¿Dónde están el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin; el ex líder sindical petrolero, Carlos Romero Deschamps, y el ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez? Pese a tener órdenes de aprehensión o denuncias, terminan el 2019 como prófugos de la justicia.

Ciudad de México, 28 diciembre (SinEmbargo).– Erradicar la corrupción del sector público es uno de los objetivos centrales del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo que fue tipificado como delito grave que amerita prisión preventiva.

Sin embargo, el 2019 llega a su ocaso con tres ex funcionarios públicos aún en libertad pese a existir órdenes de aprehensión, fichas rojas de la Interpol y denuncias en su contra: el ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin; el ex líder sindical petrolero, Carlos Romero Deschamps; y el ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

En contraste, la ex Secretaria de Desarrollo Agrario Rosario Robles Berlanga lleva en prisión desde agosto, por presunto desvío de recursos. En una carta leída ante la audiencia del jueves 12 de diciembre, cuestionó si era “el trofeo para exhibir un supuesto combate a la corrupción”.

¿DÓNDE ESTÁ LOZOYA?

Sobre el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, gira una orden de aprehensión por presunta delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita derivados del caso Odebrecht, y otra relacionada con la compra-venta de la planta Agro Nitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA).

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó ficha roja a la Policía Internacional para ser localizado.

En diciembre de 2016, tres entonces altos funcionarios de la constructora Odebrecht dijeron a la justicia brasileña que sobornaron entre 2012 y 2014 a Lozoya con 10.5 millones de dólares a través de empresas off-shore con cuentas bancarias en paraísos fiscales a cambio de ganar contratos con Pemex. La investigación sobre el caso la inició desde enero de 2017 la entonces Procuraduría. Pero durante dos años no obtuvo judicialización en la gestión de los Procuradores Raúl Cervantes Andrade y Arturo Elías Beltrán.

El abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, ha reiterado que la Fiscalía debe llamar a declarar al ex Presidente Enrique Peña Nieto y al ex Secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso para desahogo de pruebas, sobre las compras de las plantas de Agronitrogenados y Fertinal, así como sobre el saqueo a Pemex.

El 4 de julio, la FGR obtuvo de un Juez de Control las órdenes de aprehensión solicitadas en el caso de los supuestos sobornos de la constructora brasileña en contra de Emilio Lozoya, su esposa Marielle Eckes, su madre Gilda Austin (detenida en Alemania), su hermana Gilda Lozoya y la empresaria Nelly Aguilera, quienes también son buscadas por la Interpol con relación a los delitos probablemente cometidos que involucran a Pemex.

El 28 de mayo la Fiscalía también obtuvo una orden de aprehensión contra Lozoya Austin y Alonso Ancira Elizondo, dueño de AHMSA, detenido en España por el caso de la compra-venta de Pemex de la planta Agro Nitrogenados en 2014 a un supuesto sobreprecio de más de 100 millones de dólares.

“Es un ataque político cobarde y sin fundamentos contra mí y mi familia. En ningún momento como funcionario público ni yo ni mi familia recibimos dinero alguno de empresas o personas, de tal forma niego cualquier acusación de corrupción”, afirmó Lozoya en un cuestionario enviado por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el medio suizo Tamedia, como parte de una investigación periodística realizada en conjunto con Quinto Elemento Lab.

A partir de las dos órdenes de aprehensión, elementos de la Fiscalía aseguraron su casa en Lomas de Bezares, en la Alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México. El inmueble se adquirió por 38 millones de pesos en noviembre de 2012, año en que ganó la presidencia Peña Nieto, con presuntos sobornos que Lozoya recibió a través de empresas off-shore creadas por Odebrecht, de acuerdo con una investigación de Quinto Elemento Lab.

La Fiscalía también aseguró una casa en un lujoso fraccionamiento de Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, valuada en 1.9 millones de dólares. Fue adquirida en 2013 por la esposa de Lozoya a la empresaria Nelly Aguilera, a partir, según las investigaciones, de un soborno que pagó el propietario de AHMSA, Alonso Ancira.

Luego de una serie de amparos, el ex director de Pemex a través de su defensa renunció a la suspensión que lo protegía de ser capturado por la FGR. La Secretaría de la Función Pública (SFP) a su vez lo inhabilitó por 10 años de la función pública por omitir cuentas y saldos bancarios en su declaración patrimonial.

La última ocasión que se vio públicamente a Lozoya Austin fue en octubre de 2017, cuando en una rueda de prensa rechazó todas las acusaciones en su contra. Su abogado sostiene que está en México.

