Decidido a dar sus primeros pasos en la lucha contra las drogas, el Ejército busca el apoyo de los Estados Unidos para combatir a los narcos. Luego de la orden inicial de la Presidenta para desplegar unidades militares en la frontera norte, el recientemente ascendido teniente general César Milani procura la asistencia tecnológica del Comando Sur norteamericano para fortalecer los patrullajes terrestres. Y está cerca de conseguir 35 vehículos blindados Hummer para exploración, varios de los cuales serán asignados a perseguir el tráfico de drogas.

El propio jefe del Ejército mencionó el proyecto durante un discurso realizado a fines de noviembre en Campo de Mayo. El permiso oficial para involucrar a los militares en la lucha contra el narcotráfico es considerado por Milani "una inmejorable oportunidad" para conseguir nuevos equipos militares, tal como repitió más de una vez ante las formaciones de tropas.

La semana pasada, la presidenta Cristina Kirchner prorrogó la participación militar en la lucha contra las drogas hasta diciembre de 2014. En el llamado operativo Fortín II, el Ejército participa con elementos de las Brigadas de Monte III y XII y la Brigada de Montaña V. Además, se abrió en Tartagal una sección de inteligencia dedicada sólo a conseguir información sobre grupos narco.

Pero el operativo colisiona con un serio tropiezo: las leyes de seguridad interior y de defensa prohíben a los militares participar en acciones policiales, como es la lucha contra el narcotráfico.

Las unidades del Ejército que patrullan la frontera norte se mueven por zonas alejadas de las poblaciones, por ahora, aunque con los refuerzos de vehículos blindados previstos se harán más visibles sus acciones.

"En esta misión tan importante la inteligencia militar tiene un rol protagónico de apoyo a las fuerzas de tarea y equipos de combate desplegados en el terreno, proporcionándoles la información necesaria para que puedan planificar y ejecutar eficazmente sus patrullas", dijo Milani durante su discurso en el día de la tropa de inteligencia.

Mencionó concretamente a los "equipos de combate" que están desplegados contra el narcotráfico, pese a que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, siempre afirma que los soldados dan sólo apoyo técnico a las unidades de Gendarmería.

La reglamentación de la ley de defensa firmada en 2006 por el presidente Néstor Kirchner y la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, cierra todas las posibilidades a las Fuerzas Armadas para actuar siquiera como hipótesis o inteligencia sobre situaciones que no sean generadas por un ejército regular enemigo, de un país agresor.

El cambio de esa reglamentación podría realizarse mediante otro decreto, situación que empezó a ser analizada en las reuniones de coordinación entre autoridades políticas, militares y fuerzas de seguridad, que empezaron a desarrollarse en septiembre pasado.

A las tropas de Monte Milani les prometió que en breve los participantes del Operativo Fortín II contarán con nuevos equipos individuales y vehículos. Entre esas unidades se desplegarán los Hummer pedidos al Comando Sur. Esa división norteamericana que sostiene la relación con las fuerzas militares de la región tiene una histórica posición favorable a la incorporación militar a la lucha contra las drogas. Vehículos Hummer llegaron también a fines de los 90 como contrapartida al apoyo argentino en la Guerra del Golfo.

Las negociaciones del Ejército y el Ministerio de Defensa con sus pares norteamericanos descongelarían las relaciones castrenses tras el incidente en Ezeiza de febrero de 2011. En ese momento se desató un escándalo con la acción del canciller Héctor Timerman, que incautó un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y sensibles equipos de comunicaciones bajo la acusación de tráfico de armas y terrorismo. En realidad, esa aeronave transportaba personal norteamericano que debía estar al frente de un curso para fuerzas de seguridad argentinas.

Los militares argentinos mantuvieron, mientras tanto, las buenas relaciones con Washington; y volvieron a designar a un general como agregado en los Estados Unidos luego de que ese puesto fue degradado por el Ministerio de Defensa al rango de coronel durante varios años, en señal de desagrado por las políticas militares norteamericanas en la región. La orden presidencial para involucrar a los militares en la lucha contra el narcotráfico puede ser entendida como un gesto hacia los EE.UU.

Para el Ejército representa un triunfo histórico, ya que no sólo la gestión de Milani tuvo en mente quedarse con el control de las fronteras para relegar a la Gendarmería (que hoy cuenta con 32.800 efectivos) a misiones de control social y policial. Esa idea transita el Edificio Libertador desde el año 2000.

Por lo pronto, Milani logró mostrarse puertas adentro como el militar con peso propio que consigue lo que otros no pudieron. Y en todos sus discursos a las tropas habla de esa recuperación del espíritu del Ejército, del protagonismo que tendrá su fuerza. También expone señales de poder. El viernes pasado dejó finalmente la jefatura de Inteligencia, que retuvo durante cuatro años mientras ocupaba el puesto de subjefe y luego de jefe del Estado Mayor General del Ejército. Lejos de una señal de debilidad, esa decisión es una muestra del control alcanzado en su fuerza. Y hacia afuera, también.

Elevó el número de generales de 38 a 55. Casi un general cada mil soldados. Incrementó su cúpula sin provocar los naturales pases a retiro de generales de cada año. Uno de sus generales de mayor confianza fue asignado al control directo del combate contra las drogas. Y ahora busca el apoyo de Washington.