¿Cómo hizo Leticia Ferrari, la ex alterna de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Industria para ingresar a la función pública en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) primero, y lograr más tarde un pase en comisión a pedido de la ministra Carolina Cosse que la ubicó como una jerarca en la cartera? Mientras la Justicia define si acepta el pedido de la fiscal Gabriela Fossati para procesarla por un delito de usurpación de título, luego de que firmara documentos diciendo que era abogada cuando en realidad no había terminado quinto de bachillerato, el Codicen intenta responder esa pregunta a través de una investigación interna.

Según dijo a El Observador la directora general de Secretaría del Ministerio de Industria, Fernanda Cardona, se decidió pedir su pase en comisión luego de que su nombre surgiera en una “conversación”. “Se la conocía. Se consultó específicamente por una persona y en Secundaria nos dieron su nombre”, explicó.

Según informó Búsqueda en marzo de 2017, en 2015 Cosse pidió al presidente de ANEP, Wilson Netto, que le otorgara el pase en régimen de comisión de Ferrari para desempeñar “tareas de asistencia directa” en el Ministerio. Una semana después firmó una resolución para asignarla como “responsables” de Transparencia Pasiva del ministerio a Cardona y Ferrari, como titular y alterna, respectivamente.

Sin embargo, para el momento en se hizo el pase en comisión, Ferrari se encontraba desempeñándose en Secundaria, donde según Cardona oficiaba de asesora.

La directora general de Secretaría del Ministerio de Industria dijo que en su momento no se pidió su titulo de abogada –con el que más tarde firmaría- porque dijo que todavía “lo estaba tramitando”, y además porque el puesto para el que se la designó no exigía que estuviera recibida de ninguna carrera.

La denuncia contra la falsa abogada llegó primero del diputado nacionalista Pablo Abdala y luego del Ministerio de Industria. Según indicó, cuando se la citó a declarar, la acusada aseguró desconocer que su firma iba acompañada de un sello profesional y, además, ella misma comentó que no había terminado educación secundaria.

Pero aunque ante la fiscalía dijo no recordar haber firmado documentos como abogada, lo cierto es que en varios utilizó un sello en el que firmaba como “doctora”. Asimismo, la persona responsable de mandar a hacer los sellos en el ministerio declaró haberle consultado a la mujer sobre si era o no correcto la descripción que hacían de su cargo, y la acusada dio el visto bueno.

Cardona dijo que la mujer, que ya fue destituída del Ministerio de Industria, nunca actúo como abogada para la cartera. Asimismo, señaló que en el Codicen se desempeñaba como administrativa, por lo que tampoco le fue exigido ese título al momento de ingresar a la función pública.

Un caso más

El caso de Laura Anzalone, quien fue procesada por usurpación de título en agosto de 2017 al firmar como psicóloga cuando se desempeñaba al frente del área de Evaluación Psicológica y Seguimiento de Sanidad Policial, cuando no lo era, el de la asesora en fármacos del Ministerio de Salud Pública, Lourdes Galván Lasarte, quien se presentaba falsamente como licenciada en Economía y fue destituida la pasada semana, o el subdirector Técnico del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Gustavo Belarra, quien se presentaba como diplomado en sociología sin serlo y renunció a su puesto en 2016, son algunos de los antecedentes de falsos profesionales en la función pública.

Según dijo a El Observador El director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), no es posible que una persona que concursa para un puesto de profesional pueda ingresar a la administración pública sin mostrar el documento del título que acredite los conocimientos. Sin embargo, a los directores, que no concursan sino que son designados, no se les exige esta documentación

Alberto Scavarelli, dijo que una vez que entre en funcionamiento el legajo electrónico, los casos de usurpación de título en la administración pública tenderán a desaparecer. Este sistema, que hasta ahora solo funciona en Presidencia y la ONSC, pero que comienza a extenderse en los ministerios, permitirá hacer una consulta rápida a través de una computadora, de modo de ver el escaneado de los títulos que el funcionario dice tener.

De esta forma, si alguien quisiera firmar con un título que no tiene, la irregularidad de detectaría inmediatamente, aseguró. Así, por ejemplo, el funcionario que le preguntó a Ferrari si era correcto el titulo que aparecía en el sello de su firma, y que la colocaba como abogada cuando no lo era, podría haber consultado directamente en el sistema y evitar ser engañado.

Actualmente cada funcionario público tiene un legajo en el que figura su formación, los trabajos que ha realizado y las sanciones que ha recibido. Sin embargo, por tratarse de expedientes en papel su consulta se dificulta.

“Una vez que se aplique el legajo electrónico en todo el Estado no veo otra forma de usurpar el título que falsificando el documento que lo certifica, pero eso es más complicado e implica un delito más grave”, explicó Scavarelli.