9.- Luchas sociales, confrontación política y procesos constituyentes

Prólogo

El Manifiesto ReCommonsEurope ha sido elaborado por un grupo de investigadores y activistas de una docena de países europeos que quieren proponer un plan para ser implementado por las fuerzas de izquierda que quieran promover el cambio favorable a la mayoría social y que llegasen al gobierno en un país europeo con el apoyo del pueblo movilizado. El documento forma parte del proyecto ReCommonsEurope iniciado por dos redes internacionales, el CADTM y EReNSEP, así como el sindicato vasco ELA, con el objetivo de contribuir a los debates estratégicos que atraviesan la izquierda en Europa hoy. El texto se desarrolló durante las reuniones celebradas en 2018 y se escribió colectivamente en 2019. Este amplía la propuesta « Setenta personalidades de distintos países europeos firman un manifiesto para desobedecer tratados europeos ’injustos’ », un texto colectivo presentado por más de 70 co-signatarios en febrero de 2017.

Un programa que un gobierno de izquierda popular debe aplicar para proporcionar respuestas inmediatas a la emergencia social y ecológica Hemos redactado una propuesta coherente para los compromisos, iniciativas y acciones que deben tomar las fuerzas de izquierda popular. Este manifiesto práctico propone un programa que un gobierno de izquierda popular debería implementar en el primer año de su mandato para proporcionar respuestas inmediatas a la emergencia social y ecológica y superar la resistencia que ofrecerán las fuerzas conservadoras y las instituciones que las representan. Las propuestas abordan los principales problemas con los que tendrá que lidiar un gobierno popular tan pronto como llegue al poder. El Manifiesto también está dirigido a los movimientos sociales (sindicatos, asociaciones, ciudadanos) que luchan a nivel local, nacional e internacional por los derechos humanos fundamentales y la igualdad de todos, por la emancipación social y la democracia, y contra la destrucción de los ecosistemas. El programa también incluye objetivos a medio y largo plazo que podrían ser compartidos y asumidos entre las organizaciones políticas y los movimientos sociales de la izquierda popular.

Nuestro objetivo es someter estos análisis y propuestas a la discusión de la izquierda social y política y de todos los activistas y ciudadanos en Europa que están convencidos de que se necesita un cambio radical si queremos responder a los principales retos del momento. Europa atraviesa una crisis profunda y prolongada. La Unión Europea se sigue construyendo de manera antidemocrática y al servicio de los más ricos. Repetidamente, los sectores populares están demostrando en las calles y en las urnas su rechazo a las políticas que han sido aplicadas durante décadas por los gobiernos, y en la mayoría de casos coordinadas y apoyadas por las instituciones europeas, así como su deseo de un cambio radical. En los últimos años, se han desperdiciado muchas oportunidades, especialmente en 2015 en Grecia.

La crisis climática, las políticas violentas de austeridad y el peligro representado por una extrema derecha racista y xenófoba solo hacen que sea más urgente definir una estrategia que asocie la autoorganización popular, los movimientos sociales y las organizaciones políticas, para poner la política al servicio de la mayoría.

Introducción

Durante diez años, la protesta popular se ha expresado en Europa en contra de las políticas al servicio de los ricos y las grandes empresas discriminatorias y antidemocráticas implementadas por los gobiernos nacionales y, a menudo coordinadas por la Unión Europea (UE). Esta ha tomado la forma de iniciativas sindicales, así como nuevos movimientos como 15-M en España (también llamado movimiento de los indignados en el extranjero), la ocupación de las plazas en Grecia y las protestas masivas en Portugal en 2011, el movimiento en contra de la ’ley trabajo’ en Francia y contra el impuesto del agua en Irlanda en 2016, las grandes manifestaciones soberanistas y en contra de la represión política en Cataluña a partir de 2017. También las luchas feministas han dado lugar a movilizaciones históricas en Polonia (la protesta Czarny contra la ley anti-aborto en 2017), en Italia (movimiento ’Non Una di Meno’ desde 2016), en España (huelgas generales de 5 millones de personas los 8 de marzo de 2018 y 2019) así como una victoria contra la influencia política de la Iglesia Católica en Irlanda con la legalización del aborto en un referéndum en mayo de 2018, y están comenzando a imponer su centralidad en todas las luchas social. El año 2018 también vio el surgimiento de nuevas movilizaciones sociales contra el orden económico y político imperante, por ejemplo, con el movimiento en contra de ’la ley de la esclavitud’ (reforma neoliberal de la legislación laboral) en Hungría, el desarrollo del movimiento antirracista Indivisible en Alemania, y en Francia y la Bélgica francófona con el movimiento de los chalecos amarillos, que se opone a las políticas fiscales injustas y la falta de democracia en las instituciones políticas. Por no hablar de los eventos ambientales para el clima, impulsados sobre todo por los jóvenes que fueron a la huelga en muchos países como Suecia, Dinamarca, Suiza, Bélgica, Francia o Gran Bretaña. Todos estos movimientos sociales y otros, desafiaron la orientación de la austeridad y el autoritarismo de las políticas en Europa, colocando en la agenda, directa o indirectamente, la cuestión de un proyecto de sociedad radicalmente alternativa al capitalismo, el productivismo, el saqueo ecológico, el racismo y el patriarcado. Este Manifiesto se integra dentro de estos movimientos y comparte sus objetivos: la lucha contra todos los dominios, por los derechos de todos, por la igualdad y por la democracia por venir, que no excluirá a las empresas ni a los barrios populares y que será necesariamente profundamente contradictoria con la lógica del capitalismo (sea esta ’proteccionista’ y por lo tanto en contra de los ’extranjeros’, o bien ’liberal’) que destruye los derechos sociales y el medio ambiente.

Estos movimientos sociales son inseparables de las emergencias sociales, ecológicas, democráticas, feministas y solidarias Estos movimientos sociales son inseparables de las emergencias sociales, ecológicas, democráticas, feministas y solidarias. Emergencia social porque las condiciones de vida y trabajo de las clases trabajadoras en Europa se han deteriorado constantemente durante los últimos treinta años, y especialmente desde la crisis que ha afectado al continente desde 2008-2009. Emergencia ecológica porque el consumo exponencial de combustibles fósiles, y más generalmente, la destrucción de los ecosistemas necesaria para el capitalismo, hacen que el cambio climático global (cuyos efectos son ahora bastante visibles) avance hacia un punto de no retorno que amenaza la existencia misma de la humanidad. Emergencia democrática porque, ante los desafíos que han surgido para las clases dominantes en los últimos treinta años, estas no han dudado en adoptar métodos de dominación cada vez menos preocupados por las apariencias democráticas y cada vez más coercitivos. Emergencia feminista porque la opresión patriarcal en sus diferentes formas está provocando más y más reacciones masivas de rechazo proclamadas en voz alta y clara por millones de mujeres y hombres. Emergencia de la solidaridad, finalmente, porque el cierre de fronteras y la construcción de muros en respuesta a millones de migrantes en todo el mundo, huyendo de la guerra, la miseria, los desastres ambientales o los regímenes autoritarios, no constituyen nada más que una negación de la humanidad. Cada una de estas emergencias conduce, en reacción, a movilizaciones de desobediencia, autoorganización y construcción de alternativas, que constituyen los focos de alternativas democráticas en Europa.

En este Manifiesto, nuestra reflexión y nuestra voluntad de acción están ancladas en estas movilizaciones a escala europea, pero sin cerrarnos dentro de las fronteras ni de las instituciones existentes: todos los intereses y derechos que se evocan se han convertido en planetarios. Están disponibles en todos los países y continentes, con sus propias especificidades e historias. Los ataques sociales se articulan de lo local a lo global debido a las estrategias de las empresas multinacionales y sus grupos de interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. dentro de los estados e instituciones de la globalización Globalización (ver también Mundialización)



Origen y sentido de este término anglosajón: en inglés, la palabra «global» se refiere tanto a fenómenos que interesan a la (o las) sociedad(es) humana(s) a nivel del globo como tal (es el caso de la expresión «global warming» que designa el efecto invernadero), como a procesos que poseen la característica de ser «globales» únicamente en la perspectiva estratégica de un «agente económico» o de un «actor social» preciso. En lo que estamos viendo, el término «globalización» nació en las bussiness schools norteamericanas y reviste el segundo sentido. Se refiere a los parámetros pertinentes de la acción estratégica del gran grupo industrial. Lo mismo sucede en la esfera financiera. A la capacidad estratégica del gran grupo de adoptar una aproximación y una conducta «globales». En un debate público, el patrón de uno de los mayores grupos europeos explicó, en sustancia, que la «globalización» representa «la libertad para su grupo de implantarse donde quiera, cuando quiera, para producir lo que quiera, aprovisionándose y vendiendo donde quiera, y en donde tenga que soportar las menores obligaciones posibles en materia de derechos laborales y convenciones sociales» (extraido de Chesnais, 1997[a]). capitalista, apoyándose en las normas del llamado ’libre comercio’. De hecho, esta es la lógica que preside el ’interés general’ que la Comisión Europea pretende defender en la UE, o de los ’partenariados’ profundamente desiguales que la UE está desarrollando con los países del sur y al este del espacio europeo.

