Alberto Flores no entendía nada. El contable de Filesa, un chileno extravagante llamado Carlos Alberto Van Schouwen, se había querellado en Barcelona contra algunos de los directivos de las sociedades del PSOE con las que recaudaba dinero de bancos y empresas, y en el partido, el todo poderoso Partido Socialista de los 80, la principal preocupación era buscar a alguien que pusiera otra denuncia más en Madrid. ¿Por qué diantres iba a querer nadie en el PSOE que se multiplicaran las querellas por el entramado de Filesa, en vez de centrarse en la que ya existía en Barcelona e intentar contrarrestarla?

La única respuesta a aquel absurdo aparente tiene nombre de fiscal: Carlos Jiménez Villarejo, entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La querella de Van Schouwen llegó directamente a sus manos y es lo peor que podía sucederle al PSOE por el pasado reciente de Banca Catalana y las maniobras de Felipe González desde la Moncloa para que la querella contra Pujol se diluyera, aún a costa de dejar tirado al fiscal catalán que pretendía investigarlo. Ahora, cuando se ha conocido el patrimonio oculto de Pujol en el extranjero, Alberto Flores, fiduciario de las acciones del PSOE en Malesa, la holding de Filesa y Time Export SA, ha conseguido atar los cabos que le faltaban para completar la historia de la exculpación del expresident de la Generalitat.

¿Por qué diantres iba a querer nadie en el PSOE que se multiplicaran las querellas por el entramado de Filesa, en vez de centrarse en la que ya existía en Barcelona e intentar contrarrestarla?

“Cuando estalló Filesa en los 90, -explica Alberto Flores a El Confidencial- en el PSOE cundió el pánico, tanto en Ferraz como en Moncloa. Pero para mi sorpresa lo que se buscaba desesperadamente era a ‘un amigo’ que pusiera una querella igual en Madrid. Yo no comprendía nada de nada, y después de darle muchas vueltas, me lo acabó explicando nuestro abogadode esta manera: "Cuando apareció la quiebra de Banca Catalana, Jiménez Villarejo, en 1986, quiso actuar contra Pujol y fue tu amigo -me dijo en referencia a Felipe González-. En lugar de trasladarlo a Madrid, lo dejó en Barcelona, con lo que tuvo que soportar los embates de los nacionalistas”.

Carlos Jiménez Villarejo, que ha acabado engrosando las listas de Podemos en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo (logró el acta de eurodiputado, pero dimitió a los 17 días porque su único objetivo, dijo, es impulsar una directiva anticorrupción, no ocupar el escaño) fue en efecto, objeto de un enorme acoso. “Nos llegaron a disparar con una escopeta de caza en las ventanas y durante muchísimos días recibíamos llamadas telefónicas intermitentes durante toda la noche", ha revelado recientemente José María Mena que, en aquellos años, compartía la Fiscalía catalana con Jiménez Villarejo y sufrió las mismas consecuencias, el acoso nacionalista que los hizo sentirse -dice- como “apestados”.

Aquello ocurrió en 1986 y unos años más tarde, el 17 de julio de 1991, fue cuando Carlos Alberto Van Schouwen, entonces contable de Filesa, destapó la caja de los truenos al presentar una querella contra el administrador del grupo de empresas que utilizaba el PSOE para financiarse irregularmente: Filesa, Malesa y Time Export. Y la querella la presentó en Barcelona, precisamente ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo. Si aceptaba la denuncia, comenzaría la investigación judicial de todo el imperio financiero del PSOE, ya que aunque Van Schouwen lo que denunciaba eran coacciones e intento de soborno, no había nada sobre el entramado real que se escondía bajo esas empresas, por lo que se abriría el proceso general contra la financiación del PSOE. Y en Moncloa, y en Ferraz, si se temía a alguien era precisamente a Jiménez Villarejo, conscientes de lo ocurrido con Banca Catalana.

El PSOE buscaba que alguien pusiera la misma denuncia en Madrid, algo que acabó haciendo Ruiz Mateos, para obligar a Jiménez Villarejo a inhibirse a favor del juzgado madrileño

Por eso, el PSOE buscaba que alguien pusiera la misma denuncia en Madrid,, para obligar a Jiménez Villarejo a inhibirse a favor del juzgado madrileño. “Así me lo contó nuestro abogado ante mi estupor en 1991, tras la delación de Van Schouwen, cuando fue recibido por Jiménez Villarejo. Que se buscaba un ‘amigo’ que nos pusiera una querella en Madrid. Entonces Ruiz Mateos hizo de buen samaritano, sin saberlo, y se personó en la causa conocida como ‘Filesa 880/91’.

La causa que se abrió entonces en el Tribunal Supremo, tras las querellas presentadas por el citado Ruiz Mateos, además de la Asociación contra la Injusticia y la Corrupción (Ainco) y el abogado Christian Jiménez, fueron interpuestas los días 7 y 8 de junio de 1991 contra los responsables visibles del holding de empresas del PSOE, Filesa, Matesa y Time Export: Carlos Navarro, José María Sala i Griso, Luis Oliveró y el propio Alberto Flores Valencia. Posteriormente, se personaría el Partido Popular en la causa como acusación particular. Fue el macro juicio que instruyó un juez que se hizo famoso con aquel proceso: Marino Barbero.

“Cuando le conté a Jiménez de Parga mi intención de declarar ante Marino Barbero me dijo lo siguiente: Si declaras, dormirás esa noche en Carabanchel. Y no te llames a engaño, el proceso durará seis años, llamará primero a los banqueros y empresarios como testigos, luego como testigos acompañados de abogados y cuando haya prescrito el delito los imputará. Tal cual, con lo que me di cuenta de que estaba irremediablemente perdido. Felipe González, se tiró en marcha en 1996, una vez que, como si fuera el último parte de guerra, la farsa y la tragedia habían alcanzado sus últimos objetivos. Aznar, luego, nos concedió el indulto. Y posteriormente cuando necesitó el apoyo de CIU, se dedicó a hablar catalán en la intimidad. Y entre tanto Pujol, campando por sus respetos”.

El propio Alberto Flores ya narró a El Confidencial, el “paripé” en el que, a su juicio, consistió aquel proceso judicial. En su caso, como en el del resto de condenados por Filesa, una vez finalizado el proceso el PSOE se hizo cargo a través de la fianza depositada con la multa millonaria que le impusieron (259 millones de pesetas) y el Partido Popular le evitó los diez años de prisión con el indulto inmediato que aprobó el Gobierno de Aznar. Y cada vez que se le pregunta sobre lo sucedido después, siempre contesta lo mismo. El escándalo de Filesa no sólo no sirvió de escarmiento a la clase política española, sino que ha sido “la hoja de ruta” de todo lo que ha venido después. El escándalo de Pujol y el procesamiento de algunos de sus hijos viene a confirmarlo de nuevo.