La inseguridad en México se convirtió en un negocio rentable. Empresas que se dedican a la tecnología de vigilancia y prevención saben que los estados con problemas de violencia pagarán sumas millonarias por sus productos y servicios, y prácticamente sin preguntar.

Para contratarlas, los gobiernos estatales no han lanzado licitaciones públicas para que las compañías compitan y, así, las administraciones públicas decidan por la opción más idónea para las finanzas.

Por el contrario, contratan servicios de seguridad bajo esquema de adjudicación directa, sin un proceso para revisar quiénes son los más económicos o más eficientes, sino que eligen de forma directa a empresas que los funcionarios en turno consideran las mejores, aunque éstas, incluso, no tengan la mejor reputación en otras entidades.

Una investigación de Noroeste documentó que así sucedió en estos estados del país con la empresa Seguritech: Sinaloa, Sonora, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Colima, Guanajuato y seis delegaciones de la Ciudad de México.

Las entidades contrataron a la firma para rentarle, con contratos multianuales, tecnología y edificios para inteligencia en seguridad.

Entre los servicios que ofrece Seguritech están los edificios que se llaman C4 o C5, que son complejos para crear inteligencia policial, así como vehículos blindados, helicópteros, aviones, videocámaras, arcos carreteros de seguridad, lectoras de rostros, lectoras de placas de vehículos, rayos x, drones y vigilancia satelital.

En Sinaloa, por ejemplo, opera la empresa Comunicación Segura, que es filial del grupo empresarial Seguritech. La firma proporcionó distintos servicios en tres contratos diferentes, cuyo costo total fue de mil 307 millones 218 mil 146 pesos, que se pagaron en el transcurso de 5 años, entre 2011 y 2016, durante el sexenio de Mario López Valdez.

Del mismo modo opera, u operó, en Guanajuato, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Sonora, sólo que cada uno de esos estados tuvo peticiones y costos diferentes.

En total, por servicios para las 10 entidades, la empresa ha obtenido 22 mil 307 millones 297 mil 718 pesos desde 2007 a la fecha, según contratos obtenidos por Noroeste a través de los portales de transparencia de los estados y reportes de auditorías federales y locales.

En la mayoría de esos estados la empresa tuvo o tiene problemas con las administraciones, lo que ha hecho que las auditorías de los estados y la de la Federación hicieran observaciones y promovido sanciones administrativas o penales.

Eso ocurrió después de que se detectara que la contratación de la empresa se hizo de forma directa, cuando los estados pudieron hacer licitaciones. También se encontró que la empresa incumplió en sus cláusulas, o que los gobierno no abogaron por tener mejores contratos.

En los estados en los que hasta el momento no hay problemas es porque recién iniciaron operaciones, como el caso de Hidalgo, Sonora y Estado de México, o en Colima, donde el proyecto apenas se asignó a principios de diciembre de 2017.

Noroeste explica cómo Seguritech se ha instalado en el país, sus alcances, sus fallas, sus modos de operación y cómo los gobiernos han decidido contratar la firma a través de adjudicaciones directas, en sentido contrario a las recomendaciones de las auditorías superiores de los estados y de la Auditoría Superior de la Federación.

Seguritech: de alarmas a satélites

Seguritech es una empresa que inició vendiendo alarmas vecinales y hoy, después de 22 años, ya vende servicios de complejos de seguridad, satélites y aviones no tripulados.

En 1995 comenzó a operar la firma Seguritech Privada S.A. de C.V., propiedad del mexicano Ariel Zeev Picker Schatz.

En ese tiempo, su negocio ubicado en la Ciudad de México comerciaba con alarmas de seguridad en negocios privados y casas habitación, así como alarmas vecinales para los gobiernos locales.

Para 2000, el negocio trascendió a los botones de pánico, populares en las delegaciones del entonces Distrito Federal, pues éstos eran conectados en negocios comerciales para utilizarse como alarmas de seguridad pública.

De acuerdo con contratos y auditorías locales y federales, para 2007 Seguritech comenzó a tener contratos de mayor trascendencia: empezó a vender equipo de videovigilancia a gobiernos locales, entre ellos al municipio de Guadalupe, en Nuevo León, o la Delegación Iztacalco, en Ciudad de México.

Además, logró posicionarse en estados como Yucatán para la venta de equipo de radiocomunicación.

La empresa se consolidó al mismo tiempo en el que la violencia en México alcanzó sus niveles máximos. Para 2009, cuando se incrementaron los delitos dolosos durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la empresa comenzó a cerrar contratos más grandes.

