En el mundo de hoy, dominado por los grandes medios de comunicación fuertemente influidos por los poderes políticos y económicos, resulta cada vez más difícil incidir sobre las ideas. Por esto es extraordinariamente importante la labor realizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha logrado cambiar la mentalidad sobre la vivienda en este país.

La PAH es conocida sobre todo por sus acciones en las calles ofreciendo un apoyo solidario a las familias más débiles y dándoles su aliento en los trances más difíciles de su vida. Muchas de estas acciones han salvado vidas. Evitar el trauma que supone para muchos padres verse impotentes e indefensos con sus hijos en la calle es ya por sí misma una acción útil y admirable.

Pero lo realmente transformador del trabajo de la plataforma ha sido su empeño en cambiar el pensamiento, las ideas sobre la función de la vivienda en la sociedad y en la mayoría de partidos políticos. Este cambio supone pasar de pensar que la vivienda es un bien que sirve para la acumulación de riqueza o la especulación a destacar la relevancia de su función social.

Este cambio de concepción se ha materializado en un esfuerzo por reformar la legislación española sobre la vivienda. La PAH ha querido llevar la batalla en el campo jurídico. En el campo donde las ideas se traducen en normas y reglas que sirven para garantizar los derechos de los ciudadanos o perpetuar los privilegios de los poderes económicos y financieros. Primero fue a través del esfuerzo enorme que significó la recogida de más de 1,4 millones de firmas para poner en marcha una Iniciativa Legislativa Popular para modificar la abusiva legislación sobre ejecución hipotecaria, que deja muy indefensos a los ciudadanos.

El esfuerzo chocó con la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso. Los militantes de la plataforma no se amilanaron e iniciaron una nueva estrategia para lograr los derechos que perseguían a través de los parlamentos autónomos. En 2015 consiguieron una ley muy progresista en Catalunya, aprobada por unanimidad, que permitía implementar la dación en pago, paralizar los desahucios, promover los alquileres sociales, sancionar a los bancos que mantenían miles de pisos vacíos y detener los cortes de suministros de los servicios esenciales .

Los aspectos más progresistas de la ley fueron neutralizados por un recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la semilla ya se había plantado. Y basándose en la ley catalana, la PAH diseñó una estrategia para plantear la defensa de los mismos derechos a través de la legislación autonómica. Murcia ya lo ha conseguido y se está llevando la pelea en otra docena de comunidades autónomas que cuentan con la colaboración de 100 ciudades de todo el país.

Las movilizaciones han logrado el soporte de los partidos políticos, a excepción de la cúpula del Partido Popular, porque muchas organizaciones regionales y locales no han podido dar la espalda a las sensatas reivindicaciones de la PAH.

La hostilidad del Gobierno contra una legislación que preconiza un uso social de la vivienda ha quedado al descubierto con la interposición de cinco recursos de inconstitucionalidad contra las leyes aprobadas por los parlamentos de Andalucía, Canarias, País Vasco, Navarra y Catalunya, que contaron con un apoyo mayoritario de los ciudadanos de estos territorios. Por si quedaban dudas sobre la voluntad del Gobierno en materia de vivienda, hay que fijarse en los Presupuestos Generales del Estado. En 2014, el año siguiente a la ley que elaboró el Gobierno para, supuestamente, paralizar los desahucios la dotación para acceso a vivienda fue de 537 millones de euros, notablemente inferior a los 765 millones del año anterior y mucho más alejados de los 1.200 millones de 2010.

Otro aspecto más reprochable aún fue la venta en 2013 de más de 5.000 viviendas de protección oficial por parte del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, ambos gobernados por el Partido Popular, a las entidades financieras especulativas de Wall Street Goldman Sachs y Blackstone. Estas operaciones no se pueden explicar sin la complicidad del Gobierno de Mariano Rajoy.

Resulta lamentable observar la actitud de la Comisión Europea en este conflicto. En 2013, el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España por el carácter abusivo de la legislación sobre desahucios. De acuerdo con esta sentencia, la Junta de Andalucía aprobó un Real Decreto para proteger a los ciudadanos afectados por estos procesos. La ley contó con la repulsa de la Comisión Europea, que esgrimió la consabida cantinela de la “estabilidad del sistema financiero”. Bruselas nunca ha tenido dudas cuando ha tenido que escoger entre intereses de los bancos y de los ciudadanos. Después, el tribunal continuó condenando repetidamente a España. Finalmente, la Comisión Europea ha descubierto que España ha estado infringiendo la directiva de defensa del consumidor durante veintitrés años y le ha abierto un expediente.

La plataforma ha ganado importantes batallas, pero la guerra es larga. Se trata de una movilización que cubre todo el país, que va desde los ámbitos políticos, los parlamentos y los jueces hasta la lucha en la calle. Es una guerra que sería mucho más inteligente por parte de los bancos que establecieran un nuevo contrato con los ciudadanos reconociendo unos derechos básicos y asegurándolos.

[Este artículo es el editorial del número de junio de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos, librerías y app. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]