La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó recursos mal ejercidos por mil 227 millones 27 mil 600 pesos durante la revisión de la Cuenta Pública de 2016 del Gobierno de Baja California Sur, encabezado por Carlos Mendoza Davis.

El impacto de estas irregularidades para los sudcalifornianos se traduce en daños en materias tan sensibles como seguridad pública, educación, obra pública y asistencia social.

Dos de los rubros donde mayor cantidad de dinero no comprobado se encontró fueron el de recursos federales, que ascendió a 585 millones 522 mil 700 pesos, y el de pago a profesores de distintos niveles educativos, con montos de 215 millones de pesos.

En los dictámenes de la ASF, el Gobierno de Baja California Sur contó con múltiples oportunidades para solventar las observaciones realizadas. En algunos casos, según consta en las conclusiones, la administración estatal intentó subsanar las fallas aquí expuestas, sin éxito y en otros fondos, ni siquiera aportó la documentación solicitada por la ASF.

ADEMÁS Presidencia y 5 secretarías pagan cientos de millones en compras y programas que la ASF no valida

Por Inés García Ramos

Ciudad de México, 4 de marzo, (Zeta/SinEmbargo).- En la revisión de diez fondos federales que recibió el Gobierno de Baja California Sur en 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó recursos por mil 227 millones 27 mil 600 pesos mal ejercidos.

De estos, mil 165 millones 195 mil 100 pesos son catalogados como “recuperaciones probables” o desvíos, dinero que no fue usado para lo que fue presupuestado ni se localizó en las cuentas bancarias del Gobierno estatal.

Los 61 millones 832 mil 500 pesos restantes conforman los subejercicios, aquellos fondos que no fueron utilizados a pesar de haber sido transferidos a la administración estatal y que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

El impacto para los sudcalifornianos de estos malos manejos por parte del Gobierno de Carlos Mendoza Davis, en su primer año de gestión como Gobernador, se traduce en daños en materias tan sensibles como seguridad pública, educación, obra pública y asistencia social.

El rubro que presenta el mayor quebranto al erario público es el fondo denominado “Gasto federalizado a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios”, por el que el Gobierno de Baja California Sur recibió 2 mil 743 millones 517 mil 400 pesos.

De acuerdo con información de la ASF, la cual publicó estas auditorías como parte de su tercera entrega de la revisión a las cuentas públicas de 2016, Baja California Sur destinó estos recursos a 29 programas.

La totalidad del monto fue revisado por la ASF, la cual concluyó “a la fecha del corte de la Auditoría (30 de junio de 2017), el gobierno de Baja California Sur no acreditó el entero a los ejecutores el 21.3 por ciento de los recursos federales transferidos”. Esto significa un daño a la Hacienda Pública por 585 millones 522 mil 700 pesos.

Lo anterior “por falta de documentación soporte de la recepción de los recursos y envío a las instancias ejecutoras”.

Estos más de 585 millones de pesos debieron haberse invertido en programas de apoyo a cultura, deporte, perspectiva de género, tratamiento de aguas residuales, desarrollo turístico, pueblos mágicos y atención médica.

No obstante, la administración de Mendoza Davis no pudo comprobar, aún seis meses después de cerrar el ejercicio presupuestal 2016, que el dinero haya sido transferido a los distintos programas.

A manera de conclusión, la ASF determina “el gobierno del Estado de Baja California Sur no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del gasto federalizado”.

215 MILLONES EN PAGOS QUE PROFESORES NO RECIBIERON

El segundo fondo federal de donde más recursos desviados fueron detectados por la ASF, estaba destinado a “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, por el cual recibió 500 millones de pesos.

Sin embargo, la aplicación de más de la mitad de estos recursos, 226 millones 113 mil 700 pesos, no pudo ser comprobada por la administración estatal, por lo que la ASF determinó esta cantidad como “recuperaciones probables”.

Nuevamente, la SFA no mostró documentación justificativa y comprobatoria acerca del uso adecuado de estos recursos.

