En esta campaña electoral se ha planteado como disyuntiva el regreso al autoritarismo o la continuación de la libertad. Yo no veo frente a nosotros materializadas como opciones electorales al autoritarismo y a la libertad. Veo distintos matices de autoritarismo. Autoritarismo azul, autoritarismo amarillo, autoritarismo rojo. Me explico:

En México la libertad física no está garantizada para nadie. Ni siquiera para los más encumbrados políticos. Nadie está exento de ser encarcelado injustamente o perseguido judicialmente de manera injusta. Nadie está exento de ser el blanco de persecuciones penales superfluas o motivadas políticamente. Recientemente, Jorge Castañeda publicó en Time Magazine una aserción que vale la pena desmentir: “In this era, the government can’t get away with… throwing political opponents in jail”[2] Pero fue el propio Jorge Castañeda, como miembro del gabinete de Vicente Fox, quien tuvo la ocurrencia de emprender el proceso de desafuero que por poco descarrila la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en 2006, en un caso clásico de aplicación selectiva de la ley.[3] La finalidad del proceso de desafuero era crear las condiciones para poder iniciarle un proceso penal. La intentona pudo haber prosperado a pesar de que se trataba del más popular y visible de los contendientes a la Presidencia.

Como López Obrador, otros políticos han sido víctimas de un Estado de Derecho que de repente se hace de la vista gorda, de repente es amnésico y de repente aplica todo el peso de la ley. Ahí está el caso de Raúl Salinas de Gortari.[4] Ahí está el caso de Jorge Hank Rhon[5] Ahí está el caso del ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar.[6] Y por supuesto, ahí está el caso de miles de ciudadanos comunes y la pasmosa experiencia de ser procesados penalmente.

A pesar de padecer un sistema judicial que frecuentemente perjudica a sus militantes, ni el PRD, ni el PRI ni el PAN han avanzado una agenda de reforma judicial sofisticada. A pesar de que hay cada vez más víctimas del quebranto de nuestro sistema judicial, este es un tema en que todos los partidos ostentan ideas de reforma equívocas, superficiales e incompletas.Y porque veo en los partidos ideas autoritarias de distintos colores, yo no sé como votar:

El autoritarismo azul. Es la continuidad de la guerra contra el narcotráfico tal cual Calderón la planteó. Sin ajustes estratégicos a la forma en que la Policía Federal, PGR, el Ejército y la Marina interactúan. Sin una ley nacional que regule, como hace Inglaterra desde 1984, la forma en que las fuerzas armadas y la policía deben recolectar evidencia para que posteriormente pueda haber investigaciones y persecuciones penales exitosas. Sin un andamiaje institucional para que en México, si hay 88,000 homicidios violentos, haya 88,000 casos investigados, sospechosos arrestados, juzgados y en su caso, condenados por esos homicidios. En México tenemos la ridícula cifra de cerca de 20 personas condenadas por esos 88,000 homicidios. Condenados además quién sabe en qué condiciones. Vivimos en un país en el que matar no cuesta. Nuestras instituciones no saben investigar ni juzgar la muerte violenta. De los asesinatos políticos del PRI pasamos a los asesinatos indiscriminados supuestamente asociados al narcotráfico. Y a pesar de la escalada de violencia, el autoritarismo azul se resiste a escuchar las voces de quienes, como Mark Kleiman, plantean que era predecible que la violencia se desatara como consecuencia de tratar de atacar a los líderes de las organizaciones criminales.[7]

El autoritarismo azul no sólo se apresura a arrestar, como lo hizo con el supuesto hijo del Chapo Guzmán, hace unos días, sino que se apresta a presentar al detenido ante los medios en lugar de presentarlo ante los jueces.[8] Peor aún, el autoritarismo azul, en lugar de investigar, y recolectar evidencias confiables, presiona al detenido para que se declare culpable.[9] En el caso del falso Chapito, horas después, las autoridades confirmaron que el detenido resultó no ser el buscado hijo del Chapo. Días después, los abogados defensores del detenido dejaron el caso denunciando que fueron amenazados.[10] Así pues, el gobierno azul es incapaz de hacer una investigación confiable, y además, mina las protecciones que la ley otorga a toda persona detenida.

