Fernández Díaz congeló siete meses en 2014 la llegada de García Catalán a la UDEF por la polémica que originó la noticia en eldiario.es de su desembarco

Dos años después de la primera información que situaba a la fundación CEPS como vínculo entre Venezuela y la financiación de Podemos, el máximo responsable de la unidad de la Policía contra la corrupción viajó el mes pasado a Nueva York para tomar declaración en persona a un supuesto testigo, Rafael Isea, ministro de Finanzas del Gobierno venezolano entre 2008 y 2012 y, según varios medios de comunicación españoles, actual confidente de la DEA.

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El diario ABC reprodujo en su edición del viernes un extracto de la declaración de Isea a “dos agentes” de la UDEF el 23 de abril en el Consulado español. Junto a las firmas de los policías aparecen sus números de carné profesional. eldiario.es ha comprobado que no se trata de dos agentes más de la UDEF. El número 18.432 pertenece al comisario José Manuel García Catalán, jefe de la Brigada Anticorrupción de la Unidad y, en la actualidad, jefe interino de la misma. Junto a él viajó una inspectora, jefa de grupo en la Brigada Anticorrupción, Silvia O.M.

García Catalán ejerce como jefe accidental de la UDEF desde que el anterior comisario al frente de la Unidad, Manuel Vázquez, fue destinado a la Jefatura Superior de Galicia a principios de marzo. Desde finales de 2014 es jefe de la Brigada contra el Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, enmarcada en la UDEF. Cuando aterrizó en la Unidad, solo llevaba un año de comisario y había sido siempre ajeno a las investigaciones contra la corrupción y los delitos económicos. Fue dirigente del Sindicato Profesional de la Policía (SPP), que copa la cúpula policial desde que gobierna el PP.

eldiario.es avanzó su llegada a la Brigada Anticorrupción el 7 de mayo de 2014, cuando conoció que ya había pasado al menos una jornada en su nuevo puesto. Pero la inmediata polémica que surgió por la información hizo que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ordenara dar marcha atrás y no llegara a firmar el nuevo destino. Cuando pasó la tormenta, siete meses después, García Catalán fue ratificado en el puesto. Entre tanto, Fernández Díaz había advertido al PSOE en el Pleno del Congreso de que hacía el “ridículo” por pedir explicaciones ante una noticia falsa de “un digital”.

José Manuel García Catalán ha viajado a Nueva York sin que tenga conocimiento de ello ningún juez. Además, la participación de un jefe de la UDEF en una toma de declaración, más aún en el extranjero, es absolutamente inusual en el Cuerpo Nacional de Policía, según reconocen investigadores y mandos consultados.

La investigación de la supuesta financiación irregular de Podemos sigue sin judicializar, dos años después de la primera noticia de la Fundación Ceps, publicada en El País. Según informó elconfidencial.com en enero, un supuesto testigo de la DEA, al que no identificó, también colaboró en la realización del informe PISA, el mismo que el Tribunal Supremo ha despreciado.

El Informe PISA y Manos Limpias

El alto tribunal tuvo acceso al informe, sin firma ni sello, porque Manos Limpias lo incluyó en una de sus fracasadas querellas contra los dirigentes de Podemos. El fallo de la Sala de lo Penal, que rechazó el valor como prueba del documento, se produjo a pesar de que el comisario Manuel Vázquez, que precedió a García Catalán y entonces estaba por encima de él, contactó con jueces y fiscales para ofrecerles explicaciones sobre las virtudes del papel apócrifo que había entregado al tribunal la organización liderada por Miguel Bernad, hoy en la cárcel por extorsión y organización criminal, entre otros delitos.

En el extracto de la declaración de Isea publicada por ABC, se pone de manifiesto que el antiguo chavista ha pedido convertirse en testigo protegido y que los policías le explican que esa figura “sólo puede ser autorizada por una autoridad judicial española, si bien, desde este momento, al mismo se le va a denominar TESTIGO UNO en todas las diligencias practicadas con posterioridad a la presente, espera (sic) de dicha decisión judicial”. Una decisión que debe tomar un juez que a día de hoy no existe en la investigación.

Rafael Isea asegura, “sin ningún tipo de duda”, que Chávez firmó pagos por más de siete millones de euros a la fundación CEPS y que no tributó por ellos. Su declaración está precedida de la publicación en España de un documento por Okdiario y el ABC en ese sentido y donde aparece una firma que la Policía española identifica como la de Chávez, según esos medios.

El posible delito fiscal es una nueva vía en la búsqueda de encontrar delitos en los líderes de Podemos. El informe PISA se centraba en la posible financiación irregular del partido, aunque los hechos que relataba eran anteriores a su fundación y a que el delito señalado existiera en el Código Penal.

En su declaración, Isea menciona a Pablo Iglesias, Jorge Verstrynge y Juan Carlos Monedero. La propia fundación CEPS reconoció en sus cuentas pagos por valor de 4,2 millones de euros por el Gobierno de Caracas, en concepto de trabajos de consultoría.