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El Ministerio del Interior ha confirmado a La Marea, tras una petición ejercida en virtud de la Ley de Transparencia, la existencia de diversas medallas y condecoraciones a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado envueltos en diversas polémicas, denuncias de torturas y situación de vulneración de derechos humanos y derechos fundamentales.

El comisario Villarejo, protagonista de las cloacas del Estado, tiene al menos cinco condecoraciones policiales, entre ellas dos cruces al Mérito Policial con distintivo rojo, que llevan aparejada una retribución vitalicia. Cuando se jubile, esa paga se convertirá en un incremento del 30% en su pensión. La primera medalla le llegó estando destinado en San Sebastián, en 1975, tres años después de ingresar en la policía franquista. La segunda, en 2009 y de manos de Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior socialista. Las cuatro siguientes se las abrochó su sucesor, el ministro popular Jorge Fernández Díaz, el mismo que condecoró a otros seis imputados en la llamada Operación Kitchen. De no ser por los votos en contra de PP, PSOE y Ciudadanos, Villarejo habría comparecido ante el Congreso a finales de 2018.

Notificación del Ministerio del Interior en respuesta a la petición de ‘La Marea’ en aplicación de la Ley de Transparencia.

España mantiene las condecoraciones a una larga lista de policías heredados del franquismo que destacaron por actuar al margen de la ley también durante la Transición y en periodo democrático, principalmente en los años de la denominada ‘guerra sucia’ del Estado contra ETA. La mayoría comparte denominador común: acumulan denuncias por tortura y otros crímenes que no fueron admitidas a trámite, en la mayoría de los casos por prescripción de delito, y se acogieron a la Ley de Amnistía de 1977.

Según publicó InfoLibre, además del caso más mediático de Billy el Niño, al menos tres expolicías franquistas imputados por torturas en la querella argentina conservan medallas pensionadas. En la respuesta oficial a La Marea, el Ministerio del Interior confirma que la lista de condecoraciones es mayor.

Uno de ellos es el cántabro José Sainz González. Sainz llevaba las riendas del Servicio Central de Documentación, un cuerpo de inteligencia creado por Luis Carrero Blanco, mano derecha de Franco. Logró su primer ascenso notorio de la mano del ministro Rodolfo Martín Villa, quien lo nombró subdirector general de Policía. Más tarde, se convirtió en el primer director general de Policía de la democracia gracias a la ayuda de Lorenzo Calatayud de la Hoz, una persona clave para mantener las ventanas del cuerpo de policía bien cerradas en plena Transición. En ese periodo, Sainz se ocupó de dar cabida en la policía a los altos mandos de la Brigada Político Social, principal órgano de represión del franquismo.

Sainz era conocido por sus víctimas como Pepe el gordo, debido a su altura y complexión física. En el libro de no ficción La carta: Historia de un comisario franquista, Antonio Batista destaca su capacidad para obtener declaraciones forzadas mediante tortura, un método que supuestamente empleó de manera especial con presos etarras. El gobierno de Adolfo Suárez le concedió la Medalla de Oro al Mérito Policial a finales de los 70, época en la que diseñó “una acción de comando” para hacer la guerra a ETA al margen de la legalidad y que, según sus escritos, debía tener a gente “nunca ligada a la Policía ni a otro organismo del Gobierno”. Este y otros operativos de Sainz sirvieron de precedente años más tarde para los GAL.

En los 80, el gobierno de Felipe González le nombró delegado del Ministerio del Interior en el País Vasco, donde acumuló un largo reguero de denuncias por tortura de militantes de izquierda, nacionalistas, sindicalistas y manifestantes sin filiación política. Falleció en 1987 y desde entonces ningún gobierno ha planteado la posibilidad de retirarle la condecoración.

Manuel Ballesteros García, comisario honorario de la Policía, se hizo famoso por sus represaliascontra sindicalistas, demócratas, comunistas y nacionalistas vascos. Entre sus aprendices está Billy el Niño, que durante años sirvió bajo su mando. La técnica que le atribuyen más conocida era el ‘tostadero’: la víctima era atada a un somier metálico y posteriormente recibía descargas eléctricas.

Como otros policías, Ballesteros no ocultaba su simpatía por el franquismo ya en democracia. Águila, como se hacía llamar en las operaciones secretas, acudió al Congreso el día del golpe de Estado de Tejero a saludar al coronel malagueño y sus cómplices, aunque se le recuerda por sus operaciones contra ETA.

“Seguiremos en el mismo puesto”, le dijo Ballesteros a una de sus víctimas cuando esta le dijo, allá por 1971, que algún día le echarían de la policía. Antonio Palomares padeció las manos de Ballesteros antes de convertirse en diputado en las Cortes valencianas. Según su relato, el comisario honorario le infligió tal violencia que le hizo perder dos centímetros de altura y le dejó tres vértebras soldadas, el diafragma deformado y varios problemas respiratorios, pero no logró que Palomares delatara a sus compañeros.

El Tribunal Supremo le absolvió en dos ocasiones después de ser condenado por permitir la huida a Francia de personas vinculadas al Batallón Vasco-Español, a los que se atribuyó el asalto armado a un bar de Hendaya, dejando dos muertos y 10 heridos. Su ‘juez de la guarda’ en el Alto Tribunal fue José Augusto de Vega Ruiz, el mismo que absolvió a Alfonso Guerra en el caso Filesa y a Narcís Serra por el uso de fondos reservados para financiar los GAL.