El autoritarismo azul simula investigaciones, a veces frente a las cámaras de TV, como lo hizo en el caso Florence Cassez.[11] Y cuando descubrimos su mentira, el autoritarismo azul ataca a los tribunales y jueces que pretenden ponerle límites. Lo ha demostrado la reacción del Presidente de la República y lo ha demostrado la reacción de Isabel Miranda de Wallace, candidata elegida personalmente por el Presidente para la jefatura del gobierno del Distrito Federal; y lo ha demostrado la presión que ambos ejercieron sobre los Ministros de la SCJN para que el proyecto del Ministro Arturo Zaldívar fuera votado en contra.[12] El Presidente, en lugar de entender que dado nuestro pasado autoritario PRI, había que diseñar, construir y respetar la frágil independencia de la Corte (históricamente sumisa ante el Ejecutivo); en lugar de entender que había que fortalecer y volver más eficientes los contrapesos necesarios para que tengamos una vida democrática intensa, se ha dedicado a sabotear la independencia de la Corte.

Ese es el legado con el que carga la candidata Josefina Vázquez Mota, y del cual ella no se ha desmarcado con claridad suficiente. Al contrario, la candidata anunció que de ser electa, propondría que el hoy presidente Felipe Calderón sea el nuevo titular de la PGR.[13] Estas son algunas de las dudas que pesan sobre una candidata competente e inteligente, irónicamente, la única contendiente que siguió un proceso democrático para obtener la nominación de su partido en la contienda electoral actual, credencial que los mexicanos no han valorado.

El autoritarismo amarillo. Se parece mucho al autoritarismo azul. Andrés Manuel construyó un segundo piso pero no construyó un nuevo sistema de justicia. Andrés Manuel propone a Bernardo Bátiz para ser titular de la PGR en caso de que él resulte electo presidente. Y esa es su precaria oferta a los mexicanos: que un hombre con ideas anquilosadas sea quien lidere la procuraduría más importante del país; ella sola capaz de resistir las reformas más relevantes, o de impulsarlas. Andrés Manuel permite que su futuro procurador, Bernardo Bátiz, se dedique a atacar a quienes cuestionamos su desempeño.[14] Bernardo Bátiz desdeñó lo estudios estadísticos y las encuestas a reos que formuló el CIDE y el Centro Nacional para Tribunales Estatales, que demuestran que en la Ciudad de México uno puede ser arrestado sin pruebas, juzgado sin juez presente y condenado en el 95% de los casos. Estudios que demuestran que los acusados son rutinariamente víctimas de coyotes que se hacen pasar por abogados, y que no hacen nada para defenderlos. Veinte personas durmiendo en celdas del tamaño de una habitación. El autoritarismo amarillo que no acaba de entender que en México hay más transparencia para un árbitro que marca un penalti en un partido de fútbol que para un juez que decide imponer una sentencia de 20 años de prisión. La necedad de quien cree que no son los buenos diseños institucionales, sino meramente su mano honesta, la que será suficiente para que haya justicia. La arrogancia de quien cree que no necesitamos ayuda para rediseñar nuestro sistema judicial. Cito Bernardo Bátiz, en un texto que publicó en La Jornada en el 2011, refiriéndose a nuestro trabajo audiovisual:

“Tenemos nuestra propia tradición jurídica y nuestras instituciones, y si hemos de corregirlas… no necesitamos ni de consejeros, ni de expertos de fuera, ni muchos menos de inducciones disimuladas, tramposas e interesadas… ”[15] Y lo que añadió Bátiz, sobre El Túnel,[16] antecesor de Presunto Culpable: “El Túnel, que es más ofensivo para nuestro país que los malos chistes de los ignorantes conductores de la BBC, se trata de una verdadera acción orquestada y pagada por extraños, empeñados en corregirnos.” [17]

Y claro que estamos empeñados en corregir y en reformar nuestra justicia penal: es absolutamente urgente, pero de ninguna manera somos extraños. Mi esposa Layda Negrete y yo hemos vivido toda nuestra vida en la Ciudad de México. Más aún, Layda Sansores, diputada de la izquierda en 2006-2009, colabora con Andrés Manuel en su movimiento político. Y a mí no deja de llamarme la atención que a pesar de esa cercanía, prevalezca la suspicacia y la dificultad para intercambiar críticas y compartir ideas con quien tendría la titularidad de la PGR.

