La reacción de la sociedad española frente a lo que acontece merece un detenido examen. No sirven los tratados sociológicos, ni las explicaciones interesadas de medios de comunicación arruinados por no hacer bien su trabajo e interesados en contar cuentos chinos a la voz de su amo, ni la de afamados tertulianos que están ahí para representar un papel como representa un actor en una obra teatral. Unos y otros, procuran por su interés en apaciguar a las masas por el método de meterles el miedo en el cuerpo de lo que puede venir. Más vale pájaro en mano que ciento volando, este viejo refrán los guardianes del reino lo reconvierten el atractivos eslóganes y aderezan con suculentas promesas embellecidas de las más grandes mentiras. Sirva de ejemplo la promesa difundida urbe et orbe por González Pons en la campaña de las elecciones generales de 2011: “vamos a crear 3.500.000 de puestos de trabajo” Ahora, casi acabada la legislatura, en lugar de crear se han “descreado” puestos de trabajo. No obstante, Pinocho Rajoy, en el debate del estado de la nación, se atreve a adornar su discurso con la promesa de 3.000.000 de puestos de trabajo para que los infelices vuelvan a picar el anzuelo. ¿Y la promesa de la campaña de 2011? El descrédito de la política está más que justificado. A los actuales partidos políticos ya nadie se los cree, tan solo hay que ver lo que ocurre con la formación que brota de forma súbita y que las encuestas apuntan en convertirse en alternativa de poder. El ataque a Podemos es espectacular, no voy a entrar en detalles pero la acusación, que supera el insulto, es que son populistas. Vamos a ver, la raíz de populista vendrá de popular y el PP es el Partido Popular. La letra O del PSOE proviene de obrero ¿Es digno de un partido obrero modificar la Constitución en el sentido que antes de las necesidades básicas de la población se debe de atender el pago de la deuda pública y los intereses? Sin el apoyo del partido de los obreros los populistas del PP no tenían la hegemonía de modificar la Constitución. Creo que es el único país del mundo que ha introducido ese privilegio a favor de los bancos acreedores. ¡Viva España!

Con el panorama de unos partidos políticos descarriados, las instituciones, que son varias, tendrían que actuar. Para empezar, el Consejo de Estado asesora, a petición del gobierno, que es lo más correcto. Pero es el Defensor del Pueblo quien tiene que decir aquello que el gobierno y la Administración hacen incorrecto. En definitiva, el Defensor del Pueblo tiene la custodia de los derechos fundamentales de los españoles. ¿Si los derechos fundamentales y libertades públicas se extinguen en un goteo constante, qué creen que puede pasar? Es aquí donde vuelvo al principio del post ¿Cómo reaccionará la sociedad española frente a lo que acontece? Alguien se ha percatado que con seis millones de parados, el 25% en edad de trabajar, el Producto Interior Bruto (PIB) es el mismo que cuando era el 8% de desempleados. Conclusión: sobra gente y la mayoría de ellos no volverá a encontrar un puesto de trabajo en su vida. Mientras tanto, recortes y más recortes sociales se aplican para pagar el endeudamiento de los bancos, sin una ley de Segunda Oportunidad, que la tiene toda Europa, así como con la continua exigencia de reducir los salarios, con una plaga de desahucios y así podría llenar la página entera. Permítanme que me aproxime a un pronóstico: revolución. Ya se que suena extremo, pero también sonaba extremo cuando en pleno auge del pujolismo, cuando actuaba de bisagra y ponía y sacaba presidentes en España, me atreví a decir que él, su familia y el partido estaban sumidos en la corrupción, facilitando pelos y señales. Han tenido que pasar 16 años para que el asunto Pujol reventara, lo mismo para que se consumara la certeza de que los bancos, tal como funcionaban, esparciendo deuda sin control, acabara como acabó. Creo que no se trata de una adivinación el pronunciarse por una revolución, se trata de un vaticinio. Votar no sirve para nada. Después de amordazar a Syriza y Podemos, sí que viene el caos. La sociedad, en busca de una solución, lo proyecta por las buenas, pero después de por las buenas, que nadie dude, será por las malas.

Con este preámbulo, quizás demasiado largo, vamos a lo que nos ha traído hasta aquí: el disparatado coste de la factura de la luz que corre inversamente a la dirección por la que transita la sociedad cada vez con menos ingresos. En el archivo del blog hay suficientes artículos en los que se pone de manifiesto que el coste de producir energía eléctrica esta manipulado por las compañías eléctricas. Pero para dirigirnos al Defensor del Pueblo vamos a obviar esta manipulación del precio y nos centramos en lo que le compete sin lugar a dudas, los desvíos de la Administración. El legislativo y ejecutivo han transformado la factura de la luz en un vehiculo para pagar impuestos que elevan los disparatados precios de la electricidad en un 168%, al cargar peajes, rollos que nadie sabe que son, como los costes regulados, y toda esta sarta de impuestos se les recarga con un IVA del 21%, cuando en Europa lo más habitual, para la electricidad, es el 5%. Un disparate que no hay quien lo pueda entender: una tasa se aplica por un servicio estatal. Esta práctica podría tener sentido cuando las compañías eléctricas eran públicas, pero una vez privatizadas, no tiene ningún sentido gravar con una tasa puesto que no existe un servicio público. Ya es grave que nuestros gobiernos del bipartidismo rompan este principio, pero más grave aún es no hacer caso de las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y que el Defensor del Pueblo no intervenga de oficio. Más grave aún es que ni tan siquiera registra una denuncia al respecto. ¿Se puede mantener un estado democrático que no atiende las sentencias de los más altos Tribunales de la nación?