Falleció en 2008 y libre de condenas. El obituario de El País lo definió como “experto en antiterrorismo”, el de ABC como alguien en quien “predominaban las luces”. El resto de medios que le dedicaron un obituario mencionó su papel durante la dictadura. En 2019, 11 años después, por primera vez un juez de Valencia investiga los hechos atribuidos a Ballesteros y otros mandos policiales franquistas denunciados por tortura. Ostenta un palmarés considerable: dos cruces al Mérito Policial (1975 y 76), una Medalla de Plata al Mérito Policial (1979), otra del mismo nivel pero de oro (1982), una Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil (1988), además de una condecoración civil y otra no policial (el Ministerio del Interior no especifica cuáles).

El gobierno de Pedro Sánchez asegura que “no existe” ningún informe sobre condecoraciones a antiguos cargos de la Brigada Político Social. Sin embargo, según los documentos facilitados por el Ministerio del Interior, sí hay constancia de la Medalla de Plata al Mérito Policial concedida al antiguo jefe de dicha brigada, Eduardo Quintela Bóveda, acusado también de torturas en las filas franquistas. Su especialidad eran los anarquistas de la FAI en Barcelona, así como los catalanistas. Traicionó a la República filtrando información a los sublevados, fue uno de los testigos en el juicio contra Lluís Companys y en 1938 se le puso al frente de la Brigada Político Social. Bajo su sombra, la comisaría de Via Laietana de Barcelona se hizo famosa por los presos que saltaban desde las ventanas y los gritos que ascendían de sus sótanos. Falleció en 1968.

Antonio Juan Creix interrogó y sometió a tortura a muchas personas, entre ellas a los escritores Manuel Vázquez Montalbán y Antoni Batista, que lo definieron como uno de los más crueles de su categoría. Gregorio López Raimundo narró con detalle sus torturas y Rafael Alberti supo convertirlas en poema. Sus víctimas predilectas eran los comunistas, aunque también actuó contra estudiantes, intelectuales, catalanistas y etarras, tal y como recoge el documental Barcelona 1962. L’ombra dels Creix, dirigido por Enric Canals.

No le falló el olfato cuando intuyó que Franco ganaría la guerra, así que realizó tareas de contraespionaje para favorecer a los sublevados. Formaba parte del grupo conocido como Quinta Columna. Al terminar la contienda, encontró hueco en la policía y fue ascendiendo hasta imponer su fama de despiadado. Aprendió de los mejores: en 1954 subió a bordo del primer vuelo Madrid-Nueva York de Iberia para ser entrenado en técnicas de intimidación, tortura y espionaje del FBI, por entonces obsesionado con eliminar a los comunistas. Fue nombrado jefe de la Brigada Político Social de Barcelona en 1963 y poco después se traslada a Bilbao como jefe de Policía. A Núñez (PSUC), otra de sus víctimas célebres, le agredió con golpes, electrodos, ahogamiento e incluso lo dejó 72 horas suspendido de las esposas.

Con Franco agonizando, en 1974 el régimen decidió prescindir de Creix. Por entonces era jefe superior de la Policía en Andalucía. El falangista Tomás Garicano explicaba que había que despojarse de personajes como él para transmitir apariencia de cambio. Murió en 1985 con tres cruces al Mérito Policial y una al Mérito de la Guardia Civil que todavía le son reconocidas. Recientemente el diario El Mundo lo calificó de mero “poli duro”.

¿Qué harán los partidos con este asunto? Podemos explica a este medio que “los torturadores y los implicados en cloacas perderán sus medallas” si llega al gobierno. La responsable de prensa del PSOE contesta: “No tengo respuesta”. El Partido Popular no responde a los reiterados intentos de este medio para recabar su postura, mientras que Ciudadanos contesta que está preparando la suya. Vox manifiesta que no tiene “ninguna intención de colaborar con La Marea”.

El caso de Billy el Niño

La concesión de medallas a estos policías es un síntoma visible de la digestión pendiente del franquismo que padece España. La situación de Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, es ilustrativa: cobra un 50% más de pensión –pagada con dinero de los contribuyentes, incluidas sus víctimas– porque mantiene cuatro medallas pensionadas (retribuidas, vitalicias y acumulables) al mérito policial y está protegido por la Ley de Amnistía de 1977 y el aparato judicial, que se niega a extraditarlo a Argentina, país en el que agentes de la policía española también practicaron torturas, y en el que desde 2013 una jueza reclama su detención y le atribuye crímenes de lesa humanidad. El gobierno de Rajoy declinó retirarle las medallas, mientras que el de Pedro Sánchez se quedó en las intenciones.

La ley que regula las condecoraciones policiales data de 1964 y establece como requisito haber demostrado “las virtudes de patriotismo, lealtad y entrega al servicio en el más alto grado”, pero no menciona incompatibilidades. Incluso el Sindicato Unificado de Policía ha pedido en reiteradas ocasiones reformar esta ley. Mientras España sigue premiando a estos policías, con excepciones como la del coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí, cesado en 2018, Amnistía Internacional y otras organizaciones alertan de la impunidad policial y el Instituto vasco de Criminología asegura que entre 2004 y 2014 se tramitaron más de 6.600 denuncias por malos tratos y torturas policiales, principalmente en el País Vasco y Cataluña, de las que 752 resultaron en sanción, la mayoría como falta y no como delito, según datos de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura.