En el discurso del gobierno que se estrena en el poder federal, todo cambió para que todo siguiera igual… El caso de Tamaulipas se destaca como una sucesión aterradora de asesinatos, extorsiones, robos, amenazas que ya obligaron a la prensa local a callar… Los ciudadanos, hartos, encontraron en las redes sociales una alternativa para expresarse y tomar precauciones. Pero en la impunidad de la que disfruta, el narco ya advirtió: va contra quienes las utilicen.



CIUDAD VICTORIA, Tamps. (Proceso).- Uno de los dos cárteles que operan en esta entidad puso precio a las cabezas de los administradores de las páginas y cuentas de Valor por Tamaulipas en Facebook y Twitter: Repartió cientos de volantes en esta y otras ciudades del estado, en los que ofrece una “recompensa” de 600 mil pesos a quienes ayuden a identificarlos.

Valor por Tamaulipas se ganó el odio de la mafia sólo porque se ha dedicado a alertar a la población sobre las “situaciones de riesgo” que cotidianamente tienen lugar en el estado: tiroteos, secuestros, extorsiones… El hecho no tuvo respuesta de las autoridades de esta entidad, donde el Cártel del Golfo (CDG) y Los Zetas imponen su ley.

En Tamaulipas no se publica nada sobre la inseguridad y la violencia si esos cárteles no lo autorizan. Los medios que antes se atrevían a informar fueron callados a base de bombas o ráfagas de cuernos de chivo. Eso le pasó varias veces al periódico El Mañana, de Nuevo Laredo, hasta que decidió suprimir todo lo relativo al crimen organizado.

Después de someter a los grandes medios las mafias siguieron con los blogs que denunciaban sus acciones. En septiembre de 2011 también callaron esas voces luego de que Los Zetas colgaran de un puente de Nuevo Laredo a dos jóvenes blogueros y asesinaran y descuartizaran a otra, una periodista que en internet se identificaba como La Nena de Nuevo Laredo.

Ahora amedrentan a los ciudadanos que usan las redes sociales para protegerse: “600.000 mil pesos para el que aporte datos exactos del dueño de la página de Valor por Tamaulipas o en su caso familiares directos ya sean papás, hermanos o hijos o esposa”, dice el volante. El texto precisa que se entregará el dinero a la persona que proporcione información que los identifique, para “callarles el hocico a estos pendejos que se creen héroes”.

El volante proporciona un número de teléfono celular para que se entregue la información y les advierte a los ciudadanos que se abstengan de “hacer mamadas” si aprecian la vida de sus familiares.

La página de Facebook Valor por Tamaulipas nació hace más de un año. Ahora tiene más de 133 mil seguidores y a ella suben información cientos de personas que alertan sobre los hechos de violencia en el estado.

Lo que los narcos parecen ignorar es que la página es alimentada incluso por personal de la Octava Zona Militar, con sede en Reynosa; los soldados decidieron usar esa herramienta de internet para alertar a los tamaulipecos sobre las áreas donde hay enfrentamientos entre el Ejército y los sicarios.

Los administradores de Valor por Tamaulipas reaccionaron. En su página publicaron una respuesta: “Creen que todos los ciudadanos nos tenemos que rendir ante ustedes y eso no es así. (…) En nuestro estado son incontables los casos de quienes se han resistido a ustedes, en la mayoría de los casos los buenos son los que terminan perdiendo. Pero por lo menos esa gente tiene más dignidad que aquellos que deciden agachar la cabeza y aceptar la tiranía y el esclavismo a que nos tienen sometidos”.

Hay otra página en Facebook, Esperanza por Tamaulipas, creada en meses recientes por decenas de familiares de personas levantadas o secuestradas. Su sitio da cuenta de más de 120 personas desaparecidas entre 2010 y 2012.

Pero a partir del 12 de noviembre de 2012 algunos de los números telefónicos que se mostraban en la página comenzaron a ser retirados por las llamadas intimidatorias que recibieron: “Los tuvimos que retirar por amenazas. Ahora están llamando a todos los que pusieron su teléfono para extorsionarlos; una manera más de intimidar a la gente para que no denuncie”, cuenta a Proceso uno de los organizadores de la página.

