El Colectivo de Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en el Estado de Puebla y La Casa de los Derechos de Periodistas denunciaron que miembros del crimen organizado ofrecen 10 mil pesos “por la cabeza” de los periodistas que publiquen información sobre el robo de hidrocarburo en el llamado Triángulo Rojo. Este día, 500 elementos de la Sexta Brigada Policía militar arribaron a arribaron al estado para reforzar la seguridad en los municipios de esa zona.

Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).- Miembros del crimen organizado, de bandas conocidas cono “chupaductos” o “huachicoleros”, llamaron a asesinar a los reporteros que publiquen información sobre el robo de hidrocarburos en Puebla, denunciaron organizaciones defensoras de periodistas de ese estado.

A través de un comunicado, el Colectivo de Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en el Estado de Puebla y La Casa de los Derechos de Periodistas, protestaron “por los hechos recientes en donde células del crimen organizado han lanzado amenazas de muerte contra compañeros periodistas de la región del Triángulo Rojo”, que integra los municipios de Tepeaca, Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo y Acajete.

“En una serie de amenazas vertidas contra periodistas, en donde las células criminales manifestaron su intención de pagar hasta diez mil pesos por ‘la cabeza de los periodistas que se atrevan a seguir informando’ sobre los operativos que ha lanzado la federación contra los llamados ‘huachicoleros’ en esta zona de la entidad”, alertaron los colectivos.

Las organizaciones detallaron que la amenaza fue hecha en un principio, en forma directa contra los corresponsales de Televisa y El Sol de Puebla, aunque “la amenaza que se generalizó en las últimas horas”.

Los periodistas agregaron que las amenazas se intensificaron después del Operativo Encrucijada realizado el pasado 9 de marzo en los municipios de Palmar de Bravo y Atzitzintla, en el que fue desarticulada la banda de “El Bukanas” dedicada al robo de hidrocarburo y que estaba directamente ligada a Los Zetas.

En dicho operativo fue detenido también el Edil de Atzitzintla, José Isaías Velázquez, junto con 86 personas más. Finalmente la Fiscalía General del Estado consignó únicamente a 65 personas ante las autoridades judiciales por delitos como asociación delictuosa y por la ejecución de tres agentes de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FIDAI), quienes fueron raptados en Puebla y horas después sus cuerpos fueron abandonados en Veracruz. El pasado sábado el Alcalde y los cinco policías fueron ingresados al penal de Tepexi de Rodríguez.

Ante ello, el Colectivo de Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en el Estado de Puebla y La Casa de los Derechos de Periodistas exigieron al Gobierno del Estado de Puebla “que garantice la salvaguarda de los corresponsales que realizan la cobertura de la nota policiaca en el Triángulo Rojo. No podemos permitir que la región se convierta en una zona de silencio”.

Concretamente solicitaron al “Gobierno de Antonio Gali Fayad, con la supervisión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en concordancia con el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del Mecanismos Federal de Protección a Periodistas y de la Fiscalía Especialidad en Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR, brinde las garantías necesarias y proteja a los comunicadores, para llevar a cabo su labor de libre ejercicio periodístico”.

Y urgieron que el Congreso del Estado de Puebla tipifique claramente los delitos cometidos en contra de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, a fin de que se ayude a la protección de la libertad de expresión en Puebla.

Este día, 500 elementos de la Sexta Brigada Policía militar arribaron a arribaron al estado para reforzar la seguridad en los municipios ubicados en el llamado “Triángulo rojo”.

La semana pasada, Periódico Central reveló que los presidentes municipales de Acajete, Acatzingo, Tepeaca, Quecholac, Esperanza, Ciudad Serdán, Huixcolotla, Felipe Ángeles y Palmar de Bravo son investigados por la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal por tolerar y hasta proteger a las bandas del crimen organizado dedicadas al robo de combustible en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En el discurso de este día dado por el Gobernador José Antonio Gali Fayad estuvieron cinco de los nueve alcaldes señalados por sus nexos con las bandas de huachicoleros.

-Con información de Periódico Central