En redes sociales circula una noticia sobre la aprobación de la legítima defensa y de cómo ahora se permitirá matar a un ladrón cuando entre a un domicilio privado, pero la información está sacada de contexto y no muestra lo que realmente dice la ley ni lo que es la legítima defensa.

El 24 de septiembre de 2018, se adicionó un párrafo a la Fracción V del artículo 33 del Código Penal Estatal de Guanajuato, en el que se describe a la legítima defensa como “el hecho de causar daño a quien a través de la violencia, del escalamiento o por cualquier otro medio trate de penetrar sin derecho, a la casa habitación del agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los de cualquier persona que tenga la obligación de defender”.

Se ha dicho que este cambio se hizo para matar, pero la legítima defensa no es el permiso para asesinar o cometer un delito, es cuando se exime de responsabilidad a alguien después de que ocurren ciertos hechos o supuestos específicos, comentó Viridiana Valgañón, abogada de Equis Justicia para Mujeres.

La figura de la legítima defensa no es nueva. Está prevista en el Código Penal a nivel federal y en los de algunos estados. En el Código federal la legítima defensa se explica en el artículo 15 sobre exclusión de delito, fracción IV:

“Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende”.

La legítima defensa presupone que existe un riesgo inminente que pone en peligro un bien jurídico (la vida, la seguridad, la libertad) y se rige bajo el concepto de proporcionalidad: la defensa según la proporción del riesgo.

Por ejemplo, ante la amenaza de muerte con una arma, la víctima puede arrebatar la pistola y matar en defensa, sin recibir castigo.

Según el artículo 15 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, un domicilio puede poseer armas para la seguridad y defensa legítima de quienes lo habitan, sin embargo deben estar registrada ante la Secretaría de la Defensa Nacional y cumplir con las características previstas en la ley.

La proporcionalidad puede variar caso por caso. Por ejemplo, en el caso de Yaikiri Rubio —quien mató al hombre que la intentó violar—, el juez argumentó que la defensa que ella hizo fue exagerada, dijo que el bien jurídico en riesgo era la libertad sexual, no la vida, explicó Viridiana Valgañón.

Durante los litigios, la defensa y organizaciones civiles pidieron al juez incorporar elementos de perspectiva de género para analizar la proporcionalidad de la legítima defensa. Es decir, que considerara el contexto mexicano en el que una mujer que se enfrenta a un abuso sexual sabe que existe el riesgo de ser asesinada, por lo que la legítima defensa de Yaikiri fue proporcional al delito del que fue víctima.

¿Qué está permitido como legítima defensa?

Ante el creciente número de denuncias por secuestro dentro y fuera de las estaciones del metro de la Ciudad de México, circularon en redes publicaciones sobre cómo preparar gas pimienta casero o cómo utilizar aparatos de descarga eléctrica.

La abogada de Equis Justicia para Mujeres comentó que existe una laguna legal en el uso del taser y gas pimienta, instrumentos que pueden considerarse una arma blanca. Como la portación no está prevista en la ley, hacer uso de ellos podría no implicar un castigo legal.

Sin embargo, ante la laguna legal, si una persona lo utiliza contra su agresor y luego se da una detención, dependería de la interpretación del Ministerio Público, el juez de control y juez de primera instancias para determinar si se cometió o no un delito.

Según sostuvo Valgañón, la legítima defensa se legisla bajo el supuesto de que dos sujetos con igualdad de capacidades físicas y materiales, se enfrentan. No se prevé un contexto en el que las fuerzas son desiguales.

“El miedo que sentimos las mujeres al salir en la calle ante las amenazas inminentes es diferente a la seguridad con la que caminan los hombres en la calle. Saben que hay peligro, pero no se sienten con la capacidad de defenderse”, afirmó.

Valgañón concluyó que los tasers, gas pimienta o autodefensa personal, colocan en igualdad de circunstancias o posición de poder a las mujeres que son atacadas, por lo que esta consideración debe ser tomada en cuenta por un juez al analizar un caso específico.