El crecimiento de las desigualdades está ligado a las políticas europeas de empleo, que persiguen la destrucción de las prestaciones salariales y la precariedad generalizada Las instituciones europeas ayudan a organizar y coordinar las políticas neoliberales a nivel internacional, incitan y, a veces, obligan a los gobiernos nacionales a acelerar en cada país los procesos de reducción de salarios y pensiones, de desmantelamiento de los derechos laborales y sociales, de privatización de los servicios públicos, etc. Por supuesto, las políticas neoliberales no son dictadas únicamente por las instituciones europeas (los países que no forman parte de la UE también las aplican), pero sus tratados e instituciones son un instrumento poderoso para alentarlas y hacerlas cumplir. Independientemente de las diversas interpretaciones de las fases pasadas de la ’construcción europea’, está claro que la UE siempre ha sido un conjunto de instituciones pro-capitalistas, y se ha construido desde el Tratado de Roma como gran mercado para los capitales y de ’competencia libre y sin distorsiones’, protegida de la intervención popular y democrática. Pero los acontecimientos recientes han radicalizado el carácter desigualitario y autoritario de las políticas europeas.

El último período está marcado, por una parte, por el considerable aumento de las desigualdades económicas y sociales dentro de cada país, así como entre el centro y las periferias internas y externas (sur y este) de la UE; y, por otro lado, por la naturaleza cada vez más peligrosa de la crisis ecológica, el desequilibrio del clima y los llamados desastres naturales, causados por la destrucción de los ecosistemas, que ahora se pueden observar de manera fuerte y continua.

El aumento de la desigualdad está directamente relacionado con las políticas de empleo europeas destinadas a destruir las protecciones salariales e imponer la precariedad generalizada; con las políticas financieras, destinadas a proteger a los bancos y grandes corporaciones de impuestos y cualquier tipo de regulación seria; y también con las monetarias, es decir, con la arquitectura misma de la Unión Económica y Monetaria (UEM), así como con las iniciativas específicas lideradas por el BCE BCE

Banco central europeo El Banco Central Europeo es una institución radicada en Fráncfort, creada en 1998. Los países de la zona euro* le transfirieron sus competencias en materia monetaria y su funcióin oficial es el de asegurar la estabilidad de precios (luchar contra la inflación) en dicha zona. Sus tres órganos de decisión (El Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo y el Consejo General) están compuestos por los gobernadores de los bancos centrales* de los países miembros y/o de “reconocidos” especialistas. Sus estatutos le hacen “independiente” políticamente pero está directamente influenciado por el mundo financiero. , el Eurogrupo, y el Grupo de Trabajo del Eurogrupo, como se vió en las pseudo-negociaciones con Grecia en 2015. Por un lado, la imposibilidad de devaluar la moneda, una consecuencia directa de la moneda única, contribuye a la ampliación de las disparidades continentales, la precariedad de las condiciones de trabajo, el desempleo (especialmente entre los jóvenes) y la emigración de poblaciones desde las áreas periféricas del continente hasta sus áreas centrales, especialmente de los jóvenes graduados que buscan trabajo. Al mismo tiempo que ocultan las responsabilidades de las clases dominantes a nivel nacional, las reglas de la zona euro obligan a los gobiernos a bajar sistemáticamente los salarios, especialmente en los países periféricos, mientras que las economías del centro compiten cargando el peso sobre la espalda de sus propias poblaciones cada vez más precarias (como los 7 millones de empleados en Alemania que cobran 400 euros al mes) amenázandolas con reubicar sus puestos de trabajo, y explotando a la vez a la mano de obra de la Europa periférica, para seguir ganando participación en el mercado en exterior.

Por otro lado, estas desigualdades se han visto reforzadas por el recurso sistemático del BCE y el Banco de Inglaterra a una política de inundación de los mercados de capitales con billones de liquidez (programas de expansión monetaria) para salvar a los bancos europeos, en detrimento de las condiciones de vida de los pueblos, especialmente en las periferias. La UEM, en el corazón de la integración europea, ha operado desde la crisis de 2007-2008 como un instrumento de explotación económica de los trabajadores, de polarización social entre los pueblos y de dominación política de algunos estados sobre otros. Los países fuera de la zona euro pero parte de la UE se ven obligados a reducir los costes salariales, a hacer dumping fiscal y a precarizar el trabajo para seguir siendo competitivos con los pesos pesados de la zona euro como Alemania, Francia y el Benelux. El Reino Unido, que está negociando su salida de la UE, es en sí mismo un ejemplo de inseguridad laboral, especialmente debido a sus cientos de miles de contratos de ’cero horas’.

Las instituciones de la UE y sus estados miembros priorizan salvar el capitalismo respecto a la misma supervivencia de la humanidad Al mismo tiempo, aunque ahora existe un consenso claro sobre la magnitud de la crisis ecológica actual, las instituciones de la UE y los gobiernos de sus estados miembros (como los gobiernos de otros estados principales responsables del calentamiento global y de la destrucción de los ecosistemas debido a sus políticas favorables a las grandes empresas contaminantes) no hacen los esfuerzos necesarios para iniciar la transición necesaria hacia economías libres de carbono y a la consecuente transformación del sistema productivo. Estas instituciones prefieren salvaguardar la existencia del capitalismo en lugar de la de la humanidad, poniendo así en peligro las vidas mismas de los jóvenes y de las generaciones futuras.

La respuesta de la mayoría de los gobiernos a los movimientos de protesta crecientes es aumentar el nivel de represión estatal: los movimientos sociales y políticos están amenazados en Grecia, las leyes que atacan la libertad son sucesivas y la violencia policial está aumentando en Francia y Bélgica. Se criminalizan activistas de los movimientos de recepción y solidaridad con los migrantes. Las fuerzas de derecha, xenófobas y autoritarias están haciendo un progreso significativo hasta el punto de participar ahora en los gobiernos europeos (por ejemplo, en Italia), o establecer la agenda política de los gobiernos del ’extremo-centro’ (por ejemplo, en Francia). Las instituciones europeas, por su parte, nunca han protegido tan activamente los intereses capitalistas y nunca se han atrincherado tanto en contra de cualquier intervención de la voluntad popular y de la elección democrática como en los últimos años. En Grecia, respondieron con una política de asfixia monetaria (cortaron la liquidez estatal) a la victoria electoral de Syriza en enero de 2015 y, después de la victoria del ’NO’ en el referéndum de julio de 2015, continuaron las negociaciones internas con el mismo gobierno para neutralizar la voluntad popular e imponer, con la ayuda del gobierno griego, un tercer memorando de austeridad. Con los acuerdos de política migratoria firmados entre la UE y terceros países, como el acuerdo con Turquía de abril de 2016, estas instituciones han aumentado la injusticia del Reglamento Dublín III y la violencia de Frontex (agencia de represión de los migrantes en las fronteras de la UE), la violación sistemática del derecho internacional, incluido el derecho de asilo, y la financiación directa de una política represiva subcontratada a terceros países. Hoy, los proyectos dominantes para la ’reforma’ de la UE son militaristas (aumento del presupuesto de Euroforce), antidemocráticos (naturaleza automática del control europeo de los presupuestos nacionales) e incluso más neoliberales (proyectos de privatización generalizada de servicios públicos). Más que nunca, como dijo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en 2015, desde el punto de vista de las instituciones europeas, ’no puede haber una opción democrática contra los tratados europeos’.

Ante esta construcción pro-capitalista, antidemocrática y xenófoba de la UE, ¿qué debemos hacer? La reforma por la vía electoral a nivel europeo no es una opción realista. Una mayoría (muy) hipotética de una coalición radical de izquierda en el Parlamento Europeo no sería suficiente para imponer una modificación de los tratados principales y un control democrático de la Comisión Europea y el BCE, que son las dos principales máquinas de guerra del neoliberalismo en Europa. El Parlamento no tiene las prerrogativas necesarias para tales reformas, y el BCE, la Comisión Europea, pero también el Tribunal de Justicia y las diversas agencias europeas, se han autonomizado absolutamente de la soberanía popular. Y una elección simultánea en casi todos los estados miembros de gobiernos que quieren reformar la UE también parece ilusoria, aunque solo sea por cuestiones de falta de sincronía entre los distintos ciclos electorales. La Unión Europea es hoy no solo una de las vanguardias del neoliberalismo, sino también un conjunto irreformable de instituciones, por lo que una izquierda que aspire a la transformación social ya no puede ser creíble y realista sin poner en el centro de su estrategia romper con los tratados e instituciones de la Unión Europea.

