La declaratoria fue aprobada con el solitario voto en contra del representante del Ministerio de Defensa, coronel de Ejército Eduardo Villalón, quien fue «relevado» de su cargo este jueves, luego de que asumiera en mayo de 2012. Sin embargo, a todos queda la duda de si Villalón actuó por cuenta propia, como un loco de atar, o si por algún motivo creía representar el sentir del Ministerio, o -más probale aun- del Ejército, que se opone abiertamente a la medida.

Los expositores, a nombre de las organizaciones de Derechos Humanos patrocinantes de la petición, fueron el periodista Javier Rebolledo, investigador de temas de derechos humanos; el arquitecto Miguel Lawner, ex preso político, y Ana Becerra, ex presa y torturada en Santo Domingo a los 17 años de edad.

{destacado-1} Para sorpresa de todos, las preguntas del coronel Villalón a los expositores no fueron sobre el tema en debate. A Rebolledo y Lawner les preguntó lo mismo: «¿A usted quién le paga?». Y a la ex presa política la descalificó como «cualquier persona», sin méritos para estar allí. Con su celular se dedicó además a tomarle fotografías a Rebolledo, quien es objeto constante de amenazas por sus acuciosoas investigaciones sobre las atrocidades de la dictadura.

Según fuentes, durante la reunión a puertas cerradas del Consejo, Villalón se dedicó a cuestionar todo el procedimiento y a desconocer la veracidad de los numerosos testimonios y documentos acerca de lo ocurrido en Rocas de Santo Domingo y en el cercano regimiento de Tejas Verdes, comandados ambos por Manuel Contreras, el sicario de Pinochet.

Villalón acusó además a los miembros del Consejo de haber organizado una especie de encerrona, en referencia a las familias de las víctimas del Ejército apostadas fuera del recinto en apoyo a la declaratoria.

El coronel fue criticado por los miembros del Consejo, por su insolencia frente a los invitados y por negar hechos establecidos en documentos judiciales e históricos. Una evidencia del numerito de Villalón -y con él, el de su jefe nominal, el ministro de Defensa, Jorge Burgos- es que entre los más duros críticos estuvo nada menos que Diego Matte, director del Museo Histórico Nacional, y vinculado a la UDI.

El Ejército desmanteló subrepticiamente el año pasado las antiguas cabañas de veraneo construidas por el Gobierno de Salvador Allende para los trabajadores chilenos, que en septiembre de 1973 fueron ocupadas por el Ejército, el que se convirtió en propietario luego de que en 1990 se blanquearan los numerosos predios usurpados por los militares. Tras la formación de la DINA, el recinto sirvió de colonia de vacaciones para los represores y sus familias.

Según la declaratoria de Monumento Histórico, el Ejército debe ahora recuperar y devolver los materiales de las cabañas, pues los ex presos se proponen reconstruir parte del campamento para convertirlo en museo de la memoria. El Ejército, en un memorándum, se opuso a la medida señalando que el terreno iba a ser vendido para financiar viviendas de personal militar en Porvenir.