No condenar la violencia es uno de los pilares sobre los que se asienta la democracia española. Tras cuarenta años de represión, torturas y ejecuciones, con cientos de miles de fusilados deambulando por las cunetas, todos decidimos –eso nos cuentan– que la mejor forma de afrontar la nueva etapa no sería condenar toda aquella realidad violenta, sino hacer como si nunca hubiese existido. Estrategia perjudicial, fruto probablemente de un fuerte trauma, hubiera diagnosticado cualquier psicólogo. “Comportamiento ejemplar”, decidieron diagnosticar los padres de la España del 78 y aún seguimos repitiendo el mismo mantra. Según los libros oficiales de historia, mirar hacia otro lado ante la violencia ha sido, de hecho, el gran logro de la sociedad española en el último siglo. Así estaría el listón. Gracias a eso, hoy disfrutamos de una democracia, un rey y agua potable en casa, nos dicen. Con ese punto de partida, no puede ser extraño que la relación de este país con la violencia nunca haya sido precisamente sana, sino más bien bastante psicótica.

Desde entonces hasta ahora, el rechazo a la violencia, seamos sinceros, nunca se ha debido a convicciones morales de pacifismo, sino a intereses políticos. Condenar la violencia o pedir que otros lo hicieran ha sido simplemente una herramienta modulable, un juego. El concepto de violencia aparece y desaparece en España como el Guadiana, en función de quien la protagonice o quien tenga especial interés en sacarle beneficio. Nos hacemos trampas al solitario. A la violencia en España le pasa como al colesterol, hay bueno y malo, siendo ignorada o tratada con sobreactuación por nuestros dirigentes en función del cálculo político. Con los medios de comunicación ha pasado lo mismo. Televisiones, radios y periódicos han modulado la sensación de percepción de la violencia dependiendo de dónde venía.

ETA lo puso fácil para alimentar esta situación psicótica. Con los actos terroristas llenando de sangre las calles, la idea de violencia quedó ligada durante décadas en el imaginario colectivo exclusivamente a esos atentados concretos de esta banda armada concreta. “No a la violencia”, durante años, significó únicamente no a los atentados de ETA. Mientras el primer grupo terrorista en número de crímenes reunía a la sociedad española en contra de su violencia, un Felipe González presidente del Gobierno abrazaba a las puertas de la cárcel a los condenados por crear las estructuras del segundo grupo terrorista con más asesinatos y violencia generada, los GAL, sin que nadie se plantease la ilegalización del PSOE por apoyar la violencia. Eso era para otros. Líderes de la derecha se negaban a condenar la violencia franquista y bromeaban sobre los familiares que querían enterrar a sus muertos asesinados violentamente. “Historias del abuelo cebolleta”, bromeaba Pablo Casado sobre ser el segundo país del mundo en desaparecidos. Mientras, a los dirigentes de la izquierda abertzale, se les exigía la condena de la violencia de ETA si querían participar del juego político. “Lamentamos, pero no condenamos”, era la irritante fórmula elegida durante mucho tiempo y siempre nos hacía llamar violento a quien la pronunciaba. Bueno, casi siempre: cuando la ministra de Exteriores de Aznar lamentó, pero se negó a condenar el asesinato de José Couso, nadie habló de violencia.

Mientras las palizas sistemáticas a homosexuales o inmigrantes por parte de grupos neonazis no eran más que pequeñas reseñas en las páginas de sucesos, una cacerolada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca podía ser elevada al nivel de nazismo, ocupando portadas y horas de televisión en debates políticos. Así no, les decían a quienes iban a perder su casa. Los disparos contra inmigrantes a nado por parte de la Guardia Civil –15 muertos en el Tarajal– eran calificados de comportamiento correcto según los protocolos. Una pelea de bar en Alsasua era violencia terrorista inmediatamente condenada por “nosotros los demócratas”.

En los últimos tiempos, ya sin ETA, se ha llamado terrorismo a un tuit, a una canción o a la compra de material inflamable para reventar un escaparate. Mientras, bromeábamos con aquel tipo que subido a un tanque del ejército amenazaba a Puigdemont y a Iglesias. Se ha minimizado la actuación de la policía golpeando violentamente a activistas detenidos a pesar de haber visto esas imágenes. Hemos hecho como que no veíamos en redes sociales la relación íntima entre algunos miembros del cuerpo de policía con grupos de la extrema derecha. Hemos mirado hacia otro lado con la violencia en las comisarías, las de la Policía Nacional y las de los Mossos. Hemos tapado la violencia de las torturas. Incluso hay quien tiene medalla y una paga oficial por torturador. Hemos llamado violencia terrorista a quemar un cajero y choque entre constitucionalistas e independentistas a cacerías organizadas por la extrema derecha. Hemos, en fin, jugado con la violencia según nos convenía.

El conflicto en Cataluña hubiera sido una buena oportunidad para, por responsabilidad, hacer un reseteo de todo este juego. Pero se decidió que, al contrario, era un buen momento para aumentar la apuesta. Se generó y se negó la violencia policial del 1 de octubre contra los votantes del referéndum –incumpliendo el mandato judicial que anteponía la seguridad ciudadana a la retirada de urnas– y se ha llamado violencia al uso de lazos amarillos pidiendo la liberación de políticos detenidos. Hemos visto a la policía cantando “a por ellos” refiriéndose a ciudadanos pacíficos y nos hemos mentido diciendo que eso no era violencia, sino democracia moderna funcionando. Se ha alentado todo lo que está pasando con la desfachatez de usar la violencia –ahora sí, ahora no– como un juguete que daba réditos. Lo que era hipocresía empieza ya a ser locura. Pedro Sánchez negándose a hablar con Torra, sabiendo que eso destensaría una situación muy delicada en las calles, es un buen ejemplo. Torra, apoyando protestas que luego manda a reprimir violentamente, es otro buen ejemplo.

Hace dos años, todos vimos en redes sociales la imagen de un chico que, portando la bandera de España, mostraba un cartel rechazando la violencia policial del 1 de octubre contra sus vecinos. El chico era abrazado por gente que portaba la bandera independentista. La imagen la vimos en redes, pero ahí se quedó la cosa. Nunca se le dio bombo en los telediarios, supuestamente preocupados por la escalada de tensión en Cataluña. Ningún partido político de los que hoy exigen condenar la violencia y mañana le echan gasolina al fuego hizo de altavoz de aquel abrazo entre banderas españolas e independentistas. Al contrario. Esas escenas, que las hubo, se ignoraron porque no le aportaban nada al juego. Los medios y los partidos han preferido repetir una y otra vez las imágenes más violentas de choques entre independentistas y españolistas, siempre eligiendo esas en las que la violencia venía del otro y guardando en un cajón las que mostraban la violencia propia.

No, el problema de España y Cataluña no es un contenedor ardiendo o un enfrentamiento contra los antidisturbios. Ojalá. Eso pasa en cualquier país europeo y se digiere sin más trauma y sin echarle gasolina al fuego. El problema de España es psicológico. Si las sociedades pudieran tener problemas mentales, la sociedad española tiene uno y muy grave con la gestión de la violencia como herramienta de relación. Y para colmo, tiene políticos y medios –perdón por la redundancia– expertos en la irresponsabilidad de saber cómo funciona esta herramienta y sacarle todo el partido.