Mar España toma posesión como viceconsejera de Administraciones Públicas en presencia de Cospedal y Labrador. JCCM

Cartel electoral de María Dolores de Cospedal en 2011.

María Dolores Cospedal, austera para los demás, no para ella ni para los suyos, tiene en nómina a día de hoy más de 150 altos cargos y asesores, cuyas nóminas superan con creces los siete millones de euros al año. Sólo en su departamento, en Presidencia, hay un séquito de medio centenar de personas pendientes de la también secretaria general del PP, que ahora intenta recolocar a algunos de estos enchufados en distintas áreas del Gobierno de España, ya que la importante pérdida de poder territorial impide a la neocon pedir “favores” a sus homólogos autonómicos. De ahí, según recoge Confilegal , sus prisas por dejar situados a sus más fieles, como es el caso de la viceconsejera de Presidencia y Administraciones Públicas e íntima amiga, Mar España Martí, a quien pretende situar al frente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).La Agencia Española de Protección de Datos es la autoridad estatal de control independiente encargada de velar por el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos. Garantiza y tutela el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal de los ciudadanos, o lo que es lo mismo, decide lo que pertenece al ámbito personal y lo que se puede o no publicar de los datos correspondientes a una persona. Agencia relacionada con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia, que Cospedal ha utilizado en varias ocasiones para proteger su “intimidad” dineraria y patrimonial. Tanto es así, que denunció a ELPLURAL.COM ante la AEPD porque publicamos la nota simple de su mansión-búnker valorada en 2,3 millones de euros. La agencia nos dio la razón a través de un amplio escrito donde recriminaba a María Dolores Cospedal su argumentario y exceso de celo, al mismo tiempo que le recordaba su condición de persona pública sujeta a una mayor transparencia que el resto de los ciudadanos.Confilegal recuerda en su publicación que el actual director de la AEPD, José Luis Rodríguez Álvarez, fue nombrado en septiembre de 2011 con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos el del Partido Popular, que se opuso a que en ese momento el ministro socialista de Justicia, Francisco Caamaño, colocara al frente de la agencia al que había sido su jefe de Gabinete. Tanto es así, que el diputado del PP, Miguel Barrachina, denunció “un conflicto de intereses grave”, asegurando en julio de 2011 que, “después de la derrota de los socialistas en las elecciones autonómicas y municipales, el PSOE ha convertido al Estado en una agencia de colocación socialista”. Seguro que el discurso del PP ahora es distinto, y eso que de confirmarse la recolocación de España Martí, se ratificaría también, además del enchufismo, la falta de idoneidad profesional de esta mujer para dirigir la citada agencia.Declaraciones que Barrachina difícilmente podrá digerir en la actualidad. Sobre todo en lo que a Cospedal y su séquito se refiere. Ya lo decía el eslogan de la campaña electoral de 20011: “¿Buscas trabajo, vota PP?”, pregunta rotulada sobre una foto de Cospedal retocada por el photoshop. Dicho y hecho, la presidenta de Castilla-La Mancha transformó la Junta de Comunidades en una enorme agencia de colocación, según denunció en este caso el PSOE. Hasta Toledo llegaron decenas de asesores y altos cargos procedentes casi en su totalidad de Madrid, ciudad en la que han vivido y pagado sus impuestos durante estos últimos cuatro años. Situación que llevó al que será con la ayuda de los dos diputados de Podemos presidente del Gobierno castellano-manchego, Emiliano García-Page, a advertir a todos los directivos de su nuevo Gabinete que tendrán que pagar sus impuestos en Castilla-La Mancha.Pero Cospedal no podrá recolocar a tantos como quisiera. Y muchos de sus altos cargos, que no tienen ni oficio ni beneficio, o que han vivido de la política toda su vida, tendrán ahora que replantearse sus vidas y encontrar un hueco en el complicado mercado laboral, donde pasarán de cobrar 50.000 euros al año a poco más de 12.000, gracias, en parte, a la reforma laboral llevada a cabo por su jefe de filas. Sin embargo, otros vieron venir la debacle electoral y abandonaron el barco antes de que zozobrara, como sucedió con un gran número de dirigentes del Sistema de Salud de Castilla-La Mancha.