Después de dos años casi estancado, el Pacto de Toledo tenía listo un preacuerdo para aprobar las recomendaciones antes de que se disuelvan las Cortes el próximo 5 de marzo. Sin embargo, a última hora, ha saltado todo por los aires. Unidos Podemos ha introducido votos particulares a las recomendaciones y finalmente se ha levantado de la mesa de negociaciones, lo que deja al Pacto en una situación crítica.

Nadie sabe ahora en qué punto queda el importante borrador del acuerdo que contenía las nuevas recomendaciones. Y eso que incorporaba avances significativos que los grupos no quieren descartar todavía, como la introducción de dos nuevas recomendaciones. Una de ellas está dedicada a los jóvenes, como adelantó este periódico, con el objetivo de que se garantice el futuro del sistema público de pensiones. La otra recoge los retos derivados de la ‘nueva economía’, que afectan a los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social. Las nuevas formas del trabajo autónomo en estas empresas, o el proceso de robotización, generan un riesgo financiero que hay que abordar.

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Para evitar esta situación, el Pacto de Toledo ha valorado esta recomendación sobre la “economía digitalizada” que incluye dos recetas principales. La primera es la revisión de la normativa del trabajador autónomo económicamente dependiente (Trade) para limitar la figura del falso autónomo. La segunda es abrir la puerta a ingresos extra para la Seguridad Social como consecuencia de la ‘robotización’.

Será necesario buscar “mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales"

En concreto, lo que propone el Pacto de Toledo con esta nueva recomendación es contemplar vías alternativas de financiación para la Seguridad Social como consecuencia del crecimiento de la productividad sin aumento del empleo. "Si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del empleo, el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social". En otras palabras: si los robots provocan una reducción del peso del empleo y los salarios en el PIB, entonces no habrá recursos suficientes para financiar las pensiones públidas. En ese caso, será necesario buscar una tributación superior de los factores productivos para sostener el sistema.

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Esta recomendación abre la puerta, de par en par, a las cotizaciones de los robots, un concepto que lleva años debatiéndose en los círculos económicos y que sería la forma de generar la protección para los segmentos de la población expulsados del mercado de trabajo por culpa de la automatización. La cotización de los robots es una alternativa, otra posible es incrementar el impuesto sobre sociedades, ya que la sustitución de trabajadores por robots lo que hace es aumentar los márgenes de beneficio. En cualquier caso, medidas destinadas a elevar la tributación de la tecnología que provoca la pérdida de rentas salariales.

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Cualquiera de estas vías sería óptima para “reforzar la estructura financiera del sistema a través de la diversificación de las fuentes de ingresos del sistema”. De esta forma, se podría “corregir una excesiva dependencia de las cotizaciones en un contexto productivo y demográfico muy distinto al de las últimas décadas del siglo XX”. La financiación a través de la ‘cotización de los robots’ permitiría, además, mantener intacto el principio de contributividad, básico en el sistema de pensiones español.

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Otro de los puntos importantes de las recomendaciones es el relativo a la cotización de los autónomos. El RETA es el régimen que más déficit genera actualmente y el Gobierno de Pedro Sánchez intentó modificarlo en 2018, aunque no se atrevió finalmente. El Pacto de Toledo recomienda establecer una cotización por ingresos reales para los autónomos, de modo que alivie las cuotas a quienes menos facturan, pero las incrementen para los empresarios que generan grandes beneficios y que contribuyen por la base mínima.

Ampliar el periodo de cálculo

El Pacto de Toledo también ha abierto la puerta a ampliar el periodo utilizado para el cálculo de la pensión a toda la vida laboral de los trabajadores. La reforma del PSOE de 2011 introdujo un aumento parcial del periodo que se utiliza para el cálculo hasta situarlo en 25 años en 2022. Ahora, los grupos del Pacto de Toledo plantean la posibilidad de aumentar el periodo, alcanzando incluso la totalidad de la vida laboral.

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Esta medida serviría para reforzar la contributividad del sistema (percibir una prestación en función de lo aportado), pero podría reducir significativamente las nuevas pensiones. Para compensar este deterioro en los cotizantes que menos hayan contribuido, el Pacto de Toledo también pide garantizar una pensión suficiente. Para ello, reclama al Gobierno que elabore alguna referencia adecuada de cuál debería ser la pensión mínima, como puede ser una vinculación al salario medio.

El Pacto de Toledo también considera que el sistema debe ser sensible a los periodos de crisis, que pueden lastrar el cálculo de la pensión de los cotizantes. Por ejemplo, un cotizante se puede ver expulsado del mercado laboral en fases de recesión y esos años supondrán un duro golpe en la estimación de la cuantía de la prestación. Para evitar esta situación, el Pacto de Toledo propone una iniciativa que lanzó la anterior ministra de Empleo, Fátima Báñez: permitir que los trabajadores utilicen los mejores años de su carrera laboral para el cálculo de la pensión.

El Pacto de Toledo recomienda permitir que los trabajadores utilicen los mejores años de su carrera laboral para el cálculo de la pensión

Las carreras de cotización discontinuas son especialmente importantes en la vida laboral de las mujeres. De ahí que el Pacto de Toledo haya ampliado las recomendaciones al Gobierno para minimizar la brecha de pensiones entre hombres y mujeres. El principal factor de esta diferencia es la desigualdad en el mercado laboral, ya que el sistema de pensiones no discrimina entre hombres y mujeres, pero sí en función de su contribución al sistema. De ahí que el Pacto de Toledo apremie al Ejecutivo a adoptar las medidas que eliminen la brecha en el empleo.

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Pero, además, considera que hay medidas necesarias para limitar la discriminación de las mujeres. Entre ellas, se encuentran las lagunas de cotización de las mujeres (periodos en los que abandonan el mercado laboral para cuidar de los hijos), el empleo a tiempo parcial o la brecha salarial. El Pacto de Toledo también exige que se equiparen inmediatamente los permisos de paternidad y maternidad y que sean intransferibles y, además, que los pague el Estado y no la Seguridad Social.

La separación de fuentes es también uno de los puntos clave de las nuevas recomendaciones, como ya lo eran anteriormente. En este caso, el Pacto de Toledo pide que se culmine el traspaso de gastos desde la Seguridad Social hasta los Presupuestos Generales del Estado. Entre ellas, se incluyen todas las políticas de fomento del empleo (bonificaciones) y las prestaciones asistenciales (no contributivas). De hecho, si se aumentaran las transferencias del Estado al SEPE (Servicio Público de Empleo), podría destinarse un mayor porcentaje de las cotizaciones a financiar las pensiones (actualmente es el 23,5%), una medida que ya ha reclamado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

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El Pacto de Toledo también pide que sea el Estado quien financie las jubilaciones anticipadas cuando se realicen como una política de empleo para favorecer el ajuste de plantillas en determinados sectores. Además, reclama que el Estado financie las cotizaciones reducidas de los jóvenes en formación o de los sistemas especiales.

De esta forma, se podría corregir una buena parte del déficit de la Seguridad Social. El Pacto de Toledo ha dado un plazo máximo hasta 2025 para que los sucesivos gobiernos acaben definitivamente con este desequilibrio estructural. Esto no significa que el déficit vaya a desaparecer, sino que se traslada al Estado, que tendría que cubrirlo con mayores impuestos o rebajas del gasto.