En el acto de apertura del curso universitario 2014/2015, el entonces rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, se hizo una pregunta en voz alta: “¿Por qué pagamos matrículas en las universidades?”. “Yo no entendía por qué un estudiante que cumplía tenía que pagar”, explica a El Confidencial un lustro más tarde. Entre un momento y otro, como consejero de Economía, Hacienda y Administración de la Junta de Andalucía de Susana Díaz, se convirtió en uno de los encargados de traer, por primera vez, las matrículas gratuitas a España. “Me tocó por hablar”, añade.

Después de dos años de trabajo, el proyecto tomó forma en el curso 2017/2018, cuando la Junta aprobó una bonificación del 99% de los créditos universitarios aprobados en primera matrícula. En otras palabras, si el estudiante aprueba, se le devuelve el dinero. Un cinco, raspado o no, y lo recuperas todo. Una medida pionera que seguirá vigente en el próximo curso, con el apoyo del PP y Ciudadanos (“porque saben que beneficia a las clases medias y trabajadoras”), y que se replicará en otro feudo socialista, la vecina Extremadura de Guillermo Fernández Vara.

El Diario Oficial de Extremadura publicaba el pasado 27 de mayo el decreto de bonificación del 99% del importe de los créditos en la Universidad de Extremadura, la única pública de la región, como “una nueva forma de primar la excelencia entre el alumnado”. Pero también, como explica Juan José Maldonado, director general de Formación Profesional y Universidad, tiene el objetivo de “ofrecer medidas atractivas para que el talento se quede en Extremadura”. O, por qué no, que estudiantes de otras regiones emprendan el camino opuesto al habitual y, en lugar de Salamanca, Madrid o Barcelona, opten por Cáceres o Badajoz. Un reclamo ante la sangría de estudiantes.

Son los primeros pasos del PSOE para ir avanzando en nuestro país poco a poco hacia la gratuidad de las matrículas

Como inspiración se encuentran los 13 países europeos donde la matrícula es gratuita (Alemania, los escandinavos, Grecia, Malta o Chipre), que entre suspiros siempre aparecen como los países a imitar. “Nuestro objetivo es acercar el sistema extremeño a países referentes en Europa”, confiesa Maldonado. Y a un coste, en teoría, bajo. La Junta calcula un gasto de alrededor de cinco millones de euros. En Andalucía, donde hay 10 universidades públicas en las ocho provincias, el coste se ha situado entre los 30 y 40 millones y ha beneficiado a 76.000 universitarios. “Es muy pequeño, teniendo en cuenta que la Junta destina al año 1.400 millones a universidades”, matiza el exconsejero.

Es posible que se trate de medidas excepcionales en las dos comunidades españolas con un menor PIB por cápita y, por lo tanto, más expuestas a la emigración, con el objetivo de evitar que las familias más desfavorecidas no puedan enviar a sus hijos a la universidad. Pero también, sugiere Maldonado, se trata de una propuesta cocida a fuego lento desde hace una década con la mirada puesta en la gratuidad de la educación superior. A otro nivel, se han implantado medidas semejantes en comunidades como Aragón, donde se bonifica el 50% de la matrícula. En su programa de las autonómicas del último año, una de las promesas del PSOE era ofrecer la primera matrícula gratuita a todos los estudiantes.

Los precios públicos de las matrículas españolas son de los más elevados de la Unión Europea, como recuerdan los datos de la Comisión Europea: los sextos más caros en grado y los terceros en máster. La presente medida mira de reojo a países como Escocia, Reino Unido o la República Checa, donde, gracias a estas bonificaciones, menos de un 15% de los alumnos paga matrícula.

Hoy, un estudiante español paga alrededor del 15% del coste de la carrera de su bolsillo, mientras que el resto es asumido por el Estado. La pregunta que se hicieron los impulsores fue: metidos en faena, ¿qué más da un cero que un 15%? “Queremos parecernos a los países de nuestro entorno, a Alemania, a Escocia, a Francia”, añade Arellano.

¿Quién lo paga?

La medida se remonta a años atrás, en plena crisis, cuando diversas comunidades comenzaron a plantearse una alternativa. Pero es una posibilidad entre tantas, y para algunos ni siquiera la mejor si de lo que se trata es de garantizar el acceso a la universidad de todos los que deseen estudiar. José Sánchez Campillo, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, participó en un proyecto encargado por Canarias para estimar el precio de la matrícula en función del nivel de renta. Una medida, en su opinión, más equitativa.

Un sistema de precios en función de la renta es más justo, la gratuidad por la gratuidad solo genera gasto

Es uno de los más duros con la medida, a la que califica de “populista y de 'marketing”. El problema, en su opinión, es que la medida no distingue a las familias que bien podrían asumir fácilmente el pago de la matrícula y que salen doblemente beneficiadas. Tampoco cree que un mero aprobado garantice precisamente la búsqueda de la excelencia del estudiante. “Es un derroche, ya que hay familias de clase media y alta que lo podrían asumir fácilmente, por la vía de la equidad es menos equitativo”. Y recuerda que es gratis individualmente, pero no socialmente. “¿Qué pasa si el capital humano se marcha?”.