Es necesario y posible oponerse a las fuerzas políticas desegualitarias y reaccionarias a nivel nacional, europeo e internacional Pero, ¿qué formas debe tomar esta ruptura? Ya sabemos que no puede consistir en negociaciones que busquen un consenso sin que exista un equilibrio de poder con las instituciones europeas, como lo demostró claramente la experiencia del primer gobierno de Syriza en 2015. También sabemos que las disrupciones políticas deben necesariamente confiar en movilizaciones sociales a gran escala. Tales movilizaciones empezaron a disminuir en Grecia a principios de 2015, y pudieron haber permitido dirigir la campaña del Brexit en una dirección diferente a la campaña nacionalista y xenófoba, que desafortunadamente prevaleció en Gran Bretaña en 2016, si la izquierda lo hubiera intentado. En otras palabras, la ruptura con los tratados y las instituciones de la Unión Europea tendrá que ser confrontativa, democrática e internacionalista. Este Manifiesto argumenta que es necesario y posible oponerse al mismo tiempo a las fuerzas y políticas desiguales y reaccionarias (que aparecen tanto bajo las etiquetas liberales como las proteccionistas) a nivel nacional, europeo e internacional, basándose en la iniciativa de los ciudadanos y los movimientos sociales organizados y la acción de un gobierno defensor de los derechos para todos y todas.

También es necesario que lo que se llama en Europa la ’izquierda popular’ finalmente esté a la altura del reto. Hasta la fecha, todos sus componentes carecen de claridad y coraje en su relación con las instituciones europeas, de radicalidad y ambición en las propuestas políticas que defienden, y de anclaje popular debido a su desconexión respecto a los movimientos sociales que, desde abajo, desafían el orden existente. Es hora de discutir a nivel local, nacional e internacional medidas e iniciativas realistas y radicales cuya implementación realmente satisfaría las necesidades sociales y garantizar

ía los derechos humanos de los hombres y las mujeres que residen en Europa o que deseen establecerse allí, mejorarían sus condiciones de vida y de trabajo, servirían para conquistar el poder democrático y para comenzar a trascender el capitalismo y acometer la transición ecológica.

Los capítulos de este Manifiesto se conciben como propuestas para el debate Los capítulos de este Manifiesto se conciben como propuestas para el debate, como resultado de una reflexión centrada en acciones inmediatas y de más largo plazo. Están dirigidos a los ciudadanos y activistas de la izquierda social, sindical y política de los distintos países miembros o en la órbita de la UE, sometiéndolos a la discusión de los diagnósticos y propuestas que los movimientos sociales y las fuerzas de izquierda que aspiren a formar un gobierno popular podrían defender juntos.

El Capítulo 1 somete a la discusión los principios, estrategias y herramientas para lograr estos objetivos y poner en práctica estas propuestas. Se trata de responder a la pregunta: ¿qué debe hacer un gobierno popular en los primeros días y los primeros meses de su actividad? En este capítulo se presentan medidas populares que un gobierno de un estado miembro de la UE debe poner en práctica de manera inmediata (durante las primeras horas de tomar posesión del cargo) y de manera unilateral -es decir, sin que se cumplan los tratados y en conflicto con las instituciones europeas- como el aumento inmediato de los salarios y los impuestos sobre el capital, la moratoria del pago de intereses de la deuda pública, el control de los movimientos de capitales (para evitar su fuga organizada por el gran capital), la socialización de los bancos y la reanudación del control público sobre la moneda, etc., y otras disposiciones, sin la cuales no es posible ninguna forma de política progresista. Como en los capítulos siguientes, se distinguen e identifican las medidas inmediatas, de medio y largo plazo, a tomar a nivel nacional e internacional.

Los siguientes capítulos contienen propuestas relativas a:

la deuda pública, cuya parte ilegítima, ilegal, odiosa e insostenible debe ser abolida (Capítulo 2);

los bancos, que deben ser socializados como parte de un marco bancario público que ponga el dinero al servicio de las necesidades básicas y no de la acumulación de ganancias (Capítulo 3);

los derechos laborales y sociales, que deben desarrollarse y reinventarse para mejorar las condiciones de vida y obtener el poder democrático sobre los medios y fines del trabajo (Capítulo 4);

la transición energética y ecológica, que se necesita urgentemente para detener la destrucción de los ecosistemas e inventar nuevas formas de vida sostenibles (Capítulo 5);

las luchas feministas, que deben estar en el centro de un proyecto radicalmente democrático y transversal a todas las luchas sociales y políticas (Capítulo 6);

la educación y la salud, que deben ser defendidas como derechos fundamentales, desarrolladas y extendidas a todos como servicios públicos, contra su continua mercantilización y degradación (Capítulo 7);

la política internacional y de migración, que debe apuntar concretamente a la realización de los derechos fundamentales de todos, la paz y la solidaridad entre los pueblos (Capítulo 8).

El Capítulo 9 propone, como el primer capítulo, principios, estrategias y herramientas para lograr los objetivos presentados. Propone responder a esta pregunta: ¿qué hacer con la hostilidad y las limitaciones de las instituciones europeas? Presenta un enfoque de desobediencia (en todos los niveles territoriales), de confrontación (incluyendo herramientas defensivas y ofensivas), de ruptura (en varias formas posibles). Este enfoque no propone respuestas congeladas de antemano, sino principios rectores que parten de los objetivos defendidos y tienen en cuenta la lógica a la que nos enfrentamos. Este capítulo plantea el tema de la reconstrucción de alianzas y procesos constituyentes con miras a instituir formas de cooperación internacional democráticas y alternativas a las de la UE.

La soberanía popular solo puede construirse creando nuevas instituciones democráticas sobre la base de la autoorganización Nuestro campo debe rechazar los planes poco realistas de reforma institucional de las instituciones europeas, que al final solo refuerzan el status quo y los planes de repliegue nacional, que solo terminan reforzando el capitalismo doméstico. Una fuerza de izquierda que pretende ser un gobierno popular y comprometerse con un cambio social prioritario debe comprometerse a desobedecer a las instituciones europeas, a romper con su funcionamiento normal, a defenderse contra los ataques y represalias que vendrán de las instituciones europeas y del gran capital, como los intentos de bloqueo de las instituciones nacionales defensoras del orden existente, y trabajar hacia nuevas alianzas internacionales con actores dentro y fuera de la actual UE, con el objetivo de crear nuevas formas de cooperación y solidaridad. La soberanía popular solo puede construirse cuestionando las formas actuales de las instituciones políticas, a nivel nacional, europeo e internacional, y creando nuevas instituciones democráticas sobre la base de la autoorganización. Para ello, es necesario convencerse de la necesidad de una ruptura política con las instituciones nacionales, europeas e internacionales que aplican las políticas que combatimos, y consolidar los vínculos entre las iniciativas y las resistencias, y entre todos los componentes políticos, asociativos y sindicales que comparten objetivos de cambio progresista y radical, especialmente para influir en Europa. En el futuro inmediato, la urgencia es reforzar y coordinar las iniciativas existentes de desobediencia, ruptura y autoorganización, e iniciar nuevas iniciativas, dándoles sistemáticamente una dimensión internacional y orientándolas claramente en contra de las instituciones de la UE y a favor de nuevas formas de solidaridad entre los pueblos.

Al hacer estas propuestas de desobediencia y ruptura con las instituciones europeas, no se trata de buscar una solución nacionalista a la crisis y la protesta social. Al igual que en el pasado, es necesario adoptar una estrategia internacionalista y abogar por una federación europea de pueblos que se oponga a la búsqueda de la forma actual de integración totalmente dominada por los intereses del gran capital. También se trata de buscar constantemente el desarrollo de campañas y acciones coordinadas a nivel continental (y más allá) en las áreas de la deuda, la ecología, el derecho a la vivienda, la recepción de migrantes y de refugiados, la salud pública, la educación pública y otros servicios públicos, el derecho al trabajo, la lucha para cerrar las centrales nucleares, la drástica reducción del uso de combustibles fósiles, la lucha contra el dumping fiscal y los paraísos fiscales, la lucha por la socialización de los bancos, los seguros y el sector energético, la recuperación de los bienes comunes Bienes comunes En economía los bienes comunes se caracterizan por un modo de propiedad colectiva, que se diferencia tanto de la propiedad privada como de la pública. En filosofía hacen referencia a aquello que comparten los miembros de una misma comunidad, ciudad o la propia humanidad, desde un punto de vista jurídico, político o moral. , la acción contra la evolución cada vez más autoritaria de los gobiernos y a favor de la democracia en todos los sectores de la vida social, la lucha por la defensa y extensión de los derechos de las mujeres y las personas LGBTI, la promoción de los bienes públicos y el inicio de procesos constituyentes.

