Al margen de la culpabilidad o no del ex presidente, hay indicios de que recibe un "vuelto" de sectores económicos que se han sentido desplazados.

Despejar la hojarasca que rodea la detención del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no es tarea fácil. La dimensión histórica del acontecimiento y la espectacularidad que lo rodea hacen difícil pensar el hecho más allá de lo básico y buscar respuestas a una pregunta que, a priori, no implica juicios éticos ni posicionamientos ideológicos. La pregunta, en un continente repleto de episodios de corrupción asociados al poder político y rara vez sancionados, es: ¿por qué ahora?

Para responderla hay que remitirse al origen de la cuestión. Más allá de que el caso concreto por el cual Lula está preso no esté vinculado a la empresa Odebrecht sino a una constructora de menor envergadura (OAS), es Odebrecht el núcleo duro de la operación Lava Jato y su sombra se expande por toda Latinoamérica, derrumbando gobiernos como el de Pedro Pablo Kuczynski en Perú o llevando a la cárcel a importantes ex funcionarios.

He aquí uno de los primeros obstáculos a la hora de analizar la situación en términos de blanco y negro o de izquierda y derecha. Lula no fue un presidente propiamente "de izquierda" pero sí puede ser considerado un líder político de ese sector, pero PPK, banquero formado en los Estados Unidos, está en las antípodas ideológicas y sin embargo terminó destituido por el caso Odebrecht y ahora está cerca de ir a la cárcel. Resulta entonces insuficiente analizar el proceso continental desatado por las consecuencias de la corrupción en Brasil como una persecución de la "derecha imperialista" contra los líderes de la izquierda regional para evitar su vuelta o mantenimiento en el poder.

A cantora e amiga do presidente Lula, Ana Cañas, se reuniu com os manifestantes em defesa da liberdade de Lula na cidade de Curitiba. Ana performou músicas de protesto e que geralmente são pedidas pelo presidente.



Fotos: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/Qt5OrvhpaU — Lula pelo Brasil (@LulapeloBrasil) April 8, 2018

Pero cuidado, porque no casualmente la denuncia contra Odebrecht se inicia en Estados Unidos, un dato clave para entender la trama geopolítica que hay detrás. De acuerdo con la legislación norteamericana, se puede juzgar a una empresa que haya cometido delitos de corrupción en otro país si la misma opera en EE.UU. En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia publicó la investigación realizada contra la constructora brasileña con impacto en al menos diez gobiernos de Latinoamérica y desató la tormenta.

Se sabe que la institucionalidad en EE.UU es fuerte, distinta a la que hay en nuestra región, y también que la Justicia opera muchas veces sin el aval e incluso en contra del poder político de turno, como queda en evidencia ahora con los conflictos que mantiene con el presidente Donald Trump o los que mantuvo, por ejemplo, con Bill Clinton.

Pero también se sabe que los intereses del Departamento de Estado en materia de política exterior son particularmente sensibles alas resoluciones judiciales que los involucran y cuesta creer que la decisión de investigar a fondo a Odebrecht haya estado absolutamente desvinculada de una lectura e, incluso, de un aval político, como tampoco lo estuvo el llamado FIFA-gate que llevó a la cárcel una docena de jerarcas del fútbol mundial.

El argumento más fuerte para explicar esto es la política norteamericana contra el lavado de dinero, enmarcada en una mucho más amplia de combate al narcotráfico y al terrorismo. Dinero mal habido es dinero que puede sostener o haber sido generado por narcos y terroristas, que son enemigos más que relevantes para EE.UU en esta coyuntura.

¿Alcanza esto como explicación? ¿No? ¿Hay que seguir buscando? En ese sentido se encuentra que en 2013 se descubrió que la National Security Agency (NSA), agencia estatal norteamericana de espionaje electrónico, espiaba al Gobierno de Brasil, lo que incluía micrófonos colocados en el teléfono particular de la entonces presidenta Dilma Rouseff y en las centrales de la empresa estatal Petrobras.

Fue hace apenas cinco años, pero era otro mundo. Brasil estaba en camino de pasar de ser una potencia regional a un actor de primera línea del escenario global como parte de los llamados BRICS, sigla que referenciaba a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y que los definía como nuevas potencias emergentes en un mundo multipolar. El descubrimiento de enormes recursos petroleros en el océano Atlántico por parte de Petrobras –el llamado presal- y la inminente celebración del Mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos colocaban al país en un podio simbólico con un entonces pequeño lunar por la aparición de los movimientos de los llamados “indignados” – muy similares en conformación social y demandas a otros en países – que empezaban a hacer mella en la hasta entonces alta popularidad de Lula y Rouseff y que también – será motivo de otro artículo – fueron parte del desenlace de la prisión de aquel.

Pero entonces, en el marco del ascenso político y económico de Brasil en el mundo, Odebrecht se expandía por toda Latinoamérica e incluso por África (Angola y Mozambique están involucradas en la investigación del Departamento de Justicia ) y, al igual que en los 90 el entonces rey español Juan Carlos I o el ex presidente Felipe González oficiaban de embajadores sin cartera de las empresas españolas que buscaban desarrollar sus negocios en la región, Lula hacía lo propio para la constructora ante presidentes afines y de los otros también. Lula nunca fue un político ideologizado o fundamentalista, sino sobre todo un pragmático y un “brasileñista”. La diferencia fue que España lo hizo con un aval que Brasil no tuvo.

¿Es casual entonces que la Lava Jato se haya originado en la investigación de contratos espurios de Odebrecht con Petrobras y que haya habido micrófonos norteamericanos en la petrolera, emblema del poder económico brasilero y de su expansión? ¿Cuánto hay de cierto, por ejemplo, acerca de las supuestas molestias del poder económico de Miami por la competencia que representaría, con la modernización encarada por Odebrecht, el puerto cubano de Mariel (el de los famosos "marielitos" expulsados por Fidel Castro en el 80), en línea con la nueva política cubana de seguir el modelo chino de capitalismo económico y comunismo político?

Para entender los porqués de los sucesos políticos complejos hay que buscar quiénes son los beneficiarios de sus consecuencias. Corridos de la escena de la obra pública latinoamericana Odebrecht en particular y Brasil en general, ¿quién ocupa u ocupará ese espacio? Desde la construcción del Coliseo romano para acá, la obra pública ha sido motor de crecimiento económico y fuente de corrupción y eso no cambiará, al menos en lo inmediato.

Llegamos ahí al otro punto en cuestión. Que los insumos para el caso Odebrecht hayan venido del norte no significa que Lula, PPK y los demás funcionarios latinoamericanos involucrados sean inocentes. Ni tampoco significa que las consecuencias del mismo estén siendo digitadas desde alguna oficina de Washington, como enarbola un sector de la izquierda regional.

Pero tampoco podemos ser tan zonzos, al decir jauretcheano, de creer que el Juez Sérgio Moro encabeza una ofensiva ética y moral para “limpiar” la política brasileña empujado solo por sus “íntimas convicciones”, como argumentó en los fundamentos para condenar a Lula. Todo preso es político, diría Carlos Solari y Lula, más allá de su culpabilidad o no, también lo es.

Para debilitar a su entonces enemigo Imperio español, los ingleses en el siglo XVI difundieron la llamada “leyenda negra” de la conquista de América, que ponía el foco en la carga de violencia de la misma. ¿Era todo mentira? No, aunque sí cargaba con exageraciones. Pero el punto no es ese, sino que paradójicamente los ingleses fueron mucho más crueles que los españoles en su propia conquista de América. Pero claro, nadie los auscultó. Hollywood y Netflix deberían hacer algo al respecto.