¿Y ROMERO DESCHAMPS?

Diversas denuncias pesan sobre lo hombros de Carlos Romero Deschamps, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) de 1993 hasta su renuncia en octubre de 2019 a través de una carta donde argumentó que “no había condiciones” para continuar en el cargo por el que se había reelegido hasta 2024. Desde entonces no ha salido a la luz pública y el Secretario de Interior Manuel Limón Hernández lo sustituyó.

Ha estado bajo sospecha desde hace 18 años por el Pemexgate, el presunto traslado de mil 500 millones de pesos de los fondos del sindicato petrolero a la campaña del candidato priista Francisco Labastida Ochoa. Pero fue absuelto y continuó como Diputado federal priista.

Este marzo, a diferencia de sexenios pasados, no estuvo en la celebración de la Expropiación Petrolera a lado del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En julio, sin un cargo en el Congreso luego de ser legislador durante el panismo y priismo, con su abogado Juan Collado Mocelo en prisión preventiva por presunto lavado de dinero (en su detención el petrolero se tiró al suelo en un restaurante), y presionado por diversos grupos disidentes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda lo denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto enriquecimiento ilícito de él y seis familiares (esposa, hijos, nuera y sobrinas).

Desde finales del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se publicó cómo su hija Paulina presumía en Facebook bolsas Hermés de miles de dólares y viajes por el mundo, en aviones comerciales y privados; paseos en yates, así como comidas en restaurantes exclusivos y vinos Vega Sicilia de más de 10 mil pesos la botella, mientras el líder sindical ingresaba 24 mil pesos mensuales.

A su hijo José Carlos Romero Durán le regaló un automóvil Enzo Ferrari, edición limitada con un costo de 2 millones de dólares, y su hijo Alejandro posee un yate de nombre “El Guly” que se suma a los navíos “El Güero” y “El Indomable” de la familia Deschamps.

El disidente Sergio Morales Quintana del Frente Nacional Petrolero también interpuso una denuncia ante la FGR en contra de Romero Deschamps por posible administración fraudulenta, la cual se sumó a la de Miguel Arturo Flores Contreras, del grupo disidente Petroleros Activos en Evolución (PEA). Desde 2016 lo denunció ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la entonces Procuraduría General de la República, al igual que a sus hijos, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“No soy un representante sindical nuevo [lo es desde 1993]. Hemos pasado por muchos problemas, por persecuciones, por acosos, por señalamientos; por mil cosas. Pero bueno, la unidad es lo que ha fortalecido a esta organización”, dijo Romero Deschamps en una asamblea luego de la negociación del Contrato Colectivo del Trabajo 2019-2021.

“Independientemente de que me muera ahorita o dentro de no sé cuánto, o termine mi periodo como Secretario General [2019-2024], que el que venga encuentre la unidad que hemos construido todos alrededor de nuestra organización. Eso pesa más que todo el dinero del mundo”, agregó.

¿DÓNDE ESTÁ CÉSAR DUARTE?

El Gobierno de Chihuahua informó a finales de noviembre que existen en proceso 19 órdenes de aprehensión locales y una federal contra el ex Gobernador César Duarte Jáquez, con fines de extradición. Aunque hay sentencias condenatorias en contra de 11 personas por peculado agravado y otras 17 se mantienen en proceso penal, la cabeza de la red de corrupción continúa en Estados Unidos.

La primera solicitud de detención del ex Gobernador Duarte fue el 28 de marzo de 2017 y la ficha roja fue lanzada por la Policía Internacional (Interpol) el 31 de marzo de ese año. Pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador comentó en una conferencia matutina que la petición de extradición no estuvo “bien fundamentada” durante la administración de su predecesor, Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la investigación Justicia para Chihuahua, al ex mandatario se le acusa del desvío de mil 550 millones de pesos y se le han incautado 16 bienes inmuebles, entre ellos, 12 fincas rústicas y dos ranchos.

Y la orden de aprehensión federal fue solicitada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por peculado electoral por 14 millones de pesos presuntamente a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), institución que terminó su proceso de expulsión en junio.

Antes de la indagatoria del Gobierno de Javier Corral Jurado, en septiembre de 2014 el abogado y activista Jaime García Chávez presentó la denuncia penal a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) con el expediente AP/PGR/UEAF/001/2014/09 contra Duarte por peculado, uso abusivo de facultades y atribuciones, tráfico de influencias y violaciones a leyes bancarias acompañado de la prueba: el Fideicomiso por 65 millones que suscribió el entonces Gobernador “para pretender quedarse” con el banco Unión Progreso de Chihuahua.