Porque Keiko Fujimori y FP van camino a destruirla.

La democracia peruana está en peligro porque Keiko Fujimori, con la complicidad de su corte, la están demoliendo para resolver sus problemas personales, judiciales y políticos.

Los problemas de la jefa de Fuerza Popular van desde la pataleta personal tan severa que le produjo su segunda derrota electoral consecutiva y que sus adulones tratan de barnizar con el triunfo aplastante del congreso.

También son políticos porque la perspectiva de su tercera postulación en 2021 es cada día más incierta.

Primero, porque su comportamiento del último año y medio no deja duda del ADN prepotente que ha heredado, lo cual le impedirá convencer –como sí lo consiguió en la última elección– a los que tenían dudas.

Segundo, porque le ha surgido competencia desde una derecha que antes la apoyaba y ahora la ve con desconfianza y empieza a buscar otros rostros. Y, también, porque desde dentro del fujimorismo tendrá competencia de su hermano y su padre.

Pero sus problemas más complejos del momento actual son judiciales, y no tanto por el testimonio de Marcelo Odebrecht sino porque lo que se podría revelar de su secretario general y mecenas, Joaquín Ramírez, sería muy grave para ella.

Entonces, Keiko Fujimori y su corte de adulones con curul responde con una combinación de miedo con rabia que es letal, como apuntaba ayer con agudeza Alfredo Bullard –‘Angry Birds asustados’–, y pasa a una estrategia de demolición del presidente que está enmarcada en la lógica descrita por el politólogo Aníbal Pérez-Liñán en el libro ‘Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina’ que fue resumido también ayer en El Comercio por Fernando Rospigliosi.

Toda la bestialidad en acción contra la institucionalidad que despliega en estos días la bancada de FP –en complicidad con los tres congresistas apristas que sirven a Alan García– va en esa dirección: con miedo, rabia y voluntad de demoler la democracia para ayudar a su jefa Keiko a resolver sus problemas personales, políticos y judiciales: acusar a cuatro miembros del TC, al fiscal de la nación por la investigación a Ramírez, y –en complicidad con las mafias policiales– al ministro del interior por el retiro de 37 generales en el marco de la ley; amenazar al periodismo; y arrinconar al presidente Pedro Pablo Kuczynski con esa pata de cabra institucional que es la comisión lava jato.

Mientras, el gobierno de PPK actúa como quien hace la siesta en los rieles de un tren golpista que se viene con todo. Esto no viene bien.