Las once personas que han participado en este reportaje repiten dos palabras, «miedo» y «peligroso». Son las razones que aducen para hablar con una condición: sus nombres nunca aparecerán publicados, ni siquiera pistas que permitan conducir hasta su identidad. Es la respuesta común cuando se pronuncia su nombre: Gonzalo Boye, ahora en el foco público por ser el abogado más cuestionado de Carles Puigdemont.

El hombre objeto de sendas querellas ante la Audiencia Nacional por haber planteado contra el magistrado Pablo Llarena en Bruselas una querella basada en una traducción manipulada de las palabras del instructor del procés. El caso está en manos de la juez Carmen Lamela.

«¿Gonzalo Boye?», responde un ex fiscal. «Yo que usted no me metería en eso».

Esta es la historia de un hombre con mil caras que siempre se mueve en tierras movedizas. La del chileno veinteañero de familia bien condenado por colaborar en el secuestro de un empresario a manos de ETA. La del preso que en la cárcel estudia Derecho y al salir se reinventa como abogado de una víctima del 11-M. La del letrado conocido por grandes causas de tinte progresista pero que hace dinero defendiendo a clientes del mundo del narcotráfico y los bajos fondos.

Sus conocidos le definen como «inteligente», «ególatra», «tenaz» y «muy temido», porque hunde a golpe de querellas a los amigos que mutan en enemigos. Es amigo personal de Alberto Garzón, propalestino declarado y jugador de rugby... Y el abogado que ha acabado reuniendo en Bruselas como héroes en el exilio al rapero Valtònyc y al ex president Puigdemont, al que, según cuenta, él mismo aconsejó la fuga. Y que proclama allí donde puede que su país de acogida es un «Estado delincuente» que «viola sistemáticamente los derechos fundamentales». Lo dice en su querella.

La vida de película de Gonzalo Boye Tuset empezó en Viña del Mar (Chile) en 1965. Su padre era allí un conocido periodista contrario a Pinochet; su madre, una licenciada en Derecho, de ascendencia catalana e ideología pinochetista, según explica él. Tras estudiar en el mejor colegio de Valparaíso, el británico Mackay, con 18 años (principios de los 80) se fue a Europa.

Se estableció en Heidelberg, donde vivía parte de su familia paterna, procedente de Alemania (de hecho, Boye tiene la doble nacionalidad alemana y chilena). Allí estudió dos carreras (Economía y Ciencias Políticas) aunque no se licenció en ninguna. Sí se enamoró de la que sería su primera mujer, una filóloga británica con la que tendría dos niñas. Pero es en España, adonde llega según su relato en octubre de 1987, donde la vida se le tuerce.

Arrestado en el garaje

En 1992 es detenido por la Policía Nacional en el garaje de su casa. Le acusan junto a otros tres ciudadanos chilenos de pertenecer al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que en Chile practicaba el terrorismo contra la dictadura de Pinochet, y de haber participado en dos secuestros llevados a cabo por ETA: los de los empresarios Emiliano Revilla (1988) y Diego Prado y Colón de Carvajal (1983).

Las sospechas contra él en torno al segundo secuestro acaban en nada. Pero no su imputación respecto a Revilla, soriano de 58 años y fabricante del famoso chorizo con su nombre, que no fue liberado hasta que pasó 249 días cautivo y después de que la familia pagara un rescate millonario. Boye (el Gordo para sus camaradas) fue condenado en firme por colaborar en ese secuestro dentro de un grupo asociado al MIR al que ETA subcontrató para ayudarle en la infraestructura previa y las vigilancias a Emiliano Revilla en Madrid.

Este es el relato de la sentencia de la Audiencia Nacional, de 1996. Boye, simpatizante del MIR, era amigo de René Valenzuela, miembro de esta organización, y juntos habían montado una empresa llamada Eco World. Por orden de ETA, un tercero se encargó de la vigilancia a Revilla, de «estudiar los itinerarios de retirada» y «ultimar los detalles del secuestro». En esas tareas «participó plenamente el acusado Gonzalo Boye Tuset».

¿Qué hizo exactamente? Quedó probado que el ahora abogado le prestó a un cuarto chileno «el vehículo de su propiedad» marca Chrysler y con matrícula alemana. Boye dijo que era para una mudanza, pero «lo cierto» es que lo prestó «en diversas ocasiones» y, según la sentencia, sabiendo que era para vigilar a Revilla. En los reconocimientos fotográficos ante la Policía, según el fallo, Boye confesó: aseguró que le «prestó en dos o tres ocasiones el vehículo» de su propiedad «para realizar labores de información en el secuestro del Sr. Revilla».

Boye también conocía la casa donde se ocultaba el zulo en el que estuvo secuestrado el empresario, en la calle Belisana en Madrid. «Al menos en dos ocasiones se desplazó a ella». Además, la Audiencia Nacional pudo comprobar que recibió «dos entregas de 3.000.000 y 500.000 pesetas» de uno de los integrantes del grupo en el Café Comercial de Madrid, dinero que ETA les había pagado en San Juan de Luz a cambio de su trabajo. En la instrucción Boye reconoció esas entregas pero alegó que formaban parte de un esquema para «un blanqueo de dinero» y se exculpó.

