La Junta de Castilla y León llegó a pagar hasta el cuádruple por los alquileres de las oficinas donde se ubicaban sus sedes internacionales en un periodo de cinco años. Los datos facilitados en 2012 por la Consejería de Economía y Empleo revelan un gasto que se multiplicaba en algunas de ellas de año en año. Es el caso de los "dos puestos dentro de la Cámara Oficial de Comercio de España" en París, que empezaron a funcionar en el año 2004.

La Junta de Castilla y León oculta información sobre el alquiler de sus 15 oficinas en el extranjero

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En 2005, el coste anual fue de 10.560 euros. En 2006, de 14.535; en 2007, de 19.580 y así hasta llegar al año 2010, el más caro, en el que se invirtieron 23.880 euros. El incremento, tomando como base el año 2005 fue del 123,3% en cinco años, pese a no haber cambiado de sitio. En 2011 se pagaron 19.380 euros y en 2012, hasta junio, el importe satisfecho era de 9.690 euros. Unas variaciones que, hasta el momento no tienen explicación.

Pero hay más casos y con incrementos más notables. Es el caso de la oficina de Bucarest, que se puso en marcha en octubre de 2007 en el centro Start Services. En noviembre de 2008 "se produce la apertura del Centro de Negocios Best Events SRL, donde se ubicó hasta abril de 2012, momento en que se produjo el traslado a las oficinas del Icex (Instituto de Comercio Exterior de España). Desde el año 2008 hasta el 2010 el alquiler subió un 201%. El máximo que se llegó a pagar en ese último año fueron 82.297 euros.

El alquiler anual en Rumanía es especialmente llamativo si se compara con el de México, donde el máximo anual fueron 24.386 euros. Aunque el alquiler de esta oficina no fue el más caro, también sufrió una subida notable, un 325% entre 2005 y 2009. La Junta abrió esta sede comercial en julio de 2004, en la Cámara Oficial de Comercio, donde estuvo hasta julio de 2006. Desde esta fecha, hasta julio de 2012 estuvo en el Centro de Negocios Regus.

Las variaciones no corresponden con los cambios de sede. Por ejemplo, en 2007, año que transcurrió íntegramente en Regus, se pagaron 5.438.52 euros. En 2008, el gasto de arrendamiento alcanzó los 20.965 euros, la subida es del 285%, y en 2009 subió un 16,3% más.

Nueva York fue otra de las ciudades donde la Junta de Castilla y León abrió una oficina. Con un mercado inmobiliario con precios disparados, el alquiler anual más alto que se pagó fue de 27.296 euros en el año 2009. Aún así, también hubo unas variaciones en el precio del 226% desde el primer año completo, 2005. Desde julio de 2004 hasta agosto de 2005, la sede estaba en la Cámara Oficial de Comercio. Desde septiembre de 2005 a julio de 2010, en el Centro Prime Office Centers y de agosto de 2010 a enero de 2012 en el edificio de Oficinas Corporate Suites.

Londres, otra ciudad con alquileres altos, tampoco superó el precio del arrendamiento de Bucarest. El año en que más dinero pagó la Junta fue el 2008, con 31.269 euros. Pero incluso con un gasto que parece más razonable, el incremento desde 2005 hasta 2008, fue del 94,8%. La Consejería de Economía precisó que no disponía de oficina, sino de "dos puestos" ubicados en la Cámara de Comercio desde julio de 2004 hasta julio de 2005.

Desde agosto de ese año hasta julio de 2011, esos dos puestos estuvieron en el Centro de Negocios City Arc y desde agosto de 2011 hasta 2012 en la Cámara de Comercio. Nuevamente, las subidas de precio no coinciden con los cambios de localización.

Prácticamente en cada una de las 15 oficinas o "puestos", se registran cambios en los precios de los arrendamientos cada año. Los alquileres más caros que pagó Castilla y León fueron los de Bruselas, con un máximo de 183.406 en 2011 y un total de 1.037.863 euros en seis años y medio; el de Varsovia, con un máximo de 135.339 euros en 2009 y un total de 937.305 en ocho años, y Bucarest, con un máximo de 82.297 en 2010 y un total de 252.766 euros en cinco años.

El gasto total de la Junta de Castilla y León en sus sedes internacionales, sumó 3,2 millones de euros entre 2004 y 2012 y eso sin añadir gastos de personal, y "otros gastos". Además de las mencionadas, contó con delegaciones en Dusseldorf, Estocolmo, Casablanca, Sao Paulo, Shanghai, Los Ángeles y San Francisco.

El único contrato que ha facilitado el gobierno regional a petición del PSOE a través de la mesa de las Cortes, es el de Bruselas.

Tal y como publicó este diario, el alquiler se cerró en 2006 con la empresa Co-Louis, una mercantil que se creó en 1999 con varios administradores belgas y que pasó, poco antes de firmar el arrendamiento con la Junta, a manos la promotora vallisoletana Urban Proyecta PM3 y de uno de sus socios, Germán Martín Giraldo.

La identidad de los administradores nunca se hubiese descubierto si no fuese porque la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) hubiese detectado movimientos bancarios de Urban Proyecta a Co-Louis (el contrato de arrendamiento fue firmado por una abogada belga en representación de Co-Louis) en el marco de la investigación judicial sobre el presunto sobrecoste del edificio de la Consejería de Economía conocido como Perla Negra y promovido por Urban Proyecta PM3.

Tal y como adelantó eldiario.es, la UDEF investiga ahora la salida invisible de 2,1 millones de la cuenta de la promotora en 2006 con destino a Bruselas, sin que haya un apunte contable que justifique esta operación. La sospecha, según fuentes del caso, es que Urban Proyecta compró el edificio de Bruselas a sabiendas de que lo alquilaría durante 15 años a la Junta y por un precio que permitiría no sólo recuperar el dinero de la compra, sino superarlo.

La operación, aparentemente, se torció cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores recomendó a todos los gobiernos regionales que trasladasen sus sedes a oficinas diplomáticas como medida de austeridad. Sin embargo, el contrato tenía una cláusula que obligaba a pagar durante los 15 años acordados aunque el contrato se rescindiese. La Junta no ha aclarado si pagó o no la indemnización y, por el momento, no ha facilitado más contratos de alquiler de sus sedes amparándose en que se gestionaron a través de Excal, la empresa de comercio exterior que obtenía el 98% de su presupuesto del gobierno regional y que este considera "privada".