La Audiencia de Palma ha decidido no atender la petición de la Fiscalía y ha acordado dejar libre a Iñaki Urdangarin sin necesidad de que abone una fianza de 200.000 euros. El tribunal solo le obliga a comparecer el día uno de cada mes ante la autoridad judicial de su país de residencia, Suiza, y a que comunique sus posibles cambios de residencia.

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El tribunal desestima de esta manera la petición del fiscal Pedro Horrach, que consideraba necesario imponer medidas cautelares más duras ante lo elevado de las penas de prisión, que en el caso de Urdangarin superan los seis años. No tendrá que ingresar en prisión hasta que el Tribunal Supremo decida sobre el recurso que ha presentado.

Aunque se esperaban medidas más estrictas, como la retirada del pasaporte, Urdangarin dispondrá de él para moverse por todo el mundo. Solo tendrá que comunicar al tribunal sus viajes fuera de la Unión Europea. La Audiencia le advierte de que si no cumple sus medidas, podrá imponerle unas más duras.

Para su socio, Diego Torres, la Fiscalía había pedido una fianza de 100.000 euros, aunque su condena de cárcel es mayor. Igual que en el caso de Urdangarin, la Audiencia le libra de ese pago y le deja en libertad provisional hasta que se resuelva su recurso.

Sin embargo, en su caso sí que le retira el pasaporte y se le prohibe la salida del territorio nacional. Torres fue condenado a una pena mayor, de 8 años y seis meses de cárcel.

La sentencia del caso Nóos señala que Urdangarin se sirvió de su "privilegiado posicionamiento institucional del que disfrutaba, dada su proximidad a la Jefatura del Estado, por cuanto en aquellas fechas formaba parte de la Familia Real, con ocasión de la relación de parentesco que por vínculo matrimonial había adquirido".

Sobre su socio, las tres magistradas señalan que creó un entramado para captar dinero de administraciones públicas, y luego camuflar esos ingresos como lícitos. Urdangarin y Torres son, junto a Jaume Matas, los tres únicos condenados a penas de cárcel. El expresidente balear se enfrenta a una condena de 3 años y 8 meses.

Para el resto de condenados, sus penas no superan los dos años de cárcel, por lo que son conmutables por una multa. Se trata de los subordinados de Matas, que ayudaron al expresidente a saltarse los trámites legales para contratar con el Instituto Nóos. El resto de acusados, los de la rama valenciana del caso, fueron absueltos.