Entre las principales anomalías con el uso de estos recursos, la ASF detectó 215 millones 349 mil 784 pesos que fueron devengados de las cuentas bancarias del gobierno estatal por concepto de pago de nómina al Colegio de Bachilleres del Estado, a la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur y al Instituto Tecnológico Superior de Los Cabos, pero cuyos pagos no pudieron ser comprobados ni justificados a través de la documentación correspondiente.

De manera adicional, la Auditoría observó que “seis empleados no cumplieron con el perfil requerido para las categorías de enfermera y jefe de oficina del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE)”. No obstante, entre los seis servidores públicos cobraron un millón 343 mil pesos.

También dentro de CECYTE, los auditores federales constataron el pago de 7 millones 769 mil 800 pesos para salarios de 48 plazas no autorizadas.

No solo eso, también se registraron pagos en exceso para cuatro trabajadores por un monto global de un millón 651 mil 100 pesos.

MILLONES EN GASTOS SIN COMPROBAR

En cuanto a participaciones federales, Baja California Sur recibió 4 mil 440 millones 530 mil 100 pesos en 2016, de los cuales fueron auditados mil 620 millones 866 mil 900 pesos y se determinaron recuperaciones probables por 224 millones 837 mil 200 pesos, los cuales corresponden principalmente a pagos de plazas no autorizadas.

De esta cantidad se desprende, un desvío de 6 millones 100 mil pesos detectado por la ASF al revisar las cuentas bancarias en las que el gobierno sudcaliforniano depositó los recursos federales.

Por otro lado, de 124 millones de pesos supuestamente destinados a partidas como energía eléctrica, arrendamiento de edificios, asesorías, servicios de consultoría y gastos de difusión, el gobierno no pudo comprobar el gasto de 62 millones 330 mil 409 pesos, incluido el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por el pago de estos servicios.

Mientras que el daño más severo en el fondo de participaciones federales se encuentra en un monto de 146 millones 84 mil 390 pesos que fueron utilizados para pagos en nómina a 519 plazas que no fueron autorizadas y 530 plazas que excedieron las autorizadas.

De igual forma, la ASF descubrió otro desvío de 10 millones 117 mil 783 pesos en dinero que debió utilizarse para las aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en retenciones en nóminas.

UNIFORMES EN BODEGAS, PATRULLAS SIN PLACAS, CÁMARAS SIN INSTALAR…

Por concepto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, Baja California Sur recibió 163 millones 102 mil 900 pesos, de los cuales la ASF revisó una muestra del 91.2 por ciento.

En este caso, el órgano fiscalizador detectó recuperaciones probables por 68 millones 155 mil 100 pesos y un subejercicio por 38 millones 527 mil 800 pesos. Nuevamente, la administración municipal no pudo aportar documentación comprobatoria sobre la ejecución de esos más de 68 millones de pesos.

De entrada, una de las principales observaciones sobre anomalías en la ejecución de los recursos es por un monto de 22 millones 962 mil 100 pesos, destinados a obra pública y servicios básicos que no cumplen con los fines del fondo ni contaron con autorización del Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública, así como en retiros sin presentar la documentación comprobatoria.

En materia de equipamiento, al realizar una inspección física a las oficinas de la Subsecretaría de Seguridad Pública (SSP), personal de la ASF constató que una terminal de radio digital se encontraba extraviada con un reporte de robo levantado y una más presentaba sobrecalentamiento, daños que se contabilizan en 53 mil 662 pesos.

En otra de estas inspecciones físicas, la ASF localizó 327 piezas de uniforme para elementos de la SSP como botas, chamarras y camisas, dentro de un almacén en La Paz que no habían sido distribuidos a los elementos de seguridad. Mientras que en una bodega de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fueron localizadas otras 18 piezas de uniformes.

Además, la Auditoría detectó un daño presupuestario por 5 millones 146 mil 210 pesos que el gobierno dijo destinar a la adquisición de vestuario y uniformes para personal de seguridad, pero que no pudo comprobar su aplicación.

Lo mismo ocurrió con otros 14 millones 516 mil 100 pesos para la compra de vehículos y equipo terrestre. Además, el parque vehicular de la SSP que fue adquirido con los recursos de este fondo en 2016, “no cuenta con placas de circulación y no se han elaborado los contratos de comodato con los municipios”, explica el dictamen.

