Toda la evidencia existente apunta que el establishment político-mediático del país (plenamente absorbido en el tema nacional e interterritorial) parece no ser plenamente consciente de dos de los mayores problemas que existen en España y que han sido ambos consecuencia, en parte, de las políticas públicas aplicadas por los sucesivos partidos políticos que han gobernado el Estado español durante el período democrático, y muy en particular durante el período conocido como la Gran Recesión. Uno es la gran crisis social que han sufrido, y continúan sufriendo, las clases populares, hecho que contradice el mensaje promovido por tal establishment de que haya existido una recuperación del bienestar de la población, habiendo salido ya de la crisis. Y el otro gran problema es el cambio climático, que está teniendo un enorme impacto negativo en las condiciones medioambientales de toda la población y que está teniendo incluso peores consecuencias para las clases populares; este cambio climático ha sido también propiciado, en parte, por las políticas públicas del Estado español, el cual se ha caracterizado por su enorme insensibilidad (cuando no indiferencia) hacia la gravedad de tal crisis climática. Veamos la evidencia de cada crisis y su causa común.

La responsabilidad del Estado en la creación y reproducción de la crisis social

Existe evidencia más que contundente de que tal crisis social continúa presente, crisis que es probable que, en caso de continuarse aplicando las políticas públicas que la causaron, podría alcanzar niveles insoportables para la mayoría de la población. Veamos algunos datos que cuestionan la versión oficial del Estado y medios afines al pensamiento neoliberal dominante que afirma que "la crisis social es cosa del pasado, habiéndose ya recuperado la economía". Para desmentir esta percepción basta ver que la tasa de riesgo de pobreza ha pasado del 19,8% en 2008, inicio de la Gran Recesión, a un 21,5% en 2018 (en Catalunya ha pasado de un 19,9 a un 21,3 durante el mismo período). Y que la tasa de desempleo ha pasado de un 9,6% en el primer trimestre de 2008 al 14% en el primer trimestre de 2019 (en Catalunya ha pasado de un 7,5% a un 11,2%). Otros indicadores tales como la precariedad, el trabajo temporal y parcial no deseado, y otros, muestran un deterioro semejante. Estas y otras realidades similares han causado un gran crecimiento de las desigualdades en ingresos, siendo España el país de la UE en el que estas han crecido más intensamente (después de Bulgaria), tal como señala el informe de Oxfam Intermon "Desigualdad 1 – Igualdad de oportunidades 0". La distancia entre el decil de hogares con mayores ingresos y el de menos ingresos ha pasado de ser 9,7 veces en 2008 a 12,8 veces en 2017. En realidad, el crecimiento económico ha beneficiado mucho más a las rentas superiores que a la mayoría de la población. Del aumento de la renta creado por el crecimiento, el 1% de renta superior de la población se ha quedado con un 12%, mientras que el 50% de la población se ha quedado solo con un 9%.

Existen un enorme dolor y sufrimiento como consecuencia de estos hechos que reflejan un gran deterioro de la calidad de vida de las clases populares. En realidad, la noticia más impactante en España es que, de seguir la aplicación de las políticas neoliberales que se han ido imponiendo, es más que probable que la mayoría de la juventud no pueda vivir mejor que sus padres en un futuro próximo.

Las causas de la crisis social

El enorme crecimiento de las desigualdades, con una gran concentración de poder económico y financiero, así como de poder político y poder mediático, ha originado la aplicación e imposición de políticas públicas que han reducido significativamente los derechos políticos, diluyendo el carácter representativo de las instituciones políticas, lo que ha causado a su vez un retroceso de los derechos sociales, laborales y medioambientales de la población. Hay que insistir en que las causas más importantes de la crisis social han sido políticas. Repito esta afirmación porque hay un intento de despolitizar las causas de tal crisis, atribuyéndola a un determinismo tecnológico que oculta la realidad política.

