Alerta Solidària, organización antirrepresiva de la izquierda independentista dels Països Catalans, y el Proyecto SIRECOVI contra la violencia institucional, gestionado por el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universidad Barcelona, convocaron el 10 de septiembre una concentración contra la impunidad policial ante los juzgados de l’Hospitalet de Llobregat para exigir la […]

Alerta Solidària, organización antirrepresiva de la izquierda independentista dels Països Catalans, y el Proyecto SIRECOVI contra la violencia institucional, gestionado por el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universidad Barcelona, convocaron el 10 de septiembre una concentración contra la impunidad policial ante los juzgados de l’Hospitalet de Llobregat para exigir la inhabilitación permanente de «Malamadre». Así es conocido el agente 9088 de los Mossos d’Esquadra de l’Hospitalet, a quien la Campaña Malamadre Inhabilitació atribuye «numerosas actuaciones negligentes y desproporcionadas».

El policía acudió a declarar el 10 de septiembre, en calidad de investigado, al juzgado de Instrucción Número dos de L’Hospitalet por las presuntas agresiones a un vecino durante el desalojo -sin orden judicial- de un inmueble okupado. Los hechos ocurrieron el pasado 29 de mayo en la ciudad barcelonesa. Los activistas denunciaron que el mosso d’esquadra «le clavó (a Ramón Gómez) una porra extensible en la cara causándole una perforación ocular»; a pesar de las dos intervenciones quirúrgicas, el vecino perdió la visión en un ojo.

El caso figura en la página de Facebook de «La cifra negra de la violencia institucional», documental de 84 minutos producido por Empatik Films con el apoyo de Amnistía Internacional y la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura. Dirigido por Ales Payá y estrenado el uno de marzo en Madrid, el audiovisual incluye 30 relatos en primera persona, como los de Cristina García y Carles Mestre, agredidos en octubre de 2005 por agentes de la Guardia Urbana de Badalona en la estación de RENFE; Jordi Vilaseca, detenido en 2003 junto a otros dos jóvenes por los Mossos d’Esquadra en Torà (Lleida), en aplicación de la Ley Antiterrorista; Unai Romano, quien denunció presuntas torturas de la Guardia Civil tras su detención, en septiembre de 2001, en Vitoria; o Chelo Baudín, quien estuvo 90 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por el impacto de una pelota de goma durante la Marcha Minera de 2012 en Madrid.

El trabajo de Empatik Films ganó el premio a la mejor película en el Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián-2018. Autor del guión y montaje junto a Cristina Garés, Payá destaca las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al Estado español; en febrero de 2018, el tribunal de Estrasburgo condenó al Reino de España a indemnizar con 30.000 euros a Igor Portu y con 20.000 euros a Martín Sarasola por considerar que sufrieron un «trato inhumano y degradante» durante su detención por agentes de la guardia civil, en enero de 2008 (por este caso el Tribunal Supremo español absolvió, en 2011, a cuatro agentes de un delito de torturas). Ya en 2015, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas mostró su preocupación por las denuncias de «impunidad y ausencia de investigaciones exhaustivas y eficaces» ante las presuntas torturas policiales en España. El documental, añade Ales Payá, incluye «reconstrucciones fieles de escenas vividas por los afectados», por ejemplo las torturas a José Solís tras el motín de 2004 en la prisión barcelonesa de Quatre Camins.

El filme se ha proyectado en más de 30 ciudades del estado español; en Valencia, en un acto público organizado por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) y la asociación Obra Mercedaria de Valencia. Durante el acto se presentó asimismo el último informe de la CPDT sobre denuncias por torturas, violencia institucional y tratos inhumanos, crueles o degradantes recogidos durante 2017 en el estado español. Integrada por 40 asociaciones en defensa de los derechos humanos, la Coordinadora ha realizado el informe por decimocuarto año consecutivo. El documento da cuenta de 224 situaciones de agresión, torturas y/o malos tratos durante el pasado año, en las que resultaron afectadas 1.014 personas que se hallaban en comisarías, prisiones, cuarteles u otros centros de privación de libertad; también se incluyen las víctimas de intervenciones policiales como la represión de manifestaciones. En términos comparativos, en el año 2017 se multiplicaron por dos las situaciones de agresión y tortura respecto a 2016 y por cuatro el número de afectados.

El informe aclara que no recoge todas las situaciones de torturas o malos tratos, ya que en «muchos casos» no se produce una denuncia pública o ante los tribunales. Algunas de las razones son, según la Coordinadora, «el temor de los afectados a las contradenuncias por parte de los agentes de la autoridad y la desconfianza hacia los órganos encargados de investigar las agresiones». En el apartado de la «impunidad», el documento cita ejemplos como el de Héctor Moreno García, designado jefe de la Policía Nacional de Cantabria en abril de 2017 por el ejecutivo de Rajoy; La Audiencia Provincial de Madrid condenó en 1994 a Moreno García y otros cuatro policías a 48 años de inhabilitación especial y cinco meses de arresto por un delito de torturas y detención ilegal; en 1998 el gobierno de Aznar le conmutó la pena.

