Puerto Rico es un país de los más altos que tienen alta incidencia de muertes a causa de robo, crímenes de odios, por violencia domestica, por venganzas pero también de las muertes que ocurren es por el uso y trasiego de drogas y por dominar los puntos que hay en toda la isla. Se debe probar si legalizando las drogas aquí en Puerto Rico baja la alta incidencia de crimines o muertes a causa del uso y el trasiego de drogas. Se debe enmendar una ley que apruebe legalizar la droga porque así se vendería legalmente y no inlegal.

Las drogas son sustancias con las que ha convivido el hombre desde la antigüedad. Por lo tanto, las drogas y el hombre son elementos que caminan juntos a lo largo de la historia. Cada cultura tiene una mayor tolerancia respecto a las drogas propias, aceptamos más fácilmente aquellas que hemos utilizado durante siglos (medicamentos, café, alcohol, entre otras); de ese modo, mientras que las drogas que generan mayor preocupación no les damos un giro radical con la legalización de estas.

La legalización de las drogas sería favorable para la sociedad ya que estarían siendo controladas. Además la legalización de las drogas nos traería ciertas ventajas como la eliminación del narcotráfico y reducción del crimen, un fuerte ingreso en la economía, seguridad y calidad de vida.

Desde que comenzó el año se han registrado sobre 300 asesinatos en Puerto Rico. La mayoría de estos relacionados al tráfico ilegal de drogas. En Iraq han muerto 4,446 soldados de las fuerzas armadas norteamericanas, un promedio de 47 por mes. Comparando ambas cifras, promediamos 100 muertes al mes. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno para combatir la criminalidad? Activaron la Guardia Nacional para patrullar las calles junto a la policía, sin éxito. Apostaron cámaras de seguridad en la mayoría de los residenciales públicos, todo sigue igual. Capturaron a dos de los mayores narcotraficantes de Puerto Rico, República Dominicana y el Caribe junto a toda su ganga y los crímenes continúan. Estas disposiciones no han logrado disminuir la criminalidad. Debemos considerar la legalización parcial como una alternativa para combatir el crimen. ¿Qué beneficios se obtendrían de esta medida? El negocio de las drogas es producto de la oferta y demanda. Existen puntos de drogas por que tienen consumidores. Eliminar la ilegalidad del uso, permitiría a empresas tabacaleras como RJ Reynolds, Philip Morris y otras a manufacturar, distribuir y vender el producto. Esto producirá una regulación en los precios y un control de calidad en la confección. Los usuarios no tendrán que robar, matar o prostituirse para poder comprar drogas. Las luchas por el control de los puntos de drogas, sería un asunto del pasado. Si un distribuidor entra en polémica con otro, podrá utilizar el sistema judicial para solucionar sus diferencias. No habría guerra por el control del negocio entre pandillas rivales. No más drive by shooting, no más muertes de inocentes. Mientras mantenemos una actitud hipócrita y puritana, los bichotes siguen eliminando a sus competidores de la manera más brutal. El país recibiría ingresos adicionales producto de los impuestos que generen en ventas. El dinero podría ser utilizado para ayudar la adicción no sancionar.

