Por Gustavo Vera *

Buenos Aires, Argentina.- A contramano de la desaceleración en varias ramas de la industria, el INDEC y las cámaras patronales admiten el crecimiento de la actividad textil que durante el mes de junio de 2012 tuvo un aumento del 4,5 por ciento comparado con el año pasado. Según la Fundación Pro Tejer, durante el 2.011 hubo 1.435 millones de pesos de inversión, la cifra más alta desde 2003. Desde la devaluación del 2.002 y el comienzo de la sustitución de importaciones en varias ramas de la economía, el sector textil experimentó un crecimiento del 169 por ciento dando formidables ganancias a los fabricantes y las marcas. La devaluación del peso y las políticas de protección arancelaria del Gobierno permitieron este crecimiento sostenido, en una industria que venía de naufragar en la agonía durante la convertibilidad y la apertura irrestricta de las importaciones en los 90’.

Sin embargo, el lado oscuro de este crecimiento sigue siendo la situación de los costureros. El 78 por ciento de las prendas que se confeccionan en Argentina se hacen en talleres clandestinos, donde los costureros son sometidos a la servidumbre. Se trata de talleres que emplean mayoritariamente a migrantes en jornadas de 14, 16 y hasta 18 horas por un salario que es equivalente a la mitad del sueldo mínimo y condiciones de encierro y hacinamiento que exponen a los trabajadores a anemia, tuberculosis y neumonía.

La realidad de los talleres clandestinos con trabajo esclavo no es patrimonio exclusivo de la Salada o de los falsificadores de marcas, también involucra a la gran mayoría de las marcas nacionales e internacionales. Decenas de miles de estos talleres se esparcen por la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, la ciudad de Córdoba y las zonas más urbanizadas del país. Más de doscientos mil costureros están sometidos a prácticas de trabajo forzoso, esclavo y en su abrumadora mayoría son migrantes captados mediante mecanismos de trata y tráfico con fines de explotación laboral.

Desde el 2.005 tramita una megacausa sobre trabajo esclavo en el Juzgado Federal de Julián Ercolini en la cual hay más de un centenar de marcas imputadas por basar su producción en este tipo de talleres.

Las investigaciones y denuncias de la Alameda y el incendio de un taller clandestino en Caballito en marzo de 2006 pusieron en la agenda pública este costado oculto de una de las industrias que más creció en estos años.

LA LÓGICA CLASISTA DEL SISTEMA

En la causa del taller incendiado de Caballito, son los talleristas los únicos procesados, lo mismo que en la megacausa del trabajo esclavo. Hay una lógica clasista burguesa en el sistema que encubre y protege a las grandes marcas y a los fabricantes y hace responsable de todos los males a los dueños de los talleres clandestinos.

Es indudable que no se puede justificar el tráfico, la trata y la reducción a la servidumbre de los trabajadores y nadie puede oponerse a los procesamientos de los talleristas que realizan estas prácticas. Sin embargo, al dejar impune a las marcas y los fabricantes, al no tocar la estructura de costos, el sistema se recicla una y otra vez.

Las marcas fijan los precios y buscan talleres que acepten trabajar en esas condiciones indignas. La lógica clasista del sistema queda evidenciada en la omisión deliberada de la Ley de Trabajo a Domicilio (12.713) que hace responsables a las marcas tanto laboral como penalmente por las condiciones de trabajo que se desarrollan en los talleres que son proveedores de las mismas. En los fallos judiciales del 2007, el juez Norberto Oyarbide procesa a talleristas por figuras del código penal y la ley de Migraciones, pero se omite la Ley de Trabajo a Domicilio como si no existiera. De hecho es llamativo que esta ley sea excluida de las últimas ediciones de textos sobre derecho penal, pese a que tiene tipos penales establecidos. La excepción a la regla, fue un fallo del Juez Federal Sergio Torres que, aplicando la 12.713, procesa a fabricantes y talleristas en el caso de un taller clandestino de Parque Patricios y algunas resoluciones de fiscales federales que aplicando esa ley habilitaron pedidos de indagatoria a los dueños de Soho y Kosiuko.

