La publicación del Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central Europeo de este mes de mayo ha venido a confirmar el papel de proto-Estado europeo que, sobre todo desde el estallido de la crisis sistémica en 2008, tiende a ejercer esa institución no electa, como ya demostró sobradamente con su golpe de estado financiero en julio del año pasado contra el No mayoritario del pueblo griego a la “austeridad”. Ahora, en este documento se sostiene, ya sin ambigüedades, que los “riesgos políticos” han aumentado “en prácticamente todos los miembros de la eurozona”, siendo España, Francia y Grecia, por este orden, los países que se encuentran a la cabeza.

Caben pocas dudas de que, aunque en los criterios de riesgo-país incluyen otros factores, en el caso español lo que preocupa a los autores del Informe es la hipótesis de una victoria electoral de “Unidos Podemos” el próximo 26J, si bien se halla diluida dentro de la intencionada amalgama de “partidos populistas” que podrían obstaculizar las “reformas”. Posibilidad que se está convirtiendo en una verdadera pesadilla para estos “expertos” y las oligarquías a las que sirven, con mayor razón cuando una derrota electoral de los partidos de la troika en nuestra “segunda vuelta” se daría en un contexto de mayor crisis de legitimidad de la UE si tenemos en cuenta los nuevos vientos que soplanen un país clave como Francia/1 (con la amenaza de su paralización por las huelgas durante la Eurocopa del fútbol), la incógnita sobre el desenlace del referéndum británico el 23J sobre el Brexit, o el ascenso de la extrema derecha y de la xenofobia en otros países, como hemos comprobado ahora en Austria.

Este Informe sale a la luz justamente dos días después de que se hiciera pública la carta que Mariano Rajoy envió el pasado 5 de mayo a su amigo, el del gran “paraíso fiscal” luxemburgués, Jean-Claude Juncker, actual presidente de la Comisión Europea. En ella reafirmaba su compromiso con el cumplimiento de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, corrigiendo los desvíos de este año (con un déficit público del 5,1%) y asegurando que, “conscientes de la necesidad de salir del procedimiento de déficit excesivo cuanto antes, en la segunda mitad del año, una vez haya nuevo gobierno, estamos dispuestos a adoptar nuevas medidas, si se requieren, para cumplir con ese objetivo”.

Parece, pues, que esa promesa de nuevos recortes de gasto (social, por supuesto) tras las elecciones, por parte de un futuro gobierno cuyas posibilidades de ser presidido por Rajoy son decrecientes cada día que pasa, pudo influir en el anuncio de la Comisión Europea (CE) la semana pasada de que aplazaba hasta después del 26J la posibilidad de multar al Estado español con un 0,2 % de su PIB por haber incumplido el déficit. La Comisión añadía que el nuevo gobierno deberá reducir su déficit en otros 8000 millones de euros antes de finales de 2017. Todo esto, además, tras darse a conocer que la deuda pública ya ha superado el 100 % del PIB. Ya han llegado, por cierto, las primeras quejas del ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, preocupado por la laxitud de la CE con el Estado español en su incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pese a no haber sido precisamente Alemania un buen ejemplo en ese sentido durante un pasado no tan lejano.

La otra cara de la moneda de las últimas semanas en el caso español se encuentra en varios Informes que confirman el brutal aumento de la desigualdad social provocado por las políticas austeritarias. El más reciente es la Encuesta de Condiciones de Vida, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, cuya conclusión más destacada es que “uno de cada tres españoles corre riesgo de pobreza y exclusión social”, con un 13,7 % de hogares que asegura tener muchas dificultades para llegar a fin de mes y un 9,4 % que se retrasa cada mes en los pagos básicos de la vivienda principal. Otro anterior, el dirigido por Francisco J. Goerlich Gisbert (encargado por la Fundación BBVA) indicaba, entre otros datos, que el nivel de vida del hogar medio en 2013 se encuentra un 14,3 % por debajo del alcanzado en 2003; en cuanto a la tasa de paro, recuerda que ha pasado de estar por debajo de un 10 % antes de 2007 a más de un 26 % en 2013, habiendo aumentado en ese mismo período el paro de larga duración del 2 % al 15 %, con solo un 40 % de personas desempleadas que declara recibir una prestación por desempleo.