Ante la férrea oposición que enfrenta la legalización de cualquier sustancia controlada en Puerto Rico por el Gobierno federal, un grupo de expertos en leyes y asuntos relacionados con drogadicción entrevistados por PRIMERA HORA favorecieron el expendio de la marihuana para uso personal, tal y como se permite en países como Portugal, Bélgica y Holanda. Conocedores del derecho federal consideran que Puerto Rico podría legalizar la droga para uso personal o para fines médicos, pero eso no privaría al Gobierno federal de ejercer su autoridad sobre el tráfico de la sustancia, ni siquiera lo limitaría. "Esto es un asunto, más que todo, de voluntad política y nada impide que se realicen programas pilotos en Puerto Rico", sostuvo el abogado criminalista, Edgar Vega Pabón1, quien postula en el Tribunal Federal. El proceso para legalizar la sustancia en Puerto Rico, según opinó el abogado, tendría que incluir enmiendas a las leyes de sustancias controladas, así como una serie de reformas para garantizar su suministro correcto. En 11 estados de Estados Unidos se ha legalizado el uso de la marihuana para uso personal, pero el Gobierno federal reclama continuamente sus poderes jurisdiccionales sobre la sustancia controlada, realizando arrestos e incautaciones periódicas, incluso de personas que cosechan la yerba para fines médicos. Puerto Rico, de encaminarse a la legalización de la marihuana, podría enfrentar los mismos obstáculos legales que los estados que han apostado por la medicación o la legalización del "mafú" para uso personal. La Isla podría, por ejemplo, adoptar un modelo parecido al de Holanda, donde la marihuana se puede adquirir en cafés regulados por el Estado. El debate coincide con la implantación de diferentes programas de rehabilitación en el sistema correccional para tratar a los adictos a heroína y que cuentan con el aval del Gobierno Federal. "La separación del mercado es la política que se debe estudiar. La política de Holanda conlleva la descriminalización del uso de marihuana. Allá no hay penas carcelarias para su consumo en cantidades pequeñas", sostuvo el presidente de la Comisión para el Estudio de la Criminalidad y de las Adicciones, Salvador Santiago2 .El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en una decisión que representó un duro golpe para los defensores del cannabis para fines médicos, dictaminó que las leyes estatales aprobadas por los estados no representan una defensa ante las acciones policiales de las agencias federales. Del mismo modo, la Agencia Federal Antidrogas (DEA) asegura que las leyes que permiten el consumo de marihuana para fines médicos han servido de "escudo" para traficantes de la sustancia. "Las agencias estatales no pueden hacer una distinción entre los cultivos de marihuana que se utilizan para fines médicos y otros cultivos que forman parte del tráfico ilegal de la sustancia. Los fiscales, asimismo, en muchas ocasiones descartan procesar a los traficantes por la misma ambigüedad de las leyes", indica la agencia a través de un comunicado oficial. En Puerto Rico, la legalización de la sustancia también es objetada por reconocidas figuras, como el superintendente de la Policía, Pedro Toledo3. "Me opongo a cualquier legalización. En ocasiones se empieza con la marihuana y se termina con otras drogas. Esto traería unas consecuencias desastrosas para Puerto Rico", dijo Toledo. El jefe máximo de la Policía alegó que la legalización de la droga ha provocado un aumento en su consumo en aquellos lugares en que se ha implantado, pero datos estadísticos apuntan a lo contrario. Según datos del Consejo de Ex Funcionarios al Servicio del Pueblo, la prevalencia del consumo de la marihuana es más alta en Holanda que en Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos cuenta con una de las tasas más altas de encarcelamientos a nivel mundial por delitos relacionados con el trasiego de sustancias controladas. Puerto Rico se encuentra entre las naciones de mayor consumo de drogas per cápita en el mundo. El crimen ha llegado a proporciones epidémicas y requiere de soluciones drásticas. Una de las soluciones que se propone es la legalización parcial de las drogas. Pero los que tienen los medios, no buscan información sobre el tema.

El problema de la rampante criminalidad que azota nuestra sociedad es uno complejo, que tiene distintos componentes y que requiere de un esfuerzo coordinado multisectorial para enfrentar de forma efectiva la actividad delictiva. Algunos datos significativos:

El 5 % de la población en Puerto Rico es adicta y dependiente de una droga ilegal. (Esto es un 35 % más alto que el promedio mundial).

8 de cada 10 convictos estaban desempleados al momento de cometer el delito.

1 de cada 2 estudiantes en el sistema de educación pública no pasa del 9 grado. Curiosamente el 52 % de los convicto no terminaron el 9 grado.

El costo de un convicto es de $40 mil al año.

El costo de un niño en el sistema de educación pública es de $7 mil por año.

A continuación se algunas recomendaciones de lo que debe incluir este esfuerzo integrado:

Proveer presupuesto adecuado a la Policía

Para poner en ejecución una efectiva estrategia anticrimen requiere que la Policía cuente con los recursos necesarios, no estrangulando el presupuesto de la agencia como o ha hecho la presente administración del PNP que le ha recortado sustancialmente el presupuesto operacional de la Policía de unos $929 millones que tenía para el año fiscal 2008-09 a $729 millones para el 2009-10, $742 millones para el 2010-2011 y a $766 millones para el 2011-12. En tan sólo tres años le han reducido unos $487 millones a la Policía en comparación con el presupuesto del 2008-09.

