Potro ginecológico en la clínica de abortos ubicada en el hotel Las Naciones. Redada de la Policía de la Ciudad, octubre de 2017.

Carla ve un tuit en la pantalla de un teléfono en una mesa de un bar céntrico. Es una suerte de referéndum para tiempos de cambio. Jorge Rial lanzó la pregunta el 2 de febrero pasado: aborto legal, seguro y gratuito, ¿sí o no? Más de 100 mil personas contestaron con su voto. 87 por ciento de ellas a favor, 13 por ciento en contra. "Es muchísima gente", dice Carla, "pero cuando lo hacés estás sola al comienzo, estás sola en el medio. Y estás sola al final. Nadie te acompaña en el silencio."

El hotel Las Naciones, con su calificación de cuatro estrellas y sus banderas de países del mundo que ondean sobre la avenida Corrientes, a metros del teatro Gran Rex y a poco más de una cuadra del Obelisco, es un pequeño clásico secreto para los buscadores de prostitución VIP en Buenos Aires: un operativo ordenado en 2014 a por el juez federal Luis Rodríguez detectó a más de 20 mujeres. El 28 y el 29 de octubre pasado, la división Delitos Contra La Salud de la Policía de la Ciudad irrumpió en dos habitaciones de los pisos cuarto y quinto del hotel tras un año de investigación a cargo de la Fiscalía N°19, en ese entonces a cargo de la doctora Graciela Bugeiro -hoy jubilada, la misma que tuvo a su cargo el caso de la mujer quemada en Puerto Madero– bajo la firma del juez Rodolfo Cresseri: encontraron una clínica de abortos clandestina y completamente funcional, prolijamente montada en pleno centro porteño, a cinco minutos a pie de la Casa Rosada. Fernando T. y Juan G., vidriero y gasista oriundos de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, estaban allí: quedaron detenidos como sus presuntos regentes.

Los algodones ensangrentados que indicaban procedimientos recientes se acumulaban en un tacho bajo un potro ginecológico recubierto en cuerina marrón, con un ecógrafo portátil a su lado, instrumental quirúrgico, medicación y sustancias como el sulfato de atropina, un fuerte preanestésico y antiespasmódico empleado en casos de envenenamiento en perros. Todo se parecía a un consultorio médico de cualquier clínica. Una supuesta médica conocida por investigadores como "la doctora María" era la responsable de practicar los abortos, la especialista detrás del potro. No fue encontrada y elude a la Justicia hasta hoy, su nombre y su número documento todavía son desconocidos.

Instrumental y analgésicos de uso veterinario encontrados en la clínica.

El precio por interrumpir un embarazo de forma quirúrgica en el hotel Las Naciones: 27 mil pesos. "Yo aborté ahí", dice Carla, "con la doctora María. Llevé 27 mil pesos en efectivo, todos en mi bolsillo. Tenía un embarazo de cuatro semanas."

Carla, de poco más de 30 años, porteña, había tomado la decisión ella misma en septiembre del año pasado. Luego se la comunicó a su pareja, que se ofreció a acompañarla. "Empecé a investigar, no tenía información, no sabía", asegura. Su embarazo recién comenzaba: podría haberlo interrumpido con medicación mediante el uso de misoprostol, una sustancia comercializada como Oxaprost por el laboratorio Beta, empleado como medicación gástrica e históricamente un secreto a voces entre médicos y mujeres y farmacéuticos y organizaciones pro-aborto para interrumpir embarazos en estados temprano. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda su uso en su Manual de Práctica Clínica Para un Aborto Seguro, bajo supervisión médica. Carla, en cambio, optó por un aborto quirúrgico. "Yo ni sabía que el misoprostol existía", dice: "La desinformación para las mujeres es total, no hay divulgación, es todo clandestino". Así, sin saber que existía una vía menos traumática, Carla fue por algo mucho más riesgoso: un aborto quirúrgico.