Reconstruir un mundo que sea habitable, justo y democrático ¿Se objetará que este camino revolucionario es demasiado radical o demasiado difícil? Respondemos que las otras formas son impasses, y que esta es la única que hace posible una ruptura con el orden existente, desde ahora y donde sea posible, para reconstruir espacios locales, regionales, nacionales e internacionales, de un mundo que sea habitable, justo y democrático

Capítulo 1. - Primeros pasos de un gobierno popular

Reino Unido

I. DIAGNOSTICO

Las grandes empresas y los grandes bancos, cuentan con un gran grupo de lobbistas, y establecen la agenda política tanto a nivel nacional como supranacional En líneas generales, el contenido y los resultados de las políticas neoliberales de la UE han sido similares en todos los estados miembros. Las grandes empresas y los grandes bancos, que cuentan con un gran grupo de lobbistas, establecen la agenda política tanto a nivel nacional como supranacional. El declive correlativo de la democracia y la pérdida de soberanía popular en Europa refleja un cambio histórico a favor del capital y en contra del trabajo. Para el trabajo, este cambio ha supuesto una tremenda escalada de inseguridad con respecto al empleo, los ingresos, la atención médica, las pensiones, etc. Para el capital ha significado la rapaz apropiación de la riqueza nacional que impulsa la desigualdad a niveles sin precedentes en los años de la posguerra. Las políticas de la UE para enfrentar la crisis de la Eurozona han favorecido aún más al capital al tiempo que empeoran las condiciones de trabajo. Han reforzado el desempleo masivo, especialmente para los jóvenes y en la periferia, la compresión de los salarios, la falta de inversión y el declive de los servicios públicos. También han aumentado dramáticamente el poder económico y la dominación política del núcleo de Europa sobre las periferias del sur de Europa y de Europa central. [1]

Frente a esta realidad implacable, el primer requisito para la izquierda es abordar la creencia de que la UE podría reformarse radicalmente desde adentro, en otras palabras, respetando los tratados y siguiendo los canales y los procedimientos de toma de decisiones de las instituciones europeas.

En nuestra opinión, la soberanía popular y un enfoque internacionalista no solo son compatibles sino que se necesitan La maquinaria de la UE y la autoridad del TJUE aseguran que los tratados continuarán siendo interpretados en favor del avance del neoliberalismo. Al igual que no hay una política normal dentro de la UE, tampoco hay una disputa política normal para determinar el panorama de las instituciones de la UE. La UE es un gigante transnacional orientado a moverse en favor del neoliberalismo y de la jerarquía entre naciones. De hecho, es una alianza jerárquica de los estados nacionales que han creado el marco institucional de un mercado único que promueve sin descanso el neoliberalismo.

Por lo tanto, el principal dilema consiste en qué hacer si una fuerza popular y progresista llega al gobierno y ve que no es posible aplicar una política progresista sin una reacción negativa y fuerte del aparato económico de la UE. En nuestra opinión, la soberanía popular y un enfoque internacionalista no solo son compatibles sino que se necesitan. Por lo tanto, es necesario defender una hoja de ruta política que combine las tareas políticas populares y nacionales con un punto de vista internacionalista. Esta hoja de ruta política consiste en llevar a cabo las medidas necesarias para romper unilateralmente las medidas de austeridad y, por lo tanto, desobedecer los tratados y los pactos neoliberales, mientras se construye un marco de cooperación con otros países (dentro o no de la UE) compatible con la construcción de una nueva solidaridad y de un espacio económico alternativo en Europa.

Desde esta perspectiva, una agenda democrática, social y laboral radical debe ser puesta en el centro. La protección y extensión de los derechos laborales, la creación de empleos y la extensión de los derechos sociales y los servicios públicos exigen una economía política incompatible con los tratados de la UE. La izquierda debe proponer nuevas políticas capaces de inclinar el equilibrio de poder hacia el trabajo, fortalecer la democracia, recuperar la soberanía y brindar una perspectiva socialista viable para el continente. Sin embargo, para que esto se convierta en una realidad política, la izquierda debe recuperar su radicalismo histórico, rechazar los mecanismos de la UEM y la UE y aceptar las consecuencias de esta política desobediente. Sobre esa base, en la práctica podría defender los derechos de los ciudadanos y los migrantes, especialmente de las clases populares.

II. PROPUESTA

Ruptura con las estructuras de poder doméstico que tienen un interés propio en los arreglos actuales Entonces, ¿qué debe hacer la izquierda europea? [2] La lección de SYRIZA es primordial en este sentido. Si la izquierda tiene la intención de implementar políticas anticapitalistas radicales y enfrentarse efectivamente al gigante neoliberal de la UE, debe estar preparada para una ruptura. Tiene que haber una ruptura, una revuelta, un vuelco de las condiciones imperantes, para que las cosas cambien en Europa. Debe haber una ruptura con las estructuras de poder doméstico que tienen un interés propio en los arreglos actuales. También debe haber una ruptura con las instituciones transnacionales de la UE que sostienen los acuerdos actuales.

Con respecto a las políticas económicas y sociales de un gobierno popular, la prioridad es implementar programas nacionales que desafíen directamente el poder del capital. Cada país tendría que adaptar su propio programa según sus necesidades, pero los elementos clave se aplicarían a todos. A corto plazo, estos elementos consistirían en acabar con la austeridad, volver a extender los derechos laborales y sociales, llevar a cabo la redistribución de los ingresos y la riqueza, y realizar la inversión pública para satisfacer las necesidades y aspiraciones inmediatas y fundamentales de la clase trabajadora y los pobres.

¿Qué debe hacer la izquierda en el caso de llegar a un gobierno nacional?

Pasos inmediatos:

La prioridad es dar fin a la austeridad. La política fiscal y monetaria debería orientarse a impulsar la demanda interna con el objetivo de reducir el desempleo y aumentar los ingresos. En una economía enorme, como la UE, las fuentes de demanda deben buscarse en el propio país en primera instancia. Esto es válido para los países del núcleo y para aquellos en las periferias, pero también para el poder hegemónico. Alemania debería abandonar su destructivo neomercantilismo centrándose en su economía doméstica.

Impulsar la demanda interna con el objetivo de reducir el desempleo y aumentar los ingresos Impulsar la demanda interna necesariamente incluiría redistribuir los ingresos y la riqueza desde el capital y hacia el trabajo. La desigualdad debe abordarse urgentemente en toda Europa, tanto en el centro como en la periferia. Tiene sentido desde el punto de vista económico en varios países de la UE aumentar los salarios como medio para apoyar la demanda agregada. También tiene sentido económico elevar la carga fiscal sobre las corporaciones y los ricos, incluida la riqueza. La restauración de los derechos laborales y la protección del empleo, así como el fortalecimiento del estado de bienestar mediante la provisión para la salud, la vivienda y la educación serían partes integrales de la reducción de la desigualdad. No hay nada inviable en tales políticas en la Europa contemporánea. Esta es una cuestión de elecciones políticas y sociales que reflejan el equilibrio de poder entre el trabajo y el capital.

Las políticas requeridas pueden dividirse en una parte social y una económica. Con respecto a los derechos sociales, un gobierno popular debe inmediatamente:

Mejorar el salario mínimo y los derechos en cuanto a las pensiones.

Extender los servicios públicos universales y gratuitos en el campo de la salud, la educación, el cuidado de niños y personas mayores, el transporte colectivo y una política de vivienda con una renta social.

Crear empleos públicos de alta calidad para estos fines, así como para iniciar un proceso de transición ecológica, incluido un plan de aislamiento, renovación y requisición de viviendas.

Implementar una sustancial reducción del tiempo de trabajo por ley.

Redactar una nueva reforma laboral progresista para limitar el poder de los empresarios en la empresa y avanzar hacia una democracia en todos los espacios productivos.

Por consiguiente, también deberían implementarse una serie de medidas económicas para proteger esta agenda social y su desarrollo:

Detener la implementación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Establecer un control temporal del movimiento de capitales para prevenir la fuga de capitales y perseguir la evasión fiscal.

Establecer un control de precios sobre los bienes de primera necesidad.

Suspender el pago de la deuda, sobre la base de una Moratoria y una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública, mientras se opta por un impago selectivo, protegiendo los fondos de la seguridad social, los fondos de pensiones y los pequeños ahorradores.

Regular y limitar el sistema bancario privado y crear un nuevo sistema bancario público bajo control democrático y social.

Establecer una reforma tributaria progresiva (con más peso sobre los beneficios y el patrimonio) con la prioridad en la tributación sobre el capital, las grandes empresas y los salarios muy altos, para respaldar una nueva política de inversión pública.