Medicación del usuario de drogas

Existe una estrecha vinculación entre el narcotráfico y la actividad criminal, planteándose que un 75 % de los delitos está relacionado con el trasiego de drogas.

La medicación no es la legalización de las drogas. La medicación es la implementación de mecanismos alternos, que incluye expandir los programas para la atención de los adictos (como el de metadona) para que estén disponibles a un mayor número de personas, así como el tratamiento de aquellos adictos que puedan ser rescatados de su adicción.

El propósito es proveerle al adicto una alternativa para su adicción y así reducir el lucrativo negocio del narcotraficante.

Debemos adoptar un enfoque salubrista para atender este asunto de la drogadicción como parte de nuestra estrategia de combatir la criminalidad.

Un esfuerzo coordinado inteligenciar para atender el asunto

La deserción escolar, la ausencia de empleo, la adicción a drogas, la formación moral y los valores de nuestra población son todos componentes del problema de la criminalidad y deben formar parte del esfuerzo gubernamental integrado para atenderlo.

· Educación: Implementar iniciativas dirigidas a reducir la deserción escolar e incrementar la tasa de jóvenes que terminan su grado 12.

· Creación de Empleos: La estabilidad económica y las esperanzas de un mejor porvenir para nuestros descendientes promueven un marco social de menos tensión, más armonía y mayor productividad que sirve como freno a la delincuencia. Sin embargo, vemos que el gobierno PNP ha reclamado como un logro condenar a sobre 30 mil servidores públicos a la desesperanza del desempleo y sus políticas económicas erradas han provocado la pérdida del sobre 100 mil empleos en el sector privado.

Proponemos proveer alternativas innovadoras y verdaderos incentivos al sector agroindustrial, manufacturero y de servicios para la creación de nuevos empleos. Un ejemplo es la propuesta para reactivar la industria azucarera que aprovecha las fortalezas de nuestro conocimiento del cultivo de la caña, la eficaz utilización de miles de cuerdas de terrenos agrícolas en desuso, las nuevas alternativas tecnológicas para este cultivo, los múltiples usos de la caña (rones, etanol como combustible, alimento de ganado, etc.) mediante una coparticipación del sector público y privado.

Concienciar sobre los valores: Dirigir recursos para programas y esfuerzos gubernamentales de orientar a la ciudadanía sobre la necesidad de convivir sin violencia, de la educación como vehículo de superación e inculcar valores a sus hijos, en vez de derrochar sobre $100 millones en campañas publicitarias innecesarias para resaltar la maltrecha imagen del gobierno PNP y en anuncios innecesarios como "Vía Verde" y "Mi Salud".

"La ciudadanía tiene que sentirse más segura y confiar en las estadísticas que ofrece la Policía de Puerto Rico, las cuales en su último informe revelan una merma en más del 50% de los crímenes". Así lo sostuvo a Primera Hora el superintendente de la Policía, Emilio Díaz Colón4, al asegurar que las cifras ofrecidas reflejan la realidad que se vive en el país, independientemente de la alta incidencia en asesinatos. En lo que va de año, la cifra de homicidios alcanza los 853 casos, 143 más que los registrados para la misma fecha durante el 2010. "Es que la gente no se puede dejar llevar por los asesinatos... las personas piensan sólo en eso y la mayoría son por la guerra por el control de los puntos de drogas. Las estadísticas y los números son los que tenemos y son los que podemos dar porque ésa es la realidad que se vive en las 13 regiones", expresó calmado el Superintendente5, mientras se preparaba para ir a la iglesia, como acostumbra los domingos. Resulta que los últimos datos del Centro de Análisis de Incidencia Criminal y Monitoreo del Crimen indican que cuatro de los siete renglones medidos entre los delitos graves (el 57%) están por debajo de lo que se reflejó a la misma fecha en el 2010. Los datos monitorean la delincuencia desde el 1 de enero hasta el 22 de septiembre. Según el informe enviado durante el fin de semana, los delitos que han disminuido son: violación, robo, escalamiento y hurto de autos.

La prohibición de las drogas ha tenido consecuencias desastrosas muy similares a la que sufrió el alcohol en los años veinte en Estados Unidos. Sin embargo, en vez de reconocer el fracaso de dicha política, la mayoría de los gobiernos alrededor del mundo se han empeñado en gastar más recursos y atentar más contra las libertades de sus ciudadanos en un esfuerzo inútil por detener el comercio ilegal de narcóticos.

