La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, es investigada por la Justicia en la causa Sueños Compartidos LA NACION / Hernán Zenteno - Archivo

Hebe de Bonafini no se presentará a declarar en la causa "Sueños Compartidos" y el juez Marcelo Martínez de Giorgi podría obligarla a presentarse en Comodoro Py a través de la fuerza pública.

Según confirmaron a LA NACION fuentes allegadas a Bonafini, la dirigente de derechos humanos faltará hoy a la citación del magistrado. Será la segunda vez que se ausente en la causa que investiga el desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales por parte de Madres de Plaza de Mayo.

"Por su cuenta no va a ir", expresó a este diario un estrecho colaborador de Bonafini. "Ella dice que a esta Justicia no le cree. Que los hermanos Schoklender deberían estar presos y porque pusieron guita a los jueces, están libres", transmitió la fuente cuando se le consultó los motivos de la decisión de no presentarse a declarar.

En radio Vorterix, el abogado Eduardo Barcesat contó esta mañana que le aconsejó a Bonafini presentarse ante la Justicia pero confirmó lo anticipado por LA NACION: "Hebe sabe que puede buscarla la fuerza pública, es consciente de eso y yo le aconsejé que se presentara, pero ella considera que es inicuo citarla".

Bonafini ya cuestionó muy duro al juez de la causa. Lo hizo en varias de las rondas que realiza la organización de derechos humanos los jueves en la Plaza de Mayo y llegó a decir sobre el juez cuando la citó por primera vez: "No voy a ir a declarar. Martínez de Giorgi, metete en el orto la declaración"

Según supo LA NACION, Bonafini no teme que el juez envíe a la fuerza pública a buscarla. "No le tuvo miedo a la dictadura menos a dos oficiales judiciales", agregó su colaborador.

Ante su segundo faltazo, el juez Martínez de Giorgi podría hoy mismo ordenar a la policía que la lleve a declarar Los imputados tienen la opción de hablar o no ante un juez que los cita a declarar, pero presentarse es obligatorio por ley.

En el expediente judicial se sospecha que en la estructura que manejaban los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, apoderados de la fundación, se desviaron, al menos, 206.438.454 pesos. Ayer declaró en la causa el ex secretario de Obras Públicas José López, acusado de haber autorizado los pagos multimillonarios para la construcción de viviendas sociales.