Medellín, en Colombia, y Santiago, la capital chilena, fueron apuntadas como las mejores ciudades latinoamericanas para vivir, según un estudio global divulgado este martes por la multinacional del sector tecnológico Indra, empresa con amplia actuación en la región.

El estudio, realizado a nivel global en 234 ciudades de 32 países con más de 2.000 personas, indagó a los entrevistados sobre su percepción en materia de servicios ofrecidos y calificados con parámetros de desarrollo sostenible y del uso de la tecnología en la administración pública.

Entre las latinoamericanas, Medellín, la segunda ciudad colombiana, obtuvo una puntuación igual o superior al del resto de ciudades de la región en todos sus servicios, con el nivel de desarrollo sostenible como el más alto (7,8 puntos) y el de seguridad en la escala inferior de las que fueron analizadas (6,1).

Santiago de Chile, en tanto, se destacó en el sector de servicios sanitarios, uso de la tecnología en la administración pública (área conocida como "e-administración") y de limpieza de la ciudad, con un promedio superior a las demás urbes.

El informe parcial del estudio apuntó que Sao Paulo y Río de Janeiro (Brasil), Ciudad de México y Bogotá estuvieron por debajo del promedio a nivel global, en el que algunas capitales europeas, como Roma, obtuvieron también una calificación baja.

A nivel europeo, Lisboa presentó el mejor desempeño, mientras que las ciudades españolas de Barcelona, Málaga, La Coruña, Madrid y Rivas Vaciamadrid fueron las más destacadas en su país.

Barcelona consiguió, por ejemplo, 7,2 puntos en materia de seguridad -el más alto- y 5,7 en "e-administración", que fue el índice menor calificado.

El estudio recopiló las propuestas de la ciudadanía en materia de "e-administración", como campañas para capacitar a los ciudadanos para el uso de herramientas tecnológicas que mejoren sus servicios públicos.

Sobre desarrollo sostenible, los ciudadanos consultados consideraron como aspectos prioritarios el fortalecimiento de las energías renovables, la implementación de mecanismos para evaluar el consumo energético de las ciudades y premios para incentivar la eficiencia y substituir el alumbrado público, entre otros aspectos.