Por Rolando Tobarez



El exgobernador Martín Buzzi y la exministro de Economía, Gabriela Dufour, deberán devolverle al Estado provincial $ 187.128,35. Dufour debe contribuir con $ 101.527, 06 y Buzzi con $ 85.601,29. Lo decidió la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn, con los votos de María Inés de Villafañe y Julián Jalil.



El caso se origina en un antiguo reclamo por coparticipación de Puerto Pirámides. Su exintendente Alejandro Albaini, intentó un mandamiento de ejecución para que su localidad cobrara lo que le correspondía por ese concepto. Como lo establece la ley, era una demanda directa contra las personas de Buzzi y Dufour y no a la Provincia. Se defendieron con un abogado particular. Pero sus honorarios los costeó el Estado provincial.



Tras el fin del mandato de Buzzi, Fiscalía de Estado inició lo que se conoce como “acción de repetición”: que ambos devolvieran el monto que Provincia había gastado por el letrado.



En su momento, la Cámara de Madryn dispuso un embargo preventivo de bienes y cuentas corrientes de Buzzi y Dufour por $ 800 mil entre ambos. La idea era asegurarse el reembolso.



El reclamo de Provincia siguió su curso. Hubo una sentencia definitiva a favor de la devolución pero ambos apelaron ante la Cámara. Al insistir en su reclamo del dinero, Fiscalía argumentó que el Estado provincial “respondió indirectamente por una deuda que le es ajena, por lo que tiene el pleno derecho de exigir todo lo adeudado a quienes fueron condenados”. Recordó que el abogado en nombre de ambos concilió por el tema coparticipación con Pirámides. Pero Provincia no firmó. Por eso la conducta de los exfuncionarios “no puede atribuírsele”.



“La Provincia respondió indirectamente por la responsabilidad solidaria y objetiva que establece la ley de amparo; tiene la plena potestad de exigir todo lo que pagó en honorarios por la representación de una parte que es ajena”. Pirámides no había demandado a Provincia sino a dos personas.



Como el Estado canceló toda la deuda con el abogado, “está plenamente facultado para obtener el reintegro”. El pago se hizo “por considerar que existe una obligación solidaria e indirecta y en el entendimiento de que el importe total iba a ser devuelto a las arcas del Estado por aquellos que sí eran obligados directos a hacerlo”.



En su defensa, el exgobernador y la exministro advirtieron que en su momento el letrado le reclamó a la Provincia y no a ellos. Y que no supieron del pago ni del reclamo de Fiscalía. La primera intimación de devolución fue el 17 de febrero de 2017, un año y 3 meses después del pago. No recibieron esas cartas documento.



Según el Código Civil, los responsables del pago son Buzzi, Dufour y la Provincia, en partes iguales. Es que si un juicio lo pierde la “autoridad pública”, serán igualmente responsables el agente y el Estado, o el órgano al que pertenezca. “La norma instituye un supuesto de solidaridad legal de la cual se deriva la obligación de la Provincia con los honorarios”.



No importa si fue una condena contra los agentes o un acuerdo homologado donde Fiscalía no intervino: todas las partes deben contribuir proporcionalmente.



Los honorarios abonados fueron de $ 280.692,46. Buzzi y Dufour deben contribuir con las dos terceras partes de ese importe: $ 187.128,35. El tercio restante ya lo pagó la Provincia.



Los exfuncionarios deberán pagar además intereses compensatorios, para evitar un enriquecimiento sin causa en perjuicio de las arcas provinciales derivado de la inflación. Este tipo de intereses se abona cuando se usa un capital que pertenece a otra persona. En este caso la Provincia no pudo usar para otra cosa la plata que le pagó al letrado y que correspondía a los demandados.