Otros gastos que no pudieron ser comprobados son 5 millones 650 mil en muebles de oficina y estantería; 3 millones 3 mil 249 pesos en equipo técnico y tecnologías de la información; un millón 646 mil pesos en la adquisición de dos vehículos, así como un millón y medio de pesos en la construcción de la sala de juicios orales.

En materia penitenciaria, pese a haber pagado 6 millones 350 mil pesos para el suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de video vigilancia integral, a la fecha de la auditoría, realizada el 23 de junio de 2017, este sistema no se había puesto en marcha

Las irregularidades en seguridad pública siguen. La SSP no pudo comprobar gastos por 2 millones 346 mil 200 pesos en uniformes para los custodios, mientras que otros 2 millones 754 mil 143 pesos supuestamente invertidos en productos químicos, equipo médico y de laboratorio para ciencias forenses, no pudieron ser comprobados.

Tampoco se pudo comprobar la aplicación de un millón 816 mil 732 pesos destinados a pólizas de mantenimiento de servicios de radiocomunicación.

A la par de estos desvíos, Baja California registró alzas en índices delictivos: 53.3 por ciento en robo de vehículos, 140 por ciento en extorsión y 23 por ciento en lesiones.

MÁS INCONSISTENCIAS EN PAGOS A DOCENTES

En el programa de Escuelas de Tiempo Completo, cuyos fondos federales sumaron 108 millones 516 mil 100 pesos en 2016 para Baja California Sur, la ASF determinó recuperaciones probables por 66 millones 726 mil pesos.

El principal daño en este rubro es por un monto de 63 millones 677 mil 900 pesos supuestamente destinados al pago de personal directivo y docente de preescolar y primaria. Al revisar las transferencias, la ASF detectó “inconsistencias en los registros, ya que no contenía los campos de plazas y centros de trabajo correspondientes”.

Algunas otras anomalías detectadas en este fondo son la falta de comprobación de viáticos por 158 mil pesos, de diplomados en matemáticas por un millón 563 mil 100 pesos de un mural por 790 mil pesos.

14 MILLONES DE PESOS GASTADOS EN AVIADORES

Por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, Baja California Sur recibió 4 mil 483 millones 446 mil 300 pesos en 2016. De éstos, la ASF detectó 10 millones 639 mil 200 pesos que no fueron utilizados y otros 38 millones 931 mil 500 pesos en desvíos.

De este monto de más de 38 millones de pesos, se desprenden los siguientes malos manejos. Se utilizaron 18 millones 257 mil 373 pesos en las partidas subsidios y otras ayudas, así como en sentencias y resoluciones (laudos), “los cuales no cumplen con los fines y objetivos del fondo”, detalla la ASF.

Además, “se realizaron pagos de varias partidas, los cuales carecen de documentación justificativa y comprobatoria”, continúa el documento.

Mientras que otros 14 millones 649 mil 166 pesos se destinaron a “pagos a 122 trabajadores que no fueron localizados ni identificados por el responsable del centro de trabajo durante las visitas físicas a los planteles del estado”.

Por otra parte, se destinaron 4 millones 818 mil 673 pesos en 485 pagos a 14 trabajadores que trabajaban en centros de trabajo no financiables con recursos de este fondo.

De igual forma, se hicieron 137 pagos por un total de 752 mil 205 pesos a 6 trabajadores comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que contaban con 11 plazas. Esto a pesar de que el destino de este fondo no debe aplicarse en ello.

GOBIERNO SE QUEDA CON ISR Y FOVISSSTE DE PERSONAL DE CONALEP

En 2016, Baja California Sur recibió 62 millones 480 mil 800 pesos por medio del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, que a su vez alimenta el presupuesto del Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP).

En este fondo, la ASF determinó recuperaciones probables por 8 millones 258 mil 100 pesos y observó un subejercicio por 8 mil 200 pesos.

Dentro de los más de 8 millones de pesos en desvíos, documentación de la ASF ubica un millón 22 mil 403 pesos supuestamente destinados a prestadores de servicios profesionales, de quienes el gobierno no pudo acreditar el resultado de las actividades realizadas.