Carla llegó hasta la clínica clandestina no a través de rumores boca en boca, no a través de encuentros oscuros en bares con hombres igualmente oscuros, sino a través de un sitio web alojado en un dominio español, con su correspondiente página en Facebook y un número de contacto en WhatsApp. Los santafesinos operaban bajo el nombre online de Ginofem: usuarios en foros y conversaciones online se refieren a ellos al menos desde abril de 2015. "Un embarazo no deseado es un acontecimiento frecuente, que llega casi siempre inesperado y no deja tiempo de prepararse. Hay situaciones en que las mujeres deciden bastante rápido. A veces la decisión no es fácil y se necesita de tiempo así como de una conversación con personas de confianza", dice el sitio web que continúa hasta hoy, en una suerte de eufemismo. La tarifa de 27 mil pesos que le cobraron a Carla no figura en ningún lugar de la página.

"Encontré la página y los contacté. Me pidieron una ecografía y nada más, no me dijeron que me haga un análisis de sangre, nada. La comunicación tardó una semana", asegura. Tenía que seguir una simple de serie de pasos desde la avenida Corrientes. Carla apunta a Juan G., el gasista santafesino detenido por la Policía de la Ciudad. "Hablé todo con él", asevera. Fue Juan quien la citó, según ella, para esperarlo en el hotel luego de recibir su turno: debía esperar a un hombre de camisa blanca, pantalón de jean claro, pelo oscuro. Carla vio a la fuente en el lobby del lugar al llegar, a un guardia de seguridad. De allí, tomó un ascensor. Su pareja estaba junto a ella.

Primero ingresó a una habitación en el cuarto piso, donde realizó el pago en efectivo con el dinero que llevaba en el bolsillo. Luego, subió al quirófano en el quinto. Su pareja no la acompañó. "María" la esperaba allí. "Bajita de estatura, tez oscura, fue muy amable conmigo", la recuerda Carla. "María" se encargó de anestesiarla totalmente por vía endovenosa tras recostarla en la camilla y analizarla con el ecógrafo portatil; no había un anestesista presente, mucho menos una enfermera o asistente, solo "María", sin placa que la identificara en su ambo, sin número de matrícula nacional, sin que Carla supiera si era una médica diplomada o una simple aventurada.

El procedimiento fue breve. "En veinte minutos abrí de vuelta los ojos", dice Carla. Al despertar vio a "María" y a Juan G. "Vas a estar mareada un ratito y se te va a pasar", escuchó. Le dieron analgésicos de venta libre, ibuprofeno, diclofenac, y la autorizaron a contactarlos solo por dos semanas.

Carla no tuvo complicaciones en las semanas que siguieron, ninguna inflamación o infección posterior, ninguna pérdida o sangrado. El silencio ya era suficiente. "Solo pude hablarlo con una amiga. Los que te opinan en contra te juzgan sin saber. Soy yo la que tiene que vivir con esto", apunta Carla. "¿Y si a mí me pasa algo, quién responde? ¿A dónde puedo ir en la clandestinidad?", se pregunta, con cierto enojo. La conclusión no está muy lejos: "Viva o muera, los que me hicieron un aborto ganaron su plata igual".

Juan G. y Fernando T., gasista y vidriero santafesinos involucrados en la causa.

Irónicamente, la Policía de la Ciudad llegó a Juan G. y al hotel de la misma forma que Carla. El expediente comenzó en 2016: la Fiscalía N°19 obtuvo el sitio de Ginofem y su número de WhatsApp y encargó tareas de inteligencia. Números de IP y domicilios de registro del celular llevaron a Santo Tomé. Una agente encubierta contactó al teléfono y logró agendar un turno.

La mujer policía recibió las mismas ordenes que Carla: debía esperar en la puerta del hotel Las Naciones a un hombre de pelo oscuro y camisa blanca, Juan. G. En paralelo, Fernando T. fue encontrado en la oficina del cuarto piso. Ninguno de los dos hombres había aparecido en la causa hasta ese momento. Fue una encargada del hotel la que señaló, quizás sin saberlo, el quirófano en el quinto piso. "Siempre alquilan una habitación acá arriba", les dijo a los investigadores. La puerta de lo que sería luego el quirófano de la "doctora María" fue allanado al día siguiente con una orden del juez tras ser preservado con una consigna policial. "María", si es que había estado, ya se había ido.

