Este 31 de agosto de 2018 Jimmy Morales decidió regresar el país a los años ochenta. Con el alto mando militar a sus espaldas y con un discurso homofóbico, anunció que Guatemala no renovará el mandato de la CICIG. El Pacto de Corruptos retoma su ofensiva.

La corrupción no es normal P147

El 27 de abril de este año el fallecimiento del ex presiente y alcalde capitalino Álvaro Arzú, frenó el que habría sido el segundo intento por expulsar a la CICIG de Guatemala.

Desde entonces el Pacto de Corruptos, cuyos intereses parece representar el presidente Jimmy Morales empezó a acercarse con grupos de religiosos conservadores en Estados Unidos (a través del traslado de la embajada de Guatemala en Israel) y en Guatemala con la promoción de un paquete de leyes en contra de los derechos de la población LGBTI y del aborto.

Hoy el presidente Jimmy Morales, con sus mismas palabras, confirma que el paquete de leyes conservadoras será su defensa en esta nueva intentona por perpetuar la impunidad en el país.

En los años ochenta, en las vísperas de los golpes de Estado, los vehículos militares empezaban a recorrer las calles de la ciudad. Similar ambiente se vivió hoy cuando una flota de jeeps, de estilo militar, empezaron a rodear la sede de CICIG en la zona 14 de la ciudad capital.

Fue en ese ambiente que el presidente Jimmy Morales anunció sorpresivamente que daría una conferencia de prensa que inició, finalmente con una hora de atraso.

Los militares fueron llenando los escalones del Salón de las Banderas en el Palacio Nacional. Así como lo hicieron en los años ochenta durante los sucesivos golpes militares. Acto seguido ingresó el presidente Jimmy Morales acompañado del vicepresidente Jafeth Cabrera.

El mandatario apeló al Art. 183 A, de la Constitución, asegurando que ninguna ley debe estar por encima de la misma. Acto seguido aseguró que siempre ha apoyado al sector justicia pero que ni CICIG ni la misma Organización de las Naciones Unidas han hecho algo por remediar, lo que él califica de “abusos”, de “persecución judicial selectiva” y de “corrupción de las instituciones de justicia”.

La conferencia fue breve. Anunció la no renovación del mandato de CICIG y que ordenaba inmediatamente que se iniciara el proceso para trasladar capacidades a las instituciones guatemaltecas.

En el cierre de su anunció aseguró estar en defensa del matrimonio entre hombre y mujer y en defensa de la vida y la familia. Sus palabras sólo confirman los presentimientos de que el Pacto de Corruptos está utilizando el paquete de leyes conservadores sólo para ganar apoyos entre grupos de religiosos conservadores.

Tras la conferencia, en la que no se permitieron preguntas por parte de la prensa, el Ministerio de la Defensa confirmó que los vehículos militares que rodeaban la sede de CICIG estaban asignados a la fuerza de tarea Ch´ortí y se encontraban bajo las órdenes del ministro de Gobernación, Enrique Degenhart.

El mismo que ha saboteado el trabajo del MP y de la CICIG, negando el apoyo de elementos de la policía cuando las fiscalías realizan allanamientos y capturas relacionadas con casos de corrupción.

Lo sucedido el día de hoy no puede sustraerse del contexto internacional porque al mismo tiempo que el presidente convocaba a los medios de comunicación, en Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega, daba un ultimátum de dos horas para que todo el personal de la ONU abandone el país.

El embajador de Guatemala en Nicaragua es nada más que Jaime Regalado, un exdiputado responsable de cabildear para aprobar el Pacto de Corruptos en 2017.

En este momento el Procurador de los Derechos Humanos ya solicitó un recurso de exhibición para corroborar que el comisionado Iván Velásquez se encuentre fuera de peligro. Tanto la visa de trabajo del comisionado, como de otros trabajadores de CICIG, vencía el día de hoy.

CICIG ya recibió la carta en que el gobierno de Guatemala le comunica que no será renovado su mandato.

Este es solo el comienzo de la nueva crisis en que Jimmy Morales en su obsesión por escapar de la justicia, ha sumergido al país.

Actúa luego que la fiscal general Consuelo Porras presentara un nuevo antejuicio en su contra, demostrando que no se someterá a sus órdenes y apenas días después de que sus antiguos defensores en redes sociales lo tildaran de “cobarde” y aseguraran que si el Congreso le llegaba a retirar su inmunidad, lo merecía por “no terminar lo que comenzaba”.

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