Con palabras de un empleado de la dirección federal del PSOE, Andalucía tiene el 25% de las acciones de "esta empresa". Pero si se suman Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, la Comunidad Valenciana y Asturias supera el 50% y si se agregan los pequeños accionistas de Madrid y Galicia, visiblemente descontentos con la cuenta de resultados, siempre susceptible de empeorar, hay fuerza suficiente para modificar el rumbo con una comisión gestora hasta que la junta de accionistas, aplazada desde febrero pasado, elija nuevo presidente y consejero delegado.

El símil empresarial es una forma de hablar más propia de la derecha que de los socialistas, pero el cualificado asesor, conocedor de la correlación de fuerzas entre los 250 miembros que integran el Comité Federal, lo utiliza para calcular los apoyos que tienen los partidarios y los detractores del secretario general, Pedro Sánchez. Para enmendar su política de bloqueo gubernamental y forzar su dimisión, la presidenta andaluza, Susana Díaz, necesita el concurso del asturiano Javier Fernández, el extremeño Guillermo Fernández Vara, el castellano-manchego Emiliano García-Page, el aragonés Javier Lambán y el valenciano Ximo Puig.

Los dos primeros, los tiene. Los tres restantes, está por ver. De lo que no hay duda es de que Díaz ha vuelto a encabezar el debate interno pendiente en el Comité Federal que, según dijo ayer, “se hará” después de las elecciones vascas y gallegas del día 25. Su planteamiento es claro: “Con 85 diputados no se puede gobernar”, lo que implica que ni el caso de que Sánchez alcanzase un pacto parlamentario con Pablo Iglesias sin que UP participara en el gobierno (estarían IU y Compromís) y lograra la abstención de Ciudadanos y de los nacionalistas, conseguiría acallar la oposición interna.

Para la presidenta andaluza y el extremeño Fernández Vara, la opción más viable y casi única para desbloquear la situación y evitar nuevas elecciones consiste en modificar la resolución adoptada por el Comité Federal el 28 de diciembre y dejar gobernar al PP. Díaz pidió ayer que, a cambio, Mariano Rajoy haga el favor de largarse: “Si quiere hacerle un gran servicio a este país, el servicio que podría hacer es coger y marcharse”. Díaz contestó con un "no sé de qué me habla" a la pregunta de si existe una operación contra Sánchez.

Otros dirigentes que coinciden con el planteamiento de la presidenta andaluza, como el asturiano Fernández y el castellano-manchego García-Page, se muestran más comedidos, debido a su dependencia de UP. Y ya es sabido que la “vieja guardia”, desde Felipe González a Alfredo Pérez Rubalcaba, pasando por Guerra, Bono, Zapatero y otros referentes rechazan con mayor o menor énfasis cualquier acuerdo con UP.

El grito más desgarrado lo lanzó ayer el expresidente extremeño Juan Carlos Rodriguez Ibarra cuando afirmó en Onda Cero: “Si Pedro Sánchez forma gobierno con Podemos y los independentistas, yo me voy del partido”. Sería un militante menos, como en el PP la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de la que Ibarra dijo que “no debe dejar su escaño en el Senado” pese a haber sido imputada por “financiación ilegal y blanqueo de capitales” por el Tribunal Supremo. En cambio, de la dimisión inmediata de la diputada socialista por Cantabria, Puerto Gallego, quien ha dejado su escaño al ser imputada por el Supremo tras una denuncia de Falange a la que se sumó el PP sobre unas contrataciones cuando era alcaldesa de Santoña (2003-2009), este Ibarra no ha dicho una palabra.

La ética política y el desalojo de los corruptos de la vida pública (el coste económico interanual de la corrupción fue recientemente estimado en casi 40.000 millones de euros por la CNMV) es precisamente uno de los argumentos de Sánchez para insistir en el “no” a Rajoy y al PP. El secretario general elevará al Comité Federal el resultado de sus contactos para desbloquear la situación. Sus fuerzas son menguantes, aunque sin ánimo de reducir a cifras las posibilidades políticas, cuenta con el respaldo de la mayoría de las federaciones de Madrid, Baleares, Euskadi, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Canarias, Galicia y Murcia. El PSC, con el relevo pactado de Miquel Iceta por la joven y valiosa alcaldesa de Santa Coloma, Nuria Parlón, se debate entre la abstención y el respaldo a Sánchez.

La falta de apoyos internos en un Comité de confrontación (Sánchez no llega a 100 de los 250 miembros, aseguran los conocedores del PSOE) impediría al secretario general apelar a las bases para mantener el rechazo a un gobierno del PP. No obstante, a la espera de lo que ocurra en las elecciones vascas y gallegas, no faltan dirigentes y referentes políticos y sindicales como Antón Saracíbar que opinan que si el PSOE quiere evitar unas nuevas elecciones generales y mantiene por coherencia su rechazo a Rajoy, no tiene otra salida que formar un Gobierno de coalición con Unidos Podemos (o un Gobierno, cuando menos, con alguna presencia de UP) que le dote de 156 diputados y facilite la abstención de C's. Esta alternativa suma 13,6 millones de votos frente a los 7,9 millones de Rajoy, y supondría la salida del marasmo y la garantía de diálogo con los nacionalistas.