1, La legalización pondría fin a la parte exageradamente lucrativa del negocio del narcotráfico, al traer a la superficie el mercado negro existente. Y con la desaparición de la clandestinidad del narcotráfico disminuye dramáticamente la problemática social ligada a dicha actividad. La actual prohibición de las drogas no detiene al mercado, simplemente lo ha sumergido bajo el manto de la ilegalidad, y cuando un negocio es un crimen, los criminales tomarán parte de éste. Según las Naciones Unidas, el tráfico de drogas genera $400.000 millones anuales, lo cual representa un 8% del comercio mundial, comparable con la industria de textiles. Dicho botín representa una tentación irresistible para los criminales del mundo.

2. La legalización reduciría dramáticamente el precio de las drogas, al acabar con los altísimos costos de producción e intermediación que implica la prohibición. Esto significa que mucha gente que posee adicción a estas sustancias no tendrá que robar o prostituirse con el fin de costear el actual precio inflado de dichas substancias.

3. Legalizar las drogas haría que la fabricación de dichas sustancias se encuentre dentro del alcance de las regulaciones propias de un mercado legal. Bajo la prohibición, no existen controles de calidad ni venta de dosis estandarizadas. Esto ha conducido a niveles de mortalidad altos a causa de sobredosis o envenenamiento por el consumo de drogas. De hecho, según un estudio del Cato Institute realizado por James Ostrowski, el 80% de las muertes relacionadas con drogas se deben a la falta de acceso a dosis estandarizadas.

4. El narcotráfico ha extendido sus tentáculos en la vida política de los países. Importantes figuras políticas a lo largo de Latinoamérica han sido ligadas con personalidades y dineros relacionados con el tráfico de drogas. Tal vez aquí yace la razón por la cual la guerra contra las drogas se intensifica año con año. Los grandes narcotraficantes son los que más se benefician con la actual prohibición, y los operativos anti-drogas que se practican en Latinoamérica sirven para eliminarles la competencia que enfrentan por parte de los pequeños y medianos distribuidores. La legalización acabaría con esta nefasta alianza del narcotráfico y el poder político.

5. Legalizar las drogas acabaría con un foco importante de corrupción, la cual aumenta en todos los niveles del gobierno debido a que una substancial cantidad de policías, oficiales de aduana, jueces y toda clase de autoridades han sido comprados, sobornados o extorsionados por narcotraficantes, creando un gran ambiente de desconfianza por parte de la población hacia el sector público en general.

6. Los gobiernos dejarían de malgastar miles de millones de dólares en el combate de las drogas, recursos que serían destinados a combatir a los verdaderos criminales: los que le violan los derechos a los demás (asesinos, estafadores, violadores, ladrones, grupos terroristas). Además, con la legalización se descongestionaría las cárceles, las cuales hoy en día se ven inundadas por gente cuyo único crimen fue el consumo de substancias que están prohibidas por la ley. Todos estos esfuerzos por combatir el tráfico de drogas han sido inútiles. Por ejemplo, las mismas autoridades reconocen que a pesar de todo el dinero gastado, los esfuerzos actuales solo interceptan el 13% de los embarques de heroína y un máximo del 28% de los de cocaína. De acuerdo con las Naciones Unidas, las ganancias de las drogas ilegales están tan infladas que tres cuartos de todos los embarques deberían ser interceptados con el fin de reducir de manera significativa lo lucrativo del negocio.

7. Con la legalización se acaba el pretexto del Estado de socavar nuestras libertades con el fin de llevar a cabo esta guerra contra las drogas. Intervenciones telefónicas, allanamientos, registro de expedientes, censura y control de armas son actos que atentan contra nuestra libertad y autonomía como individuos. Si hoy en día las drogas son accesibles incluso en las áreas de máxima seguridad de las prisiones, ni siquiera convirtiendo a nuestros países en cárceles vamos a lograr mantener a las drogas fuera del alcance de aquellos que quieran consumirlas. Legalizando estas substancias evitaremos que los gobiernos conviertan a nuestros países en prisiones de facto.