Hoy, más de tres meses después, Juan G. y Fernando T. no solo que no fueron todavía indagados: estarían libres. No hay registro de sus nombres en el Servicio Penitenciario Federal, ni siquiera un paso por la Unidad N°28, la alcaldía de los tribunales de la calle Talcahuano, así como no hay un paso registrado por el Servicio Penitenciario de Santa Fe. Ninguno de los dos tiene antecedentes penales en el fuero porteño.

La causa, con una feria judicial y una fiscal jubilada, continúa bajo la carátula de "averiguación de delito." La posible imputación que pueden eventualmente recibir los presuntos encargados de regentear la clínica del hotel Las Naciones es imaginable: ejercicio ilegal de la medicina, por ejemplo, un eventual homicidio culposo o doloso si es que se detecta. Pero los hombres supuestamente de la clínica no son los únicos que corren el riesgo de ir presos.

Carla, en verdad, no se llama Carla. Su nombre es una fantasía de conveniencia para esta nota. Su familia no sabe que abortó. No les contó todavía, no sabe si lo hará. Tampoco sabe si lo se lo dirá a la Justicia: puede terminar una celda si lo hace. En el allanamiento del 28 de noviembre, la Policía de la Ciudad encontró al menos varios documentos en la habitación del cuarto piso. "Consentimiento informado" era su título. Su contenido era sumamente curioso. En ellos, Ginofem obligaba a las mujeres que abortaban en su consultorio clandestino de deslindarlos de cualquier tipo de responsabilidad.

Al menos otras tres mujeres lo firmaron con su nombre completo. La Fiscalía N°19 habría usado estos documentos para identificar a las mujeres que visitaron el quirófano del hotel Las Naciones e imputarlas por ello. "No voy a corroborar esa información", afirma una fuente en la Fiscalía N°19. Lo cierto es que la Policía de la Ciudad fue despachada a enviarle notificaciones a estas mujeres. Al menos una de ellas constituyó un abogado defensor particular en el expediente. En tiempos en donde el aborto legal, seguro y gratuito es debatido en el living de Intrusos, la causa de la clínica del hotel Las Naciones no solo abre el debate sobre la criminalización de los que lucran con el aborto clandestino, sino también la criminalización de las mujeres que deciden abortar.

Que una mujer o persona trans vaya presa es una realidad detrás de un laberinto jurídico sinuoso. El caso de "Belén", la mujer tucumana condenada a ocho años de cárcel acusada de matar a su bebé tras tener un aborto espontáneo en un embarazo que ella misma no sabía que tenía y que fue absuelta por la Corte de su provincia tras más de dos años de encierro es un ejemplo reciente. El Código Penal establece en su artículo número 88 que "la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare" será reprimida con penas de uno a cuatro años.

Las formas de consentimiento de Ginofem fueron una maniobra artera de cara al Código Penal mismo: un abortero que obra con consentimiento de la persona a la que le interrumpe un embarazo recibe una pena muchísimo menor de quien lo hace sin permiso explícito, una diferencia de seis años de pena de prisión. Sin embargo, el artículo 86 establece que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible, por ejemplo, "si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios."

El fallo "F.A.L" firmado en 2012 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación exhortó al Estado a "la disposición de todas las condiciones médicas y sanitarias requeridas para la realización de abortos legales de manera rápida, accesible y segura" en casos de embarazos generados por violaciones y de no judicializarlos: una simple declaración jurada de la víctima alcanza. Un año antes, el Estado argentino había recibido condenas a nivel internacional por el caso "LMR", en donde una jueza de menores platense impidió el aborto no punible de una joven con retraso mental embarazada tras sufrir un abuso.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, o CEDAW, instó con urgencia al Estado a garantizar el acceso a servicios de atención post-aborto en sistemas de salud en 2016. Sin embargo, las denuncias hechas por médicos a personas que buscan tratamiento tras un aborto con la correspondiente violación de la confidencialidad entre doctor y paciente son moneda corriente, según apunta un informe del CELS lanzado en marzo del año pasado.

