Comisión de investigación

La comisión aparca la declaración del marido de la juez Alaya

68 personas serán citadas a declarar en el Parlamento

CARMEN TORRES

Sevilla

@ctorrres

EL PSOE y Ciudadanos sumaron ayer sus votos en la comisión de investigación sobre el fraude de la formación para impedir comparecencias destacadas como la del ex director general de Empleo, Javier Guerrero, uno de los principales imputados en el caso ERE, que fue el primero en alertar del volumen del fraude, valorado en 950 millones de euros. «Lo mío no es nada comparado con la formación», advirtió.

Con su apoyo, Ciudadanos también tumbó la declaración de consejeros del Gobierno de Susana Díaz. Aunque prácticamente comparecerán todas las cúpulas de los anteriores gobiernos socialistas, el actual equipo de Díaz se 'salva' de acudir a la comisión de investigación, excepto el titular de Empleo, José Sánchez Maldonado. Gracias a Ciudadanos, no serán citadas las consejeras de Educación, Adelaida de la Calle, y Hacienda, María Jesús Montero.

Cinco meses después de su constitución, la comisión de investigación sobre el fraude de la formación logró ayer su primer hito: acordar el listado de los comparecientes en el primer turno de declaraciones. El orden se decidirá en una próxima reunión.

Un total de 68 políticos, altos cargos y funcionarios de la Junta serán citados a declarar en el Parlamento de Andalucía dentro de la primera ronda de comparecencias. Entre ellos destaca la presidenta de la Junta, Susana Díaz; la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, y los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Ocho horas tardaron ayer los miembros de este órgano en ponerse de acuerdo sobre los primeros comparecientes, elegidos entre 591 nombres propuestos por los cinco grupos parlamentarios: PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU. Tras sus declaraciones, se acordará una segunda ronda de comparecientes con entidades y empresas beneficiarias del fraude.

En esta primera tanda, sólo los empresarios más destacados que han logrado el consenso de los grupos serán citados, como el ex consejero de la Junta Ángel Ojeda, dueño de un entramado societario que recibió más de 33,3 millones de euros, incluidas las subvenciones para formar y becar a los ex trabajadores de Delphi.

También como empresario declarará el alcalde socialista de la localidad onubense de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado, que fue detenido en junio por la Policía Nacional por las ayudas recibidas como administrador de El Paraíso SL, el negocio de hostelería a través del cual también se dedicaba a ofertar formación, y que habría recibido más de un millón de euros de la Administración Pública.

La comisión ha acordado, además, la citación de Federico Fresneda, ex tesorero de UGT y uno de los principales imputados en la trama de las facturas falsas del sindicato que investiga el juzgado de instrucción número 9 de Sevilla.

De forma temporal se 'aparca' una de las comparecencias más sorprendentes, la del marido de la juez Mercedes Alaya, que había sido solicitada por Ciudadanos. El auditor Jorge Francisco Castro García había sido propuesto como socio director de Engloba Auditores, S.L., la empresa en la que trabajó entre 2006 y 2010 antes de convertirse en socio responsable de BDO Andalucía, el puesto que ocupa en la actualidad, según su perfil en Linkedin. La empresa del marido de Alaya y otras auditoras han elaborado informes sobre las empresas que han recibido subvenciones de la Junta de Andalucía para los cursos de formación.

El PSOE también logró que la comisión catalogue como 'empresario' de la formación a Rafael Velasco, que fue el número 2 del partido en Andalucía, y que dimitió en 2010 por el escándalo de las subvenciones para cursos de formación que la Junta daba a la academia de su mujer. En principio, Velasco no comparecerá en esta primera ronda de declaraciones, aunque no se descarta que lo haga en la segunda tanda, con las empresas de formación, según fuentes de la comisión.

Para reducir el número de comparecencias, la comisión acordó que sólo se valoraran los casos solicitados por más de un grupo. Así, las peticiones realizadas por un único partido se han caído, como la de parlamentarios andaluces de distintos partidos. También se rechazó la propuesta del PSOE para que declararan altos cargos del PP de otras comunidades como Madrid o Galicia que se han visto salpicados por casos similares de formación.

Llamativa resulta la ausencia de responsables de los consorcios de formación de la Junta, paralizados y en lucha contra el Gobierno andaluz. Sólo son citados dos ex responsables del CIO Mijas, a pesar de que esas escuelas también ocupan una de las piezas separadas del caso. Lo mismo ocurre con la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe), de la que sólo declarará su ex director general.