¿Alguien se sorprendió al enterarse de que el primer cuatrimestre de este año es el más violento en la historia de los registros de incidencia delictiva desde que se iniciaron, en 1997? Todo se fue al alza, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se han convertido en una de las estadísticas que se esperan mensualmente con mayor ansiedad, al haberse convertido en pulso de la gobernabilidad y balanza sobre el éxito o fracaso del gobierno. El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó con una inercia trágica de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, que destrozó los sistemas policiales por ignorancia e incapacidad, pero tampoco ha mostrado, más allá de la retórica, una idea clara de cómo enfrentar el fenómeno.

Los datos del Secretariado ratifican tendencias delictivas. Colima, donde se dieron 7.3 asesinatos por cada 100 mil habitantes –la tasa más alta del país–, no ha logrado restablecer la calma después de que hace poco más de dos años, por el descuido en el puerto de Manzanillo –responsabilidad de la Marina, por cierto–, empezaron a entrar cargamentos chinos de fentanilo, que recorrieron las viejas rutas de las metanfetaminas por el noroeste de Michoacán –las zonas protegidas por los paramilitares patrocinados por el gobierno peñista que incorporaron a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación– y entraron a Jalisco para que desde ahí se exportara al ávido mercado de consumidores estadounidenses.

Colima viene en espiral descendente desde el peñismo, como el caso de Chihuahua, donde el exgobernador César Duarte relajó el esquema de seguridad que se había instalado, particularmente en Ciudad Juárez, y que el gobernador Javier Corral ha sido incapaz de restablecer. Corral ha estado enfocado en encarcelar a priistas y no ha prestado la atención debida al tema de la seguridad, que se agravó por un factor externo: los acuerdos de paz en Colombia incluyeron la petición de las FARC de que se suspendiera la erradicación, por lo que la producción de cocaína volvió a florecer y se reanudaron las exportaciones hacia Estados Unidos, que en más del 50 por ciento pasa por el corredor Torreón-Gómez Palacio-Ciudad Juárez.

Chihuahua tiene una tasa de homicidios dolosos de 4.8 por cada 100 mil habitantes, superior en ocho décimas a la de Guanajuato, que desde el gobierno de Miguel Márquez se vio involucrado en la lucha de organizaciones criminales por el control del robo de combustible, que llegó a ser más redituable que la cocaína. La zona era controlada por Los Zetas, cuya subsidiaria es el Cártel de Santa Rosa de Lima, pero la estabilidad se rompió con el intento del Cártel Jalisco Nueva Generación de quedarse con el negocio. Van avanzando, en concordancia con la estrategia del gobierno de López Obrador de acabar con la organización de Santa Rosa, dejando de lado a los jaliscienses. Sin embargo, nada es claro con la estrategia actual. Desde hace casi tres meses la Marina tiene interceptadas las llamadas telefónicas de todo el entorno de su líder en fuga, José Antonio Yépez, apodado El Marro, pero no lo han detenido. Varias veces lo han tenido ubicado por zona, según funcionarios federales, pero se les ha escapado.

Las dinámicas en esas entidades no son levanta cejas, como sí lo son los datos que arrojan las estadísticas en tres nuevos gobiernos, todos de Morena, que encabezan el incremento delictivo en el país en términos porcentuales. A la cabeza se encuentra la Ciudad de México, donde la incidencia delictiva subió 237.5 por ciento en el primer cuatrimestre de este año, seguida de Morelos, que se incrementó 210 por ciento, y Veracruz, que vivía un desastre en materia de seguridad y que aun así incrementó su tasa 168.51 por ciento. En los tres casos han echado la culpa a gobiernos anteriores, pero en los tres casos sus gobiernos han sido incapaces de restablecer el orden. Problemas de aptitud de los responsables de la seguridad y ausencia total de estrategia, o acciones equivocadas, han producido que las peores entidades en la materia estén asociadas a Morena, aunque en el caso de Morelos es por alianza y el gobernador Cuauhtémoc Blanco está en choque incluso con el partido que respaldó su candidatura.

Las estadísticas de la violencia no son suficientes para entender el fenómeno que se vive. Hay características locales y regionales, así como dinámicas diferenciadas. Sin embargo, existe un común denominador que se trata de cubrir con la retórica y la expectativa de que con la llegada de la Guardia Nacional habrá un antes y un después. Se trata de la falta de recursos presupuestarios, de la debilidad institucional que muestra su cara más vulnerable en los municipios, del quiebre de los equilibrios en varias partes del país, que muchas veces está asociada con corrupción de autoridades. Igualmente de la negligencia del sexenio anterior al desmantelar las plataformas de inteligencia criminal, de inteligencia para la seguridad nacional y del sistema federal de penales.

Todos estos factores no fueron culpa ni responsabilidad del gobierno de López Obrador. Tampoco será su culpa ahora, pero sí su responsabilidad. Puede seguir achacando al pasado todos los males que afectan a su gobierno, pero los muertos de hoy se le contabilizarán a él, no a Peña Nieto. Por lo mismo, si continúa con la misma línea estratégica del arranque del gobierno anterior, de dejar hacer dejar pasar, terminará peor que él en materia de violencia, y la inseguridad irá erosionando su popularidad y aprobación. Peor aún es que el país aumentará su teñido de rojo ante la falta de visión, de objetivos claros y de estrategias confusas como las presentadas hasta ahora, sin señales de que vendrá una rectificación.