BARCELONA.- “Hay que hacer un frente común de todas las administraciones [catalanas]. Es una pena que haya un Estado que, no solo no hace lo que tiene que hacer para impedir los desahucios como instancia más competente, sino que intenta bloquear a todos aquellos que estamos actuando sin tener las competencias que tiene el Estado para parar los desahucios. Es una vergüenza y una inmoralidad”, se indigna la alcaldesa de Barcelona. Ada Colau considera “inaudito” que un gobierno en funciones del PP “se atreva a impugnar una parte de una ley aprobada por unanimidad para hacer frente a los desahucios”. “El PP defiende a la banca, a los grandes propietarios, a las grandes inmobiliarias y a las grandes suministradoras. Es todo una declaración de intenciones”, añade con ganas de nuevas caras en Madrid.

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Ada Colau tiene poco tiempo. Justo una hora después de abrir las puertas de su despacho a Público, deberá apresurarse para cruzar la plaza Sant Jaume y asistir a la primera gran cumbre convocada por el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ante el recurso presentado por el Gobierno del PP en el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley catalana 24/2015, conocida como ley antidesahucios y contra la pobreza energética. Pese a ello, y al resfriado que lleva encima, la alcaldesa de Barcelona no pierde firmeza ni ahorra energías en transmitir su compromiso en la lucha por la vivienda, por mucho que el Gobierno del PP quiera entrometerse.

La alcaldesa estaba decidida a transmitir en la reunión planeada por el president -en la que participaron los seis grupos parlamentarios catalanes, alcaldes de los principales municipios y entidades sociales- que “la Generalitat tiene que buscar los mecanismos normativos necesarios para mantener los artículos impugnados por el PP”, en concreto, aquellos que contemplan una garantía de vivienda para las familias más vulnerables por parte de los grandes propietarios.



Además, como finalmente trasladó, insistía en la necesidad de valerse “de la legislación que sigue vigente, como la ley de vivienda de 2007 o los artículos contra la pobreza energética que no han sido impugnados, para dar el mensaje claro de que las administraciones públicas no vamos a dejar de actuar en materia de emergencia social”. Para la alcaldesa, el gobierno catalán aún suspende en la aplicación de sanciones a los bancos y en la tarea de corresponsabilizar a las suministradoras en garantizar que no haya cortes de suministros a las familias vulnerables. “Como Ayuntamiento de Barcelona lo estamos haciendo, pero vamos a tener mucha más fuerza si se suma la Generalitat”, reclamaba tras sus habituales llamados públicos al gobierno catalán.

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Con el president Puigdemont, buena relación



Sin embargo, parece que la relación de la actual alcaldesa de Barcelona con el president Puigdemont es mucho más cómoda que la mantenida con el anterior líder de Convergència, Artur Mas. Colau lo expresa claramente: “Con el cambio de gobierno en la Generalitat, con el president, ha mejorado el tono y la relación es mucho más cordial. Espero que esto nos ayude a que vayamos de la mano en temas muy concretos y urgentes, y hagamos el máximo posible por defender los derechos de la gente”.

La activista ya no está en el Ayuntamiento

A un mes de cumplir un año al frente del consistorio de una de las ciudades más importantes del país, a la que recurrentemente llama “la capital de Catalunya”, Ada Colau lo tiene claro: “no pretendo ser una activista dentro del Ayuntamiento”. Y se explica: “Cuando entré en el Ayuntamiento y vi la responsabilidad que suponía ser alcaldesa de Barcelona, entiendes que no debes representar a unos o a otros, ya sea un activismo social o un interés ciudadano, sino que tienes que intentar hacer lo mejor posible para el conjunto de la ciudadanía de Barcelona. Mucha gente puede proyectar en ti los límites de la institución (…), pero no puedes culparlos porque representas a la institución para lo bueno y para lo malo”.