“El sentido no es económico, es político”, valora José Enrique García Agüera, profesor de Economía en la Udima. “Parece solidario pero no lo es, se revierte contra el propio sistema”. Agüera coincide con Campillo en que “todo servicio gratuito genera detracción de recursos por parte del que sí puede pagar”, y recuerda que es el sistema de becas nacional y autonómico el que debería garantizar que todo aquel que quiera estudiar pueda hacerlo. También apuesta por un coste en función de la renta: “Es más justo y solidario, la gratuidad por la gratuidad solo genera gasto”.

Antonio Ramírez de Arellano. (Fernando Ruso)

La bonificación huele a reconocimiento del fracaso del sistema de becas. Como recuerda Ramírez de Arellano, estas suelen utilizarse para sufragar el pago de la matrícula, no para el sustento, lo que ha terminado provocando “que la posibilidad de seguir con los estudios dependa de perder o no la beca”. En Andalucía, los estudiantes beneficiados por esta medida son aquellos que no cumplen los requisitos para obtener la beca del Ministerio de Educación, “evitando así su expulsión del sistema universitario”. En Extremadura, un requisito es haber solicitado la beca estatal.

El porcentaje de becados en España es del 30%, menor a la media europea. “Las becas son pocas”, reconoce Oriol Escardibul, de la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona, que recuerda que en muchos casos la caída de ingresos para las universidades ha terminado siendo compensada por las familias. Por eso, advierte, una medida semejante debe ir correspondida con un aumento de la inversión pública para no caer en la reducción de recursos. En la Universidad de Extremadura se anunció un aumento en los presupuestos de un 10% para el próximo año con un mayor aporte de la Junta para saldar el déficit del pasado año.

¿Y los préstamos?

Durante la presentación de la medida, el rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz, recordó el caso de la estudiante madrileña que fue embargada tras no devolver un préstamo universitario de 2010. Sobre el horizonte se cierne la amenaza de la locura de la deuda estudiantil en EEUU, que asciende ya a 1,5 billones (sí, con 'b') y que ha provocado que recientemente Bernie Sanders y Elizabeth Warren hayan propuesto cancelar la deuda y matrículas gratuitas.

Es posible que Extremadura haya acelerado la puesta en marcha para evitar la fuga de estudiantes a la vecina Andalucía

En opinión de Escardibul, no es útil “ponerse siempre en lo peor”, y recuerda que el sistema de préstamos universitarios, bien planteado, podría jugar el mismo rol de forma más eficiente. “Lo que pasa es que se hicieron mal, se cambiaron las condiciones a mitad de partido, entraron los bancos...”, recuerda. El modelo inglés puede ser una alternativa interesante. La clave se encuentra en los bajos intereses y una devolución condicionada a los ingresos. Si tu sueldo anual no supera las 21.000 libras, no pagas.

El efecto mancha de aceite

Una vez haces 'pop', no hay 'stop', y cada comunidad tiene la potestad de decidir qué hace con las matrículas de sus estudiantes y la financiación de sus universidades. Es una cuestión de voluntad política. ¿Comparable a otros países europeos? Como recuerda Agüera, en los países nórdicos o del norte y centro de Europa, con una larga tradición, la contribución en impuestos es mayor, por lo que es razonable que el ciudadano perciba más ventajas. Además, la emancipación de los estudiantes suele ser más temprana: es una sociedad diferente.

Es posible, incluso, que estas propuestas generen una competencia imprevista entre comunidades, que haya acelerado que Extremadura la implante para evitar la fuga de universitarios a la región vecina. Como recuerda Escardibul, “cuando el ciudadano de una comunidad ve que en la de al lado empiezan a pasar cosas, se mueve”. García Agüera habla de un hipotético efecto 'crowding out' que expulse a las universidades privadas que comienzan a brotar en estas comunidades: tras Loyola, inaugurada en 2013, otros centros pueden unirse pronto.

488 millones al año. Esa es la cifra que, según la CRUE, costaría bonificar la primera matrícula en las universidades españolas a todos los alumnos. Un par de Neymar, 19 veces menos que el coste de las obras de la M-30 madrileña. Es probable, no obstante, que los próximos pasos se den con más cautela. Al fin y al cabo, como recuerda Agüera, si consideramos que la medida es un tanto electoralista, es previsible que no haya mucho movimiento hasta el final del ciclo político. Hasta entonces, avisa, habrá que enfrentarse a otros problemas más acuciantes y quizá más “dolorosos”. Como “ajustar el tamaño de la universidad pública”.