La discusión se planteó primero en la política, el kirchnerismo sostuvo que las prisiones preventivas ordenadas sobre ex funcionarios de su propio espacio respondían a detenciones políticas. Eso impulsó las campañas de fin de año sobre una "Navidad sin presos políticos". El presidente Alberto Fernández se diferenció y dijo que no existe tal figura, sino que lo que hubo fueron "prisiones arbitrarias".

En ese contexto, varios ex funcionarios K que estaban detenidos con preventivas consiguieron salir de la cárcel. Pero hubo un caso emblemático que sirvió de argumento para que otros detenidos por delitos comunes pidieran salir de prisión. Se trata de la excarcelación de Julio de Vido y Roberto Baratta en el Caso de los Cuadernos que derivó en una veintena de pedidos de otros presos en diferentes expedientes que reclamaron su libertad. Ahora, los ex funcionarios gozan del beneficio de la prisión domiciliaria.

Diciembre tuvo un "aluvión de pedidos", según definió una autoridad judicial, al referirse a los pedidos de excarcelación formulados por distintas personas detenidas en diferentes casos que nada tienen que ver con investigaciones por corrupciones. De acuerdo a conteos de la Justicia fueron más de 20 los que pidieron salir. Y hasta ahora a ninguno se le otorgó.

Uno de los factores que influyó fue la modificación aplicada a las prisiones preventivas en el nuevo Código Procesal Penal. Allí se estableció una serie de instancias que deben agotarse antes de dictar la detención de un imputado.

Entre los puntos principales, se especificó qué se entiende por "obstrucción al accionar judicial" uno de los dos motivos -junto con el peligro de fuga- para ordenar una preventiva. De esta manera se buscó reducir las múltiples interpretaciones que al respecto hubo por parte de diversos jueces.

A ese marco jurídico se sumó la decisión de la Cámara de Casación que ordenó al TOF 7 con las nuevas directivas para las preventivas que excarcele a Julio De Vido como a Roberto Baratta en la causa Cuadernos. Así, el Tribunal tuvo que emitir una nueva resolución imponiendo la libertad del ex titular de Planificación Federal y quien fue durante doce años, su mano derecha.

Los que pidieron salir de la cárcel son presos en causas de narcotráfico, lavado de dinero, extorsión y otros delitos que nada tienen que ver con los casos de corrupción. Los pedido los presentaron ante la fiscalía a cargo de Fabiana León.

Muchos de los escritos planteaban de forma directa que si bien contaban con una condena por el delito atribuido, la misma aún no se encontraba firme, algo que se contempló al momento de excarcelar a Julio De Vido. Así, se argumentó que si el ex ministro en esa condición había obtenido su libertad, se les debería conceder el mismo beneficio.

En otros casos, los abogados citaron los fallos de la Cámara de Casación que le señaló al TOF 7 que se expida nuevamente ante el pedido de libertad de De Vido. De forma indirecta, el mismo ejemplo citado como argumento para reclamar por diversas prisiones en otros expedientes.

De acuerdo a información oficial de la Procuración Penitenciaria Federal, hay 8.348 personas privadas de su libertad que están encarcelados sin que la Justicia haya dictado sobre ellos una condena firme.

Todos ellos pueden accionar a través de abogados los correspondientes pedidos para obtener su libertad argumentando que fueron detenidos sin que se cumplieran las nuevas restricciones a las prisiones preventivas tras la implementación realizada por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal.