miércoles 15 noviembre, 2017

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue denunciado ayer por haber manejado dos fondos de inversión en Islas Caimán, como reveló la investigación de los Paradise Papers.

El funcionario fue acusado de los presuntos delitos de omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias, delito de uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y supuesto lavado de activos.



La presentación quedó radicada en el juzgado de Julián Ercolini y el fiscal que deberá decidir si abre el expediente es Carlos Rívolo. Fue presentada por los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, Héctor Recalde, María Teresa García, Claudio Martín Doñate, María Fernanda Raverta y Carlos Miguel Kunkel, todos del FPV.





Los denunciantes comenzaron informando que a raíz de la investigación que impulsan el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, publicada por Perfil, La Nación y América, se vinculó al Ministro de Finanzas, Luis Andrés Caputo, con una red de sociedades offshore.

Los documentos hallados permitieron revelar que Caputo manejó el fondo de inversión Alto Global Fund, hedge fund registrado en Caimán para comprar bonos de alto riesgo en países emergentes. Caimán es uno de los paraísos fiscales más secretos del mundo. Además, Caputo fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware, otra jurisdicción donde imperan el secreto y los beneficios fiscales, así como un segundo fondo en Caimán, tal como publicó PERFIL el domingo pasado, dedicado a comprar bonos de la deuda argentina.

“En la declaración jurada que Caputo presentó ante la Oficina Anticorrupción cuando se dio de alta en la administración pública (y debió, por tanto, informar su situación patrimonial de 2015), no figuran Noctua ni Alto Global Fund”, indicaron.

Por su parte, entre las firmas afiliadas de Noctua en asesoría de inversiones y brokers, aparece Axis Sociedad Gerente De Fondos De Inversión SA, la inversora creada por Caputo y otros cuatro socios en la Argentina en 2012.

De acuerdo con la denuncia, basada en los hallazgos periodísticos, cada sociedad ocupa un rol específico dentro del esquema, mientras que, en paralelo, se crearon los ‘Argentina Funds’, bajo un esquema similar. Los legisladores entendieron que de los artículos periodísticos surge que las explicaciones brindadas por el actual Ministro fueron poco convincentes, al indicar no saber si los fondos que manejó habían sido declarados.

Entienden asimismo que Caputo habría ocultado su intervención como administrador de este entramado offshore al acceder a la función pública.

Tal como aparece en la página web del Ministerio de Finanzas, y del currículum vitae del funcionario, surge que Caputo desempeñó funciones para JP Morgan Argentina, el Deutsche Bank así como lideró la Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión AXIS. “Resulta evidente que el actual Ministro ha omitido, deliberadamente, mencionar su desempeño en las aludidas sociedades y fondos offshore”, indica el texto.



La denuncia hace hincapié en que esa presunta omisión debe ser investigada porque puede estar vinculada al ocultamiento de otro tipo de delitos. “Por un lado, podría haber sido utilizada para evitar que se conociera públicamente la existencia de ese entramado offshore y se investigara la posible participación accionaria del actual Ministro en sociedades cuyo capital podría provenir de fuentes ilícitas”.

Por otro lado, el ocultamiento podría haber sido empleado para garantizar que, desde la cartera de finanzas, Caputo pudiera operar o beneficiar a estos fondos –y/o a las personas beneficiarias de los mismos- sin que saliera a la luz su incompatibilidad para realizar tales negociaciones. El ministro negó haber otorgado cualquier tipo de beneficios a sus ex socios. “En este punto, no es posible soslayar el prioritario papel que desempeñó Caputo -como Secretario de Finanzas- en el impulso para la sanción de la ley 27249 conocida como “ley de pago a los fondos buitres, y en la negociación y pago a los “fondos buitres”, gestionando la emisión de bonos de deuda que lanzó la Argentina en abril de 2016”.



En efecto, y tras ser consultado por los medios que integran el equipo argentino de Paradise Papers, Caputo señaló que no creía –sin poder asegurarlo- que los fondos buitres que litigaron contra la Argentina estuvieran vinculados a Noctua y expresó que “Si fuera así, me trago este teléfono".

Posibles negociaciones incompatibles con la función pública

También observaron los denunciantes que en la segunda nota que publicó PERFIL el domingo, se informó que uno de los fondos que manejaba el actual ministro era tenedor de deuda argentina al mes de abril de 2014. “De ese modo, y atento a que podrían haber existido negociaciones incompatibles con su función pública, es necesario investigar en forma urgente si existen ese tipo de vinculaciones”, que pondrían al ministro en conflicto con la Ley de Ética Pública.

Además destacaron que Caputo podría ser o haber sido socio o accionista de este conglomerado offshore y sin haberlo declarado ante la Oficina Anticorrupción. “El presunto ocultamiento de la información patrimonial y de su desempeño como administrador de fondos en Caimán, también podría hacer incurrir al Lic. Caputo en la figura de incumplimiento de deberes de funcionario público”.



De acuerdo con la denuncia, hay numerosos indicios que permitirían afirmar que Caputo no era un “administrador”, “manager” o “jefe de inversiones”, sino lisa y llanamente uno de los dueños de las sociedades offshore que manejaban fondos millonarios.

Asimismo, pidieron a la Justicia se investigue quienes son parte del grupo “friends and family” al cual se refirió Caputo cuando fue entrevistado por los periodistas sobre quiénes invirtieron en los fondos que él manejó.

“Si así fuera, y tratándose de familiares y amigos, resulta imperante ahondar en quienes fueron y/o son las personas que invirtieron o colocaron su dinero en ese fondo de inversión offshore. Por un lado, porque podrían surgir nombres vinculados al actual Ministro y a su esfera de competencias. Por otro, a fin de realizar un entrecruzamiento entre aquellas personas y los nombres de quienes utilizaron el reciente blanqueo de capitales, ya que podrían surgir familiares de Caputo que ingresaran al blanqueo de fondos propios o incluso, del actual Ministro”.

La investigación de los hechos denunciados podría derivar en que Caputo haya incurrido en el delito de negociaciones incompatible con el ejercicio de funciones públicas.

“Precisamente, el ocultamiento intencional de su situación patrimonial y su desempeño laboral en la administración de esos fondos de inversión offshore, podría tener como propósito velar intereses escondidos en las decisiones y/u operaciones que desarrolla el Ministro desde la cartera de finanzas. Es decir que, si no se daba a conocer esta información a partir de esta investigación periodística y si no se profundizan judicialmente sus alcances, Caputo podría disimular cualquier tipo de beneficio a sí mismo, a sus familiares y amigos –a través de esos fondos-, mientras que ejerce sus funciones públicas”, se lee en la denuncia.

En particular una de las aristas que piden que se investigue es si Caputo, en ejercicio de sus funciones, se benefició a sí mismo o a ciertos particulares en la negociación de la deuda externa con los “fondos buitres”. Por último, resaltaron que corresponde investigar si la conducta desplegada por el ministro configura el delito de lavado de activos.





Solicitud de Prueba

Como parte de las pruebas, piden se requiera a la Oficina Anticorrupción las Declaraciones Juradas presentadas por Caputo. Igualmente pidieron se libren exhortos a las autoridades competentes en los Estados Unidos (Miami y Delaware) y Reino Unido (Islas Caimán) a fin de obtener toda la información relativa a los accionistas, inversores, gerenciadores y administradores de las sociedades y fondos antes mencionados.

Asimismo pidieron se solicite documentación a la Inspección General de Justicia, al Ministerio de Finanzas Públicas, al Registro Nacional de las Personas y a la Agencia Federal de Ingresos Públicos.

Para leer el texto completo de la denuncia siga este enlace.