Se constata también en esos estudios el estrechamiento de la idealizada “clase media” (con notables diferencias entre la “vieja” y la “nueva” en su seno a medida que se ha ido alejando el “efecto riqueza”), junto con el aumento de quienes forman parte de las capas trabajadoras empobrecidas y precarizadas (que han pasado del 26 % al 38,5 % entre 2007 y 2013), así como la persistencia de desigualdades salariales, de condiciones laborales y de tareas de reproducción social entre hombres y mujeres. Con todo, lo más relevante es que la percepción ciudadana de que, como se recuerda en otro estudio, vivimos en una sociedad “injusta” ha llegado en torno al 91% de la población. Una valoración que se ve reforzada por el agravio comparativo respecto a cómo están saliendo mejor de “la crisis” los de arriba mientras siguela lista interminable de escándalos de corrupción y de evasión y fraude fiscal. Escándalos que vienen a ratificar, por si alguien todavía dudaba, el carácter neo-caciquil de este régimen y que en el caso del PP valenciano han llevado incluso a la Guardia Civil a considerarlo una “organización criminal”.

Una percepción crítica, por cierto, que alguien como Antón Costas, presidente del Círculo de Economía, extiende al estado en que se encuentra toda Europa con su diagnóstico de que “arde por los cuatro costados” con “protestas sociales y rebeliones políticas de muy variada naturaleza”, pero con elementos comunes, destacando entre ellos “la percepción de que las políticas responden a los intereses de los muy ricos y de las grandes corporaciones, más que a los intereses de los trabajadores, consumidores, pequeños ahorradores y empresas” (“Arde Europa”, El País, 22/06/16).

Ante este panorama no faltan los intentos de establecer analogías con el período de los años 20 y 30 del pasado siglo. Más allá de las diferencias relevantes (tanto en el tipo de capitalismo dominante como en las relaciones de fuerzas entre las clases sociales y a las alternativas en liza de entonces), tiene interés subrayar una comparación que hace en un reciente artículo David M. Woodruff cuyo título es ya bastante expresivo: “Governing by Panic: The Politics of the Eurozone Crisis”/2. Este politólogo recuerda el análisis que hizo Karl Polanyi de cómo la tendencia de las sociedades europeas durante el período de entreguerras a protegerse frente al mal funcionamiento de los mercados bajo el patrón oro chocó con la amenaza del pánico monetario, empleado por los banqueros para presionar a favor de la austeridad, las políticas deflacionistas y la marginación política de la clase trabajadora. Fue así como consiguieron hacer caer a gobiernos como el laborista británico en agosto de 1931 o el socialista francés en el verano de 1937. Lo que ocurrió luego fue, como recuerda Polanyi, que “tanto en Francia como en Inglaterra, cuando el partido socialista dejó de tener capacidad de acción, los partidos burgueses abandonaron el patrón-oro sin más historias. Estos ejemplos muestran hasta qué punto el postulado de una moneda sana ejercía un efecto mutilador en tendencias políticas favorables al pueblo”/3.

“El mercado financiero gobernó por medio del miedo”, escribió Polanyi a raíz de estas experiencias europeas, y algo similar es lo que ha ido ocurriendo desde que se fue conformando lo que Woodruff denomina el “Consenso de Bruselas-Frankfurt y el Ordoliberalismo” a través de la progresiva constitucionalización de la “austeridad” en los países del sur de la eurozona. Se ha buscado así jugar con el “pánico monetario”, mediante el discurso de que “fuera del euro no hay salvación”, para ir imponiendo unas políticas destinadas únicamente a salvar a un capitalismo financiarizado, responsable del estallido de la burbuja financiera-inmobiliaria y del consiguiente aumento de una deuda pública ilegítima, derivada del “rescate” a la banca. Ese “Consenso” muestra ahora su fragilidad incluso entre sus propios socios, con tensiones crecientes entre el “centro” y la “periferia” y con diferentes propuestas respecto a cómo evitar la implosión a la que ellos mismos están arrastrando a Europa buscando, a marchas forzadas, avanzar hacia un “federalismo autoritario”/4.

