YPF invertirá en parques de energía renovable (Shutterstock)

(Desde Ushuaia) Una nota que un periodista de Infobae, Carlos Arbía, publicó el 24 de octubre pasado, titulada "La provincia que el Gobierno busca transformar en un Polo de Energías Renovables", provocó una movilización en Río Grande de 4000 trabajadores, algunos hablan de 6000 (la más masiva que se tenga memoria en estos parajes), en protesta por lo que consideran el "centralismo autoritario". La marcha se realizó el miércoles y tuvo como principal orador al secretario general de la UOM fueguina y actual diputado nacional, Oscar Martínez.

La nota da cuenta de un análisis que realiza el gobierno nacional para transformar a Tierra del Fuego en una economía competitiva y sustentable, con el fomento de fuentes renovables de energía destinadas a la producción de energía eléctrica y así ponerle fin a un problema real y concreto que padecemos todos los argentinos, que pagamos los productos electrónicos entre un 70 y un 80% más caros que en Colombia, Perú y Chile, donde no se subsidia a la industria que fabrica notebooks, netbooks, celulares y tabletas. El régimen de promoción industrial le costó al fisco 30.000 millones de pesos en el 2016, según se especifica en la nota.

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Toda Tierra del Fuego es un hervidero. Se respira un aire de que "esto no da para más", pero nadie se anima a repetirlo en público. Ningún medio fueguino lleva este debate a la discusión nacional, porque no quieren que los medios porteños hagan foco en un asunto en el que llevan todas las de perder. Ninguna cámara empresaria, Afarte por ejemplo, habla de verdad sobre el tema en ningún lado. Tampoco los diputados o senadores fueguinos. Mucho menos los políticos que vienen gobernando la provincia desde hace 25 años.

Conflicto con estatales en Tierra del Fuego. (@AGENCIAAUSTRAL)

Tierra del Fuego es el paraíso del fin de mundo, bellezas naturales que impactan y maravillan, pero como dice el periodista Armando Cabral en un portal de noticias de Río Grande, La Licuadora, "con el verso de que 'si hablamos de la ley en el Congreso nos la sacan' o 'mejor quedarse callados que llamar la atención' y demás excusas, sigue la cantinela de los que nunca hicieron nada, nadie aporta una sola idea y quieren seguir viviendo a costillas del Estado".

Se refiere a la ley 19.640, verdadero anatema que domina las discusiones locales, ya que antecede la declaración de Tierra del Fuego como provincia, que llegó recién en 1991. En efecto, la ley data de 1972, cuando, comprobando que la población era de apenas 13.527 según el censo de 1970, la dictadura de entonces decidió impulsar una legislación de estímulo a la radicación de emprendimientos productivos con el objetivo de poblar lo que por entonces era territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud. El objetivo geopolítico estuvo claro desde los inicios.

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Así es que en esta provincia no se paga ningún impuesto nacional, ni IVA, ni Ganancias, ni a la venta o compra de inmuebles, ni a la venta o compra de divisas, por nombrar algunos. Y la provincia entera es zona franca, es decir, los productos que aquí se fabrican se "exportan" a la Argentina, donde se paga un 35% de arancel, una de las razones por las que son tanto más caros que los producidos en otras partes del mundo, al tiempo que se "importan" con arancel cero, por ejemplo, autos -obviamente, todos de alta gama- sin el 21% de IVA. Las rigurosas condiciones climáticas, así como la gran distancia de las principales centrales, junto a la mencionada decisión estratégica de poblar la zona más austral de la Argentina, son las razones que se siguen esgrimiendo hoy para sostener el régimen.

En efecto, son cada vez más los fueguinos que critican duramente una ley notoriamente desequilibrada e injusta con el resto del país, sobre todo, con las zonas más densamente pobres y pobladas y que provoca la instalación de empresarios inescrupulosos y el ingreso de capitales con orígenes desconocidos, se supone que de lavadores de dinero. Un paper al que tuvo acceso Infobae, elaborado por un profesional que prefiere no dar a conocer su nombre, luego de una exposición que se llevó a cabo esta semana para debatir esta legislación de privilegio, entre otras conclusiones, dice que:

–La industria electrónica generada en Tierra del Fuego va contra natura, ya que al solicitar a los proveedores chinos que poseen la tecnología y la economía de escala que desarmen los productos finales para que en Río Grande puedan volver a armarse, agravado con el costo del flete y el seguro desde los países centrales hacia nuestra isla austral, aumenta en forma escandalosa el costo total.

–Comparado nuestro polo industrial (el de Tierra del Fuego) con el de Manaos (Brasil), que tiene una población de tres millones de habitantes, con un salario de la electrónica de esa ciudad de USD 700 y un mercado consumidor de 207 millones de habitantes, que prefieren consumir lo nacional frente a lo importado, contra los USD 1900 de salario en Tierra del Fuego, con un mercado local nacional de 44.000.000 con una muy alta propensión marginal a la importación, nos hace inviable convertir a la industria electrónica en reducto transable en el exterior, aún en el marco del Mercosur.

–Nos debemos un debate interno (los fueguinos) para replantear nuestro orden de prioridades. Debemos utilizar nuestra imaginación para generar nuevas ideas que generen una renta que no sea a costa de la pobreza de nuestros connacionales, en base a agregar valor verdadero y certidumbre con sustentabilidad a largo plazo. Queda claro que nuestro país es absolutamente periférico y, por lo tanto, tendríamos que ajustar nuestra economía para hacerla más competitiva e integrarnos al mundo para evitar la marginación del subdesarrollo.

Imagen del paro de estatales en Tierra del Fuego

La excepcionalidad de Tierra del Fuego llega a niveles notables, no sólo por la cantidad de camionetas 4×4 que se ven por la calle, los viajes al exterior en temporada de vacaciones que hacen las familias, en fin, una calidad de vida que ellos mismos denominan "de ricos" aún en el caso de empleados y jubilados del aparato estatal, sino porque la provincia ni siquiera adhiere de verdad al blanqueo que promueve el gobierno nacional: la decisión de la gobernadora Rosana Bertone fue reservarse el derecho a cobrar impuestos provinciales, en contra de lo que impulsa la Nación.

La sensación de que haber vivido en una isla de la fantasía donde la fiesta está por terminar, sumada a los constantes señalamientos de culpa por no haber hecho nada durante todos estos años (hasta Guillermo Moreno le pidió en el 2009 a la ex gobernadora Fabiana Ríos que llevara ideas para recuperar lo mucho que Nación estaba poniendo en la provincia), hace de Tierra del Fuego un volcán que parece estar a punto de explotar.

Tanto, que hasta el secretario de Industria de la Nación, Martín Etchegoyen, salió a desmentir en declaraciones al portal "El Sureño" que se esté analizando eliminar la promoción industrial vigente. "Lo descarto oficialmente", dijo. Aunque no negó que se está pensando una reconversión industrial, "una palabra que no tiene que estar asociada a algo negativo, como el cierre de compañías y la pérdida de empleos".

El terror de los fueguinos es a una fecha precisa, el 2023, cuando caduca el régimen actual. Es una espada de Damocles que los obsesiona. El gobierno anterior no lo prorrogó y tampoco está previsto que lo haga el actual. Tierra del Fuego tiene siete años para dar inicio a una nueva etapa de transformación que obviamente desaprovechará si nadie se toma las cosas en serio.