Fue en 2011 cuando obtuvo el primer contrato que superó los mil millones de pesos, bajo un esquema de arrendamiento de equipo de seguridad y la construcción de complejos de seguridad. Ese contrato se firmó en Sinaloa.

La empresa, para ese entonces, pasó de vender alarmas vecinales y botones de pánico a construir complejos de seguridad y arrendar vehículos blindados.

Seguritech comenzó a hacer negociaciones diferentes y dejó de participar en licitaciones públicas en los estados para pasar a las adjudicaciones directas.

En cada una de las entidades en las que se presenta, de acuerdo con otros proveedores de seguridad consultados por Noroeste, es seguro que Seguritech obtenga al menos un contrato.

Después de Sinaloa, otros estados como Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato e Hidalgo, contrataron a la firma.

El modo de operación

La empresa de Picker Schatz tiene un modo de operación estricto: a donde llega deja claro en las negociaciones con los estados que toda información de los contratos debe reservarse, con el argumento de ser sensible para la seguridad de los estados.

También establece la atención de distintos servicios, es como si armara paquetes especiales en los que incluye los equipos, el mantenimiento y pólizas de garantía, lo que eleva el monto económico de los contratos.

De esa manera, Seguritech ofrece en los estados servicios de arrendamiento con pagos multianuales.

Ese esquema es similar a los contratos por asociación público privado, con la diferencia de que, ya que se termina la vigencia de cada uno, los estados deciden hacer válida o no una cláusula de compra que se establece por montos mínimos del 18 % del costo total de los contratos.

Las 11 entidades que han contratado a la firma han accedido a ese modo de operación de Seguritech, sin que se ponga restricción alguna.

De acuerdo con auditorías en Guanajuato, Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero, los modos de contratación de la empresa no son los óptimos, lo que ha provocado la promoción de sanciones en contra de funcionarios y ex funcionarios públicos.

Una empresa de escándalo

Seguritech es una empresa fácil de encontrar en los buscadores digitales. Tiene dos modos de encontrarse: porque su expansión se ha vuelto fuerte en los estados y porque su esquema de operación no ha sido el mejor, pues arrastra deficiencias y procesos jurídicos.

El empresario Ariel Zeev Picker Schatz aparece en distintos artículos en el que se le vincula con políticos como David Korenfeld, ex director de la Comisión Nacional del Agua, y con políticos priistas de apellido Del Mazo, una de las familias que deciden los destinos del Estado de México, de donde surgió Alfredo, actual Gobernador del Edomex y vinculada al Grupo Atlacomulco, al que pertenece el Presidente Enrique Peña Nieto.

Noroeste solicitó la versión de Picker Schatz para esta investigación, pero tras distintos intentos no se concretó el contacto.

Entre las deficiencias, las que llaman más la atención son el incumplimiento de contrato en el municipio Acapulco de Juárez y, al mismo tiempo, con el Gobierno del Estado de Guerrero, quien contrató a Seguritech para la reparación y mantenimiento de equipo, así como para la instalación de videocámaras y botones de pánico.

La empresa incumplió contratos, de acuerdo con auditorías federales y señalamientos de Antonio Sebastián Ortuño, ex Contralor del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, quien promovió una sanción económica en contra de la empresa por un millón 750 mil pesos.

Picker Schatz se ha aliado con abogados para afrontar tales señalamientos, entre ellos miembros del despacho TMI Abogados, una de las firmas más importantes en México sobre Derecho y Tecnología, estrictamente con Kiyoshi Tsuru, quien es el socio fundador y director del despacho.

La empresa mantiene su expansión y recientemente cerró contratos con los gobiernos de Sonora, Michoacán y Colima bajo los mismos esquemas de contratación y servicio.

Mensaje de Seguritech en su sitio web

Seguritech contribuye en la consecución de proyectos de Seguridad Nacional del país. Esto ha implicado grandes retos tecnológicos, humanos y de organización, a los cuales respondemos hoy con grandes áreas de especialización, cada una de ellas integrada por especialistas con gran experiencia.

En este camino hemos incursionado y evolucionado en aeronáutica, construcción, meteorología, penitenciaría, residencial, salud, seguridad ciudadana y telecomunicaciones, atendiendo en México, a más de 5,000 clientes privados, corporativos y sector gobierno.

A lo largo de más de 22 años de trabajo, hemos ofrecido nuestros servicios para desarrollar proyectos públicos (federales, estatales y municipales) y privados (corporativos y residenciales).

Conservando los valores con los que fue fundada esta empresa, hemos crecido bajo una dirección profesional, comprometidos en conservar altos estándares de calidad para dar soluciones integrales de vanguardia a nuestros clientes.