La Generalitat transfirió a los centros concertados durante la crisis 81 millones de euros que habían sido presupuestados para cubrir el funcionamiento de las guarderías municipales. Así lo ha admitido la conselleria de Enseñanza –en aquella época dirigida por Irene Rigau– en la información remitida el pasado octubre al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), a raíz de una denuncia interpuesta por varios municipios por el recorte del financiación de las guarderías –que se gestionan a nivel local– por parte del entonces Gobierno de CiU.

En 2012 y 2014 se desviaron, respectivamente, 42,75 y 39 millones de euros previstos para las guarderías públicas municipales a la partida destinada a pagar las nóminas de los centros educativos concertados, que corre a cargo de la Generalitat. El documento que certifica este movimiento ante el tribunal está firmado por Maria Dolores Salgado, actual directora de Servicios de Enseñanza, y ha sido difundido por la federación de AMPA catalanas FaPac, una de las entidades más beligerantes contra el recorte en la educación 0-3.

Enseñanza ha justificado que en aquella situación de crisis resultó prioritario el pago del profesorado de la concertada. "Se tuvieron que dejar de pagar subvenciones para destinarlo a las nóminas y servicios básicos de la concertada, conceptos asociados a las enseñanzas universales", puntualizan fuentes de la Administración, que recuerdan que también el Estado les retiró una vía de financiación "de 70 millones de euros en concepto de educación 0-6 años".

La financiación de las guarderías públicas en Catalunya se apoyaba antes de la crisis sobre tres patas: la Generalitat, los ayuntamientos y las familias aportaban cada uno aproximadamente un tercio del coste de la plaza. En 2010, el Govern dedicaba a ello 1.800 euros por alumno y año. Pero con los recortes se acabó reduciendo esta aportación a tan sólo 900 euros, que tuvieron que compensar ayuntamientos y familias. En 2015, la partida –ya rebajada– para guarderías desapareció definitivamente de las cuentas de la Generalitat, que pactó con las diputaciones para que se hicieran cargo de ella (así como de algunas deudas pendientes de cursos anteriores).