Durante su paso por el gobierno de la Ciudad de México, el partido amarillo ha multiplicado por cuatro la población penitenciaria del DF, en parte, hay que reconocerlo, por un aumento en la cantidad de reos federales, que representan alrededor de 6,000 de los 41,000 reos que hay en la Ciudad.[18] Pero en un listado de países con mayor cantidad de su población presa, México ocupa el octavo lugar, y sin duda el sistema penitenciario de la Ciudad de México contribuye a la cifra.[19] Esos encarcelamientos no necesariamente reditúan en más seguridad pública. Destinamos una cantidad estratosférica de recursos a sancionar conductas delictivas menores, y con muchos efectos adversos. Recomiendo al lector vea el video “No todo es cárcel,” de CIDAC.[20] ¿Cómo olvidar la hipocresía del candidato presidencial que en su campaña del 2006 adoptó como slogan “primero los pobres” pero durante su gestión encarceló a miles de personas pobres?[21]

Andrés Manuel y su fiscal estrella, piensan que en México tener juicios públicos, orales, y transparentes, son ideas gringas, como publicó Reforma, para desmentir a Bátiz.[22] Ciertamente, México, con su tradición jurídica inquisidora, no inventó el debido proceso. Ciertamente, México es un país que rutinariamente usa la tortura en el contexto de investigaciones penales.[23] Esas son las ideas locales. Esa es la cultura policial que hay que cambiar. Y como lo demostró un documental hecho por BBC en 2003, la policía capitalina tiene un largo trecho por recorrer para ser una policía eficiente.[24] A pesar de esto, el partido amarillo claudicó ante la policía que tenía que reformar, como escribe Diane Davis.[25]

El autoritarismo amarillo no se da cuenta que el aparato judicial de la Ciudad de México consigna, extrañamente, muchos más robos que la policía de Scotland Yard. [26] El DF consigna todos los robos que puede, sin importarle que la falta de evidencias confiables no impiden un encarcelamiento injusto. Empero, la izquierda niega todas las evidencias de la farsa de sistema judicial que tenemos. No ve y no oye a los que los cuestionamos.

En la Ciudad de México, luego de más de 12 años de gobiernos del PRD, con una mayoría plena en la asamblea legislativa, no vimos a un partido que supiera cambiar radicalmente el sistema de justicia penal. No vimos un partido que aprendiera de las deficiencias de las reformas que Zedillo hiciera a la Corte Suprema en 1994, misma que blindó a la Corte antes de reformarla. En el Distrito Federal, vimos un partido que replicó los errores de Zedillo a pesar de contar con mejores diagnósticos, mejor consejo y mejores datos que indicaban ya lo que había que hacer realmente. La Asamblea Legislativa del DF, en lugar de entender que tenía que usar su mayoría para crear reglas nuevas para cambiar las prácticas corruptas del tribunal más grande del país, y para reformar a las Procuradurías y a la Policía, se dedicó a crear un muro alrededor del TSJDF. Se dedicó a contratar más y más policías. Se dedicó a inyectar dinero a las Procuradurías sin mejorar sus métodos de trabajo. En lugar de entender que la independencia de los jueces es un asunto de diseño y no un asunto de voluntad política, la izquierda mantuvo los juzgados tal cual le fueron heredados por administraciones priistas. Nuestros juzgados parecen mazmorras. Pero la izquierda dejó pasar los días y los años. Nuestros jueces son, como lo dijo una colega norteamericana “rubber stamping courts.” Jueces que sólo ratifican las averiguaciones previas. Jueces que condenan y que cuando tienen duda, imponen la pena mínima.

