Por Estefanía Cendón

El antropólogo Lisandro Verneri será el único expositor argentino en la VI Cumbre de Trabajo Social que tendrá lugar en Lima, Perú, entre el 11 y 13 de abril. Radicado hace tres años en Salta, Verneri se desarrolla como docente de la Universidad Católica de la provincia y se especializa en el estudio del Medio Ambiente en la región. En diálogo con AGENCIA PACO URONDO anticipa lo que será su ponencia en Perú analizando el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en Salta.

AGENCIA PACO URONDO: ¿Existe un eje organizador en torno a las exposiciones de la Cumbre de Lima?

Lisandro Verneri: En la Cumbre, las exposiciones estarán asociadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU de la Agenda 2030 aprobada en 2015. Son 17 los objetivos entre los que se encuentran "Fin de la pobreza", "Producción y consumo responsable " y "Agua limpia". En particular me tocó abordar el objetivo número 15: "La vida de los ecosistemas terrestres". Mi ponencia se titula: "La sustentabilidad frente al extractivismo. El caso del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en Salta".

APU: Usted ya ha trabajado temáticas que analizan el vínculo entre la sociedad y los ecosistemas salteños. ¿Puede mencionar de qué se trata la investigación que lo llevó a radicarse en esa provincia?

LV: Entre 2010 y 2016 integré un Proyecto de investigación para el CONICET de arqueología de Alta Puna. Analizamos la transición entre economías de caza y recolección a la de producción de alimentos en el Holoceno Temprano, específicamente en la zona de San Antonio de los Cobres. Entre los hallazgos más importantes, destaco que prospectamos el único sitio a cielo abierto de cazadores recolectores del Holoceno en la Puna Argentina. El doctor Hernán Muscio, del Instituto de Ciencias Antropológicas, fue quien dirigió esta investigación.

APU: En 2007 se aprobó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Desde la sanción de esta ley hasta la actualidad 1.000.000 de hectáreas fueron ilegalmente deforestadas. ¿Cómo se explica esta situación?

LV: Cabe destacar que la Ley 26.331 es innovadora y establece un precedente a nivel regional. Sin embargo, muestra numerosas dificultades en su correcta aplicación comenzando por las inspecciones necesarias para el cumplimiento de esta normativa y el objetivo de la ley que es la conservación de los bosques nativos de nuestro país. En este sentido, en noviembre de 2018 junto a otros investigadores de la provincia de Salta realizamos una teleconferencia con profesionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La conferencia desde Washington se titulaba: "La evaluación del impacto social integrando las cuestiones sociales en los proyectos de desarrollo". Como antropólogo estoy abocado a las cuestiones sociales vinculadas al medio ambiente y al desarrollo sostenible. Esta reunión con el BID tenía como objetivo vincular los aspectos sociales con los productivos, pensando en el desarrollo sustentable y el medio ambiente desde una mirada holística.

APU: ¿Qué le aportó ese diálogo con profesionales del BID?

LV: La charla estuvo a cargo de dos expertos de la Unidad de Salvaguardas Ambientales del BID: Janine Ferretti y Juan Martínez. Especificaron los lineamientos que el BID exige para la ejecución y el financiamiento de los proyectos de desarrollo brindando también algunas observaciones orientativas para otros proyectos de ONGS o instituciones gubernamentales que, si bien no están vinculadas al BID, se pueden ver favorecidas con esto. Destaco la relevancia que tomó a nivel regional esta charla ya que, además de las cuestiones técnicas desarrolladas por estos dos profesionales, surgió un espacio de preguntas y un foro de los oyentes donde se escucharon voces de los distintos actores de países latinoamericanos preocupados por problemáticas medioambientales.

APU: ¿Puede mencionar alguna de esas problemáticas?

LV: Uno de los temas recurrentes fue la tergiversación con la que los sectores concentrados del poder, en las distintas regiones del continente, operan para la realización de los estudios de impacto social y ambiental. La respuesta que nos ofreció el equipo de Salvaguarda Ambiental del BID fue clara al respecto. Consideran que la identificación de los actores y los intereses contrapuestos, la realización de consultas significativas, las distintas dimensiones de la gestión institucional y, sobre todo, la creación de mecanismos de participación comunitaria son las herramientas que nos permiten equilibrar la balanza y mitigar los efectos que provoca la tergiversación de los estudios que operan desde los sectores concentrados del poder.

APU: Es importante el análisis, en todas sus dimensiones, de la situación y los actores que intervienen ya que las cifras son alarmantes: casi 400.000 hectáreas de bosque nativo son deforestadas por año en nuestro país. ¿Cuál es el impacto social de la deforestación?

LV: La deforestación no sólo genera pérdida de biodiversidad, sino la pérdida del sustento en las comunidades rurales, pueblos criollos e indígenas que ven en el monte su fuente de recursos. Es una situación muy delicada que requiere un análisis personalizado, atento a los localismos de cada una de las regiones de nuestro país.

APU: Sebastián Gómez Lende es geógrafo e investigador del CONICET. Al analizar la progresión de la deforestación nacional entre 1998 y 2016 detectó que el 84,45% de la deforestación ilegal tuvo lugar en cuatro provincias: Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero. Las últimas dos provincias son las que concentran el mayor porcentaje de desmontes clandestinos. ¿Puede hacer una reflexión sobre esta situación que atraviesa la región y en específico Salta?

