El caso peruano, ejemplo feroz y develamiento de la subordinación canina de la administración de Ollanta Humala al imperialismo norteamericano en materia de persecución política. Otra costilla de la crisis y verdadero rostro del llamado «gobierno progresista» de Argentina y el carácter del tipo de hegemonía del capitalismo en curso en el planeta.

La palabra asilo, de origen griego, está compuesta de la partícula privativa «a» y el verbo «sylao», capturar, violentar, devastar. Textualmente significa «sin captura, sin violencia, sin devastación»

Waldo Villalpando

Eduardo «Negro» Soares es el abogado paradigmático en la defensa de los Derechos Humanos nacionales e internacionales en Argentina (http://www.rebelion.org/ noticia.php?id=153736) y coordinador de la Gremial de Abogados. Responsable de la defensa contra la extradición sin pruebas demandada por el gobierno de Ollanta Humala del periodista peruano Oswaldo Quispe -actualmente con arresto domiciliario en Buenos Aires luego de permanecer en la cárcel durante largos meses (http://www.rebelion.org/ noticia.php?id=183273)– realiza un análisis a fondo sobre el peligroso giro político de la Argentina en materia de refugio político.

«La Gremial de Abogados que conduzco ha participado en los diversos casos de extradición de los hermanos peruanos», arranca «El Negro» Soares, «Allá, todo tipo de luchador popular es objetivo potencial de ser sometido a un juicio de extradición. Si el Estado peruano logra ganar alguno de esos juicios, a los extraditados les esperan años de presidio. La justicia peruana está absolutamente subordinada al poder político, a diferencia de la Argentina donde el Ministerio Público es independiente del Ejecutivo política y administrativamente. En Perú, la justicia depende del Ministerio del Interior hasta administrativamente.»

-¿Cómo opera?

«Si existe algún peruano en cualquier lugar del mundo solicitando asilo político es detectado por el Estado del Perú y pide su extradición, con éxito o sin éxito según diversas variables. Hasta el momento, la Gremial de Abogados ha triunfado frente a las extradiciones. Esto, naturalmente, también tiene que ver con la propia Argentina, su gobierno y su justicia. Sin embargo, lo anterior ha cambiado sustantivamente desde hace poco más de la última década.»

-¿En qué sentido?

«Pondré un ejemplo. Hoy estamos defendiendo al abogado peruano Juan Manuel Carranza Laurel. Él se vino a la Argentina en 1998, pidió refugio durante el gobierno de Carlos Menem y se lo otorgaron. Es decir, Juan Manuel Carranza obtuvo el refugio en el marco de una administración del Estado argentino que nosotros estábamos enfrentando duramente debido a que era el vehículo de las violentas políticas privatistas y ultraliberales que hasta ahora golpean a la mayoría de la sociedad del país. Incluso durante lo poco que gobernó De la Rúa, el Estado mantuvo la línea histórica argentina de promoción del refugio solidario, asilo y contra la persecución de toda persona de cualquier sitio del planeta a lo largo de alrededor de 150 años. Pues bien, el abogado Carranza partió a España donde el Estado peruano solicitó su extradición, tal cual lo había hecho acá. En España perdió el juicio de extradición y Carranza retornó a la Argentina donde ya no estaba el menemismo, sino que el «progresismo». Entonces, «los compañeros», le negaron el refugio y lo sometieron a un juicio de extradición. Este caso sintetiza la nueva política de no refugio que barre un siglo y medio de solidaridad internacional.»

-¿Cuál es la fórmula ahora?

«Hoy, todo aquel que es acusado de «terrorista» en un país con que Argentina sostiene relaciones económicas y políticas es entregado al Estado requirente. Juan Manuel Carranza en Argentina se presentó a la Comisión Nacional para Refugiados (CONARE) para recordarle que él contaba con refugio acá con el fin de que se lo convalidaran. Pero no sólo lo metieron preso, sino que además no le reconocieron el refugio que le dieron en el gobierno de Carlos Menem. La misma cosa ocurrió con los 6 prisioneros políticos paraguayos (http://vientoencontra2009. blogspot.com.ar/2013/05/ visita-los-seis-presos- politicos.html).»

-¿Y en la situación del comunicador social peruano Oswaldo Quispe?

«En su caso, salió el Secretario General de Seguridad la Nación, Sergio Berni, a decir públicamente que Oswaldo «es un terrorista y nosotros lo vamos a entregar». En general, con todos los refugiados peruanos, hemos conocido el los expedientes donde se señala explícitamente que el gobierno argentino le comunicó al peruano que tal persona estaba solicitando refugio.»

-Ante el fin de una tradición solidaria de Argentina, ¿qué hacer?

