Transparencia Internacional da un tirón de orejas al Gobierno de Pedro Sánchez en la lucha contra la corrupción. Paradójicamente, un Gobierno que llegó al poder por una moción de censura motivada por la corrupción del Ejecutivo anterior no ha puesto en marcha medidas de calado para regenerar la democracia española siete meses después. Es la conclusión de este organismo independiente, que alerta de que España está estancada en la lucha contra la corrupción, y en un lugar muy bajo comparado con el resto de socios de la Unión Europea, según el índice internacional que elabora analizando 180 países. España se sitúa en el puesto 20 de los 28 Estados miembros de la UE, y su puntuación, 58 sobre 100, no permite calificarla como una democracia "plena", porque estas tienen un promedio de 75 puntos.

En el último año, España ha aumentado solo un punto en la calificación del Índice de Percepción de la Corrupción 2018, publicado este martes por Transparencia Internacional. No es una diferencia estadísticamente significativa, según sus autores, así que está estancada. A mayor puntuación en este índice, menos corrupción.

La posición española está en la cola de la Unión Europea, al mismo nivel que Letonia y por debajo de Chipre y República Checa, países con los que compartía posición el año pasado. Dinamarca lidera la clasificación, con 88 puntos, seguida de Finlandia y Suecia, ambas con 85 puntos. Las grandes potencias de la UE están muy por encima de España: Alemania y Reino Unido son calificadas con 80 puntos, y Francia 72. Y, aunque España supera ligeramente a Italia (58 puntos frente a los 52 italianos), el informe destaca que este país progresa de forma bastante positiva por sus reformas institucionales, “más avanzadas que las españolas”, y ha crecido en 10 puntos de un año a otro. “Una economía como la española, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos si quiere mantener su imagen y su competitividad”, avisan los expertos de Transparencia Internacional.

El organismo independiente dedicado a la lucha contra la corrupción llama la atención sobre la falta de impulso en la regeneración democrática del Gobierno socialista, a pesar de sus promesas. "Tras más de siete meses en el cargo, el nuevo Gobierno no ha realizado cambios sustanciales en la política anticorrupción", subraya el informe. "La prometida regeneración democrática no parece estar entre las prioridades del Gobierno".

La institución reconoce la debilidad parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez y los graves problemas que afronta, como sus dificultades para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y la deriva independentista en Cataluña, pero cree que "una debilidad parlamentaria no debería ser un hándicap para sacar adelante un plan integral contra la corrupción", reflexiona su presidenta, Silvina Bacigalupo. Los expertos de Transparencia Internacional confiesan su decepción en el informe: "Esperábamos mejores datos". Desde París, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha asegurado que la transparencia es "primordial" para el Ejecutivo socialista, que va a estudiar con la OCDE cómo mejorarla, informa Silvia Ayuso.

El problema español no es nuevo, y de hecho el retroceso más importante se ha producido en los últimos seis años. Entre 2012 y 2018, la calificación de España cayó siete puntos. Es el país (tras Hungría, y empatado con Chipre) que más ha caído en puntuación en Europa en estos últimos años. "La situación de España es dramática, el deterioro no se corresponde con una evolución sana y democrática del país", ha alertado Jesús Sánchez Lambás, miembro del comité director de Transparencia Internacional, en la presentación del informe en Madrid.

¿A qué se debe una puntuación tan baja? El índice de Transparencia Internacional, que se elabora desde 1995, utiliza 13 encuestas y evaluaciones elaboradas por expertos, que luego se unifican. Para conseguir la calificación final se toman al menos tres fuentes; este año la de España bebe de ocho estudios, entre ellos el índice sobre gobernanza de la Fundación Berelsmann, el World Economic Forum EOS o el World Justice Project Rule of Law Index.

Transparencia Internacional concluye que España no acomete reformas que hace años que han aprobado nuestros colegas europeos. "No hemos sido capaces de implantar una normativa que garantice la Ley de Transparencia, con un reglamento que desarrolle la ley, sino que ni siquiera hemos podido construir un sistema de protección de los denunciantes. Esto existe en 10 países de Europa desde hace años. Aquí hay una dejación absoluta", se ha quejado el analista Sánchez Lambás. La Ley de Transparencia fue aprobada en 2013, y cinco años después sigue sin reglamento. Los expertos del organismo reclaman un plan integral para la prevención de la corrupción. Entre otras reformas, piden que la instrucción judicial la dirija el fiscal y no el juez.

A la inacción del Gobierno socialista se añade que las perspectivas no son mejores con la irrupción de los partidos populistas y de extrema derecha como Vox. Un fenómeno que además Transparencia Internacional vincula precisamente con la falta de medidas que mejoren la democracia española. "La radicalización, la polarización y el uso populista de la corrupción es la consecuencia de no tratar de forma adecuada este problema. La corrupción es una de las variables clave para explicar este proceso", analiza el profesor Manuel Villoria, miembro también del comité director del organismo. "La llegada de estos partidos extremistas no va a llevar a una mejora de la lucha contra la corrupción", lamenta.