Las causas más importantes de este deterioro son las políticas públicas neoliberales (tales como las reformas laborales, las políticas de austeridad y las políticas fiscales regresivas, entre otras) que han sido aplicadas (con el estímulo de las autoridades de la Unión Europea) por los gobiernos españoles, primero por el PSOE liderado por el Sr. Zapatero y luego por el PP liderado por el Sr. Rajoy, con el apoyo este último de Ciudadanos. Estas medidas han reducido considerablemente las conquistas adquiridas por las clases populares en períodos anteriores a la Gran Recesión. En realidad, el objetivo principal de tales políticas neoliberales era precisamente la reducción del poder del mundo del trabajo en beneficio del mundo del capital y de las rentas superiores. Y lo consiguieron. Desde el punto de vista económico, es hoy ampliamente reconocido en amplios sectores académicos fuera de España que tales medidas han tenido un impacto muy negativo, no solo en el bienestar de las clases populares, sino también en la eficiencia económica del país.

La crisis climática y sus causas

Esta crisis climática también tiene causas políticas, pues la evidencia de que el cambio climático se debe a la intervención humana es clara y contundente. El cambio climático ha sido resultado de decisiones humanas realizadas, en gran parte, por instituciones políticas. Sin la participación de los Estados, esta crisis no se hubiera generado, una crisis que es enorme y tiene que ver con la propia supervivencia de la humanidad. Solo tres datos de documentos científicos publicados recientemente resumen la gravedad del momento histórico que vivimos: uno es que las temperaturas actuales se están acercando ya a las temperaturas de hace 120.000 años, cuando el nivel del mar era entre 6 y 9 metros más alto que ahora. Otro es que los glaciares están desapareciendo y desplazándose hacia el mar cinco veces más rápido que en la década de 1990. Un tercero es que el ritmo actual de desaparición de algunas especies no se había producido en los últimos 65 millones de años, cuando el impacto de un asteroide contra la Tierra provocó el último episodio de extinción masiva que hasta ahora había vivido nuestro planeta.

En realidad, el aumento de las temperaturas en los océanos está teniendo un impacto tremendo en el aumento de catástrofes naturales, como ocurrió recientemente con la gota fría en España. El huracán Dorian, que causó tanto daño en el este de EEUU, aceleró la denominada "corriente en chorro" del Atlántico Norte, lo que, a su vez, creó esa gota fría.

La gran vulnerabilidad medioambiental de España

Estos cambios afectarán (ya lo están haciendo) a la mayoría de la población, y muy en particular a las clases populares. El aumento de las temperaturas y el descenso del nivel de lluvias desde principios del siglo XX (un 15% menos) amenazan las reservas hidrográficas, facilitando la desertización. Según el propio ministerio de Medioambiente, el 74% del suelo español está en riesgo de desertización y se prevé que, del 26% restante, un 20% lo esté de aquí a 50 años.

Un tanto igual ocurre con el aumento del nivel del mar. Si tal aumento llegara a los 3 metros, una parte importante de ciudades españolas como Barcelona, Málaga, Santander o A Coruña se inundarían. Y este aumento puede ocurrir a finales de siglo.

La responsabilidad del Estado

Y en esta crisis climática, las decisiones de los Estados han jugado un papel fundamental. Han sido precisamente las instituciones actuales, fruto de una enorme concentración de poder económico, financiero, político, cultural y mediático, las que han tomado decisiones que han ido generando las crisis que aparecen ahora en unas dimensiones alarmantes. La situación a ambos lados del Atlántico Norte es clara. Las políticas neoliberales que promueven, en teoría, las "leyes del mercado" (controladas por monopolios y oligopolios) han sido determinantes en el crecimiento del modelo energético basado en los combustibles fósiles, no renovables (carbón, gas natural y petróleo). No es por casualidad que desde los años ochenta (con la revolución neoliberal promovida por el presidente Reagan en EEUU y la primera ministra Thatcher en el Reino Unido) el modelo económico neoliberal, basado en la energía no renovable, se haya expandido. Y han sido precisamente las derechas neoliberales las que han negado hasta hace muy poco que hubiera un cambio climático y, cuando por fin, han tenido que aceptar que sí lo hay, han negado que sea causado por decisiones humanas. Y en España este pensamiento neoliberal es dominante. Un ejemplo de ello es el economista ultraliberal Sala i Martín, que tiene una gran visibilidad mediática en los medios públicos de la Generalitat de Catalunya, y que es el gran asesor de Davos, que es el Vaticano de tal pensamiento.