Crear empleo bajo un modelo de transición energética y proteger a las clases trabajadoras en caso de una disminución temporal del ingreso nacional, para que las clases dominantes paguen por la crisis.

La elección de un gobierno popular abrirá de inmediato un período de intensa contra-propaganda e iniciativas de las fuerzas económicas y políticas pro-capitalistas para neutralizar sus políticas progresistas Pero estas políticas implican desobedecer los tratados e instituciones europeas, y estas últimas necesariamente tratarán de impedir su implementación. De hecho, la elección de un gobierno popular abrirá de inmediato un período de intensa contra-propaganda e iniciativas de las fuerzas económicas y políticas pro-capitalistas para neutralizar sus políticas progresistas. Este contraataque de las clases dominantes europeas se puede lograr mediante la fuga de capitales y el aumento de los tipos de interés, por ejemplo, pero también mediante el chantaje político de la burguesía nacional y de las instituciones europeas para forzar al gobierno popular a abandonar sus políticas pro-populares y abandonar su mandato democrático. Durante este período, el nuevo gobierno popular elegido debería movilizar tanto a la población como a los movimientos sociales para apoyar estas políticas radicales, y a los trabajadores de los sectores estratégicos (especialmente los bancos) para evitar que los ’saboteadores’ de la economía y la democracia tengan éxito. También debería tranquilizar a la población con respecto a sus ahorros, el valor de su dinero y sus condiciones de vida y de trabajo, y dirigirse a los demás pueblos de Europa para obtener su apoyo activo Activo En general, el término “activo” hace referencia a un bien que posee un valor realizable o que puede generar ingresos. Por el contrario, hablamos de “pasivo”, es decir la parte del balance compuesta por los recursos de los que dispone una empresa (capital propio aportado por los socios, provisiones por riesgos y gastos, así como las deudas). .

La necesidad de tal defensa contra el contraataque pro-capitalista y el fortalecimiento del apoyo popular y la movilización requieren que el gobierno popular recién elegido esté preparado para promulgar decretos antes del primer día de su asunción del cargo con respecto a:

La protección de los depósitos bancarios (hasta una cantidad determinada).

El control de los bancos, las compañías de seguros, etc.

El Banco Central Banco central Entidad que, en un Estado, se encarga generalmente de la emisión de billetes de banco y del control del volumen de moneda y crédito. En España es el Banco de España quien asume dicho rol, bajo el control del Banco Central Europeo (BCE, ver más abajo).



El Banco Central de un país gestiona la política monetaria y tiene el monopolio de la emisión de la moneda nacional. Proporciona moneda a los bancos comerciales a un precio determinado por las tasas directoras, que son fijadas por el proprio banco. , que debe ser puesto inmediatamente bajo la autoridad del gobierno, y debe estar autorizado para emitir dinero.

Una moratoria sobre el servicio de la deuda Servicio de la deuda Suma de la amortización más los intereses del capital prestado. pública.

El control de la circulación de los capitales.

Al menos una medida importante para mejorar inmediata y sustancialmente las condiciones de vida de muchos, por ejemplo, el aumento de los salarios mínimos.

Sobre esta base y al mismo tiempo, debe iniciar de inmediato discusiones públicas con otros gobiernos y dirigirse a los demás pueblos de la UE para lanzar campañas internacionales para obtener apoyo a estas políticas.

Pasos de medio plazo a nivel nacional-estatal:

Como se mencionó anteriormente, primero debe esperarse la hostilidad de los mecanismos internos de poder cuyos intereses se verían directamente amenazados. La hostilidad también debe esperarse de los mecanismos de la UE, ya que una política industrial basada en la propiedad pública y una serie de controles económicos irá directamente contra la lógica del mercado único europeo. La máquina neoliberal en Bruselas no tolerará un desafío a la organización institucional de la UE y al poder del ’acervo comunitario’. Las represalias, en forma de sanciones, en forma de interrupción de financiación, o incluso la expulsión de la UE inevitablemente emergerán.

Ante la hostilidad de la UE la izquierda debe rechazar el mercado único y su marco institucional y legal Ante la hostilidad de la UE, por lo tanto, la izquierda debe rechazar el mercado único y su marco institucional y legal. Deberá argumentar a favor de los controles sobre el movimiento de bienes, servicios y capitales, en ausencia de los cuales será imposible aplicar un programa radical en la dirección del socialismo. También debe rechazar la autoridad del ’acervo’ y el TJUE, comenzando así a separar la legislación comunitaria de la nacional. Finalmente, debe apoyarse en las luchas sociales para imponer logros en el campo de las relaciones de producción, la distribución de la riqueza, la cooperación entre los pueblos y el cuidado del medio ambiente, así como en los procesos constituyentes para crear nuevas instituciones democráticas a nivel nacional e internacional. En última instancia, no hay otra manera de recuperar la soberanía popular. Esta recuperación debe ser compatible con el internacionalismo, ya que está abierta a la solidaridad y a compartir políticas entre diferentes pueblos bajo una cooperación democrática. Si esto implica que se nos presente un ultimátum para salir de la UE, que así sea.

La cuestión de la soberanía monetaria es crucial: hay dos opciones posibles La cuestión crucial relacionada con cómo responder a la probable reacción hostil de las instituciones de la UE es la cuestión de la soberanía monetaria. Un gobierno de izquierda debería considerar dos opciones posibles:

Escenario 1. Salir de la UEM y crear una nueva moneda nacional.

Un paso crucial en el camino de un gobierno popular sería el rechazo de la UEM, bajo una estructura económica neoliberal, como lo es ahora. La unión monetaria es la columna vertebral del mercado único y el dispositivo disciplinario más eficaz para la imposición de la política e ideología neoliberales. Las naciones de Europa no necesitan una moneda común para participar en una interacción libre y fructífera entre sí, y ciertamente no necesitan el euro. Por el contrario, cuanto más tiempo persista la UEM y más rígida se vuelva, más difícil será implementar políticas anticapitalistas en Europa.

Para las naciones periféricas, y especialmente para la periferia del sur, salir de la UEM, como está establecida, es imperativo. Salir de esta trampa de hierro es la manera de adoptar políticas que podrían expandir la economía, absorber el desempleo mediante la creación de empleos bien pagados, reducir la pobreza y colocar a los países en el camino del crecimiento sostenido. Ciertamente, la salida no es un proceso fácil, pero a estas alturas ya existe un conocimiento considerable sobre cómo podría lograrse con la menor interrupción posible. [3] Si fuera consensual, los costes se reducirían aún más.

Para los países centrales, la cuestión de la UEM es considerablemente más compleja, ya que implica el desmantelamiento total de la unión monetaria y el establecimiento de acuerdos alternativos en su lugar. La UEM no debe ser reemplazada por una competencia sin restricciones en los mercados de divisas. Europa requiere un sistema estabilizador de los tipos de cambio junto con un medio para hacer pagos entre los países. El conocimiento técnico para lograr estos objetivos existe, e incluso algunos de los mecanismos del antiguo Sistema Monetario Europeo. El sistema falló a principios de la década de 1990, pero la noción subyacente en tal sistema de estabilizar los tipos de cambio era válida.

Desmantelamiento total de la unión monetaria y el establecimiento de acuerdos alternativos en su lugar La UE es una entidad económica enorme en la que la mayoría del comercio tiene lugar entre los estados miembros. En una economía como esta es ciertamente factible estabilizar los tipos de cambio y producir resultados económicos mucho mejores que los que ha obtenido el euro durante las dos décadas de su existencia. Para eso sería necesario tener un país de anclaje adecuado, así como aplicar controles sobre el movimiento de capitales en toda Europa. La mayor flexibilidad podría entonces volver a equilibrar las relaciones externas de las economías de la UE. Con los controles de capitales implementados, sería incluso plausible idear un nuevo medio de pago conjunto basado en principios de solidaridad, que se utilizaría entre los estados europeos solo para facilitar las transacciones internacionales y no como moneda nacional.

El desmantelamiento de la UEM daría lugar a un cambio radical más amplio en la UE. Después de todo, significaría alterar drásticamente el carácter del BCE, el Eurogrupo, el Grupo de Trabajo del Eurogrupo y el MEDE. Eliminaría las restricciones externas que suponen las operativas de otras instituciones de la UE, incluida la vigilancia de la actividad fiscal de los estados miembros. A la vez, aflojaría el control del ’acervo’ eliminando una serie de directivas y regulaciones. También eliminaría el dispositivo disciplinario más severo sobre el trabajo en gran parte de Europa. Si es provocado por las fuerzas populares, el desmantelamiento de la UEM podría ser un paso en contra del régimen neoliberal de la UE.