Lo peor es que el partido amarillo colocó un muro alrededor de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del DF. Le dieron a la institución casi total autonomía cuando aún no ha reformado sus prácticas. Cosieron el paciente dejando el tumor adentro. ¿Cómo se sentirían mis lectores de que el Presidente de la República se pudiera reelegir por el sólo voto de su gabinete? Parecido a eso es el engendro que ha creado el partido amarillo. Gracias a Alejandra Barrales, la ALDF aprobó una ley que permitió al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF reelegirse por el voto de jueces a los que comanda.[27] El presidente del Tribunal, Edgar Elías Azar, el mismo que salió a defender al Juez Héctor Palomares, que tuvo un papel protagónico en la película Presunto Culpable, condenando en dos ocasiones a Antonio Zúñiga por un homicidio que no cometió. Edgar Elías, el mismo que en privado dijo a sus colegas jueces que quería esperar a que el tema del caso de Antonio Zúñiga se enfriara en los medios de comunicación, para salir a decir “sobre todo, que este tipo no probó absolutamente su inocencia.”[28] El mismo que dijo, desafiando a la estadística, que la cinta Presunto Culpable es “un caso aislado,”[29] tan sólo para ser desmentido cuando Humberto Padgett publicó una decena de sentencias cuestionables que ha emitido el Sr. Palomares. [30] El autoritarismo amarillo que denuncia el autoritarismo rojo, pero que no ve el autoritarismo propio.

El autoritarismo rojo. Sobre el PRI han flotado críticas bastantes. El PRI tiene una historia de impunidad que no ha terminado de resolver y exorcizar. Como lo demuestran las investigaciones de Schatz en el libro “Murder and Politics in Mexico,” durante el gobierno de 1988-1994, 250 opositores perredistas fueron asesinados impunemente, en su mayoría por personas directamente vinculadas al PRI.[31] Lo interesante para mí es que a pesar del tiempo que ha pasado, la causas de esa impunidad siguen presentes en el sistema de justicia penal mexicano. En todos los órdenes de gobierno vemos dificultades para reportar delitos a las autoridades; escenas del crimen mal gestionadas, con evidencias pisoteadas; investigaciones guiadas políticamente, no científicamente; sistemas judiciales opacos, fácilmente intervenibles por la autoridad política. Y lo más grave de todo: una ciudadanía postrada ante medios que editaron estas noticias y las extrajeron de la realidad que conoce la mayoría del país. Ciegos a estas realidades, no sabemos cómo atenderlas. Colosio fue asesinado y Aburto fue sentenciado por ese homicidio; pero ¿usted vio el juicio de Aburto?

La comparación relevante que los medios informativos deberían de facilitar para los electores es ésta ¿quién tuvo un mejor desempeño en el asunto de reformar el sistema de justicia penal? ¿El Gobierno de Edomex o el Gobierno de la Ciudad de México? Los escándalos del sistema de justicia penal de Edomex han atraído atención periodística: Ahí está el caso Paulette, en el que la Procuraduría se preocupó por ensamblar una historia creíble. Y aunque el gobierno concluyó que la pequeña falleció accidentalmente y causó su propia muerte, es una historia que nunca se puso a prueba en un juicio o indagatoria independiente. Ahí está el espinoso caso de Atenco, que muestra, otra vez, todas las facetas del sistema de justicia mexicano: una intervención policial que abusó de la fuerza policial; violaciones sexuales contra los manifestantes y aún contra reporteras que cubrían la manifestación; obstrucción de la investigaciones penales; y un conjunto de persecuciones penales motivadas por el deseo de contener el asunto políticamente.[32]

Finalmente, está el caso del fallecimiento de la esposa del Gobernador del Estado de México y que exhibe a medios informativos no indagan sobre la calidad de la investigación y sirven meramente para transmitir la visión oficial del asunto. Es así como Joaquín López Dóriga relató la noticia: “un poco después de la medianoche, a las 0:50 ya del jueves, Enrique Peña le llamó por teléfono (a su esposa Mónica Pretelini) para decirle que ya iba de regreso. Estaba por Santa Fe, volaría en helicóptero y en 25 minutos estaría con ella en casa. Así fue. Llegó, entró a su cuarto sin encender la luz, le susurró al oído que le hiciera un lugar en la cama y no le respondió. Le insistió y nada. Alarmado, encendió la luz y la vio muerta. Intentó respiración artificial al tiempo que pedían las urgencias médicas…” [33] ¿Puede usted palpar, como yo, que López Dóriga presenta como hechos cuestiones que únicamente Enrique Peña podría saber? ¿Cumplen su misión los medios informativos que meramente transmiten una visión oficial de un asunto potencialmente de índole penal?