La indiferencia hacia esta enorme crisis del Estado, ensimismado en el tema nacional y territorial, es más que preocupante. El 83% de la energía consumida en España proviene de la quema de combustibles fósiles o es de origen nuclear, y solo un 17% proviene de fuentes renovables, todo ello a pesar de que tenemos un enorme potencial de energía fotovoltaica. España, junto con cinco países de la UE, acumulan la emisión de cerca del 70% de todos los gases de efecto invernadero del continente. Y en lugar de reducirlos, España ha aumentado sus emisiones (un 21,8% desde 1990). De ahí que sea indignante que la última reforma que hizo el Estado del sector eléctrico haya frenado la producción de energías renovables, penalizando el autoconsumo y fomentando la extracción de petróleo y el fracking, que es sumamente contaminante.

La relación entre poder político y poder energético

El maridaje entre las industrias de la energía y la clase política gobernante es una de las características del sistema energético español. Si repasamos la siguiente lista se darán cuenta. Participan o han participado en el consejo de administración de Endesa políticos del PSOE (Elena Salgado), del PP (Luis de Guindos, José María Aznar, Manel Pizarro, Pío Cabanillas Alonso y Rodolfo Martín Villa) y de CDC (David Madí y Miquel Roca). En el caso de Abengoa ha habido también políticos del PSOE (Josep Borrell, Rafael Escudero y José Domínguez) y del PP (Manuel De Vicente-Tutor y Ricardo Martínez Rico). También en la empresa Naturgy –la antigua Gas Natural– han disfrutado de la presencia de políticos del PSOE (Felipe González, Cristina Garmendia, Guzmán Solana Gómez, Víctor Pérez Pita y Narcís Serra) y de UCD (Leopoldo Calvo Sotelo). En Enagas ha habido políticos del PP (José Luis Olivas Martín y Ana Palacio) y del PNV (Joseba Adoni Aurrekoetxea). En Acciona del PSOE (Javier Solana) y del PP (Carlos Espinosa de los Monteros). En Iberdrola del PSOE (Manuel Marín, Manuel Amigo, Braulio Medel, Felipe Romera y Juan Pedro Hernández Moltó), del PP (Ángel Acebes, Fernando Becker, Ramón de Miguel, José Luis Olivas y Santiago Martínez Garrido) y del PNV (Juan María Atutxa). En Enel del PSOE (Pedro Solbes) y, finalmente, en HC Energía, del PP (Ana Palacio).

Es lamentable que los pasos que tímidamente tomó el presidente Zapatero (del PSOE) a favor de la producción de energías renovables fuesen interrumpidos por el ministro neoliberal Miguel Sebastián, que desalentó el apoyo estatal al crecimiento de tales energías, promoviendo en su lugar las tradicionales, lo cual se expandió todavía más con Rajoy.