Su condena: 14 años, ocho meses y un día por detención ilegal.

Así que entró en la prisión de Carabanchel, enfadado y proclamando su absoluta inocencia, según ha defendido en muchas ocasiones, incluido en el documental hagiográfico sobre su figura (Boye) que en 2016 reunió a un total de 37 espectadores en cines. Su versión es que la condena fue «injusta», basada sólo en el relato inventado por un cuarto hombre que no compareció. Su confesión la niega en conversación con Crónica. Nunca confesó, dice. «Pasarán cien años» y seguirá negándolo. Algún día, advierte, pedirá la revisión de su juicio.

Aunque hay otro fleco pendiente en torno a aquel episodio del que apenas se ha dicho una palabra: la indemnización debida al secuestrado. La Audiencia Nacional falló que los tres condenados debían pagar 200 millones de pesetas a Revilla por el calvario que sufrió. A día de hoy, Gonzalo Boye no ha pagado su parte (serían unos 630.000 euros al cambio actual), aunque la vida le va bien. El propio letrado, en conversación con este suplemento, se excusa asegurando que aquello «prescribió en el 2001 o 2002». «No es que no pagara... Es que esa responsabilidad civil prescribió. La familia nunca pidió nada ni se personó en el juicio». Según confirman desde la familia Revilla, la víctima no ha recibido nada. Tampoco lo pidió.

Según las fuentes judiciales consultadas, en el momento de la sentencia el condenado se declaró insolvente. Cuando años después, en 2008, a Boye le vieron llegando a la Audiencia Nacional con un coche de primera gama y dejando sobre la mesa un Rolex de oro, la Asociación de Víctimas del Terrorismo solicitó una averiguación de su patrimonio para que pudiera saldar la deuda. Sin embargo, la Audiencia respondió que debía ser la propia víctima quien lo pidiese, y Emiliano Revilla lo dejó pasar. La cosa se quedó ahí. Actualmente en el Registro de la Propiedad no figura nada a su nombre ni al de su segunda mujer (Isabel Elbal, socia en su bufete en el barrio madrileño de Guindalera).

En la cárcel

En prisión Gonzalo Boye no perdió el tiempo. Se matriculó en Derecho por la UNED y terminó en cuatro años y con buenas notas. Le sobraban el tiempo y la rabia. Cuando tras seis años, en 2002, salió a la calle, el mundo empezaba otra vez. Se separó de su mujer, empezó a repartir hielo por los bares de Madrid... y cogió sus primeros casos. Eso sí, colegiado en Pamplona y no en Madrid, cuyo Colegio de Abogados le rechazó por no reunir «los estándares éticos y morales de la profesión», ha explicado él.

Sus primeros clientes eran presidiarios a los que había conocido en la cárcel, donde convivía con condenados de ETA, el IRA o Hezbolá, y compatriotas chilenos gracias a la buena relación de su tío Otto, diplomático, con el embajador de Chile, el democristiano Enrique Krauss. Así se haría con la defensa de la viuda de un chileno que murió en el 11-M. Y así llegaría el juicio en el que lució «una corbata para cada sesión», relata un ex empleado, y con el que daría su gran salto.

Porque después llegaron las causas por las que la izquierda más le ha aplaudido. Causas, se podría decir que imposibles, que quizá no dan dinero pero sí fama. Se querelló contra un ex ministro israelí por un bombardeo en Gaza, contra seis asesores de George W. Bush por dar soporte jurídico a Guantánamo, contra las agencias de rating... Hasta se incorporó al equipo jurídico del ex empleado de la CIA Edward Snowden. Su nombre salió cada vez más en la prensa internacional.

En España, Boye queda asociado a clientes como el okupa Rodrigo Lanza, al ex juez Elpidio Silva, a Tania Sánchez... De la mano de IU participó en una improbable querella contra Mariano Rajoy por sancionar el acuerdo sobre refugiados entre Turquía y la UE.

También promueve muchas batallas judiciales de la mano del Observatorio DESC, una plataforma con sede en Barcelona de cuya asamblea es miembro junto a su mujer: el caso Bárcenas, el caso Gürtel (que le permitieron acceder a abundante información), el caso Tarajal... Según el digital OK Diario, DESC está financiada por Open Society, fundada por el multimillonario especulador George Soros.

El hiperactivo Boye se atrevió incluso a fundar la revista satírica Mongolia, famosa por sus portadas contra el rey, contra Rajoy... Su relación con la empresa (al igual que con el periódico eldiario.es, del que formaba parte como miembro del consejo de administración de su editora) terminó hace un año. Preguntados por Crónica, desde Mongolia declinaron hablar y se remitieron a la carta con la que Boye se despidió amablemente de la revista.