También en servicios personales, el ente fiscalizador determinó que 2 millones 646 mil 288 pesos en retenciones por concepto del Fondo para la Vivienda (FOVISSSTE) no pudieron ser acreditados. Lo mismo con 4 millones 562 mil 611 pesos en retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del personal.

OBRA PÚBLICA INFLADA Y MAL HECHA

Para realizar 10 proyectos de obra pública, tales como la rehabilitación de palacio del gobierno del estado, pavimentaciones, la remodelación de una cancha de frontón en La Paz y saneamiento de agua potable y drenaje, Baja California recibió 103 millones 109 mil 800 pesos en 2016.

De este monto, se detectaron desfalcos por 6 millones 953 mil 100 pesos y un subejercicio por 12 millones 420 mil 100 pesos.

Parte de las irregularidades en la aplicación de este fondo, explica la ASF en su dictamen respecto al fondo de “Proyectos de Desarrollo Regional”, está la retención por 300 mil 171 pesos que hizo la SFA, monto que corresponde “al cinco al millar del importe de cada una de las estimaciones de trabajo pagadas de las obras por contrato”.

De igual forma, auditores detectaron que tres de los diez contratos se adjudicaron de manera directa y no por licitación público como debió realizarse. De igual forma, al realizar visitas a las obras públicas en proceso, la ASF detectó tres proyectos en que hacían falta trabajos por 997 mil pesos que ya habían sido presupuestados y pagados.

En otra obra, con inversión de 54 mil 900 pesos, la Auditoría determinó que los trabajos “no cumplen con las normas y especificaciones de construcción requeridas”

LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE, DESATENDIDA

A través del Fondo de Infraestructura Social, la administración de Carlos Mendoza Davis recibió 15 millones 276 mil 700 pesos en 2016. De estos recursos, la ASF determinó 4 millones 689 mil 700 pesos en recursos mal ejercidos y 198 mil 800 pesos en recursos no utilizados.

Acerca del monto de desvíos, la Auditoría explica que “representa el 30.7 por ciento de la muestra auditada que corresponden principalmente a obra pública no autorizada o que haya beneficiado a la población objetivo”.

Estos recursos tenían como objetivo programas de electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda, pero en el caso de los 4 millones 689 mil 700 pesos, el órgano fiscalizador detectó que se destinaron a la construcción de 76 viviendas “que no beneficiaron a la población de las Zonas de Atención Prioritarias (ZAP) que deben ser localidades con los 2 grados de rezago social más altos o población en pobreza extrema”.

Precisamente al revisar los montos que el gobierno de Baja California Sur invirtió en las ZAP, la ASF detecto que solo fueron 7 millones 180 mil 900 pesos, lo cual representa el 47 por ciento del Fondo de Infraestructura Social y no el 70 por ciento como está estipulado en la normativa.

DINERO RETENIDO

Del Fondo de Aportaciones Múltiples se financian principalmente el Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física Educativa (ISIFE) y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF).

En 2016, Baja California Sur recibió 209 millones 443 mil 800 pesos por este concepto, de los cuales un millón 734 mil pesos no se ejercieron de manera educada y otros 38 mil 300 pesos simplemente no fueron utilizados.

El daño por un millón 734 mil pesos responde a conceptos de retenciones por derechos de inspección, vigilancia y control de los trabajos. Estas retenciones se destinan al Instituto de Capacitación de la Cámara mexicana de la Industria de la Construcción y para obras de carácter social del mismo Instituto.

Sin embargo, el gobierno de Baja California Sur “no acreditó su entero a la instancia correspondiente”.

En estos 10 dictámenes de la ASF, como en todas las auditorías llevadas a cabo por este órgano, el gobierno de Baja California Sur contó con múltiples oportunidades para solventar las observaciones realizadas por la Auditoría.

En algunos casos, según consta en las conclusiones, la administración estatal intentó subsanar las fallas aquí expuestas, sin éxito y en otros fondos, ni siquiera aportó la documentación solicitada por la ASF.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE Zeta. Ver ORIGINAL aquí. Prohibida su reproducción.