La urgencia del cambio y de la reversión urgente del neoliberalismo

Las causas comunes de ambas crisis exigen un giro de 180º en las políticas públicas que el Estado español ha estado imponiendo. Hay que ser conscientes de que los factores políticos son determinantes en la creación y reproducción de estas crisis. El hecho de negarlo y/u ocultarlo, el despolitizar lo que es profundamente político, es diluir responsabilidades y dificultar la solución de los problemas que conllevan tales crisis. En este sentido, en el buen programa en La Sexta, El Objetivo, de Ana Pastor, sobre las consecuencias del cambio climático, se hizo una presentación valiosa pero insuficiente y, en algunas partes, errónea, ya que después de señalar la naturaleza de la crisis, deliberadamente y predeciblemente se señaló que no podía ni debía politizarse el problema. Si por "politizarse" quiere decir ser instrumentalizado exclusivamente por un partido, tal observación podría estar justificada. Pero si por "politizar" entendemos denunciar las causas políticas de tales crisis y la propuesta de medidas por parte de las distintas formaciones para arreglarlas, apoyando a algunos espacios y partidos políticos que hacen propuestas necesarias y urgentes, entonces, esta politización es imprescindible. Y entre estas medidas, unas clave son las políticas opuestas a las implementadas por los partidos conservadores, liberales o socioliberales, todos ellos insensibles hacia la gravedad de dichas crisis. Es una obligación cívica y moral votar a partidos que, a pesar de sus errores, han mostrado su voluntad, audacia, coraje y compromiso político para enfrentarse con las fuerzas económicas, financieras, políticas y mediáticas responsables de las enormes crisis. Los cambios a realizar no son menores y requieren transformaciones en las instituciones llamadas democráticas, a fin de democratizarlas, con una reducción de sus limitaciones. A los que están desmotivados por los problemas derivados de la fallida investidura de Pedro Sánchez, hay que señalarles que las crisis son enormes y requieren un cambio mucho más profundo que lo que el partido gobernante, el PSOE, estaba proponiendo. Le ruego al lector que piense en cada uno de los datos que aquí presento y, luego, vote.

Una última observación

Me parece de una enorme frivolidad ver el fracaso de la investidura de Pedro Sánchez como resultado de la falta de química entre él y Pablo Iglesias (la persona, esta última, más odiada por el establishment político-mediático del país). El problema es mucho, mucho mayor de lo que se trivializa como un conflicto de maneras de ser y pensar. No quiere verse que el problema es más profundo y más grave. Y es el conflicto entre dos visiones diferentes de dos espacios políticos que representan intereses distintos. El PSOE perdió su vocación transformadora al adoptar y hacer suyas las medidas neoliberales que han hecho tanto daño social, desoyendo también las señales de alarma que le habían advertido de la crisis climática. Pareció por un momento que ello podría haber cambiado con la nueva dirección de Pedro Sánchez. Está claro que este era el deseo de las bases del partido socialista, que dejaron bien claro que su deseo era un gobierno amplio de izquierdas.

Pero Pedro Sánchez falló. Demostró ser lo contrario de lo decía. Y no quiso seguir adelante pues este seguir hacia adelante hubiera significado un cambio de 180º en sus políticas económicas y climáticas, cambios que sin lugar a dudas lo hubieran enfrentado a las élites financieras y empresariales del país. Y ahí está la raíz del problema. La solución no pueden ser unos cambios aquí y allá, sino un cambio sustancial que la dirección de Pedro Sánchez, asesorado en su estrategia por Iván Redondo (que en su día asesoró al PP), no está dispuesta a hacer. Que UP cometió errores, sí, seguramente, pero menores, resultado de la brevedad del tiempo de negociación, principalmente. Pero la responsabilidad mayor es la de Pedro Sánchez, como bien señalan las encuestas. Aun así, la estructura de poder continuará demonizando a Pablo Iglesias y a UP, utilizando la candidatura de Errejón, entre otras medidas, para intentar parar a UP. No hay duda de que tal candidato debilitará enormemente a las izquierdas, por razones conocidas de la ley electoral. El partido de Errejón tendrá un impacto electoral entre las izquierdas similar al que Vox tuvo entre las derechas. Es una lástima, porque podría haberse convertido en un espacio complementario a UP, En Comú Podem, En Marea y otras fuerzas, pero en este momento, es un competidor para todas las izquierdas. Al votante debería concienciársele de lo difícil que es la tarea de cambiar el país. Y que los fracasos son solo obstáculos en una larga carrera en la que es sobre todo urgente que se cambien las políticas económicas, sociales y medioambientales ya desacreditadas a nivel internacional, pero todavía aplicadas en el país.