Pareciera que nadie ha puesto un peso a la Democracia Cristiana (DC) en lo que va de 2018. Es el único partido político que ya publicó el detalle de sus ingresos, gastos y transferencias de los dos primeros trimestres del año, y bajo el ítem "aportes de personas naturales" no registra ninguna entrada. De hecho, salvo Evópoli, ningún partido declara haber recibido fondos por esa vía este año. Pero el caso de la DC es especial, porque en 2017 fue el que registró más aportes provenientes de terceros: así recaudó unos $ 518 millones, equivalentes al 38% de sus ingresos anuales. Según la información oficial, hoy esa estructura de financiamiento sería muy distinta, pero lo cierto es que responde a un profundo desorden en el cómo registran sus platas.

Al igual que la mayoría de los partidos, la DC obtiene el grueso de sus recursos del financiamiento estatal. Pero si en 2017 complementaba esos ingresos principalmente con aportes y donaciones, hoy lo hace mediante el "rendimiento de actividades del partido", un ítem que el año pasado cerró en cero peso. Al menos así aparece en el papel. Sin embargo, una fuente interna del partido aseguró a Reportajes que aunque los aportes sí han disminuido bastante, siguen llegando, solo que ahora no se registran o lo hacen bajo ese otro ítem, junto al arriendo de un inmueble. No supo explicar el porqué de ese cambio, pero señaló que esas "actividades del partido" en realidad no existen.

No es la única colectividad que presenta algún error o inconsistencia en los registros contables que los partidos están obligados por ley a publicar en el Portal de Transparencia. La UDI, por ejemplo, con más de $ 892 millones, fue la que más dinero obtuvo el año pasado por actividades propias del partido, pero al preguntarle por ellas a su administrador general de fondos, Juan Pablo Morales, reconoció que se trata de un error y que ese dinero corresponde, realmente, a un anticipo del aporte público para las últimas elecciones.

En Revolución Democrática (RD) también registraron en 2017 ingresos por ese ítem, aunque su tesorera, Dominique Hermosilla, dice que, en realidad, eran remanentes de las campañas municipales del año anterior. Y en cuanto a gastos, fueron el único partido que no declaró pagos a su personal, pero no porque no los hicieran, sino porque los incluyeron bajo la glosa "otros gastos de administración". Y en el Partido Socialista (PS) declararon gasto cero por concepto de investigación, aunque entre sus transferencias hay pagos por al menos $ 37 millones a dos empresas por estudios cuantitativos y de opinión. Consultado su secretario general, Andrés Santander, respondió que esos desembolsos sí están declarados, aunque adjudicados a los ítems "gastos de administración" y "preparación de candidatos". "Esto se produce debido a que la descripción en la ley es general y no especifica el contenido de cada ítem. Y tampoco el Servel ha evacuado un manual que pueda orientar en estas materias a los partidos políticos", dice Santander.

Aunque la discrecionalidad con que los partidos registran sus ingresos, gastos y transferencias dificulta hacer una trazabilidad precisa, sí permiten acercarse al origen y destino de las platas políticas fuera del período electoral. Reportajes revisó los registros de 2017 y lo que va de 2018 de los 10 principales partidos con representación parlamentaria y que siguen vigentes. Lo que continúa es el detalle de cuánto pesan en sus finanzas los millonarios fondos que les entrega el Estado y los distintos aportes que entran por otras vías, y cómo y adónde se termina yendo ese dinero.

El peso fiscal y el bolsillo de las bases

Mauricio Palacios cuenta que como tesorero nacional del Partido Radical (PR) ha visto cómo los aportes de sus militantes se han desplomado. Dice que en el contexto actual, con la profunda crisis de legitimidad que atraviesa el sistema político completo, es cada vez más difícil generar ingresos desde las cuentas de sus afiliados. Que no obligan a su gente a cancelar una cotización o una cuota y que, desde que la nueva Ley de Partidos Políticos entró en vigencia en 2016, estos se han relajado en sus pagos, confiando en que los fondos fiscales que llegaron con el nuevo sistema de financiamiento bastarían para cubrir sus operaciones. "De cierta forma, el financiamiento público nos jugó en contra", dice.

Para el PR esa disminución pesa, y mucho. Hoy son, junto al Partido por la Democracia (PPD), los conglomerados que más dependen de los aportes fiscales: más del 95% de sus ingresos entran por esa vía. En todo caso, para todos representa un flujo importante de recursos. El año pasado, casi seis de cada 10 pesos obtenidos por los partidos venían del Estado, y en lo que va de 2018, la participación del Fisco en el fondeo de la política es incluso mayor: ya supera el 67%. Y como los recursos son limitados, los partidos deben competir por ellos. De ahí que, además de los cargos públicos, esas platas sean el gran botín que llega con las elecciones de diputados.

