El proceso de primarias para elegir nueva dirección de En Marea —la confluencia de izquierdas surgida con gran éxito en Galicia en 2016 para las elecciones autonómicas en las que se convirtió en la segunda fuerza en el Parlamento autónomo— ha vuelto a saltar por los aires. Tras la anulación de las votaciones del pasado 1 de diciembre por el sector oficial —de corte puramente nacionalista y representado por el portavoz parlamentario, Luís Villares— alegando una supuesta incursión clandestina en el censo por parte de los críticos, las elecciones celebradas por fin este lunes han arrojado contra todo pronóstico la victoria de la dirección actual. El imprevisto triunfo de Villares —la mayoría de los grupos respaldaba a su contrincante, el crítico David Bruzos— se ha saldado con una primera demanda judicial y la apertura de una investigación sobre las votaciones a través de una auditoría externa.

El juez en excedencia Luís Villares, el candidato que partía con menos apoyos en estos comicios, ha acabado imponiéndose con un 60% de respaldo frente al proyecto crítico encabezado por el exdiputado de esta formación en el Congreso David Bruzos, procedente de los movimientos sociales. Bruzos acudió a las urnas con el respaldo de los grupos mayoritarios de la confluencia: Podemos, Esquerda Unida, los nacionalistas de Anova y los de los alcaldes de las mareas ciudadanas (gobiernan en A Coruña, Santiago y Ferrol).

A los sectores alineados en torno a Bruzos no les salen las cuentas y alertan de que las votaciones transcurrieron sin interventores que supervisasen el recuento y que el sistema informático tenía “enormes agujeros de seguridad programados para enviar mensajes desde fuera de la página”, lo que permitiría, según ellos, manipular los votos. Así consta en una reclamación oficial presentada por un militante en el comité electoral denunciando que pidió información sobre dos puntos que ponían “en evidente riesgo la protección de datos personales de los inscritos así como las garantías electorales del proceso” sin obtener respuesta alguna. La información que reclamaba era relativa al “incumplimiento de la garantía de verificación, seguridad y trazabilidad del voto” ya que, señala, “no se podía comprobar que no se modificaba” y la empresa contratada para la gestión del proceso “podía monitorizar en tiempo real las votaciones y romper la confidencialidad del voto”.

El miembro del sector crítico en la Comisión de Garantías, Manuel Nogueira, ha registrado una denuncia —se esperan más— en el Juzgado de Instrucción 3 de Ourense en la que señala que la empresa que había sido elegida para auditar las votaciones rechazó participar tras detectar que se había cambiado la plataforma de voto telemático y no disponía de tiempo para conocer el nuevo sistema.

El vencedor, Luís Villares, defiende la limpieza del proceso y pide a los derrotados que “dejen de enredar”. Villares insta al sector crítico a que escuche “el mandato claro de fortalecer un proyecto político grande, no una suma de siglas” expresado por las bases en este proceso. Y frente al temor a una posible ruptura por parte de quienes no reconocen el resultado, invita a los críticos a la reflexión “porque nadie entendería” una escisión, informa Europa Press.

Si no se atisba, por el momento, la posibilidad de una ruptura, los alcaldes de las mareas dan un paso a un lado. Los regidores de Santiago, Martiño Noriega y A Coruña, Xulio Ferreiro, respectivamente, han sido claros al precisar que “acatan” el resultado de las primarias aunque lo contemplan “desde la distancia”, embarcados en sus proyectos municipalistas.