PARA LAS ELECTRICAS SOMOS UNA PIEDRA EN EL ZAPATO

Iniciamos el pasado 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, el envío de una carta exigiendo al Defensor del Pueblo (Soledad Becerril) que intervenga en el asunto del insoportable robo descarado que practican las compañías suministradoras de electricidad, al que se han unido unos inconstitucionales impuestos. En aquella fecha cerramos con la recogida de firmas que acompañan el texto exigiendo una rápida y eficaz intervención en defensa del pueblo, ya que el ejecutivo, sometido a los intereses de la oligarquía, pisotea los derechos que están amparados en la Constitución Española. El 28 de enero le volvimos a remitir una nueva carta con firmas, y ahora con fecha del 28 de febrero le remitimos la carta que tienes a la vista que totaliza 4579 firmas. Nos reafirmamos que de no ser atendidos en esta institución competente para ello, elevaremos la exigencia de intervención a instancias europeas, incluso al Tribunal de Justicia Europeo. Dejo unido a este texto, con el fin que se pueda acreditar en los archivos del blog, la relación de honor de ciudadanos comprometidos con su dignidad que han firmado la carta. 28022015 Para que los rezagados se puedan adherir a esta relación de honor queda este enlace https://docs.google.com/forms/d/1y6AXDK1RwhPn6qBGEjglYEZHbycEHj82yZMjKNN3cEI/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link y puedan incorporar sus datos que remitiremos al Defensor del Pueblo solicitando que se unan a la que hoy se cierra. Si ya has firmado pasa este enlace a un conocido o amigo. Necesitamos de tu cooperación.

Carta al Defensor del Pueblo

Defensor del Pueblo.- A la atención de Doña Soledad Becerril.- Paseo Eduardo Dato, 31.- 28010 MADRID. 28 de febrero de 2015

Señora Soledad Becerril, como presidenta de la institución del Defensor del Pueblo se supone que el nombre hace la cosa: defiende al pueblo de la mala administración. Para ser más precisos conviene referirse a la definición que ustedes publican en su web: “El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas”. Observo que en esta explicación oficial dice: la supervisión de la actividad. Se entiende que su institución puede actuar de oficio, o ¿Solo se pone en marcha cuando hay una denuncia? Los incrementos en la factura de la luz se han convertido en una pandemia nacional, se trata de un servicio básico que no tiene alternativa y afecta a millones de españoles que mes a mes sucumben impotentes a incrementos disparatados en la factura de la luz. ¿Qué ha cambiado para que la factura de la luz se multiplique? ¿El precio del barril de petróleo? ¿La falta de viento, de lluvia, el precio internacional del gas ….? Lo que ha cambiado es la privatización de las antiguas empresas públicas. No sólo se ha privatizado, si no que además se ha liberalizado un mercado que actúa en monopolio. Esto no ocurre en ningún país del mundo y como resultado lo tiene usted a la vista: precios de monopolio. ¿No ve usted aquí ninguna anomalía? ¿Su institución no tiene nada que decir al respecto? De un mes a otro los precios en la subasta de electricidad pueden pasar de 26€ Mkw al doble sin ninguna justificación.

2No solo tenemos que soportar unos costes inflados por las compañías eléctricas, que tienen bula, al reconocerles estos sin ningún tipo de auditoria. Me dirá que esto esta refrendado por la inmensa mayoría de los diputados que nos representan. Bien, tomamos nota, pero sobre las decisiones políticas están las resoluciones de los Tribunales de Justicia. ¿Se miran ustedes las sentencias del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo cuando se manifiestan a favor del pueblo? ¿Compruebas ustedes si estas sentencias de los más altos tribunales se cumplen? Si no se cumplen ¿No le parece a usted que supera la mala gestión de la Administración y entra plenamente en el atropello de los derechos fundamentales de la población que usted dice defender? Vamos al grano: los impuestos cargados en la factura de la electricidad son inconstitucionales. La Sentencia 185/1995 del Tribunal Constitucional sobre Tasas y Precios Públicos, precisa: “deberán considerarse coactivamente impuestas (a la fuerza) no sólo aquellas prestaciones en las que la realización del supuesto de hecho o la constitución de la obligación es obligatoria, sino también aquellas en las que el bien, la actividad o el servicio requerido es objetivamente o social de los particulares… indispensable para poder satisfacer las necesidades básicas de la vida personal … o, dicho, con otras palabras, cuando la renuncia a estos bienes, servicios a actividades priva al particular de aspectos esenciales de su vida privada o social” Se refiere el TC a los artículos 31.1, 31.2 y 31.3 de la Constitución Española.

