Víctor Hugo Ornelas

Por omisión y complicidad en juicios laborales perdidos intencionalmente, fueron denunciados penalmente 24 ex funcionarios que laboraban en las administraciones de Aristóteles Sandoval Díaz y Ramiro García Hernández como alcaldes de Guadalajara, informó ayer la síndico de Guadalajara, Ana Bárbara Casillas.

La Perla Tapatía tiene comprometidos alrededor de mil millones de pesos correspondientes a 2,440 juicios laborales en proceso; sin embargo, en este primer mes de la Administración de Enrique Alfaro Ramírez, el actual gobierno detectó una posible colusión de servidores que habrían perdido intencionalmente los juicios, situación que consideró la síndico podría encuadrar en los delitos de "fraude procesal y ejercicio indebido del servicio público", entre otros.

Las denuncias interpuestas por dichos juicios laborales perdidos suman 16, que fueron presentadas durante la mañana de ayer ante la Fiscalía General del Estado (FGE), a quien el municipio a través de su síndico invitó a que prestara el mayor esfuerzo para fincar responsabilidades.

Bárbara Casillas detalló que existen entre ocho y diez funcionarios que pertenecieron a la Administración de Ramiro Hernández, y otro tanto igual del gobierno de Aristóteles Sandoval, entre las denuncias penales.

La Contraloría Municipal al momento de revisar los expedientes de estos juicios laborales, y que calificó de irregulares y dieron pie a la elaboración de las denuncias mencionadas, detectó que los abogados asignados para defender al municipio no se presentaron a las diligencias correspondientes.

Otro detalle que encontraron, fue que los abogados no fueron nombrados por el Pleno conforme a la normativa, sino que recibieron el poder de representación de instancias que no tenían la facultad para hacerlo y esto desestimó al ayuntamiento que no se pudo defender.

Entre las cantidades que Guadalajara tiene que pagar por laudos, el menor asciende a 600 mil pesos y la mayor de ellas es de 8 millones 500 mil pesos.

A las denuncias penales originadas por juicios laborales -que perdió la autoridad municipal presumiblemente de manera intencional–, se sumó una denuncia más por los sobregiros presupuestales de 171 millones de pesos que detectó el municipio en el ejercicio fiscal de 2015 a cargo de Ramiro Hernández.

Sobre ésta en particular, que también involucra a entre ocho y diez ex servidores, la síndico también se reservó los nombres de los funcionarios, pero al tratarse de temas relacionados con recursos públicos, y en base a la ley de responsabilidades de los servidores, los implicados podrían ser el ex alcalde, ex síndico, ex tesorero, ex director jurídico y algunos directores de áreas en las que se detectó la inadecuada aplicación de recursos.

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