LV: Este proceso de deforestación que se está viviendo en el noroeste argentino tiene que ver con el avance de la frontera agropecuaria y con la expansión del modelo agroexportador basado en la producción de comodities para el mercado internacional, como la producción de soja. Esto nos coloca en una paradoja ya que la economía argentina depende de la producción de comodities mientras que el Bioma Chaqueño, que integra las provincias de Tucumán, Formosa, Santiago del Estero y Chaco extendiéndose sobre el territorio paraguayo y boliviano, es el segundo ecosistema boscoso más grande de América después del Amazonas. Su tierra presenta mejores condiciones para la producción agrícola y ante esto el modelo agroexportador, que prácticamente se ha extendido a casi toda la zona de la Pampa, está avanzando actualmente sobre estas regiones del Chaco. Mi ponencia tiene que ver con esto: articular las necesidades de nuestra estructura productiva, vincular la economía de mercado con las necesidades sociales y en términos de conservación del medio ambiente. Este es un tema urgente y requiere de un desarrollo planificado.

APU: Considerando que en el Bioma Chaqueño la produccion de comodities se asocia al monocultivo, de soja principalmente. ¿Cómo afecta esto a las economías regionales y de qué forma se puede revertir el impacto?

LV: Al haber monocultivo los más recomendable es la rotación de cultivos con trigo, sorgo y otra de serie de cultivos que devuelven materia orgánica al suelo en términos de conservación de la productividad de la tierra. El monocultivo tiende a la concentración de la renta en los sectores rurales y también al éxodo rural y la migración de los pueblos indígenas y campesinos a los márgenes de las grandes ciudades. En este sentido, venimos impulsando fuertemente la creación de Programas de Responsabilidad Empresarial en donde las empresas dedicadas a la agroindustria se comprometen a colaborar en el desarrollo social y comunitario a partir de la inversión en infraestructura para Salud, Educación y Seguridad, entre otros. El objetivo es planificar el desarrollo para que los pobladores rurales, que son quienes tienen un montón de conocimientos en torno al manejo del medio ambiente dejen de ser considerados, como era antiguamente, como un obstáculo para el desarrollo y sean pensados como partícipes necesarios y herramientas para el desarrollo de las economías regionales. Ese es el camino que estamos buscando.

APU: La ley de Bosques asume el objetivo de proteger las superficies forestales y no forestales según grados de importancia. Las provincias fueron las encargadas de clasificar los bosques mediante sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN), para lo que se estipuló el plazo de un año. La ley fue aprobada en 2007 y recién en 2017 se terminó de completar el OTBN. ¿En el caso de Salta cómo fue el Ordenamiento Territorial?

LV: En Salta se cumplió en tiempo y forma el OTBN, al año de emitida la ley ya se había realizado. Desconozco si hay otras provincias que demoraron más en realizar su Ordenamiento.

APU: ¿En qué consiste el OTBN?

LV: Se basa en el Ordenamiento de los bosques según tres categorías: rojo, amarillo y verde. El rojo, la categoría uno, serían espacios de alto nivel de conservación que no pueden ser modificados y únicamente están destinados a la conservación, eventualmente a la investigación científica o turismo de nulo o bajo impacto sobre el medio. Después tenemos un amarillo social, la categoría número dos, donde esta permitida la modificación parcial del estrato herbario, se puede hacer una pequeña intervención en el bosque sobre algunos estratos de la vegetación. Se puede permitir, por ejemplo, la ganadería integrada bajo monte y alguna actividad productiva de escaso impacto sobre la estructura de estos bosques. Finalmente está la categoría número tres, las zonas verdes, sectores aptos para la agricultura en donde está permitido el cambio de uso del suelo para la producción agrícola industrial. En la zona sureste de Salta se concentra la mayor parte de superficies en categoría tres, zonas aptas para la producción agrícola. En la zona norte de la provincia, adentrándose en lo que sería el Impenetrable Chaqueño y las cuencas del río Bermejo y Pilcomayo, es donde se concentra la mayor cantidad de áreas dentro de la categoría uno y dos protegidas por esta ley.

APU: Sancionada una Ley de Protección de Bosques Nativos y existiendo este Ordenamiento Territorial que se terminó de cumplir a nivel nacional en 2017, pero que en el caso de Salta se llevó adelante dentro del tiempo estipulado. ¿Por qué, entonces, la provincia de Salta es considerada entre las que tienen mayor porcentaje de desmontes clandestinos?

LV: Esto tiene que ver con lo que hablamos acerca de la tergiversación con la que los sectores concentrados del poder operan para la realización de los estudios de impacto social y ambiental en la región Chaqueña. De todos modos no puedo dejar de mencionar que, si bien la superficie destinada a la agricultura fue ampliada, en los últimos 10 años se sumaron más de 1.500.000 hectáreas a las áreas protegidas. De 2.397.721 hectáreas iniciales se pasó a 4.040.557 hectáreas que hoy constituyen áreas protegidas. Desde la Secretaría de Ambiente de la provincia de Salta se determinó que por cada hectárea destinada a la producción, tres hectáreas fueron incorporadas como áreas protegidas. Otro elemento a destacar es un fallo de diciembre de 2018 de la ciudad de Tartagal. Este fallo de carácter inédito obliga a un productor agropecuario del Departamento de San Martín, ubicado en el Chaco Salteño, a reforestar durante el plazo de 30 años 11.000 hectáreas que habían sido desmontadas en forma irregular. Se acordó también en el fallo la implantación de entre 200 y 245 ejemplares de árboles nativos por hectárea.

Para aproximarnos a una conclusión, la respuesta que se le puede dar a todas las dificultades que presenta la ley en su implementación es romper con la dicotomía que han instalado entre conservación y producción. No son términos antitéticos: o producimos o conservamos. Desde la mirada del desarrollo sostenible y la planificación para el desarrollo es perfectamente articulable la conservación con la producción en términos de seleccionar las áreas destinadas a cada actividad, generando la inclusión de los pueblos rurales en los proyectos productivos.