El líder de la extrema derecha austriaca, vicecanciller, prometió favores políticos a cambio de donaciones. ¿A un sindicato del metal? ¿A una ONG de ayuda a los refugiados? ¿A un lobby que lucha contra el cambio climático? No. A un magnate. Y además de otro país, en este caso, Rusia.

Heinz-Christian Strache es un técnico dental de 49 años, cuya carrera puede haber terminado tras publicarse un vídeo en el que se ve cómo prometió en 2017 -siendo líder de la oposición- favores políticos a una supuesta magnate rusa a cambio de donaciones. La pillada, a una semana de las elecciones europeas, se ha llevado por delante el Gobierno austriaco: el canciller, Sebastian Kurz –Partido Popular Europeo–, que gobernaba con la extrema derecha, ha anunciado que convocará elecciones anticipadas. Es decir, para ver si la crisis afecta electoralmente a su socio de coalición lo suficiente como para lograr gobernar en solitario. Y todo esto, el mismo día en que Matteo Salvini congregó en un acto en Milán a buena parte de los dirigentes europeos de extrema derecha.

Pero este caso, que evidencia las conexiones entre los poderosos y la extrema derecha y que no están libres de corrupción, ni mucho menos, puede ser el último. Pero no es único. Un informe del Corporate Europe Observatory recientemente publicado demuestra que ni son tan limpios como dicen y que tanto los mecenas de la extrema derecha como sus votaciones en la Eurocámara son afines a los intereses empresariales.

Si aciertan las proyecciones, los partidos de extrema derecha tendrán buenos resultados en las próximas elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo a consecuencia del castigo a los partidos tradicionales que han decretado y aplicado las políticas de recortes y austeridad en Europa durante la crisis de la última década.

El estudio abarca varios de estos partidos: Fidesz y Jobbik (Hungría); Freiheitliche Partei Österreichs (Austria, el del dimitido Strache); Alternative für Deutschland (Alemania); Prawo i Sprawiedliwosc (Polonia); Lega (Italia); Rassemblement National, anteriormente el Front National (Francia); UKIP del Reino Unido (y su escisión cada vez más popular, el Partido Brexit); Partij voor de Vrijheid (Países Bajos); Dansk Folkeparti (Dinamarca); Sverigedemokraterna (Suecia); Perussuomalaiset (Finlandia); y Vlaams Belang (Bélgica) –el informe no incluye a Vox–.

Si bien todos estos partidos son diferentes, emergen en diferentes contextos nacionales, con diferentes historias, hay mucho que los une. El uso que hacen del lenguaje popular se basa en el aparente rechazo de las «élites» políticas o empresariales existentes, y en el supuesto odio al establishment, en un intento de llegar a personas desilusionadas de la clase trabajadora (así como a otros grupos ). Su visión es simplista y se basa en demonizar a otros: migrantes, comunidades de minorías étnicas, feministas y personas LGTB, entre otros.

Este otro se presenta como una amenaza extrema, que justifica una respuesta del brazo fuerte del Estado a través de ataques a los derechos humanos, la sociedad civil, el poder judicial y/o los medios de comunicación, especialmente en los Estados de Europa Central y Oriental donde algunos de estos estos partidos ya tienen poder, explica el estudio.

Pero, lejos de rechazar el establishment, los políticos de estos partidos están encantados de asumir los intereses de poderosos o empresarios, en el país o en el extranjero, para obtener financiación y patrocinio político, como se acaba de ver con Strache.

Ya sea la cohorte de patrocinadores millonarios de UKIP; el dinero oscuro que fluye en la AfD; la aceptación por parte de la PVV de fondos del Centro de Libertad David Horowitz, una organización estadounidense que financia varios medios conservadores e islamófobos –aportó 108.244 euros en 2015, la mayor contribución individual en el sistema político holandés en un solo año–; el préstamo de nueve millones de euros del Frente Nacional de Rusia; la estrecha relación de Fidesz con las multinacionales; el FPÖ de Strache, ahora apodado el «partido de los ricos»; o ANO, el partido gobernante checo, creado por un multimillonario, obtienen un apoyo significativo de muchos intereses ricos y poderosos.

Los registros de votaciones de estos partidos en el Parlamento Europeo, además, muestran también el rechazo por las políticas dirigidas a apoyar a los trabajadores o las comunidades de bajos ingresos, ya sea en materia fiscal o de derechos.

La investigación de Corporate Europe Observatory muestra que ninguno de los partidos votó a favor de una tasa mínima del impuesto de sociedades del 25% en todos los Estados miembros, y que casi todos votaron en contra o se abstuvieron en la creación de una autoridad de evasión fiscal en toda la UE. Además, mayoritariamente se opusieron a una propuesta de directiva para promover el «trabajo decente» para todos los trabajadores y a la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles.

Gran parte de su retórica política se centra también en la supuesta mano dura contra la corrupción en la política. Sin embargo, lo más notable es cómo muchos de estos partidos se han visto atrapados en numerosos escándalos, desde corrupción política, donaciones poco fiables, planes de enriquecimiento personal o fraude. El último, el del exvicecanciller austriaco.

Pero hay más. Por ejemplo, bajo el régimen de Fidesz en Hungría –el partido del primer ministro, Viktor Orbán–, los niveles de corrupción han aumentado; las autoridades checas están investigando al líder de ANO por canalizar dinero de la UE para su propio uso; dirigentes de Agrupación Nacional han sido acusados de mal uso de fondos en Francia; se han impuesto grandes multas contra UKIP y la AfD; el gobierno de PiS en Polonia se ha visto sacudido por escándalos, además de una investigación de la UE por intervenir en el poder judicial; el subsecretario de transporte de Lega está siendo investigado en Italia por supuestos sobornos; se han realizado redadas en las oficinas de FPÖ en Austria; y hay investigaciones en curso de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude en varios grupos de la UE estrechamente relacionados con partidos de extrema derecha.

Lejos de estar en una misión para atacar a los «políticos corruptos», estos partidos se encuentran también entre los autores. Además, una serie de estos llamados políticos antélite no son contrarios a los puestos de trabajo lucrativos para complementar sus salarios. Por ejemplo: al eurodiputado francés Jean-Luc Schaffhauser se le «olvidó» registrar su cobro de 140.000 euros para organizar el préstamo de Rusia al Frente Nacional; Nigel Farage, exlíder del UKIP, es el número dos en la lista de los eurodiputados con mayores ingresos, con ingresos externos de al menos 360.000 euros al año; y el eurodiputado italiano Angelo Ciocca, de la Lega, declara ser un profesional independiente pero no explica para quién trabaja.

El líder ultranacionalista austriaco acaba de caer tras conocerse que prometió favores políticos a una supuesta magnate rusa a cambio de donaciones. Es el último, pero no el único: tanto los mecenas de la extrema derecha como sus votaciones en la Eurocámara son afines a los intereses empresariales.