Cuando se cumple el plazo para aplicarlo, Génova cree que puede ser inconstitucional limitar mandatos y suprimir aforamientos

El PP se niega a forzar la dimisión de los imputados. Maíllo: "Lo firmamos porque eran lentejas"

El PP sostiene que no puede cumplir el acuerdo contra la corrupción suscrito con Ciudadanos el pasado mes de agosto como exigencia previa para negociar la investidura de Mariano Rajoy. Y lo admite sin mayor sentimiento de culpa. Lo firmó en su día porque sólo así el partido de Albert Rivera se avenía a negociar su apoyo. Aquellas condiciones, según explicó ayer el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, fueron «lentejas» (o las tomas o las dejas), en referencia a que no disponían de opciones si querían que Ciudadanos respaldase a Rajoy.

Ayer, tan sólo unas horas antes de que, tras pedirlo Ciudadanos, representantes de los dos partidos se reúnan hoy en el Congreso para avanzar sobre dos de los puntos recogidos en el pacto anticorrupción -el fin de los aforamientos para políticos y la limitación de mandatos del presidente del Gobierno-, el PP mandó un recado claro sobre las dificultades para acometer estas dos reformas y dejó totalmente en el aire las posibilidades de acometerlas.

El PP volvió ayer a referirse a Ciudadanos como su «socio prioritario» y dijo que su «intención» es cumplir el pacto anticorrupción para, a renglón seguido, poner todo tipo de reparos.

Martínez-Maíllo introdujo dos elementos en el debate. Uno, que se trata de dos medidas que pueden requerir una reforma constitucional. Y dos, que en todo caso necesitan del concurso de otras fuerzas políticas para realizar una reforma legislativa. «No decimos que sean inconstitucionales sino que la discusión existe», aseguró ayer el coordinador del PP.

Maíllo defendió estas dudas como algo conocido por Ciudadanos y que durante la negociación ya habían salido a colación. «Ellos lo sabían y nosotros también. No es un obstáculo, pero sí un elemento más del proceso», indicó. El dirigente aseguró que no es sólo una cuestión de «voluntad política» del PP e insistió en los recelos sobre su constitucionalidad. «Ya cuestionamos en su momento -explicó- que la limitación de mandatos del presidente pueda regularse en un sistema parlamentario. Es algo propio de modelos presidencialistas», defendió.

Maíllo no hizo ninguna referencia al informe jurídico que Ciudadanos les entregó la semana pasada, en un encuentro previo sobre estos dos asuntos. En él, el partido de Rivera sostiene que la restricción de los mandatos presidenciales «también se da en casos donde la forma de gobierno es la parlamentarista» y apunta que «no se observan obstáculos de carácter legal para implementar una limitación de mandatos del presidente del Gobierno en un sistema parlamentario como el nuestro». Tampoco, defienden, «nada en la Constitución parece impedirlo». De hecho, recuerdan que a nivel autonómico distintas comunidades han adoptado ya estas medidas sin que se haya puesto en duda su legalidad.

Lo cierto es que el PP ha aceptado esta condición en todas las regiones donde ha necesitado el apoyo de C's para gobernar -Castilla y León, La Rioja, Madrid y Murcia- e incluso en Andalucía lo ha impulsado. En diciembre, el Parlamento andaluz aprobó por unanimidad la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Popular en la que se reclama la modificación de la Ley del Gobierno de la Andalucía para limitar a dos los mandatos del presidente de la Junta y de sus consejeros. Esta posición, en cambio, no es asumida a nivel nacional.

EL PACTO ANTICORRUPCIÓN DEL PP Y C'S

Imputados. Separación de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial. No se cumple.

Separación de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial. No se cumple. Aforamientos. Eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y públicos. C's quiere una reforma exprés de la Constitución, pero el PP no pretende cumplirlo.

Eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y públicos. C's quiere una reforma exprés de la Constitución, pero el PP no pretende cumplirlo. Ley Electoral. Nueva ley con estos principios: más proporcionalidad, listas desbloqueadas, reforma del sistema de voto de los ciudadanos residentes fuera de España y desaparición del voto rogado. Hay creada una subcomisión en el Congreso.

Nueva ley con estos principios: más proporcionalidad, listas desbloqueadas, reforma del sistema de voto de los ciudadanos residentes fuera de España y desaparición del voto rogado. Hay creada una subcomisión en el Congreso. Indultos. Eliminación de la posibilidad de indulto a condenados por delitos de corrupción. Se cumple.

Eliminación de la posibilidad de indulto a condenados por delitos de corrupción. Se cumple. Presidente . Limitación del mandato del presidente del Gobierno a un máximo de ocho años o dos legislaturas. El PP lo cuestiona.

. Limitación del mandato del presidente del Gobierno a un máximo de ocho años o dos legislaturas. El PP lo cuestiona. Financiación. Creación de una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP. Está en proceso, pero la multiplicación de comisiones de investigación en el Congreso la ha dejado sin fecha para los próximos meses.

El PP se prepara para incumplir su acuerdos contra la corrupción con C's no sólo en la forma -el plazo de tres meses para ponerlos en marcha expira hoy-, sino también en el fondo. De las seis reformas recogidas en ese pacto previo, sólo se han cumplido dos: se ha creado una subcomisión para la reforma de la Ley Electoral y se ha aceptado la tramitación de una proposición de ley del PSOE que modifica la Ley de Reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto, de 1870, para prohibir que esta medida se conceda a políticos condenados por corrupción y a delitos relacionados con la violencia de género.

El PP deja en el aire la limitación de mandatos, el fin de los aforamientos y se opone a apartar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en cuanto a la separación de cargos públicos imputados. Sobre el último de los puntos, la comisión de investigación sobre la financiación del PP, los populares no tienen prisa. Es un asunto, alegan, que ya tratará en la comisión contra la corrupción del Congreso. En Ciudadanos insisten en que debe crearse, pero ellos solos no pueden plantarse: para crear una comisión de investigación tienen que pedirla dos grupos o más de 70 diputados. Así, o el partido de Rivera va de la mano del PP o se suma a la comisión sobre esta misma materia ya pedida por el PSOE.

En todo caso, Ciudadanos no ha evidenciado enfado político por la actitud del PP y por sus posibles incumplimientos. Ni lo critica en público ni les ha dado un ultimátum.