8. Legalizar las drogas desactivará la bomba de tiempo en la que se ha convertido Latinoamérica, especialmente países como Ecuador, Bolivia y Colombia. En este último, las guerrillas financiadas por el narcotráfico manejan miles de millones de dólares en equipos militares de primera línea, y amenazan con extender su lucha a países como Panamá, Brasil y Venezuela. Hace un par de años se descubrió la fabricación de un submarino en Colombia para el transporte de armamentos y drogas, lo que demuestra el poderío de estos grupos guerrilleros. Todo esto ha llevado a una intervención creciente por parte de Estados Unidos, quienes desde hace un par de años han venido fortaleciendo su presencia militar en la región de una manera nunca vista desde el fin de la Guerra Fría.

9. En una sociedad en donde las drogas son legales, el número de víctimas inocentes producto del consumo y la venta de estupefacientes se vería reducido substancialmente. La actual política afecta directamente tanto a los consumidores de narcóticos como a terceros. Es así como gran cantidad de personas que nunca han consumido estas sustancias o que no están relacionadas con la actividad se ven perjudicadas o incluso pierden la vida debido a las "externalidades" de la guerra contra las drogas: violencia urbana, abusos policiales, confiscación de propiedades, allanamientos equivocados, entre muchos otros.

10. La legalización conducirá a que la sociedad aprenda a convivir con las drogas, tal y como lo ha hecho con otras sustancias como el alcohol y el tabaco. El proceso de aprendizaje social es sumamente valioso para poder disminuir e internalizar los efectos negativos que se derivan del consumo y abuso de ciertas sustancias. Sin embargo, políticas como las de la prohibición, al convertir a los consumidores en criminales, desincentivan la aparición de comportamientos y actitudes sociales necesarios para poder lidiar con los problemas de la adicción y el consumo tempranero de dichas sustancias.

Luego de muchos años de malas experiencias con la política actual, y tras un análisis detallado de las consecuencias no deseadas de prohibir el consumo y la venta de substancias que la gente quiere, es necesario que lleguemos a la conclusión de que las drogas deben ser legalizadas si no queremos seguir el camino autodestructivo al que nos está conduciendo la prohibición moderna.

Los gobiernos dejarían de malgastar miles de millones de dólares en el combate de las drogas, recursos que serían destinados a combatir a los verdaderos criminales: los que le violan los derechos a los demás (asesinos, estafadores, violadores, ladrones, grupos terroristas). Además, con la legalización se descongestionaría las cárceles, las cuales hoy en día se ven inundadas por gente cuyo único crimen fue el consumo de substancias que están prohibidas por la ley. Todos estos esfuerzos por combatir el tráfico de drogas han sido inútiles. Por ejemplo, las mismas autoridades reconocen que a pesar de todo el dinero gastado, los esfuerzos actuales solo interceptan el 13% de los embarques de heroína y un máximo del 28% de los de cocaína. De acuerdo con las Naciones Unidas, las ganancias de las drogas ilegales están tan infladas que tres cuartos de todos los embarques deberían ser interceptados con el fin de reducir de manera significativa lo lucrativo del negocio.

11 razones por la cual no se debe legalizar las drogas

1. Todo negocio lícito importante origina un mercado negro tan importante o más (petróleo, armas, obras de arte, metales preciosos, tabaco...)

2. La legalización no supondría la desaparición de los actuales capos productores: éstos pueden organizarse en oligopolio como oferentes legales. Sus medios económicos se lo permiten y presionan a favor de la legalización, bajarían los precios, pero éstos se compensarían con un mayor volumen de venta-consumo.

3. La legalización es una medida que no puede llevarse a cabo en un solo país.4. La posibilidad de acuerdo internacional en este sentido es remota. La posición en contra de la comunidad internacional está recogida en la convención del año 1988, suscrita por todas las naciones del mundo.

5. Es preciso definir qué se quiere legalizar: ¿La heroína, la cocaína, el hachís, las anfetaminas? ¿Todas o sólo alguna de ellas?

