La radicación de un proyecto de estadidad sí o no por parte de dos senadores, amigos del comisionado residente, Pedro Pierluisi, en el Senado de Estados Unidos, es otro proyecto natimuerto, condenado, al igual que el radicado por él en la Cámara, a la inconsecuencia y al fracaso. Esta acción no es más que un intento desesperado del presidente del PNP por mantener viva la chispa ideológica y su liderato ante las huestes estadistas en vísperas del la asamblea de su partido.

Sin embargo, la inacción por parte del Congreso sobre ambos proyectos podemos interpretarla como una manifestación contundente de la reiteración norteamericana, ahora con más y poderosas razones, del rechazo a la estadidad. Tal y como lo planteó magistralmente el secretario de Asuntos con Norteamérica del PIP, Manuel Rodríguez Orellana, y cito: “Las posibilidades de anexar como estado una colonia de economía chatarra, en quiebra y con una deuda pública astronómica son tan irreales como prohibir la carne de res en Argentina”. El liderato estadista lo sabe, que cuanto más creen acercarse, más se alejan. Han vivido allá el rechazo del Congreso a tan siquiera considerar la posibilidad de aprobar alguna acción legislativa que ni de lejos se interprete como un compromiso a ofrecer la anexión como alternativa.

La estadidad, como tanta veces ha expresado Rubén Berríos, es un fantasma político, solamente usada como cortina de humo por el PNP para atraer y mantener buenos puertorriqueños en sus filas a fuerza de miedo e impotencia; semilla abundantemente sembrada por el liderato del PPD y que tan beneficiosamente han cosechado los líderes estadistas.

¿Y por qué la estadidad es una imposibilidad para Puerto Rico? Primero, porque más de 25 estados se opondrían a que Puerto Rico, de convertirse en estado, le diluya aún más su ya menguado poder.

Segundo, Puerto Rico estaría destinado a ser un estado mendigo que tendrá que ser mantenido por los contribuyentes norteamericanos, quienes ya recienten el dinero que destinan al país por entender que sale de sus bolsillos. Tercero, la preocupación de la diplomacia norteamericana a la reacción de la presión internacional, particularmente de América Latina, cuyos Gobiernos —de izquierda a derecha— han expresado su apoyo y exigencia al derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia.

Cuarto, el peligro que constituye el tragarse a una nacionalidad puertorriqueña irreductible, con su propia historia e idioma, afincada en la cultura hispánica y latinoamericana. Y, por último, la existencia de un movimiento independentista históricamente constituido, que ha dejado claro que, en caso de que cometan la locura de asimilar a Puerto Rico, jamás renunciará a luchar por la independencia y reclamaría el derecho a la secesión.

Teniendo claro que la estadidad es una imposibilidad para Puerto Rico y que el Congreso no hará nada con ninguno de los proyectos de estadidad; ya rechazado mayoritariamente el régimen territorial actual del ELA en noviembre de 2012, la bola está en la cancha de los puertorriqueños para tomar una iniciativa de reclamo conjunto de descolonización como ha propuesto el PIP con el proyecto radicado por la senadora María de Lourdes Santiago sobre la convocatoria a una Asamblea de Estatus.

Solo un esfuerzo concertado de todos los sectores ideológicos —sin temor al resultado final— podrá forzar al Congreso a decir la verdad sobre las distintitas alternativas de estatus y descargar su responsabilidad de descolonizar a Puerto Rico. Le corresponde al liderato del Partido Popular cumplir con su palabra empeñada y darle paso al debate sobre la Asamblea de Estatus en la Legislatura sin mayor dilación.