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Colau, asumiendo su nuevo rol institucional y sin renegar del pasado activista, sigue abogando por “un activismo ciudadano más crítico y exigente que nunca”. Pero cuando los movimientos sociales se ponen en contra de su gobierno, como ha ocurrido en varias ocasiones a lo largo de su mandato en relación a temas de contratación pública o de extranjería, admite que “te puede parecer injusto porque te atribuyen cosas que dependen de otras administraciones, como del Estado o de directivas europeas”. Como ejemplo, hace mención a la problemática gestión del top manta en Barcelona: “La cuestión de fondo es que la legislación no depende de nosotros. Pero la ciudadanía, si ve episodios de represión hacia colectivos de extranjeros en la ciudad te responsabiliza por igual porque somos administración pública”.



Pese a todo, considera que las críticas de los movimientos sociales son buenas “en términos democráticos”. “Entiendes que al ser administración pública te piden el máximo de responsabilidades. No siempre es fácil, pero entiendo que es parte del cargo que hemos decidido asumir”, reflexiona.

La relación de Colau con los sindicatos

Uno de los asuntos más complicados de gestionar para el actual gobierno municipal es el conflicto con los sindicatos de trabajadores de transporte público. Sin especificar organizaciones concretas, la alcaldesa hace una valoración de su relación con los sindicatos de trabajadores: “Cuando tienes la responsabilidad de gobernar una ciudad tan importante como Barcelona no puedes satisfacer todas las demandas (…) No siempre puedes contentar a todo el mundo, y en un rol de responsabilidad institucional tienes que intentar ser lo más justa posible, satisfacer al máximo los derechos de los ciudadanos que tienen que acceder a los servicios públicos como a los trabajadores que tienen que tener unas condiciones dignas para poder ofrecer esos servicios”.

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En la tarea de resolver cómo compaginar estas dos tareas, considera que “el sindicalismo siempre tiene razón de ser porque siempre hace falta una organización colectiva que defienda los intereses de los trabajadores”. Con limitaciones competenciales y de presupuesto, Colau considera que el objetivo de la administración es el de “conseguir las mejores condiciones posibles para el conjunto de la ciudadanía”.

La emergencia social, el cambio más inmediato

“Con Ada Colau como alcaldesa no ha pasado ningún milagro”, responde al cumplir cerca de un año de legislatura municipal. Se explica: “Nadie lo podía pretender ni formaba parte del programa electoral. Sí que hemos empezado a cumplir con nuestro programa. Se nos votó para hacer un cambio en las políticas públicas aplicando un plan de choque para reorganizar las prioridades del presupuesto y destinar dinero a ayudas de emergencia, en materia de vivienda, de becas comedor, etc. Más allá de ese plan de choque y de esas medidas de emergencia, hemos empezado a hacer cambios en las políticas más estructurales, introduciendo cláusulas sociales en la contratación pública, haciendo ampliaciones presupuestarias para que el superávit se invierta en políticas sociales, remunicipalizando servicios básicos como las guarderías”.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, en un momento de su entrevista con 'Público'.

Uno de los objetivos más destacados del plan de emergencia social del gobierno de Colau siempre ha sido combatir la desigualdad en la ciudad de Barcelona, muy pronunciada entre barrios. “En Barcelona sigue habiendo desigualdad. Una desigualdad que se ha generado con políticas estructurales de décadas no se cambia en pocos meses”, reconoce. Pero también explica que han empezado a plantear medidas a medio y largo plazo para revertir esa desigualdad: “Una de las medidas más importantes del mandato es el Plan de Barrios que se plantea actuar en los barrios con mayor índice de pobreza y vulnerabilidad. No de manera asistencial, sino desde un punto de vista de derechos y de reactivación económica”.

El acuerdo de gobierno, abierto a todas las fuerzas de izquierda

Pero, ¿cómo se tiran adelante los planes y cambios estructurales? Con un presupuesto que los respalde. Ada Colau y su gobierno municipal no lo han tenido fácil para aprobar la ampliación de los propios. Las principales fuerzas de la izquierda catalana, ERC y el PSC, ya habían accedido a respaldarlos hace meses, pero la CUP Barcelona se lo ha ido pensado mucho por discrepancias de programa. Este jueves está previsto el pleno extraordinario para aprobar la ampliación y parece que el deseo de la alcaldesa está más cerca de cumplirse. Bastaría con la abstención de la formación anticapitalista independentista.



