EnglishDicen que «la verdad es la primera víctima de la guerra». En medio de un conflicto, muchas veces la verdad es ofuscada por el agresor, quien a veces, en el nombre del «bien mayor», puede llegar a proyectar deliberadas mentiras para justificar su intervención. Una vez iniciado el conflicto, así continúa, sustentado por engaños, o «la gran mentira«.

Para comenzar a entender las causas y consecuencias de cualquier guerra, el público confía en los miembros del «cuarto poder», periodistas con la tarea auto-asignada de develar la verdad, de realizar su trabajo sin miedo o aprensión.

Aunque capaz es un ideal romántico, la libertad de prensa puede ser medida en un espectro, y claramente hay lugares en el mundo donde esta libertad corre peligro.

En México, por ejemplo, gran parte de la verdad ha sido perdida en la línea de fuego de la guerra contra las drogas, junto a la vida de muchos quienes han intentado reportar al respecto.

Según la organización sin fines de lucro Reporteros Sin Fronteras, no menos de 88 periodistas han sido asesinados en México desde 2000 hasta el 2013, sumado a otros 18 que se encuentran «desaparecidos».

La semana pasada, otro nombre se unió a esta larga lista trágica. Un policía consiguió el cuerpo del periodista Gregorio «Goyo» Jiménez de la Cruz, quien había sido previamente secuestrado, enterrado en el patio trasero de una casa en el pueblo de Las Choapas, Veracruz.

El 5 de febrero, 2014, Jiménez — un reportero para los diarios Notisur y El Liberal — fue secuestrado por atacantes armados en su casa en Coatzacoalcos, Veracruz. Hasta ahora, el motivo específico del asesinato de Goyo sigue sin ser claro, frente a distintas versiones relatadas a los medios, por la policía, su familia y sus colegas.

Inicialmente las autoridades dieron una declaración que determinaba el asesinato del reportero como un resultado de una disputa personal entre su hija y el hijo de un vecino, dueña un bar, Teresa de Jesús Hernández. Esta versión ha sido refutada por la hija de Goyo, Cindy Jiménez, quien dijo que Hernández mandó a matar a su padre con miembros de Los Zetas, por una historia que él escribió sobre un asesinato fuera de su bar en Coatzacolacos.

Según las declaraciones que leyó una empleada del tribunal, Cindy dijo «la Srta. Teresa le gritó [a Goyo] ‘Tu cállate porque te vas a morir. Te voy a mandar a matar. No sabes con quién te metiste. Acuérdate la nota que sacaste. Esa te la tengo reservada. Conozco a Los Zetas y te voy a mandar a matar»’.

Sin embargo, los colegas de Jiménez insisten que el asesinato de Goyo tuvo que estar relacionado con sus crecientes investigaciones sobre «desapariciones, crímenes y secuestros». Casi con total certeza, ellos alegan que el crimen está vinculado a los reportes que el periodista hacía sobre el secuestro de Ernesto Ruiz Guillen — el sindicalista cuyo cuerpo fue encontrado con el del reportero.

Luis Márquez Hernández, uno de los cuatro sospechosos arrestados en este caso hasta ahora, aparentemente confesó haber secuestrado y asesinado a Ruiz Guillén por órdenes del líder local de Los Zetas. Además de esto, se reporta que Cindy Jiménez también le dijo a la policía que cuando los hombres armados entraron a su casa para llevarse a su papá, escuchó a uno de ellos decir «él es el fotógrafo» — identificando a Jiménez como periodista.

Mientras se unen las piezas de esta investigación, se puede decir con seguridad que, sin importar el motivo subyacente, el ataque fue dirigido a Goyo porque era periodista — su secuestro y asesinato fue permitido en un ambiente de corrupción y violencia, exacerbado por una fallida «guerra contra las drogas».

Mientras la verdad sufre en guerra, el periodismo también es otra víctima más de esta guerra contra las drogas. No solamente es más difícil reportar los hechos y brindar una representación precisa de la actualidad en México, sino que la historia de por sí puede ser manipulada y utilizada como un arma política.

En julio de 2012, Enrique Peña Nieto contrató una firma de relaciones públicas estadounidense para «limpiar» la imagen del país, promocionar el turismo, y desarrollar un plan para disminuir el reportaje de los crímenes relacionados con la guerra contra las drogas y la violencia hacia la prensa.

El esquema ha funcionado hasta cierto punto, apenas a un nivel superficial. El discurso oficial busca retratar a un México «más seguro» con Peña Nieto como su «salvador» — una imagen literalmente vendida al público en revistas como Time.

Sin embargo, más allá de esta diseñada campaña de percepción pública que ha logrado engañar a los ingenuos, existe una verdad objetiva — una realidad de la cual no se puede escapar mientras México y su pareja de baile, Estados Unidos, continúen por este camino.

La violencia relacionada a los carteles, los asesinatos y los secuestros incrementan. Según el último Índice de Libertad de Prensa publicado por Reporteros Sin Fronteras, México es uno de los peores lugares para ejercer el periodismo. El país ocupa el lugar 152 de 180 ubicándose al mismo nivel que Iraq, Egipto y Libia.

El estado de Veracruz, territorio controlado por el cartel de Los Zetas, es un área de México especialmente hostil hacia los reporteros. El asesinato de Gregorio Jiménez es el décimo de este tipo desde el 2010 y el Estado carga el vergonzoso reconocimiento de estar en el top 10 de las regiones más mortales para periodistas del mundo.

El hecho es que esta locura continúe es una desgracia que traspasa las fronteras. El llamado de hacer justicia continua en oídos sordos, ya que los mismos encargados de aplicarla tienen mucho que perder al exponer a los criminales.

No hay justicia sin paz — y no hay paz en México sin un fin a la guerra contra las drogas.