6. También hay que responder a: ¿Para quién se legaliza? ¿Para los mayores de edad? ¿Para los que ya son drogadictos? ¿Para los que conscientemente desean empezar a serlo?7. Si se legaliza sólo para mayores de edad, ¿cómo se impide que haya un mercado ilegal para los menores? Si sólo se legaliza para drogodependientes, ¿cómo se identifican y censan? ¿Cómo se impide el tráfico ilegal desde los identificados y controlados hacia los que no quieren darse a conocer (razones familiares, laborales...) o lo son esporádicamente? ¿Qué pasa si quieren más dosis de las recetadas?8. Si se venden libremente productos muy tóxicos como las drogas, ¿cómo puede mantenerse el control drástico sobre los medicamentos precisamente para evitar los efectos secundarios indeseados? La acción administrativa del Estado en ese terreno quedaría deslegitimada.

9. En el caso de accidentes, ¿qué responsabilidad legal asumen el Estado y los profesionales que participan en la distribución? ¿Cómo puede evitarse una sobredosis? ¿Cómo se evita que se compartan jeringuillas? ¿Se le ha explicado al contribuyente que deberá sufragar la distribución de unas drogas legales a través de una red pública?

10. El abaratamiento de la droga no equivale a erradicar la delincuencia. Ejemplo: en Nueva York, hoy mismo, donde los precios han disminuido drásticamente, la delincuencia ha seguido aumentando.

11. La legalización parcial y controlada ya existe en España: en todas las comunidades autónomas hay programas de administración de metadona para heroinómanos censados. Su resultado es modesto y no ha erradicado el problema.

Aquí les presento un caso que fue reciente ocurrido en Ceiba:

La líder de la pandilla que operaba en el residencial Jardines de Ceiba en ese municipio, era una mujer identificada como Karen Santiago Vélez, reveló esta mañana la jefa de Fiscalía federal en la Isla, Rosa Emilia Rodíguez Vélez. Junto a Santiago Vélez, también conocida como "La Gorda" o "La Bichota", participaban de las operaciones de narcotráfico sus hermanos Juan Carlos y Eric Santiago Vélez junto con su madre, Carmen Vélez García, conocida también por el alias de "La Vieja" o "La Mother".Esta última figuraba como dueña del punto que vendía Percocet y Xanax.

"Esta violenta ganga operaba aproximadamente desde el 2008. Según el pliego acusatorio contra 39 miembros de la organización, pesan cargos de conspiración para poseer con intención de distribuir heroína, cocaína, crack, marihuana, Percocet y Xanax", indicó Rodríguez Vélez6. En la conferencia de prensa, las autoridades federales destacaron que en la acusación enfrentan cargos diez mujeres, dos de ellas -madre e hija- las líderes de la organización quienes se desempeñaban en funciones de gerente o dueña de punto.

Las demás mujeres acusadas son seis vendedoras y una corredora (runner), quien es la que lleva y trae la droga desde donde se guarda hasta donde se vende. El pliego acusatorio también incluye cargos por poseer armas de fuego durante la comisión de un delito de narcotráfico. "Los miembros de la organización llevaban a cabo las transacciones de droga en presencia de menores de edad y utilizaban jóvenes menores de 18 años para vender drogas en los puntos", añadió la fiscal federal. Mientras, el director interino del FBI, Carlos Cases, señaló que la organización operaba igual que un colmado de familia.

"Es lamentable que organizaciones como esta utilicen a menores de edad para sus negocios" declaró Cases7. De ser encontrados culpables, los acusados enfrentan una pena mínima de diez años y un máximo de cadena perpetua. La magistrada federal Camille Vélez Rivé celebrará la vista de comparecencia inicial contra 33 de los 39 acusados que fueron arrestados esta mañana durante el operativo. Rodríguez Vélez adelantó que solicitarían que fuesen ingresados a prisión directamente tras ser acusados por delitos violentos.

En Puerto Rico se suele hacer referencia al término crimen como sinónimo de delito, es decir, aquel acto u omisión que desde el punto de vista jurídico implica una violación a una ley penal. Se entiende por criminalidad al conjunto de conductas delictivas cometidas en un tiempo y espacio determinados. No obstante, desde el punto de vista criminológico, partir exclusivamente de la definición legal de crimen (delito) plantea varias dificultades. Una de ellas es que tanto el concepto de crimen como el de criminalidad excluyen otros actos que conllevan violaciones a los derechos humanos y que muchas veces no son tipificados por ley como delitos.

