Todos los partidos políticos con representación en la Mancomunidad de Aguas de la Costa de Huelva (PSOE, PP, IU y Partido Andalucista) se han reivindicado como «instituciones sin fines de lucro» para recibir dinero público de la institución que gestiona el recibo del agua en los municipios de la provincia, a través de un canon que pagan los vecinos y que la Justicia investiga ahora por presunta financiación ilegal.

Concretamente, el dinero que se ha utilizado para repartir entre los partidos más de 600.000 euros al año procede de una partida que lleva por nombre Familias e instituciones sin fines de lucro, dentro de los presupuestos de la Mancomunidad de Aguas de la Costa de Huelva. Y cuyo fin debía ser originalmente financiar el coste del suministro a aquellos usuarios que acrediten problemas económicos (en el caso de las familias) u otro tipo de circunstancias extraordinarias que justifiquen el impago del recibo del agua (en el caso, supuestamente, de las organizaciones sin ánimo de lucro).

Pero la Mancomunidad ha utilizado esos fondos para repartir asignaciones entre los partidos políticos, que, en total, han recibido, sólo en el año 2012, un total de 656.000 euros. Se da la circunstancia, además, de que los vecinos han de pagar un sobrecargo incluido en su factura para financiar esas asignaciones presuntamente irregulares.

El fiscal investiga si las formaciones están incurriendo en delitos de financiación ilegal

La justificación del reparto con dinero público de estas asignaciones entre los partidos políticos recuerda a la utilizada en un informe del Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, a raíz de la investigación judicial llevada a cabo por el juez Pablo Ruz sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular en el caso Gürtel. En ese informe, se comparaba a la organización política con Cáritas para explicar por qué no estaba obligada a tributar por las donaciones recibidas.

La Fiscalía de Huelva abrió diligencias para investigar si el reparto de esas cantidades incurre en un delito de financiación ilegal, a raíz de la denuncia de un usuario particular, como ya informó en su momento EL MUNDO.

Posteriormente, reclamó a la empresa pública Giahsa, responsable de la explotación del servicio del agua por delegación de la mancomunidad, el detalle de sus presupuestos y la justificación de esas asignaciones a los grupos políticos con representación en el organismo público.

En respuesta a esa demanda, la Mancomunidad de Aguas de la Costa de Huelva le ha remitido un informe al fiscal en el que reconoce la asignación de esos pagos a la partida de Familias e instituciones sin fines de lucro, que justifica afirmando que se trata de una «designación genérica de la cuenta 480 del Cuadro de Cuentas del Plan General de Contabilidad Pública».

Además, en ese mismo escrito se especifica que «el único órgano con responsabilidad sobre el uso y destino de estas cantidades es el pleno de la Mancomunidad y sus integrantes son todos los ayuntamientos miembros», descargando así cualquier tipo de culpa (incluida la penal si la hubiere) sobre el conjunto de los municipios.

Según ha podido saber EL MUNDO, el reparto de esos más de 600.000 euros anuales -que se produce desde el año 2010- se realiza en función del número de alcaldes que cada partido tiene en la Mancomunidad, a razón de 1.000 euros mensuales por alcaldía.

Además, con los ingresos de la explotación del suministro del agua y la recogida de residuos se financia también la estructura política de la institución, que cuenta con un presidente y tres vicepresidentes, del PSOE, PP e IU.

El acuerdo que permite la financiación de los partidos con cargo al recibo del agua se firmó en 2011 por parte de Pedro Jiménez (IU), Mario Jiménez (PSOE) -portavoz del Partido Socialista en el Parlamento andaluz-, Miguel Novoa (ex director de Giahsa), Manuel Andrés González (PP) y Francisco Ramos (PA). Aquel acuerdo fue definido por los firmantes como un «pacto por la estabilidad de Giahsa».