Escenario 2. Una moneda alternativa permaneciendo en la UEM.

La ventaja política de una moneda alternativa, incluso si es simplemente complementaria, es que permite, sin necesidad de deshacerse de la moneda internacional, responder a varios desafíos. Si bien facilita la aparición de ciertas actividades secundarias, que de lo contrario no se producirían con mucha extensión o se harían de manera informal, también habría un mayor margen de maniobra para que las autoridades públicas se ocupen de los pagos. [4]

Esta podría ser una medida ex ante, en relación con los posibles conflictos políticos causados por represalias de la UE por discrepancias en relación a la política económica adoptada. Por ejemplo, las represalias por el despliegue de políticas que no encajan en los tratados europeos o el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y que podrían conllevar amenazas o incluso ataques como los cortes de liquidez o la activación de los mecanismos de expulsión o salida. En tal caso, la moneda alternativa permitiría dotarse de un medio que garantice las transacciones internas, evitando o aliviando cualquier proceso de transición desordenada. De esta manera ofrecería un medio de soberanía monetaria que podría reemplazar al euro.

La moneda complementaria pondría fin al monopolio del euro y a la intermediación bancaria privada Tal moneda complementaria se usaría inicialmente para el pago de empleados públicos y servicios relacionados con el sector público, y también se aceptaría el pago de impuestos en esa moneda. Para evitar el rechazo de la moneda, debería tener, al menos en un primer período, la paridad con la moneda dominante. La moneda complementaria solo podría desempeñar un papel de transición y amortiguación, para ampliar el margen de maniobra en un contexto adverso de ruptura con una zona monetaria anterior.

Las características de una moneda alternativa, en primera instancia, pero que pueden revisarse según el contexto macroeconómico y político, podrían ser las siguientes:

En una primera fase, la moneda sería complementaria.

Invitaría a las monedas locales a establecer una relación con esa moneda, a fin de unificar el sistema monetario complementario y amplificar su aceptabilidad y repercusión.

Esa moneda alternativa tendría paridad, en principio, con la moneda principal.

Tendría varios canales de circulación y sistemas de pago: tarjetas electrónicas para transacciones menores, complementadas con monedas y papel, y una moneda digital virtual que identifique las transacciones y los agentes para volúmenes medianos y altos (por ejemplo, desde 300 euros).

Su curso se requeriría, inicialmente, en transacciones con el sector público, y de forma voluntaria en el sector intra-privado.

Sería una moneda alternativa con una fecha de vencimiento a partir de su emisión (por ejemplo, de cinco años, pero se puede estudiar un período más corto) y en cualquier caso de naturaleza renovable.

La moneda alternativa puede diseñarse para poner fin al monopolio de la intermediación de la banca privada, lo que abre la oportunidad para que la banca pública futura tenga prioridad sobre la banca privada, coexistiendo con la banca cooperativa regional y la banca ética.

Para evitar una sobreponderación del poder de las entidades dedicadas a la operación monetaria, sería posible crear un banco central a cargo de la emisión regulada y la política monetaria, bajo el control social y democrático.

Pasos a medio plazo a nivel internacional:

Salir o cortocircuitar a la UEM, y eventualmente dejar la UE, si se hace para implementar políticas que apoyan el trabajo (independientemente de su nacionalidad) contra el capital, no es un paso nacionalista, y tampoco representaría un retorno a los estados en competencia y en conflicto en Europa. Por el contrario, podría señalar el surgimiento de un internacionalismo radical que se basaría en la fuerza doméstica rechazando las estructuras disfuncionales y hegemónicas de la UE. Podría permitir políticas económicas concretas creando una verdadera base para la solidaridad en Europa y dando un contenido fresco a la soberanía popular y los derechos democráticos, dentro o más allá de las fronteras existentes. También podría conducir a nuevas formas de alianzas interestatales en Europa, o incluso a un modelo alternativo de área supranacional, democrática y solidaria basada en la cooperación de los pueblos y el internacionalismo, desconectada del desarrollo capitalista, que reflejaría el alterado equilibrio de las fuerzas de clase.

Salir o cortocircuitar a la UEM permitiría políticas económicas concretas creando una verdadera base para la solidaridad en Europa Un gobierno popular requiere una agenda ecológica, socialista e internacionalista a largo plazo a nivel internacional. En esta perspectiva, deberían buscarse nuevas alianzas dentro y fuera de Europa. Esto se podría hacer proponiendo un nuevo marco solidario centrado en la cooperación y la integración de recursos financieros, acuerdos de comercio justo, intercambio de materias primas (energía) y cooperación en la inversión. El objetivo es fomentar la cooperación popular y la solidaridad mientras se rompe con las limitaciones de los tratados e instituciones de la UE.

La forma y el contenido reales de la interacción europea renovada dependerían del régimen social y político interno de los estados miembros. El internacionalismo obrero siempre comienza en casa. Si el capitalismo fuera desafiado a nivel nacional, varias formas de integración federal socialista serían posibles en Europa. Ese es un objetivo viable y valioso para la izquierda europea. Cuanto antes comience esta a participar en un debate abierto y a actuar en esta línea, mejor será para los pueblos del continente.

Capítulo 2.- Los Bancos

Grecia

I. INTRODUCCION.

Plan organizativo para el sector bancario y de las condiciones concretas para su implementación por parte de un gobierno popular La crisis financiera que se desató en 2007-2008 continúa produciendo efectos sociales perjudiciales a través de las políticas de austeridad impuestas a las poblaciones. Los banqueros, los financieros, los políticos y los organismos reguladores han fracasado fundamentalmente en las promesas que hicieron después de la crisis: moralizar el sistema bancario, separar los bancos comerciales de los bancos de inversión, acabar con los sueldos y bonificaciones exorbitantes y finalmente financiar la economía real.

Los programas de los partidos socialdemócratas carecen de un proyecto estructurado para la constitución de un sistema bancario alternativo. Para remediar esto, esta propuesta intenta avanzar hacia una propuesta compartida, coherente y operativa de un plan organizativo para el sector bancario y de las condiciones concretas para su implementación por parte de un gobierno popular que llegara al poder en Europa.

II. EVALUACION DE LA SITUACION.

Los gobiernos europeos han utilizado billones de euros para rescatar a docenas de bancos privados A raíz de la crisis, los gobiernos europeos han utilizado billones de euros para rescatar a docenas de bancos privados. [5] Las autoridades públicas han decidido pagar un rescate a estos bancos haciendo que los ciudadanos soporten las consecuencias de las actuaciones impropias de sus consejeros y accionistas. La propuesta actual de separación o ’ring-fencing’ entre los bancos comerciales y los bancos de inversión no es más que una ilusión.

No se han impuesto medidas diseñadas para evitar nuevas crisis en el sistema financiero privado. La concentración de los bancos ha aumentado, al igual que sus actividades de alto riesgo. Ha continuado habiendo escándalos que involucran a los quince o veinte bancos privados más grandes de Europa y de los Estados Unidos: préstamos tóxicos, créditos Créditos Suma de dinero que una persona (el acreedor) tiene el derecho de exigir de otra persona (el deudor).



Créditos privados

Préstamos concedidos por los bancos comerciales, sea cual sea el prestatario.



Créditos públicos

Préstamos concedidos por acreedores públicos, sea cual sea el prestatario. hipotecarios fraudulentos, manipulación de los mercados de cambio de divisas, de tasas de interés (en particular, la LIBOR) y de los mercados de energía, evasión de impuestos masiva, lavado de dinero para el crimen organizado, etc.

Las autoridades simplemente impusieron multas, generalmente insignificantes en comparación con los delitos cometidos que tienen un impacto negativo no solo en las finanzas públicas sino en las condiciones de vida de millones de personas en todo el mundo. Aunque obviamente tienen la culpa, ningún director de banco en los Estados Unidos o Europa (con la excepción de Islandia y el estado español donde Rodrigo de Rato, ex director de Bankia y ex director general del FMI FMI

Fondo monetario internacional El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.



A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.



Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).



Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).



Sitio web : , está encarcelado desde 2018) ha sido condenado mientras que los traders, que son simples subordinados, son procesados y sentenciados a cinco y catorce años entre rejas.

Como es el caso del Royal Bank of Scotland (RBS), los bancos que se nacionalizaron con un gran gasto público para proteger los intereses de los principales accionistas privados están en trámites de ser vendidos, o ya se han vendido, al sector privado por una fracción de su valor. Rescatar el RBS costó £ 45 mil millones de dinero público, mientras que su reprivatización probablemente signifique la pérdida de otros £ 14 mil millones.

Por último, en cuanto a si los bancos ahora están financiando la economía real, los esfuerzos desplegados por los bancos centrales no han provocado, incluso, los indicios de una recuperación real de la economía.

