La escasez de dólares inquieta cada vez más al Gobierno, que ahora apura una reforma en la ley penal cambiaria para impartir mano dura en el mercado financiero. Desde el Ministerio de Economía impulsan un proyecto para que el Banco Central tenga la facultad de determinar y aplicar multas económicas a entidades financieras y empresas o individuos que intervengan en el mercado cambiario, con la modalidad “pague después reclame”.

Este concepto (“solve et repete”) fue uno de los que más controversias despertó en la nueva ley de abastecimiento. En el Banco Central hay carpetas con infracciones por el equivalente a US$ 14.000 millones (casi la mitad de las reservas en manos de la entidad monetaria). Con esto además buscan empujar a los exportadores a que agilicen la liquidación de divisas.

El Gobierno empezó a tejer una estrategia que consiste en aplicar mano dura sobre el mercado para alimentar la caja estatal y disciplinar a aquellos que atentaran contra la pax cambiaria. Según pudo saber Clarín, en las últimas semanas hubo cuatro cumbres en la Casa Rosada en las que participaron el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el titular de la autoridad monetaria, Alejandro Vanoli, el superintendente de entidades financieras, Germán Feldman, representantes del Ministerio de Economía y representantes del Ministerio Público.

De esos encuentros, surgieron dos proyectos de reforma de la ley 19.359 que establece el régimen penal cambiario: uno que deja en manos del BCRA el trámite de las infracciones cambiarias y otro que propone judicializarlas para su tratamiento integral en el fuero penal económico. Este último, si bien propone sanciones más duras (con penas de hasta prisión para los infractores) y es el que prefiere Vanoli, sería el que menos apoyo oficial cuenta.

En cambio, el viceministro de Economía, Emmanuel Alvarez Agis prefiere mantener bajo la órbita de la autoridad monetaria (y por ende bajo la mirada atenta de Axel Kicillof) la posibilidad de elaborar los sumarios y también determinar las multas económicas correspondientes.

“Hay que cumplir la función de los órganos controladores. Hay miles de expedientes en el Banco Central sobre la ilegalidad de las transacciones de dólares”, dijo el 30 de septiembre Cristina Kirchner, mientras apuntaba al entonces presidente del Banco Central, Carlos Fábrega. Había sido advertida sobre la cantidad de expedientes cajoneados dentro del BCRA, una gran parte de ellas cometidas por exportadores que se retrasaron en la liquidación de divisas.

De ejecutarse, esas multas, siendo el BCRA el brazo ejecutor, servirían para traer dólares a las arcas del Estado en un año donde los vencimientos de deuda serían mayores a 2014 y en un año donde a su Gobierno saliente se le dificultará conseguir financiamiento privado.El anuncio sobre el cambio en la ley, que data de 1971, promete despertar polémica en el mercado. Es que además de ser usado para obtener liquidez, el nuevo marco regulatorio sería usado para impartir disciplina en caso de una nueva corrida cambiaria.