Cada cuatro años se define cómo se repartirá la torta del aporte fiscal a los partidos según sus resultados en las urnas. El total anual a prorratear se establece a partir del número de votos válidos que reciban los candidatos a la Cámara Baja, en orden de 0,04 UF por voto. Actualmente, ese monto bordea los $ 6.500 millones y, tras el último proceso electoral, a fines de 2017, el mapa de la distribución cambió, beneficiando con varios millones extras a partidos como RD, Evópoli, Partido Humanista (PH), Partido Comunista (PC) y Renovación Nacional (RN), al tiempo que la UDI, la DC, el PS y el PPD ven cómo su porción ha quedado fuertemente disminuida.

Para el PPD la situación fue particularmente grave. Según los registros de Transparencia, no solo dependen en gran medida de esos fondos, sino que, además, son los menos diversos a la hora de obtener financiamiento. Su única entrada extra es el aporte de sus afiliados que, de acuerdo a lo que señalan desde el partido con sede en calle Santo Domingo, entre el balance de 2016 y 2017 se ha reducido a la mitad.

Para enfrentar esa situación, han considerado realizar campañas de cotizantes para fines específicos, como arreglos de sede, ejecución de programas e información sobre políticas públicas. También invertir en la educación de sus bases para difundir que el sistema de financiamiento del partido debe ser mixto: que a pesar de que se reciben aportes públicos, es necesario seguir cotizando. Pero aún no ha rendido frutos. Los registros públicos sobre sus ingresos durante el primer trimestre de este año revelan que esos dineros representan apenas el 3,4% de sus entradas totales.

Si bien la tendencia general apunta a la reducción progresiva del dinero que los militantes de los partidos aportan para su funcionamiento, hay colectividades que aún ven en esa vía de ingreso un importante mecanismo de recaudación de recursos.

El exdiputado y actual secretario general del PC, Lautaro Carmona, asegura que "el valor histórico del partido es que está vinculado a gente sencilla, a los trabajadores, a personas con menos recursos que están comprometidas con la premisa de que el pueblo financia a su partido y que tienen sentido de pertenencia". Lo grafica con la construcción de su sede en Punta Arenas, construida, según él, mediante una "campaña del ladrillo", en la que fueron los militantes quienes aportaron en dinero el equivalente a un ladrillo hasta tener los suficientes para edificar el inmueble. Lo mismo pasaría con el financiamiento del partido.

Los comunistas no solo tienen la mayor base de afiliados (más de 52 mil), sino que también son los que más valor le dan al aporte individual que proviene desde sus propias filas. El año pasado recaudaron el 41% de sus ingresos por esa vía, llegando a juntar más de $ 297 millones. Eso equivale al doble de lo que pusieron los militantes del PS, a cinco veces lo que aportaron en la DC y RN, y a 24 veces lo que los afiliados del PR entregaron a su casa política. Igual, no tienen mucha opción: el pago de las cotizaciones en el PC es obligatorio, parte de lo que Carmona llama "el deber del militante", y consiste en el 1% de los ingresos de sus miembros. En períodos de cesantía, el aporte se flexibiliza a uno "simbólico", pero no desaparece.

De inversiones, arriendos y aportes externos

Frente a los millonarios aportes que vienen de su base de militantes y a los fondos que le entrega trimestralmente el Fisco, los otros ingresos que declara el PC en el Portal de Transparencia parecen irrisorios, casi irrelevantes.

Una de las vías para recaudar fondos que permite la ley a los partidos políticos es a través de las rentas que generen a partir de su propio patrimonio. Son inversiones. Pueden ser depósitos a plazo, bonos, acciones en empresas u otras colocaciones en instrumentos financieros. También pueden ser el arriendo o la venta de inmuebles, de vehículos o de cualquier otro bien. Ese mecanismo constituyó en 2017 la ruta de entrada para más de $ 1.109 millones que llegaron a las cuentas de las 10 colectividades analizadas para este reportaje. Es decir, el 11,5% de los recursos que percibieron durante el último año.

Bajo esa figura, el PC declaró haber recibido en todo 2017 una cifra cercana a los $ 530 mil. Carmona explica que correspondió al arriendo de un departamento que poseía el partido, el último que les quedaba donde no se realizaban actividades partidarias, pero que ya se liquidó, por lo que "este año los ingresos a partir del patrimonio propio tenderán a cero".

