El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reunirá a sus ministros el sábado a las 10 horas con el objetivo de dar luz verde a las medidas que quiere aplicar para detener la deriva independentista de Carles Puigdemont y el Govern. Este Consejo de Ministros extraordinario es el primer paso, tras el famoso requerimiento, para activar el artículo 155 de la Constitución. Después le tocará el turno al Senado.

Al Ejecutivo central no le han convencido las respuestas del president catalán a la carta en la que le pidió dos cosas muy concretas: que desvelara si declaró o no la independencia el pasado 10 de octubre y que volviera "a la legalidad". Decidida a "restaurar el orden constitucional" en Cataluña y a "proteger el interés general de los españoles", Moncloa ha determinado finalmente que lo de Puigdemont ha sido una "negativa" en toda regla.

Sus planes, por tanto, siguen intactos. Así lo ha explicado en un comunicado media hora después de que se hiciera pública la segunda misiva del president, en la que, por cierto, esta vez sí ha quedado algo más claro que ninguna declaración formal de independencia fue votada por los diputados regionales y que entonces solo quedó suspendido un supuesto "mandato" salido de las urnas del 1-O. Una aclaración que no ha servido de mucho.

Puigdemont, eso sí, ha avisado al Gobierno, más tajante, de que si rechaza el diálogo que le propone él impulsará la DUI. "El Gobierno lamenta la actitud del Govern por buscar el enfrentamiento institucional a pesar del daño que se está causando en Cataluña", ha dicho el ministro portavoz, Iñigo Méndez de Vigo. Ha sido la cara visible este jueves de la postura oficial de Madrid; Rajoy, en un Consejo en Bruselas, ha evitado a la prensa.

"Que nadie dude de que el Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad", ha explicado el portavoz; ha recordado, además, que el Constitucional "ha declarado por unanimidad la inconstitucionalidad de la ley del referéndum". Méndez de Vigo se ha expresado en los mismos términos que el comunicado previo y ha agradecido el "apoyo" de algunas formaciones políticas.

Los contactos, en este sentido, han continuado en las últimas horas: la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha intercambiado este jueves pareceres con Carmen Calvo, secretaria de Igualdad del PSOE. El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, también se encuentra en Bruselas y se ha visto, entre otros, con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Pero, al igual que Rajoy, ha decidido no comparecer ante los medios.

En su lugar han hablado, desde Madrid, José Luis Ábalos y, desde Barcelona, Miquel Iceta. El primero cree que la aplicación del artículo 155 de la Constitución debe ser lo más "limitada" y "breve" posible; el segundo, por su parte, opina que "aún hay tiempo" de encontrar una solución dialogada, informa Ibon Uría.

Turno para el Senado

Durante todo el día se han sucedido las reacciones. Albert Rivera (C's) ha apuntando que "no se pueden aceptar chantajes" del Govern, mientras Pablo Iglesias (Podemos) ha avisado de que "aplicar el 155 es echar más leña al fuego". El Govern ha sido escueto, pero sí se ha preguntado si Rajoy tenía preparada su respuesta sin importarle lo que hiciera Puigdemont (Turull); desde la CUP presionan para declarar la república "cuanto antes"; PDeCat y ERC lamentan que no se quiera dialogar.

En Europa han cerrado filas con el Gobierno español. La canciller Merkel ha defendido una vía que "tenga como base la Constitución española" y el Ministerio de Exteriores galo ha anunciado que su titular, Jean-Yves Le Drian, viajará el viernes a Madrid para expresar "el compromiso de Francia con una España unida". "Nadie va a estar a favor de la independencia", recordó el presidente del Europarlamento, Antonio Tajani.

A partir del sábado, los acontecimientos se sucederán de la siguiente manera: tras el Consejo de Ministros se reunirá, ese mismo día, la Mesa del Senado para fijar el calendario de tramitación de las medidas que apruebe el primero —y que no se conocen aún—; la Mesa decidirá qué comisión —la General de CC AA o una ad hoc— tratará el asunto y cuándo —no podrá ser antes del jueves, dado que ya hay un pleno convocado—; lo aprobado por la comisión, que se reunirá al menos dos veces, irá a pleno, y este no se celebraría, previsiblemente, antes del 27 de octubre.

También hay que tener en cuenta que el próximo lunes se reunirá de nuevo la Junta de portavoces del Parlament de Cataluña, que podría volver a convocar el pleno ordinario suspendido esta semana. Precisamente, el último párrafo de la carta de Puigdemont dice que, si el Gobierno "persiste" en su posición "represora" y no dialogante, el Parlament "podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia".

En el plano judicial, por otra parte, el Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la Generalitat de suspender cautelarmente la intervención de las cuentas de esta comunidad acordada por el Gobierno. Asimismo, el Tribunal de Cuentas ha aceptado la petición de Artur Mas de prorrogar el plazo fijado para depositar la fianza que le reclama por el 9N.