El Gobierno municipal que encabeza Arturo González Cruz en Tijuana, Baja California, va con todo contra la corrupción de su antecesor, el panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro, quien le dejó un verdadero estercolero en el Ayuntamiento, según consta en las denuncias interpuestas ante la Procuraduría estatal.

En los primeros cuatro meses de Gobierno, la administración de González Cruz ha documentado el modus operandi utilizado por Gastélum Buenrostro para saquear las arcas, otorgar permisos de transporte, robarse los equipos de cómputo y hasta entregar millonarios contratos de obra y servicios sin una licitación de por medio.

En esta maraña de corrupción -que ya está documentada- están implicados los principales colaboradores de Gastélum Buenrostro y varios de ellos, incluido el ex Alcalde, podrían ir a la cárcel en las próximas semanas.

De las investigaciones realizadas se desprende, por ejemplo, que el año pasado Juan Manuel Gastélum otorgó varias autorizaciones de transporte público en Tijuana sin estar en funciones como Presidente municipal, ya que del 6 de abril al 3 de junio de 2019 solicitó licencia para separarse del cargo y buscar la reelección como edil.

En ese lapso de tiempo, Gastélum otorgó varias concesiones de transporte con el número TIJ-TS-8340 y culminaron en la TIJ-TS 8999. Por esa razón, la administración de González Cruz lo acusa de usurpar funciones públicas. La acusación implica también a Daniel Eduardo Rivera Basulto y Édgar Francisco Castillo. El primero fungía como Secretario de Movilidad Urbana y el segundo era director municipal de Transporte Público, respectivamente.

De acuerdo con la acusación, en este caso “hubo dolo”, ya que sabían que Gastélum Buenrostro no podía firmar por haber solicitado licencia como Alcalde.

Eso no es todo: otra denuncia que forma parte de las investigaciones que realiza la Procuraduría estatal se presentó en contra de Héctor Hugo Gutiérrez Villa, ex Director de Tecnologías de la Información en la pasada administración, por los delitos de corrupción, ejercicio ilícito, abandono del servicio público, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos.

La razón, según las denuncias, es porque al momento de entregar su cargo ocultó información sensible respecto de un contrato de poco más de 28 millones de pesos que firmó la administración de Gastélum Buenrostro con la empresa SIGOB S.A de C.V. para la “implementación de una aplicación de procesos gubernamentales e implementación de firma electrónica con la modernización de la infraestructura de procesamiento y almacenamiento”.

En esta madeja de corrupción también resultó implicado el ex tesorero de Gastélum Buenrostro –Ricardo Chavarría Morales– por los delitos de corrupción, uso ilícito de atribuciones y facultades y los que resulten, ya que, según las querellas, otorgó contratos de obra y servicios sin licitación.

Resulta que el 4 de septiembre de 2018 el Ayuntamiento contrató servicios de consultoría, asesoría, estudios e investigación con una empresa –Consultores Asociados Tristar, S de R.L. DE C.V.– que no cumplía con el perfil profesional adecuado; además, el domicilio que acreditó estaba fuera de la ciudad de Tijuana.

Las investigaciones revelan, además, que la empresa informó tener su domicilio en Cuajimalpa de Morelos. Dicha empresa se contrató para realizar análisis de la información de nóminas de los ejercicios 2015 al 2018, cruces de información con base de datos, detección y corrección de inconsistencias, generación y presentación de la información de manera correcta, entre otros, los cuales no se cumplieron. Sin embargo, se le pagaban 50 mil pesos por no hacer nada.

Este contrato le generó un quebrando al Ayuntamiento que alcanza la suma de 4 millones 377 mil pesos, según las denuncias legales.

Otro contrato celebrado con la misma empresa causó un desfalco a la hacienda pública por más de 20 millones de pesos. En estas maniobras de corrupción también aparecen vinculados otros ex funcionarios: María de los Ángeles Olague Contreras (ex Oficial Mayor), María Guadalupe Ochoa Saucedo (Suplia a la Oficial Mayor y encabezaba el Comité de Adquisiciones).

En contra del ex tesorero Ricardo Chavarría Morales pesa otra denuncia por uso indebido del servicio público, ya que le otorgó dos contratos de servicios a la empresa EBL S. de R.L de C.V por 8 millones 500 mil pesos y 4 millones 200 mil pesos, respectivamente, sin licitación alguna. Los servicios consistieron en la revisión de la cuenta pública municipal.

Lo más grave de todo –según la denuncia– es que la empresa no cumplió con los servicios que se le contrataron “ya que no existe evidencia documental que muestre que los realizó.

Juan Manuel Gastélum Buenrostro también otorgó permisos de manera ilegal para el establecimiento de estaciones de carburación de gas LP en la ciudad de Tijuana.

La empresa beneficiada fue Blue Propane S.A de C.V, a la que también le otorgaron dictámenes de uso de suelo, licencias de construcción y constancias de no ser zona de alto riesgo. Los permisos se otorgaron a pesar de que existía una moratoria desde el 2016.

Contra Gestélum Buenrostro pesa otra denuncia: se le acusa de haber entregado ilegalmente poco más de 4 millones de pesos a la asociación de colonos del fraccionamiento Puerta de Hierro. El objetivo: reparar la infraestructura pluvial que atraviesa el fraccionamiento, la cual, según adujeron, presentaba hundimientos y socavaciones críticas, lo cual afectaba las vialidades.

La actual administración, sin embargo, hizo una investigación y descubrió que la citada asociación de colonos no cumple con una labor social, tampoco se encuentra en zona vulnerable ni marginada. Además, la aportación económica es a todas luces ilegal.

Hace dos semanas, el ex Alcalde panista Juan Manuel Gastélum se presentó a declarar ante la Sindicatura Procuradora. Ya lo habían citado en dos ocasiones, pero no había acudido. Lo hizo hasta el tercer citatorio.

En los pasillos del Ayuntamiento fue abordado por los reporteros y dijo que no tiene nada que temer, que no se ha ido de Tijuana –“aquí sigo”, dijo, entre risas– y expuso, además, que no tiene conocimiento de ninguna denuncia formal en su contra, que compareció ante una autoridad administrativa para hacer algunas precisiones que le solicitaron.

Sobre las acusaciones en su contra, dijo:

“Esperaré a que la autoridad me lo precise, que revise y que después me lo haga saber. No hay nada de qué preocuparse, por ahora me reservo el derecho a declarar hasta que la autoridad me precise”.