El balance 2004-2017 de la CPDT contabiliza 3.602 situaciones de agresión o malos tratos con 9.085 víctimas (2017 es el año con más personas afectadas de todo el periodo, debido principalmente a la acción represiva del pasado uno de octubre en Cataluña, señala la Coordinadora). En cuanto a las circunstancias de los agredidos, el ítem principal corresponde a «movilizaciones sociales» (86 situaciones y 618 víctimas), seguido de las personas migrantes (56 y 287) y las personas presas (58 y 59).

La Coordinadora también realiza un desglose de los funcionarios acusados en 2017 de infligir malos tratos y torturas; en primer lugar figura el Cuerpo Nacional de Policía (82 situaciones y 551 víctimas), seguido de la Guardia Civil (41 y 338), los funcionarios de prisiones (57 y 58), las policías locales (24 y 40) y las policías autonómicas (19 y 26). Se da la circunstancia que el 60% de las personas privadas de libertad que denunciaron agresiones eran internos de un CIE (incluida la prisión de Archidona en Málaga, utilizada temporalmente como Centro de Internamiento de Extranjeros y donde murió en diciembre de 2017 un ciudadano argelino); por otra parte, en las prisiones se registra un 67% de los malos tratos producidos en espacios de privación de libertad.

Otro dato significativo es el de las muertes bajo custodia o como consecuencia de una intervención policial. Así, el informe de la CPDT señala que 55 personas fallecieron en 2017 mientras estaban bajo la custodia de funcionarios de prisiones (la mitad de las víctimas mortales), de la Guardia Civil, las diferentes policías o en centros de menores. Entre enero de 2001 y finales de 2016, el número de muertes en estas circunstancias se elevó a 705; «muchas de ellas no merecen reproche penal y algunas responden a accidentes ‘inevitables’, pero otras implican negligencias, fallos en la salvaguarda del derecho a la salud y la integridad física o las condiciones higiénico-sanitarias de la custodia», explica el documento. El pasado 22 de marzo el Gobierno de España informó en una respuesta parlamentaria al senador de EH Bildu, Jon Iñarritu, que en 2017 murieron 147 internos en las cárceles españolas.

La CPDT se hace eco de casos como el denunciado en enero de 2017 por la PAH Corredor del Henares y Stop Desahucios Alcalá, durante la paralización del desahucio de un matrimonio con cuatro hijos (tres de ellos menores) que sobrevivía con algo más de 400 euros mensuales. La vivienda, informaron los activistas, había pertenecido a Bankia y después a un «fondo buitre». La Coordinadora de Vivienda de Madrid criticó en un comunicado la actuación de la Policía Nacional: «Una hora antes de la hora prevista para el desahucio (los agentes) han cargado contra las decenas de personas que se hallaban en el portal; hemos visto zarandear y agredir a compañeras, algunas de edad avanzada» y también «golpear con violencia desmedida». Dos activistas fueron detenidos, «uno de ellos en una calle adyacente, cuando ya abandonaba el lugar».

La respuesta parlamentaria del Gobierno al senador Jon Iñarritu detalla que 27 de las muertes en las cárceles españolas ocurridas durante 2017 tienen como origen el suicidio, 31 están relacionadas con las drogas y dos con el VIH-SIDA; el político abertzale recuerda en su cuenta de Twitter que en las 79 muertes atribuidas a «causas naturales» se incluyen las generadas por enfermedades graves; se trata de personas «que deberían haber sido liberadas para tener un final de vida digno», afirma.

En el acto celebrado en el Col.legi Major Rector Peset de la Universitat de València se ha presentado el informe «Sanidad en prisión. La salud robada entre cuatro muros», publicado en 2016 por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). El pasado cuatro de abril la APDHA pidió una investigación por el fallecimiento de cuatro presos en cárceles de la provincia de Cádiz, tres de ellos en el Centro Penitenciario de Puerto III; también en abril la APDHA denunció la muerte por sobredosis de tres presos en el penal granadino de Albolote, causadas entre otras razones por la «falta de personal sanitario dentro de la cárcel y las condiciones en las que ésta se encuentra»; la APDH reclamó a la Subdelegación del Gobierno en Granada una investigación «sobre el tratamiento de sustancias cuyo consumo está prohibido o restringido por prescripción facultativa en prisión». Además dos internos murieron en abril -en menos de una semana- en el Centro Penitenciario de Huelva.

Hay casos más recientes. El pasado 31 de agosto el periódico La Opinión de Málaga dio cuenta de la defunción de un recluso en la cárcel de Archidona, posiblemente por sobredosis según fuentes de la investigación. A mediados de año, la prisión de Botafuegos en Algeciras sumaba cinco reclusos muertos, previsiblemente por el mismo motivo. Mientras, la asociación de derechos humanos recuerda, a partir de datos facilitados por el Gobierno en diciembre, que en el periodo 2008-2017 sólo se cubrieron 62 de las 123 bajas producidas en el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. Las disfunciones en la atención se aprecian, por otra parte, en la información facilitada por el Gobierno a la senadora de Podemos Maribel Mora, publicada por eldiario.es: 3.559 citas médicas con los internos en hospitales externos no pudieron realizarse en 2017 por falta de custodia policial para el traslado. «En muchas ocasiones una persona, por el hecho de estar en prisión, no puede acceder a un tratamiento del que sí podría disponer si estuviera libre», concluye la APDH.

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