A 25 años de la victoria del NO contra la dictadura de Pinochet cabe recordar el papel que jugó Estados Unidos respecto al plebiscito del 5 de octubre de 1988.

Sabemos que Estados Unidos estuvo metido en la política interna de Chile, especialmente a partir de los años 60, cuando intentó impedir que Salvador Allende llegara al poder. Después, Washington intervino para hacer fracasar la Presidencia de Allende. En 1973, los Estados Unidos apoyaron el Golpe militar, y luego la instalación de la dictadura en Chile.

Se ha escrito extensamente sobre la intervención estadounidense bajo la administración de Richard Nixon y su consejero Henry Kissinger. Esta injerencia ha sido ampliamente comprobada tras la desclasificación de decenas de miles de documentos. Peter Kornbluh fue el instigador de la campaña para desclasificar la documentación oficial. Su libro Pinochet: los archivos secretos entrega mayores luces sobre la historia secreta del apoyo del gobierno de los Estados Unidos a la dictadura de Pinochet.

Nos preguntamos si también ocurrió algo similar respecto al fin de la dictadura. ¿Intervino Estados Unidos, bajo la administración de Ronald Reagan, para poner fin a la dictadura e incentivar un retorno a la democracia en Chile? Se ha escrito poco sobre la materia, por lo que hemos recurrido a los documentos desclasificados para encontrar respuestas.

Se trata del mismo Reagan que en 1981 consideraba a Pinochet como un aliado contra el comunismo, con el cual había que tener relaciones cálidas. Hubo una evolución progresiva de la política de la administración Reagan, que en sus comienzos consistió en la utilización de la “diplomacia silenciosa” para incentivar a la dictadura chilena y a la oposición a dialogar. Esa política inicial se inscribía en el contexto de la Guerra Fría y estaba dominada por el temor que la dictadura de Pinochet desembocase en una revolución marxista. Heraldo Muñoz y Carlos Portales han escrito extensamente sobre el tema, cabe destacar su libro Una amistad esquiva: las relaciones de Estados Unidos y Chile.

Los informantes de los servicios de espionaje estadounidenses en los altos rangos del Ejército chileno dieron detalles adicionales sobre el tema. El gobierno de Reagan pudo así actuar de manera rápida y decisiva para enfrentar esas amenazas. Entre bastidores, el director de operaciones de la CIA recibió la instrucción de disuadir a los agentes de la CNI que emprendieran acciones violentas. A su vez, los oficiales del Comando Sur incitaron a sus contactos en el ejército chileno a permitir un desarrollo armónico del plebiscito y respetar el resultado (“Conversation with General Sinclair”, 1988-10-05).

Sin embargo, la política de acercamiento llevada a cabo durante los dos primeros años de la administración Reagan fue revisada posteriormente. Luego fue ajustada a partir de la reelección del presidente estadounidense en 1985. Finalmente se llegó a una táctica de presión sobre Pinochet, a objeto de apoyar los derechos humanos y de promover el retorno a la democracia en Chile.

Este cambio de enfoque se debió, en gran medida, al Secretario de Estado, George Shultz y al Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, Elliott Abrams. Por su parte, el embajador Harry Barnes fue un defensor de los derechos humanos elocuente y visible desde su llegada a Chile. De hecho, cuando presentó sus cartas credenciales, le dijo a Pinochet:

“Me alegra saber que tendré la oportunidad de observar directamente el proceso de establecimiento de instituciones democráticas estables y permanentes en Chile, un proceso que el pueblo de mi país saluda y apoya cálidamente” (“Goals and Objectives”, For Ambassador Harry Barnes from the Secretary, Secret, 04 Dec 85).

No obstante, cabe mencionar la lentitud de la evolución hacia el apoyo a los derechos humanos y, particularmente, a la transición a la democracia en Chile. De hecho, ese apoyo era al comienzo más bien retórico, y sólo es a partir de 1987 que Estados Unidos ejerció una verdadera presión sobre la dictadura de Pinochet con el fin de que Chile volviese a la democracia en 1990.

