De nada valen los votos mayoritarios de la oposición que el pasado mes de noviembre sirvieron para dar luz verde a la propuesta de subir las pensiones un 1,2% en 2017, frente al 0,25% previsto por el Gobierno. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha hecho valer su veto y ha conseguido la complicidad de Albert Rivera para dormir la propuesta en el el limbo de la burocracia parlamentaria.

El PP busca el apoyo de Ciudadanos para impedir la subida de las pensiones que pide la oposición

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La Mesa del Congreso debía decidir el martes si levantaba el veto planteado por el Eecutivo. En esa reunión, ambos grupos han decidido darse más tiempo y pedir nuevos informes a Moncloa. Podemos ha optado por la abstención.

El portavoz socialista Antonio Hernando ha recriminado la actitud de Unidos Podemos: "Nos hemos quedado solos en contra del veto". Íñigo Errejón ha explicado que su decisión se debe a que no están de acuerdo con "discutir uno por uno los vetos como si fuera un problema de cada martes". Según Errejón, "el Gobierno pretende ganar con trámites burocráticos lo que pierde en el Parlamento".

La decisión adoptada por la Mesa tiene una consecuencia inevitable: no queda tiempo para que el Parlamento pueda finalizar el trámite en lo que queda de año. La decisión mayoritaria de la Cámara se convierte en humo a consecuencia del entendimiento entre Rivera y Rajoy.

La Mesa, reunida este martes, debatía además las reconsideraciones solicitadas por el Gobierno sobre otras leyes que han podido esquivar la censura del Ejecutivo. La reforma de la Lomce y la nueva ley para regular las condiciones de trabajo en las subcontratas siguen su curso parlamentario.

El Gobierno tiene la potestad, asignada por ley, de vetar cualquier ley que apruebe el Parlamento si considera que afecta a los presupuestos en vigor. Con esta excusa, el Gabinete de Rajoy está presentando una catarata de vetos cuya justificación está siendo ampliamente discutida por la oposición.

En el caso de la subida de las pensiones, el PP ha encontrado la mano amiga de Ciudadanos para impedir la subida. El incremento del 1,2% se queda en nada (Moncloa prevé una subida del 0,25%) y el espacio parlamentario dedicado a aprobar esa iniciativa se convierte ahora en tiempo perdido en un debate estéril.