El diario británico The Guardian y el periodista Jenaro Villamil han publicado datos que sugieren que Televisa vendió cobertura noticiosa favorable a Enrique Peña Nieto hace varios años. Desde mi punto de vista estos asuntos no han sido aclarados adecuadamente ni por la televisora ni por el candidato. Peor aún, y esto es lo que me resulta más preocupante, fuera del revuelo que hayan causado mediáticamente, las alegaciones no han suscitado absolutamente ninguna intervención gubernamental (sea una audiencia en el Senado o en el Congreso, o en el IFE). El hecho es que el asunto aún no ha encontrado alguna avenida institucional para la atención urgente que merece, como en su momento el escandaloso caso de espionaje de News of the World suscitó en Inglaterra a través de la llamada Leveson inquiry. [34] En cambio, en México no podemos observar ni el menor esbozo de una pesquisa. La elección avanza como si estas posibles violaciones fueran irrelevantes para la competencia.

Sin duda, la venta de noticias corrompe la libertad de expresión en sus dos extremos: resulta afectado el que trata de informar y también el que recibe la noticia. Si un candidato puede comprar cobertura noticiosa favorable—como acusa The Guardian en el caso Televisa-Enrique Peña Nieto[35]—difícilmente un elector puede tomar una decisión informada. En un contexto en que una sola televisora concentra la gran mayoría de la audiencia televisiva, y que ésta es la única o principal fuente de información para muchos, es claro que la manipulación informativa extiende la ignorancia de amplios sectores del país. Para ellos, el voto no reúne la condición de ser libre.

Para la elección presidencial, la comparación que tiene sentido hacer no es la de las propuestas de los candidatos (aunque sin duda importan las propuestas). Tampoco es la comparación de la justicia penal a través de sus escándalos: Tláhuac contra Atenco; Atenco contra News Divine; Hijo del Chapo contra Toño Zúñiga, etc. Son en cambio, los casos rutinarios, las encuestas de victimización; las encuestas de población presa; los datos de reincidencia de los detenidos, los que deberían de orientar la comparación de los dos sistemas judiciales más grandes del país y el de éstos con el Federal. Ésa es la comparación que tendrían que hacer los académicos. Ésa es la comparación que tendrían que afilar los periodistas y los medios informativos de gran alcance nacional, en atención al hecho de que tenemos décadas con un sistema de justicia disfuncional y que todos los mexicanos necesitamos usar diariamente. No me alcanza el espacio para emprender esta comparación con seriedad. Sin embargo, ofrezco la conclusión de Ana Laura Magaloni, en un documento titulado “El Ministerio Púbico desde adentro” donde evaluó a Edomex y al DF antes de que entrara en vigor la reforma de los juicios orales de Edomex (2009), en un ensayo que publicó el mismo año.

Magaloni concluye que hasta el 2009, ambas autoridades se han resistido a reformar el Ministerio Público. En el Distrito Federal se crearon cuotas de consignación. Éstas dieron resultados inmediatos: creció la cantidad de detenidos. Pero las cuotas crearon incentivos perversos, y resultaron en una gran cantidad de inocentes o delincuentes menores encarcelados. En el Estado de México, se optó por no hacer nada en lo que hace a reformar la procuración de justicia. Dice Magaloni: Existen dos formas de operar y gestionar una maquinaria de persecución criminal como la mexicana. La primera es forzándola (DF) y la segunda es tolerándola (Estado de México). Ambas ofrecen resultados muy insatisfactorios para la ciudadanía. ¿Por qué no apostar entonces a la reforma de la procuración de justicia?

Creo que cabe reconocer que en el terreno de construir instituciones de justicia, el PRI ha demostrado liderazgo en los gobiernos de Nuevo León y de Chihuahua. Sin embargo hay pocas experiencias de reforma plena. A la fecha, tres son los estados que han instalado por completo la reforma de los juicios orales (Nuevo León no es uno de ellos). De esos estados, dos son gobernados por el PRI: Chihuahua y el Estado de México.[36] En contraste, la Ciudad más grande del país no puede presumir avances en ese terreno: los juicios de la Ciudad de México siguen siendo como los que usted podría en el documental Presunto Culpable (filmado en el DF). Cabe decir que a la fecha no existe una evaluación completa ni un balance de todas estas reformas.

