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La amnistía fiscal del 2012 ha hecho aflorar información extraordinariamente sensible en un contexto de desconfianza social a las élites políticas y gestoras del país. Y los últimos hallazgos de la Agencia Tributaria pueden tener enormes consecuencias en un año políticamente complejo. Concretamente, las 705 personas de entre los 32.000 evasores fiscales que se acogieron a la amnistía y que presentan indicios de posible blanqueo de capitales, como sin dar más detalles explicó hace unos días en el Parlamento el responsable de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, son exclusivamente políticos y altos funcionarios del Estado o familiares directos de estos cuyos activos hasta ahora ocultos y recién declarados no se justifican con sus ingresos ordinarios, según han asegurado a este diario varias fuentes informadas de las pesquisas.



Se trata de personas que han ocupado en el pasado cargos públicos electos en los diferentes niveles, local, autonómico y estatal, también de altos representantes del Estado, como en el aparato judicial que agrupa a magistrados y fiscales. La lista de los 705 ha sido remitida hace pocos días al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía, para que "se contraste con la información que ellos tengan y se decida qué actuaciones realizar", según explicó Menéndez.



Estos contribuyentes se encuadran en lo que el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) define como personas políticamente expuestas (PEP, por sus siglas en inglés), "personas que son o han sido titulares de una función pública importante. Debido a su posición e influencia, muchos PEP están en situaciones que potencialmente son objeto de abuso para cometer delitos de blanqueo de dinero y otros relacionados como corrupción y soborno".



¿Quiénes son concretamente los cargos incluidos en esta definición? De acuerdo con el organismo internacional, jefes de Estado y de Gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de Estado; parlamentarios; miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso; miembros de tribunales de cuentas o de los consejos de bancos centrales; embajadores, encargados de negocios y altos funcionarios de las fuerzas armadas; miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas estatales. Y sus cónyuges, los hijos y sus cónyuges o personas asimilables a cónyuges; y sus padres.



Luis Bárcenas, el extesorero del PP encausado por el caso Gürtel, fue definido como PEP por el banco suizo donde tenía cuentas con dinero de origen oscuro y por ello la información se remitió a las autoridades españolas.



¿Y Jordi Pujol, el expresidente de la Generalitat? Pese a no haber sido formalmente titular de ninguna cuenta en el exterior, formalmente lo eran su esposa, Marta, y sus hijos. Dos de ellos, Josep y Oleguer, sí que acudieron a la amnistía, por lo que podrían figurar en la lista en manos del Sepblac por ser hijos del expresident.



Un caso conocido en manos de la justicia de un contribuyente acogido a la amnistía es el del líder del sindicato minero SOMA-UGT de Asturias José Ángel Fernández Villa, que hizo aflorar 1,4 millones de euros sin poder justificar su origen.



La existencia misma de la lista elaborada por la Agencia Tributaria ya ha generado notable inquietud en varios ámbitos gubernamentales. Por un lado, se teme que se produzcan filtraciones en casos en los que finalmente no se aprecie delito. Hay que recordar que la amnistía fiscal aprobada por Cristóbal Montoro en el 2012 sólo afectaba a los delitos fiscales, pero no al blanqueo de capitales, actividad que consiste en introducir en el circuito legal dinero procedente de actividades ilícitas. En el caso de los personajes con responsabilidades públicas se trata de delitos de cohecho o soborno.



Pero más allá del debate técnico, la divulgación de centenares de personas relevantes en el ámbito de la política, la administración o la justicia como evasores fiscales tendría un efecto social demoledor. En algunos ámbitos se critica incluso el paso de la Agencia Tributaria, por una supuesta sobrerreacción tras las acusaciones de falta de solvencia en la persecución de los integrantes de la conocida como lista Falciani, evasores fiscales con cuentas en el banco HSBC, que en muchos casos eludieron sus responsabilidades penales gracias a un preaviso de la Agencia.



Hacienda defiende su amnistía fiscal, formalizada a través de una declaración tributaria especial (DTE), a lo largo del 2012. De esta manera afloraron unos 40.000 millones de euros, aunque sólo una tercera parte no había prescrito y debió pagar un impuesto mínimo, que generó 1.200 millones de euros de ingresos al fisco. Además de la DTE, el proceso se completó con una obligación de declaración obligatoria de bienes en el extranjero al que en el 2013 se acogieron 134.000 contribuyentes y otros 32.000 en el 2014. En este caso, fuera de plazo, como en el caso de la familia Pujol.



Además de remitir los casos al Sepblac o a la justicia, la Oficina de Investigación del Fraude también analiza los 705 expedientes y otros más para decidir si debe enviarlos ya a la Fiscalía.