«Es lo que hace», dice un antiguo colaborador suyo. «Defiende las causas progres pero en realidad hace dinero con lo peor, como con el narcotráfico». La lista de sus clientes sórdidos es la menos conocida: Sito Miñanco, el histórico capo de la droga; las empresas ligadas al entramado de Marcial Dorado; o, en Colombia, Piedad Zuccardi, acusada de nexos con una organización criminal de extrema derecha.

En su despacho, Boye-Elbal Asociados, que echó andar en el pudiente barrio de Salamanca, se ha movido también Emilio Hellín, condenado por el asesinato de la estudiante socialista Yolanda González en 1980. Hellín militaba entonces en Fuerza Nueva y hoy es un experto informático que ha servido a Boye como perito en varios casos, según coinciden tres fuentes.

En España, por otro lado, fue una sorpresa mayúscula cuando se supo que el alcalde de Leganés, el popular Jesús Gómez Ruiz, le había contratado para representar al Ayuntamiento en dos causas contra el PSOE y por recomendación, según el alcalde, de «un jurídico del PP de Madrid». También trascendió que fue él quien entregó a Gómez el número de la famosa cuenta de Ignacio González en Suiza...

¿Y qué opinan de Boye en la profesión? A continuación, algunas píldoras de distintas fuentes que trabajan en la Audiencia Nacional.

«Boye es un vampiro. Se acerca a aquellos de los que puede nutrirse intelectualmente (vampiriza cualquier escrito de jueces y fiscales que cae en sus manos por adelantado) y, sobre todo, busca fagocitarles las fuentes y los contactos. Buscaba contactos para acceder a las togas de la Audiencia Nacional. Con Marchena [Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo] coincidió como profesor en un curso del ICAM [Ilustre Colegio de Abogados de Madrid]. En la cena de verano del curso siempre maniobraba para sentarse al lado de él y de Berdugo [Juan Ramón Berdugo, también del Supremo]. Y ahora es el instigador de la campaña contra Marchena a través de [la periodista] Elisa Beni. El mal ambiente contra él era tal que ya este año no se hizo cena de verano. Lo mismo hizo con [el magistrado] Enrique López».

«Tras cumplir su sentencia por el asunto del secuestro de Revilla, contactó con el jefe del comando que llevó a cabo la operación para que realizara unas declaraciones diciendo que él no tuvo nada que ver. Pese a que ya había cumplido la condena, buscaba un blanqueamiento judicial de su imagen; quería realizar un escrito de revisión de sentencia basándose en esas nuevas declaraciones. El dirigente etarra no le hizo caso alguno. En reuniones con periodistas admite haber participado en el secuestro de Emiliano, "pero eran otros tiempos"».

«No me ha sorprendido nada que haya manipulado a Llarena. Los funcionarios y jueces de la Audiencia saben que si el papel viene firmado por Boye tienen que tener cuidado porque habrá trampas...».

«Es vengativo, muy conflictivo, y utiliza los medios de la Justicia y el Derecho para sus propios intereses de forma muy desproporcionada».

«Es una especie de [Emilio] Rodríguez Menéndez. Quiere ser la estrella de la farándula jurídica. Y acabará mal. Esta vez le han cogido».

Querellado

Su última batalla la protagoniza como querellado. Es el abogado señalado por los suyos. Todo desde que salió a la luz que en la querella que firmó contra Pablo Llarena se presentaban mal traducidas al francés (idioma de la jueza belga) unas palabras que el magistrado había pronunciado en una conferencia y que, falseadas, permitían sostener que no respetaba la presunción de inocencia de los encausados del procés. La frase real decía «si es que ha sido así» (si es que los investigados habían delinquido) y en la demanda belga se recogió como «sí, así ha sucedido». Ello ha obligado al equipo de Boye a dar explicaciones en medio de una inmensa polémica, y a cambiar la traducción original.

Y en el ICAM se ha desatado la tormenta. El eurodiputado Enrique Calvet lo ha denunciado y Boye ha pedido amparo ante él. En el Colegio madrileño no sólo pudo finalmente inscribirse sino que ha impartido muchos cursos de Derecho procesal. Según él, por defender a Puigdemont, está sufriendo un «brutal ataque» mediante «amenazas» en redes sociales. Pero no ha hallado el respaldo que esperaba: el decano ha salido en defensa de Llarena, «por haber sido objeto de ataques intolerables». El jueves, Boye renunció como profesor. Su esposa también.

Ya ante la Audiencia Nacional, la asociación de letrados Movimiento24Dos considera que Boye y el resto de los querellados (la juez belga, la traductora y el propio Puigdemont, entre otros) habrían cometido prevaricación judicial, usurpación de funciones, falso testimonio y falsedad documental. Y a Boye en concreto le culpan de la traducción falseada. También Vox se ha querellado contra él por falsedad documental y estafa procesal. Si prospera, sería el enésimo giro en una vida imprevisible.

-¿Teme que estas querellas trastoquen su fulgurante carrera?

-No -contesta Boye al teléfono-. A mí no me preocupa una querella espuria y mal fundada. Ya veremos. Lo que tengo claro es que soy objeto de una campaña. Si no, usted no estaría escribiendo su artículo.