III. PROPUESTAS.

a) La importancia de la movilización popular

La socialización del sector bancario es una condición necesaria para un cambio del modelo social Debido a que el dinero, los ahorros, el crédito y los sistemas de pagos son útiles para el interés general, deben responder de manera imperativa a una lógica de servicio público (y, por lo tanto, ser utilizados y administrados como parte de un servicio público). El sistema financiero no debe ser una fuente de ganancias, separada de la financiación de la economía real. La socialización del sector bancario (es decir, la gestión del sector bancario por parte de los trabajadores junto con clientes, asociaciones y representantes elegidos) es una condición necesaria para un cambio del modelo social; el apoyo popular también es una condición necesaria para la socialización del sector bancario.

La socialización del sector bancario no puede considerarse como un mero lema o una demanda que sería suficiente en sí misma y que los responsables de la toma de decisiones deberían aplicar una vez que hubieran captado su importancia, sino que debe concebirse como un objetivo político que debe lograrse como parte de un proceso impulsado por los ciudadanos. No solo los movimientos sociales organizados existentes (incluidos los sindicatos) deben hacer de esto una prioridad en sus agendas, los diversos sectores (autoridades locales, pequeñas y medianas empresas, asociaciones de consumidores, etc.,) deben apoyar esta visión de manera similar, y también, y sobretodo, los empleados, que deben conocer el papel de su profesión y el interés que tendrían en que los bancos sean socializados, y los usuarios, que deben ser informados dondequiera que se encuentren para participar directamente en la definición de lo que el banco debe ser.

Solo las movilizaciones a gran escala pueden asegurar que la socialización del sector bancario se logre realmente, ya que una medida de este tipo toca el corazón del sistema capitalista. Las iniciativas de base que involucran a la población, como las auditorías ciudadanas (similares a las iniciativas lanzadas, entre otros países, en Francia, Grecia y España desde 2011), pueden ponerse en marcha y ser apoyadas por una fuerza política que apunte a tomar el gobierno. Los problemas monetarios y financieros deben dejar de ser tratados y percibidos como santificados y fuera del alcance de todos, a fin de crear las condiciones para la participación más amplia posible en estas luchas.

Para un movimiento de izquierda, es fundamental mostrar a la población el cambio positivo resultante de la decisión de no confiar más la propiedad y la gestión del sistema bancario al gran capital, y las enormes ventajas que conlleva la existencia de la banca de servicio público.

b) Medidas a implementar inmediatamente.

Los controles de capitales no son necesariamente contrarios a los tratados europeos Para tener espacio para maniobrar una vez en el gobierno y limitar los riesgos de asfixia financiera, un gobierno popular debe establecer el control sobre el movimiento de capitales. Los controles de capitales no son necesariamente contrarios a los tratados europeos. El artículo 65 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea introduce una serie de restricciones a la libertad de movimientos de capitales, justificadas en particular por la lucha contra las infracciones de las leyes nacionales sobre tributación o asuntos prudenciales, o por motivos relacionados con el orden público o la seguridad pública. Estas razones fueron la justificación de los controles aplicados en Chipre en 2013 y en Grecia en 2015. Sin embargo, incluso si el control del flujo de capitales fuera contrario a los tratados, un gobierno popular debería asumir tal desobediencia. Además, surge la cuestión de cual es el lugar de una medida destinada a regular el capital en la jerarquía de las normas y, por lo tanto, de la posibilidad de que un gobierno la decida implementar de forma prioritaria. En varios países europeos, las regulaciones nacionales establecen medidas para controlar los movimientos de capitales, como por ejemplo la regulación de la duración de las inversiones, a nivel regulatorio y no a nivel legislativo. Por lo tanto, podrían aplicarse inmediatamente después de la llegada al poder de un gobierno popular.

Los bancos de inversión deben estar separados de los bancos minoristas para proteger a estos últimos Un gobierno popular debería regular de manera inmediata y significativa el sector financiero para garantizar la estabilidad financiera. El tamaño de los bancos debe reducirse para que ningún banco ’sistémico’ pueda poner en peligro todo el sistema. Los bancos de inversión deben estar separados de los bancos minoristas para proteger a estos últimos; los bancos de inversión no se beneficiarán de ninguna garantía estatal (tales medidas fueron implementadas por el presidente F. D. Roosevelt de los EE.UU. en 1933 tras el desplome de Wall Street en octubre de 1929).

Además, la nueva regulación bancaria impondrá:

aumentar significativamente la proporción de capital en sus balances, que debería estar por encima del 20%;

implementar todas las medidas necesarias para obligarles a deshacerse de sus compromisos fuera del balance Balance “Fotografía” a final de año de los activos (lo que la empresa posee) y pasivos (lo que la empresa debe) de una sociedad. Dicho de otra forma, los activos el balance aportan información acerca de la utilización de los fondos recabados por la sociedad. Los pasivos del balance informan sobre el origen de los fondos captados. , incluidas todas las transacciones especulativas y todas las demás transacciones no seguras que no sean de interés para la comunidad;

, incluidas todas las transacciones especulativas y todas las demás transacciones no seguras que no sean de interés para la comunidad; prohibir las relaciones de crédito entre los bancos de depósito y los bancos de inversión;

prohibir la titulización: cada una de las actividades bancarias asumirá el riesgo que genera a través de los requisitos reglamentarios apropiados;

prohibir el comercio de alta frecuencia;

prohibir los mercados financieros de venta libre;

prohibir cualquier conexión entre las instituciones bancarias y la banca en la sombra, así como los paraísos fiscales;

prohibir la socialización de las pérdidas;

poner fin al secreto bancario;

enjuiciar sistemáticamente a los gerentes responsables de delitos financieros y retirar las licencias bancarias de instituciones que no respeten las prohibiciones y sean culpables de malversación de fondos;

establecer una responsabilidad financiera real de los principales accionistas, en particular en caso de quiebra. El objetivo es restablecer la responsabilidad ilimitada de los principales accionistas para que el coste de sus actividades peligrosas pueda recuperarse de sus propios activos;

Incrementar la tributación sobre los bancos.

Recuperar el control del banco central es esencial para sacar al estado de las garras de los mercados financieros con miras a financiar los servicios públicos Para garantizar un monitoreo eficiente del sector financiero, también se puede establecer una Oficina de Seguridad Financiera. Esta reuniría a los organismos de supervisión de los bancos, de los mercados financieros y de las compañías de seguros. Su misión sería:

medir la evolución del ahorro y el crédito y velar por el buen funcionamiento del sistema de pagos;

verificar y supervisar si las políticas de las instituciones bancarias se ajustan a la hoja de ruta definida para ellas, en particular la financiación de la transición ecológica, la financiación de las necesidades operativas y de inversión de los principales servicios públicos, la financiación de la desprivatización de importantes servicios públicos transferidos previamente al sector privado (por ejemplo, salud, agua, energía, etc.);

asegurar que se eviten las burbujas en determinados sectores como el inmobiliario.

La Oficina de Seguridad Financiera implementaría el control sobre los capitales y un impuesto a las transacciones financieras. El objetivo de la Oficina de Seguridad Financiera sería someter las innovaciones financieras a un principio de precaución: los bancos que las desarrollen deberán demostrar su utilidad y asumir la plena responsabilidad por ellas. Los productos y actividades que son demasiado complejos estarían prohibidos. Finalmente, sería posible que el supervisor imponga multas significativas a los bancos en caso de incumplimiento de las regulaciones y de sus obligaciones (las multas serán proporcionales al daño sufrido por la comunidad y al monto de las ganancias ilegales). Del mismo modo, es probable que los gerentes incurran en responsabilidad personal en caso de incumplimiento grave. La licencia bancaria se retirará a cualquier banco que contravenga la nueva legislación y sus gerentes serán procesados y castigados con prisión.

Un gobierno popular también debería supervisar su banco central, con el fin de reanudar el control sobre su política monetaria y las condiciones de financiación. Recuperar el control del banco central es esencial para sacar al estado de las garras de los mercados financieros con miras a financiar los servicios públicos.

c) Hacia una socialización del sistema bancario privado.

La socialización se refiere a la colectivización en la que los trabajadores toman decisiones y ejercen el control, junto con clientes, asociaciones y representantes electos Si bien el desarrollo del capitalismo financiero y las finanzas desreguladas derribaron la economía real en 2008 y amenazan con volver a hacerlo, se necesita con urgencia la socialización de todo o parte del sector bancario. De hecho, aquí surgen dos vías programáticas: proceder desde el principio a la socialización de todo el sistema bancario, incluidos los bancos minoristas y de inversión, así como el sector de seguros (escenario 2), o socializar parte del sector bancario con la creación de un polo público concebido como un trampolín hacia la socialización de todo el sector (escenario 1).