LAS DISTORSIONES DE LA CADENA DE VALOR

Las marcas y las cámaras patronales del sector presionan al gobierno para que reforme la Ley de Trabajo a Domicilio, de manera de garantizarse impunidad a la hora de tercerizar en talleres clandestinos y abaratar costos. De hecho, el Ministro de Trabajo nacional, Carlos Tomada, envió al congreso en el 2.008 un proyecto de reforma de la ley que desresponsabiliza a las marcas penal y laboralmente de los talleres donde mandan a confeccionar sus prendas. Afortunadamente las denuncias públicas de la Alameda y las resistencias de los legisladores a tratar el proyecto, lo hicieron naufragar en la Comisión de Trabajo de Diputados.

La resistencia a aplicar la ley 12.713 y, si es posible, reformarla a beneficio de las patronales responde a causas muy concretas. Esa ley confronta directamente con los intereses de clase de los industriales y comerciantes de la indumentaria. Aplicar las disposiciones de la ley significa achicar los márgenes de ganancia de los fabricantes y distribuir el ingreso entre los otros eslabones de la producción. También significaría achicar los márgenes de utilidad de los rentistas, es decir de los propietarios de los locales en donde se comercializan las prendas, que hoy cobran precios astronómicos por los alquileres. Pensemos por un momento que nuestros funcionarios, fiscales y jueces no nacieron de un repollo ni se crían en invernaderos. Provienen en su inmensa mayoría de las clases acomodadas, sus apellidos están vinculados con prestigiosas escribanías, inmobiliarias, estudios de empresas y bancos o grupos políticos ligados al poder financiero. No extraña entonces que en la función pública no se dediquen a proteger los derechos de los desvalidos sino los intereses de los círculos a los que pertenecen y, lo que es más, su permanencia en ellos depende de la fidelidad que demuestren hacia sus patrones.

Mientras tanto, violan abiertamente la ley de Trabajo a Domicilio, las marcas imponen a los talleres condiciones de esclavitud al pagar precios inviables para su confección. En la estructura de costos y beneficios se puede apreciar la base material de la esclavitud y la precarización de los talleres. Según estudios realizados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Alameda y la Subsecretaria de Trabajo porteña en los años 2006-2007, lo que percibe efectivamente el taller de confección por una prenda nunca supera el 5 por ciento del precio final de la misma. Por la fabricación de la materia prima se percibe en el mejor de los casos el 15 por ciento. El 80 por ciento restante se lo reparten entre los intermediarios, las marcas y las franquicias. Con esa estructura de distribución de costos y beneficios, el trabajo esclavo se retroalimenta una y otra vez y sólo tiene que encontrar al tallerista esclavista dispuesto a aplicar el látigo a los costureros. Cuando se desata algún escándalo público de esclavitud y hacinamiento en un taller clandestino, la justicia, para aquietar a la opinión pública, tiende a penalizar exclusivamente al tallerista que con suerte se lleva el 3 por ciento del valor final de la prenda, dejando impunes a los grandes beneficiarios de este sistema de explotación. Y para cumplir ese propósito, los jueces deben omitir una y otra vez el cumplimiento de la ley 12.713.

ELUDIENDO AUDITORÍAS

Durante el 2.006, el INTI lanzó dos políticas contra el trabajo esclavo en el marco del Programa Compromiso Social Compartido. Convocaba a todas las marcas a dejarse auditar en toda su cadena de producción (locales, intermediarios, talleres) y ofrecía colaboración técnica para corregir distorsiones a fin de certificar al final del proceso que las marcas auditadas fabricaban ropa limpia, en condiciones dignas y estaban libres de trabajo esclavo. A seis años de lanzado el programa, la abrumadora mayoría de las marcas interrumpieron unilateralmente las auditorias y tan sólo una marca de ropa de trabajo esta a punto de obtener su certificación. Otra de las políticas de ese Programa fue convocar a todos los organismos estatales nacionales, municipales y provinciales a comprometerse a no comprar indumentaria de proveedores que no estuvieran previamente auditados y certificados por el INTI. Pero al día de hoy, sólo el Ministerio de Defensa Nacional firmó el acuerdo, corrigió distorsiones y certificó a los proveedores.

El resto de los cientos de organismos ni siquiera se acercaron a averiguar de qué se trataba.