Durante la entrevista con Público, la alcaldesa se mostraba más preocupada por llegar a un acuerdo de gobierno con todas las fuerzas de la izquierda. “Nuestra propuesta es hacer una alianza de izquierdas y eso pasa por un acuerdo muy plural con diferentes formaciones. Tenemos el pleno más fragmentado que ha vivido nunca el ayuntamiento de Barcelona, con 11 concejales de 41, y eso pasa por hacer acuerdos con el PSC, ERC y con la CUP”, explicó. Pese a saberse que la CUP rechaza entrar en el gobierno y ERC se niega a tener al PSC como aliado, Colau insiste en que “la invitación sigue totalmente abierta a todas las fuerzas de la izquierda”.





La alcaldesa explicó que los resultados de las últimas elecciones municipales reflejan “un mandato de cambio” pero también “un mandato de pluralidad, de acuerdo, de diálogo”. Y añadió: “Hay que ser responsables y hay que llegar a acuerdos. No hay alternativa. Si nos hemos presentado para gestionar lo mejor posible los recursos públicos, forma parte del mandato ciudadano que hemos recibido que nos pongamos de acuerdo para aprobar presupuestos y políticas para la ciudad”.

Alcaldesa y nada más

Pese a los procesos de cambio que se están dando en todos los niveles políticos, Ada Colau no se cansa de repetirlo: “Yo me he presentado a unas elecciones para ser alcaldesa y no para otra cosa, y no tengo aspiraciones de ser otra cosa. Lo más importante que puedo hacer es ser una buena alcaldesa para la ciudad de Barcelona”. Ahora bien, reconoce que apoyará “todos los procesos de cambio que se puedan dar, por ejemplo, en ámbito catalán”, en relación al nuevo sujeto político que las anteriores confluencias de izquierda catalana se proponer formar de cara a las próximas elecciones.

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Sobre la forma que debería adoptar este nuevo sujeto político -y otros que puedan organizarse-, Colau razona: “Hay una voluntad y un deseo generalizado de cambio y de actualizar las fomas de hacer política. Que vaya más allá de las coaliciones y dónde todo el mundo pueda aportar experiencias. Que no se tenga que negar la identidad o la trayectoria a nadie, pero que al mismo tiempo todo el mundo pueda sentirse protagonista. Espacios más amplios, más transversales, más ágiles y más plurales de lo que han sido los partidos tradicionales”.

La coalición Podemos-IU, la ilusión de la campaña

“Espero que haya un gobierno de cambio en esta nueva cita electoral”, sostiene cansada después de meses con un Gobierno en funciones del PP. Pese a considerar que en la primera vuelta electoral “había las condiciones para formar un gobierno del cambio”, opina que el esfuerzo de confluencia de Podemos, IU y otras fuerzas “va a ser el elemento ilusionador de esta campaña”.



“La ciudadanía lo va a agradecer, es el único elemento ilusionante después de la frustración de todos estos meses de no poder formar gobierno y de tener un gobierno del PP en funciones”, subraya. Y prosigue: “Que no se hiciera juntos todo lo que se podía ha hecho perder la oprtunidad de formar ese gobierno de cambio en la primera cita. La ciudadanía va a valorar de forma muy postiva que se haga un esfuerzo más, que se escuche el mandato ciudadano de poner el interés general por delante de las siglas”.



El tiempo se agota. La cumbre en la Generalitat que va a alargarse dos horas más se acerca. “Me iría ahora mismo a la cama”, se sincera con un resfriado que la ha molestado durante toda la entrevista. Pero ha sabido controlarlo. Y ahora lo volverá a hacer. “El municipalismo es un fin en sí mismo. Esta ciudad se merece que le dediquemos todos los esfuerzos para hacerlo lo mejor posible”, había dicho hace solo unos minutos.

