Desde hace unos meses se viene hablando en la Comunidad Autónoma de Madrid(CAM) de una nueva ley de universidades. Este proyecto de ley, impulsado por Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad y jefa del PP en Madrid, continúa el ya largo camino de reformas educativas en clave mercantilizadora. Esta vez los cambios están más orientados a profundizar en el cambio de modelo de universidad que en la modificación de planes de estudio o el aumento de tasas académicas, por eso quizás no esté teniendo tanta notoriedad mediática, pero esto no quita que sea una reforma de gran importancia por sus consecuencias y significado.



La idea principal es continuar adaptando la universidad a las necesidades e intereses del mercado, atacando de forma directa la ya escasa democracia interna universitaria. Frente a ella una de las principales problemáticas para la modificación orgánica de la universidad es la llamada “Autonomía Universitaria”, que originalmente implicaba una cierta independencia de la universidad respecto de los gobiernos de turno. Por ello gran parte del contenido de la nueva ley se centra en socavar esta independencia.

Podemos dividir la reforma en cuatro partes:

1.Financiación

Se pretende que la financiación venga por tres vías: la directa (de los presupuestos oficiales), a través de contratos programa y mediante convocatorias competitivas. Esto sumado a los constantes recortes presupuestarios significa que cada vez más las universidades se ven forzadas a buscar financiación en el mercado, con todo lo que ello implica: ceder autonomía, asumir intereses ajenos o competir con otras universidades por trozos de pastel.

2. Profesorado

Plantean crear dos categorías diferenciadas: profesores/as docentes y profesores/as investigadores/as. En principio esto podría parecer una idea sensata, todos/as conocemos excelentes investigadores/as pero que a nivel de docencia son pésimos, y al revés. El problema está en que esta diferenciación no está basada en criterios académicos si no, de nuevo, económicos, ya que se valora más al investigador/a por su capacidad de atraer financiación externa. Y a mayor captación de dinero, mayores ventajas laborales, lo que se traduce en que aquellos/as dedicados/as con mayor énfasis en la docencia verán mermadas sus posibilidades de obtener mejores garantías laborales. Además se pretende incorporar una tercera categoría más: la del profesor/a agregado/a, que no será funcionario/a pero tendrá competencias equivalentes a las de titulares y catedráticos/as. Esto significa una vía paralela de acceso a la docencia sin el paso por los trámites habituales como las oposiciones, lo que aumenta las posibilidades del “enchufismo”. Mas aun cuando el acceso por esta vía estará determinado por la propia CAM. No encontramos ninguna referencia a la actual situación de precariedad de tantos/as docentes así como de todos/as aquellos/as que abandonaron la universidad ante el inicio de los grandes recortes.

3. Sistema de gobierno

La principal idea es el refuerzo del órgano más antidemocrático de la universidad, el Consejo Social. Este Consejo en principio sirve como representación de la sociedad civil en el gobierno de la universidad, pero al final no es más que la representación directa de los intereses empresariales en la universidad. Su función es facilitar la financiación externa y supervisar la actividad económica de la universidad. Es decir, teniendo en cuenta que gran parte de sus miembros son nombrados a dedo por la CAM, se trata de un órgano de control político-financiero por parte de las élites. Si a esto le sumamos las recomendaciones del “grupo de expertos del Ministerio” que proponían que el/la Rector/a no fuera elegido por votación y que éste nombrara a los/as Decanos/as, tenemos cada vez más una universidad gestionada de forma empresarial en vez de avanzar hacia formas de mayor autogobierno.

4. Transparencia

A pesar de que la llamada transparencia es algo así como el estandarte moderno de toda política, en esta reforma se introducen ideas que caminan en el sentido opuesto. Se propone la creación de un Consejo Académico formado por académicos/as de otras universidades que realicen análisis y recomendaciones, pero para que estos sean más “sinceros” debieran ser solo accesibles para el Consejo Social y el equipo de gobierno. Es decir, un grupo de expertos nombrados por la CAM hacen recomendaciones ocultas a la comunidad educativa. Sospechamos que si alguna recomendación no debe ser pública es porque seguramente atente contra los intereses de trabajadores/as y estudiantes.

Todas estas ideas fuerza plasmadas en un nuevo proyecto de ley no hacen más que avanzar la senda abierta por todas las reformas previas hacia un modelo de universidad-empresa donde la gestión de los asuntos comunes quede en manos de tecnócratas bajo el mando del gobierno autonómico de turno y con las fuentes de financiación dependientes de los intereses del mercado. Estas reformas se encuentran con la mayoritaria oposición de la comunidad educativa, por lo que es el momento de convertir esa oposición en una auténtica lucha colectiva que impida la continuidad de este proyecto de ley.