Desde este miércoles 15 de abril, ya rige la obligación del pago del impuesto que el municipio de Castelli implementó para el sector agropecuario en el marco de la pandemia de coronavirus.

La medida quedó firme tras la desestimación por parte de la Justicia de Dolores al pedido de una cautelar por parte del diputado provincial Lucho Bugallo (Juntos por el Cambio), quien aseguró que el tributo es “claramente ilegal e inconstitucional“.

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Según explicó el intendente, Francisco Echarren el objetivo es juntar fondos para el hospital del municipio a través del cobro de $42 por hectárea, con un máximo de $44.000 por inmueble. “En Castelli tenemos 534 productores alcanzados por el impuesto a la riqueza y con eso podemos equipar el hospital”, señaló en declaraciones radiales. “Es nada lo que les cobramos, no les mueve el amperímetro a sus patrimonios”, agregó.

La decisión despertó fuertes críticas por parte de dirigentes y entidades, como es el caso de Carbap, que aseguró que se trata de “oportunismo”. “Tuvimos una resistencia fenomenal de parte de unos productores agropecuarios pero también son dirigentes políticos”, dijo Echarren. Y apuntó: “¿De qué te sirve tener 5.000 hectáreas si luego tenés un problema y no hay un respirador?”

Para el intendente, hubo “lobby contra la salud” por parte de la oposición en conjunto con el sector mediático, el sector empresarial rural y el judicial, según definió. “Un productor presentó un amparo ante una jueza que tiene 4.000 hectáreas de campo. Hay un entramado invisible entre productores, medios y jueces que tienen los mismos intereses”, denunció.

Por su parte, Echarren anunció en sus redes sociales que el 30% de su sueldo se destinará a integrar el Fondo Especial de Emergencia Sanitaria que se creó en Castelli.