En mayo pasado, Guillermo y Eduardo circulaban por Iztapalapa y un vehículo les cerró el paso. Parecía un incidente de tránsito cualquiera pero los conductores del otro auto llevaban armas y les dispararon. Ambos fallecieron. Lo único que se sabe, gracias a la investigación de sus familiares, es la descripción física de los agresores: son regordetes y pelones.

Los fallecidos eran cuñados de Heriberto Vital, un policía de investigación con 19 años de experiencia. A diferencia de un ciudadano común, él sabe perfectamente por qué el caso sigue impune: no hay una verdadera investigación.

En la Ciudad de México existe una estructura dedicada a la atención de víctimas del delito, desde el Ministerio Público hasta peritos, policías de investigación y jueces, pero no funciona como debería.

Un policía de investigación –dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal– recibe seis carpetas de investigación en promedio por día. Esto significa que en una semana tiene 30 casos. En una sola agencia del ministerio público acumula 2 mil 600 carpetas en 2016 y sólo hay 30 policías dedicados a esclarecer los casos.

Aunque existen 2 mil 990 policías de investigación, su tiempo no está dedicado cien por ciento a la investigación. Cada tercer día deben patrullar por las colonias durante 12 horas, aunque los encargados de esto sean los policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF).

Para tener derecho a descansos semanales deben cumplir con la cuota de al menos una detención en flagrancia por mes. Eso, dice Vital, es “casi imposible porque un asaltante no va a robar cuando ve una patrulla”, pero si se niegan a la “orden”, pueden incluso ser arrestados por 24 o 48 horas.

Además, también son enviados a actos multitudinarios como juegos de futbol, conciertos o manifestaciones, aunque “no sabemos cómo reaccionar ante la multitud porque no estamos capacitados para eso”, dice Heriberto Vital.

Largas jornadas

El horario de los policías de investigación está conformado por diferentes esquemas: pueden tener turnos de “guardia” con 24 horas de labores continuas; franca o de descanso de 24 horas e “imaginaria”, que son 12 horas de trabajo por 12 de descanso. Ello sin un rol fijo, sino a discreción de los mandos.

Aunque un aumento de salario sería bienvenido, dicen, lo que buscan son horarios de trabajo legales. Según la Ley Federal del Trabajo, la jornada laboral es de ocho horas, “pero nosotros trabajamos 12 diarias y si el mando está de malas, trabajamos más”, dicen los policías.

“El ciudadano nunca va a tener justicia si la Procuraduría no tiene bien a sus empleados”, dice Heriberto. Tener mejores condiciones laborales no sólo beneficiaría a los policías sino a la sociedad. “Si hay más personal, las investigaciones pueden avanzar. Si hay patrullas con gasolina podemos acudir rápido”.

En el día de “oficina” trabajan de 9 de la mañana a 9 de la noche y las condiciones no son mejores. Álvaro Oropeza ha sido policía de investigación durante 13 años y explica que en todos los lugares que ha trabajado las carencias se repiten.

Deben gastar 240 pesos mensuales para comprar sus propias hojas y poder imprimir sus informes. El mantenimiento de las seis patrullas que tienen en una agencia y la gasolina que consumen también es solventado de su bolsa. Sólo les dan 30 balas al año y pagan la renta mensual de 800 pesos para dos equipos celulares con internet cuando están en la calle haciendo labores de investigación.

Después de meses de escritos y quejas, recibieron tres computadoras nuevas, pero con una memoria que no es capaz correr el software donde registran las entrevistas con las víctimas y los avances de los casos. “A veces se traba y hay que esperar a que funcione mientras estamos tomando las declaraciones”, dice Álvaro Oropeza.

Hace dos años recibieron un traje, porque es obligatorio usar pantalón de vestir en la oficina y hace 10 años recibieron dos corbatas. Recién les entregaron un comando (uniforme negro para los operativos), pero a la mayoría no les quedó. Cuando reclamaron, sus mandos respondieron ‘o lo tomas o lo dejas’.

