La Fiscalía de Las Palmas ve indicios de delitos por parte de Salvador Alba, el juez que sustituyó a la diputada de Podemos Victoria Rosell cuando esta dejó el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas para presentarse a las elecciones. La fiscalía ha enviado un escrito al juzgado en el que pide que eleve una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que es el órgano competente para investigar los supuestos delitos cometidos por jueces y magistrados durante el ejercicio de sus funciones.

Según el ministerio público, Alba pudo cometer al menos un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios. A esta conclusión ha llegado la fiscalía tras analizar el contenido de las grabaciones de una conversación entre el magistrado y el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas e imputado en un caso que se instruye en ese juzgado. En la conversación grabada, Alba, supuestamente, prepara con Ramírez una declaración que iba a servir al juez para redactar un informe sobre Rosell que le había solicitado el Tribunal Supremo para decidir si abría una causa contra la diputada por, supuestamente, retrasar a propósito la causa en la que estaba siendo investigado Ramírez, que ha hecho negocios con la pareja de la diputada, el periodista Carlos Sosa.

Según las grabaciones que investiga el fiscal, el juez Alba pudo acordar con Ramírez cuál debía ser el contenido de su declaración para sostener las acusaciones contra Rosell y a cambio, aparentemente, archivar la causa que afecta al empresario. Pero el propio imputado llevó hace unas semanas las grabaciones de esa declaración al juzgado. El Consejo General del Poder Judicial investiga también esta conversación por si el magistrado ha cometido alguna infracción disciplinaria.

Alba solo ocupó temporalmente el puesto dejado por Rosell mientras se resolvía el concurso convocado para cubrir su plaza. La ganadora de ese concurso, la juez Carla Vallejo, que ya ha tomado posesión, solicitó a la fiscalía que informara sobre si consideraba que el magistrado cometió o no algún tipo de delito para realizar el informe sobre Rosell.

“El ministerio fiscal considera que, sin perjuicio de una ulterior calificación jurídica, de la documentación aportada se desprende, al menos, la indiciaria comisión de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, previsto y penado en el artículo 441 del Código Penal, atribuible al magistrado Salvador Alba Mesa”, recoge un comunicado difundido por la Fiscalía de Las Palmas.