Si bien el uso del término nacionalización puede generar confusión dado que podría entenderse tambien como la toma de control de los bancos por parte de las élites gobernantes en el marco del capitalismo, la socialización se refiere más explícitamente a la colectivización en la que los trabajadores toman decisiones y ejercen el control, junto con los clientes, las asociaciones y los representantes electos: haciendo que tal instancia sea supervisada además por representantes de instancias bancarias públicas nacionales y regionales. Debemos favorecer un servicio local de alta calidad que rompa con las políticas de subcontratación financiera que se aplican actualmente. Se debe alentar al personal de las instituciones financieras a brindar servicios genuinos de asesoría al cliente, mientras que se deben erradicar las políticas agresivas de ventas forzadas.

Sin embargo, la transición hacia un sistema bancario socializado plantea varias cuestiones que un gobierno popular tendrá que abordar.

El número de bancos a socializar:

Si un programa de gobierno no contempla la socialización de todo el sistema bancario, surge la pregunta de la cantidad de bancos a ser socializados y el criterio de elección. Más allá de su aspecto teórico, esto se refiere al equilibrio de poder en el que puede confiar un gobierno popular, que depende de la movilización de la población. En casi todos los experimentos de nacionalización bancaria hasta el momento, los bancos de inversión han sido excluidos del alcance de las leyes de nacionalización y mantenidos en el sector privado debido a la presión de la comunidad financiera. El establecimiento de un servicio bancario público formará parte de un equilibrio de poder para el cual será necesario estar bien preparado.

La compensación a los accionistas:

Los grandes y los pequeños accionistas deben ser tratados de manera diferente Cuando se socializa a los bancos, también surge la cuestión de la compensación para los accionistas privados. Los grandes accionistas y los pequeños accionistas deben ser tratados de manera diferente. Los principales accionistas son activa o pasivamente responsables de haber aumentado las actividades bancarias y especulativas que conllevan altos riesgos para los ahorradores, la hacienda y la sociedad en general. Los pequeños accionistas no participan en las decisiones de los bancos por lo que es normal que sean compensados. Además, no hace falta decir que los depósitos estarán protegidos. A diferencia de lo que se hizo en la mayoría de las nacionalizaciones bancarias hasta la fecha, donde los principales accionistas han sido compensados a expensas de los contribuyentes, un gobierno popular podría decidir pagar solo un euro simbólico a los principales accionistas y recupercutir el coste de sanear el banco 6]

Escenario 1: Un polo bancario público.

Si la elección de la socialización inmediata de todo el sector bancario no es compartida por todas las fuerzas reunidas en el establecimiento de un gobierno popular, el polo de la banca pública podría representar una solución de consenso y dar a este gobierno los medios para realizar su política. La socialización de los bancos generalistas debe apoyar la creación más amplia de un polo bancario público (o polo financiero público), cuya misión sería dirigir el crédito hacia proyectos útiles: apoyar un plan de recuperación económica, ecológica y social, fortalecer el aparato productivo, dirigiendo los recursos públicos a satisfacer las necesidades sociales y económicas y garantizar la inclusión financiera y el acceso a servicios financieros para todos.

Con vistas a la creación de este polo, un gobierno popular podrá confiar en las instituciones que ya están presentes en cada país: las instituciones financieras públicas o semipúblicas, como los bancos de inversión públicos, que a menudo han sido engañadas para adoptar un comportamiento bancario tradicional mientras que deberían estar entre los actores clave de la inversión en la transición ecológica. Sin duda, sería prudente incluir a las principales entidades mutualistas, como las cajas de ahorros, en este sector público. Esto tendría dos ventajas: sacaría las redes mutualistas de la lógica puramente financiera de otros grupos bancarios importantes, y le daría más fuerza al sector público para que pesara frente a los bancos privados, cuya socialización se habría diferido en el tiempo en el caso de la hipótesis de un proceso en etapas sucesivas.

Como regla general, en términos de gobierno, cada institución mantendría su autonomía operativa y sus propios órganos de administración en este polo público. Sin embargo, estas instituciones operarían dentro de un marco común definido por un cuerpo directivo nacional que garantizaría la consistencia general. El órgano directivo nacional estaría integrado por representantes electos nacionales y locales, jefes de instituciones y representantes de las asociaciones de trabajadores y ciudadanos (incluidos los sindicatos). El polo público variaría según la ubicación, aunque estaría organizado en sobre las mismas líneas para garantizar una cobertura suficientemente adecuada y equilibrada.

Si se quiere mantener un sistema bancario privado, surgiría un sistema bancario tripartito: un polo financiero público, incluidos los bancos socializados y otras instituciones públicas, coexistiría junto con los bancos privados y el sector cooperativo. Mientras que las instituciones más grandes del sector cooperativo actual se comportan como bancos privados, este nuevo sector cooperativo restablecería la banca cooperativa real y una vez más inscribiría los valores de democracia, solidaridad y no rentabilidad en sus estatutos.

A los representantes del personal se les puede otorgar el derecho a la información y los derechos de veto sobre los proyectos que serán financiados por el banco.

La socialización requiere una revisión fundamental de las juntas directivas y de la forma en que se designan sus miembros.

Para todos los bancos que no pertenecen al sector público, una ’ley bancaria’ redefinirá sus misiones, así como la membresía y el proceso de nombramiento de sus juntas directivas, independientemente de su estructura legal. Tal ley requeriría que asuman una parte de la clientela considerada ’no rentable’, para que a estos clientes no les proporcionen servicios solo el polo de la banca pública.

Se debería definir un nuevo código de ética profesional y se debería imponer una hoja de ruta estricta a todo el sector bancario para que los grupos bancarios y sus entidades regresen a sus misiones esenciales: mantener los ahorros y los depósitos sin riesgo y financiar la economía real. Se deberá ejercer una vigilancia especialmente atenta sobre los bancos que queden fuera del campo del polo público para garantizar que se adhieran al nuevo código de ética y sigan adecuadamente la hoja de ruta.

La cuestión de si un polo de banca pública puede coexistir con los bancos privados y si este último, sujeto a una regulación pública fuerte, puede servir para el interés general es esencial, y explica la necesidad mencionada anteriormente de una supervisión cercana. Si un banco privado o grupo bancario no cumple con sus obligaciones, se aplicarían sanciones y los directores de los grupos culpables serían considerados civil y penalmente responsables ante los tribunales.

Escenario 2: Socialización plena del sistema bancario.

Los bancos, y más generalmente el sistema financiero, son armas en manos de la clase capitalista. El mantenimiento de un sistema bancario privado junto a un sector bancario socializado constituiría una amenaza para este último, ya que el capital utilizará todos los medios disponibles para atacar al sector socializado cuya política a favor de los muchos contradice la esencia de un sistema capitalista que funciona en el interés de unos pocos privilegiados.

La socialización plena del sistema bancario significa:

expropiar sin compensar (o compensar con un euro simbólico) a los grandes accionistas (los pequeños accionistas serán totalmente compensados);

otorgar un monopolio de las actividades bancarias al sector público, con una sola excepción: la existencia de un pequeño sector bancario cooperativo (sujeto a las mismas reglas fundamentales que el sector público);

definir, con la participación ciudadana, un estatuto que cubra los objetivos que deben alcanzarse y las misiones que deben llevarse a cabo y que coloquen a las entidades públicas de ahorro, crédito e inversión al servicio de las prioridades definidas por un proceso de planificación democrática;

La socialización de los sectores bancarios y de seguros e integración de estos en los servicios públicos permitirá:

que los ciudadanos y las autoridades públicas escapen de la influencia de los mercados financieros;

financiar proyectos ciudadanos y de las autoridades públicas;

dedicar la actividad de la banca al bien común, con entre sus misiones la de facilitar la transición de una economía capitalista, intensiva en producción, a una economía social, sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

A nadie se le negará el acceso al servicio de banca pública, que se debe proporcionar de forma gratuita Imagine lo que significa en términos concretos la socialización del sector bancario: los bancos privados habrán desaparecido; es decir, después de su expropiación (con la compensación de los pequeños accionistas), su personal será reasignado al servicio público de banca y seguros, protegiendo su antigüedad laboral y sus salarios (hasta un máximo autorizado para limitar fuertemente los salarios muy altos), con aumentos en los salarios más bajos para reducir la brecha salarial) y con una mejora en las condiciones de trabajo (se abandonarían las evaluaciones comparativas [7] y las prácticas de ventas forzadas). Un sistema de contratación de nuevos empleados se implementará de acuerdo con los estándares de contratación de un servicio público.

Se pondrá fin a la existencia de la concentración de sucursales bancarias que compiten en grandes áreas urbanas, mientras que al mismo tiempo hay una escasez o ausencia de bancos en pueblos pequeños, aldeas y barr