CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El conductor Joaquín López Dóriga no compareció en calidad de testigo ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México porque el expediente “se extravió”, según consta en el oficio enviado por el abogado de la empresaria María Asunción Aramburuzabala al titular de esa fiscalía.

En su edición 2119, la revista Proceso adelantó que el 20 de junio López Dóriga debería presentarse a declarar para rendir su declaración en la demanda que interpuso la inmobiliaria Abilia, propiedad de Aramburuzabala, en contra del personal de la Secretaría de Protección capitalina por haber clausurado la obra de la calle Rubén Darío 225, el 19 de enero de 2015.

Esta sería la primera vez que López Dóriga se presentara en las oficinas de la Procuraduría capitalina, junto con otros 39 condóminos del edificio de Rubén Darío 223, para declarar en la larga batalla en tribunales que la empresaria emprendió contra él, contra su esposa Teresa Adriana Pérez Romo y contra Mario Alberto Pocoroba, por el delito de presunto intento de extorsión.

Sin embargo, un oficio enviado el pasado martes 27 por el abogado Javier Coello Zuarth a la fiscalía especializada reclama que “se informe a la brevedad posible el motivo por el cual la averiguación previa FSP/B/T12/2049/15-07 no se encuentra físicamente en la Unidad B-5 adscrita” a ese órgano.

El oficio se basa en el dicho de la entonces agente del Ministerio Público (MP) Gabriela Trenado Pérez, “persona que nos refiere fue removida de la Unidad de Investigación, así como por lo señalado por el responsable de la Agencia B, licenciado Clemente González Miranda”.

En este mismo oficio se da cuenta que estos agentes del MP explicaron que “sin justificar el motivo o causa”, el expediente del caso fue solicitado por el fiscal especializado de la Procuraduría capitalina y no se informó qué sucedió con las diligencias que citaron a declarar a los vecinos, entre ellos a López Dóriga.

El documento se “perdió” justo después de que Proceso publicó la nota donde se informa de la notificación para que López Dóriga declarara.

El juicio de la empresa Abilia en contra del personal de Protección Civil capitalina es uno de los tres que están pendientes en los tribunales de la Ciudad de México desde 2015: uno por la tentativa de extorsión, otro por abuso de autoridad del INVEA al clausurar la obra inmobiliaria, y este tercero en contra de Protección Civil.

A pesar de que el pasado 31 de enero Aramburuzabala ganó el amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, la esposa de López Dóriga y otros coacusados (Gabriela Torres, Paloma Baños, Mario Alberto Pocoroba y Erika Mendoza) interpusieron un recurso de revisión para frenar la posibilidad de que declaren los vecinos.

Sin embargo, los abogados de Aramburuzabala lograron que la misma Procuraduría los citara a declarar en calidad de “testigos” en el otro expediente en contra de los funcionarios de Protección Civil.

La diligencia buscaba constatar quién fue el sujeto que interpuso las denuncias ante Protección Civil por presuntas violaciones en la construcción del desarrollo inmobiliario de Rubén Darío 225 y “cuáles fueron los fundamentos y razones por las cuales se inició el procedimiento administrativo que dio origen al operativo reclamado y a la suspensión temporal de la obra”, según explicó el abogado Coello Zuarth.