También registran $ 396 mil provenientes del "rendimiento de las actividades del partido", pero en su caso no sería un error en la rendición. Según el secretario general, esa entrada corresponde a lo que dejó la Fiesta de los Abrazos, una actividad política y cultural que el partido realiza todos los años después de Año Nuevo.

Muy distinta es la situación del PS, que registra más de $ 848 millones generados en 2017 a partir de sus inversiones. Eso constituyó el 48% de sus ingresos anuales, pero es un área sensible, sobre todo después de que una investigación de Ahora Noticias revelara el año pasado cómo el partido ha invertido su patrimonio en empresas vinculadas a importantes grupos económicos y áreas estratégicas, incluyendo algunas cuestionadas por la justicia e involucradas en esquemas de financiamiento ilegal de la política, como SQM y Pampa Calichera.

"Nuestro patrimonio, tal como indica la ley, está sometido a un fideicomiso a cargo del Banco Bci, con nuevas restricciones para que no se invierta en materias que nos generen conflictos. Si bien todavía existe una comisión de patrimonio, ya no ve lo cotidiano, sino que solo está para salvaguardar las inversiones, pero sin tomar decisiones sobre ellas", explica Andrés Santander.

En RN también pesa mucho la rentabilidad de sus inversiones. Casi $ 250 millones juntaron a través de ese mecanismo el año pasado, aunque más importante fueron los ingresos que percibieron de la renta declarada bajo la glosa de "actividades del partido", que les significó una entrada de $ 344 millones. Desde el partido detallaron el origen de esas rentas: el arriendo de tres locales comerciales, la venta de la sede de Concepción y el remanente que quedó de las elecciones municipales de 2016, además de fondos mutuos y las cotizaciones extraordinarias recaudadas en el consejo general u otras actividades del partido.

Respecto de los aportes de personas naturales no hay mucha claridad. En la DC, que según la documentación disponible vía Transparencia es el conglomerado que más dinero recibe a través de aportes individuales, señalan que hay un desorden administrativo y que se contabilizan bajo diferentes glosas o que incluso muchas no han sido declaradas ante el Servel. Y en Evópoli, que en 2017 registró el 68% de sus ingresos por aportes de este tipo, dicen que también hay errores: que en ese ítem de ingresos se mezclan donaciones de militantes y de terceros externos que aportaron para las campañas del año pasado, por lo que esas cuentas estarían abultadas.

Las desordenadas vías de salida

La Iglesia Católica figura recibiendo dineros de dos partidos políticos. Los primeros pagos los hizo la DC en 2017, al Obispado de Chillán y al Arzobispado de Concepción. Luego le tocó a la UDI, que en marzo de este año transfirió casi $ 4 millones al Arzobispado de Santiago. Pero no fueron donaciones. Los dos primeros corresponderían al arriendo, alojamiento y alimentación contemplados para jornadas de formación para jóvenes militantes de la DC, a las que habrían asistido más de 50 jóvenes. El último fue por el arriendo de la Casa de Retiro Punta de Tralca, donde la UDI realizó en abril pasado un consejo programático.

Los principales gastos que declaran los partidos son operacionales. En sueldos y honorarios de su personal señalan destinar cerca del 35% de sus egresos; en compra de bienes y servicios, el 25%, y en otros gastos de administración, el 16%. Lo demás se reparte entre pago de deudas y costos en investigación, en formación de militantes, en educación cívica y en actividades que fomenten la participación de mujeres y jóvenes en política. Y es en todas estas áreas que las platas se mezclan, confunden y desordenan.

Aunque los partidos publican también el detalle de sus transferencias, cada uno define de forma distinta la justificación de los pagos, por lo que es difícil identificar con claridad a qué ítem de gasto de se refieren. Incluso, para los mismos partidos. Por ejemplo, el PR no registra gastos en materia de formación de jóvenes ni militantes, pero entre sus transferencias sí figura una por $ 5,9 millones a una empresa por "servicios de formación política Juventud PRSD".

Otro ejemplo: en la DC declararon haber gastado en "actividades de educación cívica" apenas $ 59.500 en todo 2017. ¿Qué actividad podrían haber realizado con ese presupuesto? Desde el partido dicen que con eso se pagó un flyer que luego se distribuyó y que la mayoría de los gastos por ese ítem, cuando son charlas, se registran como gastos de formación o fomento de jóvenes o mujeres, que "son más glamorosos".