El caso de "Belén" en Tucumán, afirma el informe, "alejó a mujeres, niñas y personas trans de los centros de salud, exponiéndolas a situaciones de riesgo." En octubre 2016, María Eugenia Vidal dio una fuerte marcha atrás con respecto a la adhesión a un protocolo para el aborto no punible en la provincia de Buenos Aires bajo fuertes rumores de presión ejercida por la Iglesia. La adhesión ya había sido firmada por su entonces ministra de Salud, Zulma Ortiz. Carla, de vuelta en el café céntrico, apunta: "Es todo por la religión. Mientras Bergoglio sea Papa no va a haber aborto legal pleno en la Argentina."

Más instrumental quirúrgico detectado en la clínica.

Por otra parte, el mercado negro del misoprostol está en alza. Populares sitios de venta online ofrecen el Oxaprost a un precio inflado de 1500 pesos con el simple truco de escribir mal el nombre del producto e incluir un número de celular en la foto de exhibición. Provincias como Mendoza y San Juan prohíben la venta de la sustancia fuera de hospitales. Se estima que el precio de la pastilla aumentó un 300 por ciento entre 2015 y 2016. Un relevo del Centro de Estudios de Estado y Sociedad reveló 417 condenas por delitos relacionados al aborto entre 1990 y 2008 en todo el país. Otras 343 causas penales fueron iniciadas en la provincia de Buenos Aires entre 2009 y 2011.

En paralelo, hay lugares muy diferentes al hotel Las Naciones para interrumpir un embarazo. En febrero del año pasado, la división Delitos contra la Salud de la PFA allanó por órdenes de la jueza María Fontbona de Pombo a una red de veinte aborteros de nacionalidad peruana y boliviana presuntamente regenteados por una enfermera de nacionalidad argentina. Una mujer fue encontrada con fuertes en contracciones en una camilla en un consultorio improvisado en Ciudadela. No eran contracciones de parto natural: las pastillas que le habían administrado se las estaban provocando. El fiscal Federico Delgado investigó durante largo tiempo a Marco Antonio Sosa, alias "Hermano Vicente", que operaba en Liniers y fue eventualmente condenado: tarotista de día, abortero de noche, a 3200 pesos el procedimiento.

Luciana Sánchez, abogada de la agrupación Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, asevera sobre la causa del hotel Las Naciones: "Hay un modus operandi con estas causas, comienza con inteligencia e intervenciones a números encontrados en Internet. Se selecciona. Esta clínica no estaba en Barrio Norte. Se sigue criminalizando al mismo sujeto social. Es bueno que la Justicia desarme clínicas ilegales, que van de la mano de múltiples delitos, pero no se puede criminalizar a las pacientes. No es general, no es en todo el país ni en todo el aparato judicial pero hay un tendencia desde ciertos sectores a hacerlo en los últimos años. Hay muchas denuncias que quedan en nada, aunque en jurisdicciones como Tierra del Fuego son difíciles de anular. Hay chicas que pasan años en el sistema sin saber para qué, es un disciplinamiento."

Sabrina Cartabia, también abogada, presidenta de la Asociación Civil Red de Mujeres y miembro del colectivo Ni Una Menos, afirma: "Las historias clínicas son documentos privados. Los consentimientos informados hacen parte de esas historias clínicas. Iniciar un proceso en base al secuestro de esos instrumentos sin una orden que específicamente busque esas historias clínicas es una violación a los derechos del paciente y a la confidencialidad que impera en la relación médico-paciente, que solo puede ser quebrada por medio de una orden judicial fundada en la que se explicita que se busca la historia clínica de una persona en específico. En todo caso la justicia debería investigar si existió ejercicio ilegal de la medicina o si ese lugar puso en riesgo a las mujeres por no cumplir con los standards de calidad y seguridad debidos."

La trama en el hotel Las Naciones no se acaba en un gasista y un vidriero. Hay un jugador mayor en la trama. El rastro del teléfono celular llegó a su titular, un hombre de 72 años que sería médico en Santo Tomé, con varios consultorios y un domicilio en una torre en la Avenida del Libertador en Capital Federal, así como otro en San Isidro que la Policía de la Ciudad ya visitó. Este hombre, que integra el directorio de una inmobiliaria, no sería otro que el mayor empresario detrás del aborto clandestino en la Argentina.