Una semana antes de la catástrofe aérea de los Alpes, en la Fiscalía de Marsella se mantuvieron reuniones para preparar el plan de acción en caso de accidente colectivo. La casualidad tiene una razón lógica. A esa fiscalía se le ampliaron las competencias el pasado 1 de enero para poder investigar accidentes de esa naturaleza.

El destino quiso que dicho plan se aplicara a la realidad pocos días después. Al mando de la investigación se puso inmediatamente el fiscal jefe de Marsella, Brice Robin, un magistrado cuya transparencia dejó atónitos a los españoles explicando, apenas 48 horas después de la tragedia, los detalles de lo sucedido en el avión siniestrado el pasado martes en los Alpes.

Robin es un experimentado magistrado que cumplió 63 años el día antes de la catástrofe. Pero ni siquiera los que han trabajado con él y le admiran le señalan como un héroe compasivo y sensible amante de la transparencia. “Él solo hizo su trabajo”, señala un antiguo colega a este periódico. El protagonista de esta parte de la historia no es el fiscal, sino el sistema francés, que dotado de un Código Procesal Penal, aprobado en 1957, faculta al fiscal a comunicar los detalles que crea pertinentes de la investigación. Un código, además, que vela por las víctimas.

Por eso, Robin se reunió previamente con los familiares españoles y alemanes para explicarles, antes que a la prensa, el extraño comportamiento del copiloto Andreas Lubitz. Estuvo hora y cuarto con ellos. “Se quedaron conmocionados cuando escucharon lo ocurrido”, contó después Robin en la rueda de prensa. “Lo encontraron difícil de creer. Fueron informados con respeto. Hicieron muchas preguntas. Sobre las normas internacionales, sobre si era normal que el comandante saliera de la cabina, las consecuencias legales para la aerolínea. Intenté darles respuestas”.

La delicadeza con la que trató a los familiares es una deferencia no inscrita en ninguna ley

Al habla con este periódico, él mismo se quita importancia: “De todos modos, ya lo había contado todo The New York Times”, dice Robin, que alude al artículo 11 del código francés, justo el que aconseja dar información oficial “para evitar la propagación de informaciones parciales o inexactas”. Esa fue la razón, por tanto, de su premura en salir al paso. En Francia, además, la formación de los fiscales incluye técnicas de comunicación y se entrenan para saber ofrecer conferencias de prensa.

El sistema español se asienta en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. La instrucción del caso es competencia del juez, que suele decretar el secreto del sumario. En Francia, la información pública es vital y está prevista. Ello no resta valor a Brice Robin, que fue preciso, prudente y paciente en la comunicación de los datos. No está obligado, claro está, a dar más que la información que considere necesaria.

Al mando de 40 fiscales, Robin conoce bien su jurisdicción marsellesa, una de las más conflictivas de Francia debido al alto nivel de criminalidad organizada. Llegó a esta fiscalía en 2013, pero ya antes había trabajado aquí como fiscal jefe adjunto. Alijos de droga provenientes de España, el asesinato de la millonaria monegasca Hélène Pastor, el escándalo de la carne de caballo o los partidos de balonmano amañados por los hermanos Nikola y Luka Karabatic son algunos de los casos más mediáticos que ha tenido entre manos.

Un colega le define como hombre comprometido, con mucha humanidad. La delicadeza con la que trató a los familiares de las víctimas es una deferencia por su parte no inscrita en ninguna ley.