Esa presión fue cada vez más fuerte a medida que el plebiscito se acercaba. Washington apoyó la condena de Chile en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, se abstuvo respecto a los créditos en las instituciones internacionales y emitió sanciones comerciales contra Santiago.

La administración Reagan tradujo su retórica en acción: aprobó el financiamiento por el Congreso de la National Endowment for Democracy de un millón de dólares para que, junto al National Democratic Institute for International Affairs, apoyase financieramente a la oposición chilena y enviase observadores para vigilar el plebiscito.

Las iniciativas más importantes desarrolladas por Washington durante los días previos al plebiscito fueron, sin duda, las operaciones diplomáticas y secretas. Éstas apuntaban a sacar a la luz los planes de Pinochet de anular el plebiscito o de manipular el resultado (“Situation Report”, From: CIA, 1988-10-05, Secret). De esa manera, Washington exhortó al general a que no intentara impedir la elección o interviniera en el recuento de votos.

“Sabemos, por informes serios de los servicios de inteligencia, que algunos miembros de la clase militar chilena pueden, sirviéndose del pretexto de la violencia, intentar anular el plebiscito que se desarrollará el miércoles, en el caso que pareciera que Pinochet estuviera perdiendo” (“Chile–Trying to Deter Possible Government Action to Suspend or Nullify Plebiscite”, From: State, 1988-10-01, Secret).

Para dar resonancia a su advertencia, Washington envió a sus propios observadores para vigilar el proceso electoral (“Chilean Plebiscite: SITREP Ten”, From: Santiago, 1988-10-03, Secret). Las investigaciones de la CIA y de la DIA (Defense Intelligence Agency) entregaron lo que el embajador Barnes describió como “indicios claros de la determinación de Pinochet a emplear la violencia necesaria para mantenerse en el poder” (“Pinochet Determination to Use Violence on Whatever Scale is Necessary”, From: Barnes, 1988-10-01, Secret).

La tarde del 3 de octubre, el presidente Reagan fue informado de las intenciones de Pinochet, así como de las acciones de Estados Unidos dirigidas a pararlo (“Presidential Evening Reading”, 1988-10-03). El Secretario de Estado interino, John Whitehead, convocó al embajador chileno para manifestarle su preocupación respecto a los rumores sobre la intención de perturbar y de anular el plebiscito. Whitehead le señaló a Hernán Felipe Errázuriz el fuerte deseo del gobierno de los Estados Unidos que “el plebiscito se desarrolle como previsto” (“Acting Secretary’s Meeting with Ambassador Errázuriz –10/2/88”, From: State, 1988-10-04, Secret). Asimismo, la Embajada de los Estados Unidos había recibido informaciones verosímiles sobre un plan que apuntaba a perturbar el proceso electoral y buscó, mediante una declaración pública, disuadir a la dictadura de ejecutar ese plan (“Chile Government Contingency Plans” [To Disrupt Plebiscite], From: Defense Intelligence Agency, 1988-10-04, Top Secret).

Por su parte, los informantes de los servicios de espionaje estadounidenses en los altos rangos del ejército chileno dieron detalles adicionales sobre el tema. El gobierno de Reagan pudo así actuar de manera rápida y decisiva para enfrentar esas amenazas. Entre bastidores, el director de operaciones de la CIA recibió la instrucción de disuadir a los agentes de la CNI que emprendieran acciones violentas. A su vez, los oficiales del Comando Sur incitaron a sus contactos en el ejército chileno a permitir un desarrollo armónico del plebiscito y respetar el resultado (“Conversation with General Sinclair”, 1988-10-05).

El 5 de octubre de 1988, 55 % de la población rechazó renovar el mandato de Pinochet. El general debió aceptar los resultados. En realidad, no tenía ninguna opción: algunos elementos al interior de las Fuerzas Armadas habían indicado que respetarían el voto popular, incluso si Pinochet no lo hacía. De hecho, el general Fernando Matthei anunció públicamente los resultados de la elección. Sin el apoyo de la junta para anular el voto a favor del NO, Pinochet estuvo obligado a aceptar el veredicto del plebiscito.