MADRID.- El Gobierno que preside Mariano Rajoy ha logrado este jueves aprobar en el Congreso de los Diputados, gracias a la mayoría absoluta que dispone el grupo parlamentario popular, unas modificaciones legales que suponen, de facto, una verdadera contrarreforma del catálogo de las libertades cívicas que disfruta la ciudadanía española desde está vigente la Constitución de 1978.



En apenas unas horas, una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la legislación aprobada en la Cámara baja, entra en vigor en España la cadena perpetua (llamada prisión permanente revisable, en su definición formal) y la ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, una norma que restringe, y castiga, de forma considerable derechos cívicos elementales de la ciudadanía en España. Entre ellos, el de manifestación y el ejercicio de la crítica pública. La oposición, en su conjunto, la ha denominado como Ley Mordaza.

La mecánica parlamentaria, controlada también por el PP, ha hecho que en el pleno de este jueves, reanudado tras el paréntesis abierto durante el martes y miércoles tras el trágico accidente del avión de Germanwings, que ha evitado unas complicadas comparecencias del presidente del Ejecutivo ante la Cámara baja, se hayan debatido cinco polémicas leyes que, salvo una, convienen a la estrategia programática del PP y del Gobierno presidido por Rajoy.



Cuatro de esas leyes han sido rechazadas por el conjunto de la oposición parlamentaria: la modificación del Código Penal que introduce, entre otras medidas, la prisión permanente revisable – eufemismo con el que se define la pena de la cadena perpetua - , la ley, también orgánica como la anterior, de Protección de la Seguridad Ciudadana – la denominada “ley mordaza” -, la ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, la ley reguladora del alto cargo de la Administración General del Estado, y la ley orgánica por la que se modifica, de nuevo, el Códico Penal en materia de delitos de terrorismo.

De izda. a dcha. los ministros de Industria, José Manuel Soria, de Empleo, Fátima Báñez, de Fomento, Ana Pastor y de Sanidad, Alfonso Alonso, conversan durante el pleno en el Congreso. EFE/Kiko Huesca

La única iniciativa legislativa en la que el grupo popular ha estado acompañado ha sido en la reforma del Código Penal relativa a los delitos de terrorismo; en este punto el grupo socialista ha ido de la mano de los conservadores en lógica consecuencia al pacto entre ambas formaciones políticas firmado por el presidente Rajoy, en nombre del Ejecutivo y del PP, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Esta reforma habla que a los condenados por actos terroristas con consecuencia de muertes se les aplicará la penar mayor recogida en el “vigente Código Penal”.



Este punto fue motivo de polémica y, al final, los socialistas acordaron con el PP eliminar la referencia a la cadena perpetua en sintonía con su compromiso de eliminar esa pena del catálogo de condenas. El resto de grupos políticos, con quienes se intentó alcanzar un acuerdo para respaldar una ley antiterrorista de forma unitaria, rechazó incluso este eufemismo por su rechazo a la condena permanente revisable.



Las mayores críticas hacia el Gobierno y el mayoritario grupo popular se concentraron en la reforma del Código Penal, por la introducción por primera vez desde la aprobación de la Constitución en 1978 de la cadena perpetua que no figuraba siquiera en el régimen dictatorial franquista.



“El PP ha enterrado en esta legislatura el Código Penal de la democracia aprobado en 1995”, ha dicho la portavoz socialista en este debate, Rosa Aguilar. “Hoy es un día negro para las libertades en España”, ha afirmado Gaspar Llamazares, representante del grupo La Izquierda Plural, quien ha hecho un llamamiento expreso a la “resistencia y desobediencia a estas leyes por parte de la ciudadanía”. En similares términos se han pronunciado el resto de los grupos parlamentarios de la oposición.

El ministro del Interior, Jorge Fernandez Diaz, con el de Justicia, Rafael Catala, en el pleno del Congreso. REUTERS/Juan Medina

El tono del debate ha subido en tensión cuando le ha llegado la hora a la discusión de la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. El portavoz socialista, Ignacio Sánchez Amor ha anunciado que los socialistas “vamos a derogar esta ley cuando lleguemos al Gobierno. Es un texto que “trata de amedrentar para desmontar el Estado de derecho y neutralizar una respuesta ciudadana contra las medidas del Gobierno que ha sido impecable”. El diputado socialista ha afirmado que “en el PSOE estamos con quienes se ponen una camiseta y van a manifestarse porque se sienten ciudadanos y no súbditos”.



Desde el diputado de Compromís, Joan Baldoví – “con un sobre y una papeleta enterraremos su despótica mayoría absoluta, de la que esta ley es una muestra” – hasta Jordi Jané, de CiU , pasando por Joan Tardá, de ERC – “esta ley me recuerda que salvador allende y Víctor Jara fueron las primeras víctimas del neoliberalismo que estamos viviendo” - han rechazado esta ley que ha defendido, con argumentos reiterativos, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

El portavoz del grupo popular, Conrado Escobar,ha afirmado, sin hacer la más mínima alusión al conjunto de las críticas vertidas desde la oposición, que esta iniciativa “es un avance para la convivencia y refuerza nuestra democracia”. “La ley guarda un excelente equilibrio entre libertad y seguridad y protege especialmente a la víctima, a los menores y a los vulnerables”, he reiterado tras criticar la legislación anterior, de 1992, conocida en su día como “patada en la puerta” promulgada durante un Gobierno socialista.



El resultado de las votaciones no tuvo sorpresas. La reforma del Código Penal con la pena de la cadena perpetua fue aprobada en solitario por el PP, aunque con algunas enmiendas pactadas con la oposición, por 181 votos frente a los 137 de la oposición, con solo dos abstenciones. Por su parte, el orto proyecto de ley polémico, de Protección a la Seguridad ciudadana, ha sido aprobado por 181 votos a favor, 140 en contra u solo una abstención que responde a un equivocación. Finalmente, la reforma del Código Penal relativa a los delitos de terrorismo se ha aprobado por los grupos popular y socialista por 279 votos a favor, 24 en contra y 14 abstenciones.

