La AFIP triplicó el tope para compras en el exterior vía courier, llevando el monto de US$ 1.000 a US$ 3.000, pero ahora el Centro de Despachantes de Aduana (CDA) presentó una medida cautelar y un recurso de consideración contra la resolución 4259 del organismo. Así, quedó judicializado el cambio al puerta a puerta.

“La medida no solo implica un debilitamiento de los imprescindibles controles aduaneros, sino que se inscribe en la tendencia de recortar las tareas profesionales de los despachantes a favor de la concentración del comercio exterior en pocas manos”, explicó la CDA en un comunicado.

Según el centro, los despachantes “constituyen un sector socialmente vulnerable, ya que han visto reducido un 30 por ciento su trabajo en los últimos dos años como consecuencia de las licencias de importación y las DJAI, ahora revitalizadas mediante las declaraciones SIMI” y pusieron en duda que la decisión impulsada por el objetivo de agilizar las operaciones de comercio exterior, genere menores costos para las empresas nacionales que demanden piezas, repuestos o productos elaborados en el exterior.

“Los imprescindibles controles aduaneros se verán debilitados, algo que contradice las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas y que no está en línea con los requisitos de transparencia, imparcialidad y no discriminación establecidos en el Acuerdo de Facilitación del Comercio impulsado por la OMC, al que adhiere la Argentina”, aseguran.

Al recurso de la CDA se suscribieron también la Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional (AAACI) y el Centro de Agentes de Transporte Aduanero de la República Argentina (Catara), dos grupos que también resultan afectados por la decisión del gobierno.

Ahora, reclaman la “suspensión de los efectos ejecutorios y la revocatoria de la resolución, restableciéndose, en consecuencia, la vigencia de la resolución 1811 y los montos establecidos en ella”. Así, los despachantes protestan por sus diferencias con los courier al igual que sucedió con el régimen Exporta Simple, que también los excluye.

A su vez, los senadores justicialistas Miguel Pichetto y Pedro Guastavino ya habían planteado su preocupación. “Si bien entendemos la necesidad de Argentina de desarrollar herramientas que permitan la apertura de mercados, somos la idea de que la inserción comercial de nuestro país en el mundo debe efectuarse de manera inteligente y responsable, protegiendo el empleo y la industria nacional”, dijo Pichetto y también señalaron el incremento de las importaciones de bienes de consumo durante abril que, según sus datos, aumentaron 69% en textiles, 20% en calzado y 54% en material eléctrico.

A su vez remarcaron que continúa creciendo el déficit comercial con Brasil y China, dos de los principales socios del país. “Con el primero, el rojo en el primer cuatrimestre aumentó en un 15%, alcanzando los US$ 2.701 millones y con China se incrementó un 60%, alcanzando los US$ 3.436 millones, contra el mismo período de 2017”, detalló.