Las estadísticas del crimen Para conocer acerca de la incidencia criminal, por lo general, en Puerto Rico se parte del análisis de los datos estadísticos sobre los denominados delitos Tipo I. Estos datos son recopilados por la Policía de Puerto Rico basados en el sistema de clasificación de las categorías delictivas incluidas en los informes uniformes de crímenes del Negociado Federal de Investigación (FBI ,por sus siglas en inglés). En este sistema se clasifican los delitos en dos rubros principales: Delitos Tipo I (ciertos delitos informados) y Delitos Tipo II (arrestos por las demás delitos). Los delitos Tipo I incluyen asesinato y homicidio, robo, violación, agresión agravada, escalamiento, apropiación ilegal y hurto de auto. Los delitos Tipo I no informan sobre toda la criminalidad, ya que están limitados a los siete delitos seleccionados en los años treinta como los de mayor probabilidad de ser informados. En el 2000 se comenzó a implantar un nuevo sistema para informar la incidencia delictiva en el país: el Sistema Nacional de Información Basado en Incidentes (NIBRS, por sus siglas en inglés) correspondiente a la jurisdicción de Puerto Rico. La Policía de Puerto Rico cuenta con la Oficina de Estadísticas de la Criminalidad, cuya función principal es administrar, recopilar, analizar, revisar, registrar y controlar los datos estadísticos basados en los informes de incidentes sometidos. Este sistema incluye 41 categorías, 31 de ellas en Delitos Clase A y 10 en Delitos Clase B, de las cuales algunas no se usaban como indicadores de criminalidad en décadas pasadas. Un estudio publicado por la Oficina de Asuntos de la Juventud en 2002 señala que "estos cambios han producido disloques informativos difíciles de entender, los cuales no concuerdan con la percepción pública sobre el crimen"8.

Reclama que se revelen las estadísticas de asesinatos

El senador Cirilo Tirado Rivera reiteró hoy su reclamo para que el Instituto de Ciencias Forenses que haga públicas las estadísticas de los asesinatos en el País para que se puedan conocer los números reales.

"Es importante comparar el número de asesinatos registrados en Forenses, con el número que reporta a diario la Policía. Le solicito nuevamente a Forenses que haga público esta estadística. El país tiene derecho a conocer la realidad que vive el pueblo"9, precisó el senador del Partido Popular Democrático (PPD).

Tirado Rivera indicó que el diario The New York Times reseñó algunos de los serios problemas que han afectado el eficaz desempeño de la Policía, incluyendo ascensos a aquellos agentes que participan en los esquemas de manipulación de las estadísticas del crimen para proyectar una alegada reducción de los Delitos Tipo I.

"Llevo más de un año denunciando esta situación y recordándole al país que fue bajo la administración de Rosselló que se excluía 1 de cada 5, o sea el 20 por ciento de los asesinatos de los registros estadísticos del crimen, por eso estoy solicitando las estadísticas de Forenses"10, sentenció.

El senador aseguró que la excusa que proveyó el gobernador Luis Fortuño a la periodista del diario neoyorquino fue que heredó los problemas de la Policía cuando llegó en 2009 y que estaba trabajando para corregir las deficiencias, pero que tomaría años remediar el asunto. "Como siempre el Primer Ejecutivo rehúye su responsabilidad y pretende achacarle a las pasadas administraciones el resultado de sus incompetencias e incapacidad"11, acotó.

Alegó que "Fortuño muy hábilmente se olvida mencionar que investigaciones periodísticas detectaron en el 2010 y en el 2011 que en la actualidad se están manipulando las estadísticas del crimen para poder argumentar que hay reducción de Delitos Tipo I"12.

El Senador del PPD, Cirilo Tirado Rivera, nuevamente le reclamó al Instituto de Ciencias Forenses que haga públicas las estadísticas de los asesinatos en el País. Tirado Rivera, hace más de dos semanas le solicitó al Instituto los números reales de las personas asesinadas en Puerto Rico, pero no ha recibido respuesta.