Una agenda opositora

Hay evidencia comparada que apunta a que, con la competencia democrática, se incrementa la frecuencia de la violencia política. Se multiplican los ataques a periodistas, activistas partidistas y luchadores de derechos humanos.[37] Por lo tanto, es claro que para que la democracia funcione, es vital contar con instituciones capaces de neutralizar ese incremento de violencia. Esto implicaría tres desarrollos:

(a) Un sistema de investigación funcional, con instituciones capaces de detectar e investigar con fluidez específicamente los delitos más violentos; especialmente capaz de investigar y detectar aquellos ataques a periodistas, activistas partidistas y luchadores de derechos humanos, de manera confiable y en cantidades suficientes como para desincentivar aquellos comportamientos que constituyan delitos. Concretamente esto requiere, al menos:

Lo deseable Lo que tenemos 1. Fiscalías autónomas, con cierto grado de independencia del Poder Ejecutivo. 1. Fiscales dependientes, que pueden ser despedidos en cualquier momento por el Poder Ejecutivo. Políticos preocupados por quién resulta nombrado fiscal, pero despreocupados por quién puede correr al fiscal.[38] 2. Normatividad que entregue guías claras y específicas a la policía y a cualquier autoridad que investigue un delito sobre las formas científicamente válidas de obtener evidencia. Específicamente, lo crítico es tener una legislación que regule las confesiones y la identificación por testigos oculares. 2. Normatividad llena de telarañas burocráticas y rituales legaloides absurdos que de seguirse, en nada garantizan la confiabilidad de un testigo ocular que señala a un sospechoso; y que por ejemplo, tampoco nos garantizan que una confesión no sea arrancada bajo tortura. 3. Un servicio de emergencia que condense respuestas a una amplia variedad de emergencias en un número único, memorable, que le quite al ciudadano la tarea de decidir qué clase de emergencia tiene y que registre las llamadas y los tiempos de respuesta de la autoridad. 3. Nuestro sistema de emergencia transfiere al ciudadano decidir qué tipo de autoridad requiere en su caso. El ciudadano tiene que saber si debe llamar a los bomberos, a la policía, o a la ambulancia. Es responsabilidad del ciudadano tener una larga lista de teléfonos pegados en el refrigerador y adivinar con la mayor rapidez posible cuál es el número que debe marcar. Con frecuencia los números cambian sin previo aviso. 4. Un sistema estadístico uniforme, independiente de la autoridad, que publique datos de forma periódica y confiable. Específicamente, importan los datos que captan la experiencia de los usuarios del sistema de justicia, víctimas y acusados. 4. Tenemos un sistema estadístico que contabiliza cuántós “autos” (órdenes) emitió un juez, pero no cuál fue la experiencia de los acusados. Contamos cuántas denuncias se presentaron, pero no cuántos minutos u horas tardó la autoridad en atender a las víctimas. Contamos cuántos arrestos y consignaciones hubo, pero no en qué tipo de pruebas se basaron. Contamos la cantidad pero no la calidad de los procesos, y hacemos esto a pesar de que la calidad de una investigación penal es perfectamente cuantificable. Para colmo, dejamos en manos de las autoridades la producción y publicación de datos estadísticos, lo cual genera casos de maquillaje estadístico como el que denunció The Economist en Edomex.[39]

(b) Un sistema judicial transparente, independiente e imparcial. Tenemos juicios, pero sólo de nombre. Un juicio es simplemente un método específico para tomar decisiones. Veamos lo deseable[40] y lo que tenemos:

