Analistas internacionales señalaron que en caso de ser extraditado, Joaquín Guzmán Loera, el máximo líder del Cártel de Sinaloa, podría revelar a representantes de la inteligencia estadounidense información de México sobre temas de seguridad nacional, así como los nombres de políticos y empresarios vinculados con el grupo delictivo, lo que obligaría al Gobierno de Enrique Peña Nieto a realizar detenciones en masa de funcionarios de todos los niveles.

Por otro lado, antes de su posible extradición, tendrá que librarse en México una ardua batalla legal, ya que “El Chapo” Guzmán, detenido este viernes por la tarde en los Mochis, Sinaloa, cuenta con tres amparos que impiden que sea entregado a autoridades estadounidenses de manera inmediata.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Deberán buscar su inmediata extradición a Estados Unidos porque el Gobierno mexicano ha demostrado que no puede tenerlo”, expresó a SinEmbargo Tony Payán, director del Centro de Estudios sobre México del Baker Institute de la Universidad de Rice, en Estados Unidos.

Sin embargo, advirtió que ni al Cártel de Sinaloa ni al Gobierno de México les conviene su extradición.

Al primero porque “es poseedor de información de inteligencia muy crucial para Estados Unidos y toma dos formas, la primera hacia adentro del Cártel, es decir, que revele quiénes pudiera ser los lugartenientes, los operativos… En Estados Unidos sí se respeta el debido proceso que le da la posibilidad de contratar a un abogado, y uno de los aspectos que se van a tomar en cuenta durante un juicio es el intercambio de información”, dijo Payán.

Al segundo, porque el que fuera el narcotraficante más buscado del mundo podría revelar quiénes son los funcionarios mexicanos involucrados en la protección al Cártel de Sinaloa, “y no estoy seguro que el Gobierno de México resulte exonerado: hay redes en las policías estatales, municipales y empresarios. El Cártel de Sinaloa es la única organización que salió intacta de la guerra contra el narco y que tiene unos tentáculos extraordinarios; lo que pudiera revelar puede ser muy dañino para los distintos niveles de gobierno”, advirtió.

“La decisión está ahora con la Justicia mexicana, que ya ha bloqueado una tentativa anterior de permitir la extradición”, opinó Antônio Sampaio, investigador asociado para Seguridad y Desarrollo de The International Institute for Strategic Studies (IISS) de Londres

En el mismo tono, Edgardo Buscaglia, director del International Law and Economic Development Center e investigador principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, expuso que “el gran meollo” es cómo van a negociar ambos gobiernos su extradición, porque la información que posee el capo va a obligar al gobierno mexicano a reaccionar contra la corrupción política desde lo federal hasta lo municipal.

“Va a tener que ir más allá de una sola detención, incluso esto va más allá de la clase política como sucedió con Pablo Escobar [el narcotraficante colombiano] y los hermanos Orejuela [fundadores del Cártel de Cali, también en Colombia]. Es ahí donde va a estar la resistencia de la clase política, porque Peña Nieto no ha dado el más mínimo indicador de querer meter funcionarios corruptos a prisión”, señaló Buscaglia.

“No existen capos como Guzmán Loera que no financien campañas políticas de alto nivel”, pero después de su captura será “imparable” la presión para abrir procesos a nivel municipal, sin embargo, consideró que al menos, en el corto plazo, no se tocará al nivel federal.

Con información de Sin Embargo