"Es importante comparar el número de asesinatos registrados en Forense, con el número que reporta a diario la Policía. Le solicito nuevamente a Forenses que haga público esta estadística. El País tiene derecho a conocer la realidad que vive el pueblo", precisó Tirado Rivera13. Tirado Rivera indicó que un artículo publicado en el New York Times reseñó algunos de los serios problemas que han afectado el eficaz desempeño de la Policía, incluyendo ascensos a aquellos agentes que participan en los esquemas de manipulación de las estadísticas del crimen para proyectar una alegada reducción de los Delitos Tipo I "Llevo más de un año denunciando esta situación y recordándole al país que fue bajo la administración de Rosselló que se excluía 1 de cada 5, o sea el 20 por ciento de los asesinatos de los registros estadísticos del crimen, por eso estoy solicitando las estadísticas de Forenses"14, sentenció el Legislador popular.

El Senador aseguró que la excusa que proveyó el gobernador Fortuño a la periodista del "New York Times" fue que él heredó los problemas de la Policía cuando llegó en el 2009 y que estaba trabajando para corregir las deficiencias, pero que tomaría años remediar el asunto. "Como siempre el Primer Ejecutivo rehúye su responsabilidad y pretende achacarle a las pasadas administraciones el resultado de sus incompetencias e incapacidad"15, acotó.

"Vemos que Fortuño muy hábilmente se olvida mencionar que investigaciones periodísticas detectaron en el 2010 y en el 2011 que en la actualidad se están manipulando las estadísticas del crimen para poder argumentar que hay reducción de Delitos Tipo I. También se olvida mencionar que a 33 meses de su administración, los asesinatos y demás delitos han sufrido un alarmante incremento, que no existe un plan anticrimen, que ha tenido dos Superintendentes de la Policía que no han podido dirigir con efectividad esa agencia y que bajo su administración se le ha reducido sobre $488 millones al presupuesto de la Policía. Es por la incapacidad del gobierno del PNP que ya nadie se siente seguro en la calle, en los centros comerciales sin en su propio hogar. Es hora ya de que Fortuño asuma la responsabilidad de sus acciones desacertadas y de su incapacidad para gobernar"16, precisó el senador Tirado Rivera.

Yo he llegado a la conclusión haciendo este trabajo que el uso de drogas no es un fenómeno nuevo; el conocimiento y el uso de las drogas, son probablemente, tan antiguo como el hombre mismo. El hombre primitivo en busca de alimentos en praderas y bosques descubrió ciertas plantas que parecían poseer misteriosos poderes, capaces de alterar su percepción o su estado de ánimo. Una droga puede definirse, en general, como toda sustancia que al ser introducida al cuerpo produce un cambio temporal o permanente en las funciones fisiológicas, en los sentimientos o en la conducta. La droga se ha convertido en el amo, antes que en el servidor. Es decir, que el consumo de drogas ya no está bajo el control del usuario.

En todo el mundo las personas están preocupadas por los peligros que representan el uso de alcohol y otras drogas sobre todo en los jóvenes. Las encuestas de opinión pública han señalado repetidamente la intolerancia general al uso de alcohol por parte de los jóvenes y al uso de drogas ilegales por parte de cualquier persona. El uso del alcohol y de drogas ilegales han destruido familias y han bañado de sangre nuestras calles y vecindarios. Estos problemas también han invadido los lugares de trabajo y centros comerciales.

1 Edgar Vega Pabón; Abogado Criminalista

2 Salvador Santiago; Presidente de la comisión para el Estudio de la Criminalidad y las Adiciones

3 Pedro Toledo; Ex Superintendente de la Policía de Puerto Rico

4 Emilio Díaz Colón; Superintendente de la Policía de Puerto Rico

5 Emilio Díaz Colón; Superintendente de la Policía de Puerto Rico

6 Rodríguez Veléz

7 Carlos Cases; Director Interino del FBI

8 Oficina de Asuntos de la Juventud

9 Cirilo Tirado Rivera; Senador del PPD

10 Cirilo Tirado Rivera; Senador del PPD

11 Cirilo Tirado Rivera; Senador del PPD

12 Cirilo Tirado Rivera; Senador del PPD

13 Cirilo Tirado Rivera; Senador del PPD

14 Cirilo Tirado Rivera; Senador del PPD

15 Cirilo Tirado Rivera; Senador del PPD

16 Cirilo Tirado Rivera; Senador del PPD

Autor:

Vilmarie Soto Rodríguez

Criminología 205

Prof. José Gierbolini

10/10/2011