Lo deseable Lo que tenemos 1. Un tribunal imparcial; es decir, un tribunal distante y separado de las agencias gubernamentales a cargo de la investigación 1. Jueces que solían ser agentes de Ministerios Públicos. 2. Ser notificado de una acusación, los fundamentos de la acusación y sus potenciales consecuencias. 2. Tenemos Policías y Ministerios Públicos que no informan a los acusados específicamente de qué los acusan. 3. La oportunidad de presentar pruebas y razones por las cuales no debe sostenerse la acusación ni sus consecuencias. 3. Tenemos un sistema judicial que impide a los acusados presentar pruebas de descargo o interrogar testigos con eficacia. 4,5 y6. El derecho a llamar testigos, a conocer la evidencia en contra de uno y a que la decisión se base exclusivamente en la evidencia que se presentó en el juicio. 4,5 y 6. Nuestro sistema no facilita llamar testigos a juicio; al acusado se le escatima la evidencia con la cual lo acusan o incluso se prescinde de ella. La decisión frecuentemente se basa en suposiciones del juzgador con datos ajenos al juicio. 7. Derecho a tener un abogado competente 7. En México no tenemos ni la más remota idea de cuáles son las destrezas y aptitudes de aquellos a quienes contratamos para representarnos en juicio. 8. El derecho a un registro objetivo de la audiencia. 8. En México lo que se dice en los juicios se registra por escrito, lo cual expone la realidad de la audiencia al contentillo de los funcionarios judiciales. No hay, por lo general, un registro electrónico de las audiencias, salvo en aquellos estados que han instalado la reforma de los juicios orales. 9. El derecho a una decisión por escrito, inmediatamente después de concluida la audiencia. La justificación por escrito de las razones de un tribunal para decidir un asunto en un sentido o en otro es elemental 9. En México hay muy poca relación entre lo que se dice en un juicio y lo que los funcionarios escriben en los expedientes. Como la decisión se basa en lo que escriben, con frecuencia tampoco hay relación entre los hechos y la sentencia. Finalmente, México contempla amplios, amplísimos plazos para que jueces decidan los casos, generando un espacio de intervención para que en lo oscuro, y fuera de la audiencia, aquellos interesados puedan ilegítimamente definir el sentido de la sentencia. 10. Presencia del público. Es esencial en los juicios de orden penal. 10. En México, hay un problema urbano, arquitectónico y de infraestructura que impide que el público se entere de los juicios penales. Las audiencias normalmente tienen lugar en los reclusorios, geográficamente lejos del público interesado y de los periodistas. Las salas no cuentan con micrófonos ni con bancas. Y nadie hecha mano de la tecnología para superar estas barreras para facilitar la presencia del público. 11. Revisión por un tribunal superior. 11. En México, las revisiones por parte de los tribunales superiores dejan mucho qué desear. Normalmente, asumen la veracidad del registro del juez inferior (a pesar de que los expedientes por escrito son notoriamente deficientes). Y la ley se interpreta en formas sumamente acotadas, con frecuencia enfocadas en minucias procedimentales para eludir los grandes temas que muchos asuntos plantean.

(c) Periodismo, más periodismo, mucho periodismo.

Decía Salinas de Gortari en un discurso demagógico que no olvidaré: “Vamos a hacer política, más política, muuuuucha política.” Creo que tenemos mucha política y poco periodismo. Necesitamos más periodismo independiente, más entretenido, más agudo y de mayor calidad.

Lo deseable Lo que tenemos. 1. La producción de periodismo de investigación 1. Casi no hay periodismo de investigación. Ningún partido ha minado la posibilidad de tener un periodismo agudo e incisivo como el PRI. Y otros partidos han seguido su ejemplo. Son muchos los medios impresos que venden sus portadas a los políticos. Son muchos los medios que no distinguen la propaganda de la noticia, como han denunciado The Guardian y Jenaro Villamil. 2. La difusión al gran público de periodismo de investigación. 2. Casi no se difunde ni se lee el poco periodismo de investigación que hay. En México hay excelentes periodistas, a pesar de las carretadas de dinero que aspiran a corromper el periodismo. Sin embargo, es difícil que los periodistas que sí hacen investigaciones de calidad lleguen al gran público. Un caso de excepción se dio con el documental “Presunto Culpable,” que fue adquirido por Televisa y transmitido en Canal 2 en horario estelar.