El fracaso del programa de auditorias del INTI tiene varios responsables. En primer lugar, el propio Estado que no obliga a las marcas a auditarse, ni tampoco ejerce su poder de policía del trabajo para arrinconar a las que se valen de las prácticas esclavistas. En segundo lugar, las propias marcas que prefieren vivir bajo sospecha, antes de tener que corregir las grandes distorsiones en la cadena de valor. Por último, algunos funcionarios del INTI a cargo de esos programas que nunca estuvieron convencidos de su aplicación y que suelen ser genuflexos con muchas de las marcas denunciadas.

INCAUTACIÓN DE BIENES DE LOS ESCLAVISTAS: DE ESO NO SE HABLA

A fines del 2.008, el juez Federal Sergio Torres, en un fallo histórico resolvió el procesamiento de un tallerista y de su fabricante por reducir a la servidumbre a una treintena de costureros en un taller clandestino en Parque Patricios. Además, dispuso la incautación de la maquinaria y su reutilización social en beneficio de las victimas. Las máquinas fueron otorgadas al INTI para que convoque a esas y otras victimas de talleres clandestinos a que se reagrupen en forma cooperativa y trabajen en un predio modelo llamado Centro Demostrativo de Indumentaria (CDI), conocido popularmente como Polo Textil. Fue inaugurado en el 2.009 y actualmente trabajan más de un centenar de costureros en ocho cooperativas y en condiciones dignas. Si esa iniciativa se generalizara, los esclavistas tendrían un efectivo escarmiento con la pérdida de sus bienes de producción y el Estado contaría con recursos sustentables para asistir y reinsertar socialmente a las victimas en condiciones dignas.

Pero lamentablemente este ejemplo aún es la excepción a la norma. Los jueces federales se siguen resistiendo a aplicar la Ley de Trabajo a Domicilio y, cuando incautan máquinas, las dejan tiradas en galpones judiciales donde se pudren y oxidan hasta convertirse en inservibles.

Lo que aquí es excepción, en muchos países es norma. Por caso Italia o Brasil tienen previstos mecanismos de expropiación (sin pago) de los bienes de esclavistas y mafiosos y la reutilización social de los mismos en beneficio de las victimas y de la sociedad. El presupuesto para la asistencia a las victimas de esclavitud es financiado por la propia reutilización y liquidación de los bienes incautados a los esclavistas, dejando sin base económica a los esclavistas y garantizando recursos para la asistencia real los explotados.

Cuando en los debates por la reforma de la Ley de Trata 26.364 que actualmente tiene media sanción, la Alameda planteó la necesidad de avanzar en la incautación de los bienes de los tratantes, esclavistas y mafiosos y de la reutilización social de esos bienes para asistir en condiciones dignas a las victimas de trata, hubo una cerrada oposición de la mayoría de los bloques de diputados. Que una medida de sentido común, que en otros países es política pública, sea rechazada de plano en nuestro Congreso Nacional, habla a las claras de las complicidades e intereses compartidos entre los esclavistas y parte de la clase política. No solamente en el rubro de las marcas de ropa, sino también en el caso de las cerealeras, semilleras, avícolas y las redes de trata sexual y proxenetismo. Aquí se ven crudamente los síntomas de la mafiosidad que ya comienza a corroer instituciones. Tantos años de cohecho, protecciones y financiamientos oscuros de campaña, dan como resultado políticas públicas que les garantizan impunidad a los esclavistas aunque hagan «como si» los combatiesen.

LA SALADA ERIGIDA COMO “MODELO”

El colmo de la complacencia con el trabajo esclavo en la industria de la indumentaria, fue indudablemente la integración de los líderes de la feria La Salada en los viajes oficiales a Angola y Arzebaijan, donde se presentó a este megaemprendimiento como modelo a seguir.

La Feria la Salada es un predio de 20 hectáreas en Lomas de Zamora con 12 mil feriantes que tiene una facturación global aproximada de 100 millones de dólares anuales. Surgió originalmente como una rebelión de los talleristas contra los fabricantes que pagaban precios miserables por la confección de las prendas. Se impuso como una feria muy popular con el correr de los años por vender ropa a precios mucho más bajos que los Shoppings o locales comerciales. El secreto era la eliminación de los intermediarios y las franquicias y niveles de ganancias más moderados para los talleristas. Sin embargo, La Salada terminó siendo muy beneficiosa para talleristas y feriantes, pero no para los costureros de los más de 20 mil talleres clandestinos que son su base productiva.