Recorrido por la zona de guerra

Los ciudadanos de Hidalgo, Llera, Villagrán, Padilla, Güémez y Xicoténcatl dicen que los dos grupos que operan en el estado –Los Zetas y el CDG– queman las casas de quienes se niegan a entregar sus propiedades o a pagar extorsiones. Hablan también de la existencia de narcofosas con decenas de cadáveres y de constantes enfrentamientos entre grupos rivales.

Destacan que la mayor tragedia de Tamaulipas son los secuestros y levantones de personas que en muchos casos nunca regresan.

Para confirmar esa información Proceso recorrió algunos de esos municipios donde los cárteles han impuesto su ley. Los ciudadanos muestran fotografías y evidencias de los daños en las zonas arrasadas por la delincuencia. Sin embargo, en Tamaulipas no hay que ir a lugares apartados para ver la barbarie criminal, ya que los cárteles actúan en las ciudades importantes, como la capital, Tampico, Reynosa o Nuevo Laredo.

Los habitantes del corredor Llera-Xicoténcatl dicen que Los Zetas “mantienen campamentos importantes que permanecen activos durante meses”, por lo que los ciudadanos sufren constantes violaciones, robos de vehículos, secuestros y, en los peores casos, “asesinatos brutales”. “A cada rato les encuentran narcofosas”, aseguran. Confirma lo anterior un reporte reciente de la IV Región Militar sobre la “Operación Noreste”.

El informe precisó que en enero se “localizaron cinco fosas clandestinas”. Cuatro “fueron ubicadas en Tamaulipas: una en el municipio de Hidalgo y tres en el de Llera, con un total de siete cadáveres”, dice a Proceso un teniente de la IV Región Militar.

En septiembre de 2012 las autoridades estatales confirmaron el hallazgo de una narcofosa en el municipio de Xicoténcatl. “La Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado comunican que el jueves 6 de septiembre, alrededor de las 14:50 horas, recibieron un reporte sobre la localización de seis cuerpos en estado de descomposición en el rancho conocido como Pepe, ubicado por la carretera Xicoténcatl-Calles”, precisó un comunicado oficial.

Lo que no informaron las autoridades fue que en días posteriores sacaron de esa narcofosa alrededor de 80 cadáveres.

Los ciudadanos de Lleras señalan que el capo que controla la región es El Rokolas, y muestran fotografías de sus principales cómplices. “El propietario del billar de Llera colabora con los delincuentes y en su local se reúne la gente del Rokolas”, denuncian.

“Nunca he visto que haya una estrategia de largo plazo aquí. Están un rato y se retiran los militares, sabiendo que es un área muy controlada por el crimen organizado”, dice uno de los entrevistados.

Ciudadanos, militares y empresarios denuncian que el corredor Reynosa-Matamoros está bajo el poder del CDG, que controla la venta de gasolina a gran escala e incluso su distribución al menudeo.

La forma de saqueo a Pemex es cada vez más sofisticada. Un vocero de la oficina regional de la paraestatal informa que este mes fueron localizadas “tres tomas clandestinas herméticas”. Explica que éstas son las más difíciles de detectar, pues no derraman el combustible, evitan que baje la presión en los ductos y las válvulas de control no perciben la ordeña. Además están escondidas: Extraen la gasolina con mangueras que van enterradas y desembocan en depósitos clandestinos ubicados a varios metros de las tomas.

Otro negocio del CDG en Reynosa es el tráfico de personas. También controlan “muchos bares” y venden y distribuyen alcohol y cigarros que introducen de contrabando; asimismo cobran “impuestos” a transportistas y taxistas.

En la ciudad fronteriza de Matamoros hay un mercado sobre ruedas del CDG que se instala todos los jueves en una colonia popular para vender lo robado a los camiones de transporte. Ofrecen incluso artículos básicos, como azúcar y huevo.

Tampico, con más de 300 mil habitantes, es controlado por el CDG. Las constantes incursiones de Los Zetas desde el norte de Veracruz han colocado a la ciudad –según cifras oficiales– en el tercer lugar en secuestros a escala nacional.

El CDG controla aquí decenas de bares, centros nocturnos y discotecas; también maneja la venta de pollo y la compraventa de metales; cobra piso a líneas de transporte de personal y a microbuses, y acaba de empezar su propia cadena de tortillerías.

