De treinta y tres países, solo nueve (contando por separado las tres jurisdicciones de Reino Unido) reconocen que el sexo sin consentimiento es violación. Se trata de Inglaterra y Gales, Escocia, Irlanda del Norte y la República de Irlanda, Bélgica, Chipre, Luxemburgo, Alemania e Islandia. Las leyes penales del resto de países siguen definiendo la violación en función de la fuerza física o la amenaza de la fuerza, la coacción o la incapacidad para defenderse. De los países nórdicos, a los que generalmente se considera modelos de igualdad de género, Islandia es el primero -y único hasta ahora- que ha introducido una definición basada en el consentimiento. "La ausencia de reconocimiento legal de que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación fomenta la idea de que recae en nosotras como mujeres la responsabilidad de protegernos de la violación", señala Anna Blus, de Amnistía Internacional, en este artículo; "estas actitudes son peligrosas y tienen que cambiar".

La definición legal de la violación basada en la ausencia de consentimiento

Ni es nueva ni es innovadora. Es una norma internacional reconocida de derechos humanos. El Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), ampliamente considerado el marco jurídico más completo hasta la fecha para combatir la violencia contra las mujeres y niñas, obliga a los países firmantes a penalizar todo acto de carácter sexual realizado sin consentimiento. A pesar de que el Convenio de Estambul ha sido ratificado por más de veinte Estados europeos, la mayoría de ellos no han modificado aún sus definiciones legales de violación.

En los últimos cinco años, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW) ha instado a varios Estados europeos a armonizar su legislación sobre la violación con las normas internacionales, incluido el Convenio de Estambul, y a definir la violación sobre la base de la ausencia de consentimiento.

Según la encuesta sobre violencia de género realizada en 2016 por la Comisión Europea, casi un tercio de las personas que respondieron consideraron que la relación sexual sin consentimiento podría estar justificada “en determinadas circunstancias”. Entre ellas figuran, por ejemplo, si la persona está ebria o bajo la influencia de drogas, si va voluntariamente a casa con alguien, viste prendas provocativas, no dice “no” claramente o no se resiste.



De hecho, a pesar de la expectativa de que una víctima “prototipo” de violación se resistirá a su agresor, el bloqueo al hallarse ante una agresión sexual ha sido reconocido como respuesta fisiológica y psicológica habitual, que deja a la persona sin capacidad para oponerse a la agresión, a menudo hasta el punto de la inmovilidad. Un estudio clínico publicado en Suecia en 2017 reveló que el 70% de las 298 mujeres supervivientes de violación evaluadas experimentaron “parálisis involuntaria” durante la agresión.

La contestada sentencia de 'la manada'

Miles de personas se han echado a las calles en los últimos días en diferentes puntos de España después de que cinco hombres acusados de violar en grupo a una mujer de 18 años en 2016 fueran absueltos el jueves pasado de “agresión sexual”, cargo que incluye la violación. Fueron declarados culpables del cargo más leve de “abusos sexuales” y condenados a nueve años de prisión. Pese a que los jueces reconocieron que la mujer no había dado su consentimiento al ataque sexual, y reconocieron que estaba en shock en aquellos momentos y había adoptado una actitud pasiva y sumisa porque tenía miedo, aun así declararon a los hombres inocentes de violación.

Los jueces concluyeron que la ausencia de consentimiento no bastaba para considerar el ataque una violación porque, en su opinión, no se habían utilizado violencia física ni intimidación, requisito necesario para que se considere que se ha cometido delito de violación en virtud de la actual legislación española. No es raro que las mujeres, en casos de ataques así, se queden paralizadas o no se resistan a sus atacantes, como sucedió en este caso específico en España. Algunas víctimas de violación reaccionan instintivamente de esa manera para protegerse de una violencia extrema o incluso para evitar que las maten.

(Foto: Carmen López/AI)

Para Mónica Costa Riba, responsable de Campañas sobre Mujeres de Amnistía Internacional, “esta sentencia muestra que tanto la ley como el sistema judicial están fallando cruelmente a las víctimas de violación, y están agravando su trauma en España. Al sentar en el banquillo la conducta de las víctimas en lugar de las acciones de los acusados, transmite un peligroso mensaje. La ausencia de consentimiento es lo que tiene que importar, no si la víctima opuso resistencia física o no al ataque.”

La sentencia fue dictada por tres jueces, uno de los cuales emitió un voto particular discrepante en el que alegaba que los hombres debían ser considerados inocentes incluso del delito más leve. Su alegación afirmaba que, puesto que la víctima no había expresado una negación explícita, la ausencia de un “no” y de resistencia física significaban que tenía que haber consentido. Para Costa, "los comentarios realizados por el juez discrepante muestran un alarmante desprecio por los derechos de las mujeres y las niñas y por la humanidad de la víctima. Sus argumentos agravan aún más los daños causados por la sentencia, y demuestran una preocupante falta de comprensión de qué constituye violación y de las diversas respuestas con que las víctimas pueden reaccionar a un ataque así”

Fuente: Amnistía Internacional