Las condiciones laborales de los talleres clandestinos de la Salada son iguales a las de aquellos que producen para las marcas. La única diferencia es que el precio final es más bajo en la Salada por la eliminación de la cadena de intermediarios. Pero el drama de las jornadas de trabajo forzoso, hacinamiento y reducción a la servidumbre de migrantes traídos mediante mecanismos de trata es exactamente igual. Además de las denuncias que realizó la Alameda o los allanamientos judiciales que descubren talleres de estas características trabajando para la Salada, los propios funcionarios admiten esta realidad.

El ex titular de ARBA, Santiago Montoya admitió «una vez hicimos a través de satélites, un operativo que consistió en identificar a todos los tinglados en un radio de 10 kilómetros de la feria de la Salada para caer sorpresivamente. Encontramos una gran cantidad de trabajo en negro y trabajo esclavo que se utilizaba para la producción de textiles que luego eran puestos a la venta en la feria».

La Salada ha demostrado en la práctica los fraudulentos valores de venta que ponen las marcas que cobran precios exorbitantes por la cadena de intermediarios y la obscena maximización de sus ganancias. Sin embargo, pese a su enorme crecimiento y a las importantes ganancias que le ha dado a sus administradores y feriantes, mantuvo una base productiva donde las decenas de miles de costureros que confeccionan para esa feria, son reducidos a la pobreza extrema y la esclavitud. Un estudio que realizamos junto con el INTI y la Subsecretaria de Trabajo porteña en el 2007 demuestra que si se blanquearan los 20 mil talleres de la Salada, pagando precios justos para su confección, poniendo a los trabajadores bajo convenio colectivo de trabajo y pagando todos los impuestos correspondientes, aún así esa feria podría vender sus productos un 53 por ciento más barato que los shoppings. Por lo tanto, no hay excusas para no regularizar la situación de los costureros, salvo los intereses de rapiña de los que dirigen esa Feria, los intereses de la policía que se lleva una suculenta coima y los intereses de los dos partidos principales en la provincia de Buenos Aires que habitualmente se financian parte de sus campañas electorales con fondos de la Salada, obtenidos en base a la explotación, la sangre y el sudor de los costureros.

El Gobierno Nacional, al no plantearse ninguna política para regularizar la situación de los miles y miles de costureros esclavizados y presentar a la Salada como «modelo» a exportar, está admitiendo en los hechos que va a convalidar la base esclavista en la que se apoya este megaemprendimiento.

VAN POR MÁS

Recientemente se constituyó la Mesa de Implementación de la Cadena de Valor Textil y Confecciones a iniciativa del Ministerio de industria del Gobierno Nacional en la que se convocó a cámaras patronales y sindicatos. El objetivo aparente de la mesa es proteger a la industria y a la vez garantizar que la misma tenga precios razonables. La realidad es que dicha mesa se propone a avanzar en la consolidación del modelo textil en base a la tercerización con talleres clandestinos que esclavizan costureros.

Ya evitaron introducir la incautación de los bienes de los esclavistas. Ya presentaron en sociedad a La Salada como modelo a seguir. Y ahora volverán por la reforma de la ley de trabajo a domicilio, donde una vez más, como en el 2008, intentarán quitarle responsabilidad laboral y penal a las marcas (y a los administradores de la Salada) por la utilización masiva de talleres clandestinos con trabajo esclavo, dejando como único responsable de esa situación al tallerista que no es más que un perejil que se lleva apenas el 3 por ciento del precio final de la prenda. Tienen garantizada no solamente la venia del gobierno, sino también de la oposición. En definitiva, hasta la primera dama porteña, Juliana Awada, basa su fortuna en maximizar ganancias explotando costureros en talleres clandestinos.

Paradójicamente, en las vísperas del bicentenario de la asamblea del año XIII que comenzó a abolir la esclavitud, se pretende consolidar un modelo productivo basado en la esclavitud. En la vereda de enfrente a estas políticas se ubica La Alameda.

* Maestro y titular de la Fundación Alameda