3De esta sentencia del Tribunal Constitucional ya tienen ustedes constancia desde hace casi un año, y nuevamente, con fecha 28 de diciembre de 2014, les remitimos por correo administrativo un escrito que lo acompañaban un buen número de firmas. Cuando se reciba este escrito con fecha 28 de febrero, habrán pasado ya dos meses y su organización no ha tenido tiempo de registrar la entrada y remitirnos el número de referencia. Con el presente escrito y el que tiene fecha del 28 de enero les hemos remitido 4579 firmas. Se lo toman ustedes con cierta parsimonia, o las denuncias les llegan a sacas y no dan abasto. No importa, ustedes sigan a lo suyo, hacer ver que trabajan, y nosotros iremos a lo nuestro: a dejarles sin trabajo. Si se trata de hacer el paripé, lo hacemos encantados. Ustedes sigan a lo suyo. Nosotros seguiremos dirigiéndonos a su institución cumpliendo los requisitos que estipulan, presumimos que acabaremos con la música a otra parte. Con este mismo argumento ya pasamos por el Defensor del Pueblo europeo que nos derivó a ustedes, y su vicepresidente se nos sacó de encima con un patético argumento. Estamos construyendo un historial que demuestre que con defensores como su institución no nos hace falta tener enemigos. Explícitamente, no nos importa que sepan nuestras intenciones, nos estamos cargando de razones para interponer en los Tribunales de justicia europeos una denuncia por la prevaricación del Gobierno de España, al incumplir de forma flagrante la Constitución Española.

4Podemos pensar que una sentencia del Tribunal Constitucional no tiene suficiente peso para que ustedes se muevan como Alto Comisionado de las Cortes Generales, en defensa de los españoles. Si es así, en ésta ocasión traemos bajo el brazo una nueva sentencia del Tribunal Supremo, Sala Contencioso Administrativo en Pleno de fecha 18/11/2013 que se reafirma a la pronunciada por la Audiencia Nacional Sala Contencioso Administrativo sección 4ª. El TS dejó muy claro que tenían que ser las compañías eléctricas las que financiaran a su cargo los intereses que producía el Déficit de tarifa. Supuestamente, las eléctricas, por orden del gobierno, no repercutieron en la factura de la luz los costes que le correspondían y decidieron aplicarlos en años venideros. Todo ello se hizo para dejar guapo al gobierno de turno por su buena gestión económica. El Tribunal Supremo considera que las compañías eléctricas han tenido, durante años, suficientes privilegios, y para paliar el monopolio les toca financiar los intereses. Las compañías eléctricas amedrentan al gobierno con bloquearle la puerta giratoria y las prebendas al partido y colegas situados. Con este poderoso argumento buscan una estrategia que soslaye esta piedra en el camino.

¿Qué solución encontraron estas mentes perturbadas para esquivar la sentencia del TS? Tan sencillo como re – titularizar el Déficit de Tarifa (las series 1 y 5 ya estaban liquidadas) con un importe de 26.000 millones de euros, al ofrecer unos intereses de escándalo y conseguir el Aval del Estado para que el inversor (el bonista) lo considere atractivo y se coloque rápidamente en el Mercado financiero. El gobierno autoriza que los bonos que vencen se paguen con cargo a la factura de la luz. ¿Qué ocurre en cada vencimiento? El bonista recibe el nominal y los intereses que le han prometido, ya que nuestro insigne gobierno autoriza que el vencimiento sea cubierto con los recargos en la factura de la luz. Es el pueblo, el mismo que ustedes están ahí para defender, quien está pagando el nominal más los intereses. En definitiva, las compañías eléctricas y el gobierno, en su papel de colaborador necesario, pasan, como si no existiera la sentencia del Tribunal Supremo y le endosan los intereses, que suben unos cuantos miles de millones de euros, a que los pague las familias españolas ¿Sabe usted señora Becerril que se cargará, por este concepto, en la factura de la luz, este año 2015, 423€? La factura de este mes de enero ha sido de escándalo. Todo es un sinsentido, la factura de la luz debe de recoger los costes de producir energía con un margen de beneficio, pero saquear al pueblo en nombre del capitalismo va un abismo. Estos impuestos deben de ir a los Presupuestos Generales del Estado que los redistribuyen asimétricamente: los que más tienen pagan más. Aplicados en el recibo de la luz, y en proporciones de delirio, los que más tienen pagan lo mismo que el más pobre de los pobres, y la solución que se le da para que no le corten el suministro es la caridad.

Atentamente. Firmado Josep Manuel Novoa Novoa DNI 37.253.690 – S y 177 personas que se adhieren a esta exigencia de intervención que totaliza 4579 indefensos.