«Cualquier persona perseguida que llega a la Argentina y nos viene a consultar qué puede hacer, yo hace 20 años le recomendaba que fuera a la CONARE donde se le otorgaba inmunidad, refugio y ya. Ahora si la misma persona parte al CONARE, esa institución se comunica con el Ministerio del Interior y al día siguiente está presa. Hasta ahora, nuestra Gremial de Abogados le ha ganado a Baltazar Garzón, y legalmente podría ser mucho más sencillo hacerlo frente a la justicia peruana, mucho más torpe, bruta y sin fundamentos. ¿Qué quiero decir? Jamás podemos dividir la lucha judicial de la solidaridad activa y de la política. Es imposible.»

-¿Hay alguna diferencia entre el actual Ejecutivo y los intereses que están detrás del Grupo Clarín en este plano?

«Ninguna. Y no se trata de que Menem «fue bueno» y daba refugio y ahora el gobierno «es malo» y no lo da. El tema central es que en tiempos de Menem estaba tan cerrada la puerta respecto de la política de asilo histórico en Argentina, que era imposible que ocurriera otra cosa. Lo gravísimo es que en el presente ya se abrió una puerta que significa una ruptura política que sólo fortalecerá la extradición y el aniquilamiento de la solidaridad internacional del Estado argentino.»

CUANDO TODO DISENSO ES TIPIFICADO DE «TERRORISMO»

El peruano Diego Rayme es Presidente de la Asociación Internacional de Refugiados Solidaridad con sede en Argentina e indica que «Hoy en el mundo se está desplegando un proceso de criminalización de la lucha popular a partir de los hechos del 11 de septiembre de 2001 (Torres Gemelas, EE.UU.), impulsado por el imperialismo norteamericano y en connivencia con gobiernos del planeta. O sea, toda lucha del pueblo en la actualidad es calificada y tratada como «terrorista». De tal modo, que cualquier movimiento popular que exige sus derechos cae en esa denominación.»

-¿Qué ocurre en Perú?

«En Perú, la situación es bastante compleja. Todavía el presidente Ollanta Humala por varios sectores de la población peruana es caracterizado, paradójicamente, como una cabeza administrativa «nacional, popular, progresista y democrática». Humala ha traicionado una a una las promesas que lo llevaron a capitanear el Ejecutivo. Aunque ahora suene fácil decirlo, nosotros/as lo denunciamos en la Argentina incluso antes de que asumiera el 28 de julio de 2011. Perú en estos momentos está en crisis producto de la embestida minero-extractivista (el principal es el proyecto Conga, http://www.rebelion.org/ noticia.php?id=183705). Nosotros no somos anti-mineros por principio. Estamos en contra de los efectos del saqueo de los recursos naturales, la consiguiente destrucción de comunidades indígenas y campesinas, de sus derechos y del agua que precisan para vivir.»

-¿Y la respuesta del pueblo consciente?

«El pueblo peruano está llevando adelante 215 luchas en los distintos departamentos del país. El 70% está asociado al extractivismo minero. El control del saqueo minero está en poder de corporaciones norteamericanas, canadienses y en un 32%, chinas. Por eso nosotros consideramos que enfrentamos una nueva oleada de acumulación y explotación originaria (https://www.marxists.org/ espanol/m-e/1860s/eccx86s.htm) . Ello se observa cuando todos los proyectos mineros son aprobados inmediatamente en Perú, y muchos de ellos se ejecutan a sangre y fuego. Y como existen fuertes resistencias populares, el Estado echa mano a la represión. Al día de hoy, el gobierno de Humala suma 40 muertos por esta causa, todos caídos por balas policiales. Asimismo, los trabajadores de la salud y la educación expresan permanentemente su descontento en las calles. Vastos sectores de la sociedad permanecen en pie de lucha a pesar de la violencia estatal y de ser tipificados y recibir el trato de «terrorista» ante cualquier disenso.»

-¿Cuál es la cobertura legal que emplea la administración-Humala?

«En enero de 2014 fue aprobado un proyecto de ley que le ofrece discrecionalmente al Estado todas las facultades para asesinar en este tipo de conflictos, con la subsecuente impunidad para los uniformados. Si embargo, la persecución política es abierta desde hace tres años. Por ejemplo, los profesores ex prisioneros políticos de la década de los 80 y comienzo de los 90 que no firmaron su «arrepentimiento», y luego de 15 a 20 años de cautiverio en condiciones inhumanas continúan siendo hostigados y privados de su derecho al trabajo. Por protestar obstruyendo las calles, la ley castiga con 5 años de cárcel. En resumen, usan tanto la ley antiterrorista, como la vigente constitución impuesta por el ex presidente Alberto Fujimori, un sujeto que está preso por crímenes de lesa humanidad.»

-¿Y económicamente?

«Existe un crecimiento sostenido para las grandes empresas que ni siquiera gotea hacia la inmensa mayoría de la comunidad. Y el panorama sindical es un desastre debido a las políticas ultraliberales en carrera desde hace, por lo menos, dos décadas. No hay trabajo seguro, no hay seguridad social, abunda la sobreexplotación.»

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.