Marcos Pinheiro

El presupuesto del Ministerio de Defensa para 2017 será un 32% superior al del año anterior. Es la consecuencia de la obligación de incorporar los Programas Especiales de Armamento (PEAS) que suponen 1.818 millones, y que se pagaban hasta ahora con créditos extraordinarios a probados vía decreto-ley, hasta que el Tribunal Constitucional prohibió esta práctica.

Así, el presupuesto de Defensa pasa de 5.734 millones de euros en 2016 a 7.576 millones para 2017. Las inversiones reales, que no están cubiertas con créditos, también se disparan. De los 404 millones de euros en 2016 a los 2.190 millones para este ejercicio, un aumento para este ejercicio del 442%.

Este hecho supone que la inversión militar suponga el 41,1% del total de la inversión real del Estado, que para 2017 asciende a 5.330,35 millones de euros. Esta partida aumenta un 46,8% respecto al año anterior y el Gobierno aclara en repetidas ocasiones que se debe "a la incorporación en el presupuesto del Ministerio de Defensa de los créditos necesarios".

Desde que el exministro de Defensa Pedro Morenés optó por el sistema de los créditos extraordinarios, se han gastado unos 4.300 millones de euros por esta vía, siempre a través de reales decretos que se aprobaban en verano, y que se dejaban para el final de una sesión plenaria.

El Tribunal Constitucional acabó con esta práctica el verano pasado al cuestionar que los reales decretos respondiesen a situaciones de "extraordinaria y urgente necesidad". Señaló que los pagos a la industria armamentística, con los que el Ejecutivo está hipotecado al menos hasta el año 2030, es perfectamente programable.

Los PEAS son un instrumento inaugurado por Morenés cuando era secretario de Estado de Defensa (1996-2000) para la adquisición de aviones, submarinos, carros de combate, fragatas o armamento pesado. En total, esos programas ascienden a 30.000 millones de euros, y aún restan por pagar algo más de 20.000 millones. De media, cada año, deben abonarse unos 1.350 millones de euros.

El Diario