Hoy en Europa nos encontramos, por tanto, en una encrucijada en la que seguir el mismo camino del sometimiento a los diktat de ese “Consenso” oligárquico en crisis conduciría a la progresiva pérdida de los mecanismos de autodefensa de nuestros pueblos en su preservación, recuperación y extensión de derechos, libertades y bienes comunes fundamentales. Urge, por tanto, optar por otro camino, el que se apunta desde el nuevo movimiento emergente a favor de un Plan B para Europa, basado en “soberanía, dignidad y solidaridad”, en la ruptura con la austeridad neoliberal y con los mega-tratados que le acompañan, como el TTIP, el CETA y el TISA, apostando por una política alternativa que recupere eslóganes del viejo movimiento antiglobalización como “las personas y el planeta por encima de los beneficios”.

Un Plan B que debería ser asumido abiertamente ya desde ahora en la campaña para las elecciones del 26J por “Unidos Podemos” y las diferentes confluencias por el Cambio. Acompañado, eso sí, de la firme disposición, partiendo de los moderados “pasos” que aparecen en el programa común de esa coalición -como la ”flexibilización de los objetivos del déficit”, la “reforma” del artículo 135 de la Constitución y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y del Pacto Fiscal, la puesta en marcha de una banca pública a partir de Bankia, Banco Mare Nostrum y el ICO, o la “reestructuración coordinada de las deudas públicas en el marco de la zona euro”-, a caminar hacia la conquista de la soberanía popular y la satisfacción de las necesidades fundamentales de las mayorías sociales, buscando desde el primer momento su extensión a otros pueblos de Europa. Porque, tras las trágicas consecuencias que estamos viendo en Grecia, no se puede seguir cediendo frente al desprecio a la democracia y al estado de emergencia social que muestran de nuevo ahora la CE, el BCE, el FMI o gobiernos como el alemán, sin olvidar a esas empresas del IBEX 35 tan bien instaladas en los “paraísos fiscales”. Se trata de plantarles cara y gritar bien alto que “Sí, se puede”.

Jaime Pastor es profesor de Ciencia Política de la UNED y editor de VIENTO SUR

Notas:

1/ Hasta la reciente contrarreforma laboral de Hollande y Valls, todavía pendiente de aprobarse, Francia seguía siendo vista críticamente por los eurócratas y el gobierno alemán por considerar que iba con retraso en las políticas austeritarias… por culpa de la democracia. Buena muestra de esto es el comentario que oportunamente recuerda Steffen Lehndorff (El triunfo de las ideas fracasadas. Modelos del capitalismo europeo en la crisis, FUHEM-Catarata, 2015, p. 9) del ministro alemán de finanzas Wolfgang Schäuble en abril de 2015: “Francia debería tomar a España como modelo. España ha realizado reformas sustanciales bajo la supervisión de la troika. Francia podría hacerlo con acierto si alguien fuera capaz de obligar al parlamento. Pero esto es difícil porque esto es la democracia”.

2/ Artículo publicado en Politics&Society, 44, pp. 81-116, 2016

3/ La Gran Transformación, Madrid, La Piqueta, p. 360. El camino que siguió EE UU entonces, como recuerda Polanyi, fue distinto.

4/ Me remito a aportaciones sobre esta cuestión dentro del Plural de VIENTO SUR, nº 144, dedicado a “La refundación de Europa en la poscrisis griega”, coordinado por Daniel Albarracín (disponible en abierto en www.vientosur.info ).

(Visited 6 times, 1 visits today)