La capital estatal, con poco más de 300 mil habitantes, es de Los Zetas, quienes han hecho del secuestro su principal negocio, aunque también han abierto bares y restaurantes, controlan los depósitos de cerveza y su distribución, incluso en el estadio del equipo de futbol Correcaminos.

Aquí nadie se salva de ser levantado. Hace poco un capitán del Ejército que viajaba en un auto con placas de Puebla fue privado de su libertad por hombres armados. Al mismo tiempo otros cuatro hombres que venían de Michoacán fueron plagiados. Los cadáveres de los cinco aparecieron luego en la vieja carretera a Mante.

Después del asesinato del capitán aparecieron dos jóvenes ejecutados a la entrada del cuartel del regimiento local con un narcomensaje firmado por Los Zetas, quienes reivindicaron los crímenes, aunque acotaron que ellos “no se meten” con el Ejército. Los cuatro michoacanos eran empresarios que fueron a Ciudad Victoria a comprar vehículos. Sus secuestradores pidieron y obtuvieron un rescate por ellos, pese a lo cual los asesinaron.

Todo esto ocurre ante la inmovilidad o presunta complicidad de las autoridades. El gobernador Egidio Torre Cantú es conocido porque, mientras el estado se sumerge en la inseguridad y la violencia, “él dedica gran parte de su tiempo a jugar golf”, acusan los ciudadanos que hablaron con este semanario.

Las víctimas

Hugo Juárez Martínez, de 30 años, y dos amigos suyos viajaron a la frontera de Tamaulipas el 6 de noviembre de 2012 para comprar vehículos. A bordo de tres camionetas emprendieron luego el regreso a su lugar de origen, San Salvador el Seco, Puebla. Nunca llegaron.

La mañana del 24 de julio de 2011 Coral Pérez, una modelo de 24 años originaria de Reynosa, salió de paseo en su camioneta junto con cinco amigas. Ninguna regresó.

El 24 de diciembre de ese año 15 centroamericanos se preparaban para disfrutar una cena navideña en la Casa del Migrante San Juan Diego y Francisco de Asís, de Matamoros. Alrededor de las 16:00 horas llegó un grupo armado y se los llevó.

El sacerdote Francisco Gallardo, responsable del refugio, interpuso la denuncia por privación ilegal de la libertad de los migrantes ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR). Hasta la fecha no se ha sabido nada de ellos.

La mayor tragedia de Tamaulipas son los plagios de cientos de personas –lo peor es que no se informa de ellos– y la actitud de las autoridades, que también se niegan a informar al respecto.

Tamaulipas tiene el número más alto de personas desaparecidas en México, de acuerdo con estadísticas de la PGR. Son cerca de 400 casos de los mil 302 reportados ante esa dependencia en 2012.

Para Gallardo los migrantes son las víctimas más desprotegidas, y “nosotros (la iglesia) somos su voz”, dice. Comenta que los que llegan al refugio cuentan historias de los levantones que sufren. “No me atrevería a mencionar un número de los casos que ocurren por mes. Pero eso está sucediendo constantemente en Tamaulipas”, concluye.

La gran cantidad de desaparecidos en el noreste del país puso en jaque a Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, pero sólo las autoridades de los dos primeros estados respondieron a las presiones de las familias que se organizaron para exigir justicia.

“Coahuila y Nuevo León trabajan en un proyecto para recolectar un banco de ADN de las familias con personas extraviadas”, informa a Proceso Juan José Yáñez Arreola, subprocurador de Coahuila para la Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas.

Para conocer la versión de las autoridades de Tamaulipas sobre el particular, este semanario solicitó al Departamento de Comunicación el número de personas reportadas como desaparecidas, así como lo que se hace para encontrarlas. También se solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos información en torno a las denuncias de esos casos en el último año. En ninguna de las dos instancias hubo respuesta.

Las autoridades no sólo se niegan a dar información, sino que intentan ocultar los hechos relacionados con la violencia, como ocurrió cuando un comando llegó a una clínica regional para levantar y asesinar a la doctora Érika Sánchez Marroquín, quien atendió a un herido de un cártel rival.

Algunos medios intentaron confirmar esa información en la procuraduría estatal. La respuesta oficial fue que “desconocían el hecho”, pese a que el cadáver de la doctora fue recogido por personal de esa dependencia.

(Este reportaje se publica en Proceso 1894, ya en circulación)