Hemos visto bastantes ejemplos de que México está lejos de ofrecer sistemas necesarios para que nuestra democracia sea realmente intensa. En México, la vida de los contendientes políticos no está protegida. Tampoco esta garantizada la vida de los periodistas ni la circulación de sus investigaciones. En ese contexto, el votante no puede sentir los problemas de su país ni elegir libremente al valiente candidato que ofrezca resolverlos. La violencia o sesgo informativo deciden por los electores. Muchos contendientes aptos puede optar por no competir en un proceso electoral dado el riesgo que representa para su persona estar entre la ametralladora de medios sesgados o la ametralladora del crimen organizado.[41] Para el periodista solitario, los riesgos de desempeñar la misión de informar son enormes. El Knight Center for Journalism señala a México como el país más peligroso de América Latina.[42] Por su parte, el International Press Institute señala a México como el país más peligroso del mundo para practicar el periodismo desde el año 2010[43] El homicidio y el secuestro de periodistas es frecuente.[44] No solamente son acosados por los grupos criminales sino, aveces, por los propios gobiernos.[45]

Más allá de la violencia física, y de la ausencia de opciones informativas, también hay una ausencia de diálogo. Tuve la suerte de haber participado en filmación de la única película documental mexicana que ha ganado un Emmy por periodismo de investigación excepcional. [46] Creo que estas investigaciones periodísticas en que tanto invertimos nuestro tiempo y nuestra vida, deberían de suscitar revisiones profundas de aquello que denunciamos. En nuestro caso, siento que lo que denunciamos ha sido ignorado por el gobierno del Distrito Federal hasta el día de hoy. Los funcionarios públicos se tomaron la foto para condenar lo que la película denunció, pero luego las políticas públicas que deberían corregir el rumbo no llegaron.

Hace unos días la Fundación F. Nauman me convocó a un panel titulado “Libertad o Autoritarismo,” en alusión al posible regreso del PRI a la Presidencia de la República. Mis colegas en el panel fueron José Merino @PPMerino (ITAM), José Reveles , José Antonio Crespo. Son todos politólogos, y yo fui el único abogado. Descartaron que el regreso del PRI implique un regreso del autoritarismo. “Es retórica electoral,” dijeron y enfatizaron que México ya es una democracia en un sentido procedimental. Es decir, hay partidos que compiten, hay una autoridad electoral independiente, y un país con la capacidad de movilizar a un millón de ciudadanos para participar en el conteo de los votos. Nadie, empero, se dijo satisfecho con la democracia que hemos logrado. Crespo contempla anular su voto, acusando entre otras razones que Andrés Manuel se opone a la reelección consecutiva de legisladores “al más viejo estilo priista.”[47] Por su parte, @PPMerino alertó que efectivamente hay un riesgo de deterioro democrático con el regreso del PRI y planteó una lista de cuatro temas que habría que cuidar en una agenda opositora.[48]

Mi lista de prioridades para una agenda opositora es distinta. Para mí es más importante la protección eficaz a la vida, a la libertad física y a la libertad de ideas. Son componentes sin los cuales esa democracia procedimental que muchos politólogos celebran, se vera fácilmente obstaculizada en México por los siglos de los siglos.

Roberto Hernández. Candidato a Doctor en Políticas Públicas por la Universidad de California en Berkeley. Productor y director de la película Presunto Culpable. @PresuntoC

#YoSoy132-UCBerkeley

[39] The Economist halló graves discrepancias en las cifras de homicidios reportadas por el Estado de México, mismas que luego el gobernador trató de aclarar. La conclusión del periodista, tras la réplica del gobernador, es interesantísima: “One worrying thing to take from this episode is that although the numbers of the SNSP and INEGI show broadly similar trends, they are radically different in gross terms. In Mexico state, for instance, Inegi registered 2,096 murders last year, whereas the SNSP (which gets its figures from state prosecutors’ offices) registered only 1,153. Nationwide, INEGI registered 24,374 murders, whereas the SNSP registered 20,585. That’s a difference of 3,789 missing victims—roughly five years’ worth of murders in Britain, for instance. As the election campaign heats up, expect plenty of arguments about which of these data sets is the more reliable. [40] Lista basada en el texto Some Kind of Hearing: http://www.jstor.org/discover/10.2307/3311426?uid=3738664&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=47699107363217