Las autoridades policiales detuvieron en flagrancia al cura de origen español Iván Merino Pedial cuando abusaba de una menor de 12 años que pertenecía a su feligresía, informó hoy la Fiscalía en un comunicado de prensa.

El suceso ocurrió en el estado de Zulia la noche del pasado sábado.

Una patrulla policial avistó el vehículo del sacerdote, de 35 años, y entendieron como sospechoso que los ocupantes demoraran tanto tiempo en descender.

Al acercarse, los policías encontraron a Merino y a la menor, que “habría manifestado que el hombre abusaba de ella desde hacía tres años”, según la Fiscalía.

El secretario de gobernación del Zulia, Lisandro Cabello, dijo hoy en una rueda de prensa que los primeros resultados de la investigación arrojan que la menor fue abusada sexualmente, y que se está determinando si hay más víctimas.

“Este violador, delincuente, se llevaba a la niña y la devolvía en su casa a las 11.00, 12.00 de la noche, hacía visitas constantes a la casa de habitación de la niña”, añadió.

Asimismo, aseguró que durante su sacerdocio en España, Merino había dado “señales claras” de actitudes pederastas.

“Revisen algunas denuncias que este señor venía teniendo en España ¿Por qué lo trajeron a Venezuela? ¿Por qué lo mandan castigado para Venezuela? Visitaba a puras niñas, tenemos pruebas y tenemos situaciones que no puedo adelantar porque son parte de la investigación”, dijo.

En una grabación filtrada del interrogatorio policial, el sacerdote señala que se ha “encariñado” con la niña, así como ella con él, y que “una cosa llevó a la otra”.

En tanto que el arzobispo de Maracaibo, monseñor Ángel Caraballo, dijo a periodistas que Merino fue excomulgado, al tiempo que expresó “dolor” y “vergüenza” por la situación.

“Pedimos perdón de corazón, nos duele muchísimo (…), si una persona cometió un acto impropio no podemos deducir que todos lo harán, confíen en sus sacerdotes que hay muchos que han dado la vida por el evangelio”, señaló.

La orden de Agustinos Recoletos, a la que pertenece Merino, también abrió una “investigación preliminar” que, se señaló en un comunicado, “respetará y acatará las leyes del Estado venezolano”.