Durante la investigación de los casos, hasta para pedir antecedentes penales, datos de dueños de las placas de automóviles, hay que cumplir con trámites burocráticos que al menos tardan 15 días.

A veces hay que revisar ocho horas de videos para conseguir algunos datos, pero las cámaras instaladas en la ciudad ni siquiera permiten hacer acercamientos, lo que obviamente dificulta la identificación de personas. “Cuando alguien viene a preguntar cómo va su caso, ¿qué le decimos? Pues no, no hay avances, porque no podemos avanzar”, reconoce Oropeza.

Del total de los casos recibidos en una Agencia del Ministerio Público, se puede resolver 20%, pero gracias a otros elementos como la detención de algún presunto delincuente que es presentado en medios de comunicación, la gente los reconoce y denuncia. Con eso se arma el caso y se esclarecen.

Una detención puede esclarecer el modus operandi y establecer la relación con otros casos. Llaman a las víctimas y si los identifican el detenido es presentado ante el juez con una carpeta de investigación sustentada. Pero en otros casos, dicen, la gente desiste de la denuncia por miedo a represalias, porque también saben que los jueces pueden ser corruptos y dejar en libertad a los acusados.

Un policía de investigación gana entre 12 y 17 mil pesos mensuales, pero debe descontar gastos para todo lo que necesitan, desde material de oficina hasta el pago de licencias de conducir o multas por superar los límites de velocidad. Uno de los comandantes que prefirió no dar su nombre, pagará 3 mil 500 pesos de multas “por trabajar, cuando hay una emergencia hay que salir corriendo, pero aún así hay que pagar las multas”.

Además de eso, los policías cargan con el estigma que algunos de sus compañeros han forjado: la corrupción. Como en todos lugares, dicen, hay buenos y malos elementos. Los policías consultados reconocen que algunos de sus compañeros son corruptos, pero “no somos todos”, dicen.

“Yo estuve cinco años en antisecuestros. Gracias a Dios nunca me mataron a ninguna víctima. Uno tiene que aprender muchas cosas estando en un área así para resolver los casos”, dice un comandante. Insiste, hay quienes sí hacemos nuestro trabajo.

Denuncias a la baja

La Agencia del Ministerio Público de la delegación Gustavo A. Madero parece un edificio abandonado. Al entrar, en el estacionamiento hay autos chocados, implicados en delitos pero que no han sido investigados. Cuando alguien quiere denunciar debe preguntar a quien vea cerca dónde está el Ministerio Público, porque ni siquiera hay un letrero de orientación.

Los policías tienen un altar a San Judas Tadeo puesto sobre un destartalado escritorio gris. Las oficinas tienen la pintura descarapelada. Sólo hay sillas para quienes trabajan ahí y, esta vez, están unos minutos sin luz, quien sabe por qué. Sólo se escucha una voz masculina gritar desde fuera: ‘guarden lo que estén haciendo en la computadora, se va a bajar la luz’.

Quien llega a denunciar un delito puede tardar hasta cuatro horas. Rinde declaración ante el Ministerio Público y en algunas ocasiones también es interrogado por los policías de investigación.

El trato no siempre es bueno. Será por eso que los delitos no se denuncian. De acuerdo con el Reporte del Índice Delictivo de la Ciudad de México (RINDE), elaborado por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, las denuncias de delitos han bajado en los últimos cinco años.

Los delitos con violencia pasaron de 146.5 diarios en promedio en 2011 a 88.1 en 2015. Sin embargo, según el Instituto de Geografía y Estadística (INEGI) se cometen diez mil delitos diarios en la Ciudad de México.

Esto significa que la cifra negra (los delitos que suceden pero no llegan a averiguaciones previas) es superior. Se ubica en 94.7%, esto significa que sólo 5.3% de los delitos se denuncia, según la Encuesta Nacional de Victimización sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) sobre la desconfianza en las instituciones.